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de Tribunales de Justicia Administrativa
Se Renueva la Directiva de la Asociación Nacional de Tribunales de Justicia Administrativa
En un acto presidido por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Senador Higinio Martínez Miranda, el pasado 26 de febrero se constituyó formalmente el nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos A.C., para el periodo 2021-2023, que encabezan como Presidenta la Magistrada Myrna García Morón (actualmente Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del EDOMEX) y como Vicepresidente el Magistrado Jesús Anlén Alemán (Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX).
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De izquierda a derecha, Jesús Anlén Alemán, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Sen. Higinio Martínez Miranda, Mgda. Myrna García Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del EDOMEX y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Correspondió tomarle la protesta al nuevo Consejo Directivo Nacional a la Ministra Yasmín Esquivel, quien destacó la importancia de la justicia administrativa a nivel nacional, exhortando a los juzgadores recién electos a continuar impartiendo justicia en beneficio de las personas que todos los días acuden a sus tribunales a reclamar justica administrativa.
Estuvieron presentes en la ceremonia de toma de protesta, además de los miembros de la nueva directiva, magistradas y magistrados de todos los tribunales de justicia administrativa del país.
Durante su intervención la Magistrada Myrna García afirmo que “hoy la justicia y el gobierno se reúnen en un solo mecanismo: la jurisdicción administrativa, esto conlleva un doble propósito, justicia para el ciudadano y eficiencia para la administración pública. La Justicia Administrativa no es solo la técnica que permite definir los límites de interés público, es la tarea que desarrollamos día a día las y los Magistrados del país; a quienes nos son exigibles un conocimiento profundo del Derecho Administrativo y la prudencia suficiente para llegar
“Priorizaremos el impulso de las políticas de género e igualdad y el fortalecimiento de nuestras capacidades profesionales e institucionales a través de la instauración de la Escuela Nacional de la Justicia Administrativa”: Myrna García Morón.
“Nuestra gestión se enfocará en la tendencia global de los servicios digitales, considerando que la clave del éxito en la función jurisdiccional y administrativa es la implementación de tecnologías para mejorar el vínculo entre el sistema de justicia administrativa y los justiciables”: Myrna García Morón.
a resoluciones razonables que devuelvan la paz al concierto social. Somos los Tribunales más cercanos a la sociedad y es esta razón la que nos ha reunido en una Asociación por más de 28 años, convencidos de la necesidad del fortalecimiento institucional de los Tribunales de Justicia Administrativa”.
Este Consejo Directivo, enfatizó, priorizará el fortalecimiento institucional hacia una impartición de justicia integral, la innovación tecnológica para la eficiencia jurisdiccional, la reingeniería normativa para una gestión efectiva, el impulso de las políticas de género e igualdad y el fortalecimiento de nuestras capacidades profesionales e institucionales a través de la instauración de la Escuela Nacional de la Justicia Administrativa. Al referirse a la contingencia sanitaria, afirmó que este desafortunado fenómeno enseñó a los tribunales administrativos a mantener la operatividad, a partir de la adaptabilidad de las funciones jurisdiccionales con las medidas sanitarias que garantizaran el derecho humano a la salud. El desafío tecnológico continúa, afirmó, y hoy más del 62% de los tribunales carecen de Tecnologías de la Información y Comunicación para poder llevar a cabo el Juicio en Línea, admitir demandas, recursos o promociones por vía electrónica.Más del 53% de los Tribunales de Justicia Administrativa no realiza notificaciones electrónicas. El cierre de casi todos los tribunales de las distintas materias y competencias del país hizo eco en la ciudadanía y en el carácter del respeto y cumplimiento al derecho humano de acceso a la justicia.
El 73% de los tribunales no cuenta con la normatividad y legislación para llevar a cabo el desahogo de un juicio en línea, así como para la firma de acuerdos, resoluciones y sentencias, con firma electrónica por parte de Jueces o Magistrados.
Por ello, concluyó su mensaje, esta gestión se compromete y se enfocará en la tendencia global de los servicios digitales, considerando que la clave del éxito en la función jurisdiccional y administrativa es la implementación de tecnologías para mejorar el vínculo entre el sistema de justicia administrativa y los justiciables.
