Apuntes Ciudadanos

Editado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) número 1-dic 2011

nº1

#crisis

causas, consecuencias y alternativas

Apuntes Ciudadanos nº 1 Diciembre de 2011

Edición digital: www.apuntesciudadanos.net Edita: Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) C/Bocángel, 2. 28028. Teléfono 91 725 29 09. Fax: 91 725 06 23 www.aavvmadrid.org | correo electrónico: fravmprensa@aavvmadrid.org Consejo editorial: Mª Carmen Lostal, Mercedes San Ildefonso, José Ángel Vicente Cabanillas, Manuel Osuna, Carmen Míguez, Tomás Arcos, ­Carmen Espinar, Gabriel Lozano, José Burgos, Francisco Palomera, ­Alberto Navazo, Antidio Vinuesa, Eloy Rodríguez, Isabel Rodríguez, Enrique Villalobos, Ignacio Murgui, Mariano Monjas, Vicente Pérez, ­Elvira Ojeda, José María Galán.

Comité asesor para este número: Begoña San José (Fórum de Política Feminista), Paloma Monleón (CGT), Manuel Llorente (CCOO), Eloy Cuéllar (AV Orcasitas), Carlos Pereda (Colectivo IOE) y Teresa Arenillas (Club de Debates Urbanos).

Edición y redacción: Edurne Irigoien, Óscar Chaves.

Responsable de fotografía: Sarah Bienzobas.

Fotografías de: Sarah Bienzobas, Olmo Calvo, Edu León, David Fernández, Óscar González, Miguel A. Martínez, Juan Carlos Rojas, Diagonal y FRAVM. Diseño y maquetación: Freepress S. Coop. Mad. Fotografía de portada: Olmo Calvo Imprime: Grafilan S.L. Galar (Navarra-Nafarroa).

Depósito Legal: M-8148-2012 Distribución: Publigarma.

PVP: gratuito. Por suscripción.

Periodicidad: anual.

Licencia: Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como transformarla, siempre y cuando se reconozca la autoría. Si se altera o transforma esta obra, o se genera una obra derivada, sólo se podrá distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a esta.

Aviso: al reutilizar o distribuir la obra, se tienen que dejar bien claros los términos de la licencia de esta obra.

Texto completo de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES

Revista subvencionada por el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

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SSPresentación

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SSEditorial

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SSA fondo #crisis Introducción: “Es solo el inicio del inicio” Cronología básica de la crisis (2007-2011)

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Las causas de la crisis Por Carlos Berzosa Comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿los paganos del ajuste? Por Manuel Llorente Crisis medioambiental: en deuda con el territorio Por Rafael Córdoba Hernández

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Pacto del euro, déficit y recortes sanitarios Por Carmen San José

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Juventud madrileña: presente de crisis, futuro incierto Por Paula Guisande

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La vivienda en España: un derecho por conquistar Por Ada Colau Madrid ante la inmigración: entre la xenofobia y la convivencia intercultural Por Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis Cuando “vivíamos bien” Por Víctor Renes

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Hacia una política de gestión de la demanda energética Por Ladislao Martínez López

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No solo queremos cuidar ni queremos hacerlo solas Por Begoña San José

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¿Otra democracia? Los impactos del cambio de época en la movilización social y política Por Joan Subirats Madrid: la ciudad que queremos Por Vicente Pérez El kit de la lucha en Internet para viejos militantes y nuevas activistas Por Margarita Padilla

SSGlosario: Internet y redes sociales SSConversaciones con José Manuel Naredo: “Hay que orientar el metabolismo económico hacia las antípodas de lo existente” SSReseñas SSColaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid Ciudadanía y alternativas para la renovación democrática Por Manuel Arenilla Sáez, Víctor García Segador y Ricardo García Vegas

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Presentación Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

L SSCon la extensión de los medios electrónicos, la función de los medios tradicionales debe transformarse, sin perder su sentido

as nuevas tecnologías nos permiten comunicar en tiempo real acontecimientos que consideramos relevantes, mensajes que queremos hacer llegar al conjunto de la ciudadanía, análisis que consideramos reveladores. Internet ha modificado la forma en que nos comunicábamos democratizándola, multiplicando las interacciones y las posibilidades de participación. También ha transformado los ritmos de la comunicación y el intercambio de mensajes, haciendo de la inmediatez su tiempo.

La aparición de diferentes dispositivos móviles ha acelerado aún más esa conexión inmediata, manteniendo comunicadas de manera casi permanente a miles de personas que se hacen llegar mensajes, fotos, vídeos, archivos de todo tipo...

Los acontecimientos son contados, compartidos, analizados y comentados en la red de redes en el momento en que ocurren. En ocasiones, podemos incluso presenciarlos a través de la pantalla de cualquier dispositivo móvil.

En este contexto, la función que deben desempeñar los medios de comunicación tradicionales, los que hemos venido utilizando históricamente, se transforma. No pierde sentido: cambia el sentido.

Hasta hace bien poco, una de las primeras tareas que tenían que enfrentar los colectivos sociales organizados, y entre ellos las asociaciones vecinales, era la de dotarse de un instrumento que les permitiera hacer llegar a los demás sus denuncias, actividades y propuestas, casi siempre ignoradas por los medios de comunicación de masas. El “periódico de la aso” ha sido, durante décadas, la herramienta de comunicación por excelencia de nuestro movimiento. Luego, el ingenio popular y la necesidad nos trajo las radios libres, nacidas nada más y nada menos que de la resistencia antinazi en Europa y ¡hasta alguna tele!

Pero quien ha puesto las cosas patas arriba en esta materia, sin duda, ha sido Internet, que nos ha brindado la

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posibilidad de hacer con pocos medios el periódico, la radio, la tele... La mayor parte de nuestras asociaciones cuentan con una web, un blog, un perfil en alguna red social, sitios donde subir fotos, videos y crónicas de nuestras actividades. A través de las listas de correo se mueven a toda velocidad mensajes, convocatorias, debates, etc. Evidentemente, nada de esto es definitivo.

No sustituye a las reuniones cara a cara, a los mensajes boca a boca... Ni siquiera deja fuera de lugar el boletín de siempre, que seguirá cumpliendo una función importantísima.

No todo el mundo tiene acceso a Internet, ni a sus medios y no podemos dejar fuera de nuestras asociaciones al aún amplio sector de la población que no utiliza la red.

SSEl paso de la anterior publicación a esta responde a la necesidad de crear espacios de reflexión colectiva, formación y análisis

Las nuevas tecnologías de la comunicación se muestran como un instrumento que parece óptimo a la hora de dotarnos de nuevos medios muy eficientes para ocuparnos de la actualidad más rabiosa y la comunicación directa e inmediata, la interacción y para mejorar las posibilidades de participación.

Las necesidades que, en materia de comunicación, tenemos que cubrir desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) son sensiblemente distintas a las que cada asociación debe cubrir en su territorio. La práctica totalidad de las asociaciones vecinales tiene acceso a los medios electrónicos. La web de la FRAVM refleja día a día la actualidad de nuestro movimiento dando cuenta de los hechos más reseñables. Tanto el espacio disponible, como la rapidez con la que se renuevan sus contenidos deja, por tanto, obsoleta y hace redundante cualquier publicación en papel que, con nuestros recursos, pudiéramos tratar de producir para cubrir la actualidad del movimiento vecinal.

Foto Sarah Bienzobas.

Sin embargo, y en consonancia con las propuestas lanzadas desde las asociaciones vecinales en diversas ocasiones y recogidas en el Plan Estratégico de la federación, resultan imprescindibles espacios para la reflexión, la formación y el debate que no respondan a los ritmos marcados por la vorágine del día a día. Espacios donde, por fin, lo importante no quede relegado

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Presentación

oto Sarah Bienzobas.

por lo urgente y encuentren su lugar contenidos que no quedan obsoletos de un día para otro, reflexiones, debates, formación y análisis que aborden, pausada y profundamente, una realidad cuya transformación se nos presenta como más urgente cada día, pero también más compleja.

El paso de nuestra anterior publicación a ésta responde a la necesidad de optimizar los recursos con los que contamos y de habilitar espacios para la reflexión colectiva, el debate, la formación y el análisis. Elementos que se nos antojan indispensables a la hora de mantener y renovar la utilidad social de nuestro movimiento y actualizar su carácter transformador.

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Nuestro desafío: sumar fuerzas contra la dictadura de los mercados

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esde el momento en que el gobierno reconoce oficialmente la “crisis” y anuncia toda una serie de medidas adoptadas al dictado de los denominados mercados internacionales (grandes fondos de inversiones, entidades financieras, compañías multinacionales...), el movimiento vecinal y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) salimos al paso tratando de fijar nuestro análisis con respecto a lo que entendíamos (y entendemos) por significado real de esta crisis, las dimensiones que ocupa y las consecuencias prácticas que se desprenden para el movimiento vecinal y, más concretamente, para nuestra organización.

SS Hoy nos enfrentamos ante la sustitución de la democracia por una suerte de aristocracia, de “gobierno de los mejores”

Tal y como señalábamos en el documento Crisis, estado de la situación (Fundación de Estudios Ciudadanos, 2009), “si aceptamos que la dimensión crucial de la economía capitalista es la tasa de ganancia o la relación entre el beneficio bruto generado en la producción y el costo de los factores productivos empleados, entonces el cuadro y las piezas dentro de él se empiezan a ordenar con una cierta lógica. El fin último de la actividad no es la satisfacción de las necesidades de la población, sino la persecución de la ganancia de los particulares. Ese incentivo estructural crea una tendencia necesaria al propasamiento y al desbordamiento que acaba plasmándose en el descenso de los beneficios. De ahí las crisis periódicas, que no son otra cosa que correcciones de la marcha del sistema y momentos de restauración de las ganancias declinantes”.

