Temas y Debates Nro. 18

ISSN 1666-0714

temas y debates 18

[revista universitaria de ciencias sociales semestral / aĂąo 13 / nĂşmero 18 / diciembre 2009]

ISSN 1666-0714

Comité Editorial Directora Adriana Chiroleu / U.N. Rosario Hugo Quiroga / U.N. Rosario Sandra Valdettaro / U. N. Rosario Graciela Zubelzú / U.N. Rosario María Eugenia Garma / U.N. Rosario

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TEMAS Y DEBATES es una revista de periodicidad semestral editada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (ISSN 1666-0714). Tiene como objetivo principal la difusión de la producción académica en Ciencias Sociales, procurando generar un ámbito de discusión sobre temáticas propias de esta área de conocimiento a partir de la presentación de artículos inéditos, seleccionados por el Comité de Redacción con la colaboración de árbitros externos especialmente convocados para tal fin.

Dirigir correspondencia a: TEMAS Y DEBATES, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Universidad Nacional de Rosario, Riobamba 250 Bis, Monoblock 1, Planta Baja, Secretaría de Investigación y Posgrado, 2000 Rosario, Argentina.

Autoridades FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO DECANO: Lic. Fabián Bicciré VICEDECANA: Lic. Silvia Robin SECRETARIA ACADEMICA: Lic. Mercedes Caila SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO: Lic. Claudia Voras SECRETARIO DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL: Lic. Franco Bartolacci SECRETARIA DE EXTENSION: Lic. María Inés Suidini SECRETARIO ESTUDIANTIL: Lic. Pablo Alesandroni SECRETARIO FINANCIERO: Lic. Oscar Sgrazzutti DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIA POLITICA: Mg. V. Gastón Mutti DIRECTORA ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL: Lic. Elizabeth Martínez de Aguirre DIRECTOR ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES: Lic. Pedro Romero DIRECTORA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: Mg. María Eugenia Garma

TEMAS Y DEBATES es una publicación de periodicidad semestral editada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Su Comité Editorial se conforma de profesores de diferentes unidades académicas argentinas y del exterior.

La publicación se encuentra indizada de acuerdo a los criterios de calidad editorial establecidos por el sistema Latindex (CAICYT-CONICET). Habiendo obtenido un puntaje correspondiente al nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte, por tanto del Catálogo correspondiente, Folio 11766 (www.latindex.org). Además, la revista forma parte de la Base de Datos DIALNET de la Universidad de La Rioja, España bajo el registro 12939 (http://dialnet. unirioja.es).

TEMAS Y DEBATES is a half-yearly Journal published by the Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales of the Universidad Nacional de Rosario. Its Academic Commitment is integrated by professors of different Argentine academic units and from the outside.

The publication was evaluated according to the criteria of publishing quality established by system Latindex (CAICYT-CONICET), having obtained level 1 (superior level of excellence), and it forms part of the corresponding Catalogue, Folio 11766 (www.latindex.org).The Journal is also included in DIALNET Universidad de La Rioja, España, n° 12.939(http://dialnet.unirioja.es).

ISSN 1666-0714

Sumario

RESEÑAS

ARTICULOS

Paradojas de ciudadanía y conflictos de género en la política pública argentina. La política de Salud Sexual y Procreación Responsable Silvia Levín Del infierno al purgatorio: empleo, salarios y distribución del ingreso en el Gran Rosario (2003-2007) Carlos Crucella Felicidad, ciudadanía y propiedad en la Política de Aristóteles. Las condiciones económicas de la organización política y la constitución material del sujeto deliberativo Leonardo Rodríguez Zoya

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Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina de Aníbal Pérez Liñán Cintia Pinillos

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The Politics of trade. The Role of research in trade policy negotiations de Diana Tussie (ed) Julieta Zelicovich

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INFORMACION INSTITUCIONAL

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El cine en el Mercosur. El proceso de integración regional y las asimetrías de la industria cinematográfica Marina Moguillansky

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Hacia un sistema de co-responsabilidad penal juvenil situado Osvaldo Marcón

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Taller Internacional: Revisitando la idea de democracia delegativa, dos décadas después, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario María Elena Nogueira Congreso Internacional: Profundizando la democracia como forma de vida.

Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI. Rosario, Argentina, 13 al 16 de mayo de 2010 Mariana Berdondini

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COMUNICACIONES

Aportes teóricos sobre las prácticas sociales en el intercambio económico.

Cooperación y confianza social, en las lógicas de consumo en el mercado informal Eduardo Chávez Molina

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Paradojas de ciudadanía y conflictos de género en la política pública argentina. La política de Salud Sexual y Procreación Responsable Silvia Levín Del infierno al purgatorio: empleo, salarios y distribución del ingreso en el Gran Rosario (20032007) Carlos Crucella Felicidad, ciudadanía y propiedad en la Política de Aristóteles. Las condiciones económicas de la organización política y la constitución material del sujeto deliberativo Leonardo Rodríguez Zoya

artículos

El cine en el Mercosur. El proceso de integración regional y las asimetrías de la industria cinematográfica Marina Moguillansky Hacia un sistema de co-responsabilidad penal juvenil situado Osvaldo Marcón

Paradojas de ciudadanía y conflictos de género en la política pública argentina. La Política de Salud Sexual y Procreación Responsable* Silvia Levín

resumen

summary

El artículo analiza el alcance del vínculo jurídico político establecido entre Estado y ciudadanas desde las garantías reconocidas en los derechos humanos sexuales y reproductivos.

Utilizando un enfoque complejo, que combina diferentes dimensiones de análisis, interesa mostrar cómo y porqué las decisiones sobre la naturaleza jurídica de estos derechos y sobre su regulación política producen efectos disímiles en ese campo: desarrollo, interferencia o limitaciones de ciudadanía. Nuestra argumentación principal refiere al conflicto político que desatan esas decisiones y a los fundamentos antagónicos de las posiciones que los registran como derechos sociales de salud o como derechos individuales de libertad. En esas opciones se involucran con distinta intensidad los componentes constitutivos de la ciudadanía: la autonomía, la libertad y la igualdad. La intención es señalar que tanto el derecho como la política y la teología al fijar las “reglas de juego” en la sociedad buscan disciplinar los intereses existentes regulando el conflicto.

This article analyses the scope of the judicial and political link between the State and womencitizens, observing this from the guarantees recognized in the sexual and reproductive human rights. Using a complex analysis that combines different dimensions, this article tries to show how and why the decisions about the juridical nature of these rights and about its political regulation cause dissimilar effects: develop, interference or limitation of citizenship. The core of our argumentation is the political conflict that these decisions cause and the antagonist argumentations of the positions that registries them as social health rights or as freedom individuals rights. The problem is that in these options are different forms and ways to understand the constitutive components of citizenship: autonomy, freedom and equality. Finally, we are trying to show that law, politics, and theology fix in society “the rules of the game”, trying in this way to discipline existing interests and regulating conflict.

palabras clave

Ciudadanía / derechos sexuales y reproductivos / políticas públicas / conflicto político / libertad

keywords

Citizenship / sexual and reproductive rights / public policies / political conflict / liberty

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

Silvia Levín es Doctora en Ciencias SocialesFLACSO. Profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario.

Mail: silvial@arnet.com.ar

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Introducción1

En las sociedades latinoamericanas actuales la democracia trasciende la idea de régimen político y es interpelada por la población, tanto en su concepción como en su modo de actuación, en la dimensión igualitaria de inclusión en la comunidad política. El trato igualitario en el ámbito público es puesto en la agenda como una de las condiciones centrales para garantizar la gobernabilidad democrática y dar contenido a las políticas públicas al asegurar el ejercicio de derechos y la construcción de ciudadanía (PNUD, 2004: 54). Si bien el contenido del reclamo de ciudadanía está puesto principalmente en el aspecto económico y social, se destaca su reivindicación legítima como mecanismo de mediación en las relaciones entre Estado y sociedad y la apuesta a sus postulados constitutivos de autonomía, igualdad y universalidad.

En este marco se inscriben las preocupaciones por las políticas de género (Jardim Pinto 2004: 266) y adquieren relevancia principal dos problemáticas: la capacidad del régimen democrático para promover la igualdad y, al mismo tiempo, su potencialidad para reconocer las diferencias que derivan de especificidades como, por ejemplo, las de las mujeres. Las llamadas nuevas teorías de la democracia, impulsadas por las corrientes feministas, discuten los distintos modelos posibles en los cuales la inclusión de nuevos actores y su nivel de participación, en particular las mujeres, sea real y no formal. Así, la democracia deliberativa, la democracia participativa y la democracia plural y radical reúnen diferentes posiciones y alternativas sobre aspectos centrales del problema. Desde esta línea de pensamiento, el desafío mayor es remover los obstáculos de la democracia liberal en la cual la diferencia se plantea sólo en el plano de las ideas, no reconociendo que está inscripta en los propios sujetos.

Conquistar la ciudadanía plena aparece como un reto de la hora actual y constituye uno de los propósitos más caros para el feminismo en las democracias modernas, porque es justamente la esfera de derechos y garantías la que otorga el anclaje jurídico y político esencial para avanzar y consolidar procesos de inclusión de sujetos sociales. El tema es qué entidad y qué alcance se le otorga a esa plataforma de derechos de manera tal que pueda sentar las bases de un modelo cívico inclusivo pero a la vez transformador, esto es, que reconozca las particularidades de género en el marco de una democracia plural (Mouffe, 1999: 101)2 y sobre la base de la autonomía de la mujer como sujeto de derechos.

En efecto, si bien el problema de la autonomía en la construcción de la ciudadanía ha sido desarrollado tanto por el feminismo como por los estudiosos de la ciudadanía –fundamentalmente en el campo de la filosofía política, la sociología y la ciencia política– existe una gran reticencia a instalarlo en la agenda pública como otra de las preocupaciones actuales que inciden en las políticas de género.3 En América Latina, en particular, es uno de los aspectos que más condicionó el desarrollo pleno de la ciudadanía y comprometió severamente su alcance, no sólo en términos de ejercicio de derechos sino también de modalidades de inclusión social, política y económica de la mujer (Fleury, 2004: 62).

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La reforma constitucional de 1994 en Argentina, otorga el carácter de derechos a la sexualidad y a la reproducción al reconocer las declaraciones provenientes de instrumentos internacionales de derechos humanos como parte de su cuerpo normativo. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer4 expresamente prevén estos derechos, como derechos humanos, y al integrar la letra constitucional adquieren la misma jerarquía jurídica para nuestro Derecho. Si bien implica un reconocimiento formal, constituye a la vez un hecho político y un desafío para la ciudadanía.

Ese encuadre constitucional no ha sido suficiente para encauzar y completar el complejo proceso de institucionalización política que requieren los derechos en respuesta a las expectativas de inclusión que exige el modelo cívico actual. La conflictividad que reúne la temática y las disputas que genera encausarla, hace que la mayor parte de los esfuerzos estén puestos mucho más en estrategias de control político de intereses de género (aceptar, restringir o negar la libertad del cuerpo) que en los problemas inherentes a la esencia, a la “razón de ser”, de estos derechos. Obviamente que esta situación encuentra sentido y significado en el devenir histórico en el cual el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un espacio conflictivo objeto de apropiación social: sometido a discursos, prácticas médicas, reglas morales, normas, controles religiosos, disputas políticas, intereses económicos. Es “objeto de derecho” y de “derechos de otros” como si no fuera autónomo, sometido y regulado por poderes heterónomos (Ferrajoli, 2003: 11).

El tema de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Argentina constituye nuestro objeto particular de interés. Nos proponemos mostrar que las limitaciones en el alcance de estos derechos son fundamentalmente de orden político y que, al restringir las herramientas jurídicas garantistas que provee el Estado de Derecho para preservar las libertades individuales, se logra controlar las capacidades decisorias de la mujer que porta su autonomía para colocarla al servicio del interés general. La inexacta consideración y regulación jurídico-política de éstos derechos como derechos sociales de salud a partir de políticas de ese campo que niegan las libertades5, cuando su “razón de ser” es habilitar libertades individuales que protegen los derechos subjetivos, es posible, como veremos mas adelante, a través de mecanismos políticos anclados en escenarios de debilidad institucional de la democracia.

Así, el Estado de Derecho pierde vigencia tanto cuando no se respeta el equilibrio entre el interés general y los intereses particulares, al imponerse arbitrariamente uno sobre otro, como cuando no se garantiza la laicidad del sistema democrático y se permite el predominio político de determinadas creencias religiosas, que afectan a toda la sociedad, a través de una construcción compleja de alianzas entre el Derecho, la Teología y la Política. Estas alianzas, por su parte, producen una suerte de “inmunidad inducida” (Espósito, 2005: 24)6 de la maternidad para poder “manejar” un objeto de interés político como lo es el cuerpo de las mujeres.

A tal punto se ha distorsionado la “razón de ser” de estas facultades que el orden político, sostenido por una fuerte tradición patriarcal, ha instalado una paradoja: el

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“derecho a decidir ser madre” fue convertido, política y socialmente, en Argentina en un “deber ser madre”.

La Política de gobierno sobre sexualidad y sobre reproducción, creada por Ley Nacional en el año 2002, se centró en garantizar decisiones vinculadas a la planificación familiar para procrear (oportunidad y frecuencia de nacimientos) brindando beneficios de salud pública a través de la anticoncepción reversible, pero no garantizó beneficios de ese orden para poder ejercitar decisiones voluntarias de no reproducción (anticoncepción irreversible, o atención por abortos ante embarazos accidentales o no deseados). Por tanto, quienes a pesar de su voluntad de no tener hijos, por razones personales o de salud, y de su acción anticonceptiva consecuente se embarazan, por fallas o accidentes de anticoncepción, no tienen garantías de salud pública para cumplir su decisión.

Poco tiempo después de implementarse la Política de Salud Sexual y Procreación Responsable la realidad humana forzó un acontecimiento político en Argentina con consecuencias paradójicas. El Ministerio de Salud de la Nación dispuso en el año 20057, que todos los hospitales públicos deberán brindar salud pública a aquellas mujeres que ingresen con abortos incompletos efectuados en la clandestinidad. Esta decisión de gobierno, que tuvo como propósito detener las muertes de mujeres producidas por abortos clandestinos –que en nuestro país alcanzan a quinientos mil por año y constituye la principal causa de muerte materna– instaló sin embargo la paradoja afianzar y/o promover, implícitamente, dicha práctica para poder ser beneficiaria de la salud pública. Analicemos los alcances de la paradoja.

Desde el punto de vista político, evidencia que el Estado, en este caso, no acciona a través de la política pública para atender las causas de los problemas que motivan la intervención gubernamental, demandas o necesidades de la población en contextos de pobreza8, sino que reacciona para atender las consecuencias de hechos que él mismo parece promover. Al mismo tiempo, desde el punto de vista jurídico, se pone de manifiesto que al actuar por exceso en sus atribuciones (impide a las mujeres el ejercicio de sus libertades personalísimas sexuales y reproductivas en salud) produce beneficios por defecto (la política de salud pública no garantiza prestaciones de salud plena, preventiva e integral, sino prestaciones de salud restrictivas si constata enfermedad y/o riesgo de muerte por abortos clandestinos).

En consecuencia la política pública de salud promueve, paradójicamente, que las mujeres pobres se expongan a situaciones de riesgo y/o de muerte, mediante la realización de abortos incompletos e insalubres, para que el Estado les pueda brindar en esas situaciones extremas atención pública.

La causa de estas contradicciones procede, justamente, de la desnaturalización jurídica de estos derechos, del cambio de su “razón de ser”, producida durante su trayectoria de gestación y regulación normativa, desde los Tratados y Convenciones Internacionales del campo de los derechos humanos hasta su regulación en el derecho interno. Obviamente no se puede desconocer que el Derecho es productor de género, al participar en la configuración del estereotipo “mujer”, mediante las reglas jurídicas que reconocen o niegan derechos a las mujeres. Como tal, no agota su accionar en los aspectos normativos, sino también como discurso social y como

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legitimador de poder se impone a través de las palabras de la ley.

El encuadre jurídico de estos derechos en la esfera de las libertades individuales, y no sólo en la de los derechos sociales de salud, pretende garantizar el uso del “poder individual” en la toma de decisiones que por ser inherentes a la persona –comprometen su cuerpo– le pertenecen a la mujer y no al Estado o a la sociedad como ocurre con el tratamiento vigente. A nuestro modo de ver, este enfoque amplía la mirada sobre el problema en tanto intenta superar y corregir la visión tradicional restrictiva sobre los derechos sexuales y reproductivos, que prevalece en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, que los sitúa en el campo de la salud concibiéndolos jurídicamente como derechos sociales pero negando, como parte de ellos, la libertad de los derechos individuales.

La hipótesis que guía el núcleo central de nuestras argumentaciones es que la sexualidad y la reproducción hablan de la libertad del cuerpo –esencia de la libertad femenina– y, por tanto, pertenecen al ámbito soberano de la persona, son “substratos de la persona” que corresponde sean regulados como derechos subjetivos desde la esfera de los llamados derechos personalísimos. El registro jurídico de las libertades, que preservan los derechos personalísimos, impone al poder público deberes de “no hacer”, prohibiciones. Los derechos sociales, en cambio, preservan el acceso a beneficios que presuponen del Estado “el hacer”, cumplir obligaciones y acciones que permitan su ejercicio. Situar los derechos sexuales y reproductivos como inherentes a los derechos sociales negando libertades, implica restringir la autonomía de la mujer condicionando su “poder individual” sobre el cuerpo, que le otorga el derecho, a decisiones políticas de los gobernantes. En definitiva, al colocar el problema en el ámbito de la política sin hacer uso de las garantías que el Derecho ha previsto para limitar el poder del Estado sobre las libertades individuales –derechos personalísimos– implica coartar la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo y someterla al arbitrio del interés general.

El nudo teórico que sustenta nuestras reflexiones refiere a los problemas que hacen a la naturaleza de los derechos de ciudadanía sexuales y reproductivos de la mujer, a partir de la revisión de las discusiones que suscita “la razón de ser” de su existencia como tales. En este debate se pretende identificar los argumentos que intentan explicar su esencia como derechos y, al mismo tiempo, presentar las consideraciones normativas diferenciadas que fundamentan su registro como derechos sociales o como derechos individuales personalísimos.9 El enfoque seleccionado responde a la complejidad analítica del objeto de estudio, se parte de la teoría de la ciudadanía para poner en diálogo luego otros aportes de la dimensión filosófica, política, jurídica, social y cultural. Desde este lugar, nos interesa mostrar cómo la decisión sobre la naturaleza de estos derechos y su regulación jurídico política produce efectos disímiles en ese campo: desarrollo, interferencia o interrupción de la construcción de ciudadanía. La noción de “inmunidad inducida” permite develar la construcción de una alianza estratégica entre los campos de saber y de poder que se propone preservar los intereses de género que prevalecen en la sociedad. En las diferentes opciones que ofrece la regulación de estos derechos se involucran con distinta intensidad los componen-

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tes constitutivos de la ciudadanía como la autonomía, la libertad y la igualdad.

La intención es señalar que tanto el derecho como la política, permeados por creencias religiosas, al fijar las “reglas de juego” en la sociedad buscan disciplinar los intereses existentes regulando de esta manera el conflicto. En esa regulación lo importante es advertir la existencia o no de una combinación equilibrada entre libertad individual y seguridad jurídica para evitar así juridizaciones por exceso o por defecto. Al mismo tiempo, a partir del alcance que esas regulaciones atribuyan a estos derechos, se fundamentarán las diferentes alternativas de políticas públicas producidas desde el Estado.

1. Dilemas de inclusión

ciudadanía en democracia: las exclusiones de la

La ciudadanía, como supuesto jurídico-político igualitario del Estado moderno, constituyó la mediación más importante en la reconstitución de la sociedad sobre la base de la integración social (Fleury, 2002: 11). Universalidad, igualdad, participación, autonomía, inclusión y libertad fueron, en general y en apretada síntesis, los componentes principales que estuvieron presentes en las distintas tradiciones conceptuales desarrolladas sobre la ciudadanía, desde el liberalismo y republicanismo hasta las producidas por autores contemporáneos, que provocaron importantes debates. Las diferencias en esas tradiciones se dan justamente por la presencia, ausencia o intensidad de cada componente en esas concepciones, o bien por el contenido asignado a cada uno en ellas.

El pensamiento feminista, se ha pronunciado sobre la temática y con una postura crítica fundamentalmente hacia el liberalismo (Pateman, 1995; Pateman, 1996; Benhabib, 2000)10 y el republicanismo, ha logrado incidir en la evolución del concepto e instalar nuevas perspectivas teóricas. Algunas posiciones enfatizan sobre la necesidad de recrear nuevos espacios públicos en el ámbito democrático y repensar los límites actuales de esos sistemas (Young, 1996)11; otras proponen redefinir la noción de esfera pública en la medida que las diferencias y desigualdades ocupan un espacio más formal que real (Fraser, 1996: 110); se postula también crear formas alternativas de representación donde los instrumentos de participación directa tengan mayor presencia.

La autonomía es un supuesto inherente a la definición de ciudadanía. No es posible alcanzar el status de ciudadanía plena si no se pueden ejercer las capacidades involucradas en la toma de decisiones libres (elegir, optar, establecer preferencias, concretar deseos o necesidades). Entendemos la autonomía como sinónimo de independencia decisoria que define un criterio de inclusión en la ciudadanía, tal vez el que mayor consenso ha tenido en la literatura. Al mismo tiempo que incluye también indica sus exclusiones. En países como el nuestro, la lógica de construcción de ciudadanía del Estado intervencionista estuvo mediada por vínculos de dependencia del Estado, de orden político y social, produciendo como resultado una autonomía restringida. Eran portadores de esa autonomía restringida los trabajadores formales, varones, insertos en la esfera productiva y en consecuencia poseedores de derechos de ciudadanía. El resto de la población estaba excluida del status de ciudadanía, por

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no alcanzar las condiciones de autonomía exigidas por el modelo de organización social imperante, y considerada objeto de tutela y protección social del Estado.

En este registro se ubicó a la mujer, justificándose su exclusión en el criterio de ausencia de autonomía y sometida, a los otros parámetros vigentes.12 La ciudadanía de la mujer nace bajo condición de tutela del Estado, sin posibilidades de autodeterminarse, de decidir sobre sí misma. Se han producido avances en diversas esferas de derechos de ciudadanía –civiles, políticos y sociales– pero no son suficientes para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades decisorias de la mujer.

En las luchas por el reconocimiento de las diferencias se encuentra presente una articulación compleja entre reivindicaciones que dependen de la igualdad y reivindicaciones que pertenecen a la esfera de la libertad. La manera de canalizar estas nuevas expresiones en el espacio político es a partir de lo que se ha denominado “democracia plural y radical”13, desde donde se articula un modelo de ciudadanía democrática plural. Con esta noción, se trata de definir nuevos usos y nuevas significaciones para las ideas de libertad e igualdad. La ciudadanía es concebida como identidad política que se crea a partir de la identificación con la comunidad pública, con la res-pública. Esa identidad política, implica una forma de identificación para Mouffe y no simplemente un status legal. No pone todo el énfasis en los derechos, sino que avanza desde ese reconocimiento hasta reunir la ciudadanía con dimensiones políticas, culturales y simbólicas a las que refiere la identidad.

La identidad política común involucra a un conjunto de personas que aceptan el sometimiento a reglas que prescribe la comunidad política pública: un conjunto de valores ético-políticos. Se trata de una concepción de ciudadanía que apunta a la construcción e identificación con una democracia radical en la cual los principios de libertad e igualdad tengan un significado común.

Este cambio implica conflictos propios de la lucha por la extensión de la democracia. El problema del enfoque liberal, según Mouffe, es que ignora los límites que impone la extensión del pluralismo debido a que algunos de los derechos existentes se han constituido mediante la exclusión o subordinación de los derechos de otros sujetos sociales. Para fundar una nueva ciudadanía y reconocer nuevos derechos es preciso primero “deconstruir esas identidades”. Desde esta perspectiva se reformula la relación público/privado. En cuanto al género, por ejemplo, el dominio público de la ciudadanía moderna se basó en la negación de la participación de las mujeres. Esta exclusión fue considerada indispensable para sostener la generalidad y la universalidad de la esfera pública. En este registro, la distinción público/privado primordial para la afirmación de la libertad individual, determinó la identificación de lo privado con lo doméstico y subordinó a las mujeres.

El status de ciudadanía, así concebido, confiere legitimidad para el ejercicio del poder político y, al mismo tiempo, neutraliza las diferencias propias de los distintos actores sociales colectivos para enfatizar la figura del sujeto individual, portador de derechos y deberes que garantizan su inclusión en sociedad. Por tanto, la ciudadanía define los criterios de inclusión en la comunidad política y de dere-

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chos, generalmente producto del consenso, que son al mismo tiempo aquellos que sancionan las normas de exclusión (Mouffe, 1999: 101).

La reproducción y la sexualidad integran la lista de las exclusiones de la inclusión de ciudadanía plena de la mujer en nuestro sistema democrático actual. Como analizaremos en las páginas que siguen este problema nos permite ilustrar, a partir de la naturaleza y alcance asignado a estos derechos, cómo y porqué se construyen las exclusiones de ciudadanía y cuáles son las consecuencias de la negación de autonomía plena para las mujeres en la mayoría de los países de América Latina.

2. Los derechos sexuales y reproductivos entran en escena

Instalar la problemática de la sexualidad y la reproducción en nuestro país, tanto como tema de Estado o como concerniente a la esfera de los derechos individuales, resultó ser un proceso sumamente conflictivo y reticente a la voluntad pública y a la de ciertos sectores sociales de corte conservador. El ritmo de desenvolvimiento de ese proceso, que jurídicamente involucra atribuciones públicas del Estado y atribuciones privadas de los ciudadanos, no ha sido equilibrado en esas dos esferas. A pesar de la resonancia internacional de la salud sexual y reproductiva en la década de los 80´, en nuestro país ha permanecido silenciada hasta mediados de los años 90´, en que adquiere visibilidad pública al mismo tiempo que se incorpora a la agenda de Estado.

El Estado argentino, hasta mediados del siglo XX, reguló voluntades y conductas de sus ciudadanos en desmedro de sus libertades individuales, mediante un uso ilimitado de poder amparado en el interés general, a través de instrumentos normativos y prácticas políticas. En este sentido, sus acciones fueron eminentemente represivas acompañadas de un importante consenso de sectores conservadores14 de nuestra sociedad que bregaban por políticas “promaternalistas” (Barrancos, 2002: 17).15 Desde los años 70´ hasta mediados de los 80´, se invocaron razones de Estado, como la necesidad de poblar el país, para fundamentar esas decisiones públicas en materia de políticas de población.

Desde las corrientes feministas se comienza a promover la visión de la mujer como sujeto de derechos. En esa línea, se concibe a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos como derechos humanos. Por otra parte, la sexualidad es definida como dimensión ligada a la plenitud de la salud humana. En el discurso se vinculan también los derechos sexuales con los derechos reproductivos, pero respetando la autonomía propia de cada esfera de atribuciones y preservando la decisión de ser ejercidos de manera conjunta o independiente en el ámbito de las libertades individuales.

Otra vertiente importante de pensamiento en la temática, aunque con motivaciones e intereses diferentes, fue la proveniente del campo de la salud pública. Desde ese espacio se definió conceptualmente a la salud reproductiva y se adoptaron posiciones críticas tendientes a orientar e incidir en el contenido que deberían tener las políticas públicas y/o programas sociales para garantizar la salud sexual y reproductiva de la población. Efectivamente, desde fines de los 90´ la producción intelectual en salud pública ha incidido positivamente en las políticas de Estado.16

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El advenimiento de la democracia en 1983 produce el primer giro importante en la temática en la medida que las libertades individuales comienzan a ser objeto de preocupación y regulación garantista por parte del Estado.17 Su consideración como derechos humanos permitió asignarles eficacia jurídica, validez universal, fundamento ético y exigir un particular tratamiento. No obstante, este significativo impulso tiene limitaciones tanto teóricas como jurídicas y políticas. En efecto, los Tratados y Convenciones Internacionales gestores del proceso de reconocimiento universal de los derechos de la mujer, fundamentan la sexualidad y la reproducción como facultades inherentes a la libertad pero recomiendan a los Estados Parte su implementación a partir de políticas sociales de salud. El interés jurídicamente protegido por estos derechos es la salud y se invoca la libertad como fundamento para actuar y decidir pero no se la garantiza. Enuncian una noción integral de salud reproductiva y salud sexual, que intenta establecer el horizonte de los derechos sexuales y reproductivos inscriptos en el estado general de bienestar físico, mental, social y la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y aluden, al mismo tiempo, a la libertad para decidir.

Del análisis específico de estas disposiciones normativas se desprenden dos situaciones que ponen en evidencia una tensión entre el espíritu general de orden valorativo, que intenta trasmitir el discurso de esas normas, y el objetivo particular de orden político que surge del contenido de las mismas. Así, por un lado, no se contemplan definiciones específicas de salud reproductiva ni de salud sexual. Los derechos y los beneficios que compromete la salud pública sólo prevén condiciones para reproducir pero no para no reproducir, por ejemplo cuando los embarazos no deseados se producen por fallas o accidentes de anticoncepción. Es decir, la decisión de no reproducir no es considerada saludable en el ámbito público.

De la misma manera se protege la salud sexual para procrear, pero no se mencionan otras capacidades que hacen a la esencia de la sexualidad como es el deseo que se puede manifestar sólo si hay garantías de libertad sexual. Por otro lado, tampoco estos derechos garantizan la libertad reproductiva para decidir, sino que la cuota de libertad individual permitida se orienta de manera restrictiva a las opciones que involucran solamente decisiones sexuales para procrear con racionalidad planificadora –oportunidad y frecuencia de nacimientos– pero no para no procrear.

Si la decisión de no reproducir hubiera sido aceptada jurídica y políticamente en el año 2002, como un acto de voluntad emanado del ejercicio de la libertad individual de la mujer sobre su cuerpo, la salud pública debería haber garantizado anticoncepción irreversible y abortos seguros en caso de embarazos no deseados o producidos por fallas de planificación familiar. Sin embargo, la autodeterminación de la voluntad individual es cercenada por el orden colectivo a través de sanciones penales y omisiones de políticas de Estado en los casos de aborto. Por otra parte, la anticoncepción irreversible (anticoncepción quirúrgica) recién constituyó un derecho en el año 2006 en todo el país.18 Esta posición conceptual y política de la problemática es coherente con la consideración y regulación jurídica que muestran las normas vigentes relativas al registro de los derechos humanos. En ese registro sólo se alude a la libertad como

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fundamento valorativo de estos derechos pero políticamente son regulados como derechos sociales –derechos humanos de segunda generación– y se coartan las libertades individuales que preservan los derechos de primera generación. Libertades que, por ser consideradas inherentes a la condición humana y por tanto anteriores y superiores al poder del Estado, limitan la competencia del poder público para interferir en su ejercicio y pleno goce de las mismas. En nuestra perspectiva, los derechos reproductivos encuentran su fundamento en el reconocimiento a hombres y mujeres de la libertad reproductiva del cuerpo, esto es ejercer con independencia decisoria la capacidad reproductiva y/o no reproductiva como opciones electivas sin discriminación, coerción y violencia. Asimismo el acceso a los servicios educativos y a la información, incorporan recursos culturales y simbólicos que inciden en la calidad del contenido de los derechos reproductivos produciendo efectos significativos en los mecanismos de uso de los derechos.

La noción de derechos sexuales, invoca la libertad sexual como la capacidad de expresar el deseo, de disfrutar de una vida sexual placentera, sin riesgos ni coacciones, con posibilidad de tomar decisiones y de ejercer opciones. El contenido de estos derechos exige políticas que otorguen beneficios capaces de garantizar la sexualidad como deseo de ejercicio de libertad y no sólo como condición reproductiva. En este sentido, se requiere de la planificación familiar, el control voluntario de la procreación, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la maternidad sin riesgos, prevención de embarazos adolescentes y servicios de salud pública para abortos seguros. Asimismo, compromete los servicios educativos e informativos del Estado que tendrán por misión formar, informar, asesorar, sobre la problemática reforzando aspectos culturales y simbólicos de ciudadanos y ciudadanas.

Los derechos sexuales y reproductivos que regulan las políticas públicas no garantizan beneficios acordes a las necesidades y expectativas ciudadanas de la mujer, en tanto al recibir un tratamiento jurídico desnaturalizado de los intereses que protegen siguen priorizando la voluntad colectiva, que promueve la procreación, en desmedro de la autonomía individual que preserva la independencia decisoria de la mujer.

En síntesis, las posibilidades jurídicas para garantizar tales derechos están mediadas por factores políticos, culturales, simbólicos y sociales. En nuestro país, los derechos individuales de sexualidad y reproducción si bien fueron valorados constitucionalmente como libertades y demandados políticamente con tal carácter por los sectores progresistas, solo lograron ser aceptados por la mayoría de la sociedad, luego de un arduo conflicto político entre sectores católicos conservadores y sectores progresistas19, como derechos sociales de salud y así fueron definidos por legisladores y legisladoras en el año 2002 con la sanción de la Ley Nacional que crea la Política Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Los avances legislativos y políticos20 siguen produciéndose con carácter conflictivo, con la finalidad de superar el déficit de libertad. El registro de estos derechos en el campo de la salud buscó, en su momento, lograr el equilibrio posible, aunque no el deseable, entre el interés general y el interés particular en la medida que,

aunque sean tratados como tales y no garanticen la autonomía ciudadana, la mujer logró tener reconocimiento como sujeto de derechos21 y el Estado asumió por primera vez responsabilidades políticas en la materia.

El tratamiento jurídico que se le ha dado a la problemática de la sexualidad y de la reproducción nos sitúa en el discurso de los derechos y en la realidad de las políticas que los regulan y dan contenido.

Los derechos individuales constituyen el referente fundamental para discutir la razón de ser de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y a la vez ordenarlos jurídicamente. Al decir de Habermas (1999: 79), son el “estuche protector” de los intereses individuales. Intereses y sujetos son procesados jurídicamente a fin de producir su regulación social. Pero esos intereses no constituyen abstracciones, sino que intrínsecamente reúnen conflictos reales que se exteriorizan en la presión de los grupos para instaurar sus demandas en “las reglas de juego” del derecho y ver protegidas sus necesidades.

El objeto de tutela de los derechos individuales es fundamentalmente la libertad en el marco del orden jurídico. Los derechos subjetivos –como facultades de la persona que la hacen apta para poseer o hacer algo justamente (Villey, 1964: 97)– resultan ser la figura jurídica más afín a la esencia de los derechos humanos.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son definidos con precisión en los Tratados y/o Convenciones Internacionales. No hay una referencia expresa, aunque sí implícita, a su objeto de protección legal sino, en todo caso, se hace una alusión a facultades que atribuyen a partir de la enunciación de prácticas protegidas o bien beneficios que los Estados Parte se comprometen a garantizar en el ámbito de la salud. Es decir, las normas se preocupan por delimitar lo permitido y por tanto excluir lo prohibido, en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, pero no por definirlos como derechos en sí mismos.22 Una segunda consideración importante en nuestro cuerpo argumental es que la sexualidad casi no tiene presencia autónoma en el ordenamiento normativo sino asociada a la reproducción. La separación de la esfera de la sexualidad de la esfera de la reproducción ha sido uno de los logros del feminismo al instalar la visión de la mujer como sujeto de derechos y al inscribir el tema de la autonomía en el debate sobre la dicotomía público/privado. Es la posición de la mujer en la comunidad política como sujeto de derechos lo que se pone en riesgo con situaciones ambiguas.

La Constitución Nacional recoge, a través de las disposiciones de derechos humanos, la voluntad universal de consolidar el status jurídico de ciudadanía de la mujer superando todo tipo de discriminaciones y estereotipos provenientes del género. No reconocer la autonomía de esferas supone, sin embargo, exactamente lo contrario: negar la libertad sexual y a la vez condicionar la libertad reproductiva. ¿Nos encontramos, entonces, frente a una paradoja jurídica? La aspiración general del ordenamiento vigente, según se deduce de la letra de las normas, no se condice con el tratamiento de algunas situaciones particulares como la que nos

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3. Entre el discurso y la realidad de los derechos sexuales y reproductivos

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ocupa. El valor de la libertad, a pesar de las proclamas discursivas sucesivas en las disposiciones mencionadas, no logra legitimar la sexualidad y la reproducción para otorgar autonomía plena. Si esto es así ¿la Ley Suprema de la Nación constituye a la mujer en sujeto de derechos sobre la base de sus intereses particulares o la constituye en sujeto de derechos de otros intereses?

El análisis de la ubicación jurídica de estos derechos, que surge en el intento de buscar la base de legitimación más apropiada para su desarrollo, despeja algunas dudas acerca de la cuestión. Quienes los ubican en el campo de la salud, atendiendo a su protección integral, encuentran sus argumentos en acciones y prácticas que, aunque provengan de distintas disciplinas, tienen por objeto principal producir efectos en relación con la enfermedad, ya sea de manera preventiva, curativa o como control. Incluso concibiendo a la salud en el marco del bienestar general, y no como mero tratamiento médico, esta argumentación lleva a considerar estos derechos como “opciones terapéuticas” (Lema Añon, 1999: 291).23 En estas opciones las manifestaciones implícitas de deseos, presentes en el derecho a la reproducción y en el derecho a la sexualidad y próximas a la esfera de las libertades, suelen quedar desvalorizadas ante la imperiosa necesidad terapéutica. Entre las razones que sostienen estas posiciones algunas aceptan el sacrificio de los derechos de la mujer –integridad, autonomía, libertad del cuerpo y la persona– en salvaguarda de los derechos de otros (la familia, la reproducción de la especie, la vida del embrión, el derecho de los hijos, etc.).

En América Latina, que fundamenta estos derechos en la salud pero sin respetar las libertades individuales, la objetividad de la realidad social instaló un escenario que permite incorporar matices a esta posición que, aunque no logren modificar el nudo de la argumentación que se discute, contribuyen sin embargo a mostrar cómo las mediaciones –sociales, políticas y culturales– atraviesan las lógicas jurídicas. En efecto, existe un consenso –político, social y científico– en considerar la temática como parte la salud. No fueron exclusivamente razones de Estado las que colocan los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública de salud ni tampoco las que fundamentan tal decisión, sino que también un sector de la sociedad, como señalamos, se compromete con esa posición.

La producción de conocimiento científico desarrollada en los últimos tiempos sobre este tema en nuestro país, provenientes de las instituciones más diversas24, ha contribuido a instalar el problema en la agenda pública, mostrar su dimensión política y social -mediante la elaboración de diagnósticos e informes de situación sobre la base de información estadística producida por organismos oficiales– y exponer los argumentos que justifican su urgente tratamiento. Existe un marcado consenso en el campo científico y social, que convive sin dudas con el disenso, sobre la trascendencia del problema y su impacto en la vida de la población, en particular la de menores recursos. Los programas y políticas sociales del Estado intentan disminuir el número de embarazos no deseados y abortos clandestinos, detectar y tratar el cáncer cervical y de mama, mejorar la atención prenatal y postnatal, reducir el riesgo reproductivo en las adolescentes, prevenir el sida y las enfermedades de transmisión sexual.

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Por otra parte, también el tratamiento jurídico que recibe la salud –objeto de protección legal– como derecho social exige consideraciones particulares. Se trata de una esfera de derechos cuya realización no depende de un problema filosófico, ni jurídico, ni moral sino de un cierto desarrollo de la sociedad (Bobbio, 1993a). Es decir que la garantía y protección de los derechos sociales es tanto un asunto político como una cuestión jurídica, en tanto la asignación del gasto social del Estado no depende sólo del reconocimiento que se haga de los derechos sociales, sino fundamentalmente de decisiones políticas de los gobernantes (Yturbe, 1995: 161).

En esta regulación el derecho ha actuado tanto por defecto como por exceso.

Por defecto, por no haber garantizado la laicidad del Estado impidiendo las interferencias de poder de las creencias católicas sobre las decisiones públicas25 para proteger los derechos individuales de la mujer. Por exceso, al utilizar el registro jurídico de los derechos sociales de salud para acentuar la tutela de valores que logran garantizar fines sociales, como los relativos a la familia y a la procreación desconociendo la autonomía decisoria de la mujer.

La esencia de estos derechos también pone en tensión las ideas de justicia social –igualdad social– y justicia política –igualdad de libertades (Heller, 1989: 207)– hasta lograr un entendimiento relacional. Si se alcanzan mayores libertades, aumentan las posibilidades de que mejoren las condiciones de vida de ciudadanas y ciudadanos. Las exigencias de justicia social tienen una fuerte implicancia política. Por otra parte, cuanto mejores sean las condiciones de vida, mayores serán las exigencias de libertad e igualdad. No obstante ello (Rawls, 1996), la igualdad social puede alcanzarse sin que existan libertades –como ha ocurrido en sistemas autoritarios– pero la justicia política tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de justicia (Heller, 1989: 207).

Esto es así en tanto no se entiende la libertad como un “estado” al cual se aspira alcanzar, sino como la “actividad” capaz de hacer realidad las oportunidades que ofrece la vida o que uno busca en la vida (Dahrendorf, 1990). El “aspecto constitutivo” de la libertad, ausencia de coerción, apela indefectiblemente al “aspecto instrumental” de la libertad, capacidad de obrar por cuenta propia, para adquirir existencia y realidad. El derecho a decidir libre y responsablemente no tener hijos en América Latina no puede adquirir realidad porque no se dispone del aspecto constitutivo ni instrumental de la libertad individual. Lo paradójico de esta situación es que desde la cuna normativa de la “no discriminación” a nivel de derechos humanos, como lo es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se discrimina entre hombres y mujeres que quieren tener hijos y los que no quieren tener hijos, negándoles la igualdad de oportunidades y de trato tanto en el plano normativo como en el de las políticas de Estado. En efecto, el avance conceptual que promete la Convención se desvanece ante las condiciones instrumentales que, bajo la forma de “medidas” que deben adoptar los Estados Parte, proporciona para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos al ubicarlos en el campo de la salud pero negando la libertad para decidir.26

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Quienes los conciben como derechos personalísimos entienden a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos como autodeterminaciones físicas que hacen a la libertad de la persona. Los derechos personalísimos, que prevé nuestro ordenamiento jurídico, se preocupan por abrir un camino capaz de garantizar la libre y necesaria expansión individual. Son derechos que nacen con el sujeto, son inherentes a la persona, inseparables de ella. Adquieren existencia a partir del momento en que se es persona. Otorgan facultades que el hombre o la mujer ejercen en relación a su vida, a su honor, a su cuerpo, su identidad, su libertad, su intimidad, su imagen. Contemplan aquellos aspectos constitutivos de su individualidad, y como tal definen al mismo tiempo su autonomía. En cuanto son reglas sociales indicativas del “deber ser” se ocupan del hombre y de la mujer y, en consecuencia, de aquéllas bases que hacen a su propia naturaleza: la vida y la libertad (Cifuentes, 1995: 148).

En cuanto a su naturaleza, son considerados derechos subjetivos. Protegen el valor de la libertad y la autonomía. Es decir, la norma coloca al individuo en posición de defender sus intereses, de exigir a los demás, en el ámbito de las relaciones sociales, un especial comportamiento –ya sea acción u omisión– y le confiere las defensas necesarias para su preservación. Asimismo le garantizan el “señorío” sobre su cuerpo y su mente. Es ese señorío de la voluntad el que permite ejercitar facultades y decisiones sobre la propia vida, la libertad, el cuerpo. Esa potestad no es ilimitada, el Estado se ocupa de marcar las “fronteras” entre las atribuciones privadas y el interés general. Esas fronteras van a expresar los parámetros de convivencia aceptados por la comunidad –inclusiones/exclusiones– como constitutivos del orden social vigente.

Desde la esfera de la libertad y la autonomía se funda tanto la sexualidad como la reproducción de la mujer, y el cuerpo es el objeto de protección legal en tanto asunto que hace a la libertad femenina. En esta argumentación la libertad femenina es directa o indirectamente la libertad del cuerpo. Esa libertad es la que amenaza el viejo orden familiar, en el cual la mujer es utilizada como medio para fines que no son suyos (Ferrajoli, 2003: 15). Los conceptos de libertad negativa y libertad positiva (Berlin, 1988; Bobbio, 1993b) son los recursos teóricos principales alrededor de los cuales se construye, en nuestra visión, el discurso argumental en torno al sentido y significado de los derechos sexuales y reproductivos. La palabra libertad en su sentido positivo expresa el deseo del individuo de ser su propio dueño, que su vida y sus decisiones dependan de sí mismo y no estén sometidas a actos de voluntad de otros sujetos. Supone tomar determinaciones sin condicionamientos externos. Es lo que denominamos autodeterminación o bien autonomía decisoria.

La libertad negativa, por su parte, alude a la opción de obrar o no obrar sin ser obligado a ello o sin que otros sujetos lo impidan. Es la libertad como ausencia de impedimento o libertad como ausencia de constricción. Es decir que comprende tanto la libertad de hacer como la de no hacer.

La libertad femenina es una libertad positiva, es decir otorga a la mujer la posibilidad de autodeterminarse, de expresar su propia voluntad. Pero esa libertad es positiva en la medida en que previamente se le reconozca también la libertad

negativa, esto es la posibilidad de obrar o no obrar sin ser obligada a ello o sin que se lo impidan otros sujetos. La autodeterminación de procrear (maternidad) es una libertad positiva. Antes que una libertad de abortar (libertad positiva) implica una liberación de la servidumbre personal (libertad negativa) a la que se ve sometida la mujer cuando se siente en la obligación de ser madre y en la instrumentalización de su cuerpo para lograr una finalidad que no es la suya, que no la ha querido ni decidido. En ese caso el fin es social, de perpetuación de la especie, en la que el ser humano es tratado como un objeto antes que como un sujeto de derecho y de derechos (Ferrajoli, 2003: 15). Por otra parte, la libertad sexual es una libertad positiva como punto de partida, que a su vez involucra la libertad negativa. Así, la anticoncepción o la planificación familiar son libertades negativas que tienen que fundarse en la autonomía, libertad positiva, para que la sexualidad sea efectivamente una actividad en ejercicio de la libertad del cuerpo.

Cuando se examinan derechos se ven intereses, sujetos implicados, valores en disputa, comportamientos disciplinados. Sin embargo cuesta mucho aún ver y dar a la mujer una existencia separada de los “otros”. La libertad femenina, al decir de Ferrajoli, es directa o indirectamente la libertad del cuerpo. Es este valor el que porta la autonomía y el que funda la ciudadanía como identidad política. La mujer no puede subordinar la autonomía a otros valores, ni siquiera al de salud, porque en cada acto de sesión entrega partes de su libertad. En todo caso sí podemos aspirar a una articulación equilibrada de valores. Los derechos personalísimos desafían a esa labor.

El proceso de transformación de los derechos de las mujeres en la región ha recorrido un camino complejo que lo diferencia de otras evoluciones de derechos de ciudadanía relativas a otros sujetos sociales. En efecto, instituir derechos de sexualidad y de reproducción no involucra sólo un procedimiento político y jurídico de consagrar voluntades y establecer facultades, sino que interpela y remueve el sistema de género dominante en las sociedades actuales.

La pretensión de libertad del cuerpo, aspiración máxima del movimiento feminista tras estos derechos que “desordenan” el orden patriarcal, instala en sí misma un conflicto de ciudadanía porque busca constituir una identidad política propia en un mundo masculino sostenido por creencias católicas conservadoras. En ese mundo, lo masculino es lo público y lo público es político. Lo femenino, en cambio, es privado y lo privado es domesticidad maternal, no es asunto político ni público y está instituido de un “aura sacra”. Por tanto, lo que intentan defender las mujeres –la libertad de decidir– es justamente lo que pretende combatir el orden patriarcal. Estas son las razones fundamentales que pugnan entre el “desorden” y el “orden”.

Pero ese orden, aunque prevalezca, no es homogéneo ni abstracto ni estático.

Las reivindicaciones de ciudadanía de las mujeres, las que impulsan la apertura de cambio, tienen anclaje en algunos sectores sociales que toman sus demandas e intentan traducirlas en decisiones políticas. Así, sectores del ámbito político, legis-

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4. El conflicto por la libertad y el consenso de la “inmunidad”

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lativo, ejecutivo y judicial se comportan como protagonistas del proceso de transformación actuando como interlocutores y mediadores entre Estado y sociedad.

El conflicto por la libertad arrastra también las reivindicaciones por la igualdad de género y por la justicia social. La equidad de género, entonces –con el rostro de libertad e igualdad– atravesó partidos, grupos e ideologías y unificó a la mayoría de las legisladoras y a algunos legisladores por su esencia de humanidad.27 El mismo clima invadió buena parte de la sociedad y las mujeres –de distinta condición social, profesional, política y laboral– desarrollaron –y desarrollan aún– una verdadera labor militante. La sexualidad y la reproducción no son reclamos por sólo dos esferas de derechos sino que instalan en la sociedad la necesidad y la lucha por una identidad política de ciudadanía plena. Un verdadero “desorden” del “orden” establecido. No se trata, entonces, de cualquier conflicto sino de un conflicto de carácter político porque pone en riesgo la unidad y la estabilidad social.

