Antecedentes de la autonomía de la mujer en Argentina-Sep2016

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fors nĂşmero 001 septiembre 2016

Antecedentes de la autonomĂ­a de la mujer en Argentina

editorial “No puede ser –como indican los datos de la CEPAL - que en un contexto de crecimiento de nuestras economías, la mitad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas no tengan hoy acceso al mercado laboral, mientras que la participación de los hombres es de casi un 80%. Peor aún, en un período de reducción de la pobreza, observamos un incremento de la proporción de mujeres pobres e indigentes, observamos que la mortalidad materna no alcanza las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y cuando las metas se logran, como ocurre en educación, persiste la brecha salarial. Todos los estudios indican que una sociedad segmentada donde las mujeres ocupan los puestos más precarios y peor remunerados no solo es injusta sino también ineficiente. En nuestra región una mujer con 13 o más años de estudio gana un 37% menos que un hombre en la misma condición” Esta sentencia de la CEPAL, no paraba de retumbar en mi cabeza y por eso quise repasar, revisar y plantear que no puede haber cambio significativo en la historia de la desigualdad si no se definen y ejecutan Políticas Públicas y se diseñan acciones de Responsabilidad Social (RS) convergentes con ellas. Se ha trabajado muchos años en la mejora de los indicadores y se ha llegado a un techo en los acuerdos tripartitos. De acá en adelante, la RS va a ocupar un lugar muy importante para romper estas brechas tan grandes que siguen persistiendo.

Desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS) -y como su nombre lo indica desde su rol como observatorio- hemos iniciado una tarea de mapeo para determinar desde lo institucional qué políticas públicas están hoy vigentes vinculadas a la mujer. Creemos que es mucho lo que se ha hecho desde el Estado para generar normativa a favor de la mujer y ello demanda ser acompañado con acciones positivas.

Esta matriz de análisis desde el Estado, que se llamó “de abordaje integral del problema” permitió diseñar e implementar muchas políticas en favor de la igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres.

Recordemos algunos hitos tales como, que nuestro país ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1985 y ésta fue incluida en la reforma constitucional de 1994 –y en tanto dándole jerarquía constitucional a la temática-mediante el Artículo 75 Inc. 22.

Que se ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará (1994) y que la Argentina rubricó las Conferencias Mundiales sobre la Mujer de Naciones Unidas (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Pekín, 1995) como también la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Viena, 1993) y la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas (El Cairo, 1994).

Que se creó en el Sector Publico el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo gubernamental de nivel nacional (es decir depende del Estado Nacional y algunas provincias también lo replicaron) que es responsable justamente de crear o monitorear que se cumplan las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre ambos géneros.

En materia de leyes, nuestro país ha promulgado un importante número de leyes que protegen los derechos de las mujeres. Si repasamos algunas de las leyes y decretos sancionados en la materia vemos: Ley de Cupo Femenino (Ley Nacional Nº 24.012), Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional Nº 25.673), Ley de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino, Ley Nacional Nº 25.674), Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley Nacional Nº 26.364), Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley Nacional Nº 26.485), Ley de Modificación del Código Penal (Feticidio, Ley Nacional Nº 26.791), Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley Nacional Nº 26.844), Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Nº 332/2013 sobre Seguro de Capacitación y Empleo a las mujeres que sean víctimas de violencia doméstica, entre otras.

Ese abanico de acciones, políticas públicas y normativa dirigidas hacia las mujeres, debiera ser aprovechado como una oportunidad para trabajar desde la Responsabilidad Social. Hay Podemos observar vinculados al ingreso o permanencia en el mercado laboral, otros referidos al acceso al sistema financiero o a esquemas de microcrédito entre tantos otros, pero sin duda consideramos que lo más importante es promover la presencia en los distintos niveles de toma de decisiones, tanto en las esferas empresariales y privadas como en las públicas y políticas.

Para que esa tarea no decaiga y sus impactos se vean incrementados, estamos concentrando nuestra labor en volcar en nuestras plataformas de trabajo, datos que nos permitan la construcción de indicadores sobre autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía económica de las mujeres en Argentina para aportar información estadística y que sean base para la formulación de acciones y programas de Responsabilidad Social.

Estamos sumando y convocando a la participación de todo tipo de organizaciones: instituciones educativas, sociales, culturales, religiosas, al sector público y al privado, al productivo e industrial, a los sindicatos, mutuales y cooperativas, a las universidades y a todas las mujeres para trabajar estos temas, desde el conocimiento, desde la ciencia, la conciencia y la sensibilidad que somos capaces de aportar.

Porque al revisar y analizar la situación en otros países, en aquellos donde la igualdad de género está más instalada, es decir hay mayor igualdad entre ambos sexos, tales como Suecia, Noruega o Finlandia, podemos identificar –entre otros rasgos- que: experimentan un mayor crecimiento económico; Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales clave como la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la manutención de los niños.

Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone progresos para todos. En nuestra región, seis países latinoamericanos y caribeños han sido gobernados por mujeres en el último decenio, en Argentina,Cristina Fernández de Kirchner; en Brasil, Dilema Rousseff; Chile, Michelle Bachelet; Costa Rica, Laura Chinchilla; Jamaica, Portia Simpson y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Nuestra tarea como mujeres y desde la RS es acompañar, difundir, promover o emprender acciones responsables como así también el diseño y formulación de Políticas Públicas. Es urgente tomar conciencia y generar conciencia. Y para ello, Trabajar con datos actualizados frente a una realidad cambiante y en permanente riesgo de profundizar la desigualdad resulta muy valioso.

Debemos ser conscientes también que la Responsabilidad Social es una buena excusa para dar visibilidad y trabajar sobre todos los temas de la mujer, desde la violencia contra ellas hasta el último reconocimiento de sus derechos. Para que la igualdad sea el eje no solo de los derechos humanos, sino del desarrollo de nuestras localidades a las que pertenecemos, porque somos: parte de las familias, del Estado y del mercado.

Cada mujer que lea nuestro informe de trabajo “Indicadores & Género: Antecedentes de la autonomía de la mujer en Argentina” está, sin dudas, en condiciones de proponer abordajes nuevos, aportar información y experiencias, y por sobre todas las cosas está en condiciones de contribuir en todo lo que todavía resta para alcanzar la igualdad a partir de reconocer y listar todas las desigualdades que todavía persisten y cuál podría ser el aporte de cada uno para superarlos. (*) Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Docente universitaria y presidenta de Fonres S.A., y de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS). Además, es la Presidenta del Comité Organizador del Congreso Internacional de Responsabilidad Social (www.cirs2015.com).

Dra. Alessandra Minnicelli Presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social

staff Dirección General: Alessandra Minnicelli Dirección de proyecto y contenidos: Victoria Jasler Investigación y redacción: Olivia Sokol Diseño y armado: Ruth Bahamonde

Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS) Av. Córdoba 6060 piso 6to.

Ciudad de Buenos Aires, C1427BZN República Argentina. www.ors.org.ar Este documento es propiedad intelectual de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Cualquier reproducción parcial o total de este documento debe ser informada a: info@ors.org.ar / indicadoresygenero@ors.org.ar

contenidos INTRODUCCIÓN OBJETIVO GENERAL INFORME PARTE 1 AUTONOMÍA FÍSICA

7 9

Violencia de género Feminicidios Trata de personas con fines de explotación sexual Violencia mediática Salud sexual y reproductiva Mortalidad materna y aborto Embarazo en la adolescencia Reflexiones finales parte I Bibliografía Documentos web

PARTE 2 AUTONOMÍA ECONÓMICA

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Empleo Tasa de desempleo y pobreza Trabajos de cuidado no remunerado y corresponsabilidad Brecha de género Un caso para analizar: mujeres en ciencia Reflexiones finales parte II Bibliografía Documentos Web

PARTE 3 AUTONOMÍA DE LA TOMA DE DECISIÓN

42

Mujeres en el sector empresarial Mujeres en cargos públicos Reflexiones finales parte III Bibliografía Documentos Web

CONCLUSIONES GENERALES

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Antecedentes de la autonomía de la mujer en Argentina Resumen Ejecutivo Este informe se centró en la recopilación y análisis de las problemáticas actuales de la Mujer en Argentina. Considerando que es de vital importancia atender dichas problemáticas, y en relación con el acceso a la igualdad de oportunidades de las Mujeres, se llevó a cabo la recopilación de información bibliográfica, estadística, del marco legal y de actualidad, en distintas áreas de autonomía de las mujeres: física, económica y de la toma de decisión.

Introducción Para la elaboración de este informe se realizó una amplia consulta bibliográfica y de estadísticas. A partir de su lectura, se han seleccionado datos que demuestran y documentan algunas de las principales problemáticas concernientes a la situación de la mujer en la actualidad en Argentina. Si bien los datos son representativos de esta situación, es imposible hacer afirmaciones generales con validez estadística, debido, por un lado, a la amplitud de la población y la gran diversidad de situaciones que se viven en cada área de nuestro país, y por otro, la naturaleza de los datos estadísticos con que trabajamos (mayormente se trata de muestras aleatorias, o de áreas geográficas acotadas). Aun así lo datos aquí volcados nos permiten ver la magnitud y complejidad de las problemáticas de discriminación y desigualdad de género en la República Argentina.

El eje rector que emplearemos es la Autonomía, que en términos de la CEPAL1 se refiere a la capacidad de las personas de tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus propias aspiraciones y deseos en un contexto histórico propicio. Y que a su vez se puede categorizar en tres dimensiones. Estas son: Autonomía física; Autonomía económica y Autonomía en la adopción de decisiones.

Objetivo general Dar cuenta del grado de autonomía física, económica y de toma de decisiones de las mujeres, como fenómenos históricamente situados con características particulares en nuestro país. Y producir un corpus de información que aborde la situación de la mujer, que permita generar indicadores clave en torno a la autonomía de la mujer.

A su vez, a partir de este corpus de información sobre la mujer, comenzar a generar indicadores que permitan a FORS aportar valor a los trabajos que se generen desde los distintos actores del ecosistema para el diseño e implementación de acciones de Responsabilidad Social (RS) convergentes con Políticas Públicas.

1 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe anual 2011. El salto de la autonomía, de los márgenes al centro. Disponible Web: http:// www.cepal.org/publicaciones/xml/0/42800/2011-242-OIG-Informe_anual_WEB.pdf

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SOBRE ESTE INFORME Como producto de las múltiples transformaciones en el escenario social, político y económico de Argentina y la región, y de una toma de conciencia de la importancia de los estudios de mujeres, los mismos se han constituido en un vigoroso campo de trabajo académico, de sectores públicos y ONG’s, de modo que es vital que sea tomado en cuenta por todas las instituciones públicas y privadas.

En todas las sociedades contemporáneas existen desigualdades de género. Se manifiesta como un fenómeno generalizado que en materia social, económica, política y cultural exista tal desigualdad en mayor o menor medida. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante, PNUD) (2002) “las desigualdades de género son construidas socialmente y tiene su expresión en la asignación de actividades e identidades y en los diferentes ámbitos de acción de la vida social, en donde lo masculino es valorado como superior frente a lo femenino”.

Esto no sería trascendental, sino fuera que por dicha valoración existe un acceso desigual al poder y a los recursos que determina jerarquías en las relaciones entre hombres y mujeres (OIT 2003).

La meta de la igualdad no se alcanzará entonces en tanto no haya una deconstrucción de dichas valoraciones y el empoderamiento de las mujeres, que permita a las mujeres alcanzar la autonomía en diversas áreas.

Según las Naciones Unidas (2005)2 la Autonomía es “el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros”, por lo cual la autonomía y los lugares de poder que puedan habitar y construir están estrechamente relacionados.

Existen distintos aspectos de la autonomía. Los relacionados con posibilidad de las mujeres de generar ingresos propios (autonomía económica), los relativos al control sobre su propio cuerpo (autonomía física) y aquellos que tienen en cuenta la participación en la toma de decisiones que afectan su contexto de vida (autonomía en la toma de decisiones). En todas sus variantes, el principio de inviolabilidad de la persona prohíbe disminuir, por acción u omisión, la autonomía de una persona para dar a otra mayor autonomía.

Hay distintos obstáculos que socavan la autonomía de las mujeres y que en términos de Amartya Sen restringen sus opciones y limitan su capacidad de “agencia” (Faur 2008). Es decir, su capacidad de elegir como agentes libres e independientes. La limitada autonomía física, económica y de la toma de decisiones, están interrelacionadas en varios aspectos. Además, todas contribuyen en mayor o menor medida a que se sigan perpetuando y reproduciendo modelos de relaciones de género hegemónicos. Es decir, relaciones sociales desiguales, que ponen a la mujer en detrimento de los hombres, jerarquizando una situación de poder diferencial a favor de los últimos. En términos de Faur (2008) “Esto se encuentra en la base constitutiva de las familias y sociedades en las que se fomentaba la toma de decisión es por parte de los hombres, como también de instituciones que habilitan dicho engranaje en las relaciones sociales”.

Desde FORS, a nivel estratégico, nos proponemos trabajar para promover la igualdad de oportunidades con acciones positivas de accesibilidad universal, y generar acciones de compromiso y RS para interpelar la desigualdad. Entonces, a partir de este informe buscamos relevar información válida y fiable acerca de las distintas formas que asume la desigualdad y discriminación contra las mujeres, como paso necesario para el establecimiento de insumos útiles para dar cumplimiento a acciones que mitiguen estos problemas.

2 Documento final de la cumbre mundial de 2005. Disponible online en: http://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet. html

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1.

AUTONOMÍA FÍSICA

La autonomía física se ve reflejada en la violencia de género (1.1.) y en el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres (1.2.).

El fenómeno de la violencia es amplio y puede adoptar una variedad de formas que parten de un supuesto de discriminación y desigualdad. Para la CEDAW, la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infringen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”3.

La violencia de género se encuentra en la matriz de relaciones desiguales que reafirman la inferioridad de las mujeres. Dichas relaciones se basan en el dominio de los hombres sobre las mujeres, niñas y niños. Destacando que no se trata de problemas aislados o patologías individuales, sino de una cuestión fuertemente arraigada en las estructuras de la sociedad (Cisneros 2005).

En términos de G. Rubin (Rubin 1986) es la matriz del “sistema de sexo/género”, un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana.

