ALBA-TCP: Integración Contra hegemónica y desarrollo autónomo

ALBA-TCP: Integraci贸n contra-hegem贸nica y desarrollo aut贸nomo

Omar V谩zquez Heredia

©Omar Vázquez Heredia. ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo ©Fondo Editorial de la Asamblea Nacional “Willian Lara”

Junta directiva

Dip. Diosdado Cabello Rondón Presidente Dip. Darío Vivas Primer vicepresidente

Dip. Blanca Eekhout Segunda vicepresidenta Fidel Vásquez Secretario

Fondo Editorial de la Asamblea Nacional “Willian Lara” Presidente Farith Fraija Norwood Edición y corrección al cuidado de: Carlos Alberto Zambrano Rodríguez Juaníbal Reyes Diseño y diagramación: Armando Rodríguez Hernández

ISBN: 978-980-7603-13-3 Depósito Legal lf 38720133203868

Colección Abierto al debate Esta colección es de máxima importancia para nuestro Fondo Editorial “Willian Lara” toda vez que representa el espacio preciso donde los distintos autores vuelcan sus posiciones sociales e ideológicas, así como sus fundadas y argumentadas apreciaciones respecto del camino revolucionario y socialista del siglo XXI por donde, felizmente, transita la Patria de Bolívar. En fin, un resquicio editorial donde se expone –de forma abierta– el pensamiento crítico en el que estamos sumidos para una mejor comprensión y entendimiento de la formación constante de nuestro pueblo en lo que corresponde a los saberes políticos, sociales, culturales y económicos; elementos que complementan y refuerzan la actual Batalla de Ideas tan necesaria para el nuevo ciudadano venezolano.

Índice Siglas utilizadas

13

Introducción 15 Capítulo I Una conceptualización crítica para entender la integración en una región periférica

23

Lo general: orden mundial, economía-mundo, 24 centro-periferia y dependencia Lo particular: integración hegemónica (libre comercio) 59 y contra-hegemónica (desarrollo autónomo)

Capítulo II Tentativas históricas de integración en América Latina y procesos actualmente vigentes Las primeras tentativas de unificación regional y la gesta independentista La integración latinoamericana en el siglo XX: segundos procesos La integración subregional en América Latina: MCCA, CAN, Caricom y Mercosur

Capítulo III El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas económico-comerciales

77

78 103 113

137

Contexto histórico que enmarca la aparición de la ALBA-TCP: la globalización y el ALCA Fundamentos históricos de la ALBA-TCP: el Libertador Simón Bolívar y el Apóstol José Martí Definición y principios generales de la ALBA-TCP

Capítulo IV Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias económicas y comerciales de la ALBA-TCP

138 151 159

187

El Tratado de Comercio de los Pueblos y la Zona Económica de Desarrollo Compartido: articulación comercial 188 Análisis de la concreción de las empresas grannacionales: la complementación productiva 197 La integración monetaria: el sucre 201 La articulación financiera: el Banco de la ALBA 205 Conclusiones 207 Epílogo 219 Los programas sociales de la experiencia de integración bolivariana

219

Anexos 229 Documentos oficiales

229

Documentos de la ALBA-TCP

230

BibliografĂ­a 233

A mi madre, MarĂ­a Heredia Salazar, y a mi compaĂąera, Eugenia Leyes

Siglas utilizadas

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ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración.

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

ALBAEXIM: Empresa Grannacional de Importación y Exportación.

ALBATEL: Empresa Grannacional de Telecomunicaciones.

CAN: Comunidad Andina de Naciones.

CARICOM: Comunidad del Caribe.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

ECOALBA-TPC: Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico de la ALBA-TCP. GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas.

MCCA: Mercado Común Centroamericano.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur. NAFTA (por sus siglas en inglés): North American Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

ODECA: Organización de Estados Centroamericanos.

{14} Siglas utilizadas PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A. PETROCARIBE: El Acuerdo de Cooperación Energética.

SUCRE: Sistema Unitario de Compensación Regional.

TCP: Tratado de Comercio de los Pueblos.

TLC: Tratado de Libre Comercio.

TLCAN: ver NAFTA UE: Unión Europea.

UNASUR: Unión Suramericana de Naciones.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Introducción

— {15}

Durante la segunda mitad del siglo XX, y en particular en sus últimas dos décadas, enmarcado en los procesos de integración de la Unión Europea y del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Tlcan o Nafta por sus siglas en inglés), se tendió a universalizar en términos prácticos y teóricos un modelo de integración comercial y productiva determinado, el cual tuvo y tiene como características esenciales la reducción arancelaria, la liberación comercial, la disminución de las políticas industriales activas, la desregulación de los flujos financieros, entre otras.

En sintonía con esta dinámica específica de regionalización económica, en la mayoría de las universidades y centros de investigación académica se planteó progresivamente –como forma predominante de integración productiva y comercial– el esquema antes mencionado; limitando así la posibilidad de reflexionar y pensar en proyectos de articulación comercial y productiva distintos al expresado por el libre comercio.

En este sentido, en las últimas dos décadas la academia se constituyó generalmente en una institución alejada de las distintas prácticas sociales concretas, validando con los contenidos teórico-metodológicos

{16} Introducción y epistemológicos los intereses dominantes que se materializan en las formas de reproducción y organización imperantes en la realidad social capitalista (Boron, 2006: 43). De ahí que, en muchas oportunidades, la academia haya oficiado no solamente de “caja de resonancia” de las perspectivas referidas, sino que simultáneamente devino en un espacio de divulgación y legitimación del pensamiento único que promovía el libre comercio. Sin embargo, en un escenario mundial signado por una crisis mundial aguda que involucra a las diferentes dimensiones de la sociedad, y a la que algunos autores han caracterizado como civilizatoria (Katz, 2008a: 75; Vega Cantor, 2009: 45; Beinstein, 2010: 40), es necesario desarrollar –en la universidad y en los centros de reflexión– una revisión de los proyectos de integración regional que nos permita visualizar la posibilidad de la construcción de otro tipo de relaciones productivas y comerciales entre los países de Nuestra América, que descansen en los intereses de las clases subalternas y en políticas alternativas de desarrollo autónomo, y además, que posean un necesario horizonte socialista.

En el marco de esta crisis mundial de largo alcance, que tiene expresión e impacto en el ámbito energético, financiero, urbano, alimentario, político y tecnológico, debemos evaluar el papel que desempeñan los intelectuales en la actual coyuntura, atendiendo a su vínculo con el orden hegemónico y las relaciones económicas en sus dimensiones productivas, financieras y comerciales.

De acuerdo al militante comunista Antonio Gramsci1, los intelectuales se constituyen en los empleados del grupo dominante para el ejercicio 1 Antonio Gramsci. Intelectual y activista político italiano, fundador del Partido

Comunista (Ales, Cerdeña, 1891 - Roma, 1937). Estudió en la Universidad

de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Croce y de los socialistas.

En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en

dirigente de su ala izquierda. Tras haber trabajado en varias publicaciones

periódicas del partido, fundó, junto con Togliatti y Terracini, la revista Ordine nuovo (1919). Gramsci fue capaz de producir una gran obra escrita (los

voluminosos Cuadernos de la cárcel) que contiene una revisión original del

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y la materialización de las funciones subalternas de la hegemonía social, lo que implica la construcción de un “consenso ‘espontáneo’ dado por las grandes masas de la población a la orientación que imprime a la vida social el grupo fundamental dominante” (Gramsci, 2009: 16). Ahora bien, en correspondencia con las palabras de este pensador italiano, resulta pertinente definir a los intelectuales tanto en términos de posibles difusores y legitimadores del orden vigente, es decir, como promotores de un consenso en la población alrededor de la liberación comercial y del neoliberalismo o, por el contrario, como potenciales sujetos revolucionarios que mediante un pensamiento y una práctica crítica evalúen y cuestionen el sistema hegemónico, proponiendo en paralelo alternativas viables para transformar la realidad concreta.

Desde esta perspectiva, consideramos que la intelectualidad tiene una función sustancial en la formulación y desarrollo del comercio mundial, definiendo que se pueden involucrar en la operativización, legitimación o construcción de propuestas que conlleven la transformación de la economía regional, articulándola a las necesidades de las clases populares de los distintos países de América Latina.

En este sentido, la investigación efectuada resulta de relevancia por cuanto permite aportar elementos teóricos y de análisis concreto acerca de las dinámicas actuales que se manifiestan en el seno de las relaciones comerciales internacionales, puntualmente con la aparición de experiencias de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)2. Asumiendo que la mencionada reflexión se realizó desde pensamiento de Marx, en un sentido historicista y tendente a modernizar el legado comunista para adaptarlo a las condiciones de Italia y de la Europa del siglo XX.

2 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Co-

mercio de los Pueblos o ALBA-TCP (en ocasiones denominada extraoficialmente por su nombre inicial Alianza Bolivariana para América o ALBA) es

{18} Introducción un ámbito académico e intelectual que busca construir instrumentos conceptuales e interpretativos que contribuyan a la producción de conocimiento de nuestra realidad.

Así, entendemos que los intelectuales cumplen un rol fundamental en la disputa práctica y teórica alrededor de los proyectos de integración organizados actualmente en América Latina, en la medida en que sus posiciones objetivas y subjetivas mantienen una vinculación orgánica con los intereses y demandas de los diversos grupos y clases que conforman a las sociedades capitalistas periféricas de Latinoamericana. De tal forma, nos parece que se torna necesario problematizar a las experiencias de integración regional, considerando que no existe un modelo universal cuya aplicación responda a las necesidades de todas las clases sociales de la región (Lander, 2004: 39); por lo tanto, se requiere desarrollar un análisis clasista y revolucionario de las experiencias de articulación integral que acontecen en Nuestra América.

En correspondencia con este planteamiento, creemos esencial que nos preguntemos: ¿Qué integración productiva y comercial debemos impulsar? Es así como, en el marco del pensamiento crítico latinoamericano, respondemos a lo largo de la investigación: • Debemos estudiar aquellas políticas productivas y comerciales que más se emparentan con un modelo de integración alternativo al neoliberal y librecambistas, relacionándose con los intereses materiales y culturales de las clases subalternas, de forma tal que su concreción una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza

y la exclusión social con base en doctrinas democráticas-socialistas. Es un

proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba

y Venezuela como contrapartida del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), esta última impulsada por Estados Unidos de Norteamérica. Esta Alianza Bolivariana ha dado inmensos y satisfactorios resultados para todos los países miembros.

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permita fortalecer las relaciones de complementariedad y cooperación entre los países de la región, enmarcados en un proceso de desarrollo autónomo compartido.

Aunque pueda resultar paradójico, mientras indicamos la centralidad creciente que tiene la ALBA-TCP en América Latina, al mismo tiempo encontramos que se encuentran escasos trabajos, investigaciones y documentos que intenten analizar en profundidad la dimensión económica y comercial de la referida iniciativa regional. Si bien existen algunos autores que han abordado lo económico-comercial [(Bossi (2007), Romero Méndez (2007), Sosa (2007), Valencia (2007), Katz (2007 y 2008b), Estay Reyno (2007 y 2008), Arruda Sampaio (2008), Boron (2008a), Gambina (2008), Martínez (2008), Ouriques (2008), Regueiro (2008), Churata (2009) y Ticehurst (2009)], los mismos se abocan a problematizar los lineamientos generales de la experiencia, no contemplando ciertas cuestiones específicas relacionadas con su imbricación con el desarrollo autónomo y la condición de países periféricos de los integrados; ni analizando la posible condición de proceso contra-hegemónico que debería implicar la construcción de un espacio de integración como el representado por la ALBA-TCP y, tampoco, haciendo un balance que garantice dibujar un mapa de los alcances económicos conseguidos por la tentativa de articulación bolivariana.

Es por ello que un estudio pormenorizado alrededor de las políticas y los programas económicos y comerciales del proceso de integración integral denominado ALBA-TCP, brinda la posibilidad de aportar nuevos elementos que permitan visualizar cómo se viene estructurando un conjunto de políticas públicas atinentes al área económica y comercial, lo que podría lograr englobar un balance del proyecto encarnado en la caracterizada integración bolivariana, que adicionalmente contribuya a la elaboración de propuestas alternativas enmarcadas en el objetivo de materializar una integración complementaria y recíproca en la región.

{20} Introducción Es importante mencionar que hemos organizado el presente libro en cuatro capítulos relacionados por una idea central: La integración regional y el desarrollo autónomo en Nuestra América, que intentaremos revisar y rastrear en las políticas económicas, financieras y comerciales de la ALBA-TCP; precisando su vínculo orgánico con el proceso bolivariano que se desarrolla en Venezuela. Además, incorporamos un breve epílogo alrededor de las políticas sociales que vienen desarrollando de forma mancomunada los Gobiernos nacionales de los países participantes en la imbricación bolivariana, en el marco de la solidaridad nuestramericana.

En el capítulo I planteamos un conjunto de conceptos que los entendemos como instrumentos críticos y dialécticos para comprender, en toda su complejidad, la integración regional en la actualidad, en una región del mundo periférica como la nuestra. Categorías como orden mundial, economía-mundo, centro-periferia, dependencia, desarrollo autónomo, autodeterminación democrática, desconexión, clases sociales, integración, libre comercio, hegemonía, globalización, entre otras, nos permitirán abordar y problematizar a este proceso en curso.

En el capítulo II realizamos un recorrido por las experiencias históricas concretas de unificación regional en América Latina, partiendo de los años posteriores a la independencia con la Gran Colombia, el Congreso Anfictiónico de Panamá y la República Centroamericana, pasando por el surgimiento del panamericanismo y el incremento de la influencia de los Estados Unidos en una época de predominio de la articulación interamericana; con la decena de Conferencias Panamericanas ocurridas desde 1989 hasta 1954, para terminar analizando los procesos de integración económica y comercial acontecidos desde la segunda mitad del siglo XX en la región: • Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) • Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) • MCC (Mercado Común Centroamericano) • CAN (Comunidad Andina de Naciones)

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• Caricom (Comunidad del Caribe) y • Mercosur (Mercado Común del Sur) • Todos, bajo la influencia de las ideas de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe3): El regionalismo autonómico y el regionalismo abierto.

En el capítulo III exponemos el contexto histórico mundial (globalización) y regional (ALCA y los TLC) en el cual emerge, en el 2004, a partir de la iniciativa de Cuba y de Venezuela la ALBA-TCP. Posteriormente –estudiando los documentos oficiales de la experiencia integracionista aludida– planteamos los fundamentos históricos de la misma.

Es decir, cómo los legados del Libertador Simón Bolívar y del Apóstol cubano José Martí legitiman la edificación de la ALBA-TCP comprendiendo, como decía el Libertador, que la Patria es América; e incorporando el postulado del prócer caribeño alrededor de Nuestra América. Para tal fin, efectuamos un análisis del discurso y de las propuestas económico-comerciales de la ALBA-TCP, buscando precisar su posible condición de proceso de integración contra-hegemónico al libre comercio.

En el capítulo IV intentaremos puntualizar, a partir del análisis exhaustivo de diversas fuentes oficiales, cómo el discurso y las propuestas económicas y comerciales de la integración bolivariana han tenido concreción en la realidad después del transcurso de varios años de su elaboración y presentación.

Adicionalmente, describimos los obstáculos que generaron una diferencia entre el programa y la concreción de la ALBA-TCP.

3 La Comisión Económica para América Latina (Cepal): organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas fundado en 1948 (posteriormente in-

corporado el Caribe) que, bajo la dirección del intelectual argentino Raúl Prebisch, planteó un conjunto de ideas vinculadas al desarrollo industrial de América Latina, caracterizadas después como desarrollistas; las cuales analizamos en el capítulo I.

Capítulo I

Una conceptualización crítica para entender la integración en una región periférica

— {23}

En el presente capítulo exponemos un conjunto de conceptos vinculados al objeto de estudio analizado en el presente libro: las políticas económicas y comerciales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

En este sentido, entenderemos por conceptos: • instrumentos analíticos que permiten estructurar en el pensamiento la realidad mediante su abstracción, evidenciando la validez de los mismos a partir de su capacidad para apropiarse cognitivamente y explicar lo concreto para, posteriormente, posibilitar su transformación integral (Emmanuel, 1971: 131).

Las categorías analíticas que nos permitirán –desde una perspectiva determinada– aproximarnos en el desarrollo de la investigación a las características particulares del proceso de integración denominado ALBA-TCP (especialmente a sus políticas económicas y comerciales) serán ajustadas a las necesidades cognitivas actuales, comprendiendo que fueron creadas en un contexto histórico determinado; en consecuencia, los cambios acontecidos en el plano de la realidad pueden motivar una

I {24} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

revisión dialéctica de lo conceptual para una cualificación teórica (Cox, 1993: 137).

Ahora bien, en un primer momento, comenzaremos caracterizando a la ALBA-TCP como • Un proceso de integración regional que se inserta de una forma particular en un orden mundial capitalista.

Entonces, partiendo de la conceptualización de lo general –el orden mundial– terminaremos presentando las categorías teóricas que garanticen visualizar las especificidades de la ALBA-TCP. Lo general: orden mundial, economía-mundo, centro-periferia y dependencia

Para delimitar el concepto de orden mundial –según Robert Cox (1993: 147)– debemos plantear que su configuración depende de dos factores importantes: 1. Las clases y fuerzas sociales particulares que son generadas por las formas organizativas predominantes que tiene el sistema económico mundial para producir y 2. los Estados nacionales y sus distintas posibilidades de estructuración local e internacional.

De esta manera, siguiendo las ideas del mismo autor, el orden mundial actual se construye con base en la internacionalización de la economía, del Estado y de las clases sociales propias del modo de producción hegemónico: el capitalismo. Por ende, su estudio y caracterización descansa en la necesidad de identificar las relaciones que generan los procesos productivos, comerciales y financieros integrados en un plano transnacional, es decir, dinámicas actuales como la concentración de capital, el incremento de la fortaleza de los instrumentos financieros y la agudización de fenómenos como la exportación de capital que consolidan la expansión global de las empresas trasnacionales (Arribas García, 2011: 52). Mientras, en paralelo, se encuentran las instituciones internacionales

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como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otras, que aparecen como extensión de lo estatal para preservar y promover las actividades económicas capitalistas.

El orden mundial tiene estructuras y lógicas específicas que entenderemos en vinculación con el concepto de economía-mundo de Immanuel Wallesrtein (2004: 73). Es así como planteamos que la ALBA-TCP surge en una realidad mundial condicionada por el proceso de globalización4 y, en términos regionales, por las diferentes perspectivas que tienen los países latinoamericanos ante las características y cualidades necesarias de la integración regional; concretamente, como alternativa y oposición ante las acciones desplegadas por Estados Unidos con la finalidad de construir el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Contexto histórico que analizaremos en el capítulo III de la presente investigación.

Cabe aclarar que cuando empleamos la categoría economía-mundo implica puntualizar que el orden mundial es capitalista, por lo tanto mantiene como una de sus características principales la división internacional del trabajo entre las economías centrales, las semiperiféricas y periféricas. Situación que se establece por el desarrollo desigual de los distintos territorios insertados en la economía-mundo, es decir, por la apropiación del excedente económico mundial por las áreas centrales en detrimento de las periféricas (Wallerstein, 2004: 101). Algo visualizado por Carlos Marx con anterioridad, particularmente en el siglo XIX, cuando expresó que “una nación puede apropiarse constantemente de una fracción del plustrabajo de la otra sin darle nada a cambio, excepto 4 Globalización: fenómeno histórico estimulado por el capital transnacional en

el cual se promueve la desterritorialización de lo nacional, intensificando las relaciones productivas, comercial y financieras mundiales mediante la eliminación de los obstáculos que impiden al mercado capitalista, constituirse en un ente regulador y orientador de la vida social; coadyuvado por innovaciones en materia de telecomunicaciones y transporte.

I {26} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

que la medida utilizada aquí no es la del cambio entre capitalista y obreros” (Marx, 1986: 45).

Entonces, la caracterización de la economía-mundo de Wallesrtein se vincula con las corrientes de pensamiento latinoamericano “cepaliano”5 y “dependentista”6, también con la teoría marxista al visualizar que la forma de organización de la economía mundial capitalista materializa una articulación polarizada y asimétrica entre distintas regiones del mundo (Dos Santos, 2003: 53). Esto en correspondencia con su tendencia a la concentración monopólica de capital y a partir de la estructuración de la división internacional del trabajo, por ello establece roles distintos entre el centro y la periferia de la economía capitalista mundial.

De esta manera, las posiciones “cepalianas” expresadas por el economista argentino Raúl Prebisch (1981: 183), principal teórico de la Cepal, sostienen que la periferia suministra productos primarios mientras que los centros imperialistas exportan a la primera bienes industriales.

Ocasionando con ello que el beneficio obtenido por las economías subdesarrolladas mediante la exportación de materias primas deje de invertirse en sus economías, para emplearse en la importación de mercancías con mayor valor agregado ubicadas en los centros desarrollados. Realidad esta que impide la promoción del desarrollo autónomo e integral de las periferias, por la existencia de un intercambio comercial desigual.

Así pues, según lo planteado por la Cepal, en la segunda postguerra mundial, en el marco del llamado regionalismo autonómico, para revertir la situación de subdesarrollo se necesitaba elaborar internamente 5 Cepaliano: nos referimos a las ideas formuladas por la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (Cepal), liderado por Raúl Prebisch, con relación al subdesarrollo latinoamericano y el posible crecimiento de las economías de la región.

6 Dependentista: nos referimos a los enfoques conceptuales vinculados a la de-

nominada teoría de la dependencia, elaborada por autores como Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Celso Furtado, Ander Gunder Frank, entre otros.

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bienes manufacturados que satisficieran el mercado local, mediante un proceso de industrialización que permitiera reducir las importaciones con su sustitución por producción interna (Rodríguez, 1980: 66). Es decir, una política industrial y comercial anclada en la sustitución de importación por bienes manufacturados localmente. Desde esta perspectiva, el sujeto social fundamental para avanzar en un proceso de desarrollo económico que rompiera con la división centro-periferia, se encontraba en la supuesta burguesía nacional industrializadora (Martínez, 2008: 201).

Además, el hecho de que se mantengan en la región economías periféricas como burguesías débiles y con poco capital, se necesita para lograr su fortalecimiento material y organizativo a fin de emplear una política económica consciente y racional que ejecutaría el Estado mediante la planificación (Boron, 2008b: 24).

De acuerdo con esta propuesta, el Estado desarrollista debía unificar a la supuesta burguesía nacional industrializadora, evitando los conflictos entre sus fracciones; mientras con impuestos a los terratenientes o nacionalización de transnacionales mineras lograba captar excedentes de los sectores agroexportadores y/o extractivos de minerales para orientarlos a la industria y a la constitución de una política redistributiva de los ingresos nacionales. Lo que paralelamente reduciría las luchas reivindicativas incentivadas por los trabajadores, a partir de la elevación de la capacidad de consumo de los mismos; culminando con la estructuración de un régimen de acumulación que garantizará –en un mercado local protegido con altos aranceles– la rentabilidad del capital local con la absorción de las mercancías elaboradas en el proceso de industrialización.

Sin embargo, el proceso de desarrollo ideado por la Cepal, denominado desarrollista, guiado por el Estado y realizado por la burguesía industrial –según una valoración crítica del intelectual marxista Theotonio Dos Santos (2003: 71-72)– tenía entre sus obstáculos la incapacidad técnica, financiera e histórica que mantenía la referida clase social (la burguesía nacional industrializadora), para incorporar avances tecnológicos a sus economías e incrementar la productividad por su dependencia de las burguesías transnacionales e imperialistas.

I {28} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

Es así como la Cepal, para lograr superar la situación de atraso técnico de las economías periféricas de América Latina con respecto al centro desarrollado, plantea impulsar con reglas de juego claras y políticas selectivas la implantación de empresas transnacionales, que permitan la adquisición de mayor tecnología y la exportación de bienes con mayor elaboración industrial desde la periferia al centro (Prebisch, 1981:191).

Dicho cambio de estrategia de desarrollo, desplegada a partir de la década de los 60 y 70 del siglo XX, implicó un fortalecimiento de la presencia de las transnacionales en América Latina, mientras la burguesía local se convertía con mayor fuerza en la aliada menor del imperialismo en la región.

Por otra parte, los autores vinculados a la denominada teoría de la dependencia7 mantenían una posición distinta ante la situación que implicaba la condición periférica de Latinoamérica. Estos consideraban que la relación centro-periferia involucraba la dependencia de los últimos mencionados por parte de los primeros. Una subordinación que se reflejaba en el plano del intercambio desigual de bienes en el mercado internacional, primarios por manufacturados; pero que se desarrollaba por causas estructurales externas e internas relacionadas con el régimen 7 Dependencia. Algunos autores plantean la inexistencia de una teoría de la de-

pendencia. Por ejemplo, Atilio Boron expresa que es necesario hablar de dependencia –en plural– porque hay varias aproximaciones a esta conceptualización (2008: 34), es decir, que hay varias teorías de la dependencia. Por otra

parte, Fernanda Beigel (2006:296) manifiesta que tiene mayor precisión de-

nominarla “enfoques de la dependencia”; y, a su vez, Luis Vitale ha postulado que resulta más pertinente afirmar que lo que existe es la categoría de depen-

dencia, y no una corriente que se pueda definir a partir de este concepto. En nuestro caso, a pesar de las diferencias encontradas en los autores relacionados, en el estudio de la situación de dependencia de América Latina, optamos por caracterizar –en singular– toda teoría que intenta analizarla desde una

perspectiva crítica de la realidad latinoamericana, porque tiene importantes similitudes en la caracterización de un mismo objeto de estudio (1992: 187).

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de acumulación del capital mundial. Entonces, el problema del subdesarrollo no solo radicaba en una diferenciación de precios entre productos agrícolas y manufacturados, sino en la estructura de las economías agroexportadoras y extractivas de minerales de Nuestra América (Dos Santos, 2003: 74).

Asimismo, en el caso de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (2003: 24), antiguos miembros de la llamada teoría de la dependencia, la categoría analítica centro-periferia les permite describir que, en el marco de la estructura global de producción, se encuentran funciones y posiciones desiguales, generadoras de una relación de dependencia estructural de la periferia ante el centro dominante. Para ellos, también, la dependencia se expresa en la diferenciación de precios, pero no se reduce a la referida problemática comercial.

En el mismo orden de ideas, empleando las palabras metrópolis y satélites, el intelectual alemán erradicado en América Latina, André Gunder Frank, plantea que un estudio de las relaciones entre los dos tipos de países y economías evidencia que mientras los primeros logran un desarrollo independiente, los segundos generan un subdesarrollo dependiente, promovido por diversas formas de extracción de excedentes económicos por parte de las metrópolis a los satélites (1970: 32-33). Proceso que en términos particulares en la región se constituye por la incorporación subordinada de los territorios de América Latina, en el marco de la conquista y colonización del imperio español y portugués en el siglo XVI, a través de la imposición del monopolio comercial por parte de la metrópolis a las colonias iberoamericanas, la extracción de minerales y piedras preciosas por la metrópolis y la prohibición de establecer industrias artesanales. Entonces, el carácter dependiente de la economía y las clases sociales dominantes de la región tienen un origen histórico que se puede rastrear hasta la época de la colonia, en la cual se impuso una organización económica latifundista asentada en el monocultivo (café, cacao y azúcar) y extractivista (plata, diamantes y oro).

Igualmente, la dependencia es una situación que implica la existencia de un conjunto de países con formas de organización económica internas

I {30} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

subdesarrolladas y condicionadas por el desarrollo y la expansión de otra economía, que despliega sus potencialidades materiales mientras extrae excedentes económicos producidos a lo interno de los países periféricos, algo que puntualizaremos más adelante (Dos Santos, 1973: 305).

Además, el intelectual brasileño citado manifiesta que la dependencia involucra una división internacional del trabajo que impide el desarrollo de los periféricos, mientras coadyuva al desarrollo de los centrales. Por su parte, el pensador marxista Ruy Mauro Marini (2007: 112), plantea que es una relación de subordinación que padecen naciones formalmente independientes, estructuradas en términos económicos para asegurar la reproducción de la dependencia en su propio perjuicio.

No obstante, en muchas oportunidades se consideró desde una perspectiva unidireccional que la situación de dependencia mantenía como eje causal a los factores externos que la imponían, es decir, al imperialismo de los centros desarrollados mundiales. Pero es un error identificar a la dependencia como un problema ocasionado o impuesto por variables exógenas a las economías que obstaculizan su desarrollo. En realidad, tal como ha sugerido Vania Bambirra, • debemos observarla como una relación que ocurre por la existencia de estructuras económicas, sociales y políticas internas que la posibilitan; evidenciando que hay clases sociales como la oligarquía agraria latifundista y la burguesía dependiente importadora que reproducen sus intereses materiales en correspondencia con la dependencia y el subdesarrollo de la región (Bambirra, 1983: 83).

Es así como, profundizando en el análisis, debemos comprender la realidad histórica que constituyen la situación y relación de dependencia; se requiere que evidenciemos los vínculos orgánicos conflictivos o cooperativos de los Estados a nivel mundial, con las luchas o alianzas internas entre clases y grupos que se conforman en el marco de las formas esenciales que –en cada país y en la economía-mundo– se organizan en términos sociales las relaciones de producción capitalistas (Cardoso y Faletto, 2003: 167).

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Entonces, asumiendo que los países participantes de la ALBA-TCP son periféricos (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela), es importante comprender en la presente investigación las particularidades de una integración constituida por Repúblicas con economías dependientes; productoras en lo esencial de materias primas, con poca diversificación productiva y flujos comerciales orientados hacia los centros desarrollados del mundo.

Por lo tanto, en el capítulo III del presente libro, analizaremos en qué medida las políticas económicas, financieras y comerciales de la ALBA-TCP entienden en términos teóricos la necesidad de estructurar un proceso de articulación económico-comercial; que impida continuar reproduciendo o, peor aun, consolidando las relaciones de dependencia con los centros imperialistas desarrollados.

La situación y relaciones de dependencia: modo de producción capitalista periférico, clases sociales y Estado en América Latina

En la siguiente parte de la conceptualización general de la investigación emprendida, presentaremos varias categorías que permitirán describir con mayor amplitud las estructuras internas que generan las condiciones que posibilitan la situación y relaciones de dependencia en los países periféricos, especialmente en América Latina. Región en la cual se desarrolla el proceso de integración estudiado: La ALBA-TCP. Antes de iniciar la exposición, es necesario plantear que con la organización utilizada para presentar las estructuras internas relacionadas con la dependencia, no intentamos construir un proceso de explicación temporal; en realidad, deseamos expresar que las entendemos como co-constitutivas desde una perspectiva histórica, por lo tanto, las describimos evidenciando sus vínculos concretos. En este sentido, en un primer momento, trabajaremos en la caracterización general del modo de producción capitalista periférico en la región puntualizando las clases sociales y el Estado relacionado con el mismo, por ende no creemos que la base material determine el aparato político estatal sino que se co-constituye en el marco de un régimen de acumulación particular.

I {32} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

Entonces, empezamos caracterizando a la estructura económica periférica o subdesarrollada: • Puntualizamos que tiene un predominio de sectores productivos vinculados a la actividad primaria y a la industria de poca tecnología, desigualdad en la distribución de los recursos que ocasiona una fuerte concentración de la riqueza, reducida diferenciación productiva y preponderancia del mercado exterior antes que el interno o local (Cardoso y Faletto, 2003: 23).

• Además, según Theotonio Dos Santos (1978: 311), configura relaciones comerciales, financieras y productivas desventajosas y dependientes que promueven la transferencia de excedentes a las economías imperialistas desarrolladas mediante el intercambio desigual de bienes con valores diferenciados, la cancelación de los intereses de las deudas externas, la repatriación de las ganancias de las empresas transnacionales, el pago de las patentes internacionales, entre otros mecanismos.

• Dicha situación imposibilita el ahorro nacional agregado, negando la posibilidad de reinversión en el ciclo económico local que tienda al incremento y diversificación de la producción interna.

Ahora bien, la contradicción o antagonismo no solo son centros-periferias, además descansan en las relaciones de las clases sociales que subyacen en las economías periféricas; así, los sectores dominantes –para mantener el ciclo de acumulación y valorización del capital, compensando las pérdidas que sufren en el marco de los referidos mecanismos de transferencia de excedentes al exterior– incrementan la explotación de los trabajadores con la finalidad de aumentar su cuota de ganancia reduciendo sus costos de producción (Marini, 2007: 123).

A esta dinámica específica el autor indicado la caracteriza como sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que ocurre cuando se intensifica el trabajo sin crecimiento de la remuneración, se prolonga la jornada laboral o se reduce el salario. Los diversos mecanismos de la llamada flexibilización laboral, que precariza las condiciones de empleo de la

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clase trabajadora. Es así como el mismo autor brasileño, sostiene que las relaciones de dependencia se fortalecen con el crecimiento económico dependiente porque la sobreexplotación permite generar mayores riquezas para las clases dominantes internas, mientras reduce la capacidad de consumo de los trabajadores, desalentando con ello el mercado interno y constituyendo como espacio esencial de realización comercial de los bienes elaborados localmente al mercado externo (2007: 115).

De esta manera, el análisis de la situación de dependencia entre centros desarrollados y periferias subdesarrolladas, no puede observarse simplemente desde la perspectiva de naciones dominantes y dominadas, debe entenderse cómo internamente entre las clases se estructuran relaciones de explotación; porque, como vimos anteriormente, los excedentes transferidos a los países desarrollados por los dependientes es plusvalía8 apropiada a las y los trabajadores (Marini, 2007: 113). Esa realidad implica definir la categoría clase, entendiéndola como • grupos sociales que en una sociedad determinada tienen una posición distinta en el proceso productivo motivado por la propiedad de los medios de producción y las relaciones que se establecen en la organización de los mismos; generando intereses y necesidades materiales antagónicas (Dos Santos, 1973: 53).

Intentado reducir el nivel de abstracción, debemos precisar que en el capitalismo las estructuras económicas crean en lo fundamental dos tipos de clases sociales: 1. Las dominantes, los sectores de la sociedad propietarios de los medios de producción y, 8 Plusvalía. Es el valor creado por la fuerza de trabajo del cual se apropia el capita-

lista. Es así como, según Carlos Marx, en el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo de la clase trabajadora que se constituye en una mercancía cancelada parcialmente a través del salario; pero que, realmente, origina un

valor mayor no pagado mediante el usufructo denominado plusvalía, es decir, el origen de la ganancia del capitalista (Salama y Valier, 1973: 68).

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2. las subalternas, aquellos que deben vender su fuerza de trabajo como

una mercancía para obtener un salario, principalmente, las y los trabajadores (Poulantzas, 2005: 27).

En este sentido, siguiendo las ideas de Carlos Marx (1988: 1.024), para delimitar la estructura de clase de una formación social determinada, es necesario estudiarla con un sentido histórico, es decir, en un período temporal en particular. Por lo tanto, identificar la organización puntual de las clases en el modo de producción capitalista periférico latinoamericano depende del análisis de su desarrollo histórico concreto, entonces, en correspondencia con la referida limitación, solo realizaremos un esbozo general. De esta manera, sostenemos que en términos generales las clases en América Latina son: Una oligarquía agraria que controla grandes extensiones de tierra produciendo predominantemente para la exportación, una gran burguesía industrial y comercial asociada con capital internacional, una pequeña burguesía vinculada al mercado interno que en muchos casos dirige parte del aparato burocrático estatal, la clase trabajadora9 y el campesino (Dos Santos, 1978: 33-34).

Las relaciones entre las clases mencionadas expresan –en lo concreto– contradicciones no antagónicas y antagónicas; es decir, mantienen conflictos que algunos pueden ser resueltas en el marco del proceso de acumulación y valorización del capital mientras otros no (Vitale, 1992: 155). Por ejemplo, en palabras de Theotonio Dos Santos (2003:70), las clases dominantes conformadas por la oligarquía agraria y la burguesía local dependiente tienen tensiones alrededor de la apropiación del excedente económico; sin embargo, no llegan a 9 La clase trabajadora: es un sector de la sociedad que por la carencia de medios de

producción, vende su fuerza de trabajo por un salario en el mercado laboral.

Comprende ver la fuerza de trabajo como una mercancía: a mayor oferta, mayor el número de trabajadores desempleados; que no por ello, han perdido su capacidad de vender su fuerza de trabajo (Salama y Valier, 1973: 110).

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conflictos antagónicos porque los industriales necesitan para importar insumos y bienes de capital las divisas obtenidas por los terratenientes mediante la exportación de productos agrícolas. En cambio, la clase trabajadora tiene intereses diametralmente opuestos a los sectores dominantes; porque ella, mediante la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, genera el excedente transferido a los centros imperialistas mundiales y aquel que se mantiene en el ciclo económico interno (Marini, 2007: 111).

Entonces, es importante identificar las contradicciones y formas de antagonismos entre las clases que integran la estructura social, política y económica de América Latina, porque su conservación o transformación depende de la capacidad que tengan los referidos sujetos sociales para convertir empleando su fuerza y persuasión10 en hegemónicos, construyendo consenso alrededor de sus intereses particulares estipulándolos como los de toda la sociedad (Cardoso y Faletto, 2003: 18).

Ahora bien, siguiendo con el análisis de las condiciones e instituciones que participan de la conservación o transformación de las relaciones de dependencia, necesitamos puntualizar cómo el Estado en América Latina interviene en el referido proceso. De este modo, Guillermo O`Donnell (1984: 9), considera que la separación analítica e intelectual entre sociedad y Estado genera que las relaciones entre sujetos sociales vinculados a la estructura económica –clases dominantes y dominadas–, se observen como voluntarias; porque pareciera que solo en el ámbito de lo estatal existe la coacción. Entonces, no se pueden disociar las relaciones sociales imperantes de la funcionalidad específica del Estado, 10 Fuerza y persuasión. Según Antonio Gramsci, estos representan las clases so-

ciales que integran las estructuras societales y se constituyen en dominantes, empleando la persuasión ideológica y la coerción; mediante la creación de un consenso alrededor de intereses materiales, y con la utilización de la represión estatal o paraestatal (Anderson, 1981: 76).

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• se necesita precisar qué actividades cumple lo estatal que coadyuvan al desarrollo del ciclo de acumulación y valorización del capital en el modo de organización social capitalista.

Las referidas actividades tienen como finalidad mantener el orden y la legitimidad de las relaciones sociales predominantes, las capitalistas, a través de la utilización de los aparatos ideológicos11 que contribuyan a la construcción de “consensos” sociales alrededor de la conservación o, en los casos necesarios, mediante la violencia directa de los instrumentos represivos estatales o paraestatales (Gramsci, 1984a: 61). Además, Hernán Ouviña (2002: 28), refiriéndose a la vinculación del Estado con el modo de producción capitalista periférico de América Latina, plantea que las particularidades del proceso de estructuración dependiente del capitalismo en la región, es decir, su implantación por parte de factores exógenos mediante la colonización y las relaciones de dependencia con los centros desarrollados, implicó que lo estatal mantuviera una intervención especial en la construcción de lo “nacional”, constituyendo las condiciones básicas para la reproducción del capital.

1. En este sentido, el Estado latinoamericano en el siglo XIX asumió, con cierta subordinación ante el capital internacional, el desarrollo del sistema de transporte, comunicación, monetario y jurídico; mientras a partir de limitados planes de salubridad, vivienda y educación lograba mantener a los trabajadores en condiciones para continuar vendiendo su fuerza de trabajo (Vitale, 1992: 190).

11 Los aparatos ideológicos: son instituciones estatales y privadas que generalmente emplean su capacidad de difusión para promover ideas, valores y prácticas

que preserven los intereses materiales de las clases dominantes, naturalizando las contradicciones sociales y negando los antagonismos entre los distintos

sectores de la sociedad. En términos concretos, los aparatos ideológicos son: las iglesias, los medios de información masivos, las instituciones educativas y culturales, la familia, entre otros (Althusser, 1984: 28-29).

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2. No obstante, en el siglo XX, los Estados apuntalados en las nece-

sidades de la supuesta burguesía industrial de la región intentaron promover proyectos desarrollistas que los constituían en el espacio esencial de planificación de las actividades que permitirían la industrialización y desarrollo de la economía (Evans, 1998: 145).

Sin embargo, en palabras de Nicos Poulantzas (2005: 73), es un error entender al Estado como un simple instrumento que emplean las clases dominantes para perpetuar sus intereses materiales, por lo tanto no debemos caracterizarlo como una institución homogénea; en realidad, en una coyuntura histórica determinada, dependiendo de las circunstancias concretas, expresa contradictoriamente las luchas entre las clases sociales. Es así como, sintetizando, puntualizamos que el Estado burgués tiene funciones particulares en la reproducción de las estructuras internas que consolidan la situación de dependencia y subdesarrollo; pero, en oportunidades concretas, puede poseer cierta autonomía que lo coloque en contradicción con el modo de producción capitalista dependiente (Zavaleta, 2009: 329).

Entonces, definimos que el Estado no es neutral y en la región es una institución en disputa y contradictoria que puede coadyuvar a la reproducción de la situación y relaciones de dependencia; sin embargo, en correspondencia con una ecuación política distinta en la cual las clases populares se organicen como hegemónicas, transformando el carácter de clase de lo estatal, podría tener capacidades que aporten en un proceso que pretenda un desarrollo autónomo en correspondencia con la construcción del socialismo en Nuestra América.

• Lo que consideramos fundamental en referencia a la investigación desplegada, algo que detallaremos en el capítulo III, se articula con la necesidad de pensar cómo la integración desarrollada alrededor de la ALBA-TCP, en lo económico-comercial, implica no solo transformaciones en las relaciones con las economías de los países centrales, sino que además depende de cambios en las estructuras económicas,

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políticas y sociales internas de los miembros de la experiencia de articulación regional mencionada.

De esta manera, consideramos esencial comprender los principios, intereses y aquellas tentativas de estructuración/adaptación de las clases dominantes en los procesos políticos internos acontecidos en los países participantes del reseñado bloque de integración, para identificar las circunstancias que generaron el surgimiento en el escenario político continental de la ALBA-TCP; así como el papel de los distintos Estados y las acciones que se promueven endógenamente para destruir las estructuras que reproducen y consolidan la dependencia y la condición de economías periféricas (Estay Reyno, 2008: 139).

Vigencia de la situación y relaciones de dependencia en América Latina

Para continuar presentando las categorías teóricas que nos permiten entender la integración alternativa y contra-hegemónica12, debemos puntualizar que consideramos a la dependencia como un concepto 12 Contra-hegemónica. Se entiende por integración hegemónica el conjunto de prácticas vinculadas al libre comercio y a la competencia que articulan dos o

más economías, con el objetivo de garantizar los intereses concretos del centro desarrollado mundial y de las clases dominantes locales y/o extranjeras; mien-

tras mantiene un consenso social al lograr su universalización, presentándose como la más idónea para solventar las necesidades de todas las regiones del mundo y de las distintas clases sociales, e invisibilizando en paralelo los an-

tagonismos de clase que constituyen a la sociedad moderna. En cambio, la

caracterizada como contra-hegemónica propone formas orgánicas de complementación de carácter integral entre países periféricos, que tienen en el desarrollo autónomo compartido –su objetivo esencial– al mismo tiempo que

presenta un conjunto de ideas, valores y principios que evidencian los antagonismos existentes alrededor de la concreción de la integración y conciben como protagonistas de este proceso a las clases subalternas.

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histórico y analítico. Lo primero, histórico, porque se originó entre la segunda mitad de la década del 60 del siglo XX y los años finales de la siguiente13, un período de tiempo específico que tiene sus particularidades, pero mantiene su característica analítica por su vigencia actual para comprender la realidad económica de América Latina (Beigel, 2006: 288).

Veamos dos tendencias opuestas al respecto: 1. Desde una visión general, estamos de acuerdo con la caracterización realizada por algunos autores que sostienen la continuación y, en algunos casos, la ampliación en la actualidad de la situación de dependencia de los países periféricos y, por consiguiente, de Nuestra América (Amín, 2003; Dos Santos, 2003; Elías, 2005; Arruda Sampaio, 2005a; Beigel, 2006; Marini, 2007; Boron, 2008; Casparrino, 2009; Gambina, 2009; Morales, 2009; Delgado, 2009).

2. Por otra parte, encontramos autores que mantienen una posición distinta alrededor de la vigencia histórica y analítica de la dependencia como situación concreta y categórica. De esta manera, a pesar de sus aportes iniciales a la conceptualización de la dependencia, Fernando Enrique Cardoso (2005: 71), en sus últimos aportes teóricos –y a diferencia de la posición postulada junto a Enzo Faletto en los años sesenta–, plantea que las relaciones entre los países del norte y el sur han cambiado de forma dramática; constituyendo relaciones que permiten, mediante la negociación, un equilibrio de intereses entre Estados. Es así como el intelectual y expresidente brasileño mencionado, considera que el subdesarrollo es responsabilidad de la calidad de los líderes de los países del sur. Igualmente, Scott Palmer (2008: 110), visualiza que América Latina continúa manteniendo 13 Este período de tiempo histórico representa el origen, construcción y debate de la teoría de la dependencia; a partir de una obra publicada en 1967 por Fer-

nando Enrique Cardoso y Enzo Faletto bajo el título Dependencia y desarrollo

en América Latina; debate al que luego se sumó Vania Bambirra en 1979 con la obra Teoría de la dependencia: una anti-crítica.