Por otro lado, las oposiciones católicas conservadoras del tejido social se hacían oír en el espacio público y en el Congreso de la Nación en la forma y en el carácter más diverso. Son las que transportan los sujetos en la dinámica de las relaciones sociales cotidianas y que interceden y dificultan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Los medios de comunicación, la Justicia, asociaciones y sociedades profesionales diversas, organismos de derechos humanos, Centros de Estudio e Investigación, representantes de organismos internacionales, Iglesia Católica28 y demás instituciones y creencias religiosas, entre otras, formaban la opinión pública y ejercían influencia y control en los acontecimientos y en las decisiones.

El primer síntoma del conflicto es la dificultad de ese “orden” político y social de aceptar a la mujer como “persona” sujeto de derechos. Es decir, como sujeto individual de ciudadanía “que tiene derecho a tener derechos”, por el sólo hecho de ser persona. Fundar la ciudadanía en la calidad de “persona” es reconocer la identidad política de la mujer como adquisición pública constitutiva de libertad.

Este conflicto también estuvo presente en el ámbito internacional a la hora de consensuar las normas constitutivas del derecho internacional de los derechos humanos en estos temas. El consenso político universal acordó reconocer a la mujer como sujeto de derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva en el marco de la planificación familiar. La reconoce ciudadana pero no en plenitud, tiene derecho a tener sólo algunos derechos de libertad individual pero no la libertad del cuerpo.

La libertad del cuerpo es de pertenencia social, no individual, fundamento de reproducción de la especie y del desarrollo social de base familiar.

El consenso político democrático logra algunos beneficios como el reconocimiento de estos derechos en el campo de la salud. Pero, no obstante ello, la lucha por la libertad del cuerpo sigue su curso y seguramente perdurará hasta concretarse porque constituye un acto de justicia no de mera voluntad. Los síntomas concretos de esa continuidad son los reclamos actuales del movimiento feminista por la legalización del aborto, la despenalización del aborto, salud pública postaborto, anticoncepción quirúrgica, etc. Mientras la comunidad organizada no reconozca que las mujeres “tienen derecho al derecho de libertad del cuerpo” está

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sosteniendo un vínculo político de ciudadanía restringida por el género. Esta es la asignatura pendiente.

La racionalidad del conflicto permite implementar procedimientos para manejar las controversias y constituir un orden que sirva como “refugio” y como orientación social. El reconocimiento de “enemigos justos” y no de “enemigos absolutos” supone asumir de manera recíproca entre rivales que “el otro” puede tener legítimamente una posición diferente (Schmitt, 1984: 32).

Cuando el conflicto transcurre en condiciones políticas propicias para su desenvolvimiento, no para su desaparición, puede alcanzar el consenso. Desde este lugar, el “enemigo político” no es “enemigo absoluto”, aquel con quien no se tiene nada en común, sino aquel con quien se comparten un conjunto de normas jurídicas de reconocimiento recíproco. El reconocimiento recíproco de ciudadanos y ciudadanas como personas, sujetos “que tienen derecho a tener derechos”, constituye el consensus iuris (Arendt, 1987: 110). Este consenso hace posible la pluralidad y la contingencia en sociedad.

Todo conflicto es político cuando, además de trascender la esfera privada, se encuentra en juego el reconocimiento identitario o la definición de fines colectivos y mantiene una referencia al consensus iuris. Si no se logra instalar en el conflicto el reconocimiento del consensus iuris, la contienda se transforma en una guerra o deriva en represión. Este consenso constituye un mecanismo propio de la dinámica política, según la cual el “enemigo” es aquel con el cual se tiene que convivir. Por tanto, a través del consensus iuris no se busca eliminar “al otro” sino constituirlo en “adepto”(Arendt, 1987: 115).

En este marco el consenso político alcanzado en el plano de los Derechos Humanos, el derecho humano a la planificación familiar como derecho social, expresa mucho más la voluntad política de preservar la unidad social que la voluntad jurídica de reconocer personas con derecho a tener derechos. Consideramos a ese consenso político, plasmado en Argentina en la Reforma Constitucional de 1994, como el punto de inicio de un proceso de formación del consensus iuris. El derecho interno, a través de disposiciones de orden político, completa la construcción de esos derechos al establecer el contenido de ese reconocimiento en el campo de la salud. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, entonces, coronó el proceso de formación del consensus iuris determinando desde el ámbito de la política de salud pública el contenido y alcance de ese reconocimiento. Este consensus iuris es el que rige en toda América Latina. No obstante el avance producido, la realidad social y política de las mujeres siguió interpelando desde el lugar de la libertad a ese consensus iuris consagrado como “refugio” en la salud. Como respuesta se lograron, con posterioridad al año 2002, garantías de salud pública en la atención post-aborto y en la anticoncepción quirúrgica que la Ley no reconocía como derecho de salud.

Si esto es así, nuestros interrogantes son los siguientes: ¿el consensus iuris ha logrado el cometido de mediación entre derecho y política en América Latina? O dicho de otra manera, ¿han logrado las mujeres el reconocimiento “del derecho a tener derechos” como identidad política de ciudadanía o sólo como condición

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ampliada de ciudadanía? Es obvio que uno u otro reconocimiento establece relaciones de poder disímiles con “el otro” (orden dominante) en el conflicto.

Para comprender el conflicto es necesario conocer la esencia del pensamiento que sustentan los principios de unos y otros contrincantes: los que se mueven en el “orden” dominante y los que provocan su “desorden”. En la medida en que intentemos establecer qué se busca defender y qué se busca combatir, también sabremos por qué se defiende y por qué se combate en cada dirección.

El catolicismo conservador29, ve en las facultades sexuales y reproductivas una amenaza a los parámetros de organización y regulación natural de la vida y la sociedad que sostienen su doctrina y su magisterio. En ese “orden”, la familia “constituye el lugar natural y el instrumento más efectivo de humanización y personalización de la sociedad: colabora de manera eficaz y profunda con la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, en particular trasmitiendo las virtudes y los valores”.30 Está determinada naturalmente a la indisolubilidad, no por voluntad individual, sino por designio divino. Al ser “el santuario de la vida”, anida en ella la base de todos los derechos humanos: “el derecho a la vida”. Es la “iglesia doméstica” que anuncia la palabra de Dios, santuario donde se edifica la santidad y desde donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados.31 La realidad del amor natural de la familia es elevada a la dimensión de sacramento divino con el matrimonio cristiano. De allí que éste sea un derecho natural e indisoluble.

En ese santuario doméstico la vocación de la mujer es la “de madre, defensora de la vida y educadora del hogar”. Las mujeres han sido durante siglos “el ángel custodio del alma cristiana del continente”.32 Son quienes dan y defienden la vida, por tanto la sexualidad es condición natural de la identidad sexual. La procreación es una actividad natural que realiza al matrimonio en el amor y trasciende a Dios en su voluntad. El deseo es pecado.

La libertad, por sí misma, sin distinción del bien y del mal de origen divino, no encuentra una realización verdadera, es libertinaje y destruye al hombre y a la sociedad. La libertad “no tiene un origen absoluto e incondicionado en sí misma, sino en la existencia en la que se encuentra y para la cual representa, al mismo tiempo, un límite y una posibilidad. Es la libertad de una criatura, una libertad donada, que se ha de acoger como un germen y hacer madurar con responsabilidad”.33 Esto significa que la libertad individual no es inherente a la persona, sino que le pertenece a Dios y ese origen determina la posibilidad y el límite de la libertad. El hombre no es libre por sí mismo sino por ser una criatura de Dios. La libertad es una “donación divina”.

La libertad está precedida por una ley moral natural de alcance universal. Esa ley es la ley de Dios. Gracias a esa ley se conoce el bien y se evita el mal. El ejercicio de la libertad, por su parte, implica la referencia a esa ley moral que precede y aúna todos los derechos y deberes.34 Hay una subordinación de la libertad a Dios. Cuando el hombre en abuso de su libertad persigue fines por sí mismo es instigado por el demonio, desconoce a Dios y a toda su ordenación, afectando a su propia persona y a las relaciones con los demás. Esa libertad es producto del amor

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“desordenado de sí mismo”.35 La libertad individual, desprovista de moral divina, provoca “desorden”.

La relación hombre-mujer es de complementariedad física, psíquica y ontológica. A la “unidad de los dos” Dios les confía la procreación y la vida de la familia como construcción de la historia y finalidad de la trascendencia. Por tanto, no se reconoce la autonomía individual en el matrimonio. El pacto de unión entre hombre y mujer es presentado en la Sagrada Escritura como una imagen del Pacto de Dios con los hombres y, al mismo tiempo, como un servicio a la vida.36 El derecho a la vida, primer derecho enunciado en el Concilio Vaticano II de Pablo VI, desde la concepción hasta su conclusión natural condiciona el ejercicio de cualquier otro derecho y comporta para el catolicismo la ilicitud de toda forma de atentado contra ella, como el aborto provocado y la eutanasia.

Si la vida es el valor y el derecho supremo del orden celestial –porque simboliza la divinidad– y la mujer es la única beneficiada por la naturaleza para consagrarlo, la “mujer procreadora” es tan sagrada como la vida misma porque cada vez que da vida hace “re-nacer a Dios”. Por tanto, ese orden, cuando preserva a la “mujer procreadora”, preserva su propia existencia, su trascendencia como cosmovisión del mundo.

El cuerpo de las mujeres, a nuestro entender, ha sido provisto para su misión trascendental divina de una “inmunidad natural” (Espósito, 2005), como condición pasiva, que evolucionó luego hacia una “inmunidad inducida”. La inmunidad, conceptualmente, es tanto una dispensa como un privilegio. En la combinación de ambos significados es percibida como una excepción a una regla general.

Es regla para todos, excepto para quien es inmune. Desde el punto de vista del derecho canónico es algo que interrumpe el circuito social de la donación (Espósito, 2005: 19). Es Dios quien tiene el poder absoluto de “donar” facultades como la libertad humana. El cuerpo de las mujeres es “naturalmente inmune” a la libertad individual porque es fuente de creación divina. Es la lógica del orden natural la que suspende la donación de la libertad del cuerpo para preservarla “inmune” a la naturaleza de la vida. Si Dios le dona a las mujeres la libertad de su cuerpo, como lo hace con el hombre, la cosmovisión del mundo dejaría de ser trascendental para ser finita. La acción de donar la libertad del cuerpo femenino es en sí misma “antinatural” porque crea condiciones para disponer de la decisión de dar o no dar vida.

Es decir, es fuente de “desorden”.

Por otro lado, la sociedad patriarcal seculariza la “inmunidad natural” y crea una “inmunidad inducida”. Para garantizar la preservación del status originario “natural sagrado” se construye una inmunidad que refuerza el dominio maternal pero mediante un “mecanismo de compensación” que desplaza la trascendencia. Se generan las condiciones sociales, políticas, jurídicas y culturales necesarias para prevenir cualquier intento individual de las mujeres de alterar su destino natural.

El derecho a la salud sexual y reproductiva busca compensar el no reconocimiento del derecho a la libertad para decidir. Funciona como una reacción jurídica, no como acción, que impide que otra situación se manifieste como generalidad. El deber “ser madre” ya no proviene, entonces, de un ritual trascendental externo,

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sino de una construcción interna producida por la misma sociedad. Un dato objetivo impuso la realidad: la “inmunidad inducida” institucionaliza “mujeres madres” para que no se extienda la posibilidad de ser “mujeres no madres”.

El procedimiento consiste en reproducir de manera “controlada” el mal que se intenta proteger. Para ello no se actúa directamente sobre la libertad de las mujeres para decidir sino indirectamente, mediante lo que se denomina “mecanismo de rodeo” (Espósito, 2005: 50) o de neutralización de la libertad, se controlan sus cuerpos y sus voluntades a partir de la salud. Con esta neutralización de la libertad se protege la maternidad saludable sin afirmar explícitamente la ausencia de libertad para decidir “ser o no ser madre”.

El mal “de no querer ser madre” debe enfrentarse como amenaza social, otorgando un “derecho control”, punto intermedio entre el bien y el mal: el derecho a la planificación familiar. Así, se excluye indirectamente la atribución de “no ser madre” garantizando la posibilidad de decidir la frecuencia y oportunidad de los nacimientos mediante la anticoncepción reversible; servicios y recursos de salud pública durante el parto y post-parto; información, asesoramiento y consejería.

Este derecho que funciona como refugio es sólo condición de posibilidad, no de seguridad, porque como no hay certezas de resultados con las técnicas anticonceptivas reversibles que garantiza la política en cuestión, la mujer que accidentalmente se embaraza está obligada a ser madre.

El mecanismo de “inmunidad inducida” produce, entonces, antinomias de ciudadanía: inclusiones (derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva) por exclusión (privación del derecho a la libertad del cuerpo) o, a la inversa, exclusión (del derecho a la libertad del cuerpo) por inclusiones (derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva). En síntesis, se protege la salud sexual y la salud reproductiva para poder negar la libertad del cuerpo como derecho de las mujeres.

Mediante esa “inmunidad” se constituye a las mujeres para “ser madres” y se las destituye de su opción de “no ser madres”, de esa manera se “reconstituye” la vida femenina en esencialmente materna (Espósito, 2005: 15).

El derecho y la política son funcionales al mecanismo inmunitario (Espósito, 2005: 25). Permiten producir en su orden reglas que promueven la “mujer madre” y restringen la opción de “mujer no madre”. Pero si bien el derecho es funcional a la construcción inmunitaria, también se ocupa de preservar la libertad a través de los derechos personalísimos. La “inmunidad inducida” expresa, entonces, una construcción compleja de alianzas para “manejar” la protección de un objeto de interés político. Se sacrifica jurídicamente la intensidad del ejercicio de la libertad por la necesidad de preservar la maternidad.

El derecho, la teología y la política encuentran en el procedimiento inmunitario un recurso común a través del cual pueden encauzar sus principales “vectores de sentido”, que se entrecruzan en ese papel. En primer lugar, la doctrina católica pretende resguardar el valor “salvífico” de la maternidad y promover un sentido simbólico de dominación al controlar las consecuencias del pecado. En efecto, la “inmunidad” surge como antídoto ante la amenaza de pecado, más que prevenir el “contagio” en sí mismo previene la “generalización” por sus efectos infinitos.

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El “pecado personal” es un acto de alineación que divide al hombre de sí mismo, de Dios y de los demás hombres del mundo que lo rodean. La propagación del pecado a toda la humanidad es la preocupación central del catolicismo, porque en esa generalización se trasmite una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales.37 La “inmunidad inducida” de la “mujer madre” previene la posibilidad de manifestación generalizada de la voluntad de “no ser madre”, que amenaza el cambio en la naturaleza del orden divino. Lo que preocupa es la extensión descontrolada de la amenaza y principalmente cuando proviene de una agresión directa al prójimo.38 Estas acciones constituyen “pecado social” por su objeto mismo, atentan contra la justicia en las relaciones entre persona y persona, entre persona y comunidad o entre la comunidad y la persona, no por sus consecuencias (pecado social indirecto).

Por ello, se diferencia el “pecado personal” del “pecado social”. El primero es siempre un acto de la persona, porque es un acto de libertad de un hombre particular y no propiamente de un grupo o de una comunidad. Este pecado es objeto de perdón y ayuda de Dios porque no siempre tiene consecuencias sociales y, en caso de que las tenga (“pecado social” indirecto) pueden ser objeto de control.

En cambio, el “pecado social”, por su objeto mismo, atenta contra el bien común, contra la dignidad humana.

Según la doctrina social de la iglesia el móvil de la mujer que aborta es personal, no hace de su situación una actividad social –es un acto finito– por tanto, si bien rompe la relación con Dios al pecar, puede ser objeto de perdón porque sus consecuencias tienen como límite su persona.39 En cambio, quienes colaboran o favorecen abortos (médicos, legisladores, funcionarios públicos, servidores de la salud en general) actúan con un móvil social derivado de la profesión, oficio o gestión, causando un daño generalizado e indeterminado a la comunidad, pudiendo alterar o destruir la naturaleza de la vida. Al ser acciones generalizadas se pone en riesgo la existencia misma de las creencias católicas y surge la necesidad de sanción.

Un segundo vector de sentido de la “inmunidad inducida” es la intencionalidad normativa del derecho que, al mismo tiempo que contiene un ritual, exige el respeto a una prohibición que no se puede violar. La salud sexual y reproductiva prohíbe la anticoncepción irreversible, por tanto, los abortos y la anticoncepción quirúrgica no son permitidos o bien constituyen delitos. Por último, un sentido de “inmediatez” (Espósito, 2005: 28) de la política que hace que la maternidad se sintetice en un preponderante contenido biológico del cuerpo (biopolítica). Para mantener la condición de maternidad hay que “custodiar” el cuerpo. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable testimonia esta intención. En definitiva, la “inmunidad inducida” da contenido al consensus iuris que sintetiza los intereses del derecho, la política y la religión.

La democracia en Argentina aún no está en condiciones de aceptar la libertad del cuerpo de la mujer como valor ético-político de ciudadanía. Amplía la esfera de reconocimiento y ejercicio de los derechos de la mujer pero, al reservarse el uso y el control social de su libertad plena no le otorga independencia ciudadana.

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Pero esta pulseada de poder nos está indicando movimientos de cambio. Ni el orden social dominante es homogéneo y, por tanto, para sobrevivir tiene que procesar algunos desacuerdos40 ni las ciudadanas, aunque precisen la libertad, están dispuestas a rechazar otros reconocimientos posibles de ciudadanía consagrados y aceptados universalmente.41 Estos fueron los puntos de llegada –aunque no de partida– al consenso político.

Se ha recorrido hasta la fecha sólo una etapa del conflicto, que es, en el fondo, el “conflicto por la libertad” de las mujeres latinoamericanas. No han sido pocos los avances alcanzados, aunque los resultados no hayan concretado aún la libertad femenina de ciudadanía plena, al menos la sexualidad y la reproducción ya no son más patrimonio oclusivo de las creencias conservadoras, son temas públicos que le pertenecen por derecho a la comunidad política.

Referencias

* El presente artículo fue elaborado sobre la base de uno de los capítulos de la Tesis Doctoral de la autora, titulada Los derechos de ciudadanía sexuales y reproductivos de la mujer en Argentina, libro en prensa, Buenos Aires, Argentina.

1. El texto se propone respetar el lenguaje no sexista. Sin embargo, a fin de facilitar la lectura, no se utilizaron recursos específicos (“/” o “@”) y se adoptó el masculino sólo en casos inevitables.

2. Seguimos la concepción de ciudadanía de esta autora que desarrollamos más adelante.

3. No obstante en el plano del discurso a nivel internacional entre los objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, se sitúa el problema de la autonomía de la mujer. Estos objetivos intentaron constituirse en prioridades de las agendas gubernamentales de los países de la región. Ver Caminos hacia la equidad de género en América Latina y El Caribe, Novena Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y El Caribe, CEPAL, México, 2004, pág. 16.

4. Ver arts. 12 y 16 de la Convención. Posteriormente, como resultado de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, surge el Programa de Acción que aprobó la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, y luego la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995.

5. En el año 2002 se aprueba por Ley Nacional la Política Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, considerando a los derechos sexuales y reproductivos como facultades del ámbito de la salud y se garantizan para su ejercicio los siguientes beneficios para varones y mujeres: anticoncepción reversible, información y asesoramiento, consejería y educación sexual y reproductiva.

6. Vamos a trabajar los conceptos de “inmunidad natural” e “inmunidad inducida” de Roberto Espósito desarrollados en su obra Inmunitas. Protección y negación de la vida, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2005.

7. Resolución Nº 985/2005 del Ministerio de Salud de la Nación, Guía para el mejoramiento de la atención post- aborto en salud pública. Anuncio público efectuado por la Sra. Vice Ministra de Salud y Ambiente de la Nación, Graciela Rosso, en la entrevista realizada por la Revista Debate, titulada “Hay que apuntar a una despenalización progresiva del aborto”, Buenos Aires, 13 de mayo de 2005, pág. 23.

8. Justamente las Políticas de Salud Sexual y Procreación Responsable fueron demandadas por la sociedad argentina, y de toda América Latina, para garantizar condiciones de equidad social en el acceso a estos derechos humanos en contextos de pobreza. Es la inequidad en el acceso y goce de los derechos humanos sexuales y reproductivos el fundamento principal que justifica la responsabilidad política del Estado y la creación de la política pública. No olvidemos que en América Latina, según los últimos datos brindados por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Naciones Unidas) en el Informe Panorama Social de América Latina 2008, 182 millones de personas son pobres (lo que equivale al 33,2% de la población total) de esa cifra 71 millones (el 12,9%) viven en la indigencia, es decir en condiciones de pobreza extrema que les impide garantizar su alimentación diaria para subsis-

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tir. Por otra parte, estudios recientes de la CEPAL que miden la pobreza a nivel individual y no sólo por hogares, ponen en evidencia que de la población pobre, es mayor el porcentaje de mujeres pobres que de varones, tanto en áreas urbanas como rurales e incluso se pueden identificar mujeres pobres en hogares ricos. Para mayor información sobre este aspecto ver Nieves RICO, “Autonomía económica y superación de la pobreza, retos para las políticas de género”, División de Desarrollo Social de la CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008.

9. A fin de profundizar en el enfoque adoptado para el análisis se ha trabajado literatura proveniente del campo de la bionomía jurídica (derecho relativo a los cuerpos y a la vida) cuyos aportes resultan sumamente significativos por sus avances teóricos sobre problemas situados en el campo de la reproducción humana y la sexualidad. Fundamentalmente la producción desarrollada toma como acontecimientos empíricos que interpelan al derecho las nuevas tecnologías reproductivas y las prácticas de reproducción asistida. La mayor parte de los trabajos provienen de países europeos (entre ellos España, Italia, Inglaterra, Francia, Suecia) y de Estados Unidos.

10. C. Pateman ha cuestionado incansablemente el pensamiento liberal en sus diferentes obras en aspectos vinculados a la ciudadanía, por ejemplo la dicotomía público/privado. Por otra parte, Seyla Benhabib discute al liberalismo sus concepciones sobre igualdad, universalidad y esfera pública.

11. Ver también de la misma autora Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2000.

12. Así, por ejemplo, se restringió su participación en el ámbito público y se justificó la intervención por exceso del Estado en la esfera doméstica tornando a la familia en un hecho jurídico y político y, al mismo tiempo, normatizando la esfera de la sexualidad.

13. En este punto nuestra argumentación se sostiene en la propuesta de Chantal Mouffe de ciudadanía democrática plural.

14. Tales como la Iglesia Católica y algunos partidos políticos.

15. Coincidimos con Dora Barrancos, cuando señala que fueron más claras las acciones del Estado que intentaron preservar a la mujer en el hogar para garantizar los roles familiares que las que pretendieron promover la natalidad en sí misma, llamadas “pronatalistas”.

16. Cabe destacar en este sentido, los aportes provenientes del Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad (CEDES) no sólo en términos científicos al producir diagnósticos y avances esclarecedores en torno a la temática sino también en el orden político, al situarse como referente de asesoramiento del Ministerio de Salud de la Nación.

17. A mediados de 1986, se derogó una batería de decretos y leyes restrictivas y, al mismo tiempo, se reconoció por primera vez jurídicamente “el derecho de la pareja a decidir libremente acerca del número y espaciamiento de los hijos”.

18. Ley Nacional Nº 26.130 del 29/08/06.

19. El reconocimiento de estos derechos marca el punto de inflexión en el proceso de transformación de la ciudadanía de la mujer, promovido por el movimiento feminista a nivel internacional, basado en una nueva organización política y social de las relaciones de género a través del quiebre de la cultura hegemónica patriarcal. En ese nuevo orden las mujeres no sólo deberían ser reconocidas como sujetos “con derecho a tener derechos” sino que ese status las constituiría en personas con identidad política.

El desafío fue “desordenar” el orden patriarcal, católico y conservador, para acelerar un nuevo orden inspirado en la libertad mediante la adquisición de la ciudadanía plena de las mujeres. En Argentina los actores del “desorden” fueron sectores progresistas de la sociedad, pertenecientes a diversos ámbitos públicos (legisladores, jueces, funcionarios, defensorías) y privados (asociaciones profesionales, organizaciones sociales, institutos y centros de investigación, organismos internacionales: CEPAL, PNUD, Banco Mundial, OIT), quienes promovidos por el movimiento feminista llevan adelante estos cambios al instalar el sexo en la esfera pública y desvincularlo de la reproducción, dejando en la voluntad de los sujetos la posibilidad de enlazarlos o no como facultades de ciudadanía. El “orden” católico conservador por su parte, a través del activismo católico que incluyó no sólo a la jerarquía oficial sino también a las prácticas y actitudes de sus fieles desempeñadas a través de sus distintos roles en sociedad, se ocupó de vigilar el sexo, vincularlo siempre a la procreación negando la libertad de decidir, fundado en razones religiosas provenientes de la doctrina social de la Iglesia Católica tal como lo evidencian los

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debates parlamentarios. Se presentan, entonces, dos escenarios de confrontación: los que buscan defender la libertad y los que pretenden combatir la libertad, que dan lugar a un conflicto de carácter político con aspiraciones de transformación social. El catolicismo conservador actúa como actor político y no como actor religioso. El Estado de Derecho no logra garantizar la laicidad de la democracia asegurada por nuestra Constitución Nacional y el conflicto se resuelve mediante un consenso mínimo logrado por la sociedad: la sexualidad y la reproducción serán derechos pero ubicados en el plano de la salud y no en el de la libertad. Este consenso predomina en toda América Latina. Para mayor información ver LEVÍN Silvia, Tesis Doctoral, Op. Cit. 20. La trayectoria de producción legislativa y programática fue acompañada por la movilización permanente del movimiento de mujeres, la toma de posición por parte de líderes de opinión como partidos políticos, representantes de la iglesia católica y otros cultos, y algunos profesionales médicos. No obstante, por primera vez en el país se generó un debate público sobre los derechos sexuales y reproductivos y se reconoció la responsabilidad política del Estado al respecto. Actualmente se debaten en el Congreso de la Nación proyectos de ley de despenalización del aborto y de legalización del aborto.

21. Para un relato cronológico y pormenorizado de los hechos políticos y legislativos sobre la problemática se puede consultar, RAMOS, Silvina y otros, Los médicos frente a la anticoncepción y el aborto, Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad, Buenos Aires, 2001.

22. Por ejemplo, y casi elaborando una lista de beneficios, en la legislación argentina que regula la Política de Salud Sexual y Procreación Responsable el Estado se compromete a: proteger la maternidad ...incluyendo información y asesoramiento sobre planificación familiar; eliminar la discriminación contra la mujer en la atención médica a fin de asegurar el acceso a los servicios...que se refieren a la planificación de la familia; garantizar a hombres y mujeres los mismos derechos para decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; garantizar a las mujeres el derecho a adoptar decisiones reproductivas en condición de igualdad con los hombres y el derecho a la protección de la salud...en salvaguarda de la función reproductiva; etc.

23. Los desarrollos teóricos provenientes de las ciencias de la vida y del cuerpo en relación con la reproducción asistida que buscan como horizonte explicativo la salud, conciben el derecho a la reproducción como una opción terapéutica frente a la esterilidad concebida como enfermedad. La realidad ha deslegitimado esta argumentación ya que en muchos casos, como se ha demostrado, la intervención no se realiza en el individuo que sufre la supuesta enfermedad. Por ejemplo, son llamativas –advierte la literatura– las crecientes intervenciones de fecundación in vitro que se realizan a las mujeres para resolver la esterilidad masculina o incluso desconociendo el origen de la esterilidad sin importar los riesgos implicados en ese proceso complejo y gravoso. Sólo podría ser aceptada con justicia si la mujer presta conformidad a la intervención, pero en ese caso ya no es el derecho a la protección de la salud el que fundamenta el derecho a la reproducción, sino el de la libre elección como supuesto de la libertad de la persona.

24. Como organismos internacionales y regionales (OPS, OMS, Banco Mundial, BID, CEPAL); Centros de Estudios e Investigación (CEDES, CENEP); asociaciones profesionales vinculadas a la salud (Asociación de Obstetras y Ginecólogos, Asociación Médica, Asociación Nacional de Pediatría); vinculadas al derecho (CELS, Defensoría del Pueblo, asociaciones de abogados); instituciones del Estado en sus distintos niveles de gobierno (Consejo Nacional de la Mujer, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Secretarías, etc.).

25. Por ejemplo la posición oficial de la Iglesia Católica en relación con la sexualidad y la reproducción en nuestro país ha incidido en las regulaciones jurídicas y en la aplicación de la normativa existente producida a nivel nacional y provincial, incluso violando el Estado de Derecho. Para un análisis más detallado del problema ver LEVÍN Silvia, Tesis Doctoral “Los alcances de los derechos de ciudadanía sexuales y reproductivos de la mujer en la Argentina actual”, cap. III, en prensa, Buenos Aires, 2009.

26. Para un desarrollo en profundidad de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos referida a esta temática ver LEVÍN Silvia, El conflicto por la libertad. Los derechos sexuales y reproductivos en Argentina en la actualidad, en prensa, Ed. Eudeba, Buenos Aires. Libro elaborado sobre la base de la Tesis Doctoral producida por la autora.

27. No podemos dejar de destacar la importancia que ha tenido la Ley de Cupo Femenino, Ley Malharro, de 1991, que establece la obligación de incluir el 30% de mujeres en las listas de cargos electivos

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de los partidos políticos –a nivel nacional, provincial y municipal–, que promueve la participación y protagonismo femenino en las instancias de decisión política. Este primer antecedente fue reforzado luego con el Decreto Nº 1246/2000 del entonces Presidente de la Nación, Dr. Fernando de La Rúa, que amplía la aplicación de la Ley de Cupo Nº 24.012 y establece la incorporación efectiva de candidatas mujeres al Senado de la Nación. La representación femenina estaba garantizada en ambas Cámaras del Poder Legislativo Nacional. Una de las evidencias de este avance ha sido el fruto de la labor parlamentaria desarrollada por las mujeres en el período 2000/2002 que culmina con la sanción de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

28. Cuando decimos Iglesia Católica nos referimos a la jerarquía católica.

29. Utilizamos esta expresión para diferenciar diferentes tendencias dentro del catolicismo, por ejemplo sectores católicos progresistas, que han acompañado activamente el proceso de desarrollo de estos derechos y que dentro del movimiento feminista estuvieron representados, en toda América Latina, por la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

30. Juan Pablo II: Familiaris Consortio.

31. Santo Domingo, Conclusiones, Nº 214.

32. Juan Pablo II, Homilía en Santo Domingo.

33. Juan Pablo II, 1993. Carta encíclica Veritatis Splendor.

34. Ibídem.

35. Catecismo de la Iglesia Católica, 1714.

36. Concilio Vaticano II: 1966. Constitución Pastoral Gaudium et Spes.

37. Catecismo de la Iglesia Católica, 404.

38. Por ejemplo, los profesionales de la salud que practican abortos; los legisladores que sancionan leyes que reconocen el derecho a la anticoncepción quirúrgica; los profesionales de la salud que favorecen la eutanasia; los jueces que autorizan abortos mediante sentencias; todos cometen “pecado social”.

39. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración del 17/06/98, señala: “Nuestro rechazo público no va contra las mujeres tentadas de abortar ante las dificultades de su vida o movidas por un ambiente cada vez más insensible a lo que el aborto es en realidad (...) La Iglesia comprende a las que ya han recurrido a él, pues no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Pero tenemos que denunciar el crimen y, en particular, a quienes lo favorecen por medio de medidas legislativas o administrativas que dejan desprotegida la vida de los inocentes e inducen a los ciudadanos a pensar que el aborto no está tan mal o, incluso, que es un derecho”. En otro documento se establece: “(...) Se ha de dedicar, además, una especial atención pastoral a las mujeres que han padecido o procurado activamente un aborto”, Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Postsinodal, “Eclesia in América”, Nº 63.

40. Por ejemplo, en la Justicia hay sentencias que reconocen la libertad de la mujer sobre su cuerpo en determinadas ocasiones. Por otra parte, existen declaraciones públicas realizadas por miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Carmen Argibay, acerca del aborto y la libertad de decidir de la mujer (“Argibay, a favor del aborto”. Declaraciones de la Jueza de la Corte. La Nación, 6/08/04; “Argibay defendió su posición a favor de despenalizar el aborto”, La Capital, 10/02/04). Tribunales provinciales han autorizado abortos por anencefalia. Otra decisión significativa proviene de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal (La Ley, t.123, p.842) que establece que “no puede instruirse sumario criminal en contra de una mujer que haya causado su propio aborto o consentido en que otro se lo causare, sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión o empleo oficial o no, pero sí corresponde hacerlo en todos los casos respecto de sus coautores, instigadores o cómplices”. También el dato de ausencia de incriminaciones delictivas por abortos no es menor en una sociedad en que, según datos de especialistas correspondientes al año 2002, se practican quinientos mil abortos anuales.

El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Salud y Ambiente de la Nación, ha promovido, personalmente, tanto la definición de una política pública en sexualidad y reproducción como la defensa del aborto. Varias provincias argentinas han garantizado políticamente, en esa coyuntura, el derecho a la anticoncepción quirúrgica, ya sea incorporando el beneficio en los programas de salud o mediante leyes específicas sobre el tema, o bien mediante recomendaciones ministeriales.

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41. El movimiento feminista, en general, reivindica los logros aunque sigue luchando políticamente por la ciudadanía plena.

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Recibido: 13/02/09. Aceptado: 07/09/09.

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Del infierno al purgatorio: empleo, salarios y distribución del ingreso en el Gran Rosario (2003-2007) Carlos Crucella

resumen

summary

El presente trabajo analiza el comportamiento del empleo y los salarios en uno de los dos aglomerados urbanos más grandes del interior del país, entre la segunda mitad del año 2003 y la primera parte de 2007. Su propósito es dar cuenta del impacto que los cambios macroeconómicos registrados durante ese período han tenido sobre la evolución del mercado de trabajo local, a través del análisis de una selección de variables consideradas relevantes a tal efecto, cuya trayectoria permite comprobar un significativo incremento del empleo, un aumento de los salarios reales y una mejora en la distribución funcional de la riqueza generada en la región.

This article analyses the behaviour of employment and salaries in one of the two most populated urban inland areas of the country between the second half part of 2003 and the first one of the year 2007. Its purpose is to show the impact the macroeconomics had on the evolution of the local labour market, focusing on some relevant selected variables. According to them, employment has remarkably increased and real wages have undergone a noticeably improvement as well as income distribution in the region.

palabras clave

Argentina / Gran Rosario / empleo / salarios / distribución del ingreso

keywords

Argentine / Rosario Area / employment / wages / income distributions

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

Carlos Crucella es investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de Economía III, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR).

Mail: crucella-robin@arnet.com.ar

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A modo de prólogo

El presente artículo forma parte de una investigación más amplia que se extiende desde la segunda mitad de 2003 hasta igual período de 2007, cobertura temporal que obedece a dos razones de distinta índole.

La primera, de naturaleza operativa, se vincula con el cambio metodológico introducido en la Encuesta Permanente de Hogares a partir del 3º trimestre de 2003 (INDEC, 2003a y 2003b), el cual, lamentablemente, imposibilita la comparación de la información suministrada desde ese momento con la correspondiente a cualquier período anterior. La segunda, más sustantiva, remite al propósito de analizar el impacto que el notable crecimiento que experimentó la economía argentina durante los cuatro años de la administración Kirchner1 ha tenido sobre el mercado de trabajo urbano a nivel nacional, territorial y local.

Dado que, a raíz de la situación conflictiva que afecta al INDEC, la última información disponible a la fecha (Base Usuaria Ampliada) corresponde al 1º trimestre de 2007, se ha estimado conveniente dar a conocer los resultados obtenidos para el Aglomerado Gran Rosario, aún sabiendo que la buena práctica aconseja no utilizar ondas diferentes para el estudio de la evolución de las variables ocupacionales, con el propósito de evitar la incidencia de los eventuales efectos que el factor estacional pudiera tener sobre las mismas.2 A causa de los motivos expuestos, en este caso se ha optado por dejar de lado esa sana prescripción, razón por la cual se recomienda tener en cuenta esta “trasgresión metodológica” a la hora de analizar la evidencia empírica. Finalmente, cabe señalar que, por razones de espacio, no ha sido posible realizar un estudio del comportamiento de las variables en el interior del período, el cual ha debido reducirse a las variaciones entre los extremos del mismo.

I. Introducción

El Gran Rosario, como cualquier unidad territorial subnacional, es un área económicamente abierta, cuya apertura se refleja en la marcada incidencia del régimen macroeconómico en la dinámica de su proceso productivo y, consecuentemente, en el comportamiento de su mercado de trabajo (Municipalidad de Rosario, 1971: 13).

Por lo tanto, el signo y la intensidad de la evolución de su nivel de actividad económica, así como la composición sectorial de su producto y, en general, las características de su patrón de crecimiento presentan un bajo nivel de autonomía respecto de las condiciones macroeconómicas imperantes. Esta dependencia, sin embargo, no es (necesariamente) absoluta, ya que el impacto de estas últimas sobre el perfil productivo y ocupacional de una región se ve mediatizado por ciertos atributos “idiosincrásicos” (económicos, sociales, políticos e institucionales) que pueden acentuar o morigerar los efectos de un determinado régimen de acumulación aunque, difícilmente, alterar el signo que el mismo le impone a la economía nacional en su conjunto.

En consecuencia, aún cuando el deterioro de la situación laboral de la región constituye un fenómeno de larga data, cuyo origen se remonta a mediados de la

década del 703, con la ruptura del patrón de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)4, el mismo experimentó un notable agravamiento a lo largo del período de vigencia del régimen de convertibilidad, durante el cual se destruyeron puestos de trabajo preexistentes, en tanto el número de desocupados y subempleados horarios aumentó un 174 y 145% respectivamente (Crucella, 2003), empeorando de manera directa e indirecta (Frenkel, 2002: 37-38) la de por sí inequitativa distribución del ingreso existente a comienzos de los noventa. A partir del cambio de las condiciones macroeconómicas que tuvo lugar en 2002, a fines de ese año comenzó un proceso de crecimiento económico ininterrumpido de una magnitud inédita, que impactó de forma particularmente positiva en el nivel de actividad y, consecuentemente, en la evolución del mercado de trabajo del Gran Rosario que, de este modo, comenzó a dejar atrás el abismo en que había caído en el período inmediatamente posterior a la devaluación.5

II. La evolución de la situación ocupacional

Entre los extremos de los tres años y medio analizados la Población Económicamente Activa creció el 4,6%, lo que equivale a la incorporación neta de unas 24.000 personas al mercado de trabajo de la región.

Dado que en el mismo período la población total sólo se incrementó el 1,4%6, y aquella parte de ella que cuenta al menos con 10 años de edad (que constituye el subconjunto etario sobre el cual es dable estimar la PEA) se mantuvo prácticamente inalterada (en rigor, se redujo en algo más de 3.000 habitantes), la tasa de actividad global aumentó del 44,5 al 45,9%, y la correspondiente a este último grupo (que es, stricto sensu, la más apropiada metodológicamente para analizar este indicador) pasó del 51,4 al 53,9%.

Cuadro I 3º Trimestre 2003 Valores absolutos

Población Total Población de 10 años y más

1.173.996 1.016.139

Condición de actividad PEA (incluye beneficiarios de PJJHD) Ocupado (incluye ocupados c/PJJHD) Desocupado (incluye desocupados c/PJJHD) Inactivo (incluye inactivos c/PJJHD)

1.016.139 521.957 420.630 101.327 494.182

Valores porcentuales

1º Trimestre 2007 Valores absolutos

Valores porcentuales

1.190.256 1.012.948 100,0% 51,4% 41,4% 10,0% 48,6%

1.012.948 545.932 489.295 56.637 467.016

100,0% 53,9% 48,3% 5,6% 46,1%

Variaciones Valores absolutos

Valores porcentuales

16.260 -3.190

1,39% -0,31%

-3.190 23.975 68.665 -44.689 -27.166

-0,31% 4,59% 16,32% -44,10% -5,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

A su vez, el número de ocupados se expandió en una proporción notablemente mayor (16,3%), lo que representa el ingreso de alrededor de 68.600 personas al circuito productivo, cifra que equivale a la incorporación neta de más de 1.600 personas por mes en promedio.

Como resultado de esta evolución, la tasa de empleo global se incrementó 5 puntos porcentuales (de 35,8 en el 3º trimestre de 2003 a 41,1% en el primero

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

GRAN ROSARIO Variables ocupacionales (Población de 10 años y más)

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de 2007), en tanto la específica de la población de 10 años y más lo hizo en unos 7 p.p. (41,4 y 48,3% respectivamente).

Cuadro II

(1) Redistribuidos los ocupados que no trabajaron la semana de referencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

En consecuencia, la creación de nuevas oportunidades laborales7 no solo alcanzó para absorber a la totalidad de los ingresantes a la fuerza de trabajo sino que, además, permitió incorporar a la actividad económica a casi 45.000 desocupados, lo que redujo su número en un 44,1%. Este fenómeno, unido al crecimiento de la PEA, explica la caída de la tasa de desocupación del 19,4 al 10,4%, es decir, a poco más de la mitad del valor registrado en el 3º trimestre de 2003.

III. La incidencia de los planes de empleo

El aumento del número de puestos de trabajo no puede ser atribuido a un incremento de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, ya que su cantidad total8 se redujo el 36,2% en ese período, pasando de unos 32.000 a alrededor de 20.000, en tanto los correspondientes exclusivamente a los ocupados lo hicieron en una proporción aún mayor (65%), alcanzando en 2007 al 2,1% de las personas que habían trabajado en la semana de referencia frente al 7,1% que representaban en 2003. Lo expuesto significa que en ese período unas 19.500 personas consiguieron insertarse laboralmente en distintas actividades, dejando de depender de la asistencia que brinda el PJJHD. Por lo tanto, cabe afirmar que durante dicho lapso de tiempo tuvo lugar una generación de oportunidades laborales “genuinas”, que no respondió a la acción directa del Estado a través de planes de empleo transitorio, sino a la evolución de la demanda de mano de obra de la región.

Cuadro III

(1) Como porcentaje de los respectivos totales.

(2) Incluye, además del PJJHD, a otros de características similares.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

IV. Características de la evolución del empleo

a) Las ocupaciones de jornada completa y parcial El aumento del número de ocupados abarcó exclusivamente a aquellos de tiempo completo (35 y más horas semanales), en tanto los de jornada parcial (voluntaria e involuntaria) experimentaron una disminución del 11,4% (equivalente a la desaparición de unas 19.000 ocupaciones de extensión horaria reducida, es decir, de menos de 35 horas hebdomadarias).

(1) Redistribuidos los ocupados que no trabajaron la semana de referencia.

(2) Ocupados que trabajaron menos de 35 horas semanales, desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo.

(3) Ocupados que trabajaron entre 35 y 45 horas semanales o que, habiendo trabajado menos de 35 horas hebdomadarias, no desean aumentar su carga horaria semanal o no se encuentran disponibles para hacerlo.

(4) Ocupados que trabajaron más de 45 horas semanales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

Cuadro IV

43

La disminución de la cantidad de trabajadores de tiempo parcial que tuvo lugar en este período estaría reflejando, en similares proporciones, un doble fenómeno que, en conjunto, pone de manifiesto una evolución positiva del perfil del empleo en la región, toda vez que, en última instancia, se traduce en una disminución de la subutilización horaria de la mano de obra. Por una parte, se observa un acentuado tránsito de la condición de ocupados de jornada reducida involuntaria a la de trabajadores de tiempo completo y, por la otra, una transformación de ocupados de tiempo parcial que desean trabajar más horas (subocupados horarios) en aquellos que no desean hacerlo9 (ocupados horarios plenos), fenómeno plausiblemente asociado a mejoras en sus ingresos y/o en los de su grupo familiar. b) El empleo público y privado La totalidad de la creación neta de puestos de trabajo corresponde al sector privado, que durante este período generó cerca de 100.000 nuevas oportunidades laborales, las que equivalen a un aumento de su volumen de ocupación del 30% vis-à-vis el comportamiento opuesto registrado por el sector público –que experimentó una reducción del número de trabajadores proporcionalmente similar pero que, debido a su menor peso en la estructura ocupacional de la región, representan la desaparición de algo más de 23.000 puestos de trabajo–, fenómeno plausible de ser explicado mayoritariamente por la disminución de unos 21.500 ocupados beneficiarios del conjunto de planes de empleo.10 El sector que nuclea las ocupaciones que no corresponden a ninguno de estos dos agrupamientos registró la expulsión de alrededor de 7.500 personas, cifra que representa una contracción de su nivel de empleo entre puntas cercana al 85%, con lo cual se confirma que el Gran Rosario no sólo es un aglomerado con un marcado predominio del empleo privado sino que, además, en el período analizado, ese rasgo se ha acentuado, llegando a concentrar a comienzos de 2007 el 88,4% del total de puestos de trabajo, proporción que tres años y medio atrás era del 79,1%.

Cuadro V GRAN ROSARIO

3º Trimestre 2003 Valores absolutos

1º Trimestre 2007

Valores porcentuales

Valores absolutos

Variaciones

Valores porcentuales

Valores absolutos

Valores porcentuales

Ocupados según carácter de la ocupación principal Estatal Privado Otro tipo

420.630

100,0%

489.295

100,0%

68.665

16,32%

78.732 332.923 8.974

18,7% 79,1% 2,1%

55.086 432.760 1.449

11,3% 88,4% 0,3%

-23.647 99.836 -7.525

-30,03% 29,99% -83,85%

Ocupados según tamaño del establecimiento Asalariados del servicio Hasta 5 personas doméstico 6 a 40 personas Más de 40 personas

420.630

100,0%

489.295

100,0%

68.665

16,32%

23.889 217.687 100.840 78.214

5,7% 51,8% 24,0% 18,6%

35.223 204.094 137.704 112.274

7,2% 41,7% 28,1% 22,9%

11.334 -13.593 36.864 34.060

47,44% -6,24% 36,56% 43,55%

420.630

100,0%

489.295

100,0%

68.665

16,32%

11.543

2,7%

4.433

0,9%

-7.110

-61,60%

61.972 30.345 316.770

14,7% 7,2% 75,3%

77.985 45.746 361.130

15,9% 9,3% 73,8%

16.014 15.401 44.361

25,84% 50,75% 14,00%

Ocupados según rama de actividad de la ocupación principal Actividades primarias Industria Manufacturera (Incluye electricidad, gas y agua) Construcción Servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

d) La absorción de mano de obra según las ramas de actividad económica Alrededor de dos terceras partes de la generación neta de oportunidades laborales se concentró en el sector terciario –lo cual no resulta sorprendente dado que el mismo cobija a tres de cada cuatro ocupados de la región (más del 65% si se excluye a los correspondientes al servicio doméstico)–, cuyo volumen de empleo se expandió un 14%, variación porcentual que, en el caso de tomar solamente en cuenta a aquellos que no se desempeñan en tareas domésticas, se reduce a poco más del 11%.

La construcción, por su parte, es la rama de actividad que experimentó el crecimiento proporcionalmente más elevado de personas ocupadas (50,8%) –fenómeno fácilmente asociable al boom edilicio que caracterizó principalmente a la ciudad cabecera de la región durante este período–, no obstante lo cual, sólo 22 de cada 100 nuevos puestos de trabajo corresponden a este sector y, a comienzos de 2007, menos del 10% de las personas que trabajaban en el Gran Rosario lo hacían en el mismo.

Con unas 16.000 nuevas oportunidades laborales, que equivalen a un crecimiento del 25% respecto de las existentes tres años y medio atrás, la industria manufacturera da cuenta de casi uno de cada cuatro puestos de trabajo netos generados entre 2003 y 2007, en tanto el sector primario fue el único cuyo volumen de empleo experimentó un retroceso (del orden de 7.000 ocupados), que lo redujo al 40% del existente en 2003.12

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

c) Las ocupaciones según tamaño del establecimiento Un tercio de los empleos netos creados entre el 3º trimestre de 2003 y el primero de 2007 se concentra en el conjunto de establecimientos de menor tamaño, aunque con comportamientos claramente diferenciados en el interior de ese grupo. En efecto, mientras el empleo en las unidades productivas que emplean entre 6 y 40 trabajadores se incrementó en un 36% (37.000 nuevos puestos de trabajo), dando cuenta de más de la mitad de las inserciones laborales generadas en estos tres años y medio, las microempresas11 destruyeron más de 13.000 ocupaciones, no obstante lo cual siguen siendo las principales demandantes de mano de obra de la región.

Del conjunto de establecimientos, aquellos que ocupan más de 40 personas fueron los que registraron el mayor crecimiento del empleo en términos relativos (43,6%), concentrando casi el 50% del aumento neto de oportunidades ocupacionales.

A su vez, el 16,5% de las nuevas ocupaciones corresponde a actividades que se llevan a cabo en hogares (Servicio Doméstico), cuyo volumen se incrementó un 47%. Dado que la evolución de este tipo de inserción laboral está fuertemente asociada a los ingresos de las unidades familiares, particularmente a las pertenecientes a los sectores medios y medios altos, este fenómeno podría tomarse, prima facie, como un indicador de la mejora experimentada por los mismos durante este período.

45

e) El crecimiento del empleo y las categorías ocupacionales Si bien la categoría que experimentó un incremento proporcionalmente más intenso fue la de los empleadores, es la evolución de los asalariados la que da cuenta (en exceso) del aumento del empleo, situación esperable debido a su mayor participación en la estructura ocupacional. En efecto, su crecimiento (unas 73.000 ocupaciones13 en relación de dependencia), sobreexplica la totalidad de la generación neta de puestos de trabajo, seguido por el de los patrones, con cerca de 5.000 nuevas posiciones laborales.