Ahora bien, si pensamos la violencia contra las mujeres, como una cuestión de derechos humanos, se torna evidente la necesidad de “empoderar” a las mujeres. Para ello es necesario posicionarlas como ciudadanas activas, con derecho a contar con políticas públicas efectivas para la prevención y atención de sus problemáticas (Faur 2008).

En este apartado buscamos dar cuenta como se manifiesta, por un lado, la violencia de género en los femicidios, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la violencia mediática. Por otro lado, como se presenta la autonomía en los derechos reproductivos de las mujeres.

1.1. Violencia de género.

La violencia de género se puede manifestar de diversas maneras en distintos escenarios. Y en todos los casos es producto de la desigualdad y discriminación que la sustenta, legitima y reproduce.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres4 como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En este mismo sentido la convención de Belém do Pará conceptualiza la violencia de género como aquella que se infringe en las mujeres cómo y por ser tales, y que se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. En Argentina la ley 26.4855 en la misma línea conceptual, considera la eliminación de la violencia contra las mujeres como una condición indispensable para el ejercicio de sus derechos, desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Asimismo pretende dar una respuesta integral a todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Según la clasificación de Naciones Unidas (Gherardi 2012), en nuestro país principalmente nos encontramos con casos de: violencia familiar (ejercida por pareja o expareja) y violencia en la comunidad (feminicidio, violencia por parte de alguien que no fuere la pareja, acoso sexual en lugar de trabajo, instituciones educativas o espacios deportivos, trata de mujeres, otros tipos de violencia, como por ejemplo la mediática).

3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. CEDAW. Recomendación general N° 19.

4 Naciones Unidas, “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, resolución 48/104 de la Asamblea General, 20 de diciembre de 1993.

5 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sancionada en el 2009.

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Autonomía física

MARCO LEGAL Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW). Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.Una serie de recomendaciones que obliga los estados firmantes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia a la que se vean sometidas. Recomendando a los estados partes a incluir en sus informes al comité de información, datos sobre: legislación vigente contra la violencia cotidiana, medidas adoptadas para erradicar esa violencia, servicios de apoyo a mujeres que sufren violencia, y datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de violencia.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “convención de Belem do Pará”, conceptualiza la violencia de género como aquella que se infringe en las mujeres cómo y por ser tales, y que se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La Argentina ha apoyado todas las resoluciones tendientes a combatir la violencia sexual en conflictos, desde la Resolución 1325, y desde 2008 cuenta con el Plan de acción en el ámbito de la defensa para la efectiva implementación de la perspectiva de género en el ámbito de las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

Ley 24.417. Ley Nacional de Protección contra la violencia Familiar de 1994.

Ley 26.485. Ley Nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Sancionada en el 2009. Sigue la misma línea que la Convención Belem do Pará y reconoce la eliminación de la violencia contra las mujeres como una condición indispensable para el ejercicio de sus derechos, desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Asimismo pretende dar una respuesta integral a todas las formas de manifestación de violencias contra las mujeres.

Ley 26.791. Ley Nacional que modifica el código Penal en los incisos 1° y 4° del artículo 80 y la inclusión de los incisos 11° y 12° que imponen la pena de prisión o reclusión perpetua a quien matara “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (inciso 11°).

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Autonomía física

Organizaciones en acción Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres): organización dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo6.

Consejo Nacional de Mujeres (CNM) organismo rector de la aplicación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El acuerdo suscrito en noviembre de 2012 ha impulsado la celebración de diversos acuerdos con instituciones nacionales y provinciales, a fin de dar inicio a los procesos para la compatibilización de las bases de datos. Esto tiene una complejidad adicional por tratarse de un país federal, con autonomía de las 24 jurisdicciones locales que conforman la República Argentina7.

Entre sus funciones se encuentra el funcionamiento de la línea telefónica 144, que desde el 2009 recibe denuncias sobre violencia de género. También han desarrollado junto al INDEC, un Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer. Dicho registro centraliza y sistematiza la información disponible en registros administrativos, con el objetivo de diseñar indicadores conceptual y metodológicamente armonizados como insumo para el diseño de políticas públicas, orientadas a modificar el escenario de la violencia basada en cuestiones de género. En Argentina este tipo de registros constituye la única fuente oficial de información sobre los hechos de violencia contra la mujer.

Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su propósito es impulsar la equidad de género, no solo en el servicio de justicia, sino también entre los propios empleados, funcionarios y magistrados, tanto hombres como mujeres. Cuenta con profesionales que realizan un trabajo de formación permanente del poder judicial, basada en normas y estándares nacionales e internacionales difundidos a través de protocolos para trabajo en talleres y formación de replicadores, investigación sobre la integración del poder judicial y revisión sistemática y difusión de jurisprudencia con perspectiva de género8.

Oficina de Violencia Doméstica (OVD): Depende de la Corte Suprema Justica de Nación. Con un servicio disponible 24 horas los 365 días del año, brinda atención, orientación y derivación a todas las víctimas de violencia doméstica de la ciudad de Buenos Aires. Se elaboran diagnósticos de riesgo que se entregan a los tribunales de justicia con el propósito de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas9.

Plan Nacional de Acción 2014-2016 para la prevención, asistencia y erradicación de la vio10 lencia contra las mujeres . Emana del organismo rector de políticas públicas en materia de género (CNM), y tiene como principal objetivo generar condiciones para el cumplimiento efectivo de los Derechos de las Mujeres, implementadas interinstitucional e intersectorialmente y con enfoque territorial, esto es, un plan que busca garantizar una vida igualitaria, justa e inclusiva para todos y todas.

6 Ver más en: http://www.unwomen.org/es/about-us#sthash.OOIiQ207.dpuf 7 CEPAL (2014). Informe 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe.

ONU, CEPAL. Santiago de Chile.

8 Tomado de http://www.csjn.gov.ar/om/om.html.

9 Tomado de: http://www.ovd.gov.ar/ovd/.

10 Disponible web en: http://www.cnm.gov.ar/MaterialDeDifusion/PlanNacional_2014_2016.pdf

11

Autonomía física

En las últimas décadas y en virtud del cambio en declaraciones internacionales como la CEDAW, los objetivos de igualdad de género han pasado a formar parte de la agenda política de los gobiernos latinoamericanos. Y hace algunas décadas comenzó a aparecer legislación relacionada específicamente a la violencia contra las mujeres. En dichas leyes, denominadas de “segunda generación”, se considera la violencia en las relaciones interpersonales, y además, en términos de Flores y Juárez (Flores y Juárez 2014) “se tipifican, desde un abordaje integral, diversas expresiones de violencia, incluido el deber de diligencia del Estado para intervenir ante casos de violencia contra las mujeres perpetrada en el ámbito tanto público como privado”.

En su artículo 5, la Ley Nº26.485 divide la violencia contra las mujeres en cinco tipos: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Y señala en el art. 6 distintas modalidades de violencia, las mismas van desde la doméstica, contra la libertad reproductiva, obstétrica, institucional, laboral, feminicidios (1.1.a.), trata de personas (1.1.b.), mediática (1.1.c.), etc. En el presente informe haremos una aproximación a estas últimas tres11.

1.1. a. Feminicidios El feminicidio es entendido como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (OEA 2008).

Tanto la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994), aprobadas por la Argentina por las Leyes N°23.179 y 24.632, respectivamente, exigen al Estado Nacional impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Contamos además con la Ley 26.485 y la Ley 26.79112 que modifica el código Penal incluyendo la figura del femicidios.

El dato acerca de la cantidad de femicidios también fue incluido en el Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Este sistema de indicadores fue aprobado por el Comité de Expertas/os en mayo de 2013.

Haciéndose eco de los compromisos adquiridos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJ) publicó en Noviembre de 2015, el registro de femicidios 2014. Este comprende todas las causas por homicidio de mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas) ocurridos en dicho año perpetrados por razones asociadas al género, hayan sido o no tipificadas como femicidios.

Dicho informe consideró femicidio a la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

El dato que la CSJ arroja en su informe, es de 225 víctimas de femicidio en nuestro país en 2014 (ver Tabla 1). Cantidad que resulta en un total de 1 feminicidio cada 40 horas a lo largo de ese año.

En la provincia de Buenos Aires se perpetraron la mayor cantidad de homicidios por razones de género. Ahora bien, en relación a la población por regiones se calcula para el NOA13 , un promedio de un feminicidio por cada 68.887 habitantes mujeres, siendo el índice más elevado del país. La siguiente es la región del NEA14 con un femicidio por cada 80.649, y Pampa15 con uno cada 126.010, 11 Excluimos de este informe lo referente a violencia obstétrica, laboral, institucional y en población penitenciaria, por no contar con datos cuantitativos significativos de las mismas.

Asimismo, en este informe no se abordarán problemas como los que están relacionados con las desigualdades que viven las mujeres indígenas. La persistencia de grandes desigualdades relacionadas con el origen étnico se verifica en el hecho de que la población indígena de toda la región latinoamericana tiene en promedio un mayor nivel de pobreza y menor acceso a los servicios públicos, haciéndose extensivo a las desigualdades que sufren las mujeres como tales y por ser pobres (Ortega en Scuro y Bercovich 2014).

12 Ver cuadro “Marco legal”.

13 Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca.

14 Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos.

15 Córdoba, Santa fe, Buenos Aires, La Pampa.

12

Autonomía física

habitantes mujeres. La Patagonia16 presenta un promedio un homicidio por cuestión de género cada 158.093 habitantes mujeres, y la región de Cuyo17 1 cada 215.382, respectivamente.

Asimismo, el informe menciona que antes de la ejecución del homicidio de una mujer, hay instancias previas de violencia doméstica. Este es un fenómeno social, mediante el cual el cónyuge o pareja puede intimidar psicológica, intelectual y/o moralmente a su pareja, con el objeto de disciplinar, según su arbitrio y necesidad, la vida familiar. Se presenta de diversas formas: como abuso psicológico o emocional, con abuso físico, abuso sexual y/o abuso financiero (SERNAM 2008). Sobre ello, la Oficina de Violencia Doméstica (en adelante, OVD) de la CSJ contabiliza los casos de consulta en los últimos 5 años (Ver Tabla 2), por temas de violencia, que como se observa, han sufrido un incremento entre el 2010 y el 2015, de casi el doble de consultas.

Tabla 1 Tasa de Feminicidios por jurisdicción.

Proyección población femenina 2014

Víctimas

Cada 100.000 mujeres

1 Víctima por “X” cantidad de mujeres

Chaco

571.938

15

2,62

38.129

Salta

664.245

16

2,41

41.515

Santiago del Estero

460.778

9

1,95

51.197

Formosa

287.899

5

1,74

57.579

Río Negro

345.661

6

1,74

57.610

Entre Ríos

666.671

11

1,65

60.606

Misiones

587.658

9

1,53

65.295

Tierra del Fuego

72.535

1

1,38

72.535

Santa Cruz

151.363

2

1,32

75.681

La Pampa

171.145

2

1,17

85.572

Buenos Aires

8.411.300

92

1,09

91.427

CABA

1.626.722

14

0,86

116.194

San Luis

236.959

2

0,84

118.479

Córdoba

1.807.209

15

0,83

120.480

Jujuy

364.224

3

0,82

121.408

Mendoza

949.068

6

0,63

158.178

Tucumán

796.820

4

0,5

199.205

Santa Fe

1.731.050

8

0,46

216.381

Corrientes

337.336

2

0,37

268.668

Chubut

278.000

1

0,36

278.000

Neuquén

306.643

1

0,33

306.643

San Juan

369.490

1

0,27

369.490

Catamarca

196.541

0

La Rioja

182.042

0

Jurisdicción

TOTAL

225

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación

16 Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

17 San Luis, Mendoza, San Juan.

13

Autonomía física

Tabla 2 Casos de violencia atendidos 2010-2015 por la Oficina de Violencia Doméstica Año

Casos

2015

11273

2014

10252

2013

9920

2012

9657

2011

8261

2010

6896

Fuente: Oficina de Violencia Doméstica, Corte suprema de Justicia de la Nación

Además, del informe de la OVD se desprende que en entre 2010 y 2015 el porcentaje de mujeres, niñas y niños afectados por la violencia de género fue más del doble que el de varones, multiplicándose exponencialmente en mujeres (Tabla 3). Siendo principalmente casos de violencia psicológica y física (Tabla 4). Violencia que ha sido ejercida la mayoría de las veces por varones, como se observa casi un 83% de los casos en los últimos cinco años (Tabla 5).

Tabla 3 Porcentaje de personas afectadas por la violencia doméstica.

Por sexo y grupo de edad. Entre el 2010-2015 2015

2014

2013

2012

2011

2010

TOTAL

Mujeres

66

65

64

63

63

62

383

Niñas

13

14

14

16

16

16

89

Niños

12

12

14

14

15

16

83

Varones

9

9

8

7

6

6

45

Fuente: Oficina de Violencia Doméstica, Corte suprema de Justicia de la Nación

Tabla 4 Porcentaje de tipos de violencia observada entre el 2010-2015 por la OVD 2015

2014

2013

2012

2011

2010

Porcentaje promediado

Psicológica

97

96

96

96

93

93

95,16667

Física

66

67

68

72

67

67

67,83333

Económica

35

37

42

48

33

32

37,83333

Sexual

9

10

13

17

13

12

12,33333

Fuente Oficina de Violencia Doméstica, Corte suprema de Justicia de la Nación

Tabla 5 % Personas denunciadas por casos de violencia. Por sexo. Entre 2010-2015.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Porcentaje promediado

Hombre

80

80

82

84

85

86

82,83333

Mujer

20

20

18

16

15

14

17,16667

Fuente: Oficina de Violencia Doméstica, Corte suprema de Justicia de la Nación

14

Autonomía física

Finalmente, según el informe de la OVD, entre 2010 al 2015 la mayoría de las veces, en los casos de violencia de género estuvieron involucradas las ex parejas de las víctimas, en menor medida concubinos y cónyuges (Tabla 6).

