Ideas Adolfo Rodríguez Saá by Fisal San Luis

IDEAS PARA TRANSFORMAR Y HACER CRECER LA ARGENTINA

Adolfo Rodríguez Saá

Ideas para transformar y hacer crecer la Argentina

PRÓLOGO A continuación se presenta una síntesis de las principales propuestas que forman parte de la plataforma de gobierno de la Alianza Compromiso Federal, liderada por su candidato a presidente, el Senador Nacional Dr. Adolfo Rodríguez Saá, de cara a las elecciones presidenciales del año 2015. Se las ha agrupado en seis ejes temáticos relacionados con Desarrollo económico y humano, Educación e infancia, Seguridad y derechos humanos, Fortalecimiento democrático, Progreso y medio ambiente y Sociedad del conocimiento e inclusión digital. Los cuatro primeros se corresponden con los temas que estructuraron el primer debate presidencial de la historia argentina, a los que se suman los dos últimos por la importancia que tienen en la visión de país que proyecta este espacio político.

1- Organizado por la ONG Argentina Debate, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas habilitadas para presentar candidatos a Presidencia de la Nación, y transmitido por televisión en fecha 04/10/2015.

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AGRADECIMIENTOS La Alianza Compromiso Federal desea agradecer a quienes han participado de la elaboración y edición de la presente síntesis de propuestas de gobierno.

Rosendo Alsina Liliana Luz Álvarez Goyanes Marcelo Alcaraz Graciela Aráoz Valeria Arenas Gustavo Arrighi Cecilia Badaloni Alicia Bañuelos Alejandra Breggia Candelaria Beltrami Sandra Bianchi Mariela Britos Debora Buzaglo Juan Cagliari Liliana Calderón Mercedes Canepa Daniel Carranza Graciela Corvalán Ivo Cutzarida Ana María del Bosco Gustavo Eduardo Delgado Adriel Fernández Santander Rosalino Flores Nicolás Garcés Juan I. Garcia Maiztegui

María Clelia Guiñazu Wencensalo Gonzáles Day Daiana Hissa Victoria Luco Luis B. Lusquiños Hernán Martens Ana Maqueda Graciela Mazzarino Cristian Moleker Daniel Molina Martín Muñoz Balbo Solange Nobile Maria Clelia Odicino Gustavo Ortuvia Silvia Pedretta Ricardo Quintana Lucio Quinzio Gabriel Ravera Sebastián Ricco Juan Cruz Rigau Eduardo Riveros Alejo Baltazar RodríguezCasio Agustina Rodriguez Saá Feliciana Rodriguez Saá Cecilia Rojo

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Germán Rojo Juan Carlos Rosso Victoria Rosso Fedra Santágata Victoria Seiner Maria Antonia Salino José María Vernet (h.) Alicia Victorero de Ros Pedro Wouterlood Sapag Alejandro Zucco

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CONTENIDO 3

PRÓLOGO

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

13 DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO 19 Economías Regionales 22 Jerarquizar el Ingreso de los Trabajadores 23 Plan de Viviendas 27 EDUCACIÓN E INFANCIA 33 Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia 2016-2026 33 Seguro de Bienestar Para la Infancia 34 Desinstitucionalización 35 Procuraduría Integral de la Niñez y Adolescencia 35 La Escuela es Para Aprender: Vivienda y Trabajo Para las Familias 36 La Escuela es para la Igualdad: Plan de Emergencia en Lectura 36 La Escuela es Para el Futuro: Infraestructura y Pedagogía Hacia el Mundo Diverso y Digital 41 SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 45 El Derecho Humano a la Salud Como Respuesta a las Adicciones 46 Control 47 Coordinación 49 Infraestructura

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51 FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 56

Reforma Polí ca

57 Ataque a la Corrupción 58

Par cipación Ciudadana

Decretos de Necesidad y Urgencia

Independencia del Poder Judicial y Acceso a la Jus cia

Control y Rendición de Cuentas

63 Federalismo Fiscal: Copar cipación 64 Elección Democrá ca de la Nueva Capital Federal 67 PROGRESO Y MEDIO AMBIENTE 70

Agua

Energía. Bases Para Una Polí ca de Estado del Sector Energé co

79 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO E INLCUSIÓN DIGITAL 85 Universidades 86 Ciencia y Tecnología 89 Inclusión Digital

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INTRODUCCIÓN Algunos creen que es una utopía. Pero nosotros sabemos que podemos construir un país mucho mejor, en el que todos los argentinos puedan ejercer sus derechos, desarrollar su potencial con mayores oportunidades y cumplir sus sueños personales y familiares. En la nueva Argentina que juntos podemos construir, quienes deseen trabajar podrán trabajar y tener un salario digno. Los niños y adolescentes ya no pasarán hambre, vivirán con su familia en una casa y un hábitat adecuados, y podrán acceder a los servicios de salud y a la educación de calidad que necesitan y merecen. Nuestros hijos son el futuro, y es por eso que debemos invertir en su pleno desarrollo. En la nueva Argentina que unidos podemos construir, los emprendedores y trabajadores del campo y la industria podrán apoyarse en un Estado que no los asfixia, sino que los integra, los ayuda y reconoce los beneficios que producen sus esfuerzos. Podemos edificar un país donde las economías regionales sean un motor de progreso. Sabemos que es posible trabajar para la innovación y el conocimiento si garantizamos la inclusión digital y damos oportunidades a nuestras mentes creativas. El desarrollo que logremos estará en armonía con la naturaleza. Habrá paz entre el progreso y el medio ambiente. En el camino del desarrollo, el Estado estará presente para ayudar a quienes más lo necesiten. Es fundamental afianzar la inclusión y la integración social para construir la Argentina que deseamos. Las perspectivas de un futuro mejor reducirán la incidencia de los

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delitos y la violencia, pero tampoco debemos descuidar la prevención de los mismos y el efectivo cumplimiento de la ley. Para ello debemos consolidar fuerzas de seguridad capacitadas para confrontar una dura y compleja realidad. Para hacer frente al flagelo de la inseguridadtambién es fundamental garantizar una Justicia independiente, rápida, eficaz y, por sobre todas las cosas, de acceso igualitario. Vamos a trabajar por un Estado democrático, transparente y participativo, promoviendo el diálogo, implementando mecanismos de participación ciudadana y rindiendo cuentas a la ciudadanía, sin excusas ni excepciones. También trabajaremos por consolidar definitivamente el federalismo político y fiscal en nuestro país, para garantizar la autonomía de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a recrear las condiciones que aseguren el pleno respeto a la libertad de expresión, para que todos puedan manifestar sus opiniones sin temor a sufrir represalias o persecuciones. Vamos a reconocer en plenitud la preexistencia étnica y cultural de nuestros pueblos originarios, con la promoción del desarrollo sostenible de sus comunidades y el respeto a sus culturas y formas de vida. Esta Argentina que soñamos será igualitaria y justa. Todos gozaremos de las mismas oportunidades, derechos y garantías. Nos proponemos liderar un cambio que tiene como objetivo lograr la Argentina que soñamos. Los sueños no deben confundirse con utopías. Los sueños son objetivos realizables si el esfuerzo del pueblo se combina con el liderazgo adecuado, y si la enorme riqueza de nuestro país es administrada con honestidad e invertida con visión de

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futuro. Lograr la Argentina que soñamos es nuestro compromiso indeclinable. Unidos vamos a lograrlo. Unidos somos invencibles.

ADOLFO RODRIGUEZ SAÁ Candidato a Presidente de la Nación

Bloque Temรกtico 1 DESARROLLO ECONร MICO Y HUMANO

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DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO Argentina tiene un potencial enorme para desarrollar el espíritu emprendedor y creativo que caracteriza a su pueblo. Es preciso estimular ese espíritu para retomar la cultura del trabajo y lograr un desarrollo sostenido en las tres principales áreas de nuestra economía: la agraria, la industrial y la del conocimiento. Un cuarto eje tiene que ver con el Estado, que debe sostener, integrar y multiplicar el esfuerzo de los argentinos. El agro es un sector de gran pujanza en nuestro país, que ha logrado desarrollos de excelencia. Es uno de los motores del progreso argentino. Como uno de los sectores más competitivos de nuestra economía, es importante que pueda crecer sin obstáculos. Hay que sacarle “las manos de encima” al campo. Para comprender la importancia de liberar su potencial, es preciso entender que las llamadas “economías regionales” son, en realidad, mucho más que regionales, puesto que el impacto de su desarrollo trasciende la región, para aportar a la riqueza nacional. Todo el país se beneﬁcia con su éxito. Es por ello que nuestra acción principal en este tema será atender la situación de estas economías. Corresponde al Estado asegurar la protección y la gestión sustentable de los recursos naturales que enriquecen nuestro país, particularmente el suelo y el agua. Debemos y podemos acordar un Tratado de Paz entre el Progreso y el Medio Ambiente. Con respecto a la industria, es menester actuar sobre la base de que Argentina tiene sobrada capacidad para agregarle valor al campo e industrializar sus productos. Debemos

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agregar valor a lo que produce nuestro suelo a través de la agroindustria: el desafío es pasar de un paradigma de oferta de materia prima a uno que implique ofrecer al mundo alimentos terminados de alta calidad, así como también bioenergías. Pero también debemos multiplicar el universo de manufacturas industriales con políticas activas y de fomento que satisfagan la demanda interna y la inserción competitiva en mercados y cadenas de valor de escala continental y global. La economía de la innovación y del conocimiento se compone de sectores de gran dinamismo en los que Argentina puede destacarse. Por un lado, la economía digital, con el desarrollo y exportación de software y el comercio electrónico. Por otro lado, la “economía naranja”, es decir, el sector de industrias creativas que incluye el cine, la música, el libro y otras industrias culturales en las que nuestro país exhibe una tradición de excelencia que debe ser estimulada. Por último, la nueva “economía verde” que implica la eﬁciencia en el uso de los recursos así como una baja emisión de gases de efecto invernadero, a través de la creación de una matriz energética basada en energías renovables, la creación de empleos verdes, la aplicación de criterios de la economía circular como la reutilización y el reciclaje, la preservación y generación de servicios ambientales y el desarrollo del turismo ecológico. Nuestras propuestas en los capítulos dedicados a Progreso y Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento e Inclusión Digital dan cuenta de este eje de desarrollo. El Estado dispone de herramientas que pueden potenciar el progreso y el desarrollo económico sostenible. A este respecto proponemos tres líneas fundamentales de acción.

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En primer lugar, es necesario un Estado inteligente que pueda llevar adelante sus tareas sobre la base de una amplia capacidad tanto de inversión como de gestión públicas, de modo que, lejos de convertirse en una carga para la economía, sea un motor de crecimiento y desarrollo. Para asegurar capacidad de inversión se requiere de un presupuesto público equilibrado. Es decir, el manejo presupuestario debe priorizar el desarrollo económico y social, buscando un equilibrio entre los ingresos y los egresos y evitando el endeudamiento irresponsable e ilegítimo, que ha transformado a la deuda pública en un problema estructural. También debe propenderse a que los gastos corrientes no superen a los de capital. En otras palabras, un Estado eficiente y responsable ordena sus cuentas para que el dinero de los contribuyentes no se destine de modo excluyente a gastos de funcionamiento del propio Estado sino, principalmente, a la realización de obras de infraestructura en beneficio de todo el pueblo argentino. A su turno, la eficiencia en la gestión pública sólo puede venir de la mano de la profesionalización de los cuadros de la administración y de la planificación estratégica de las políticas públicas. El uso de indicadores para una evaluación periódica de la implementación de las políticas se vuelve, en este contexto, un componente fundamental en el diseño de las mismas. En segundo lugar y sobre la base de sus capacidades de inversión y de gestión, el Estado debe construir un entorno de competitividad sistémica para la economía. Este entorno debe incluir una infraestructura y una logística adecuadas para todas las actividades productivas en términos de transportes, comunicaciones, energía y disponibilidad de recursos naturales. Debe contar, además, con un sistema de investigación, desarrollo e innovación integrado en el sistema

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educativo y en el sistema productivo. Requiere también de un esquema amplio y variado de políticas activas centradas en planes productivos y de fomento. Y, ﬁnalmente, exige estabilidad macroeconómica y regulatoria, seguridad en los derechos y agilidad en los trámites administrativos. Por último, en materia de economía y desarrollo humano, es función primordial del Estado hacer cumplir el derecho a la inclusión social. La inclusión social es una bandera que se levanta como una barrera a la exclusión y a la discriminación, y posibilita la participación en la vida social y comunitaria a través de un complejo entramado de políticas públicas. El derecho a la inclusión social implica hacer efectivos los derechos de quienes están fuera del sistema, fuera del techo de la República, y empoderarlos para su ejercicio. Este derecho se realiza en la medida que se garanticen, con absoluta equidad, los derechos fundamentales al trabajo, la vivienda digna, la salud y la educación. En este sentido, nuestras prioridades serán jerarquizar el ingreso de los trabajadores y poner en marcha un Plan Nacional de Viviendas a una escala nunca antes vista en nuestro país. Nuestras propuestas en el capítulo dedicado a Infancia y Adolescencia dan cuenta de las acciones respecto al derecho a la educación.