El número de cuentapropistas, por su parte, registró un aumento apenas perceptible, en tanto la cantidad de trabajadores familiares sin remuneración experimentó una notable contracción, superior a las 10.000 ocupaciones, quedando reducido su volumen a alrededor de una tercera parte del correspondiente a 2003.

La evolución de estos últimos, además de ubicar su magnitud en un nivel de mayor correspondencia con una sensible mejora en la situación ocupacional del aglomerado (en 2003 su número era similar al de los patrones)14, podría encontrarse asociada, por una parte, a la disminución del empleo en microempresas –ya que es en ese tipo de establecimientos, cuando es de carácter familiar, donde es dable esperar una mayor concentración de esta categoría de trabajadores– y, por la otra, a las mayores posibilidades de ingresar como obreros o empleados a establecimientos de mayor tamaño.

En todo caso, el aumento del número de asalariados, que representaban en 2007 casi tres cuartas partes de los ocupados totales, es un síntoma auspicioso toda vez que resulta más acorde con la estructura ocupacional que es dable esperar de una economía con un cierto grado de desarrollo. Asimismo, su incorporación en calidad de ocupados en relación de dependencia en establecimientos del sector estructurado del aparato productivo debería, plausiblemente, traducirse en un incremento de la productividad media de la mano de obra así como en un mayor nivel y continuidad de los ingresos presentes y diferidos de estos trabajadores y en los beneficios asociados a este tipo de inserción laboral.15 GRAN ROSARIO

Cuadro VI

3º Trimestre 2003 Valores absolutos

Valores porcentuales

1º Trimestre 2007 Valores absolutos

Variaciones

Valores porcentuales

Valores absolutos

Valores porcentuales

Ocupados según categoría ocupacional

420.630

100,0%

489.295

100,0%

68.665

16,32%

Asalariados “verdaderos” Asalariados “fraudulentos” Patrones Cuenta propia Trabajadores s/salario

279.583 8.239 15.776 100.801 16.230

66,5% 2,0% 3,8% 24,0% 3,9%

355.997 4.893 20.647 102.081 5.676

72,8% 1,0% 4,2% 20,9% 1,2%

76.414 -3.346 4.871 1.280 -10.554

27,33% -40,61% 30,88% 1,27% -65,03%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

f) La evolución del empleo y la calificación de las tareas La calificación de la inserción laboral, variable que busca medir la complejidad de las tareas específicas desarrolladas en el marco de cada ocupación (INDEC, 1997b), muestra que si bien el aumento del número de puestos de trabajo abarcó a la totalidad de las categorías, la expansión productiva que ha venido teniendo

lugar en la región durante los tres años y medio bajo análisis resulta, básicamente, demandante de operarios y empleados con algún grado de conocimiento de las tareas a desempeñar y, en menor medida, de profesionales, técnicos y, sobre todo, de trabajadores sin calificación.

En efecto, los puestos de trabajo que no requieren mano de obra calificada fueron los que experimentaron la expansión proporcionalmente más débil (7,2%), si bien en valores absolutos; dado que su participación en la estructura ocupacional supera la correspondiente a los profesionales y técnicos en conjunto, se ubica en segundo lugar, detrás de los trabajadores de categoría operativa.

Esta situación confirmaría que el crecimiento económico experimentado por la región a partir de 2003 resulta escasamente demandante de puestos de baja calificación, lo que avalaría la conveniencia de implementar programas de capacitación dirigidos específicamente al tipo de tareas que requiere la estructura productiva, en base a compromisos de contratación de los beneficiarios por parte de las empresas de la zona, a fin de no desaprovechar las habilidades adquiridas en el programa, potenciándolas, a su vez, a través de su experiencia en los establecimientos (learning by doing).

CuadroVII 3º Trimestre 2003 Valores absolutos

Valores porcentuales

1º Trimestre 2007 Valores absolutos

Valores porcentuales

Variaciones Valores absolutos

Valores porcentuales

Ocupados según calificación de la tarea de la ocupación principal Profesional Técnica Operativa No calificados

420.630

100,0%

489.295

100,0%

68.665

16,32%

33.866 65.598 209.240 111.926

8,1% 15,6% 49,7% 26,6%

37.721 71.696 259.907 119.971

7,7% 14,7% 53,1% 24,5%

3.855 6.098 50.667 8.044

11,38% 9,30% 24,21% 7,19%

Ocupados según nivel educativo alcanzado Sin Instrucción Primaria Incompleta (incluye educación Primaria i l) Completa Secundaria Secundaria l Completa Superior Incompleta Superior Completa

420.630 4.337 26.543 113.772 54.262 85.198 59.634 76.884

100,0% 1,0% 6,3% 27,0% 12,9% 20,3% 14,2% 18,3%

489.295 3.979 35.153 111.284 70.406 117.715 65.222 85.536

100,0% 0,8% 7,2% 22,7% 14,4% 24,1% 13,3% 17,5%

68.665 -358 8.610 -2.488 16.143 32.517 5.588 8.652

16,32% -8,26% 32,44% -2,19% 29,75% 38,17% 9,37% 11,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

Las dos categorías correspondientes a los niveles de complejidad e instrucción formal más elevados (profesional y técnica), si bien registran un crecimiento del empleo proporcionalmente más acentuado que el correspondiente a la mano de obra no calificada, dan cuenta de alrededor del 6 y 9%, respectivamente, de las oportunidades laborales generadas en el período, en tanto esta última lo hace en cerca de un 12%. En consecuencia, cerca de tres cuartas partes de los nuevos puestos de trabajo se inscriben en el nivel de calificación operativo, situación que estaría señalando que la expansión productiva que ha venido teniendo lugar en el Gran Rosario durante estos 42 meses, resulta básicamente demandante de operarios y empleados con algún grado de conocimiento de las tareas a desempeñar (sea adquiridas por capacitación previa y/o experiencia laboral equivalente), perfil

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

GRAN ROSARIO

47

ocupacional que, de mantenerse, podría terminar traduciéndose en un creciente nivel de subutilización cualitativa de la mano de obra ocupada.

En efecto, aceptando la existencia de un cierto grado de vinculación entre los niveles de calificación ocupacional y los de educación formal alcanzados, plausiblemente creciente a medida que los primeros aumentan, a las tareas de nivel profesional corresponderían personas que hayan completado sus estudios superiores (CABA, 2001: 150). En el período bajo análisis se registró una incorporación neta al circuito productivo cercana a los 9.000 trabajadores con esas características educativas, en tanto sólo se crearon menos de la mitad de puestos de trabajo que exigen ese nivel de instrucción, lo que –suponiendo que la totalidad de los mismos haya sido ocupado por personas con estudios terciarios completos16– implica que más del 50% de la mano de obra con las más elevadas credenciales educativas formales que consiguió trabajo a partir de 2003 lo hizo en tareas que implican, a priori, algún nivel de subaprovechamiento de las capacidades adquiridas en el sistema de enseñanza. g) La cantidad de horas semanales trabajadas Dado que el análisis convencional de la evolución del empleo se realiza a través de la variación del volumen de ocupados (que no necesariamente debe ser coincidente con el de ocupaciones o puestos de trabajo, ver supra), es habitual no tener en cuenta que –dada una determinada composición del producto y un cierto estado de la técnica en aplicación, generalmente invariables en períodos cortos– los cambios en el nivel de actividad económica no se reflejan en el número total de personas ocupadas sino en la cuantía total de horas de trabajo requeridas. La conversión entre ambas está determinada por el tiempo promedio que trabajan las primeras en la totalidad de sus ocupaciones, por lo tanto, en el corto plazo, una misma tasa de crecimiento del producto puede dar lugar a distintos volúmenes de empleo dependiendo de que aumente, disminuya o se mantenga invariable la carga horaria media por ocupado. A la inversa, todo aumento (disminución) de esta última tenderá a afectar negativamente (positivamente) el ritmo de generación de oportunidades de inserción laboral en el aparato productivo.17 Cuadro VIII (1)

(1) Solo los ocupados que trabajaron la semana de referencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

En este sentido, se comprueba que el tiempo medio semanal que trabajan los ocupados de la región en su actividad principal se halla dentro de estándares aceptables, tanto a nivel internacional como regional (Crucella, 2006). Sin embargo, el incremento de 2,1 horas en promedio registrado entre puntas, estaría señalando la existencia en el mercado de trabajo local de una cierta propensión a enfrentar los mayores niveles de producción vía la prolongación de la jornada laboral en lugar de hacerlo a través de la incorporación de mano de obra adicional, lo que constituye una restricción a la capacidad de generar nuevas oportunidades ocupacionales a futuro. h) La antigüedad en el puesto de trabajo Por último, cabe señalar que el mayor crecimiento del empleo se dio en los ocupados cuya antigüedad en la ocupación principal va de más de uno a cinco años, lo cual estaría poniendo de manifiesto que su creación tuvo lugar en el marco del proceso de reactivación económica que ha venido experimentando el país desde mediados de 2002. La evolución de este segmento –cuyo volumen concentra siete de cada diez nuevas oportunidades laborales netas–, unida al incremento experimentado entre puntas por aquellos trabajadores cuya permanencia supera un lustro, esto es, los que se habrían incorporado al aparato productivo antes de esa fecha y aún conservan su inserción en el mismo, explica el 95% del aumento neto del empleo generado durante el período, con lo cual a comienzos de 2007 la proporción de mano de obra con más de 12 meses de permanencia en su puesto de trabajo superaba el 75% de los ocupados totales.

Cuadro IX Valores absolutos Antigüedad de los ocupados en la ocupación principal Menos de 1 mes 1 a 3 meses Más de 3 a 6 meses Más de 6 meses a 1 año Más de 1 a 5 años Más de 5 años

Valores porcentuales

1º Trimestre 2007 Valores absolutos

Valores porcentuales

Variaciones Valores absolutos

Valores porcentuales

420.630

100,0%

489.295

100,0%

68.665

16,32%

17.280 28.379 30.172 34.040 114.582 196.176

4,1% 6,7% 7,2% 8,1% 27,2% 46,6%

18.877 38.253 24.466 31.301 163.686 212.711

3,9% 7,8% 5,0% 6,4% 33,5% 43,5%

1.597 9.874 -5.705 -2.739 49.104 16.534

9,24% 34,79% -18,91% -8,05% 42,85% 8,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuria Ampliada)

V. Empleo y flujos migratorios: una digresión respecto de la incidencia de la población originaria de la Provincia del Chaco en la situación ocupacional del Aglomerado

Dado que desde hace ya algunos años se viene insistiendo acerca de la existencia de un flujo migratorio de cierta intensidad desde regiones limítrofes, especialmente la Provincia del Chaco, que por su magnitud afectaría negativamente, entre otros aspectos, las oportunidades de acceso a un puesto de trabajo de los habitantes nativos del Gran Rosario, se ha estimado oportuno recurrir a la información suministrada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a efectos de intentar llevar a cabo una estimación de la magnitud de este fenómeno.18

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

GRAN ROSARIO

3º Trimestre 2003

49

En el 1º trimestre de 2007 el 17,4% de la población del aglomerado de 10 y más años19 había nacido en otra provincia (porcentaje equivalente a unos 176.000 habitantes). Dado que sólo alrededor del 23% de estos últimos (unas 40.000 personas) lo había hecho en el Chaco, su participación en el conjunto de la población del área alcanzaba apenas al 4%.

De ellos, sólo unos 2.000 residían en esa provincia cinco años atrás, lo que implica que su arribo al aglomerado sólo habría incrementado en esa magnitud la población del Gran Rosario correspondiente a ese estrato etario desde principios de 2002.

Cuadro X

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

Del total de nativos del Chaco alrededor del 60% se encontraban incorporados al mercado de trabajo en 2007 (unas 24.000 personas, de las cuales sólo 400 no residían en la región hace 5 años). De ellos unos 22.000 se hallaban ocupados, con

lo cual la proporción que representaban tanto en la PEA como en la ocupación del aglomerado se ubicaba ligeramente por encima de la correspondiente a su participación en la población (4,5%), fenómenos explicables, en principio, por la tasa de actividad más elevada que suelen presentar los migrantes así como por la mayor propensión de los mismos a aceptar empleos de menor calidad.

De lo expuesto se desprende –con las limitaciones derivadas de la carencia de información para el año 2003–, que la cantidad de habitantes de origen chaqueño que habrían arribado y permanecido en el Gran Rosario en los últimos cinco años es irrisoria (el 95% de los mismos ya residían en la región antes del 1º trimestre de 2002) y la cantidad de puestos de trabajo a los cuales habrían accedido es estadísticamente nula (0,1% de los ocupados del aglomerado en el 1º trimestre de 2007), en tanto su volumen total no parecería constituir un problema mayor para la situación ocupacional del área, lo que demostraría que el argumento esgrimido contra la migración de los nativos de esa provincia, más allá del juicio de valor que pueda merecer, es empíricamente inexacto.

VI. La calidad del empleo asalariado

a) Tipo de empleo El 86% de los 73.000 puestos de trabajo en relación de dependencia creados entre 2003 y 2007 constituyen ocupaciones permanentes frente a sólo un 3% de oportunidades laborales transitorias (63.000 y 2.000 empleos respectivamente), correspondiéndole el resto a posiciones asalariadas en el servicio doméstico, las que, por las características propias de estas actividades no pueden incluirse en ninguna de las categorías anteriores.

A su vez, el empleo asalariado “fraudulento” –presente tanto en el sector público como privado–, que remite a modalidades que buscan ocultar la existencia de una relación de dependencia con el empleador, experimentó un marcado retroceso, reduciendo su magnitud al 60% de la existente tres años y medio atrás.

GRAN ROSARIO Tipo de ocupación principal de los asalariados Asalariados permanentes Asalariados t transitoriost Servicio doméstico Asalariados “fraudulentos”

3º Trimestre 2003 Valores Valores absolutos porcentuales 287.822 100,0% 202.016 70,2% 53.679 18,6% 23.889 8,3% 8.239 2,9%

1º Trimestre 2007 Valores Valores absolutos porcentuales 360.890 100,0% 264.892 73,4% 55.882 15,5% 35.223 9,8% 4.893 1,4%

Variaciones Valores Valores absolutos porcentuales 73.068 25,39% 62.876 31,12% 2.204 4,11% 11.334 47,44% -3.346 -40,61%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

b) Acceso a los beneficios sociales Mientras el 98% de los nuevos ocupados en calidad de obreros o empleados (71.000 personas) gozan de la totalidad de los beneficios correspondientes a su status laboral (vacaciones pagas, aguinaldo, licencia por enfermedad y obra social) y el 14% (equivalente a unos 10.000 puestos de trabajo) cuentan con al menos

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

Cuadro XI

51

uno de ellos, los trabajadores en relación de dependencia que carecen de la totalidad de los mismos experimentó una ligera disminución.

Cuadro XII GRAN ROSARIO Asalariados con vacaciones pagas, aguinaldo, licencia por enfermedad y obra social en la ocupación principal Asalariados sin ningún beneficio Asalariados con uno o más de estos beneficios Asalariados con todos estos beneficios

3º Trimestre 2003 Valores absolutos 287.822 118.446 12.976 156.400

Valores porcentuales 100,0% 41,2% 4,5% 54,3%

1º Trimestre 2007 Valores absolutos 360.890 109.707 23.460 227.723

Valores porcentuales 100,0% 30,4% 6,5% 63,1%

Variaciones Valores absolutos 73.068 -8.739 10.484 71.323

Valores porcentuales 25,39% -7,38% 80,79% 45,60%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usaria Ampliada)

Como consecuencia de esta evolución, la estructura ocupacional asalariada exhibe en 2007 un perfil que, si bien dista mucho de poder considerarse satisfactorio (sólo el 63% de los obreros y empleados pueden disfrutar de la totalidad de estos beneficios y tres de cada diez no tiene acceso a ninguno), resulta significativamente mejor que el existente tres años y medio atrás.

Como era, a priori, esperable, la mayor proporción de ocupados en relación de dependencia que gozan de todos los beneficios corresponde a aquellos con una ocupación permanente y la menor a los que trabajan en el servicio doméstico.20 Asimismo se comprueba que existe una relación directa entre la proporción de asalariados que tienen acceso a la totalidad de esos derechos y el tamaño del establecimiento en el cual trabajan: en tanto en aquellos de más de 40 ocupados dicha proporción superaba en el 1º trimestre de 2007 el 90%, en las microempresas se reducía a alrededor de un tercio del plantel de trabajadores. Asimismo, mientras en las primeras menos del 6% carecía de la totalidad de estos derechos, en las últimas esa cifra alcanzaba al 56%.

Por último, cabe agregar que el porcentaje de los trabajadores en relación de dependencia que gozan de la totalidad de estos beneficios es más reducido en la rama de actividad que ha experimentado un notable crecimiento en el período bajo análisis, y sobre cuya evolución se depositaban buena parte de las expectativas de mejoramiento de la situación ocupacional de la región (construcción)21, seguida por la que concentra la mayor proporción de asalariados (sector terciario, incluido el servicio doméstico).

En efecto, en la primera sólo el 40% de los asalariados se encuentra en esa situación, proporción que en la segunda supera el 60% de los mismos, en tanto en el sector manufacturero alcanza el 75%.

temas y debates 18 / art铆culos / diciembre 2009

Cuadro XIII

Fuente: Elaboraci贸n propia a partir de la EPH continua (Base Usaria Ampliada)

53

c) El empleo no registrado De los nuevos empleados y obreros se le efectúan descuentos jubilatorios a un porcentaje similar al de aquellos que gozan de todos los beneficios sociales, con lo cual la proporción de los que aún permanecen “en negro” descendió del 45 al 36% en estos 42 meses.

Esta evolución positiva no deja de resultar, sin embargo, absolutamente insatisfactoria, toda vez que revela que después de tres años medio de un crecimiento económico sin precedentes, más de un tercio de los asalariados (130.000 trabajadores) todavía no tiene acceso a los derechos previsionales correspondientes a su categoría ocupacional.

Cuadro XIV GRAN ROSARIO

3º Trimestre 2003 Valores absolutos

Valores porcentuales

1º Trimestre 2007 Valores absolutos

Valores porcentuales

Variaciones Valores absolutos

Valores porcentuales

Asalariados según le realicen el descuento jubilatorio en la ocupación principal

287.822

100,0%

360.890

100,0%

73.068

25,39%

Asalariados sin descuento jubilatorio Asalariados con descuento jubilatorio

128.655 159.167

44,7% 55,3%

130.496 230.394

36,2% 63,8%

1.841 71.227

1,43% 44,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

Cabe hacer notar que la existencia de este fenómeno no sólo implica una violación a la normativa vigente que se traduce en un alto nivel de desprotección de los trabajadores afectados y su grupo familiar, sino que requiere asimismo –al menos en una alta proporción de los casos–, la no declaración por parte de la unidad productiva en la cual se desempeñan de un volumen de ingresos de magnitud al menos similar a la necesaria para abonar sus sueldos y salarios, lo que implica que una proporción indeterminada pero, a priori, no desdeñable de la riqueza generada en el aglomerado está evadiendo las correspondientes obligaciones tributarias sobre su facturación.

En principio, resultaría confirmatorio de esta aseveración el hecho de que una elevada –y creciente– proporción de los asalariados no recibe ni entrega comprobante de pago alguno por el trabajo realizado, lo cual, excepto en el caso del servicio doméstico (donde nueve de cada diez ocupados se encuentran en esa situación) y, eventualmente, el segmento de microestablecimientos con un número muy reducido de empleados, la remuneración del resto de la mano de obra afectada por este fenómeno sólo puede ser realizada con ingresos no declarados por el empleador.

Como en el caso de los beneficios analizados anteriormente, la mayor proporción de ocupados en relación de dependencia a los que se les efectúa el descuento jubilatorio corresponde a aquellos con una ocupación permanente (86%) y la menor a los trabajadores del servicio doméstico (10,3%).

En forma análoga, se constata la existencia de una relación inversa entre la proporción de asalariados “en negro” y el tamaño del establecimiento en el cual trabajan: mientras en las microempresas casi el 70% se encontraba en esa situación, en las unidades

de porte intermedio el porcentaje se reducía al 25% y en las de mayor dimensión la cifra caía al 6,9%, es decir, una décima parte del valor correspondiente a las primeras.

Cuadro XV GRAN ROSARIO

Comprobante de pago de los asalariados No le dan ni entrega nada No cobra (trabajador sin pago/ad Resto de )los asalariados (1) h

3º Trimestre 2003

1º Trimestre 2007

Valores Valores porcentuales absolutos 287.822 100,0% 80.358 27,9% 1.684 0,6% 205.780 71,5%

Variaciones

Valores Valores absolutos porcentuales 360.890 100,0% 109.331 30,3% 1.259 0,3% 250.300 69,4%

Valores Valores absolutos porcentuales 73.068 25,39% 28.974 36,06% -425 -25,21% 44.519 21,63%

(1) Incluidos los cuenta propia con un solo cliente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

Cuadro XVI

Asalariados con descuento jubilatorio según tipo de ocupación principal Asalariados permanentes Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados transitorios Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Servicio doméstico Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio

3er Trimestre 2003

1er Trimestre 2007

Variaciones

Valores porcentuales

Valores porcentuales

(En puntos porcentuales)

100,0% 17,9% 82,1% 100,0% 82,8% 17,2% 100,0% 93,5% 6,5%

100,0% 14,1% 85,9% 100,0% 83,3% 16,7% 100,0% 89,7% 10,3%

100,0%

100,0%

71,9% 28,1%

68,9% 31,1%

100,0%

100,0%

42,1% 57,9%

25,0% 75,0%

Asalariados de establecimientos de hasta 5 ocupados Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados de establecimientos de 6 a 40 ocupados Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados de establecimientos de más de 40 ocupados Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados del servicio doméstico Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio

100,0%

100,0%

11,7% 88,3% 100,0% 93,5% 6,5%

6,9% 93,1% 100,0% 89,7% 10,3%

Asalariados del sector primario Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados del sector manufacturero Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados de la construcción Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio Asalariados del sector servicios Sin descuento jubilatorio Con descuento jubilatorio

100,0% 86,3% 13,7% 100,0% 35,7% 64,3% 100,0% 63,5% 36,5% 100,0% 43,3% 56,7%

100,0% 39,9% 60,1% 100,0% 25,9% 74,1% 100,0% 56,4% 43,6% 100,0% 36,4% 63,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

-3,8 3,8 0,6 -0,6 -3,8 3,8

-3,0 3,0 -17,2 17,2 -4,7 4,7 -3,8 3,8 -46,4% 46,4% -9,9% 9,9% -7,0% 7,0% -6,9% 6,9%

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

GRAN ROSARIO

55

A nivel de ramas de actividad22 se reproduce también lo observado en relación con los beneficios de que gozan los asalariados: el porcentaje más elevado de empleo no registrado corresponde a la construcción (56,4%) seguido por los servicios (36,4%), en tanto en el sector manufacturero esa proporción desciende marcadamente para ubicarse en el 25,9%.

Paralelamente se advierte que la totalidad de los nuevos asalariados a los que no se le efectúan los correspondientes descuentos previsionales han optado por paliar esta situación a través de la realización de aportes jubilatorios, no obstante lo cual, a comienzos de 2007 una tercera parte de los ocupados en relación de dependencia aún seguía sin poseer cobertura del sistema de seguridad social, lo que implica que en ese momento existían unos 120.000 trabajadores que carecían de la posibilidad de obtener ingresos a través del mismo en caso de retirarse de sus puestos de trabajo, sea por razones de edad o cuestiones de incapacidad.

Cuadro XVII GRAN ROSARIO Asalariados según cobertura previsional Asalariados con descuento jubilatorio Asalariados con aporte jubilatorio Asalariados sin aporte jubilatorio

3er Trimestre 2003

(1)

Valores Valores absolutos porcentuales 287.822 100,0% 159.167 55,3% 6.705 2,3% 121.950 42,4%

1er Trimestre 2007 Valores absolutos 360.890 230.394 10.114 120.382

Valores porcentuales 100,0% 63,8% 2,8% 33,4%

Variaciones Valores Valores absolutos porcentuales 73.068 25,39% 71.227 44,75% 3.409 50,84% -1.568 -1,29%

(1) Redistribuidos los cuenta propia en un solo cliente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

VII. La evolución del salario

La evolución del salario real da cuenta, ceteris paribus23, de los cambios registrados en las condiciones materiales de vida de todos aquellos que directa (obreros y empleados) o indirectamente (miembros de la unidad familiar que dependen económicamente de ellos) han experimentado en el período.

Durante el mismo, el salario nominal promedio en la ocupación principal creció el 112%, pasando de $491,60 a $1.041,59. Considerando que en ese lapso el Indice de Precios al Consumidor aumentó en torno al 34,5%24, en el 1º trimestre de 2007 el ingreso promedio de los trabajadores en relación de dependencia les permitía adquirir cerca de un 58% más de bienes y servicios que tres años y medio atrás.

Complementariamente, comparando los salarios nominales medios de cada una de las ondas con los respectivos valores de la Canasta Básica Total (CBT)25, se comprueba que la “capacidad de subsistencia” de los mismos registra un incremento proporcionalmente aún más acentuado que el correspondiente a los ingresos reales (61,1%), pasando de un monto equivalente a 2,18 CBT a uno de 3,51. En consecuencia, mientras en el 3º trimestre de 2003 el salario promedio de la ocupación principal sólo alcanzaba a cubrir dos terceras partes de las necesidades elementales de una “familia tipo”26, a comienzos de 2007 llegaba a superar ligeramente la satisfacción de la totalidad de las mismas27, con lo cual se advierte que la mejoría experimentada por la remuneración media de un trabajador en relación de dependencia era suficiente para que su grupo familiar pudiera superar la Línea de Pobreza.28

Cuadro XVIII GRAN ROSARIO

Ingreso de los asalariados en la ocupación principal Ingreso promedio en pesos corrientes (1) Ingreso promedio real (2) Capacidad de subsistencia promedio (3)

3er Trimestre 2003

1er Trimestre 2007

Valores absolutos 491,60 100,0 2,18

Valores absolutos 1.041,59 157,59 3,51

Variaciones Valores absolutos 550,0 57,6 1,33

Valores porcentuales 111,88% 57,59% 61,12%

(1) Solo los que declararon ingresos.

(2) Ingreso nominal deflactado por el IPC - Base 3º Trimestre de 2003 = 100 (3) En Canastas Básicas Totales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada)

VIII. La participación de los asalariados en el incremento del Producto Geográfico del Aglomerado. Un intento de estimación a partir de la información disponible De acuerdo a la información suministrada por la EPH, entre 2003 y 2007 la masa salarial se habría prácticamente duplicado29, con un aumento porcentual superior al estimado para el Producto Bruto Regional30, dando lugar a una redistribución del ingreso entre el capital y el trabajo, de modo tal que a comienzos de 2007 la participación de los salarios en el producto del Gran Rosario habría aumentado entre un 53% y un 65% respecto del valor correspondiente al 3º trimestre de 200331, según la hipótesis de crecimiento del PBG que se escoja.

Cuadro XIX GRAN ROSARIO Variación de la participación de los salarios en el PBG

3er Trimestre 2003

1er Trimestre 2007

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

157,6 125,4 197,6 124,5 129,4 119,6

100,0 100,0 100,0

158,8 152,8 165,3

Participación de los salarios en el PBG Hipótesis I Hipótesis II Hipótesis III

(1) Salario real medio en la ocupación principal.

(2) Asalariados totales (incluye a los asalariados “fraudulentos”).

(3) Variación del PBI no primario a precios de 1993, INDEC. (4) 120% de la variación del PBI no primario a precios de 1993, INDEC. (5) 80% de la variación del PBI no primario a precios de 1993, INDEC. Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH continua (Base Usuaria Ampliada) e INDEC, Producto Interno Bruto a precios de mercado, Serie Empalmada 1980 – 2005.

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

(Indice Base 3er Trimestre de 2003=100) Salario real medio (1) Cantidad de asalariados (2) Masa salarial PBG - Hipótesis I (3) PBG - Hipótesis II (4) PBG - Hipótesis III (5)

57

IX. A modo de cierre: el impacto del comportamiento del mercado de trabajo en las condiciones materiales de vida de la población

El abordaje convencional de las cuestiones relacionadas con el empleo y la pobreza establece –explícita o implícitamente– una suerte de frontera temática según la cual las primeras remiten al análisis de la estructura y funcionamiento del aparato productivo, en tanto las segundas se refieren al ámbito más amplio de lo que suele denominarse “la cuestión social”, aproximación que sugiere, a su vez, la existencia de dos planos independientes de resolución de estos problemas: el de la política económica para atender las tensiones del mercado de trabajo y -subsidiariamente- el de las políticas sociales para hacerse cargo de los problemas de la exclusión.32 La vinculación entre el ámbito de la actividad económica y el de las condiciones materiales de vida permite, en cambio, constatar que el crecimiento de la ocupación y los salarios tuvo un notable impacto en la reducción de la población afectada por la imposibilidad de acceder a la satisfacción de sus necesidades más elementales.

En el primer semestre de 2007 el número de personas que se ubicaban por debajo de la Línea de Pobreza se había reducido a menos del 40% de las que se encontraban en esa situación en el extremo inicial del período, lo que implica que alrededor de 345.000 habitantes de la región consiguieron salir de la condición de privación absoluta en que se hallaban tres años y medio atrás, reduciendo la proporción de la población del aglomerado cuyos ingresos familiares aún no le permitían superar la LP en alrededor de 30 puntos porcentuales, del 47,9 al 18,3%.33 La indigencia, por su parte, evolucionó en igual sentido pero de manera proporcionalmente más intensa, reduciéndose en alrededor de 215.000 la cantidad de personas afectadas por esta forma extrema de carencia material (cifra que equivale a una disminución superior al 75%), con lo cual, mientras en la segunda mitad de 2003 prácticamente uno de cada cuatro habitantes del Gran Rosario no podía siquiera alimentarse adecuadamente, en el extremo final del período esa proporción se había reducido a uno de cada veinte.34 Cuadro XX GRAN ROSARIO

Población por debajo de la Línea de Pobreza e Indigencia

2do Semestre 1er Semestre 2003 2007

Variaciones

Línea de Pobreza (1) Línea de Indigencia (1)

Valores absolutos 562.622 280.724

Valores absolutos 217.922 65.496

Valores absolutos -344.700 -215.228

Valores porcentuales -61,27% -76,67%

Línea de Pobreza (2) Línea de Indigencia (2)

47,9% 23,9%

18,3% 5,5%

-29,6 p.p.

-18,4 p.p.

-61,80% -76,99%

(1) En número de personas.

(2) Como porcentaje de la población total.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2007).

De todas maneras, para esa fecha aún quedaban más de 200.000 residentes del aglomerado que se encontraban en condiciones de pobreza –con una fuerte participación de niños y adolescentes (Robin y Duran, 2006)–, 65.000 de los cuales (el 30%) se ubicaban en el estrato más bajo de insatisfacción de sus necesidades materiales (indigentes), mostrando que aún queda un largo camino para dejar atrás, definitivamente, el purgatorio.

1. En este sentido, la gestión de Néstor Kirchner aprovechó las graves circunstancias que atravesaba la Argentina en el momento de su asunción para llevar a cabo una serie de medidas tendientes a ampliar los márgenes de maniobra del país en el marco de una política de reparación social, cuya característica más relevante, como señala Natanson (2004) en el Prólogo de su libro, fue “…la capacidad de romper el discurso dominante de la última década, que acotaba los márgenes de maniobra a la administración de la cosa pública, y reubicar a la política en el centro. Kirchner sacó a la política del desfiladero estrecho por el que discurrió durante los ’90 y amplió el campo de lo posible. Hizo lo que se pensaba que no se podía hacer”. (la bastardilla es nuestra).

2. Para las EPH puntuales, en el Aglomerado Gran Rosario se había detectado la existencia de un factor de estacionalidad en la tasa de desocupación –positivo para la onda de mayo y negativo para la de octubre– del orden del 7,6%, lo que implicaba –dado el carácter bianual de las mediciones– que, entre dos ondas sucesivas, la variación atribuible a este componente se ubicaba en torno del 15%. El mismo habría estado asociado a una ligera estacionalidad de análogo perfil en la tasa de actividad y una variación de la tasa de empleo de signo opuesto, también leve aunque necesariamente de intensidad algo mayor que la primera (Crucella, 2000). Dado que la aplicación del nuevo marco metodológico es muy reciente, no se cuenta aún con un número de observaciones suficiente que permita confirmar la presencia de una distorsión estacional en los datos que provee la EPH continua.

3. Para un análisis histórico de la evolución de la estructura productiva de la región, ver Municipalidad de Rosario (1971: Capítulos 1 y 2) y Rofman (1997: 86-91).

4. La discusión acerca de si dicha ruptura fue una consecuencia necesaria del “agotamiento” de ese modelo de desarrollo, o si la misma respondió a la necesidad de reconfigurar la estructura socioeconómica del país vía el “disciplinamiento” de sus actores sociales, excede los límites de este artículo así como –lamentablemente–los conocimientos de su autor quien, de todas maneras, se inclina por la segunda hipótesis.

5. En el primer semestre de 2002 la tasa de desocupación abierta alcanzó la cifra record de 24,3%, superando en 2,8 puntos porcentuales el valor de la correspondiente al total de los aglomerados relevados y en 3,1 p.p. al del conjunto de aquellos ubicados en el interior del país, en tanto 640.000 habitantes del área se ubicaban por debajo de la línea de pobreza (54,6% de la población total) y tres de cada diez no alcanzaban siquiera a satisfacer sus necesidades alimentarias (343.000 personas) (INDEC, 2007).

6. Estimada a partir de la tasa de variación intercensal promedio 1991-2001 (INDEC, 2001). Al respecto, cabe hacer notar que, aún cuando a lo largo del período 1960-1991 la tasa promedio anual a la cual evolucionó la población del área muestra una tendencia claramente decreciente (1,86% anual acumulativo para el lapso que medió entre los CNPV 1960-70 y 1,74% y 1,48% para los intervalos intercensales 1970-1980 y 1980-1991, respectivamente) (Lindenboim, 1997), no deja de resultar llamativa la notable contracción que la misma experimentó entre los extremos de la última década, durante la cual el ritmo de variación (0,39% anual) (INDEC, 2001) equivale a la cuarta parte del correspondiente al período intercensal precedente. Por otra parte, es dable comprobar que de los 25 aglomerados relevados por la EPH a comienzos de 1991, el Gran Rosario es el que registra la tasa de variación poblacional más baja para el período 1991-2001, lo que sugeriría la posibilidad de que, en algún momento del mismo –probablemente hacia finales de ese decenio–, haya tenido lugar un proceso migratorio de parte de la población del aglomerado en busca de mejores condiciones de inserción en el aparato productivo, fenómeno que si bien excede los límites del presente artículo, no deja de constituir

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Referencias

59

un elemento básico de la oferta laboral local –a través de su volumen y composición etaria–, que ameritaría ser analizado con mayor profundidad.

En este sentido es conocida la influencia que el comportamiento del mercado de trabajo (vía diferenciales de ingreso y probabilidades de inserción laboral respecto a los lugares de origen o residencia) tiene sobre los flujos migratorios (Beccaria, 1980: 179-181) tanto internos como desde/hacia otros países, especialmente los limítrofes, por lo cual no es, a priori, improbable, que a partir de 2003, con la notable mejora experimentada por la situación del empleo y los salarios en el Gran Rosario, se haya revertido en alguna medida el sentido de esta corriente migratoria y el ritmo de crecimiento poblacional de la región haya experimentado un aumento respecto del registrado en la década precedente, alimentado fundamentalmente, al menos en sus comienzos, por migrantes internos.

Por lo tanto, la reexpansión de la población en base a la tasa de crecimiento –promedio– que tuvo la misma durante el período intercensal 1991-2001 podría, en principio, estar subestimando la correspondiente al período analizado, afectando en el mismo sentido los valores absolutos de las variables y atributos analizados y, consecuentemente, las magnitudes –absolutas y relativas– de las variaciones registradas.

7. A lo largo del presente artículo se emplean, como es de uso generalizado, los términos ocupaciones, empleos, puestos de trabajo y oportunidades laborales como sinónimos de ocupados o personas incorporadas al circuito productivo cuando, en rigor, no son exactamente equivalentes. Dado que la población ocupada es el “conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación” (INDEC, 1997a) el número de ocupaciones o puestos de trabajo siempre será mayor o, a lo sumo, igual al de ocupados.

En el Gran Rosario, en el período bajo análisis, la cantidad de empleos creció más acentuadamente que el de personas ocupadas: los puestos de trabajo aumentaron el 21,2% (alrededor de 100.000 nuevas oportunidades laborales), fenómeno que se refleja en el hecho de que la proporción de personas que posee más de una inserción en el circuito productivo haya pasado del 5,9 al 7,8%, lo que implica que unos 13.000 habitantes del aglomerado tuvieron posibilidades de acceder a una o más ocupaciones adicionales.

8. Los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados o cualquier otro similar sólo se consideran ocupados si realizan una contraprestación laboral por el mismo. En caso de recibir la ayuda económica sin llevar a cabo una tarea se consideran desocupados o inactivos, según las definiciones habituales.

9. El hecho de que en ambos períodos uno de cada cinco ocupados del Gran Rosario perteneciera al subconjunto de trabajadores de tiempo parcial que no desean dejar de serlo plantea la relevancia de incluir la creación de este tipo de posiciones laborales en la agenda de las políticas de empleo, en particular con vistas a satisfacer la necesidad de insertarse laboralmente de ciertos segmentos de la fuerza de trabajo que ven acotadas sus disponibilidades horarias por distintas razones.

10. Quienes suelen autoidentificarse como empleados estatales.

11. Considerándose como tales exclusivamente a aquellas en que trabajan hasta cinco personas.

12. Dada la reducida magnitud de los respectivos valores, particularmente del correspondiente a 2007, así como la intensidad de la variación se recomienda utilizar estas cifras con precaución. Al respecto cabe hacer notar que en el caso de estimaciones simples (es decir, aquellas referidas a un único valor y no a un cociente entre valores), las inferiores a 60.000 casos cuentan con coeficientes de variación superiores al 10%, por lo cual debe hacerse uso de ellas con cautela.

13. Resultado del incremento de unos 76.000 asalariados verdaderos y la disminución de alrededor de 3.000 asalariados “fraudulentos”. Éstos comprenden a los trabajadores por cuenta propia que trabajan para un solo establecimiento y a los asalariados que entregan factura cuando cobran y a los cuales, en consecuencia, no se les hace el descuento jubilatorio. Por defecto, los “verdaderos” están constituidos por los restantes asalariados.

14. Lo reducido de las cifras en ambos casos obliga a utilizar estos datos con precaución (ver Nota 12).

15. Excepto en lo referido a la productividad de la fuerza de trabajo, lo antedicho presupone su incorporación en condiciones de asalariados registrados, cuyo volumen, si bien ha crecido en este período, sigue manteniéndose a niveles incompatibles con los estándares de una sociedad respetuosa de la normativa laboral vigente.

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16. Esa desagregación, si bien técnicamente factible, no ha sido incluida en este análisis por considerarse que la información que brinda resulta estadísticamente poco confiable.

17. Lo antedicho remite a la conveniencia de complementar el uso del indicador que mide la proporción en que varía el volumen de empleo en relación con una variación porcentual del producto (la elasticidad producto del empleo), con uno que haga lo propio con la relación entre la variación relativa de la cantidad total de horas trabajadas y la del producto (la elasticidad producto de las horas trabajadas).

18. La información correspondiente al lugar de origen y residencia 5 años atrás de la población sólo se encuentra disponible a partir del 4° trimestre de 2004, por lo cual resulta imposible efectuar un análisis más preciso.

19. Se escogió este segmento etario ya que es aquél sobre el cual puede analizarse la situación ocupacional (ver supra).

20. Si bien el escaso –y decreciente– volumen de los asalariados “fraudulentos” impide realizar cualquier análisis sobre su situación, la persistencia en ambos años de las proporciones de sus integrantes de acuerdo a la percepción de los beneficios correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia sugeriría la existencia de una segmentación en el interior de este universo entre un subgrupo mayoritario que, mediante su aporte previsional en calidad de cuentapropistas y concesiones otorgadas por sus empleadores, cuentan de hecho con la totalidad de los mismos, mientras los restantes –entre los cuales se encontrarían los asalariados que no cobran (ver infra, Cuadro XV)– no poseen ninguno de ellos.

21. Se excluye de estas consideraciones al sector primario ya que por lo reducido de su magnitud la información que brinda resulta estadísticamente poco confiable.

22. Se excluye de estas consideraciones al sector primario ya que, por lo reducido de su magnitud, la información que brinda resulta estadísticamente poco confiable.

23. En rigor, los cambios de las condiciones materiales de vida de los hogares cuyos perceptores de ingresos son ocupados en relación de dependencia no depende exclusivamente de los registrados por los salarios reales sino también, entre otros factores, de los experimentados en la cantidad de asalariados pertenecientes al grupo familiar, de las variaciones registradas en la cantidad y composición de los totalidad de los integrantes de la unidad doméstica (dado que las necesidades de los mismos guardan relación con sus respectivos sexos y edades), así como de la evolución de la cantidad y calidad de los beneficios que las ocupaciones les brinden.

24. INDEC, Indice de Precios al Consumidor, Serie Histórica. Cabe hacer notar que el cambio en el cálculo de los valores de este indicador que dio origen a su cuestionamiento comenzó en enero de 2007, por lo cual el único subperíodo en el cual el mismo podría haber influido en la estimación de los salarios reales es el correspondiente al extremo final del intervalo temporal analizado (1º trimestre de 2007). En consecuencia, aún cuando la subestimación del IPC hubiese sido muy grosera, no podría plausiblemente haber afectado el signo de la variación registrada por los mismos entre puntas, aunque obviamente sí su magnitud.

25. Su valor representa el monto de dinero necesario para que un varón de entre 30 y 59 años pueda satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, y constituye el límite por debajo del cual el mismo se encuentra en situación de pobreza. Para estimar el valor correspondiente a una unidad doméstica se debe recurrir al Método del Adulto Equivalente.

26. Constituida por un varón y una mujer de entre 30 y 59 años y dos menores (uno de cada sexo) de entre 10 y 12 años.

27. Un hogar de esas características requiere ingresos equivalentes a 3,30 CBT (INDEC, 2006).

28. Dado que la misma comprende tanto la correspondiente a los ocupados de tiempo completo como a los de jornada reducida, es más que plausible que en el caso de los primeros el ingreso medio superara con mayor holgura el valor de la CBT correspondiente a la unidad doméstica tomada como referencia.

29. Variación de la cual prácticamente el 70% corresponde al incremento de los salarios reales, en tanto el 30,6% remite al incremento del número de trabajadores en relación de dependencia (redistribuido el efecto conjunto).

61

30. Ante la carencia de información actualizada sobre el Producto Bruto Geográfico del Gran Rosario, se ha adoptado como una proxy de su evolución entre los extremos del período analizado la variación registrada en ese lapso por el PBI urbano (es decir, excluido el del sector primario), supuesto que no parecería, en principio, irrazonable, si se tiene en cuenta que, por las razones expuestas en la Introducción (ver supra), aún cuando el crecimiento porcentual del PBG del área pueda no haber sido exactamente coincidente con el del PBI urbano, no es dable esperar que sus respectivos valores hayan diferido significativamente. En este sentido, dado que la utilización de la variación de este último sólo debe ser tomada como una magnitud de referencia para poder estimar, tentativa e imperfectamente, la evolución de la porción de la riqueza generada en el Aglomerado durante el período analizado que le ha correspondido a los asalariados, se han considerado dos hipótesis alternativas: que el crecimiento del PBG del Gran Rosario haya sido un 20% superior al del PBI urbano y que el mismo haya sido un 20% inferior.

31. La adopción del salario real medio de la ocupación principal supone que los ingresos correspondientes a ocupaciones adicionales en relación de dependencia experimentaron una variación de igual signo e intensidad.

32. “De ahí que se llegue casi por fatalidad a esta familiar dicotomía: la economía se preocupa del aumento de la producción y lo social se ocupa del reparto. O esta otra dicotomía, muy en boga pero no demasiado consistente: la economía se preocupa por la eficacia y el resto de las ciencias se ocupan de la justicia.” (Méda, 1998: 176).

33. Dado que en el cálculo del valor de las canastas utilizadas para determinar tanto la Línea de Pobreza (CBT) como la de Indigencia (CBA) es necesario utilizar el Indice de Precios al Consumidor, si el IPC tiende a subestimar la variación de sus respectivos valores está haciendo lo propio con la población afectada por estas formas de carencia material absoluta, por lo cual la observación realizada en la Nota 24 queda relativizada por el hecho de que, en este caso, los datos de 2007 corresponden al primer semestre de ese año.

34. Esto no implica que el nivel de desigualdad en la distribución familiar del ingreso de la región haya disminuido en este período, ya que la reducción de los índices de pobreza y/o de indigencia no conllevan necesariamente una mejora en ese sentido.

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Recibido: 30/03/09. Aceptado: 13/08/09.

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Felicidad, ciudadanía y propiedad en la Política de Aristóteles. Las condiciones económicas de la organización política y la constitución material del sujeto deliberativo 1 2 Leonardo G. Rodríguez Zoya

resumen

summary

El presente trabajo aspira a construir una significación de la categoría de lo socioeconómico e interpretar su importancia en la constitución de los sujetos políticos. El objetivo esencial del artículo es reflexionar acerca de la tensión entre política y economía en el pensamiento de Aristóteles a través de la vinculación de dos niveles de análisis. En primer lugar, el nivel de análisis microfísico propone interpretar la identidad económica del ciudadano, considerando su doble inscripción, en el bios económico (esfera doméstica) y en el bios político (esfera pública). Para este fin se explora la categoría del ciudadano-propietario a la luz de una identidad antropológica del hombre anclada en el ideal de ocio. El segundo nivel de análisis es de naturaleza organizacional y propone examinar las condiciones socioeconómicas de la organización política a través de dos ejes.

Por un lado estudiar la importancia política de las formas de posesión y utilización de la propiedad, y por otro indagar en la relación entre la distribución de la propiedad y las condiciones de gobernabilidad en una comunidad política.

The current work aspires to make of meaning of the socioeconomic category and read its importance for the constitution of political subjects. The main objective is to make a reflection between politics and economy in Aristotle’s thought through the integration of two levels of analysis. First, the microphysical level of analysis proposes to read into the economic identity of citizen taking into account its double inscription: in the economic bios (domestic sphere) in the one hand; and in the political bios (public sphere) in the other hand. For this task we explore the category of the citizen-owner assuming an anthropological identity of human being anchored in the standard of having leisure time. The second level of analysis proposes to examine the socioeconomic conditions of political organization considering two axis: In the one hand the political importance of property ways of ownership and use. In the other hand, inquire into the link between property distribution and governance conditions into a political community.

palabras clave

keywords

ciudadanía / propiedad / conflicto económico / gobernabilidad

socio-

citizenship / property / socioeconomic struggle / governance

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Leonardo G. Rodríguez Zoya es Lic. en Ciencia Política (UBA), docente de Métodos y Técnicas de la Investigación Social (Facultad de Ciencias Sociales– UBA), becario doctoral (CONICET-IIGG), coordinador de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC).

Mail: leonardo.rzoya@gmail.com

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I. Introducción

Debemos comenzar introduciendo un interrogante de capital importancia para la ciencia política, a saber: ¿quién es el ciudadano? Aristóteles a inicios de Política III.I3, afirma que el régimen político es una organización de los habitantes de la ciudad, y siendo ésta un conjunto integrado por muchas partes, afirma que el ciudadano debe ser el objeto de estudio. La pregunta por la ciudadanía se vincula íntimamente con la constitución de las identidades y los sujetos políticos, es decir quiénes tienen derechos para desarrollar una praxis en el ámbito público. Aristóteles define al ciudadano como aquel a quien le está permitido participar en el poder deliberativo y judicial. Por lo tanto podemos afirmar que una de las características esenciales del ciudadano como sujeto político es la participación en el debate público y el empleo de la palabra. La libertad de hablar en la esfera política es condición esencial del ejercicio de la ciudadanía. En este sentido debemos apuntar que el lenguaje y la praxis política están íntimamente relacionados.

El propósito de este artículo es realizar un análisis económico de la ciudadanía, es decir considerar las condiciones materiales de la constitución y emergencia del sujeto deliberativo. ¿Quién es en términos económicos el ciudadano? ¿Es acaso la identidad económica de un sujeto la que le permite reivindicar ciertos derechos en la esfera pública, o por el contrario es su posición en el ámbito político el que otorga prerrogativas económicas? ¿Cómo se vincula la acción de un sujeto en el dominio público con sus condiciones materiales de existencia propias de la esfera doméstica? Estos interrogantes apuntan a elucidar el vínculo entre política y economía en el nivel capilar de las relaciones sociales, se trata pues de una aproximación microfísica a la identidad económica del sujeto político por excelencia, el ciudadano.

No obstante, la ciudadanía es una categoría relativa al régimen político, por lo tanto algunos individuos serán ciudadanos en algunos regímenes pero no en otros.

Cuando un régimen político tiende a incorporar a un vasto sector de la población a la condición de ciudadanía, podemos afirmar que estamos frente a un régimen político inclusivo. Por el contrario cuando los derechos de ciudadanía se ven restringidos a una minoría según algún criterio económico, censal, étnico, moral o cualquiera fuese, podemos sostener que se trata de un régimen político excluyente.