Tabla 6 Porcentaje Relación entre la persona afectada por violencia y la denunciada entre el 2010-2015 según la OVD Ex parejas

Concubinos

Cónyuges

Filial

Otros

Fraternal

Otro familiar

Novios

2015

46

2014

43

18

14

9

6

3

2

2

19

16

9

6

3

2

2

2013

40

21

18

9

5

3

2

2

2012

37

25

19

9

4

2

2

2

2011

35

26

22

8

4

2

2

1

2010

34

25

24

9

3

2

1

2

39,16667

22,33333333

18,833333

8,833333

4,666667

2,5

1,833333

1,833333

Promedio

Fuente Oficina de Violencia Doméstica, Corte suprema de Justicia de la Nación

1.1. b. Trata de personas con fines de explotación sexual.

La ONU estima que actualmente hay 2,4 millones de víctimas de la trata de personas en todo el mundo. Alrededor del 80% de ellas son explotadas como esclavas sexuales. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor y situarse alrededor de nueve millones. Además, según la ONU, se trata de un negocio que mueve anualmente en el mundo 32.000.000 millones de dólares.

MARCO LEGAL Ley 26.364. Prevención y la Trata de personas y Asistencia a sus Víctimas del 2008. Reformulada mediante la 26.842 de 2012.

Declaración y plataforma de acción de Beijing18 . Que en varios de sus puntos de acción da cuenta de la problemática de la trata y de la necesidad de la eliminación urgente y efectiva de la misma en el mundo (recomendación 122). También afirma que las redes internacionales de prostitución y trata de personas se han convertido en una de las principales actividades de la delincuencia organizada internacional. Y propone como Objetivo estratégico D.3.: eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres.

En nuestro país la Ley 26.364 entiende por trata: “la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o recepción de personas, con fines de explotación, cuando mediare el engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiera el asentimiento de esta”. Y a su vez, en su Art. 16 estipula penas de 5 a 15 años de prisión para los tratantes y de 8 a 20 años cuando incluyeran fines de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

18 Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf

15

Autonomía física

La explotación sexual y la trata no pueden considerarse en forma aislada. Al separarla se disocian situaciones que van de la mano. En este sentido, ambas se asientan en un sistema de jerarquías de género y sexuales del que hace uso un sector de la sociedad (mayoritariamente hombres) para explotar sexualmente a otro sector (mayormente mujeres o personas feminizadas, especialmente vulnerable por la discriminación, la violencia y la pobreza), y que genera ganancias a otras personas, mayoritariamente hombres. Las víctimas, las condiciones materiales de explotación, los lugares de explotación (prostíbulos, privados, whiskerías, cabaret, pubs, etc.), la demanda cuerpos se mantienen inmutables en el tiempo, con los mismos opresores y oprimidos. Los daños van desde lesiones, abusos, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de estrés postraumático, adicciones y dolorosos procesos de descorporización en las victimas. Haciendo hincapié además en que muchas mujeres que caen en estas redes, apenas logran escapar con vida (Rodríguez 2015).

Las redes de trata y proxenetismo, convergen en la generación de ganancias millonarias. Siguiendo a Túnez (2014), “las mujeres que se encuentran en situación de prostitución tienen que dar, en su gran mayoría, parte de lo que ganan al prostíbulo, a la policía, a un proxeneta, a alguien que se hace pasar por novio o pareja o al que las “cuida” en una esquina. Hay toda una industria alrededor de la explotación, la tortura y la esclavitud de esa mujer, de ese cuerpo. Si esa mujer quiere salir del circuito de la prostitución, no podrá hacerlo fácilmente ya que hay demasiados intereses económicos detrás de ella”.

Se ha naturalizado que se deben satisfacer las necesidades de los hombres prostituyentes lo que contribuye a la existencia de las redes de explotación de mujeres. Pero además, comprar y vender cuerpos de mujeres reporta ganancias a los mafiosos, que a su vez se relacionan con el narcotráfico (Túnez 2015). Asimismo, el sistema no sanciona debidamente estas acciones, o no las regula.

La prostitución no es una libre elección, ya que esencialmente las mujeres que están sumidas en ella no pueden disponer de sus cuerpos. Y, al no cuestionar la prostitución como institución social aseguramos su perpetuación. Por otro lado, separar la prostitución de la trata, es una estrategia política que por acción u omisión, termina legitimando el sistema de explotación, su desarrollo y rentabilidad.

Los datos del ministerio de Justicia de la Nación señalan19 que desde el 2008 a la actualidad fueron 9.987 el total de víctimas rescatadas de redes de trata, contando con unas 424 solo en el mes de diciembre de 2015. Sumando unas 6.268 llamadas recibidas desde la creación de la línea 144 de denuncias de trata, que recibió 227 denuncias solo en Diciembre del año pasado.

Según el informe de UFASE (2012) para nuestro país, existe una leve preeminencia de víctimas de trata argentinas (51%) en relación a las víctimas extranjeras, aunque, consta un porcentaje alto de mujeres de nacionalidad paraguaya (36%) que han sido rescatadas. En menor medida, aparecen otras nacionalidades: dominicanas, colombianas, brasileñas. En esos casos, las redes ingresan a las víctimas extranjeras al país documentadas y por pasos habilitados. Como sucede con algunos otros indicadores, muchas veces no existe información sobre la situación migratoria, ni sobre el ingreso al país de las víctimas extranjeras. Cuestiones que en la mayoría de los casos no son relevadas por los operadores judiciales, lo que da cuenta de la falta de información (y detección temprana de sujetas vulnerables) sobre los hechos previos a la situación explotación.

El informe de la UFASE20 establece que la principal falta de las mujeres migrantes en situación de prostitución, es la de no regularizar su situación migratoria, luego de haber permanecido en el país por encima del tiempo permitido a su ingreso como turista, o encontrarse en el país con la categoría de “turista vigente”. Hecho que las ubica en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque se vuelven a condición ilegal lo cual hace todavía más difícil que el control pueda permitir alguna detección temprana21.

19 Datos disponibles en: http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx 20 Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas Ministerio Público Fiscal 21 Datos obtenidos de UFASE y del Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales INECIP.

16

Autonomía física

El delito de la trata da cuenta de otros vinculados, que antes no eran visualizados como tales.

Por ejemplo algunos casos en los que las víctimas son explotadas en las mismas ciudades en las que residen, en donde al no operar la captación y el traslado, la explotación sexual en sí misma queda invisibilizada.

Entre las modalidades de sometimiento más utilizadas, se observa una ataque directo a la autonomía económica, reteniendo salarios y generándoles a las victimas una deuda. Esto promueve modalidades de explotación extremas que pueden ser largamente sostenidas en el tiempo, sumado a las amenazas de actuar con mayor violencia si se escaparan de su cautiverio.

Del relevamiento de estos delitos surge la vinculación no solo con otros sectores del crimen organizado, sino también con agentes del sector público (jueces y/o fiscales locales) y los lugares de explotación. Esto último, se refleja en la dilatación en el tiempo de la concreción de los pedidos de allanamiento, o el descarte arbitrario de posibles situaciones de trata que las fuerzas de seguridad acercan a los órganos jurisdiccionales. Según la UFASE, un 22% de los casos existe una suposición de complicidad de funcionarios públicos o policiales. Sobre la base de esta información, es posible afirmar, que la existencia de estos mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, le otorga una falsa legitimidad a la actividad y conducen a su naturalización. Tal es así que influyen en la percepción que las propias víctimas tienen sobre la actividad.

Socialmente se desdibuja el límite entre lo legal y lo ilegal. Es sobre estas difusas fronteras que se erige la participación, connivencia o protección a los grupos delictivos desde los sectores que deberían prevenir y perseguir el delito.

Medidas de Acción Positiva Comité Ejecutivo para la Lucha contra la trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas, que depende de Jefatura de Gabinete por la ley 26.842. Este organismo persigue el delito de trata y asiste a las víctimas, atiende las derivaciones de la línea telefónica gratuita 145 y además responde a pedidos de capitación en la problemática.

1.1. c. Violencia Mediática Las representaciones de las mujeres en los distintos medios de comunicación latinoamericanos, no están exentas de las desigualdades y discriminaciones sociales en las que se insertan. La representación de las mujeres, se muestra entre banalizada y bajo un halo de violencia sensacionalista. En los medios informativos hay una subrepresentación de mujeres trabajando, a la vez que las historias relativas a las mismas terminan siendo abordadas desde detalles de lo judicial o criminal, ignorando la narrativa humana detrás de los casos (Abbott Galvão 2016).

Los medios de comunicación no están por fuera de la realidad, sino que tienen un rol muy activo en la construcción de la misma. Y, como señala Bourdieu (2000), las representaciones en los medios -formales- y las prácticas por medio de las cuales nos construimos a nosotros mismos y a los “otros”, juegan un rol crucial en la formación del habitus22 (Bourdieu 2000:18) del individuo.

Los medios de comunicación fabrican realidades fragmentadas y definen imágenes que se instalan e institucionalizan como realidades para una sociedad, realizando interpretaciones hegemónicas (Yánez-Duamante 2013). Más aun los que detentan el poder están preparados para usarlo con el fin de imponer las definiciones tradicionales de la realidad a la población que depende de su autoridad (Berger y Luckmann en Yánez-Duamante 2013).De este modo, las representaciones de lo femenino y lo masculino, no son inocentes o imparciales, sino que configuran las relaciones y mantienen o modifican formas estereotipadas de acción en las relaciones sociales hombre-mujer. En otras palabras, en términos de Abbott Galvão (2016), “los medios son un lugar crítico de transformación en la lucha por la igualdad de género a nivel global”.

22 Se entiende por habitus el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos han sido conformados a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social. Pero al mismo son las estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente que formará un conjunto de esquemas prácticos de percepción -división del mundo en categorías-, apreciación -distinción entre lo bello y lo feo, lo adecuado y lo inadecuado, lo que vale la pena y lo que no vale la pena- y evaluación -distinción entre lo bueno y lo malo- a partir de los cuales se generarán las prácticas -las “elecciones”de los agentes sociales.

17

Autonomía física

Según el quinto monitoreo global de noticias23 que realiza cada 5 años, desde 1995, la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (en adelante WACC), desde el 2010 no hubo cambios en la presencia de mujeres en los medios. La misma, sigue siendo baja (un 24% del total), y tampoco en el cuestionamiento a los estereotipos tradicionales de género. El informe se basa en una muestra de 42 países de África, Asia, América Latina, el Caribe, islas del Pacífico y Europa.

Los hallazgos comprenden 6.902 notas y 14.044 sujetos de la noticia, incluidas personas entrevistadas en las noticias mismas.

Los datos generales hablan de que hay escasas notas cuestionando los estereotipos tradicionales de género, hay pocas reporteras en medios tradicionales, aunque un poco más en los medios digitales. En prensa, radio, y televisión, únicamente un 37% de las noticias publicadas son escritas o producidas por mujeres y la cifra no ha cambiado en los últimos 10 años. Asimismo hay una sobrerrepresentación de presentadoras jóvenes de noticieros, casi el 50% entre 19 y 34 años.

Sin embargo, hay muchas menos presentadoras mayores de esta edad (28% entre 35 y 49 años por ejemplo), cosa que no sucede con los presentadores varones, que no disminuyen significativamente en cantidad por ser más adultos. A partir del estudio se pudo dar cuenta de que las mujeres están subrrepresentadas en la cobertura de las noticias, lo cual directamente lo relaciona con menos opiniones viviendo de mujeres en comparación con la opinión de hombres.

Específicamente para nuestro país, según el informe, la presencia en general de mujeres en las noticias con respecto a los hombres, continúa siendo minoritaria en todos los tópicos. Diferenciándose entre medios tradicionales (impresos, radio y televisión) e internet y twitter (mayor presencia). En los primeros, la mayor brecha se produjo en las noticias referentes a celebridades/ artes/deportes, economía y política/gobierno, con 77%, 76% y 75% de presencia de hombres, respectivamente. En los medios digitales, economía, política/gobierno y celebridades/artes/noticias, con 81%, 76% y 73% de presencia de hombres, respectivamente.

En cuanto a presencia de mujeres como sujeto de noticias, en los medios tradicionales eso ocurrió en un 29% de los casos tanto en medios tradicionales como digitales. Las noticias que más reportan las mujeres y los hombres son política y gobierno; la diferencia es mayor en las noticias de militares, policiales, en las que no existen mujeres reporteras.

Las mujeres reporteras representan un 29% de total, en todos los medios relevados. En cuanto a la edad de quienes reportan y/o presentan las noticias evidencia una diferencia marcada entre mujeres y hombres; las mujeres en un 43%, tienen edades entre 19 y 34 años, en segundo lugar, en un 33%, entre 35 y 49 años. Los hombres por su parte, presentan en un 53% edades entre 35 y 49 años, seguido por un 26% entre 50 y 64 años de edad. Esto evidencia que aun hoy existe un estereotipo que insta a las mujeres a mantenerse siempre jóvenes.

Por otra parte, hay avances sobre todo en las noticias por tema. En donde las mujeres fueron presentadas como sujeto de la noticia en notas referentes a políticas y gobernantes en un 28%, mientras que los hombres fueron sujeto de la noticia en este tema en un 34%. Esto está relacionado con los avances en la autonomía en la toma de decisiones, y la participación de las mujeres en escaños más altos de la política.

Sobre los estereotipos de género, un escaso 6% de notas los desafía, en tanto que un importante 87% los refuerza. Por otro lado, en medios digitales solamente el 67% de los casos refuerzan los estereotipos.

Por otra parte, el abordaje de noticias sobre violencia sexual y femicidio, es aún débil y mayoritariamente con corte sensacionalista, incorporado principalmente en las secciones de sucesos o policiales sin perspectiva de género e inclusive revictimizando a quienes han sufrido las consecuencias de este problema social creciente en la región y en el mundo.

23 Reporte regional: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/America_latina.pdf Reporte completo: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_ en.pdf

18

Autonomía física

Para finalizar, según el informe de genero de Abbot Galvão (2016), asistimos a una propensión a la “feminización de la responsabilidad”, lo que quiere decir, que públicamente hay una tendencia en los medios a delinear las acciones que las mujeres deben ejecutar para “evitar” que la violencia caiga sobre ellas. Si bien las políticas públicas y acciones de las organizaciones que trabajan para mejorar el sistema de respuesta a la víctima y las medidas que velen por erradicar este tipo de violencia, cabe destacar, que los hombres continúan fuera del debate de las soluciones al problema.