El Consejo Directivo Nacional 2021-2023 quedó conformado por:
CARGO NOMBRE CARGO ACTUAL
Presidente
Myrna Araceli García Morón
Vicepresidente
Jesús Anlén Alemán
Vicepresidente suplente Carlos Rodolfo Montero Vásquez Magistrada Presidente del TJA del Estado de México Magistrado Presidente del TJA de la Ciudad de México Magistrado del TJA de Baja California
Secretario
Pedro José María García Montañez Magistrado del TJA de Veracruz
Secretario suplente
Tesorero
Tesorero suplente
Aldo Gerardo Padilla Pestaño
Sandra Luz Rodríguez Wong
Manuel García Quintanar
Primer vocal
Jorge Abdo Francis
Primer vocal suplente
Segundo vocal
Uriel Márquez Cristerna
Martha Elena Arce García
Segundo vocal suplente Andrés Gerardo García Noriega
Tercer vocal
Alfredo Cuéllar Labarthe
Tercer vocal suplente
Noé Sáenz Solis Magistrado Presidente del TJA de Sonora Magistrada Presidente del TJA de Coahuila Magistrado Presidente del TJA de Morelos Magistrado Presidente del TJA de Tabasco Magistrado Presidente del TJA de Zacatecas Magistrada Presidente del TJA de Guerrero Magistrado Presidente del TJA de Colima Magistrado Presidente del TJA de Quintana Roo Magistrado Presidente del TJA de Tamaulipas
El
1º de febrero del año en curso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. A grandes rasgos, la iniciativa del Ejecutivo–ahora ley–, tiene como objetivo que el despacho de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) priorice la que es producida por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relegando al último lugar las renovables y ciclos combinados operados por particulares: energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.
La iniciativa pretende garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios actualizados únicamente conforme la inflación. Por lo cual, se propuso modificar el orden de la prioridad del despacho mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.
Estas modificaciones en materia energética impulsadas por el Presidente han generado un debate a nivel nacional e internacional, así como en los poderes Ejecutivo y Judicial, por considerarla como una reforma polémica y provocadora. Los ejes rectores de la reforma son:
• Despacho eléctrico: sin importar qué energía sea más barata, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), deberá despachar primero la energía generada en la CFE (centrales hidroeléctricas), después la de combustibles fósiles, posteriormente las de generadores privados (eólica y solar) y por último las de ciclo combinado de particulares. • Revocación de contratos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), podrá revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos de generación y compraventa de energía que suscriba el Gobierno
Federal con productores independientes, de encontrarse que no se garantiza dicha rentabilidad, los mismos serán renegociados o terminados anticipadamente. Dicha Comisión podrá revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de “fraude a la ley”. • Certificados de Energía Limpia (CEL): son un instrumento financiero creado en 2013 para promover la instalación de nuevas plantas renovables. Esta reforma modifica las reglas de los CEL indicando que el otorgamiento no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas, lo que significa que plantas viejas de la CFE puedan acceder a los certificados que perderían su valor de mercado, en otras palabras, podrán ser otorgados a cualquier productor. • Eliminación de subastas: son licitaciones creadas por la reforma energética de contratos a largo y mediano plazo en la que generadores privados compiten por vender energía a la rama de suministro de CFE, con esta reforma se elimina su obligatoriedad.
Actualmente, la postura de la mayoría dentro del sector de la industria eléctrica ha mostrado su desaprobación a la reforma; además, han sido apoyados desde los sectores académico, ambiental y de competencia económica. Parte de la preocupación es que se concedan facultades a la autoridad para revocar permisos y terminar anticipadamente contratos o forzar su renegociación. Consideran que podría obligar a los mexicanos a consumir energía cara y contaminante, lo que resulta perjudicial para la propia población desde el punto de vista ambiental y afectación al derecho humano de salud, pero, también podría colocar a México en el incumplimiento de acuerdos internacionales en materia de uso de energías limpias.
El 23 de febrero, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones; y en lo particular, por 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica. Finalmente, el 2 de febrero, el Senado de la República aprobó, vía fast track, en lo general y en lo particular, con 68 votos a favor y 49 en contra, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. “Parte de la preocupación es que se concedan facultades a la autoridad para revocar permisos y terminar anticipadamente contratos o forzar su renegociación. Consideran que podría obligar a los mexicanos a consumir energía cara y contaminante, lo que resulta perjudicial para la propia población desde el punto de vista ambiental y afectación al derecho humano de salud.”