De este modo cabe preguntarse si es posible hablar de una identidad económica genérica del ciudadano como categoría abstracta, o por el contrario tal identidad habrá de estar adecuada al régimen político. En definitiva la pregunta central que debemos hacernos es si las diferencias entre los regímenes establecen divisiones en términos esencialmente políticos y éticos o por el contrario incluyen también ciertos clivajes económicos. Esta segunda línea de reflexión nos lleva a concebir la relación entre política y economía en un nivel más general; se trata aquí de pensar la relación entre la posesión y utilización de la propiedad con la organización de la comunidad política. Nos vemos desplazarnos desde un nivel microfísico a un nivel organizacional.

Visualizamos pues, la intersolidaridad entre dos niveles de análisis distintos pero que es necesario vincular para comprender la relación entre la dimensión política

y económica. El primer nivel se centra en la relación entre la ciudadanía y sus condiciones materiales de emergencia y constitución. El segundo nivel abarca las condiciones socioeconómicas de la organización de la comunidad política como totalidad. Al ligar tales niveles de análisis estamos poniendo en solidaridad el todo con las partes, se trata por lo tanto de concebir una vinculación analítica y conceptual entre el nivel micro y macro individual. En definitiva, lo que buscamos aquí es pensar la tensión entre política y economía en la filosofía aristotélica en término de relaciones y de procesos organizativos4, para evitar la Escila del reduccionismo holista que centra su énfasis en explicaciones estructurales; y la Caribdis del individualismo metodológico que busca las explicaciones en el nivel de las partes.

De este modo, considerando los dos niveles de análisis propuestos (individualorganizacional) y las dos dimensiones analíticas consideradas (política-economía) arribamos a un espacio de propiedades5 generado por cuatro tipos de estrategias de análisis, representados en la Tabla 1. Tomando en cuenta los objetivos planteados anteriormente, aquí nos concentraremos principalmente en el examen e interpretación de la identidad económica del ciudadano (Tipo III), y en el análisis de los aspectos económicos de la organización política (Tipo IV); pero tomando en consideración referencias insoslayables ligadas a cuestiones representadas en los tipos I y II, sobre todo en lo que respecta a la felicidad como fin supremo del hombre y como meta de la política.

Tabla 1 Tipología de estrategias de análisis

Economía

III Identidad económica del ciudadano

IV Condiciones económicas de la organización política

El esquema argumentativo y analítico será el siguiente, en la sección II abordaremos la política como una forma de organización de la vida en comunidad e intentaremos mostrar la esencialidad antropológica del hombre a través del uso de la palabra con la finalidad de señalar el íntimo vínculo que existe entre la praxis política y la praxis lingüística.

En la sección III analizaremos la cuestión de la identidad económica del ciudadano para señalar los condicionantes materiales de la emergencia y constitución del sujeto deliberativo (Tipo III). La sección IV despliega una reflexión sobre los aspectos económicos de la organización política (Tipo IV), se elabora una tipología de categorías socioeconómicas a fines de comprender los diferentes tipos de actividades productivas. Asimismo se indaga en el vínculo entre tierra y ciudadanía

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Política Dimensiones de Análisis

Niveles de Análisis Nivel Microfísico Nivel Macrofísico (individual) (organizacional) I II Identidad política del Teoría de los regímenes políticos ciudadano

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a la luz de la tensión entre grandes propietarios y pequeños campesinos independientes. La sección V, constituye un punto de cierre y apertura, se elaboran algunas líneas de reflexión sobre la relación entre economía y gobernabilidad.

II. La política como forma de la vida en comunidad y la identidad antropológica del ser humano

A diferencia de la teoría política contractualista6 que concibe la sociedad como un artificio humano7, Aristóteles entiende a la polis como una comunidad que existe por naturaleza. Para el estagirita la naturaleza del hombre es esencialmente política y es imposible concebir la existencia y desarrollo de éste por fuera de la comunidad ciudadana. Así, enuncia Aristóteles que “el hombre es, por naturaleza, un animal político. Y el enemigo de la sociedad ciudadana es, por naturaleza, y no por casualidad, o bien un ser inferior o más que un hombre”.8 Afirmar la existencia política del hombre implica, en primer lugar, reconocer que la política no es meramente una actividad sino más bien una forma específica de desarrollar una praxis, es decir un modo de vida (Salerno, 2002:42). En este sentido, el ser y estar en el mundo del hombre, el dasein de Heidegger, es inseparable de una forma de acción a través de la cual el individuo se relaciona con otros y se vincula activamente con un “nosotros”, es decir un con una existencia colectiva. El desarrollo del ser humano sólo es posible a través de una praxis en el seno de una comunidad de hombres libres. Es por esta razón que podemos entender la política, en sentido aristotélico, como una forma de vida en comunidad.

En la Ética Nicomáquea, Aristóteles nos ha mostrado que la felicidad (eudaimonía) constituye el bien supremo del hombre, ya que es algo que elegimos siempre por sí mismo y nunca por otra cosa.9 El concepto de bien / bueno es en Aristóteles un término complejo que aparece, en principio, como sinónimo de finalidad. Así, a comienzos de su ética señala que “el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden”10 y en Política apunta “puesto que en todas las ciencias y artes el fin es un bien, principalmente y sobre todo lo será en la principal de todas; y ésa es la actividad política”.11 Lo interesante de este segundo pasaje es que nos permite ligar la idea de bien con la política y nos habilita a preguntarnos ¿cuál es la finalidad de la acción política? La respuesta se encuentra enunciada con claridad en EN donde el estagirita sostiene que la meta de la política es asegurar la felicidad como bien supremo del hombre entre todos los que pueden realizarse.12 Para continuar con nuestra investigación el interrogante que debemos introducir consiste en saber que clase de bien o finalidad es la felicidad en relación a la vida del hombre (Guariglia, 1997). En EN I, Aristóteles introduce el tema central de su investigación ética, a saber: la felicidad, y propone tres tipos de vida como las formas más idóneas de alcanzar la eudaimonía. Uno de estos modos de vida es la dedicada al placer (vida voluptuosa), cuestión que Aristóteles descarta inmediatamente como candidata a la vida más feliz. Adicionalmente enuncia la vida política o dedicada a la acción, y la vida contemplativa orientada al conocimiento filosófico. La relación entre la felicidad y estos dos modos de vida aparece como una cuestión abierta y a priori no plantea Aristóteles ninguna respuesta. Sin embargo,

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en el último capítulo del mismo libro (cap. 13) el filósofo introduce un nuevo tema: el estudio de la virtud, sobre el cual discurrirá en los libros subsiguientes de su ética. Finalmente, el Libro X representa a su vez un giro y un retorno al origen, donde se reintroduce el estudio de la eudaimonía.

En el libro final, Aristóteles muestra que el punto culminante de la ética es, según la expresión de Guthrie (1993), el filósofo feliz; esto significa que la verdadera felicidad reside en el pensamiento filosófico y en la vida contemplativa.13 En consecuencia debemos destacar una doble tensión vertebral que recorre la Ética Nicomáquea, por un lado el aparentemente antagonismo entre la vida política (práctica) y la vida contemplativa (intelectual-filosófica); y por otro la relación entre el ejercicio y práctica de las virtudes morales y la felicidad. No intentaremos aquí elucidar estas cuestiones centrales, no porque carezcan en sí mismas de importancia, sino porque nos apartarían de nuestro objetivo final, la comprensión de la constitución material del sujeto deliberativo. Pero, con miras a esta meta, es preciso discurrir sobre la noción de eudaimonía y su vinculación con la vida humana.

La discusión sobre qué clase de bien o fin es la felicidad cobró vigor en la década de los ’60 a través de un artículo de Hardie (1965)14 quién argumentó acerca de dos concepciones que convivían contradictoriamente en EN. Por un lado puede concebirse a la felicidad como un fin dominante, que residiría exclusivamente en una actividad del alma de acuerdo con la virtud más perfecta del hombre, a saber el noûs o intuición intelectual15 y que permite alcanzar la sophia o sabiduría teórica. Esta virtud constitutiva de la felicidad perfecta, el noûs, es a su vez la parte más divina que hay en nosotros (Tierno, 2007). El noûs es “pensamiento puro, tiene su propio fin en sí mismo y su propio placer intrínseco, es autosuficiente, posee ocio, está libre de la fatiga en la medida en que es humanamente posible” (Guthrie, 1993:405), y por lo tanto “lo mejor del hombre es idéntico a la naturaleza de Dios”, Theós que es acto puro, pensamiento del pensamiento.16 Por otro lado, Hardie apuntó que la felicidad, como fin último, puede considerarse como un fin inclusivo que abarca la realización de múltiples actividades y la consecución de varios bienes, por ejemplo el ejercicio de las virtudes.

El punto a destacar es que ambas lecturas propuestas por Hardie aceptan el hecho que la felicidad es el bien último del hombre y que éste en última instancia puede reducirse a la unidad. Según esta lectura, Guariglia señala que la ética aristotélica sería marcadamente eudemonista; y que por lo tanto la consecución de la felicidad como eje rector de la praxis del hombre subordinaría a todos los demás fines intermedios, la práctica de la virtud, los bienes de la fortuna, el honor, el placer, etc. Frente a las corrientes interpretativas que intentan concebir la noción de bien en su unidad semántica, Guariglia sostiene que Aristóteles deja abierto el significado del término bien y que por lo tanto podría concebirse como un término polisémico que no es reductible a la unidad (Guariglia, 1997: 163).

Al enfatizar la polisemia y homonimia del término bien, Guariglia muestra que la felicidad como bien último lo es en el sentido de constituirse como el bien más perfecto (autárquico y suficiente); pero independiente de la definición de otros

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bienes humanos. En este sentido la virtud, es “un bien que no es derivable ni reductible a la felicidad”.17 La posición de Guariglia es interesante, ya que nos permite enriquecer nuestra comprensión política del pensamiento aristotélico. En este sentido, la felicidad como meta de la política puede concebirse como una construcción social en la cual pueden interactuar múltiples bienes. La consecución del bien de la comunidad, la felicidad, deriva de una praxis colectiva moldeada por una moralidad comunitaria, que se encuentra íntimamente ligada al ejercicio de las virtudes como cristalizaciones socio-históricas de las costumbres de la polis. Este es el principal razonamiento que nos permite enunciar que el contenido del bien común como principio rector de la comunidad política es endógeno al ser social.

El bien de la política no puede determinarse por fuera del conjunto de relaciones sociales que son constitutivas de la comunidad como totalidad. La emergencia de la polis, como unidad política autónoma y como modo de vida, supone entonces la constitución de un espacio público en el cual los hombres libres sean capaces de actuar colectivamente para fijar el rumbo de la vida política de la ciudad. En conclusión, podemos afirmar que el estudio de la felicidad como fin de la política es inseparable de la formación de sujetos políticos capaces de desarrollar una praxis concreta en el seno de la comunidad.

Aristóteles enuncia que la felicidad es algo perfecto y suficiente ya que es el fin de los actos.18 La cualidad de perfección se vincula con la idea de que la felicidad es algo que se elige siempre por sí mismo y que por lo tanto es lo que hace deseable la vida; por su parte la noción de suficiencia está ligada con el concepto de autarquía, de capital importancia en el mundo griego antiguo. En su traducción de la Ética Nicomáquea, Palli Bonet señala que la felicidad “es el bien que, cuando lo poseemos, nos hace independientes, y el hombre es independiente cuando posee todo lo necesario para su felicidad”.19 Al respecto, es preciso hacer hincapié en la dimensión social y relacional de la felicidad, incluso cuando el mismo Aristóteles en el Libro X señala que el filósofo aún estando solo puede teorizar20, a comienzos de EN había remarcado con llamativa atención que “decimos suficiencia no en relación con uno mismo, con el ser que vive una vida solitaria, sino también en relación con los padres, hijos y mujeres, y, en general, con los amigos y conciudadanos, puesto que el hombre es por naturaleza un ser social”.21 Esta idea es actualizada al tratar el tema de la amistad en el Libro IX, donde el filósofo asegura que sería absurdo hacer del hombre feliz un solitario22, ya que el hombre dichoso también necesitará amigos a quien favorecer y sobre todo porque “nadie aunque poseyese todos los demás bienes, preferiría vivir solo, ya que el hombre es un ser social y dispuesto por naturaleza a vivir con otros”.

De este modo podemos delinear una doble conceptualización de la felicidad en Aristóteles. En primera instancia, el cierre de EN es una exaltación a la vida contemplativa, esta glorificación de la actividad filosófica como la más elevada del hombre y más semejante a Dios, le da a su ética un corte netamente intelectualista. Como consecuencia de lo anterior, Agnes Heller observa agudamente que “el propio filósofo que afirmara al principio que el hombre es un ser social, sustrae al tipo de hombre que tiene por superior precisamente los atributos de la actividad

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social” (Heller, 1998: 260). Si, como el mismo Aristóteles afirma más de una vez, el objetivo de la política no es el conocimiento sino la acción, queda claro que el sabio aristotélico no es el rey-filósofo de Platón, es por el contrario un individuo separado de la praxis social activa. Retomando la idea aristotélica enunciada en el Libro I de Política, el filósofo sería una especie de dios entre los hombres, y por lo tanto la contemplación aparecería ligada a una esfera privada e individual. Por consiguiente, Heller apunta que “el filósofo de Aristóteles, no sólo no quiere, sino que ni siquiera sabe gobernar: sólo es un hombre privado”.23 Pero yo no sería tan terminante como ella, creo que es totalmente relevante preguntarnos si el filósofo feliz puede practicar la vida contemplativa por fuera de la dimensión comunitaria. Personalmente, creo que deberíamos dar una respuesta negativa al asunto; es justamente aquí donde es posible aventurarnos a encontrar un fundamento político de la vida contemplativa. Por un lado el filósofo necesita, en cuanto hombre, de otros para poder vivir y lograr la subsistencia material. La contemplación puede, en efecto, ser un acto privado pero en la medida en que tal actividad se inscriba espacialmente en la polis como espacio de relación fundado en la libertad. Por otro lado, es difícil imaginar la viabilidad de la libertad de la actividad filosófica en el marco de una comunidad política no ética. Por lo tanto, el agotamiento de la polis como forma de vida comunitaria que tiene por fin la libertad, implica también un jaque radical al ideal de sophós aristotélico.24 Según esta lectura el ideal ético de la vida filosófica sólo puede desarrollarse plenamente en una comunidad política, lo que en otros términos significa que vida política y vida contemplativa tienen un lazo común más íntimo de lo que a menudo se cree.

Como conclusión del razonamiento anterior emerge un primer sentido de eudaimonía, la idea de la felicidad cognitiva como atributo individual de un hombre, el sabio, que por su misma naturaleza necesita estar junto a otros, es decir estar inscripto –ser parte de– una comunidad política.

En segundo lugar, es posible comprender la felicidad como un fin práctico, es decir como un bien realizable a través de la praxis del hombre en comunidad, y esta acción es justamente una actividad política. Este sentido de la felicidad, implica reconocer que para que la política pueda asegurar la vida del hombre en un sentido más elevado es necesaria la posibilidad de encuentro entre sujetos virtualmente25 libres, capaces de interactuar en un espacio plural fundado en la igualdad (Arendt, 2005b: 67). La felicidad como contenido ético y fin de la política exige la presencia activa de hombres libres, y esta presencia se funda justamente en la capacidad de desarrollar una acción orientada a y en relación con otros semejantes. Esta afirmación implica reconocer la interdependencia entre los conceptos de sujeto, praxis y alteridad; es imposible pensar tales términos aisladamente.

Para intentar comprender el sentido de la felicidad como bien práctico es preciso indagar en la antropología de la subjetividad y la praxis política. Esto significa que, antes de pensar en la constitución económico-material del ciudadano como sujeto político, debemos hacernos una pregunta de radical importancia, ¿quién es el ciudadano en cuanto hombre? En otros términos, si es posible mostrar que la identidad ciudadana se vincula íntimamente con una antropología; entonces ha-

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bremos también demostrado que la vida política, esfera propia de ejercicio de la ciudadanía, será el ámbito de realización del hombre.

La concepción aristotélica de hombre se encuentra íntimamente vinculada a la tesis del zôion politikón (Tierno, 2007: 129), según la cual Aristóteles sostiene que el hombre es por naturaleza un animal político. Esta tesis expresa una soldadura epistemológica fundamental entre el mundo de la vida y la naturaleza con el mundo humano de la cultura.26 El animal político es pues un concepto bisagra que articula la identidad biológica del hombre, con una identidad antropológica específicamente humana. Es también un concepto de doble entrada; expresa la animalidad de lo humano y nuestra pertenencia al reino de lo viviente; pero separación al mismo tiempo de la naturaleza. La emergencia metabiológica del hombre, es decir el hombre como productor de actos y como ser social, es posible gracias a la potencialidad biológica inscripta en la naturaleza humana; en definitiva la tesis del zôion politikón significa que “la humanidad no se reduce de ningún modo a la animalidad, pero sin animalidad no hay humanidad” (Morin, 2003: 37).

Esta potencialidad biológica del hombre consiste fundamentalmente en la utilización de la palabra, lo que en términos contemporáneos llamaríamos el lenguaje de doble articulación y que Aristóteles expresa del siguiente modo: “Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen también los otros animales. En cambio, la palabra (logos) existe para manifestar lo conveniente y lo dañinito, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones”.27 El término logos que se traduce por palabra quiere decir “razón o lenguaje, lo que en el presente contexto significa: racionalidad práctica” (Tierno, 2007: 129).

Es entonces la capacidad de la palabra la que permite la creación de un espacio y una forma de relación esencialmente humana. La posibilidad misma de empleo de la palabra presupone el encuentro de un individuo con otro semejante, ya que la esencia del lenguaje es fundamentalmente relacional. Esta dimensión comunicativa de la existencia humana actúa como condición posibilitadora de la vida en comunidad, ya que el intercambio y creación de sentidos a través del lenguaje permite la construcción social de significados, reglas y hábitos, en definitiva la creación de una moral anclada en el conjunto de relaciones sociales que se dan en el interior de la comunidad.28 La producción social de significados como resultado del intercambio lingüístico nos revela la utilización de la palabra como una praxis. La idea de que el hombre es un animal que habla, que posee logos, nos permite concebir al lenguaje como una dimensión constitutiva del sujeto humano. Sin embargo debemos realizar aquí una precisión de tinte aristotélico aplicando la tesis del acto y la potencia29 al tema que nos concierne. La facultad del lenguaje es una capacidad

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biológica, en este sentido es una potencia. Esto quiere decir que poseemos la capacidad de hablar incluso cuando no emitimos ninguna palabra. Por lo tanto la facultad del habla ha de ser diferenciada del hablar en acto; en efecto sólo cuando un sujeto hace uso del lenguaje la potencia es actualizada. En resumen, por un lado el lenguaje aparece como potencialidad pura, posibilidad indeterminada de enunciar cualquier palabra, afirmación, razonamiento. Por otro, emerge el acto de habla concreto que se inscribe en un aquí y ahora, y que implica la presencia activa de un sujeto que emplea la palabra. En este sentido el acto de habla es la forma concreta del lenguaje considerado como materia. El sujeto humano aparece entonces como un artífice, un artesano de la palabra, un animal que trabaja la materialidad lingüística del sentido a través de la comunicación y deliberación con otros hombres.30 Podemos vertebrar la idea de que la emergencia de la subjetividad es inseparable del desarrollo del lenguaje como una praxis social que vincula activamente al individuo con la alteridad. El lenguaje en acto (el acto de habla) es ante todo una relación social constitutiva de la identidad y subjetividad del hombre; de esta manera podemos afirmar que la teoría del lenguaje está íntimamente vinculada con una teoría de la acción (Searle, 1980: 26). En conclusión, la palabra es la esencialidad antropológica que permite el despegue de la humanidad respecto del mundo de la naturaleza. El lenguaje, inscripto como potencia en la naturaleza humana, sirve de fundamento bioantropológico para concebir la posibilidad de la sociabilidad y de la vida política de los hombres.

El razonamiento anterior permite sostener el argumento de que la constitución de un espacio político es inseparable de la gestación de un ámbito de relación en el cual puedan actuar los individuos a través del empleo de la palabra libre.

En términos de Hannah Arendt (2005b: 70) esto significa que la libertad política es inconcebible sin la presencia de otros sujetos que son mis iguales. Arribamos finalmente a la conclusión central de nuestra exposición, praxis política y praxis lingüística son conceptos solidariamente unidos y es imposible comprender uno sin el otro. El zôion politikón es quien vive en el seno de una comunidad política (polis) a través del empleo de la palabra en un espacio público-deliberativo en relación con otros semejantes. Por lo tanto, como habíamos sostenido al principio, la política es una forma de vida en comunidad que incluye tanto los medios institucionales para la toma de decisiones colectivas como así también los fines que guían la deliberación política (Kraut, 2002: 195). El ciudadano es el sujeto político que realiza la esencialidad antropológica del hombre a través de la utilización de la palabra en un espacio público deliberativo. El ejercicio activo de la ciudadanía implica el desarrollo de la praxis lingüística como característica definitoria de nuestra identidad humana. Por lo tanto la vida política, fundada en el ejercicio de una racionalidad práctica deliberativa, aparece como la consumación y realización plena de la humanidad del hombre y al mismo tiempo como un medio para determinar el bien común de la polis. El contenido de la felicidad como meta de la política es inseparable del conjunto de interacciones socio-lingüísticas que establecen los ciudadanos en la polis.

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Sobre la relación entre la felicidad y la importancia de la praxis político-lingüística en la constitución de la subjetividad política es suficiente con lo dicho; sobre las condiciones económico materiales para la constitución del ciudadano como sujeto deliberativo, nos referiremos a continuación.

III. La identidad económica del sujeto deliberativo: la categoría del ciudadano-propietario

Para comprender la identidad económica del ciudadano debemos secularizar la categoría de “sujeto deliberativo”; secularizar, en este contexto, significa pensar en la vida cotidiana concreta del individuo al que conceptualmente hemos definido como ciudadano. En otros términos, la abstracción analítica del concepto “sujeto político deliberativo” debe ser ecologizada tomando en consideración la situación socio-histórica de la polis como el ambiente concreto donde los ciudadanos, vivían, pensaban, actuaban, hablaban, sentían, amaban y morían. En términos epistemológicos este giro de método implica plantear una necesidad radical de ecologizar la teoría, lo que significa que el “conocimiento debe concebirse como un proceso cuyo desarrollo es sólo definible en un contexto histórico-social” (García, 2000: 52). Sin comprender el contexto de producción nos es imposible conocer el conocimiento como un producto socialmente elaborado. En este sentido, la filosofía política aristotélica debe ser puesta en comunión con la polis en su singularidad histórica como contexto material concreto de emergencia y desarrollo del pensamiento de Aristóteles.

El hombre griego común era por lo general campesino31, es decir trabajaba la tierra para vivir, “y si poseía un esclavo, ello se debía a que las cosas andaban más o menos bien” (Kitto, 2005: 77). El vínculo con la tierra y el cultivo de cereales, fundamentalmente trigo y cebada, olivos y vides constituían las principales formas de alimentación de la familia griega (Mossé, 1980). En un interesante artículo Foxhall (2003) muestra la importante relación entre el cultivo agrícola y la guerra en la Grecia Antigua, señalando los efectos de la segunda sobre las cosechas. Allí llama la atención sobre una práctica realizada por parte de los granjeros que consistía en almacenar granos, la cual podía intensificarse en épocas de conflicto. Esta estrategia de aprovisionamiento como así también la labranza en general, no eran actividades planificadas centralmente por la polis sino más bien decisiones que se elaboraban en el nivel primario del hogar (Foxhall, 2003: 220).

El Económico (Oikonomikos) de Jenofonte escrito en el siglo IV a.C. tiene como principal objetivo la enseñanza de la agricultura pero vinculada específicamente con la figura del cabeza de familia y la administración doméstica que éste debe realizar; como señala Finley “no hay frase que exprese un principio económico o que ofrezca un análisis económico, nada sobre la eficiencia de la producción32, sobre la elección racional, sobre la venta de las cosechas” (2003: 46). Esto pone de manifiesto una idea fundamental en el mundo griego Antiguo, la economía era una actividad privada ligada sobre todo a la subsistencia material y la alimentación del grupo familiar. Esta noción aparece claramente en Aristóteles en el Libro I de Política donde afirma que la casa familiar es la comunidad originaria constituida

por naturaleza para la satisfacción de lo cotidiano33; por esta razón, Arendt caracteriza esta esfera doméstica como el ámbito en el cual “los hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias” (Arendt, 2005a: 45). En conclusión, la economía consiste básicamente en la administración doméstica de los bienes de uso y propiedad con la finalidad de asegurar la alimentación y subsistencia de la vida familiar.34 Comenzamos a ver una relación muy estrecha entre la actividad que los griegos antiguos denominaban economía con la vida doméstica y el cultivo de la tierra.

Es interesante la relación que plantea Aristóteles entre los tipos de actividades productivas y los géneros de vida humana: “Los más perezosos son los pastores. Éstos obtienen su alimento de los animales domésticos, sin trabajar, aunque les es necesario cambiar de lugar a los rebaños, en busca de pastos, y ellos mismos se ven forzados a acompañarlos, como si cultivaran un cultivo viviente y móvil. Otros viven de la caza, y unos de un género de caza y otros de otra distinta. Por ejemplo, los unos de la piratería, otros de la pesca –los que viven vecinos a lagos, pantanos, ríos o a un mar- y otros de la caza de aves y animales salvajes; pero la mayoría de los humanos vive de la tierra y de los productos de la agricultura”.35

“El mejor pueblo es el campesino, de forma que se puede crear una democracia donde viva la gente de la agricultura o del pastoreo”36 y unos parágrafos más adelante afirma, “Los campesinos, al encontrarse diseminados por el territorio, ni coinciden ni tienen necesidad de reuniones; y donde ocurre que el territorio está configurado de tal forma que se aparta mucho de la ciudad, es más fácil que se forme una buena democracia o una buena república”.37 La agricultura y el cultivo de la tierra, antes que una técnica eran una moral (Mossé, 1980: 23), una actividad valorada positivamente en la medida que les permitía a los individuos la consecución de la autarquía, es decir poder “prescindir de la lucha por la subsistencia” (Rossi, 2007: 86). El campesino poseedor de su propia parcela de tierra la trabajaba en conjunción con mano de obra familiar, con la finalidad de tener asegurada una provisión necesaria de alimentos. Esta capacidad de bastarse a sí mismo y no depender de otros para el mantenimiento de la vida, en el sentido más biológico del término, era el fundamento de la libertad; esta idea del mundo griego antiguo aparece con claridad en Aristóteles quien afirma que “lo propio de un hombre libre es no vivir para otro”.38 Para echar luz sobre la

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Pero junto con esta afirmación cuantitativa de la agricultura como la actividad que provee el sustento a la mayoría de los hombres, hay también una valoración cualitativa de la misma que aparece en el Libro VI donde Aristóteles examina los modos de conservación de la democracia y la oligarquía:

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relación entre autosuficiencia y libertad nótese el contraste entre el campesino y el trabajador artesanal; éste vende los productos que él ha creado, y por lo tanto se genera un lazo de dependencia con su comprador. Pero sobre la cuestión del trabajo manual hablaremos luego.

La valoración positiva de la agricultura y la posesión de tierras cultivables se vinculan íntimamente con el ideal de autarquía que se constituía como fundamento de la libertad del hombre antiguo, y aparecía representado en la figura del campesino propietario libre.39 La explotación de una propiedad rural es entonces la actividad productiva por antonomasia y el fundamento de la identidad económica del individuo en su ámbito doméstico y privado.

En un mundo de baja tecnificación, poca capacidad de almacenar alimentos a largo plazo y utilización intensiva de mano de obra40, los riesgos de hambrunas y crisis alimentarias eran una amenaza real. En este contexto, la meta es siempre la autosuficiencia pero también la minización del riesgo41, y por lo tanto dentro de la estrategia productiva del campesinado aparece también la necesidad de establecer relaciones sociales y económicas cooperativas con sus pares iguales de la aldea (Garnsey, 2003: 71). Aparece así el trueque como una forma de adquirir aquellos productos de los que carecía la casa familiar. Se trata de un intercambio natural entre semejantes, otros campesinos de la aldea, no una forma de comercio de compra venta. Aristóteles destaca el valor de esta forma de cambio en la medida en que se trata de una compensación recíproca que permite completar la autosuficiencia natural.42 El hogar campesino era la unidad económica más importante de una sociedad que requería para su alimentación del trabajo de la tierra. Sin embargo, la familia rural no existía de modo aislado e independiente puesto que no había una oposición entre el campo (chora) y el área poblada (asty), más bien había imbricación entre ambas a través de la aldea como elemento mediador. Para el campesino, la aldea constituye “la unidad primaria más importante más allá del hogar”43, se trata de un espacio de relación dónde se resolvían los asuntos de la comunidad local.

Siguiendo la expresión de Gallego (2003b) podemos concebir la aldea como una escala espacial intermedia en la cual se cristalizan y articulan el conjunto de necesidades económicas, religiosas, culturales que no pueden ser satisfechas directamente por la casa familiar. Se trata de una comunidad intermedia entre el plano microsocial del hogar (oikos) y el plano macrosocial de la polis como totalidad organizada compleja.

En este contexto debemos enfatizar que el producto de la tierra estaba principalmente destinado a ser consumido, y si había un excedente, un granjero prudente lo guardaría para tiempos difíciles. La idea de incrementar la producción agrícola para vender el excedente en el mercado es, en principio, ajena al campesino griego.

En este sentido la actividad agrícola se nos revela fundamentalmente como una praxis, cuya finalidad primaria no trasciende al hogar como unidad de producción-consumo. Esta no trascendencia significa que la economía en sí, desde la mentalidad griega, no era un ámbito separado y autónomo. El carácter en sí de la económica nos muestra que se trata de una praxis endógena a la vida en el hogar.

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La finalidad del cultivo no es la elaboración de un producto susceptible de ser incorporado en una producción ulterior, sino sobre todo un medio para la satisfacción de las necesidades materiales de vida. Enfatizamos aquí que al hablar de agricultura no estamos pensando en una mano de obra libre que vende su fuerza de trabajo a otros, como sería el caso del jornalero; más bien estamos pensando en el agricultor que es propietario de la tierra que cultiva. Aristóteles contempla esta forma de “trabajo a jornal” en Política VIII afirmando que “no es indigno de un hombre libre hacer ciertas cosas para sí mismo o para los amigos o por virtud, mientras que otro que las hace a menudo para servir a otros puede parecer que obra como un jornalero o un esclavo”.44 Nótese el carácter indigno que le asigna el estagirita al trabajo realizado para otros a cambio de una paga. El mayor carácter de denigración no está en el trabajo como actividad, sino sobre todo en no hacerlo para uno mismo sino para otros. Ste. Croix denominó al trabajo a jornal como una forma de trabajo asalariado, pero llamó la atención acerca del papel prácticamente insignificante que éste había desempeñado en la Atenas clásica y que por lo general era “muy escaso, no cualificado y en absoluto móvil” (Ste. Croix, 1988: 214-220).

La importancia de la agricultura radica principalmente en que es una actividad que posibilita al hombre-propietario una mayor independencia. Asimismo, en la medida que éste es capaz de incorporar alguna forma de trabajo no libre a la labor de la tierra, por ejemplo por medio de la utilización de esclavos, se asegura también la posibilidad de disfrutar de mayor tiempo libre. La posesión de una propiedad de tierra de una extensión vasta es la condición material necesaria para poder desarrollar una vida digna y separada de las arduas exigencias de la labor y la fatiga. En consonancia con este argumento, Aristóteles enuncia en Política VII que el tamaño de la propiedad debe ser tan grande que le permita a sus habitantes llevar adelante una vida cómoda, holgada, con liberalidad y prudencia.45 No debemos, sin embargo, exagerar la situación de esta “clase propietaria” como la llamó Ste. Croix, puesto que junto estos terratenientes había también una inmensa masa de campesinos libres que poseían propiedades de módica extensión. Lo que queremos destacar aquí es que disponer tierras en cuantía, significaba básicamente “la ausencia de una ocupación” como lo señaló Finley (2003:147) y, por lo tanto, la posibilidad de disponer de ocio (schole). Es en este sentido que la agricultura se constituye como la actividad económica del propietario libre más vinculada con la participación política en el mundo griego antiguo.

En Política Aristóteles celebra el ocio como el fundamento de la vida humana; allí enuncia el estagirita que “el ocio es preferible al trabajo y además su fin, hemos de buscar a qué debemos dedicar nuestro ocio.46 […] Pero el disponer de ocio parece ser la base misma del placer, de la felicidad y la vida dichosa. Ésta no está al alcance de los ocupados en trabajos, sino de los que disfrutan del tiempo libre”.47 Esta exaltación del ocio significa en términos políticos la posibilidad de dedicarse a la acción en el ámbito público. Ocio como contra cara del trabajo significa el desarrollo del ser en una temporalidad sin fatiga física. Esta realización del hombre a través del ocio es lo que asemeja la existencia humana con la

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organización del universo. En la cosmología aristotélica la totalidad del mundo aparece dividida, por un lado la esfera celeste o mundo lunar representa el ámbito y sede privilegiada del orden y los acontecimientos necesarios. Es el ámbito de los movimientos circulares perfectos cuyos entes están hechos de sustancia incorruptible (Moreau, 1972:131). Aquí no hay generación, devenir, corrupción, cambio; sino constancia y regularidad absoluta. Por el contrario, el mundo sublunar es el ámbito de la contingencia, de lo que puede ser de un modo u otro. No hay determinación sino una fuente de movimiento y de reposo, de generación y corrupción; y éste es el mundo de la naturaleza en el cual está inscripto el ser humano (Guthrie, 1993: 255).

En la cúspide de este universo se encuentra Dios como principio organizador del mundo. Pero el Dios aristotélico no es, según la expresión de Guthrie, un ser que “se esfuerza y piensa en crear y mantener” un cosmos que desde su perspectiva es único, increado, indestructible, finito y eterno (Guthrie, 1993: 260, 280). Dios es ante todo un ser inmaterial, un ser perfecto, inmóvil e inmutable, es actualidad pura sin mezcla de materia. En el marco de su concepción global de mundo Aristóteles concibe a Dios como un primer motor inmóvil que es causante del movimiento de todo el universo, en palabras de Guthrie esto significa que “todo lo que hay en el mundo intenta realizar su forma propia y llevar a cabo su actividad específica. Ésta es su respuesta al estímulo de la existencia de Dios y su imitación dentro de los límites de su propia naturaleza material” (Guthrie, 1993: 276). La apreciación es interesante, porque esta organización del universo plantea a Dios como causa final de todo movimiento, pero brinda al mismo tiempo una autonomía relativa al mundo de la naturaleza, el cual se encuentra organizado por un principio teleológico hacia el cual las cosas tienden; pero esto no asegura el cumplimiento y desarrollo exitoso del ciclo.

Es interesante pensar la relación existente entre el ideal de ocio y la teoría del movimiento en Aristóteles, más aún cuando resulta extremadamente llamativo que el principio de todo movimiento sea un ser en sí mismo inmóvil. La clave de este análisis reside en la crítica aristotélica al principio de automovimiento. Este es el punto que debemos examinar a continuación. Para el estagirita el movimiento es “la actualización incompleta de lo movible”, es decir el tránsito de la potencia al acto48; en este sentido no puede haber algo que se mueva a sí mismo completamente, porque ésto implicaría estar en potencia y acto al mismo tiempo, y sería una violación clara al principio de no contradicción. Entonces, según Aristóteles, de lo que se mueve a sí mismo, una parte “moverá sin ser movida y otra parte será movida”; este enunciado quiere decir que lo que mueve sin ser movido es la causa eficiente del movimiento, mientras que lo que es movido implica el tránsito de una situación potencial al acto de movimiento en sí mismo. Por esta razón lo que mueve sin ser movido es en principio algo que existe en acto y es causante del movimiento. En palabras de Aristóteles citadas por Guthrie (1993: 263): “Es imposible que lo que se mueve a sí mismo se mueva a sí mismo en su totalidad, equivaldría a puesto en movimiento y causante del

Es por esta razón que Aristóteles postula la necesidad de un Primer Motor Inmóvil (Dios) como principio trascendente del movimiento (Moreau, 1972: 134) y organizador de todo el universo. Dios es actualidad pura y causa final de todos los entes que existen en el mundo, como señala Moreau “es inmutable porque no tiene que llegar a ser lo que es; no hay en él posibilidad alguna que no esté realizada.

Exento de toda potencialidad, es libre de toda materia” (1972: 136).

La no movilidad como ideal de perfección se encuentra plenamente realizada en el ocio, y encarnada en su máxima expresión en la vida contemplativa que se constituye como un fin en sí misma, donde el filósofo utiliza la mejor facultad del hombre, el intelecto (noûs), e imita en este sentido a Dios.49 Pero de un modo secundario, aunque no subsidiario del primero, es la vida política encarnada en la praxis activa y lingüística, que se realiza a través del empleo de la racionalidad práctica, el mejor camino que tiene el hombre para realizar su felicidad terrestre (eudaimonía práctica); y por lo tanto es el ocio el elemento necesario e imprescindible para la consumación del hombre en la esfera pública.

La posesión de la propiedad de la tierra es la condición material insoslayable para la emergencia y constitución del sujeto político libre. Porque libertad en un sentido primario y concreto es la no dependencia de las tareas cotidianas para el mantenimiento de la vida. La significación socioeconómica de la propiedad de la tierra permite afirmar que ésta era el fundamento material la condición de ciudadanía. En su clásica obra sobre la historia económica de la antigüedad, Moses Finley señala que “fueron los griegos quienes mejor conservaron para los ciudadanos el monopolio del derecho a poseer tierras” (Finley, 2003: 145). Este vínculo entre tierra y política permite delinear la noción del ciudadano-propietario como aquel sujeto que es independiente económicamente; y tal independencia se funda en el hecho de no tener que trabajar para vivir. Esta capacidad de disponer de tiempo libre se sustenta en una situación concreta, la posesión de suficiente tierra, principal riqueza del mundo antiguo, para tener asegurada la subsistencia material.

IV. Aspectos económicos de la organización política: tierra y propiedad

La jerarquía de la agricultura por sobre el resto de las actividades productivas significa la gravitación de los propietarios de la tierra sobre la organización socioeconómica de la polis. El principal antagonismo del mundo griego antiguo no fue la lucha entre amos y esclavos como a menudo se cree, sino fundamentalmente el conflicto entre propietarios y no propietarios de la tierra. Tomando en considera-

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movimiento […] Además, se ha establecido que lo que se mueve es lo movible, es decir, lo que se mueve en potencia, pero no en acto, y lo potencial precede siempre a la actualidad. Pero lo que mueve existe ya en acto. […] En lo que se mueve por sí mismo, por consiguiente, algo mueve y otra cosa se mueve. Sólo en este sentido es posible que algo se mueva por sí mismo.”

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ción el conjunto de hombres libres, la división intestina en el interior de este grupo es entre los grandes terratenientes y los pequeños campesinos independientes (Austin, 1986: 41). Más allá de la perspectiva teórica desde la cual se analice el fenómeno, los principales especialistas en historia económica de la antigüedad coinciden en este hecho, así para Finley esta dicotomía es básicamente un conflicto entre status y órdenes, y para Ste. Croix la manifestación concreta de la lucha de clases en el mundo antiguo.

La pregunta fundamental que debemos plantearnos es cuál era la relación entre la posesión de la propiedad de la tierra como clivaje socioeconómico y la organización política de la polis. En otros términos, la categoría de hombre libre expresa un grupo social heterogéneo y amplio en el interior del cual los grandes propietarios de la tierra constituyen una clase (status) específica. Si la tierra, como hemos visto, era el principal medio de producción para asegurar la autarquía del hogar y de la polis como totalidad, entonces debemos interrogarnos acerca de la dinámica sociopolítica concreta entre el conjunto de individuos que hemos calificado como hombres libres y su relación con la tierra.

La categoría de hombre libre es más extensa que la de ciudadano; ésta es una esfera de privilegios restringidos exclusivamente a una parte de la población de la polis. La ciudadanía es por lo tanto un concepto bisagra que determina a su vez pertenencia y exclusión. En primer lugar establece la inclusión del conjunto de individuos que tienen derechos políticos de participar en la vida pública de la polis y desempeñar cargos en sus instituciones. En términos más generales el ciudadano es el que ejerce una praxis político-lingüística activa en la consecución del bien común y la felicidad como bien práctico. Pero al mismo tiempo la ciudadanía traza un límite que fija la separación y segregación de aquellos que no pueden acceder a los derechos políticos y por lo tanto no son partícipes del bien común de la polis. Según la lectura que Kraut hace de Aristóteles, y con la que nosotros coincidimos, la idea de que la polis debe promover el bien común de los ciudadanos trae como corolario que aquellos excluidos de la participación ciudadana reciben prácticamente ninguna atención: “Citizens and political leaders are to promote the good of other citizens-not other human beings” (Kraut, 2002: 212). El estudio del ciudadano-propietario es pues el nudo gordiano que permite comprender la relación entre la estructura socioeconómica y la organización política; en este sentido el individuo con derechos de ciudadanía pertenece a dos mundos, es si quiere un ser imbricado en la esfera privada-doméstica de las actividades económicas y al mismo tiempo en el ámbito público-político de la deliberación.

Para proseguir nuestra investigación en torno a la tensión entre economía y política debemos considerar el modo en que se relacionan dos variables fundamentales: el nivel de riqueza, y la condición legal del individuo. Cada una de ellas entraña una dicotomía socioeconómica esencial. En primer lugar las categorías de ricos y pobres constituyen los principales valores que puede asumir la variable nivel de riqueza. Es cierto que entre ambas es posible considerar una tercera, a la que llamaríamos una posición media en relación a la riqueza. Ésta, como lo veremos, constituye una clase de suma importancia en el pensamiento de Aristóteles y

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entraña un valor político fundamental. Pero en este momento de nuestro análisis debemos concentrarnos en las dos primeras, puesto que como el mismo filósofo lo reconoce “es imposible que los mismos sean pobres y sean ricos. Por tanto, éstos parece que son los partidos principales de la ciudad, los ricos y los pobres”.50 El criterio para definir a un individuo como rico o pobre no lo constituye, como lo subraya claramente Austin y Vidal-Naquet (1986: 31), el nivel fortuna sino sobre todo la necesidad de trabajar.51 El rico es quien posee lo bastante para poder vivir sin trabajar, mientras que el pobre es aquel que debe dedicarse directamente a la subsistencia cotidiana, y que por esta razón no disfruta de tiempo libre. El interrogante que debemos plantear es pues ¿qué actividades económicas permitían un nivel de riqueza suficiente para poder disfrutar del ocio?

En relación a la segunda variable, la cual hemos denominado la condición legal del individuo, la dicotomía se centra en la división entre los hombres libres y no libres. Y aquí libertad ha de entenderse por oposición al esclavo, quien según la definición aristotélica es un hombre que por naturaleza no se pertenece a sí mismo sino que es un hombre de otro.52 Esta es la razón por la cual el esclavo es un hombre que ha sido cosificado hasta ser convertido en un objeto de propiedad; y que por lo tanto se encuentra sometido a las reglas de compra y venta válidas para el resto de los bienes en general.53 En relación con el fenómeno de la esclavitud caben dos apreciaciones importantes. En primer lugar es primordial destacar que la categoría de los esclavos-mercancías (chattel-slavery) debe considerarse como una forma específica de trabajo dependiente pero no la única. Junto a éstos Ste. Croix distingue otras formas específicas de trabajo no libre como la servidumbre y la servidumbre por deudas. Una consideración aparte merece el sistema de ilotas54 en Esparta que ha de ser diferenciado de la categoría de los esclavos mercancía.

Los ilotas no eran propiedad de algún espartano particular sino del estado, gozaban de ciertos derechos y privilegios y constituían un grupo social homogéneo que hablaba la misma lengua.

La segunda apreciación, ineludible de remarcar, es que la esclavitud no constituyó de modo alguno el fundamento de la independencia de los hombres libres; muchos de ellos son, como dijimos, pequeños agricultores que cultivan la tierra con mano de obra familiar y por lo tanto necesitan trabajar para vivir. Son hombres libres, sí, pero pobres; y en la medida de sus posibilidades intentaban incorporar algún esclavo a la economía familiar. En este sentido el esclavo es ante todo un compañero de trabajo, no había “una distinción real entre el tipo de trabajo realizado (trabajo servil opuesto al de hombre libre)” (Austin, 1986: 103). La excepción la constituía sin duda la minería en la que se utilizaba mano de obra esclava, única actividad extractiva cuyo monopolio reservaban para si los estados griegos.55 Pero más allá de esta actividad, el esclavo-mercancía aparece según lo conceptualizó Aristóteles, como un instrumento subordinado a las cosas prácticas del amo. Según la expresión de Mossé “el esclavo ayudaba a su amo en los trabajos del campo y actuaba también como criado. […] Pero en la vida cotidiana comparten las comidas de su amo y su libertad de expresión demuestra su integración en la vida de la casa” (Mossé, 1980: 84).

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Estas apreciaciones permiten significar una cuestión de capital importancia. El mundo griego fue una sociedad esclavista en la medida que utilizó la explotación de trabajo no libre, fundamentalmente a través de los esclavos mercancía, para permitir la emergencia y consolidación de una clase propietaria dispensada del trabajo directo. Pero sociedad esclavista no es sinónimo de economía esclavista56, concepto que no es del todo acertado para describir la realidad de la polis. Como señala Garnsey (2003: 72), “la economía antigua en todos los periodos reposaba sobre los hombros de los campesinos, no de los esclavos”. Este hecho también es destacado por Ste. Croix, quien con su cuidadosa meticulosidad reunió la evidencia necesaria para afirmar: “los campesinos y otros productores independientes no sólo formaban tal vez de hecho la mayoría del total de la población, sino que incluso les correspondía una parte más grande (casi siempre mucho más grande) de la producción que a los esclavos y a otros trabajadores no libres” (Ste. Croix, 1988: 248).

La articulación entre sendas variables dicotómicas (rico-pobre; libre-no libre) nos permite elaborar una herramienta conceptual bastante útil para el análisis de las relaciones económicas de la polis. Esta herramienta consiste en una tipología de las categorías socio-económicas en las cuales puede ubicarse la mayoría de la población del mundo griego antiguo. Este espacio de propiedades se haya representado en la Tabla 2, e incluye básicamente cuatro tipos: En el Tipo I se incluyen aquellos hombres libres y ricos. El Tipo II abarca a los libres siendo pobres. En este tipo creo que deberíamos incluir al “común de los mortales” que necesitaba “trabajar para ganarse el pan”. El punto sobre el cual debemos hacer hincapié es que este grupo heterogéneo reúne a la mayoría de la población, es decir a una multitud de individuos pobres y libres; su condición de libres estaba fundamentalmente dada por el hecho que no tenían que trabajar directamente para los ricos, su condición de pobres quedaba manifestada ya que dependían del trabajo de sus manos para vivir. El Tipo III está naturalmente vacío y sería una contradicción en los términos encontrar allí algún sujeto económico, ya que representa la intersección de la categoría de los ricos con los no libres. Finalmente, el Tipo IV abarca a Tabla 2 Tipología de categorías socio-económicas Condición legal del individuo

Nivel de riqueza

Libres

No libres

Ricos (plousios)

I Grandes propietarios Grandes comerciantes

III

Pobres (penens)

II Pequeños campesinos independientes Trabajadores manuales Indigentes (Thetes) Trabajadores a jornal

IV Esclavos-mercancía Ilotas Siervos por deudas

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todas las formas de trabajo dependiente, es decir los pobres-no libres, a las que ya hemos hecho referencia.

La primera observación que debemos realizar aquí es que la condición de hombre libre es una categoría vasta y heterogénea que incluye individuos de diferente extracción socioeconómica. E incluso, dentro de cada categoría de hombre libre (Tipo I y II) es posible identificar una diversidad significativa. El mundo de los ricos libres (Tipo I) abarca primordialmente a la clase de los grandes propietarios, según la conceptualización de Ste. Croix, o de los terratenientes según Finley. Pero más allá de estas categorías, el hecho relevante es que se trata de individuos que poseen una vasta extensión de tierra trabajada por mano de obra no libre (esclavosmercancía, siervos, etc.). Junto con este grupo es posible identificar otro sector, al que hemos denominado “grandes comerciantes”, se trata de una categoría que representa al sector de los nuevos ricos cuya gravitación económica se desarrolla en torno a las fortunas mobiliarias derivadas del comercio de compra venta, lo que equivale a disponer de capital líquido. Es justamente esta categoría económica lo que Aristóteles denomina “crematística no natural”, es decir una técnica adquisitiva que se mueve sobre todo en torno al comercio y al dinero, y donde la riqueza comienza a constituirse como un fin en sí mismo.57 Es importante aclarar que este sector constituye una novedad del siglo IV y no se desarrolla plenamente sino con posterioridad a la guerra del Peloponeso.58 El Tipo II es el reino de los pobre libres, en el interior de esta categoría tenemos por un lado al campesino libre que trabaja su propia finca con mano de obra familiar para lograr la supervivencia y subsistencia; encontramos también al conjunto de trabajadores libres dedicados a actividades manuales, fundamentalmente la artesanía. La actividad del demiurgo-artesano es fundamentalmente una tejne, es decir una actividad productiva (poiesis) cuyo resultado (la obra-producto) se cristaliza en algo externo e independiente a la actividad que lo produce. Este hecho funda una relación de dependencia entre el homo faber creador del producto y el homo consumans que utiliza el producto fabricado. Hay, si se quiere, una dialéctica de dominador-dominado, entre el que utiliza el bien (dominador) y el que lo produce (dominado). Por último, hay una forma específicamente denigrante y que se encuentra en la parte más baja de la escala social, que consiste justamente en trabajar para otro a cambio de un salario. Se trata de la clase de los desposeídos, aquellos que no tienen ninguna propiedad ni realizan trabajo cualificado alguno y que por lo tanto se constituyen como mano de obra libre obligada a trabajar para otros a fin de lograr su subsistencia. Este grupo situado en los confines marginales de la jerarquía social se encontraba, en muchas ocasiones, al borde de la esclavitud, y muchas veces terminaba cayendo en la servidumbre por deudas.

