C. Huellas y balances de materiales

en cada una de las cuales habrá vocaciones definidas, limitaciones al uso, y derechos y obligaciones de los propietarios y ocupantes. De esta forma, se dará un salto de magnitud en el manejo de los territorios nacionales y se reducirán drásticamente los posibles conflictos ambientales derivados de futuros programas y proyectos de desarrollo.

C. Huellas y balances de materiales

La huella ecológica —como la huella material, la huella hídrica y la huella de carbono— tiene el beneficio de hacer más evidente o claro el impacto físico y bioquímico de una acción o proceso puntual, así como de la evolución de una economía en un año y su comparación con los valores históricos y con otros países. Desde esta última perspectiva, la idea es análoga a la de las cuentas satélite asociadas a las cuentas nacionales. En el análisis de la huella, no obstante, no deberían ignorarse los costos financieros y económicos. La estimación de los “costos de la inacción” —otra manera de abordar los costos de oportunidad— puede relacionarse con la noción de huellas e imprimir un carácter más dramático a una problemática de deterioro y pérdida; ilustra la inercia y el dejar hacer, y se asocia con responsabilidades políticas. Sin embargo, hay que tener cautela en la utilización de la huella ecológica y de las huellas específicas (como las de carbono o agua, entre otras), ya que pueden esconder el factor social y no ayudar a diseñar mecanismos para beneficiar a grupos sociales que podrían movilizarse para lograr metas más allá de lo determinado por el análisis de la huella. La construcción de estos parámetros está influenciada por las actividades que llevan a cabo otras disciplinas y ciencias, pero el mayor inconveniente de su utilización es que pueden llevar a generalizaciones muy peligrosas, dada la marcada heterogeneidad ecosistémica de los territorios de la región, en los que existen diferencias extremadamente grandes de tipos, tamaños, comportamientos y atributos. En consecuencia, estos indicadores son discutibles y pueden crear espejismos. Dada la importancia del patrimonio natural en los países, para la región es mucho más útil usar los balances tradicionales y las evaluaciones del estado y la evolución de bienes específicos de la naturaleza (como suelos, agua y biodiversidad, entre otros), agregando a ellos estudios del comportamiento de los ecosistemas y sus atributos. Ante las demandas de mitigación provenientes de organismos internacionales y, en particular, de países desarrollados, en los últimos años han surgido en distintos países de la región distintas estrategias para lograr metas de carbono en un determinado lapso (por ejemplo, hasta 2040, 2050 o 2100). En América Latina y el Caribe, estas estrategias

pueden encubrir la necesidad de remediar falencias muy graves respecto de la situación ambiental de cada país. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el secuestro de emisiones de carbono también es una consecuencia o un subproducto de la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Por más inversión que haga en los procesos industriales, en la electromovilidad, en la generación energética y en los procesos productivos, ningún país de la región podrá lograr metas adecuadas si continúan disminuyendo y deteriorándose sus recursos naturales. En consecuencia, la prioridad fundamental debe ser la conservación basada en sistemas de uso de los recursos que minimicen la insostenibilidad ambiental. El balance de materia y energía (establecido en las leyes de la termodinámica), trabajado sobre todo por economistas ingleses en las décadas de 1980 y 1990, puede ser un instrumento útil, ya que muestra sin equívocos las interacciones y los conflictos entre el mundo físico y material (medio ambiente) y el entorno inmaterial de la economía y las finanzas (Pearce, 2002). Además de visualizar las fallas de mercado (precios), las fallas de política (subsidios e impuestos) y las fallas institucionales (propiedad y acceso), el balance permite identificar los insumos o materias primas que ingresan al proceso de producción, así como los productos y subproductos que resultan de dicho proceso, poniendo en evidencia salidas del proceso sin valor económico (como la contaminación del aire, los residuos sólidos, los efluentes líquidos y las emanaciones energéticas, solo por dar algunos ejemplos del proceso físico que está ocurriendo). Aun cuando dichas salidas del proceso puedan no tener un precio, dan lugar a costos valorables para quienes las sufren. Algo parecido se puede deducir del balance de materiales en lo que respecta a los recursos naturales, a menudo subvaluados, con la correspondiente merma de su acervo, sobre todo cuando son difíciles de valorizar, como ocurre con la biodiversidad, el paisaje y otros servicios ambientales. En lo que se refiere al paradigma de la economía ambiental, el balance de materiales es más útil que el marco analítico de la economía del bienestar (Pareto, 1971; Pigou, 1920), que se presta más a la reflexión teórica que a la implementación de instrumentos de gestión, con la excepción de algunas soluciones técnicas puntuales. El balance también le da más sentido a la iniciativa de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar), que es una manera de incorporar subproductos indeseables al sistema económico a través de la valorización. En este marco se dispone de diversas técnicas, muchas de las cuales han sido aplicadas con éxito. Esto es bastante más factible para definir un impuesto pigouviano que discutir el nivel del impuesto al tanteo (Pearce, 2002). Resulta pertinente recordar aquí un antecedente de los años setenta: el de los balances de materia y energía y el modelo de economía sin desechos desarrollado por el científico ruso Ananichev (1976).