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relaciones asimétricas y de dependencia con respecto a los países centrales, pero en un contexto mundial signado por la globalización es necesario construir estrategias que permitan el crecimiento de las exportaciones y de sus economías, tales como la implementación de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, la diversificación de los bienes de sus canastas de exportación, la dinamización de la integración comercial de la región y la búsqueda de nuevos socios comerciales como China y la India. Es decir, hay relaciones de dependencia centro-periferia, pero es imposible superarlas en medio de un proceso irreversible como la globalización.

Ahora bien, después de exponer dos argumentos que niegan la dependencia, veamos los posicionamientos de los autores que la continúan reivindicando como concepto para comprender el capitalismo dependiente latinoamericano, identificando en la realidad actual de la región su vigencia. Esto, con la finalidad de justificar su utilización como categoría analítica en el presente libro, realizando la adaptación dialéctica referida anteriormente.

En este sentido, Josefina Morales (2009:96) argumenta que las políticas y mecanismos que concretan la inserción internacional de las economías latinoamericanas, han sufrido transformaciones que promueven nuevas características profundizadoras de las relaciones históricas de subordinación y dependencia de la región. Realidad observada mediante el análisis de los procesos de flexibilización de las regulaciones para el capital financiero y, también, con los acuerdos para proteger y resguardar las inversiones de los países desarrollados en América Latina. La firma de los convenios con los países imperialistas de protección de sus inversiones en la región, enmarcados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En la actualidad, además, se mantienen formas de extracción de excedentes económicos vinculados con la cancelación de los servicios de las deudas externas, la repatriación a sus países de origen de las ganancias obtenidas en los mercados nacionales por parte de las transnacionales

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y la remuneración de las licencias empleadas por las industrias locales para producir bienes con patentes de propiedad de empresas internacionales (Elías, 2005: 50). La situación descrita genera una reducción de la soberanía nacional ante las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que evalúan y regulan las políticas económicas gubernamentales para intentar que se ajusten a las necesidades de los acreedores de las deudas latinoamericanas; así como frente el ya mencionado Ciadi, que tiene jurisdicción para arbitrar los conflictos entre las Repúblicas de la región y las corporaciones multinacionales provenientes fundamentalmente de los centros desarrollados mundiales. Recordemos que países de la ALBA-TCP, entre ellos Bolivia y Venezuela, tienen demandas en el Ciadi de empresas transnacionales que explotaban sus bienes comunes, pero fueron expropiadas en correspondencia con los procesos de recuperación y nacionalización de los recursos naturales.

Igualmente, Ruy Mauro Marini (2007: 242) esgrime que las relaciones de dependencia entre la periferia subdesarrollada y los centros mundiales se consolidaron creando una nueva división internacional del trabajo; caracterizada por el incremento de las diferencias en el plano tecnológico y financiero. El desarrollo de tecnología en las economías con mayor industrialización promovió que aumentaran su producción de bienes y servicios, necesitando más mercados para lograr la realización económica de las nuevas mercancías. Entonces, el crecimiento de la productividad económica en los países dominantes originó que los mismos, buscando ingresar con mayores facilidades a los mercados internos de la región –enmarcados en las normativas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)– promovieran la liberalización comercial neoliberal en Latinoamérica, es decir, la reducción de los aranceles a las importaciones y la eliminación de las políticas industriales activas (Arruda Sampaio, 2005a: 99).

La nueva división internacional del trabajo, que fortalece la relación y situación de dependencia, implica que los centros desarrollados imperialistas –manejando su gran capacidad tecnológica y financiera mediante

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inversiones de sus transnacionales– puedan organizar la economía mundial transfiriendo a sus filiales (ubicadas en la periferia) actividades industriales con poco valor agregado (ensambladoras, maquiladoras, entre otras); al mismo tiempo que dispersan las etapas de la producción de una mercancía entre varias filiales locales impidiendo la integración productiva de los países periféricos, fenómeno que acontece en industrias como la automotriz, electrónica, computación, entre otras (Marini, 2007: 242).

En el caso específico de América Latina: • La división internacional del trabajo –constituida por el proceso de aceleración de la globalización– genera una dependencia ampliada debido al monopolio de la tierra, entendiéndola como elemento fundamental para la acumulación económica en la región. Así, en la actualidad, la tierra es controlada a través de la asociación con capitales locales o mediante la propiedad directa por parte de las transnacionales productoras de bienes agrícolas: Cargill, Monsanto, Dupond, Nestlé, Unilever, Kraft, entre otras (Gambina, 2009: 43).

Al mismo tiempo, en lo referente a las relaciones comerciales, solo con la excepción de Brasil y en cierto sentido México, las economías de la región tienen una canasta de exportaciones que en términos generales se reduce a materias primas o productos con muy poco valor agregado, tales como: alimentos, petróleo, gas, minerales, flores, bienes agrícolas manufacturados, entre otros. Este escenario describe patrones de comercio parecidos a los ocurridos en el siglo XIX, demostrando vínculos comerciales con un alto nivel de dependencia (Arruda Sampaio, 2007: 103). De esta manera, algunos autores como Sergio Cesarin (2006: 8) y Julio Sevares (2007: 22) sostienen que en la actualidad el flujo comercial latinoamericano con China se limita a la exportación de las mercancías antes mencionadas, los llamados commodities, algo que podría –en términos particulares– estructurar una “neodependencia” con el mercado asiático. Una realidad que debe analizarse con profundidad, porque la presencia de China en el continente con sus transnacionales e inversiones puede originar relaciones de dependencia con el país aludido.

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Por otra parte, refiriéndose a las grandes diferencias tecnológicas que existen entre el centro mundial y Latinoamérica, Gian Carlo Delgado (2009: 141) plantea que, exceptuando el desarrollo científico brasileño en la industria aeroespacial y el cubano en la producción de biotecnología, la región realiza investigaciones atadas a las necesidades de las empresas transnacionales asentadas en su territorio; generando una tecnología atrasada y desvinculada de su proyecto de desarrollo autónomo.

El mismo autor considera que además de los mecanismos tradicionales de extracción de excedentes económicos que mantienen la dependencia en América Latina, encontramos a la denominada “fuga de cerebros”; trabajadores y trabajadoras con alto nivel de capacitación académica formados con recursos nacionales que emigran a los centros económicos imperialistas, colocando sus capacidades técnicas y organizativas al servicio del desarrollo de los países dominantes.

Observando la problemática desde una perspectiva más integral, se entiende que la situación y relaciones de dependencia en las cuales se mantiene inmersa América Latina permanecen también por la existencia de mecanismos de subordinación ideológica centro-periferia; es decir, hay ideas hegemónicas emanadas desde el capitalismo desarrollado que obstaculizan en las periferias pensar y reflexionar alrededor de la necesidad de transformar las estructuras políticas, sociales y económicas que posibilitan la dependencia y el subdesarrollo (Boron, 2008: 40).

Así pues, la dependencia se refleja en un conjunto de espacios de la realidad latinoamericana, algo evidenciado por Samir Amín cuando expresa que la organización polarizante y asimétrica del orden mundial se materializa a partir de los cinco monopolios que tienden a controlar las potencias globales: 1. el acceso a los recursos naturales del planeta, 2. las armas de destrucción masiva, 3. el control de los medios de comunicación, 4. el dominio de la tecnología, 5. el dominio de los flujos financieros de alcance mundial (2003: 274).

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Como consecuencia: se requiere romper con los cinco monopolios de los países imperialistas, ajustando el desarrollo autónomo e integral a las necesidades y objetivos de las clases subalternas de Nuestra América.

Aunque venimos justificando la utilización de la categoría dependencia –mediante la presentación de autores que sostienen la existencia en lo concreto de relaciones caracterizadas por la subordinación de las formas de organización económicas internas al desarrollo ampliado de factores externos– debemos expresar que, al igual que Casparrino (2009: 118-119), consideramos que la región con el debilitamiento y, en algunos casos, el desplazamiento de los proyectos neoliberales recupera debates en torno de la liberación nacional, la industrialización, la distribución de la renta, la planificación de la economía por parte del Estado y el socialismo, entre otros. Esta circunstancia implica estudiar la situación de la dependencia de América Latina en correspondencia con los objetivos de los intelectuales elaboradores de la categoría; presentar ideas y propuestas que puedan ayudar en la construcción de un proceso de desarrollo autónomo en la región (Grosfoguel, 2003: 160).

• En este sentido, consideramos importante aproximarse al problema de la integración regional enmarcándola en una estrategia de desarrollo autónomo socialista para América Latina, que visualice las estructuras internas capitalistas vinculadas al subdesarrollo y a las relaciones económicas-comerciales dependientes con los centros desarrollados mundiales.

Esta idea será profundizada más adelante en el presente capítulo (I), fundamentalmente, en los apartados que se encargan de analizar la integración hegemónica (libre comercio) y la contra-hegemónica (desarrollo autónomo).

Además, en el capítulo II, realizaremos un recorrido por las tentativas de integración en la historia de la región, así como alguna de las experiencias actuales más importantes e institucionalizadas como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Caricom y el Mercosur; algo

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que nos permitirá investigar cómo el desarrollo latinoamericano fue y es entendido en procesos de articulación regional o subregional anteriores a la ALBA-TCP. Desarrollo autónomo, autodeterminación democrática y desconexión

Con la finalidad de culminar la parte general del capítulo I, avanzaremos en un proceso intelectual que nos permitirá definir el concepto de desarrollo autónomo, mientras lo vinculamos con la estructura económica latinoamericana caracterizada previamente como capitalismo dependiente. Por ello, nos enfocamos en dos (2) categorías que garantizan una reflexión coherente alrededor de las posibilidades del desarrollo en una región periférica: 1. La autodeterminación democrática y 2. la desconexión.

De esta manera, en un primer momento, realizaremos un breve recorrido por la categoría desarrollo en general para, posteriormente, presentar los planteamientos que permiten entenderlo como autónomo.

Es así como, desde una perspectiva teórica modernizante con una fuerte raigambre conservadora, Rostow (1961: 16), sostiene que el desarrollo implica cinco etapas sucesivas y causales de crecimiento económico: • sociedades tradicionales, • condiciones previas para el impulso inicial, • el impulso inicial, • la marcha de la madurez y • la era del gran consumo en masa.

Además, argumenta que el proceso fundamental para alcanzar el desarrollo se relaciona con la creación de oportunidades para “el impulso inicial”; es decir, un período de tiempo de dos o tres décadas en el cual la economía crece de forma sostenida porque el aumento de la tasa de

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inversión motiva un cambio automático y cualitativo en las técnicas de producción, situación que propicia un incremento de la productividad y, por ende, el tamaño de las economías (Rostow, 1964: 297-298).

Las referidas transformaciones necesitan que ciertos grupos sociales tengan la voluntad y autoridad para instalar y difundir nuevas tecnologías de producción; generando un supuesto proceso de transición de organizaciones sociales arcaicas y tradicionales con relaciones sociales de producción feudales hacia sociedades modernas y capitalistas con menor presencia de lo rural y mayor importancia de lo urbano (Miranda Pacheco, 1978: 45).

La creación de las condiciones para el comienzo de la etapa inicial y, también, el supuesto desarrollo de la misma, mantienen una vinculación evidente con las políticas de ajuste económico neoliberal aplicadas por la mayoría de los países latinoamericanos en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX: apertura del mercado local, precarización laboral, beneficios fiscales a la inversión extranjera, liberalización de los precios, flexibilización de las regulaciones a los capitales financieros, entre otras políticas y estrategias que, supuestamente, después de generar algunos “costos” sociales deberían promover un desarrollo paulatino y sostenido de las economías de la región. Un crecimiento económico entendido como desarrollo, amparado en altos índices de inversión principalmente extranjera que incorporaría tecnología y aumentaría la competitividad de las exportaciones de las industrias transnacionales y locales instaladas en Latinoamérica, alcanzando la eficiencia productiva.

Paralelamente, sin romper del todo los lazos conceptuales con las teorías modernizantes, los desarrollistas articulados en la Cepal argumentan que el desarrollo es posible mediante una clase empresarial local –una supuesta burguesía nacional–, con una mentalidad moderna y productiva capacitada para concentrar capital y tecnología en el proceso de industrialización, que debería consolidar altos niveles de progreso técnico y romper los métodos de producción tradicionales e ineficaces que se encuentran en el campo. Mientras, al mismo tiempo, se mejoran las condiciones de vida de ciertos sectores de la población, ampliando el

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mercado interno y comprometiéndolo con el proyecto económico-social desarrollista.

Veamos una posición en cuanto a la discutida contradicción: • Las actividades económicas de la burguesía local no son contradictorias con las inversiones del capital extranjero que, debido a la escasez del mismo, es atraído con la finalidad de su intervención como aliado en la explotación de las industrias extractivas (minerales) y de base (siderurgia y petroquímica) (Gastiazoro, 1970: 52-53).

Ante posiciones como la presentada anteriormente, se plantea, con un sentido crítico, que es falsa la supuesta contradicción y antagonismo entre lo arcaico-feudal y lo moderno-capitalista; realmente, los dos polos sociales y económicos así caracterizados que se encuentran supuestamente divididos en lo rural y urbano, son parte de un mismo proceso histórico que les permitió integrarse en una misma sociedad capitalista periférica. El latifundismo en el campo latinoamericano, es decir, la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocas personas que mantienen mucho o bajo nivel de productividad, convive y se articula con la industria dependiente de capital local o extranjero que representa en el referido esquema lo moderno. Esto, por cuanto los segundos necesitan las divisas de los primeros (agroexportadores) para importar los insumos extranjeros requeridos en la producción manufactura de poco valor agregado que se efectúa en la mayoría de los países de Nuestra América (Stavenhagen, 1999: 277). Realidad que se evidencia cuando, mediante las divisas obtenidas por los terratenientes exportadores de bienes agrícolas no industrializados, la burguesía dependiente realiza importaciones de bienes de capital o de consumo de lujo.

Además, un autor latinoamericano fundador del desarrollismo a partir de su participación en la Cepal como Celso Furtado (1975: 115) –posteriormente crítico de la corriente y políticas indicadas– esgrime que la incorporación de avances técnicos e inversión extranjera en los procesos productivos de las economías subdesarrolladas de América Latina –especialmente en Brasil– no generaron automáticamente el

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desarrollo de la mencionada región. En realidad, la industrialización parcial involucró paralelamente la persistencia de problemas socioeconómicos como • gran disparidad de la productividad entre las áreas rurales y las urbanas, • la mayoría de la población viviendo al margen de la subsistencia, • cantidades crecientes de personas desempleadas en las ciudades e • importantes asimetrías en la distribución de los excedentes económicos.

Asimismo, la referida inversión extranjera generó la consolidación del papel de socio menor de las burguesías locales ante el incremento de la presencia económica del capital transnacional, perdiendo por su dependencia creciente las supuestas cualidades históricas que debían permitirle materializar el proceso de desarrollo nacional, mediante la industrialización completa e independiente de la economía. Este proceso imposibilitó un desarrollo autónomo burgués y menos socialista para los países periféricos y dependientes como los ubicados en América Latina.

Por otra parte, siguiendo el recorrido conceptual desde una perspectiva distinta Amartya Sen (1999: 55), concibe al desarrollo como • un proceso de expansión de las libertadas concretas que disfrutan los individuos.

En consecuencia, el incremento de la libertad es el fin esencial y, al mismo tiempo, el medio primordial para evitar problemas tales como el hambre, la desnutrición, la mortalidad evitable e infantil. Además, debería permitir alcanzar importantes niveles de acceso a la educación, participación política y libertad de expresión por parte de los ciudadanos. Cabe destacar que dicho autor culmina planteando la necesidad de crear una institucionalidad favorable para el desarrollo que debe lograr equilibrar los beneficios del mercado y el Estado, generando muchas riquezas con el primero y reduciendo las desigualdades con el segundo.

En la idea de desarrollo de Sen prevalece una realidad social escindida, debido a que si bien el mercado tiene la capacidad para crear las riquezas necesarias para la sociedad, tiende a la consolidación de distorsiones

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(como la exclusión social) que debilitan la libertad individual. Situación que debería combatir el Estado con sus controles. Entonces, hay una supuesta separación de la lógica de acumulación del mercado y las actividades del Estado que, mediante su supuesta neutralidad social, orienta sus acciones a la garantía del bienestar individual.

De esta forma, fragmentar la realidad social pensando al mercado y a la institucionalidad del Estado burgués como entes separados, contradictorios y complementarios que tienen racionalidades y finalidades distintas; el primero, generar riquezas y el segundo distribuirlas con mayor equidad, presupone un proceso de invisibilización y negación ideológica14 de la participación activa del Estado en el régimen de acumulación y explotación económica dominante mediante el presupuesto público y las políticas fiscales, monetarias y comerciales.

Recordemos cómo lo estatal en América Latina, en el marco del llamado Estado Nacional de Competencia, por Joachim Hirsch (2001: 20), ejecutó los programas políticos neoliberales, claramente al servicio de las transnacionales y empresarios locales, ejecutó un conjunto de políticas que promovieron la ampliación del mercado, tales como privatización de recursos y servicios públicos, reducción del tamaño del Estado con el despido de importantes cantidades de funcionarios públicos para supuestamente modernizar y profesionalizar a las administraciones públicas, disminución o eliminación de los aranceles o cuotas

14 Invisibilización y negación ideológica. Cfr. Ideología y lo ideológico, en el marco

de las ideas de Carlos Marx, se entiende a partir de dos aproximaciones: la primera, como un sistema de ideas y valores que esconden el carácter clasis-

ta de la realidad concreta, estructurando un “consenso” social alrededor de los intereses de los sectores dominantes y naturalizando la desigualdad y la opresión en las relaciones sociales; segunda, un sistema de ideas y valores

que desde una perspectiva crítica devela las contradicciones y antagonismo

que existen en la realidad concreta, evidenciando la posibilidad de formas de organización societales alternativas (Silva, 1970: 74).

I {50} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

a las importaciones, debilitando con ello la protección al mercado local, liberalización de los precios, entre otras.

Igualmente, es necesario argumentar con un sentido crítico que las recetas para el desarrollo con mucha “libertad”, unifican abstractamente a la economía-mundo, sin vislumbrar los efectos polarizantes del capitalismo global; que mientras apuntala el desarrollo de las economías centrales imperialistas mantiene en la dependencia y subdesarrollo a los países periféricos.

Entonces, después de visualizar las posiciones modernizantes, liberales y desarrollistas consideramos que la categoría desarrollo tiene un carácter ideológico15 –como todo concepto vinculado a las ciencias sociales y a la realidad concreta–; por ende, su construcción intelectual y concreta depende del horizonte valorativo del pensador y de los intereses de clase que defienda en términos teórico-prácticos el mismo. De tal manera, Samir Amín (2003: 265) manifiesta que los intelectuales autodenominados “realistas”, ajustados a las necesidades del capitalismo, plantean que el único desarrollo posible se articula a la referida forma de organización social y económica, eludiendo que “el capitalismo realmente existente” genera desigualdades y asimetrías entre los centros desarrollados imperialistas y las periferias subdesarrolladas.

No obstante, la debilidad política, ideológica y económica a nivel mundial de las formas dominantes de acumulación y valorización del capital en el período neoliberal, que termina de confirmarse con el incremento de las regulaciones financieras y el fortalecimiento del papel del Estado motivado por la crisis de sobreacumulación de la economía global que se presentó en el 2008 (Thwaites Rey, 2010: 21-22): crea la necesidad y las condiciones para el resurgimiento del debate alrededor del desarrollo autónomo y el socialismo en América Latina. Discusiones que evidencian diferentes posiciones teóricas y de clase en torno de la 15 El carácter ideológico. Creemos que en lo referente al concepto de desarrollo, se encuentra la referida dualidad de enfoques de la categoría ideología que evidencia el pensamiento marxista.

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posibilidad del desarrollo autónomo regional, por lo tanto reaparecen las diferencias entre el denominado actualmente neodesarrollismo/ neoestructuralista y aquellos que consideramos la vigencia de la teoría de la dependencia y del socialismo como proyecto de autodeterminación integral de Nuestra América (López y Feliz, 2010: 45).

Los neoestructuralistas, según Osvaldo Sunkel (2006: 260-261), suponen que el desarrollo en la actualidad debe pasar de la lógica mercado-céntrica o Estado-céntrica; constituyendo un proceso sociocéntrico emanado desde la sociedad civil. Por lo tanto, no implica cambios estructurales en las relaciones entre el centro y las periferias; solamente proponen eliminar el proteccionismo de los países desarrollados para lograr mayor acceso a los mercados internacionales y a la tecnología por parte de las economías dependientes, con la finalidad de reducir las desigualdades internacionales y sociales internas. En realidad, los también denominados neodesarrollistas, critican los análisis y estrategias que reproducen el “dogmatismo” económico, esgrimiendo que lo importante son las capacidades, la eficiencia y responsabilidad de los actores políticos y equipos técnicos que deben guiar la experiencia de desarrollo.

El debate alrededor del desarrollo y su posibilidad concreta en el caso de los países periféricos, como los latinoamericanos, supera la crítica al capitalismo. Es así como, en el marco de las ideas críticas de la modernidad, estos autores englobados en la llamada corriente “descolonial”, impugnan al desarrollo como parte del discurso colonialista mientras se asume su imposibilidad en las naciones periféricas porque, supuestamente, la categoría “desarrollo” descansa en el falso progreso lineal planteado por la modernidad (Grosfoguel, 2003: 159). Además, para los postmodernos, es imposible superar el subdesarrollo de la periferia porque la economía-mundo capitalista tiene elementos unitarios fundamentales que no permiten separar la lógica económica mundial de la regional o local; entonces, aunque parezca redundante, al desarrollarse lo regional o local se estaría desarrollando lo mundial manteniendo la polarización centro-periferia (Wallerstein, 2004: 128-129).

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Los teóricos postmodernos y transmodernos16, como Arturo Escobar (2005: 22-23), plantean la necesidad de la construcción de la noción de postdesarrollo; es decir, desde una perspectiva postestructuralista se promovería un análisis que evidencia cómo los discursos liberales y marxistas articulados a las políticas y estrategias de desarrollo constituidas en correspondencia con las ideas modernizantes originales de los países centrales, la Cepal o en el marco de la teoría de la dependencia, tienen un carácter economicista, materialista y eurocéntrico. En este sentido, denuncian las representaciones e imágenes del discurso vinculado al desarrollo, porque esconden e invisibilizan elementos fundamentales para las sociedades y comunidades como las culturas originarias, los saberes tradicionales, la edificación de subjetividad autónoma, las resistencias locales a los procesos de desarrollo, entre otros. Además, consideran que la modernidad eurocéntrica (y el desarrollo, como parte de la misma), deben comprenderse en correspondencia con los procesos coloniales y postcoloniales que intentan, mediante la imposición de un imaginario originado en Europa y Occidente, “inventar al otro” como bárbaro, atrasado, periférico y subdesarrollado; para justificar la reproducción de las relaciones de dominación (Castro-Gómez, 2000: 212).

• Esa invención del otro es sufrida por Asía, África y América Latina cuando los países del centro desarrollado imperialista, caracterizan a las referidas regiones del mundo como inferiores y subdesarrolladas; 16 Los postmodernos latinoamericanos critican el discurso de la modernidad como

período histórico y proyecto de colonización eurocéntrica, denunciando la racionalidad instrumental y el productivismo moderno. Sin embargo, según los transmodernos entre los cuales se encuentra Enrique Dussel (2000: 72) y

los postmodernos, al negar la racionalidad y la verdad, estarían desplegando un irracionalismo nihilista, por lo tanto resulta necesario visibilizar al discurso de la modernidad subsumida que expresaría una emancipación encarnada por

los pueblos periféricos. El comentado debate excede la presente investigación, solo deseamos hacer la diferenciación que existe entre las dos corrientes idealistas surgidas en el siglo XX.

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por lo tanto, las mismas tienen y necesitan modelar sus sociedades, economías, ciencias sociales, organización política a la semejanza de Europa y Occidente. Negando con ello que la supuesta cruzada civilizatoria realizada desde la Europa moderna, en la época colonial y postcolonial, mantuviera características violentas que legitimaban el sacrificio del indio conquistado, el negro esclavizado, la mujer oprimida y los pueblos alienados y desculturizados (Dussel, 2000: 71).

Sin subestimar la relevancia de la reflexión alrededor del discurso histórico del desarrollo (identificando los vínculos concretos que mantiene con los intereses de los centros económicos mundiales, las clases y grupos sociales que propugnan por distintas formas y opciones de “desarrollo”), no podemos dejar de realizar un análisis desde una perspectiva que incorpore a la totalidad social, coadyuvando a la elaboración de un conocimiento de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales dependientes en Latinoamérica.

Es decir, el discurso dominante alrededor del desarrollo coadyuva a la permanencia del subdesarrollo y a la condición de región periférica de América Latina. Esto, por cuanto el desarrollo autónomo y la superación de la dependencia necesitan de la transformación de las estructuras internas y externas materiales y culturales que permitan su reproducción en el marco del capitalismo dependiente.

En consecuencia, nos parece que un análisis simplemente culturalista –que solo visualiza la subalternización ideológica de las regiones distintas a la europea– esconde los mecanismos concretos de subordinación económica; las formas en las cuales se extrae el excedente económico a los países periféricos, ya antes mencionados. Así, nuestra perspectiva interpretativa intentará, por tanto, combinar los aportes sustanciales realizados centralmente por la teoría de la dependencia, aunque sin desestimar aquellos elementos conceptuales y analíticos brindados por las otras corrientes y autores articulados al pensamiento crítico que fueron reseñados previamente en la presente parte del capítulo.

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Ahora bien, más allá de las posiciones idealistas de los postmodernos17 y del resurgimiento del desarrollismo entendido ahora como neoestructuralismo, estamos convencidos de la conveniencia y vigencia del desarrollo autónomo socialista en los países periféricos; por ende, nos parece importante promover la transformación de las estructuras internas analizadas en la primera parte del presente capítulo; toda vez que las consideramos generadoras de las condiciones para la persistencia de la situación y relaciones de dependencia de América Latina.

De este modo, en palabras de Ruy Mauro Marini (2007: 97): El desarrollo autónomo involucra construir una organización económica que, evitando la sobreexplotación del trabajo y la subordinación al capital internacional, logre la concentración de las unidades productivas y la incorporación de procesos tecnológicos, aprovechando los excedentes creados para aumentar la capacidad de empleo y producción, a la vez que se promuevan mejores salarios y mayores niveles de consumo que permitan ensanchar el mercado interno. Por ello, el desarrollo implica dos procesos combinados y articulados: solventar las necesidades materiales de las clases populares y garantizar su participación en el control de la estructura económica en el marco de la democracia y el socialismo.

Asumiendo la noción de desarrollo autónomo expresada en la anterior cita, debemos reconocer que para lograrlo deben existir dos con17 La corriente de pensamiento postmoderna se considera idealista porque desa-

rrolla un análisis que escinde el discurso (ideas y cultura) de las estructuras materiales de la sociedad capitalista, obviando el antagonismo y las contra-

dicciones presentes en la totalidad social (economía, política, cultura). Simultáneamente desarrolla una crítica a la racionalidad moderna que termina

convirtiendo a la realidad objetiva en diversos relatos subjetivos, en los cuales

la verdad es múltiple y no tiene relación con los intereses concretos de los sujetos y clases sociales integrantes de la misma (Houtart, 2007: 35-36).

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diciones fundamentales: por un lado una situación internacional que favorezca a las economías periféricas y, mucho más importante, un proceso político interno que avance en la construcción de mayores niveles de autonomía e independencia con respecto a los intereses de los centros mundiales imperialistas (Cardoso y Faletto, 2003: 26). Situamos a la necesidad de autonomía en el marco de la categoría de la autodeterminación democrática; por lo tanto, una democracia cualitativamente superior que, mediante un claro horizonte socialista y asentado en la hegemonía de la clase trabajadora y del campesinado, permita: • Una mayor participación en los asuntos públicos, que implique el control y la regulación del aparato gubernamental y de los espacios de poder en general por parte de las clases subalternas.

• Una distribución con criterios de igualdad de los recursos generados por la economía nacional, que garantice un incremento del consumo de las clases subalternas, algo solo posible mediante el control popular del aparato económico y político de las sociedades en transición al desarrollo autónomo socialista.

• Una reducción y, progresiva, eliminación de la transferencia del excedente creado localmente a los centros desarrollados mundiales e imperialistas (Zavaleta, 2009: 310).

De esta manera, a lo interno de las estructuras societales de los países capitalistas dependientes, la autonomía debe plasmarse en una autodeterminación democrática; en cambio, a lo externo es importante una dinámica de desconexión parcial de la lógica de acumulación del capital internacional y, por ende, de los intereses económicos –industriales, comerciales y financieros– de los centros desarrollados e imperialistas del planeta (Amín, 1988: 48). En este sentido, Samir Amín (2001: 17) aclara que la desconexión no es sinónimo de autarquía o un intento de salirse de la realidad histórica; sin embargo, sí significa que deben someterse las relaciones con el orden mundial y la economía-mundo a los intereses y necesidades del desarrollo autónomo interno. Denunciando intelectualmente y revirtiendo en términos prácticos las políticas

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neoliberales que promueven el ajuste de las economías nacionales a los procesos económicos mundiales dominantes (como la globalización) que acentúan la desigualdad y la polarización centro-periferia mientras perduran las relaciones de dependencia.

La desconexión, concretamente, necesita una nueva inserción en la división internacional del trabajo para los países periféricos en un sentido comercial, logrando un incremento del valor agregado de sus bienes exportados, la diversificación de sus mercados internacionales y la defensa de los precios de sus productos en el mercado internacional, garantizando mejores condiciones en el intercambio de bienes y mercancías. Además, en lo productivo y financiero, debe tender a la organización de relaciones económicas que permitan transferencia de tecnología, inversiones productivas beneficiosas mutuamente y préstamos en circunstancias mucho más favorables a las existentes en el sistema bancario global administrado por la burguesía transnacional dominante (Fitzgerald, 1986: 170).

Por lo tanto, construir relaciones autodeterminadas, ante el régimen de acumulación y valorización del capitalismo mundial, tendería a generar las condiciones para promover un ciclo de acumulación económica interna –nacional o regional–, apuntalado en el dominio de cinco elementos esenciales: 1. El control de la reproducción de la fuerza de trabajo, generando con

ello un desarrollo agrícola que permita elevar el acceso a los alimentos para incrementar el consumo de las clases subalternas, mientras mantiene la rentabilidad de la economía; es decir, producir una mayor cantidad de bienes-salario, ocasionando que paralelamente se logre una expansión de los salarios y de la acumulación económica.

2. El control del mercado interno –nacional o regional–, constituyéndolo como espacio fundamental de realización económica de los bienes producidos localmente.

3. El control por parte del Estado de los bienes comunes y recursos estratégicos, aumentando la capacidad local para colocarlos al servicio

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del desarrollo autónomo (y del proceso de acumulación económica) interno.

4. El control de los excedentes económicos creados por la producción local –nacional o regional–, constituyendo así una institucionalidad financiera autónoma y propia que incorpore los referidos recursos a la dinámica de desarrollo, mediante el financiamiento planificado.

5. El control de un mayor margen de tecnologías, las importadas y creadas localmente, vinculándolas a las necesidades del desarrollo interno, a través de su reproducción local, con el propósito de evitar la importación permanente de insumos para la economía (Amín, 2003: 269).

Es así como el desarrollo autónomo implica una voluntad política de sujetos sociales internos de los países periféricos, que deben transformar las estructuras económicas nacionales y regionales mientras someten las relaciones con los centros mundiales a las necesidades del desarrollo interno; en función de esta caracterización, consideramos que las clases dominantes locales –oligarquía agraria, burguesía asociada al capital internacional y pequeña burguesía burocrática–, son “lumpenburguesías” (Gunder Frank, 1979: 123), “burguesías compradoras” (Poulantzas, 2005: 67) o “burguesías burocrática s” (Brito Figueroa, 2009a: 648), que se reparten parte del excedente interno no transferido al exterior, por lo que podría afirmarse que no tienen entre sus intereses concretos el desarrollo integral y socialista tal como lo entendemos en el presente libro.

De esta manera, concebimos que las clases subalternas (clase trabajadora y campesinado) se encuentran en una posición en las relaciones sociales de producción del capitalismo dependiente latinoamericano, que origina la posibilidad de su constitución en sujetos políticos que tendrían la potencialidad para promover un proceso orientado hacia el desarrollo autónomo orientado a la creación de las relaciones de producción socialistas y emancipadas (Amín, 2003: 268; Boron, 2008: 43; Marini, 2007: 98).

Un desarrollo autónomo que implicaría promover la construcción de espacios de poder alternativos a las potencias mundiales, que puedan debilitar y posteriormente eliminar las relaciones de dependencia exis-

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tentes creando condiciones que transformen paulatinamente el orden mundial, por ende, un mundo multipolar y multicéntrico (Cox, 1993: 180; Amín, 2003: 268). Por ello, se necesitaría articular procesos de integración regional e interregionales en las periferias, que tengan como horizonte la creación de las condiciones para el desarrollo autónomo integral, mientras estructuran núcleos de poder regionales que permitan la autodeterminación democrática (internamente) y la desconexión parcial (externamente).

De este modo, en los capítulos III y IV de la presente investigación, analizaremos las características de la integración desarrollada en correspondencia con la ALBA-TCP; realizando un esfuerzo teórico-analítico que intente establecer sus vínculos discursivos y concretos con los conceptos y transformaciones planteados: • desarrollo autónomo, • autodeterminación democrática y • desconexión.

Además, identificando como políticas económicas y comerciales diseñadas y desplegadas en las estrategias del mencionado bloque de integración, tales como el Banco de la ALBA, las Empresas Gran-nacionales, el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), entre otras; se articulan a la construcción de un proceso de desconexión que permita ajustar los factores económicos externos a las necesidades del desarrollo autónomo de los países participantes en la ALBA-TCP. Igualmente, articular las nociones y prácticas de autodeterminación democrática y desconexión con la integración implica, como observamos en el presente capítulo, perfilar la construcción de un núcleo de poder regional que refleje en su desarrollo los intereses y necesidades concretas de las clases subalternas18; porque recordamos la citada idea de Edgardo Lander: 18 Concebimos a las clases subalternas, siguiendo a Massimo Modonesi, como “todos los sectores sociales que no son parte de las clases dominantes y que exceden a la

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No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de qué valores se diseña? (2004: 39).

Así, podemos plantear que la integración no tiene una sola forma de organizarse e institucionalizarse; realmente, la caracterización política de las diversas experiencias históricas y actuales de articulación regional depende de la región mundial, sujetos sociales, objetivos, intereses, instituciones y herramientas que se enmarcan en los procesos integracionistas concretos y particulares como la ALBA-TCP. Argumento que profundizaremos a continuación mediante una reflexión que intenta definir y analizar lo que nosotros denominamos integración hegemónica y contra-hegemónica.

Lo particular: integración hegemónica (libre comercio) y contra-hegemónica (desarrollo autónomo)

En la presente parte del libro trabajaremos en la estructuración de un conjunto de conceptos que nos permitan visualizar las diferencias entre las formas de la integración denominadas hegemónicas y contra-hegemónicas. Partimos argumentando que la integración conlleva un elemento ideológico, es decir, expresa en lo concreto principios e intereses materiales de las clases sociales de los países articulados, por ende la llamada unidad latinoamericana debe tener características particulares contra-hegemónicas para ajustarse a las necesidades de las clases populares de Nuestra América. De este modo, comenzamos puntualizando:

clase obrera”, aunque desde ya la contempla como parte de aquellos (2010: 43).

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• entendemos por hegemónicos los métodos de articulación regional predominantes en el mundo y en América Latina, que tienen un consenso y una legitimidad manteniendo la dirección política y cultural de las sociedades (Portantiero, 1999: 25). Concretamente sostenemos que son aquellos métodos vinculados con la liberalización económica y comercial de los mercados nacionales, por ello descansan en el denominado libre comercio.

Entonces, iniciaremos analizando las particularidades de la mencionada tipología de integración regional y mundial, con características asimétricas y economicistas profundizadoras de las relaciones de producción capitalistas. Es así como, para delimitar su amplitud, la debemos entender en términos generales como una integración económica que propicia vínculos políticos estatales necesarios para acordar las decisiones comunes que permitan la construcción de mercados ampliados y la armonización de las políticas económicas nacionales (Tamames.

1980: 171).

Por lo tanto, en palabras de Antonio Fernández (1997: 21), la integración económica entendida en correspondencia con el libre comercio se define como un proceso que promueve la estructuración de relaciones entre dos o más países con el fin de eliminar los límites impuestos por los mercados nacionales, suprimiendo las barreras arancelarias y no arancelarias a la libre circulación de mercancías, servicios y factores productivos. Comprendiéndola como un proceso es pertinente puntualizar, además, que se desarrolla en varias fases: 1. Sistema de preferencias aduaneras, 2. Zona de libre comercio, 3. Unión aduanera, 4. Mercado común y 5. Unión económica y monetaria (Tamames, 1980: 171).

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Fases de articulación económica que dependen para su profundización y avance, en un primer momento, de la unificación de las políticas arancelarias internas y externas; y, posteriormente, de la armonización mediante la creación de entes supranacionales de las políticas comerciales, fiscales, financieras, monetarias y productivas regionales.

En este sentido, veamos resumidamente la caracterización de las distintas fases: • Sistema de preferencias aduaneras: consiste en el proceso entre dos o más países en el cual entregan y reciben reducciones o eliminación del cobro de los aranceles de una lista de bienes determinados.

• Zona de libre comercio: implica la eliminación de la cancelación de los aranceles a la inmensa mayoría de los bienes provenientes de las economías asociadas, aproximadamente el 70% de las mercancías, manteniendo un nivel arancelario cobrado a los terceros países de forma diferenciada.

• Unión aduanera: engloba, como las zonas de libre comercio, suprimir la cancelación de los aranceles a las mercancías originarias de los países participantes, con la inclusión de un arancel externo común que unificaría el nivel de protección arancelario ante terceros países. Por lo tanto, los productos cancelarían el mismo arancel independientemente del mercado nacional asociado que empleen los importadores para ingresarlos, organizándose una renta aduanera común que debe ser distribuida por la unión constituida a partir de las regulaciones mancomunadas impuestas en el código aduanero unificado.

• Mercado común: involucra la creación de una unión aduanera, además de la adopción de medidas que permitan la liberalización de las mercancías, servicios, capital y trabajo; logrando la estructuración de un mercado ampliado de magnitud regional.

• Unión económica y monetaria: presupone la constitución previamente de un mercado común, mientras se desarrollan políticas para unificar las políticas económicas (comerciales, fiscales, productivas, financieras y monetarias). Incluso llegando a la creación de una moneda única para distintos países, conformando entes supranacionales

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como un Banco Central Común y una institucionalidad que desarrolla la política económica-comercial externa (Fernández, 1997: 22-23).

Ahora bien, más allá de las fases de la integración económica caracterizada como hegemónica, es necesario presentar los objetivos centrales de la referida forma de articulación regional que tienden a priorizar esencialmente los temas económicos y comerciales: 1. La creación de economías de gran escala, 2. La intensificación de la competencia del nuevo mercado ampliado, 3. El desarrollo de actividades productivas de gran magnitud que necesitan la cooperación económica, 4. El incremento del poder de negociación comercial de los países participantes, 5. La formulación de una política económica coherente y 6. La promoción de cambios estructurales en las economías locales (Tamames, 1980: 178).

De esta manera, las premisas que promueven una integración estructurada en el marco de los mencionados objetivos, se relacionan con la competencia económica y el libre comercio; presuponen crear condiciones que incentiven el intercambio comercial entre varios países, constituyendo un mercado ampliado que sería el elemento fundamental de la articulación regional. Un proceso que conllevaría la apertura de los mercados nacionales y la especialización productiva de las distintas economías, generando una reasignación de recursos por parte del mercado ampliado que, supuestamente, beneficiaría a los asociados (Balassa, 1965: 26). Entonces, detallemos las finalidades de la integración hegemónica para Ramón Tamames: • La creación de economías de gran escala. Implica la ampliación de los niveles de producción por unidad de los bienes, reduciendo el costo medio y necesitando un mercado más grande.

• La intensificación de la competencia del nuevo mercado ampliado. Supone que mediante el ensanchamiento del mercado ingresan

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empresas provenientes de los distintos países asociados, incrementando la competencia económica y desplazando los posibles monopolios productivo-comerciales internos.

• El desarrollo de actividades productivas de gran magnitud que requieren la cooperación económica. Crea la posibilidad de emprender proyectos económicos mancomunados, que por el tamaño de las inversiones y de la tecnología necesiten los esfuerzos de varios países.

• El incremento del poder de negociación comercial de los países participantes. La articulación de distintos mercados nacionales aumentaría su atractivo económico en términos de inversión y comercio, situación que crearía mejores condiciones de negociación de los integrados.

• La formulación de una política económica coherente. La inclusión en un proceso de integración estructura relaciones de cooperación multilaterales, que obligan a los países participantes a ajustarse a las caracterizadas por el autor como políticas económicas coherentes evaluadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (B. M.), entre otras, que dependen de los procesos de integración particulares.

• La promoción de cambios estructurales en las economías locales. La articulación regional involucra transformaciones fundamentales en las políticas estatales internas en los ámbitos fiscales, industriales, laborales, agrarios, entre otros (Tamames, 1980: 179-183).

Los mencionados objetivos son bastante amplios, pero coinciden en su relación con la creación de las condiciones concretas para promover un incremento de los flujos comerciales –exportaciones e importaciones– entre los países integrados; entonces, los instrumentos empleados para realizar y profundizar la articulación descansa en la unificación de los territorios aduaneros en un mercado más amplio. Así pues, como lo refiere Molle (1990: 11-12), los mecanismos utilizados para promover la integración vinculada con el libre comercio son caracterizados

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como positivos y negativos. Los primeros, los positivos, presuponen la adopción de medidas que permitan coordinar y armonizar las políticas económicas y las legislaciones internas; en cambio, los negativos implican desmontar los aranceles que protegen a las economías nacionales y traban el libre comercio.

En este sentido, brevemente, puntualizaremos algunos de los mecanismos empleados históricamente para incentivar el libre comercio en Nuestra América como “las formulas obligatorias de reducción arancelaria”; en las cuales, los países integrados se comprometen a que, en plazos asumidos previamente, reducirán en un porcentaje determinado los aranceles cobrados a los distintos bienes indicados en la lista comercial negociada (Balassa, 1965: 107). Además, en los proceso de articulación regional se utiliza “la delegación de la negociación”, que conlleva entregar a los entes supranacionales o intergubernamentales la capacidad para negociar acuerdos comerciales con otros países o experiencias de integración. Igualmente, Isaac Cohen (1989: 149), sostiene que se practica la vinculación por “proyectos”, construyendo nodos esenciales mediante el desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones, empresas transnacionales comunes, fondos de compensación regional, entre otros.

Por otra parte, la integración hegemónica se analiza en términos sociales con la utilización de dos roles: productores y consumidores. Esto es así debido a la importancia que tiene la economía y, en lo fundamental, el intercambio de bienes y servicios en la forma de articulación regional que mantiene al libre comercio como axioma principal. Por ello, se identifica los “efectos en el consumidor y en el productor” precisando los necesarios cambios que deben realizarse para lograr procesos económicos más competitivos y eficientes. En correspondencia con lo planteado, se sostiene que la eliminación de las barreras a los flujos del comercio internacional permiten que se incremente el consumo en los mercados nacionales porque pueden ingresar, a partir de su importación, bienes con precios más bajos; en cambio, en las economías menos eficientes y competitivas decrece la producción al perdurar precios mayores a los ofrecidos por los productores externos (Fernández, 1997: 28). Por

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ello, dependiendo de la productividad y, por ende, de los costos unitarios de las mercancías elaboradas en una economía se alcanzan márgenes de competitividad ajustados a los niveles mundiales o regionales; situación que implica obtener un porción significativa del mercado integrado.

Finalizando con la descripción de los conceptos que permiten entender la integración hegemónica –el libre comercio–, es significativo visualizar el papel jugado por el Estado en la misma. El Estado debe crear las condiciones concretas para lograr la plenitud del proceso de integración de los mercados nacionales, eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio mientras reduce su intervención en la economía evitando la supuesta monopolización de factores productivos: recursos naturales, fuerza de trabajo, bienes, servicios, entre otros.

Además, los neoliberales como Paúl Krugman (1994: 244) argumentan que el Estado afecta la eficiencia económica con sus intervenciones en los procesos productivos, porque sus políticas sufren la presión de los distintos sectores empresariales que aspiran a mayores beneficios originados en la protección estatal; por lo tanto, no tiene la capacidad para organizar una distribución eficiente de los recursos como el mercado.

Realidad que conlleva la constitución del mercado en la instancia reguladora de la vida social, para reasignar de forma eficiente y competitiva los diversos recursos.

Las ideas esgrimidas por los intelectuales e instituciones promotoras del libre comercio, como Milton Friedman (1986: 57) y el instituto CATO19, plantean una incorporación de la noción y práctica de la integración a la estrategia económica neoliberal; porque presuponen que de19 CATO es una institución no gubernamental, con sede en los Estados Unidos, promotora y defensora de las ideas liberales y las políticas económicas neoli-

berales; que es financiada por contribuciones realizadas por empresas trans-

nacionales privadas. Cada dos años entrega el premio Milton Friedman a los

activistas, empresarios e intelectuales neoliberales más destacados, entre ellos

han sido premiados: Peter Bauer, Hernando de Soto, Mart Laar, Yon Goicoechea y Akbar Ganji.