El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, un día después, el 10 de marzo, entró oficialmente en vigor.
No obstante, el 12 de marzo el Juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó la primera suspensión provisional sobre los efectos de los artículos reformados de la Ley de la Industria Eléctrica, como consecuencia de un juicio de amparo iniciado por la empresa Parque Solar Orejana, presentado el 10 de marzo. Dicho Juez determinó que la medida cautelar debe ser general “a efecto de proteger y garantizar los derechos a la
competencia y libre concurrencia en una dimensión individual y colectiva”.
En la síntesis de la resolución se señala que la suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
A pesar de que la suspensión fue solicitada solamente por una empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar.
El 19 de marzo, el juez Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva, anulando todas las consecuencias derivadas del decreto que reformó la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2021, reiterando que sus efectos son generales. Con este fallo se dejó paralizada la nueva ley de manera indefinida.
AMLO advirtió que en caso de que se determine inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, él promoverá una reforma Constitucional: “qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley, va la reforma a la Constitución. Que necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decida el pueblo”, declaró en una de sus conferencias matutinas.
El 24 de marzo la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista, de todos los particulares que realizan alguna actividad en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como de los sujetos que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que estaba vigente hasta antes de la emisión del Decreto cuestionado que, a efecto de cumplimentar la determinación del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual comunicó que:
1. Durante la vigencia de esta medida cautelar, se suspenden todos los efectos y consecuencias derivados del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Industria
Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno. 2. 2. Se restablece provisionalmente la vigencia de los artículos 3°, 4°, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, así como el régimen transitorio que estaba previsto en la legislación en cita hasta antes de la entrada en vigor del Decreto cuestionado.
Es importante dejar en claro que la eficacia de esta medida cautelar no está sujeta a la publicación que se realice en el Diario Oficial de la Federación, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, esta surte sus efectos desde el momento en que se dicta.
Solicitud de AMLO y Respuesta del Presidente de la SCJN
A raíz de la primera suspensión, a través de una carta fechada el 15 de marzo, AMLO solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una revisión del proceder de estos jueces, que “se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética, para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”, enfatizó en una de sus conferencias matutinas. En la carta dirigida al ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la SCJN y del CJF, López Obrador pide que se “determine e informe si la
autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.” Añade, si la petición “es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro”.
En todo momento, tanto en la misiva como en su mensaje en las conferencias matutinas reitera que respeta la independencia judicial, así como el derecho de amparo, sin embargo, atiza que en su facultad como Presidente de la República y ciudadano no cesará en su objetivo de denunciar las injusticias y a los jueces que actúan de manera atípica.
Aunque expertos han declarado que la carta no es una queja formal, el ministro Arturo Zaldívar respondió por la misma vía al Presidente, informando que remitiría la solicitud al área correspondiente “para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.
Por su relevancia, reproducimos el párrafo con el que el ministro concluye la respuesta: “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta enconmienda”.
Postura de la ONU, Colegios y Analistas
Ante las declaraciones de AMLO, el gremio de abogados mexicanos, analistas políticos, incluso el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, han pedido que se respete la división de poderes, se respete la independencia judicial, y se detenga la división y polarización social. En ese sentido, el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM), a través de una carta firmada por los presidentes de la ANADE, BMA, INCAM y CGAM, expresaron su preocupación por las declaraciones de AMLO respecto a los litigios del sector energético. Los abogados consideran que las palabras del mandatario pueden tener “efectos inhibitorios […] sobre el ejercicio libre de la profesión y sobre el ejercicio independiente de la judicatura”.
“Consideramos intrusivo en el ejercicio profesional y de la
actividad judicial, el que se acuse a personas en lo particular por ejercer derechos de sus clientes, o por ejercer su criterio y arbitrio judicial en el ejercicio de sus funciones como juez”, señala la misiva.
Además de señalar el discurso de división y polarización y recordar que “existen instancias y recursos para que todas las partes puedan defenderse y sean escuchadas con justicia”, el CGAM conminó al diálogo a favor de la democracia y el Estado de Derecho, así como al respeto del debido proceso. Reiteraron que “los jueces requieren de independencia para cumplir su rol constitucional” y al poner en entredicho la actuación de los jueces “se duelen los cimientos de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno”.