La pregunta concreta que debemos hacernos a esta altura del análisis, es cuál de estos grupos podía detentar o reivindicar derechos políticos; o, por plantearlo en otros términos, quiénes podían ser considerados ciudadanos. La afirmación general que proponemos es la siguiente: el ciudadano es siempre el hombre libre, pero no todo sujeto libre es ciudadano. Es interesante notar que los hombres libres, independientemente de su nivel de riqueza, pueden ser analizados a la luz de una

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tercera variable, la propiedad de la tierra que, como hemos visto, constituía el principal medio de producción en una sociedad de carácter agrario. Al reorganizar a los hombres libres considerando este nuevo criterio obtenemos una tipología de potenciales ciudadanos representados en la siguiente tabla: Tabla 3 Tipología de potenciales ciudadanos Propiedad de la tierra

Nivel de riqueza

Poseedor

No poseedor

Ricos (plousios)

A Grandes propietarios

B Grandes comerciantes

Pobres (penens)

C Pequeños campesinos independientes

D Trabajadores manuales Indigentes (Thetes) Trabajadores a jornal

Solamente los propietarios de la tierra pueden aspirar a gozar de derechos políticos, y en este sentido sólo los Tipos A y C son en principio políticamente relevantes. La categoría del ciudadano-propietario, elaborada en la sección II, debe ser por lo tanto complejizada; hemos de considerar el vínculo entre la tierra y la ciudadanía según el nivel de riqueza. Tenemos un gran grupo de hombres libres que quedaban totalmente excluidos de derechos políticos, básicamente grandes comerciantes y artesanos. Este grupo estaba compuesto primordialmente, aunque no de modo exclusivo, por metecos; éstos eran hombre libres griegos y no griegos que tenían residencia permanente en una polis a la cual no pertenecían por nacimiento (Austin, 1986:100). Eventualmente, el extranjero griego era ciudadano en su polis de origen, pero el hecho de vivir en una polis diferente lo convertía en meteco.

La tierra puede considerarse pues, quizás con cierta ironía, como una institución política; la idea de imponer algún tipo de impuesto sobre el suelo era considerado como algo denigrante y como síntoma de tiranía (Finley, 2003: 145).

Sin embargo, existían impuestos sobre las personas, de hecho los metecos debían pagar un tributo, el metoikion, que simbolizaba su condición de inferioridad respecto de los ciudadanos; al mismo tiempo que carecían de derechos “para adquirir tierras y casas en el Ática” (Austin, 1986: 101). Este hecho político es la causa eficiente, por expresarlo en lenguaje aristotélico, de que los metecos debían ganarse la vida por fuera de la actividad agrícola: el comercio, la artesanía, el intercambio, etc.

Sobre la base de este análisis surgen dos preguntas relevantes. 1) ¿Cómo distribuir la tierra y que derechos políticos asignar a los grandes propietarios y los

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pequeños campesinos? 2) ¿Cuál era la importancia política de aquellos individuos con poder económico, pero excluidos de la participación ciudadana? Fundamentalmente los metecos comerciantes.

Debemos decir que Aristóteles es plenamente conciente de esta división intestina y que la respuesta a sendos interrogantes constituye la columna vertebral de Política. En un sentido histórico-crítico podemos intuir que el desarrollo de su filosofía práctica constituye un intento de reflexión política y ética sobre los dilemas y crisis suscitados por estos clivajes socioeconómicos. El utopismo del reyfilósofo de Platón, cede el lugar a la cruda investigación empírica de una polis que se mantenía viva en el ojo de la tormenta animada por el Viento Norte de la lucha entre ricos y pobres; y el Viento Sur del poder económico de los metecos al tiempo que esfera de no ciudadanía.

El antagonismo entre pobres y ricos es básicamente el enfrentamiento entre grandes propietarios y pequeños campesinos. En la teoría política aristotélica sendos grupos encarnan dos formas de organización política concreta: oligarquía y democracia. Ambos regímenes corresponden también a dos modelos históricos concretos de polis: el espartano y el ateniense. El clivaje socioeconómico esencial que guía esta división sociohistória es fundamentalmente las formas de posesión y distribución de la propiedad la tierra y los derechos políticos que iban unidos a ella. Por plantearlo en un lenguaje marxista59, la lucha política entre los regímenes oligárquicos y democráticos expresa la división económica fundamental entre el gran propietario y el campesino independiente.

Este clivaje relativo a la propiedad de la tierra es un elemento de preocupación vertebral en el pensamiento aristotélico. Estas fuerzas sociales en pugna, características de la polis del siglo IV, constituyeron en la mente de Aristóteles el caldo de cultivo cognitivo esencial para transformar la mera preocupación en una reflexión teórica sistemática y conciente. El conflicto económico entre ricos y pobres requiere atención política, puesto que es una amenaza real para el mantenimiento de la unidad de la polis y la cohesión social. Coincidimos con Hannah Arendt quien expresa que el término “economía política” hubiese sido, para los griegos, una contradicción en los términos; ya que todo lo económico tiene que ver con la esfera privada del individuo y con la satisfacción de las necesidades materiales de vida ligadas al ámbito doméstico. Pero esto es muy distinto a decir que las acciones políticas no tenían importancia económica o que las poleis no se preocuparan en cierta medida por la actividad económica de los ciudadanos en tanto hombres privados. Característico de lo primero es el hecho de que todas las acciones del “estado antiguo”, por retomar la expresión de Finley, dejan su huella en la economía. El punto a destacar fundamentalmente es que las decisiones que entrañan consecuencias económicas son tomadas sobre la base de criterios políticos y no al revés. Lo que prima aquí es la racionalidad política por encima de cualquier otro hecho. Por poner un ejemplo concreto, el derecho de acuñar moneda que los estados antiguos se reservaron para sí, es símbolo, sobre todo, de autonomía e independencia política. También las guerras se deciden primordialmente por criterios políticos y no comerciales.

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En relación con la cuestión de la acción económica de los ciudadanos como hombres privados, el punto a destacar consiste en que tal praxis estaba, si se quiere, moldeada y regulada por una moral comunitaria. El hombre rico no podía disponer totalmente a su gusto de la riqueza que poseía, debía contribuir con la celebración de liturgias (obras públicas) para el bienestar de la comunidad. Este hecho, sobre el que no profundizaremos, muestra un sentido que es desconocido en nuestro mundo contemporáneo: un uso público de la riqueza privada. La moral del hombre privado actúa como un elemento de integración social, o parafraseando a Jon Elster, el cemento ético de la comunidad. Una observación que se desprende lógicamente de este razonamiento es que el desarrollo del interés privado por fuera de la dimensión moral de la comunidad implica un jaque a la organización social.

Estos breves argumentos, desnudos de todo análisis historiográfico minucioso60, habilitan dos breves observaciones. Primero, la expresión la “economía política como una contradicción en los términos” oscurece, en parte, las tensiones constitutivas y relaciones morales entre el mundo económico y la esfera pública.

Segundo, más bien podemos pensar, siguiendo a Polanyi, que la economía estaba integrada a la sociedad, y en este sentido no constituía una esfera emancipada y autónoma. La economía estaba separada de la política, constituían dos esferas vitales diferentes, divididas por una línea que establece una clara distinción entre ambas. De un lado la vida económica (bios economíco) ligada al mantenimiento biológico de la vida, a la alimentación, a las necesidades materiales básicas, a la familia, al dominio doméstico, al mundo privado del hombre. Del otro, la vida política (bios político) reino de la palabra libre, del encuentro con iguales, de la deliberación, del trabajo humano lingüístico, de la constitución de la subjetividad y realización de la felicidad práctica del hombre. En este sentido la economía es no política y Arendt tiene razón. Esta separación no significa, sin embargo, que la economía constituya una esfera autónoma y por lo tanto un objeto de reflexión y estudio independiente. Quizás sea ésta la razón por la cual Aristóteles no concibió una obra dedicada esencialmente a este tópico, como si lo hizo como la política y la ética. La economía no es un terreno que “obedece a sus propias leyes”, por retomar la expresión de Austin y Vidal-Naquet, más bien su dinámica organizacional responde a hechos no económicos sino esencialmente políticos.

En este sentido, la expresión de Arendt es inexacta y la economía estaba subordinada al terreno organizacional de la política. En palabras de Aristóteles, “la política regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo”61; por eso la política es la ciencia arquitectónica que “se sirve de las demás ciencias y prescribe, además, qué se debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre”.62 En conclusión, la economía está integrada a la sociedad y la praxis económica subordinada al fin de la política: la felicidad práctica.

acerca

de

la

relación

entre

economía

y

La praxis económica ligada a la agricultura y moldeada por una moral comunitaria anclada en el ideal de autarquía, constituye el fundamento ético de la esfera privada. Este ámbito comprende la organización de la vida familiar y abarca el conjunto de relaciones morales, sociales y de intercambio que los individuos deben realizar en cuanto hombres privados. La organización ética de este bios económico es la condición material para la organización y emergencia de una esfera pública que pueda funcionar como un espacio en el cual los individuos construyan, a través de una praxis político-lingüística, una noción de bien común.

Por consiguiente, debemos enfatizar que la eclosión de una nueva clase económica, los grandes comerciantes, representados fundamentalmente por los metecos, implica, en parte, un jaque radical al ideal de autarquía celebrado en la agricultura. El agricultor libre (rico o pobre) es un individuo privado que se basta a sí mismo, cuya condición material le permite devenir en un hombre político según el régimen político (democracia-oligarquía). El nuevo individuo privado, el meteco comerciante, encarna una nueva racionalidad anclada no ya en el ideal de autosuficiencia sino en el lucro. Este nuevo homo economicus realiza una praxis productiva basada en la generación de riqueza, por fuera de la dimensión ética de la comunidad.

El homo politicus aristotélico es el ciudadano que emplea la palabra libre en la deliberación colectiva. En su esfera privada se constituye como el administrador de las relaciones económicas de la casa familiar; en este sentido la praxis económica queda subordinada a la racionalidad deliberativa que cobra existencia en la esfera pública. El homo economicus desarrolla una racionalidad adquisitiva sin contemplar el bien común. El devenir de la política como forma organizativa de la vida en comunidad se encuentra signado, entonces, por un choque de racionalidades. Por esta razón podemos decir que el conflicto político expresa también la tensión entre distintos modos de vida económicos: por un lado el agrícola-autárquico, por el otro el comercial-lucrativo.

En relación con la propiedad de la tierra, el conflicto entre ricos y pobres, impone graves consecuencias políticas. La defensa de la propiedad privada que realiza Aristóteles se vincula íntimamente con la idea de fomentar el desarrollo de una clase media en términos de riqueza para lograr la estabilidad política. Al respecto dice Aristóteles: “hay que decir que una democracia existe cuando los libres ejercen la autoridad, y una oligarquía cuando los ricos, si además aquéllos son muchos y éstos pocos, ya que libres hay muchos pero ricos pocos. […] ni aunque libres, siendo pocos, manden sobre muchos y no libres, tendremos democracia. […] Sino que tendremos democracia cuando los libres y pobres, siendo muchos, tengan el control del poder, y oligarquía cuando los ricos y más nobles, siendo pocos”.63 Siguiendo la idea desarrollada en la EN que la virtud reside en el término medio entre dos extremos, uno por defecto, otro por exceso, Aristóteles concluye que la propiedad intermedia es la mejor de todas, ya que es la más fácil de someterse a la razón.64 El régimen político denominado como República es conceptualizado,

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V. Conclusiones: gobernabilidad

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en términos económicos, como una mezcla entre oligarquía y democracia, y se caracteriza por el desarrollo de una clase de ciudadanos que posee una fortuna media y suficiente. Y este es el fundamento económico para la consecución de la estabilidad y gobernabilidad política con miras a alcanzar la felicidad como bien práctico de la comunidad.

Estas apreciaciones finales exigen un giro reflexivo que vincule el pensamiento del estagirita con el devenir de la economía y la política en nuestro presente. Como hemos visto, la idea es que la pobreza extrema y una amplia brecha socioeconómica entre las clases ricas y pobres constituyen el principal factor de desestabilización de los regímenes políticos. Y quizás sea el vínculo entre pobreza y gobernabilidad democrática el más íntimo punto de contacto entre las preocupaciones de Aristóteles y los dilemas políticos de la Latinoamérica contemporánea. ¿Que clase de gobierno político es aquel incapaz de alimentar a sus ciudadanos? ¿Es posible la vida política de una comunidad cuando sus miembros no logran alcanzar la felicidad? Así, el pensamiento aristotélico es arrojado como una flecha al corazón de nuestro presente cotidiano. Todo cierre exige también una apertura. La conclusión abierta de este trabajo es sintetizada en este interrogante ¿es posible intentar una comprensión de los problemas cruciales de nuestro presente latinoamericano destacando la vigencia del pensamiento político de Aristóteles? ¿Cuáles serían los imperativos de una economía ética que permita el desarrollo de la política como medio para convertir la comunidad de destino latinoamericana en un lugar habitable para todos?

Referencias

1. El presente artículo ha sido desarrollado en el marco del proyecto de investigación: “La tensión entre economía y política desde la tradición y actualidad de la teoría política: Aristóteles, Marx, Schmitt y Rawls”. Proyecto UBACyT S819, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Director del proyecto: Dr. Miguel Ángel Rossi (mrossi@lorien-sistemas.com), Buenos Aires, Octubre, 2007.

2. Una versión previa de este trabajo fue presentado en las Primeras Jornadas de Ciencia Política de Río Negro, Universidad Nacional del Comahue - Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Carrera de Ciencia Política, del 11 al 14 de junio de 2008. Agradezco los comentarios y reflexiones críticas de los asistentes.

3. Para la cita de las obras de Aristóteles utilizo las siguientes formas abreviadas corrientes en la literatura especializada. Pol (Política) y EN (Ética Nicomáquea). La forma utilizada para citar pasajes es la siguiente: obra, libro, capítulo, número de parágrafo, número de línea. Las ediciones y traductores de las obras consultadas especificadas en la sección bibliografía son las siguientes: (Aristóteles, 1985; Aristóteles, 1994; Aristóteles, 1999a; Aristóteles, 1999b; Aristóteles, 2004).

4. Debemos apuntar que hablar de organización implica pensar en términos de relaciones, puesto que una organización no es una cosa o un objeto substancial; sino un fenómeno emergente resultante de la interacción e interrelación entre elementos heterogéneos. La idea de organización es una noción activa que permite vincular solidariamente el nivel de las partes o constituyentes, con el nivel de la totalidad o sistema. De este modo, los conceptos de parte, encuentro, interacción, organización y sistema se encuentran íntimamente unidos y es imposible pensar uno sin hacer referencia a los otros. En relación a la importancia de desarrollar un pensamiento organizacional en teoría política, véase mi artículo: “Hacia un análisis organizacional de la política. La polis griega en el pensamiento de Aristóteles como sistema complejo (Rossi, 2007).

5. Sobre el concepto de espacio de propiedades, Cf. Barton (1971).

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6. Me refiero fundamentalmente a los tres máximos exponentes de esta tradición: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau.

7. La teoría contractualista hace hincapié en la capacidad de la voluntad humana para la creación de un lazo social que aparece representado por la firma de un contrato, a través del cual los hombres deciden entablar vínculos entre sí como modo de superar un estado pre-social, el estado de naturaleza. Las características propias del estado de naturaleza y el rol del contrato para la fundación de la sociedad varían marcadamente de un pensador a otro. Para Hobbes en el Leviatán el estado de naturaleza es fundamentalmente un estado de guerra, donde hay un constante miedo y peligro de perecer por muerte violenta. Por el contrario, para Rousseau el estado de naturaleza es fundamentalmente el ámbito de la libertad y la igualdad, y es la sociedad la que pervierte al hombre, por ilustrar tan sólo algunos contrastes.

8. Pol, I, II, 1253a.

9. EN, I, 7, 1097b.

10. EN, I, 1, 1094a.

11. Pol, III, XII, 1282b.

12. EN, I, 4, 1095a15-20.

13. Cf. Guthrie (1993: 402-412).

14. Para un abordaje sintético y claro sobre la felicidad en Aristóteles y la noción de finalidad en la vida humana, Cf. Sante (2002: 17-36).

15. EN, X, 7.

16. Sobre la naturaleza de Dios discurre Aristóteles en Metafísica Λ, 7. 1072a20-1073a10. Allí Dios aparece como una actividad intelectual eterna: “El intelecto supremo que es para sí mismo su propio objeto, ya que es lo más perfecto que hay, y su intelección es intelección de la intelección”. Lo interesante a destacar es la soldadura antropo-cósmica entre la existencia del hombre y la organización del universo. Hay si se quiere un isomorfismo entre la cúspide del universo, Dios, principio de todo movimiento; y la actividad intelectual como la parte más excelente del alma humana que intenta imitar la existencia de Dios. Para un tratamiento breve sobre la cosmología aristotélica Cf. Dri (2000: 97130), un análisis más detallado se encuentra en Moreau (1972: 131-149).

17. Cf. Guariglia (1997: 174).

18. EN, I, 7, 1097b20.

19. La cita es tomada de una inteligente nota que introduce Palli Bonet en la traducción de la EN al castellano. Cf Nota 16 en Aristóteles (1985: 142).

20. El pasaje completo dice así: “el sabio, aun estando solo, puede teorizar, y cuanto más sabio, más; quizás sea mejor para él tener colegas, pero, con todo, es el que más se basta a sí mismo” EN, X, 7, 1177a30. Aristóteles al exaltar la superioridad de la vida contemplativa admite que el sabio también tendrá necesidad de las demás cosas necesarias para la vida: “siendo humano, el hombre contemplativo necesitará del bienestar externo” EN, X, 8, 1178b30-35.

21. EN, I, 7, 1097b5-10.

22. EN, IV, 9, 1169b15-20.

23. La argumentación de Heller es realmente interesante, muestra también el esfuerzo intelectual aristotélico por darle autonomía a la moral en relación con el conocimiento intelectual, cuestiones que en Platón se hallaban fundidas. Cf. Heller (1998:245-273).

24. Pienso concretamente en la situación biográfica de Aristóteles quien “pasó treinta años de su vida en Atenas como meteco, viviendo en la ciudad, pero sin los derechos de un ciudadano” (Guthrie, 1993: 33). Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno, conquistador de Asia que financió y apoyó su obra científica (Guthrie, p. 56). Tras la muerte de Alejandro y la pérdida de influencia del partido macedónico sobre Atenas, Aristóteles emigró hacia Calcis, en Eubea y murió en el año 322 a.C. 25. Enfatizo en bastardilla el término “virtualmente” por razones que se harán explícitas al tratar de la identidad económica del ciudadano, básicamente el hecho que la libertad política descansa en parte, en el reino de la desigualdad y dominación característico del ámbito privado.

26. Esta relación esencial entre naturaleza y humanidad que concibe Aristóteles ha sido olvidada por el pensamiento científico occidental. Sobre la relación entre naturaleza / cultura en la ciencia

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contemporánea Cf. Morin (1996).

27. Pol, I, II, 1253a.

28. Es por esta razón que Agnes Heller interpreta la ética aristotélica como algo inmanente al ser social ya que no puede haber un sentido del “bien” por fuera de la praxis humana. Cf. Heller (1998: 195-206).

29. Para Aristóteles todo objeto individual sensible (ousía) que existe de modo concreto en un aquí y ahora, es un compuesto de materia y forma. La materia es el sustrato, aquello de donde proviene y de lo que está hecha una cosa. La materia en sí misma es algo totalmente indeterminado, no tiene forma; por eso es concebida como potencia ya que puede adquirir virtualmente cualquier forma. En este sentido cada objeto del mundo sensible es distinguible por que posee una forma concreta (eîdos).

Mientras que la materia es potencialidad, la forma es actualidad, existe en una situación concreta, en un aquí y ahora. Para profundizar la doctrina aristotélica de la sustancia (ousía) Cf. Moreau 1972, (cap IV: 87-94) y (cap V: 95-101).

30. La idea que el hombre es “un animal que trabaja y habla” es sugerida por Ferruccio Rossi Landi quien propone el concepto de trabajo humano lingüístico: “las palabras, como unidades de la lengua, son productos del trabajo lingüístico; nos servimos de tales productos como materiales e instrumentos durante un trabajo lingüístico ulterior, con el cual se producen mensajes” Cf. Rossi Landi (1970).

31. Los estudios especializados en historia agraria han suscitado un acalorado debate académico acerca de la conceptualización más adecuada para comprender la labor agrícola de la tierra en la Grecia Antigua. Una corriente de estudiosos propone el concepto de granjero (farmer), otra la de campesino (peasant). Para los fines de este trabajo no profundizaré en una distinción analítica sustantiva y utilizaré ambas categorías como sinónimo precisando la distinción cuando resulte conveniente. Para una introducción detallada a estas cuestiones la obra de Gallego (2003a) es especialmente esclarecedora.

Para un abordaje rápido Cf. Gallego (2003a: 33-42).

32. Claude Mossé difiere en este punto con Finley; señala que en el contexto sociohistórico en que es escrita la obra de Jenofonte había propietarios terratenientes que buscaban la ganancia y el enriquecimiento personal a través de la agricultura; y en este sentido “el Económico revela ya una preocupación por la realización de un beneficio y por su acrecentamiento a través de una organización del trabajo lo más racional posible en el interior del dominio” Cf. Mossé (1980: 101).

33. Pol, I, II, 1253b.

34. Pol, I, VIII, 1256a.

35. Pol, I, VIII, 1256b.

36. Pol, VI, IV, 1318b1-2.

37. Pol, VI, IV, 1319a13-15.

38. Ret, I, 9, 1367a30-35.

39. Sobre la relación entre autarquía material y la libertad del hombre antiguo Cf. Mossé (1980: 6371).

40. Cf. Finley (2003: 238).

41. Cf. Garnsey (2003: 79) 42. Pol, I, IX, 1257a.

43. Cf. Wood (2003: 295).

44. Pol, VIII, II, 1337b.

45. Pol, VII, VI, 1326b.

46. Pol, VIII, III, 1337b.

47. Pol, VIII, III, 1337b.

48. Sobre la teoría del movimiento en Aristóteles Cf. Moreau (1972: 117-129); Guthrie (1993: 255288).

49. Cf. Supra Sección II. 50. Pol, IV, IV, 1291b.

51. Ste. Croix coincide en este punto, argumenta que “en el mundo griego y romano no se medía nunca la riqueza por los ingresos generales en dinero, ni se imponían contribuciones sobre ellos” Cf. Ste. Croix (1988: 139).

52. Pol, I, IV, 1254a.

53. Para un análisis del esclavo en cuanto objeto de propiedad, véase mi artículo “Propiedad y esclavitud en el pensamiento económico de Aristóteles” donde se analiza la teoría de la esclavitud natural propuesta por el estagirita en relación con la ontología social de dominación implícita en la relación amo-esclavo. Cf. Rodríguez Zoya (2007b), fundamentalmente sección V. 54. Para un tratamiento breve sobre el tema Cf. Finley (2003: 100-144), específicamente pp.100, 103 y 107. También hay un tratamiento sintético y bien conceptualizado en Austin (1986: 88-92).

55. Sobre el tema de la minería en el mundo griego Cf. Finley (2003: 233) y Austin (1986: 119).

56. Ste. Croix hace la distinción entre ambas, sin embargo en diferentes partes de su colosal obra llega a contradecirse. En la página 139 enuncia “el mundo griego y romano siguió siendo siempre lo que podríamos llamar en sentido lato una ‘sociedad esclavista’, en la que el trabajo no libre siguió siendo la principal fuente de explotación”. Luego en la página 161 afirma “No creo que sea técnicamente correcto llamar al mundo griego (y romano) ‘economía esclavista’; pero no pondré ninguna objeción seria si otros quieren utilizar tal expresión”. Aparece así una distinción entre los conceptos sociedad y economía esclavista. Sin embargo, parece entrar en contradicción cuando realiza el siguiente razonamiento: “El hecho que las clases de los propietarios del mundo griego y romano sacaran el grueso de su excedente de la explotación del trabajo no libre nos permite considerar ese mundo una ‘economía esclavista’” (p. 248).

57. Tal conceptualización aparece fundamentalmente en el capítulo IX y X de Política I. 58. Para una introducción sistemática y breve Cf. Austin (1986: 142-147).

59. Planteo aquí una simple analogía ilustrativa. Para el lector interesado en un análisis detallado del conflicto político de la Grecia antigua como expresión de la lucha de clases en sentido marxista, la obra de Ste. Croix (1988) es ineludible. Específicamente véase, Segunda Parte, Capítulo V, pp. 327-352.

60. El lector interesado en profundizar en las fuentes historiográficas sobre las cuales erguimos estos argumentos puede referirse principalmente a: Austin, 1986; Finley, 2000; Finley, 2003; Ste. Croix, 1988.

61. EN, I, 2, 1094b1.

62. EN, I, 2, 1094b5.

63. Pol, IV, IV, 1290b.

64. Pol, IV, XI, 1295b.

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Recibido: 30/03/09. Aceptado: 10/08/09.

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El cine en el Mercosur. El proceso de integración regional y las asimetrías de la industria cinematográfica Marina Moguillansky

resumen

summary

Este artículo discute las repercusiones del proceso de integración regional del Mercosur en el sector cinematográfico de los países miembro, a partir del análisis de las políticas nacionales y regionales que se han desarrollado desde su creación. Se describen las asimetrías estructurales y de políticas públicas en el sector cinematográfico entre los países miembro del Mercosur, especialmente marcadas entre los países grandes y los pequeños en todas las dimensiones consideradas. Luego, se analizan las iniciativas de políticas regionales que se han desarrollado en el Mercosur con el objetivo de paliar estas asimetrías en el sector cinematográfico: los acuerdos de co-distribución bilaterales, la creación de la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas del Mercosur (RECAM) y del Foro de Competitividad para el Sector Cinematográfico.

This article discusses the consequences of the Mercosur regional integration process on the cinema sector focusing on the analysis of national and regional cinematographic policies. We describe asymmetries in both the industrial structure and public policies between Mercosur members, especially relevant when comparing Argentina and Brazil with Uruguay and Paraguay. Then we analyze recent regional initiatives in cinematographic policies at the Mercosur, designed to reduce asymmetries: bilateral co-distribution agreements, the creation of a Special Reunion of Cinema and Audiovisual Authorities of Mercosur (RECAM), and the Competitiveness Forum for Cinematographic Industries.

palabras clave

keywords

política cinematográfica / integración regional / Mercosur

asimetrías

/

cinematographic policies / asymmetries / regional integration / Mercosur

temas y debates 18 / artículos / diciembre 2009

Mairna Moguillansky es Becaria Doctoral de CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM. Mail: mmoguillansky@fibertel.com.ar

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Introducción

Este artículo discute las repercusiones del proceso de integración regional del Mercosur en el sector cinematográfico de los países miembro1, a partir del análisis de las políticas nacionales y regionales que se han desarrollado desde su creación. Este tema cobra una nueva relevancia al ser directamente afectado por la posible modificación de la regulación audiovisual en Argentina, a través del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está siendo discutido actualmente en la Argentina. Se trata de un sector clave por su creciente importancia económica y por su rol político-cultural, a tal punto que ha sido uno de los puntos de conflicto suscitado en la firma del Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN) y en las rondas de negociación del GATS. Los tratados de integración regional existentes se han dado muy distintas configuraciones legales con respecto a las industrias culturales y el sector audiovisual en particular. La forma en que los bloques regionales lidian con las industrias audiovisuales se vincula con tres factores centrales: a) la estructura industrial de cada país; b) las políticas domésticas sobre el sector; c) las distancias culturales (Galperín, 1999). En este sentido, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Mercosur constituirían tres modelos diferentes de enfocar la cuestión de las industrias audiovisuales y la integración.

El caso del Mercosur supone un desafío para el análisis puesto que ha existido un vacío casi absoluto de políticas regionales para el sector audiovisual hasta el año 2003. Esta ausencia responde a la matriz típicamente latinoamericana en el área de las políticas culturales, que ha implicado una desatención sistemática hacia los sectores de consumo masivo y las industrias culturales.

Nuestro análisis de las políticas regionales en el sector audiovisual del Mercosur se centra en el problema de las asimetrías intrarregionales y sus expresiones en el mercado y las industrias cinematográficas. En el Mercosur existen asimetrías muy profundas que han dificultado la implementación de las metas de integración que se planteaba el proyecto. Esto se ha visto agravado por el contexto histórico que acompañó la gestación del proyecto del Mercosur, signado por el predominio de las teorías del regionalismo abierto de los años 80 y 90, que pusieron poco énfasis en la corrección de asimetrías, bajo el supuesto de que el gran beneficio del mercado ampliado era mucho mayor para los países pequeños que para los grandes. En este sentido, el Mercosur siguió la línea establecida en la Ronda Uruguay del GATT, que planteaba la ampliación de mercados y la reciprocidad de las negociaciones como aspectos centrales para el desarrollo económico.

El consenso de los años iniciales del regionalismo abierto –que para algunos era más bien neoliberalismo (Briceño Ruiz, 2003: 142)– confiaba en que la ampliación de los mercados sería un gran beneficio para los países pequeños. Esta creencia provocó una ausencia de políticas para afrontar las asimetrías estructurales entre países grandes y pequeños, ya que no se lo consideraba un problema. Dicho diagnóstico fue pronto desmentido por los problemas que encontraron distintos proyectos desarrollados bajo este esquema. Por un lado, las enseñanzas de la Unión Europea y su adopción de políticas de reducción de asimetrías colaboraron

Integración regional y asimetrías Las asimetrías pueden en términos generales clasificarse en dos tipos: a) asimetrías estructurales y b) asimetrías de políticas públicas. Las asimetrías estructurales son aquellas que no pueden modificarse a corto plazo, y en algunos casos sencillamente no pueden modificarse sino que a lo sumo se puede proveer un contrapeso: los contrastes geográficos, las diferencias de tamaños en la población, la economía, la riqueza, los mercados, diferencias de infraestructura, de desarrollo industrial sectorial o general, de desarrollo cultural, etc. Las asimetrías de políticas son aquellas generadas por las distancias entre los esquemas de políticas de distintos tipos: ya se trate de políticas fiscales o monetarias, de políticas de incentivos a la producción, subsidios públicos, políticas de financiamiento, etc. Las asimetrías de políticas pueden en muchos casos ser el resultado de asimetrías de recursos, a su vez vinculadas con las asimetrías estructurales. Es importante determinar el tipo de asimetrías que se enfrenta en cada caso, puesto que cada tipo de asimetría requiere una política diferente: para las asimetrías estructurales es necesaria una planificación a largo plazo coordinada a nivel regional, mientras que las asimetrías de política requieren armonización de las políticas nacionales.

I. Las asimetrías estructurales en el sector cinematográfico del Mercosur

Los países del Mercosur, como se ha dicho, presentan marcadas asimetrías estructurales que clasificaremos en las que se refieren al tamaño de los mercados cinematográficos y las que atañen al desarrollo de la industria cinematográfica.

Como ha sido establecido en la bibliografía, el desarrollo de la industria se ve condicionado por el tamaño del mercado interno.

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al proveer el ejemplo de un modelo de integración no limitado a la eliminación de barreras. Por otra parte, la integración iniciada en el Mercosur, la CAN y el NAFTA mostró los límites de la propuesta original.

A partir de la Ronda de Doha se empieza a considerar un modelo de integración más proactivo y vinculado al desarrollo, con prioridad en la reducción de asimetrías entre los países miembro. En consonancia con el cambio de clima de ideas, en los últimos años el Mercosur comenzó a evaluar políticas que atendían a las asimetrías existentes. Teniendo en cuenta las dificultades crecientes que se estaban enfrentando tras las sucesivas devaluaciones de la moneda brasileña desde el año 2000 y la crisis argentina, en la Cumbre de Montevideo del año 2003 se toman las primeras medidas destinadas a evaluar políticas que combatieran estas asimetrías.

En los últimos años además comenzaron a hacerse oír cada vez con mayor fuerza los reclamos de los países más pequeños, Uruguay y Paraguay. La ausencia de políticas compensatorias frente a las asimetrías, que se impuso durante la primera década del Mercosur, encontraría un límite en la necesidad de consensuar políticas para contener a estos países, frente a la política del bilateralismo norteamericano que resultaba tentadora para algunos de ellos.

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a) Tamaño de los mercados Los países miembro del Mercosur tienen mercados potenciales para el consumo de cine marcadamente asimétricos. Podemos en principio distinguir entre los dos países grandes (Brasil y Argentina) y los dos pequeños (Paraguay y Uruguay), pero además debemos tener en cuenta que entre los países de mayores mercados también existe una diferencia significativa por el mayor tamaño del mercado brasileño. Para la consideración del mercado cinematográfico en lo que a espectadores respecta debemos tener en cuenta dos cuestiones: el tamaño de la población y su disposición al consumo de cine. Una mayor población no se traduce automáticamente en un mayor consumo de cine: existen mediaciones vinculadas con la distribución del ingreso y con tradiciones culturales.

Tabla Nº 1 Principales indicadores de tamaño del mercado potencial cinematográfico en los países miembro del Mercosur Superficie (km2)

Población (miles)

PIB corriente 2006 (millones U$S)

PIB per cápita (U$S)

Argentina

3.761.274

39.356

211.669

5.378

Brasil

8.514.215

183.988

1.067.706

5.803

Paraguay

406.752

6.216

8.773

1.411

Uruguay

176.215

3.455

19.221

3.836

Total

12.858.456

235.860

1.307.369

4103

Fuente: INDEC, IBGE, Büttner (2007)

Las asimetrías entre los países del Mercosur son importantes en todos los indicadores considerados: territorio, población, producto bruto interno y producto bruto interno per cápita. La población es uno de los factores clave para evaluar el tamaño potencial del mercado cinematográfico y, en este ítem, Brasil tiene una población que supera en casi cinco veces a la argentina. Del mismo modo, la población de Argentina sextuplica a la de Paraguay. Este último país casi duplica a la población de Uruguay, pero como veremos en el siguiente apartado, la diferencia entre los países pequeños se ve muy matizada porque la capacidad adquisitiva promedio de la población uruguaya y su cultura cinematográfica se combinan para producir un consumo de cine por habitante muy alto.

Las asimetrías entre los miembros del Mercosur son también muy marcadas en lo que respecta al Producto Bruto Interno, donde nuevamente Brasil quintuplica el valor de Argentina, y el PBI argentino es diez veces el de Uruguay, que a su vez duplica el PBI paraguayo. Estas diferencias son centrales puesto que determinan

diferentes capacidades de inversión en políticas públicas de apoyo al sector cinematográfico.

Las asimetrías estructurales que estamos considerando se manifiestan en fuertes diferencias en los tamaños del público potencial para el cine, como veremos en la siguiente tabla.

Tabla Nº 2 Indicadores del tamaño del mercado cinematográfico en los países miembro del Mercosur en el año 2005 Espectadores anuales promedio en millones

Recaudación bruta en salas (miles de U$S)

Cantidad de salas

Índice de concurrencia persona/año

Argentina

36,6

80.345

999

0,97

Brasil

99,1

248.192

1.982

0,61

Paraguay

0,6

s/d

57

0,10

Uruguay

2,5

7.300

83

0,66

Total

138,8

335.837

3121

0,59

Las asimetrías son muy importantes considerando el tamaño del mercado cinematográfico de los distintos países del Mercosur. Brasil cuenta con el 71% de los espectadores de la región, con los cuales obtiene el 74% de la recaudación en salas de cine, a pesar de que el índice de concurrencia por persona no es muy alto (0,61). Además, Brasil posee el 63% de las salas de la región. A mucha distancia se ubica el mercado cinematográfico argentino, que presenta el índice más alto de concurrencia (0,97 entradas por persona por año), y cuenta con el 26% de los espectadores de la región. Esto quiere decir que entre Brasil y Argentina acaparan el 97% del mercado cinematográfico del Mercosur en términos de espectadores. Las pantallas de Uruguay, aún cuando este país presenta un alto índice de concurrencia y una importante cantidad de salas en relación con el tamaño de su población, sólo representan el 2% de la recaudación del mercado cinematográfico de la región. b) Desarrollo de la industria cinematográfica El desarrollo de la industria cinematográfica se ve fuertemente condicionado al tamaño del mercado potencial para sus productos, como ha sido demostrado en general por la bibliografía que estudia el desempeño de las industrias culturales. Como se trata de bienes cuyo costo inicial es alto y sus costos marginales tienden a cero, requieren grandes economías de escala para resultar rentables.

A continuación, veremos un cuadro con indicadores del tamaño respectivo de

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Fuente: OMA (2007)

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las industrias cinematográficas de los países del Mercosur, donde se comprueba que las asimetrías de los mercados son correlativas con las de desarrollo de las industrias del cine.

Tabla Nº3 Indicadores del tamaño de la industria cinematográfica en los países miembro del Mercosur Producción anual de películas (2005)

Estrenos anuales (2005)

Estrenos de películas nacionales (2005)

Cantidad de empleos en el sector (2000)

Argentina

41

245

65

36.000

Brasil

51

278

40

20.143

Paraguay

-

90

1

2

Uruguay

5

166

5

200

Total

97

799

111

56.343

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Getino (2007), INCAA, SICA, Filmes B, Mastrini y Becerra (2006) y sitio cinesparaguay

Si prestamos atención a la producción anual de películas en los países del Mercosur, podemos observar que las asimetrías son tan importantes que se cuenta representantes en tres de las cuatro categorías establecidas por la UNESCO: dos países de producción mediana (de 20 a 199 películas), un país de producción escasa (1 a 19 películas) y un país sin producción. Las asimetrías en la producción cinematográfica guardan estrecha relación con las asimetrías en los tamaños del mercado, descritas en el apartado anterior.

II. Asimetrías de políticas públicas en la cinematografía del Mercosur

Las asimetrías en políticas públicas referidas al sector cinematográfico en los países del Mercosur son también muy importantes y se vinculan con la existencia de tradiciones de producción y con el desarrollo del sector en cada país. Argentina cuenta con una larga historia de regímenes de protección a la industria cinematográfica, si bien se han alternado con períodos de apertura y liberalización de las regulaciones. Asimismo, en el año 1993 se sancionó la Ley del Cine (Nº 24.377) que es considerada una de las más avanzadas de América Latina, por cuanto instaló un mecanismo de financiamiento cruzado entre el cine y la televisión. Brasil también ha tenido una importante tradición de intervención estatal en la industria aunque menos acompañada por la formalización legal. Sin embargo, a partir de la Ley Rouanet y la Ley del Audiovisual, este país también cuenta con una legislación específica para el sector que establece mecanismos de subsidio a la producción.

Paraguay y Uruguay, en cambio, no cuentan con leyes específicas del sector. En el caso de Paraguay, el Ministerio de Cultura acaba de crearse y se encuentra todavía en una fase de inicio de sus actividades. El Uruguay sí cuenta con un Ministerio de Educación y Cultura y está discutiendo actualmente la aprobación de una ley de cine, pero hasta la fecha no posee legislación específica para el sector. a) Políticas de financiamiento a la producción cinematográfica Desde los inicios de la década de 1990, Argentina y Brasil renovaron sus legislaciones sobre el sector cinematográfico impulsando líneas de financiamiento para la producción de películas. A través de vías diferenciadas pero con resultados bastante similares, ambos países cedieron recursos públicos para subsidiar u otorgar créditos a la producción. En el caso de Brasil se trata de una legislación de fomento al mecenazgo que permite a las empresas descontar parte de los pagos de impuestos a través de la inversión en proyectos culturales. En Argentina, la Ley de Cine fijó impuestos que constituyeron el Fondo Cinematográfico con el cual se otorgan subsidios y créditos blandos para la producción cinematográfica. Entre los subsidios se distinguen los de “recuperación industrial” y los de “medios electrónicos”. La diferencia con respecto al mecanismo brasileño, es que en el caso argentino el Estado se reserva la potestad de seleccionar los proyectos en los que se invierten los fondos públicos, mientras que en Brasil son las propias empresas las que toman estas decisiones. En el siguiente cuadro resumimos las diferentes modalidades empleadas en los países miembro del Mercosur para financiar la producción cinematográfica a través de fondos públicos.

Subsidios

Incentivo fiscal

Créditos

Premios

Argentina

X

-

X

X

Brasil

X

-

X

Paraguay

-

-

-

-

Uruguay

-

X

-

X

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANCINE, INCAA y FONA

Argentina tiene mecanismos de otorgamiento de subsidios y créditos blandos, y cuenta también con concursos que brindan premios de diversa índole a los proyectos ganadores. En los últimos años se ha estudiado la posibilidad de implementar una ley de mecenazgo pero no se ha concretado por el momento. Brasil utiliza el incentivo fiscal como su principal mecanismo de financiamiento, permitiendo a las empresas descontar impuestos mediante la inversión en proyectos culturales.

Las principales protagonistas de esta política han sido empresas estatales como Petrobrás y el Banco do Brasil. Además, este país cuenta con premios otorgados a

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Tabla Nº 4 Subsidios y créditos a la producción cinematográfica en el año 1996-2006

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través de concursos de proyectos. No se ha implementado hasta el momento una política de subsidios ni créditos especiales para el sector.

En cuanto a los países más pequeños, la situación más crítica es la de Paraguay, que no cuenta con ninguna línea de financiamiento significativa para la producción de películas. Según Francisco Pérez-Maricevich (2003: 450) “en Paraguay no existen fuentes estatales ni privadas que inviertan en el audiovisual debido a que los costos son muy altos y muy difícil la recuperación de la inversión”. Debemos destacar, sin embargo, que actualmente se está promoviendo la formulación de una ley de cine para fomentar el desarrollo de la industria. Uruguay, por su parte, cuenta desde el año 1995 con un premio para la producción de ficción y documentales que ha dinamizado considerablemente su cinematografía. Además, en 1996 se estableció un régimen por el decreto 338/996 que permite al Poder Ejecutivo brindar incentivos fiscales a las empresas que contribuyan con proyectos culturales. En mayo de 2008, este país aprobó una nueva ley de cine que creará mayores fondos para el financiamiento de la producción cinematográfica.

Tabla Nº 5 Financiamiento público para la producción cinematográfica 1995-2005 (en miles de dólares) Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay

Total

1995

26674

s/d

0

10

26.684

1996

70.752

35.208

0

60

106.020

1997

95.812

s/d

0

240

96.052

1998

55.978

s/d

0

240

56.218

1999

27.276

50.906

0

180

78.362

2000

26.446

49.407

0

180

76.033

2001

36.255

45.756

0

180

82.191

2002

23.820

11.722

0

180

35.722

2003

40.338

17.289

0

0

57.627

2004

54.317

19.015

0

160

73.492

2005

58.593

21.282

0

174

80.049

Total

516.261

250.585

0

1.604

768.450

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANCINE, FONA y AFIP

Atendiendo a la distribución regional del dinero destinado al sector cinematográfico, nuevamente podemos constatar que existen grandes asimetrías en las políticas de financiamiento de la producción, consecuentes con las capacidades diferenciales en función del tamaño de los mercados, el desarrollo de las econo-

b) Cuota de pantalla La situación de los países miembro del Mercosur en cuanto a las políticas de establecimiento de cuotas preferenciales para la producción nacional en sus pantallas cinematográficas es muy asimétrica, reflejando las respectivas capacidades de producción de películas. Como vemos en el siguiente cuadro, Brasil y Argentina han implementado mecanismos para promover los estrenos y la permanencia en salas de sus películas, mientras que Paraguay y Uruguay no tienen políticas en ese sentido.

Cabe señalar que Paraguay y Uruguay no poseen cuotas de pantalla ni sería esperable que las establecieran en tanto no cuenten con la suficiente producción de cine nacional para proveer a las pantallas.

Brasil tiene desde hace años cuota de pantalla para proteger su producción. Desde la creación de ANCINE en el año 2003, se reformuló el sistema de cuota de

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mías y el de la industria cinematográfica en particular. En principio, Brasil duplica la inversión que realiza Argentina en financiamiento de la producción. Pero las asimetrías son mayores si contrastamos la situación de los dos países mayores con la de los menores: aquí requeriríamos verdaderamente de un concepto más radical; tan grande es la diferencia entre Brasil y Argentina, que juntos explican el 99,8% de la inversión pública en financiamiento de la producción cinematográfica de la región, y los dos pequeños, Paraguay y Uruguay, que cuentan sólo con el 0,2% restante. En el caso de Paraguay, como ya mencionamos, no hay financiamiento alguno; en el Uruguay, hay una línea de premios que, si bien es modesta, ha tenido cierto impacto en la industria de ese país. Ambos países recurren a estrategias de coproducción y a fondos internacionales para poder producir alguna obra cinematográfica.

En efecto, los países más chicos del Mercosur se ven en una situación muy asimétrica ya que prácticamente no cuentan con financiamiento para la producción cinematográfica. Aún así, se puede diferenciar a Uruguay por algunos avances que han realizado en la dirección de establecer apoyo estatal a la producción. En este país se creó en el año 1994 el Instituto Nacional Audiovisual (INA), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura pero no cuenta con un presupuesto que le permita establecer subsidios o créditos para la cinematografía. Uruguay además participa del Programa Ibermedia pero ha tenido dificultades en afrontar el pago de la cuota, por lo que estuvo cerca de ser sancionado con la suspensión de sus proyectos. Desde el año 19962, en Uruguay se comenzó a implementar un premio para la realización de películas que, a pesar de ser bastante limitado en su magnitud, ha permitido dinamizar la producción. Se trata del Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional (FONA) creado por la Intendencia Municipal de Montevideo; el mismo canaliza aportes privados, de la comuna y del Ministerio de Educación y Cultura. Por último, el parlamento uruguayo está pronto a aprobar la Ley de Cine y Audiovisual3 que creará el Instituto de Cine y Audiovisual de Uruguay; establecerá un fondo anual de un millón de dólares para fomentar la producción

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pantalla para el cine nacional a través de resoluciones anuales que fijan el número de títulos y la cantidad de días que deberá estar cartel, en cantidades graduadas según la cantidad de salas que posea el establecimiento. El mínimo es de 28 días anuales y dos títulos brasileños por sala, luego estas cantidades aumentan progresivamente. Cada año se va estableciendo por decreto de ANCINE el mínimo de días y la cantidad de títulos que deben estrenarse, según estudios técnicos que realiza esta agencia estatal.

Tabla Nº 6 Mecanismos de protección de la producción cinematográfica nacional en los países del Mercosur (2007) Cuota de pantalla

Media de continuidad

Días

Argentina

X

X

Brasil

X

Paraguay

-

-

-

Uruguay

-

-

-

X

Fuente: síntesis del cuadro elaborado por Getino (2007)

Argentina cuenta con cuota de pantalla desde el año 2004, fecha en que se reglamentaron la cuota de pantalla y la media de continuidad4 previstas en la Ley del Cine (17.741/95). La cuota de pantalla establece que cada sala de cine estrene una película argentina por trimestre. La media de continuidad indica un mínimo porcentaje de la sala por encima del cual la película no puede ser retirada de cartel.

Pero en poco tiempo se tornó evidente que los exhibidores no estaban cumpliendo con estas exigencias y que las medidas les dejaban mucho margen de acción.

Ello dio lugar a una nueva política de intervención en la exhibición por parte del INCAA5, que con la gestión de Jorge Álvarez aprobó una resolución que introduce varias novedades: 1) la cuota de pantalla se ajusta contemplando distintos tipos de películas según la cantidad de copias con las que se estrenan; 2) se crea un circuito alternativo de exhibición por el cual el INCAA alquila determinadas salas y garantiza la permanencia por dos semanas para las películas que se estrenan con menos copias; 3) establece un calendario de estrenos de películas nacionales; y 4) crea una “Comisión de Aplicación y Autorregulación de la cuota de pantalla” con representantes de los productores cinematográficos. Estas iniciativas han generado mucho debate en el sector y airadas protestas de los exhibidores multipantalla, a pesar de que algunos analistas señalan que: “se trata del sistema más benévolo para el exhibidor como forma de regulación. En otros países se los obliga a ocupar una cantidad de días al año con cine nacional funcione éste o no. Aquí, en el caso de no alcanzar la película la media de la sala, la misma baja de cartel” (Arias, 2005).

Consecuencias del escenario asimétrico en el sector audiovisual El resultado de las asimetrías estructurales y de políticas que hemos descrito en los sectores audiovisuales de los países del Mercosur genera una situación poco propicia para la integración y la cooperación. El subdesarrollo de los mercados en Paraguay y Uruguay desincentiva las estrategias de circulación de obras audiovisuales en estos países, así como el desarrollo autónomo de producción cinematográfica. A su vez, debemos tener en cuenta que, como demuestran distintos estudios sobre cultura audiovisual, el consumo de imágenes propias es más atractivo para la población, tiene efectos positivos en términos identitarios y además mejora en general la performance de la industria cinematográfica. En ese sentido, la carencia de cinematografías propias desperdicia la potencial ventaja doméstica y limita el interés de los espectadores por el cine, reforzando la situación de inactividad.