ECONOMÍAS REGIONALES Aunque algunos políticos y economistas lo nieguen, las economías regionales son los pilares de la producción y el empleo en nuestro país. Son, en verdad, economías de importancia nacional. Merecen, entonces, políticas activas que reviertan con rapidez la tendencia negativa de la actividad de las cadenas agroalimentarias. En efecto, sólo en el periodo 2010-2012, se perdieron 300 mil puestos de trabajo.

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Es extraordinaria la capacidad de generación de empleo que tienen las economías regionales. Uno de cada seis argentinos que trabaja lo hace en algún punto de las cadenas agroalimentarias. Durante el 2013 sus empleos representaban el 17,1% del empleo total del país. De estos puestos de trabajo, el 30,8% lo genera la cadena del grano, el 31,7% la cárnica y láctea, el 33,8% las producciones regionales, y el 1,7% la maquinaria agrícola. Según la CAME y su departamento de Economías Regionales, en este año 2015 hay en riesgo 900 mil puestos de trabajo. En los últimos 13 años ocurrió una gran concentración económica y se consolidó una estructura de poder de dominio en la cadena de distribución por parte de oligopolios conformados en la oferta mayorista y minorista en el territorio nacional, con condiciones de negociación leoninas. Esto ha generado una situación que castiga a la producción. También abrió una brecha de precios entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor en góndola, a tal punto que en algunos casos esa brecha alcanza el 1500%. También dañaron al sector la política cambiaria, las cargas tributarias excesivas y el aumento de los costos logísticos, ésta última, una variable crucial porque la producción regional está a grandes distancias de puertos y centros de consumo. Por supuesto, tenemos un grupo de medidas para dar protagonismo al empleo y la producción en las economías regionales: Eliminación de las retenciones a las producciones regionales en crisis y reducción gradual para el caso de la soja. Las retenciones a la exportaciones pasaron de representar el 13% del total recaudado en el 2008 al 6,8 % del total nacional en el 2014 ($ 84.088 millones). La mayor carga tributaria recae en el complejo sojero, que participa con el 4,1% de los ingresos nacionales y con 75 % del campo y agroindustria.

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Eliminación de las retenciones a las producciones regionales en crisis y reducción gradual para el caso de la soja. Las retenciones a la exportaciones pasaron de representar el 13% del total recaudado en el 2008 al 6,8 % del total nacional en el 2014 ($ 84.088 millones). La mayor carga tributaria recae en el complejo sojero, que participa con el 4,1% de los ingresos nacionales y con 75 % del campo y agroindustria. Eliminación de los precios máximos, porque lo único que hacen es estrangular al eslabón más débil del sistema, que son los productores regionales. Acelerar el tiempo de Reintegros a la Exportación con un tiempo máximo para efectivizarlas, fijado en 30 días. Estudiar la presión impositiva, directa e indirecta, de cada producción local, con el fin de evitar que se “exporten” impuestos nacionales como el IVA, el Impuesto al Cheque, o la carga tributaria sobre el precio de los combustibles. Eliminación de los ROE (Registros de Operaciones de Exportación). Crear un sistema de emergencia para situaciones no sólo de catástrofe climática, sino también para situaciones de emergencia económica, comercial o financiera de las producciones locales (ejemplo caída del precio internacional de la leche). El sistema de emergencia podrá incluir exenciones impositivas nacionales, provinciales y de los municipios, financiamiento subsidiado, plan de cuotas con la AFIP, entre otras medidas. Activar compensaciones cambiarias automáticas para obtener un tipo de cambio competitivo para aquellos casos en donde el país de destino haya realizado una devaluación de la

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moneda. En relación al costo de transporte y logístico: a corto plazo proponemos un sistema de compensación de distancias a puertos o mercados concentradores, con tarifas diferenciales por producto y por región. Esto se podría hacer con descarga de un impuesto. A largo plazo, además, habrá que poner en funcionamiento: • Un sistema de transporte de carga ferroviario aplicable a las producciones regionales cuyos productos presentan una vida útil más larga: olivícola, cítricos, azúcar, algodón, tabaco, vino, manzanas, ajo, arroz. Este sistema reduce un tercio el costo del transporte en el caso que se pueda compensar el regreso con carga. • Un Plan Nacional de Autopistas.

JERARQUIZAR EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES En medio de una fuerte desaceleración del crecimiento, América Latina está inmersa en un ambiente económico de incertidumbre. Hoy están creándose menos puestos de trabajo y la tasa de ocupación urbana disminuyó en los últimos dos años. Argentina, durante 2013 y 2014, detuvo su crecimiento y la generación de empleo productivo se estancó. Los trabajadores informales se mantienen por sobre el 30% desde hace 3 años, incrementándose la marginalidad laboral .2

2 - Barómetro de la Deuda Social Argentina. Progresos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes.Serie del Bicentenario (2010-2016)/Año V. En: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/ﬁles/2015-Prensa-ODSA-Rector-ResumenIntro.pdf. Fecha de consulta: 07/10/2015.

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Ante esta situación es necesario: Fortalecer el salario a través de la actualización de los parámetros del Impuesto a las Ganancias (que paguen sólo los salarios más altos, que es lo que realmente se quiso gravar cuando se legisló el impuesto). La participación de los empleados en las ganancias de las empresas (bonus anual). Mantener los planes sociales como un piso para la mejora de las condiciones laborales.

PLAN DE VIVIENDAS La vivienda es el lugar de encuentro, de afecto y de cercanía de la familia. Es el resguardo que toda persona merece tener para poder desarrollarse y vivir en paz. La vivienda es mucho más que paredes; en ella se aviva la calidez del hogar y se construyen los valores que cimientan las personas, ediﬁcan la familia y, en consecuencia, la nación. Es por estos motivos que el acceso a la vivienda digna fue consagrado como un derecho humano fundamental en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en numerosos tratados internacionales de rango constitucional a los que nuestro país adhirió. El acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las principales limitaciones que afectan a millones de familias. Las diﬁcultades para el ahorro, incluso en los sectores de ingresos medios,3 sumada a la prácticamente inexistente disponibilidad de créditos hipotecarios,4 hace que en la actualidad el rol del Estado como regulador o proveedor de soluciones habitacionales sea cada vez más importante. 3- En el año 2014, un hogar de la Ciudad de Buenos Aires con un ingreso total familiar promedio necesitaba unos 61 salarios para adquirir un departamento de 45 metros cuadrados en esa localidad. 4- El stock de crédito hipotecario en la Argentina se ha mantenido en torno al 1% del PBI en los últimos 10 años, registrando el nivel más bajo de los últimos 20 años. Chile tiene un promedio del 17% del PBI y los países desarrollados 60%.

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Cuando la vivienda deja de ser un derecho de todos los ciudadanos para convertirse en el negocio de unos pocos, los sectores populares quedan al arbitrio de las fuerzas especulativas y excluyentes del mercado, que obligan a las familias con menores ingresos a asentarse en zonas alejadas, carentes de servicios básicos y en casas precarias. En efecto, es imposible ignorar el crecimiento exponencial que en los últimos años han tenido las villas y asentamientos informales en el país. Un relevamiento de territorios realizado por la Fundación TECHO en 2013 reveló que existen 1.834 asentamientos informales que alojan aproximadamente 532.800 familias, e indica que el 42% de los asentamientos relevados se radicó en los últimos 20 años, y casi un cuarto en la última década.5 Pero el déficit habitacional no se manifiesta exclusivamente en la proliferación de asentamientos informales, sino que afecta a más de tres millones de hogares a lo largo y ancho del país, ya sea de manera cuantitativa (es decir, hogares que carecen de vivienda) como de manera cualitativa (es decir, hogares que necesitan reparar su vivienda).6 Las jurisdicciones con mayor déficit en términos relativos (porcentaje de hogares con déficit sobre total de los hogares de la jurisdicción) se concentran en el noroeste y el noreste argentino. En el caso de estas jurisdicciones, la problemática del déficit se manifiesta principalmente de manera cualitativa, en la medida que altos porcentajes de los hogares carecen de infraestructura o servicios básicos. 5- Un relevamiento realizado por la ONG Techo en 2013 en la Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Gran Rosario, Salta, Misiones, Alto Valle (Rio Negro y Neuquén) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reveló que existen 1.834 asentamientos informales que alojan aproximadamente 532.800 familias. El 61,5% de esas familias u hogares viven en la Provincia de Buenos Aires, el 13,8% en la Ciudad de Buenos Aires, el 9,5% en el Gran Rosario, el 5,4% en la Provincia de Córdoba y el 3,5% en Salta. El resto de los territorios relevados alojan entre un 2 y 3% de los hogares cada uno. El 42% de los asentamientos relevados se radicó en los últimos 20 años, y casi un cuarto de los asentamientos existentes fueron creados en la última década. Techo.Relevamiento Villas y Asentamientos TECHO 2013. 6- Los últimos datos exhaustivos disponibles corresponden al año 2010, cuando se realizó el último Censo Nacional. Diferentes mediciones, incluidas las de FIEL y el CIPUV-UTDT indican que el déficit total (déficit cuantitativo + déficit cualitativo) afecta a más de tres millones de hogares.

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Pero si se analiza el déficit en términos absolutos, es decir, en relación a la participación de cada jurisdicción en el déficit total nacional, es posible notar que éste se concentra en las provincias más ricas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, debido a la gran movilización de la población hacia las áreas metropolitanas en busca de oferta de servicios y empleo. De hecho, más del 50% de la población del país vive en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La principal problemática de estos grandes centros urbanos son los asentamientos precarios y las villas, que en gran medida son producto de la falta de terrenos vacantes para alojar las migraciones internas y regionales. En estas grandes jurisdicciones el déficit cuantitativo tiene igual o más peso que el déficit cualitativo. El derecho a la vivienda digna fue incorporado a nuestra Constitución Nacional en el año 1957. Esto significa que han pasado casi 60 años y el Estado Argentino no ha logrado cumplir efectivamente la manda Constitucional, ni los Tratados Internacionales suscritos con posterioridad. Ésta constituye una de las mayores deudas sociales que Estado mantiene con su población, y que debemos abocarnos a saldar con urgencia. Nosotros vamos a dar un espacio central a esta política en nuestra agenda de gobierno, tal como lo hicimos cuando nos tocó gobernar la Provincia de San Luis. Lo que se necesita para solucionar la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra la Argentina es una decisión política. Para reducir el déficit habitacional en todo el país proponemos un Plan Nacional de Vivienda que consiste en la construcción de 500 mil casas por año. Durante 2016 y 2017 construiremos y entregaremos el primer millón de viviendas, y durante 2018 y 2019 entregaremos un millón más. La fuerte inversión pública que demandará este Plan Nacional de

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Vivienda se traducirá también en una mayor actividad económica y en el incremento de puestos de trabajo en el sector de la construcción y actividades conexas, de manera tal que la inversión generará un “círculo virtuoso” que se traducirá en una mejora notable en múltiples indicadores de bienestar de la población. Sabemos que este plan es posible, y sabemos cómo hacerlo. Nuestra gestión en la Provincia de San Luis es la prueba.

*** Todas estas acciones de mediano y largo plazo son perfectamente realizables. En San Luis, con muchos menos recursos de los que dispone la Nación, pudimos fortalecer la producción local y proveer la infraestructura y la logística necesarias para facilitar su proyección a nivel nacional e internacional. Mucho más podremos lograr a nivel nacional invirtiendo correctamente los abundantes recursos del Tesoro Nacional.

Bloque Temรกtico 2 EDUCACIร N E INFANCIA

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EDUCACIÓN E INFANCIA La primera etapa de la vida es clave para la formación de una persona. Es el período en que se produce el más rápido desarrollo del sistema nervioso central y de la inteligencia. Inﬂuye en la personalidad y la conducta social, con un impacto evidente en las etapas posteriores. La sociedad que somos hoy y la sociedad en la que nos convertiremos están determinadas por el trato que damos a nuestros niños.