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sarrollar experiencias de articulación regional depende de la reducción y, en algunos casos extremos, eliminación de la participación activa del Estado en la economía.

Entonces, con la supuesta finalidad de integrarse se desmantela el Estado con la privatización de los bienes comunes y de los derechos públicos (educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros), disminuyendo los ingresos estatales por las rebajas a las tasas aduaneras y debilitando la soberanía nacional de los países mientras se entrega la jurisdicción a tribunales transnacionales como el Ciadi, para garantizar las actividades productivas y financieras de las transnacionales en las economías locales integradas (Teitelbum, 2004: 10).

Culminando, puntualizamos que el libre comercio tiene una preponderancia en el desarrollo concreto y estudio académico de la integración, a pesar de la afirmación encontramos importantes críticas que demuestran la construcción conceptual de formas de integración contra-hegemónicas, es decir, una concepción alternativa que involucra una priorización del desarrollo autónomo regional antes del aumento de los flujos comerciales; al mismo tiempo que se concibe como objetivo la solución de las necesidades materiales y culturales de las clases subalternas de los países participantes en el proceso de articulación regional. Puntos que profundizaremos en el siguiente apartado del presente capítulo.

Críticas al libre comercio y la consolidación de la dependencia de América Latina

Las críticas a las particularidades de la forma de integración apuntalada en el marco del libre comercio tienen una amplitud cuantitativa y un carácter cualitativo bastante heterogéneo. Parten desde los mecanismos dispuestos para aplicación y los efectos contradictorios que ocasiona en términos económicos y sociales, pasando por sus limitaciones economicistas e incorporando una impugnación a la vinculación concreta que tiene con las necesidades e intereses materiales del capital

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internacional organizado alrededor de las empresas transnacionales, así como de los aliados económicos del mismo en Nuestra América: los agroexportadores y las burguesías importadoras.

En este sentido, entendemos que existe una contradicción entre el discurso y la realidad en la experiencia de aplicación global y regional del libre comercio; que se visualiza cuando los países del centro desarrollado con características imperialistas articulados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estructuran medidas internas proteccionistas que evitan el acceso a sus mercados de las exportaciones provenientes de las economías subdesarrolladas. Políticas como los subsidios a la agricultura, las cuotas de importación y las regulaciones fitosanitarias inaplicables; mientras despliegan un discurso librecambista e impulsan la realización en los países periféricos de programas económicos neoliberales que descansan en la apertura de los mercados, la desregulación financiera y la precarización de las relaciones laborales empleador-empleado. Así, mientras mantienen un discurso librecambista ejecutan políticas proteccionistas en sus economías para defender sus mercados locales (Streenten 2001: 36).

Igualmente, analizando alguno de los efectos debemos puntualizar que los países con menor diversificación productiva que han decidido integrarse con economías más desarrolladas, en el marco de procesos de libre comercio, como el caso de México mediante el Nafta o Chile a través de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, entre otros, sufrieron desempeños económicos contrapuestos.

En el caso de México, mientras lograba un incremento de las exportaciones sufrió la pérdida de autonomía alimentaria por la dependencia de importaciones en rubros agrícolas antes producidos localmente, al mismo tiempo se redujo su tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) y se incrementaron sus índices de desempleo, desigualdad y pobreza (Stiglitz y Charlton, 2007: 165).

En referencia a la experiencia chilena de libre comercio, se asume que el intercambio comercial mantuvo un patrón de intercambio internacional muy similar con un incremento residual del 0,2%, demostrando

I {68} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

el poco acceso al mercado estadounidense; sin embargo, en términos cualitativos para Mabel Cabezas (2003: 8-9), el país andino alcanzó una reducción del riesgo país e incrementó la confianza de los inversionistas extranjeros. Esto último algo muy buscado por los neoliberales, que promueven la presencia y el control de las transnacionales de las economías locales, perdiendo la posibilidad de la dirección autocentrada de la producción nacional.

La concreción de los procesos librecambistas, en los dos países mencionados, dista mucho de lo ofrecido en los discursos apologistas de la liberalización comercial; no obstante, la crítica al libre comercio presupone un desmontaje teórico de los objetivos y supuestos beneficios del mismo. De este modo, cuando los librecambistas se refieren a lo positivo que supone la creación de economías de gran escala, los detractores responden que la ampliación del tamaño de los factores productivos organiza niveles de competencia favorables a las grandes empresas transnacionales. En un mercado ampliado se incrementa la demanda de los distintos bienes, algo que podría ser aprovechado de forma más óptima por el capital transnacional que posee mayores estándares de productividad en comparación con las empresas nacionales (Tamames, 1980: 179).

Asimismo, la especialización productiva que pregona el libre comercio para aumentar la eficiencia económica en la producción de algunos bienes determinados; en los cuales se tienen ventajas comparativas20, genera asimetrías en el ingreso de las distintas regiones de los países integrados, dificultando la constitución de un significativo mercado interno y, además, diferenciando la absorción tecnológica de los distintos 20 Las ventajas comparativas, según el modelo de David Ricardo, implica que los países deben especializarse en la producción de una cantidad de bienes deter-

minados para los cuales tienen ventajas por sus niveles de productividad; esto es: exportar los productos en los cuales hay menor trabajo e importar aquellos

que cuestan más trabajo realizarlos. A esto se le llama asignación eficiente de recursos (Krugman, 1994: 35).

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sectores productivos de las economías locales. Dicha situación se estructura porque algunas regiones de los países integrados en el marco del libre comercio, mediante la inversión externa o local de los grandes empresarios, constituyen polos de desarrollo con mayor escala y tecnología que, aunque controlados por capitales extranjeros, permiten mejores salarios y generan una suerte de espejismo de modernización, mientras otras regiones son arrolladas comercialmente por los productos importados porque los bienes elaborados históricamente en las mismas no fueron parte de la especialización productiva (Bambirra, 1999: 364; Arruda Sampaio, 2008: 56-57).

Además, la propuesta denominada intensificación de la competencia desplaza los monopolios nacionales como sostienen los neoliberales, pero crea las condiciones para monopolizar el mercado ampliado por parte de las transnacionales extranjeras con mayor capacidad productiva y, por ende, menores costos por unidad producida. Estableciendo condiciones que permiten a las empresas internacionalizadas edificar un régimen de acumulación en las regiones integradas, mediante la articulación de sus distintas filiales locales, creando procesos productivos regionales que buscan aumentar la extracción de más recursos; empleando la repatriación de ganancias, el cobro de sus patentes y el intercambio intraindustrial21 sin cancelación de aranceles (Furtado, 1986: 267).

21 El comercio intraindustrial, en términos de Paúl Krugman (1994: 158-159), implica el intercambio de bienes por parte de empresas y pares de la misma

rama industrial. Este autor sostiene que el comercio intraindustrial se origina porque los países desarrollados tienen importantes similitudes en los nive-

les tecnológicos, disponibilidad de capital y calificación de sus trabajadores; situación que genera la posibilidad de intercambiar bienes y servicios entre filiales de una misma rama industrial o empresa transnacional, sin generar

pérdidas o una asignación de recursos ineficiente. En cambio, María Sole-

dad Betancur (2001: 38) argumenta que este comercio es motivado por las

empresas transnacionales que, buscando maximizar sus niveles de ganancia, localizan en sus distintas filiales locales parte de la producción de un bien úl-

I {70} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

Por ello, las empresas transnacionales son las principales beneficiadas de la integración estructurada a través del libre comercio, utilizando su asociación con las clases sociales locales –oligarquía agraria y burguesía importadora– que controlan el comercio internacional de los distintos países: importadores y exportadores (Gambina, 2008: 19).

Al tener como sujetos sociales dominantes a los sectores exportadores e importadores de las economías latinoamericanas, en los procesos de integración hegemónicos se tiende a privilegiar los mercados externos antes del interno, promoviendo una inserción en la economía-mundo dependiente; la cual genera un patrón de acumulación ajustado a las fluctuaciones de los precios internacionales de los bienes exportados: materias primas, productos agrícolas y, en general, bienes con poco valor agregado (Boron, 2008: 99). Al mismo tiempo, según el intelectual cubano Osvaldo Martínez (2008: 210), la situación descrita presupone reducir y, en algunos casos, eliminar las capacidades de los centros de decisión nacionales como el Estado, para realizar posibles proyectos autónomos que impliquen una participación activa en la regulación y desarrollo autónomo de la economía. Entonces, en términos concretos: • se privatizan las empresas estatales entregando los recursos naturales y actividades esenciales vinculadas a las telecomunicaciones, energía y transporte al capital internacional, situación que ocurre en países con Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como México, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, entre otros.

Igualmente, cuando los defensores del libre comercio plantean que la regulación por parte de organismos internacionales coadyuva a la formación de una política económica coherente, estarían legitimando que los centros de decisión nacionales se sujetan a un conjunto de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio que imponen “recetarios” económicos timo, necesitando intercambiar de forma intraindustrial las partes producidas para culminar la elaboración de los bienes.

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perjudiciales a los intereses y necesidades del desarrollo autónomo y de las clases populares de los países de América Latina. Medidas que se promueven mediante presiones supeditadas al recibimiento de créditos, ayudas financieras, reajuste de las deudas, preferencias arancelarias y cuotas a la importación que garanticen acceso a mercados más grandes (Estay Reyno, 2008: 143). La presente situación fue muy clara en la década de los 90 del siglo XX en América Latina, en la cual el FMI mediante sus presiones y aliado con gobiernos neoliberales dirigió la aplicación de paquetes económicos que extranjerizaron las economías de Nuestra América, incrementado los vínculos de dependencia y eliminando la posibilidad de la construcción del desarrollo autónomo e integral de la región.

En resumen, el libre comercio como forma de integración involucra consolidar las relaciones de dependencia con los centros mundiales desarrollados, conformando un espacio económico ampliado que tendería a fortalecer el control de las transnacionales de las economías latinoamericanas y su especialización en la producción de bienes con poco valor agregado; por esto, las críticas se relacionan con la construcción de ideas orientadoras de una integración contra-hegemónica que tenga como horizonte el desarrollo autónomo de los países integrados. Es decir, en palabras de Celso Furtado (1986: 268), organizar un sistema económico regional direccionado por un proceso de planificación mancomunada que supere la simple unificación de los mercados.

Entonces, es importante plantear cómo a la luz de la hegemonía ideológica neoliberal la integración en América Latina se convirtió en sinónimo de mercado común, unión aduanera, zona de libre comercio e instituciones supranacionales; mientras se negaba su relación con objetivos fundamentales para la región: el desarrollo autónomo y la autodeterminación integral (Fernández Saavedra, 1989: 302). De esta manera, Edgar Vieira Posada (2008: 213) argumenta que la construcción de la integración en Latinoamérica, por sus condiciones concretas de subdesarrollo y dependencia, en términos teóricos, presentaría una relación con los conceptos ofrecidos por la teoría de la dependencia.

I {72} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

De esta manera, las críticas a la integración hegemónica se corresponden con las ideas estructuradas en el marco de la mencionada categoría del pensamiento crítico de Nuestra América combativa y mestiza, desde la cual reflexionamos para transformar estructuralmente la situación y relación de dependencia que padecemos.

La integración contra-hegemónica y el desarrollo autónomo

Las ideas permiten reflexionar alrededor de las transformaciones necesarias en las formas concretas de organización societal internas y en los mecanismos de inserción internacional de los países integrados en el marco de una posible integración contra-hegemónica. Es así como, brevemente, presentamos algunas nociones vinculadas a la estructuración de una política económica, comercial y financiera que coadyuve a la creación y consolidación de la articulación regional alternativa al libre comercio, vislumbrando su carácter estructural, sus sujetos sociales fundamentales, sus objetivos y el papel del Estado en la misma.

Un proceso de integración contra-hegemónico presupone una experiencia concreta que intenta construir un núcleo de poder regional emergente (la ALBA-TCP); que desarrolle formas distintas a las dominantes de relacionarse entre los países, Estados y pueblos integrados. Constituyendo una estructura axiológica que debería desplazar a la competencia y a la maximización de la ganancia; ideas legitimadoras y organizadoras del libre comercio. Paralelamente, tendría que demostrar en la realidad concreta el carácter contra-hegemónico del proceso de articulación regional mediante su edificación por las clases subalternas y el desenvolvimiento de una praxis orientada por principios, valores y prácticas alternativas como la cooperación, solidaridad, complementación, igualdad, autodeterminación de los pueblos, entre otras (Boron, 2008: 106-107).

De este modo, partiendo de la crítica a los principios economicistas de la integración tradicional, se apuntala la importancia de avanzar en vínculos estructurales que permitan la cooperación integral en distintos

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ámbitos: político, cultural, social, deportivo, sanitario, entre otros. Sin negar la necesidad de construir un sistema económico conjunto que beneficie a los distintos participantes del núcleo regional independientemente de su tamaño en términos territoriales, económicos y de poder (Gambina, 2008: 21). Por lo tanto, como lo observa el intelectual brasileño Plinio Arruda Sampaio (2008: 64), debería plantearse entre sus objetivos esenciales la solución de los problemas materiales y culturales de las clases subalternas de la región, subordinando el proceso de acumulación económica a la superación del subdesarrollo y, por ende, articularlo a un proyecto mancomunado de desarrollo autónomo.

Los referidos objetivos pueden depender de la intervención de las clases subalternas como sujeto fundamental de la integración contra-hegemónica, que deberían asumirse organizadamente en la fuerza social que sustente y desarrolle las transformaciones pertinentes en lo interno y externo (Arruda Sampaio, 2008: 63). Por constituirse en el sector de la sociedad que sustenta, mediante su trabajo y la apropiación del mismo, un régimen de acumulación económico que descansa en la extracción de excedentes por parte de los centros desarrollados imperialistas y en la concentración de las riquezas por las clases dominantes internas.

Además, según Nildo Ouriques (2008: 85), conllevaría en el plano institucional el fortalecimiento del Estado y cambios estructurales en el mismo, que tiendan a convertirlo en una herramienta ajustada a las necesidades de las clases subalternas, porque los referidos sujetos sociales mantendrían el control de sus decisiones y recursos. El Estado, descrito en términos concretos, coadyuvaría así en el proceso de planificación de la integración regional, estructurando complementariamente las potencialidades económicas de los países integrantes en un bloque regional coherente que se asiente en la organización de las clases populares (Furtado, 1986: 268). Igualmente, el nuevo aparato estatal tendría la responsabilidad de recuperar el control de los recursos naturales y de las actividades estratégicas –transporte, energía, telecomunicaciones, banca–, colocándolas al servicio del desarrollo autónomo regional (Katz, 2008b: 180).

I {74} Capítulo Una conceptualización crítica para entender la integración...

De esta manera, la integración contra-hegemónica presupone superar los problemas materiales y culturales de los habitantes excluidos y explotados de Nuestra América, algo que requiere el impulso de un proceso de desarrollo autónomo unificado y complementario con un claro horizonte socialista. Entonces, su avance depende de los intereses, principios y proyectos dominantes internamente en los países participantes; es decir, de las luchas entre los sujetos sociales beneficiados por el libre comercio y aquellos que necesitan incentivar otro tipo de integración como los trabajadores y campesinos (Estay Reyno, 2008: 139).

La aproximación conceptual a la integración hegemónica –el libre comercio– y la contra-hegemónica vinculada con el desarrollo autónomo, nos permitirá en el próximo capítulo del presente trabajo investigativo revisar las tentativas históricas del siglo XIX y XX, así como los procesos de integración vigentes con una estructura teórica definida.

Oportunidad analítica en la cual reseñaremos las principales experiencias de articulación regional y subregional: • La Alalc, • la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), • la Comunidad Andina de Naciones (CAN), • la Comunidad del Caribe (Caricom) y • el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Todas ellas, más allá de sus particularidades, tienen vínculos con la integración hegemónica que descansa en el libre comercio por desplegar procesos de integración principalmente económicos y comerciales. Por ende, estas tentativas establecen, entre sus preceptos fundamentales, la necesidad de fomentar los flujos comerciales y la constitución de un mercado ampliado latinoamericano, andino, caribeño anglosajón o, en el último caso, del cono sur de América Latina.

Nota aclaratoria: más adelante, en el capítulo III de este trabajo, analizaremos la aproximación conceptual al libre comercio para comparar los postulados y prácticas de la ALBA-TCP, con el origen, los alcances, objetivos, fases e instrumentos de la integración hegemónica, intentan-

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do evidenciar las diferencias y algunos puntos de encuentro que identificamos cuando analizamos el método integracionista denominado “articulación regional por proyectos”. Así como similitudes en tres objetivos que coinciden: la cooperación para desarrollar grandes empresas y actividades económicas conjuntas, el incremento del poder de negociación comercial y la creación de economías de escala. Sin embargo, precisamos que las finalidades referidas las intentan alcanzar mediante políticas y estrategias distintas, las cuales se engranan con necesidades e intereses sociales diferentes.

Capítulo II

Tentativas históricas de integración en América Latina y procesos actualmente vigentes

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En el presente capítulo analizaremos en correspondencia con los conceptos trabajados anteriormente, las tentativas de integración en América Latina acontecidas en los siglos XIX y XX; así como las experiencias que en la actualidad se mantienen en construcción y desarrollo en la región, tales como El Mercado Común Centroamericano (MCCA), la CAN, la Caricom y el Mercosur.

De esta manera, en la primera parte empezaremos estudiando los procesos de unificación promovidos por algunos de los principales próceres de la independencia latinoamericana y, posteriormente, visualizaremos las características históricas de la aparición a finales del siglo XIX de los proyectos de articulación continental en el marco del panamericanismo.

II {78} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

Las primeras tentativas de unificación regional y la gesta independentista La Gran Colombia y las Provincias Unidas de Centro América

Los primeros esfuerzos por promover la integración de la región se inician con el surgimiento de las nuevas Repúblicas hispanoamericanas, en la primera mitad del siglo XIX. Esas primeras tentativas de unidad regional tienen muy presente las luchas independentistas por su carácter de acontecimiento reciente e inacabado, por lo tanto, la defensa de la independencia se constituye en su objetivo esencial. Tal como expresa Vieira Posada: La amenaza existente desde 1815, representada en la conformación de la Santa Alianza entre las monarquías más absolutistas de Europa –Austria, Rusia y Prusia– fue el fundamento de esta primera idea de integración sobre un plan defensivo (2008:78).

Entonces, el prócer venezolano Simón Bolívar promueve en el Congreso de Angostura, acontecido en la ciudad homónima22 de Venezuela, la organización de la denominada historiográficamente Gran Colombia, comprendiendo el carácter estratégico de la unidad continental para la defensa militar de la Independencia, que se encontraba amenazada por la Santa Alianza. Suceso histórico que acontece en pleno combate independentista, en 1819, después de la Batalla de Boyacá, la cual generó la independencia del virreinato de la Nueva Granada23. La Gran 22 Ciudad homónima se refiere a la ciudad de Angostura, la cual tenía el nombre por su ubicación en la parte más angosta del río Orinoco, actualmente Ciudad Bolívar.

23 El virreinato de la Nueva Granada fue constituido por Felipe V en 1717, actualmente implica los territorios de la República de Colombia; que después de la

disolución de la denominada Gran Colombia, se apropia del nombre, bandera y simbología del proyecto unitario del Libertador Simón Bolívar.

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Colombia estuvo integrada por los territorios actuales de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela; delimitada administrativamente mediante tres departamentos gubernamentales con capital en la ciudad de Bogotá (Bethell, 2000:111).

Comprendemos a la referida República como el primer gran esfuerzo concreto orientado a la unidad de la región, porque logra momentáneamente unificar en un solo proyecto político a tres dependencias administrativas que el imperio español en el período de la colonia mantuvo separadas, desde las reformas borbónicas de 1775: el virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Quito. La Gran Colombia nace en el Congreso de Angostura, aunque se formaliza en el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821; que redacta la Constitución de la unión grancolombina.

Entre las medidas más importantes de la denominada Gran Colombia, en lo referente al ámbito económico, encontramos la nacionalización de las minas por parte de la República: planteando la propiedad de la misma de los minerales ubicados en el subsuelo del país, por lo tanto los privados solo podrían obtener concesiones para su explotación mediante cancelación de un arancel para desarrollar un fondo que financiaría una cátedra de formación en minería y mecánica (Torres Herrera, 1983: 22).

Asimismo, el Libertador Simón Bolívar, como Presidente de la Gran Colombia, redacta un decreto que intenta una mejor distribución de la tierra promoviendo la entrega de parte del referido medio de producción a los indígenas, como propietarios directos que no debían sujetarse al control o vasallaje de los recaudadores, transformándolos en términos económicos en campesinos. Denunciando, en el referido instrumento legal sufragado el 4 de julio de 1824, al latifundio cuando sostiene: …a pesar de las disposiciones de las leyes antiguas nunca se ha verificado la repartición de las tierras con la proporción debida (…) el uso precario que se les concedió en el gobierno español ha sido sumamente perjudicial a los progresos de la agricultura y a la prosperidad del Estado… (citado por Britto García, 2010:183).

II {80} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

Igualmente, se desarrollaron acciones ante el monopolio comercial implantado por la Corona española a sus colonias hispanoamericanas, en el marco de las denominadas Leyes de Indias del monarca Felipe II en 1572. Monopolio que, como vimos anteriormente, permitía al imperio español controlar la totalidad de los bienes agrícolas y minerales exportados legalmente24; mientras, prohibía la instalación de industrias artesanales en las colonias para así garantizar que sus mercaderías manufacturadas se distribuyeran en las mismas; aunque con las debilidades que sufrían sus actividades productivas no tenía capacidad para suministrar lo demandado, situación que originaba condiciones facilitadoras del contrabando de origen inglés y holandés provenientes de las islas caribeñas angloparlantes (Brito Figueroa, 2009b: 200).

En este sentido, la Revolución de Independencia con el establecimiento de la República de Colombia (la grande)25, avanza en una política comercial externa antimonopólica; entonces, el Libertador Simón Bolívar como Presidente incentiva los tratados de paz, amistad y comercio que diversifican la relaciones comerciales, permitiendo el acceso directo a las exportaciones colombianas y al incipiente mercado a los productos provenientes de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda.

Además, estructura una política comercial externa de carácter proteccionista, incrementando los aranceles a las importaciones en los distintos departamentos integrantes de la República. Generando con ello las 24 Aunque “legalmente” la Corona española mantenía en la época un monopolio

sobre el comercio exterior de sus colonias hispanoamericanas, buena parte

del mismo se realizaba mediante corsarios y contrabandistas que eludían las políticas comerciales de la metrópolis.

25 Realizamos la diferencia entre la actual República de Colombia que, como ya di-

jimos, tiene como origen los territorios pertenecientes al Virreinato de Nue-

va Granada, y la República de Colombia organizada por Simón Bolívar en el marco del Congreso de Angostura, que denominamos “la grande” porque

unificó al Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Audiencia de Quito.

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críticas del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, John Williamson, que denunciaba: “Los interés comerciales de los Estados Unidos han sufrido mucho en Venezuela con el último arancel… pues llega a ser prohibitivo para muchos artículos” (citado por Pividal, 2009: 183).

Las políticas desarrolladas por la Gran Colombia, en el marco del liderazgo de Simón Bolívar, originaron que los sectores y castas sociales no interesadas se opusieran frontalmente, constituyendo las condiciones concretas para la disolución de la experiencia unitaria. Con la realización de actos como la conspiración secesionista en Venezuela de la Cosiata26 dirigida por el general José Antonio Páez y ejecutada por el Cabildo de la ciudad de Valencia (Salcedo Bastardo, 1982:310), el intento de magnicidio del Libertador en septiembre de 1828 por el cual fue condenado al destierro el general Francisco de Paula Santander (Baralt, 1983: 297), y el desarrollo de una campaña en la prensa escrita de las oligarquías neogranadina y venezolanas que intentaba caracterizarlo como un tirano que deseaba coronarse monarca de la incipiente República. En la tercera acción participa activamente el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, William Henry Harrison, que intentaba evitar la supuesta constitución de una monarquía aliada de los británicos en Colombia; intervención que ocasionó la expulsión del embajador indicado (Ewell, 1998: 51). Hechos que coadyuvaron al fracaso de la Gran Colombia, algo que más adelante revisaremos con mayor profundidad.

Paralelamente, al norte del continente y de la región, con el liderazgo del presbítero José Matías Delgado y del militar Francisco Morazán, se 26 La Cosiata fue la conspiración secesionista acontecida en 1826 en Valencia, Ve-

nezuela. La cual fue desarrollada por el cabildo de la referida localidad con el apoyo inicial del general José Antonio Páez, máxima autoridad de aquel departamento; tal conspiración lo convirtió en la principal figura de la oligar-

quía del momento. Generando, la conspiración separatista, la necesidad del

traslado del Libertador Simón Bolívar a su país natal para evitar la separación de Venezuela de la República de Colombia.

II {82} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

constituyen en 1823 en la ciudad de Guatemala las Provincias Unidas del Centro de América, constituidas por los territorios actuales de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y, provisoriamente, por el posterior estado mexicano de Chiapas.

El referido proceso de unificación regional, particularmente centroamericano, para su formalización y profundización convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que entre los años 1823 y 1824, con la participación de representantes de las distintas provincias, logra redactar la Constitución Federal, que termina unificando totalmente a los territorios centroamericanos en una sola República (Lujan Muñoz, 1982: 43). En la mencionada Constitución de la experiencia de articulación de Centroamérica en una República Federal, se plantea la destrucción del monopolio comercial colonial cuando se sostiene en la misma que no se puede “conceder privilegios exclusivos a compañías de comercio, o corporaciones industriales, por ningún tiempo; ni limitar el comercio, industria y agricultura…” (citado por Herrarte, 1957: 134).

Es así como las primeras tentativas de integración en América Latina analizadas hasta ahora con mucha brevedad, tienen entre sus diferencias que la Gran Colombia fue una experiencia unitaria y centralista; en cambio, las Provincias Unidas del Centro de América se constituyeron en una República Federal. Situación que evidencia la poca importancia real de los cuestionamientos a las formas de la República: Centralista o Federal; por lo tanto, las causas de la disolución y fracaso de las referidas experiencias de articulación regional son muchas más complejas y amplias. Consideramos que tienen una mayor vinculación con una coincidencia: la ruptura del monopolio comercial, la diversificación de los destinos de sus exportaciones y el inicio de la instalación de industrias artesanales. Políticas económicas-comerciales que afectaban a los imperios metropolitanos, porque España perdía los mercados de sus colonias mientras Inglaterra deseaba apoderarse de los mismos; impidiendo la creación de economías autocentradas y diversificadas en las antiguas dependencias españolas.

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La última aseveración la realizamos en el marco de lo planteado en el capítulo I de la presente investigación, en el cual entendimos que el desarrollo autónomo de la economía de un país necesita la diversificación de sus exportaciones y de su capacidad productiva, la ampliación del mercado interno y su utilización para la realización mercantil de los bienes producidos localmente. Proceso que intentaban incentivar las nacientes Repúblicas independientes, rompiendo el monopolio comercial colonial, incrementando los aranceles y acabando con la prohibición que negaba la instalación de industrias artesanales en sus territorios.

El Congreso Anfictiónico de Panamá

La unidad de América Latina, denominada mayoritariamente Hispanoamérica en aquella época, se encontraba entre los proyectos e ideas de los principales líderes y próceres de la independencia. En este sentido, en la actual Argentina, Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, desarrolló desde el periódico La Gaceta de Buenos Aires –la prensa oficial de la institucionalidad independentista– un conjunto de ideas que evidenciaban su empatía con la necesaria unidad de la América del Sur (Galasso, 2009: 57). Igualmente, José Gervasio Artigas principal prócer de la independencia de los actuales territorios de las provincias del noreste argentino y de la posterior República Oriental del Uruguay, demostraba su apoyo a la unificación cuando sostenía que “…los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos” (citado por Silletta, 2005: 133). En los andes centrales encontramos al patriota Andrés de Santa Cruz, general que participó en la independencia de Perú y Bolivia, quien concedía la importancia de la articulación de proyectos políticos unitarios; tanto que fue el principal artífice de la Confederación Peruano-Boliviana (Fajardo Sainz, 2003: 34). Terminamos refiriéndonos a Francisco de Morazán, el líder militar más prominente de la independencia centroamericana, con cuyos ideales, vinculados a la unidad de las incipientes Repúblicas, incentiva la organización de las

II {84} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

Provincias Unidas de Centro América en una República Federal (Martínez López, 1992: 351). Entonces, la idea y el proyecto de unificación de los territorios que estaban asegurando su independencia del imperio español, tenían una importante presencia en los círculos intelectuales y militares de la época.

Además, los peligros originados por las actividades de la Santa Alianza, que promovía la restauración de las monarquías absolutas y la recuperación de las colonias perdidas por el imperio de España, después de la derrota de Napoleón Bonaparte en la Batalla de Waterloo, constituían la necesidad de una unidad estratégica y defensiva entre las Repúblicas recientemente independientes (Liscano, 1998: 67).

Por lo tanto, el Libertador Simón Bolívar impulsa la primera tentativa de integración parcial de América Latina: el Congreso Anfictiónico de Panamá. Acontecimiento ocurrido entre el 22 de junio y 25 de julio de 1826 en la ciudad homónima con la convocatoria de la llamada Gran Colombia a las Repúblicas de Perú, México y Chile, y a las Provincias Unidas del Centro de América y a las del Río de la Plata. Asistiendo ministros plenipotenciarios de todas las Repúblicas y Provincias convocadas, con excepción de los chilenos y rioplatenses, que mantenían guerras civiles internas cuestionadoras de su unidad nacional mientras los sectores dominantes temían la incidencia de Simón Bolívar en toda Nuestra América.

En el mismo evento histórico intervinieron como observadores los representantes de Inglaterra y Holanda, mientras los designados por los Estados Unidos no asistieron por la muerte del primero y las demoras en la designación del segundo, que ocasionó su llegada después de la finalización del Congreso. Es significativo en una investigación relacionada con los procesos de articulación regional desde una perspectiva económica-comercial, resaltar que las dos monarquías que participaron y la República que estuvo invitada pero no pudo concurrir; tenían importantes intereses económicos y comerciales en las Repúblicas hispanoamericanas que luchaban por consolidar su independencia, tanto que intervinieron como comerciantes en la guerra con España vendiéndoles

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armas y otros enseres a las fuerzas patriotas sublevadas. Además, sobre todo Inglaterra y Holanda, a través de sus empresas negreras internacionales, en algunas oportunidades suministraban parte de los esclavos de origen africano y los implementos manufacturados en sus industrias artesanales necesarios para las plantaciones extensivas a los hacendados españoles y portugueses, recibiendo como pago una porción de la cosecha que después la destinaban a sus respectivos mercados metropolitanos. Entablando operaciones de comercio internacional, dependientes porque mientras los primeros incorporaban los insumos materiales y humanos en la forma despreciable de esclavos; en cambio, los segundos se constituían en agroexportadores que orientaban su producción al mercado internacional por no tener consumidores en el mismo, debido a la esclavitud (negros) y al vasallaje (indígenas) de la gran mayoría de la población colonial y posteriormente de las excolonias (Bagú, 1999: 101102). Igualmente, algunos súbditos ingleses organizados en la Bolsa de Londres eran los principales acreedores de las primeras deudas externas de las Repúblicas constituidas en la denominada América española, porque en términos generales entregaron empréstitos bastante perjudiciales a los próceres de la independencia y a las autoridades posteriores para que pudieran afrontar la guerra y organizar sus diferentes países.

Dicha situación creó relaciones de dependencia financiera mediante el endeudamiento de las distintas nacientes Repúblicas, situación que ocurrió con la actual Argentina (Vitale, 1986: 96), México (Ceceña, 1970: 39), Colombia (Peña Consuegra, 1979: 81), Uruguay (Nahum, 2003: 1) y Venezuela (Britto García, 2010: 379).

Por ello, la presencia en el Congreso Anfictiónico de Panamá de las dos potencias europeas y de la primera República moderna, no tenía un carácter altruista y desinteresado realmente. Algo que entendía el Libertador Simón Bolívar porque, a pesar de la empatía que demuestra por las instituciones inglesas en el Discurso de Angostura27, asume la participación 27 El denominado Discurso de Angostura fue ofrecido por Simón Bolívar en la instalación del congreso homónimo en 1819 en la actual Ciudad Bolívar, Venezue-

la, en el cual sostuvo la posibilidad de establecer en la República de Colombia

II {86} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

de Inglaterra en el evento como un mecanismo para contrarrestar las maniobras restauracionistas y absolutistas de la Santa Alianza. En cambio, no deseaba incorporar a los Estados Unidos al Congreso, porque la referida República se había negado a apoyar y obstaculizaba la invasión a Cuba y a Puerto Rico, que deseaban realizar México y la Gran Colombia para liberar de la dominación española a las islas caribeñas aludidas.

Sin embargo, de forma inconsulta, Francisco de Paula Santander les envió la invitación, aunque como ya dijimos anteriormente no pudieron participar (Viera Posada, 2004: 48).

Se empezaban a evidenciar las diferencias alrededor de la amplitud y las características del proceso de articulación de las excolonias españolas, algo que profundizaremos en el capítulo III cuando puntualicemos a los precursores políticos de la ALBA-TCP. • Por un lado, Simón Bolívar consideraba que la unidad debía propiciarse entre las Repúblicas hispoamericanas, porque pensaba que el imperio esclavista brasileño instaurado por Pedro I en 182228 podía una forma de gobierno similar a la monarquía parlamentaria de Inglaterra: un presidente vitalicio (monarca), con un senado hereditario (Cámara de los Lores) y una cámara de representantes populares (Cámara de los Comunes).

28 Con la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, la corte portu-

guesa se traslada en el año 1807 a su principal colonia: Brasil. Estableciéndose en Río de Janeiro, bajo la dirección del monarca Juan VI (que con la derrota

de Bonaparte y a partir de las presiones de los liberales en Portugal) decide regresar a la metrópolis en 1821. Al intentar regresar a Brasil a su condición

de colonia, eliminando los privilegios obtenidos por la recepción del monarca

en su territorio, genera las condiciones políticas para que en 1822 su hijo, aliado con la oligarquía local, proclame la independencia del imperio de Brasil, y se llame Pedro I al nuevo emperador. Así acontece la primera transición

conservadora de la historia de América Latina (Alcázar, Rodrigo y Rodrigo, 2003: 68). Las posiciones de Bolívar fueron contradictorias con respecto al

imperio esclavista del Brasil, situación que debemos considerar y evaluar en correspondencia con el contexto de la guerra en el cual se luchó por mantener

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apoyar la cruzada restauracionista de la Santa Alianza (Núñez Jiménez, 1994: 59) y, además, mantenía sus reservas hacia los Estados Unidos cuando planteaba que “Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad…” (citado por Saint Upéry, 2007: 273).

• Otros, como Francisco de Paula Santander, estaban convencidos de la importancia de la incorporación de la República anglosajona ubicada en Norteamérica.

Las diferencias no impidieron el desarrollo del Congreso Anfictiónico de Panamá, en el cual los representantes de las nacientes Repúblicas firmaron dos documentos fundadores del derecho internacional de la región: • el Tratado de Unión de Liga y Confederación, y • la Convención de Contingentes.

Normativas internacionales que tenían por finalidad regular las relaciones entre los firmantes, orientar un proceso de integración de mayor profundidad definiendo los aportes militares de cada integrante y establecer una asamblea de ministros plenipotenciarios, cuyo objetivo sería servir de conciliadora en los conflictos territoriales y fronterizos de los países participantes (Ortega Díaz, 2006: 67). Asimismo, en el referido encuentro de representantes internacionales deciden abolir el la independencia alcanzada durante 15 años. El Libertador, aunque mantenía

profundas diferencias con sus autoridades y pensaba que podían ayudar a España en las campañas restauracionistas en América hispana, al mismo tiempo se mantuvo neutral ante las aspiraciones expansionistas de Brasil sobre la

banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual Uruguay), y en respuesta al ministro plenipotenciario del imperio brasileño, Luiz Souza Díaz, sostuvo que “…el imperio del Brasil, recientemente creado por su ilustre monarca, es una de las garantías más poderosas que han recibido las repúblicas de América, en la carrera de su independencia…”.

II {88} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

tráfico de esclavos de origen africano y se desarrollaron discusiones que permitieron un conjunto de decisiones mancomunadas que lograron la articulación de estrategias y la unificación de componentes militares, con la finalidad de resguardar la autonomía de las excolonias que, como dijimos, se encontraba amenazada por la Santa Alianza europea.

Entre las resoluciones tomadas por el Congreso Anfictiónico de Panamá, se planteó realizar un nuevo encuentro de ministros plenipotenciarios en Tacubaya a las afueras de la ciudad de México, para garantizar la necesaria continuidad del proceso de articulación de las Repúblicas hispanoamericanas. Dicho traslado de la sede intentaba reducir la influencia grancolombiana y evitar las supuestas condiciones de insalubridad de la ciudad de Panamá, que en aquella época era parte de la República de Colombia la grande (Viera Posada, 2004: 51). Sin embargo, en 1827, cuando se efectúa la nueva reunión internacional, la realidad política interna de las nacientes Repúblicas había cambiado considerablemente. La Gran Colombia sufría las disputas secesionistas de los traidores Páez en Venezuela y Santander en la Nueva Granada; además, los diferentes problemas locales que padecía el presidente mexicano Guadalupe Victoria y la inasistencia de la República del Perú generaron un ambiente que promovió el fracaso de la primera tentativa de integración latinoamericana.

Es así como los primeros intentos de unidad regional descritos anteriormente no lograron consolidar un proceso de integración latinoamericana, por la existencia de un conjunto de factores que incentivaban la división y la fragmentación de las nacientes Repúblicas en un plano interno y externo; tales como: • La constitución de algunos generales de las guerras de independencia en latifundistas que mantenían el control de sus tierras, a partir de su condición de caudillos regionales con poder militar que no deseaban un mayor control nacional de sus intereses (Boersner, 2006: 82);

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• Los intereses de las oligarquías de los distintos territorios independizados, que no deseaban avanzar en procesos de unidad que pudieran debilitar sus privilegios (Lievano Aguirre, 1987: 475); • La inestabilidad interna de las nuevas Repúblicas surgida en el marco de los conflictos entre distintas facciones oligárquicas, que luchaban por controlar los aparatos estatales y sociales emergentes de la independencia; y • Los intereses imperialistas de la monarquía británica que, en su rol de principal potencia de la época, necesitaba mantener fragmentada a la región para impedir la consolidación de un gran mercado interno y una industrialización regional que pudiera dejar sin materia prima a sus empresas manufactureras y desplazar a los productos ingleses.

Factores que motivaron el fracaso de los primeros ensayos de unidad latinoamericana, el cual se concretó con la suspensión del proceso de construcción de la confederación naciente en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1827, la disolución de la Gran Colombia en 1830 y de la República Federal de Centro América en 1839.

La integración de las Américas: la aparición del panamericanismo

Sin querer alejarnos del tema trabajado en el capítulo, las experiencias concretas acontecidas en la historia vinculadas con la integración latinoamericana, cabe señalar los procesos de articulación internacional panamericanista realizados por las Américas Latina y Anglosajona, posteriores a los primeros ensayos integradores; esto, por cuanto no queremos perder la coherencia temporal y dejar de presentar el tema desde una perspectiva integral.

Por ello, expresamos que con la interrupción de los procesos de integración de América Latina, por las situaciones detalladas en el punto anterior del presente capítulo, se generaron condiciones que motivaron en las últimas dos décadas del siglo XIX la aparición del proyecto de integración conjunta de las Américas Anglosajona y Latina. “Las tentativas

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latinoamericanas de integración regional cesaron ante el nuevo protagonismo de Estados Unidos en el continente y se pasó al establecimiento de alianzas continentales o hemisféricas” (Vieira Posada, 2008: 92).

Entonces, con el crecimiento del protagonismo de los Estados Unidos en el escenario político del continente, se plantearon nuevos intentos de integración pero en correspondencia con el proyecto del panamericanismo, es decir, una unidad hemisférica de las Américas bajo el liderazgo y modelada alrededor de las necesidades e intereses del referido país de Norteamérica. El panamericanismo tiene su origen en la denominada Doctrina Monroe, que nace en correspondencia con el mensaje al Congreso de los Estados Unidos por parte del expresidente norteamericano James Monroe el 2 de diciembre de 1823. En un fragmento del discurso presidencial, elaborado por el Secretario de Estado norteamericano y posterior Presidente John Quincy Adams, se observan las intenciones del orador cuando afirmaba: Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier región de uno y otro continente en peligro de nuestra paz y felicidad; nadie puede creer, tampoco, que nuestros hermanos del Sur, por sí mismos lo consintieran de un buen grado.

Es asimismo imposible para nosotros ver con indiferencia toda forma de intromisión (citado por Boorstin, 1997: 212-213).

El mensaje, según Dexter Perkins (1997: 211), tenía como finalidad presentar la posición de los Estados Unidos ante las pretensiones del Imperio Zarista Ruso sobre Alaska y, al mismo tiempo, oponerse a los planes restauracionistas de la Santa Alianza en contra de las Repúblicas constituidas en la caracterizada como América española, los denominados por Monroe hermanos del Sur. Sin embargo, algunos autores como Reinaldo Rojas (2007:2) y Luis Ugalde (2005:46), argumentan que en las palabras del Presidente James Monroe no debemos intentar visualizar las consecuencias de la doctrina homónima; realmente, requeriríamos analizar cómo fue empleada la misma en el marco de la idea

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político-religiosa del “Destino Manifiesto” de los Estados Unidos y de la política del llamado Gran Garrote del también Presidente estadounidense Theodore Roosevelt, identificando sus resultados concretos en la historia efectiva de Nuestra América.

La referida doctrina fue utilizada para legitimar la intervención imperialista en los asuntos internos de los países latinoamericanos por parte de Estados Unidos, algo que observamos a través de la puntualización de sucesos como la apropiación de parte de territorio mexicano (Texas, Nuevo México, Arizona y California), la anexión de Puerto Rico, el protectorado sobre Panamá para controlar su canal interoceánico y después participar en su separación de Colombia, su control de la soberanía de Cuba que finalizó con la Revolución cubana en 1959 a la cual se le impuso un criminal bloqueo económico hasta la fecha, la participación en distintos golpes de Estado y dictaduras genocidas como las dirigidas por personajes siniestros como Rafael Leónidas Trujillo (República Dominicana), Anastasio Somoza (Nicaragua), Fulgencio Batista (Cuba), Marcos Pérez Jiménez (Venezuela), François Duvalier (Haití), Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina); entre otros, y, además, la exigencia de un modelo de democracia liberal-burguesa (representativa) la cual sirvió y sirve para la imposición de medidas neoliberales como aquellas impuestas por el mal llamado “Consenso de Washington”.

En este sentido, el panamericanismo y la integración asimétrica de las Américas Anglosajona y Latina nacen con la Doctrina Monroe, pero su verdadero carácter se constituye en correspondencia con el “Destino Manifiesto” y la política del llamado Gran Garrote de Estados Unidos.

Por lo tanto, revisemos brevemente los dos elementos estructurantes del panamericanismo realmente existente. El primero, el “Destino Manifiesto”, es una idea-fuerza de origen calvinista que evidencia su carácter religioso cuando expresa que los colonos provenientes de Inglaterra para conquistar en el siglo XVII, el actual territorio de los Estados Unidos, tienen las cualidades para realizar la referida tarea porque poseen un designio “divino” entregado por Dios que contribuye a la expansión de sus

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instituciones religiosos, políticas y económicas en la tierra (Chomsky y Dieterich, 2003: 167). Entonces, los Estados Unidos por poseer un “Destino Manifiesto” que revela la voluntad de Dios, pueden promover su expansión territorial y el incremento de su influencia política y económica en América Latina desarrollando una obra sagrada mediante el panamericanismo. Esto intenta legitimar las acciones que ejecutan persiguiendo la concreción de sus intereses en la figura de Dios. Por otro lado, la política del Gran Garrote de Theodore Roosevelt es una materialización del supuesto “Destino Manifiesto”, porque el presidente norteamericano en un mensaje al Congreso de su país en 1904 sostenía: La perversidad crónica o la impotencia que resulte de la pérdida general de los lazos de una sociedad civilizada puede, en América o en cualquier sitio, requerir la intervención de alguna nación civilizada, mientras que en el hemisferio occidental la adhesión de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede someternos, aunque a regañadientes, al ejercicio de un poder de policía internacional, en casos fragrantes de tal perversidad o impotencia (citado por Bosch, 2005: 309).

De esta manera, según las palabras citadas del presidente norteamericano, los Estados Unidos debían ejercer un rol de policía internacional para garantizar el orden continental, porque algunas sociedades civilizadas perdían sus lazos internos por perversidad o impotencia; aunque la referida actividad la desarrollarían supuestamente a “regañadientes”, algo que la historia evidenció su falsedad. Así, los Estados Unidos y el panamericanismo se encontraron, en los primeros años del siglo XX, con los default de las deudas externas de Haití, Venezuela y República Dominicana. Al primero, lo presionó para que realizara la cancelación de sus deudas, en el caso del segundo participó como intermediario obligando el cese del bloqueo de las costas venezolanas por Alemania, Inglaterra e Italia pero garantizando un pago superior a lo adeudado a los

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países europeos29, en cambio, invadió al tercero controlando la aduana de la isla de Santo Domingo, asumiendo el cobro de los aranceles mientras se cancelaba la deuda externa dominicana. Al mismo tiempo, invadía Centroamérica y Cuba para garantizar los intereses de las empresas estadounidense que poseían buena parte de la propiedad de la tierra de la región y de la República mencionada, mediante la empresa transnacional agroexportadora United Fruit Company (Bosch, 2005: 308).