Los cinco millones de parados y paradas (“el ejército de reserva de la mano de obra ejerce presión a la baja sobre los salarios, las condiciones de trabajo y la capacidad de presión del movimiento sindical”), los crecientes recortes

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SS El desmantelamiento del Estado del bienestar y de la democracia por imposición del poder financiero son dos caras de la misma moneda

en materia de derechos sociales y laborales, las políticas de contención del gasto público (con reforma constitucional incluida), la privatización de servicios esenciales, el recrudecimiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población... son estrategias destinadas a la construcción de unas condiciones óptimas para los inversores, “los mercados”. Son dolorosas para la población pero, lejos de constituir accidentes o anomalías, resultan elementos funcionales para la restauración de la rentabilidad de las inversiones. La “crisis” es, por así decirlo, una gran coartada.

En nuestro análisis señalábamos que era importante no olvidar que la crisis tiene diferentes aspectos, no solo el económico. Como “consecuencia del despliegue incontestado de un modelo de desarrollo que pone el beneficio económico desmedido como único principio y fin de la actividad humana”, nos encontramos ante una crisis que, además de la económica tiene, entre otras, dos dimensiones que no podemos dejar de tener en cuenta: la política y la medioambiental.

El aspecto medioambiental de la crisis del modelo de la sociedad de mercado es, con mucho, el de mayor trascendencia e impacto en tanto en cuanto que lo que pone en cuestión es la continuidad, no sólo es la continuidad de un modelo de desarrollo concreto, sino la viabilidad misma de la vida humana sobre el planeta. Manifestaciones de este aspecto de la crisis son, además de las catástrofes naturales derivadas de los efectos del cambio climático que ya hemos conocido y las que están por venir, toda una serie de conflictos bélicos producidos por la escasez de determinados recursos como el agua.

La dimensión política presenta su síntoma más claro en una creciente distancia entre gobernantes y gobernados y en una creciente desafección por parte de la sociedad civil con respecto a “la política” o, al menos, con respecto a las formas dominantes que ha ido adoptando.

Cuando manteníamos estos debates y hacíamos públicas estas resoluciones, no vislumbrábamos el alcance de esa crisis política. Aún no se había hecho tan evidente –al menos como lo es apenas unos meses después– el traspaso de la soberanía política a las agencias de calificación de deuda y a las entidades financieras, las aparentes depositarias, ya sin recato alguno, del poder para gobernar, dictar políticas, poner y quitar presidentes y gobiernos o cambiar constituciones.

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Asamblea de la FRAVM, 27 de enero de 2011. Foto FRAVM.

La sustitución de la Política por la “gestión técnica” de la administración pública supone, en la práctica, la sustitución de la democracia por una suerte de aristocracia, de “gobierno de los mejores”, donde el poder soberano es conducido por un número determinado de personas a las que se les atribuye ser los más capacitados, y no por el pueblo.

El desmantelamiento del Estado de bienestar por imposición del poder financiero y el desmantelamiento de la democracia (incluso de la formalidad democrática más elemental) son las dos caras de la misma moneda.

Esta crisis política entraña además el riesgo, a medio plazo, de generar graves consecuencias para la convivencia y el mantenimiento de las libertades y derechos políticos que, hasta hace bien poco, nos parecían evidentes.

Cuando la acción de gobierno aparece postrada ante las exigencias de un poder económico que impone unas condiciones de vida cada vez más duras para el grueso de

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SSLa inoperancia de los gobiernos y la competencia por unos recursos cada vez más escasos abre la vía a alternativas autoritarias

la población y es incapaz de intervenir en la defensa de unas condiciones de bienestar colectivo fundamentales, amplios sectores de la sociedad podrían verse empujados a buscar la protección de los gobiernos en el único ámbito en el que parecen mantener algo de sus antiguas atribuciones: el del mantenimiento del orden público.

Esta inoperancia política de los gobiernos sumada a la dinámica del “sálvese quien pueda” propia de la competencia entre desfavorecidos por unos recursos públicos cada vez más escasos conforman una peligrosa combinación sobre la que podría sustentarse el posible ascenso social y político de alternativas de carácter fuertemente reaccionario, xenófobo, autoritario y antidemocrático.

Las contiendas electorales que han tenido lugar en los últimos meses han dejado un panorama en el que, tal y como preveíamos –algo, por otra parte, nada difícil– el poder político se concentra en manos del partido que encarna las posiciones más abiertamente liberales en lo económico y

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conservadoras en lo político. Es decir, las más acordes con las exigencias de los mercados y más dispuestas a acompañar la política de recortes sociales con recortes en las libertades públicas que pudieran parecer pertinentes para contener la previsible contestación social.

Esta concentración de poder se produce en los tres niveles de la administración pública: el gobierno del Estado, el de las comunidades autónomas y el de los gobiernos locales, en muchos casos, además, respaldados por mayorías absolutas.

Como decíamos en junio del presente año “a la luz de estos resultados podría deducirse que los gobiernos que se formarán tras las elecciones autonómicas y municipales y, más adelante, las estatales, no van a encontrar ningún contrapeso para matizar siquiera los planes y medidas de ajuste a las que vamos a tener que enfrentarnos”.

El panorama se presentaba sombrío y, en este marco, nos disponíamos a trabajar, tal y como se recogía en las resoluciones aprobadas por la FRAVM hace apenas un año, en la dirección de orientar nuestro trabajo a la articulación de todas las fuerzas disponibles en torno a la defensa de los sectores sociales más vulnerables y sus derechos: jóvenes, inmigrantes, pensionistas, mujeres..., los sectores que se vieron golpeados en primer término por los efectos de la denominada crisis y las medidas adoptadas para combatirla.

La construcción de una amplia alianza en torno a la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos y la regeneración democrática se nos presentaba (y se nos presenta) como la única alternativa posible.

Cabe decir, sin embargo, que la disposición de esas fuerzas era escasa y que, en ocasiones, la posibilidad de concretar en el ámbito local (el escenario, por excelencia, de nuestro trabajo como asociaciones vecinales) esa tarea chocaba con la debilidad de un tejido social que parecía desmovilizado, débil y ajeno a estos planteamientos. Las asociaciones vecinales

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Foto Olmo Calvo.

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nos preguntábamos por el porqué de la soledad en la que parecían caer a menudo nuestros intentos de movilización social y, con el conjunto de las organizaciones, señalábamos la poca capacidad de movilización para hacer frente a los recortes sociales.

Poco después, la realidad dio un súbito giro. “El inesperado proceso de movilización desatado a lo largo de todo el país a partir de las manifestaciones convocadas por la plataforma Democracia Real Ya para el 15 de mayo han modificado de manera sustancial el entorno en el que nos movemos, que se muestra repentinamente fértil para la movilización social y la contestación ciudadana” (resolución de la Asamblea General de la FRAVM del 16 de junio de 2011).

SSTras el 15M, nos encontramos en un ambiente de movilización, de innovación participativa, de exigencia masiva de más democracia

Sorprendentemente, a mediados de 2011 la “desafección ciudadana” que resultaba no serlo tanto por la política como por determinadas formas en la que esta ha sido monopolizada y manejada, se traduce en una ola de movilizaciones que, en contraste con la sensación de creciente desmovilización ciudadana que había imperado en los últimos años, es capaz de dibujar, a partir del 15 de mayo, un nuevo escenario que presenta no pocas novedades. Como subrayábamos en la misma resolución, “hoy, por el contrario, nos encontramos en un ambiente social de movilización, de innovación participativa, de exigencia masiva de más democracia. Asistimos al despliegue de una importante capacidad de iniciativa y de autoorganización por parte de un sector de la población que, hasta el momento, había permanecido invisible, en silencio y que hoy emerge con fuerza, haciendo gala de un sentido común, de unas capacidades comunicativas y de una disposición hacia la participación política que rompen con la imagen de pueblo adocenado y pasivo que se había ido imponiendo”.

Las asociaciones vecinales nos considerábamos parte de esa corriente social con la que compartíamos no pocas aspiraciones: la exigencia “de una democracia más participativa; la reivindicación de políticas fiscales más progresivas (...)

Un movimiento que se va definiendo como asambleario, democrático, apartidista, no violento y que está optando por implantarse en los barrios como espacio natural para el futuro escenario de su desarrollo”. Convocábamos, por ello, “a toda la ciudadanía, tanto a las personas que forman parte de las asociaciones como a las que no, a incorporarse de manera individual a las asambleas de distrito y a participar en las actividades del movimiento, aportando su experien-

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cia, sus ideas y sus capacidades”. Asimismo entendíamos que, en la medida de nuestras posibilidades, debíamos poner nuestros recursos a disposición de la consolidación de este nuevo clima de movilización social.

En este marco, las asociaciones vecinales y la federación hemos seguido trabajando y aportando todas nuestras energías a la consolidación de una alianza lo más amplia posible que haga viable la resistencia eficaz contra la imposición sin freno de la dictadura de los mercados.

SSEs imprescindible y viable construir una alianza que articule todo lo que se mueve contra la dictadura de los mercados

Así lo hemos hecho en el ámbito de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, reivindicación en torno a la que se han conseguido coordinar los esfuerzos de organizaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y asambleas populares; en el Foro Social de Madrid, que compartimos con las centrales sindicales, organizaciones no gubernamentales, de consumidores, de padres y madres de alumnos....; dando todo el apoyo que nos es posible a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y, en no pocos barrios, poniendo a disposición de las asambleas populares la estructura (locales, personalidad jurídica...) de las asociaciones vecinales.

