MEDIO AMBIENTE
Potencial de las comunidades forestales frente a la pandemia por COVID-19 Leticia Merino
L
as comunidades forestales mexicanas, particularmente las oaxaqueñas, con su régimen de propiedad comunal y sistema de usos y costumbres, tienen un importante potencial para construir un desarrollo local real, capaz de generar empleos, de diversificar las economías regionales y de generar inversión social en actividades productivas y en servicios públicos en las comunidades. Treinta años de vida de las experiencias de manejo comunitario en contextos muchas veces adversos muestran este potencial. La productividad y riqueza de los bosques mexicanos, y la lógica de contribuir al bien común como eje de la gestión forestal comunitaria, son recursos muy importantes para construir experiencias de sustentabilidad con equidad. En México, y en Oaxaca especialmente, las áreas con manejo forestal comunitario mantienen las coberturas forestales, el abastecimiento de carbono, los cuerpos de agua y la biodiversidad, de forma tan eficiente como las áreas naturales protegidas más sofisticadas. Además, invierten esfuerzos y recursos en la restauración de los bosques y mantienen brigadas de protección contra incendios, plagas y tala ilegal, con base en la protección comunitaria. Las experiencias comunitarias de manejo y uso de bienes comunes se basan en la organización comunitaria, a la vez que la fortalecen. La confianza y el respeto de los individuos hacia las decisiones colectivas y
a las reglas comunitarias, así como el sentido de pertenencia compartido, contribuyen a fortalecer la paz y la gobernabilidad, tristemente, bienes escasos en México. A pesar de su potencial y sus logros, las experiencias de manejo, aprovechamiento y gestión comunitarios han sido pocas veces comprendidas y valoradas por quienes diseñan y operan las políticas públicas. A lo largo de los años, se ha insistido en la necesidad de una regulación y gestión menos pesadas, descentralizadas –cuando existan condiciones–, en una política fiscal que reconozca las contribuciones de las empresas comunitarias, en la disposición de créditos blandos e inversiones públicas en infraestructura y recursos productivos, en sistemas de vigilancia y sanción efectivos que se basen en esquemas de cogestión entre comunidades con historial de buen manejo. La respuesta a estas demandas ha sido limitada y, a partir de 2012, el abandono, incluso la agresión a las comunidades forestales fue prácticamente total: desapareció el área de silvicultura comunitaria de la Comisión Nacional Forestal y se otorgaron concesiones mineras en 33% del área forestal del país, 70% de ellas en propiedad social, incluyendo zonas de conservación comunitaria, como el área de bosque mesófilo de la comunidad de Capulalpan de Méndez, en la Sierra de Juárez, y zonas de la Reserva de la Biósfera de Mariposa Monarca (que a pesar de encontrarse en la
BOLETÍN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA • NÚMERO 01 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2020 46