Sin embargo, en el criterio de Yeni Castro (2007: 83-84), las relaciones de Estados Unidos con América Latina en correspondencia con la política denominada del Gran Garrote no fueron homogéneas y hubo particularidades como Brasil, Chile y Argentina. Con los dos primeros países se desarrolló un acercamiento por los intereses mutuos que mantenían en el ámbito comercial, además, no tenían peligros de revueltas internas que implicaran la intervención de los norteamericanos. En cambio, con Argentina hubo serias tensiones y un supuesto reconocimiento de su desarrollo nacional e importancia en la política internacional regional, que fue evidenciado cuando los Estados Unidos asumieron como válida la posición presentada por la referida República latinoamericana en correspondencia con el bloqueo que sufrían los puertos de Venezuela por parte de las armadas de Inglaterra, Alemania e Italia con finalidad de exigir el pago de la deuda contraída por los gobiernos oligárquicos venezolanos. En este sentido, el canciller argentino Luis María Drago30 sostenía en carta al ministro plenipotenciario de su país, Martín García Merou, el 29 de diciembre de 1902 que “no puede haber expansión territorial europea en América, ni opresión de los pueblos de 29 En 1902 el Presidente de la República de Venezuela, Cipriano Castro, después de su ascenso al gobierno nacional, mediante la denominada Revolución Restauradora, decide suspender el pago de la deuda externa; generando una

acción conjunta de las armadas inglesa, alemana e italiana para bloquear los puertos venezolanos con la exigencia del pago de dicha deuda.

30 La posición argentina presentada por el canciller Luis María Drago, en el marco del conflicto descrito, se conoce como la Doctrina Drago.

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este continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a algunos de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos…” (citado por Isidro Fabela, 1957: 198).

Las Conferencias Panamericanas y la institucionalización del panamericanismo

En los últimos años del siglo XIX y en el comienzo del XX se afianzaba concretamente la importancia de los Estados Unidos en la región, por su crecimiento demográfico, territorial y económico. Realidad que tiene entre sus causas la solución de sus divisiones internas después de la victoria en la guerra civil estadounidense del norte industrial sobre el sur agrícola y esclavista. En ese contexto aparece la analizada política del llamado Gran Garrote en 1904, transformando a la Doctrina Monroe original enmarcándola en el supuesto “Destino Manifiesto” de los norteamericanos.

La caracterizada situación de los Estados Unidos necesitaba, para incrementar su influencia política y económica en América Latina, debilitar la importancia de Inglaterra en la región. Por ello, incentivó la organización de las denominadas Conferencias Internacionales Americanas que acontecieron en Washington (1889-1890), México (19011902), Río de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910), Santiago de Chile (1923), La Habana (1928), Montevideo (1933), Lima (1938), Bogotá (1948) y Caracas (1954) (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 2012: 13).

La primera conferencia panamericana es convocada en 1881 por James G. Blaine, Secretario de Estado de los Estados Unidos, pero solo hasta 1889 se desarrolla en Washington el encuentro entre las Repúblicas americanas convocado ocho años antes; después de la derrota de la última monarquía americana en Brasil (Coudenhove Kalergi, 2010: 84).

Las referidas conferencias internacionales se entienden como el primer esfuerzo por institucionalizar los procesos de articulación continental panamericana, porque se inicia un conjunto de encuentros multilaterales convocados y organizados por Estados Unidos con el apoyo del país

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anfitrión, dependiendo de la sede del evento. En los cuales participa la mayoría de las Repúblicas de la América anglosajona y latina, al mismo tiempo que se constituyen las primeras instituciones intergubernamentales que tenían un carácter panamericano; tales como la Oficina de Información Panamericana (1889), el Tribunal de Arbitraje Interamericano (1889), la Oficina Comercial Panamericana (1889) antecesora de la Unión Panamericana creada en la cuarta Conferencia de 1910.

El análisis de las Conferencias Panamericanas lo organizamos planteando dos momentos vinculados: Primer momento: En las cuatro iniciales se impulsaron instituciones efímeras de articulación hemisférica que mantenían como principal finalidad constituir en el plano comercial una Unión Aduanera continental y, en el diplomático, instancias de arbitraje internacional con carácter obligatorio. En este sentido, vemos una íntima relación entre el concepto de integración hegemónica trabajado en el primer capítulo del presente libro y los primeros objetivos y propuestas emanados de los foros continentales panamericanos: un sistema uniforme de reglamentación aduanera, una moneda común de plata acuñada en cada país miembro para emplearla en el comercio internacional interamericano, un banco internacional que coadyuvara a facilitar las operaciones comerciales, la simplificación de los trámites aduaneros, la construcción de un ferrocarril continental para transportar las exportaciones e importaciones intraamericanas y el intercambio de las informaciones estadísticas vinculadas al comercio de los países americanos (Poblete Troncoso, 1958: 397-398). Todas fueron ideas y propósitos enmarcados en el libre comercio que intentaba incentivar los flujos comerciales entre los países americanos, algo que beneficiaba mucho a los Estados Unidos pues aprovechaba su desarrollo material e industrial para ocupar con sus mercaderías los mercados latinoamericanos e incrementaba sus inversiones en la región.

Los referidos objetivos de los primeros esfuerzos relacionados con la integración hegemónica tuvieron dos obstáculos que debilitaron su concreción plena, aunque hubo un importante avance en la presencia

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política y económica de los Estados Unidos en las economías latinoamericanas. Debemos precisar la internacionalización de empresas transnacionales norteamericanas como la United Fruit Company y la Standard Oil. En lo interno la primera República de América (USA) mantenía todavía tensiones alrededor de su supuesta política aislacionista desarrollada en el siglo XIX (Boersner, 2006: 141). Además, algunos países de América Latina como Argentina se opusieron a la implementación de una unión aduanera continental y al proyecto de liberalización comercial que implicaba el referido proyecto, porque los productos agrícolas que integraban su canasta de exportaciones competían con los ofrecidos por Estados Unidos (Rapoport, 2000: 59). Asimismo, otros países como México estaban convencidos de que los objetivos de las primeras Conferencias Panamericanas afectarían su soberanía política y actividades comerciales (Coudenhove Kalergi, 2010: 85).

Segundo momento: La Primera Guerra Mundial, acontecida entre julio de 1914 y noviembre de 1918, enfrentando a la Triple Entente (Gran Bretaña, Francia y Rusia; posteriormente se integró Estados Unidos) y la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano actual Turquía), generó una interrupción de las Conferencias Panamericanas que se volvieron a efectuar en 1923 en la ciudad de Santiago en Chile.

En la misma, empieza a transformarse la agenda de debate y decisiones de los encuentros continentales analizados, pasando de lo meramente económico-comercial avanzando en otros temas políticos y sociales que surgieron después de la culminación de la Primera Guerra Mundial (Márquez, 1923: 41). Por lo tanto, se inicia el segundo momento de las Conferencias Panamericanas que, en correspondencia con la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917 y la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922, se plantean entre sus objetivos fundamentales evitar la presencia “comunista” en el hemisferio y continente americano. Por ello, los Estados Unidos con sus aliados de la región, fundamentalmente dictaduras militares y democracias representativas, empezaron con la promoción y estructuración de

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la mal llamada política de seguridad y paz panamericana, esto sin dejar de avanzar en acuerdos comerciales enmarcados en la política del Buen Vecino de Franklin D. Roosevelt (Raymont, 2007: 58).

La Política de Seguridad y Paz Panamericana aludida se materializó con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947. Normativa internacional que planteaba la construcción de una estrategia de defensa común para las Américas, ante la posibilidad de una agresión de un país externo al continente americano en clara alusión a la URSS. De esta manera, se intentaba generar las condiciones para consolidar el paradigma de integración panamericana, negando una articulación estrictamente latinoamericana. Empleando temas sensibles para las clases dominantes de América Latina como la propagación de las fuerzas sociales y políticas comunistas, entre ellas la oligarquía agraria que temía una reforma agraria impulsada por el campesinado dirigido por los revolucionarios latinoamericanos (Kunz, 2009: 6).

Dicho proceso de integración panamericano, con claros signos anticomunistas, tuvo, tiene, como punto esencial a la Organización de Estados Americanos (OEA), constituida en la Conferencia Panamericana IX acontecida en la ciudad de Bogotá en abril de 1948. La referida institución multilateral consolidó la articulación continental de la América Latina y Anglosajona, mediante la sujeción de la primera ante la segunda, sobre todo en el plano político. Es así como la OEA, el cenit institucional del panamericanismo, evidenció su utilidad para el establecimiento y afianzamiento de la hegemonía de los Estados Unidos en la región, debilitando la posibilidad de América Latina de integrarse y unificarse endógenamente y en correspondencia con sus intereses y necesidades (Tokatlian, 1984: 11).

La OEA, como elemento esencial del modelo de integración panamericana, en su documento fundacional, denominado “La Carta de la OEA” de 1948, dispone entre sus propósitos “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de

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no intervención”; generando una limitación a la autodeterminación de los pueblos porque limita la posibilidad de organización política a la democracia “representativa”, es decir, a las formas estipuladas en la democracia liberal-burguesa. Es así como se evidencia en el referido objetivo una contradicción, por lo tanto consideramos que en el mismo descansa la legitimación de muchas de las prácticas que en el marco de la Guerra Fría actualmente desarrolla la OEA, porque mientras se suponía que debía promover la democracia representativa sin intervenir en los asuntos internos, realmente se involucra decididamente en la realidad política de Cuba, República Dominicana, Granada, entre otras Repúblicas latinoamericanas (Omaña, 2008: 36-37). Entonces, según Fernando Mires (2006: 5-6), paralelamente la OEA y los Estados Unidos, para evitar la supuesta conquista y avance del “imperio soviético y del comunismo” en América, apoyaron las dictaduras latinoamericanas que fueron apareciendo en la segunda mitad del siglo XX, estimuladas y apoyadas por el imperialismo norteamericano, con la finalidad de detener a los movimientos sociales y populares que, empleando la democracia restringida que supone la representatividad, se acercaban o en algunos casos como Guatemala y Chile asumían el gobierno nacional de sus respectivos países.

Las evidentes asimetrías entre el discurso y las prácticas de la OEA, asimismo como los vínculos concretos del panamericanismo con la política y los intereses de los Estados Unidos, se observan analizando los acontecimientos de la última Conferencia Panamericana, ocurridos en Caracas en marzo de 1954. En ese momento histórico el país sede, Venezuela, padecía la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que, recordemos, recibió por parte del embajador de los norteamericanos, Fletcher Warren, la condecoración militar “La Legión de Mérito” por la represión a los comunistas en Venezuela y su apoyo a las transnacionales norteamericanas en el país aludido (Gleijeses, 2004: 281). El encuentro internacional mencionado se desarrollaba en el marco del proceso de intervención imperialista y criminal de los Estados Unidos en Guatemala, por lo tanto

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fue utilizado para legitimar la agresión norteamericana mediante “La Declaración en contra del Comunismo” que sostenía: • El dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento internacional comunista… constituiría una amenaza a la soberanía e independencia de los Estados americanos (Conferencia Panamericana de Caracas, 1954).

Recordemos que el gobierno guatemalteco entre 1951 y 1954, presidido por Jacobo Arbenz, había recibido el calificativo de “comunista” por la aplicación de una reforma agraria que afectó los intereses de la empresa transnacional estadounidense United Fruit Company. Entonces, la mencionada declaración panamericana generó un debate entre John Foster Dulles, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y el Canciller de Guatemala, Guillermo Toriello, quien denunciaba su utilización para legitimar la intervención de los norteamericanos en los asuntos internos de la República centroamericana. Pero, a pesar de la posición guatemalteca, fue aprobada por la mayoría de los países articulados en el panamericanismo, asegurándose una supuesta “legalidad” interamericana para el golpe de Estado realizado en el mes de junio del mismo 1954 contra Jacobo Arbenz y la democracia del país de Nuestra América mencionado (Valdés Ugalde, 2004: 294-295).

Además, en la Conferencia Panamericana de Caracas, a pesar del manifiesto intervencionismo de los Estados Unidos en las decisiones internas de las Repúblicas latinoamericanas, se planteó con mucho cinismo algo muy propio del imperialismo y las derechas locales de la región: una crítica al colonialismo en el continente mediante “La Resolución contra el Coloniaje”. Documento panamericano que no permitió la recuperación de la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo y tampoco la Argentina sobre las islas Malvinas, dos enclaves coloniales ingleses para ese momento histórico31; igualmente, no logró que Puerto Rico, 31 En 1966 la República Cooperativa de Guyana obtiene la independencia y asume el territorio del Esequibo, con lo cual comienza una disputa diplomática con

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territorio anexado por los Estados Unidos, obtuviera su independencia y menos Curaçao y Aruba que continúan siendo parte de los Países Bajos. Es decir, tuvo poco efecto práctico muy distinto a la “Declaración anticomunista”, que promovió y legitimó rápidamente el golpe de Estado en Guatemala y futuras intervenciones en la región por parte de la República norteamericana.

Otro de los sucesos históricos que demostraron las características concretas del panamericanismo, fue la expulsión de Cuba de la OEA en enero de 1962. En la Octava Cumbre desarrollada en el balneario de Punta del Este ubicado en la República Oriental del Uruguay. Mediante la presión de los Estados Unidos y las maniobras de sus aliados se decidió la suspensión de la membrecía de Cuba en la OEA por el carácter marxista-leninista de su gobierno, que era antagónico a la democracia “representativa” interamericana. Con catorce votos a favor, las abstenciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador; con los votos en contra de México y Cuba, se terminó de evidenciar el intervencionismo de la OEA y sus vínculos institucionales con la política de seguridad y defensa estructurada por Estados Unidos (Pierre Charles, 1998: 109-110).

El acontecimiento relatado evidenciaba la hegemonía política de la América anglosajona y las formas concretas del panamericanismo, porque solo con la excepción de México, todos los restantes países de América Latina rompen relaciones diplomáticas con Cuba después del incidente y la resolución de la OEA de 1964 que imponía la referida acción (Vázquez y Meyer, 2001: 206).

No obstante, en palabras de Elena Ortega (1967:40), el panamericanismo y la OEA tenían una supremacía de las políticas de seguridad y defensa sobre lo económico-comercial, por lo tanto en 1961, bajo la presidencia de John F. Kennedy, los Estados Unidos proponen “La Alianza para el Progreso”. Dicha estrategia, enmarcada en las ideas expresadas por el mencionado Presidente en su discurso de asunción Venezuela. Por otra parte, en la actualidad, existe un conflicto diplomático entre Argentina e Inglaterra por la soberanía de las islas Malvinas.

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cuando afirmaba que “(…) el colapso económico de las naciones libres menos desarrolladas será desastroso para nuestra seguridad nacional, perjudicial para nuestra prosperidad y ofensivo para nuestra conciencia…” (citado por Agudelo, 1966: 27).

El aludido acuerdo continental de cooperación interamericana intentaba desarrollar una estrategia integral de combate a las causas estructurales y sociales que propiciaban la aparición de inestabilidad en la región, organizada por los denominados “focos insurgentes y comunistas”, algo que se necesitaba para ganar la Guerra Fría y evitar la aparición de nuevos procesos revolucionarios en Nuestra América (Agudelo, 1966: 55). En este sentido, implicaba avanzar en un proceso desarrollista en América Latina que permitiera resolver los problemas de la población, pero sin transformar las estructuras internas económicas y sociales que garantizan la reproducción del subdesarrollo, las cuales analizamos en el primer capítulo de esta obra, cuando planteamos la Teoría de la Dependencia: el latifundismo, la extracción de excedentes económicos por parte de los centros mundiales imperialistas, una burguesía local estrechamente asociada con criterio de dependencia al capital transnacional, un mercado interno limitado por el poco poder adquisitivo de las clases subalternas ante la sobreexplotación que padecen en una economía orientada en lo esencial a la exportación de materias primas y bienes agrícolas, una industria dependiente con poca absorción tecnológica y poca escala económica, entre otras.

Entonces, en términos concretos, el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), encargado en la OEA de la “Alianza para el Progreso”, entre las actividades de cooperación en las que mayor avance logró estuvo el financiamiento a medianos propietarios agrarios, en correspondencia con la colonización de tierras públicas realizadas en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, República Dominica y Venezuela en la década del 60 del siglo XX. Los referidos créditos provenían de los Estados Unidos, teniendo como objetivo evitar la organización del campesinado y su apoyo a movimientos populares que se asentaran en las áreas rurales (Arruda Sampaio, 2005b:16).

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Igualmente, la “Alianza para el Progreso” planteaba la importancia de efectuar reformas a las políticas tributarias de los países latinoamericanos, creando impuestos a los terrenos baldíos para fomentar la producción agropecuaria mientras se concretaba el incremento de los impuestos directos y se reducían los indirectos, es decir, una mayor carga tributaria a los sectores sociales con mayores ingresos. En este marco se proyectaba estructurar sistemas tributarios más justos en América Latina, que permitieran al Estado acumular recursos para impulsar y financiar los proyectos de desarrollo públicos y/o privados (Sommerfeld, 1968: 19). Asimismo, la “Alianza para el Progreso” incentivó la exportación de capital privado originario de Estados Unidos con destino a América Latina, coadyuvando a la industrialización de la región pero bajo un control económico externo. Es decir, las inversiones realizadas incorporaban tecnología a las economías latinoamericanas mediante su asociación con industrias locales y a través de la instalación de empresas transnacionales directamente; sin embargo, posteriormente, cuando las actividades productivas se valorizaban, transformándose en ganancias, se necesitaba su conversión en divisas extranjeras, dólares, para su retorno al país de origen: Estados Unidos (Marini, 1994: 138). Esto ocasionaba, y ocasiona, una extracción de excedente económicos, a veces mayor que lo invertido o financiado por los capitales foráneos estadounidenses, por lo que la “ayuda” o “cooperación” financiera generaba una pérdida de ahorro interno y mayor dependencia económica.

En síntesis, según Gregorio Selser (1964: 4-9), la “Alianza para el Progreso” expresaba profundas contradicciones, a pesar de generar algunos tímidos cambios que podían coadyuvar a la transformación progresista de la realidad latinoamericana, tales como la reforma tributaria, el financiamiento a medianos agricultores y la reducción de la concentración en pocas personas de la propiedad de la tierra. No obstante, eran obstaculizados por los mismos sectores sociales dominantes que se suponía debían ejecutarlos a partir de su control del poder político y económico de los países de la región, porque las medidas referidas afectaban sus intereses materiales. Además, como ya dijimos, no combatía

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los problemas esenciales que motivan el subdesarrollo, por su condición de propuesta constituida por Estados Unidos e intelectuales latinoamericanos desarrollistas; que solo deseaban desmovilizar la protesta y lucha popular en Nuestra América.

Finalizando la presente parte del capítulo encargado de recorrer las experiencias de integración latinoamericana y continental, después de observar los efectos del panamericanismo debemos plantear la interesante posición del ilustre historiador norteamericano Howard Zinn (2006:385); quien considera • la existencia de un carácter dual en la política externa de los Estados Unidos para lograr su preeminencia en el continente americano, imponiendo sus intereses sobre los países y clases populares de América Latina.

Es así como, paralelamente, emplea el chantaje económico-comercial e inversiones encubiertas bajo un manto de cooperación, mientras en algunas oportunidades recurre directamente a sus fuerzas militares y de inteligencia para colocar gobiernos más cercanos a sus intereses.

En conclusión: la construcción de hegemonía por parte de la República norteamericana en el continente combina coerción y coacción.

La integración latinoamericana en el siglo XX: segundos procesos

Después de una larga interrupción comprendida entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, resurgen nuevas experiencias vinculadas a la construcción de la integración latinoamericana a partir de la década del 60 del siglo pasado. La reaparición de los proyectos de articulación de América Latina fue motivada por factores fundamentalmente económicos; entre ellos, los procesos de industrialización parcial de algunas de las economías de la región y la regulación global de las relaciones comerciales internacionales, algo que precisaremos en los próximos párrafos (Vieira Posada, 2008: 96).

II {104} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

La disminución del ingreso de bienes foráneos a las economías nacionales generada por la carencia de divisas que sufrían en el marco de la crisis mundial de 1929 y por la suspensión de los suministros externos provenientes de las potencias participantes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), permitieron el surgimiento de los primeros procesos de industrialización en América Latina; producto de las condiciones favorables que mantenían los empresarios locales creadas por la reducción de las importaciones.

De esta manera, en el marco de las ideas sostenidas en sus años fundacionales por la Cepal, se planteaba –con la finalidad de profundizar y consolidar la industrialización– crear un mercado regional que permitiera ampliar los mercados locales y la escala de las economías, a partir de una integración comercial caracterizada por la reducción de los aranceles entre los países latinoamericanos que se acompañaba con la aplicación de una política de derechos aduaneros altos para los productos de origen extrarregional, protegiendo el espacio comercial ampliado que se deseaba constituir (Rodríguez, 1980: 31).

Asimismo, casi paralelamente, se impulsa la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT)32, en 1947, argumentando que se debía, a través del comercio, promover una recuperación de la economía mundial después de los problemas generados por la recién finalizada guerra mundial. El referido convenio internacional tenía un carácter multilateral, y fue impulsado por las potencias occidentales victoriosas de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Inglaterra y Francia).

Su principal objetivo consistía en abrir un proceso de liberación del comercio mundial que lograra la apertura de los mercados locales y eliminara la protección a las economías nacionales menos desarrolladas.

El mencionado acuerdo tiene entre sus principios esenciales la cláusula de la nación más favorecida; por lo tanto, las preferencias arancelarias otorgadas 32 El GATT, firmado en 1947, originó la creación de la Organización Mundial de

Comercio (OMC) en 1994 con la finalización de la Ronda de Negociaciones Comerciales de Uruguay y el Tratado de Marraquech.

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a un país deberían ser entregadas a todos los otros socios (GATT, 1947: 3). Dicha circunstancia solo podía ser eludida mediante la constitución de una zona de libre comercio o una unión aduanera entre dos o más países. En este sentido, las Repúblicas de América Latina, con la finalidad de evitar la referida cláusula, en correspondencia con la excepción presentada en el artículo 24 del GATT, inician un proceso de constitución de una zona de libre comercio: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Wionczek, 1964: 65-66). Así lo sostiene el siguiente autor cuando plantea que “los proyectos de integración que involucran a los Estados latinoamericanos a partir de la década del 60 del siglo pasado, al tiempo que procuraron mancomunar esfuerzos predominantemente económicos” (Rey Caro, 2009: 11).

Entonces, las primeras experiencias integracionistas en América Latina transcurridas en la segunda parte del siglo XX se caracterizaron por intentar una forma particular de articulación económica y comercial de los países de la región, que mantenía entre sus políticas la liberación comercial a lo interno y el proteccionismo a lo externo; por ende, se desarrollaban en correspondencia con las prácticas e ideas de la integración hegemónica (visualizadas en el primer capítulo de la presente investigación), pero con características particulares originadas por su relación con las propuestas desarrollistas de la Cepal.

De tal forma, las tentativas integracionistas aludidas se realizaron en el marco de un proceso caracterizado como “regionalismo autonómico” en los escritos de José Briceño Ruiz (2007: 17). Es decir, influenciadas notoriamente por las ideas y proyectos de la Cepal. Es así como intentaban organizar un mercado regional mediante la asociación comercial entre los países latinoamericanos, buscando desplazar en la región los bienes ofertados por competidores foráneos; al mismo tiempo que se estructuraban proyectos de complementación productiva entre industrias instaladas en la misma. Dos dinámicas de articulación económica que descansaban en el “desarrollo hacia dentro” a través de la industrialización y sustitución de importaciones.

II {106} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

Por ello, para proseguir con el segundo capítulo de este libro, iniciamos un breve recorrido que nos permitirá analizar los procesos integracionistas regionales acontecidos en América Latina vinculados con la idea descrita, particularmente, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) y Aladi.

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc): una tentativa de integración económica-comercial

El 18 de febrero de 1960, a través de la firma del Tratado de Montevideo, se constituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con la participación inicial de las Repúblicas de Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay (incorporándose en el transcurso del mismo año Brasil), Colombia y Ecuador en 1966, terminando el proceso de ampliación con el ingreso de Bolivia y Venezuela en 1967.

Estructurándose con una importante extensión por la cantidad de países involucrados, el primer intento de zona de libre comercio en América Latina enmarcada en la excepción del artículo 24 del GATT. La Alalc tuvo como objetivo esencial la organización de un mercado ampliado latinoamericano que garantizara el incremento del intercambio de bienes entre los participantes de la asociación, garantizando flujos comerciales que absorbieran la producción de materia prima e industrial de los países de la región. En este sentido, se emplearán un conjunto de estrategias referidas por Vieira Posada para materializar las concesiones arancelarias: (...) preveía la utilización de diversos mecanismos como la negociación de Listas Nacionales, el establecimiento de una Lista Común, de Acuerdos de Complementación Industrial, así como un tratamiento más favorable para los países de menor desarrollo relativo (2008: 98).

Las listas nacionales y la común se constituían en las dos formas que utilizaban los miembros para entregar preferencias arancelarias, las pri-

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meras eran definidas unilateralmente por cada país, retirándolas cuando lo deseara; en cambio, la segunda se generaba a partir de negociaciones multilaterales entre todos los participantes de la Alalc, manteniéndose limitada a muy pocos bienes comerciables.

Paralelamente a las negociaciones comerciales, los integrantes de la Alalc firmaron y desarrollaron un conjunto de Acuerdos de Complementación Industrial (ACI) que proyectaban la articulación e integración productiva de diversos sectores de las economías de la región, tales como electricidad, sector químico, máquinas de escribir, industria del vidrio y farmacéutica, entre otros (Grien, 1994: 243).

Los presentes mecanismos empleados lograron incrementar en 8% el comercio intrarregional, en alrededor de dos décadas de proceso de integración comercial impulsada en el marco de la Alalc, que culmina su período de funcionamiento en 1980 con la organización de la Aladi. Ese aumento es caracterizado como pequeño, tanto que se entiende como un fracaso la experiencia de integración descrita brevemente (Vieira Posada, 2008: 100).

Las respuestas a las deficiencias del modelo de articulación regional, eminentemente económico-comercial, desarrollado por la mayoría de los países de América Latina a partir de la mencionada asociación se presentan en dos vertientes: 1. La primera, presentada por el neoliberal John Sloan (1979: 77), sostiene que el fracaso estuvo vinculado con la falta de homogeneidad interna, las políticas protecciones locales, la carencia de instituciones con capacidad de decisión en el plano supranacional y el rechazo al papel modernizador de las empresas transnacionales.

2. La segunda, al contrario de la anterior, expresa que la Alalc no logró cumplir sus objetivos integracionistas porque priorizó las negociaciones comerciales y, por ende, las preferencia arancelarias antes que los necesarios Acuerdos de Complementación Industrial. Entonces, se potencia la creación de condiciones económicas que generaban competencia intrarregional, en correspondencia con un proceso de liberación comercial, mientras se perdía la oportunidad de mejorar

II {108} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

las capacidades productivas y la escala de las economías de la región, empleando la complementación industrial sectorial e intersectorial para lograr aumentar la posibilidad de la industrialización y diversificación económica de Nuestra América.

La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi): el último ensayo regional de integración económica-comercial

El proceso de integración comercial originado con la Alalc estaba debilitado por la reducción progresiva de las tasas de incremento del comercio intrarregional, por ello se necesita renovar los mecanismos integracionistas para revitalizar los flujos comerciales entre los países de América Latina. En este sentido, el 12 de agosto de 1980, en la ciudad de Montevideo se firma un acuerdo denominado con el nombre de la capital uruguaya, para constituir a la Aladi.

En la Aladi, actualmente en vigencia, participan los mismos países de la Alalc antes mencionados, con la incorporación de las Repúblicas de Cuba en 1999, Panamá en 2009 y Nicaragua en el 2011. Ampliando su importancia territorial e incrementando la cantidad de miembros de la asociación, llegando hasta casi la totalidad de América Latina con el ingreso de naciones caribeñas y centroamericanas.

La ampliación de la Aladi tiene además una expresión cualitativa porque su principal objetivo es la constitución de un “mercado común latinoamericano”33, no solo una “zona de libre comercio”; sin embargo, para alcanzar el mencionado objetivo no define plazos temporales precisos. Esa falta de puntualización de tiempo y plazos, según Vieira Posada (2008: 104), se constituye en un problema fundamental porque evita compromisos reales de los miembros en el proceso de integración 33 Vimos anteriormente que la Alalc, asociación antecesora de la Aladi, tenía como objetivo la organización de una zona de libre comercio; se orienta a la estruc-

turación de un mercado común que, según los esquemas tradicionales de integración analizados en el capítulo I, es una fase mucho más alta de articulación regional.

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comercial, que debería terminar en el mercado regional. Característica que podemos identificar en la siguiente cita: La Aladi tiene sus principios rectores que la distinguen claramente de su antecesora, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc). Mientras esta apuntaba al establecimiento de una zona de libre comercio en un plazo fijo de 12 años, la Aladi abandona este modelo determinista de integración. Se rige por la voluntad que muestran sus integrantes de desarrollar iniciativas bilaterales, plurilaterales o conjuntas en un determinado momento o circunstancia (Cepal, 1995: 8).

El presente fragmento, extraído de un documento oficial de la Cepal, evidencia que la flexibilidad y la falta de definición de plazos para cumplir sus objetivos integracionistas son las principales cualidades de la Aladi. Por lo tanto, se estipula la posibilidad de convenios comerciales bilaterales o plurilaterales entre países miembros de la mencionada asociación, incorporando dos mecanismos importantes: los acuerdos parciales o regionales.

Cabe destacar, que el mecanismo más empleado son los acuerdos parciales, constituyéndose en una modalidad de articulación comercial que permite otorgar y recibir preferencias arancelarias de un grupo determinado de países integrantes de la Aladi. Esto ocasiona que se diferencien las relaciones comerciales intra-Aladi, dependiendo de las asociaciones internas que existen en América Latina, es decir, los procesos de integración subregionales: Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur.

Realizando un balance de los avances logrados por la Aladi, debemos plantear que la referida asociación desde 1980 hasta la actualidad, después de más de dos décadas, solo alcanzó un incremento del comercio intrarregional del 3%. De esta manera, se pasó del 13,9% en la finalización del proceso de la Alalc en el año referido (Cepal, 1995: 9), llegando al 16,9% en 2010 (Aladi, 2011: 2). Cifra que podría permitirnos catalogarla como una experiencia integracionista con serias debilidades,

II {110} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

por lo menos en lo concerniente al aumento de los flujos comerciales; que, como hemos visto, se establecen en el objetivo fundamental para la integración hegemónica.

Los obstáculos que han impedido la consolidación de una integración económica en la región, que pueda concretarse mediante un importante crecimiento de los flujos comerciales internos de América Latina; según Estay Reyno (2000: 59), están relacionados con la situación de dependencia de los países latinoamericanos porque tenemos economías orientadas a la exportación de mercancías destinadas a los centros desarrollados mundiales y con poca complementación intrarregional. Dicha realidad se evidencia cuando constatamos las caídas del comercio acontecidas en la crisis de las deudas externas en la década de los ochenta estimulada por factores externos, así como en la última depresión mundial del 2008.

Igualmente, Briceño Ruiz (2007: 19-20) plantea que la inoperancia de los esquemas integracionistas regionales, fundamentalmente económicos-comerciales, nacidos en el siglo XX como la Alalc y la Aladi, tiene su origen en la contradictoria vinculación de políticas de liberación comercial orientadas por principios liberales y las ideas de la Cepal, que intentaban estrategias de complementación industrial mediante una planificación de carácter desarrollista.

Las experiencias de articulación desplegadas en el marco de la extinta Alalc y la vigente Aladi se encuentran íntimamente relacionadas por su carácter regional y secuencial. Las dos tienen vínculos concretos con la integración hegemónica, algo que deseamos puntualizar para culminar su caracterización y análisis. El principio esencial en el cual descansan es el libre comercio intrarregional, por ello con plazos definidos o de forma flexible promovían la eliminación de las barreras al comercio entre los países de Nuestra América, sobre todo, aquel que efectúan las distintas filiales de las trasnacionales asentadas en la región. Estimulando la competencia entre las empresas locales que necesitan colocar su mercancía en el mercado ampliado, para garantizar la reproducción de

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su ciclo de acumulación. La aludida competencia coadyuva a la generación de especialización productiva, porque las empresas más eficientes y con mayor escala –la inmensa mayoría de las veces trasnacionales– tienden a obtener el control del espacio comercial regional; obligando que cada economía local se encargue de producir los bienes en los cuales tiene ventajas comparativas. Entonces, tanto la anterior Alalc como la actual Aladi, incentivan tres objetivos de la integración tradicional: La intensificación de la competencia, la especialización de las economías y la creación de economías de escala.

Otro elemento que demuestra los vínculos con la integración hegemónica, parte de lo que proyectaban construir en términos de articulación económico-comercial. La Alalc se circunscribió a una Zona de Libre Comercio, en cambio la Aladi intentando avanzar planteando un Mercado Común para la región, por ende las dos experiencias se restringían a la edificación de dos etapas del modelo integracionista tradicional. Recordemos la pirámide ascendente de la integración hegemónica, que explicamos en el primer capítulo: 1. Sistema de Preferencias Arancelarias; 2. Zona de Libre Comercio; 3. Unión Aduanera; 4. Mercado Común; 5. Unión Económica y Monetaria.

Asimismo, los instrumentos de articulación en su mayoría fueron negativos –en el sentido que puntualizamos en el capítulo I–, algo muy propio de la integración hegemónica. De tal forma, que se orientaban a desmontar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio intrarregional. Las antiguas listas nacionales y la común de la Alalc, así como los acuerdos parciales vigentes de la Aladi se engranan con el objetivo referido: liberalizar el intercambio de bienes en los mercados externos y locales. Aunque no podemos negar que hubo y hay en términos conceptuales instrumentos positivos como los Acuerdos de Complementación Industrial, que buscaban organizar redes productivas regionales

II {112} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

y por ende economías de escalas más amplias, en correspondencia con prácticas complementarias que aprovecharan las potencialidades de los distintos países. No obstante, es importante visualizar que tuvieron y tienen mucha menos relevancia, además, fueron muy poco utilizados en los esquemas integracionistas aludidos, tanto que algunos autores en sus análisis advierten que se constituyeron en un mecanismo empleado exclusivamente por las empresas trasnacionales para integrar y optimizar las relaciones entre sus filiales instaladas en las diferentes Repúblicas latinoamericanas ( Janka, 1975: 17; Vieira Posada, 2008: 101).

El papel de los Estados que intervenían en los procesos de integración regional analizados, también referencian las relaciones que mantenían con la articulación hegemónica y tradicional. Antes, en la Alalc, el Estado se encargaba de ejecutar programas que descansaran en la reducción de sus gravámenes a las importaciones intrazona (aranceles) y en la homogenización de las normas jurídicas y procedimientos concretos relacionados con el comercio internacional, buscando agilizar las transacciones de bienes en el mercado regional. Igualmente, el Estado participaba en la economía como productor y distribuidor de mercancías en asociación con los empresarios privados, planificando políticas cambiarias, fiscales y financieras que no entorpecieran los flujos comerciales; mientras, empleaba los recursos públicos para desarrollar grandes proyectos de infraestructura (puertos, aeropuertos, vialidad terrestre, líneas ferroviarias, oleoductos o gasoductos), que incentivaran el comercio intrarregional reduciendo el costo de las actividades del capital (Magariños, 1969: 56). En cambio, después en la Aladi el Estado pierde su condición de productor y distribuidor de bienes, los programas neoliberales y los procesos de apertura económica limitan su rol a la utilización de instrumentos de integración negativos y positivos para desmontar las barreras arancelarias y pararancelarias, desgravando las importaciones regionales y mundiales mientras armonizaba las legislaciones internas relacionadas con el comercio.

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En resumen, la Alalc y Aladi fueron y son tentativas integracionistas apuntaladas en el paradigma hegemónico, tanto que solo se limitaron a la articulación económico-comercial. Sin embargo, queremos diferenciarlas porque la primera experiencia señalada tiene particularidades que debemos relacionar con el desarrollismo latinoamericano predominante en la época de su fundación: en la década del 60 del siglo XX. Por ello, incentivaba el libre comercio intrarregional, incrementando paralelamente los derechos aduaneros extrazona para consolidar la supuesta industrialización latinoamericana que realizaría la falaz burguesía local “nacionalista”, mediante las economías de escala que supuestamente se crearían a través del mercado ampliado y los Acuerdos de Complementación Industrial. Por otra parte, la Aladi al nacer (en la década de los 80) en un contexto distinto caracterizado por la crisis de las deudas externas de la región y el avance de los programas neoliberales, posee una conexión con el libre comercio mucho más estrecha; constituyéndose en una institucionalidad que coadyuvó a la subregionalización de América Latina y a la apertura económica que aconteció en la región en los últimos quince años del siglo XX. La Aladi, a pesar de sus problemas, todavía se mantiene constituida; así, terminó por convertirse en una especie de registro de los acuerdos bilaterales y multilaterales de los países que participan en la misma; perdiendo una verdadera importancia práctica para la unificación de Nuestra América.

La integración subregional en América Latina: MCCA, CAN, Caricom y Mercosur

Aunque el proceso de integración organizado alrededor de la ALBA-TCP tiene un carácter regional porque participan países de las tres subregiones latinoamericanas: Centroamérica, el Caribe y Suramérica; nos parece importante realizar un breve recorrido por los bloques integracionistas subregionales nacidos en las últimas décadas del siglo XX en América Latina: el Mercado Común de Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones, la Caricom y el Mercosur.

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En este sentido, identificaremos los países que han participado en el proceso integracionista, el contexto histórico de aparición del mismo, los objetivos planteados en términos económico-comerciales, las condiciones actuales de las referidas experiencias de articulación subregional y sus vínculos concretos con los principios, prácticas e intereses precisos de los sujetos sociales que estimulan la integración hegemónica.

El Mercado Común de Centroamérica: el primer bloque subregional de América Latina

El proceso de articulación subregional construido en Centroamérica, en el marco del Mercado Común de Centroamérica, es paralelo en términos temporales a la Alalc. No obstante, lo exponemos después de las experiencias integracionistas regionales, como las anteriormente analizadas Alalc y Aladi, por su carácter territorial que lo delimita como una experiencia de imbricación subregional.

El Mercado Común de Centroamérica tiene entre su antecedente inmediato a la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca) constituida en la reunión de cancilleres de los países de la referida subregión acontecida en la ciudad de San Salvador en 1951, participando las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Allí enunciaron como finalidad programática la concreción de sus objetivos mediante la voluntad colectiva, la solución común de sus problemas y la eliminación de la separación artificial de Centroamérica (Vergara Escudero, 1969: 9).

De esta manera, como en la totalidad de la región, en correspondencia con las propuestas de la Cepal, en el marco de la Odeca los países de Centroamérica desarrollaron un conjunto de acuerdos económicos y comerciales bilaterales que generaron las condiciones para la definición de un convenio multilateral, el Tratado de Managua de 1960, constituyéndose el Mercado Común de Centroamérica (MCCA) (Stevens, 1996: 33). El MCCA en sus inicios, igual que la CAN y la Caricom, tiene una influencia muy fuerte del desarrollismo cepaliano; por lo tanto, entendemos que en sus comienzos impulsó un modelo de

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integración ajustado al paradigma y a las prácticas hegemónicas restringiéndose a lo económico-comercial, definido en términos conceptuales como regionalismo autonómico (Briceño Ruiz, 2007: 17). En dicho modelo se planteaba la liberalización del comercio intracentroamericano y la creación de barreras arancelarias externas a la subregión que protegieran el mercado ampliado recientemente organizado. Modelo integracionista que, como vimos con su caracterización como regionalismo autonómico, implicaba la sustitución de las importaciones que ingresaban a los mercados internos por producción local, alcanzando un supuesto proceso de industrialización y desarrollo que en términos sociales lo efectuaría una burguesía productiva centroamericana (Torres Ibarra, 1975: 129).

Los principales instrumentos de integración empleados por el MCCA, en su primera etapa, se entienden en términos conceptuales como negativos porque suponían desmontar la estructura arancelaria liberando el comercio intra-MCCA, a partir de la eliminación del cobro de gravámenes a la importación o exportación de la mayoría de los bienes provenientes de los países participantes del proceso de articulación.

En cambio, entre las medidas integracionistas positivas se establecía un arancel externo común con cierta homogenización y, además, algo bastante interesante, se constituía el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar proyectos productivos y de infraestructura conjuntos (Sieca, 2012: 1).

En la caracterizada como primera etapa del MCCA, según Moisés Torres Ibarra (1975: 130), el comercio intrasubregional creció desde un monto ubicado en 1959 en 27, 8 millones de dólares hasta llegar en 1968 a 258,6 millones de dólares, es decir, alrededor de un 90%. Incremento del comercio intrarregional que se detuvo en el último año mencionado por diversas causas, entre ellas la imposibilidad de efectuar transformaciones profundas a las estructuras económicas de los países centroamericanos como la reforma agraria y tributaria, así como la incorporación de amplios sectores de la población al mercado interno con el aumento de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Un mercado interno que

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se encargaría de absorber la proyectada producción industrial intrasubregional.

Recordemos palabras del capítulo I, cuando planteamos que las políticas de desarrollo de la Cepal se organizaban con la intervención del Estado como unificador y planificador mediante una alianza o disputa no antagónica entre la oligarquía agraria (generadora de las divisas por las exportaciones agrícolas) y la supuesta burguesía industrial que emplearía el referido ingreso de divisas para importar los bienes de capital (maquinaría y tecnología), incorporándolos al desarrollo económico y a la producción de bienes industriales. Por ello, la alianza y de alguna manera conflictos no antagónicos entre terratenientes y burguesía industrial hacían que fuera imposible en términos objetivos por los intereses de la clase que se suponía “desarrollista” y “modernizadora” combatir el latifundismo que padecían y padecen la mayoría de las economías de la región (Dos Santos, 2003: 70).

Fenómeno, el latifundismo, que al mantener antes y ahora todavía grandes extensiones de tierra improductivas y otras produciendo bienes para el mercado exterior, porque logra su realización económica en el mismo, impide una articulación de la producción agrícola con las necesidades del ciclo de acumulación interna. En el caso concreto de Centroamérica, según Moisés Torres Ibarra (1975:131), en la época de aplicación del programa desarrollista de la Cepal –actualmente puede ser parecida la situación– había una importante concentración en manos de las empresas transnacionales bananeras de la tierra y de los bienes elaborados necesarios para la producción en la misma. El 70% de los fertilizantes y tractores que ingresaban como importaciones, así como el 50% de la tierra con sistema de regadíos eran controlados por las bananeras. Además, en palabas del mismo autor, las tierras ociosas llegaban al 35% del territorio de países tan pequeños como El Salvador. Es decir, existían condiciones estructurales internas y relaciones de dependencia con los centros económicos mundiales imperialistas, de los cuales procedían las transnacionales del banano como la United Fruit Company,

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que cerraban la posibilidad para una integración subregional vinculada objetivamente con el desarrollo autónomo.

Además, más allá de los obstáculos concretos a la integración desarrollista que impusieron las estructuras dependientes internas de los países centroamericanos, la denominada Guerra del fútbol34 entre El Salvador y Honduras en julio de 1969 generó un colapso del proceso de articulación subregional por las posiciones del último aludido, que ante su derrota militar decidió, ejerciendo su soberanía, retirarse del MCCA, denunciando los tratados suscritos. Así se cierra la primera etapa de la experiencia integracionista analizada, con un conflicto militar propiciado por la concentración de tierra y la pobreza que fue intentado esconder mediante el “nacionalismo” reaccionario de las clases dominantes de Honduras y El Salvador con migraciones forzadas de campesinos salvadoreños, movilizando sus ejércitos burgueses y exaltando el sentimiento “patrio” alrededor de las selecciones de fútbol respectivas (Funes, 2000: 255).

La primera etapa del MCCA, como proceso de integración hegemónica, entró en un letargo por sus limitaciones concretas producto de las estructuras internas y de las relaciones de dependencia con los centros mundiales que generaron una crisis en los ciclos de acumulación económica de los países de la subregión, asimismo imposibilitado por las resistencias de los campesinos en correspondencia con los conflictos sociales y militares internos. Esto último se materializó en el marco de las guerras civiles centroamericanas de la segunda mitad del siglo XX, motivadas en lo esencial por la concentración en la oligarquía agraria de 34 La denominada Guerra del fútbol se refiere a un conflicto militar ocurrido entre las repúblicas de Honduras y El Salvador, aconteció entre el 14 y 19 de julio de 1969. El calificativo historiográfico, caracterizado como inapropiado, pro-

viene del periodista polaco Ryszard Kapuściński, corresponsal de la antigua agencia estatal de Polonia; quien evidenció que los enfrentamientos de ambas selecciones de futbol propició y sirvió de excusa para encubrir las verdaderas causas de la guerra.

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la propiedad de la tierra y la existencia de dictaduras en la región que acontecieron en Guatemala (1960-1996), Nicaragua (1961-1979) y El Salvador (1980-1992)35 (Pietro, 2007: 16).