Como fruto de estas confluencias ya están en marcha numerosas iniciativas que van desde las más restringidas al ámbito local, como la creación de huertos urbanos, de espacios de participación y gestión ciudadanas o de reivindicación de dotaciones públicas, a otras de alcance regional, como la consulta popular sobre la privatización del Canal de Isabel II prevista para principios de 2012 a iniciativa de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II con el apoyo de diversas asambleas populares del 15M, a otras de escala estatal, como la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular por la reforma de la Ley Hipotecaria impulsada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de todo el Estado y apoyada por organizaciones vecinales y sindicales.

La incapacidad para sumar fuerzas y el sectarismo corto de miras son, hoy, el primer obstáculo que debemos superar.

La práctica nos demuestra que no es insalvable. Aunque no exenta de dificultades, la construcción de una alianza amplia y diversa que permita la articulación de todo lo que se mueve contra la dictadura de los mercados es una tarea imprescindible y viable. No podemos renunciar, por tanto, a seguir intentándolo con todas nuestras fuerzas.

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fo a nd “Es solo el inicio o del inicio” ESPECIAL #CRISIS

Desde marzo de 2007, fecha en la que arrancó la crisis, hasta diciembre de 2011, los acontecimientos se han sucedido con la misma celeridad con la que circula la información en las redes sociales, labrando un presente en el que la indignación ciudadana representa una esperanza frente la fallida receta neoliberal de los gobiernos.

Redacción

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s solo el inicio del inicio”. La frase, pronunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del último Consejo de Ministros de 2011, para valorar el plan de recortes y subida de impuestos más duro de la democracia española, no deja lugar a dudas. Ante la actual coyuntura, el nuevo gobierno de Mariano Rajoy se limitará a seguir la senda iniciada por el anterior ejecutivo, ahondando más si cabe en la que parece ser la única receta para dejar atrás el fantasma de la recesión: reducción de la inversión y del gasto públicos, control del déficit, privatización de amplios sectores de la

Administración, ayuda a las entidades financieras, incremento de los impuestos universales a la renta y al consumo, desregulación del mercado de trabajo..., en definitiva, dar las últimas estocadas al Estado del bienestar para calmar, de una vez por todas, la insaciable sed de los temibles, omnipresentes y sacrosantos mercados.

El absoluto fracaso que ha supuesto la aplicación de esta misma receta en países como Gran Bretaña, Grecia o Portugal, que no han conseguido aún reducir sus elevadas tasas de desempleo, no parece haber hecho mella en los gobernantes españoles, más interesados en contentar a las expectativas de los mercados que en sacar al país de un bache cada vez más fangoso y profundo. Cuando se cierran estas páginas, que coincide con el fin del año, el desempleo habrá sobrepasado sin duda los cinco millones de parados, una cifra que no tiene visos de mejorar

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en 2012, por mucha reforma laboral y mucho control del gasto público que se tercien. De hecho, la mayor parte de las previsiones de economistas para el año que viene alertan de que el paro afectará al 22% de la población. Desde el pasado mes de agosto, la Seguridad Social, espina dorsal de nuestro malogrado bienestar, pierde casi 2.700 afiliados al día y el número de hogares que tienen a todos sus miembros desempleados ya sobrepasa largamente los 1,5 millones. Como consecuencia directa, en el primer semestre del año se produjeron 32.010 desahucios en

SSEn el primer semestre de 2011 se produjeron 32.010 desahucios en España, un 28% más respecto al mismo periodo del año anterior España, un 28% más respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En la Comunidad de Madrid, este porcentaje se eleva al 34,7%, lo que arroja un media de 39,9 desahucios al día, de lunes a viernes. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2007, hasta 2010, las ejecuciones hipotecarias se multiplicaron por cuatro en España. Al término de ese año, 271.570 familias se quedaron sin su vivienda. Cuando unos padres sin trabajo deben decidir entre pagar la hipoteca o destinar sus exiguos ingresos a alimentar y vestir a sus hijos, la segunda opción se impone por su peso.

La salida neoliberal a la crisis puesta en marcha por el PSOE de Zapatero, en

sintonía con sus homólogos europeos, ha dejado un país arrasado, donde la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado la cota más alta de los últimos 30 años. El 61% de las familias españolas tiene dificultades para llegar a fin de mes, el 21,8% de la población vive ya por debajo del nivel de la pobreza y el 25% de los niños menores de 16 años sufre malnutrición.

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Foto Sarah Bienzobas.

Frente a estos datos demoledores, Rajoy y su gabinete no parecen dispuestos a salirse un ápice de la senda marcada por la Unión Europea y el FMI, un camino que coincide con el trazado por los gigantes financieros, empezando por los alemanes, y las grandes corporaciones empresariales.

El nombramiento de Luis de Guindos, un ex Lehman Brothers, como ministro

de Economía, así como el paquete de medidas aprobado por el Gobierno a final de año muestra a las claras este hecho. En 2012 y, por vez primera, el Gobierno congela el salario mínimo interprofesional, que sigue siendo de 641,4 euros mensuales, el más bajo de la UE de los 15 a excepción de Portugal.

Además, recorta 100 millones de euros en Dependencia, dejando sin ayuda a

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150.000 personas, y congela el sueldo de los funcionarios, paralizando también la tasa de reposición de plantillas de muchas administraciones. Al mismo tiempo reduce numerosas ayudas y recorta 8.900 millones de euros de gasto público en el primer trimestre, el mayor tijeretazo de la democracia en una sola tacada, sube el IRPF y otros impuestos como el IBI. En la Comunidad de Madrid, los datos económicos y sociales difieren poco de la media española, al igual que la receta cocinada por Esperanza Aguirre y su equipo. En el municipio de Madrid sucede más de lo mismo, con la salvedad de que Alberto Ruiz-Gallardón ha dejado a la metrópoli con una deuda que los ciudadanos tardarán décadas en pagar. Los presupuestos de ambas administraciones para 2012 están atravesados por la austeridad, la congelación de salarios e inversiones, la supresión de ayudas sociales y el recorte de servicios públicos. Partidas nada desdeñables se destinarán a pagar deudas astronómicas, fruto de años de políticas del despilfarro y de grandes fastos. En concreto, la capital empleará el 22,7% de su presupuesto a sufragar los gastos financieros, el triple que en 2008.

El PP, con su mayoría absoluta en el Parlamento, la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, se siente con las manos libres para aplicar un rodillo que engrasan a diario los Rodrigo Rato, Emilio Botín y Francisco González. Pero ha de ser consciente de que la legitimidad que le han dado las urnas no está presente en la calle, donde se reproducen las expresiones de descontento e indignación, muchas de las cuales se forjaron en la segunda legislatura de

Rodríguez Zapatero. Si no fuera por estas, el panorama resultaría absolutamente desolador. Pero movimientos como el 15M, la Marea Verde de la educación madrileña, las plataformas de afectados por la hipoteca, la protesta contra los recortes en Cataluña, la lucha contra la liberalización y el progresivo deterioro de la sanidad pública o la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, por citar algunos ejemplos, dan pie a la esperanza. Una esperanza con dos caras: la de la resistencia ante el desmantelamiento de lo público y la de la construcción de alternativas. Tan importante es la primera

SSEn 2012, el Ayuntamiento de Madrid empleará el 22,7% del presupuesto municipal a sufragar los gastos financieros, el triple que en 2008 como la segunda, que se manifiesta en iniciativas tan ricas como las cooperativas de trabajo, crédito y consumo, la banca ética, los huertos urbanos comunitarios, las redes de trueque, las asambleas de parados, la lucha de las personas mayores y los jubilados, la agricultura y ganadería ecológicas, los centros sociales autogestionados, las redes sociales cooperativas, la cultura y el software libres o los medios de comunicación comunitarios. La lista, de la que se nutre el nuevo movimiento ciudadano, es tan larga como heterogéneos son sus promotores. En ella reposa en buena medida la propia supervivencia de las generaciones futuras.

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Cronología básica de la crisis (2007-2011) 2007 MARZO. La Asociación de Bancos Hipotecarios de EE UU anuncia que ha llegado a la cifra más alta de impagos en el sector en siete años. El 27 de este mes, los precios de la vivienda registran su primer descenso interanual desde 1996.

JULIO. Quiebran dos fondos de inversión del banco Bear Stearns y poco después entra en suspensión de pagos American Home Mortgage, el décimo banco hipotecario de EE UU. Antes lo hace New Century, una de las principales sociedades hipotecarias de préstamos subprime o de alto riesgo del país.

AGOSTO. El Banco Central Europeo inyecta 94.841 millones de euros en el mercado, la mayor intervención desde

Foto Mathew Knott2.

los ataques del 11-S. La Reserva Federal de los EE UU 24.000 millones de dólares.

A finales de mes, el Euribor llega al 4,661%, la cifra más alta en siete años.

SEPTIEMBRE. Los procesos de ejecución hipotecaria en EE UU se duplican respecto al año anterior.

NOVIEMBRE. Mientras el Banco de Inglaterra anuncia que la crisis de las hipotecas subprime afectará al crecimiento de Gran Bretaña, el precio de las viviendas en EE UU cae al nivel más bajo de los últimos 21 años.

DICIEMBRE. Los bancos centrales de la UE, EE UU y Gran Bretaña anuncian medidas para ayu-

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dar al sector financiero.

El banco de inversión Morgan Stanley anuncia pérdidas de 9.000 millones de dólares.

