El estudio realizado por la abogada Jessica Matus para Fundación Pro Acceso, indaga en el problema de equilibrio que existe entre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos, basándose en que los organismos públicos deben entregar la información de funcionarios por garantía constitucional, al mismo tiempo que existen excepciones, cuando se trata de cuestiones personales de empleados públicos. La investigación indaga en la falta de un órgano regulador ante esta situación y propone alternativas para establecer los límites de cada norma.