Sin embargo, en la década de los 90 resurge la integración centroamericana alrededor del libre comercio. Después de la estabilización conservadora de la región con la derrota electoral de la Revolución Sandinista en las elecciones presidenciales de febrero 1990 por parte de la candidata de la derecha Violeta Chamorro, y las paralelas negociaciones de paz en Guatemala y El Salvador en el marco de los Acuerdos de Esquipulas I y II, producto de la incapacidad de las organizaciones guerrilleras de lograr una victoria militar en un contexto mundial signado por la hegemonía de los Estados Unidos y del pensamiento neoliberal después de la disolución de la Unión Soviética por sus desviaciones burocráticas (Cardenal y Martí, 1998: 81).

En este sentido, en 1991, se crea el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a través del Protocolo de Tegucigalpa y posteriormente se firma en 1993 el Tratado General de Integración Centroamericana, denominado el Protocolo de Guatemala, el cual se entiende como un instrumento complementario; con la finalidad de restablecer y renovar el proceso integracionista en el marco del libre comercio (Ramírez López, 2004: 20). Así, en el Artículo tercero del Título Segundo del mencionado acuerdo multilateral se acordó:

35 En la segunda mitad del siglo XX las organizaciones revolucionarias de Nicaragua (el Frente Sandinista de Liberación Nacional), El Salvador (el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y Guatemala (Unidad Revo-

lucionaria Nacional Guatemalteca), empujados por la represión y las dictaduras en sus respectivos países; decidieron asumir la lucha armada como modo

de impulsar la reforma agraria y acabar con la concentración de la tierra. El

único que logró la victoria política y militar fue el movimiento sandinista de Nicaragua en 1979, el cual derrocó al tercer dictador de la dinastía de los Somoza (Anastasio Somoza Debayle).

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El objetivo básico del subsistema de integración económica creado por este instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa es alcanzar el desarrollo económico y social, equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y técnicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional (Protocolo de Guatemala, 1993).

De esta manera, se perfiló un reimpulso a la integración centroamericana con una fuerte vinculación al llamado “regionalismo abierto”, es decir, experiencias integracionistas en las cuales se profundiza el proceso de liberalización productiva, comercial y financiera, aumentando la presencia del mercado como regulador de las relaciones sociales y la apertura de las economías a los capitales extranjeros y mercancías provenientes de los centros económicos mundiales imperialistas; regulándose directamente por las normativas internacionales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (De la Reza, 2003: 299). El esquema se aplica en términos generales con el objetivo de incrementar la inserción de las economías periféricas en el mercado internacional (exportaciones) y lograr mayor eficiencia en sus aparatos productivos (menores costos de producción) (Cepal, 1994: 33).

No obstante, otros autores como Eduardo Gudynas (2005: 4), argumentan que el “regionalismo abierto” aumentó la presencia de las transnacionales e incrementó la dependencia de las economías de la región mediante la especialización productiva, cuando los países integrados en bloques sumidos a la “interdependencia” global asumen limitar su aparato productivo en algunas áreas en las cuales tienen ventajas comparativas, financiándose con recursos externos que reciben de la banca internacional. En el caso específico de Centroamérica, implicó la estructuración de, hasta los momentos, catorce (14) acuerdos comerciales multilaterales

II {120} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

y bilaterales que con la reducción o eliminación de los aranceles locales o regionales desbordaron el mercado ampliado centroamericano y generaron una mayor importancia de los flujos comerciales con Estados Unidos y Europa (Sieca, 2012: 25-26). Intensificando la competencia entre las empresas que tradicionalmente empleaban el referido espacio comercial con las transnacionales, debilitando el “desarrollo hacia dentro” e imponiendo “a la exportación como única salida” (Ramírez López, 2003: 21); además de una disminución de los ingresos tributarios de los Estados centroamericanos por la eliminación de lo obtenido a través de las tasas aduaneras (Cepal, 1995: 80). Igualmente, la atracción de inversión extranjera directa a partir de las políticas del “regionalismo abierto” promovió la instalación en la subregión de industrias de ensamblaje de propiedad extranjera, sin transferencia de tecnología y con poco valor agregado económico. Las llamadas “maquilas” que se instalan en Centroamérica por los bajos costos laborales que disfrutan los empresarios locales y las transnacionales, así como por la profunda represión que padecen los trabajadores y trabajadoras de la subregión.

El MCCA se articula a la integración hegemónica porque promueve el libre comercio, implementando diversos acuerdos multilaterales o bilaterales de los participantes en la experiencia integracionista con países de América Latina (Caricom, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana) y del mundo (Canadá, China, Estados Unidos, Taiwán, Singapur y Unión Europea) (Sieca, 2012: 25-26).

Pero, a pesar de diluir el mercado ampliado con los convenios aludidos, el MCCA mantiene entre sus miembros un comercio intrasubregional de 24,3 en 2011 (Cepal, 2011: 5). Una cifra alta comparada con los otros esquemas de integración subregional, algo que veremos más adelante en correspondencia con la revisión de los mismos: CAN, Caricom y Mercosur.

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Comunidad Andina de Naciones: el primer acuerdo subregional de Suramérica

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), denominada anteriormente Grupo Andino, se constituye mediante la aprobación del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, con la participación de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, incorporándose Venezuela en 1973. Retirándose del mencionado esquema de integración los dos últimos países, el primero en 1976 y el segundo en 2006.

Entonces, en palabras de Vieira Posada (2008: 111), la Comunidad Andina de Naciones nace por el fracaso de la Alalc. La incapacidad que mantenía la mencionada asociación para constituir en Latinoamérica una zona de libre comercio que garantizara un mercado regional. De tal forma que, ante la imposibilidad de una experiencia exitosa de articulación económica-comercial en toda la región, las clases dominantes de los países andinos decidieron privilegiar la integración en su subregión. La creación de la Comunidad Andina de Naciones, por su año de fundación 1969, tenía como fundamento conceptual las ideas integracionistas de la Cepal. Intentaba estructurar un conjunto de políticas y estrategias que lograran establecer un mercado ampliado andino y, además, planificara un proceso de articulación sectorial de los aparatos industriales de los países miembros.

La integración andina en sus orígenes ensayó el modelo de la Cepal anteriormente denominado como regionalismo autonómico, siguiendo al autor Briceño Ruiz (2007: 17). Es decir, reducción arancelaria y complementación industrial entre los aliados subregionales, mientras que se establecían importantes barreras comerciales a los bienes producidos por los países no andinos, constituyendo un mercado andino protegido de la competencia externa que permitiera el desarrollo económico a través de la industrialización y la sustitución de importaciones por productos locales. Por ello, entre los instrumentos estipulados por los países andinos para integrarse en correspondencia con el desarrollismo cepaliano, encontramos:

II {122} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

1. Armonización de las políticas económicas y sociales, así como de la

legislación vinculada al comercio.

2. Planificación de la industrialización subregional.

3. Un programa de liberación comercial más amplio y acelerado que lo ejecutado en la Alalc.

4. Definir un Arancel Externo Común.

5. Estructurar políticas y medidas para fomentar la inversión privada andina o extrasubregional que ayudaría al financiamiento del proyecto de integración (Garay y Pizano, 1979: 19-20).

Sin embargo, la primera etapa de la CAN influenciada por el caracterizado “regionalismo autonómico” se termina en la década de los 80 del siglo XX por varios factores relacionados que hacen su aparición con la reducción de los precios de las materias primas –principal exportación de las economías dependientes de los países andinos–. Dicha realidad ocasionó una caída del ingreso de divisas, apareciendo déficits en las balanzas de pagos de los países participantes de la CAN, factores que, complementados con el incremento de la tasa de interés internacional en los primeros años de la década referida, generaron la crisis de la deuda externa que en 1982 sufrieron varios países de América Latina (Molina, 2003: 351). Los problemas económicos profundos evidenciaban el fracaso del régimen de acumulación de los capitalismos dependientes de América Latina, que descansaban en una supuesta burguesía autónoma y productiva que tenía la tarea de desarrollar, enmarcada en la planificación estatal, un nunca concretado proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones y la ampliación del mercado interno.

Así, la crisis trajo con ella políticas y medidas proteccionistas, por ende, la suspensión momentánea de la liberalización comercial intraandina por la defensa de las burguesías y oligarquías locales de sus mercados nacionales.

Entonces, el fortalecimiento de los sectores burgueses latinoamericanos y andinos dependientes de los centros desarrollados imperialistas, en el marco de la situación descrita en el párrafo anterior, generó

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cambios orientados hacia la construcción de una integración vinculada con una mayor apertura económica y comercial, dejando atrás el desarrollo hacia dentro y apareciendo el “regionalismo abierto”. Se consolidaba el paradigma de integración neoliberal en el espacio político y económico andino, algo que se evidencia cuando se inicia un proceso de organización de una zona de libre comercio para toda la subregión desde 1988 hasta 1995 (exceptuando algunos bienes del Perú); para posteriormente (en 1995) se intentó profundizar la misma dinámica estableciendo una Unión Aduanera en 1998, con un arancel externo común bastante flexible y poco realista; el cual, en muchos bienes era y es violentado (López García, 2001: 149).

Con pocos avances y grandes debilidades entra la CAN en el siglo XXI, aumentando su conflictividad interna y desavenencias producto de la incapacidad para definir una agenda común por parte de los países participantes, realidad que debilita la posibilidad de consolidar los acuerdos integracionistas. Algo descrito con bastante precisión por Andrés Casas y María Elvira Correa: (…) la crisis por la cual en la actualidad atraviesa la CAN, cifrada en la salida de Venezuela, la firma de TLC por parte de Colombia y Perú, los ya mencionados incumplimientos comerciales y las rencillas entre los países miembros… (2007: 608).

De esta manera, podemos concluir que la situación de la integración subregional, enmarcada para los países andinos en la CAN, tiene bastantes problemas que se visualizan con el retiro de Venezuela, una economía importante en la subregión que, en el momento de su salida en 2006 representaba el 39,28% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Comunidad Andina de Naciones. Algo que vemos en la próxima tabla.

II {124} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

Tabla I Tamaño del Producto

Porcentaje

Interno Bruto (PIB)

del Producto Interno

en millones de dólares Bruto (PIB) de la CAN (2006)

por país

Comunidad Andina de Naciones (CAN) Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

462.951

100,00%

135.758

29,32%

93.277

20,14%

11.162 40.892

181.862

2,41% 8,83%

39,28%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cepal (2006).

El retiro de Venezuela del esquema de articulación subregional es estimulado, según el Presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, por la firma unilateral de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos por parte de las Repúblicas mencionadas en la cita (Malamud, 2006: 5). Acuerdos comerciales que implican debilitar la capacidad de negociación de la CAN, porque los convenios son bilaterales: Perú-Estados Unidos y Colombia-Estados Unidos. Además, generan una ruptura del arancel externo común andino porque los bienes que provienen de la economía norteamericana, el principal socio comercial de los integrantes de la CAN, cuando son importados por Colombia y Perú no deben cancelar aranceles por la liberación comercial constituida a partir de los TLC; en cambio tienen que realizarlo en Bolivia y Ecuador. Situación que implica transformaciones en el régimen de origen de la CAN, es decir, los mecanismos que determinan la “nacionalidad” de una mercancía; porque los TLC con Estados Unidos generan que los bienes de origen norteamericano al entrar sin pago de aranceles a Colombia y a Perú, podrían ser reexportados a Bolivia y Ecuador pero dependiendo de la cantidad del llamado contenido nacional incorporado por las economías de los países andinos “asociados” a los Estados Unidos.

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En conclusión, según Acosta Puertas (2006: 8), las diferencias políticas que mantienen los proyectos históricos y económicos de algunos de los países andinos hacen difícil que el proceso de integración de la CAN pueda consolidarse y resolver sus problemas internos en la actualidad. Por otra parte, las cifras de comercio intraandino demuestran la situación de la CAN: para septiembre de 2011 solamente el 7,2% de las exportaciones-importaciones de los miembros es realizado entre sus economías, es decir, tienen un flujo comercial interno muy poco conectado (Cepal, 2011: 5). Por ello, consideramos que nos encontramos en un momento de extrema fragilidad e inoperancia de la articulación subregional andina.

La Comunidad del Caribe: la integración caribeña angloparlante

Los países localizados en la cuenca oriental del denominado Mar Caribe mantienen economías muy pequeñas por sus dimensiones territoriales y demográficas, además, por sus limitaciones productivas dependen fundamentalmente de la industria del turismo para la captación de divisas. Dicha situación económica, acompañada de su pasado colonial británico, generador de elementos unificadores como un idioma y una religión común, inglés y protestante, se constituyeron en las condiciones para el surgimiento de un proceso de integración subregional: la Comunidad del Caribe (Gill, 1993: 38).

En este sentido, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago firman el Tratado de Chaguaramas en 1973, estructurando la Caricom36; en correspondencia con tres objetivos fundamentales: • El primero, la creación de un mercado común del Caribe, • el segundo, la coordinación de las políticas exteriores de los países participantes y, por último, 36 Posteriormente, en 1974, a la Caricom se incorporaron los países de Antigua y

Barbuda; Belice; Dominica; Granada; Montserrat; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas. Luego se incorporaron Bahamas en 1983, Surinam en 1995 y Haití en 1997.

II {126} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

• la cooperación funcional en ámbitos como los servicios públicos y el desarrollo social y cultural (Tratado de Chaguaramas, 1973: 2).

Con la finalidad de alcanzar sus objetivos, la Caricom, influenciada como los otros procesos de integración regional y subregional por los planteamientos emanados desde la Cepal, ensayó un modelo desde su fundación hasta 1989 denominado Estado-céntrico por Armando López Koll (2000: 132). El mismo estuvo caracterizado por el control estatal de los mercados e intervención del Estado como actor fundamental en las actividades productivas, al mismo tiempo que se mantenían economías muy protegidas de la competencia externa mediante altos aranceles, buscando la industrialización y la sustitución de importaciones.

Por lo tanto, ante lo descrito, podemos sostener que repetía el mismo modelo de integración considerado anteriormente como un regionalismo autonómico desarrollado por la Alalc en un plano regional y por el MCCA en Centroamérica y la CAN en el área andina; pero acompañado contradictoriamente de grandes estímulos a la inversión extranjera sectorial provenientes de los centros desarrollados imperialistas, que generaron un desarrollo importante de la actividad económica turística pero controlada por empresas transnacionales.

Entonces, esas contradicciones existentes entre un proceso de articulación orientado por el objetivo de la sustitución de importaciones, que paralelamente otorgaba concesiones fiscales a las transnacionales para incrementar la inversión en el sector de la economía con mayor potencial, el turístico, generó el fracaso de la primera etapa de la Caricom, entrando en una segunda fase a finales de la década del 80 del siglo XX que se ejecutó con políticas económicas, comerciales y financieras mucho más liberales vinculadas con la apertura de la banca y los mercados internos de los pequeños países del Caribe angloparlante.

La mencionada segunda fase nace con la Declaración de Grand Anse, emitida en 1989, que propuso

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(…) la armonización de las políticas macroeconómicas de los países miembros, cuyos rasgos principales serían: a) el mercado como principal asignador de recursos; b) un papel menor del Estado en la economía; c) equilibrio de las variables macroeconómicas y d) desregulación de la economía (citada por López Koll, 2000: 140).

De esta manera, transformando el modelo de desarrollo, se desplaza el estatismo y proteccionismo inicial para desarrollar una agenda de integración caracterizada por el librecambismo y el crecimiento de la importancia del mercado en las actividades económicas. En ese marco, los países participantes de la Caricom decidieron renovar los compromisos relacionados con la creación de un mercado común caribeño, pero, ahora, con un arancel externo mancomunado de menor tamaño y con reglas que permitieran mayor acceso a bienes extracaribeños.

Sin embargo, más allá de la liberación predominante en la integración subregional del Caribe angloparlante, la Caricom continuó manteniendo un perfil social que intentó reducir los posibles problemas sociales originados por la apertura comercial y económica. Construyendo, para Adelle Blackett (2007:19), un modelo de regionalismo social que intenta articular al proceso de integración políticas de justicia distributiva, es decir, estrategias asistencialistas que evitarán movilizaciones populares en contra de la implantación del neoliberalismo.

Los integrantes del Caribe angloparlante, organizados en correspondencia con la Caricom, mantienen un comercio intrasubregional para 2007 del 23% (Martínez Alfonso, 2007: 168); que se encuentra por encima del mismo indicador regional que en el 2010 estaba en el 16,9% (Aladi, 2011: 2). Sin embargo, el comercio intraCaricom en su mayoría lo desarrollan todas las islas con Trinidad y Tobago, puntualmente, el 73% del referido intercambio de bienes. Dicha cifras evidencian una concentración del intercambio comercial intraCaricom, y una dependencia de la principal economía del Caribe oriental.

Ante la presente situación, las islas caribeñas angloparlantes, intentando diversificar sus relaciones con los países de América Latina, vienen

II {128} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

participando en la creación de espacios de coordinación de políticas sociales con Cuba; específicamente en el caso de las Repúblicas de Guyana y Surinam intervienen en la constitución de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur). Al mismo tiempo que Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y Las Granadinas intervienen como miembros plenos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). De esta manera, la Caricom aumenta su interacción con Latinoamérica sin perder su unidad e incorporándose a la organización multilateral de nuevos procesos integracionistas como la ALBA-TCP de 2004 y la Unasur del 2010.

Además, es significativo resaltar la integración por proyectos sectoriales que desarrollan las islas del Caribe anglo (Caricom) y latino parlantes con Venezuela mediante la constitución de la empresa grannacional Petrocaribe. Dicho Acuerdo de Cooperación Energética fue firmado en el marco del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado del Caribe, acontecido el 29 de junio de 2005 en la ciudad venezolana de Puerto La Cruz (Briceño Ruiz, 2011: 45). La ejecución del mismo mantiene como finalidad lograr un suministro confiable, integral y solidario de recursos energéticos por parte de la industria petrolera venezolana de propiedad estatal a los Estados de las islas aludidas, reduciendo los costos para los importadores y consolidando el mercado caribeño como destino de las exportaciones petroleras de Venezuela.

En este sentido, según Ariela Ruiz (2007: 75-76), se definió y aplica en el marco del convenio la exportación de 200.000 barriles de petróleo diarios por Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que son cancelados de forma flexible y solidaria mediante el pago en tres meses del 60 o 70% de la tarifa y lo restante en 25 años con una tasa de interés del 2 o 1%, dependiendo del precio internacional del petróleo, en el primer caso cuando se encuentre por debajo de 100 dólares, y en el segundo cuando supere la cotización internacional referida. Además, se permite la cancelación a través de la entrega a Venezuela con precios preferenciales para la República Bolivariana de bienes producidos por las islas caribeñas,

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tales como azúcar, banano, entre otros. Así se construye una experiencia de integración que, aunque tiene un carácter parcial, se plantea formas de articulación económicas-comerciales que eviten incrementar las asimetrías regionales y crear relaciones de dependencia intraperiféricas, estipulando formas de comercio complementarias que permitan organizar un desarrollo autónomo compartido.

El Acuerdo de Cooperación Energética (Petrocaribe), después de su puesta en vigencia en 2006 permitió que se triplicaran los flujos comerciales entre las islas partes de la Caricom y la Venezuela bolivariana, puntualizando las exportaciones e importaciones originarias del bloque económico y la economía nacional mencionada. Veamos la siguiente tabla construida con información suministrada por el Anuario Estadístico de Venezuela (2009: 143): TABLA II Exportaciones

Exportaciones

Porcentaje

en millones

en millones

de crecimiento

de dólares (2005) de dólares (2006) en el año Caricom Venezuela

43

239

151

748

Fuente: Anuario Estadístico de Venezuela (2009).

251,16% 212,90%

El Mercado Común del Sur: el último bloque de integración subregional

La posibilidad de un enfrentamiento bélico entre las dos Repúblicas más grandes del Cono Sur (Argentina y Brasil), se mantuvo latente en el marco de los gobiernos militares existentes en ambos países en las décadas del 70 y 80 del siglo XX. Hipótesis de conflicto motivada por rivalidades históricas originadas en las tradicionales disputas por el liderazgo subregional, así como por la lucha en el marco del mercado regional de las burguesías locales asociadas al capital transnacional (Viera Posada, 2008: 131). Situación que obstaculizaba el desarrollo de

II {130} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

esfuerzos integracionistas entre las dos naciones, y por ende en el Cono Sur de Nuestra América.

No obstante, con el retorno de la democracia en la segunda mitad de la década de los 80, según Olivier Dabene (2001: 221), los actores políticos que deseaban debilitar la posible restauración de los gobiernos dictatoriales, entendieron a la integración entre Argentina y Brasil como una oportunidad para promover dos proyectos articulados: el desarrollo económico y la democracia representativa. En ese marco, encontramos primero los acuerdos de la Declaración de Iguazú firmados en 1985 por el presidente argentino Ricardo Alfonsín y su homólogo brasileño José Sarney, para cooperar en la industria de la energía nuclear con fines pacíficos y articular esfuerzos que coadyuven a potenciar y equilibrar el intercambio comercial; Acuerdos que crearon las condiciones de posibilidad para la organización del Mercosur.

El Mercosur es un proceso de integración que se restringe a lo económico-comercial, fundado en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la ciudad homónima. Esto lo constituye, en términos temporales, en el último bloque integracionista de América Latina de carácter subregional, acontecimiento que describiremos y analizaremos con brevedad empleando varias perspectivas conceptuales y de clase, desde autores neoliberales pasando por desarrollistas y terminando con marxistas.

De esta manera, en palabras de Agustín Crivelli (2009: 254), la referida experiencia de integración comercial nace con la finalidad de incrementar la capacidad exportadora de la subregión, buscando garantizar importantes ingresos de divisas que permitieran cancelar los servicios de las deudas externas de los países participantes, algo que paralelamente con la hegemonía de las políticas neoliberales promovió la privatización de importantes empresas públicas sobre todo en Argentina. Asimismo, otro autor pero de ideas neoliberales como Félix Peña (1992: 11), manifiesta que la constitución del Mercosur se vincula con la necesidad de potenciar la competitividad de las economías integradas, a partir de la apertura de sus mercados y el afianzamiento del sistema de libre comercio;

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consolidando los megamercados subregionales en correspondencia con la liberalización del comercio mundial y el proceso de globalización. Es decir, potenciar la presencia de transnacionales con mayores niveles de tecnología en el Cono Sur. De tal forma, como vemos en las tres posiciones intelectuales, encontramos una aproximación diversa al objetivo del Mercosur; sin embargo, nos quedamos con lo planteado en su documento fundacional: el Tratado de Asunción de 1991. En este sentido, el mencionado acuerdo multilateral plantea como principal objetivo que “Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará Mercado Común del Sur” (Tratado de Asunción, 1991: 2).

Por lo tanto, teniendo como finalidad la constitución de un mercado común con la ampliación de los mercados locales de los países referidos, se comienza con un proceso de liberación comercial que se estableció en tres fases: Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera y Mercado Común. Desarrollando un proceso que finalizó en la eliminación del cobro de los aranceles entre los miembros del Mercosur y el establecimiento de un arancel externo unificado; estableciéndose como una unión aduanera imperfecta en 1995 (Cristaldo, 2003: 44).

Entonces, en palabras de Modesto Guerrero (2005: 34), el Mercosur logró avanzar en un rápido proceso de integración comercial que podemos visualizar cuando identificamos los pocos años necesitados para derivar en una unión aduanera, desde 1991 hasta 1995. No obstante, la inexistencia de instituciones y estrategias que permitieran la coordinación de políticas macroeconómicas, así como las asimetrías y diferencias económicas impidieron el acoplamiento del tipo de cambio de las monedas locales con respecto al dólar. Generando que la unilateral medida de devaluación del real realizada por Brasil en 1999, propiciara la primera gran crisis del Mercosur (Vieira Posada, 2008: 193). Es así como, con las crisis económicas de Brasil en 1999 y Argentina en 2001 (los dos principales miembros del Mercosur), el proceso de integración aludido entró en un período de estancamiento y posible culminación en

II {132} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

un fracaso, evidenciado con la aplicación de un conjunto de medidas que restringían el comercio intrazona como las licencias no automáticas y los cupos de importación acordados sectorialmente, mientras el arancel externo común quedaba perforado por la utilización de excepciones al mismo (Katz, 2007: 43).

Ahora bien, el período de crisis del Mercosur termina parcialmente con la reactivación de las economías argentina y brasileña, producto del incremento de los precios de los bienes agrícolas y demás commodities en el mercado internacional, sobre todo, la soja (o soya) y los otros cereales; al mismo tiempo, como expresa Félix Peña (2005: 21), se estructura una necesaria voluntad política entre los presidentes Luis Ignacio “Lula” Da Silva (Brasil) y Néstor Carlos Kirchner (Argentina), para construir una agenda común de alto nivel que garantizara la reactivación de la integración comercial enmarcada en el Mercosur.

Sin embargo, más allá de los intentos de reanimar el descrito proceso de articulación subregional, el Mercosur enfrenta varios problemas esenciales para su consolidación; primero, según autores como Miguel Serna (2001: 115) y Julio Gambina (2005: 7), la histórica y, ahora, consolidada asimetría entre los países participantes. Contexto que se evidencia cuando comparamos el tamaño de las economías del Mercosur a través de su producto interno bruto (PIB), según datos del Banco Mundial de 2010; algo que veremos en la siguiente gráfica: Tabla III

Mercosur Brasil Argentina Uruguay Paraguay

Tamaño del Producto

Participación

Interno Bruto (PIB en

porcentual en el PIB

billones de dólares (2010)

del Mercosur

2.515.222 2.087.889 368.736 40.264 18.333

100,00% 83,00% 14,60% 1,60% 0,72%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2010).

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Además, el segundo problema se encuentra en las diferencias que existen en la importancia que tiene el mercado subregional constituido, en el marco del proceso integracionista analizado, para las distintas economías de los países participantes del Mercosur, demostrando los grados de dependencia y comercio competitivo que se vienen produciendo en el Mercosur. Situación que podemos visualizar al revisar las cifras de comercio intraMercosur, mientras puntualizamos cuánto representa como destino el mismo para las exportaciones de cada uno de los socios económico-comerciales. Veamos lo planteado en la próxima tabla.

Tabla IV Exportaciones

Exportaciones

Porcentaje

totales en miles

con destino

de las

de millones

Mercosur

exportaciones

de dólares (2011) en miles

intra-Mercosur

de millones

con respeto

dedólares.

a las totales de cada país

Mercosur Brasil Argentina Uruguay Paraguay

352.557

53.410

15, 14%

20.592

24, 40%

2.817

51,05%

256. 039

27. 853

6.732

2.148

84.268 5.518

10,80% 31,90%

Fuente: Elaboración con base en datos del Centro de Economía Internacional (CEI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (2011).

Entonces, como hemos visto en la tabla, mientras la economía es más pequeña el país integrado al Mercosur se hace más dependiente del mismo, reduciendo la diversificación de sus exportaciones y subordinando su canasta de bienes internacionales a las necesidades subregionales.

Aunque otros podrían sostener que se beneficia más del esquema de articulación, porque porcentualmente tiene mayor acceso al mercado ampliado; no obstante, consideramos que:

II {134} Capítulo Tentativas históricas de integración en América Latina…

• la poca diversificación de las exportaciones genera dependencia económica y pérdida de soberanía política para los distintos países integrados.

El tercer inconveniente, en términos de Gerónimo Sierra (2001: 11) y Mariana Vázquez (2011: 88-89), se encuentra en una limitación estructural del Mercosur vinculada con su caracterización como un proceso de integración restringido a lo económico-comercial. Por lo tanto, se plantea la necesidad de pensarlo desde una perspectiva multidimensional dejando el reduccionismo economicista e incorporando ideas que permitan estructurar un Mercosur Social, que permitiera construir políticas sociales conjuntas y elevar los derechos laborales comunes. Ante las presentes ideas, Claudio Katz (2007:74) considera que las relaciones y prácticas articuladas a la integración en el Mercosur son características del libre comercio, se reproducen y consolidan los intereses de las clases dominantes de la subregión y de las transnacionales. Así pues, según el autor mencionado, no se puede complementar la liberalización económica y comercial con los derechos de las grandes mayorías sociales y de las clases subalternas, algo que se quiere alcanzar concediendo un posible ámbito social al Mercosur.

En este sentido, países como Argentina, Brasil y Paraguay padecen de una alta concentración de la tierra, controlada por empresas locales y transnacionales productoras de soja y demás cereales que se relacionan con la producción de biocombustibles. Es decir, bienes comunes esenciales como la tierra y el agua se explotan en correspondencia de procesos articulados a la elaboración de insumos necesarios para la industria automotriz, dejando de producir alimentos que requieren las clases populares de los países del Mercosur. Asimismo, los gobiernos nacionales de la experiencia integracionista mencionada tienen políticas sociales focalizadas, no integrales, entonces no pueden estructurar a nivel subregional programas asistencialistas que en lo nacional realmente no desarrollan.

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Entre otras debilidades concretas del Mercosur, fundamentalmente del comercio interno, se encuentra su principal característica: un intercambio comercial intrafirma. Así, según Fernando Porta (2008: 14-15), en el proceso integracionista analizado la inmensa mayoría de las exportaciones e importaciones internas son desarrolladas por las filiales de las transnacionales automotrices localizadas en Brasil y Argentina, que intercambian vehículos terminados entre sus sucursales. Por lo tanto, el Mercosur padece del llamado comercio cautivo entre pocos monopolios internacionales, que intercambian bienes entre sus propias filiales evadiendo el pago de los aranceles porque fueron eliminados en el marco del modelo de integración hegemónico.

Ahora bien, es interesante manifestar que a pesar de las posibles limitaciones expresadas por los autores referidos y observadas en los datos generados por el libre comercio, el Mercosur continúa actuando como un bloque de integración negociando conjuntamente acuerdos y disputas comerciales con los actores económicos más relevantes del planeta como Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón, India, entre otros (Caetano, 2011: 23). Esa situación evidencia una diferencia con procesos integracionistas como la CAN, de la cual ya vimos sus negociaciones bilaterales.

• Sin duda alguna, debemos entender al Mercosur como una integración fundamental económica-comercial, con una estrecha vinculación con el paradigma hegemónico y con el libre comercio que se mantiene en la actualidad, con sus debilidades, en el marco de sus objetivos iniciales.

Capítulo III

El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas económico-comerciales

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El presente capítulo se expondrá organizado entre partes articuladas, primero brevemente el contexto histórico mundial (globalización) y regional (ALCA y TLC), en el cual emerge por la voluntad política del expresidente de Cuba Fidel Castro Ruz y del Presidente Hugo Chávez de Venezuela, en 2004, la actual Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Posteriormente, siguiendo los postulados que se encuentran en los documentos oficiales de la experiencia integracionista aludida, plantearemos brevemente los fundamentos históricos de la misma. Es decir, cómo las ideas del Libertador Simón Bolívar y del Apóstol cubano José Martí se intentan materializar desde la ALBA-TCP; entendiendo como decía el Libertador que “la Patria es América” e incorporando el postulado del prócer cubano alrededor de Nuestra América.

Terminaremos realizando un análisis del discurso y de las propuestas económico-comerciales de la ALBA-TCP, en el marco de los conceptos indicados e integrados en el primer capítulo; buscando precisar su posible condición de proceso de integración contra-hegemónico. En este sentido, es importante puntualizar el posicionamiento de la experiencia

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de articulación regional investigada alrededor del libre comercio y del desarrollo autónomo; por lo tanto, exponemos sus objetivos, intereses, instrumentos y sujetos sociales beneficiados.

Contexto histórico que enmarca la aparición de la ALBA-TCP: la globalización y el ALCA

En la primera parte del capítulo III de este libro tenemos como objeto desarrollar una exposición del escenario que contribuyó a la aparición del proceso de integración denominado ALBA-TCP. De esta manera, consideramos que para lograr el referido objetivo es esencial plantear dos fenómenos paralelos: 1. la globalización predominante a partir de la década del 70 del siglo XX y 2. la creación de espacios vinculados con la regionalización de las relaciones económicas y comerciales como el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), en el marco de la construcción de los llamados megamercados regionales.

Es así como, desde finales del siglo XX, un conjunto de autores sostienen que la humanidad y el sistema económico mundial capitalista se encuentran en correspondencia con el proceso de globalización (Reich, 1993; Amín, 1997; Wallerstein, 1999; Boron, 1999; Peña, 2003; Ferrer, 2007; Dos Santos, 2007; Oppenheimer, 2010). Por lo tanto, más allá de las distintas interpretaciones y las consideraciones negativas o positivas alrededor de la globalización, para intelectuales con posiciones diversas en términos teóricos y de clase estamos enmarcados en una realidad mundial caracterizada por el incremento de la “interdependencia” o “dependencia” entre los factores económicos ubicados territorialmente en los planos globales y nacionales, que genera transformación en las estructuras económicas y sociales de los países periféricos.

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Entonces, en términos concisos y resumidos, el Diccionario de la Real Academia Española sostiene que la globalización es una “Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” (DRAE, 2001).

De esta manera, nos encontramos en una dinámica que implica la desterritorialización de los mercados y de las empresas; por ello, un incremento de la interacción económica de diversas sociedades y pueblos estimulado por las necesidades del capital transnacional financiero y productivo. Para el economista argentino Aldo Ferrer supone un sistema de redes mundiales que permiten organizar el ejercicio del poder global de las potencias imperialistas dominantes en las relaciones comerciales, las inversiones de las transnacionales, las corrientes financieras y la migración en un plano global (2007: 431).

Además, el comentado incremento de las interacciones tiene una dimensión fundamentalmente económica; sin embargo, paralelamente, implica la articulación de los distintos ámbitos societales en una escala mundial, constituyéndose un sistema-mundo capitalista en palabras de Immanuel Wallerstein (2009: 29). Así, la globalización se puede caracterizar como un acontecimiento, apuntalado en lo económico, pero que consolida la interdependencia planetaria para algunos o la dependencia de la periferia hacia los centros desarrollados imperialistas para otros, como Osvaldo Martínez (2005: 48-49).

Ahora bien, según las ideas del pensador neoliberal Robert Reich (1993: 12), la globalización es un fenómeno irreversible impulsado por el desarrollo de la tecnología que deben asumir los diversos países como una oportunidad para insertar su economía de forma competitiva en los flujos comerciales globales, intentando lograr captar mayores márgenes de prosperidad distribuidos por la economía mundial. De forma similar, Félix Peña (2003: 85-86) manifiesta que el referido proceso mundial impone la necesidad de organizarse para lograr competir en los mercados mundiales aplicando cambios esenciales de carácter neoliberal como la apertura comercial, privatizaciones, desregulación económica y, sobre todo, un gran esfuerzo para incorporar tecnología en las actividades productivas.

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Por el contrario, Atilio Boron (2001: 208-209) expresa que concebir a la globalización como un acontecimiento novedoso e incuestionable involucra una posición ideológica que intenta justificar la hegemonía intelectual y política neoliberal. En este sentido, el mismo autor marxista, indica que la globalización es un fenómeno vinculado al nacimiento del capitalismo y su continua expansión mundial; por lo tanto, podemos rastrearlo desde la violenta incorporación en 1942 a la actual América Latina al sistema-mundo, hasta las aperturas comerciales y financieras acompañadas de importantes privatizaciones de empresas estatales ocurridas en la mencionada región en la década del 90 del siglo XX. En el mismo orden de ideas, Theotonio Dos Santos (2007: 35-36) indica que los pensadores dedicados a la defensa de la globalización intentan construir una relación causal entre libre cambio, comercio exterior y desarrollo; estructurando una tríada que niega la posibilidad de elaborar intelectualmente y en forma práctica estrategias de desarrollo distintas a las orientadas por el modo de producción capitalista.

En este sentido, podemos visualizar una disputa conceptual alrededor del fenómeno de la globalización; por ello, partimos de su enunciación como un proceso de carácter mundial que implica el incremento de las relaciones económicas y societales de lo nacional y global. No obstante, en consonancia con lo planteado por Samir Amín (1997: 58-59), consideramos que el aumento de las interacciones y articulaciones entre sociedades y pueblos diversos depende del desarrollo tecnológico y del modo de producción predominante, en la actualidad, el capitalismo. No es solamente un proceso irreversible impuesto por el avance de la tecnología, es decir, el transporte y las telecomunicaciones; implica una voluntad de las grandes burguesías transnacionales asentadas en los centros desarrollados imperialistas para imponer un régimen de acumulación por desposesión mediante sus entes económicos esenciales: las transnacionales, el sistema financiero mundial, las instituciones internacionales y los Estados imperiales (Martínez, 2005: 23) Entonces, la globalización se caracteriza como la forma de organización y desarrollo del capitalismo a nivel mundial, integrando los mercados

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de productos y de capital; mientras fracciona al mercado de trabajo por las trabas a la inmigración. Igualmente, los intercambios comerciales de bienes y servicios, además de los flujos financieros se mundializan asimétricamente promoviendo procesos de polarización global entre territorios centrales y periféricos. En resumen, en una escala planetaria y en términos generales, la globalización tiende a presentar las siguientes características para Samir Amín (2001: 22-23): 1. Altas tasas de interés.

2. Reducción del gasto público social.

3. Desmantelamiento de las políticas de pleno empleo.

4. Desgravación fiscal en beneficio de los sectores de la sociedad que acumulan mayores riquezas.

5. Privatización de los recursos naturales y de los servicios públicos.

6. Disminución de los derechos y beneficios laborales.

Así, en Nuestra América, la globalización implicó la organización de un régimen de acumulación por desposesión que, mediante liberalización del capital transnacional, se constituyó en la condición necesaria para que, a partir de la denominada inversión extranjera directa, los países centrales exportaran su capital excedentario a la periferia, interviniendo como compradores en el proceso de despojo que se asentó en la privatización de la inmensa mayoría de los activos públicos, tanto empresas estatales como instituciones que antes gestionaban los distintos servicios públicos (transporte, agua, electricidad, telecomunicaciones y aseo urbano) y derechos sociales de las poblaciones latinoamericanas (educación, salud, seguridad social y vivienda).

Por otra parte, vinculado con el proceso de globalización se regionalizan las relaciones económicas y comerciales, originándose los diferentes y diversos megabloques de integración como la Unión Europea (UE), el Área de Libre Comercio para América del Norte (Nafta), el Bloque Asiático y el Mercosur (Romero, 2002: 49). En este sentido, según Alfredo Seoane (2000: 187):

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• los mencionados megabloques de aglomeración económica dirigidos por las clases dominantes en correspondencia con la lógica de la competitividad, buscan lograr mejores condiciones comerciales para capturar mayores proporciones del mercado internacional, mantener mayor control sobre los avances tecnológicos y aumentar su influencia en las distintas regiones del planeta.

Es así como, entendemos que el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) se enmarcó en la necesidad que tienen principalmente las transnacionales de los Estados Unidos de evitar perder su preponderancia en las economías de América Latina, situación motivada por el crecimiento de la presencia comercial y en rol de inversionista en la mencionada región por parte de la Unión Europea y el Bloque Asiático, sobre todo, China (Estay Reyno, 2001: 76).

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): discusiones, confrontaciones y fracaso

En un escenario caracterizado –como ya dijimos– por los procesos vinculados de globalización y regionalización de las relaciones económico-comerciales, aparece el proyecto denominado la “Iniciativa para las Américas”, impulsado en 1989 por el expresidente de los Estados Unidos, George Bush padre; principal precedente del proyecto presentado posteriormente: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Así, el ALCA fue un proyecto incentivado fundamentalmente por los Estados Unidos, pretendiendo construir una Zona de Libre Comercio entre todos los países de la América Anglosajona y Latina, por ello se articulaba al proceso de construcción del panamericanismo neoliberal.

Entonces, implicaba en términos generales la apertura comercial de los mercados regionales y locales de Latinoamérica a los bienes de origen norteamericano y de forma inversa, mientras se planteaba crear mejores condiciones para los inversionistas norteamericanos en las economías de la región.

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El ALCA generó un conjunto de controversias intelectuales y confrontaciones en la región entre sectores empresariales, gobiernos nacionales y movimientos sociales y populares, por las diferentes concepciones alrededor del mencionado proceso de articulación comercial (Katz, 2007: 15). En este sentido, con brevedad, analizaremos algunas de las posiciones presentadas por autores latinoamericanos sobre la proyectada Área de Libre Comercio continental: En palabras de Félix Peña (2003: 317-318), la constitución final del ALCA tenía una importante vinculación con el proceso de negociaciones entre las distintas autoridades gubernamentales; por ello, su conformación en una Zona de Libre Comercio o Área de Preferencias Arancelarias, acompañado de un programa de cooperación hemisférica, coadyuvaría a los países de la región a alcanzar mejores niveles de modernización económica, desarrollo social y estabilidad democrática.

Además, el economista neoliberal Martín Redrado (2004: 71-72) sostiene que los países latinoamericanos deben utilizar instancias subregionales como el Mercosur para fortalecer las capacidades de negociación necesarias para afrontar una oportunidad económica como el ALCA, que permite promover posibilidades comerciales en todos los mercados del continente americano.

Por el contrario, sin negar la necesidad de la promoción del libre comercio, los intelectuales brasileños Bahadian y Carvalho (2005: 170-171), indican que la construcción del ALCA tiene dos obstáculos fundamentales: la posición de los Estados Unidos que impide eliminar los subsidios y elementos que distorsionan la producción y la comercialización de los bienes agrícolas; así como las grandes asimetrías económicas entre los posibles participantes del posteriormente fracasado acuerdo comercial continental. Desigualdades que podrían ser profundizadas en correspondencia con la intensificación de la competitividad, en la cual descansa el libre comercio.

Asimismo, siguiendo con las posiciones críticas alrededor del ALCA, Lourdes Regueiro (2008: 19) argumenta que promovía una mayor liberalización simétrica de las economías asimétricas de América reduciendo

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la protección a sus sectores productivos, mientras los Estados Unidos prometían incrementar las posibilidades de acceso a su mercado. Por lo tanto, eran negociaciones que siempre finalizarían en un resultado desigual, porque los países de América Latina entregaban parte de sus mercados y el promotor del convenio comercial presentaba solo ofertas engañosas a las clases dominantes locales.

Igualmente, se plantea que el proyecto encarnado en el ALCA mantuvo un objetivo central: la apertura comercial y financiera de las economías de la región (Arceo, 2003: 12). Situación que se constituiría en un obstáculo para elaborar estrategias activas de desarrollo autónomo en Latinoamérica, al mismo tiempo que consolidaría sociedades con altos niveles de desigualdad y problemas sociales producto de la precarización de los derechos de las clases subalternas. Por ende, la apertura comercial y financiera de las economías de la región iniciada después de la crisis de las deudas externas en la década de los 80 del siglo XX, en el marco del ALCA habría afianzado las relaciones y la situación de dependencia de América Latina.

Entonces, vinculado a la discusión planteada, caracterizamos al ALCA como • un proyecto de articulación comercial y financiera asimétrico que se enmarca dentro de las necesidades de expansión y acumulación económica de las empresas transnacionales de los Estados Unidos.

Una integración norte-sur que se despliega en consonancia con las ideas, prácticas y principios hegemónicos que tienen como eje estructurante al libre comercio (Martínez, 2005: 141). En este sentido, presenta las siguientes características: 1. La completa liberación del comercio y la mercantilización de los servicios básicos y derechos sociales, a saber: educación, salud y prevención social; convirtiéndolos en mercancías que deben ser compradas a las empresas privadas que los ofrecen como servicios.

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2. Constituir políticas que garanticen, sin restricciones territoriales, el

flujo de inversiones en el hemisferio; permitiendo el retorno de las utilidades generadas por esas inversiones a sus países de origen.

3. Colocación en igualdad de condiciones a las empresas transnacionales y nacionales ante las compras gubernamentales. Los gastos del Estado no pueden priorizar a las empresas de capital local.

4. Reducción de las políticas comerciales de protección del mercado interno; tanto arancelarias como no arancelarias.

5. Eliminación de los subsidios y cualquier subvención que sirva como herramienta para incentivar o defender sectores productivos e industriales de la economía nacional; que posteriormente tenga como objetivo la exportación.

6. Estipulación como mecanismo de mediación o disputa jurídica alrededor de las diferencias comerciales a los tribunales internacionales; reduciendo la soberanía de los poderes judiciales nacionales (Boron, 2004: 40-41) En el marco de las referidas características del ALCA, como vimos anteriormente, se presentaron dos planteamientos generales que expresan posiciones disimiles ante el proyecto impulsado por los Estados Unidos: • La primera, denominada armonicista, sostiene que los intereses económicos y comerciales de los países de América Latina son iguales y armónicos a los que tienen las transnacionales de origen estadounidense; • la segunda, por el contrario, expresa que el ALCA es una propuesta de liberación y unificación comercial asimétrica que beneficia en mayor medida a la clases empresariales del país con más competitividad (USA), apoderándose de los mercados internos y, por ende, incentivando la desestructuración de las industrias locales, algo que afectaba a las clases trabajadores mediante la privatización de los derechos sociales, la reducción de los beneficios laborales y el incremento del desempleo (Estay Reyno, 2001: 86).

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Las dos visiones sobre el ALCA, positiva y negativa, tenían una vinculación material con distintos sectores políticos y sociales de América Latina; por lo tanto, se presentaron confrontaciones entre los defensores y adversarios del referido proceso de liberalización comercial. Así, se desarrollaron disputas en las cuales intervinieron diferentes grupos empresariales, gobiernos nacionales y movimientos populares y sociales de Nuestra América.