ABRIL. UBS, el principal banco suizo, anuncia pérdidas de 7.740 millones de euros. La crisis se extiende.

MARZO. Zapatero vence en unas ajustadas elecciones generales e inicia su segundo mandato.

Foto Vincent_ma3.

2008 ENERO. La tasa de desempleo en EE UU registra el valor más alto en dos años. El primer banco de este país, Citigroup, registra el peor resultado trimestral de su historia: en tres meses pierde 10.000 millones de dólares por las hipotecas de riesgo.

Las pérdidas de Merrill Lynch son similares.

Caen las bolsas mundiales ante el temor de que EE UU entre en recesión.

JULIO. El Gobierno estadounidense pasa a controlar el segundo banco hipotecario del país, IndyMac Bank, e interviene en los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. En el mes anterior corredores de bolsa y promotores inmobiliarios son detenidos por fraude.

AGOSTO. La economía de los 15 países de la eurozona se contrae un 2%.

Este verano el barril de Brent alcalza los 146,6 dólares por el aumento de la demanda de los países emergentes.

SEPTIEMBRE. El día 15, “lunes negro” de Wall Street, se declara en quiebra el cuarto banco de inversión de EE UU,

Lehman Brothers, por las pérdidas del sector inmobiliario, y poco después lo hará la mayor caja de ahorros, Washington Mutual. La Reserva Federal rescata a la aseguradora AIG y

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Foto Germeister.

los últimos dos grandes bancos de inversiones, Goldman Sachs y Morgan Standley se convierten en bancos comunes.

En la otra orilla del Atlántico, Lloyds TSB anuncia la compra del

Halifax Bank of Scotland para salvarlo de la quiebra y Bélgica, Francia y Luxemburgo anuncian que inyectarán 6.400 millones de euros para salvar el banco Dexia.

El Ibex-35 español, sin

embargo, cierra el día 19 con la mayor subida de su historia. A finales de mes el Senado estadounidense aprueba un plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares.

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OCTUBRE. El Gobierno de Islandia anuncia la bancarrota del país y toma el control del sistema bancario. Alemania aprueba un plan de rescate bancario por valor de 500.000 millones de euros y Francia presenta un plan de ayuda de 360.000 millones de euros. España aumenta a 100.000 euros las garantías de los depósitos y anuncia inyecciones de entre 30.000 y 50.000 millones de euros para aliviar la financiación de la banca.

NOVIEMBRE. La elección de Barack Obama en EE UU no logra frenar la caída de las bolsas.

La economía de la zona euro entra por vez primera en recesión.

El G-20 se reúne en Washington con la idea de reformar el sistema financiero mundial, algo que queda en un mero propósito. El Gobierno de Zapatero anuncia un plan de inversión pública de 8.000 millones de euros en obras municipales y de 3.000 millones de euros en diferentes sectores económicos.

DICIEMBRE. Francia y EE UU aprueban ayu-

Foto somosnosbles.

Foto Neon Tommy.

das millonarias a la industria del automóvil, que ya sufre las consecuencias de la crisis financiera mundial. Poco después seguirán la misma senda otros países como Gran Bretaña o España. Se suceden los ERE en las empresas de este sector. La crisis financiera pasa a ser económica y global.

2009 ENERO. EE UU alcanza la tasa de desempleo más alta en 16 años, llegando al 7,2%. Las exportaciones chinas registran el valor más bajo de la última década. El Banco Central de

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España anuncia que el país ha entrado en recesión, algo que no ocurre desde 1993. Zapatero anuncia el Plan E, un conjunto de más de cien medidas “para reactivar el empleo y la economía” por valor de 50.000 millones de euros. Su resultado es irrisorio. Gran Bretaña entra también en recesión.

FEBRERO. La tasa de desempleo en España aumenta un 6%: el Ministerio de Trabajo consigna 200.000 parados más que en el mes anterior, llegando a un total de 3,3 millones, el 14,4% de la población.

El Gobierno chino informa que 20 millones de trabajadores de la emigración interior han perdido sus empleos por la crisis global.

MARZO. Por vez primera, el Gobierno español rescata a una entidad bancaria, la Caja de Castilla-La Mancha.

ABRIL. El G-20 decide en Londres crear un fondo de un billón de dólares para asistir a los países

servicios, que aporta el 60% de la riqueza, es el más afectado. La alarma de la gripe A, que se demostrará un auténtico fiasco, llega a España.

Foto Jose Manuel Goig.

Foto European Parliament.

Foto International Monetary Fund.

con mayores dificultades ante la crisis. Zapatero cambia a su equipo de Gobierno: Elena Salgado sustituye a Pedro Solbes en Economía. El desempleo alcanza la fatídica cifra de los 4 millones de parados. El sector

MAYO. El Gobierno de ZP crea el FROB, un fondo dotado con un presupuesto de 90.000 millones de euros, e invita a las entidades con mayores problemas de solvencia a fusionarse.

JUNIO. El Ejecutivo español sube los impuestos del tabaco y los combustibles.

La Generalitat catalana reduce su gasto en 950 millones de euros. La inflación española sigue cayendo y se sitúa en el -1%. La segunda empresa de automóviles más importante del mundo, General Motors, se declara en bancarrota. El PP vence en unas elecciones al Parlamento Europeo en las que la abstención llega al 54%. Bernard Madoff, de 71 años, culpable de la mayor estafa financiera conocida, es condenado a 150 años de cárcel en EE UU.

AGOSTO. Alemania y Francia salen de la recesión.

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será la única de entre las grandes que seguirá en recesión en 2010. Se levanta el secreto de sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política de los últimos años. Caen altos cargos de los gobiernos valenciano y madrileño, ambos del PP. A pesar de su papel en la guerra de Afganistán, Obama obtiene el Nobel de la Paz.

DICIEMBRE. UGT y CC OO sacan a las calles madrileñas a 57.000 personas en defensa del empleo. España cierra el año con la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo.

2010

Foto World Economic Forum.

SEPTIEMBRE. José Manuel Durão Barroso es reelegido presidente de la Comisión Europea.

Merkel repite victoria en Alemania. El número dos del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, se prejubila por tres millones de euros brutos al año. Casos

similares se repetirán en los meses y años venideros, para indignación de la opinión pública.

OCTUBRE. Para disgusto del Gobierno de ZP, el FMI pronostica que la economía española

ENERO. La tasa de desempleo de España alcanza, por vez primera en 13 años, el 20% de la población. 4,6 millones de personas se encuentran sin trabajo.

El Gobierno adopta un duro plan de ajuste que pretende ahorrar 50.000 millones de euros en tres años. España asume la presidencia semestral de la UE.

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FEBRERO. Grecia adopta un plan de austeridad bajo la vigilancia de la Comisión Europea.

MARZO. Portugal anuncia su propio plan de austeridad, mientras Irlanda aprueba un plan de rescate bancario.

a David Cameron como primer ministro.

JUNIO. Con la oposición de los sindicatos, el ejecutivo del PSOE aprueba una restrictiva reforma laboral que será ratificada en septiembre por el Congreso.

JULIO. El Parlamento italiano adopta un contestado plan de ahorro para reducir su deuda pública.

SEPTIEMBRE. El 29 de este mes, los sindicatos promueven una huelga general contra la refor-

ABRIL. Se hace público el déficit público español en 2009, que llega al 11,2%. Mientras, arrecian las negociaciones para rescatar a Grecia.

Foto Globovision.

MAYO. El FMI y la UE aprueban un plan de rescate para Grecia de 110 millones de euros a cambio del compromiso de ahorro de 30.000 millones de euros, lo que es contestado con multitudinarias manifestaciones. El Gobierno de Zapatero aprueba un paquete de recortes que incluye la congelación de las pensiones, la supresión del cheque bebé y la reducción del salario de los empleados públicos. El Banco de España interviene Caja Sur. El Partido Conservador gana las elecciones en Gran Bretaña, aupando

Foto International Monetary Fund.

Foto Julio Robledo.

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NOVIEMBRE. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca paraliza su primer desahucio en Tarragona, inaugurando su campaña Stop Desahucios. La UE y el FMI aprueban un plan de rescate para Irlanda de 85.000 millones de euros.

Foto Meloinvento.

Foto Taimambi.

DICIEMBRE. El Gobierno cierra el año con nuevas medidas para contentar a los mercados. Sube el impuesto al tabaco, reduce los subsidios a la energía eólica y anuncia la privatización parcial de AENA y de Loterías del Estado. Un joven parado se quema a lo bonzo en Túnez, abriendo un periodo de protestas ciudadanas que conseguirá, en enero, la caída del dictador Ben Alí.

2011 Foto sierragoddess.

ma laboral de Zapatero.

Implicación de los movimientos sociales y las asociaciones vecinales. El seguimiento por sectores y territorios es desigual.

ENERO. España aprueba la reforma de pensiones, que elevará la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La rebelión en Túnez genera un efecto dominó en el mundo árabe: se reproducen las protestas en países

como Egipto, Yemen, Bahrein, Marruecos, Argelia y Libia. En febrero el dictador egipcio Mubarak abandona el poder.

MARZO. Dimite el primer ministro portugués, José Sócrates, tras el rechazo de su plan de ajustes. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprueban más medidas de ajuste y recortes,

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Foto Pollobarba.

que se concretarán en el llamado Pacto del Euro.

Los votos del PP y del PSOE sirven para tumbar en el Congreso la regulación de la dación en pago. La ciudad de Madrid cierra el trimestre con una deuda viva de 6.819 millones de euros.

ABRIL. El día 7, miles de jóvenes salen a la calle en Madrid bajo el lema

“Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”.