Cifras para tener en cuenta Según el Censo 2010 los niños, niñas y adolescentes representan un 30,7% de la población de nuestro país. El 19,6% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Un total de 3.326.840 niñas, niños y adolescentes son destinatarios de la Asignación Universal por Hijo, según datos actualizados al 2014. En la Argentina, 14.675 niños viven sin tener cuidados parentales, debido principalmente a situaciones vinculadas con la violencia y el maltrato, en segundo lugar por situaciones de abandono y en tercer lugar por abuso sexual. Estos son los datos registrados pero hay que pensar que muchos casos no son visibles ni denunciados. 7 de cada 10 de estos niños está institucionalizado, y sólo 3 de 10 están en familias de acogimiento. Otros 1.508 están privados de su libertad en contextos de encierro o institucionalizados. La tasa de mortalidad infantil en la República Argentina es de 10,8 por mil En 2013 el 15,7% de los niños y niñas nacidos vivos lo fueron de madres menores de 20 años, lo que revela la falta de prevención para el embarazo adolescente. La inversión especíﬁca en niñez representa el 4,5 del Producto Bruto Interno (PBI). FUENTE: UNICEF, datos actualizados a Mayo 2015. En: http://www.unicef.org/argentina/spanish/overview_11124.htm

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El antiguo paradigma que asimilaba a los niños y adolescentes como seres sobre los que los adultos podían disponer ha quedado atrás. Al contrario, niños y adolescentes cada vez inciden más en la vida en común y en los cambios sociales. Además, el siglo XXI trajo al mundo a los chicos conocidos como “nativos digitales”, aquellos que nacieron en un tiempo de profundas revoluciones en la ciencia y la tecnología, con cambios vertiginosos e inéditos en la historia de la humanidad. Estos chicos conviven en forma natural con las nuevas tecnologías. Esa realidad, que ya nadie discute, es la que pone en crisis a las escuelas y los modelos pedagógicos que no están preparados para esta era. Por ello creemos que un modo de abordar el hecho educativo consiste en involucrar las habilidades propias del siglo 20, como la comprensión lectora, la escritura, la resolución de operaciones matemáticas y los valores ciudadanos, conjugadas con las habilidades propias del siglo 21. Tomando en cuenta estos nuevos paradigmas y las necesidades que aún no han sido resueltas en nuestro país, la propuesta de Compromiso Federal en este eje apunta a lograr dos cosas fundamentales. Proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Cuando un niño experimenta privaciones físicas y emocionales graves, es decir, una mala nutrición, una vida en un medio ambiente contaminado o asediado por las enfermedades, su desarrollo tendrá consecuencias negativas en su capacidad de aprendizaje y en su integración social que son difíciles de revertir. Mucho peor, por supuesto, son las consecuencias del maltrato, el abuso o el trabajo infantil, cuyas huellas son imborrables. Han pasado más de 15 años desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero el país todavía tiene pendiente el desafío de reducir la

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desigualdad y los niveles de vulnerabilidad de amplios sectores sociales. Para avanzar en una protección integral de la infancia y la adolescencia, proponemos cuatro líneas de acción: primero, desarrollar e implementar por ley un Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia, que sea trasversal a todas las jurisdicciones y otorgue un marco de principios, sistemático y coordinado para todas las políticas públicas en la materia. Segundo, crear un Seguro de Bienestar para la Infancia, para que la nutrición y los cuidados esenciales de la infancia en sus primeros 1000 días de vida se hagan efectivos en todos los niños y niñas del país. En tercer lugar, avanzar en una política muy ﬁrme de desinstitucionalización, para dejar atrás deﬁnitivamente el paradigma de la política tutelar de la minoridad y entrar de lleno en el paradigma de los derechos del niño. Finalmente, como una manera de reforzar la protección de la infancia llevada a cabo por las políticas públicas y de garantizar los derechos de los niños y adolescentes, proponemos crear una Procuraduría Integral de la Niñez y Adolescencia. Educar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Una primera línea de acción debe encarar la realidad de que, en general, los gobiernos confunden la asistencia al aula con la producción y asimilación de conocimiento. Un grupo amplio de pedagogos, atentos a esta circunstancia, hablan del “aulagalpón”: un espacio en el que se amontonan bancos y alumnos, sin producción de saberes y sentidos. Esto se refuerza por el desamparo de muchos alumnos debido a su contexto social. Muchos chicos viven en asentamientos precarios y el esfuerzo que hacen para ir a clases los pone de entrada en un plano desigual. En ese contexto, a los gobiernos, en general, les

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donde la función social va desplazando a la función educativa. Ante esto nuestra propuesta apunta a restablecer un eje primordial, una viga maestra sin la cual todo lo demás se derrumba: la escuela es para aprender. La segunda línea de acción debe enfrentarse a los problemas de la repitencia y del abandono. Según los datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), la prueba regional de UNESCO,7 el abandono en la escuela primaria aumentó del 5,1% en 2006 al 6,9% en 2011, última cifra disponible. Si se suman los casos de abandono y repetición, se advierte que en Argentina menos del 50% de los estudiantes terminan la escuela en tiempo y forma. El informe resalta que “la tasa de abandono escolar es uno de los indicadores más preocupantes en política educativa, porque reﬂeja la incapacidad del sistema escolar para garantizar oportunidades educativas para la población”. Estos datos indican que no solo no avanzamos en calidad, sino que ni siquiera aumentamos la inclusión. Estamos ante una de las raíces más profundas de la desigualdad y la exclusión. Para enfrentarnos a esta realidad debemos actuar en función de una consigna que está en el origen de la educación pública, laica y gratuita: la escuela es para la igualdad. Finalmente proponemos hacernos cargo de que la crisis de la educación pública argentina es también un problema de interpretación y adecuación a los nuevos tiempos, cambiantes, inestables, que exigen pensamiento crítico y una actualización permanente. Los cambios provocados por la circulación inédita de la información y por el ﬂujo global de capitales económicos y

7- En: http://www.unesco.org/new/es/santiago/terce-study/. Fecha de consulta: 07/10/2015.

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ﬁnancieros, establecieron nuevas reglas de mercado y modos de relaciones sociales y la educación tradicional no está preparada para estas circunstancias. Ese cuadro de situación no implica “borrón y cuenta nueva”, sino una adaptación a las nuevas exigencias, que nos ponen en la paradoja de planiﬁcar un futuro de progreso y bienestar en un tiempo de incertidumbre. El tercer eje con el que proponemos educar a los niños, niñas y adolescentes argentinos consiste en que la escuela es para el futuro.

PLAN ESTRATÉGICO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2016-2026 Proponemos convocar a los distintos sectores de la comunidad, incluidos los niños y adolescentes, para que en 2016 podamos cerrar el diseño de un Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia que abarque a todo el país de modo transversal, con la ﬁnalidad de articular políticas públicas de mediano y largo plazo. Ese Plan Estratégico debe garantizar los derechos humanos desde el comienzo de la vida, guiado por los principios de la no discriminación, la inclusión social, digital y étnica, con una participación activa ciudadana.

SEGURO DE BIENESTAR PARA LA INFANCIA Proponemos instaurar un sistema integral para los primeros mil días de vida: alimentación y nutrición adecuada, hogar saludable, atención prioritaria en el sistema de salud, estimulación y aprendizajes tempranos y prevención del embarazo adolescente. Promoveremos

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además la puesta en marcha de un sistema integral de alta complejidad para lograr el “buen nacer.” Para lograr todo esto debemos aumentar la inversión en la infancia como porcentaje del PBI.

DESINSTITUCIONALIZACIÓN “El problema de la minoridad” en nuestro país era encarado por instituciones de beneﬁcencia, privadas y religiosas, que se ocupaban de los menores desamparados. Así se instituyeron dos infancias: la de los niños propiamente dicha, composiciones de sujetos con pertenencia a una familia legitima y al sistema de educación pública, por un lado, y la de los menores, carentes de familia y de recursos y que están en situación de desamparo moral y, por ende, pupilos del Estado. Esos menores quedaron inhibidos en su acceso a otros territorios de la sociedad: la educación, la cultura y la familia. No se pensaba en ellos como seres en desarrollo, eran vistos como excluidos de la sociedad, sea porque eran peligrosos o porque estaban en peligro. En 1990 Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a su derecho interno y en 1994 en la Constitución Nacional, coextiendo durante 15 años con la Ley de Patronato. Estar en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño es avanzar en el tratamiento de la niñez en función de políticas básicas y universales, cambiando la forma en que miramos a la niñez. Se trata de encarar el pasaje de un paradigma de clara intervención estatal controladora y tutelar sobre la niñez a un paradigma de respeto por los derechos y de aplicación de políticas públicas básicas y universales. Debemos dar cumplimiento a la ley 26061, sancionada en 2005, de protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes.

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Para ello proponemos crear el Sistema de Protección Integral y el Registro de Familias Solidarias para que ya no existan niños, niñas y/o adolescentes encerrados.

PROCURADURÍA INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA La Procuraduría Integral de la Niñez y Adolescencia trabajará en forma transversal en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su misión será impulsar el cumplimiento de todas las leyes en materia de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Este organismo intervendrá, además, en cualquier asunto administrativo o judicial en donde estén en juego sus derechos y en todo asunto o causa judicial en la que una niña, niño o adolescente forme parte en carácter de sujeto de derecho o en aquellas en donde sea víctima.

LA ESCUELA ES PARA APRENDER: VIVIENDA Y TRABAJO PARA LAS FAMILIAS La política nacional, en parte, intenta convencernos de que la asistencia y el cumplimiento de los días de clase son en sí mismos garantía de conocimientos adquiridos. Muchas provincias argentinas prohibieron por decreto la repitencia de los alumnos, porque consideran que un chico en la escuela, aunque aprenda poco o nada, es mejor que un chico en situación de calle. Pero la escuela es para aprender. La contención de los niños, niñas y adolescentes debe empezar por su hogar. Sin embargo, muchos chicos en realidad carecen de una base de desarrollo primordial: su núcleo familiar.

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Para fortalecer a la familia es necesario dar seguridad mediante un trabajo bien remunerado y condiciones económicas equilibradas, además de la salud, la asistencia social, el esparcimiento y el acceso a una vivienda digna. Nuestras propuestas relativas al desarrollo económico, al logro del pleno empleo, a un revolucionario plan de viviendas, entre otras que se han consignado en diversos ejes de esta iniciativa de gobierno, apuntan a reconstruir la vida del hogar y del trabajo, la vida familiar, en deﬁnitiva, donde los niños, niñas y adolescentes son contenidos, comen con sus padres y van a la escuela a aprender.

LA ESCUELA ES PARA LA IGUALDAD: PLAN DE EMERGENCIA EN LECTURA La capacidad de leer y escribir es fundamental para una plena inclusión en la sociedad. Además, la sociedad global basada en el conocimiento demanda una alfabetización que acompañe al desarrollo tecnológico cada vez más competitivo. Los niños y jóvenes que no logran leer ﬂuidamente, tienen diﬁcultades en el entendimiento de la información escrita, y por lo tanto se encuentran en desventaja para adquirir conocimientos. En educación “el efecto Mateo” es un término que se emplea para describir que los aprendizajes prematuros exitosos en las habilidades lectoras generalmente dan lugar a posteriores logros a lo largo del crecimiento; mientras que fracasos en el aprendizaje de la lectura antes del tercer o cuarto año de escolarización pueden ser indicativos de problemas que se mantendrán a lo largo de la vida. Esto se produce porque los niños que fracasan en lectura leen menos, aumentando la brecha entre ellos y sus compañeros. Posteriormente, cuando los estudiantes necesitan «leer para aprender» (dado que hasta entonces

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ellos han estado "aprendiendo a leer") sus diﬁcultades lectoras generan problemas con el resto del conocimiento. En este sentido, van quedando más y más relegados, lo que incide en el aumento de la tasa de abandono escolar. Los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) muestran que las habilidades lectoras han tenido un retroceso, y la gran dispersión de los resultados resalta la inequidad del sistema. En la siguiente tabla se muestran el porcentaje de alumnos por debajo del nivel 2 (no saben leer ﬂuidamente) y el porcentaje de alumnos por encima del nivel 5 (el máximo nivel es 6). % < nivel 2%

% >= nivel 5

2000

43,9

1,7

2003

2006

57,9

0,9

2009

51,6

1,0

2012

53,6

0,5

Entre el 2000 y el 2012 el porcentaje de alumnos que no lee ﬂuidamente aumentó en un 10% y el ya exiguo porcentaje de alumnos con mejor desempeño disminuyó en un 1,2%. Las habilidades lectoras deben construirse a partir del primer grado de la escuela primaria, y si fuera posible antes aún. Ante esta situación proponemos implementar un Plan de Emergencia en Lectura que se compondrá de dos grandes bloques.