Luchas motivadas por el ALCA y la aparición de la ALBA-TCP

Los conflictos que venimos planteando expresaban intereses y posiciones opuestas en torno del ALCA por parte de grupos empresariales, particularmente entre aquellos vinculados al sector exportador, estrechamente relacionados con las compañías internacionalizadas y, por otro lado, los empresarios más dependientes de los respectivos mercados locales. Es decir, aquellos que logran realizar sus mercancías en el mercado externo, especialmente en Estados Unidos y los otros en el interno.

Lo que constituyó una diferencia entre las corporaciones transnacionales de origen estadounidense y las pocas latinoamericanas que desean mejores condiciones para incrementar su acceso a los mercados internos de los distintos países, así como los agroexportadores de América Latina que buscan mayores proporciones del mercado de los Estados Unidos; por otra parte, los medianos y pequeños empresarios latinoamericanos que necesitan evitar la apertura comercial porque no tienen la capacidad para competir con empresas globalizadas (Katz, 2007: 18). Por lo tanto, se presentaban contradicciones no antagónicas entre los empresarios internacionalizados, fundamentalmente de origen norteamericano, y los articulados materialmente a los mercados regionales y locales.

En los países de América Latina, en su mayoría con una canasta exportadora vinculada a la agroproducción, esa discrepancia se manifestaba concretamente entre los sectores agroexportadores que deseaban un mayor acceso al mercado de Estados Unidos y, al contrario, los grupos industriales locales que –aunque en muchas oportunidades asociados en términos dependientes con las transnacionales– perecerían ante una

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avalancha de productos importados a menor costo, provenientes de la principal economía del planeta: USA. Al mismo tiempo, el objetivo que buscaban alcanzar los agroexportadores con la firma del ALCA era el incremento del acceso al mercado de los Estados Unidos, algo que era obstaculizado por la política de subsidios que este país mantiene a sus productores agrícolas. Situación que debilitó las negociaciones entre los principales países de la región con el promotor del ALCA (Regueiro, 2008: 150). Al menos Argentina y Brasil, países con economías que tienen una estructura exportadora asentada en alimentos, entre ellos cereales y bienes agrícolas manufacturados, presentaban quejas ante la imposibilidad de acceder a la liberalización comercial de USA; porque sería imposible competir con una agricultura subsidiada como la norteamericana.

Cabe destacar que las disputas alrededor del acuerdo comercial también se presentaron en un plano gubernamental. En este sentido, los gobiernos de Néstor Kirchner en Argentina, Luiz Ignacio “Lula” Da Silva en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela, mantuvieron importantes críticas a la propuesta de construir un Área de Libre Comercio para todo el continente (Ticehurst, 2009: 95). Los dos primeros buscando una negociación comercial más equitativa, el segundo denunciando en su totalidad el carácter asimétrico del ALCA y del libre comercio.

En el caso del gobierno de Brasil, en palabras de Lourdes Regueiro (2008: 248-249), las discrepancias con la implementación del ALCA expresaban los intereses comerciales de los agroexportadores brasileños; que observaban que la liberación comercial continental no podía generar beneficios económicos para sus empresas, porque los Estados Unidos mantenían la comentada política de apoyo y subsidios a sus productores agrícolas. Igualmente, las autoridades gubernamentales brasileñas estaban convencidas de que las prácticas proteccionistas y discriminatorias a los bienes agrícolas originarios de su país, empleadas por el principal incentivador del convenio comercial continental, no serían eliminadas.

En cambio, la posición del Gobierno venezolano expresada en su documento oficial para la Cumbre de las Américas realizada en Miami

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en 2003, planteaba que el ALCA es un proyecto comercial de carácter neoliberal; que implica constituir al mercado en el único elemento regulador de la vida y la privatización de derechos sociales como la educación y la salud (Memorándum, 2003: 6-7).

Las críticas gubernamentales descritas tienen un horizonte político distinto, mientras Brasil mantenía desconfianza alrededor de la proporcionalidad del proceso de liberalización económica y comercial que promovía el ALCA; por otro lado: • Venezuela esgrimía una crítica estructural relacionada con el sustento ideológico de la articulación comercial, es decir, con la liberalización económica y el carácter neoliberal de la propuesta de integración norte-sur analizada.

Simultáneamente, movimientos sociales latinoamericanos, organizados en la Alianza Social Continental, desarrollaban un conjunto de acciones que permitieron que las discusiones y debates en torno del ALCA, de manera progresiva, se convirtieran en un hecho público importante. Además, realizaron movilizaciones protestando por la aplicación del mencionado acuerdo comercial, en las que se articulaba a diversos sectores, tales como trabajadores, indígenas, campesinos, académicos, ecologistas y organizaciones feministas (Lander, 2004: 47).

De esta manera, según Seoane y Taddei (2003: 86), sectores de la clase trabajadora latinoamericana realizaron un plenario con la participación de alrededor de 200 delegados sindicales, constituyendo el Comité de Enlace de los Trabajadores de las Américas en la lucha por frenar el ALCA. Organización proletaria que incentivó en distintos países de Nuestra América campañas que denunciaban los problemas que generaría la flexibilización y precarización laboral estipulada en el ALCA. Asimismo, para evidenciar la desaprobación que mantenía el ALCA en los países de América Latina se emplearon instrumentos relacionados con el ejercicio del derecho a la participación ciudadana como Referéndums consultivos no vinculantes. Por lo tanto, en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, entre otros países, se

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desarrollaron las denominadas “Consultas Populares” anti-ALCA, que le preguntaban a la sociedad en general su posición acerca de la implementación del convenio económico-comercial neoliberal (Echaide, 2005: 4).

Con algunos sectores empresariales, varios gobiernos nacionales y los movimientos sociales en desacuerdo con el proceso de apertura económica y comercial continental, se modelaba un escenario complicado para la continuación de las negociaciones internacionales que deberían desembocar en la firma e implementación del ALCA. En este contexto, con el crecimiento de la conflictividad entre aquellos que apoyaban y criticaban al ALCA, se desarrolló la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005, específicamente, el 3 y 4 noviembre.

En la referida cumbre internacional, en términos de De la Cueva (2006: 81), el gobierno de los Estados Unidos –encabezado por el presidente George W. Bush– realizó su último esfuerzo para lograr la reactivación de las actividades necesarias para constituir el Área de Libre Comercio Continental; sin embargo, la magnitud del desacuerdo que tenía el ALCA derivó en la suspensión y, posterior, eliminación de las negociaciones para su constitución. El colapso del ALCA por la desaprobación generalizada que sufría, generó que emergiera la posibilidad y necesidad de pensar y promover unas nuevas formas de insertar internacionalmente a América Latina en un sistema económico mundial con altos niveles de relacionamiento global. No bastaba con criticar y denunciar el acuerdo comercial hemisférico, sino que se tornaba pertinente estructurar propuestas de articulación regional diferentes.

Es así como los gobiernos del Cono Sur –fundamentalmente Argentina y Brasil–, bajo el liderazgo y las coincidencias de sus presidentes (Lula Da Silva y Kirchner), comienzan con un proceso de revitalización del Mercosur, para fortalecer un bloque de integración que prioriza el ámbito comercial; que les permita incrementar sus capacidades y posibilidades de negociación para lograr mayor acceso a los mercados internacionales (Katz, 2007: 52). Además, se proponen incorporar al Mercosur un ámbito de acción denominado “social”, ampliando la agenda política

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y social de la referida experiencia integracionista; asumiendo la necesidad de coordinar en un nivel subregional las políticas gubernamentales asistencialistas y crear mecanismos de participación de la “sociedad civil” en las decisiones vinculadas a la integración (Geneyro y Vázquez, 2006: 10).

Por otro lado, las Repúblicas de Venezuela y Cuba con la firma de una declaración conjunta promueven la constitución de la ALBA en 2004; expresando lo siguiente: Subrayamos que el Área Libre de Comercio para la Américas (ALCA) es la expresión más acabada de los apetitos de dominación sobre la región y que, de entrar en vigor construiría la profundización del neoliberalismo y crearía niveles de dependencia y subordinación sin precedentes (Documento oficial ALBA-TCP, 2004: 2).

Entonces, es evidente que el mencionado proceso de integración se constituye con una fuerte crítica al ALCA, planteando su carácter neoliberal y manifestando que promovería mayores niveles de subordinación y dependencia; mientras en el mismo documento expresa que la ALBA-TCP se constituye en “…la verdadera integración latinoamericana y caribeña, basada en la justicia…”. En ese escenario histórico, lleno de disputas y contradicciones alrededor de la necesidad de la integración latinoamericana, nace la ALBA-TCP con la intención de diferenciarse diametralmente del ALCA; expresando en la declaración citada que “el principio cardinal que debe guiar la ALBA es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe”(Documento oficial ALBA-TCP, 2004: 2).

Por otra parte, evidenciando las diferentes posiciones alrededor de la integración en América Latina, por la correlación de fuerzas de las clases y fracciones de la mismas en lucha, algunos países latinoamericanos firmaron e implementaron conjuntamente con los Estados Unidos Tratados de Libre Comercio (TLC) como Chile (2004), Centro América

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(2004), República Dominicana (2006), Perú (2009) y Colombia (2011) (Parra Luzardo, 2007: 31). Desarrollando formas de articulación asentadas en las ideas y prácticas de la integración que hemos definido como hegemónica. Es importante rescatar el caso de Costa Rica, en el cual se realizó un referéndum en 2007 para decidir sobre la firma del TLC con Estados Unidos; obteniendo la aprobación del 51% de los electores en el marco de una participación del 60% del padrón electoral, logrando una legitimidad política muy limitada por el porcentaje de votación alcanzado en el marco de una democracia representativa (Vargas Cullell, 2008: 151).

La situación aludida demuestra que la integración hegemónica y la contra-hegemónica mantienen, paralelamente, presencia en la región.

De esa manera se desarrolla una disputa alrededor de los principios, ideas y prácticas que deberían orientar las iniciativas de integración en América Latina. Por un lado, los TLC con Estados Unidos, Europa y China, en el medio una forma de integración desarrollista de carácter subregional como el Mercosur, finalmente la construcción de dinámicas de complementación integral como la ALBA-TCP. En consecuencia, nos parece muy vigente el debate político y académico alrededor de los procesos de integración actuales e históricos.

Fundamentos históricos de la ALBA-TCP: el Libertador Simón Bolívar y el Apóstol José Martí

Después de revisar brevemente el contexto histórico mundial (globalización) y regional (ALCA) en el cual nace la ALBA-TCP, continuaremos el presente capítulo puntualizando cómo las ideas del Libertador Simón Bolívar y José Martí referidas a la unidad latinoamericana, a partir de los documentos oficiales del proceso de integración investigado, son consideradas parte de los fundamentos históricos de la ALBA-TCP. Es decir, ofrecen una legitimidad histórica a la experiencia integracionista.

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En este sentido, encontramos que la ALBA-TCP hace suyo el legado histórico y las ideas aportadas por dos próceres latinoamericanos: el Libertador Simón Bolívar y el denominado Apóstol José Martí. Ambos principales figuras de la lucha por la independencia de los dos países, Venezuela y Cuba, que iniciaron el proceso de integración en 2004.

“Ambas delegaciones hacen formal compromiso de no escatimar esfuerzos hasta alcanzar el sueño de Bolívar y Martí de una América Latina y el Caribe, unida e integrada” (ALBA-TCP, 2005: 3).

En este sentido, como vemos en la declaración oficial de la Segunda Cumbre de la ALBA-TCP, las delegaciones de Cuba y Venezuela, países que comenzaron la tentativa de articulación regional estudiada, sostienen como horizonte político los planteamientos elaborados alrededor de la unidad y la integración latinoamericana por Bolívar y Martí.

Personajes que por sus significativos aportes tienen un alcance regional, pero que al mismo tiempo expresan las tradiciones políticas integracionistas venezolanas y cubanas. Además, en el primer documento oficial de la ALBA-TCP, la declaración conjunta entre Cuba y Venezuela de 2004 sostiene: La ALBA no se hará realidad con criterios mercantilistas ni intereses egoístas de ganancia empresarial o beneficio nacional en perjuicio de otros pueblos. Solo una amplia visión latinoamericanista, que reconozca la imposibilidad de que nuestros países se desarrollen y sean verdaderamente independientes de forma aislada, será capaz de lograr lo que Bolívar llamó “ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza, que por su libertad y gloria” y que Martí concibiera como la “América Nuestra” para diferenciarla de la otra América, expansionista y de apetitos imperiales (Documento oficial ALBA-TCP, 2004: 3).

Entonces, como vemos en la cita, cuando la integración hegemónica norte-sur busca su legitimidad en los supuestos beneficios comerciales generados por la apertura económica y comercial de las economías

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mundiales, tanto centrales como periféricas, sin importar las asimetrías y diferencias, la ALBA-TCP emplea el legado histórico unitario de los países articulados, intentando evidenciar la importancia en el pasado y en el presente de los esfuerzos integradores en Nuestra América.

Bolívar y la unidad de la América Meridional

El Libertador Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas en la Venezuela colonial. En su trayecto vital, que terminó el 17 de diciembre de 1830, participó como principal figura política y militar en los procesos de independencia del imperio español de los actuales territorios de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y su natal Venezuela.

Bolívar planteó que existían las condiciones históricas y culturales para promover la unidad de las colonias que luchaban por su independencia y que posteriormente se constituyeron en Repúblicas; por lo tanto, observaba una identidad común que permitía la construcción de una sola nación. Idea que podemos ver en la denominada Carta de Jamaica, escrita el 15 de septiembre de 1815, después de la derrota de la Segunda República venezolana; Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederara a los diferentes que hayan de formarse… (Bolívar, 2009: 108).

En el mismo documento elaborado con un sentido programático, aporta más sustento a la idea de la unidad regional, sosteniendo que las colonias españolas tienen similitudes en su estructura económica, evidenciando una relación metrópoli-colonia que imponía formas de intercambio y vínculos comerciales totalmente desfavorables para las economías locales. Dicha situación requería la construcción y ejecución

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de una respuesta mancomunada por parte de las nacientes Repúblicas para alcanzar la independencia política y económica.

Los americanos en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo y, cuando más, el de simples consumidores; y aún esta parte coartada con restricciones chocantes; tales son la prohibición del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de fábricas que la misma Península no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad; las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, entiendan, ni negocien…(Bolívar, 2009: 94).

Por lo tanto, el prócer latinoamericano, comprendiendo las semejanzas de la región, asumiendo la necesidad de la unidad y la integración propone, como vimos en los antecedentes históricos, la construcción de una nación denominada Colombia, que permitiría unificar a las nacientes Repúblicas de la Nueva Granada y Venezuela, y posteriormente a Quito, actual Ecuador. Proyecto que termina alcanzando en octubre de 1821, seis años después de presentar la propuesta, con la estructuración de la Gran Colombia en el marco del Congreso de Cúcuta; después de las importantes batallas de Boyacá (1919) y Carabobo (1821), que redujeron a la mínima expresión la presencia militar de los españoles en los territorios unificados por el mencionado Congreso.

Además, con una visión de integración regional, Bolívar promueve la convocatoria de una instancia que permita confederar las Repúblicas nacidas de las luchas de independencia; porque en su concepción político-militar la unidad debía lograr las condiciones que garantizarían la perduración de la autonomía y soberanía alcanzadas mediante la guerra.

En ese sentido, convoca en 1824 al Congreso Anfictiónico de Panamá:

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Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América, por obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos (Bolívar, 2009: 41).

Entonces, entiende que la unidad debe establecerse por las Repúblicas americanas (excolonias españolas) definiendo una amplitud para la integración regional en su época; es decir, la unificación se proyecta para la denominada por Simón Bolívar “América Meridional” (Pividal, 2009: 151). Idea bolivariana que se contrapone, antes de su surgimiento, al panamericanismo y a la articulación asimétricamente entre la América Anglosajona y la Latina. La unidad desde la perspectiva del Libertador, según el lenguaje académico actual, era sur-sur y no norte-sur.

Finalizando la presentación de los planteamientos de Bolívar, que se visualizan como fundamentos históricos de la ALBA-TCP, es interesante resaltar una idea del estadista venezolano que expresaba su concepción de la confederación que debía nacer del Congreso Anfictiónico de Panamá: El nuevo mundo se constituirá en naciones independientes, ligadas todas por una ley común que fijase sus relaciones externas y les ofreciese el poder conservador en un congreso general y permanente… Ninguna sería débil con respecto a otra: ninguna sería más fuerte (Bolívar, 2009: 48).

Así, en el marco lenguaje de la época, resalta la importancia de constituirse en naciones independientes que lograrán, mediante la creación de una legislación regional, regular las relaciones internacionales logrando una integración entre iguales y soberanos. Por ello, ninguno tendría mayor relevancia política y económica que los otros países. Esa idea

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bolivariana creemos que se vincula con la construcción de una unidad latinoamericana que reduzca las asimetrías y no profundice las desigualdades existentes entre las sociedades y economías de la región.

José Martí y su aporte conceptual a la integración latinoamericana

José Martí nació el 28 de enero de 1853 en la ciudad de La Habana, en la Cuba colonial. En el desarrollo de su vida, terminada el 19 de mayo de 1895 en medio de una batalla de la segunda etapa de la guerra de independencia cubana, participó como líder intelectual de las fuerzas patriotas que intentaban emancipar a la mayor de las islas caribeñas del siempre decadente imperio español.

En correspondencia con su activismo político, vinculado con la divulgación de ideas y proyectos que legitimaran la independencia de su país, desarrolló un conjunto de esfuerzos intelectuales que planteaban la existencia de una identidad común en la América Latina, denominada por él Nuestra América.

Toda obra nuestra, de Nuestra América robusta, tendrá, pues, inevitablemente el sello de la civilización conquistadora; pero la mejorará, adelantará y asombrará con la energía y creador empuje de un pueblo en esencia distinto, superior en nobles ambiciones (…)

(Martí, 1974: 347).

Por lo tanto, el prócer cubano encuentra diferencias entre la América del Norte y Nuestra América, que requiere desarrollar sus capacidades para alcanzar sus intereses y “nobles ambiciones”; evidenciando elementos provenientes de la “civilización” española que son distintos a la anglosajona. Es así como José Martí –siguiendo las ideas bolivarianas– sostiene la existencia de dos Américas distintas, con formas culturales, desarrollos y necesidades antagónicas (Pividal, 2009: 169).

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Además, por su oficio de periodista comprometido con la unidad de la América Latina, intervino en la cobertura informativa de la Conferencia Internacional Americana acontecida en Washington (18891890); demostrando su recelo ante el proyecto de integración entre las dos Américas propuesto por los Estados Unidos: la Unión Panamericana. El referido proceso que, como vimos en los antecedentes, planteaba la articulación económica y comercial de las Américas Anglosajona y Latina.

Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder (Martí, 1974: 250).

Cabe destacar que, en un período de hegemonía de la concepción panamericanista de la integración de las Américas, particularmente a finales del siglo XIX y principios del XX, el intelectual caribeño tuvo la capacidad para reflexionar sobre los peligros del “convite” realizado por los Estados Unidos a los otros países del hemisferio. Exponiendo con crudeza que los intereses concretos que buscaban los promotores de las conferencias americanas era la ampliación de su dominación política y económica, encontrando más mercados que compraran sus productos, algo que visualizaron las delegaciones de Argentina y México obstaculizando la posibilidad del avance del proyecto norteamericano (Rapoport, 2000: 53).

Comprendiendo las particularidades expansionistas en términos políticos y económicos de los Estados Unidos en el continente americano, José Martí denuncia la unidad desigual y asimétrica entre dos “naciones” que tienen intereses antagónicos; por lo tanto, plantea que es un peligro la integración entre las dos Américas, recuperando el proyecto bolivariano de la unificación de América Latina que, de acuerdo a su perspectiva,

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debía revitalizarse como Nuestra América (Guerra y Maldonado, 2000: 73-74).

Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hoy: ¡porque Bolívar tiene qué hacer en América todavía! (Martí, 2005: 272).

En este sentido, podemos sostener que Martí se inscribe en la tradición latinoamericanista de Simón Bolívar, cuando en la cita rescatada de su aporte intelectual evidencia su admiración por la figura del otro prócer caribeño, manifestando que su obra se mantiene inconclusa; porque todavía Nuestra América carece de la necesaria unidad. De tal forma que el proyecto unitario latinoamericano y la integración enmarcada en la ALBA-TCP pueden complementar el legado bolivariano y martiano en correspondencia con sus grandes coincidencias.

La unidad de Nuestra América debe ser alcanzada, según las ideas del pensador cubano, en el marco de la lucha por la denominada segunda independencia; reconociendo las importantes semejanzas de las antiguas colonias españolas e identificando las diferencias con la América Anglosajona, que con el proyecto panamericanista nos invitaba en la época de Martí, e invita con los Tratados de Libre Comercio, a un “convite” modelado a sus necesidades e intereses.

La delimitación territorial realizada por Simón Bolívar y José Martí, con sus posiciones alrededor de la unidad de la América Meridional y de Nuestra América, en los primeros años del siglo XIX y principios del XX respectivamente, tiene una vinculación con la estructura conceptual que empleamos para definir la integración contra-hegemónica en el primer capítulo de la investigación: economía-mundo, centro-periferia, dependencia, desarrollo autónomo, desconexión y autodeterminación democrática. Entendiendo que en la actualidad la integración de América Latina debería realizarse entre sus propios países, economías,

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Estados y pueblos; buscando el desarrollo autónomo de la región y un relacionamiento distinto con las regiones desarrolladas del mundo (desconexión).

Definición y principios generales de la ALBA-TCP

En el presente apartado realizaremos una aproximación integral a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), para constituir una definición general y coyuntural que identifique los elementos esenciales de la tentativa de integración bolivariana. Para ello, resulta fundamental reconocer su condición de proceso de articulación y unificación en construcción, por lo cual mantiene una vigencia y carácter actual, que se expresa en una tensión entre su institucionalización y su construcción cotidiana, que trae aparejados cambios constantes que trastocan una definición cerrada y hermética de la ALBA-TCP. Por ejemplo, su nombre cambió de Alternativa a la posterior Alianza, y además se le incorporó como dimensión constitutiva de la misma el llamado Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP).

En este sentido, para la construcción de la mencionada definición, realizaremos una revisión de documentos oficiales de la ALBA-TCP, entre ellos las declaraciones conjuntas de sus distintas cumbres, las acontecidas desde el 2004 hasta el primer trimestre del 2012. Al mismo tiempo, revisaremos las interpretaciones formuladas por algunos autores que han comenzado con un proceso de investigación general alrededor de la referida experiencia integracionista, tales como Fernando Bossi (2007), Néstor Romero Méndez (2007), Alberto Sosa (2007), Judith Valencia (2007), Claudio Katz (2007 y 2008b), Jaime Estay Reyno (2007 y 2008), Plinio de Arruda Sampaio (2008), Atilio Boron (2008a), Julio Gambina (2008), Osvaldo Martínez (2008), Nildo Ouriques (2008), Lourdes Regueiro (2008), Rogelio Churata (2009) y Simón Ticehurst (2009).

La ALBA-TCP tiene su hecho fundacional en el acuerdo bilateral firmado por las Repúblicas de Cuba y Venezuela en el 2004; agregándose,

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posteriormente, Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Honduras (2008)37, Dominica (2008), Ecuador (2009), Antigua y Barbuda (2009) y San Vicente y las Granadinas (2009) (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 4-5). Constituyéndose en un proceso de integración nuevo en la región, con presencia de países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, con un carácter territorial regional.

De esta manera, partiendo de sus postulados entendemos a la ALBA-TCP como: • un proceso de unificación regional que tiene un carácter integral, porque parte de la necesidad de desarrollar conjuntamente programas sociales, culturales y económicos de los Estados participantes; orientados a la construcción de vínculos entre las sociedades, Estados y economías de los países asociados. Estas relaciones efectuadas en el marco de principios y prácticas de complementariedad, cooperación y solidaridad tienen como objetivo esencial coadyuvar a la solución de los problemas sociales y económicos que padecen los pueblos de la región mediante el desarrollo autónomo compartido.

Es así como, desbordando la integración tradicional y librecambista que descansa en la construcción de una mayor interacción comercial y la creación de mayores oportunidades para los negocios de las trasnacionales, se intenta –con un proceso que involucra tanto avances como retrocesos– estructurar y planificar mancomunadamente un conjunto de políticas que orientan una integración y unificación integral que desarrolla pronunciamientos políticos, proyectos sociales, culturales y económicos; estrategias de cooperación humanitaria y acuerdos económicos-comerciales de complementariedad y desarrollo conjunto (Romero Méndez, 2007: 224). Algo que observamos en el siguiente 37 La República de Honduras fue retirada de la ALBA-TCP por las autoridades de facto que asumieron el control del país, después del golpe de Estado aconte-

cido en julio de 2009 que destituyó violentamente al gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya.

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fragmento de un documento oficial de la ALBA-TCP, particularmente, la V Cumbre (2007, 3): La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos de sus recursos naturales –incluido su potencial energético–, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, ha demostrado su fuerza y viabilidad como una alternativa de justicia frente al neoliberalismo y la inequidad.

En este sentido, la ALBA-TCP se plantea entre los principios que deben direccionar su experiencia de articulación regional a la solidaridad, cooperación y complementariedad. Estructurando características que, en términos axiológicos, consideramos contra-hegemónicas, porque implican desplazar a la competencia propia del libre comercio como eje central y necesario de la integración. Es decir, se intenta evidenciar la importancia de la superación de las asimetrías y la edificación de relaciones concretas mutuamente beneficiosas (Boron, 2008a: 106). Una integración que, según Alberto Sosa (2007: 30), necesita asumir un modelo asociativo horizontal y no organizativo jerárquico entre las Repúblicas que hacen parte del mismo.

Realidad que, de acuerdo a Fernando Bossi (2007: 15), es factible y viable con el aprovechamiento racional de los significativos recursos naturales de la región, especialmente, de los países miembros de la ALBA-TCP. Colocándolos al servicio de las necesidades de sus pueblos en correspondencia con los intereses y prioridades materiales y culturales de los mismos a partir de su administración y manejo por parte del Estado. De esta manera, indicamos una vinculación concreta con la categoría de autodeterminación democrática expuesta en el primer capítulo,

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especialmente con la necesidad de tener la capacidad para definir autónomamente el proceso de desarrollo enmarcado en las potencialidades productivas. Idea puntualizada por la ALBA-TCP en su X Cumbre, ocurrida en la localidad de Otavalo en Ecuador. En ella se expresa lo siguiente: Expresamos que el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos (Documento oficial ALBA-TCP, 2010b: 5).

Como queda señalado en el citado párrafo, hay una recuperación de la importancia del Estado en los procesos de integración, particularmente, en su rol como actor económico que administra y planifica el aprovechamiento y desarrollo conjunto de los recursos naturales de los países integrantes de la ALBA-TCP. Aquí encontramos una gran diferencia con el libre comercio que debilita y construye una funcionalidad distinta del Estado en la integración. Una actuación estatal en el librecambismo más vinculada con la creación de las condiciones para incentivar los flujos comerciales y la liberalización de las economías, a partir de la privatización de sus propiedades (empresas) y entidades públicas (salud, educación, transporte, entre otras) (Katz, 2007: 98). Así, buscando una integración alternativa a la tradicional que tiene un signo neoliberal, se plantea el control por parte del Estado de los recursos naturales.

Igualmente, como vimos en la primera cita del apartado, la dinámica unitaria alrededor de la ALBA-TCP mantiene un carácter antineoliberal y por ende emerge como contra-hegemónica a la integración librecambista; porque cuestiona la supremacía del mercado y su centralidad como mecanismo regulador y organizador de la economía, política, cultura y sociedad, en fin, de la vida toda (Martínez, 2008: 217-218).

Afirmación realizada en la V Cumbre de la ALBA-TCP en Venezuela:

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La ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición consciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente (Documento oficial ALBA-TCP, 2007a: 2).

En este sentido, el fragmento del texto oficial puntualizado evidencia que los asociados a la ALBA-TCP privilegian la voluntad política antes que al mercado, es decir, suponen que se requiere definir conscientemente un conjunto de objetivos, estrategias y acciones desarrolladas en la experiencia de articulación regional analizada que deberían vincularse con la superación de la pobreza, exclusión social y diversos problemas que padecen las grandes mayorías latinoamericanas (Ticehurts, 2009: 99). Evitando la desigualdad y la exclusión propia de las dinámicas y relaciones sociales efectuadas en correspondencia con la lógica del mercado capitalista.

La voluntad política implica coincidencias programáticas e ideológicas entre los miembros de la ALBA-TCP, situación que se visibiliza a través de los pronunciamientos políticos de la analizada tentativa integracionista. Esta afinidad se evidenció en diferentes oportunidades concretas en las cuales se colocó en serio peligro la democracia, la soberanía nacional y la paz en América Latina y en el mundo; tales como 1. la denuncia del golpe de Estado en Honduras (Documento oficial ALBA-TCP, 2009a: 1); 2. la solicitud del fin del bloqueo económico y comercial a Cuba (Documento oficial ALBA-TCP, 2009b, 1); 3. el apoyo al diálogo entre Costa Rica y Nicaragua (Documento oficial ALBA-TCP, 2009c: 1); 4. la condena del intento del golpe de Estado en Ecuador (Documento oficial ALBA-TCP, 2010a: 1);

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5. el rechazo a la agresión militar a Libia (Documento oficial AL-

BA-TCP, 2011b: 1), entre otros.

Así pues, puede afirmarse que en todas estas situaciones se ratificó una cierta coordinación en la política exterior de los Estados soberanos de la ALBA-TCP, con posicionamientos ante distintas problemáticas y acontecimientos de carácter regional y mundial.

Por otra parte, confirmando el carácter integral de la tentativa integracionista, el esquema mancomunado regional se propone “el rescate y protección de nuestros patrimonios, culturas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes” (Documento oficial ALBA-TCP, 2010b: 6). Es decir, a la legitimidad histórica aludida anteriormente, en el análisis de los aportes de Simón Bolívar y José Martí a la unidad latinoamericana, se le intenta incorporar el legado y el presente cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Algo totalmente novedoso porque, sin verlos como posibles consumidores, son visibilizados desde sus conocimientos tradicionales y reivindicados en la experiencia articuladora bolivariana.

Igualmente, en el marco de su integralidad y condición de proceso contrahegemónico, se consideran nuevos sujetos sociales movilizadores de la dinámica de articulación regional investigada, distintos a los que participan tradicionalmente en la integración: empresarios, transnacionales, funcionarios públicos y gobernantes. Por ello, identificamos que en el Encuentro de Movimientos Sociales enmarcado en la V Cumbre de la ALBA-TCP se planteó que: Los movimientos sociales y fuerzas políticas latinoamericanos y del Caribe reunidos por primera vez con los representantes de gobiernos de la ALBA… reiteramos nuestro apoyo y compromiso de unión de los Pueblos de la América Latina y del Caribe con el proceso de integración política e ideológica enmarcada en la ALBA (Documento oficial ALBA-TCP, 2007b: 2).

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Entonces, se considera que los procesos de integración y articulación regional no son realidades importantes solo para los empresarios, transnacionales y funcionarios públicos; pues ingresan a la construcción de la ALBA-TCP sujetos sociales que expresan intereses y necesidades públicas diferentes, manteniendo proyectos integrales propios: los movimientos sociales y organizaciones populares (Gambina, 2008: 21). Situación de que nos percatamos en el mismo nombre de la ALBA-TCP, cuando hace referencia a una Alianza Bolivariana para los “Pueblos” de Nuestra América y, al mismo tiempo, manifiesta un Tratado de Comercio de los “Pueblos”. En definitiva, se resalta en términos discursivos a los pueblos como destinatarios y constructores de la integración bolivariana.

Estructura institucional de la ALBA-TCP

Después de puntualizar la definición general de la ALBA-TCP, entendiendo sus principios a través de la revisión de sus principales documentos oficiales, es decir, aquellos originados en las cumbres presidenciales; enunciaremos y explicaremos brevemente la estructura institucional del proceso de integración bolivariana para, posteriormente, avanzar en el análisis de las competencias y funciones del Consejo Económico que gestiona las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP. En este sentido, cualquier proyecto de integración necesita de un diseño institucional ajustado a sus fines y objetivos, con la finalidad de obtener una concordancia entre lo programado y el instrumento concreto que debe lograr, es decir, un vínculo material entre lo político y lo orgánico (Daly Gimón, 2007: 101). Por ello, la ALBA-TCP, caracterizada como una experiencia integral de unificación regional, tiene una estructura con las referidas particularidades compuesta principalmente por el Consejo Presidencial, Consejo Político, Consejo Social, Consejo Económico, Consejo de los Movimientos Sociales y, de forma operativa, la Coordinación Permanente (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 8).

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Dicha institucionalidad tiene como principal organización de dirección al Consejo Presidencial, el cual emite decisiones y ejerce los principales compromisos políticos del proceso de integración. Esta instancia –que se reúne en las cumbres ordinarias y extraordinarias de la ALBA-TCP– se encuentra integrada por los jefes de Estados y de gobierno de los países miembros. Además, los otros Consejos (político, social y económico) subordinados al primero, se constituyen con los ministros de los distintos países integrantes que tienen responsabilidades en las funciones relacionadas: cancilleres, ministros del área social y ministros del área económica.

Consejo Político: está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los países participantes de la ALBA-TCP, y mantiene entre sus responsabilidades la evaluación y supervisión de la totalidad del proceso de articulación regional, teniendo la obligación de realizar un seguimiento a la aplicación de las decisiones asumidas por los Jefes de Estado y gobierno en las Cumbres del Consejo Presidencial.

Consejo Social: en este intervienen los ministros de educación, salud, vivienda, deporte, cultura, igualdad de género, entre otros. Gestionando las políticas gubernamentales que en las áreas sociales desarrollan los miembros de la ALBA-TCP, así como las misiones que ejecutan mancomunadamente mediante los denominados Proyectos Grannacionales.

Los cuales son importantes programas conjuntos en materia de salud, educación y cultura; tales como la Misión Milagro, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, el Programa de Alfabetización, los Juegos Deportivos ALBA, el Fondo Cultural de la ALBA, el Programa de Cooperación y Solidaridad con Haití, entre muchos otros que no profundizamos porque superan el objeto de estudio del presente trabajo (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 29-35).

Consejo de Movimientos Sociales (CMS) de la ALBA-TCP: se conforma por un conjunto de organizaciones populares y sociales de los países participantes del esquema de integración, además de otras

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que se encuentran en países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Perú. Se considera una institucionalidad autónoma de los gobiernos de la ALBA-TCP, antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista. Dicha instancia debe presentar propuestas y participar en el desarrollo de la dinámica de articulación regional (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 9).

Consejo Económico: se compone de los ministros de economía, hacienda, industria, comercio, desarrollo y planificación de los países asociados a la ALBA-TCP. Las responsabilidades del mismo son la construcción de una Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), en el marco del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), la edificación de las empresas grannacionales y el Banco de la ALBA, así como la administración del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). En resumen, todas las políticas productivas, comerciales y financieras de la ALBA-TCP (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 9).

Oficina de Coordinación Permanente, esta cumple funciones y tareas que tienen un carácter eminentemente administrativo, encontrándose formada por funcionarios públicos asignados por sus respectivos Gobiernos para desarrollar las actividades operativas y cotidianas de la tentativa integracionista.

Descripción de los fundamentos de las políticas productivas, comerciales y financieras de la ALBA-TCP

En las partes del capítulo donde hemos examinado distintos documentos oficiales de la ALBA-TCP, a lo largo de su desarrollo se asume internamente al referido proceso de integración desde su condición de alternativa; por ello, queremos en el presente apartado realizar una aproximación a las políticas productivas, comerciales y financieras del esquema integracionista para visualizar cómo se articulan y manifiestan sus características contra-hegemónicas.

De esta manera, en términos generales, partimos desde la posición oficial de la ALBA-TCP que se plantea la necesidad de construir formas

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de integración económicas, comerciales y financieras alternativas y contra-hegemónicas; porque esgrimen, como vimos anteriormente, una crítica al neoliberalismo y al libre comercio. Concretamente incentivan el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) que propone como objetivo estructurar una Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC); un espacio económico y comercial que se constituye mediante relacionamientos productivos y comerciales complementarios (Documento Oficial ALBA-TCP, 2009d: 2).

Por lo tanto, implica promover intercambios de bienes y servicios excedentarios, así como instalar empresas grannacionales con inversiones y beneficios conjuntos, promovidos materialmente por una nueva institucionalidad financiera: el Banco de la ALBA. Una triada productiva, comercial y financiera que tendría la posibilidad de articular un proceso de desarrollo autónomo mutuo, orientado a la satisfacción de las necesidades de los pueblos. Planteamiento que vemos en el siguiente documento oficial: Confirmamos nuestro compromiso de hacer realidad el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), afirmando la soberanía de los países de la región y la construcción de un modelo alternativo de soberanía económica expresado en una Nueva Arquitectura Financiera (sucre, Banco y Fondo de la ALBA) para consolidar un sistema de intercambio y cooperación recíproco, solidario, participativo y complementario… (Documento oficial ALBA-TCP, 2010b: 4).

Entonces, empezaremos analizando con cierta profundidad al TCP, como marco general que posteriormente nos permitirá puntualizar las tres estrategias concretas de la ALBA-TCP: 1. Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), 2. las empresas grannacionales, 3. el Banco de la ALBA y el sucre.

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Asimismo, sopesaremos hasta qué punto, o en qué medida, se continúa privilegiando el comercio antes que el desarrollo autónomo, algo propio de la integración hegemónica; porque en la articulación bolivariana la ZEDC es parte del TCP, es decir, el desarrollo es lo particular y lo general es el supuesto comercio de los pueblos.

El Tratado de Comercio de los Pueblos: una revisión desde sus principios y lineamientos

Empezaremos analizando los principios del TCP, incluidos en el documento oficial “Principios Fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos” (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e). Lineamientos que tienen una cantidad significativa –son veinte y tres (23)–, algunos se insertan como complementarios de aquellos que plantean el horizonte general del TCP, por lo tanto, decidimos estudiar los principios fundamentales para entender las características axiológicas y concretas del tratado aludido. Partiendo de un fragmento del referido texto oficial; Constatando que es cada vez más necesario implementar políticas que incentiven el intercambio comercial como instrumento de unión de los pueblos asociado al desarrollo productivo entre nuestros países, identificando nuevos esquemas y mecanismos de intercambio económico, así como nuevos actores para el beneficio de las mayorías excluidas (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e: 1).

Por lo tanto, empezamos revisando y sintetizando el tercer enunciado: comercio complementario y soberano entre los pueblos, las naciones y empresas. Planteamiento que presupone potenciar relaciones comerciales que favorezcan a los países con menor nivel de desarrollo a través de un trato preferencial como sostiene el principio número cinco del TCP, y además a los sectores con menores ingresos de la sociedad, vislumbrando como objetivo combatir la pobreza y la desigualdad social. Esto en correspondencia con intercambios complementarios que reconozcan

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las fortalezas comerciales de los países miembros, proyectando conectar procesos de colaboración científico-técnicos que aprovechen las distintas potencialidades y capacidades a partir de la transferencia tecnológica y el acompañamiento técnico. Para ello, los países de la ALBA-TCP entienden sus diferencias y asimetrías no para potenciarlas en el marco de la competencia, sino para aprovecharlas con la complementariedad comercial y tecnológica. Definiendo en el principio número once del TCP una política arancelaria que tienda a La eliminación entre nuestros países de todas las barreras que constituyan un obstáculo a la complementación, permitiendo a los países subir sus aranceles para proteger a sus industrias nacientes, o cuando consideren necesario para su desarrollo interno y el bienestar de su población con el fin de promover una mayor integración entre nuestros pueblos. Desgravaciones arancelarias asimétricas y no recíprocas que permiten a los países menos desarrollados subir sus aranceles para proteger a sus industrias nacientes, o cuando consideren necesario para su desarrollo interno y el bienestar de su población (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e: 4).

En ese sentido, se intenta edificar mecanismos de integración y relacionamiento productivo y comercial enmarcados en procesos de complementación alineados a proyectos de desarrollo interno, alejándose, por lo menos en sus vínculos, de la siempre alentada competencia y al mismo tiempo de las desgravaciones simétricas entre países con niveles de desarrollo asimétricos. Planteándose promover una forma de inserción comercial alternativa realmente integradora. Algo que se evidencia en el fragmento presentado a continuación contenido en la Declaración de la V Cumbre de la ALBA-TCP: …un modelo de desarrollo independiente que priorice la complementariedad económica regional, haga realidad la voluntad de promover el desarrollo de todos y fortalezca una cooperación

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genuina basada en el respeto mutuo y solidaridad… (Documentos oficiales ALBA-TCP, 2007a: 4).

Complementariedad económica que, precisando, se imbrica, como sostiene Emir Sader (2006: 11), con la edificación de una dinámica que descanse en relaciones comerciales en el marco de las “ventajas cooperativas”. Por ello se intenta engranar la producción y el comercio con mecanismos compensatorios que reduzcan los niveles de asimetrías en las economías, permitiendo un desarrollo conjunto que beneficie a los pueblos integrados. Otro lineamiento de carácter esencial lo identificamos en la necesaria “protección de la producción de interés nacional”; el principio cuarto del TCP. Así, en el marco del desarrollo integral de los países de la ALBA-TCP se comprende que todos los miembros necesitan y tienen el derecho a la diversificación e industrialización de sus economías, entonces se rechaza que por las supuestas “ventajas comparativas” algunos se especialicen en la producción de materia prima y, otros, los más desarrollados, elaboren bienes manufacturados con mayor tecnología.

La idea en la cual se sustenta el principio número cuatro critica los mecanismos de integración hegemónicos que coadyuvan a la reproducción de la dependencia y a la consolidación del subdesarrollo.

Entre ellos, la liberalización productiva y comercial en igualdad de condiciones que se realiza cuando dos o más países y economías del centro desarrollado y de la periferia, con niveles de competitividad y absorción tecnológica distinta supuestamente integrándose homogenizan sus aranceles y legislación económica; generando con ello ventajas económicas y comerciales evidentes para los desarrollados. Hechos que tienden a la profundización de la división internacional del trabajo y a la polarización de la economía-mundo, ocasionando beneficios desiguales e incrementando la acumulación de capital de las economías con mayor tecnología, mientras condena a la desindustrialización y dependencia a las otras (Ouriques, 2008: 71). Noción que localizamos textualmente en

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el siguiente fragmento del documento oficial analizado en el presente apartado: Todos los países pueden industrializarse y diversificar su producción para un crecimiento integral de todos los sectores de su economía. El rechazo a la premisa de “exportar o morir” y el cuestionamiento del modelo de desarrollo basado en enclaves exportadores… (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e: 3).

Aquí podemos observar también cómo las economías de los asociados al proceso de integración no se quieren perfilar como un enclave exportador dependiente; sino relacionando su producción de bienes y servicios a la satisfacción del mercado interno, importando lo necesario y exportando los excedentes. Rompiendo, según el documento ya citado, con el dogma del “exportar o morir”, es decir, sin negar la necesidad de las exportaciones. Es fundamental resaltar que consideran perentorio abarcar los mercados locales imbricados que históricamente han sido controlados por productos de transnacionales originarias de los centros imperialistas de la economía mundial.

Además, se proponen impulsar, en palabras de Plinio de Arruda Sampaio (2008: 37), dos condiciones necesarias para avanzar en un proceso de integración en correspondencia con las particularidades latinoamericanas.

• Primera, construir formas de desarrollo productivo y comercial que permita a la mayoría de la población participar de los beneficios económicos, fortaleciendo el mercado interno y evitando las desigualdades sociales.

• Segunda, realizar transformaciones que garanticen la autonomía relativa de la estructura económica nacional y regional de los centros capitalistas mundiales, impidiendo la reproducción de las relaciones y situación de dependencia que se materializan en las economías dominadas por la presencia y el control de los capitales transnacionales (Regueiro, 2009: 294).

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Eso puede ser posible, según Atilio Boron (2008:108), con la recuperación de la importancia del Estado que ocurre en el proceso de integración bolivariana, desplazando al mercado como elemento esencial; promoviendo su capacidad para planificar y financiar el desarrollo económico compartido, al mismo tiempo que concreta la distribución de los beneficios del crecimiento de las economías. Planteamiento que se manifiesta en el principio seis del TCP: “El reconocimiento del papel de los Estados soberanos en el desarrollo socio-económico, la regulación de la economía”.

A diferencia de los TLC que persiguen la privatización de los diferentes sectores de la economía y el achicamiento del Estado, el TCP busca fortalecer al Estado como actor central de la economía de un país a todos los niveles enfrentando las prácticas privadas contrarias al interés público, tales como el monopolio, el oligopolio, la cartelización, acaparamiento, especulación y usura. El TCP apoya la nacionalización y la recuperación de las empresas y recursos naturales a los que tienen derecho los pueblos estableciendo mecanismos de defensa legal de los mismos (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e: 3).