MAYO. El día 2, el FMI, la UE y Portugal anuncian el rescate de este país por 78.000 millones de euros en tres años. El 14, miles de personas marchan en Barcelona contra los recortes anunciados por el Govern. Un día después, decenas de miles de personas se manifiestan en 60 ciudades del país a instancias

de Democracia Real Ya! El desmantelamiento de una acampada en la Puerta del Sol genera la extensión de acampadas de protesta en ciudades y pueblos de todo el Estado. Nace el movimiento del 15M. El día 22, tras una noche de desobediencia a la Junta Electoral promovida por este movimiento en toda España, el PP arrasa en las elecciones municipales y autonómicas. El 28 de mayo, el 15M se

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extiende a los barrios: al menos 30.000 personas participan en asambleas en más de 100 barrios y pueblos de Madrid. Telefónica anuncia un ERE para despedir a 6.500 trabajadores.

JUNIO. El CGPJ publica que, durante el primer trimestre, los desahucios han aumentado un 36,9% respecto a 2010.

El Congreso rechaza hacer pública la lista de los titulares de las grandes fortunas en cuentas suizas. Zapatero anuncia que adelanta las elecciones generales, previstas para marzo de 2012,a noviembre de 2011. El día 19, el 15M consigue sacar a la calle a decenas de miles de personas en marchas contra la crisis. En Bruselas se firma el Pacto del Euro. En Grecia se suceden protestas multitudinarias contra el nuevo plan de austeridad y privatizaciones. Italia sigue la misma senda. El centro-derecha resulta vencedor en las elecciones generales lusas.

de rescate de Grecia, por valor de 158.000 millones de euros, con la participación de la banca privada. Italia da luz verde a un plan de ajuste de 79.000 millones de euros. La ONU alerta del avance de una crisis alimentaria de enormes dimensiones en el Cuerno de África.

AGOSTO. El Senado de EE UU aprueba subir el techo del gasto público, evitando que el Gobierno entre en suspensión de pagos. Berlusconi adopta el plan de ajuste más restrictivo de la UE hasta la fecha, lo que incluye el despido de 54.000 funcionarios y el retraso en la edad de jubilación de las mujeres.

Foto Fotodiagramas.

JULIO. La UE aprueba, en una cumbre de emergencia, el segundo plan

SEPTIEMBRE. En dos semanas y, a instancias

de los mercados, PSOE y PP aprueban reformar la Constitución española para incluir el equilibrio presupuestario como obligación para los futuros gobiernos. El FMI advierte del riesgo de una recesión económica global e inminente, lo que provoca una caída generalizada de las bolsas. De enero a septiembre, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid recibe 10.410 solicitudes de Renta Mínima de Inserción, un 303,3% más que en el mismo periodo de 2008. La crisis asola la clase media.

La comunidad educativa de la región se moviliza contra los recortes de la Consejería, que implican la no renovación de 3.000 interinos y un aumento de la carga lectiva de los funcionarios.

Una Marea Verde inunda las calles de Madrid.

Desde el día 22 hasta final de año, se llevarán a cabo diez huelgas en el sector.

OCTUBRE. El planeta alcanza los 7.000 millones de habitantes. España registra un nuevo récord de personas en paro, al llegar este mes a los 4.360.926 desemplea-

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dos, el 21,42% de la población activa. Es el peor dato desde la gran recesión de 2009. En la Comunidad de Madrid, la cifra es de 497.025 parados, el 17% de la población. Según varias ONG, el 25% de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición, otra consecuencia de la crisis. El número de hogares españoles en el que todos sus miembros están sin trabajo se eleva a 1,4 millones, según la Encuesta de Población Activa. El 21,8% de la población vive ya debajo del umbral de la pobreza.

Foto Populares_de_Cantabria.

NOVIEMBRE. Berlusconi dimite como primer ministro de Italia. En la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre presenta la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos (ley escoba), en virtud de la cual elimina 102 entidades y órganos consultivos, el Consejo de la Mujer y el de la Juventud, entre otros. El INE hace público que el número de empresas y de familias que se declararon en concurso de acreedores en el tercer trimestre del año subieron un 23,5% respecto al año anterior,

mientras que el número de empresas en suspensión de pagos creció un 26,2% en su tasa interanual. El precio de la vivienda baja otro 6,9% en octubre, lo que arroja un descenso del 23,7% desde diciembre de 2007.

En aplicación de la reforma laboral, los despidos por “razones objetivas”, con una indemnización de 20 días por año, se incrementan un 34,8% respecto al mismo semestre del año anterior. El día 15, la prima de riesgo generada por el pago de

la deuda soberana española llega a máximos históricos, superando los 458 puntos de diferencia con la alemana. Cinco días después, el PP gana con mayoría absoluta en las elecciones generales españolas. Mariano Rajoy asume el cargo de presidente.

DICIEMBRE. El nuevo Gobierno italiano de Mario Monti, un tecnócrata impuesto por la UE, ex asesor de Coca-Cola y de

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Goldman Sachs, aprueba el primer paquete de medidas anticrisis que suponen duros recortes para la población.

Grecia ha seguido un camino similar: unas semanas antes su primer ministro, Papandreu, es sustituido por Lucas Papademos, exvicepresidente del BCE. En España, la brecha entre ricos y pobres alcanza el nivel más alto en 30 años, según la OCDE, mientras el CIS desvela que el 61% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes.

El Ayuntamiento de

Foto Diagonal.

Madrid aprueba unos presupuestos para 2012 con una notable subida de impuestos directos (principalmente el IBI).

Estos pasan a representar el 39% de los ingresos totales, cuando en 2008 eran un 27%.

Bajan las inversiones y el 22,7% del presupuesto se destina a sufragar los gastos financieros, el triple que en 2008. La Asamblea de Madrid, por su parte, aprueba unos presupuestos extremadamente austeros.

Recorta un 15% las subvenciones y congela numerosas partidas,

como las becas de comedor y libros o las que se destinan a centros de mujeres maltratadas, entre otras muchas.

Desciende el presupuesto en educación en términos totales, siendo la universidad la parte más afectada (la inversión baja un 46%). Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los seis primeros meses del año se produjeron 5.225 desahucios en la Comunidad de Madrid, un 34,7% más que el año anterior. Mientras, las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo del 15M y de las asociaciones vecinales, se multiplican en España y en la región. En 2011 han surgido más de 50 PAH en todo el Estado.

Rajoy elige a su equipo de Gobierno, con Luis de Guindos, un exconsejero asesor para Europa de Lehman Brothers, como ministro de Economía. El nuevo Ejecutivo anuncia la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España y el mayor recorte de gasto público de la democracia (8.900 millones euros). “Es sólo el inicio del inicio” declaró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

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Foto Sarah Bienzobas.

Las causas de la crisis La crisis económica que ha seguido al estallido de la burbuja inmobiliaria presenta en España uno de sus más feroces rostros debido a su dependencia económica del sector de la construcción. Certificada la gravedad de las consecuencias de un modelo basado en la especulación y la inutilidad de las políticas de ajuste y recortes sociales para salir de la recesión, los gobernantes se resisten a romper con los poderes económicos fácticos para promover otro modelo económico.

Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días.

E

Ernesto Sábato

l estudio de la historia nos enseña que en la evolución del capitalismo se producen crisis periódicas.

Muchas de ellas son pasajeras, no generan

grandes perturbaciones ni causan grandes males, pero junto a estas surgen otras que tienen un carácter estructural y que afectan más profundamente a los fundamentos del sistema. En el siglo XX podemos distinguir dos de este tipo: la de los años treinta, y la de los setenta. Ambas provocaron cambios en el paradigma económico dominante, así como en la práctica de las políticas económicas de los gobiernos.

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La crisis actual también presenta el referido carácter estructural. No en vano, ha afectado fundamentalmente a las economías más desarrolladas poniendo en cuestión, entre otras, la creencia de que los mercados son eficientes, una idea equivocada según la cual la bondad de los mercados contrasta

SS La aparente prosperidad previa a la crisis estaba sustentada en grandes dosis de endeudamiento e inversiones en derivados tóxicos con los fallos del Estado y que se fue imponiendo desde los años ochenta entre la mayor parte de los economistas académicos. Esta tesis, defendida en el plano de la teoría, fue cada vez más asumida por los gobiernos, incluidos algunos socialdemócratas. Traducida en la práctica, propone adelgazar el sector público, privatizando empresas y servicios, disminuir gastos sociales y desregular la economía para potenciar el mercado a escala global. El sistema financiero fue, en consecuencia, desregulado, permitiendo ganancias rápidas y fáciles, un modelo que se extendió como un reguero de pólvora y que permitió que la economía especulativa se impusiera a la economía real.

Las consecuencias son de todos conocidas: la economía mundial entró en una gran recesión. Las lecciones del pasado habían caído en el olvido: con motivo de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, la creencia generalizada en

Foto Óscar González.

la eficiencia de los mercados fue cuestionada por los hechos, lo que motivó cambios en el plano teórico. Una de las contribuciones más importantes en este ámbito fue la de Keynes. Pero no solo.

Economistas como Kalecki, Myrdal y los institucionalistas discípulos de Veblen

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llegaron a las mismas conclusiones: el mercado dejado a sí mismo no es capaz ni de conseguir el pleno empleo, ni de evitar las recesiones económicas.