Por su parte, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, a través de su cuenta de Twitter señaló que en México “todas las instituciones públicas deben respetar la independencia de la judicatura, incluyendo al Ejecutivo” y pidió al Ejecutivo no “efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales”. Señaló que el juez Juan Pablo Gómez Fierro no debería ser investigado por sus decisiones judiciales y encomió la respuesta del Presidente de la SCJN.
Sergio Chagoya, socio experto en derecho constitucional e inversiones en infraestructura de la firma Santamarina y Steta dijo que “Los ataques recientes al Poder Judicial y descalificaciones públicas a sus funcionarios son intentonas de sometimiento que amenazan el Estado de Derecho y la Democracia en México. Afortunadamente, el Poder Judicial da muestras de estar claro de su autonomía”, señaló.
Calculó próximas acciones más agresivas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, como la anunciada por AMLO para reformar la Constitución si se desecha la ley, con el fin se someter al Poder Judicial Federal en un franco atentado contra la Democracia. No obstante, “estamos confiados en que la Corte no va a permitir más politizaciones de asuntos estrictamente judiciales. Ahí, los operadores jurídicos van a tener muchos elementos y protegerán a la ciudadanía con la ley en la mano”, concluye.
Iniciativas para Reformar la Ley de Amparo
La fracción de Morena presentó iniciativas de reforma a la Ley de Amparo, con las que buscan prohibir que se otorguen suspensiones cuando se trate de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado, concretamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Por un lado, Alfredo Rivas Aispuro propone reformar el artículo 128 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, con el fin de hacer posible que los Jueces de Distrito puedan ejercer su facultad decisoria de conceder o no la suspensión de preceptos cuando se trate de amparos contra leyes o normas generales que se aparten del objeto del ordenamiento o disposición general correspondiente y “evitar el uso faccioso de la figura de Amparo”, declaró ante el Pleno. “Así se plantea la adición de una fracción tercera que formula un requisito más para que proceda la suspensión solo tratándose de amparo contra leyes, de esta manera para que sea susceptible la suspensión del acto reclamado cuando se formule el amparo contra leyes se piensa necesario que el o los preceptos, reformas, adiciones o leyes reclamadas se aparten del ordenamiento o disposición general del que provenga, con ello se evite el uso faccioso de la figura tan importante de la suspensión cuando el quejoso se ampare contra leyes”.
En la exposición de motivos, añade que se ha observado un abuso de la figura legal que tiene como fin continuar con privilegios de particulares “que no van acorde con las nuevas políticas de austeridad y de desarrollo social”. El diputado por Morena recordó que el recurso de amparo se trata
de una herramienta extraordinaria que procura la defensa de los derechos humanos de toda persona y es un procedimiento autónomo que verifica la conducta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La reforma determinaría el actuar de los operadores jurídicos en beneficio de la sociedad mexicana, indicó. Además, apuntó que para que un particular obtenga la suspensión de los actos reclamados, se requiere que el otorgamiento de la medida no conlleve afectación al interés social.
En ese mismo sentido, la diputada Reyna Celeste Ascencio “La fracción de Morena presentó iniciativas de reforma a la Ley de Amparo, con las que buscan prohibir que se otorguen suspensiones cuando se trate de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado, concretamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.”
Ortega, también de Morena, propuso adicionar las fracciones XIV y XV al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, “para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de Empresas Productivas del Estado”.
En su posicionamiento el pasado 18 de marzo, señaló que los congresistas afines a la 4T “hemos impulsado las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana. Sin embargo, los fines y principios que persiguen estas leyes están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales”.
Respecto a los amparos promovidos en contra de la ley eléctrica de AMLO comentó que “existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex”.
Subrayó que esta iniciativa es “conforme a la Constitución que reconoce la garantía de la defensa judicial previsto en el artículo 14 constitucional bajo el entendido que nadie puede ser privado conforme a las formalidades esenciales del procedimiento; sin embargo, la suspensión del acto reclamado no constituye una formalidad esencial del procedimiento judicial sino una institución procesal que tiene por objeto evitar posibles afectaciones pero el otorgamiento de la medida de suspensión debe estar supeditada al interés público por encima del interés personal o individual”.