En consecuencia, con lo planteado en el documento oficial, se visualiza cómo el TCP presenta un posicionamiento alternativo ante los acostumbrados paquetes de estabilización que proponían la privatización de las diversas empresas estatales, recursos naturales y derechos públicos; por el contrario, se fortalece la presencia y participación del Estado en la economía como actor central para combatir problemas vinculados con la lógica de acumulación del capital: el monopolio, oligopolio, la cartelización, el acaparamiento y la usura (Katz, 2008b: 180). Además, desde una perspectiva totalmente alternativa, hay una evaluación positiva y una defensa de las políticas de nacionalización de empresas que intervienen en ramas estratégicas de las economías locales y de la recuperación de recursos naturales, acciones que permiten

III {174} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

crear condiciones para lograr planificar un proceso de desarrollo económico autónomo por parte del Estado. Es decir, en la ecuación Estado o mercado, la ALBA-TCP prefiere al primero sin eliminar o suprimir al segundo. Igualmente, en el principio catorce se sostiene la significación de las compras públicas como “…una herramienta de planificación para el desarrollo y de promoción de la producción nacional que debe ser fortalecida a través de la cooperación, participación y la ejecución conjunta de compras cuando resulte conveniente” (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e: 3).

Diferencias • Aquí se observan las diferencias entre los TLC que regulan los procesos de integración organizados alrededor del libre comercio, que suponen la entrega por parte de los Estados de porcentajes específicos de sus compras a empresas extranjeras (transnacionales) en el marco del principio de “trato nacional” de la Organización Mundial de Comercio (OMC); • en cambio, la ALBA-TCP en sus textos oficiales comprende los recursos empleados por la institucionalidad estatal para sus adquisiciones como instrumentos que tienen la potencialidad de ser planificados y lograr apuntalar el desarrollo y la producción local.

Asimismo, la recuperación de recursos naturales como actos de soberanía política y económica a través del Estado se articulan con el principio séptimo del TCP: “Promoción de la armonía entre el hombre y la naturaleza”. Así, vemos una de las características propuestas por el desarrollo compartido que involucra el analizado proceso integracionista: la sostenibilidad ecológica. Por ello, se plantea hacer un esfuerzo por desplazar la lógica hegemónica de la maximización de la ganancia, que implica la explotación intensiva de la naturaleza; considerando que la ALBA-TCP tiene como horizonte y finalidad alcanzar una armonía entre los derechos de la denominada Madre Tierra y el desarrollo socioeconómico.

Situación que en términos concretos involucra una importante tensión y problemática que, para solucionarla, comprende transformaciones

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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estructurales de tipo civilizatorias. Esto requiere ajustar los niveles de consumo depredadores que acontecen en las clases dominantes de las sociedades dependientes, reduciendo la utilización de recursos naturales en la elaboración de bienes y pensando en estrategias de producción menos competitivas, pero que garanticen un decrecimiento de la explotación ambiental. Políticas y estrategias en la cuales proyecta participar regulando y produciendo directamente los Estados incorporados en la integración bolivariana.

Siguiendo con la funcionalidad de lo estatal, es pertinente expresar que: • promover un rol de mayor protagonismo del Estado en la economía, en el presente caso, no implica constituir un modelo de capitalismo de Estado en los países ALBA-TCP. En el principio número nueve del TCP se considera pertinente “el favorecimiento a las comunidades, comunas, cooperativas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas” (Documento Oficial ALBA-TCP, 2009e: 4). Entonces, se programa ampliar las entidades económicas protagonistas del proceso integracionista, estructuradas por organizaciones como movimientos sociales y populares: empresas recuperadas, cooperativas, comunas, pequeñas y medianas empresas. Esto favorece su incorporación en las actividades de complementación productiva y de la promoción y articulación de exportaciones internas.

En este sentido, como sostiene el intelectual brasileño Nildo Ouriques (2008: 85), en una experiencia como la ALBA-TCP se requiere impulsar transformaciones democráticas en la institucionalidad del Estado que permitan incentivar la participación y el control popular de sus decisiones, a partir de la intervención de las clases sociales que son afectadas directamente por el neoliberalismo (trabajadores, campesinos, medianos y pequeños empresarios), organizadas en las nuevas entidades económicas alternativas nombradas anteriormente.

Estos Estados entendidos como “actores centrales” del desarrollo autónomo interno de sus países y del compartido regionalmente, tienen

III {176} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

entre sus tareas la planificación del proceso de integración. Definiendo y materializando vínculos orgánicos y concretos que permitan avanzar en la propuesta de unificación alternativa de la ALBA-TCP; entonces promueven cuatro políticas centrales: 1. la Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), 2. el sucre, 3. las empresas grannacionales y 4. el Banco de la ALBA. Las políticas de la ALBA-TCP: Zona Económica de Desarrollo Compartido, el sucre, las empresas grannacionales y el Banco de la ALBA

Después de analizar con cierta profundidad los principios y horizontes políticos de la ALBA-TCP, algo que nos ayuda a observar con claridad cómo se entiende y promueve la integración desde el proceso regional estudiado, es necesario describir algunas iniciativas concretas que se enmarcan en la estructuración de lazos orgánicos y materiales entre los países y economías integradas. En este sentido, partiendo desde lo general, revisaremos cómo se proyectaron y conceptualizaron la Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), el sucre, las empresas grannacionales y el Banco de la ALBA. Definiciones y delimitaciones que nos permitirán evaluar en el cuarto capítulo de la investigación con datos y cifras oficiales su concreción real en consecuencia con lo planteado discursivamente en los documentos oficiales de la ALBA-TCP. Entonces, comenzaremos planteando algunos elementos significativos del denominado: Plan de Acción para el desarrollo del comercio en la Zona Económica de Desarrollo Compartido de la ALBA-TCP (Documento oficial ALBA-TCP, 2009d).

Es un conjunto de estrategias operativas que se programaron para impulsar el proceso de articulación comercial complementario, garantizando la constitución de un espacio económico ampliado entre los países de la ALBA-TCP, en el cual se materialicen intercambios de bienes

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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y servicios que complementen a las distintas economías de los participantes en la integración bolivariana.

El referido plan de acción propone en su punto primero la necesaria distribución de información comercial de los países participantes de la experiencia de integración; articulando posibles intercambios comerciales mediante el conocimiento de las legislaciones y regulaciones internas, la oferta exportable, las necesidades internas de las economías, entre otros datos. Objetivos que se intentan materializar realizando actividades de estímulo comercial conjuntas como ferias y exposiciones de productos, foros académicos y oficinas de promoción mancomunadas y, por último, la constitución de las tiendas ALBA-TCP que distribuyen bienes elaborados por los países asociados (Documento oficial ALBA-TCP, 2009d: 1).

Además, en la segunda estrategia se proyecta efectuar actividades de capacitación que se relacionen con el comercio denominado por la ALBA-TCP complementario: un postgrado en Gestión de Propiedad Intelectual, investigaciones en temas comerciales en términos conceptuales y particulares de la ALBA-TCP, intercambio de pasantías en instituciones públicas dedicadas al comercio, cursos de formación en la legislación y los procedimientos administrativos imbricados al comercio externo, seminarios para difundir información y capacitar a los sectores con potencial exportador, entre otras (Documento oficial ALBA-TCP, 2009d: 1).

Igualmente, en su ítem cuarto, se dispone el impulso de las acciones que logren reducir los trámites pertinentes para la realización de intercambios comerciales entre los países miembros del proceso de integración bolivariana. Esto, a partir de la construcción de mecanismos de gestión hábiles y flexibles en los procedimientos administrativos requeridos para el comercio intra-ALBA. Organizando estrategias que garanticen la coordinación y cooperación de las autoridades gubernamentales y aduaneras de los países miembros. Esta medida supone homogenizar las diligencias necesarias para la concreción de las actividades comerciales, algo que se lograría en parte con la instalación

III {178} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

de una taquilla única comercial grannacional en cada país, para asesorar y recibir los documentos solicitados y así exportar e importar entre empresas y unidades productivas de las naciones de la ALBA-TCP; intentando no imponer metodologías que beneficien de forma unilateral a alguno de los asociados (Documento oficial ALBA-TCP, 2009d: 2).

Al mismo tiempo, articulado con las acciones revisadas específicamente en el punto sexto, el plan mencionado reseña la necesidad de reducir los obstáculos no arancelarios al comercio complementario, definiendo políticas conjuntas y coordinando a los organismos que les corresponda administrativamente la revisión de las condiciones sanitarias y fitosanitarias establecidas para ingresar los diferentes tipos de bienes en los países partes de la ALBA-TCP. Paralelamente, en el planteamiento quinto se esgrime la pertinencia de promover la socialización de la información alrededor de las rutas, puertos y aduanas que pueden ser empleados por los países participantes para lograr impulsar el intercambio de productos de la oferta exportable de la ALBA-TCP; definiendo un mapeo geoeconómico y comercial del proceso de integración (Documento oficial ALBA-TCP, 2009d: 3). Finalmente, el plan de acción para la construcción de la Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), en su último lineamiento, dispone identificar a los nuevos actores económicos que deberían intervenir en la tentativa integracionista de la ALBA-TCP: cooperativas, comunas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas, entre otros (Documento oficial ALBA-TCP, 2009d: 4).

Los resultados de las propuestas puntualizadas en el TCP y en el Plan de Acción de la ZEDC serán identificados parcialmente en el último capítulo de la investigación, en el cual realizaremos el balance concreto de la ALBA-TCP. Planteando en lo relacionado con el comercio intra ALBA-TCP, las cifras del mismo y la centralidad de Venezuela, la dualidad de regímenes arancelarios subregionales; y para terminar advertiremos las limitaciones de la canasta exportadora de los países integrantes, situación que obstaculiza la edificación de flujos permanentes de comercio complementario. Además, expondremos la revisión oficial

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de la experiencia estudiada realizada en la XI Cumbre de la ALBA-TCP desarrollada en febrero de 2012.

El Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre): un instrumento del comercio complementario

En el contexto concreto generado por los efectos de la crisis de sobreproducción y sobreacumulación del capitalismo38 que se presentó como una “burbuja” financiera en el 2008, afectando la sostenibilidad del sistema bancario mundial y de las monedas empleadas para garantizar las reservas internacionales de los distintos países, se presenta con mayor fuerza la necesidad de reducir la vulnerabilidad externa ante la especulación financiera y la poca confiabilidad que posee en la actualidad el

38 La crisis de sobreproducción se presenta cuando la tendencia del capital a la

sobreacumulación genera niveles de depauperación de la clase trabajadora, mediante la reducción del valor de la mercancía llamada “fuerza de trabajo” o “salario”, a través de la promoción del subconsumo o condición en la que la

demanda efectiva se hace menor a la producción para mantener la tasa media de ganancia de la burguesía; que, a su vez, explica por qué la mayor parte de

los trabajadores y trabajadoras no tienen dinero suficiente para comprar al

menos parte de los bienes de consumo que ellos mismos producen, razón por la cual los propietarios de los medios de producción controlan todo el sistema

que, a su vez, interrumpe el normal ciclo económico del capital. Así, en co-

rrespondencia con la sobreproducción y el decrecimiento de la rentabilidad de la economía real, los capitalistas –buscando una mayor ganancia–, orientan su capital hacia inversiones especulativas y financieras; mientras, paralelamente

–con la finalidad de absorber las mercancías que no pueden realizarse– se aumenta la demanda efectiva mediante el endeudamiento de los Estados, traba-

jadores y fracciones del empresariado. Así se financia el ciclo de acumulación que termina presentándose con la explosión de una crisis debido a la incapacidad de pago de los deudores “creados” para solventar la sobreproducción.

III {180} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

dólar como moneda de reserva; creando las condiciones para estructurar una posible moneda regional para América Latina (Rosales, 2010: 9).

De esta manera, en la III Cumbre Extraordinaria de la ALBA-TCP, acontecida en el 2008, se propone al sucre como política monetaria y financiera que promueve el comercio complementario sin la utilización de la moneda dominante internacionalmente (dólar) y, además, la transformación paulatina de las reservas internacionales de los países participantes en una divisa regional propia (Briceño Ruiz, 2011: 57), esto con la finalidad de constituir (…) una zona económica y monetaria de la ALBA-TCP que proteja a nuestros países de la depredación del capital transnacional, fomente el desarrollo de nuestras economías y constituya un espacio liberado de las inoperantes instituciones financieras globales y del monopolio del dólar como moneda de intercambio y de reserva (Documento oficial ALBA-TCP, 2008a: 1).

En este sentido, se firma el Tratado Constitutivo del Sucre en la ciudad boliviana de Cochabamba en octubre de 2009, con la inclusión de las Repúblicas de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (Documento oficial ALBA-TCP, 2009g: 1). Organizándose en correspondencia con los principios de complementación, cooperación, solidaridad y respeto a la soberanía nacional. Esto, intentando implementar en el comercio interno el uso de las monedas locales de los países miembros de la ALBA-TCP, equilibrando las balanzas comerciales y ajustándose al criterio de compensación mientras se impulsa una oferta exportable con mayor valor agregado (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 38).

Así, el sucre tiene como objetivo esencial reducir la dependencia del dólar en el comercio intra ALBA-TCP, porque se pueden desarrollar intercambios comerciales internos sin emplear la moneda predominante a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial (Documento oficial ALBA-TCP, 2009e: 2). Entonces, observamos su conexión con un proceso de integración contra-hegemónica porque se proyecta una

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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política que involucraría la desconexión parcial de las relaciones monetarias dominantes, es decir, convertir la necesidad de un equivalente internacional para realizar el intercambio intra ALBA-TCP en una oportunidad para avanzar en la creación de un sistema de compensación regional como el sucre.

Por lo tanto, define una estructura que parte del Consejo Monetario Regional del Sucre (CMR), institución internacional de derecho público articulada a la ALBA-TCP con sede en Venezuela, que tiene como finalidad esencial dirigir las actividades de la Unidad de Cuenta, la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Nacional. El CMR se integra por un directorio que tiene un miembro de cada Estado parte del tratado, entonces, en la actualidad tiene cinco directores (Documento oficial ALBA-TCP, 2009g: 5).

El sucre como sistema tiene en su funcionalidad interna tres grandes actividades y competencias para lograr su objetivo: 1. la unidad de cuenta (el equivalente) identificado como sucre, pero en minúscula, 2. la compensación generada por los flujos comerciales con moneda local y 3. el fondo de reservas internacionales conjunto en sucres (Romero, 2011: 119).

El proceso organizacional y operativo del sucre se desarrolla, primero, definiendo el valor del sucre (la unidad de cuenta) con respecto al dólar, actualmente, en 1,25% según el tipo de cambio de cada Estado parte; posteriormente, después de realizados los intercambios internacionales, el importador cancela en su moneda local la cantidad equivalente al sucre, entonces, mediante la compensación y liquidación de la operación se le entregan al exportador sus ingresos en su respectiva moneda nacional.

Cerrando la revisión del sucre puntualizamos que todavía se mantiene la correlación con el dólar en los cálculos, porque falta avanzar en la constitución de la canasta de monedas internacionales; así como en la supuesta moneda regional. Al mismo tiempo, proyectamos para el

III {182} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

capítulo IV de la presente investigación un análisis de los rubros comerciados empleando el sucre, la cantidad de millones de sucres o dólares intercambiados mediante el presente sistema en el marco de la ALBA-TCP y la centralidad de Ecuador y Venezuela en el mismo.

Las empresas grannacionales: la posibilidad de la complementación productiva en la ALBA-TCP

La integración promovida por la ALBA-TCP, como se ha planteado en repetidas ocasiones, incluye la vinculación comercial complementaria e incorpora la necesidad de la articulación económica productiva.

Proponiéndose integrar economías y no simples mercados que posteriormente podrían ser usufructuados por empresas transnacionales que buscan escalas más grandes y efectúan estrategias de relocalización productiva. En ese axioma central descansan las empresas grannacionales que proyectan conformar los asociados al proceso de integración bolivariana.

El concepto de empresas grannacionales surge en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto, su dinámica económica se orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, garantizando su continuidad y rompiendo con la lógica de la reproducción y acumulación del capital (Documento oficial ALBA-TCP, 2008b: 1).

En este sentido, entendiendo la centralidad de las transnacionales en el control y operativización de la economía mundial, nacen las grannacionales desde un principio como una alternativa que intenta romper con la esencia de las empresas globalizadas; es decir, la reproducción, acumulación y concentración de capital. Por el contrario, las grannacionales promoverían la elaboración de productos y la prestación de servicios con la finalidad de satisfacer necesidades humanas, sin negar criterios de rentabilidad que debe mantener una empresa para su sostenibilidad en el tiempo.

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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Las empresas grannacionales intentan materializar una complementación económica porque son propiedad de dos o más Estados integrados a la ALBA-TCP, propiciando que sus beneficios económicos se mantengan en el circuito interno, lo que potencia un proceso de desarrollo independiente y autónomo articulador de diversos sectores productivos. Asimismo, tal como se expresa en uno de sus documentos programáticos, buscan diseñar la ejecución de sus actividades productivas y comerciales en correspondencia con los valores y prácticas de solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad y sustentabilidad ambiental (Documento oficial ALBA-TCP, 2008b: 3).

Además, las grannacionales suponen hacer un esfuerzo por vincular las capacidades y potencialidades económicas de los países asociados para avanzar en un proyecto productivo alternativo, mediante una empresa de producción o prestadora de servicios. Así [las empresas grannacionales] se entienden como unidades económicas que permiten articular orgánicamente y de forma planificada factores de las economías locales como recursos energéticos, disponibilidad financiera, disposición de materias primas, fuerza de trabajo calificada y organizada, desarrollo científico-tecnológico y conocimientos culturales de los pueblos (Massiris, 2009: 135).

Esas empresas se vincularían a la estrategia de desarrollo compartido, que no intenta generar asimetrías en las naciones involucradas en la ALBA-TCP, cuando se integran realmente los intereses y proyectos económicos de varios países en el marco de un Estado, que incrementa su actuación como parte de la economía regional. Es decir, mientras las empresas grannacionales de propiedad estatal logren altos niveles de producción eficientemente y ganancias económicas, con sustentabilidad ambiental; los asociados pueden obtener excedentes económicos que los incorpore en un proceso de desarrollo autónomo mancomunado.

Dicho desarrollo autónomo compartido depende, en el caso de las empresas grannacionales, de dos factores, según el documento oficial analizado (2008b: 4):

III {184} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

• la planificación que descansa en la optimización de las potencialidades económicas y el control de los recursos naturales de los países de la ALBA-TCP; y • que se desarrollen actividades sostenibles económicamente que permitan satisfacer los mercados intra-ALBA para, posteriormente, incentivar dinámicas de exportación de excedentes.

Sin embargo, las empresas grannacionales necesitan financiamiento para su creación y operación cotidiana, entonces de forma articulada se plantea la creación del Banco de la ALBA; entendido como la institucionalidad financiera de la ALBA-TCP. En el capítulo IV de esta obra analizaremos la concreción real de las empresas grannacionales planteando los proyectos propuestos, la cantidad que se encuentran operativos en la actualidad, puntualizando sus ámbitos económicos y las posibles limitaciones que tienen para sus actividades productivas; mientras, paralelamente, indicaremos la centralidad de la República Bolivariana de Venezuela entre los asociados a las unidades productivas grannacionales de la ALBA-TCP. El Banco de la ALBA: la arquitectura financiera de la integración

El desarrollo de un proceso de integración necesita financiamiento para lograr constituir las empresas grannacionales y estructurar la infraestructura indispensable para interconectar las relaciones comerciales y productivas concretas. De esta manera, los participantes de la ALBA-TCP (particularmente las Repúblicas de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) avanzan en la creación de una institución financiera propia: el Banco de la ALBA. En el siguiente texto oficial citado se considera que (…) es impostergable diseñar e implementar una nueva arquitectura financiera regional, constituida bajo el control soberano de los países latinoamericanos y caribeños, orientada a reafirmar el liderazgo de la región, reducir la vulnerabilidad externa de las economías regionales y transformar el aparato productivo, priorizando

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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las necesidades básicas de nuestros pueblos (Documentos oficial ALBA-TCP, 2008c: 1).

Entonces, como vemos en el fragmento del Acta Constitutiva del Banco de la ALBA, la construcción de la referida institución bancaria parte de la necesidad de articular un organismo financiero controlado por los países latinoamericanos mediante sus Estados, que participe con la incorporación de recursos e inversiones en un modelo de desarrollo autónomo de la región, que reduzca las asimetrías económicas y se vincule concretamente a la satisfacción de las necesidades de los pueblos.

Igualmente, en un sistema económico global signado por una crisis financiera, que ha reducido la capacidad de crédito e incrementado la volatilidad de los mercados financieros, mientras los capitales financieros, por su búsqueda natural de la máxima ganancia, se orientan a la especulación, les parece importante a los Estados signatarios tener disponibles recursos en una institución bancaria propia que permita reducir la vulnerabilidad de los efectos negativos de los acontecimientos económicos que ocurren en los centros imperialistas de la economía mundial. Por lo tanto, podríamos interpretar que • el Banco de la ALBA supone el concepto de desconexión del teórico marxista Samir Amín, es decir, reajustar las influencias externas a las necesidades del desarrollo autónomo interno y regional.

La referida institucionalidad financiera alternativa tiene entre sus objetivos: • Invertir en proyectos productivos grannacionales, infraestructura integradora, actividades comerciales complementarias y administrar los fondos de cooperación y solidaridad de la ALBA-TCP; generando la posibilidad de planificar y moldear el proceso de integración económica impulsando con créditos ramas estratégicas de las economías nacionales (Documento oficial ALBA-TCP, 2010c: 2). En este sentido, es empleado el Banco de la ALBA por parte de los países de la

III {186} Capítulo El surgimiento de la ALBA-TCP: su discurso y propuestas…

ALBA-TCP proyectando realizar créditos para constituir las empresas grannacionales analizadas en el punto anterior.

• Financiar el comercio complementario intra ALBA-TCP, utilizando los recursos financieros de los países periféricos, no para capitalizar los principales bancos mundiales de los centros imperialistas mediante las denominadas reservas internacionales, sino para estimular en el presente caso el desarrollo autónomo integral de los países participantes de la integración bolivariana; por lo tanto, la producción y el comercio que descanse en la complementariedad (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 37).

Finalizando, terminamos precisando en términos organizacionales y operativos que la estructura del Banco de la ALBA mantiene su sede central en la ciudad de Caracas, con una sucursal en La Habana, teniendo en su organigrama principal al Consejo Ministerial y al Directorio Ejecutivo, compuesto cada uno por un delegado de los países participantes, es decir, ocho miembros. En el siguiente capítulo del libro, aunque faltan cifras públicas por el secretismo generalizado de la burocracia, intentaremos realizar un análisis de las actividades materiales y concretas realizadas por el Banco de la ALBA desde su fundación.

Capítulo IV

Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias económicas y comerciales de la ALBA-TCP

— {187}

En el presente capítulo, cuarto y último de la investigación, intentaremos identificar mediante distintas cifras oficiales cómo el discurso y las propuestas económicas y comerciales de la experiencia de integración bolivariana, han tenido concreción en la realidad después de varios años de planteárselas. Es decir, cómo y en qué medida el programa y lo proyectado por los miembros de la ALBA-TCP se materializó en el desarrollo de la articulación regional analizada.

En este sentido, organizamos la exposición empleando el mismo orden del capítulo anterior: los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) y la Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), el sucre, las empresas grannacionales y el Banco de la ALBA. En dicho análisis empleamos, como ya dijimos, datos oficiales suministrados por la ALBA-TCP e instituciones internacionales que fueron obtenidos en el transcurso de la investigación; simultáneamente, los relacionaremos con los conceptos centrales utilizados en esta investigación: economía-mundo, dependencia, periferia, autodeterminación democrática, desconexión y desarrollo autónomo.

IV {188} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

Asimismo, enmarcados en el presente balance, emplearemos el documento oficial de la XI Cumbre Ordinaria de la ALBA-TCP, acontecida en Caracas-Venezuela en febrero de 2012, identificado como el Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico de la ALBA-TCP (Ecoalba-TPC); en el cual se plantea una revisión parcial del proceso de integración en lo económico-comercial, mientras paralelamente se efectúan propuestas para lograr los objetivos proyectados en el ámbito articulado antes aludido (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 1).

El Tratado de Comercio de los Pueblos y la Zona Económica de Desarrollo Compartido: articulación comercial

En el discurso y en las propuestas de la ALBA-TCP se denuncia la priorización del comercio presente en los procesos de inserción global imbricados al denominado librecambismo; sin embargo, encontramos que en la integración bolivariana se reproduce parcialmente la referida situación porque se dispone como marco general al TCP, mientras entre las estrategias se establece a la ZEDC. Estructurando un orden en el cual se sitúa, primero, al comercio complementario y, después, al desarrollo compartido.

Ahora bien, comencemos indicando la cifra del comercio intra ALBA-TCP que alcanzó en 2011, los 8.549 millones de dólares. Así, observamos un incremento nominal del 96,43% con respecto a la cantidad de bienes y servicios intercambiados en el 2009, es decir, 4.352. Algo que visualizaremos en la siguiente tabla, utilizando datos oficiales presentes en el último informe de la Secretaría Ejecutiva de la ALBA-TCP (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 20).

Tabla V ALBA-TCP

Comercio en millones

Crecimiento

de dólares intra

porcentual

ALBA-TCP 2011 2009

Fuente: ALBA-TCP

8549 4352

96,43% X

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

{189}

En un primer momento podríamos sostener que se fortalecieron considerablemente las relaciones comerciales entre los miembros de la ALBA-TCP en el transcurso de los dos años mencionados (20092011), porque, como vemos en la tabla, casi se duplicó el flujo comercial interno. Afirmación que confirmamos, pero precisando el análisis debemos puntualizar que el aumento real del crecimiento del comercio intra ALBA-TCP en 2011 fue del 29%, porque las exportaciones totales de los países participantes de la ALBA-TCP en 2009 fueron alrededor de 81.104 millones de dólares, mucho menores que las realizadas en el 2011, que estuvieron por el orden de los 127.799 millones de dólares.

Contexto ocurrido en el marco de la crisis reciente que sufren los países del centro desarrollado mundial, que promovió una reducción en los precios de las materias primas exportadas por las economías integradas en el esquema estudiado en el 2009, algo que cambió en el 2011 con la recuperación de las cotizaciones internacionales de bienes como el petróleo, gas, soja, entre otros. Veamos la tabla: Tabla VI

ALBA-TCP

Crecimiento en millones de dólares porcentual Exportaciones totales de la ALBA-TCP

2011 2009

127.799

57, 57%

81.104

X

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el BCV de Venezuela, BCE de Ecuador, INE de Bolivia, BCN de Nicaragua, ONE de Cuba y Cepal.

Nota: No incluye a Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

Por ello, cuando comparamos las exportaciones totales de la ALBA-TCP (127.799) con el intercambio comercial intra de la experiencia de integración bolivariana en el 2011 (8.549), nos percatamos de que

IV {190} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

a pesar del crecimiento del mismo en los últimos dos años, se mantiene en niveles menores que el flujo comercial interno de los bloques de articulación subregional de América Latina: Mercado Común Centroamericano, Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. En términos concretos se encuentra en el 6,6%. Lo visualizamos en la siguiente tabla: Tabla VII Comercio interno porcentual comparado con el total de las exportaciones. (2011) ALBA-TCP MCCA CAN Mercosur

6,6%

24,3% 7,2%

15,4%

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Cepal y la ALBA-TCP En este sentido, la ALBA-TCP tiene profundas debilidades en el proceso de articulación comercial entre sus distintos miembros, porque el intercambio interno se encuentra en el 6,6% por debajo de las experiencias de integración subregionales que actualmente se encuentran desestructuradas como la CAN y el MCCA, producto de los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales de algunos de los asociados andinos o multilateralmente de Centroamérica con Estados Unidos.

Evidenciando una brecha entre lo programado y lo construido en correspondencia con los documentos oficiales de la ALBA-TCP, por lo menos en el ámbito comercial.

Es importante presentar algunas reflexiones que mantenemos alrededor de las eventuales causas que generan la situación indicada con los distintos datos oficiales. Primero, nos parece que la ALBA-TCP se constituye en una agregación de países y economías, no en un bloque económico-comercial concreto e integrado. Al menos, Ecuador y Bolivia son parte de la CAN, en cambio Nicaragua pertenece al MCCA

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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y tiene un TLC con los Estados Unidos; además, Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y Las Granadinas componen la Caricom. Por último, Venezuela –integrante esencial– estuvo tramitando su ingreso al Mercosur desde el Protocolo de Caracas de 2006 y lo consiguió el 31 de julio de 2012. Así, vemos múltiples legislaciones, normativas y regímenes de imbricación comercial arancelarios y para-arancelarios posiblemente contradictorios que limitan la organización de un espacio económico-comercial de la ALBA-TCP. Lo precisado sugiere preguntarse ¿se pueden desarrollar en el mismo momento experiencias de integración alternativas y otras que descansen en el libre comercio? Es así como, por ejemplo, la ALBA-TCP en el TCP propone una transformación de las políticas arancelarias, mediante aumentos de las referidas tasas aduaneras para proteger las industrias locales; pero, por otro lado, varios de los asociados deben acordar la medida proyectada en la articulación bolivariana en otros esquemas subregionales que tienen un arancel externo común flexible y preferencias arancelarias internas estipuladas, tales como CAN, Caricom, MCCA y Mercosur. Dicha situación presupone sostener que el discurso integracionista contra-hegemónico se topa con obstáculos originados por la inserción subregional de los países de la ALBA-TCP. Al mismo tiempo, los distintos países mencionados en sus respectivos acuerdos subregionales entregaron preferencias arancelarias o, en algunos casos, eliminaron los aranceles con sus socios comerciales. Algo que no hacen con sus pares de la ALBA-TCP, debilitando los intercambios comerciales internos porque las empresas, en correspondencia con la racionalidad de la competitividad y la ganancia económica, prefieren adquirir sus importaciones a un menor costo, algo que podría ocurrir por las asimetrías entre los inexistente aranceles que mantienen con los socios anteriores (CAN, MCCA y Caricom) y aquellos cancelados por los exportadores que envían sus bienes a la ALBA-TCP. Además, algunas de las Repúblicas articuladas en la propuesta de la ALBA-TCP, tales como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, forman parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo que solo pueden ofrecer privilegios arancelarios a sus socios, evitando el

IV {192} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

principio de la Nación Más Favorecida, a través de la creación de una Zona de Libre Comercio o Unión Aduanera en el marco del artículo XXIV del GATT. Esto evidencia la necesidad que tiene la ALBA-TCP de definir una política alrededor de las obligaciones y limitaciones que impone la participación de algunos de sus miembros en la OMC. Entonces, se demuestra que la integración contra-hegemónica no se desarrolla solamente a partir de propuestas y principios, sino que simultáneamente debe analizar el orden mundial concreto que condiciona el accionar de los países y de la región. De ahí que su vocación por generar prácticas económicas y políticas alternativas, deber tener en cuenta la realidad específica en la que este tipo de iniciativas se inserta. En este sentido, la ALBA-TCP tendría que incentivar su formalización e institucionalización como proyecto de integración regional.

En otro orden de ideas, también consideramos que la condición de países periféricos de los participantes en la integración bolivariana obstaculiza una mayor imbricación comercial con un carácter complementario, en la medida en que tienen una posición y un relacionamiento particular con la economía-mundo, que implica tres factores engranados: • Son economías periféricas que tienen como principal socio comercial a países del centro desarrollado mundial, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, mientras, en los últimos años, se incrementan los flujos de bienes y servicios con un país semiperiférico como China (Cepal, 2011: 3); esto, a causa de la demanda de materias primas y commodities de los tres principales importadores del planeta, bienes fundamentales en las canastas de exportación de los miembros de la ALBA-TCP. Además, importan insumos, bienes de capital y de lujo que tienen su origen en USA, la Unión Europea y China; porque los referidos poseen la diversificación productiva, el aparato industrial y la tecnología necesaria para producirlos, algo de lo cual carecen países periféricos como los participantes en la ALBA-TCP.

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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• El intercambio desigual genera que las exportaciones realizadas intra ALBA-TCP, vinculadas en lo fundamental a productos agrícolas e hidrocarburos tienen precios menores por su poco valor agregado. Los bienes de origen extra regional, sobre todo, provenientes del centro desarrollado mundial o China, mantienen cotizaciones más altas. Por lo tanto, para compensar las pérdidas se impulsa unas relaciones comerciales más consolidadas con las economías de los países antes indicados.

• La canasta de exportaciones de los países de la ALBA-TCP son similares por su característica de economías periféricas que producen materias primas, bienes agrícolas e hidrocarburos. Algo que debilita la posibilidad de un comercio complementario cuando los sectores económicos con potencialidades exportadoras mantienen muchas coincidencias, en cambio se importan casi los mismos bienes como maquinarias, insumo y bienes de capital en general.

Al respecto, veamos la siguiente tabla que puntualiza los rubros exportados y los productos importados.

Tabla VIII Países Antigua y Barbuda

Bienes exportados

Bienes importados

Bananos, derivados

Maquinaria y equipos de

y ropa de cama

químicos y petróleo

del petróleo, artesanías transporte, manufacturas, Bolivia

Zinc, soya, estaño, gas

Plásticos, papel, aviones

Cuba

Azúcar, níquel, tabaco,

Petróleo, químicos,

pescado, productos

médicos y café

y derivados del petróleo maquinaria y equipos

IV {194} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

Ecuador

Camarón, petróleo, café, cacao, banano, pescado y flores

Dominica

y las Granadinas Venezuela

petróleo, aparatos

de telecomunicaciones y equipos médicos

Bienes manufacturados,

naranjas

alimentos y productos

Café, carne de res,

camarón, langosta,

San Vicente

productos derivados del

Bananos, jabón, aceite de laurel, verduras y

Nicaragua

Maquinaria, químicos y

maquinaria y equipos, químicos

Maquinarias y

equipos, petróleo y

azúcar, lácteos y banano

derivados, materiales de

Banano, malanga,

Maquinaria y equipos,

y equipos deportivos

y combustibles

almidón de arrurruz

Petróleo, bauxita,

aluminio, minerales

construcción

químicos, minerales

Productos agrícolas,

maquinaria y equipos

y manufacturas básicas de transporte y materiales

de construcción

Entonces, entre las posibles causas que evitan la consolidación de las relaciones comerciales complementarias internas en la ALBA-TCP, puntualizamos algunas particulares y otras estructurales. En las primeras planteamos la dualidad y multilateralidad de la inserción comercial de varias de las economías de los países miembros de la integración bolivariana, situación que podría presentar dos escenarios: 1. Su solución mediante negociaciones desarrolladas con los distintos bloques económicos-comerciales subregionales de América Latina para definir los mecanismos de relacionamiento mutuo. Es decir, la ALBA-TCP tendría que discutir y acordar con la CAN, MCCA, Caricom y Mercosur, los derechos a la importación, aranceles externos y normativas internas para evitar superposición de las políticas

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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comerciales de las Repúblicas que hacen parte de dos procesos integracionistas al mismo tiempo.

2. Por otro lado, menos factible, podrían decidir su salida de las experiencias de articulación subregional y constituir a partir de la ALBA-TCP un verdadero bloque económico-comercial, en tanto pareciera difícil complementar esquemas de integración vinculados al libre comercio con otro que nace proponiendo una alternativa al mismo.

Igualmente, hay obstáculos estructurales que limitan la imbricación comercial como la condición de economías periféricas y dependientes de los incluidos en la integración bolivariana, contexto que para su superación involucra transformaciones profundas de la base económica y cultural de los países integrados. Así, creemos que no bastaría con ejecutar políticas dispuestas al crecimiento de los flujos comerciales complementarios, porque lograr ello dependería de la articulación productiva de los aparatos económicos de los participantes de la ALBA-TCP, enmarcados en un proceso de desarrollo autónomo que permita diversificar su producción interna incorporando valor agregado, escala industrial, innovaciones técnicas y ajustándose a las necesidades del mercado local; con la finalidad de ampliar su oferta exportable, garantizar los insumos que anteriormente eran de origen foráneo y reducir la importación de bienes de capital (maquinaria y equipos). De esta manera, en el Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico de la ALBA-TCP, rubricado en la XI Cumbre Ordinaria de la ALBA-TCP ocurrida en febrero de 2012 se propone adoptar un régimen normativo y programático que regule la Zona Económica de Desarrollo Compartido; (…) en los siguientes aspectos: régimen de origen, normas técnicas, incentivos de promoción y articulación industrial, estímulos al intercambio de materias primas, bienes de capital e intermedios, salvaguardas, medidas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, protección a la producción nacional en sectores considerados estratégicos para Las Partes (dentro de una visión integral y con

IV {196} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

especial énfasis en la industria naciente) y solución de controversias (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 4).

Aquí, después de lo indicado en las limitaciones y obstáculos para el comercio intra de la articulación bolivariana, observamos que la ALBA-TCP oficialmente se formula (entre sus acciones concretas proyectadas) la construcción de un régimen normativo y programático que intenta organizar, formalizar e institucionalizar las relaciones comerciales internas a través de temas fundamentales como promoción y protección industrial de sectores estratégicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardas, solución de controversias, régimen de origen, entre otros. Asimismo, en el mismo documento oficial, en lo referente a las debilidades estructurales de las conexiones comerciales generadas por la condición de economías periféricas se indica la relevancia de (…) constituir el Espacio Económico de la ALBA-TCP (Ecoalba-TCP), como una zona económica de desarrollo compartido interdependiente, soberana y solidaria, destinada a consolidar y ampliar un nuevo modelo alternativo de relacionamiento económico para fortalecer y diversificar el aparato productivo y el intercambio comercial (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 2).

Ahora bien, la integración investigada con lo dispuesto en la XI Cumbre Ordinaria se reconfiguraría porque el marco general sería el denominado Ecoalba-TCP, ya no el Tratado de Comercio de los Pueblos. Se colocaría el desarrollo autónomo como prioridad, entendiendo al comercio como parte del mismo. Además, en términos generales y propositivos, se señala y reitera la necesaria tríada aludida anteriormente: un desarrollo compartido que se corresponda con una integración económica que permita diversificar el aparato productivo y el intercambio comercial. Por ello, fortalecer e incrementar los flujos comerciales complementarios dependería de la articulación productiva de las eco-

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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nomías, no solo de los mercados locales. Dinámica relacionada con las empresas grannacionales cuya materialización analizaremos con mayor profundidad en la próxima parte del capítulo.

Finalizando el análisis de la materialización en lo comercial de la ALBA-TCP, quisiéramos sostener que el comercio interno, tal como indicamos anteriormente, se mantiene en el 6,6% del total de las exportaciones en el 2011, menor a la CAN, MCCA y Mercosur; sin embargo, creció en un 29% en los últimos dos años. Asimismo, mientras la articulación bolivariana tiene ocho años y el TCP cuatro –desde el 2004 y 2008 respectivamente–, experiencias como la CAN, MCCA y el Mercosur llevan entre cinco y dos décadas de imbricación y edificación. Un elemento de carácter temporal que nos parece imprescindible incorporar en una evaluación con mayor exactitud de la integración alternativa.

Análisis de la concreción de las empresas grannacionales: la complementación productiva

La ALBA-TCP en lo programático se considera un proceso de integración que supera los límites comerciales, involucrando la articulación productiva de los países mediante las llamadas empresas grannacionales, en las cuales en términos económicos se asocian dos o más miembros de la experiencia regional bolivariana, para producir bienes o servicios conjuntamente con la finalidad de satisfacer necesidades de los mercados locales y generar excedentes que podrían ser posteriormente exportados.

En este sentido, después del 2008, en el marco de la VI Cumbre Ordinaria de la ALBA-TCP y con la conceptualización de las empresas grannacionales, la integración bolivariana se plantea la constitución de dieciséis (16) de las unidades económicas aludidas previamente. Entre las cuales proyectan organizar: 1. Empresa grannacional hotelera de turismo.

2. Empresa grannacional Pesca-ALBA. 3. Empresa grannacional Petroalba.

4. Empresa grannacional de energía, gas y petróleo.

5. Empresa grannacional ALBA-agricultura.

IV {198} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

6. Empresa grannacional de importación y exportación (Albaexim).

7. Empresa grannacional de mantenimiento aeronáutico.

8. Empresa grannacional de transporte aéreo.

9. Empresa grannacional de telecomunicaciones (Albatel).

10. Empresa grannacional distribuidora y comercializadora de productos

farmacéuticos.

11. Empresa grannacional forestal.

12. Empresa grannacional de cemento.

13. Empresa grannacional de minería y metalurgia.

14. Empresa grannacional de aluminio.

15. Empresa grannacional de acero y hierro.

16. Empresa grannacional Fondo Cultural de la ALBA.

Es así como la ALBA-TCP se propone edificar empresas de propiedad estatal que a través de la planificación y mediante la complementación de las potencialidades productivas de los integrados, elaboren bienes y servicios en un conjunto de ámbitos de las economías prioritarias para el desarrollo autónomo de los asociados. Es decir, diversificar el aparato económico-industrial interno para romper la situación de dependencia que padece ante el mayor desarrollo tecnológico y la concentración de capital en los centros imperialistas del mundo.

Sin embargo, en la realidad concreta solo fueron constituidas seis de las dieciséis empresas grannacionales programadas, entre las cuales tres se encuentran operativas y tres en espera del financiamiento por parte del Banco de la ALBA (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 40).

Por lo tanto, hasta ahora pasaron de ideas y propuestas únicamente el 37,5% de las empresas grannacionales proyectadas, además, simplemente el 18.7% se mantiene en funcionamiento en la actualidad, superando el proceso de capitalización y análisis de factibilidad económica y técnica. Veamos una pequeña tabla que, aunque insiste en lo afirmado, permite visualizar con claridad la separación entre lo programado y lo concretado en lo referente a la institucionalidad económica para la complementación productiva:

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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Tabla IX ALBA-TCP Empresas

Cantidad

Porcentaje del total 16

100,00%

6

37,5%

3

18,7%

grannacionales proyectadas Empresas grannacionales en fase de operaciones y financiamiento Empresas grannacionales en funcionamiento productivo

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Secretaría Ejecutiva de la ALBA-TCP. En términos concretos, se materializaron las empresas grannacionales del Fondo de Cultura, Pesca-ALBA y Albatel, en cambio aquellas que se encuentran en fase de financiamiento son: la Forestal, ALBA alimentos y la denominada como Energía, Gas y Petróleo (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 40-42). Es decir, ante el gran espectro económico e industrial de las unidades productivas grannacionales propuestas, realmente la complementación se limita a pocos sectores: agricultura y pesca, telecomunicaciones, cultura, hidrocarburos y forestal. Esto no hace sino debilitar la posibilidad de avanzar en un proceso de desarrollo autónomo compartido por los países miembros de la ALBA-TCP a partir de la complementación económica.

Además, en la organización de las empresas analizadas se evidencia la centralidad de Venezuela en la ALBA-TCP, porque en todas las unidades económicas constituidas el país referido participa como socio principal. A diferencia de las otras Repúblicas asociadas a la experiencia integracionista que solo se involucran en alguna de las empresas gran-

IV {200} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

nacionales siempre manteniendo como aliado al Estado venezolano. Se repite lo que comentamos en el punto anterior: por momentos la ALBA-TCP pareciera una agregaduría de países alrededor de la preponderancia de Venezuela, y no un bloque integral de articulación regional, por lo menos en lo económico-comercial.

No obstante, es relevante reseñar que las empresas grannacionales, a pesar de la lentitud para entrar en fase de operación, tienen un carácter novedoso porque nunca en las experiencias de integración (truncadas o vigentes) en la región, se constituyeron unidades productivas que asociaran como propietarios a dos o más Estados. Dicho factor se debe incluir en un análisis de las posibles causas obstaculizadoras del proceso de concreción de las aludidas empresas, indicando la dificultad que conlleva la coordinación de las políticas ejecutadas conjuntamente por Estados soberanos, con estructuras burocráticas en las cuales, por los mismos intereses del bloque histórico dominante, se debilitan contradictoriamente estrategias planteadas por las principales instancias de dirección estatal de los países bolivarianos.

Ahora bien, en la XI Cumbre Ordinaria de la ALBA-TCP ocurrida en febrero de 2012, reafirmando la importancia de las empresas grannacionales las entienden como (…) máxima expresión de encadenamientos productivos que permitan establecer capacidades estructurales conjuntas en las redes de producción, distribución y comercialización, dando prioridad al intercambio de materias primas, bienes de capital e intermedios (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 7).

Es así como las mencionadas entidades productivas son la “máxima expresión” de la integración vertical de las actividades industriales de la ALBA-TCP, ajustándose a la promoción de un “desarrollo soberano y de beneficio mutuo” que se lograría mediante “la asociación de empresas estatales de diferentes países”, pero se requiere que cada iniciativa conjunta para su ejecución se realice con “estudios de factibilidad que con-

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firmen su sostenibilidad económica” (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 2-7). Es decir, como ya dijimos, se continúa confirmando la responsabilidad esencial de las empresas grannacionales en la imbricación regional bolivariana, pero se hace un llamado a la necesaria planificación de las mismas; esperemos que se cumpla la exposición de motivos de la última cumbre presidencial.

La integración monetaria: el sucre

Las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP completan su estructuración en el ámbito financiero y monetario con la caracterizada oficialmente como “Nueva Arquitectura Financiera Regional”, que se compone por el llamado sucre y el Banco de la ALBA. De esta manera, comenzaremos puntualizando el alcance real del sucre en el marco del comercio interno del proceso de integración bolivariana, por lo tanto debemos identificar qué porcentaje de lo intercambiado, entre los participantes de la ALBA-TCP se realizó empleando como instrumento monetario al sucre; pero entendido en correspondencia con su condición de “unidad de cuenta o moneda virtual”.

Entonces, como ya dijimos anteriormente, el flujo comercial intra ALBA-TCP en el 2011 alcanzó los 8.549 millones de dólares, entre los cuales fueron transados 282 utilizando el sucre; solo el 3,3% del mismo.