MARCO LEGAL Plataforma de Acción de Beijing. La representación de las mujeres en los medios de comunicación es una de las doce áreas críticas de inquietud planteadas en la Plataforma en su capítulo J: “La mujer y los medios de comunicación”. Evidencia el rol clave que tienen hoy los medios de comunicación en la creación de imaginarios y mandatos culturales que, en forma de “violencia simbólica”, afectan directamente a las mujeres contribuyendo a perpetuar su rol subordinado en la sociedad. Tales obligaciones específicas, fueron asumidas por la República Argentina a través de su adhesión a Tratados y Convenciones Internacionales y Regionales. Pero es en 2009 que entraron a ser parte del marco legislativo nacional, de forma “pionera” para la región: antes con la Ley Nº26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, y después con la promulgación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) (Boschiero 2014)24.

Ley 26.522. Ley Nacional de Servicios de comunicación audiovisual. Que ya desde el Art. 1 (apartado 8-h) propone mejorar la capacidad de las mujeres para utilizar los medios informativos y la comunicación, para desarrollarlas en la capacidad de comprender y elaborar TIC. Y (apartado 9) promover una imagen equilibrada de hombres y mujeres en los medios de comunicación. Así como también, la protección y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado entre hombres y mujeres (Art. 3-m). en esta ley se buscó trasversalizar el tema de género, ya que hace explicita referencia a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y contempla en su articulado la obligatoriedad de hacer cumplir los contenidos de la misma en lo referido a violencia mediática (Boschiero 2013).

1.2. Salud sexual y reproductiva La autonomía de las mujeres en este ámbito sigue enfrentando cuestionamientos que en varios países se traducen, entre otras cosas, en restricciones en el acceso al control de la fecundidad de la población en su conjunto (por ejemplo, en el caso de una deficiente educación sexual integral, acceso a métodos de anticoncepción) o de determinados segmentos de la población (falta de políticas y acciones adecuadas pertinentes y oportunas orientadas a las adolescentes), en ausencia de educación en esta materia o en la imposición de una maternidad no deseada. Por otro lado, y consecuentemente con estos asuntos caso de la mortalidad materna y los abortos punibles juegan un rol fundamental en este tema.

1.2. a. Mortalidad materna y aborto Según datos del Banco Mundial (Ver Tabla 7), en nuestro país, hubo un promedio de 3 nacimientos por mujer en el 2013, mientras que la tasa de natalidad se encuentra en unos 64 nacimientos para el 2014. Así también, la tasa de uso de anticonceptivos y la de los partos atendidos por personal médico calificado son altas, y la mortalidad materna se mantiene en 35 mujeres por cada mil entre el 2007 y el 2013. Finalmente la probabilidad de mortalidad materna es de una mujer por cada 630, bastante elevada. De todos modos estos datos no muestran un panorama tan oscuro.

24 http://www.comunicarigualdad.com.ar/la-transversalizacion-del-genero-en-la-ley-de-medios/

19

Autonomía física

Tabla 7 Indicadores del desarrollo mundial: Salud Reproductiva Nacimientos por mujer (Año 2013)

3.0

nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15-19 (Año 2014)

64

Tasa de uso de anticonceptivos % (Años 2007-2013)

98

Partos atendidos por personal de salud calificado -% del total – (Años 2007-2009)

98

Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos (Años 20072013)

35

Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos (Año 2013)

69

Riesgo de por vida de la mortalidad materna. Probabilidad de una mujer en x cantidad (Año 2013)

630

Fuente: Banco Mundial

Ahora bien, cuando se analizan los datos no oficiales de mortalidad materna por abortos clandestinos se presenta otro panorama. En nuestro país, existe un marco legal que regula en relación con abortos no punibles. Solo se acepta el aborto para “preservar la salud” de las mujeres. En tanto cualquier otra forma de abortos es considerada como un delito contra la vida, con una pena de reclusión o prisión de uno a cuatro años, si fuese con consentimiento de la mujer. Como desenlace de un aborto inseguro las mujeres pobres y/o maltratadas son justamente uno de los grupos más vulnerables frente a la decisión de un aborto inducido, ya que en la mayor parte de los casos, dichas intervenciones tienen que realizarlas sin apoyo y en condiciones inseguras. Asimismo, cuando se producen complicaciones, tienen muchas dificultades para acceder a una atención oportuna, por lo cual el riesgo de morir es alto (Ruffa y Chejter 2010)25.

Según la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el conteo es de 3000 mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia. En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Lo cual, es una altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. Además el aborto clandestino, practicado en condiciones inseguras en nuestro país, cobra su mayor cantidad de víctimas en las mujeres pobres y se ubica como la primera causa de muerte materna. Según estadísticas del ministerio de Salud de la Nación, en 2011 murieron por esta causa 73 mujeres en Argentina, para el 2013 ocasionó la muerte de 50 mujeres. Esta última cifra represento un 0.03% del total de defunciones femeninas (en base a datos oficiales)26, pero hay que considerar que por ser un acto que ocurre en la clandestinidad, las cifras oficiales de abortos deben estar muy por encima de lo real. Esto, habla de la imposibilidad de planificar políticas públicas eficientes a fin de evitar los embarazos no deseados si, en principio, no se cuenta con cifras certeras al respecto.

Sólo las mujeres abortan y, que como señala Maffía (2006) “están expuestas a un abuso de poder que afecta el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad”. Por ello es indispensable la participación de mujeres en ámbitos de tomas de decisión del Estado. Es decir, lugares en donde tomen parte de las decisiones sobre las políticas públicas que directamente afectan a sus propios cuerpos. Hecho que además, se ha demostrado que funciona, como marca Maffía (2006) “la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres ha sido imprescindible en los últimos años, ya que muchas de las leyes argentinas (Ley 25.673, 26.364, 26.485, etc.) surgieron en los últimos diez años bajo la aplicación de la ley de cupos femeninos”.

25 http://www.abortolegal.com.ar/ 26 http://www.infobae.com/2015/03/06/1714322-las-muertes-maternas-aborto-fueron-50-todo-el-pais-un-ano

20

Autonomía física

MARCO LEGAL Objetivos del desarrollo del milenio (ODM) de la ONU. 5to objetivo: mejorar la salud materna.

Objetivos de desarrollo Sostenible 2015 ONU. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

El artículo 86 del Código Penal Argentino. El cual establece el aborto no punible en los caso que peligre la vida de la mujer, y que debe ser realizado por un médico diplomado con el consentimiento de la misma.

Plataforma de Beijing. En su objetivo estratégico (C.1.) Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad. También reconoce entre las medidas a adoptar por los estados, que estos deben promover la investigaciones encaminadas a comprender y encarar con mayor eficacia las condiciones que determinan el aborto inducido y sus consecuencias, incluidos sus efectos futuros en la fecundidad, la salud reproductiva y mental y en la práctica anticonceptiva, además de las investigaciones sobre el tratamiento de complicaciones planteadas por los abortos, y los cuidados con posterioridad al aborto (109-i).

A su vez en la plataforma se refirma los derechos de la mujer a la decisión de procreación libre y responsable de las mujeres. Así como a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, así como en el reconocimiento del derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva (Objetivo Estratégico I3: 233).

1.2. b. Embarazo en la adolescencia Una consecuencia de las deficiencias en las problemáticas de salud sexual y reproductiva, tiene que ver con el embarazo en la adolescencia. Este es un problema que permanece sin resolver y contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y desigualdad en la medida en que se vincula con la deserción escolar y las dificultades para enfrentar la vida laboral futura en las adolescentes. Y además, expone a las niñas y jóvenes a un mayor riesgo de violencia física o sexual por parte de sus parejas.

El informe “Maternidad en la niñez: enfrentar el reto del embarazo en adolescentes”27, evidencia el vínculo entre la maternidad adolescente, el bajo nivel educativo y la pobreza. Alrededor de 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren por año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Las adolescentes que quedan embarazadas tienden a ser de hogares de ingresos más bajos y a tener una nutrición deficiente.

La tasa de fecundidad en adolescentes en América Latina y el Caribe es una de las más altas del mundo, solamente superada por los países del África subsahariana. Los datos del Observatorio UNFPA28, muestran que, pese a que la fecundidad de las mujeres en general tiende a la baja, la fecundidad de las adolescentes no tiene grandes disminuciones, e incluso en algunos países ha aumentado en el grupo de adolescentes de menores ingresos y menor nivel educativo.

De las adolescentes que estaban estudiando al momento de quedar embarazadas sólo 4 de cada 10 continuaron escolarizadas hasta el séptimo mes (Gogna 2005). Correlacionado con esto, las niñas que permanecen en la escuela más tiempo son menos proclives a quedar embarazadas. La educación prepara a las niñas para el trabajo y la subsistencia, mejora su autoestima y su posición en el hogar y en la comunidad, y les permite influir más en las decisiones que afectan su vida. Un dato no menor es que en los últimos años, según en PNSIA29 el 80% de las adolescentes que no 27 Disponible web: http://www.unfpa.org.ar/ 28 Fondo de las Naciones Unidas para la Población.

29 Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia.

21

Autonomía física

tienen hijos asiste a la escuela, mientras que entre las adolescentes madres esa proporción es de 25% (PNSIA 2012).

El embarazo y la maternidad en la adolescencia, es la expresión de las más las profundas inequidades sociales, que se evidencian en las tasas de prevalencia dos a tres veces mayor en las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 17 años en comparación con las que fueron madres después de los 25 años. A su vez, lo que habla de deficiencias en la educación sexual, es que el 40% de las adolescentes embarazadas encuestadas para este informe, quedaron embarazadas de su primera pareja sexual, y 73% llevaba saliendo con el padre de su hijo entre 1 y 12 meses cuando se embarazó (Binstock y Gogna, 2013).

Siguiendo el informe del UNFPA, en Argentina, el embarazo adolescente representa el 15% del total de nacimientos. Donde el 69% de las madres adolescentes no planearon ese embarazo y el 65,5% no utilizaba un método anticonceptivo al momento del embarazo. Asimismo, un 85,3% de mujeres adolescentes sexualmente activas que usan actualmente un método anticonceptivo. A su vez, entre 15 y 19 años, las embarazadas tienen al menos un hijo o más en un promedio de 18% de los casos. También podemos notar un aumento en entre 1991 y el 2010 en mujeres de la misma edad que son madres (un 13% en 2010). (Ver Tabla 8).

Tabla 8 Mujeres de 15 a 19 años que son madres en Argentina (En Porcentajes) 1991

11,9

2001

12,4

2010

13

Fuente CEPAL-STAT

Un dato relevante es que la maternidad en la adolescencia es más frecuente entre las jóvenes de sectores pobres y las que tienen menor nivel educativo. El 16,9% de las muertes por aborto que hubo en Argentina entre 1995 y 2009 corresponden a adolescentes. Y, 43 son el total de muertes maternas adolescentes en Argentina entre 2000 y 2010, que oficialmente se han registrado (por lo cual, no se descarta un mayor número). Además, 14% de madres adolescentes encuestadas consideró interrumpir su embarazo, al saber de su segundo embarazo.

La información de los profesionales, su sensibilidad hacia estos temas y también la mayor conciencia de las mujeres y de la comunidad, pueden favorecer a que las respuestas institucionales sean más tempranas y efectivas (Ruffa y Chejter 2010).

MARCO LEGAL Plataforma de Beijing. Entre las recomendaciones de medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales y no gubernamentales: Fortalecer y reformar la educación sanitaria y los servicios de salud, sobre todo los programas de atención primaria de la salud incluidas la salud sexual y reproductiva, crear buenos programas de salud que satisfagan las necesidades físicas y mentales de las muchachas y para atender las necesidades de las madres jóvenes, las mujeres embarazadas y las madres lactantes (Objetivo estratégico L5: 281-c).

Ley 26.150. Ley Nacional de educación sexual. Que establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

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Autonomía física

Ley 25.673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable30. Que tiene como misión promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social; así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva. Entre sus objetivos está el de prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las y los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales y mamarias, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y por último, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

Ley 25.808 de Modificación del Artículo 1 de la Ley Nacional 25.584, Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.

REFLEXIONES FINALES PARTE I En este apartado hemos dado cuenta de algunas de las principales problemáticas que no solo afectan a la Argentina, sino también a Latinoamérica y el caribe. Tratando de visibilizar que existe una estructura social, que en su matriz conceptúa y valora de manera diferente a hombres y mujeres, ubicándolos en lugares específicos y posicionándolos en desigualdad. Esto se ve reflejado en la violencia de género, que en su máxima expresión pone a las mujeres en situaciones como la trata con fines de explotación sexual, en donde la esclavitud se magnifica, en la matriz de redes de corrupción a nivel nacional e internacional, en un negocio multimillonario.

Es necesario recalcar que la violencia debería ser abordada en su relación con otros factores sociales, económicos y culturales, a los cuales muchas veces se encuentra supeditado. Es decir, las desigualdades y discriminaciones de género operan en el ámbito de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, están directamente relacionadas con las deficiencias en otros niveles de autonomía, como se refleja en la desigual distribución del trabajo (especialmente no remunerado) y de los puestos de toma de decisión.

Por otro lado, la violencia que se expresa simbólicamente, y parte de representaciones estereotipadas de lo femenino o que directamente se expresa en la ausencia de las mujeres en los medios de comunicación. Los medios tienen un rol clave en la sociedad, crean y encarnan la realidad, lo que directamente afecta a las mujeres manteniendo el status quo de subordinación de las mismas.

Más aún, si existe un lugar decisivo para la evolución de las relaciones de género, está en gran parte en estas representaciones en los medios masivos.

Hemos intentado dar cuenta de las deficiencias en cuanto a la salud sexual y reproductiva.

Algo que a la luz de los avances científico-médicos actuales debería ser algo superado como la mortalidad materna, y el embarazo adolescente, se presenta como corriente y, en esto último con porcentajes bastante elevados para nuestro país. La falta de información y educación sexual juegan un rol fundamental en el creciente número de embarazos adolescentes, y también en circunstancias que pueden llevar a la mortalidad materna, como la realización de abortos clandestinos.

Sobre esto último, hemos destacado que en cifras no oficiales, los casos de abortos inseguros, son elevadísimas. Y a su vez, su penalización no lleva a que dicha práctica no se realice.