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Plan para los alumnos de 1ero a 3er grado de primaria, en el que se pondrá especial énfasis en el aprendizaje de la lectura en todas las escuelas del país y se capacitará a los maestros de estos grados en técnicas efectivas de alfabetización. Plan para los alumnos de los restantes grados de primaria y secundaria, en el que se establecerá en todas las escuelas del país una hora de lectura diaria durante el período escolar 2016, para lograr que los alumnos alcancen el nivel de lectura que corresponde al año escolar que cursan. Se formarán equipos de asistencia para dar soporte a los maestros y profesores con técnicas que permitan alcanzar este objetivo.

LA ESCUELA ES PARA EL FUTURO: INFRAESTRUCTURA Y PEDAGOGÍA HACIA EL MUNDO DIVERSO Y DIGITAL La educación pública de calidad debe ofrecer las condiciones de infraestructura y pedagógicas que permitan a los argentinos el acceso a una producción autónoma y permanente de conocimientos, con habilidades y actitudes sociales que estén a la altura de este tiempo. Además, según el antropólogo francés Michel Agier, en este nuevo mundo —del que no podemos ser ajenos— mil millones de personas van a migrar en todo el planeta durante los próximos 40 años. Las sociedades serán, entonces, cada vez más multiculturales, en cuanto a ideas, valores y creencias. Sin actualización pedagógica en las aulas –una actualización permanente, porque lo único seguro es el cambio, como sostiene ZigmuntBauman— la educación argentina seguirá condenada al atraso, la exclusión y la desigualdad.

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Para ello proponemos en primer lugar desarrollar un Plan de Infraestructura Educativa Digital que contemple los tres aspectos básicos de conectividad, acceso a internet y habilidades para su utilización. Proponemos además una actualización curricular que permita la incorporación de las capacidades relativas al mundo digital, tales como programación, trabajo en red, etc., en todas las materias de la currícula, así como en materias especíﬁcas de lo digital. *** En deﬁnitiva, nuestras propuestas se basan en la convicción de que el capital más importante de una nación es el conocimiento. Por eso la educación pública es la piedra fundamental de una nación. Si no existe la inclusión educativa y si la escuela no es atractiva para las nuevas generaciones, la desigualdad que hoy enfrentamos será más profunda. La fórmula es simple: la educación pública de calidad equivale a la igualdad de oportunidades. Hay que superar los mitos y prejuicios que nos distraen de los problemas de fondo. No es verdad que las nuevas generaciones están desinteresadas por el saber o son apáticas frente a la educación. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Por eso no debemos regresar a las escuelas antiguas, que en su tiempo fueron exitosas, porque ahora languidecen en el desgano que a diario percibimos con facilidad en las aulas. Sobre la base de estas ideas, nosotros creemos que es necesario un nuevo contrato social para la educación, que es un bien público y un derecho humano que los Estados deben promover, respetar y garantizar.

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Un contrato en el que participen todos: la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia, los sindicatos, los docentes, los funcionarios, los padres, y fundamentalmente los chicos. Una escuela que eduque para la paz, la democracia y diversidad. Que promueva el diálogo, el debate y la reﬂexión. Que contribuya a una sociedad justa, equitativa y con inclusión social y al mismo tiempo ofrezca condiciones para la producción de conocimientos, habilidades, y actitudes acordes a los nuevos tiempos.

Bloque Temรกtico 3 SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

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SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS En un país donde hay techo, trabajo y tierra, como ha pedido el papa Francisco, se abre un vasto camino para realizar los sueños de todos. En un país así, las personas tienen en vista un horizonte en el que pueden cumplir sus sueños y los de su familia. En un país así, donde todos están incluidos en el respeto a los derechos humanos y a la justicia social, la posibilidad de que un ciudadano atente contra la vida y los sueños de otro se atenúa. En un sentido amplio, entonces, la seguridad es una consecuencia de afianzar y ampliar los derechos humanos. Sin embargo, cuando aquel horizonte se encuentra obstruido durante mucho tiempo y tantas personas quedan excluidas de él, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y las situaciones de violencia tales como femicidios, abusos y homicidios, ya no resultan fenómenos aislados y se convierten en una amenaza terminal para el presente y futuro se todos los habitantes. El compromiso que debemos asumir en el marco de un amplísimo acuerdo social y político debe ir entonces en dos direcciones: La inclusión de todos en el horizonte de los derechos humanos: las Naciones han ido reconociendo y garantizando la existencia de los derechos humanos paulatinamente. Primariamente, los llamados derechos de primera generación, que realzan el respeto a las libertades de los individuos, en pos de su protección contra los abusos del Estado. A su vez, El Estado debe garantizar el goce de todos los derechos sociales,

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tales como la educación, la vivienda y la salud, que son los de segunda generación y que reafirman el principio de igualdad entre las personas. También los relativos al medio ambiente y la protección de los consumidores, entre otros derechos de tercera generación. El Estado debe garantizar, finalmente, los derechos de cuarta generación, que son la inclusión social, especialmente por medio de la “oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” y la inclusión digital en la Sociedad del Conocimiento.8 Los derechos a la vivienda, educación, salud y particularmente el trabajo, que es el medio por excelencia para alcanzar los demás bienes, son derechos que están contemplados en nuestra Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, hay más de un cuarto de la población argentina que no accede a alguno de estos derechos. Resulta esencial cumplir con las obligaciones emanadas de nuestra Carta Magna y fortalecer la democracia, reafirmando los derechos de todos. Nuestro esquema de gobierno incluye propuestas tendientes a lograr una educación inclusiva y del siglo XXI, a establecer una economía dinámica con un Estado social activo. Un Estado que además sea generador de vivienda y empleo a través de los más revolucionarios planes de infraestructura y forestación en la historia de nuestro país. La seguridad de los habitantes de nuestra Nación será una consecuencia natural de la efectiva realización de estas propuestas. El derecho a la preservación de la salud también debe observarse desde las esferas de la inclusión y la libertad. Es por 8- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,artículo 6.1.

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ello que creemos que el Estado, desde las diferentes esferas jurisdiccionales, debe implementar los mecanismos necesarios para asistir a quienes sufren a causa de las adicciones. El Fortalecimiento de las capacidades del Estado para vencer al crimen organizado. Pero la tarea no queda completa con alcanzar que se respeten los derechos que abren el horizonte de la realización de los sueños de todos. Durante muchos años ese horizonte ha estado cerrado y los problemas que esto ha causado nos llevan mucha ventaja. Cada país tiene el narcotráfico que deja florecer. Argentina es el tercer exportador mundial de drogas, además de ser un país que se ha convertido en productor y en el cual aumentó el consumo de dichas sustancias. Los datos en los diarios nacionales son preocupantes: nuestro país es el segundo consumidor per cápita, después de Estados Unidos. Es por ello que la urgencia de la hora consiste en abordar la amenaza del crimen organizado y del narcotráfico. Para ello debemos fortalecer sin demora los mecanismos y recursos del Estado. Proponemos actuar sobre tres pilares: garantizar el control de las actividades y del territorioa través de una organización de inteligencia, asegurar que la acción sea debidamente coordinada y proveer la infraestructura que nos permitirá acceder a las mejores herramientas y modernizar la seguridad ciudadana.

EL DERECHO HUMANO A LA SALUD COMO RESPUESTA A LAS ADICCIONES Resulta preocupante que no hayamos logrado una política real y

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son inaccesibles para los jóvenes de los sectores más bajos. Es por ello que nuestras propuestas para abordar esta temática incluye: Desarrollar y fortalecer equipos multidisciplinarios de contención de jóvenes, donde se lleven a cabo actividades culturales, deportivas, detección temprana del abandono escolar y un programa de tutores para chicos con diﬁcultades de aprendizaje.9 Declarar la Emergencia Sanitaria y crear un Servicio Nacional Gratuito de Asistencia al Adicto, con servicios descentralizados de prevención y tratamiento de adicciones en los barrios.10

CONTROL Una característica de la inseguridad es la alianza criminal entre policías, políticos y criminales, que juntos superan la capacidad de respuesta del Estado en algunos territorios. Otra diﬁcultad grave está representada por las enormes debilidades que, según diversos informes de la Auditoría General de la Nación, existen en el control de aduanas, puertos, pasos fronterizos y aeropuertos. Los problemas principales son la escasez de personal, infraestructura edilicia precaria, carencia de equipos de control. Argentina, además, tiene un 90 por ciento de su espacio aéreo sin radarizar y sus fronteras son de 9- Estos temas han sido ampliamente debatidos y se han tomado conceptos de diversos especialistas. Cabe destacara los expertos Juan Gabriel Tokatlian y Alberto Föhrig. Juan Gabriel Tokatlian es el director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y sociólogo de la Universidad de Belgrano. Autor de diversos libros y artículos, es además doctor y master en Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins UniversitySchool of Advanced International Studies. Alberto Föhrig es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano y profesor de las Cátedras "Sistemática de la Ciencia Política" y "Fenómeno Político" en la Universidad de San Andrés. También es doctor en Política del Department of Politics and International Relations de la Universidad de Oxford y master of Arts in Latin American Studies de la Universidad Georgetown 10- Idem.

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las más vulnerables en la región. Además, la ley que facilita el blanqueo de activos vigente en la Argentina permite el lavado de dinero y abre la puerta al narcotráﬁco. Se pueden afrontar dichos obstáculos llevando políticas activas tales como: Establecer medidas tales como la capacitación, la rotación, la triangulación de fuerzas federales y locales así como el control civil externo de sus acciones; para así lograr romper 11 las alianzas ilícitas. Dar un salto cualitativo tecnológico por medio de un Plan de Fortalecimiento y Jerarquización de los Puestos Limítrofes. El mismo apunta a la incorporación de nuevos dispositivos de alta tecnología que permitan generar una base de datos sólida, con acceso a información personalizada de la situación procesal de las personas y un control exhaustivo de los vehículos que atraviesan las fronteras. Serán necesarias más cámaras de seguridad y la construcción de centros de monitoreo con operadores que cubran las 24 horas, los 365 días del año, ubicadas en lugares estratégicos. Derogar la normativa vigente de blanqueo de capitales enviando el correspondiente proyecto de ley.

COORDINACIÓN El crimen organizado y el narcotráﬁco son fenómenos complejos y transversales. Cualquier oportunidad que tengamos de combatirlos con éxito requiere de una autoridad que coordine una política federal, que abarque hasta los rincones más alejados del país. Para lograrlo proponemos: 11- Idem.

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Crear la Agencia Nacional del Crimen,12 que atenderá esta temática a través de una política integral estratégica de lucha contra crimen organizado que entre otros incluye el narcotráfico Vencer al narconegocio depende de un trabajo paciente y silencioso de las oficinas de inteligencia, con una conducción efectiva del poder político. Se trata de una Agencia con tres funciones clave: primera, la reducción del delito; segunda, una función de inteligencia criminal; tercera, una coordinación efectiva y colaborativa con otras fuerzas nacionales e internacionales. Ese trabajo de coordinación interinstitucional la obliga, también, a ser más transparente frente a la opinión pública, un factor clave para recuperar la confianza ciudadana. El rol de las fuerzas armadas La repetida tentación de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado es un error que proviene, tal vez, de un facilismo intelectual que conviene revisar. En primer término, sabemos que estas fuerzas existen y deben estar preparadas para la defensa exterior, no para cumplir un rol de policías o de aparatos de inteligencia al mal servicio de la política. Tenemos, además, las experiencias que en el pasado reciente cosecharon los países que las involucraron en la lucha contra el narcotráfico. Decenas de especialistas en seguridad admiten que esa intervención en Latinoamérica tuvo consecuencias infaustas y previsibles. Los golpes militares quedaron en el pasado en esta región, pero sus brazos para el terrorismo de Estado no están desactivados del todo. En esa guerra contra las drogas, volvieron a cometer violaciones a los derechos humanos, incrementaron en forma peligrosa el poder militar en desmedro de la vida civil, aparecieron grupos paraestatales y florecieron hechos de corrupción entre militares.