Por otra parte, como veremos en el siguiente apartado, las enormes asimetrías existentes entre Brasil y Argentina por un lado, y Uruguay y Paraguay por el otro, tornan difícil la implementación de políticas de coordinación e integración cinematográficas como la coproducción o codistribución, puesto que requieren de una contrapartida en muchos casos inexistente, o bien la cuota de pantalla regional que despertaría muchas resistencias en los países pequeños.

La ampliación del mercado potencial para las cinematografías de los países del Mercosur es un beneficio muy importante que podría permitir economías de escala para mejorar la rentabilidad de la actividad industrial. Sin embargo, como ha quedado demostrado en la experiencia de este proceso de integración, ello no es suficiente. Las asimetrías de la región se suman a la configuración del mercado cinematográfico a nivel internacional, en el cual la hegemonía de las majors norteamericanas y sus estrategias de integración y concentración sin límites han generado barreras de entrada muy difíciles de sortear (Moguillansky, 2007).

Desde el año 2003, los países menores del Mercosur comenzaron a plantear quejas por las asimetrías existentes en la región y por la escasísima atención que se les venía prestando en términos de políticas. Una de las principales respuestas que obtuvieron fue la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Según los analistas, la aplicación de políticas de discriminación negociada y fondos regionales es muy problemática en el Mercosur porque este bloque reúne a “países de bajos ingresos, con problemas distributivos internos, porque se otorga poca relevancia a las consideraciones de cohesión, y porque existen fuertes resistencias a delegar competencias estatales” (Bouzas, 2005).

En el caso del sector cinematográfico, no se han diseñado políticas específicas para solucionar los problemas generados por las asimetrías entre los países de la región. En realidad, los avances en políticas culturales regionales han sido bastante modestos, aunque se crearon instituciones específicas para el sector cinematográfico y se diseñaron numerosos proyectos.

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III. Algunas políticas implementadas en el Mercosur para corregir las asimetrías

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La Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas (RECAM) La primera decisión intergubernamental para la creación de la RECAM fue adoptada por el Grupo Mercado Común en Montevideo, en diciembre de 2003, considerando “la conveniencia de establecer un foro destinado al análisis y desarrollo de mecanismos de promoción e intercambio de la producción y distribución de los bienes, servicios y personal técnico y artístico relacionados con la industria cinematográfica y audiovisual en el ámbito del MERCOSUR” (Getino, 2006).

En el marco de la RECAM se desarrollaron diversas iniciativas: se emprendió un estudio de los obstáculos a la circulación de obras cinematográficas intra-Mercosur; se promovió y/o apoyó la generación de leyes del cine en Paraguay y Uruguay; se fomentó la realización de festivales de cine del Mercosur; se fomentaron acuerdos de co-distribución, como el que firmaron el Brasil y la Argentina en el año 2004; y se promovió la creación de un Foro de Competitividad para el sector cinematográfico.

Esta última iniciativa, el Foro de Competitividad del Cine, es aún muy reciente para ser evaluada, pero ha despertado entusiasmo en los actores interesados. Los Foros se crean en el ámbito del Programa de Foros de Competitividad de las Cadenas Productivas del MERCOSUR creado por el Consejo Mercado Común (CMC), para aprovechar las ventajas comparativas de los países miembros y para mejorar la competitividad global. En el año 2007 se creó el Foro de Competitividad del Sector Cinematográfico y en el año 2008 tuvo su primera reunión, de la que no han trascendido resultados.

Conclusiones

Hemos comprobado que entre los países del Mercosur existen fuertes asimetrías estructurales que parten del tamaño geográfico y del desarrollo económico mucho mayor de Brasil y Argentina con respecto a Uruguay y Paraguay. Estas diferencias de base se expresan en las grandes diferencias que se constatan también en cuanto a los mercados cinematográficos y en el desarrollo de las industrias audiovisuales, y además en la capacidad para implementar políticas públicas para el fomento de la actividad en la financiación de la producción cinematográfica, en la estructura legislativa y en la existencia de cuotas de pantalla. Las posibilidades de los Estados para financiar la producción cinematográfica son una expresión muy visible de las asimetrías internas de la región.

De esta manera, las asimetrías existentes se conjugan generando un escenario de escasa interacción entre los respectivos mercados cinematográficos (y unilateralidad de las exportaciones de los grandes hacia los países pequeños) desincentivando las iniciativas de integración y desperdiciando las potencialidades del mercado regional. Esta situación confluye con la configuración del sector cinematográfico a nivel mundial, con fuertes barreras de entrada y que impone la necesidad de economías de escala y de altas inversiones en la producción, tornan estratégica y necesaria la unificación de políticas cinematográficas en el Mercosur. Las iniciativas desarrolladas hasta el momento en el Mercosur han sido insuficientes y poco efectivas, en parte debido a que no han logrado atender a las asimetrías como obstáculos para la integración.

Referencias

1. En este trabajo nos limitaremos a considerar como países miembro a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Debido a lo reciente de la incorporación de Venezuela al Mercosur (que todavía no ha sido aprobada por el Parlamento brasileño) no hemos analizado su situación, así como tampoco hemos incluido a Bolivia y Chile, países asociados.

2. El FONA se creó en 1995 y el primer concurso se realizó en el año 1996.

3. A la fecha de redacción de este trabajo, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y aguarda tratamiento en la Cámara de Senadores.

4. A través de la Resolución 2.016, del 28 de junio de 2004.

5. Esta nueva política de regulación entró en vigencia el 1 de septiembre de 2006.

Bibliografía

Recibido: 27/03/09. Aceptado: 10/06/09.

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R. BOUZAS (2005), “MERCOSUR: Regional governance, asimetrías e integración profunda” en Foro INTAL. J. BRICEÑO RUIZ (2003), Las teorías de la integración regional, Mérida, Universidad de Los Andes.

J. BÜTTNER (2007), “Instrumentos de combate a las asimetrías regionales: el Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM)”, presentado en el XIV Fórum Brasil-Europa.

H. GALPERÍN (1999), Cultural Industries Policy in Regional Trade Agreements: The Case of NAFTA, the European Union and MERCOSUR, Media, Culture, & Society 21.

O. GETINO (2006), “Negociación e integración en el sector cinematográfico y audiovisual en los países del Mercosur. Antecedentes y experiencias” en www.recam.org G. MASTRINI y M. BECERRA (2006), Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. Buenos Aires, Prometeo.

M. MOGUILLANSKY (2007), “¿Un cine global? Las transformaciones recientes en el mercado cinematográfico” en VII Jornadas de Sociología de la UBA, noviembre, Buenos Aires.

OMA (2007), Aproximación al mercado cinematográfico del Mercosur. Período 2002-2005, en www.oma.recam.org F. PÉREZ-MARICEVICH (2003), “Informe sobre la situación de las industrias culturales en el Paraguay” en Indústrias Culturais no Mercosur, Brasilia, IBRI. RECAM (2004), Industria audiovisual uruguaya, en www.recam.org T. SCHEMBORI y J.C. MANEGLIA (2003), “La industria audiovisual en Paraguay” en www.recam.org UNESCO (2001), Encuesta sobre cinematografías nacionales, en http://www.unesco.org/culture/ industries/cinema/html

107

Hacia un sistema de co-responsabilidad penal juvenil situado Osvaldo Marcón

resumen

summary

A partir de la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el modo en que el Estado debe reaccionar frente a delitos cometidos por ciudadanos menores de edad es objeto de discusión. El Garantismo se presenta, a través de la idea de la responsabilización penal, como solución universal que, así, no contempla singularidades locales y atenta contra su pretensión garantista originaria. Dado que abre posibilidades a nuevas formas de tutelarepresiva es necesario profundizar la discusión, detectando contradicciones y evitando dar por naturales algunos dominios conceptuales hegemónicos. No se trata de un problema solamente jurídico sino que está relacionado con un proyecto de Nación.

The way in which the State should deal with crimes committed by minors has been subject to discussion since the Convention on the Rights of the Child enforcement. The concept of garantismo viewed from the idea of criminal liability is introduced as a universal solution that disregards unique local features; restrains the original guaranties to be protected; and, leads to possible new ways of repressive guardianship.

Therefore, it is necessary a deeper discussion in order to detect contradictions and avoid the naturalization of certain hegemonic conceptual domains. This is not a question including just legal issues; it also involves a Nation project.

palabras clave

keywords

delito / jóvenes responsabilidad

/

derechos

/

penas

/

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Osvaldo Marcón es profesor de la Escuela de Trabajo Social de Santa Fe y de la Universidad Adventista de La Plata.

Mail: omarcon@arnet.com.ar

crime / youth / rights / penalties / liability 109

1) Acerca del objeto en discusión

En gran parte del mundo, y particularmente en la República Argentina, algunas discusiones tomaron nuevas formas desde que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) fue emplazada como marco regulador de las políticas públicas para la niñez. Distintas ideas pasaron a ser consideradas anacrónicas frente a otras, ahora novedosas. En dicho contexto cobra centralidad el esfuerzo por proporcionar a todo niño un tratamiento estatal no violatorio de distintas garantías constitucionales, posición que es acompañada por diversos colectivos profesionales pues excede ampliamente lo estrictamente jurídico para constituirse como dimensión ideológica, política y teórica, entre otras.

La que podríamos denominar lógica previa a la CIDN es recordada, aunque no excluyentemente, señalando con énfasis distintas intervenciones que judicializaban tanto al niño en situación de riesgo1 como al niño que, estando o no en dicha situación, protagonizaba hechos penalmente tipificados (delitos). En este contexto, exponiendo legalmente la pretensión de proteger a los sectores infantiles socialmente vulnerados, el Estado promovía acciones tutelares que llevaba adelante haciendo uso de su fuerza. Generaba así un esquema de funcionamiento que algunos autores denominaron tutelar-represivo pues el primer componente (tutelar) adquiría un carácter residual frente el segundo (represivo) que ganaba en omnipotencia. Tanto los niños pensados como objeto de compasión por su situación social como aquellos que cometían delitos eran tratados de igual manera. Con esta lógica apareció cierta re-victimización centrada en distintas formas y grados de privación de la libertad ambulatoria que tomaba cuerpo en instituciones de internación corrientemente conocidas como asilos, orfanatos o institutos, entre otras denominaciones utilizadas. Así se configuró la mencionada matriz de pensamiento también denominada “compasiva-represiva” (García Méndez, 2006: 1), caracterizada por la combinación de una pretendida protección que muta en reprimenda social al ser aplicada, cuando no lo es en su origen mismo.

Se advierte que ante esta expresión de la cuestión social o –dicho de otro modo– ante la sociedad expresando “el enigma de su cohesión” (Castel, 2004: 20) a través de la niñez socialmente excluida el Estado reaccionaba con la fuerza judicial.

La lógica de la CIDN propone retirar dicha fuerza aplicada sobre esta forma de exclusión social para, en su lugar, impulsar la intervención a través de políticas sociales. Esta estrategia está particularmente referida a la situación de los niños que expresan la mencionada problemática de cohesión social sin llegar a exteriorizar actos penalmente tipificados. Pero para aquellos niños que aún formando parte de la misma expresión cometen delitos, la reacción estatal es otra. Se construye un objeto específico de intervención asentado en la punibilidad como factor decisivo, por lo que dicho objeto tiende a ser caracterizado como penal. Unas edades particulares y unos hechos específicos, en condiciones también especiales, harán que el niño pueda ser penalizado pero para ello debe garantizársele un proceso judicial justo, lo que equivale a decir adecuado según las garantías constitucionalmente vigentes para los adultos.

Causalidad compleja mediante, el debate ensancha toda su fuerza en la construc-

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ción de estos dos caminos: Los ‘niños pobres’ deben ser objeto de las políticas sociales y los ‘niños delincuentes’ deben ser objeto de la intervención penal. Estas dos tendencias simultáneamente resisten, con cierta nitidez, toda posibilidad de bifurcación de esos caminos que podría compatibilizarse con cierta complejidad causal. Por ejemplo, casi no se piensa en términos de ‘niños en situación de pobreza’ como tampoco se admite que, en realidad, el camino penal también está generalmente referido a ‘niños en situación de pobreza’. La mayor parte de los actores del sistema corrientemente dicen saber que el sistema judicial capta mayoritariamente a niños pobres2 pero esto no se plasma en las distintas conceptualizaciones. No se admite, entonces, que así dadas las cosas se discute respecto de una abstracción –los ‘niños delincuentes’– sin que tenga lugar la problematización de la misma para reconocerlos, reiterando el ejemplo utilizado, como ‘niños en situación de pobreza’.

Ahora bien ¿qué importancia puede tener esta caracterización? Se trata de un aspecto decisivo pues las garantías constitucionales varían substancialmente según las condiciones en las cuales se piensa su ejercicio. Enhorabuena, es la preocupación por la vigencia de estas garantías la que motoriza los aspectos positivos de las aludidas transformaciones. Sin embargo, no se trata de leyes (normas jurídicas, en este caso) que inexorablemente, y con prescindencia de los contextos, resultarán eficaces asegurando con ello un trato igualitario de todos los ciudadanos. El propio Luigi Ferrajoli (1995), en su ya muy conocida obra “Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal”, manifiesta su preocupación entre, por un lado, lo que puede llamarse cierta especie de “Garantismo Teórico” y, por otro lado, el “Garantismo Real”. Esto es así por diversas razones pero fundamentalmente porque las ciencias del campo jurídico, parte constitutiva de las ciencias sociales, no pueden “producir conocimientos que expresen relaciones invariantes que regulen los fenómenos humanos” (Heler, 2005: 91). Las condiciones en que se producen y/o reproducen dichas relaciones transforman a estas últimas en variantes alterando, inclusive, la posibilidad de materialización de las mismas. Por ejemplo, a un niño que no esté en situación de pobreza es más factible garantizar una defensa técnicamente adecuada pero ¿podría sostenerse esto respecto de un niño en situación de pobreza? Como se sabe en estas sociedades, con estas formas de capitalismo y –entonces– con estas formas de producción y consumo quien dispone de recursos económicos puede contratar servicios de mayor calidad por lo que aumentan sus posibilidades de éxito.

Se advierte así cuán importante es reconocer la necesidad de diversificar los enfoques para superar, inclusive, cierto amesetamiento3 en la producción de conocimiento que abona las prácticas institucionales. Pareciera operar un supuesto según el cual formuladas las invariantes sólo resta esperar que ellas actúen con la eficacia de –por ejemplo– aquella ley de la Física según la cual los objetos se atraen entre sí con fuerza constante lo que posibilita, según lo formulara Isaac Newton (1643/1727), que todo objeto en caída libre lo haga con la fuerza gravitatoria de la Tierra. Recordemos, en esto de subrayar la variancia de las invariancias, que aún en el campo de la Física la teoría de Newton fue revisada por Albert Einstein (1879/1955) mediante la Teoría de la Relatividad General, crítica que forma parte de un proceso al que se suman los hallazgos de la denominada Física Cuántica, más otros significativos aportes como la Teoría del Caos

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que encuentra a su principal precursor en Ilya Prigogine (1917/2003). Pues bien, si ni siquiera el más duro de los campos –el de la Física– logra ser conocido a través de ideas invariables ¿cómo pretenderlo para esta porción de las ciencias sociales?

Esta lógica seduce bajo la promesa de lograr la eficacia taxativa de las garantías constitucionales prescindiendo de las particularidades situacionales. He aquí parte del núcleo duro en el que se asienta la arquitectura de este trabajo.

El mencionado amesetamiento no implica que nada se desarrolla sino que lo que se produce no avanza significativamente en los aquí anhelados términos de diversificación, particularmente con relación a la intervención penal sobre los referidos sectores de la niñez. Este trabajo intenta llamar la atención respecto de aspectos de esta cuestión desde un plano evaluativo aún cuando la forma que dicho proceso adquiere incorpora, necesariamente, algunas consideraciones de orden prospectivo, particularmente hacia el final del artículo. Recurriremos para ello, en primer lugar, al trascendente aporte de Mario Casalla mediante la categoría conocida como universal situado.

2) La cuestión en coordenadas históricas

Avancemos en este recorrido trayendo a colación que el proceso de globalización nos coloca frente a la potencialidad del globalitarismo (Casalla, 2004a: 80) entendido como potencial peligro imperialista de rango planetario. En concordancia con tal afirmación se advierten mutaciones en diversos órdenes de lo conceptual con impacto, claro está, en el orden de lo real. Podría decirse inclusive que varias de tales mutaciones son condición necesaria de dicha tendencia globaritarista. Las variaciones en la producción capitalista (del fordismo al post-fordismo), el neo-avance del ideario liberal en sus dimensiones política, económica, cultural y civilizatoria, o sea la profundización del “individualismo contemporáneo” (Lipovetsky, 1995: 5), son ejemplos de dimensiones en las que se observa unidad substancial entre algunos conceptos cotidianamente dominantes y la globalización en tanto situación macro.

De forma más o menos explícita estas transformaciones promueven ideas-fuerza que participan activamente en el desarrollo de distintos contextos. Éstos, a su vez, consolidan aquellas mutaciones estableciendo un orden simbólico instituyente de lo social. Al respecto recordemos, en términos de Castoriadis (1993: 118), que “la institución de la sociedad es institución de un mundo de significaciones que es, evidentemente, creación como tal y creación específica en cada momento”. Cual levaduras que actúan sin prisa pero sin pausa dichas mudas conceptuales preparan el terreno en el que germinan distintos idearios y son, simultáneamente, fieles herramientas para la labranza ideológica. Se observa así la eficaz construcción de un “orden simbólico” (Casalla, 2004a: 77) que funciona cual “ficción orientadora” en los términos enunciados por Nicolás Shumway (1993) a quien citaremos nuevamente más adelante.

Como se adelantara en este trabajo, de tales ficciones orientadoras nos interesa una en particular, atrapada bajo la idea de la “responsabilización penal juvenil”.

A primera vista se la asocia con el campo de lo jurídico pero si bien es innegable

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dicha pertenencia también es innegable su participación en un substrato civilizatorio que posibilita tal modo de pensar. Digamos que si tal ficción formara parte de un conjunto de invenciones coherentes entre sí, constitutivas de un proyecto integral e integrado situacionalmente a la realidad latinoamericana, estudiaríamos la posibilidad de darle la bienvenida. Sin embargo se trata de una ficción impuesta desde un orden con pretensiones universalistas que, entonces, hace de la responsabilización un artefacto extranjero.

La relevancia de esta idea se potencia si coincidimos con lo escrito por Shumway en “La invención de la Argentina”. Allí pone en evidencia cómo es que históricamente se advierte en los países de la América hispánica un importante déficit en la construcción de ficciones orientadoras que den cuenta de sus específicas realidades.

Precisamente escribe que “en Europa, y hasta cierto punto en los Estados Unidos, los mitos de nacionalidad sobre los que podían construirse las naciones existían antes de que se formaran las naciones mismas” (Shumway, 1993: 20). Refiere como ejemplo, en el caso de EE.UU., la transformación de importantes postulados religiosos en convicciones de alta eficacia en el orden de la organización social y productiva. Argentina por su parte, como otros países latinoamericanos, prolongó los estrechos lazos sociales, políticos e ideológicos con España por lo que las ideas propias de nacionalidad recién tomaron forma en el siglo XIX. En esta época un cuerpo diversificado de ideas nacionalistas (Artigas, Rosas, Güemes, entre otros) constituyó un primer esbozo de ficción orientadora. Otro, visiblemente más estable, se conformó en torno al pensamiento liberal del que Sarmiento y Mitre fueron significativos exponentes. Estos últimos pensaban desde Buenos Aires teniendo a Europa y EE.UU. como modelos a imitar. Por ello forjaron un conjunto de ideas rectoras altamente excluyentes, y signaron a sus enemigos como bárbaros, enemigos del progreso e inclusive racialmente inferiores. Los primeros (nacionalistas), más diversos en sus formulaciones y en ocasiones contradictorios, no llegaron a oponerse a los segundos (liberales) desde una idea unificada. Por ello la primera versión de un proyecto nacional será la de la Generación del 80, expresión triunfante del liberalismo como ficción orientadora.

Resulta indispensable tener presentes tales trazos históricos para ensayar respuestas a una multiplicidad de expresiones sociales que, bajo distintas fachadas, se mantendrán hasta fines del siglo XIX y –aunque en ocasiones reconfiguradas– durante el siglo XX y lo que va del XXI. Es en aquel periodo (s. XIX), dominado por las políticas inmigratorias orientadas a mejorar la sangre criolla con cultura europea, que se gestan las protoformas de la matriz de pensamiento que luego se identificaría como “compasiva-represiva” (García Méndez, 2006: 1) o, dicho en otros términos, la ideología tutelar-represiva. De acuerdo a lo esbozado en el primer punto de este artículo, se trata de formas de intervenir sobre la situación de las infancias socialmente excluidas que, al crecer demográficamente los grandes centros urbanos, se transforman en una preocupación pública, altamente visible, de la que ya no pueden dar cuenta las formaciones sociales de caridad y/o beneficencia.

La tarea de éstas es entonces tomada por el Estado cobrando centralidad –ya en el siglo XX– su herramienta jurídica por excelencia conocida como Ley Agote o

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Ley del Patronato del Estado. Estas intenciones aparentemente benévolas dieron lugar a diversas prácticas de conculcación de derechos. La creación de instituciones de gran tamaño para el alojamiento de estos niños generaron una diversidad de sombrías realidades homologables a las identificadas en el ya clásico texto “Internados” (Goffman, 2004). No es necesario abundar en detalles pero baste con mencionar que en dicho esquema era vulnerado mucho más que el derecho a la libertad ambulatoria.

Estos niños ocupaban, en la ficción orientadora dominante, el lugar de lo no deseado, lo no tolerado, lo no aceptado. Quizás podríamos decir que, ya desde antes de la Ley Agote, ocupaban el lugar de los pequeños bárbaros destinados a ser los grandes bárbaros del mañana. En estos pequeños bárbaros latía la condición mestiza. Mezcla de hábitos venidos de los barcos (inmigrantes), con más historias negras e indígenas, dieron lugar a realidades locales ante las cuales la visión liberal, admiradora de Europa y EE.UU., nunca fue capaz de encontrar respuestas en términos de construcción de una ficción situada. El ya citado Shumway devela cuántas dificultades hubo –y sigue habiendo, decimos aquí– para comprender lo autóctono desde categorías con pretensiones universales. En tono de ‘pie de página’ citemos, en relación a las dificultades para comprender lo autóctono, un pasaje en la obra de Shumway (1993: 29): “tan atractivo era el modo de vida despreocupado de los gauchos que en 1807, durante la ocupación inglesa de Buenos Aires, 170 soldados ingleses desertaron para vivir entre ellos”. He allí un holograma del cortocircuito intercultural que venimos tratando de abordar. ¿De qué responsabilidad en general hablamos y, en particular, qué responsabilidad penal juvenil es la exigible dada nuestra especificidad situacional? ¿Cómo es que productos altamente regimentados (militares ingleses) caen seducidos ante la ‘holgazanería” criolla? ¿Qué significaciones laten en términos culturales?

3) La necesidad de situar la cuestión

La admiración por el modo de ser europeo (y norteamericano) de aquella ficción orientadora liberal no surge casualmente. Por el contrario, forma parte de un proyecto más abarcador, de origen no latinoamericano. La propia Europa se consideraba a sí misma como un “modelo universal para todas las culturas” (Casalla, 2003: 235). Esta pretensión se asentaba en la firme convicción respecto de un supuesto mandato racional que le era propio y la diferenciaba de pueblos sin este substrato. Dicho de otro modo, domina la idea de que otros pueblos “carecerían de ese télos racional que sólo Europa representa y patentiza” (Ídem: 237). Es en medio de dicho contexto histórico que en Argentina la Ley Agote opera como porción de una ficción que no da cuenta de las singularidades locales. Y es en dicho lugar simbólico donde lo tutelar adquiere su paradojal significación represiva.

Queda abierto un conjunto de preguntas cuyas respuestas no ensayaremos pues nos alejarían del eje: ¿pudo ser, en otra situación, no represivo lo tutelar? Sabemos que este concepto –la tutela– remite en ciencias sociales a figuras que contradicen la promoción de la autonomía del Sujeto Social y, en particular, sus Derechos Humanos pero ¿en qué contextos?

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Dejemos abiertas estas preguntas y volvamos a la cuestión de la responsabilización penal juvenil. Se trata, en el aquí y ahora, de una construcción conceptual asentada sobre la idea de obtener respuesta, o de que el sujeto responda, como eje genérico que con cierta regularidad es reforzado desde diversos órdenes institucionales (organismos internacionales, cientistas significativos, empresas privadas, grandes medios de comunicación, entre otros). Pero esta construcción también se rejuvenece cotidianamente pues, a primera vista, dicha exigencia pareciera indiscutible: es obvio que todo ciudadano debe ‘ser responsable’ en medio de un conjunto de ideas instaladas sin discusión pero que, a poco de ser problematizadas, exhiben su parentesco con aquella ficción orientadora liberal. Pero entonces ¿qué implica pensar esto en nuestra situación? ¿Se trata de un discurso responsabilizante que favorece el desarrollo de un orden social más justo o, por el contrario, tiende a cristalizar sus actuales deficiencias? ¿Es ‘justo’, paradójicamente, depositar en dicha categoría conceptual la ‘responsabilidad’ de transformar o, al menos, mejorar el actual estado de cosas? Y más aún: ¿es factible la responsabilización plena de sujetos, grupos o comunidades, con estas particularidades locales pero en función de credos con pretensiones universalistas? ¿Pueden y deben los jóvenes ‘hacerse responsables’ de lo que les sucede y/o de lo que supuestamente ‘ellos provocan’? ¿En qué grado? ¿Cuáles son las cotas de esta responsabilización? ¿Y qué respuestas corresponde discutir para la situación de jóvenes que han ingresado en un campo de conflicto para con ‘el orden jurídico-penal? ¿Se trata, en definitiva, de un sistema de ideas idóneo para intervenir en nuestra realidad sin problematización previa? En definitiva, ¿reconcilia o profundiza el abismo sintetizado en la expresión ‘civilización o barbarie’?

Estos interrogantes reconfiguran viejos sentidos y promueven algunos nuevos pues en el escenario del que formamos parte la idea de responsabilizar aparece con una importante carga moralizante que guarda estrecha relación con determinado orden de producción y consumo, esto es con un orden social específico. En definitiva, aquellos muy europeos soldados que abandonaron el ejército inglés para pasar a vivir como gauchos, atentaron más contra el reluciente capitalismo que contra sus jerarcas militares. “El general Whitelocke se quejaba: Cuanto más conocen los soldados de las riquezas que provee el país, y la facilidad con que se las obtiene, mayor el peligro” (Shumway, 1993: 29).

Este modo de pensar la responsabilidad no ha sido construido con elementos contemporáneos exclusivamente sino que hunde algunas de sus raíces en diversas tradiciones que incluyen tanto la religiosidad medieval como el secularismo liberal. La condición de sujeto ‘irresponsable’ remite, automáticamente, a un lugar degradado en el imaginario social, sitio totalmente opuesto a la puritana ficción orientadora que anteriormente presentamos como propia de EE.UU. No se trata de negar la necesidad de un sujeto social que en cuanto tal responda por sus actos, pero sí de sostener la necesidad de un proceso de des-naturalización. El irresponsable no es, necesariamente, quien decide libremente no asumir responsabilidades sino que dentro de dicha irresponsabilidad aparecen múltiples matices que podríamos resumir en la noción de poder para asumir responsabilidades. La queja

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de Whitelocke en relación a la conducta de los soldados ingleses muestra dicha situacionalidad de la responsabilidad. Para des-naturalizarla elegimos el camino de la lectura culturalmente situada, lo que supone ubicar el pensamiento para “comprenderlo dentro de aquella estructura histórica… en relación con la cual éste se expresa y dentro de la cual adquiere su especificidad” (Casalla, 2004b: 5).

Ahora bien, y retomando la idea central: asistimos al reemplazo maniqueísta de aquella ideología tutelar-represiva por una visión global-occidental del problema que incluye un importante grado de cerrazón teórica concordante –como decíamos– con la citada tendencia al globalitarismo, de ubicación de lo único en el lugar de lo diverso. Se trata de una idea de responsabilización que tiende a ser impuesta, en concordancia con la expansión de la lógica liberal a nivel mundial y uno de sus anversos, constituido por la lógica penal burocratizada, meramente represiva antes que garante de derechos, impulsada fundamentalmente por EE.UU. (Wacquant, 2000). Frente a dicha estrategia se requiere invertir la carga de trabajo intelectual para incorporar los beneficios de una concepción evidentemente comprometida con el avance de los Derechos Humanos, pero impidiendo su transformación en fachada que con los mismos argumentos obture el avance en términos de concreción de los mismos.

Así es que, con la idea no situada de responsabilización penal juvenil, podríamos estar frente al riesgo de re-editar las matrices de pensamiento separatistas (“civilización o barbarie”). Aquella lógica tutelar-represiva de principios del siglo XX significó errores y horrores que duraron al menos un siglo por, precisamente, tratarse de una lógica no situada en nuestra realidad, exacerbando el valor de la mirada puesta en Europa. Estos errores y horrores son tan graves como los errores y horrores de, a cien años, no situar el análisis de lo ocurrido. La reformulación separatista es uno de tales peligros pues en el actual contexto mundial, aunque en evidente tensión hacia un mundo multipolar, política e ideológicamente más diverso, la matriz liberal sigue dominando las relaciones sociales. Recordemos el riesgo del globaritarismo, expuesto por Casalla. Es en este contexto global-liberal que aparece la propuesta de la responsabilización penal juvenil como hito del pensamiento occidental en general, y del “saber penal” (Zaffaroni, 2007: 17) en particular.

Ni Europa ni el liberalismo local son los mismos de hace uno o dos siglos pero conservan cuestiones substanciales. Existen diversos indicadores de los que no daremos cuenta aquí pues son públicamente conocidos como por ejemplo, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales especializados, fundamentalmente los dependientes de Naciones Unidas. Otra muestra es el dictamen del Comité Económico Social Europeo (CESE) del año 2006 que destaca, con cierto énfasis, cómo la Unión Europea en su conjunto avanzó hacia lo que, precisamente, se conoce como “modelo de responsabilidad” (CESE, 2006). Vemos así que o unos o los otros no están pensando el problema situacionalmente. Nos preocupa prioritariamente, no obstante, la dimensión local de dicha falencia epistemológica pues estaríamos ante una nueva y desesperada búsqueda por ocupar con trozos de ficciones ajenas los angustiantes lugares de nuestras faltas. Esta

ausencia de una firme identidad provoca trágicos deslices y preocupa aún más si advertimos que –como escribiera Casalla– “no hay, en este sur del Sur, una identidad perdida que rescatar como en muchos lugares del resto de América Latina” (Casalla, 2006: 5).

Todo está por hacerse y, ante esta tarea, se repite una y otra vez la tendencia a profundizar la brecha cultural antes que a suturarla. La observación de lo cotidiano pone en evidencia cómo las estructuras de pensamiento que forja la ficción liberal llevan, en sí mismas, por un camino que tranquiliza a un lado de la brecha pero profundiza las injusticias del otro lado. Así crecen los ‘como sí’, es decir los artilugios que simulan ser lo que no son, particularmente en relación con el campo del que forma parte nuestro objeto de estudio, tocando en ocasiones los límites del absurdo. Rodolfo Kusch escribía magistralmente hace décadas que “el formalismo en el derecho, en la burocracia, en las letras, en el arte, más que formas frías evocan rituales esotéricos” (Kusch, 1998: 50).

Desde una tradicional perspectiva con cierta pretensión universalista podríamos recordar que el término responsabilidad se asocia etimológicamente a la voz ‘responsum’, forma latina del verbo ‘responder’. En principio podemos considerar entonces que ‘responsabilidad’ es la “habilidad de responder”. El Diccionario de la Real Academia Española prescribe diversas significaciones de las que destacamos la idea de ‘responsabilidad’ como “cualidad de responsable”. La obra alude también a la noción de “deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”. La Real Academia Española también presenta como opción la “carga u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en caso o asunto determinado”.

La responsabilidad, desde este ángulo, se presenta recurrentemente como la habilidad de responder, término que admite como significaciones las siguientes: “Contestar, satisfacer a lo que se pregunta o propone; Contestar a quien le llama; Satisfacer el argumento, duda, dificultad o demanda; Replicar a los requerimientos o afirmaciones de otra persona; Rendir o fructificar; Corresponder con una acción a lo realizado por otra; Estar obligada u obligarse a la pena y resarcimiento correspondientes al daño causado o a la culpa cometida”. La cuestión de la responsabilidad funda, entonces, al menos una dimensión trascendente al individuo participando de su constitución como sujeto-en-relación. Si bien suponemos que incluye la necesidad de respuesta ante sí mismo, dicha capacidad de respuesta está originariamente enclavada en la relación sujeto-contexto con lo que supone la disociación entre quien o quienes deben responder, por un lado, y por el otro ante quien o quienes se espera que el sujeto responda. Advertimos así que la relación del sujeto con el contexto es, en cierta forma, la relación con algo o alguien que está al frente, en calidad de sujeto u objeto, pero separado. He ahí expresado, entonces, un rasgo típico del Proyecto de Modernidad que, con todos sus beneficios a defender y profundizar, se origina en y para la cultura europea.

Ahora bien, es evidente el esfuerzo ideológico dominante por resignificar este

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4) Algunos rasgos de tal situacionalidad

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concepto a favor de cierta micro-responsabilización que debilita aquel enclave sujeto-contexto. Esto va en detrimento de todo posible avance hacia un mejor lugar conceptual al que comenzamos a pensar como sujeto-situación, donde la cuestión de la inscripción del joven en su entorno cobra un sentido clave. La propia noción de responsabilidad penal “juvenil” pone en evidencia el mencionado sesgo ya desde su formulación misma, centrada en el joven y sin mención de otros actores.

Tiende, de manera harto excluyente, a ubicar la obligación de responder en el lugar del sujeto (joven, en este caso). Esta orientación general, no solo aplicable al orden penal, se advierte tanto en quienes parten de axiomas liberales fundamentales del tipo “la sociedad no existe, solo existen los individuos”; como también en quienes postulan ciertos conceptos religiosos de “persona” en medios de los cuales los condicionamientos y/o determinaciones relacionales son secundarias.

Si bien no agotamos aquí la descripción de todas las posibilidades, se advierte que en ellas la posición de lo colectivo cede y crece la responsabilización individual o, a lo sumo, la responsabilización familiar. Por esta vía no es extraño concluir entonces en que los desocupados sean considerados culpables de no haberse convertido a las nuevas exigencias del mercado; los padres socialmente excluidos son culpables de no haber controlado a sus hijos antes de que terminaran en el delito; los viejos pobres son responsables de no haber aportado responsablemente para su jubilación. O a la inversa: los homosexuales no son responsables de una elección sino que son enfermos o desviados; las mujeres de los sectores populares son responsables de sus cuerpos siempre que los ajusten según mandatos de distintos organismos internacionales; los ciudadanos son responsablemente democráticos si reclaman a través de un abogado pero dejan de serlo si reclaman a través de un ilegal “piquete”.4 Advertimos que tanto cuando se reconoce al sujeto como cuando se lo niega a través de la quita de protagonismo permanece esta idea de responsabilización individual.

Se trata, hasta aquí, de un simple ejercicio de análisis en situación con relación a ideas postuladas con ínfulas universales pero ¿cuán razonable es insistir en analizar estas ideas de responsabilidad universal para luego, en todo caso, aplicarlas a nuestra realidad? Como ya sabemos, este es un sendero plagado de sofismas entre los cuales traemos uno a título de ejemplo: “El problema es que no hay recursos”, tras lo cual subyace la idea según la cual “cuando nos desarrollemos, esto será distinto y la ‘responsabilización’ podrá aplicarse”. No se advierte que la propia matriz de responsabilización individual es condición estructural necesaria para que en otros lugares (países centrales) existan recursos y que, entonces, no se trata de esperar a que la economía de mercado funcione para que el Estado pueda hacerse de los recursos e implementar los programas respectivos.

Es fundamental aceptar que situar la idea de responsabilización exige renunciar a “la ilusión de un espíritu sin máculas” (Casalla, 2004b: 2), totalmente liberado de las sombras que –en este campo– suelen aparecer toda vez que se postula dejar de lado los purismos unidisciplinares, jurídicos las más de las veces. En cierto sentido se trata de reemplazar este tipo de ficciones orientadoras que conllevan intrínsecamente la violencia de lo absoluto e impoluto y, en su lugar, colocar otras

Al respecto dejamos apenas sugerida la línea de pensamiento que revaloriza el orden de lo comunitario, elaborada por distintos autores. Reformular el orden de los términos Comunidad y Estado se constituye en punto de urgencia. Armando Poratti ha escrito, en un trabajo compilado por Casalla y Hernando, que frente al declive de la idea de ‘Sociedad’ como reverso de la idea liberal de ‘Estado’ persiste la Comunidad. Tanto es así que “este reconocimiento de lo comunitario elevado al ámbito del planeta quizá sea una –o la última– posibilidad para este mundo planetario de superar el horizonte ontológico y fáctico de la nihilidad” (Poratti, 1996: 165). El pensamiento liberal, por estar construido a contramano de la realidad, no ha adver-

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ficciones en las que se funde otro orden de lo real, y otras formas de entender la pureza del conocimiento. En esta concepción de lo puro reside ni más ni menos que su “posibilidad de ser” (Ídem: 3). Situar un problema conceptual no es tomarlo tal cual es en su formulación universal y adaptarlo a distintas realidades.

Por el contrario, se trata de una formulación que tiene presente los componentes de carácter universal pero al servicio de la substancialidad local.

La situación no es, parafraseando a Casalla, un accidente sino sustancia de aquello que postulamos. Si nuestro objeto –la responsabilización penal juvenil– no es comprendido en el marco de una estructura historiográfica específica, difícilmente llegará a constituir lo que en apariencia postula: un avance en términos de vigencia de los Derechos Humanos. Si responsabilizar sigue formando parte del “magma” (Castoriadis, 1993) en el que se funden ejes conceptuales tales como la libertad equivaliendo a la propiedad privada para ‘los más aptos’, el borramiento de toda posible inter-culturalidad o la seguridad jurídica como condición de producciónconsumo antes que condición de ciudadanía solo avanzaremos hacia nuevas estaciones del camino que conduce al globaritarismo.

Si en cambio enriquecemos la mirada recorriendo el contexto latinoamericano, la idea de la responsabilización puede adquirir otros significados que incluyan la capacidad de respuesta del sujeto pero según las particularidades y capacidad de respuesta de la propia estructura en la que se encuentra inmerso. Si nos esforzamos por identificar rasgos de dicha situacionalidad encontramos por ejemplo que la díada conceptual Comunidad-Estado o Estado-Comunidad alberga un rico debate, con cierta tradición en Latinoamérica, que convendría retomar para esta cuestión.

Como sabemos, tal discusión suele quedar dominada por la mirada occidental que en general es tomada por la Filosofía Política y gira, como punto de partida, en torno a las ideas de Thomas Hobbes, John Locke y Jacques Rousseau (entre otros, claro está). Tal versión prioriza al Estado como categoría conceptual, preferencia que se transforma en condición necesaria para el desarrollo de ideas propias del denominado liberalismo jurídico, terreno en el cual germina la universal idea de responsabilización penal juvenil. Constituye un avance, sin lugar a dudas, en términos de fortalecimiento de los Derechos Humanos pero en la propia naturaleza de dicho avance se inscribe el ariete que impide la materialización de tal progreso conceptual. De allí, en definitiva y como lo hemos dicho, la necesidad de situar el mencionado universal.

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tido el carácter mestizo de la Nación emplazada “en la América mestiza” (Kusch, 1998: 47); y sigue haciéndolo toda vez que cree ver herederos de la sangre europea donde aparecen aspectos físicos “blanqueados” (Argumedo, 2008).

Sin embargo, desde algunas de las fuentes de dicho carácter mestizo, distintas voces cobran fuerza y estimulan a pensar comportamientos individuales e institucionales. Estos últimos son construcciones que reflejan, ficcionalmente, aquella visión de un Estado que responde a modos occidentales de pensar y actuar. En ese contexto los dispositivos institucionales específicos (juzgados, tribunales u otros) intentan encajar en la realidad sus ideas “puras”, pureza que –hemos dicho– corresponde poner en duda. Y precisemos: no nos referimos a tentativas del Estado sobre la realidad como totalidad sino de sus esfuerzos por ajustar las conductas de los sectores más mestizos entre los mestizos, utilizando para ello herramientas blancas.

Seguimos buscando rasgos de la referida situacionalidad y encontramos que en las historias vitales de los mestizos a los que está dirigida la noción de responsabilidad penal juvenil o, dicho del modo más corriente: “estos menores delincuentes”, aparecen significativos puntos de contacto con pautas de convivencia comunitaria cuya legalidad no fue ni es fundamentalmente jurídica (en el sentido de norma jurídica). En el substrato cultural quizás radiquen mucha de las explicaciones a encontrar para aportar a la construcción de una genuina ficción orientadora que tome forma jurídica. Se sabe que la mayor parte de los delitos imputados a estos jóvenes están vinculados (¿casualmente?) a atentados contra la propiedad privada. ¿Qué es lo que se rompe cuando, desde trozos teóricos traídos del plano universal, se intenta dar cuenta de tal situación? Existen diversos estudios que dan cuenta de las dinámicas comunitarias y familiares. La lectura de ellos no puede conducirnos a otro lugar que a la base de nuestro pensamiento, es decir a aquellos axiomas que por ser tales no discutimos. Por ejemplo, las “vivencias comunitarias” (Barúa et al., 2008: 148) en las que se ensambla la cuestión de la femineidad pueden ser halladas en diversos grupos indígenas pero también, aunque con otras particularidades, en los barrios de los que proviene la población a la que –no nos engañemos– está dirigida la responsabilización penal juvenil. El lugar de la madre y su relación con el lugar del padre, la iniciación sexual precoz, los embarazos prematuros, etc., forman parte de una realidad a la que así se conceptualiza. Y así conceptualizada ella codifica los modos de respuesta oficial que develan, por un lado, hasta qué punto ese discurso no comprende la realidad y, por otro lado, hasta qué punto los sujetos de esa realidad no comprenden tal discurso, con lo que ello implica desde su posición de subordinación. Dado este quiebre comunicacional es difícil advertir cómo todo esto, mirado desde el modo occidental de pensar que impide advertir las interconexiones, deriva en un predominio de los atentados contra la propiedad privada. La discusión termina en una supuesta profundización de aspectos casi banales. Está, evidentemente, la cuestión de orden distributivo pero ¿se agota en ella o está enraizada en pautas que no coinciden con la ya mencionada noción liberal de propiedad privada?

Si pensamos en otros vínculos conceptuales nos podemos interrogar: ¿por qué

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estos jóvenes no respetan la autoridad? En definitiva saben que se levantan en armas contra varios poderes, algunos conscientes y otros inconscientes. De los primeros señalemos algunos: la policía, los guardias privados, los jueces, etc. ¿Por qué entonces? Y cuando esto ha sucedido y la sociedad le da otra oportunidad (razonamiento muy difundido): ¿Por qué en tantos casos “no la aprovechan”? ¿Qué dificulta tan gravemente esta intervención estatal? ¿Por qué no es eficaz? Rodolfo Kusch ha señalado que la potencialidad de penetrar el mundo para transformarlo no es oriunda de América sino de Europa, continente cuya racionalidad moderna ha construido un hombre confiado en sus propias fuerzas, en su inteligencia, es decir con pretensión de autonomía. Afirma el autor: “Logra así estructurar su acción sobre la base elemental de un impulso que apunta a un objetivo perfectamente delimitado dentro de un mundo sin secretos” (Kusch, 1998: 47). Esta relación entre impulso y objeto –diría el filósofo– no es la misma en el americano autóctono pues en él no ha operado la separación sujeto-objeto que sí ha sucedido en el racionalismo europeo. Dicho de otro modo, para el europeo la realidad se transforma en “un patio de objetos” (Tornay et al., 1986: 10), viendo al sujeto a través de la objetivación con lo que “cree distanciarse de su preocupación por el fundamento” (Ídem: 10). Como contrapartida y aunque con variaciones, la visión americana tiende a ser cósmica por lo que se trata de una cosmovisión que incluye fundamentalmente elementos tales como la madre tierra, en el caso de los pueblos originarios. El impulso en este caso, entonces, tiene otra orientación pues su construcción es otra.

Si trasladamos esto a las instancias judiciales podremos suponer que todo ciudadano occidentalizado tiene más posibilidades de afrontar adecuadamente un sistema de preguntas para las cuales podrá seleccionar respuestas relacionadas con hechos separados de la realidad, identificados, ubicados conceptualmente en un compartimiento estanco. Esto es así porque tanto las preguntas como las respuestas obedecen a una lógica jurídica acorde con la racionalidad específicamente moderna. Pero es sensato suponer que a mayor presencia de la cultura mestiza aquellas preguntas, hechas desde lugares de poder, obtendrán respuestas que fluyen entre contenidos inter-relacionados antes que seleccionar conceptos impulsados hacia objetos particulares. La opinión de Zaffaroni sigue esta línea pero es aún más radicalizada pues no lo piensa solo para la cultura mestiza sino para la cultura en general. Apoyándose en Foucault, entre otros, sostiene que la pregunta sirve a la construcción de una “interrogación selectiva” (Zaffaroni, 2007: 38) útil para dominar al objeto pero, a la vez, hace que el dominador caiga en una trampa. El dominado “no tiene la capacidad de responder selectivamente, responde con toda su entidad y también con toda su dignidad” (Ídem: 39). Y siendo que el dominador no está preparado para recibir dicha respuesta sufre “un ahogo por atragantamiento de respuestas” (Ídem: 40). La propia posición axiomática que ubica al preguntador en una posición de superioridad en relación con el preguntado, facultándolo para una interrogación señorial, conduce al equívoco que funciona como pedazo de ficción. Se potencia en nuestro caso, entonces, el conflicto en el encuentro de una concepción de poder con aspiraciones jerárquicas y la concepción “vegetal” (Kusch, 1998: 49) del mismo, propia de la América mestiza. Estamos así frente a

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otro rasgo constitutivo. Para el europeo, la concepción de autoridad es supuestamente prolija, vertical y descendente. Para el americano, en cambio, no existe un orden de referencia por lo que “hace nacer la autoridad de abajo hacia arriba” (Ídem: 49) con todas las implicancias que ello tiene en términos de prolijidad en su sentido occidental. Se advierte, sin demasiado esfuerzo, que esta concepción colisiona con el orden institucional existente, y se observa también con cierta facilidad cuánto de éste se expresa a diario ante cada caso de conflicto penal en el que aparece involucrado un joven. La facultad de preguntar sin ser preguntado, propia de los dispositivos institucionales, simboliza un campo de dificultades en términos de construcción de responsabilidad situada, en beneficio de la referida tendencia a la unilateralización de la responsabilización. ¿Cuál es el sentido, siendo esto así, de insistir con penar sus conductas? ¿Es posible obtener algún resultado? Podríamos avanzar profundizando estos tópicos e identificando otros pero bástenos, hasta aquí, con dejarlos señalados tentando preliminarmente la posibilidad de construcción de un objeto de estudio particularmente complejo. Esta complejidad habilita cuestiones a discutir teniendo presente la ya propuesta lectura culturalmente situada, tales como por ejemplo: aunque no se admite con facilidad es evidente que la pena, aún si la aceptáramos con su pretensión universalista, inclusive al ser aplicada sobre adultos, atraviesa una profunda crisis epistemológica y práctica pues sus resultados no son los anhelados por muchos ¿por qué, entonces, las derivaciones serían distintas si aplicáramos penas a los más jóvenes? Inclusive las disciplinas occidentales que se ocupan del desarrollo infanto-juvenil han descartado, mayoritariamente, la sanción como recurso central ¿por qué suponer que aquí los resultados serían otros?

Tenemos también que la pena unilateralmente aplicada no contribuye a construir responsabilidad y sí promueve temor reverencial en el mejor de los casos. ¿Por qué no explorar vías tales como la sanción restaurativa por reciprocidad, aspirando al protagonismo real del sujeto, más aún si la situamos en un contexto de re-valorización de la comunidad? Kazuko Kamii, investigadora de la Universidad de Alabama y discípula de Jean Piaget, expuso la conveniencia de evitar el castigo externo como recurso, detallando los efectos negativos. Como alternativa propuso la noción de “sanción por reciprocidad” (Kazuko Kamii, 1993), caracterizada por la construcción horizontal de compromisos ante los cuales el sujeto debe responder. Esto favorece el desarrollo de sujetos autónomos antes que heterónomos, lo que se potencia en nuestro caso si incorporamos la necesidad de lograr niveles satisfactorios de restauración de lo dañado, en el marco de los referidos compromisos horizontalmente construidos, y sin que esta restauración se confunda con la reposición en relación al perjuicio económico.

Las normas jurídicas por sí solas no garantizan mejoras en el orden real, y menos aún en nuestro contexto donde tienden –como escribe Casalla, según citamos antes– a transformarse en excesos ritualistas. Se requieren transformaciones en el orden de la institucionalidad pública que exceden lo normativo al punto de no admitir la idea de “cambiar al menos la ley” para mejorar “después” pues ese

vago “después” ha fundado grandes relatos universales cuyas concretizaciones integrales vienen “demoradas” en demasía. Ejemplos: la CIDN a nivel internacional o la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez en Argentina fueron postulados como marcos para posteriores acciones que, no es difícil comprobarlo, avanzan muy lentamente; o bien esa lentitud es parte de la propia ficción. Pero entonces ¿por qué no habría de suceder lo mismo ante un sistema de responsabilidad penal juvenil no situado?