Finalmente, señaló que en esta iniciativa no se está reduciendo de modo alguno el legítimo derecho de defensa judicial de aquellos que son beneficiarios de la corrupción del pasado y los que aún integran la burocracia dorada, quienes podrán interponer sus juicios de amparo, pero ya no gozarán de la suspensión de los actos que impugnan.
Por su parte, el Ejecutivo Federal se ha referido al proceso electoral en curso y asegura que la oposición apuesta para que Morena no tenga la mayoría en el Congreso “para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción”.
Por ahora queda esperar la resolución de fondo del tema.
REACCIONESINTERNACIONALES
El T-MEC en la Cuerda Floja
Antes de dejar el cargo como presidente de los Estados Unidos, tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Mike Pompeo; el de Economía, Dan Brouillette; y el de Comercio, Wilbur Ross, expresaron su preocupación por el giro en la política energética mexicana. En una carta los secretarios de Estado advirtieron que el bloqueo para otorgar permisos para proyectos energéticos del sector privado y favorecer a las empresas estatales, además de dañar los proyectos privados respaldados por Estados Unidos, afectaría negativamente a cientos de millones de dólares de inversiones públicas en energía del gobierno estadounidense en México.
En la administración de Joe Biden, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie J. Chung, instó “a México a escuchar a los accionistas, a escuchar a las compañías del sector privado y a proveer realmente de una cultura, de una atmósfera de libre
inversión y transparencia para que las empresas sigan invirtiendo en México”. Las declaraciones de Chung sucedieron previo a la llamada que sostuviera el secretario de Estado Antony Blinken con el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que ocurrió posterior a la aprobación de la reforma a la Ley Eléctrica en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, Estados Unidos demandó la certidumbre para las inversiones que hizo el Departamento de Estado. Mientras que la representante de comercio estadounidense, Katherine Tai, priorizó el cumplimiento del T-MEC al recordar que el tema energético es uno de los seis temas que contempla paneles de resolución de controversias. “Estados Unidos no está expresando su opinión respecto a cuestiones internas de la CFE, sino respecto a cuestiones violatorias de los establecido en el T-MEC”, enfatizó.
Ante ese panorama, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) advirtió que la reforma a la ley eléctrica contraviene los compromisos adquiridos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, los “cambios tan drásticos abren la puerta a la reinstalación de un monopolio en el sector eléctrico”, declaró el vicepresidente senior para las Américas de ese órgano, Neil Herrington.
Consideraron que mermará la confianza de inversionistas privados en México pues va en contraposición al capítulo 14 del T-MEC que se refiere a la inversión y el 22, referente a la gestión de empresas del Estado. En ese sentido, el gobierno canadiense encabezado por el primer ministro, Justin Trudeau ha mostrado preocupación pues los cambios legislativos pueden afectar las inversiones de Canadá en el sector de energía renovable. Y la ministra canadiense de Comercio Internacional, Mary Ng, resaltó ante Tatiana Clouthier, “la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México”.
Analistas han explicado que la aprobación de estas modificaciones en materia energética puede ocasionar desencuentros entre los firmantes del T-MEC y con inversionistas de la Unión Europea. Si bien no ha habido fricciones explícitas, los gobiernos están esperando las resoluciones judiciales.
El Parlamento Europeo Externa Dudas
El pasado 19 de marzo, durante la reunión de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, se abordó el estado en el que se encuentra la modernización del acuerdo global (TLCUEM), los eurodiputados increparon a Mauricio Escanero, embajador de México ante la UE, lamentaron que en esa materia no resolviera las dudas y criticaron que afirmara que México está listo para firmar el acuerdo.
Ante este panorama, María Leitao de la Alianza Socialista, consideró que esta reforma es un paso atrás en la crisis climática. La delegación para México en el parlamento europeo externó su preocupación por la reforma eléctrica al cuestionar si la política que impulsa el gobierno mexicano es compatible con la modernización del acuerdo global con la Unión Europea y el Acuerdo de París.
Calificada por el eurodiputado del bloque liberal Renew Europe, Jordi Cañas como “ley exprés” ha sembrado duda en “la garantías, la confianza, el respeto, la credibilidad y la seguridad jurídica de las inversiones”. Cañas definió como un mensaje contradictorio que México esté suscrito a acuerdos que contemplan compromisos y colaboración, mientras que se reforman leyes contrarias que afectarán inversiones legítimas europeas, lo que daña la reputación del país como un actor confiable.