12- Un modelo interesante es el de la National Crimen Agency británica. En: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/.

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INFRAESTRUCTURA Las políticas públicas de seguridad exigen, además de atención a los aspectos humanos, el desarrollo de obras de infraestructura y el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Es por ello que llevaremos a cabo: La realización de los caminos adecuados para garantizar el acceso físico a todos los rincones del país, así como también el acceso por las vías de las comunicaciones y la informática, a través de redes wi-ﬁ. Esta es una tarea que se relaciona en primer lugar con el derecho de todas las regiones al desarrollo y a la inclusión dentro de la comunidad nacional. Pero se convierte asimismo en un punto fundamental en la lucha contra el crimen ya que se eliminan las barreras que impiden el acceso rápido y seguro a determinados poblados, comunas o territorios que necesitan de la presencia del Estado para la defensa de los derechos de todos. La implementación de un Plan Integral de Infraestructura Tecnológica para la Seguridad. Las comunicaciones son cada día más importantes, y el acceso a internet permite formas de comunicación inmediata. Así, es posible saber lo que pasa en tiempo real, elaborar bases de datos, confeccionar mapas del delito, monitorear calles y caminos a través de cámaras de vigilancia, activar alarmas vecinales y botones antipánico, entre otras muchas posibilidades. La instrumentación de un Plan de Fortalecimiento y Jerarquización de Seguridad Ciudadana. La tecnología permite establecer un sistema de alarmas vecinalescon dispositivos de acción disuasiva que operan con luces y sirenas. Están instalados en los postes de luz de las calles y los vecinos del

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barrio tienen un control remoto para su activación en momentos críticos o de peligro, lo que envía en simultáneo un aviso al Centro de Atención de Emergencias 911. Se trata de un sistema digital de comunicaciones que dota a los operadores de una moderna plataforma de gestión de las emergencias. *** El país del techo, el trabajo y la tierra es una Argentina posible. Éstas son algunas de las propuestas sobre las estamos convencidos que podemos llevar a cabo. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para fortalecer todas las acciones sobre todo en materia de seguridad. Esta será nuestra manera de trabajar para lograr un país en el que su pueblo se sienta seguro, donde el Estado le garantice el desarrollo y el progreso. Unidos podemos lograrlo.

Bloque Temรกtico 4 FORTALECIMIENTO DEMOCRร TICO

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FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO La generación del '37 ideó un proyecto político de enormes dimensiones, que contempló el diseño de las principales instituciones que, casi dos siglos después, deﬁnen las reglas de juego de nuestra realidad democrática. La generación del '37 no copió ciegamente modelos extranjeros, sino que diseñó un esquema institucional con lo más apropiado de los dos principales modelos democráticos vigentes en aquel momento: la “tradición continental” y la “tradición norteamericana”. El modelo republicano norteamericano pudo precaverse de experiencias previas que evidenciaron el riesgo de que la “solución democrática” a la opresión monárquica pudiera, tristemente, convertirse en nuevos e impensados tipos de opresión. Es por eso que el principal temor que movilizó a los padres fundadores de los Estados Unidos de América no fue el temor a las minorías, sino el temor a la tiranía de las mayorías. Los redactores de El Federalista propusieron entonces construir un esquema político de manera tal que nadie pudiera controlar nunca la totalidad de los resortes institucionales. Este sistema incorporó mecanismos de gran ingeniería institucional, como el sistema de frenos y contrapesos y el sistema federal de gobierno. A raíz de la experiencia vivida en los últimos años, en la que el diálogo y el respeto por la opinión disidente se han visto debilitados, uno de los aspectos de nuestro sistema democrático que resulta imperioso fortalecer es, precisamente, aquella ingeniería institucional que la generación del '37 adoptó con el ﬁn de evitar la concentración de poder en la fuerza mayoritaria de turno y el consecuente sometimiento de grupos minoritarios a decisiones impuestas sin debate ni consenso.

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En este período que comienza se abre una nueva ventana de oportunidad para nuestra joven democracia. No debemos perder la oportunidad de “aceitar” los mecanismos institucionales que varias generaciones de grandes pensadores argentinos construyeron con anterioridad. Creemos que la mejor manera de volver a ponerlos en funcionamiento es a través del diálogo. Debemos recuperar el diálogo como la forma natural para llegar a los acuerdos que necesita el país. Sin diálogo no existe democracia. Los padres de nuestra patria dejaron como legado un “manual de instrucciones” para vivir en democracia. Ese manual es nuestra Constitución Nacional, y entre sus mandatos se encuentra el de gobernar de manera representativa, republicana y federal (artículo primero). Es nuestra intención iniciar un diálogo para alcanzar un compromiso de gobierno, y para iniciar ese diálogo deseamos proponer medidas que permitan fortalecer esas tres premisas fundamentales (y fundacionales) de gobierno:

Gobernar de manera representativa. Quienes gobiernan deben representar al pueblo. Si el ciudadano siente que el gobierno no lo representa, es imposible que ambos trabajen juntos para vivir mejor. En este último tiempo se ha puesto en duda que los gobernantes sean efectivamente representativos debido a que nuestro sistema electoral se quedó en el tiempo, en el pasado y en la corrupción. Si el gobernante no es representativo, no es legítimo. Para asegurar la legitimidad del gobierno en Argentina proponemos avanzar en tres ejes: primero, una reforma

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política para que podamos votar mejor y para que los resultados reﬂejen lo que el pueblo verdaderamente quiere. Segundo, atacar a la corrupción, porque el gobernante corrupto no representa el modelo de vida que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Tercero, asegurar que las políticas públicas representen adecuadamente las necesidades y las prioridades que tenemos los argentinos, con mecanismos de participación ciudadana. Gobernar de manera republicana. Una república se diferencia de una monarquía porque en ella la soberanía es del pueblo, no del gobernante. El gobernante propone y el ciudadano dispone. Por ello votamos periódicamente, renovamos autoridades y podemos exigirle a nuestros representantes que actúen por el bien del pueblo, dentro de la ley y de la Constitución. Durante estos últimos años Argentina ha sido gobernada de manera cada vez menos republicana. Hemos perdido la capacidad de controlar a nuestros gobernantes y ellos han anulado la división de poderes que servía para garantizar nuestros derechos. Nuestro compromiso se compone de tres ejes: primero, restaurar el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por medio de la reforma de los decretos de necesidad y urgencia. Segundo, recuperar la independencia del Poder Judicial y hacerlo más accesible, ya que es el que protege nuestros derechos cuando el poder se extralimita. Tercero, fortalecer y ampliar todos los mecanismos de control y de rendición de cuentas sobre el poder. Gobernar de manera federal. La Nación Argentina es una comunidad enorme y diversa. Esta diversidad se expresa con toda su riqueza y su historia en las particularidades de cada una de nuestras provincias, regiones y ciudades. Por eso,cuando

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cuando se fundó nuestro país se garantizó que esas diversidades serían respetadas en la construcción de la unidad. Y así fue que en la Constitución se dejó escrito que Argentina debía gobernarse de manera federal, asegurando la autonomía de todas las provincias. La crisis del federalismo lleva muchas décadas, pero en los últimos años se acentuó de manera drástica. Quedan muy pocas provincias autónomas y la defensa de sus derechos implica muchas veces para ellas un enorme costo en oportunidades y en exclusión del destino común. Esto debe terminar. Nuestro compromiso con la autonomía de las provincias se basa en dos ejes. El primero, restaurar el equilibrio de las provincias con el Estado Nacional en el manejo de los recursos ﬁscales: sin capacidad propia de invertir y de gestionar, la autonomía de las provincias es letra muerta. Para ello hay que reformar de una vez el sistema de coparticipación. Segundo, cortar de raíz con la mentalidad centralista recuperando uno de los ideales con los que se restableció la democracia en 1983: darle al país una nueva capital federal.

REFORMA POLÍTICA En estos meses hemos sido testigos de la negativa de una parte de la dirigencia a cambiar los modos de votación. ¿Hace falta decir que la democracia argentina está en crisis? El tratamiento de una ley de reforma política necesita del consenso, la discusión y el debate de todos. Todos nos tenemos que sentir partes en esa ley, que debe contar, por lo menos, con los siguientes puntos. Mecanismos que aseguren un mejor conocimiento de todos los candidatos que el ciudadano vota. Del conocimiento emanan la legitimidad y la representación, así como la

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posibilidad del control y de la rendición de cuentas. Se trata de agrupar los candidatos de forma tal que el elector tenga una visión más clara de por quién vota, para qué lo vota y cuál es su plataforma, para que después pueda reclamar y peticionar. Un mecanismo posible está en terminar con las listas sábana. Impedir las trampas y la corrupción que le han quitado legitimidad a nuestras elecciones. El problema del robo de boletas quedaría solucionado con un sistema de Boleta Única en la que aparezcan los candidatos de todos los partidos, como ya se ha implementado en varios distritos. Independencia de las autoridades electorales y del escrutinio, con un órgano extrapoder como lo son la Defensoría del Pueblo o la Auditoría General de la Nación.

ATAQUE A LA CORRUPCIÓN Debemos dejar bien claro que los corruptos no nos representan, que no los queremos gobernando nuestro país, nuestras provincias ni nuestros municipios. Que no los queremos en el Congreso, en la Justicia, en la Policía ni en el Ejército. Una política seria contra la corrupción deberá incluir las siguientes medidas:

Que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. De esa forma, ningún funcionario se verá beneﬁciado por el transcurso del tiempo una vez consumado el delito. Que los ciudadanos sean admitidos como querellantes, y no sólo denunciantes, en los procesos relacionados a los delitos contra la administración pública.

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esta propuesta está fundamentada en el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que suscribió nuestro país. Que el funcionario condenado deba devolver a la sociedad lo que obtuvo de manera delictiva. Con este principio de restitución se puede garantizar, además, una mayor disuasión.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Para alcanzar una ciudadanía democrática plena, el pueblo tendrá que ser protagonista y agente de cambio. Todos, no sólo la dirigencia política, son gestores de los cambios y las transformaciones en democracia. Hay que recuperar la conﬁanza ciudadana con transparencia, participación y dispositivos de colaboración. Sólo así fortalecemos la representatividad de los gobiernos y de las políticas públicas. La consolidación de la democracia a lo largo del tiempo se sustenta, en nuestro país, en una fuerte, saludable y activa sociedad civil. Esto implica que los ciudadanos se hacen escuchar por canales cada vez más diversos y que en muchos casos complementan al sistema clásico de representación política, especialmente cuando éste se ve desaﬁado en su capacidad de representación por el cambio económico y social. Es por ello que nuestra Constitución incluyó en su reforma de 1994 mecanismos tales como la consulta popular y la iniciativa legislativa. Proponemos que el gobierno nacional haga un mayor uso y promoción de estas herramientas, así como de otras que incluyen presupuestos participativos, giras ministeriales, respeto estricto de las audiencias públicas exigidas por ley,

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mecanismos estables y estructurados de participación pública en los planes de gobierno, entre otros. Proponemos además avanzar hacia el paradigma del gobierno abierto, que aproveche las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y que a través de ellas habilite nuevas formas y canales de participación e involucre a los ciudadanos en la gestión y el control de las políticas públicas.

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA En una república el Gobierno debe gobernar, la legislatura legislar y el Poder Judicial garantizar nuestros derechos y bienes. En 1994 se incluyeron en nuestra Constitución los decretos de necesidad y urgencia, de una manera excepcional, para regularlos, limitarlos y garantizar que fueran controlados por el Congreso. El artículo 22 de la Ley 26.122 dictada por este gobierno diﬁculta sobremanera el control de estos decretos que el Congreso tiene garantizado por la Constitución. Esta ley no exige que los decretos sean aprobados por ambas cámaras del Congreso, sino que considera que quedan aprobados si no son rechazados por las dos cámaras. De esa manera el Presidente de la Nación goza de una ventaja desproporcionada sobre el Congreso, porque le basta impedir el rechazo en una de las cámaras para que el decreto mantenga su vigencia, burlando la voluntad de la otra cámara. Como consecuencia, y a diferencia de las leyes, estos decretos ni siquiera necesitan la aprobación de ambas cámaras para tener efecto. Nuestra propuesta consiste en sancionar una ley que modiﬁque ese artículo y establezca que los decretos de necesidad y urgencia deban ser aprobados en forma expresa por ambas cámaras dentro de un plazo determinado, lo que implica

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que si un decreto es rechazado por una de ellas o que, una vez vencido el plazo, no consigue aprobación, queda sin efecto en forma automática. También proponemos que la Presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de controlar estos decretos, esté en manos de los legisladores de la oposición con mayor número de representantes.