Por ello, en la actualidad, la inmensa mayoría de las relaciones comerciales desarrolladas en la experiencia de articulación regional bolivariana se efectúa empleando la divisa internacional dominante: el dólar. Algo que esquematizaremos en la siguiente tabla:

Tabla X

IV {202} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

ALBA-TCP

Monto de lo

Porcentaje

intercambiado empleando las dos monedas (en millones de dólares) Dólar Sucre

8.267 282

96.7% 3.3%

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la ALBA-TCP. En el cuadro visualizamos que el sucre, después de su creación en el 2008 a partir de la III Cumbre Extraordinaria de la ALBA-TCP, no ha cumplido los objetivos planteando en términos monetarios porque se continúa utilizando el dólar como equivalente internacional, reproduciendo la dependencia que implica utilizar una moneda extranjera para desarrollar el comercio interno. Situación que obstaculiza la posibilidad de un proceso de desconexión del ciclo de acumulación que promueve la concentración de riquezas en los centros desarrollados mundiales. Así, se hace evidente que se repite la brecha entre lo programado y lo concretado.

Entre las posibles causas de la poca utilización del sucre en el comercio interno se encuentran la previamente caracterizada situación y relaciones de dependencia que padecen los países involucrados en la organización de la ALBA-TCP. Realidad que impone una significativa necesidad de divisas con capacidad de pago internacional, especialmente dólares empleados con la finalidad de cancelar la repatriación de las ganancias de las transnacionales, los compromisos con las deudas externas y las importaciones provenientes de los centros desarrollados mundiales.

Es decir, hacer frente a los diferentes mecanismos de extracción de excedentes económicos propios de las relaciones de dependencia entre el centro y las periferias (explicados en el capítulo primero).

ALBA-TCP: Integración contra-hegemónica y desarrollo autónomo Omar Vázquez Heredia

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Entonces, la situación estructural de las economías de los países de la ALBA-TCP genera limitaciones concretas que debilitan la utilización del sucre en la materialización de los flujos comerciales internos del esquema de articulación regional, por la planteada necesidad de divisas internacionales. Puntualmente, las empresas exportadoras asentadas en el ciclo de acumulación interno de la ALBA-TCP –pertenecientes en lo fundamental a los sectores agrícola y extractivista– requieren dólares para adquirir maquinaria e insumos originarios de los centros desarrollados mundiales, con el objetivo de mantener en operatividad sus actividades productivas; además, sus propietarios, pertenecientes a las burguesías locales, prefieren obtener dólares de sus exportaciones para posteriormente depositarlos en cuentas internacionales, eludiendo el pago de impuestos locales. La referida problemática afecta menos a Ecuador y a Venezuela porque, el primero, tiene el dólar como moneda de uso local y, el segundo, tiene importantes ingresos de la misma por concepto de renta petrolera; por lo tanto, sus bases materiales concretas les facilita emplear el sucre.

No obstante, haciendo una salvedad ante el balance crítico, debemos indicar que el surgimiento del sucre tiene apenas cuatro años, además, su institucionalización como unidad de cuenta (sucre), que puede ser empleada por los importadores para adquirir mercancías provenientes de los países de la ALBA-TCP con sus monedas locales, solo tiene dos años, desde el 2010. Por ello, asumimos que el tiempo en el cual se viene manteniendo en operatividad es bastante poco, generando que su evaluación tenga importantes limitaciones, porque podría necesitar un mayor lapso de años en funcionamiento para su análisis.

Al mismo tiempo, nos parece pertinente incorporar en un balance más integral del sucre su condición de estrategia novedosa, porque en las iniciativas integracionistas acontecidas en América Latina, antes y en la actualidad, no se intentó desarrollar políticas monetarias conjuntas que tuvieran como objetivo principal evitar la utilización de una moneda extranjera –el dólar– controlada por un centro de decisión externo, particularmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos.

IV {204} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

Ahora bien, en la XI Cumbre Ordinaria de la ALBA-TCP, acontecida en febrero de 2012, se renueva el compromiso con el sucre autocolocándose una meta; es decir, que debe tender “como mínimo al veinte por ciento (20%) del intercambio comercial entre Las Partes y aumentar progresivamente, empleando medidas que promuevan y estimulen su uso” (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 2).

Por lo tanto, se necesitaría para cumplir lo programado pasar del 3,3% actual al 20%, quintuplicando el porcentaje del comercio intra ALBA-TCP realizado, utilizando el sucre, por lo que se requiere un esfuerzo bastante importante que permita efectuar en sucres una parte significativa del flujo comercial actual que se encuentra en 8.549 millones de dólares, creando mayores estímulos a las empresas exportadoras.

Además, la aludida cumbre intergubernamental de la integración bolivariana comprende la dualidad de esquemas integracionistas de sus participantes, por lo menos los caribeños angloparlantes en la Caricom sostienen que Dado que Antigua y Barbuda, la Mancomunidad de Dominica y San Vicente y las Granadinas son miembros de la Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO), de la Unión Económica de la OECO y de la Caricom, se hace necesario que la ALBA TCP inicie conversiones con la UMCO, la OECO y la Caricom sobre los temas tratados en el presente Acuerdo, especialmente el sucre (…)

La presente cita evidencia que la ALBA-TCP comienza a asumir la importancia de coordinar con los distintos esquemas subregionales, en los cuales intervienen algunos de sus miembros como la CAN, MCCA, Caricom y Mercosur. Algo que se debería desarrollar en temas productivos, comerciales, financieros y monetarios. No solo con la Caricom, sino con los otros dos procesos integracionistas subregionales para evitar la superposición de normas y regímenes distintos.

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La articulación financiera: el Banco de la ALBA

Antes de iniciar el presente apartado, último del cuarto capítulo, deseamos plantear que los pocos datos materiales publicados y obtenidos alrededor del Banco de la ALBA dificultan la realización de un análisis crítico integral, de las actividades ejecutadas posteriormente a su creación, en el marco de las iniciativas formuladas por la VI Cumbre Ordinaria de la ALBA-TCP efectuada en el 2008 (Documento oficial ALBA-TCP, 2008c: 1). En este sentido, nos proponemos exponer parte de lo financiado mediante la institución bancaria internacional de la integración bolivariana –sin cifras concretas porque no fueron divulgadas–, comentando cómo se reafirman las responsabilidades que mantiene dentro del Ecoalba-TCP establecido en la última cumbre en el 2012.

El Banco de la ALBA, en el marco de su incorporación a la estrategia de autofinanciamiento de la experiencia integracionista analizada, invirtió en tres empresas grannacionales: 1. Empresa grannacional Pesca-ALBA. 2. Fondo de Cultura de la ALBA. 3. Grannacional de telecomunicaciones Albatel.

Simultáneamente mantiene tres proyectos en su cartera de créditos, los cuales se encuentran en fase de evaluación de la factibilidad: empresa grannacional forestal, empresa grannacional de alimentos, empresa grannacional de energía, gas y petróleo (Documento oficial ALBA-TCP, 2010c: 2).

Asimismo, la institución financiera fomentó el comercio complementario interno de la ALBA-TCP, particularmente entre Bolivia y Venezuela a través del Fondo de Crédito Rotatorio a Importadores Venezolanos para la adquisición de bienes bolivianos. Un programa de financiamiento que facilita recursos para importar a los empresarios venezolanos productos de origen boliviano, que tengan vinculación con el sector manufacturero y de construcción de la economía andina indicada.

Terminando de englobar sus actividades bancarias administrando los fondos construidos con aportes de los distintos participantes en la

IV {206} Capítulo Un análisis crítico del proceso de concreción de las estrategias…

ALBA-TCP –ajustados al tamaño y capacidad económica–, necesarios para efectuar algunas de las políticas sociales de la articulación regional bolivariana, entre ellas: la sanitaria, la vinculada con la educación y con el programa de cooperación y solidaridad con Haití.

En realidad, como previamente afirmamos, solo conocemos qué operaciones concretas ejecutó en correspondencia con su función de intermediación bancaria; pero, al no estar disponibles públicamente las cifras de la institución bancaria, se dificulta la realización de una evaluación más detallada y en profundidad. Este diagnóstico podría efectuarse teniendo información en torno de la cantidad de recursos entregados en forma de créditos, la retornabilidad de los mismos, la tasa de interés, las comisiones cobradas, los destinatarios, entre otras; información que nos permitiría puntualizar en qué medida se materializa la “nueva arquitectura financiera”. Sin embargo, el Banco de la ALBA, al no publicar sus balances de cuenta obstaculiza dicha tarea, alejando a esta institución del paradigma de la integración contra-hegemónica, debido a que debilita la posibilidad de la autodeterminación democrática, que presupone el control de lo público por parte de la sociedad.

Sin embargo, debemos destacar que los miembros de la ALBA-TCP reafirman su compromiso con la autonomía financiera del proceso de integración y, por ende, con el instrumento creado para lograr el objetivo referido: el Banco de la ALBA. En la XI Cumbre Ordinaria transcurrida en febrero de 2012 se argumenta la importancia de hacer “énfasis en la consolidación del Banco de la ALBA, como instrumento eficaz para el financiamiento de proyectos económicos grannacionales y de cooperación” (Documento oficial ALBA-TCP, 2012: 2).

En este sentido, disponen para la formalización del Banco de la ALBA mediante su capitalización con el 1% de las reservas internacionales de los países integrantes del mismo, incrementado su liquidez y el compromiso de los asociados. Proyectando alcanzar un capital inicial de 608 millones de dólares, porque actualmente los fondos internacionales de los miembros de la ALBA-TCP se encuentran por el orden de los 60.638 millones de dólares (Documento oficial ALBA-TCP, 2011a: 22).

Conclusiones

— {207}

En la investigación desplegada en el marco del presente libro analizamos las políticas económicas y comerciales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Primero, en un plano programático identificamos las ideas y propuestas presentadas en la conceptualización realizada en los documentos oficiales de la ALBA-TCP y, posteriormente, detallamos mediante una evaluación integral e histórica las características de su proceso de materialización en la realidad concreta.

Por ello, en el capítulo I, asumiendo que para entender un fenómeno social se requiere su contextualización y territorialización, empezamos puntualizando las particularidades del orden mundial definiendo que parcialmente se constituye en una economía-mundo capitalista, caracterizada en el marco de la división internacional del trabajo por articular de forma polarizada y asimétrica distintas regiones del mundo; generando así centros desarrollados imperialistas y periferias subdesarrolladas, subalternizadas e imbricadas en un mismo régimen de acumulación que beneficia a los primeros a costa de los segundos por los diversos mecanismos de extracción de excedentes económicos que padece la periferia, a saber:

{208} Conclusiones 1. La repatriación a sus países de origen de las ganancias captadas en los

mercados internos de las regiones periféricas por parte de las empresas transnacionales.

2. La cancelación de los servicios de las deudas externas por parte de los Estados periféricos a los acreedores internacionales.

3. La remuneración de las licencias utilizadas por las industriales locales para producir bienes con patentes de propiedad foránea.

4. El pago de los seguros y fletes internacionales para el traslado de los bienes exportados y, a veces, también los importados.

5. El intercambio de bienes y servicios con precios internacionales desiguales, generalmente la exportación de materias primas y productos agrícolas con cotizaciones menores, mientras se importan maquinarias y tecnologías que tienen mayor valor.

6. La inmigración de profesionales (trabajadores calificados) que fueron formados académicamente con recursos locales, pero coadyuvan con sus conocimientos al desarrollo ampliado de los países centrales.

En esta contextualización empleamos el entramado conceptual aportado por la llamada Teoría de la Dependencia al pensamiento crítico, particularmente, sus variantes marxistas –reafirmando su vigencia y pertinencia actual–; con el objetivo de territorializar la experiencia de integración bolivariana, especificando las particularidades de la inserción de América Latina en la economía-mundo capitalista, es decir, su condición de región periférica y dependiente. Dicha característica de la realidad regional impone a los países participantes en la ALBA-TCP limitaciones materiales y culturales, tanto internas como externas, que obstaculizan el avance de un proceso de desarrollo autónomo de sus estructuras económicas y sociales.

De tal manera, que una tentativa de integración como la ALBA-TCP que se materializa en una región periférica y presenta entre sus fines esenciales al desarrollo autónomo compartido, de antemano se propone confrontar fenómenos concretos predominantes que se hallan conectados, tales como la globalización, el libre comercio y la regionalización

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abierta; debido a que los mismos consolidan la dependencia y por ende permiten la perdurabilidad del subdesarrollo de Nuestra América. Esto, facilitando que se reproduzca y amplíe la desigualdad entre los centros y las periferias por la concentración de capital en los primeros, sostenida en la extracción de excedentes económicos de los segundos, proceso asentado en el incremento de los instrumentos financieros especulativos propios de la fase de sobreacumulación del capitalismo que acontece en la actualidad y en el crecimiento de la exportación de capital que incentiva la expansión global de las empresas transnacionales, generando el control de los aparatos productivos y mercados locales por parte de centros de decisión foráneos.

En función de los autores abordados concluimos con una definición de las relaciones norte-sur o centro-periferia entendidas como antagónicas y no armónicas, es decir, tienen intereses diametralmente diferentes las distintas regiones engranadas en el régimen de acumulación global del capital: las centrales y periféricas. Por lo tanto, concluimos en que: • la articulación bolivariana se posiciona como contra-hegemónica porque resalta en su crítica a la globalización y al libre comercio, los vínculos concretos de estos fenómenos con las necesidades económicas de los centros imperialistas mundiales y su relación con los intereses de las clases dominantes locales de los países periféricos; así como, en paralelo, proyecta establecer formas de imbricación alternativas a la liberalización y a la apertura económica, comercial y financiera de Latinoamérica.

Partiendo de lo afirmado, la ALBA-TCP delimita la dimensión territorial de la integración a la llamada Nuestra América –hasta precisándolo en su nombre–, planteando su condición de proceso sur-sur e intra periférico mientras considera que la integración entre países del centro y la periferia, sin identificar y transformar las relaciones de dependencia que originan las asimetrías, generaría la persistencia y agudización de la división internacional del trabajo y la polarización de la riqueza mundial actual.

{210} Conclusiones Ahora bien, en el capítulo II, revisando las tentativas de unificación e integración regional y subregional acontecidas en la región, pudimos constatar que la ALBA-TCP tiene dos características vinculadas e importantes rescatadoras de algunos legados históricos de las experiencias latinoamericanas del siglo XIX y diferenciadoras de las ocurridas en la segunda mitad del XX, que se observan a partir de la delimitación de su espacio territorial y la amplitud de dimensiones articuladas. Así, concluimos que posee relacionamientos puntuales con procesos derrotados por las oligarquías locales como la Gran Colombia, el Congreso Anfictiónico de Panamá y la República Federal Centroamericana; porque la ALBA-TCP parte de la necesidad de integrar a Nuestra América ante la posibilidad de la pérdida definitiva de la autodeterminación y la soberanía que impone el recrudecimiento de las relaciones de dependencia estructuradas a partir de la globalización y el libre comercio.

La coincidencia se vislumbra cuando entendemos que aquellas iniciativas históricas se organizaron unificando a las nóveles Repúblicas –denominadas anteriormente hispanoamericanas– por el peligro de una invasión del imperio español, que con la ayuda de la llamada Santa Alianza podría terminar con la naciente independencia.

En cambio, tiene diferencias con las experiencias de articulación regional y subregionales latinoamericanas del siglo XX, pasadas y actuales, porque se restringieron en lo fundamental a la imbricación de lo eminentemente comercial de los países involucrados, proyectando la creación de mercados ampliados mediante la eliminación de los aranceles y la homogenización de las legislaciones nacionales. Por otro lado, la ALBA-TCP impulsa la estructuración de una estrategia integral que implica posicionamientos políticos conjuntos, políticas sociales, culturales y económicas que se concretan a partir de programas de cooperación humanitaria y estrategias productivas, comerciales, financieras y monetarias de complementariedad.

Lo último indicado, las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP fueron investigadas con profundidad para identificar su condición de contra-hegemónicas a las ideas y prácticas tradicionales de la

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integración que se articula a los intereses y necesidades de los centros imperialistas mundiales: el libre comercio y su operativización en Latinoamérica a través del denominado regionalismo abierto. Así partimos analizando los principios y lineamientos del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), entendido como un acuerdo que expresa el horizonte valorativo y práctico de la integración bolivariana.

En este sentido, en correspondencia con la amplitud de la investigación y la centralidad del hecho contra-hegemónico, entre los veintitrés principios del TCP nos pareció relevante abordar críticamente y problematizar los siguientes, algo que realizamos en el capítulo III: 1. Reconocimiento del papel de los Estados soberanos en el desarrollo socio-económico y la definición de la direccionalidad de la economía.

2. Protección de la producción de interés nacional.

3. El trato solidario para las economías más débiles.

4. Favorecimiento a las comunidades, comunas, cooperativas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas.

5. Comercio con políticas arancelarias ajustadas a los requerimientos de los países en desarrollo.

6. Comercio complementario y soberano entre los pueblos, las naciones y empresas.

En función de este objetivo, en el capítulo III, concluimos en que los principios, valores e ideas que orientan a las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP se presentan como alternativos y antagónicos a aquellos que legitiman las formas de articulación propias de la globalización y el libre comercio, afirmación que confirmamos identificando las diferentes contradicciones entre las dos formas de integración puntualizadas: la hegemónica y la contra-hegemónica. De tal forma, comenzamos identificando las cualidades de la experiencia bolivariana cuando se programa como objetivo central al desarrollo autónomo compartido, no al incremento de los flujos comerciales.

En tal sentido, para alcanzar la finalidad indicada se recupera al Estado como ente que tiene la capacidad para planificar, financiar y materializar

{212} Conclusiones –a partir de sus empresas– el desarrollo económico compartido, mientras que distribuye los excedentes creados mediante el crecimiento de las economías, diferente al libre comercio en el cual se coloca como elemento esencial al mercado, limitando la participación de lo estatal y se lo convierte en un instrumento para lograr la liberalización económica; porque supuestamente obstaculizaría la eficiencia productiva y el comercio que se consigue con la mercantilización de la vida social.

Así, desde esta perspectiva, se revaloriza la necesidad de proteger a la producción nacional de los países integrados a través de una política arancelaria ajustada a las necesidades del desarrollo autónomo, ante el libre comercio que impulsa aumentar la competencia entre las empresas extranjeras y locales, incorporando en sus propósitos lograr mayor eficiencia productiva con menores costos económicos y optimizando los beneficios de los consumidores mediante menores precios. Dicho objetivo estimula que las transnacionales con mayor escala, y absorción tecnológica, controlen los mercados internos de los países periféricos.

Además, se plantea la importancia de enmarcar a la integración en la construcción de mecanismos complementarios que incorporen un trato solidario con las economías de menor desarrollo, intentando reducir la polarización; a contrapelo, tal como evidenciamos en los primeros capítulos, el libre comercio descansa en la articulación de países con aparatos económicos asimétricos sin involucrar medidas que reduzcan las desigualdades; porque tienen a la competencia como práctica fundamental del engranaje económico-comercial. También en la ALBA-TCP se planea incorporar nuevos actores económicos como las comunas, cooperativas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas; que intentarían alcanzar una mayor distribución de la riqueza creada por las mismas. Antagónicamente, el libre comercio privilegia el engranaje de los flujos internos de las filiales de las empresas transnacionales que tienen un mayor volumen comercial.

Asimismo, entendiendo que se requieren generar lazos orgánicos complementarios en lo productivo, comercial, financiero y monetario para materializar los principios generales del TCP, se conceptualizan

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cuatro políticas económicas relacionadas: la Zona Económica de Desarrollo Compartido (ZEDC), las empresas grannacionales, el Banco de la ALBA y el sucre.

La ZEDC se compone de estrategias concretas que programan la materialización de los flujos comerciales complementarios entre los países de la ALBA-TCP: 1. Reducir los trámites necesarios para el comercio interno, homogenizando las normativas fitosanitarias y los procedimientos administrativos con la finalidad de eliminar los obstáculos no arancelarios al intercambio de bienes; 2. Socializar la información comercial de los integrados interna y externamente, mediante actividades entre los responsables públicos, ferias y la promoción internacional; 3. Realizando actividades de capacitación y formación en comercio complementario, desde postgrados hasta talleres a los funcionarios públicos vinculados al tema; 4. Incorporando nuevos actores económicos como las pequeñas y medias empresas, las comunas, empresas recuperadas por los trabajadores y cooperativas.

En lo productivo, se proponen a las empresas grannacionales que se constituyen con la asociación complementaria de dos o más países involucrados en la ALBA-TCP, son esencialmente de propiedad estatal; buscan producir bienes en áreas estratégicas de la economía que se direccionen al mercado local satisfaciendo las necesidades materiales y culturales de las clases populares, mientras los excedentes económicos creados se mantienen en el ciclo de acumulación interna.

Finalmente, las políticas económicas y comerciales de la integración bolivariana evidencian su integralidad con la nueva arquitectura financiera, constituida por el sucre y el Banco de la ALBA, que intenta –mediante un proceso de desconexión parcial– reducir la dependencia de los flujos financieros especulativos y de las decisiones asumidas por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el

{214} Conclusiones Banco Mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos; así como la banca privada monopólica transnacional. El sucre es un sistema de compensación que puede ser empleado por los importadores locales para adquirir productos provenientes de los países integrados utilizando su moneda nacional, es decir, sin necesitar divisas extranjeras como el dólar.

Por otra parte, la institución bancaria de la ALBA-TCP se organiza para financiar las empresas grannacionales, los proyectos de infraestructura y administrar los fondos requeridos por las políticas sociales de la tentativa integracionista bolivariana, capitalizándose con el 1% de las reservas internacionales de los asociados.

En este sentido, concluimos en que las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP tienen en su fundamentación teórica y propositiva un carácter contra-hegemónico, porque promueven una articulación integral de países periféricos que proyectan al desarrollo autónomo como objetivo central. Por lo tanto, intentan superar las relaciones de dependencia transformando las particularidades de la inserción internacional de las economías integradas y realizando estrategias orientadas por la complementariedad.

Sin embargo, a partir del capítulo IV, cuando iniciamos un análisis en profundidad de la concreción de las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP, nos percatamos que hay una significativa brecha entre lo propuesto y lo construido. Así, en el marco de los datos ofrecidos por los bancos centrales, descubrimos que el flujo comercial interno en el 2011 es un 6,6% de la totalidad de las exportaciones de los países participantes, cifra menor que la existente en el comercio intra de los distintos esquemas de imbricación subregional: Mercado Común Centroamericano, Comunidad Andina de Naciones, la Caricom y el Mercosur.

Igualmente, identificamos que entre las dieciséis empresas grannacionales proyectadas por la integración bolivariana en sus documentos oficiales, solo se organizaron tres que están en fase de producción y otras tres esperando financiamiento que depende de la evaluación de su factibilidad económica y técnica por parte del Banco de la ALBA. De tal

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forma, en la actualidad se encuentran en fase de operación el 18,7% de las unidades productivas grannacionales programadas, una importante cantidad no superó la condición de propuestas e ideas.

Asimismo, la brecha aludida entre lo propuesto y lo materializado se observa con claridad cuando planteamos que solo el 3,3% del intercambio del comercio interno de la ALBA-TCP es efectuado a través del sucre. Dejando que la inmensa mayoría –el 96,7%– se realice empleando una moneda extranjera como el dólar, que depende de un centro de decisiones foráneo (la Reserva Federal de Estados Unidos). Situación denunciada en sus documentos oficiales por la articulación bolivariana, pero que igualmente es reproducida en la realidad concreta.

Lo expresado, previamente, nos lleva a considerar los obstáculos que mantiene la ALBA-TCP por las relaciones de dependencia sufridas por América Latina, porque debilitan la posibilidad de la creación de lazos orgánicos que concreten una integración alternativa e impidan el desarrollo autónomo compartido. De tal forma, la consecución de los objetivos y el avance de la imbricación regional bolivariana se vincularía con la transformación de las estructuras internas y externas constituyentes del subdesarrollo y la subalternización, algo que dependería de la direccionalidad política y social de los procesos que ocurren en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Es decir, la correlación de fuerzas que surja de la lucha política en las sociedades aludidas, puede generar diversos y hasta contrapuestos escenarios de cara al futuro, que terminen definiendo experiencias neodesarrollistas manejadas verticalmente por fracciones emergentes de la burguesía local, que deseen recuperar el mercado nacional para realizar sus mercancías, y aspiren solamente a la industrialización y capitalización parcial de sus empresas, a partir de la reinversión en el aparato productivo controlado por ellas, de una mayor parte de los excedentes económicos transferidos a los centros desarrollados mundiales. Esto dejaría en pie la dependencia y el subdesarrollo, pero en mejores condiciones de rentabilidad y autonomía para las clases dominantes locales.

{216} Conclusiones • El escenario expuesto se puede visualizar al constatar que el proceso político venezolano ha mantenido un mecanismo de reproducción del capitalismo dependiente rentista petrolero. Estatizando el control del principal bien común de Venezuela, el petróleo, pero privatizando la mayoría de la renta petrolera mediante la entrega a la fracción emergente de la burguesía de créditos con bajas tasas de interés y poca retornabilidad, dólares preferenciales para importar y contratos para obras públicas; mientras se ejecutan asociaciones productivas a partir de empresas mixtas.

Otro escenario posible estaría dado por la posibilidad de apuntar a la edificación de tentativas de autodeterminación democrática que abran un verdadero horizonte hacia el socialismo, logrando estructurar un régimen de acumulación interno ajustado a las necesidades populares, en el cual los excedentes económicos se produzcan, distribuyan y controlen a partir de instituciones y unidades económicas estatales y públicas, organizadas y gestionadas por las clases subalternas mediante la autogestión obrera, popular y campesina. Situación que generaría mejores condiciones socioeconómicas y políticas para la superación de la dependencia, en el marco de la planificación democrática y centralizada de unidades económicas ajustadas a los requerimientos de las diversas ramas productivas, la mayoría con mayor escala económica; incentivando transformaciones en las formas de producir, consumir y vivir de las sociedades integradas.

En contraste con este último escenario cabe vislumbrar, tal como lo hemos problematizado en el capítulo III, cómo cambiarían los procesos de integración de América Latina en un contexto signado por el incremento de acuerdos bilaterales de libre comercio (TLC), entre Estados Unidos y una mayor cantidad de países de la región. De prosperar este tipo de iniciativas, se tornaría factible la recuperación del panamericanismo como forma de articulación continental, debilitando de esta manera la posibilidad de la unificación endógena de Latinoamérica.

Esto implicaría un retroceso de las condiciones vigentes en Nuestra

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América, aumentando la subordinación hacia los demandantes de materias primas.

Asimismo, el futuro de la ALBA-TCP también se encuentra condicionado por los mecanismos y formas en las cuales se relacione en los próximos años con países como Brasil, China, India y Rusia (BRIC), que por el tamaño de sus mercados. El crecimiento de su aparato productivo y el aumento de la absorción tecnológica de sus economías pueden ser decisivos en la superación de la subordinación productiva, comercial, financiera y tecnológica que padecen los miembros de la articulación bolivariana ante los centros desarrollados mundiales; sin embargo, los vínculos referidos también podrían generar nuevas dependencias, en este caso hacia las Repúblicas indicadas, por la poca diversificación productiva de la mayoría de las economías latinoamericanas. Por ejemplo, consolidarnos como ofertantes de materias primas para el proceso de industrialización de China, mientras recibimos productos terminados provenientes del país mencionado; realidad que reproduciría los actuales patrones de producción y consumo capitalistas, los cuales se encuentras destruyendo el ambiente.

Además, cerrando la presente conclusión, debemos reafirmar la condición de contra-hegemónicas de las políticas económicas y comerciales de la ALBA-TCP, sin negar la diferencia entre lo planeado y materializado de las mismas. De tal forma, que se requiera avanzar en la construcción de una integración que se presente como una hegemonía alternativa, no solo resista y confronte el consenso fabricado alrededor del neoliberalismo y el libre comercio; que tenga, además, la capacidad para constituirse en hegemónica organizando y consolidando un bloque de poder regional en lo político, económico y social y que aquello programado lo concrete a partir de la planificación y de la participación central de los sujetos sociales, trabajadores y campesinos interesados realmente en romper con la subordinación integral que padece Nuestra América en el marco del capitalismo.

Epílogo

— {219}

Los programas sociales de la experiencia de integración bolivariana

La investigación alrededor de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que terminó convirtiéndose en el presente libro, se desarrolló en el marco de la realización de la maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional Tres de Febrero; por lo tanto, las temáticas abordadas se limitaron a las características programáticas y concretas de la integración productiva, comercial, financiera y monetaria. Además, como lo planteamos anteriormente, consideramos la importancia de resaltar y analizar con profundidad las problemáticas económicas referidas.

Sin embargo, después de releer la investigación y decidir su publicación, identificamos la carencia de una descripción de las políticas sociales desplegadas conjuntamente por los gobiernos nacionales de los Estados partes de la ALBA-TCP. Recordemos algo puntualizado antes, que la experiencia de integración bolivariana surge a partir de los

{220} Epílogo acuerdos firmados en la I Cumbre efectuada en el 2004 en la Habana, entre el expresidente de Cuba Fidel Castro y el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, el cual se desarrollaba en el marco de un proceso de cooperación que institucionalizaba un conjunto de políticas sociales realizadas conjuntamente por los dos países para solventar la terrible situación que padecía el pueblo venezolano en materia sanitaria y educativa.

Entonces, en correspondencia con la superación del período de mayor desestabilización desarrollada por los sectores reaccionarios de Venezuela entre 2001 y 2004 (golpe de Estado, paro patronal, sabotaje petrolero y barricadas callejeras en las zonas pudientes de las ciudades), se logran definir mecanismos de cooperación y solidaridad donde la complementariedad se asienta como elemento central del relacionamiento entre los fundadores de la ALBA-TCP. Así, el Gobierno Popular de la República de Cuba envió alrededor de 30.000 mil médicos, miles de asesores educativos, deportivos y cultores, que coadyuvaron a la superación de la crisis social que sufrían las clases populares de la República bolivariana; mientras el Gobierno Nacional de Venezuela envía para solventar los problemas energéticos de la bloqueada y hostigada isla caribeña 90.000 barriles de petróleo diarios con facilidades de pago, que son en su mayoría manufacturados en las refinería Camilo Cienfuegos de Cuba.

Ahora bien, con la constitución de la ALBA-TCP se organiza una institucionalidad que se necesitaba para extender las políticas sociales entre Cuba y Venezuela a los distintos países del proceso de articulación regional, el denominado Consejo Social. El órgano mencionado que, ya explicamos en el capítulo III, se integra por los ministros encargados de gestionar los programas asistenciales por parte de los gobiernos nacionales de los asociados, entre ellos: educación, salud, vivienda, deporte, cultura, igualdad de género, entre otros. Efectuando hasta los momentos tres grandes reuniones para coordinar y planificar sus actividades, las dos primeras en el 2009 en las ciudades de La Paz y en La Habana, y la tercera en la última realizada en el 2011 en Cochabamba.

El desarrollo de diversas políticas sociales en el marco de la ALBA-TCP intenta superar las limitaciones economicistas de los procesos

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de integración tradicionales, vinculados al analizado libre comercio, en los cuales los principales objetivos es la organización de mercados más amplios y economías con mayores escalas que intensifiquen la competencia. En cambio, en la ALBA-TCP se promueven programas asistenciales que permiten garantizar las necesidades materiales y culturales de las clases populares de la región que históricamente han sufrido la explotación económica, la opresión política y la exclusión social. Resaltemos que hasta hace pocos años países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela mantenían situaciones sociales terribles, que se expresaban en altos índices de pobreza y desigualdad. Los cuales se vienen reduciendo considerablemente, tanto que la República Bolivariana, según la Cepal, es la sociedad menos desigual de la región.

Entre las políticas sociales tenemos: • Misión Milagro, • Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), • Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano ubicado en la ciudad de Caracas, • Programa de Alfabetización, • Juegos Deportivos de la ALBA, • Fondo Cultural de la ALBA, • Programa de Cooperación y Solidaridad con Haití, • Misión para Personas con Discapacidad.

Entonces, empecemos a definirlos y visualizar sus importantes avances: La Misión Milagro se constituye en un programa asistencial en el cual personas con problemas oftalmológicos de las clases populares de la región reciben tratamientos quirúrgicos gratuitos en centros sanitarios, ubicados en Cuba y en menor medida en los otros países de la ALBA-TCP, que les permiten, después de diversas fases de terapia, recuperar su salud visual. Hasta la actualidad, según el informe oficial de la ALBA-TCP del 2011, se han realizado 2.295.046 operaciones

{222} Epílogo financiadas mediante el incremento de la inversión pública en salud de los asociados a la experiencia de integración bolivariana.

Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)

La ALBA-TCP viene promoviendo la formación de médicas y médicos comunitarios y humanistas en el marco de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), ubicada su sede central en Cuba, pero con subsedes en los diversos países del proceso integracionista. La misma fue fundada en el 2007, y hasta los momentos tiene 1.038 estudiantes que reciben beca completa financiada por el proceso de articulación regional analizado en la presente investigación.

Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, construido en la ciudad de Caracas. En este centro de salud se efectúan operaciones a pacientes que tienen malformaciones cardíacas detectadas en su infancia y adolescencia; en palabras del mismo documento oficial referenciado antes, se han realizado 3.249 intervenciones quirúrgicas.

Programa de alfabetización Yo sí puedo. La ALBA-TCP también ejecuta en los países integrados el denominado Programa de Alfabetización, es decir, una política social coordinada por la República de Cuba en la cual se emplea el método cubano de alfabetización reconocido por la Unesco, el “Yo Sí Puedo”; para enseñar a leer y a escribir a personas pertenecientes a las clases populares. El programa anunciado, desde su creación en el 2004, logró la alfabetización de 3.501.488 personas.

Asimismo, articulado a la política social explicada, se organizó el nivel educativo de postalfabetización de los estudiantes antes beneficiados, los cuales continuaron su proceso de aprendizaje en el marco de la ALBA-TCP: 1.063.100 Juegos Deportivos de la Alba. Además de las actividades educativas y sanitarias, la ALBA-TCP viene incentivando la integración deportiva mediante las IV ediciones de los Juegos Deportivos de la ALBA, en los cuales, cada dos años, participan atletas de los diversos países de la articulación regional bolivariana; mientras, paralelamente, se creó la Universidad Deportiva del Sur con el apoyo de profesionales de la actividad

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física y el deporte de origen cubano, que tienen una alta preparación en la materia evidenciada en los logros de la isla caribeña en eventos del llamado ciclo olímpico.

Fondo de Cultura de la Alba. También se edificó el Fondo de Cultura de la ALBA que promueve la publicación de libros, el desarrollo de actividades artísticas grannacionales como obras de teatro, películas, cursos, circo, conciertos, entre otras, que intentan fortalecer una identidad en nuestra América y emancipadora en los países de la ALBA-TCP. Como bien podemos observar, las políticas sociales de la ALBA-TCP intentan mantener un carácter integral; sin embargo, se encuentran estrategias focalizadas y organizadas para superar la exclusión social, entre ellas: la Misión para Personas con Discapacidad. La cual, en los distintos países, tiene nombres ajustados a la realidad local39, pero en términos generales se plantea como objetivo principal crear mejores condiciones de vida para aquellas personas que sufren alguna discapacidad física o mental; entonces, hasta el momento, fueron incorporados mediante la atención de expertos en la materia y la entrega de equipos médicos 3.841.797 ciudadanos.

Finalmente, entre las políticas asistenciales y solidarias de la ALBA-TCP se efectúa el Programa de Cooperación y Solidaridad con la hermana República de Haití, que surge después del devastador terremoto sufrido por la primera nación negra independiente del mundo.

Así, se han constituidos cinco campamentos de atención y organización de las clases populares haitianas: • Campamento Simón Bolívar (alberga 700 familias); • Campamento Alejandro Petión (alberga 696 familias); • Campamento José Martí (alberga 439 familias); • Campamento César Augusto Sandino (alberga 377 familias) y el 39 Nombres de misiones para los discapacitados: en Bolivia, Misión Moto Mén-

dez; en Cuba, Misión Atención al Discapacitado; en Ecuador, Misión Manuela Espejo; en Nicaragua, Misión Manuel Espejo y en Venezuela, Misión José Gregorio Hernández.

{224} Epílogo • Campamento Francisco de Miranda (alberga 1.190 familias).

En los mismos se genera un proceso de apoyo integral que supone suministro de alimentos, agua y energía eléctrica, así como espacios educativos y sanitarios. Asimismo, sin limitarse a los asentamientos, la ALBA-TCP creó un fondo de apoyo para Haití a fin de desplegar iniciativas productivas relacionadas con la reconstrucción de la matriz energética y la soberanía alimentaria.

Ante las políticas sociales de la ALBA-TCP, que son totalmente contra-hegemónicas para una experiencia de integración en Nuestra América, se debe alertar dos posibles obstáculos para su mantenimiento en el tiempo y su profundización: 1. Que se desarrollen desde el aparato estatal, y como una medida vertical y asistencialista, en la cual no participen organizados los pueblos trabajadores de aquellos países asociados a la articulación bolivariana, lo que puede terminar desmovilizando a las clases populares que combatieron el neoliberalismo en los últimos y primeros años de los siglos XX y XXI. 2. Que el financiamiento de los programas sociales de la ALBA-TCP tiene como base material los altos precios de algunas materias primas, esencialmente hidrocarburos, que son demandadas por la tentativa de industrialización transnacional de China. Dichos bienes comunes, ahora, son propiedad de los Estados bolivarianos por la recuperación y estatización de los mismos; entonces, los ingresos por su exportación permiten la materialización de las políticas aludidas, constituyendo una debilidad porque su concreción depende de los recursos que provienen de las relaciones comerciales desiguales.

Los posicionamientos políticos de la ALBA-TCP

El cierre del presente epílogo de la investigación será empleado para exponer los pronunciamientos políticos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), algo que permitirá caracterizar las posiciones políticas

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del referido proceso de integración regional ante acontecimientos imbricados a la conflictiva realidad mundial actual.

En este sentido, a diferencia del libre comercio neoliberal, la ALBA-TCP plantea la importancia de la “voluntad política” para desarrollar una experiencia de articulación regional entre países de Nuestra América, que se propone como objetivo central alcanzar la autodeterminación integral. Así, la acción despolitizadora de la integración hegemónica que esconde su engranaje con los intereses de los sectores dominantes (transnacionales, agroexportadores e importadores), intenta universalizar valores y prácticas sosteniendo que las mismas son las únicas posibles; se encuentra con un proceso en América Latina que manifiesta sus posicionamientos críticos en diversos temas, partiendo de tres principios fundamentales: la autodeterminación de los pueblos, la multipolaridad y la unidad de Nuestramérica.

La ALBA-TCP, teniendo como miembros fundadores a las Repúblicas de Cuba y Venezuela, desde sus primeros años se pronunció en torno de la importancia que tiene para los pueblos de Nuestra América que culmine el bloqueo político y el embargo económico y comercial impuesto en 1960 por los Estados Unidos a la mayor de las Antillas, posteriormente, al inicio de su Revolución. Además, la ALBA-TCP declaró su rechazo, movilizándose junto a los movimientos populares que la integran, en contra de los intentos de golpe de Estado en Bolivia y Ecuador, así como ante las acciones que impusieron regímenes de facto en Honduras y Paraguay.

Igualmente, la ALBA-TCP se pronunció a favor de la paz regional promoviendo la negociación bilateral entre Bolivia y Chile en el marco de la disputa por la salida al mar del Estado plurinacional, asimismo invocó la necesidad del diálogo entre Costa Rica y Nicaragua para solventar el conflicto por los límites del Río San Juan. Finalmente, en reiteradas oportunidades, a pesar de la actitud guerrerista de sectores de la oligarquía colombiana, la integración bolivariana coadyuvó a los esfuerzos de paz que se desarrollan en Colombia entre el Estado y las

{226} Epílogo organizaciones insurgentes, particularmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Por otra parte, en correspondencia con el principio de la multipolaridad y de la autodeterminación de los pueblos, la ALBA-TCP denuncia las acciones imperialistas de las potencias de los centros desarrollados mundiales (Estados Unidos y la Unión Europea) que, mediante la criminal Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), viene desarrollando en Libia, Irak y Afganistán ataques militares para imponer gobiernos títeres que les permitan apropiarse de los recursos naturales de los territorios invadidos.

La ALBA-TCP, impulsada por el Estado plurinacional de Bolivia, también viene planteándose la importancia de la organización alternativa de las formas en las cuales los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, la llamada Pachamama40 por algunos pueblos indígenas. Así, los países participantes en la experiencia de integración bolivariana presentan acuerdos comunes para la Cumbre de Río +20 sobre desarrollo sustentable de la Organización de Naciones Unidas (ONU); mientras, paralelamente, se preparaban para la realización de la Cumbre de los Pueblos en la cual, con movimientos sociales e intelectuales, se debatió y decidieron un conjunto de medidas requeridas para superar los problemas ambientales generados por el capitalismo.

En este sentido, los países asociados a la ALBA-TCP han posicionado un conjunto de críticas concretas alrededor de la realidad mundial actual, por lo tanto, se viene convirtiendo a la articulación bolivariana en una plataforma regional con peso internacional que permite avanzar en la construcción de una estrategia de disputa cultural que permita debilitar el consenso social que posee la hegemonía capitalista. Sin embargo –como ya dijimos en la conclusión de la investigación–, debe ser materializado para superar la mera crítica discursiva pasando a la transformación estructural de las relaciones sociales que sustentan al 40 La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica a la que quechuas, aimaras y otras etnias andinas realizan ofrendas en su honor (nota del editor).

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capitalismo. Algo que depende de la organización de los pueblos bolivarianos, y más allá Nuestra América, para constituirse en los sujetos centrales de la edificación de la Patria Grande.

Anexos

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Documentos oficiales

• Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (1947).

• Anuario Estadístico de Venezuela (2009).

• Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). (2011). Boletín electrónico Nº 14, agosto.

• Carta de la Organización de Estados Americanos (1948).

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

(1994). El Regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica en servicio de la transformación productiva con equidad.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

(1995). Desenvolvimiento de los procesos de integración en América Latina.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

(2011). Comercio Exterior de Bienes en América Latina y el Caribe.

{230} Anexos División de Comercio Internacional e Integración. Boletín estadístico Nº 5.

• Constitución de la Confederación Perú-Boliviana (1873).

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Título IV, Del Poder Público. Capítulo I de las Disposiciones Generales.

Sección Quinta de las Relaciones Internacionales. Artículo 153.

• Ministerio de Producción y Comercio. (2003). Memorandum-Cumbre de las Américas de Miami. Ministerio de Comunicación e Información. Caracas, Venezuela.

• Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. (2012).

Venezuela y las Conferencias Panamericanas. Tomo I. • Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Protocolo de Guatemala (1993).

• Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de la Nación. Lineamiento Nueva Geopolítica Mundial. (2007). República Bolivariana de Venezuela.

• Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) (2012). Estado de Situación de la Integración Económica Centroamericana.

• Tratado de Asunción (1991).

• Tratado de Chaguaramas (1973).

Documentos de la ALBA-TCP

• Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Banco de la ALBA. Financiando la integración productiva de los pueblos de Nuestra América. Folleto informativo (2010c).

• Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Coordinación permanente. Informe anual ALBA-TCP (2011a).

• Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Coordinación permanente. Posición ante la intervención militar de la OTAN en Libia (2011b).

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• Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Coordinación permanente.

Conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por los límites territoriales fluviales (2009c).

• Comunicado especial sobre intento de golpe de Estado en Ecuador.

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (2010a).

• Declaración conjunta entre los jefes de Estado de Cuba y Venezuela (Documento oficial de la ALBA). (2004).

• Declaración de los países ALBA-TCP sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba, incluida la aplicación de la llamada ley Helms Burton (2009b).

• Declaración del Consejo Político sobre la Situación en Honduras.

Documento del Primer Consejo Político de la ALBA-TCP (2009a).

• Documentos de la ALBA-TCP. Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional (2009g).

• Documentos de la III Cumbre Extraordinaria ALBA-TCP. Declaración conjunta (2008a).

• Documentos de la IV Cumbre Extraordinaria ALBA-TCP. Declaración conjunta (2009e).

• Documentos de la V Cumbre ALBA-TCP (2007a). Declaración política de los jefes de Estado y gobierno.

• Documentos de la V Cumbre ALBA-TCP. Encuentro de Movimientos Sociales (2007b).

• Documentos de la VI Cumbre ALBA-TCP. Acta Fundacional del Banco de la ALBA (2008c).

• Documentos de la VI Cumbre ALBA-TCP. Conceptualización de Proyecto y Empresa Grannacional en el Marco de la ALBA (2008b).

• Documentos de la VII Cumbre ALBA-TCP. (2009d). Plan de acción para el desarrollo del comercio en la Zona Económica de Desarrollo Compartido de la ALBA-TCP.

{232} Anexos • Documentos de la VII Cumbre ALBA-TCP. Principios fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos (2009e).

• Documentos de la X Cumbre ALBA-TCP. Declaración de Otavalo con autoridades indígenas y afrodescendientes (2010b).

• Documentos de la XI Cumbre Ordinaria ALBA-TCP. Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico de la ALBA-TCP (Ecoalba). Consejo de Complementación Económica de la ALBA (2012).

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Esta edici贸n de 3.000 ejemplares

se imprimi贸 en el mes de enero de 2014, en Talleres tipogr谩ficos xxxx., C. A. Caracas, Venezuela