Mientras tanto, la División México del Servicio Europeo de Acción Exterior indicó que dará seguimiento a la norma, que por el momento está detenida. Sin embargo, prevé que la posición del ejecutivo comunitario pueda no ser favorable.
Reaccionan LitigantesInternacionales
Estos cambios legislativos han atraído el debate internacional, no sólo cámaras empresariales y agencias de gobierno han expresado su preocupación por las políticas energéticas y la incertidumbre jurídica que estas generarán. Incluso generó debate entre litigantes de Nueva York quienes le pidieron respetar a los jueces que han dictado las suspensiones contra los efectos de la Ley de la Industria Eléctrica.
El Colegio de Abogados de Nueva York, en una declaración pública, expresaron su oposición “a cualquier acción o declaración de López Obrador o sus partidarios que interfiera indebidamente con los roles de abogados en México que
defienden a sus clientes como una amenaza para el Estado de Derecho”. Aseguraron que los señalamientos de AMLO hacia juristas han despertado las alarmas en la comunidad legal internacional al referirse a la acusación de “traición a la patria” que el presidente mexicano hiciera contra los abogados que representan a las empresas que buscan los amparos.
Además del respaldo, exhortaron al mandatario mexicano “y a su administración a cumplir sus compromisos internacionales con el Estado de Derecho y respetar el trabajo de los abogados, independientemente de a quién representen”. En su comunicado citaron los artículos de la Constitución que protegen a cualquier persona de prestar un servicio profesional, así como de recibir asesoría legal y los principios básicos que establece la ONU acerca del rol de los abogados que obliga a los Estados a garantizar el desempeño profesional de sus funciones sin intimidación, impedimento, acoso o interferencia indebida.
Se Vulneran Acuerdos Ambientales
Algunas asociaciones ambientales también han impugnado la norma. Greenpeace señaló que la reforma también contraviene el Acuerdo de París al que México se comprometió en 2015 a que el 35% de la energía generada en 2024 y el 43% en 2030 sería limpia; también prometió reducir en un 25% los gases de efecto invernadero de vida corta y en un 51% las emisiones de carbono negro. Al impulsar una transición energética basada en el mayor uso de combustóleos, el gobierno estaría yendo en sentido contrario al cumplimiento de sus objetivos en materia de cambio climático, señalan.
Aunque se planteó que los cambios a la ley aseguran la soberanía energética, también explican que la demanda de gas aumentará y por ende la dependencia al gas que se produce en Texas. La organización asegura que al centrarse cada vez más en los combustibles fósiles (combustóleo, carbón y otros) el sistema nacional de electricidad se vuelve frágil porque no está diversificado el origen de la energía.
De igual manera, Los principales organismos mundiales de energía renovable, El Consejo Global de Energía Eólica (Global Wind Energy Council) y El Consejo Global Solar (Global Solar Council) pidieron al gobierno mexicano restaurar la transición a un futuro sostenible basado en energía renovable limpia y competitiva. En un comunicado establecieron que las reformas representan una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado local y extranjero en el antes robusto mercado de energía renovable de México y socavan el principio de competencia. Indican que se relega a un segundo plano el suministro de energía limpia y deshará el progreso en la última década en la materia.
Aseguran que se pondrán en riesgo al menos 17,000 empleos en las industrias eólica y solar, e iniciarán un efecto dominó nocivo en la cadena de valor de los sectores industriales y comerciales que están comprometidos con la energía sostenible en México.
A esta petición se sumaron 115 empresas líderes en energía renovable miembros de La Coalición de Acción de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés).
Cabe señalar que durante el parlamento abierto que se llevó a cabo antes de la aprobación de la ley, expertos especificaron que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá analizarían la posibilidad de volver vinculante el Acuerdo de París al Tratado de Libre Comercio y establecer sanciones y aranceles “verdes”. Se prevé un escenario de demandas en tribunales internacionales, así como un distanciamiento con la administración Biden que está impulsando una agenda ecologista.
“El Colegio de Abogados de Nueva York citó los artículos de la Constitución que protegen a cualquier persona de prestar un servicio profesional, así como de recibir asesoría legal y los principios básicos que establece la ONU acerca del rol de los abogados que obliga a los Estados a garantizar el desempeño profesional de sus funciones sin intimidación, impedimento, acoso o interferencia indebida.”