El estudio realizado en 1944 por Polanyi publicado bajo el título La gran transformación superó los planteamientos meramente teóricos incorporando los históricos para demostrar que la hegemonía de la economía de mercado como el principal regulador de las relaciones económicas no fue el resultado de una evolución natural, sino el producto de la mercantilización de los fundamentos comunes a cualquier sistema económico –el trabajo, la tierra y el dinero–. La sociedad moderna sometió por primera vez las bases materiales de la subsistencia humana al juego de la oferta y la demanda, lo que propició grandes inestabilidades económicas y políticas y una inmensa fragilización de las relaciones sociales que explican algunos conflictos del pasado siglo.

Los orígenes de la crisis A grandes rasgos, la crisis nace motivada por la globalización financiera, la excesiva desregulación de los mercados, una creciente desigualdad y el elevado endeudamiento de las empresas, bancos y familias, factores que dieron lugar a una fiebre especulativa y a ventas masivas en el mercado de derivados financieros tóxicos.

La aparente prosperidad que se vivió en los años anteriores a la crisis y la euforia consiguiente estaba sustentada, por tanto, en grandes dosis de endeudamiento y de inversión de los ahorros en derivados que ofrecían un alto rendimiento pero que, como ha quedado al descubierto, carecían de garantías que sustentaran ese aparente valor.

La crisis económica dura ya cuatro años si situamos su inicio en el verano de 2007, cuando la burbuja especulativa inmobiliaria estalla en Estados Unidos y se desencadena el caos provocado por las hipotecas basura. Se agrava en septiembre de 2008, cuando la crisis afecta a los bancos y el sistema financiero está próximo a derrumbarse, un peligro que conjura la intervención de los gobiernos. La crisis inmobiliaria, por tanto, se transformó en una crisis financiera de extrema gravedad, a la que siguió una gran recesión.

La depresión económica afectó a todos los países avanzados y a otros menos desarrollados a partir de 2007. La burbuja especulativa inmobiliaria, la expansión financiera con concesiones de crédito y la venta masiva de derivados, de los que muchos resultaron ser tóxicos, desencadenaron la crisis de las finanzas y del sector inmobiliario, trasladándose a la economía real y provocando una recesión, un proceso que ha estudiado con rigor Shiller1.

La crisis está adquiriendo una gravedad y una duración muy superiores a las que esperaban los líderes políticos, hombres de negocios y economistas convencionales.

En la actualidad, y aunque hemos asistido a leves recuperaciones en economías desarrolladas, reina la incertidumbre ante la persistencia de la inestabilidad del mercado financiero y de las bolsas, por lo que no cabe descartar una nueva recesión. No es aventurado, por tanto, augurar que la inestabilidad seguirá marcando las pautas del comportamiento económico de varios países, entre ellos España, que experimentará un crecimiento bajo con altos niveles de des-

1 Shiller, R. J.: El estallido de la burbuja, Gestión 2000, Barcelona, 2009.

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empleo y que los países más vulnerables de la eurozona continuarán sufriendo los ataques de los especuladores. Tampoco es improbable, en consecuencia, que asistamos a nuevos rescates.

Las acciones tomadas frente a la crisis Las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos de los países desarrollados, por la Unión Europea y por el G-20 han resultado, cuanto menos, desacertadas.

Es cierto que no existen manuales de actuación para hacer frente a los problemas derivados de la crisis, pero sí se debería aprender de crisis pasadas, sobre todo de la de los años treinta, considerando las diferencias derivadas de ambos contextos históricos y de la naturaleza de la economía de ambos periodos.

De acuerdo a las propuestas del alemán Max Otte, expuestas en su libro La crisis rompe las reglas2, lo que hay que hacer es muy distinto a lo que la economía ortodoxa recomienda. Aunque la crisis no tiene remedio a corto plazo, por las razones que más adelante expondremos, la respuesta ha de partir, en todo caso, de un buen diagnóstico sobre las causas que han provocado tal situación al objeto de que las medidas adoptadas vayan al origen de los problemas, y no a los efectos. Muchos desaciertos de las políticas económicas puestas en marcha se deben, precisamente, a una confusión de las causas y los efectos.

Está más que demostrado que las políticas de ajuste no activan la economía.

2 Otte. M.: La crisis rompe las reglas, Ariel, Barcelona, 2011.

Antes al contrario, contribuyen a su depresión en un momento en el que la iniciativa privada se encuentra a un nivel bajo como consecuencia del descenso del consumo. Plantear, como hacen con insistencia los poderes públicos y empresariales y los economistas que trabajan a su servicio, que son necesarias reformas estructurales que, en la práctica, solo se traducen en modificaciones en el mercado laboral dirigidas a su flexibilización, en reducir las pensiones o en llevar a cabo recortes en educación, salud y otras prestaciones sociales, es un grave error que estamos pagando y pagaremos más caro en el futuro.

SSEs necesario un buen pronóstico sobre las causas de la crisis para que las medidas

Foto Sarah Bienzobas.

vayan al origen de los problemas, no a los efectos Como la mayor parte de los economistas señalaban en las tres últimas décadas, los mercados han puesto de manifiesto que no son eficientes. Lo primero que hay que hacer en las áreas de integración económica, a escala global y en el ámbito nacional es, por tanto, regularlos y poner coto a tanto poder. De no ser así, las economías se convierten en rehenes de los mercados financieros, como comprobamos día tras día. Además, es necesario poner límites a la globalización financiera y hacer reformas en profundidad del sistema bancario, responsable, en gran parte, de lo que ha pasado. El sistema está contaminado por las hipotecas

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basura, por la titulación de productos y por los derivados tóxicos. Sin un adecuado saneamiento, no habrá salida alguna a la crisis.

Otro tanto se puede decir de la desigualdad. La desigualdad internacional ha aumentado más aún en los países ricos como consecuencia de la aplicación del fundamentalismo de mercado y de la financiarización de la economía. Resulta urgente y necesario, en este contexto, luchar contra las privaciones que afectan a una parte creciente de la población mundial y que nos sitúa ante una crisis no solo económica, sino civilizatoria marcada por la desigualdad, la pobreza, el hambre, la crisis energética y los conflictos bélicos y sociales.

En todo caso, lo que está claro es que la crisis se está abordando con desatino por parte de quien tiene responsabili-

dades políticas y capacidad de decisión.

Y ello es así por acción, pero también por omisión, poniendo de manifiesto la inoperancia de la gobernabilidad internacional y de la Unión Europea.

Las sucesivas reuniones celebradas por los países que forman parte del G-20 han supuesto una decepción tras otra, reflejando una preocupante falta de coordinación internacional, sobre todo en el marco de la Unión Europea, en la que cada país trata de salvarse obviando el hecho de que tal actitud puede ser perjudicial para el conjunto y para ellos mismos.

En suma, seguimos sometidos a grandes turbulencias económicas y la crisis está lejos de resolverse. Aunque, como ya hemos apuntado, no existen remedios milagrosos para resolver los desaguisados creados por el modelo de crecimiento y por gran parte del sistema

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financiero, sí se deben tomar medidas que atenúen sus efectos perversos. Para ello, conviene leer y aplicar las medidas propuestas por economistas de prestigio, como Stiglitz3, que apuestan por salir de la ortodoxia económica que nos ha llevado a la crisis y a la que algunos pretenden volver. Urge promover esos cambios si aspiramos a salir de la espiral de riesgos y sobresaltos continuos a la que nos empuja el modelo vigente.

La dureza de las políticas de ajuste Hasta que estalló la crisis, eran algunos países subdesarrollados, en vías de desarrollo o emergentes de América Latina, África y Asia los que sufrían los penosos costes de las políticas de ajuste. Desde 2007 les acompañan Grecia, Portugal y, en menor medida, Reino Unido, Irlanda, Islandia o España, países donde ya se habían aplicado políticas de estabilización y de austeridad cuyas consecuencias, sin embargo, no habían alcanzado la misma gravedad. En la actualidad, estos países no se encuentran a salvo de las embestidas de los mercados, de manera que la incertidumbre seguirá pesando sobre sus actuaciones de política económica a corto plazo.

No parece, por tanto, que la crisis pueda resolverse a medio plazo. Las políticas de ajuste, por lo general, no posibilitan el crecimiento económico, ocasionan graves perjuicios a las clases trabajadoras y medias, muy en concreto a mujeres y jóvenes e incrementan la desigualdad entre los grandes empresarios y las pequeñas y medianas empresas.

3 Stiglitz, J. E.: Caída Libre, Taurus, Madrid, 2010.

Foto Sarah Bienzobas.

Salvando las distancias, la experiencia vivida en América Latina en la década de los ochenta debería servir como ejemplo para evitar caer en los mismos errores.

Las políticas de ajuste que llevaron a la práctica los países latinoamericanos bajo un patrón común establecido por el Fondo Monetario Internacional como requisito para negociar la elevada deuda contraída en los años anteriores tuvieron elevados costes sociales, económicos y ecológicos: aumentó la pobreza y la desigualdad, ya de por sí altas en casi toda la región y la economía retrocedió hasta niveles inferiores a los de finales de la década precedente.

La Comisión Económica para América Latina certificó el error calificando los años ochenta como la década perdida para el desarrollo en América Latina.

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Durante los años noventa los países latinoamericanos vivieron cierta recuperación económica, pero a todas luces insuficiente para paliar los males producidos por la crisis y por los remedios aplicados para sanear la situación. La pobreza tendió a disminuir, pero no así la desigualdad y la exclusión a la que están sometidos los grupos sociales menos favorecidos, dos problemas que aún hoy persisten.

El referido ajuste fue sometido a duras críticas por parte del mundo académico y de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que idearon unas propuestas económicas dirigidas sobre todo a garantizar un ajuste con rostro humano para los grupos más vulnerables de la población.