Ahora bien, el estado actual de situación, presenta desafíos, que parten desde instaurar sistemas de información estadísticos optimizados sobre las diferentes situaciones de desigualdad y violencia (información que debería ser publica), como ha sido manifestado entre las recomendaciones de la CEDAW (Faur 2008), políticas sociales de atención a las víctimas. Dichas políticas deberían estar integradas en un plan nacional (ver Plan Nacional de Acción del CNM, apartado 1.1 Violencia de género) de prevención, atención y erradicación de la violencia, que permitan aunar los diversos programas y proyectos que hay en las distintas regiones de nuestro país con directrices claras a un plan federal. De hecho es menester extender la cobertura geográfica de los pro30 Disponible en: http://www.msal.gob.ar/saludsexual/ley.php

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yectos, que todavía aparece limitada, en especial para las mujeres que habitan en las zonas más marginadas, como el ámbito rural del interior del país.

A su vez sería positivo profundizar las políticas de prevención que tomen en cuenta la mirada de los vínculos intra familiares y los sistemas de autoridad que se ejercen entre generaciones y géneros (Faur 2008), desde lo privado, y el universo de acción de lo público.

Para resumir, nuestro país ha asumido obligaciones en su adhesión a tratados y convenciones internacionales, como así también a partir de leyes nacionales, en pos de la erradicación de las desigualdades de género que afectan a la autonomía física de las mujeres. Así también, es necesaria la efectiva aplicación de la legislación nacional existente, con amplios debates en procesos públicos participativos que legitimen esas normas. A su vez fortalecer las instituciones existentes, dotándolas de solvencia profesional, y articulándola con diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil, en coordinación con varias jurisdicciones.

Entonces, es necesario avanzar en políticas tendientes a reducir la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones, e impulsar medidas para mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esto último, es un imperativo para el avance de la autonomía física de las mujeres y constituye un compromiso para los Estados, en la medida en que el acceso universal a la salud reproductiva es, además, el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, que busca mejorar la salud materna. Los avances en materia de igualdad en la autonomía física de las mujeres deben ser monitoreados por un sistema profesional, asiduo y transparente. Para todo ello el Estado, y el sistema judicial se tienen que comprometer con una agenda de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres (CEPAL 2014).

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Autonomía física

Organizaciones que abordan estas problemáticas son: Amnistía Internacional. Web: http://www.amnistia.org.ar/ Asociación civil Comunicación para la Igualdad. Web: http://www.comunicarigualdad.com.ar/ Asociación Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). Web: http://amja.org.ar/ Centro de encuentros Cultura y mujer (CECYM). Web: http://www.cecym.org.ar/ Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur (CISCSA). Red Mujer y Hábitat LAC. Web: http://www.redmujer. org.ar/trust_fund.html Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Web: http:// www.cladem.org/ Consejo Nacional de las mujeres. Web: http://www.cnm.gov.ar/ Consejo Provincial de las Mujeres. Web: http://www.consejomujeres.gba.gob.ar/ Fundación Justicia y Género. Web: http://www.fundacionjyg.org/ Fundación María de los Ángeles. Web: http://www.fundacionmariadelosangeles.org Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Web: http://www.feim.org.ar/ Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo (INSGENAR). Web: https://insgenar.wordpress.com/ Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI). Web: http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/proyectos/genero/ La casa del encuentro. Web: http://www.lacasadelencuentro.org/ Mujer y gobierno. Web: http://www.mujerygobierno.com.ar/ Nuestras Manos. Web: http://www.nuestrasmanos.org.ar/ Observatorio de género y pobreza en Argentina. Web: http://www.generoypobreza.org.ar/ Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL). Web: http://www.cepal.org/oig/ Observatorio de Género en la Justicia. Poder judicial de la ciudad de Bs. As. Web: https://www.jusbaires.gob. ar/ Observatorio Transnacional de Inclusión Social e Equidad en la Educación Superior (OIE). Web: http://www. oie-miseal.ifch.unicamp.br/es/paises/argentina Oficina de la Mujer (Corte Suprema de Justicia de la Nación). Web: http://www.csjn.gov.ar/om/index.jsp Oficina de Violencia Doméstica (Corte Suprema de Justicia de la Nación). Web: http://www.ovd.gov.ar/ovd/ ONU Mujeres. Web: http://www.unwomen.org/es Organización Argentina de Mujeres Empresaria (OAME). Web: http://www.oame.org.ar/ Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Web: https://www.mpf.gob.ar/protex/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (PNUD): http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/ Unión de Mujeres de la Argentina. Web: http://www.uma.org.ar/ WACC-Asociacion Mundial para la Comunicación Cristiana. Web: http://waccglobal.org/ Women’s Global Network For Reprodctive Rights (WGNRR). Web: http://wgnrr.org/

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Autonomía física

DOCUMENTOS WEB PARTE I: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Disponible web: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención “Belem Do Para”. Disponible Web: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61. html Estadísticas sobre trata en la República Argentina. Disponible Web: http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. Disponible Web: http://www.infoleg.gov.ar/ infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm Ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Disponible Web: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm Declaración y plataforma de acción de Beijing. Disponible web: http://www.un.org/womenwatch/ daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf Plataforma de Beijing. Disponible Web: http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/ attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) (2012). Informe La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito. Ministerio Público Fiscal.

Argentina. Disponible Web: http://noalatrata.gba.gob.ar/sites/default/files/UFASE.pdf Organismos de los que se obtuvo información:

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2. AUTONOMIA ECONÓMICA La autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considerando como usan el tiempo y el aporte de las mujeres a la economía la misma ha sido definida en el informe Objetivos de Desarrollo del Milenio como: “el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros”. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres, la división sexual del trabajo y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente (Lupica 2015).

2.1. Empleo 2.1. a. Tasa de desempleo y pobreza.

El aumento de la participación femenina en el mercado laboral presenta diferencias de un país a otro y dentro de cada país (estas últimas según grupo etario, nivel educativo y sector socioeconómico de la población). Datos recientes muestran mayores porcentajes de mujeres en todo el mundo (indistintamente de si se trate de países desarrollados o en vías de desarrollo) trabajando menos de 35 hs por día, en comparación con la misma cantidad de horas realizadas por hombres.

Mostrando una brecha de 18.1, particularmente alta, para América Latina y el Caribe (OIT 2016).

Esto nos habla no solo de la desigual posibilidad de acceder a la autonomía económica, sino de que en todos los casos los hombres trabajan más horas, lo que impide equilibrar los trabajos de cuidados al interior del hogar, y va en detrimento de la corresponsabilidad.

Siguiendo a Lupica (2015) “La histórica división sexual del trabajo constituye una de las principales barreras para que las mujeres puedan insertarse en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres y avanzar así en el logro de su autonomía económica”. Tal es así, que las oportunidades laborales están relacionados con esa segmentación según sexo, en donde lo femenino se encuentra subvalorado (Valenzuela 2003). De este modo, no es extraño que existan aun hoy, diferencias salariales entre hombres y mujeres, menos variedad de ocupaciones para las últimas y dificultades para acceder a puestos de mayor jerarquía y de dirección, tanto en el sector público como en el privado.

En consonancia con esto, según el programa América Latina Genera31 , las mayores tasas de participación laboral se registran entre las mujeres con mayor nivel educativo formal, menores responsabilidades familiares o mayores recursos para adquirir servicios de cuidado. En tanto que las mujeres pobres, como consecuencia del menor nivel educativo alcanzado y de los obstáculos que se les presentan para compartir o delegar las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos y dependientes, enfrentan el doble de dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Así pues, las mujeres en nuestro país, según datos de SEDLAC (por sus siglas en inglés32) presentan una mayor tasa de pobreza respecto de los hombres (Ver Tabla 9).

En consonancia, en general se puede observar una diferencia en el ingreso per cápita en los hogares, en donde los hombres tienen mayores ingresos (Tabla 10).

Tabla 9

Tabla 10 Hogar, Ingreso per cápita en pesos (1er trimestre 2013)

Pobreza y Género: Tasa de pobreza por USD 2 por día Argentina

Total

Mujeres

Varones

4,2

4,4

4,0

Nacional Argentina

Fuente: SEDLAC (CEDLAS and The World Bank)

Total

Mujeres

Varones

2.629

2.578

2.683

Fuente: SEDLAC (CEDLAS and The World Bank)

31 Disponible en: http://americalatinagenera.org/ 32 Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean

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Autonomía económica

Las cifras de desempleo de las mujeres son un problema importante. Más aun considerando que a menudo en los hogares pobres con jefatura femenina, los padres ausentes, no pagan la asignación para el mantenimiento de los hijos (Goren 2013a). Esto, sumado a los niveles elevados de pobreza, entra en consonancia con la doble situación de desigualdad para las mujeres de este sector social.

Además, en general la categoría ocupacional predominante entre las mujeres en condiciones de pobreza es la del trabajo por cuenta propia. Esta categoría de ocupación la mayoría de las veces oculta situaciones de informalidad, ya que por lo general, las mujeres establecen un medio para la obtención de ingresos que no es un emprendimiento formal con regulación y cotizaciones que les proporcionen acceso a la protección social (Scuro y Bercovich 2014).

En nuestro país durante el año 2014, según la CEPAL, las mujeres presentaron una tasa de desempleo del 8.4%, casi dos puntos más que la de los hombres de 6.5% (Ver Tabla 11). Entonces, un 8,4% de mujeres desempleadas en Argentina, dependen de otro para su subsistencia lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres. Esta posición de desventaja se torna especialmente crítica frente a situaciones de violencia que no se denuncian debido a la dependencia económica con el victimario, con resultados muchas veces fatales (Ver apartado 1.1. Violencia de Género).

Asimismo, como señala (Goren 2011) el desempleo afecta a las mujeres de manera pareja más allá del nivel educativo o de ingresos alcanzado (ver Tabla 12) Tabla 11 Desempleo. Tasa de desempleo según sexo. Año 2014.

Varones

6,5

Mujeres

8,4

Fuente: CEPAL. CEPALSTAT

Tabla 12 El desempleo por sexo, edad y educación. Edad 25-54 años. Educación avanzada. Año 2014 Varones

Mujeres

17,5

44,1

Fuente OIT

Tabla 12 b Población con al menos una educación secundaria (% de desde 25 años edad y mas). Años 2005-2014.

Mujeres

Varones

56,3

57,6

Fuente PNUD-ONU

Tabla 13 Juventud que no trabaja ni estudia, por sexo.

Argentina 2014 Varones

Mujeres

38,3

61,7

Fuente OIT

30

Autonomía económica

En correlación con lo expresado en el párrafo anterior, hay una mayor cantidad de jóvenes mujeres que no trabajan ni estudian que hombres (Ver Tabla 13), y aunque los valores se mantienen similares, las mujeres tienen un porcentaje menor a los varones de terminación de estudios secundarios (Ver Tabla 12.b). Esto, se puede relacionar directamente con que para el 2012, la CEPAL documentaba que un 22.8% de mujeres, contra un 9.7% de los hombres, no poseían ingresos propios (Ver Tabla 14).

Tabla 14 Población sin ingresos propios por sexo y tramos de edad. Argentina 2012.

Grupo edad para participación en la PEA / Área geográfica Total (15 años y más)

15 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

60 años y más

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Hombres

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Hombres

9,7

28,1

9,1

5,4

6,0

4,4

Mujeres

22,8

40,7

24,1

24,3

25,9

8,9

Fuente CEPAL

Por otro lado, en relación con las horas trabajadas. Según la OIT las horas efectivamente trabajadas por hombres y mujeres presentan una notable diferencia. Entre los hombres, un 43.70% del total de los trabajadores trabajan unas 40-48 horas semanales, mientras que el porcentaje de mujeres es de un 27.88%. Diferencia que también se ve reflejada inversamente en el caso de 0-14 hs de trabajo semanal, en donde las mujeres trabajadoras representan un porcentaje mayor del total respecto de los hombres (Ver Tabla 15). Además el trabajo informal33 (Ver Tabla 16) según el Banco Mundial, también ubica a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad.

Tabla 15 Porcentaje de empleo por sexo y horas efectivamente trabajadas (entre 40-48 hs. semanales). Argentina.

Varones

Mujeres

40-48 hs semanales

43,70

27,88

0-14 hs semanales

4,22

12,19

Fuente OIT

Tabla 16 Informalidad en Argentina.

Participación de los trabajadores en empleos informales.

Edad: 2013 1er trimestre

Mayores de 15 años de edad Total

Mujeres

Varones

39,2

42,4

36,8

Definición de Informal = trabajadores asalariados de las pequeñas empresas, los trabajadores autónomos y trabajadores de cero ingresos.

Fuente: SEDLAC y Banco Mundial

33 Se denomina empleo informal a la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. Se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no brindan estabilidad económica para los trabajadores.

31

Autonomía económica

Como ya dijimos, la menor participación laboral de las mujeres se complementa con la concentración del empleo remunerado femenino en determinadas ramas de actividad y en ciertas posiciones de las estructuras jerárquicas de las empresas y las organizaciones.

Tabla 17 Tasa de feminidad por sector de actividad del empleo registrado Industria

18,7

Comercio

35

Servicios

43,1

Total

35,7

Fuente:Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, MTEySS, en base al SIPA. 2002-2014.

En consecuencia con esto, por un lado, la segmentación ocupacional horizontal ubica a las mujeres en ocupaciones típicamente femeninas que representan una continuación de las tareas que las mujeres desarrollan habitualmente en los hogares y que se basan en los estereotipos de género. Siguiendo a (Trajtemberg y Goren 2010) “el resultado de la segmentación horizontal se refleja en una sobre-representación de las mujeres en el sector de servicios, en particular, en las áreas del servicio doméstico remunerado, en el área de educación, en servicios de salud y en servicios personales. Por su parte, en ciertas ramas de la industria y en la construcción los varones están sobre-representados, al igual, que en las actividades de transporte” (Ver Tabla 17). Por otro lado, la segmentación vertical prescinde de mujeres en puestos que cumplen funciones jerárquicas de dirección y las relega en los puestos de menor calificación y de escasas posibilidades de progreso.

En este sentido, se les impone a las mujeres un umbral que determina escasas perspectivas de ascenso y un desarrollo de la carrera profesional mucho más limitado. Algunos autores definen el fenómeno como piso pegajoso para referirse a las mujeres que ocupan cargos de baja movilidad en la parte inferior de la estructura ocupacional y como techo de cristal para reflejar la imposibilidad de ascenso a los puestos gerenciales o de dirección (Trajtemberg y Goren 2010)34.