Lo problemático de esta cuestión surge en el entrecruzamiento de distintos planos, algunos referidos a lo jurídico, pero muchos otros vinculados a matrices culturales que generan formas de pensamiento, iatrogénicas prácticas policiales, penitenciarias, administrativas, etc. Sabemos que no es difícil encontrar derechos sociales vulnerados detrás de toda conducta juvenil delictiva ¿no corresponde admitir cierta co-responsabilidad y actuar en consecuencia?

Se advierte la complejidad del asunto pues, entre otras cosas, también se trata de valorar la existencia de componentes valiosos a nivel universal. De hecho, la propia Convención Internacional de los Derechos del Niño es un avance trascendental, aún incluyendo los debates mencionados anteriormente. Pero ¿cómo desarrollar formas de construcción de responsabilización juvenil situada incorporando aquellos avances? Posiblemente rompiendo con lógicas cuya transparencia epistemológica se construye sin el potencial que da la referencia empírica, y haciendo del accidente algo substancial, en los términos filosóficamente planteados por Casalla.

Si renunciamos a la posición ‘señorial’ y admitimos tales necesidades podremos también admitir la siguiente cuestión: ¿cómo generar componentes científicos que, situacionalmente, fundamenten formas de intervenir de mayor calidad? Pensamos, claro está, en formas que respeten el piso internacional y nacionalmente establecido por el Pacto de San José de Costa Rica, con todas sus operativizaciones en términos de garantías procesales y substanciales. Pero ¿estamos en ese camino?

Hemos sugerido que no, aún cuando importantes pasos se han dado. Los sistemas universalistas de responsabilidad penal juvenil son defendidos, fundamentalmente, a partir de que se constituyen en formas de respetar las garantías procesales y substanciales con relación a la niñez. Sin embargo le cabe la afirmación de Zaffaroni en cuanto que “las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip5, pero no para los pobres tipos” (Zaffaroni, 2008). ¿Qué esperar de los centros de producción de ideas? Quizás, en primer lugar, que dejen de considerarse como tales pues, aunque lo son y deben seguir siéndolo, quizás esa propia definición implique cierto principio de adhesión al purismo teórico ya mencionado. También convendría recordar, nuevamente, a Rodolfo Kusch quien se pregunta “¿qué es la ciencia, sino una propuesta cultural más, proveniente de un Occidente que ordena la realidad según una determinada perspectiva?” (Kusch, citado por Tornay, 1986: 14).

Se trata entonces de imaginar salidas que tengan presente el orden cultural en

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5) Conclusiones

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cuyo contexto producimos y en cuya trama se aplicaría lo producido. Es decir, generar formaciones conceptuales que aporten a la ficción orientadora que, en definitiva, se trata de construir en Argentina pero también en la América mestiza, y que no prosperará si no fija como condición necesaria el abandono de toda visión socialmente rupturista del tipo civilización o barbarie. Y cerremos, en relación con esto, parafraseando a Graciela Frigerio quien se preguntaba si, al recurrir a lo penal, estamos ante el natural amor de los adultos por los niños o, en realidad, ante el odio de algunos adultos hacia algunos niños (Frigerio, 2008).

Referencias

1. Esta expresión admite una extensa discusión que aquí no se abordará pues dispersaría demasiado el objeto que se intenta delinear. Se la toma entonces en su sentido más corriente, como sinónimo de niños en situación de calle u otras expresiones similares.

2. Omitimos aquí la discusión referida a la conveniencia de utilizar la categoría conceptual ‘pobre’ u otras tales como ‘excluídos’ o ‘desafiliados’ pues nos alejaría de nuestro objeto.

3. El término, de uso en textos académicos, refiere a cierto impasse en la producción, sin importantes descensos u ascensos en términos de cantidad y/o calidad.

4. “Piquete”: medida de fuerza básicamente consistente en obstaculizar total o parcialmente el tránsito sobre calles o rutas terrestres, incluyendo acciones tales como la quema de cubiertas de autos, pintadas en edificios de bancos, etc. Se trata de una medida particularmente confrontativa. En la República Argentina dicha medida generó la figura de los “Piqueteros”, activistas usualmente pertenecientes a sectores altamente empobrecidos que –en el “Piquete”– actúan con pañuelos en sus cuellos y/o caras, portan palos que en ocasiones son utilizados en enfrentamientos con las fuerzas policiales, etc.

5. Expresión que designa la condición de ciudadano privilegiado por sus vínculos económicos, políticos, etc., y que le permite influir para obtener algún tipo de tratamiento diferenciado por parte de las distintas instituciones.

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Recibido: 03/09/2009. Aceptado: 07/09/2009

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comunicaciones

Aportes teóricos sobre las prácticas sociales en el intercambio económico. Cooperación, y confianza social, en las lógicas de consumo en el mercado informal Eduardo Chávez Molina

Aportes teóricos sobre las prácticas sociales en el intercambio económico.

Cooperación y confianza social, en las lógicas de consumo en el mercado informal Eduardo Chávez Molina

resumen

summary

Todos los miércoles y sábados de cada semana, en la zona sur del conurbano bonaerense, se desarrolla una de las ferias urbanas más grande, en cantidad de puestos y extensión de calles, de la provincia de Buenos Aires. Asisten a ella, vecinos y comerciantes a comprar e intercambiar productos, a lo largo de 25 cuadras. Es un escenario social en el cual se configura una red de articulaciones, con mayor o menor grado de formalidad, y en la cual los vínculos basados en la confianza aparecen como los sostenedores de las prácticas económicas en su interior, reemplazando o sobreponiéndose a las regulaciones públicas, en un contexto de apropiación, conflicto y regulación del uso del espacio público.

El objetivo de este artículo es revisar, por un lado, los aspectos relacionales que permiten la perdurabilidad de los intercambios, desde un ámbito en el cual predominan las unidades económicas “informales-marginales”, y por el otro analizar las características del consumo en la feria, buscando las razones principales que aparecen en el momento de la materialización de los intercambios económicos.

Every week, on Wednesdays and Saturdays, one of the biggest urban fairs of Buenos Aires province –in terms of both size and quantity shops– takes place in the Southern suburbs and exurbs of the city of Buenos Aires. Neighbors and merchants attend this fair to buy and exchange products along twenty-five city blocks.

Here is a social stage where a network with more formal and less formal ties takes shape. This is a network where ties based on trust appear as the basis for the economic practices within, replacing or overcoming public regulations in a context of appropriation, conflict and regulation of the public space.

The goal of this article is, on one hand, to reexamine the relational aspects that allow for the durability of exchanges in an arena dominated by “informal-marginal” economic units. On the other hand, the goal of the dissertation is to analyze the characteristics of consuming practices in the fair, in search of the main reasons which come up at the time when economic exchanges materialize.

palabras claves

keywords

Economía informal / confianza social / ferias urbanas / fragmentación social / intercambios económicos

Informal economy / social confidence / urban fairs / social fragmentation / economic interchanges

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Eduardo Chávez Molina es Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), miembro del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata y FLACSO. Mail: echavez@mail.retina.ar

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1. Introducción

Niklas Luhmann (2005: 8) planteaba que la confianza reduce la complejidad social, en el sentido que otorga un “plus” que supera la información disponible y permite generalizar las expectativas de comportamiento, al reemplazar la insuficiente información por una “seguridad internamemente garantizada”.

Varios autores han planteado, desde diversas perspectivas, el papel de la confianza como un componente importante en el proceso de garantizar las interacciones a través del tiempo, y otorgar un rol preponderante en la constitución del capital social, y del fortalecimiento de las redes sociales (Granovetter, 1973; Portes, 1998; Putnam, 2002; Coleman, 1990; Laacher, 2004; Derbel y Mamlouk, 2003; Luhmann, 2005).

Sin embargo, pocas veces en la literatura latinoamericana de las ciencias sociales se le ha dado el estatus teórico de relevancia a la confianza para explicar o entender determinado tipo de prácticas sociales.

Es en ese sentido que el presente artículo quiere rescatar y examinar los componentes centrales que asoman en un proceso que parte del supuesto de que la confianza constituye un elemento central cuando otras formas que actuarían como garante de las interacciones aparecen débiles, ausentes o no primordiales en un contexto de garantía de las interacciones sociales.

Por otro lado el eje está puesto en los procesos de cooperación, continuidad y perdurabilidad de las interacciones, y no tanto desde el conflicto, la lucha, aunque están presentes y constituyen los espacios de confrontación y asignación de roles.

Asimismo, se buscar dar cuenta del rol de la confianza, como mecanismo de la interacción social, que sostiene el intercambio, cuando otros mecanismos de corte institucional aparecen cómo débiles o híbridos, en el sentido de garantizar y orientar las prácticas sociales.

Es por ello, que el lente de aproximación está puesto en cómo esa operatoria social se desenvuelve en un determinado entramado socioeconómico: la feria callejera.

2. Sobre la confianza

La problemática de la cooperación ha sido tratada en el marco del análisis de los dilemas sociales (en particular el dilema del prisionero y la teoría de los juegos) y, en menor medida, con relación al el tema de la confianza.

La idea es que en una organización cualquiera, los agentes no cooperan simplemente en hechos de confianza. Hay otros elementos que entran en juego cuando una persona se compromete en una relación de interdependencia con otra, sobre todo cuando ésta experimenta un débil acuerdo con su interlocutor.

No se puede definir la confianza sin expresar qué sienten realmente los sujetos por ese vocablo. La confianza no se inscribe en el dominio de la ficción y de la ilusión, es un fenómeno que se inscribe en el universo de la realidad y del enigma.

Karipik, citado por Walid Derbel y Zeineb Ben Ammar Mamlouk (2003: 32) afirma: “Colocar su confianza en alguien o alguna cosa, dejarse guiar por una

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realidad exterior al menos particularmente impenetrable, abandonarse en alguna suerte de autoridad extraña, no poder encontrar su justificación en un solo saber verificable: ninguno conoce previa y directamente en forma suficiente la garantía de su acción presente o futura”.

La confianza y la cooperación, como se postula en este trabajo, son aquí los términos que serán utilizados continuamente para representar la síntesis de una sensación de emoción y de conocimientos que cada individuo se apropia, aprehende y genera a su modo. Por ello, “el problema de la cooperación es ante todo, un problema de confianza” (Derbel y Mamlouk, 2004: 27).

Para aprehender la cooperación, desde el punto de vista de la organización, y entendiéndola como un aporte conceptual a la dinámica de la feria, conviene situarla dentro del contexto de la interacción social.

Este orden social no es otra cosa que la expresión de una configuración social creada bajo la empresa de las interacciones naturales y frecuentes entre los miembros de una misma colectividad. Un orden se crea, de las leyes de los principios y de los valores que resumen la acción de todos en acción organizada o acción colectiva. Es el seno de esta acción colectiva que la cooperación actúa (Derbel y Mamlouk, 2003).

En sintonía con esta línea argumental la cooperación es una acción deseada y provechosa, benéfica y buscada, y en ese sentido la cooperación depende fuertemente de un campo social de interacción, imperativamente puntual, temporal y acotado.

La cooperación es una expresión de un dilema, el concepto de cooperación tiende por tanto a ser introducido en el marco del análisis de los dilemas sociales, y en particular el ha sido integrado al célebre dilema del prisionero, donde dos de los prisioneros deben jugar, son llamados a hacer una elección racional, entre cooperar con su compañero o denunciar a su compañero y cooperar con la justicia. El dilema del prisionero es bastante explícito al describir una situación que enfrenta y orienta las posibilidades de acción en función de dos alternativas, la cooperación o la denuncia.

Según algunos autores (Lewicki 1998; Lewis y Weigert, 1985; Derbel y Mamlouk, 2003) la cooperación de los actores y autores de los problemas y de sus soluciones es por lo tanto siempre sostenida por los reportes de dependencia y de poder, es decir por las relaciones de intercambio negociadas, generalmente heterogéneas. Toda vez y en todo momento ella puede ser comprendida como un conjunto de juegos donde las reglas y las convenciones (formales e informales; explicitas o tácitas) disciplinan las tendencias oportunistas de los actores y canalizan, regularizan y se hacen más previsibles.

El análisis de la confianza como base de la cooperación nos da un marco de comprensión, por lo menos conceptual, de la garantía de los intercambios, la perdurabilidad de los mismos, y la dimensión que asumen, en un contexto particular: la feria. Pero es necesario aclarar ciertas ideas.

En primer lugar, los actores no son totalmente independientes. Las interacciones improvisadas dan nacimiento a una estructura de interdependencia social comple-

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ja que escapa a los organizadores. En efecto, los actores descubren la existencia de un campo libre de acción, y en función de su percepción de la envergadura de esta libertad, buscan registrar una parte de sus acciones en comportamientos de intereses específicos. Pero rápidamente, estos actores se dan cuenta que, sin la complicidad de otros actores, las ganancias son magras. Esta complicidad no puede ser arbitraria, ella cuenta sobre la capacidad de cada actor a hacer confianza con el otro (Derbel y Mamlouk, 2003).

Esto es precisamente lo que la lógica de juego, y de la cooperación deviene determinante. Los actores son libres de actuar en concordancia con la lógica del sistema formal y, en las apariencias, esta libertad no se opone a las reglas organizacionales de la feria, pero paralelamente, estos mismos actores, y sobre la base de un sistema de cooperación más o menos elaborado, juegan con estas reglas y las utilizan en función de sus intereses, principios o caprichos.

Toda la cuestión vuelve entonces a interrogarse sobre la capacidad de los actores de jugar con las reglas formales, de explotar lo impreciso para colocar en su lugar una estrategia individual (sin cooperación) o colectiva (con cooperación).

La segunda idea retiene que los sistemas organizacionales, como la feria, compuestos por una parte estructurada, y otra vaga, marginal, informal, permiten afrontar los conflictos de intereses y encontrar equilibrios a través de la cooperación o la colaboración de los actores.

En base a las principales prácticas observadas en la feria, se sugiere que toda investigación sobre el concepto de la confianza debe ser realizada en el marco de cuatro ejes: -confianza como un atributo personal; -confianza como un comportamiento; -confianza como una figura situacional; -confianza como un arreglo institucional. a) La confianza como un atributo personal o un tratado de la personalidad Esta primera tipología está referida a una concepción de la confianza dominada por un aspecto psicológico: la confianza es definida en términos de expectativas confidenciales positivas para con la conducta de otra persona, mientras que la desconfianza refleja la expectativa confidencial negativa (Lewicki, 1998). Bajo esa idea la confianza aparece como un atributo personal, en el sentido que ella se interroga sobre la existencia de una calidad apropiada para el individuo, y que no puede ser portada colectivamente. El alcance de la confianza de una persona es su voluntad de acción sobre la base de las palabras, acciones y decisiones de otro (McAllister, 1995).

La confianza también es vista como una emoción. Ciertos autores hablan de la confianza como una premonición de seguridad sin reserva. Seguridad confidencial sobre la integridad, la honestidad o la justicia de otro, como la garantía sobre la credibilidad de una persona u otro objeto con renunciamiento a toda forma de prudencia y de investigación (Derbel y Mamlouk, 2003).

También la confianza es vista como una intención o creencia. Otras definiciones acentúan sobre dos aspectos más conocidos del concepto, en términos de un atributo personal: primero ponen el acento sobre las creencias y segundo sobre las intenciones. Por ejemplo, Mc Knight concibe a la confianza simplemente como

b) La confianza es la expresión de un comportamiento honesto La confianza puede ser definida, además, sobre la base de que se puede demostrar que una persona es coherente y previsible en sus acciones en el curso de su vida social. La confianza es por lo tanto un testimonio comportamental, es una apreciación proveniente del exterior, y una certificación pública (Derbel y Mamlouk, 2003), bajo esta expresión se entienden dos formas de confianza ligada al comportamiento: - La confianza experimentada en términos de líneas de conducta, de acciones y de decisiones. En este cuadro, la confianza es instituida sobre la base de un aforismo cognitivo basado en los antecedentes de una persona y su capacidad futura a considerar las normas de conductas sociales. Por ello, “la confianza es la expectativa que una persona o una entidad manifiesta un comportamiento justificado sobre un plan ético. Este comportamiento implica toda decisión y acción resultante de la adhesión a un conjunto de principios (reglas de conducta) (Hosmer, 1995 en Derbel y Mamlouk, 2003).

- La confianza experimentada en términos de palabra dada. La confianza es asociada a la palabra y a la credibilidad del compromiso. Ella se revela como coherente entre el decir y el hacer. La confianza debe ser sentida como un juego personal y confidencial sobre las intenciones y móviles de otra persona y sobre la sinceridad de sus palabras. c) La confianza como la expresión de una situación de precariedad Las características fundamentales de esta descripción, es que la confianza interpela los factores que hacen presión sobre la situación, más que interpelar los actores que están implicados. La confianza como la persistencia de la situación, donde la confianza es el conjunto de las expectativas compartidas por el conjunto de los participantes en un intercambio, y ellos se mantienen hasta que son violados (Derbel y Mamlouk, 2004). En este sentido, se puede considerar a la confianza como expresión de las situaciones de riesgo, de daños y de oportunismo; para que la confianza sea realmente pertinente, debe tener la posibilidad de terminar por una decepción o una traición. Desde esta perspectiva la confianza implica situaciones en las cuales al menos una de las partes experimenta una ganancia significativa y es consciente del potencial de traición o de daño que puede causar a la otra.

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“la creencia de alguien y su voluntad de depender de otra persona” (McKnight, 1998 en Derbel y Mamlouk, 2003).

Derbel y Mamlouk retoman estos dos ejes centrales: la confianza expresada como una creencia que el otro tiene de las intenciones positivas de nuestra acción.

Es la buena voluntad y el cuidado para con nuestra consideración en la acción. La creencia que el otro es componente, es apto a procurar su atención, una suerte de anticipación, la otra persona es madura, capaz de hacer pruebas, de jugar un rol de responsabilidad (Derbel y Mamlouk, 2003). Sin embargo, explicar la confianza en términos de expectativa, reduce el campo de análisis a una percepción individual y eclipsa en particular el valor comportamental de su representación.

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Derbel y Mamlouk plantean que la confianza es una aceptación del riesgo asociado al tipo y a la profundidad de la interdependencia en una relación dada. Por ejemplo el feriante de conservas sin autorización sanitaria, del cual se desconoce la forma de producir, vende su producto a un cliente, quien tiene interés en aceptar la oferta del producto para satisfacer su apetito y su gusto por la conserva. Pero, ¿puede aceptar cualquier producto, cualquier conserva?, él tiene confianza y es una alternativa ante la posibilidad de satisfacer su deseo de ingerirla.

También puede estimarse que la confianza juega un rol esencialmente de orden preventivo, ello permite a las personas protegerse contra el riesgo potencial de una desviación comportamental de otro. Derbel y Mamlouk sostienen que la confianza es una seguridad mutua, que algunas de las partes en un intercambio no tendería a explotar la vulnerabilidad del otro, por lo cual en ausencia de vulnerabilidad, el concepto de confianza no es de suficiente peso significativo sobre el intercambio.

En tanto que Niklas Luhmann (2006: 27) sostiene que es “un conjunto de expectativas, socialmente difusas y socialmente adoptadas, que cada persona desarrolla hacia otras personas, hacia las organizaciones e instituciones, y hacia las reglas de conductas sociales y morales que orientan sus principales comprensiones de la vida”. d) La confianza es un arreglo institucional La confianza traduce una forma de negociación, implícita o explícita. Ella juega un rol regulador, permite a los participantes producir por su cuenta espacios de libertad de acción y velar por el respeto por el otro. La confianza en términos de arreglo institucional experimenta un proceso de socialización fundada sobre el juego de la interdependencia. La acción de uno pone en consideración las posibilidades de reacción del otro (Derbel y Mamlouk, 2003).

Se pueden distinguir dos formas de confianza institucional: -La confianza en términos de predicción, como predicción racional, en la que los agentes ponen el acento sobre la obtención y análisis de información a fin de proyectar las eventuales consecuencias futuras de ciertos eventos; -La confianza en términos de especulación que puede traducirse en un sentido del cálculo, una suerte de optimización relacional en la medida en que un individuo no elige sus colaboradores de modo arbitrario; por el contrario, esta elección está fundada en el cálculo que reduce la incertidumbre y el daño.

3. El lugar de la feria

Michelle de la Pradelle (1996: 33) nos propone que en una economía de mercado generalizada, siempre hay un espacio microsocial relativamente autónomo, que es el lugar concreto donde se practica el cambio, y donde los intercambios sociales son predominantes.

Los días miércoles y sábados de cada semana, en la zona sur del conurbano bonaerense, se desarrolla una de las ferias urbanas más grande, en cantidad y extensión, de la provincia de Buenos Aires. Asisten a ella, vecinos y comerciantes a comprar e intercambiar productos, a lo largo de 25 cuadras. Es un escenario social

La historia de la feria La feria de Solano se remonta a la herencia de la ciudad colonial, donde la vida de los habitantes de las primitivas ciudades latinoamericanas se desarrolló fundamentalmente en los hogares construidos de tierra y paja, y en las cuales “…el centro social era la Plaza de Armas, que no pasaba de ser un sitio eriazo, a cuyo frente se encontraba la Iglesia. Allí se reunía el vecindario después de escuchar fervorosamente misa y comentaba los sucesos; en donde el pueblo en masa tomaba acuerdos de importancia capital para la vida de la Colonia. En ese lugar también está instalado el rollo, símbolo de la Justicia Real, y el mercado que abastecía la ciudad de productos. También aquí se celebraban las fiestas del patrono de la ciudad y se daban a conocer mediante el pregón las últimas novedades llegadas desde España o del Perú” (Retamal, 1980: 59).

Su forma moderna se caracteriza por la compra-venta de productos de bajo precio, menor calidad, generalmente a granel, en forma marginal y subordinada a las unidades económicas formales, sin importar su tamaño.

Desde ese origen y enmarcado en el cordón obrero de las afueras de Buenos Aires, cercano a las viejas fábricas, hoy cerradas, que dieron color y olor a la industrialización por sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, se encuentra el mercado callejero minorista más grande de la Argentina.

Cabe destacar que el espacio de la feria implica un lugar de intersección entre la producción, la comercialización y el consumo, donde la participación conlleva horizontes y expectativas de desarrollo profundamente heterogéneas, pero a la vez, nos muestra un lugar posible de desenvolvimiento de la economía no institucionalizada o reglada, donde conviven no solamente prácticas solidarias: sistemas de crédito, mutuales, permisos, apoyos comunes ante enfermedades, muertes, etc., sino que también es lugar común de organización, donde se pautan los precios, los productos, la calidad, la competencia entre ellos. Sin embargo, es también un lugar de apropiación, segmentado, en pugna, de conflictos vinculados a la ocupación del espacio dentro de la feria, a su mantención, y al respeto de lógicas de comportamiento relativamente institucionalizadas en el interior de ella.

En efecto, en esa zona geográfica se encuentran en funcionamiento una cantidad aproximada de 30 ferias francas. Para el vocablo municipal, se denomina feria

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en el cual se configura una red de articulaciones, con mayor o menor grado de formalidad, y en la cual los vínculos basados en la confianza aparecerían como los sostenedores de las prácticas económicas en su interior, reemplazando o sobreponiéndose a las regulaciones públicas, garantizando los intercambios y arbitrando la continuidad y perdurabilidad de los mismos en el espacio callejero.

La expansión de las actividades informales de feriantes en el conurbano bonaerense constituye una de las manifestaciones del fenómeno de la heterogeneidad del aprovisionamiento de bienes de consumo, que a su vez, emergen como intermediarios económicos que atienden necesidades y demandas de consumidores territorialmente segregados y no articulados en los mercados formales, en su mayoría.

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franca a la que funciona en la vía pública regulada por la Ordenanza Municipal N° 5.354 del año 1985 y la N° 6.707 del año 1992. Algunas de sus disposiciones reglamentan la cantidad de cuadras que pueden ocupar estas ferias, los rubros de venta permitidos, los turnos de rotación, el horario de funcionamiento, los requisitos que deben cumplir los vendedores que quieran colocar allí sus puestos, normas de higiene y salubridad.

A esa cifra se adicionan 10 ferias1 que tienen las características de las ferias francas y se rigen de acuerdo a las disposiciones generales de las ordenanzas correspondientes, pero que carecen de la habilitación municipal necesaria para su funcionamiento.

En efecto, el Departamento de Ferias de la Municipalidad de Quilmes tiene un registro de alrededor de 600 feriantes habilitados.2 Ellos son los que pueden denominarse “feriantes tradicionales”3, que cuentan con un chango para dedicarse a la actividad, como lo estipula la regulación sobre ello, y pagan un canon mensual de acuerdo a los días que arman sus puestos en las ferias para poder trabajar.4 Estos feriantes no habitan necesariamente en el Partido.

Los pequeños comerciantes que ofrecen sus productos en las ferias superan esta cifra y muchos de ellos no cuentan con la estructura de puesto demandada por la regulación existente. Parte de esta población podría agruparse entre los que surgieron como fruto de la crisis económica que vive la Argentina desde hace más de una década, y que cuentan con un capital y una tradición ocupacional distinta a la que puede apreciarse en los feriantes tradicionales.5 En la feria de San Francisco Solano se contabilizó un total de 1.634 puestos; la feria tradicional, donde se encuentran presentes los feriantes tradicionales y un grupo de los denominados “cola de feria”, está representada principalmente por vendedores de ropa, un 34,7%; artículos varios un 23,5% de los puestos, que puede incluir ropa también; la venta de comida a través de pequeños restaurantes en la feria, representa el 6,9% de los puestos, y un 6,5 de zapaterías, donde la venta de zapatillas y de calzado para mujeres, son los productos más ofertados (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1 Cantidad de puestos según lugar en la feria Tipo de feriantes

Cantidad

Feriantes tradicionales y “cola de feria”

758

Feriantes “cola de feria” de Playón

399

Feriantes “buscas”, ubicados alrededor del arroyo Las Piedras

477

Total

1634

Fuente: Dato relevado el 19 de agosto de 2006, entre las 9 y las 13 horas.

En la feria “busca”, feria periférica, que está en calles aledañas a la feria principal, y bordea además el arroyo Las Piedras, se encuentra una gran cantidad de puestos, casi 500, donde lo particular, además del escaso capital, y la ausencia de carromatos, es la variedad de rubros de los puestos (ya que se venden muchos productos usados, y reciclados, lo cual por lo intermitente de su aprovisionamiento, no genera condiciones de continuidad de la oferta del producto por parte del feriante), los cuales representan el 46,6% del total de puestos. Muy por detrás, los puestos de ropa principalmente usada, y también los puestos de ferretería, en su mayoría, de herramientas usadas. También hay pequeños puestos de venta de comida preparada, tanto para los feriantes como para los clientes de la feria (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2 Número y % de puestos por rubros, Feria Buscas del arroyo Las Piedras Cantidad

%

Varios

186

46,6

Ropa

58

14,5

Ferretería

44

11,0

Comida

38

9,5

Videos & Discos

21

5,3

Electrónica

15

3,8

Juguetería

11

2,8

Artículos de hierro usados

10

2,5

Artículos de computación usados

7

1,8

Muebles usados

4

1,0

Bijouterie

2

0,5

Mercería

2

0,5

Marroquinería

1

0,3

Total tiendas

499

100,0

Fuente: Dato relevado el 19 de agosto de 2006, entre las 9 y las 13 horas.

La feria muestra además los signos y códigos propios del montaje de un espectáculo. Hay una puesta en escena colectiva, donde cada feriante, en cada puesto específico cumple un rol determinado, en una escenificación diaria, a partir de la cual se va corriendo el telón de apertura, para dar inicio a las transacciones y al intercambio social.

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Tienda de:

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La construcción colectiva de la feria permite ver el nivel de organización interna, que coloca a cada actor y su medio (el/la feriante y su puesto) en un papel específico, desde el inicio de la jornada hasta su culminación. Un papel construido en base a la experiencia y las relaciones continuamente renovadas entre los feriantes, y con sus clientes.

Pero esta escenificación, desarrollada en la calle, debe ser adornada continuamente, ya sea a través de la disposición de la mercadería en el carromato, o en mesa de madera, a través del “voceo” de los productos, y disposición de cada uno de los puestos, que dan forma a la trama territorial de la feria.

Y la feria no es tan solo puestos, alimentos, vestidos y herramientas, es también olor a carbón y aceite, para acompañar las continuas escenas, la presencia de micro-espectáculos: músicos, magos, pintores, truhanes de las apuestas y exhibidores de íconos milagrosos, cuyos contenidos conjugan una visión y una expresión propia del lugar: el lugar de la cumbia en el acerbo musical, la magia y el tahúr, la pintura basada en la copia de la figuras de Walt Disney, las cruces talladas y los muñecos de cerámica que representan al “gauchito gil”.

Dentro de la feria, cada actor va jugando un papel distinto y cada vez diferente: productor, vendedor, feriante, espectador, entre otros. Es una ceremonia colectiva, donde alguno a la vez es actor y espectador, en ese sentido Michelle De la Pradelle dice “el efecto de seducción que ejerce así el mercado callejero explica sin duda porqué la sociedad mercantil, sin tener de él verdadera necesidad, se complace en tenerla” (De la Pradelle, 1996).

Y aunque de una impresión de libertad y caos en la feria, un mercado es una institución comunal y por tanto producto de una política municipal, de ciertas acciones perfectamente explícitas y deliberadas, y otras tácitas y continuas. La organización de la feria debe respetar la no existencia, uno al lado de otro, de puestos de rubros similares, o contradictorios, por ejemplo al lado de la ropa no hay una pescadería, y esta situación no obedece a las reglas preestablecidas, sino a la costumbre y a normas de conducta que constituye al grupo más cercano de feriantes.

Pero lo inquietante de la feria es cuánto más podría asemejarse a un modelo de “verdadero mercado”, tanto más dependería de los eslabonamientos sociales para su funcionamiento efectivo, “en ningún ámbito resulta más clara la dinámica, denominada el problema de la inserción, que en las transacciones en las que el único recurso contra las trasgresiones es la confianza mutua resultante de la pertenencia a una estructura social que las abarque” (Granovetter, 1985).

En el desarrollo de este intercambio, de características paradojalmente informales, la confianza se genera tanto por las características y sentimientos comunes de las personas y por las expectativas de “que las acciones fraudulentas serán castigadas mediante la exclusión, de quien las ha cometido, de las redes sociales y de las transacciones futuras” (Portes y Heller, 2004).

Asimismo la feria asume un lugar de campo de disputa, en el cual hay una distribución del capital específico que allí está en juego; el lugar, el puesto, el rubro, los contactos con el Municipio, la policía, los representantes de la feria, son acumulaciones desiguales entre sus miembros, pero cuya conquista, búsqueda o

retención, implican una mediación, basada en la pertenencia, el interés, la red.

Es por ello que en la feria el soporte de las transacciones económicas y los intercambios sociales es la confianza social, que limita las transgresiones, facilita las interrelaciones y las prácticas asociadas a ella en la feria y la posibilidad de que la estructura socio-organizativa de la feria no se derrumbe.

En el caso de la Feria de Solano, la confianza social aparece como el sustento de las transacciones y garantiza la perdurabilidad de las prácticas en su interior.

La confianza no aparece como un valor colectivo débil, muy por el contrario, se sostiene en base al fortalecimiento de la trama social de la feria, y del barrio donde se inserta. La modalidad de la regulación pública, la organización comunitaria, la costumbre y la tradición de la feria en sí, los actores individuales y el territorio6, constituyen los elementos, que dan la base institucional a la concreción de la confianza.

Para entender la feria en todo su dinamismo, debe ser pensada como un proceso de cooperación necesaria, sin ella, sería imposible pensar en su supervivencia.

Para aprehender la cooperación, y entendiéndola como un aporte conceptual a la dinámica de la feria, conviene situarla dentro del contexto de interacción social.

En él tiene lugar el juego de la oferta y la demanda, el cual es direccionado por el efecto combinado de múltiples factores (aportes directos, concurrencia de mercados vecinos, acceso desigual a la información económica).

El mercado ambulante no es una reunión de expertos, pero si una ceremonia colectiva donde alguno es a la vez actor y espectador.

Siguiendo esta línea argumental la cooperación es una acción deseada y provechosa, benéfica y buscada, y en ese sentido depende fuertemente de un campo social de interacción, imperativamente puntual, temporal y acotado. Ella permite darle continuidad y sustento al consumo, donde los bienes ofertados en el ámbito de la feria, constituyen la razón de ser de este espacio, y su realización, el soporte reproductivo local.

Los diferentes aspectos que circundan la vida de un feriante están envueltos de constricciones y opciones, posibilidades y riesgos, decisiones y amenazas, que lo constituyen en el espacio social de la feria. Participan, de acuerdo a su propia especificidad, en un campo concreto, en un espacio estructurado de posiciones, en el cual la dinámica está dada por la confrontación y la cooperación, por la búsqueda de un mejor lugar en la feria, y por densificar, en forma explícita o no, las interrelaciones que se dan en su interior.

El enfoque se centra en recuperar al agente social que se produce en estas prácticas, sin dejar de tener en cuenta que él se encuentra inserto en una trama de relaciones, que por más coercitiva que pueda ser, nunca elimina totalmente el margen de autonomía individual, no elimina esa posibilidad de actuar de otra manera que posee el individuo.

En estos espacios sociales, los sujetos transitan y ponen en práctica estrategias7 alternativas de inserción económica, dando lugar a la construcción de trayectorias

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4. La cuestión de la cooperación

139

socio-laborales “dinámicas”, que constituyen reales o potenciales atajos contra la “exclusión”.

El mundo del trabajo no protegido, informal, característica del autoempleo, también sufre fuertes mutaciones, producto de su articulación y vinculación con el sector formal, por lo cual tiende a expandirse, creándose un propio sector informal en los bordes del sector informal que refleja “modos de sobrevivencia” que tienen como objetivo primordial lograr la subsistencia “como sea” y condiciones de pauperización, en las cuales se expresan estas actividades informales, menos legisladas, más degradadas.

Como muy bien lo han planteado Salama y Mathías (1986), “la inexistencia de seguros (la pérdida absoluta de dinamismo del sector formal para crear empleo), y el desarrollo de la crisis conducen a transformaciones del sector informal, y donde ciertos segmentos del sector informal sufren todo el peso de la crisis”. Estos diferentes segmentos de trabajadores informales, tienden a reposicionarse en un contexto de crisis social y económica, poniendo en juego diferentes saberes, acervos, capitales y relaciones sociales para su reproducción y sobrevivencia. Estos segmentos ocupacionales son sumamente heterogéneos entre sí, tanto por sus historias laborales como por su capacidad para disponer y utilizar los diferentes recursos con los que cuentan.

La feria de San Francisco Solano no es un espacio socio-territorial homogéneo como el análisis o la visión del fenómeno podrían, en principio, señalarnos. En ese sentido, puede describirse entre los feriantes un arco que va desde aquellos que desarrollan su actividad con capacidad de acumulación, hasta los que obtienen de ella sólo lo necesario para la subsistencia. Comparten un espacio socioeconómico, pero están inmersos en diferentes entramados de relaciones sociales y cuentan con diferentes recursos y capacidades de intercambio.

Por su parte, existen códigos, condiciones para ingresar en la actividad y llevarla a cabo. Códigos más explícitos entre los feriantes tradicionales, tácitos entre el grupo que se ubica en los márgenes de la feria. Cuestiones como el ingreso, el espacio físico que se ocupa, los productos que se venden, las marcas que ofrecen cuentan con regulaciones que todos conocen, pero el rol ordenador no se establece en torno a recomendaciones emanadas de la regulación pública, sino más bien de acuerdo al desarrollo de las redes personales de cada feriante.

La movilidad es una de las características centrales para quienes trabajan en las ferias. Se arman en distintos lugares los diferentes días de la semana, no muy distantes unas de otras. Esta rotación, sin embargo, no impide que se genere un arraigo muy fuerte por parte de los feriantes al territorio en el que se mueven, y a la feria como un espacio comercial y social cargado de significaciones. La feria de San Francisco Solano, que se arma miércoles y sábados, es la más importante en esta rotación, la que convoca la mayor cantidad de personas.

Esta feria comienza a pocas cuadras del centro comercial del barrio y termina a orillas de un arroyo, veinticinco cuadras después. Al igual que el barrio, las condiciones de la feria se hacen más precarias cuanto más se aleja del centro.

Como hemos señalado más arriba, en ese largo recorrido se identifican tres gran-

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des grupos de feriantes, en base a los siguientes ejes: niveles de capitalización, permisos municipales –cuestiones que hacen a la legalidad de su actividad–, los bienes o servicios que venden y el modo en que se proveen de mercaderías: de estas dimensiones depende su inscripción en el interior de la feria.

El primer grupo, distribuido en las primeras cuadras de la feria, es el de los feriantes “tradicionales”. Cuentan con habilitaciones municipales, por las que pagan un impuesto al Municipio, que les brinda seguridad en el desarrollo de su actividad y les exige cumplir con una serie de requisitos: para ello deben contar con determinado nivel de capitalización. Exhiben su mercadería en grandes carromatos y tienen relaciones sólidas con sus proveedores. Por lo general allí se ofrecen productos nuevos –prendas de vestir, zapatillas–, alimentos –hay carnicerías, pescaderías, verdulerías, puestos de empanadas y productos regionales–, compactos y videos grabados, ferreterías, jugueterías, artículos de almacén y de bazar, etc.

El segundo grupo es el de los feriantes asociados al “sindicato de colas de feria”, al cual pagan una especie de impuesto para armar sus puestos. Estos feriantes no tienen habilitación municipal, pero el “sindicato” les ofrece un respaldo. Sus puestos están conformados por estructuras de metal, y son más pequeños que los de los feriantes tradicionales; los niveles de capitalización son bastante más bajos.

El tercer grupo es el que conforman los emprendedores marginales, los “buscas”. En este grupo el nivel de capitalización es mínimo y no cuentan con habilitación municipal ni respaldo de ningún sindicato o agremiación, y los niveles de organización son muy débiles. Allí se venden mayormente objetos usados y otros provenientes del “cirujeo”.

A su vez, esta estratificación se corresponde con diferentes contextos de llegada a la feria: los feriantes tradicionales cuentan entre veinte y cuarenta años de trayectoria en la feria; los “colas de feria” se incorporaron en los últimos diez años; y el grupo de los “buscas” creció notablemente en los últimos cinco años, tras la crisis que derivó en la salida de la convertibilidad.

La relación entre el barrio de San Francisco Solano y la feria es muy visible.

La presencia de la feria es ineludible y pueden verse en sus contornos comercios y actividades que dependen de ella, surgidos como producto de su impronta. Es notorio que, en las cuadras que ocupa la feria franca, talleres mecánicos se hayan convertido en restaurantes y nuevos comercios, transformados para albergar a los visitantes que el fin de semana saturan los pasillos de la feria. En el sector de los “buscas” la identificación entre el barrio y la feria es aun más fuerte. Aunque existen diferencias físicas entre los puestos de los feriantes tradicionales y los pertenecientes a los “colas de feria”, la feria franca –si bien se derrama en sus márgenes en locales y puestos muy pequeños en las calles laterales–, ocupa un espacio delimitado: los puestos se ubican a ambos lados de la calle, dejando libre un pasillo por el que circulan los clientes. La ubicación enfrentada de los puestos provee a la feria franca de una morfología particular –los feriantes lo disponen así, proponen esa circulación para dejar sólo un corredor y dificultar que los probables clientes la abandonen–. Esta delimitación espacial cambia notoriamente cuando comienza la feria más precaria.

141

Asimismo, el barrio se hace más precario a medida que se aleja del centro comercial. Anexado a la otra parte de la feria, el sector de los “buscas” se extiende por 15 cuadras. Allí, a diferencia del resto de la feria, no existe una estructura organizativa del mercado callejero: por la ubicación de los puestos –desplegados donde exista un espacio en la vía pública–, así la feria se confunde con la geografía del barrio, que parece absorberla. Al recorrer este sector se presenta de inmediato otra diferencia: las mercaderías y productos que se ofrecen son diferentes a los que pueden adquirirse en la feria franca. Aquí predominan los productos usados, de cualquier naturaleza. La estructura de los puestos también difiere: los productos son ofrecidos al público sobre tablones, en estructuras muy frágiles de metal o directamente sobre el piso. Allí los feriantes amontonan sus productos, abarrotados en la porción de espacio que pudieron conseguir. En este sector no existe una reglamentación pública sobre el espacio que puede ocupar cada uno, como ocurre en la feria franca. Rige otra reglamentación, no escrita, en la que los más viejos son los que tienen la última palabra.

Otra diferenciación que puede establecerse con respecto al resto de la feria es la heterogeneidad de productos que se ofrecen al interior de los puestos. En un mismo puesto puede encontrarse desde remeras hasta cd´s, libros y canillas, y si bien en varios puestos predomina una mercadería (ya sea ropa, retazos, libros, etc.), ofrecen lo que consiguen, lo que pueda ser vendido.

La feria con puestos de los tradicionales y los coleros, abarca aproximadamente 15 cuadras. A ello se le suman 10 cuadras con los puestos más precarios, sobre veredas de tierra, y cercanos al arroyo San Francisco. En la primera parte hay unos 750 puestos aproximadamente, y casi 850 puestos en la zona marginal de la feria.

La “cumbia-villera” es la melodía que circunda a la feria, como el olor a las empanadas fritas, y el humo del carbón que calienta las parrillas para ofrecer choripán, carnes y tortillas de grasa. El trajín de la gente es incesante y, a medida que se acerca el mediodía, tiende a haber más personas, además de cafeteros, heladeros y otro tipo de vendedores, que se mueven por la mitad de la calle.

Los primeros puestos que se visualizan son los ya mencionados “tradicionales”, con carromatos, en los que exhiben diversidad y mayor cantidad de mercadería, en comparación con los puestos de “los coleros” y los “buscas”.

Cumple un papel determinante la lógica inserta en la reproducción de la unidad económica, en el sentido de que la misma genera ganancias que pueden ser reinvertidas en la propia unidad, lo que conlleva un proceso de acumulación a lo largo del tiempo, y que se expresa con ser un sector que puede capitalizarse, principalmente con los medios que permiten la reproducción del hogar (la vivienda, el vehículo).

En los otros grupos, las dificultades son mayores; “los colas de feria” se basan en el trabajo de individuos que producen bienes u ofrecen servicios para el mercado y/o que los comercializan; la limitación se da en que los atrasos de posesión de activos (tanto de trabajo como de reproducción), limitan la capacidad de crecimiento. En tanto que el grupo de feriantes “buscas”, más emparentados con la pobreza estructural, realizan una actividad que consiste en la obtención y reparación

de los bienes de consumo, además de su producción, pero que alcanza solo a cubrir las necesidades de los trabajadores, que tienden a ser inestables y cuentan con la fuerza de trabajo familiar ( Ver Cuadro 3).

Cuadro 3 Características de los segmentos principales de la feria y sus condiciones de vida Segmento

Con respecto al Estado

Con respecto a sus condiciones de vida

Feriantes tradicionales

Legalización de permisos ante el Municipio. Participación en organizaciones exclusivas de feriantes.

Pauperizados pero no pobres. Inversión de capital sólida en sus respectivas unidades económicas.

Actividades de acumulación.

Feriantes precarios “colas de feria”

Permisos Municipio.

del

Pobres, puestos con escaso capital, y estructura del puesto precaria.

Feriantes ilegales “buscas”

Sin permisos y habilitación municipal.

Pobres e indigentes. Escaso capital de trabajo, venta de productos usados, de diversas procedencias. Actividades de subsistencia.

precarios

5. Los consumidores en la feria

Cabe hacerse la pregunta, ¿de dónde vienen los que compran en la feria, quiénes son, en qué trabajan y por qué compran?

Se parte de la siguiente premisa: el consumo es el uso que hace el hombre y la mujer de los bienes o servicios que están a su disposición con el fin de satisfacer sus necesidades. Estos bienes o servicios tienen utilidad para el hombre precisamente por su capacidad de satisfacer sus necesidades.

De acuerdo a planteos de la economía clásica, el comportamiento del consumidor dependería de 3 variables: 1. el precio de los bienes que desea consumir.

Cuánto más bajos sean los precios, más consumirá y al revés ; 2. el nivel de los ingresos del consumidor. Si aumentan sus ingresos consumirá más y viceversa; 3. de los gustos personales del consumidor. Consumirá más lo que más le guste.

Esto sería algo subjetivo, porque la satisfacción que se obtiene al consumir un bien depende de cada uno.

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Fuente: elaboración propia

143

Esta definición parte de un supuesto instrumental: la racionalidad del sujeto y su capacidad de “racional choice”, el “homo oeconomicus” en el evento mismo del consumo.

Sin embargo, esto no es tan así, por lo menos en el marco de la feria, en la cual valores y prácticas económicas están indisolublemente unidos y se expresan en las relaciones sociales, que conducen las formas de establecimiento de éstas en las actividades productivas, de intercambio y de consumo.

Marx, Weber, Polanyi, Sahlins (Del Corral, 2006) relativizan esta idea, y plantean la necesidad de socializar y culturalizar el consumo ; en tal sentido Bourdieu (2003) dice “una invención escolástica del mundo que se plasma en el mito del ‘homo oeconomicus’ y en el ‘rational action theory’, forma paradigmática de la ilusión escolástica que induce al estudioso a introducir su pensamiento pensante en la cabeza de los agentes actuantes y a situar en el fundamento de las prácticas de éstos, es decir, en sus ‘conciencias’, sus propias representaciones, espontáneas o elaboradas, o, peor aún, los modelos que han tenido que elaborar para dar razón de estas prácticas”.

En base a ello, y a partir del interrogante planteado al inicio de este trabajo: analizar los vínculos económicos y sociales principalmente, entre la feria y los consumidores, se llevó a cabo un relevamiento bajo un formato de encuestas coincidentales no probabilísticas de los consumidores de la feria.

Para ello fueron encuestadas 266 personas, bajo un criterio de edad, y sexo, tratando de que los encuestados no sean feriantes, para no sesgar la muestra de los consumidores, además del lugar en el cual se los encontró comprando: la feria tradicional o “cola de feria”, y la de los “buscas”. Tres fueron las dimensiones exploradas: las características demográficas de los consumidores, su situación laboral, o de los jefes/as de hogar al cual pertenecen, y por último las características propias del consumo. Las preguntas se organizaron en torno a cuánto gastan, cuántas veces vienen, y por qué compran.

Las características de los consumidores de la feria Sin lugar a dudas, mirar y describir cuantitativamente las características de los consumidores de la feria, no logra revelar la magnitud y el carácter que asume para esta población su participación en la feria. El hecho de estar ahí para comprar no resuelve el problema de los intercambios, pero agrega información, sobre la cuantificación de los mismos, a través del factor monetario. Analizar el consumo informal excede el actual estudio, pero genera las condiciones iniciales para estudios posteriores que permitan observar más detalladamente estas características propias del consumo, en espacios sociales marginales.

La muestra estuvo compuesta, por un lado, por las personas que paraban en un puesto, ya sea a preguntar o comprar mercadería, tomando en cuenta la cantidad y el tipo de rubro de los puestos. De allí se llegó al resultado de una mayor presencia femenina en la feria.

Un poco más del 55% de los consumidores de la feria son mujeres, cuya mayor presencia se pudo comprobar en las tiendas de ropa, calzado y de productos de almacén (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4 Consumidores según sexo Sexo

Frecuencia

%

Varón

118

44,4

Mujer

148

55,6

Fuente: Base propia, 2007

Por grupos de edad, la población entre 26 a 45 años representa en mayor medida, el grupo principal de consumidores en la feria, y si agregamos las edades menores, casi ¾ de los consumidores de la feria tiene menos de 46 años ( Ver Cuadro 5).

Cuadro 5 Grupo de edad de los consumidores Grupos de edad

Frecuencia

%

14 a 18 años

24

9,0

19 a 25 años

56

21,1

26 a 45 años

118

44,4

46 años y más

68

25,6

Total

266

100,0

Se observa un alto componente migratorio en la procedencia de los consumidores, alrededor del 40% proviene de otra provincia o de un país limítrofe (Ver Cuadro 6).

Cuadro 6 Procedencia de los consumidores Nacieron en

Frecuencia

%

en esta ciudad

106

39,8

en otra ciudad de esta provincia

50

18,8

en otra provincia

80

30,1

en un país limítrofe

30

11,3

Total

266

100,0

Fuente: Base propia, 2007

temas y debates 18 / comunicaciones / diciembre 2009

Fuente: Base propia, 2007

145

Asimismo, se observa una clara distancia de la procedencia migratoria y la edad, ya que la población de menor edad nació en mayor proporción en la provincia de Buenos Aires, o en la localidad de Quilmes, un 75%, en tanto que esta situación se revierte a medida que avanzamos en la edad, ya que el grupo de más de 46 años representa un 64,7% de nacidos en otra provincia o países limítrofes. Estos datos sugieren que la población de consumidores, que principalmente vive en el barrio, es de origen migratorio, tanto interno como de países limítrofes, pero cuyo asentamiento local data de más de una década (Ver Cuadro 7).