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho. Los principios constitucionales de autonomía presupuestaria, inamovilidad en los cargos y de intangibilidad de las remuneraciones constituyen los principios básicos en que se basa la independencia del Poder Judicial. En los últimos años estos principios se han visto amenazados por la crisis de la división de poderes. Para restaurarlos es indispensable implementar las siguientes medidas, entre otras: Es necesario enviar al Congreso de la Nación una serie de proyectos derogatorios de cualquier ley que vulnere la independencia económica de la Justicia, como el artículo 4 de la Ley 23.853 (de Autarquía del Poder Judicial) y sus modificatorias, que faculta al Poder Ejecutivo a introducir modificaciones en los gastos de la Justicia. La composición de la Corte Suprema de Justicia de La Nación es un tema de gran importancia para su independencia y eficacia. El número de miembros en la Corte jamás fue constante en la historia de nuestro país. Desde la Constitución

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de la Confederación Argentina de 1853, ese número de integrantes ha variado. Empezó con nueve; luego, en 1862 se redujo a cinco; en los '90, volvió a una composición de nueve integrantes; y por último en 2006, con la ley 26.183, volvió a la formación original de cinco miembros. Hoy, son cuatro los ministros en funciones. Con la renuncia presentada por Carlos Fayt a partir del 11 de diciembre de 2015, la Corte tendrá sólo tres integrantes, en lugar de los cinco que establece la ley. Por lo tanto, el Gobierno que asuma a ﬁn de año deberá poner en su agenda como tarea primordial la de poner en funcionamiento los mecanismos de selección para elegir a los dos miembros que faltan. Proponemos que esos nombres surjan de un “acuerdo patriótico” para la conformación de una Corte independiente de cualquier poder político de turno, y que uno de ellos corresponda a una mujer para que se respete y garantice la diversidad de género. El Consejo de la Magistratura nombra y controla a los jueces. Ese órgano debe mantener un criterio de igualdad en cuanto a la representatividad de los sectores políticos, judiciales y académicos que lo conforman. Para garantizar esa equidad proponemos aumentar el número de sus integrantes a 20, como una garantía de representatividad equitativa. El acceso a la Justicia es un derecho fundamental que no se reduce sólo al acceso a los tribunales, sino que debe ser atendido de forma completa e imparcial, para alcanzar una resolución pronta, justa y equitativa de los conﬂictos de derechos. Es imperioso dar cumplimiento a las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia para personas en condición de vulnerabilidad, desarrolladas en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana.

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Vamos a promover además la cultura o alfabetización jurídica de las personas más vulnerables. Los más pobres, los niños y adolescentes, los ancianos, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, son potenciales grupos vulnerables y para ellos es fundamental establecer medidas que eliminen cualquier clase de discriminación o trato desigual en el acceso a la justicia.

CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS Es indiscutible que el control público garantiza la transparencia de los gobiernos y ayuda a la prestación efectiva de sus servicios. Sin embargo, existen trabas en el país que impiden el ejercicio de esos controles. El acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por los tratados internacionales de rango constitucional. En los últimos años ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que reconoció este derecho mediante sus sentencias. Sólo cuatro países en Latinoamérica aún no han garantizado por ley este derecho. Entre esos cuatro está la Argentina. Proponemos la sanción urgente de una ley nacional de acceso a la información pública, que favorecerá sin dudas el control ciudadano sobre los actos de gobierno. Es elemental mejorar las atribuciones de controlde la Auditoría General de la Nación y asegurar su independencia y autonomía. Consideramos que la AGN debe estar a cargo de 5 miembros designados cada uno como Auditor General y que duren en sus cargos 4 años pudiendo ser reelegidos, salvo para el caso del Presidente de la auditoría, que deberá cambiar cuando cambiare el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso, ya que éste debe

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debe designarlo por mandato constitucional. En cuanto a la Sindicatura General de la Nación, debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Si el Secretario de la SIGEN es designado por el Presidente de la Nación, es muy difícil que pueda cumplir sus funciones de contralor. La Oﬁcina Anticorrupción debe gozar de autonomía presupuestaria para que no dependa del gobernante de turno. Por la misma razón, también resulta imperioso que se le otorgue estabilidad al cargo. La Defensoría del Pueblo de la Nación es un órgano extrapoder establecido por la Constitución en 1994 y que tiene como función la defensa de los derechos humanos y de las garantías establecidas en la carta magna. La defensoría no tiene titular desde 2009. Es imperioso su nombramiento, exigido por la Constitución Nacional.

FEDERALISMO FISCAL: COPARTICIPACIÓN Otra de las bases de la democracia es la igualdad, a través de la inclusión social, el respeto a los géneros y a las culturas diversas y regionales. Nuestro país tiene, en ese sentido, una deuda histórica en cuanto al funcionamiento pleno y adecuado del régimen federal. Hay que decirlo cuantas veces sea necesario: en Argentina no habrá democracia plena sin federalismo. El dilema entre "centralización o federalismo" ha marcado desde siempre la historia nacional en todos sus planos: políticos, económicos y sociales. La crisis de la forma de gobierno federal es una crisis de autonomía en las provincias. Las provincias que no tienen medios propios para gobernarse a si mismas, no son autónomas. Y los medios de que carecen la mayoría de las provincias son los medios

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económicos. Por eso la Constitución fue sabia al prever un mecanismo de coparticipación federal que hoy está viciado porque la gran mayoría de los recursos coparticipables queda para uso discrecional del Estado Nacional. Proponemos en primer lugar la recomposición inmediata de los porcentajes equilibrados entre la Nación y las Provincias. Proponemos además una revisión de las asignaciones especiales de ciertos impuestos y su impacto sobre la masa coparticipable. Proponemos asimismo encarar de una vez por todas la sanción deﬁnitiva de la ley convenio de coparticipación, que requiere del concurso de todas las provincias. Para ello consideramos necesaria una discusión y una negociación lo más abierta y amplia posible, pero con un plazo perentorio para asegurar que se llegue a un resultado.

ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA NUEVA CAPITAL FEDERAL El país federal exige la descentralización política y administrativa. Para nosotros es menester conﬁgurar un nuevo paradigma en la estructura política argentina, basado en la descentralización geográﬁca del poder político. Se trata de un drástico cambio de mentalidad. Por eso creemos que el traslado de la capital es una necesidad del sistema federal argentino. No en vano se lo propuso con más energía en una época de esperanza y renovación como fue la recuperación de la democracia en la década del ´80. La designación de una nueva capital será una forma categórica de

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cambiar la tradición centralista de nuestro país. Además, no existe impedimento constitucional ni legal que prohíba el traslado de la Capital Federal a una nueva ubicación geográﬁca. Proponemos un novedoso sistema de elección democrática de la nueva capital, a través de la votación popular. El proceso comenzaría con la nominación de las ciudades candidatas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Las tres áreas con más nominaciones serían proclamadas candidatas, que competirían en una elección popular con boleta única. El pueblo argentino elegirá su capital de la forma más democrática posible: votando.

*** Estas son algunas de nuestras propuestas para la nueva etapa que comienza. Creemos que construir un país signiﬁca encontrar la manera de vivir juntos en armonía, de emprender proyectos poniendo en común nuestras ideas, nuestros sueños y nuestras diversas identidades y convicciones. Creemos que la democracia es la única respuesta posible para combinar esa diversidad con la tarea común de gobernar un territorio, y estamos convencidos de que el diálogo y el respeto por las diferencias es la llave para lograr el éxito en esa noble tarea.

Bloque Temรกtico 5 PROGRESO Y MEDIO AMBIENTE

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PROGRESO Y MEDIO AMBIENTE Convocaremos a un gran acuerdo económico – social para lograr el compromiso de todos los sectores de actuar en un marco de paz entre el derecho humano que todos los hombres y las comunidades tienen a progresar y el derecho humano de todos a gozar de un medio ambiente sano. Detrás de esta paz hay dos realidades fundamentales. La primera es que ya no puede llamarse verdaderamente progreso a aquel desarrollo que implique serios impactos negativos sobre el medio ambiente. El costo que el daño ambiental de una actividad tiene para cualquier comunidad, de la más grande a la más pequeña, anula cualquier otro beneﬁcio. La segunda realidad es que la protección y la restauración de nuestro medio ambiente constituyen valiosas oportunidades para el progreso porque generan innovación y trabajo. El compromiso que debemos alcanzar incluye propuestas para dos desafíos prioritarios:

Cambio climático. Proponemos tres ejes de acción. Por un lado, una gestión integrada y sustentable del agua como derecho humano y como elemento fundamental para el progreso, teniendo presente la consigna de la adaptación a los problemas que el cambio climático genera, que van desde la sequía en unas regiones a las inundaciones violentas en otras. Por otro lado, desarrollar de una vez el enorme potencial argentino en energías renovables, como una forma de mitigación, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y como aporte a la diversiﬁcación de la matriz energética. Finalmente, proponemos implementar una revolucionaria política de forestación pública.

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La herramienta de gestión preferencial en estos ejes será la formulación de planes estratégicos transversales (que concierten a los tres niveles de gobierno en las esferas de sus competencias constitucionales) participativos (que convoquen a todos los sectores interesados) e innovadores (que contemplen las mejores soluciones eﬁcientes y sostenibles). Biodiversidad. Para proteger la diversidad de nuestros ecosistemas y hábitats terrestres y acuáticos proponemos. Por un lado, fortalecer líneas de acción que están planteadas pero que se han abandonado en materia de bosques nativos y áreas naturales protegidas. Por otro lado, avanzar en la protección de áreas y hábitats marinos y ﬂuviales. Finalmente, proponemos impulsar el uso sustentable del suelo. Las herramientas de gestión preferenciales en estos ejes serán el desarrollo de ordenamientos territoriales transversales y participativos, la puesta en marcha del sistema nacional de información ambiental, la mejora sustantiva de nuestros sistemas de monitoreo y actuación ante emergencias ambientales y la promoción activa de buenas prácticas.

AGUA El cuidado y la gestión del recurso hídrico se convierten en una cuestión estratégica. En primer lugar, estamos hablando de un elemento escaso. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el volumen total de agua en la Tierra es de 1.400 millones de km3. 2.5 % del volumen total corresponde al agua dulce. A su vez, el 70% del agua dulce corresponde a los hielos montañosos y polares y casi 30% al agua subterránea, lo que deja aproximadamente en menos del 1% al agua dulce utilizable para

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ecosistemas y seres humanos. De ese 1%, el 70% es utilizado para la agricultura. En segundo lugar, esta escasez se refuerza por el incremento de la población y las demandas, especialmente alimentarias. El desafío mundial, en este punto, tiene que ver con incrementar la eficiencia en la utilización del agua: producir más con menos. En tercer lugar, estamos ante un elemento desigualmente distribuido a nivel mundial. Incluso a nivel nacional hay zonas con una gran disponibilidad de agua y otras sometidas al creciente fantasma de la desertificación. No puede soslayarse la repercusión del cambio climático en los recursos hídricos. Todas las regiones experimentarán sequías más frecuentes e intensas o lluvias excesivas e inundaciones que pueden destruir los cultivos y poner en riesgo la producción de alimentos.13 La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió, en la 108ª sesión plenaria celebrada el 28 de julio de 2010, reconocer “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (Resolución 64/10).El Comité de derechos económicos, sociales y culturales, perteneciente al Consejo Económico y Social de la ONU ha establecido tres condiciones indispensables para el ejercicio de este derecho. Disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente. Calidad: el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Accesibilidad: el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, en cuatro dimensiones superpuestas:

13- Provincia de San Luis.Plan Maestro del Agua 2012-2025.

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físicamente, económicamente, sin discriminación y con acceso a la información.14 El agua, por lo tanto, es un tema de vital importancia para la vida del país y la política debe dar cuenta de él. Estamos además ante un posible motivo de unidad nacional, ya que sobre el mismo hay amplio acuerdo desde lo político. Esta base debe aprovecharse para consensuar una planificación estratégica que involucre a todos los niveles de gobierno y que tenga en cuenta, entre otros, los siguientes puntos fundamentales. Asegurar la accesibilidad del recurso hídrico para todos. Una parte importante de la población de la República Argentina aún no posee servicio de agua potable ni cloacas, lo que provoca desigualdad, riesgos de enfermedades y contaminación. La planificación debe incluir metas y compromisos mensurables entre los municipios, las provincias y la Nación que apunten a la máxima cobertura de estos servicios básicos para la inclusión y el progreso social El agua como un elemento fundamental para el desarrollo. La agricultura, la industria y las energías renovables también utilizan agua y estos usos deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de la disponibilidad. Enormes zonas de nuestro país se ven enfrentadas al fantasma de la sequía y la desertificación mientras que otras sufren el flagelo de violentas e imprevistas inundaciones. La panificación debe incluir, entonces, un capítulo dedicado a la infraestructura hídrica que contemple soluciones en materia de almacenamiento y distribución del recurso, a través de un abordaje por cuencas. 14 - Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación general Nº 15 (2002) Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 29º período de sesiones Ginebra, 11 a 29 de noviembre de 2002.