Tabla 18 Población de 14 años y más. Tasas de actividad, empleo, desempleo y subocupación por nivel de educación alcanzado y sexo. Total 31 aglomerados urbanos. Cuarto trimestre 2008 - 2013 Tasas y sexo

Nivel de educación

Total

Bajo

Medio

Alto

Varones Tasa de actividad

71,6

62,1

79,0

90,1

Tasa de empleo

67,6

58,1

74,3

Industria

Tasa de desocupación

5,6

6,5

5,9

Industria

Tasa de subocupación

6,0

7,5

5,1

Industria

Tasa de actividad

47,2

30,7

55,3

77,8

Tasa de empleo

43,6

27,9

50,1

75,3

Mujeres

Tasa de desocupación

7,5

8,9

9,3

3,3

Tasa de subocupación

10,3

15,6

9,1

6,0

Fuente: INDEC

Ahora bien, pese a que las mujeres poseen un mayor nivel educativo la tasa de empleo -comoocurre inversamente en el caso del desempleo- (Ver Tabla 12) es mayor en hombres. Al respecto, entre 2008 y 2013, la tasa de empleo en hombres con un alto nivel de educación fue de 88.3%, en 34 Ver Sección 3. Autonomía de la toma de decisiones.

32

Autonomía económica

comparación con un 75.3% de las mujeres del mismo nivel educativo alcanzando (Ver Tabla 18), situación que no discrimina respecto del nivel educativo. Lo cual da cuenta de la desigualdad, pese a la pretendida meritocracia en la selección de candidatos para los puestos de trabajo de las áreas de selección de personal.

A estos indicadores, que son más bien desalentadores, hay que sumarles que en general las mujeres que han logrado los mayores avances en el mercado de trabajo son las trabajadoras de los sectores urbanos, adultas, sin hijos y que cuentan con mayores recursos socioeconómicos y altos niveles educativos. En contraposición, las mujeres más afectadas por la desigualdad son las trabajadoras rurales y agrícolas, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las que tienen menos años de educación formal y viven en hogares con menores ingresos y mayor cantidad de hijos o más responsabilidades de cuidado (Lupica 2015).

2.1. b. Trabajos de cuidado no remunerados y corresponsabilidad.

Como señalan (Bercovich y Scuro 2014) la oferta de trabajo remunerado se regula través de la negociación en los hogares de la distribución del trabajo no remunerado. Este último, es aquel que se realiza para la reproducción entre los miembros del hogar según el sexo y la edad. En esa “regulación”, son principalmente las mujeres, que asumen el trabajo no remunerado liberando a los varones, de la responsabilidad del cuidado y reproductivas35. La desigual distribución del trabajo no remunerado replican las desigualdades inherentes a nuestro sistema social. Asimismo, el análisis del uso del tiempo ha permitido la aproximación al valor económico del cuidado. Es decir, a su aporte a la riqueza de los países, ya que las mujeres que tienen a cargo el trabajo no remunerado, de ese modo, están liberando trabajadores potenciales a la mano de obra masculina para el mercado laboral (Lupica 2015).

El trabajo no remunerado (Ver Tabla 19), es un aporte a la “reproducción de la sociedad”, pero además, es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener y reparar el mundo que vivimos. Además del ámbito privado, el trabajo de cuidado se puede desarrollar en lugares públicos (empresas, ONGs, el Estado, etc.). Por lo tanto, es necesario comprender que su desarrollo es parte de la organización social, por ello, fundamentalmente de agenda pública y gubernamental, sobre todo en la previsión y regulación de las relaciones, actividades y responsabilidades asignadas a las distintas instituciones y sujetos (Lupica 2015).

Tabla 19 % Actividades de trabajo doméstico no remunerado (4to trimestre 2013). Argentina Varones

Mujeres

Total

Tasa de participación

Tiempo promedio

Tasa de participación

Tiempo promedio

Tasa de participación

Tiempo promedio

58,2

3,4 horas

88,9

6,4 horas

74,4

5,3 horas

Fuente: INDEC

En Argentina, un porcentaje elevadísimo de mujeres trabaja sin remuneración, en tareas domésticas y de cuidado. Y, a su vez, el número de horas destinadas al trabajo no remunerado también es muy alto entre las mujeres con trabajos formales, lo cual en algunos casos llega a ser hasta cuatro veces superior al de los hombres (Ver Tabla 20). En consecuencia, las tareas de manutención y reproducción (privadas) se relacionan con lo “femenino”, mientras que las de creación (publicas) responden a lo “masculino”. En consecuencia, esto repercute en el mercado laboral, donde el trabajo de las mujeres se naturaliza como una prolongación de las tareas domésticas y contribuye a que, en una sociedad donde el trabajo es una mercancía, se vean menospreciadas (Flores y Juárez 2014). En otras palabras, dicha naturalización de la asignación de tareas legitima la depreciación y hasta el desprestigio social de todas las calificadas de “femeninas”.

35 En un sentido amplio, de reproducción de la sociedad.

33

Autonomía económica

Tabla 20 Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población de 15 años de edad y más, por sexo (Promedio de horas semanales año 2013).

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo de trabajo no remunerado

Mujeres

16

43

Hombres

34

17

Fuente CEPAL

A diferencia de los hombres, las mujeres deben considerar que el trabajo reproductivo y el productivo no se solapen. En consecuencia, muchas elijen el trabajo remunerado independiente, por cuenta propia o trabajos asalariados parciales, como una estrategia de conciliación. Dichos trabajos suelen ser de menor calidad, con menor protección social y salarios inferiores (Lupica 2015) (ver Tabla 19 y apartado 2.2 Brecha de genero). De este modo, el final de la jornada implica “Activar el cronometro doméstico” , pero además, que su tiempo libre este tan saturado de actividades que se convierta en una forma de trabajo oculto no reconocido formalmente (Flores y Juárez 2014).

Entonces, es fundamental avanzar en el reconocimiento de que las tareas de cuidado le competen tanto a las trabajadoras como a los trabajadores, y que la crianza de los niños y niñas puede ser llevada adelante por ambos (Goren y Díaz 2011). Asimismo, la corresponsabilidad estatal en políticas que reconcilian trabajo y familia conlleva no solo la desfamiliarización mediante la prestación pública o los subsidios a la oferta privada de servicios de Atención y Educación de la Primera Infancia, sino también, y muy importante, jornadas de trabajo compatibles con la jornada laboral de tiempo completo, con el objeto de permitir utilizar dichos servicios a madres y padres (Blofield y Martínez 2014).

Al respecto en nuestro país, la medida de la implementación de la Asignación Universal por Hijo (en adelante, AUH)36 resulto un paliativo en parte, a la inequidad del sistema de seguridad social, al extender la cobertura del sistema de las asignaciones familiares por hijo a aquellos que no realizan aportes al sistema contributivo (Trajtemberg y Goren 2010). Sobre la AUH, la literatura especializada en el tema señala que en estos programas, las mujeres han sido depositarias de responsabilidades y obligaciones más que de derechos. Estas políticas han recibido fuertes críticas que señalan que los programas de transferencia condicionada de ingresos han llevado a las mujeres de regreso a la esfera privada, y las colocan en una situación de inferioridad respecto de la participación política y social, al ser ellas las que son responsables de cobrar el plan. Es decir, la crítica es que este tipo de programas reproduce la tradicional división sexual del trabajo y refuerza el papel de la mujer como principal responsable de la familia. Se señala que no contemplan acciones a favor de la conciliación entre trabajo y familia, asumen que los cuidados, especialmente de niños/as, son una responsabilidad individual (no social) y circunscrita a las madres (Goren 2013b). Aunque por otro lado, en casos relacionados con violencia de género, las asignaciones podrían haber permitido que muchas mujeres lograran salir del círculo vicioso de dependencia económica de los perceptores de ingreso masculino.

36 A fines de octubre de 2009, por medio del decreto 1602/09, el Poder Ejecutivo anunció la implementación de una “Asignación Universal por Hijo para Protección Social” (AUH), que luego fue extendida -mediante la Resolución 235/2011- a todas las embarazadas desde la semana doce de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, siempre que no exceda las seis mensualidades. Esto implica la ampliación del sistema de seguridad social, de modo que se complementa el sistema contributivo y no contributivo de asignaciones familiares.

34

Autonomía económica

MARCO LEGAL Ley 20.744. Ley Nacional de contratos de trabajo. Que otorga a los trabajadores dos días corridos de licencia especial por nacimiento de un hijo. Y a su vez, en sus art. 177-183, establece el derecho a 90 días de licencia de maternidad remunerada por el nacimiento de un niño. Un trabajador puede optar por tomar 45 días de licencia antes del parto y 45 días después del parto. La licencia obligatoria que deben tomarse las mujeres antes del parto es por lo menos 30 días, los días restantes se pueden agregar al período de licencia postnatal.

Ley 24.714. Ley Nacional de régimen de asignaciones familiares. Dispone en sus arts. 6, 11 y 18, que durante la licencia de maternidad se paga el salario íntegro. El pago se realiza a través de las cajas de compensación familiar que se financian con las contribuciones de los empleadores y del Estado. Con el fin de aprovechar los beneficios en efectivo, la trabajadora debe haber estado trabajando con el empleador durante un período de tres meses o haber recibido beneficios por desempleo. El subsidio por maternidad es equivalente a la remuneración que se habría pagado a un trabajador si estuviera trabajando en ese momento.

Convenio núm. 156 y la recomendación núm. 165 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Se refiere a la igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras. Reconoce os problemas y necesidades particulares que enfrentan los trabajadores con responsabilidades familiares, definidos como “trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos/as a su cargo, y con otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella”.

Convenio núm. 183 y la recomendación num. 191 de la OIT sobre la protección de la maternidad. El Convenio (núm. 183) fija una licencia de al menos 14 semanas y un período de seis semanas de licencia obligatoria, con posterioridad al parto. Además, se establece el derecho a una licencia adicional en el caso de enfermedad o complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. También se prevé que las prestaciones en dinero durante la licencia deben ser de un mínimo de dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer y deben financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos.

Ley 24.828. Ley Nacional de incorporación de las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y pensiones de 1995.

2.2. Brecha de género Tanto en los empleos registrados como en los no registrados, las mujeres trabajan menos horas que los varones. Esto, parece ser una clara expresión de cómo los patrones socioculturales que se les asignan a las mujeres, relacionados con compatibilizar vida pública y vida privada, atraviesan todos los sectores (Goren y Díaz 2013).

A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento (OIT 2016); en otras palabras, las mujeres perciben ingresos laborales que resultan, en promedio, sustancialmente menores que el que reciben los varones (Ver Tabla 21). Como ya hemos señalado, las evidencias muestran que la segmentación horizontal y vertical, ubica a las mujeres en sectores y en ocupaciones de baja productividad y, por tanto, de menor nivel de retribuciones monetarias (Trajtemberg y Goren 2010).

35

Autonomía económica

Tabla 21 Brecha de ingreso (empleo registrado). Ingreso medio de los ocupados en pesos.

Año

Varones

Mujeres

Brecha de ingreso

2013

5.095

3.875

23,9

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, MTEySS, en base al SIPA.

Según el Foro Económico Mundial, en 2015 argentina se encontraba en el puesto 36° a nivel mundial, con un índice de brecha de género de 0,734037. Este índice se construye teniendo en cuenta el resultado obtenido en cuatro áreas críticas de la desigualdad de género: participación y oportunidades económicas (remuneración, participación y puestos de trabajo de alto nivel de especialización), educación (acceso a niveles de educación básicos y superiores), salud y supervivencia (esperanza de vida y proporción entre sexos) y empoderamiento político (representación en las estructuras de adopción de decisiones) (Gelambi Torrell 2015).

Las estadísticas muestran cómo los varones se insertan mayoritariamente en los sectores de actividad en que los salarios son más elevados, mientras que las mujeres se lo hacen dentro de los sectores donde los salarios son menores (Ver Tabla 22). Además, aquellos son sectores con alto grado de formalización, que se diferencian de los sectores en los que se insertan las mujeres (Goren y Díaz 2013).

Tabla 22 Brecha de ingreso por calificación Año

Profesional

Técnica

Operativa

Sin calificación

Total

2013

20

23

18

36

24

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, MTEySS, en base al SIPA.

2.3 Un caso para analizar: mujeres en ciencia Siguiendo el patrón general de la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la esfera pública, la historia de las científicas ha pasado de la exclusión a la segregación (horizontal y sobre todo vertical). En nuestra región, existe una brecha evidente entre la participación de las mujeres en el total de investigadores y su participación en la categoría más alta: en México las cifras son del 31% y el 16%, en el Brasil ascienden al 38% y al 25%, y en la Argentina son del 55% y el 28%, respectivamente. La ciencia se ha desarrollado históricamente en ausencia de las mujeres, por lo que los criterios de evaluación y promoción de la carrera académica estándar se basan en el ciclo vital y profesional masculino de corte tradicional (Bercovich y Scuro 2014). De este modo las mujeres que aspiren a una carrera profesional como investigadoras, se deben ajustar a estándares, normas y valores pensados para los hombres.

En consecuencia con lo antes dicho, hay barreras para que las mujeres ingresen, permanezcan y tengan un lugar de reconocimiento en el sistema científico, estas son: el peso del trabajo de cuidado y no remunerado en el comienzo de la carrera; el lugar predominante de lo masculino en la estructura de poder del campo científico tecnológico; y, los estereotipos de género que permean de modo imperceptible muchas elecciones individuales y conductas (Lupica 2015).