Los países europeos no están en la misma situación que los de América Latina en aquellos años, pero lo que sí se sabe es que las consecuencias de la aplicación de políticas de ajuste sin efectos compensatorios son muy negativas para la economía y para la sociedad y que, de continuar aplicándose, provocarán recesiones con duros costes sociales cuya reparación llevará tiempo resolver.

El cambio de ciclo En lo que concierne a la economía española en un contexto político marcado por la victoria electoral, por mayoría absoluta, del Partido Popular, conviene tener claro que las raíces de la crisis son globales y superan, por tanto, los límites locales y provinciales. Nos encontramos ante el final de un modelo económico caracterizado por el auge y la primacía

de las finanzas a escala global y el predominio de políticas basadas en el fundamentalismo de mercado, que se niega a desaparecer hasta que no se vislumbre en el horizonte un modelo alternativo.

Existen propuestas dirigidas a construir un nuevo modelo, muchas de ellas ideadas por personas de gran prestigio académico, pero no logran imponerse ya que los poderes financieros siguen haciendo gala de su influencia en los órganos de decisión políticos para evitar cualquier cambio dirigido a menguar sus

SSVivimos el final de un modelo marcado por la primacía de las finanzas y las políticas basadas en el fundamentalismo de mercado beneficios. En un momento en que las consecuencias del modelo económico basado en el predominio del capital financiero está causando estragos en los países menos desarrollados del mundo rico y empieza a hacer mella en los Estados Unidos, se impone la evidencia de que somos prisioneros del monstruo que gobernantes, organismos internacionales e intereses financieros han alimentado en las últimas décadas.

También la socialdemocracia europea, incluido el Gobierno de Zapatero, ha sido arrastrada por este terremoto económico ante el que no existen soluciones ajenas a un cambio profundo en el orden económico imperante. La crisis constituye un desgaste para todos los go-

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bernantes, pero lo está siendo en mayor medida para los socialistas, incapaces de ofrecer respuestas estructurales al modelo que ha entrado en quiebra. Hasta el momento, solo se han aplicado las tradicionales políticas de ajuste promovidas desde el neoliberalismo: recortes a los trabajadores, a los asalariados y a las pequeñas y medianas empresas mientras que, en la escala superior, los ingresos y beneficios de la banca y de las grandes empresas se multiplican y sus ejecutivos reciben generosos bonus, siniestros premios por habernos conducido al borde del abismo. Ante tamaño escándalo, la sociedad se mueve con malestar, pero con resignación.

Todo ello explica, en parte, los resultados electorales de este y otros países europeos: el poder político se encuentra doblegado de forma vergonzante a los poderes económicos fácticos y la socialdemocracia se muestra muy tímida a la hora de presentar propuestas alternativas y de llevarlas a cabo, mostrándose complaciente, cuando no atemorizada, ante el poder financiero.

SS Aprendamos de los errores: las políticas de ajuste ejecutadas en Latinoamérica en los años ochenta promovieron la recesión económica En España es necesario subrayar que de todos los desatinos cometidos desde que se desencadenó la crisis la reforma de la Constitución ha sido, sin duda, el mayor, sin olvidar la salida ofrecida

a las cajas de ahorro. Los remedios, en fin, no son fáciles ni simples, pero hay mejores formas de hacer las cosas para evitar, en este caso, que los problemas financieros se agraven y se pierdan unas instituciones muy valoradas por la ciudadanía cuando, para colmo, siguen sin dar créditos.

Consideraciones sobre el paro en España La economía española ha mostrado una tendencia histórica a alcanzar altas cotas de desempleo en épocas de recesión, una tendencia que explica el hecho de que tampoco en momentos de expansión y auge es capaz de generar empleo. No podemos olvidar, por tanto, que a pesar del progreso alcanzado, la tasa de actividad, muy en particular la femenina, sigue siendo baja en relación a otras economías avanzadas. Este fenómeno se debe, sin duda, a la estructura productiva de la economía española, que desde el periodo de crecimiento e industrialización de la década de los sesenta del pasado siglo ha presentado un importante déficit comercial, poniendo así de manifiesto su debilidad competitiva a escala internacional.

Foto Sarah Bienzobas.

Tampoco es desdeñable la elevada dependencia tecnológica y energética de nuestro país, un déficit que, a pesar de las mejoras realizadas en la estructura productiva, en la composición de las exportaciones y en las inversiones en el exterior, no ha permitido generar un potente sector industrial y un modelo energético diferente.

Las características del crecimiento experimentado en España, donde no se ha potenciado la investigación, el desarro-

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El elevado paro que se registra en España tiene, por tanto, su origen en estas deficiencias del modelo productivo, y no en el mercado laboral. No se trata solo del resultado de una crisis económica cuya gravedad es superior a las anteriores, sino al desmedido auge de la construcción y la consiguiente expansión de la burbuja especulativa. Tras la borrachera de las ganancias rápidas y fáciles ha venido la resaca, y no sabemos lo que va a durar.

Como señala Shiller, la burbuja especulativa inmobiliaria se ha dado en casi todos los países avanzados, pero en mayor medida si cabe en España debido al peso del sector de la construcción y a las empresas vinculadas en el Producto Interior Bruto, muy superior al de otros países. llo y la innovación, ponen de manifiesto sus debilidades en los periodos de recesión y los ocultan en los momentos de euforia ya que se ha basado en la construcción, un sector que genera

SSEl poder político se encuentra doblegado a los poderes económicos, mientras la socialdemocracia se muestra complaciente mucho empleo y estimula la actividad económica de las empresas ligadas al suministro de bienes y servicios a la edificación de viviendas, industrias, hospitales, centros educativos, etc.

Por otro lado, el desmesurado crecimiento de la construcción ha incrementado los ingresos de los ayuntamientos en una suerte de espejismo al que nadie ha puesto freno. Ha fomentado, además, la especulación y la corrupción, ha multiplicado los costes ecológicos del sector y ha promovido un abandono creciente de la planificación en la ordenación del territorio. Los excesos siempre se pagan: esto es lo que está ocurriendo en la Unión Europea y, muy en particular, en España.

La crisis económica, en definitiva, es grave, pero constituye a la vez una oportunidad para promover un cambio del sistema. Por el momento, no se vislumbran cambios en esa dirección, por un lado, porque estamos hipotecando el futuro de la economía española y, por otro, porque no se atacan las causas del problema, lo cual es doblemente preocupante.

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Comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿los paganos del ajuste?

Madrid, considerada durante décadas una de las locomotoras de la economía española, ha sufrido con mayor violencia el embate de la crisis dada su dependencia de la construcción. El estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, hundió la recaudación fiscal lo que, unida a una política fiscal favorable a las rentas más altas, ha provocado una seria crisis de liquidez en las corporaciones locales.

Manuel Llorente, economista de la Fundación Sindical de Estudios de CCOO.

L

os efectos de la crisis económica en los ámbitos descentralizados –comunidades autónomas y corporaciones locales– se derivan de las circunstancias económicas y políticas que, con carácter general, actúan a nivel estatal.

Los datos, los análisis y las conclusiones que expondremos a continuación revelan, sin embargo, algunas especificidades que diferencian el impacto de la crisis en estos ámbitos territoriales con respecto al estatal. Es el caso de la Comunidad de Madrid, una comunidad en la que las recetas del modelo neoliberal que han llevado a la crisis a la economía mundial se están aplicando de una manera radical dentro de las limitaciones competenciales del Gobierno regional.

Comenzamos nuestro recorrido con una primera consideración: quienes están cargando con las consecuencias de la crisis no son las rentas del capital y el

poder financiero que la provocaron, sino las rentas del trabajo. De sus efectos sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales extraeremos que la crisis

SSA pesar de estos niveles de déficit público, España es uno de los estados con menor deuda sobre el PIB de la Unión Europea afecta a los servicios esenciales, es decir, al salario diferido de esas mismas rentas y, lo que es más grave, a los propios derechos de ciudadanía y, en última instancia, a la perversión del funcionamiento de la democracia.

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Foto Edu León.

A lo largo de este texto intentaremos desgranar y explicar las causas de la extraordinaria crisis presupuestaria de las administraciones descentralizadas, que comenzó con una particular gestión de los ingresos y los gastos en el período de bonanza (2000-2007) y evolucionó en el periodo de crisis (2008-2011).

Finalmente, aportaré algunas ideas sobre cómo actuar, señalando algunos márgenes que, a mi juicio, aún no se han explorado.

Déficit y deuda Charles Dickens afirmaba que “con un ingreso anual de 20 monedas y un gasto anual de 19,96, el resultado será la felicidad; con un ingreso anual de 20 monedas y un gasto anual de 20,06, el resultado será la miseria”.

Desde el inicio de la revolución neoliberal o monetarista, a mediados de los años setenta, la teoría del laissez faire se fue extendiendo por todos los países del mundo que,

hasta ese momento, habían adoptado en su mayoría un modelo económico basado en los postulados keynesianos de intervencionismo del Estado en la economía del país.

Laissez faire significa textualmente “dejar hacer” y, en materia económica, se refiere al libre mercado, al libre comercio, la libre producción y la imposición de bajos o nulos impuestos. Por tanto, mínima o nula intervención del Estado en materia económica, incluyendo el mercado laboral.

Los economistas de esta corriente ideológica utilizan la teoría de la curva de Laffer para respaldar sus postulados. Muy resumidamente, esta teoría sostiene que un nivel excesivo de presión fiscal directa provoca una caída de la recaudación porque las personas y las empresas pierden su interés en producir en tanto en cuanto deben destinar una parte de su salario o beneficios a pagar impuestos. Sin embargo,

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si la presión fiscal directa es baja, esas mismas personas y empresas dispondrán de más recursos monetarios e incrementarán su consumo, aumentando así la recaudación fiscal indirecta.