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En ese sentido, un proyecto prioritario será la canalización del río Bermejo, con el potencial de 35 centrales hidroeléctricas, puesta bajo riego de un millón de hectáreas, lo que reactivará de manera contundente la producción en el norte de nuestro país, una deuda histórica que urge saldar. Además, hacerlo navegable y que posibilite la salida al mar de Bolivia, lo que tendría un impacto comercial, cultural y de geopolítica muy favorable. Debe ser una prioridad, en materia de agua, no solamente garantizar su disponibilidad y accesibilidad, sino también preservar y proteger su calidad. En ese sentido, nuestra propuesta incluye el saneamiento de las cuencas que contemple la construcción de plantas de tratamiento e incentivos para que las industrias inviertan en tecnologías limpias, para que el caso Riachuelo no se repita. Proponemos un verdadero compromiso de recomposición ambiental del Riachuelo. El vencimiento de plazos, la falta de controles y demoras en las obras nos sugiere que las acciones de saneamiento están estancadas y deben ser retomadas.

ENERGÍA. BASES PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO DEL SECTOR ENERGÉTICO La equidad social, la seguridad de servicio y la mitigación del impacto ambiental, son los ejes sobre los que hay que construir la nueva matriz energética. La política energética que el país necesita tiene que permitir un crecimiento económico en paz con el medio ambiente.Un sector energético bien gestionado, que utilice y agregue valor a los recursos energéticos que el país posee, que produzca energía en forma eﬁciente y a precios competitivos, actuará como un dinamizador

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de la economía, producirá empleos de calidad y elevará el nivel de nuestros profesionales. Queremos desarrollar una política alrededor de estos tres principios: seguridad, disponibilidad y sustentabilidad. La seguridad hace referencia a que la totalidad de los habitantes tenga garantizado el acceso a las distintas fuentes de energía. La disponibilidad es un concepto relacionado con tener la energía disponible en el momento que se la necesite. Por último, la sustentabilidad es un valor que proyecta el desarrollo energético de un país hacia el futuro y debe estar comprometido por un crecimiento económico en paz con el medio ambiente. Actualmente el sector energético de nuestro país atraviesa por una situación crítica, producto de decisiones equivocadas. La matriz energética argentina es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. En 2013, sobre un total de 81 millones de toneladas equivalentes de petróleo utilizadas en el año, el gas natural representó el52,8% y el petróleo el 32,9%. Sobre este punto, es importante destacar que desde 2003 en adelante el país experimentó una notable involución respecto al tipo de matriz energética. En este período de 12 años, el sector eléctrico acentúa la dependencia de los hidrocarburos: mientras la generación eléctrica aumentó un 60%, el consumo de hidrocarburos utilizados para generar esa energía creció un 180%. La planiﬁcación estratégica que proponemos para la energía se asienta en el convencimiento de que es imperioso dotar al país de una Política Pública de largo plazo. Por ello se formulará un Plan Maestro, enmarcado en criterios estratégicos objetivos, que será consensuado con las fuerzas políticas nacionales en orden a asegurar su aprobación por ley del Congreso Nacional y su continuidad más allá del próximo período de gobierno. Esta política pública además requiere de

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acuerdos sustentados en los sectores empresarios, académicos, profesionales, funcionarios de organismos especializados y gremiales, y el acompañamiento de la sociedad civil. La energía más cara es la que no se tiene y la más barata es la que se ahorra. Por lo tanto, la matriz energética debe proveer energía variada, accesible y a precios razonables; facilitar la generación distribuida, incentivar la eﬁciencia energética y promover las energías limpias y renovables. Debemos desarrollar combustibles alternativos, de manera de preservar los hidrocarburos para las aplicaciones industriales. La política pública se orientará a lograr una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos, y con una mayor participación de las Energías Renovables, de manera de reducir el impacto ambiental y la emisión de gases de efecto i n v e r n a d e ro . N o s e n c o n t r a m o s a n t e f o r m i d a b l e s oportunidades: los avances tecnológicos han bajado los costos de fuentes alternativas que no eran competitivas en un pasado cercano. A su vez, se tomará en cuenta el impacto social negativo que producen las formas convencionales, facilitado la incorporación de energías renovables para encarar la reestructuración de la matriz energética. Habrá progreso sin lesionar el medio ambiente. Se promoverán criterios de eﬁciencia energética para reducir la tasa de intensidad energética de la Argentina y de la elasticidad de la demanda energética frente al Producto Bruto Interno, de sus elevados niveles actuales a la tasa promedio mundial. Trabajando por el lado de la demanda, con políticas que promuevan el ahorro de energía en los hogares, como la promoción de la construcción bioclimática, el comercio, la

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industria y en el alumbrado público. En una etapa más avanzada, la informatización de las redes eléctricas permitirá propender a manejo de la demanda de energía y a la venta de excedentes al sistema. La eficiencia también debe alcanzar el transporte. Se restablecerá el ferrocarril y el uso de bitrenes (camiones más eficientes, con mayor capacidad de carga que no dañan las rutas, y que tienen un menor impacto en el ambiente). Se practicará una política de integración energética regional para conformar mercados de gas natural y de electricidad que aprovechen la complementariedad de los recursos en la región y las conexiones físicas existentes. Se promoverán programas de participación públicoprivada en la ampliación de la infraestructura. Ello permitirá disminuir riesgos y en definitiva minimizar costos totales de los emprendimientos. Desde un Estado presente se incentivará a un sector privado que invierta asumiendo precios e incentivos, con horizontes previsibles y reglas estables, tomando los riesgos propios de cada actividad. Es función del Estado generar las condiciones competitivas mediante políticas macroeconómicas adecuadas. El sector privado debe poder acceder al sistema financiero nacional e internacional y al mercado de capitales en condiciones competitivas respecto a las que ofrecen otros entornos de países vecinos en la región. Los entes reguladores del sector serán autónomos del sector político, e independientes de los intereses de las partes. Asegurarán a los participantes de los mercados energéticos el

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los entes reguladores del sector serán autónomos del sector político, e independientes de los intereses de las partes. Asegurarán a los participantes de los mercados energéticos el cumplimiento de la legislación vigente en la materia. La política tarifaria de los servicios públicos será concebida de forma tal de retribuir todos los costos y la utilidad al inversor que gestionando eﬁcientemente asume para prestar el servicio. Serán ﬁjadas por el Estado, tal cual lo previsto en los respectivos marcos regulatorios, prestando especial atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad que no puedan pagar el precio total de la tarifa. Se establecerá un plazo de convergencia con el conjunto de medidas de política económica, para alcanzar el objetivo simultáneo de obtener tarifas justas y subsidios acotados a lo impuesto por razones de integración social.

Bloque Temรกtico 6 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO E INCLUSIร N DIGITAL

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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO E INCLUSIÓN DIGITAL En la sociedad actual, altamente cambiante e incierta, crecientemente heterogénea e inesperadamente prolíﬁca en la generación de información, la rápida y permanente producción y efectiva gestión del conocimiento y de la tecnología son activos estratégicos para apuntalar procesos de desarrollo sustentables. La mejora productiva y de competitividad, de calidad de vida de la población y el cuidado ambiental están inexorablemente ligados a este fenómeno. La proliferación de las tecnologías digitales o tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en las últimas dos décadas ha sido impactante, con las tasas de adopción más rápidas de la historia. El octavo informe sobre el Estado de Internet (Akamai) dice que “en el transcurso de los últimos siete años, desde que el informe fue publicado por primera vez, Internet ha crecido y evolucionado de forma signiﬁcativa. El número de usuarios se ha más que duplicado a un estimado de 3.200 millones en 2015. En el 2008 Cisco señaló que el número de dispositivos conectados a Internet había superado el número de personas en el mundo y ahora se predice que habrá tres dispositivos en red per cápita por 2019, frente a los casi dos dispositivos conectados por habitante en 2014. Desde smartphones rudimentarios conectados a Internet en 2008 a sensores en casi cualquier dispositivo imaginable en 2015, la llamada “Internet de las Cosas” seguirá impulsando aumentos masivos en el uso de Internet”. La Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC) es una fase del desarrollo social que da origen a nuevas oportunidades y desafíos. Esta realidad requiere por parte del Estado la adopción de políticas públicas y de un marco normativo para promover y acompañar la construcción y participación en esta sociedad emergente, superando las asimetrías que se dan en ese proceso. En efecto, en esta nueva dimensión surge el derecho a la inclusión digital. Jesús Ortega

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Martínez sostiene que el advenimiento de esta cuarta generación de derechos en el entorno de la SIC tiene por fin garantizar un nuevo estatus: el del “individuo de la sociedad digital” o “ciudadano digital”, siendo esenciales para su definición la universalización del acceso a las TICs, la libertad de expresión en la red y la libre distribución y acceso a la información y el conocimiento. En atención a estas realidades, proponemos avanzar de lleno en la transformación de nuestro país en una verdadera sociedad del conocimiento, que sea al mismo tiempo inclusiva y democrática. Para ello proponemos avanzar en dos direcciones. Optimizar nuestro sistema de educación, ciencia y tecnología. El horizonte para nuestro país debe ser el de acceder a la autonomía tecnológica necesaria para resolver problemas propios, que no es otra cosa que apropiarse del conocimiento para tener un grado mayor de soberanía. Si bien es menester reconocer que en los últimos años la ciencia y la tecnología nacionales han recuperado parte del espacio que alguna vez tuvieron en la sociedad y en las políticas públicas, aún hay mucho margen para actuar. En este sentido, nuestra propuesta se dirige a una optimización general de nuestro sistema educativo y de ciencia y tecnología. Proponemos hacer esta optimización sobre la base de tres consignas o principios muy simples: en primer lugar, financiar el sistema de manera segura y estable. En segundo lugar, integrar los componentes del sistema en todos los sentidos (territorial, social, legal, productivo, etc.). Finalmente, producir más y mejor en ciencias y en tecnología, en función de la

15- Ortega Martínez, Jesús. “Sociedad de la Información y derechos humanos de la cuarta generación”.En: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1510/26.pdf. Fecha de consulta: 07/10/2015.

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estrategia de desarrollo de nuestro país. Promoveremos el desarrollo de estas tres consignas en tres escenarios: los sistemas educativo, universitario y de ciencia y tecnología. Asegurar la inclusión digital de todos los argentinos en la SIC. La creación de una SIC implica dos procesos diferenciados: uno es el de la conectividad, o difusión de la tecnología y del acceso a la red, que entre muchos otros indicadores está generalmente asociada a la penetración de la banda ancha a un precio accesible para todos. El segundo proceso presupone al primero como un cimiento pero va más allá y tiene que ver con la incorporación de la red y de las herramientas digitales en todos los sectores de la vida social: educación, salud, servicios y la economía en general. Este 16 segundo proceso se conoce como digitalización. Lamentablemente nuestro país se encuentra ante serias deﬁciencias en ambos procesos.17 Podemos aﬁrmar que la posición de Argentina en el concierto mundial de la tecnología y la disponibilidad de Internet está muy lejos de otorgarle ventajas competitivas en el futuro. Además, el derecho a la i nclusión

16- ooz& Company ha elaborado el índice de digitalización (adoptado por el Foro Económico Mundial) con la intención de medir la evolución de la digitalización. Para ello han definido 6 atributos claves. Ubicuidad: la medida en que los consumidores y las empresas tengan acceso universal a los servicios digitales y aplicaciones. Asequibilidad: la medida en que los servicios digitales tienen un rango de precio tal que puede ser contratado por la mayoría de las personas. Fiabilidad: la calidad de los servicios digitales disponibles. Velocidad: la medida en que se puede acceder a los servicios digitales en tiempo real. Facilidad: la facilidad de uso de los servicios digitales y la capacidad de los ecosistemas locales para impulsar la adopción de estos servicios. Aptitud: la capacidad de los usuarios para incorporar servicios digitales a sus vidas y negocios. Con estos indicadores cuantificables para cualquier país se define el valor de índice, y en función de este las economías se clasifican en economías restringidas, que están comenzando a desarrollar conexiones asequibles a Internet. Los servicios de Internet son caros y limitados en su alcance. Las economías emergentes han logrado avances significativos en el acceso asequible y generalizado. Sin embargo, la fiabilidad de los servicios se mantiene baja, la capacidad es limitada, y su uso es bajo. Las economías en transición ofrecen a sus ciudadanos servicios ubicuos, asequibles y razonablemente confiables, y el uso se está expandiendo a un ritmo relativamente rápido. Las economías avanzadas se encuentran en la etapa más madura de la digitalización. 17- La digitalización multiplica los beneficios de la conectividad, ya que genera tres veces más beneficio económico que la penetración de banda ancha solamente. Según el octavo informe sobre el Estado de Internet (Akamai) en el primer trimestre de 2015 las velocidades de conexión medias aumentaron 10% a nivel mundial, y el 30% en comparación con el año anterior. En este informe Argentina está en la posición 75.

