El presente estudio busca medir el tratamiento que el servicio público le entrega a las bases de datos personales y si sus instituciones cumplen con la Ley Nº 19.628, sobre la protección de aquella información. Para ello, se monitorean el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y algunas de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia en materia de protección de datos personales.
Se evaluaron áreas relacionadas con la disposición de bases de datos personales, su inscripción, los niveles de seguridad con los que cuenta el servicio u organismo, las garantías para el ejercicio de los derechos de los titulares de datos, entre otros.
Este es el cuarto estudio de estas características que realiza la Fundación Pro Acceso. El primero se efectuó en 2009, el segundo en 2011 y el tercero en 2012.