En el caso de la Argentina, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el análisis de la distribución por sexo según la categoría alcanzada muestra claramente cómo las mujeres son mayoría en los niveles inferiores y su participación va decreciendo 37 Disponible en internet: http://www.datosmacro.com/demografia/indice-brecha-genero-global

36

Autonomía económica

en las categorías superiores (Ver tabla 23). Sin embargo, en los últimos siete años se incrementó la presencia de mujeres en las categorías más jerárquicas, a pesar que los cambios logrados no alcanzan valores significativos. Asímismo el incremento de investigadoras ha sido en áreas que tradicionalmente ocuparon las mujeres, como son por ejemplo las humanidades (ver Tabla 24)

Tabla 23 Investigadores en CONICET por categoría y género en Argentina 2015 Total

4610

4246

8856

Mujeres

Hombres

Total

Asistentes

1817

1313

3130

Adjuntos

1480

1258

2738

Independientes

959

1053

2012

Principales

313

491

804

Superiores

41

131

172

Fuente: CONICET

Tabla 24 Investigadores CONICET por Gran Área del Conocimiento y Género (2015) Área

Mujeres

Hombres

Total

KA – Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales

909

889

1798

KB – Ciencias Biológicas y de la Salud

1629

1078

2707

KE – Ciencias Exactas y Naturales

842

1279

2121

KS – Ciencias Sociales y Humanidades

1091

850

1941

KT – Tecnología

139

150

289

Total

4610

4246

8856

Fuente: CONICET

En relación al estado civil las mujeres que alcanzaron las categorías más altas, en su mayoría no formaron una familia. Según Franchi et al. (2008) en los datos no se puede discernir si permanecer solteras fue una opción o una imposición para el éxito en sus carreras. A su vez, se observó que destacados mujeres del sector científico tecnológico, cuyas edades oscilaban entre los 60 y 70 años, habían “decidido” no establecer una familia, por las presiones laborales.

Asimismo, hay que considerar que los trabajos de cuidados de los hijos de las investigadoras, pueden retrasar el avance en sus carreras. Según RAGCyT38 en una misma categoría de CONICET, la cantidad de mujeres solteras y sin hijos era muy superior a los hombres solteros y sin hijos. Lo que hace pensar en cuáles son las tareas de corresponsabilidad, que se extienden a este ámbito, y que podrían estar dificultando el ascenso de las mujeres en favor del ascenso y crecimiento profesional de sus cónyuges.

Si bien el CONICET y las áreas de ciencia se consideran meritocráticos, como señala Diana (Maffía 2016) las mujeres tienen problemas, y muchos, para ganarse su lugar. A su vez, se encuentran ante situaciones de desigual, conflictos entre responsabilidades en el ámbito del cuidado y falta de políticas públicas que perciban y subsanen estas desigualdades, diferencias en las conforma38 Red Argentina, de Género, Ciencia y Tecnología.

37

Autonomía económica

ciones familiares de varones y mujeres que han alcanzado estratos superiores en la ciencia (que muestran el precio desigual de la competencia). No obstante, a partir de los análisis y estudios de estas problemáticas, se llevaron medidas concretas en CONICET vinculadas a los límites de edad en el acceso a las becas y a la carrera de investigación (que perjudican específicamente a las mujeres porque coinciden con el período reproductivo) y a los procedimientos y plazos vinculados a la entrega de informes que coincidan con la gestación y parto, estas desigualdades persisten.

MARCO LEGAL Convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT). Cinco de ellos han sido establecidos como instrumentos clave para lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo: el Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración; el Convenio N° 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación; el Convenio N° 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y los Convenios N° 103 y N° 183 sobre la protección de la maternidad en el trabajo.

Plataforma de acción de Beijíng. (Puntos 35, 33, 182, 183 y 190b). Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos. Asimismo, resalta la necesidad de que las mujeres participen equitativamente en las esferas técnicas y de adopción de decisiones dentro del contexto de las comunicaciones y los medios de difusión. Y también que se cumpla con objetivo aprobado por el Consejo Económico y Social de que hay un mayor porcentaje de mujeres en puestos políticos públicos electivos, y directivos. Para 1995 haya un 30% de mujeres en puestos directivos.

REFLEXIONES FINALES PARTE II El logro de autonomía económica de las mujeres implica necesariamente superar diversos obstáculos, entre los cuales están los hasta aquí mencionados: las diferencias en los ingresos, el tiempo de trabajo total, la corresponsabilidad, la brecha de género en sus diversas manifestaciones y el acceso a distintas esferas de trabajo, como el ámbito científico.

Destacamos que la histórica división sexual del trabajo y la consiguiente asignación del trabajo reproductivo a las mujeres, constituye una barrera fundamental que ellas continúan enfrentando en el mundo laboral. Por lo tanto, la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres no serán posibles si los cuidados no se conciben como un derecho básico de ciudadanía.

A su vez, ello debe ser competencia del Estado en la provisión de servicios de cuidado, en la regulación de las responsabilidades que asumen instituciones y actores y en la redistribución del tiempo total de trabajo entre los hombres y las mujeres (Lupica 2015).

Como hemos observado a lo largo de este apartado, en Argentina el panorama no es muy diferente del resto de América latina, en donde en general los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres. Además, estas últimas presentan niveles más altos de desempleo e informalidad laboral en comparación con los hombres. Esto se manifiesta más allá del nivel educativo alcanzado, es una barrera que afecta a las mujeres en su totalidad, poniéndolas en una posición débil respecto de su autonomía. Además la cantidad de hora de trabajo varía considerablemente, donde los hombres trabajan más de cuarenta horas, solo la mitad de ese porcentaje de mujeres lo hace.

Además, en general las mujeres quedan relegadas a ciertas ramas de la actividad, aisladas de las posibilidades de ascender en muchos casos en la estructura jerárquica en sus trabajos. Siendo las más afectadas en el tema laboral las mujeres pobres, sin educación y con hijos a cargo.

En relación con los mandatos culturales, las responsabilidades de cuidado (trabajo no remunerado) desigualmente distribuidas, contribuyen a sobrecargar a las mujeres e impedirles muchas veces avanzar en su autonomía económica. El porcentaje muy alto de mujeres que trabajan así, a su vez están ayudando al incremento de las ganancias, porque al hacer el trabajo de cuidado los hombres pueden trabajar sin hacerse responsables de las horas de trabajo reproductivo, posicio38

Autonomía económica

nándolas en una relación de explotación oculta.

Por otro lado se mantiene una brecha de género elevada que lo que indica que sigue habiendo un grado elevado de desigualdad en los salarios, participación puestos de trabajo, y empoderamiento político. A su vez esta brecha se extiende hacia la posibilidad de acceder a avances en la tecnología de la educación y la información. Las TICs39 son importantísimas en términos de generar la autonomía e independencia de las mujeres. Si además de los años de escolaridad se considera el acceso a los avances tecnológicos de las últimas décadas, se corrobora una evidente brecha digital de género en detrimento de las mujeres, quienes presentan menores tasas de uso y adopción de Internet que los hombres (Lupica 2015). Un espacio de trabajo clave en materia de sociedad de la información y género, es el que concierne a la autonomía económica de las mujeres mediante su posicionamiento en las oportunidades de empleo en la economía digital (Bercovich y Scuro 2014).

Y, finalmente hemos destacado la imposibilidad de las mujeres para acceder a determinados ámbitos laborales, como queda ejemplificado en los problemas del ámbito científico. Que evidencia que si bien hay más mujeres en el área, estas no ascienden a puestos directivos.

Mediante políticas públicas adecuadas, y ateniéndose a las legislaciones con las cuales se ha comprometido el Estado, estos problemas que van en detrimento de la AE de las mujeres debería comenzar a ser resueltos.

Asimismo, el Estado debería procurar balancear la presencia de los padres en los cuidados, mediante políticas que reorganicen los roles de género, sin que se amenazan los puestos de trabajo (Fraser en Blofield y Martínez 2014).

Para finalizar, las medidas que se tomen en favor de la autonomía financiera de las mujeres contribuirán a las economías de los países. Ya que deberían tender a liberar a las mujeres de las tareas de cuidado, facilitando su inserción en los mercados laborales (Batthyány Dighiero 2015).

Modificando la visión estereotipada de las mujeres en el ámbito de lo privado y alentando programas que tiendan a deconstruir la asignación de roles y trabajos específicos tanto para hombres, como para mujeres. Lo que se traduce en instituciones fuertes, marcos legales claros y eficazmente aplicados y actores involucrados con su alcance (Lupica 2015).

39 Tecnologías de la información y la comunicación.

39

Autonomía económica

Organismos de los que se obtuvo información:

Organizaciones que abordan estas problemáticas son: Asociación iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME). Web: http://www.aime.org.ar/ CTA Género. Web: http://www.ctagenero.org/ Ministerio de Desarrollo Social. Web: http://www.desarrollosocial.gov.ar/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Web: http://www.trabajo.gob.ar/ igualdad/ Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT). Web: http://www.ragcyt.org.ar Red Internacional Género y Comercio (IGTN). Latinoamérica. Web: http://www.generoycomercio. org/ BIBLIOGRAFÍA PARTE II: BATTHYÁNY DIGHIERO, K. (2015). Las políticas y el cuidad en América Latina. Una Mirada a las experiencias regionales. En: Serie Asuntos de género. CEPAL-ONU. Santiago de Chile.

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GELAMBI TORRELL, M. (2015). Mujeres en posiciones de alta responsabilidad en las empresas de América Latina. La igualdad de género según sus protagonistas. Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo N°7. Buenos Aires.

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(2013a). Repensando el trabajo de las mujeres en los programas de trasferencia condicionada de ingresos. En: Livro TRABALHADORAS. Pp. 163-178. Brasil.

40

Autonomía económica

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41

3.

AUTONOMIA DE LA TOMA DE DESICIONES

La autonomía en la toma de decisiones se refiere a la presencia de mujeres en distintos niveles de los poderes del estado y las medidas que se llevan a cabo para promover su participación plena en igualdad de condiciones. Está relacionado con la independencia política, y la participación en la toma de decisiones que afectan su vida y colectividad.

Hoy en día las mujeres representan aproximadamente el 68% de la fuerza laboral del sector formal , y esta proporción se ha venido incrementando desde los últimos años (Ver Tabla 25). No obstante, al revisarse las estadísticas de empleo se observan grandes disparidades en los sueldos, las tasas de empleo, las oportunidades de progreso en la carrera profesional y una segregación laboral vertical y horizontal (Ver apartado 2. Autonomía Económica). Las mejoras regionales de estas desigualdades en el ámbito laboral han sido lentas (Piazze 2009).

Tabla 25 Tasa de participación en la fuerza laboral (% de 15 años de edad y mayores). Año 2013.

Mujeres

Varones

47,5

75,0

Fuente: PNUD-ONU

Si bien en la Argentina en los últimos años ha habido grandes avances en materia de derechos, persisten aún fuertes inequidades entre varones mujeres en el mundo del trabajo. Esto no hace más que poner de relieve la forma en que la división sexual del trabajo se expresa en dicho mercado, donde las mujeres siguen insertándose mayoritariamente en el sector de servicios, en puestos de menor jerarquía y menores remuneraciones, en trabajos a tiempo parcial y con escasas posibilidades de ascenso (Goren y Díaz 2011).

Y debemos resaltar aquí que la mujer que debido a su trabajo, logra independizarse económicamente del hombre, no se encuentra por ello en una condición social, cultural y psicológica, igual a la de aquel (Manni 2010).

3.1. Las mujeres en el sector empresarial.

En las últimas décadas, el modelo de lo público y lo privado, ha resultado alterado por los cambios en las estructuras y dinámicas familiares, el aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo remunerado, la flexibilización de las condiciones de trabajo, el avance educativo de las mujeres, por transformaciones en la orientación de la política social y por cambios demográficos, jurídicos y culturales (Faur 2006).

En el sector empresarial, estilos particulares de liderazgo femeninos se asocian con un aumento de la efectividad y rentabilidad. Dichos comportamientos, como el depositar expectativas, otorgar reconocimiento y tomar decisiones de forma participativa, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres; además, están más preocupadas por el desarrollo de las personas de sus equipos, menos orientadas hacia el poder y más abiertas a correr riesgos que sus contrapartes masculinos (Bercovich y Scuro 2014). Entonces, ¿A qué se debe que siga existiendo una brecha en los cargos directivos y de mayores salarios y toma de decisiones? siguiendo a Zabludovsky (en Gelambi Torrell 2015) “la falta de oportunidades para las mujeres (en las empresas) tiene que ver con la propia cultura organizacional que tiende a reproducir de forma exponencial las característica de lo “femenino” y lo “masculino”. Para descifrar la cultura de género empresarial se ha preguntado a las mujeres entrevistadas si los hombres y las mujeres reciben el mismo trato en su empresa, si tienen las mismas oportunidades, si son evaluados con los mismos criterios y se les exige lo mismo en las mismas posiciones de responsabilidad (Ver Tabla 26).

42

Autonomía de la toma de desiciones

Tabla 26 Mujeres en cargos ejecutivos, directorios, en perspectiva comparativa Directorios

Juntas o comités ejecutivos

País

Número de empresas estudiada

Presidentas o CEO

Número total de cargos

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Número total de cargos

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Argentina

10

0

112

8

7.1

112

2

1.8

Brasil

10

1

95

7

7.4

83

4

4.8

Venezuela

3

0

13

0

0.0

49

7

14.3

Uruguay

2

0

10

2

20

15

3

20

Datos tomados de Bercovich y Scuro 2014

Según el PNUD-ONU- CEPAL la presencia de hombres y mujeres en directorios y comités ejecutivos en las mayores empresas para 2014. Por un lado, la presencia en directorios de las mujeres, es de 7,1% y, respecto a los hombres, 92,9%. Por otro, en comités ejecutivos hay una presencia de 1,8% de mujeres, respecto de un 98,2% de hombres (Ver Tabla 27). En consonancia con esto, en los directorios y comités de las mayores empresas del sector producción, hay una proporción femenina siempre menor.

Tabla 27 América Latina: presencia de mujeres y hombres en los directorios y comités ejecutivos en la mayores empresas, 2014 (En porcentajes) Directorios

Comités ejecutivos

Mujeres

Varones

7,1

92,9

7,4

Países

Mujeres

Varones

Argentina

9,3

90,7

92,5

Brasil

4,8

95,2

3,6

96,4

Chile

6,5

93,5

10,2

89,8

México

6

94

20

80

Uruguay

14,3

85,7

Fuente: CEPAL

3.2. Las mujeres en cargos públicos.

Tres presidentas gobiernan actualmente en América Latina y el Caribe y en los últimos años ha aumentado el número de legisladoras, juezas e intendentas, lo que permite señalar que en los últimos 20 años se han registrado grandes e importantes avances. Al analizar los distintos poderes del Estado, no obstante, se constata que la presencia de las mujeres es incipiente y dista de la paridad de género en la mayoría de los países. En Latinoamérica, entre 2003 y 2013, la presencia de mujeres en las legislaturas de la región aumentó del 19% al 26%. Las diferencias entre un país y otro son notorias: mientras que en varios Parlamentos, como los de la Argentina, Costa Rica, el Ecuador, México y Nicaragua, la presencia de mujeres ronda el 40%, en otros, como los del Brasil y Panamá, esta no alcanza al 10% (CEPAL 2014).