Cuadro 7 Edad según procedencia de los consumidores Nació en

Grupos de edad

En esta provincia

14 a 25 años 26 a 45 años Más de 46 años Total

TOTAL

En otra provincia o país limítrofe

66

14

56

75,0%

25,0%

100,0%

66

52

118

55,9%

44,1%

100,0%

24

44

68

35,3%

64,7%

100,0%

156

110

266

58,6%

41,4%

100,0%

Fuente: Base propia, 2007

De los encuestados el 67% se encuentra ocupado en el momento del relevamiento, un 14,1 % desempleado y un 18,8% inactivo. Ahora si nos circunscribimos sólo a la Población Económicamente Activa, el porcentaje de desocupación se amplia al 17,3% (Ver Cuadro 8).

Cuadro 8 Situación ocupacional del consumidor Situación ocupacional

Frecuencias

%

ocupado

172

67,2

desocupado

36

14,1

inactivo

48

18,8

Total

256

100,0

Fuente: Base propia, 2007

Los ocupados por cuenta propia y los obreros/empleados, son las mayores categorías laborales que pudieron observarse, representando un 74,2%. También se presenta un elevado porcentaje de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar, con un 16,5% (Ver Cuadro 9).

Cuadro 9 Categoría laboral del consumidor Categoría laboral

Frecuencias

%

patrón

2

1,0

cuenta propia

72

37,1

obrero/empleado

72

37,1

beneficiario P. J .y J.

32

16,5

servicio doméstico

6

3,1

ns/nc

10

5,2

Total

194

100,0

Este cuadro incorpora un dato relevante, con respecto al lugar de la feria como ámbito de provisión de bienes: para aquella población con ingresos insuficientes que debe procurarse mercaderías, la feria aparece como un espacio pertinente para la adquisición de esos bienes, y no tan solo por el volumen de productos ofertados, sino también por el precio y la calidad de los mismos.

El cálculo de los ingresos señala un porcentaje elevado de ingresos muy bajos.

El 37,4% de los consumidores declaran ingresos menores a $750, en tanto que el 56,1% tendría ingresos que varían entre los $750 y los $2.000 y un porcentaje muy menor tendría ingresos superiores a los $2.000 (Ver Cuadro 10).

Cuadro 10 Ingresos totales familiares en pesos Frecuencias

%

150 a 750

80

37,4

751 a 2.000

120

56,1

Más de 2.001

14

6,5

Total

214

100,0

Ingresos

Fuente: Base propia, 2007

temas y debates 18 / comunicaciones / diciembre 2009

Fuente: Base propia, 2007w

147

Al observar los datos acerca de la distancia de los clientes con respecto a la feria, el 67% reside a menos de 20 cuadras (Ver Cuadro 11) y, en general, las personas que consumen en la feria tienden a ir en forma continua a ella; si observamos el agregado de los valores relativos, el 87,9% va por lo menos una vez al mes a comprar a la feria (Ver Cuadro 12).

Cuadros 11 Distancia del lugar de residencia de los consumidores con respecto a la feria Distancia

Frecuencias

%

A menos de 10 cuadras

84

33,1

Entre 10 y 20 cuadras

88

34,6

A más de 20 cuadras

82

32,3

Total

254

100,0

Fuente: Base propia, 2007

Cuadro 12 Periodicidad con que compran en la feria Periodicidad

Frecuencias

%

dos veces por semana

62

23,3

una vez por semana

86

32,3

una vez por mes

86

32,3

esta es la primera vez

16

6,0

No sabe / no contesta

16

6,0

Total

266

100,0

Fuente: Base propia, 2007

Al realizar múltiples respuestas con respecto a los motivos de la presencia en la feria se destaca por un lado, los precios (mencionado 190 veces) y porque les gusta comprar allí (104 veces). En el Item “Otros” apareció mencionado el paseo 32 veces y 14 por tradición (Ver Cuadro 13).

Los consumidores, en promedio, gastan el 9,9% de sus ingresos totales en la feria, aunque las diferencias son ostensibles de acuerdo a la categoría ocupacional. En el Cuadro 15 apreciamos una proporción elevada, tanto de beneficiarios de planes como de mujeres que trabajan en el servicio doméstico, que gastan entre un 17% y un 24% aproximadamente de sus ingresos en la feria, en tanto que los obreros y empleados gastan alrededor del 7,2%. (Ver Cuadro 15).

Cuadro 13 Motivos por los cuales compran en la feria Motivos

Respuestas

porque es más barato

190

porque le gusta comprar en la feria

104

porque está más cerca

86

otros

84

porque le gusta la calidad de los productos

48

porque tiene amigos y familiares

28

Fuente: Base propia, 2007

Cuadro 14 Cuánto gastó aproximadamente la última vez que vino a la feria Media

$ 69,5

Mediana

$ 50,0

Fuente: Base propia, 2007

Cuadro 15 Cuánto gasta en % del total de ingresos en la feria según categoría ocupacional del jefe de hogar Media

patrón

10,2

cuenta propia

9,9

obrero/empleado

7,2

beneficiario P. J. y J.

23,9

servicio doméstico

17,2

Total

9,95

Fuente: Base propia, 2007

En tanto que según la categoría ocupacional del jefe de hogar, y tomando en cuenta el ingreso total familiar se aprecian las siguientes diferencias de medias, que oscilan entre los $131,8 que gastan en la feria las jefas empleadas domésticas, $77 los cuenta propia, $64,6 los empleados/obreros (Ver Cuadro 16).

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Categoría ocupacional jefe de hogar

149

Cuadro 16 Promedio de consumo en pesos en la feria, según categoría ocupacional Categoría ocupacional jefe de hogar

Media

patrón

64,9

cuenta propia

77,0

obrero/empleado

64,6

beneficiario P. J. y J.

63,3

servicio doméstico

131,8

Total

69,5

Fuente: Base propia, 2007

Un dato sumamente interesante y que refleja la heterogeneidad de la feria, es cuánto se gasta en promedio en la feria tradicional y cuánto en la “busca” y podemos comprobar, a través de las encuestas una gran diferencia ; mientras que en la feria tradicional los consumidores gastan aproximadamente 87,9 pesos por mes, en la feria “busca” ese promedio ronda los 47,3 pesos.

Si vinculamos el gasto por tipo de feria y la categoría ocupacional del comprador, la situación muestra un carácter sumamente diferencial; podemos apreciar que los obreros/empleados muestran una gran diferencia en qué lugar de la feria compran productos, situación similar a la de las empleadas domésticas.

Bajo estos parámetros estadísticos, se observa una clara tendencia que sostiene uno de los supuestos iniciales: la feria como un lugar no sólo de venta masiva de productos, de características informales, sino también como garantía de la reproducción de la fuerza de trabajo formal, completando el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, ofreciendo bienes más baratos, que no logran comprar en el mercado formal, por la incompletitud del salario de garantizar la reproducción. En los sectores de menores recursos, que gozan de planes asistenciales, sus compras tienden a ser similares en ambas ferias, al igual que los “patrones”, aunque no se sabe el tipo de producto que compran.

6. Conclusiones: el lugar de la confianza

Las diversas actividades que se generan en el contexto de la feria reflejan la heterogeneidad dentro de ese espacio social, expresada en los tres grupos presentados y señala las particularidades que asume en este sector las constricciones y las posibilidades de sus “modos de sobrevivencia”.

A pesar de las restricciones estructurales, de estar situados frente a un contexto adverso, los feriantes orquestan, organizan, producen su subsistencia; donde es posible hacer “elecciones”, dentro de un horizonte definido y limitado de posibi-

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lidades. Utilizan estrategias de adaptación, de adecuación que implican transformaciones obligadas para lograr un nivel mínimo de bienestar, que se traduce en la sobrevivencia.

Sin embargo, contrariamente a lo que puede pensarse, estas actividades que aparentan un fácil acceso, requieren de una indispensable movilización de recursos: 1) Un conjunto de conocimientos (no formales, en el sentido de que no fueron aprendidos en el sistema formal de educación), capacidades y experiencia laboral (conocimiento del ramo) en este tipo de actividades que han acumulado a través de los diversos roles laborales que han desempeñado a lo largo de su trayectoria.

También la posesión de recursos económicos que permiten su realización, aunque los mismos no necesitan ser demasiado elevados.

2) Escalafones de acceso, barreras al ingreso, redes. No es un acceso totalmente libre, “no es un mundo del no código” en comparación con el sector formal, sino más bien, es un sector donde también deben ponerse en juego las relaciones que permiten la realización de esta actividad. No son tan solo las relaciones de proximidad las que priman, sino también las institucional-burocráticas, las regulaciones estatales, y las intervenciones no institucionales de agentes del Estado (inspectores, policías), y las propias relaciones de mercado, las que establecen con los clientes, los proveedores y sus competidores, que habilitan o no la continuidad de sus actividades.

El acceso, el mantenimiento y avance dentro de estas ocupaciones ponen en juego los diferentes recursos que dan como resultado posiciones diferenciadas en el interior de la feria.

Si bien podemos afirmar que los “feriantes” tienen/manejan un capital social (relaciones, redes) y un capital económico que les permite sobrevivir, muchos de ellos no pueden salir de la pobreza. Los lazos sociales, para los grupos peor posicionados no brindan oportunidades que ayuden a salir de la marginalidad, aunque sí para mantenerse en la feria. Sus hijos, parejas, amigos, familiares se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad. Sin embargo son esos lazos, las relaciones que entablan los que les permiten acceder e ingresar en las actividades informales.

El mundo de la informalidad, expresado en el espacio de la feria, es el lugar en el que transcurre cada uno de los desplazamientos o recorridos cotidianos que este grupo de feriantes despliega, en el cual priman un sinnúmero de formas de conflicto, de cooperación, de destitución y de desamparo; la yuxtaposición de posiciones de desventaja en circuitos de marginación junto a la acumulación de diversos tipos de privación localiza a estos sujetos en un lugar particular: feriante tradicional, “colero” o “busca”.

Los procesos de pauperización que se expresan en este espacio social reflejan las transformaciones en el mundo del trabajo en la última década y los cambios profundos en la reproducción de la fuerza de trabajo, que exigen el despliegue de diversos tipos de recursos para la sobrevivencia.

Cada grupo de feriantes según su posicionamiento en la feria enfrenta una estructura de preferencias y oportunidades reales. A un mejor posicionamiento en la feria nos encontramos con itinerarios laborales con capacidad de elección.

151

Para poder dar cuenta de los “modos de sobrevivencia” asociados a las prácticas productivas de este grupo de feriantes no sólo hay que considerar su posición en la actualidad, sino también la trayectoria de esa posición a lo largo del tiempo.

Contrariamente al caso de los feriantes “tradicionales”, los itinerarios laborales del grupo de “cola de feria” son distintos. La trayectoria de éstos comienza no con un período de inserción laboral plena, sino por el contrario sus recorridos laborales podrían ser pensados como un continuum de inserciones (laborales) precarias –que contemplan en algunos casos pasajes momentáneos al sector formal– con ingresos bajos, fluctuantes, sin ninguna protección social y con escasas perspectivas de progreso laboral. Con respecto al universo de las relaciones sociales posibles, los feriantes “tradicionales” poseen una red de relaciones que exceden los lazos de proximidad, lo que se traduce en las mejores condiciones de vida de este grupo.

Por el contrario, las redes de sociabilidad del grupo de los feriantes “cola de feria” son, en cantidad, considerablemente menores y muchas veces se restringen a los vínculos familiares, lo que se traduce en el mayor esfuerzo que deben desplegar para mantener estas actividades a lo largo del tiempo y para contrarrestar las peores condiciones de vida en las que están inmersos.

Los feriantes “buscas”, en tanto, están constituidos por mujeres y hombres que a través de prácticas vinculadas con el rebusque y con el afianzamiento de sus redes sociales de proximidad dan forma a una actividad signada por la incertidumbre y alejada de todo lazo institucional que le proporcione algún tipo de contención. En este esquema la actividad de los feriantes del sector marginal, se constituye en una amalgama que vincula fortalezas de su entorno familiar, social y productivo junto con una lógica del rebusque, en la cual el puesto, la mercadería, los clientes, la provisión, perduran atravesado la debilidad institucional y la falta de oportunidades concretas. Asimismo, la solidificación continua de procesos de confianza –con sus compañeros de ferias, con sus clientes, y con su red amorfa de proveedores– se constituyen en aspectos fundamentales en tanto garantes de la reproducción de la actividad.

Para este análisis se retomó el concepto de informalidad a partir de la caracterización de la unidad productiva, haciendo hincapié en la marginalidad en la que dicha unidad se reproduce, poniendo el énfasis en lo que hace a la utilización y acumulación de capital y a la organización y productividad de la misma. Sin embargo, el modo en que se ha abordado el estudio de los feriantes marginales de la feria de San Francisco Solano, así como los emergentes que han surgido de las entrevistas, nos conducen a analizar la práctica de este segmento más allá de la informalidad como atributo de la unidad económica que constituye, considerando la relevancia de las redes sociales para la formación y el desarrollo de sus prácticas de supervivencia, las cuales ponen en evidencia la relación estrecha entre redes sociales y mecanismos de supervivencia (Lomnitz, 1975), la construcción de garantías en el proceso de intercambio, dada por la generación continua de prácticas que producen, alimentan y consolidan la confianza social.

De todas maneras, la ausencia de toda instancia reguladora de la actividad del feriante busca (diferenciación definitiva con respecto a los otros dos segmentos de

feriantes) re-orientar la mirada hacia elementos propios del intercambio, aspecto que induce a pensar la marginalidad de este sector desde una perspectiva más relacional que vincula estas prácticas en relación con otros sectores económicosociales. Pensar la feria como un espacio de intercambio no sólo económico sino también simbólico (sobre todo en el sector marginal) –en el cual las prácticas de intercambio simbólicas y económicas se llevan a cabo en los márgenes del sector hegemónico comercial de ese territorio y de los límites de la propia feria, es decir, donde la actividad se desarrolla en clave de supervivencia– posiciona a este sector estudiado dentro de un proceso más amplio que evidenciaría la presencia de nuevas inserciones de tipo inestables en el interior del propio sector informal.

1. Información facilitada por el Círculo de Feriantes de Quilmes.

2. Esta cifra surge del control de recaudación correspondiente al mes de agosto de 2006.

3. Un informante argumentaba que el feriante tradicional es aquél que trabaja en las ferias desde sus orígenes, que tiene a ésta como una actividad principal y “cuenta con una linda casa y un trailer”, como ellos lo llaman, que consiste en una camioneta con acoplado, que se convierte en puesto.

4. Los registros presentados por Gabriela Wyczkier (2000) en su tesis “Ocupación y lazos sociales: un estudio de la informalidad laboral” indican que el 26% de los feriantes trabajan en distintas ferias francas del Partido 6 días a la semana, un 24% lo hace durante 5 días, un 15% lo hace cuatro días y un 12% trabaja todos los días de la semana. El resto trabaja con una frecuencia semanal menor.

Con respecto a los rubros de comercialización se observa que la mayoría vende alimentos frescos (frutas, verduras, carnes, pescado), representando el 41%. Un 26% vende productos de marroquinería, mercería, tienda, calzado, ropa; un 16% comercializa productos de bazar, juguetería, regalos, librería, y un 14% vende productos de almacén, plantas, semillas, especias.

5. Es relevante recordar que para la regulación existente son feriantes aquellos comerciantes que cuentan con un puesto especial para hacerlo (chango construido con cierto tipo de material, equipamiento, amplitud). Dados los cambios en esta población se consideran en este estudio como feriantes (en concordancia con otras investigaciones e inclusive con los criterios de focalización de algunos programas sociales de microcrédito) también a aquello que arman su puesto en las ferias, tanto públicas como las que no lo son, con una infraestructura más precaria (por ejemplo con tablones de madera y caballetes).

Una fuente consultada de la ONG Horizonte estima que la suma promedio de capital de trabajo de los puestos de los feriantes históricos puede ascender a los $10.000, mientras que en promedio la de los otros feriantes no supera los $2000.

6. La noción de territorio implica la heterogeneidad y complejidad del mundo real, sus características acerca del tipo de conocimiento, los actores territoriales, tanto públicos, empresariales como sociales, y su movilización en torno a estrategias y proyectos diversos, así como la existencia y acceso a los recursos estratégicos para el desarrollo local.

7. Estrategias que no necesariamente siempre están relacionadas con la mera repetición, con la reproducción mecánica de las condiciones objetivas de existencia, como un círculo de prácticas que se reproducen sin fisuras a través de los tiempos. Lo que supone admitir la existencia de prácticas y estrategias que escapan a las funciones previstas y prescriptas, determinadas por las “estructuras”.

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Recibido: 31/03/2009. Aceptado: 12/08/09

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temas y debates 18 / comunicaciones / diciembre 2009

Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina de Aníbal Pérez Liñán Cintia Pinillos

reseñas

The Politics of trade. The Role of research in trade policy negotiations de Diana Tussie (ed) Julieta Zelicovich

Libro: Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina Aníbal Pérez Liñán Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009 (383 pp.)

Desde la década del ’80, el debate acerca el presidencialismo y la inestabilidad política ha constituido uno de los capítulos más desarrollados de la política comparada, sobre todo en lo que respecta a América Latina. Es probablemente uno de los temas donde con mayor claridad se pueden observar las ventajas del método comparado a la hora de discutir generalizaciones teóricas establecidas y proponer hipótesis explicativas alternativas, mediante el control comparado sobre diversos procesos históricos concretos. El debate académico se inicia a partir de los trabajos de Juan Linz, cuya contribución más decisiva puede encontrarse en “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿Hay alguna diferencia?”.1 Para Linz y Valenzuela (1997), entre otros, el origen y la supervivencia independiente de los poderes ejecutivo y legislativo en contextos presidenciales genera conflictos que derivan en situaciones de inmovilismo, y que en casos extremos pueden comprometer la estabilidad del régimen democrático. En aquel temprano momento del debate, Linz identifica la lógica que opera en el sistema presidencial e inaugura diversas preguntas en torno al funcionamiento del presidencialismo, sobre todo en contextos multipartidarios, que van a ser retomadas y discutidas por otros autores.2 Tres décadas después, y como corolario de las discusiones académicas desarrolladas, se ha desestimado aquella asociación directa entre presidencialismo e inestabilidad del régimen democrático; sin embargo muchas democracias presidenciales latinoamericanas han transitado por diversas crisis de gobierno que merecieron la atención de los politólogos interesados en la temática.3 Inscripto en esta línea de trabajos, el libro de Aníbal Pérez Liñán realiza un aporte original a partir del estudio de crisis presidenciales que se suscitaron en países latinoamericanos en las últimas décadas. En su investigación, el autor identifica un nuevo patrón de inestabilidad política, que no comprometería al régimen democrático –como se argumentaba en la versión original de la crítica al presidencialismo– pero sí al poder ejecutivo, encarnado en la figura del presidente.

Los rasgos distintivos de este nuevo patrón difieren de las crisis recurrentes que transitaron los países latinoamericanos en décadas pasadas, pero pueden en-

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Cintia Pinillos Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Mail: cintiapinillos@hotmail.com

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contrarse semejanzas centrales a través de los casos. En primer lugar, las fuerzas armadas no suelen intervenir en ellas, y cuando lo hacen fracasan en su intento. En segundo término, los medios de comunicación se presentan como los “guardianes de la moral pública”, contribuyendo a la investigación y difusión de escándalos relacionados con incidentes de corrupción de los presidentes o de su entorno. Un tercer elemento, que se constituye en variable crucial para explicar el desencadenamiento de la crisis, son los movimientos de protesta contra la corrupción o el mal desempeño económico. Finalmente, en el marco de estos procesos, el Congreso se hace cargo de la responsabilidad de garantizar la transferencia del poder en el marco de la Constitución (2009: 321). Al análisis de cada uno de estos rasgos distintivos dedica el autor sendos capítulos, profundizando en los aportes producidos en el marco de cada una de las temáticas, y explorando los matices de los mismos en distintos casos históricos.

En el marco de esta nueva pauta de inestabilidad, el juicio político presidencial aparece como “la principal expresión constitucional” (2009:321) para producir el desplazamiento de su cargo de aquellos presidentes que se encuentran en una situación de gran debilidad política y que enfrentan importantes cuestionamientos de la sociedad. Este mecanismo –que era interpretado por Juan Linz como dispositivo excepcional del presidencialismo, pero que por su misma naturaleza no aparecería como un recurso que pudiera resolver situaciones de empate e inmovilismo suscitadas entre las dos ramas electivas–, aparece en el argumento de Pérez Liñán como elemento clave para destrabar situaciones en las que el presidente se ha tornado demasiado impopular, impredecible o renuente a realizar acuerdos (2009: 331).

Estas salidas anticipadas, se resuelven claramente con la intermediación del Parlamento, que fue constituyéndose en una institución decisiva para el mantenimiento de la continuidad constitucional –a pesar de la precariedad de su intervención en términos de accountability horizontal–. En este sentido, Pérez Liñán señala que no es a partir de los controles de rutina entre poderes que se pone en funcionamiento el Parlamento para iniciar el juicio político presidencial, sino luego del estallido de escándalos mediáticos y protestas populares. Así, cuerpos legislativos que no ejercen sus funciones de rendición de cuentas con regularidad, muestran capacidad proactiva para dar curso a los procesos de juicio político, fundamentalmente en aquellos casos en los que los presidentes no cuentan con apoyos suficientes en el Parlamento.

Frente a los desarrollos más recientes del debate, que señalan una tendencia a la parlamentarización del presidencialismo –a partir de la recurrente sustitución legislativa de los presidentes en situaciones de crisis de gobierno (Carey, 2006: 154)–, Pérez Liñán alerta sobre la naturaleza diversa de los desplazamientos del ejecutivo en contextos parlamentarios y presidenciales. Para el autor, en los regímenes presidenciales “…la remoción del presidente por medio del Congreso indica una catástrofe política, no una mera realineación partidaria” (2009: 326).

Con su reciente libro, Pérez Liñán produce un nuevo giro en el debate, a partir de la articulación de dos aportes centrales que no habían sido incorporados a las líneas de trabajo principales sobre del presidencialismo. En primer lugar, el concepto de

temas y debates 18 / reseñas / diciembre 2009

democracia delegativa, acuñado por Guillermo O’Donnell (1994), a partir del cual se señala la debilidad de la democracia representativa para dar cuenta de algunos regímenes de reciente redemocratización en América Latina. En segundo lugar, el concepto de accountability social, desarrollado por Peruzzotti y Smulovitz (2002) que permite identificar nuevos actores que intervienen en el proceso de rendición de cuentas, en contextos de precaria accountability horizontal.

En relación con el concepto de democracia delegativa, Pérez Liñán recupera uno de los problemas centrales de las democracias latinoamericanas identificados por O’Donnell: la naturaleza cíclica del poder presidencial. En la mayor parte de las crisis presidenciales estudiadas, se observa la presencia de presidentes que llegan a ocupar sus cargos con un elevado nivel de respaldo popular y de apoyos institucionales y que luego declinan en su popularidad y quedan aislados de sus principales apoyos iniciales.

En un sentido semejante, Pérez Liñán incorpora en su argumento principal otro elemento explicativo, brindado por la tesis de Peruzzotti y Smulovitz, quienes señalan que los medios de comunicación y los movimientos de protesta se han constituido en actores que tienen la capacidad de funcionar como agencias alternativas e informales de control, activando instituciones de rendición de cuentas que no funcionan “de oficio”. Estos nuevos actores se constituyen en agentes claves para explicar el contexto en el que se desencadenan las crisis presidenciales estudiadas por Pérez Liñán.

El significativo aporte realizado por el autor al identificar y explicar este nuevo patrón de inestabilidad política, está sostenido en un interesante trabajo comparativo que contempla, a lo largo del libro, un importante número de crisis presidenciales. Como casos principales de su investigación –siguiendo el rastro de aquellas crisis en las que el juicio político fue clave–, estudia los casos positivos de enjuiciamiento que desplazaron del gobierno a Collor (Brasil, 1992), Pérez (Venezuela, 1993) y Cubas Grau (Paraguay, 1999). También considera el caso de Bucaran (Ecuador, 1997), quien fue desplazado de su cargo por una declaración de incapacidad. Como casos de contraste, incorpora al análisis los de González Macchi (Paraguay 2002) –quien sobrevivió a un proceso de juicio político– y Samper (Colombia, 1996), quien logró evitar que el mismo se concretara.

Además, para controlar y enmarcar su argumento, analiza otros casos de crisis presidenciales en los que no estuvo presente el juicio político como alternativa concreta, aunque su potencialidad pudo haber condicionado la salida de los presidentes: De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saa (Argentina, 2001), Serrano (Guatemala, 1993), Mahuad (Ecuador, 2000), Fujimori (Perú, 2000) y Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) Un abismo separa a los reyes con el nombre de presidente que reclamaba Bolívar para las naciones en ciernes del siglo XIX, y los presidentes actuales, condicionados en muchos casos por ciclos de poder variable, medios de comunicación atentos para debelar escándalos de corrupción, movimientos de protesta que involucran a diversos sectores de la ciudadanía y un precario contingente de parlamentarios dispuestos a contener iniciativas de juicio político. Es a partir de este hiato

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y de las consecuencias del mismo para la democracia en la región, que se abre la agenda comparativa de los próximos años.

El libro de Aníbal Pérez Liñán “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina”, constituye un capítulo imprescindible tanto en el debate sobre el presidencialismo y la democracia en América Latina, como en el campo de la política comparada contemporánea.

Referencias

1. Si bien la primera versión de este trabajo es de 1984, el texto más difundido aparece como capítulo inaugural del tomo I de la compilación de J. Linz y A. Valenzuela, Las crisis del presidencialismo, publicado en español en 1997.

2 . Entre los trabajos de otros autores que contribuyeron a esta línea de investigación y que han influido en la discusión en América Latina pueden citarse: S. Mainwaring (1995), Presidencialismo, multipartidismo y democracia: la difícil combinación; S. Mainwaring, y M. Shugart (2002), Presidencialismo y democracia en América Latina; J. Lanzaro (comp.) (2001), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina; D. Chasquetti (2006), La supervivencia de las coaliciones presidenciales de gobierno en América Latina; J. Carey (2006), Presidencialismo vs. Parlamentarismo.

3. Para identificar parte de los aportes más sustantivos sobre el tema, puede consultarse el Vol. 49 de agosto de 2008 de la Revista América Latina Hoy, que publicó un dossier titulado “Las nuevas formas de inestabilidad política”.

Bibliografía

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E. PERUZZOTTI y C. SMULOVITZ (Comp.) (2002), Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires, Temas.

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temas y debates 18 / rese単as / diciembre 2009

Libro: The Politics of trade. The Role of research in trade policy negotiations Diana Tussie (Editora) Republic of Letters/BRILL/ IDCR, Ottawa, 2009. ( 314 pp.)

Diana Tussie introduce en esta obra la problemática en torno a la articulación entre la producción del conocimiento y la formulación de políticas públicas, particularmente la que se desarrolla en el caso específico de la política comercial externa. A través de la compilación de distintos estudios de episodios (una variable de los estudios de casos), la autora conduce al lector hacia de los análisis de formulación de políticas, al tiempo que promueve la reflexión en torno al papel del investigador en dicho proceso, y de lo que se ha dado en llamar la “investigación post-académica”.

Desde una perspectiva constructivista, se parte de la identificación de una vacancia en la academia de estudios sobre la manera en la cual las investigaciones son producidas, desplegadas y tomadas en cuenta en los procesos de formulación de políticas, particularmente en los de la política comercial, ya sea en el marco de las reformas, como dentro de un contexto de negociaciones de apertura comercial.

La premisa es que la investigación tiene capacidad para modificar el status quo y catalizar discusiones de política basadas en el conocimiento, lo que muestra una vinculación entre éste y los cambios de políticas (tanto conceptuales como instrumentales). Para la autora entender cómo es que esto sucede implica no sólo entender cómo el conocimiento es generado, sino también los efectos que los contextos internos y las influencias externas tienen en el proceso de formulación de políticas.

La articulación entre conocimiento y política no es una conexión vertical y lineal, en la cual la investigación marca la senda de las decisiones políticas sirviendo de insumo a ésta, sino que se trata más bien de una red de relaciones en la cual la investigación y los investigadores “se sumergen en aguas partisanas”. El proceso de toma de decisiones no sigue una lógica ordenada en función de reflexiones de tipo racionales; por el contrario, se trata de un proceso de interacciones permanentes entre un conjunto de jugadores diversos con intereses enfrentados que buscan influir en el resultado de las políticas. Por lo mismo, los investigadores son sólo un actor más en el proceso de toma de decisión, poseedores de un tipo específico de conocimiento, y cuya influencia depende de su relación con el conocimiento de los demás actores locales.

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Julieta Zelicovich Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR). Becaria CONICET. Mail: jujizel@hotmail.com

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A partir de los casos de estudio, se sostiene que la reforma de las políticas comerciales puede ser vista como un proceso en el que las innovaciones intelectuales desarrolladas por organizaciones domésticas e internacionales son introducidas en el proceso de formulación de política para convertirse en la base de nuevos o transformados intereses domésticos. Mientras que el giro de las reformas de los 90 puede ser en gran medida explicado por la influencia de las comunidades epistémicas hegemónicas, las negociaciones comerciales no pueden ser explicadas de la misma forma. Estas requieren mayor atención a los intereses base del problema y a la construcción de la investigación. Los cambios de políticas suponen mapas cognitivos, la articulación de una visión y sus instrumentos, así como un entendimiento acerca de las maneras de hacerla viable. La creación y desarrollo de investigaciones son de importancia creciente en el marco de las negociaciones comerciales, donde diferentes agendas se contraponen. A fin de cuentas, “las políticas comerciales y las negociaciones son acerca de quién consigue qué y cómo”.

Las principales hipótesis de trabajo sostienen que “los cambios conceptuales de política son opacos, subjetivos por naturaleza, tienen lugar en largos periodos de tiempo, y son causados por un amplio e interrelacionado rango de factores. Como consecuencia, la relación empírica entre investigación y cambio conceptual de política es muy difícil de investigar dado que no es una relación lineal. Por su parte, la relación entre investigación y política es mucho más dinámica y compleja de lo que generalmente se asume. En vez de ser lineal, hay un proceso de doble vía entre investigación y política. Por ello, varios factores contextuales pueden jugar un rol clave tanto en la definición de la cuestión a investigar, como en la influencia del impacto de la investigación sobre la política. En la práctica múltiples variables contribuyen al cambio de políticas. Un análisis empírico de un episodio de cambio de políticas puede clarificar la complejidad de la relación causal ente investigación y cambio de políticas”.

Sostiene Tussie además que la explicación de los cambios en cuestión debe buscarse más en el poder político del conocimiento (power politics of knowledge) que en la fuerza de la evidencia.

Se trata de abrir las puertas a un nuevo campo de “investigación post-académica” donde la investigación no aparece como una verdad independiente, sino como una herramienta instrumental y de apoyo a las decisiones políticas tomadas en otros planos.

El libro constituye el primer volumen de una serie más amplia, editada por el Centro de Investigación de Desarrollo Internacional (IDCR), centrada en los estudios de las dinámicas institucionales internacionales. Cuenta con el aporte de quince investigadores de diferentes latitudes, que a través del estudio de ocho casos distintos dan cuenta de la problemática en cuestión. El trabajo se estructura en once capítulos, siendo el primero el articulador de los interrogantes centrales de la investigación, los seis subsiguientes el estudio de los casos nacionales (Canadá, Unión Europa, Argentina, Nigeria, Egipto e India); los próximos dos los dedicados a los casos multilaterales (G20 y G33); el décimo el dirigido a la metodología, y el último el referido a las reflexiones finales y las recomendaciones de acción.

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El análisis de los capítulos permite introducir reflexiones adicionales.

La influencia de la investigación en la formulación de políticas está marcada por un conjunto amplio de variables: la disponibilidad de investigaciones o de producción de conocimiento al momento de las negociaciones; la articulación de las mismas con los jugadores y los decisores; y también, la voluntad política de los decisores de hacer uso de tales investigaciones o producciones, son introducidas a partir del caso argentino. La experiencia de los casos agrega a estos condicionantes a su vez, la importancia de la coordinación de un timing apropiado entre la investigación y el proceso decisorio.

En cuanto a la utilización de la investigación, se pone en relieve la importancia de la comunicación y del lenguaje en la traducción de la investigación a la política pública. Sin tal transformación, la investigación tiende a quedar presa en “torres de marfil”. Así lo ilustran tanto el caso de Canadá como el de la India.

Una función fundamental reseñada de la investigación es la del rol como legitimador de las políticas adoptadas. En ello la influencia es clara en todos los casos, siendo importante a tal fin que la investigación en cuestión cumpla con requisitos de credibilidad y transparencia, así como de representatividad.

Por su parte, la influencia que pueda ejercer la investigación sobre las políticas está condicionada por la existencia de conflictos potenciales que se identifican entre los estudios de impacto y el proceso de toma de decisión. Este razonamiento está presente en el estudio del caso europeo, del de Egipto, así como en el argentino. En efecto, se sostiene que la incidencia del conocimiento tiende a tener más éxito en aquellas áreas donde el impacto de las políticas no produce conflictos distributivos. De otra manera, los estudios realizados por la academia se ven neutralizados por la presión de los lobbies.

El estudio realizado en el caso de la adopción del posicionamiento de la India en materia de facilitación de comercio enfatiza la representatividad y la validación de la investigación como un aspecto clave para la incorporación de ésta a las políticas públicas. Se identifican cinco dimensiones fuera del contexto político que determinan la influencia de la investigación en la formulación de políticas: el problema (¿qué da inicio a la investigación?), la institución de investigación, la investigación, la comunicación y alcance y el usuario.

Los capítulos 8 y 9 dejan de lado el plano de la formulación doméstica de políticas para dar paso al plano multilateral, particularmente al rol de la investigación y el conocimiento dentro de las coaliciones negociadoras en el marco de la OMC. Respecto del G20, se sostienen dos hipótesis. En primer lugar, que las coaliciones generan y utilizan la investigación para influenciar en las posiciones negociadoras de terceras partes. Para ello, deben tener capacidad para generar nuevos y políticamente relevantes conocimientos, y poder incluir nuevos temas en la agenda.

En segundo lugar, que la investigación puede ser utilizada para facilitar la construcción de consensos dentro de la coalición y consolidar la relación entre sus miembros. Esto es también receptado por el estudio del G33, en el cual se sostiene que las coaliciones utilizan la investigación con dos propósitos, externo e interno, ambos con el objetivo de construir consensos durante el proceso de negociación.

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En cuanto al uso externo, se refiere al establecimiento de la agenda, y a la legitimación de las posiciones. En cuanto a los fines internos, lo que se busca es atraer miembros a la coalición, y utilizar la investigación como incentivo para evitar la defección.

Una reflexión metodológica es aportada a partir del capítulo décimo. Se sostiene que los estudios de episodios de cambio de políticas son considerados el punto de inicio de los casos de estudios. El término es definido como un estudio que se focaliza en un claro cambio de política y que rastrea hacia atrás para identificar los impactos que la investigación ha tenido en la variedad de elementos que llevaron a tal cambio. Es una construcción del investigador más que un evento histórico en sí mismo. Su distinción subyace no tanto en los interrogantes de la investigación sino en el punto de inicio de ella.

El libro, entonces, se trata en su conjunto de una obra de gran riqueza para el estudio de las relaciones internacionales, y particularmente para el análisis de la formulación de política externa, tanto por los datos que provee como por las reflexiones a las que invita al lector, desde el propio campo de la investigación.

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información institucional

Taller Internacional: Revisitando la idea de democracia delegativa, dos décadas después, jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2009, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario María Elena Nogueira Congreso Internacional: Profundizando la democracia como forma de vida. Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI. Rosario, Argentina, 13 al 16 de mayo de 2010 Mariana Berdondini

Taller Internacional: Revisitando la idea de democracia delegativa, dos décadas después.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2009 Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Rosario

En el año 1991, el politólogo argentino Guillermo O’Donnell introdujo un concepto de gran trascendencia para el estudio de los nuevos regímenes democráticos instalados en la región. Descubrimos entonces un “nuevo animal” sobre el que la literatura especializada no había dado cuenta. Este tipo, en palabras del autor, no es ajeno a la democracia en sí sino más bien la presenta como más democrática y menos liberal en el sentido de la democracia representativa, pues es fuertemente sostenida sobre mayorías electorales.

Paradójicamente, el nuevo animal era una democracia política, una poliarquía, pero su principal atributo era –¿y aún lo es?– el supuesto de que aquél –o aquella– que gane una elección presidencial, sólo por ese acto se encuentra autorizado/a a gobernar “como quiere” por lo que la accountability queda afuera de tal ejercicio del poder.

Este encuentro permitió reunir a reconocidos especialistas dispuestos a reflexionar sobre el desarrollo de este nuevo animal, casi dos décadas después del surgimiento del concepto. Varios acontecimientos se sucedieron desde su aparición en la historia argentina reciente: ajuste estructural, caótica salida de la convertibilidad, crisis de 2001, asambleas populares, cacerolazos y “que se vayan todos”, crecimiento económico pos-convertibilidad, tres mandatos presidenciales concluidos, tres provisionales, uno interino y uno en curso, entre los más resonantes. Estos –y otros muchos– fragmentos de la historia argentina obligan a pensar cómo se reproduce aquel nuevo animal en un contexto estructural distinto y con nuevos –o diferentes– condicionantes. Pensar el régimen político democrático es también reflexionar sobre el papel del Estado y, lógicamente, de la ciudadanía permitiendo así una “crítica democrática a la democracia”. En esta línea se enmarcaron los objetivos y principales discusiones en los paneles del taller Revisitando la idea de democracia delegativa, dos décadas después.

La apertura de la actividad estuvo a cargo del Secretario de Planificación y Gestión Institucional de esta Facultad, Lic. Franco Bartolacci –en representación del Sr. Decano Lic. Fabián Bicciré–, y Osvaldo Iazzetta, docente e investigador de esta Casa de Estudios. El panel inicial estuvo integrado por Francisco Weffort, Marcelo Cavarozzi e Isidoro Cheresky y contó con la coordinación de Cecilia Lesgart. En sus intervenciones los panelistas reflexionaron sobre el tema “La tentación delegativa y la dinámica de las democracias latinoamericanas”.

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María Elena Nogueira. Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). Becaria CONICET.

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Por la tarde, el Dr. Guillermo O’Donnell brindó una conferencia pública titulada “Las múltiples caras del Estado y el principio de su unidad” adelantando algunas cuestiones centrales de sus investigaciones en curso.

La segunda jornada contó con la presencia de María Matilde Ollier, Gabriela Ippolito-O’Donnell y Hugo Quiroga siendo la coordinadora del panel, Mirta Geary. En este caso las intervenciones giraron en torno a “Las potencialidades de la idea de democracia delegativa en el presente de la región”.

El taller concluyó con una intervención de Guillermo O’Donnell en la que el autor del concepto recuperó los temas abordados durante las exposiciones y el debate llevado a cabo en las dos jornadas y avanzó sobre nuevos aspectos a considerar para su actualización.

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Congreso Internacional: Profundizando la democracia como forma de vida.

Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI. Rosario, Argentina, del 13 al 16 de mayo de 2010 Organizado por la Facultad de Ciencia Política y RRII, Universidad Nacional de Rosario.

Página web: www.congresorosario2010.com.ar e-mail: contacto@congresorosario2010.com.ar Reseña preparada por la Lic. Mariana Berdondini, miembro del Comité Ejecutivo.

El Congreso Profundizando la democracia como forma de vida. Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI es continuidad de los realizados en 2003 y 2008 en Toronto, Canadá, bajo el nombre “Learning democracy by doing”, organizados por el Transformative Learning Centre, OISE-University of Toronto.

En 2010, desde la Facultad de Ciencia Política y RRII, con amplios antecedentes y trayectoria en el estudio de la democracia desde diferentes perspectivas así como en la organización de reuniones científicas y actividades de vinculación con la comunidad, se organiza por primera vez en Latinoamérica, precisamente en Rosario, ciudad argentina con ricas experiencias de participación y educación democráticas. En este sentido, el Congreso coincide con las celebraciones del bicentenario de la independencia de numerosos países sudamericanos, incluyendo Argentina, que celebra el suyo en el mes de mayo.

El Congreso reúne en su comité académico a prestigiosos investigadores nacionales e internacionales del área de la teoría democrática y la educación y dado el carácter integral de la propuesta, su comité organizador esta constituido no sólo por docentes-investigadores y autoridades de la Facultad de Ciencia Política y RRII sino también por integrantes de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, del Transformative Learning Centre- OISE, University of Toronto, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de Rosario, de la Fundación La Capital y del Centro de Estudios Canadienses en Rosario. También cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación y ha sido declarado de Interés Municipal y de Interés Provincial por el Concejo Municipal de Rosario y la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe respectivamente.

Reflexión académica e intercambio de experiencias

En un tiempo de balances y de transformaciones globales, desde este lugar del mundo se invita a pensar: si en los últimos dos siglos luchamos por institucionali-

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Antecedentes y surgimiento

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zar derechos civiles, políticos y sociales ¿haremos del siglo XXI el de la profundización y la proliferación democrática como forma de vida?

Las prácticas y las concepciones acerca de la democracia y el aprendizaje ciudadano están en transformación. La decreciente participación electoral, la desconfianza ciudadana hacia la clase política y hacia las instituciones de la democracia formal así como las limitaciones de la democracia representativa para asegurar la inclusión social y la igualdad de oportunidades, han desatado intensos debates. Paralelamente, en el campo educativo existe una creciente preocupación por las limitaciones del modelo de educación tradicional, pues es claro que la memorización pasiva de datos y los cursos de instrucción cívica son insuficientes para formar una ciudadanía crítica, protagónica y solidaria que de vida a la democracia.

En las últimas dos décadas han proliferado experimentos de democracia participativa y de educación ciudadana en diversos ámbitos sociales.

Asimismo, ha aumentado la conciencia respecto al potencial que tiene el aprendizaje colectivo en espacios democráticos para promover el bien común y el desarrollo humano, para complementar las instituciones representativas con la inteligencia asociativa y para profundizar la democracia.

Sin embargo, a pesar de la expansión de estas prácticas innovadoras, sus vinculaciones a veces son débiles y los espacios de colaboración y las redes internacionales para compartir conocimiento están en un grado incipiente de desarrollo.

Con este Congreso se busca precisamente disminuir esta brecha convocando a dialogar sobre las intersecciones teóricas y prácticas entre la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos, constituyendo un espacio de reflexión académica e intercambio de experiencias. A partir de prácticas creativas, pasadas o presentes, en instituciones de educación formal y no formal, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y lugares de empleo, se propicia el análisis de estas iniciativas en función de sus contextos políticos, sociales e históricos.

Entre los invitados internacionales al Congreso Profundizando la democracia como forma de vida se destacan dos importantes académicos que han dedicado gran parte de su actividad académica a estudiar la democracia participativa, la deliberación pública y el impacto de las prácticas de participación ciudadana sobre las políticas públicas. Ellos son Erik Olin Wright e Yves Cabannes. Por su parte, entre los invitados nacionales se encuentran José Nun, Enrique Peruzzotti, Catalina Smulovitz, Marcelo Leiras, Gabriela Ippólito-O’Donnell, Juan Carlos Tedesco y María de los Ángeles “Chiqui” González.

Características singulares

El Congreso se desarrollará durante cuatro días, con características singulares dadas por el hecho de que junto a las presentaciones académicas se incluirán prácticas políticas, sociales y culturales vinculadas con la democracia participativa a cargo de sus propios actores y, de ser posible, en el espacio donde cotidianamente tienen lugar.

Los distintos ejes temáticos abordarán la problemática de la participación en diferentes ámbitos sociales, proponiéndose tratar la profundización de la demo-

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cracia en los espacios organizados por el Estado (municipal, provincial y nacional), en la sociedad civil, en el lugar de trabajo, en la educación básica (desde preescolar a la secundaria), en la educación superior, en la educación no-formal, en los medios de comunicación y en las comunidades trasnacionales.

De esta forma, el Congreso incluirá la participación de investigadores, académicos, trabajadores de la educación primaria, secundaria, superior y adultos así como de la educación no formal, promotores de desarrollo comunitario, planificadores urbanos, personas de la comunidad y de diversas organizaciones estatales y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de la democracia local y el protagonismo ciudadano.

En este sentido, los días jueves y viernes se destinarán a las actividades exclusivamente académicas, esto es, a las presentaciones de ponencias, mesas redondas y conferencias centrales, a desarrollarse en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia y en Salones de la Sede de Gobierno de la UNR. Por su parte, los días sábado y domingo, las actividades del Congreso se desplegarán en el territorio de la ciudad: Centros Municipales de Distrito, Tríptico de la Infancia, Centro Cultural La Toma, Centro de Expresiones Contemporáneas, con el fin de mostrar la participación en acción. Así, se organizarán mesas de experiencias y talleres en los que participarán académicos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.

En esta línea, el circuito en los Centros Municipales de Distrito será: 1. Programa Rosario Hábitat y otras experiencias similares en el mundo.

2. El Presupuesto Participativo: balance y desafíos.

3. Experiencias comparadas de Auditorias Ciudadanas en América Latina.

4. La regionalización participativa.

5. Diseño y producción textil con OSC. En otros espacios de la ciudad: 1. Empresas recuperadas y economía solidaria. Centro Cultural La Toma.

2. Concejo en los Barrios.

3. Talleres participativos en el marco del Programa Ciudad de los Niños.

4. Discusión participativa sobre la Feria de las Colectividades en el Centro de Expresiones Contemporáneas.

Es importante destacar que simultáneamente a las actividades descentralizadas y participativas del día sábado, ensamblándose con las actividades desarrolladas desde el Congreso, tendrán lugar en los Centros Municipales de Distrito los Cabildos Abiertos, organizados por la Municipalidad de Rosario con el objetivo de que los vecinos discutan los principales lineamientos políticos de la ciudad en el marco de la celebración del Bicentenario.

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Convocatoria Temas y Debates es una publicación académica, editada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que recoge colaboraciones de las diversas disciplinas de las ciencias sociales, es editada de manera semestral y recibe los siguientes tipos de trabajos: - Artículos de investigación: deberán ser textos originales.

- Comunicaciones y estados del arte.

- Reseñas.

Los trabajos con pedido de publicación deben ser inéditos en español y observar las siguientes normas: 1. Presentar una nota con pedido de publicación dirigida al Comité de Redacción, que incluya, el título del trabajo, los datos completos del autor (nombre y apellido, máximo grado académico alcanzado), la pertenencia institucional, la dirección postal, el número de teléfono y el correo electrónico.

2. Deben presentarse dos (2) copias impresas, que no contengan los datos del autor para garantizar el anonimato de la evaluación. Asimismo, debe presentarse en CD o vía correo electrónico el texto con los datos completos del autor. Las copias impresas deberán ser enviadas a la dirección que se indica al final.

3. Extensión de los trabajos: máximo 65.000 caracteres para artículos, 25.000 caracteres para notas y comunicaciones y 10.000 caracteres para reseñas bibliográficas. Los trabajos deben presentarse en hoja A4 (297 x 210 mmm), a espacio y medio, con márgenes de 3 cm.

Deben ser digitados en fuente Times New Roman tamaño 12.

4. Los cuadros y gráficos se incluirán en hojas separadas del texto, numerados y titulados, haciendo referencia a su ubicación en el texto.

5. Citas y Referencias: Para las citas se utilizará el sistema Harvard (Apellido del autor, año de edición: número de página si correspondiere) en el cuerpo del texto. Ejemplo: (Bourdieu, 2000:23). Las notas ampliatorias o aclaratorias deberán enumerarse correlativamente a pie de página.

6. La Bibliografía deberá ser ordenada alfabéticamente por autor, al final del artículo, y deberá contener los siguientes datos en este orden: a) iniciales de los nombres y apellido del autor (en mayúsculas); b) año de edición, entre paréntesis; c) título de la obra (en bastardilla); d) lugar de edición; e) casa editorial; f) volumen, tomo; g) en el caso de artículos de revistas, el título de estas últimas se incluirá en bastardilla y el título del artículo en letra normal, entre comillas separados entre comas.

Ejemplos: - Para libros: P. BOURDIEU (2000), Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, Manantial.

- Para capítulos de libro: M. DIAMOND (1996), “El Federalista” en L. STRAUSS y J. CROPSEY (comp.) Historia de la Filosofía Política, México, Fondo de Cultura Económica.

- Para artículos de revistas: J. M. GÓMEZ (1997), “Globalização da política. Mitos, realidades e dilemas”, en Praia Bermelha, Río de Janeiro, Vol. I, Nº 1.

- Para la Web: Citar los datos según se trate de un libro, artículo de libro, revista o artículo de diario o periódico. Incluir la fecha de publicación electrónica, la fecha de la última actualización disponible, y la fecha en que se accedió al sitio Web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o URL entre < >.

7. Resumen: El/los autores deberán enviar un resumen de una extensión máxima de 200 palabras (o 1000 caracteres) y las palabras claves, ambos en español e inglés.

En caso de ser publicado el artículo, el/los autor/es transfieren todos los derechos de autor a Temas y Debates, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales allí publicados. Asimismo, Temas y Debates, asume los derechos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar trabajos derivados en papel y/o electrónicos e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o bases de datos.

Temas y Debates no se hace responsable por los trabajos no publicados ni se obliga a mantener correspondencia con los autores.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Revista Temas y Debates Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario Riobamba 250 Bis – Monoblock 1 – Planta Baja - Secretaría de Investigación y Posgrado 2000 Rosario / ARGENTINA Correo electrónico: temasydebates@fcpolit.unr.edu.ar / temasydebates01@gmail.com

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Para la aprobación de su publicación los trabajos serán sometidos a la consideración del Comité de Redacción y de evaluadores externos.

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