LA RELACIÓN CON LOS PRIVADOS, II PARTE

El anuncio se dio de pronto y sin señales previas. Ni los analistas ni el mercado tenían sospechas de lo que vendría: Iberdrola se desharía del 76% de sus activos en México, el país que, en algún momento, quiso transformar en su mayor mercado, pero que en los últimos años se había convertido en una piedra en el zapato. Y el comprador sería nada menos que el gobierno mexicano.

La noticia la dio el gigante español por la mañana –mediodía en el horario europeo y con pocos detalles de la naturaleza de la contraparte– mediante un comunicado a sus inversionistas. Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo más sobre el acuerdo en un video, un formato que ha convertido en su forma más habitual para comunicar sus grandes anuncios, en el que aparecían los más altos funcionarios de su administración y los directivos de la multinacional energética. La última imagen que se tenía de ellos en conjunto data de los primeros meses del sexenio, cuando Iberdrola se comprometió a invertir alrededor de 5,000 millones de dólares durante esta administración. Pero los desencuentros llegaron y ese monto nunca se ejecutó. A cambio, la española recibirá en el segundo semestre del año –según el calendario previsto y una vez que se cierre la negociación– una cantidad un poco mayor por 13 de sus centrales. Un giro de 180 grados en el escenario que se tenía previsto inicialmente y también en la dinámica entre las partes, que parecía enfrascada en un enfrentamiento sin revés.

Los negociadores fueron cautos, pese a que las pláticas duraron cerca de año y medio, según una fuente cercana al proceso. Iberdrola fue la que se acercó a la administración mexicana, explica el funcionario, que pidió el anonimato. La española buscaba una alternativa a sus negocios que estaban siendo amenazados por los cambios legales, algunas de sus centrales estaban detenidas y las acusaciones desde el estrado de Palacio Nacional no cesaban. A la par, la multinacional comenzaba a orientar su operación en activos que abonaran a la descarbonización. Y entonces hizo la propuesta con un listado de centrales, que se fue modificando con el tiempo, hasta llegar a lo anunciado.

Los primeros coqueteos se dieron en marzo de 2021, cuando se negociaba qué sucedería con el modelo de autoabasto y se discutía la reforma constitucional que no pasó en el Congreso. Después, la sanción histórica de más de 9,000 millones de pesos a uno de sus complejos de Nuevo León detonó la seriedad de las pláticas, que subieron a un grado más formal, en agosto del año pasado.

El acuerdo no se ha cerrado del todo, según los anuncios oficiales. Pero en la narrativa política ya hay un ganador y es el gobierno federal: la administración se anotó una batalla y dará –al menos, en lo discursivo– mayor capacidad de generación a la CFE. Ese era el objetivo que había perseguido López Obrador desde el inicio del sexenio: buscaba que al menos el 56% del mercado de generación eléctrica estuviera en manos de la compañía. Ahora, con el acuerdo, y según los números oficiales, la capacidad de generación de la estatal aumentará del 39.6 al 55.5%. Pero los analistas dudan de estas cifras.

La compañía no será la dueña de los activos y puede que poco cambie en su operación: 10 de las centrales que Iberdrola traspasará funcionan bajo el esquema de Productor Independiente de Energía, un