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mundial de la tecnología y la disponibilidad de Internet está muy lejos de otorgarle ventajas competitivas en el futuro. Además, el derecho a la inclusión digital implica para el Estado el deber de generar las condiciones y medios necesarios para que aquellos que aún no forman parte de la SIC se incorporen a ella como ciudadanos con capacidades y habilidades para obtener de ello una mejor calidad de vida y contribuir al desarrollo social. El objetivo es entonces la promoción de una SIC inclusiva. Para encarar estos desafíos proponemos la elaboración consensuada, participátiva y transversal a los tres niveles de gobierno, de una Agenda Digital Argentina. La misma contemplará objetivos muy claros en las dos dimensiones de la SIC: conectividad y digitalización, considerando en todo momento a la inclusión social como un nuevo derecho humano, lo que implicará particularmente para el Estado actuar con un criterio de implementación de las políticas públicas de la periferia al centro, privilegiando a los más necesitados. En la provincia de San Luis la inclusión digital es un derecho humano de rango constitucional. La provincia de San Luis visualizó hace más de una década las transformaciones sociales que se estaban gestando en el mundo a raíz del nuevo contexto tecnológico digital. En ese momento, San Luis se propuso embarcarse en la construcción de una SIC inclusiva a través de la elaboración de una política pública y de un marco normativo digitales.

últimos siete años, las velocidades de conexión a Internet han aumentado también. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, redeﬁnió el índice de referencia de banda ancha a 25 Mbps. Hay que notar que nuestro país tiene velocidades menores incluso en los mejores indicadores. El índice NRI (NetworkedReadinessIndex) muestra una medida de la preparación de un país para participar y beneﬁciarse de los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Se analizan 71 variables, que luego se agrupan en tres subíndices (ambiente, preparación y uso). En esta ocasión, el ranking del NRI incluye 148 países. Nuestro país está en el puesto 91.

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En 1998 acordó con el Ministerio de Industria de Canadá un trabajo en colaboración para elaborar la Plan Maestro de la Autopista de la Información (AUI), que se convirtió en el primer paso para iniciar el camino de progreso en la SIC a través de la planificación estratégica de una política pública: la “Agenda Digital”. En San Luis la digitalización ha sido guiada por el principio rector de justicia social, con lo que adopta la forma de inclusión digital. Ella se manifiesta en un principio de carácter operativo denominado “de la periferia al centro”, que consiste en dar prioridad en la implementación de la Agenda Digital a las zonas y grupos más alejadas de las centralidades regionales y sociales. Con esto se persigue la superación de las tendencias de concentración y centralización propias de los modelos unidireccionales de flujo de información y conocimiento, que fomentan la consolidación de las exclusiones sociales en la

San Luis es el primer Estado del mundo que reconoce en su 18 Constitución el derecho a la inclusión digital de todo habitante de la provincia en su naturaleza de derecho humano fundamental.

UNIVERSIDADES En lo que respecta a calidad universitaria, es esencial tener en cuenta que el país existen grupos altamente caliﬁcados, grupos bajo consolidación y grupos en desarrollo. Es esencial contar con sistemas que, teniendo a la vista estándares de nivel internacional, atiendan los estadios diferenciales de desarrollo.

18- Constitución de la Provincia de San Luis, Articulo 11 bis: “…Todos los habitantes de la Provincia, gozan de los Derechos de Inclusión Social y de Inclusión Digital como Nuevos Derechos Humanos fundamentales.(…)”.

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iA las carreras y unidades académicas altamente calificadas es esencial articularlas para la proyección nteligente de inversiones de máximo nivel que les asegure a futuro contar con el posicionamiento que han alcanzado. A los grupos en consolidación proveerles de los apoyos específicos para que alcancen los estándares internacionales. Los grupos recién formados y los que se formen (nuevas universidades, nuevas unidades académicas) deben contar con el apoyo específico de los dos grupos anteriores. Para ello se En función de la consigna de integrar, consideraremos muy relevante dar un fuerte impulso a la internacionalización de la educación universitaria. Para ello, es esencial dar cuenta explícita de los indicadores de calidad académica y científico-tecnológica de los grupos antes mencionados. Pero simultáneamente, incorporar en la gestión académica, residencial, administrativa la movilidad de estudiantes extranjeros hacia nuestras universidades. El efecto de recibir estudiantes extranjeros sobre la economía local es notable.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Para ﬁnanciar de manera más segura y estable a la ciencia y a la tecnología, proponemos un proyecto de Ley de Financiamiento a la Ciencia, Tecnología e Innovación que asegure un incremento progresivo hasta alcanzar en el año 2020 una participación porcentual acordada del Producto Bruto Interno.

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Para integrar mejor a la ciencia y a la tecnología entre si, en el territorio y en la sociedad, proponemos las siguientes medidas. Integración territorial: federalizar la producción científico-tecnológica, generando capacidad instalada (de recursos humanos, infraestructura, etc.) de forma más equitativa a lo largo y ancho del país; Integración institucional: lograr una articulación efectiva de las diferentes instituciones vinculadas a la investigación; Asegurar la eliminación de las trabas o cuellos de botella de distinta índole (regulatorios, burocráticos, etc.) para el acceso a los insumos requeridos para las actividades de investigación. Integración productiva: fortalecer las políticas destinadas a impulsar la inserción de los bienes y servicios locales, intensivos en conocimiento y de alto valor agregado, en un número creciente de mercados externos; Integración del sector privado: inducir un mayor compromiso e involucramiento del sector privado en los esfuerzos de investigación científica, robusteciendo en paralelo la articulación público-privada en las iniciativas dirigidas a tal fin. Integración social: asegurar el debido retorno social de los esfuerzos públicos por promover el desarrollo científicotecnológico y la innovación, generando los cambios regulatorios 19- La Ciencia se dedica al estudio de las causas de los fenómenos, pero sin tener en cuenta su utilidad posterior. La Tecnología es la aplicación práctica del conocimiento o el conjunto de conocimientos integrados en función de producir un bien o generar un servicio. La Ciencia y la Tecnología son interdependientes: no puede haber desarrollos tecnológicos sin Ciencia y no puede haber desarrollos científicos sin Tecnología. Esa interdependencia determina que sea imposible generar un sistema científicotecnológico basándose en apoyar a la Ciencia, o la Tecnología en forma aislada. Hay que apoyar a las dos e integrarlas en función de objetivos comunes.

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necesarios que aseguren a la sociedad el acceso, apropiación y aplicación del conocimiento en tanto activo crucial del desarrollo en el presente contexto. Integración productiva: se impulsará la creación de espacios de formación avanzada (especializaciones, maestrías y d o c to ra d o s ) e n a r t i c u l a c i ó n co n ca d e n a s / re d e s d e producción/servicios. Al respecto, otros países como Alemania, Reino Unido y USA ya promueven desde hace tiempo la existencia de “Doctorados profesionales” con formas de cursado singulares y con tesis de nivel de doctorado vinculadas directamente a problemáticas de la producción de bienes y servicios. Así “cadenas de tesis y posgraduados” elevan el conocimiento de las cadenas y redes de producción. En simultáneo al impulso de programas que vinculen investigación/formación de alto nivel/desarrollo se irán incorporando indicadores a la evaluación del sistema científicotecnológico y universitario que den cuenta de la mejora/diversificación/elevación de competitividad/creación de nuevas unidades de producción del territorio en el que operan. Al respecto, cabe resaltar que es clave incorporar como componente de determinadas cadenas al Mar. El programa Pampa Azul, por ejemplo, merecerá un rubro particular dentro de la Ley de Financiamiento antes mencionada. Es clave el estudio y aprovechamiento sustentable de la gran plataforma marina de nuestro país. Integración social: es clave reforzar el acceso de la población a los científicos y a los resultados de la ciencia. Desde jueguitos para la computadora, hasta personajes de telenovelas; desde galerías temáticas/parques de diversión hasta viajes de convivencia con científicos que han estudiado.

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Para producir más y mejor en ciencias y en tecnología, en función de la estrategia de desarrollo de nuestro país, proponemos las siguientes medidas. D e s a r ro l l a r u n a p o l í t i ca d e p ro d u cc i ó n d e medicamentos. Desarrollar la producción de agujas hipodérmicas, que no se fabrican en el país. Enfatizar la excelencia en los investigadores de CONICET. Alentar de modo particular las ciencias básicas: Química Física, Matemáticas, Astronomía. P ro m ove r l a s s i g u i e n te s c i e n c i a s a p l i ca d a s : Biotecnología, Genética, Espacial (debemos completar el ciclo de la industria satelital complementando nuestra capacidad de producción propia con nuestra propia capacidad de lanzamiento) y de Materiales. Impulsar el crecimiento de tecnología verde (energía eólica, solar, entre otras).

INCLUSIÓN DIGITAL Proponeos que la Agenda Digital Argentina sea elaborada teniendo en cuenta iniciativas que potencien la evolución del sector tecnológico, adoptando una perspectiva eco sistémica y que avance tanto en la conectividad como en la digitalización, con una dimensión de inclusión social. Esto signiﬁca establecer acciones con planes, presupuestos y cronogramas, que vayan mucho más allá de una enunciación de intenciones.

Adolfo Rodríguez Saá

Ideas para transformar y hacer crecer la Argentina

Proponemos establecer indicadores para medir el comportamiento estándar de adopción de las TIC en nuestro país. Ello permitirá además determinar el impacto que la adopción masiva de tecnologías y aplicaciones digitales está teniendo en la sociedad y en su economía. Con herramientas prácticas, confiables para medir los beneficios de la digitalización, se puede potenciar el desarrollo y la inversión en el sector de las TICs. Con respecto a la conectividad, debemos lograr para el período 2015 – 2019, que todos los habitantes dispongan de conectividad de banda ancha definida para el 2019 en 50 Mbps. Con relación a la digitalización, proponemos definir planes necesarios para el desarrollo e implantación de una economía que se beneficie con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El desafío es adoptar nuevas políticas para acelerar la digitalización y aprovechar sus beneficios. Se necesita fomentar la adopción y potenciar el uso de las aplicaciones digitales en los consumidores, las empresas y las instituciones públicas. A este respecto proponemos que la Agenda Digital priorice: • El logro de un ecosistema productivo digital que

requiere del desarrollo y entrelazamiento de cinco subsistemas: el educativo, el de la salud, el energético, el del transporte y el de los servicios públicos. A este respecto será fundamental la acción del Estado en sus tres niveles. • La promoción y fomento de la adopción acelerada de

las TICs en tres sectores estratégicos: el agro, por medio

Adolfo Rodríguez Saá

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de las AgroTICs, las PYMES industriales y los servicios de intermediación comercial y financiera. Para lograr esto será necesario el trabajo coordinado y sostenido del sector público y el sector privado, dentro de una visión consensuada a largo plazo, adaptando el marco político y normativo para remover los obstáculos que perjudican el entorno empresarial y la innovación, con especial énfasis en la carga impositiva. *** El futuro no se puede predecir, pero se puede participar en su invención en forma colaborativa, con todos los integrantes de una sociedad formada, capacitada, interesada, que disponga del conocimiento para generar innovaciones que optimicen la productividad y el desarrollo económico.Estamos inmersos en una revolución científico-tecnológica y se abren grandes oportunidades para todas las sociedades. Trabajemos para que los habitantes del territorio argentino mejoren su calidad de vida y disfruten de los beneficios de la sociedad de la información.