Por un lado, la escasa presencia de mujeres en las mesas de negociación colectiva y las dificultades para el cumplimiento de la Ley de Cupo Sindical, son un llamado de atención en lo relativo a encontrar estrategias novedosas para su participación en el mundo del trabajo. el Estado como los sindicatos tienen las herramientas necesaria e iniciativas para promover la participación de las mujeres como motor de la inserción y de igualdad de las mujeres (Goren y Diez 2011).

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Autonomía de la toma de desiciones

Por otra parte, la composición de los gabinetes ministeriales (ver Tabla 28) registra variaciones importantes entre los distintos períodos presidenciales en los países, lo que da cuenta de que el aumento de las mujeres en los gabinetes no es un proceso que va en una sola dirección sino que hay situaciones de retroceso y estancamiento. En el caso de Argentina el porcentaje de puestos ocupados en el parlamento nacional ha aumentado en los últimos diez años (ver Tabla 29) llegando a ser un 37% en el 2014, a su vez que también lo ha hecho en los gabinetes ministeriales. Asimismo, la presencia de mujeres en parlamentos nacionales es de un 36,2% y 38,9%, en la cámara baja y en el senado respectivamente (ver Tabla 30). Finalmente, en el ámbito de las localidades Argentinas, el porcentaje de mujeres intendentas entre el 2011-2013 es de 10,2% (Tabla 31). A nivel de estas últimas, el incremento ha sido bajo y los avances han sido un ritmo lento, de modo que la mayoría de los países de la regiones se sitúa por debajo del 20% y el promedio regional llega solo al 11,7%, es decir, solamente 1,5 puntos porcentuales más que el promedio de nuestro país.

Tabla 28 Participación de mujeres en gabinetes ministeriales de Argentina(en porcentajes) 2014 Mujeres

20,86667

Hombres

79,13333

Fuente: CEPAL

Tabla 29 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional Argentino (%) 1990

2000

6

27

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

31

31

34

36

35

40

40

39

39

37

37

37

37

Fuente: Inter- Parliamentary Union

Tabla 30 Mujeres en parlamentos nacionales: Clasificación mundial 2015 Posición en el ranking mundial

País

23

Argentina

Cámara baja

Cámara Alta o Senado

Elecciones

Banca

Mujeres

%M

Elecciones

Banca

Mujeres

%M

10-2013

257

93

36,2

10-2013

72

28

38,9

Fuente: Inter-parlamientary union

Por su parte en el poder legislativo, la participación en el máximo tribunal de justicia, según la CEPAL, es de un 28.6% al 2014 (Tabla 32).

Tabla 31

Tabla 32

Mujeres intendentas (en porcentaje) 2011-2013

10,2

Fuente: CEPAL

Participación de mujeres en el máximo tribunal de justicia 2007 a 2014

28,6

Fuente: CEPAL

44

Autonomía de la toma de desiciones

En la mayoría de los países que cuentan con legislación de cuotas se puede constatar un aumento significativo de parlamentarias en relación con el período previo a la implementación de cuotas. Así, la cifra de mujeres que integran el Parlamento aumentó un 36,6% en la Argentina (CEPAL 2014).

La situación descripta permite afirmar que, las leyes de cuotas han sido exitosas para aumentar la presencia de mujeres en los Parlamentos. De modo que transforman la composición y permiten la configuración de una masa crítica de mujeres, que generen las condiciones favorables para la plena participación y representatividad de las mismas.

MARCO LEGAL Ley 24.012. Ley de cupo que reforma del Código electoral Nacional. Esta ley establece un piso mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales. En este contexto, las instituciones políticas comienzan a avanzar en la incorporación de mujeres. Argentina es precursor en la región en la implementación de cuotas para la representación de las mujeres, y también en relación a la colocación de la mujer en las listas y los mecanismos de sanción para el incumplimiento de la cuota. La cuota es obligatoria, por lo tanto, las listas que no cumplan con la norma no pueden ser inscritas, y más aún, cualquier ciudadana/o que considera que las listas no cumplan con el requisito de cuota pueden impugnarla.

Ley 25.674. Ley Nacional de cupo sindical femenino del 2002.que establece Cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales, deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadoras de dicha rama o actividad.

Nivel jerárquico Bajo de los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer (MAM) con la creación por el decreto N° 1.426/92 de Consejo Nacional de la Mujer, dirigido actualmente por la Fabiana Túnez.

Plataforma de Acción de Beijing. Capitulo IV, G. Capítulo IV. G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Y Los objetivos estratégicos G1: Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Y el objetivo G.2: aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos.

Ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW Ley Nacional 26.171 del 2006 .

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Autonomía de la toma de desiciones

REFLEXIONES FINALES PARTE III En esta sección quisimos dar cuenta de cómo ha cambiado en las últimas décadas la estructura de la toma de decisiones. Si bien, no han sido cambios revolucionarios, son pequeños cambios que se vienen dando desde la implementación de leyes de cuotas.

Las diferencias siguen siendo marcadas. Por un lado, en el sector privado las brechas en los cargos directivos continúan, en detrimento de las posibilidades de las mujeres. Desde lo público por otro lado, hay mayor participación de las mujeres en las dependencias del estado, en puestos importantes como presidentas, senadoras, diputadas, pero siguen siendo porcentajes bajos con respecto de los hombres.

Con respecto a la representación de las mujeres en el ámbito de la política, quisimos mostrar que constituye un logro de la autonomía de las mujeres y es un objetivo de igualdad fundamental.

Consideramos que la representación de la mujer y su acceso a puestos representativos y cargos directivos en los partidos y los gobiernos, no tiene mayor significancia si no va acompañado de la formación de masa crítica que produzca un cambio cualitativo en las relaciones de poder. Ahora bien, cuando las mujeres entran en campos dominados tradicionalmente por hombres, existen fuertes propensiones a masculinizarse (Johnson 2006), lo cual se debe evitar. Entonces, es vital que se genere una masa crítica de mujeres para avanzar en cambios en la cultura, el discurso y la agenda política, ya que como minoría, no se podrá avanzar (Johnson 2006).

Por ultimo, el desafío debe ponerse en consolidar y profundizar los cambios sociales y culturales que se han venido desarrollando en los ultimos tiempos. Solo de esta forma las mujeres, participarán de tomas de decisiones que las incluyan conforme a sus demandas particulares. Si uno de los objetivos de nuestro país es generar una gobernabilidad democrática con base en la equidad de género, es necesario que las mujeres tengan fuerza y mayor legitimidad en los debates articulando los particulares reclamos de género con los intereses más generales de la democracia (Guzman, 2003).

46

Autonomía de la toma de desiciones

Organismos de los que se obtuvo información:

Organizaciones que abordan estas problemáticas son: Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur (CISCSA). Red Mujer y Hábitat LAC. Proyecto: GENDER HUB HABITAT. Web: http://www.redmujer.org.ar/hub_gender.html Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Web: http://www.oas.org/es/cim/ Fundación Mujeres en igualdad. Web: http://www.mujeresenigualdad.org.ar/ Mujer y Gobierno. Web: http://www.mujerygobierno.com.ar/ Organización Argentina de Mujeres Empresaria (OAME). Web: http://www.oame.org.ar/ BIBLIOGRAFÍA PARTE III: BERCOVIC, N. y L. SCURO (2014). El nuevo paradigma productivo y tecnológico: la necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres”. Libros de la CEPAL N° 131. Santiago de Chile.

FAUR, E. (2006). Género, masculinidades, y políticas de conciliación familia-trabajo. Nómadas n°24. Universidad Central. Colombia.

GELAMBI TORRELL, M. (2015). Mujeres en posiciones de alta responsabilidad en las empresas de América Latina. La igualdad de género según sus protagonistas. Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo N°7. Buenos Aires.

GOREN, N. y E. DÍAZ (2011). La negociación colectiva como mecanismo de promoción de la equidad de género y diversidad. Documento de trabajo N° 1. En: Colección mujeres y trabajo.

Argentina.

GUZMÁN, V. (2003). Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible. Publicación de Naciones Unidas. Santiago de Chile.

JOHNSON, N. (2006). Actuación parlamentaria y diferencias de género en Uruguay. Política 46.

MANNI, L. (2010). Cambios en las representaciones sociales e identidades genéricas de mujeres profesionales.

Aljaba. Pp. 135-156. Luján, Buenos Aires.

MUSALEN, S. (2005). Equidad de género y participación política de la mujer. En OCDA. Mujer y desarrollo: desafíos para el Humanismo Cristiano. Honrad Adenauer Stiftung.

PIAZZE, A.I. (Ed.) (2009). Género y negocios. Casos exitosos en cuatro continentes. Banco interamericano de desarrollo. Disponible en la web: http://www.equality-network.net/sites/equality-network.net/files/Genero_y_negocios_casos_exitosos_en_0.pdf 47

Autonomía de la toma de desiciones

DOCUMENTOS WEB PARTE III: Inter-Parliamentary Union. Disponible Web: http://www.ipu.org/english/home.htm Ley 24.012. Disponible Web: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/411/norma. htm Ley 25.674. Disponible Web:http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80046/norma.htm Ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW Ley 26.171 del 2006. Disponible Web: http:// www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley%2026171.pdf

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CONCLUSIONES GENERALES En este informe se ha buscado plantear un enfoque integral de las problemáticas en torno a la autonomía de las mujeres en tres dimensiones propuestas por el observatorio de Igualdad de género de la CEPAL: Física, Económica y de la Toma de decisiones. Y dar cuenta sobre todo, de la diversa variedad de matices que puede tomar la desigualdad y discriminación de género. Para lo cual es vital tener en cuenta la diferente incidencia de las problemáticas según la clase social, el origen étnico, la discapacidad, la cultura, la condición jurídica, la edad o la orientación sexual (CEPAL 2014).

La problemática en Argentina, presenta algunas variantes, pero no se puede separar completamente del panorama latinoamericano. En muchos aspectos nuestro país se reconoce pionera, como en la aplicación de la ley de cuotas temprana, el caso de la lucha de las organizaciones de la sociedad civil contra la violencia y la trata, o las manifestaciones y acciones de grupos de mujeres, que tuvo su clímax en el encuentro multitudinario de “NiUnaMenos” durante el 2015. Quizás esto tenga que ver con un panorama sombrío en cuanto de la igualdad entre los géneros que ya es insostenible para la mayoría de la población.

Para poder cambiar los obstáculos en el camino a la igualdad entre los géneros, primero es necesario conocerlos, de ello se desprende que debemos contar con fuentes estadísticas confiables, transparentes y públicas, y sobre todo datos disgregados por sexo. Además de monitorear la aplicación de las leyes para evaluar en qué medida están funcionando en la práctica. En nuestro país se ha lanzado un plan de acción 2014-2016, cuyo organismo de aplicación es el CNM (también organismo de aplicación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), que cuenta con varios objetivos a cumplir en el corto plazo, relacionados con la salud, la vivienda, la protección integral de la mujer, la generación de un registro único de violencia de género, etc.

Las problemáticas señaladas son solo una parte de la extensa lista por resolver que, de manera más o menos directa, inciden en la situación de la violencia de género en América Latina y el Caribe.

Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudarán a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros. Es un buen momento para que como señala Faur (2006) se genere una nueva formulación de políticas públicas que vinculen más activamente a los hombres en el contínuum productivo-reproductivo, apuntando a la construcción de un nuevo “contrato sexual”, mas igualitario.

El Estado, las empresas, organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades, y las cooperativas son actores indispensables para que se generen cambios estructurales y estructurantes hacia una sociedad más igualitaria, en donde se busque y concrete el empoderamiento de las mujeres. Es necesario expresar claramente que la violencia contra la mujer es inaceptable y que su eliminación es una responsabilidad pública. La presencia de más mujeres en los espacios de toma de decisiones de los distintos organismos antes mencionados, significa ampliar la mirada hacia temas históricamente invisibilizado de la discusión pública, como el cuidado, el acceso a la salud sexual y reproductiva, y la violencia de género y su relación con el logro de autonomía física, económica y de la toma de decisiones.

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En el presente informe nos hemos propuesto explicitar el marco normativo que obliga al Estado Nacional y los gobiernos locales a realizar pasos rotundos hacia la promoción de las mujeres en los distintos ámbitos de la autonomía. Las leyes no cambian la realidad, pero permiten reclamar a las autoridades y los gobiernos que se cumplan. En este sentido se estaría asumiendo acciones para alcanzar uno objetivos incluidos en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se reconoce que la equidad de género es una de las dimensiones indispensables en cualquier objetivo sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y un factor clave en la efectividad de las medidas por parte de todos los actores. O como se señala en la Constitución Nacional, que le otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales entre otros consagran el mencionado principio de igualdad y no discriminación (Trajtemberg y Goren 2010).

Para finalizar, queremos dejar en claro, que este informe es solo la recopilación de mucho trabajo que han venido realizando a lo largo de los años múltiples actores, desde el Estado, pasando por organismos internacionales, activistas, hasta organizaciones de la sociedad Civil. Y es un punta pie inicial, el cual se realiza en pos de generar una contribución al ordenamiento de datos y una vía de entrada a que diversas miradas e interpretaciones se puedan hacer sobre la problemática de género.

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Sumar para la igualdad En esta investigación se buscó contribuir a la comprensión de distintas problemáticas de las mujeres en torno a la autonomía en Argentina.

Desde FORS consideramos que es un puntapié inicial para comenzar a pensar posibles acciones y propuestas que permitan acortar las brechas actuales hacia la igualdad de género.

Seguramente en esta investigación los recortes analíticos realizados no dan cuenta acabadamente de la infinidad de formas que pueden tomar las problemáticas de la mujer en nuestra sociedad.

Es por ello que dejamos abiertas las puertas de este espacio colaborativo y participativo para que todas las organizaciones puedan hacer su aporte sumando datos, ideas, experiencias y propuestas.

Para ponerse en contacto con el Área de Indicadores & Género: indicadoresygenero@ors.org.ar www.fundacionors.org/indicadoresygenero

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