Esta política comenzó a aplicarse en Estados Unidos con Ronald Reagan en 1980 y, aunque provocó una caída de la recaudación fiscal del 10% y un aumento de la riqueza de las rentas más altas del 18% en cuatro años, se continuó aplicando y extendiendo a otros países. En la actualidad, ha sido asumida por los partidos conservadores y, en alguna medida, por las formaciones socialdemócratas.

El propio presidente Zapatero llegó a afirmar que “bajar impuestos es de izquierdas”.

La aplicación en España de esta política en materia de imposición indirecta durante los últimos 15 años por parte de todas las administraciones, sobre todo la estatal y las autonómicas, ha hecho que, con el inicio de la crisis financiera internacional y el posterior hundimiento del sector inmobiliario, estas se hayan quedado sin ingresos.

90%

Durante los años de crecimiento económico, de 1996 a 2007, la rebaja o la desaparición de ingresos por imposición directa -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los impuestos de patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones- más el impulso de algunos vehículos de inversión con una mínima presión fiscal para el capital, como es el caso de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), hicieron que la principal fuente de recaudación de las administraciones públicas fuera, además de los ingresos por IRPF provenientes de las rentas del trabajo, los productos de la imposición indirecta que gravan el consumo, como el IVA, los impuestos especiales (alcohol, tabaco, combustibles,...) o los vinculados al sector inmobiliario, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o el Impuesto de Plusvalía.

El estallido de la crisis, el derrumbe del sector inmobiliario y, por tanto, del consumo, hicieron que la recaudación cayera expo-

% de deuda sobre el PIB

84%

64.4%

69.8%

66.1%

60%

62.8%

50% 40% 30%

FUENTE: Eurostat, Excessive Deficit Procedure Notification Tables.

Octubre de 2010.

79.2%

80% 70%

Foto Sarah Bienzobas.

53.2% 39.6%

2006

Eurozona

36.1%

2007

39.8%

2008

Alemania

2009

Francia

2010*

España

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El déficit de las administraciones públicas españolas se cerró en 2010 en el 9,24% del PIB, bajando dos puntos con respecto al año anterior. Sin embargo, el desajuste de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales se come el esfuerzo del Estado. ¿La razón? Nueve comunidades superaron ampliamente las barreras de déficit fijadas por el Estado ese año. También las corporaciones locales, que engloban las cuentas de ayuntamientos y diputaciones, sobrepasaron el límite establecido. La desviación negativa fue del 0,64%, frente al 0,4% fijado.

Cabe señalar, sin embargo que, a pesar de estos niveles de déficit público, España es uno de los estados con menor deuda sobre el PIB de la Unión Europea. nencialmente y se pasara del superávit de los tiempos de bonanza a un espectacular aumento del déficit que obligó a las administraciones a recurrir al endeudamiento para garantizar la estabilidad presupuestaria. La falta de ingresos que cubrieran los gastos contraídos dio lugar, por tanto, a un déficit que incrementó la deuda pública sometida, además, a voraces intereses.

Las actuaciones básicas para luchar contra el déficit presupuestario consisten en incrementar los ingresos, en reducir los gastos o, preferiblemente, en una conjugación de ambas medidas.

Desde que la Unión Europea exigió a España pasar de un déficit del 11,2% en 2009 a un déficit del 3% en 2013, la lucha se ha centrado solo en la parte de la reducción del gasto (congelación de las pensiones, paralización de la inversión pública, reducción de los salarios del personal público, etc.). Por la parte de los ingresos solo se ha aumentado el IVA, un impuesto indirecto que grava el consumo.

Según los últimos datos facilitados por el Banco de España, la deuda pública española asciende a 679.779 millones de euros, de los cuales 521.027 millones

SSCon 14.800 millones de euros, Madrid es la tercera comunidad más endeudada del Estado, según el Banco de España (76,6%) corresponde al Estado; 121.400 millones (17,8%) a las comunidades autónomas y 37.352 millones (5,6%) a los ayuntamientos y diputaciones.

Las tres comunidades más endeudadas, Cataluña, Valencia y Madrid, suman el 55% de la deuda autonómica. Entre los ayuntamientos, el más endeudado es el

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de Madrid, con 7.008 millones de euros, el 19% de la deuda total adquirida por las corporaciones locales.

Antes de continuar, queremos aclarar que el problema central no radica en el déficit, sino en el empleo, ya que las políticas dirigidas a combatir el endeudamiento ajustando el gasto han incrementado más aún el desempleo y han provocado una pérdida de recursos en los servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Coincidimos con el Nobel de Economía Paul Krugman cuando afirma que “en Europa (...) los fanáticos del dolor han estado al mando más de un año, insistiendo en que el dinero prudente y el equilibrio presupuestario son la respuesta a todos los problemas. Detrás de esta insistencia ha habido fantasías económicas, en particular la creencia en el hada de la confianza, es decir, la creencia en que recortar el gasto en realidad va a crear puestos de trabajo, porque la austeridad fiscal mejorará la confianza del sector privado”.

En efecto, es necesario combatir el déficit público, pero tanto la administración estatal como la autonómica de Madrid tienen un amplio margen para actuar sobre los ingresos impulsando una reforma fiscal y promoviendo una batalla contra el fraude que nos equipare, al menos, a los indicadores de la Unión Europea: nuestra presión fiscal está 10 puntos por debajo de la media europea. El fraude, por el contrario, se sitúa 10 puntos por encima.

La pérdida del liderazgo económico de Madrid Con un déficit del 0,69% en el año 2010, la Comunidad de Madrid es la única que cumple con la norma de estabilidad presupuestaria. La consecución de este objetivo se ha logrado, sin embargo, a costa de un

Foto Miguél A. Martín.

mayor incremento del desempleo, de más recortes sociales, sanitarios y educativos, de más externalizaciones o privatizaciones y de la aprobación de rebajas fiscales a las rentas más altas.

En el periodo 2000-2007 los presupuestos regionales de Madrid se caracterizaron por un carácter expansivo basado en un crecimiento medio del 9%. Este espectacular incremento se explica porque la economía madrileña estaba ligada a la construcción y a los servicios –juntos aportaban el 86,7% del PIB regional–, dos sectores que incentivan fuertemente el consumo y, en consecuencia, la recaudación de impuestos indirectos. Sin embargo, tal dependencia de

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FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto de Estudios Fiscales España (MEH).

800.000

Recaudación de impuestos indirectos

7.00000

En millones de €

en los municipios madrileños 2001-2010 627.421

600.000 513.952 456.080

354.436

241.382

266.098

286.141

286.141

393.545

400.000

424.281

331.697

366.879 322.208 257.205

214.373

200.000 100.000

626.837

547.110

500.000

300.000

758.510

163.348

189.643

Inicial

Real

0 2001

2002

2003

2004

sectores con poca o nula productividad ha dado lugar a un sistema económico especulativo e improductivo que ha sufrido con especial virulencia los efectos de la crisis económica y laboral. Cabe señalar, además, que el mencionado crecimiento se produjo a costa del debilitamiento del sector industrial, que en el mismo periodo creció de manera sistemática por debajo del ritmo de la producción estatal, representando el 10,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) autonómico, frente al 14,5% del conjunto del Estado o el 21% del País Vasco.

La Comunidad de Madrid ha sido históricamente uno de los motores del crecimiento económico nacional. Sin embargo, en los años de crisis la región madrileña ha perdido el liderazgo y las ventajas que mantenía con respecto a otras comunidades y a la media nacional ya que, aunque la caída del PIB ha sido generalizada, la de Madrid se sitúa 2,4 puntos por debajo de la media nacional.

En la etapa expansiva de la economía española, la Comunidad de Madrid presentaba

2005

2006

2007

2008

2009

2010

unas características propias que configuraron un modelo de crecimiento “precario” que situó la expansión madrileña por debajo de la media nacional y provocó un “empobrecimiento” de los madrileños, que vieron caer su renta bruta en términos relativos a pesar de que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), habían vivido una época de bonanza económica. El PIB por habitante en el periodo 2003-2010 creció en la Comunidad de Madrid un 21,9%, lejos del 36,1% del País Vasco y por debajo del 24% de media estatal. Esta tendencia ha hecho perder a la Comunidad de Madrid el segundo lugar en el ranking de PIB per cápita o riqueza por habitante, a favor de la Comunidad Foral de Navarra.

Los mencionados indicadores económicos han proyectado su reflejo en los presupuestos autonómicos, en cuya cuantificación y distribución también se diferencian con claridad dos periodos: uno de crecimiento sostenido, del año 2000 al 2007, y otro de congelación y caída continuada, de 2008 a 2011. A partir de 2008 el crecimiento medio

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Foto Sarah Bienzobas.

establecido en el 9% echa el freno y comienza a decrecer en 2010 y 2011. En estos tres últimos años se afianza, por tanto, una política presupuestaria restrictiva basada en una fingida sacralización de la estabilidad presupuestaria que, bajo el paraguas de la austeridad, ha disminuido el gasto social de la Comunidad de Madrid, no contribuyendo a la recuperación de la economía regional sino empujándola a la recesión y favoreciendo su estancamiento.

¿Por qué caen los ingresos en la Comunidad de Madrid?

Desde el comienzo de la crisis, los ingresos de la Comunidad de Madrid, excluyendo los financieros que provienen del endeudamiento, han ido disminuyendo de manera alarmante. La recaudación de los impuestos ha menguado de manera acelerada en los presupuestos autonómicos: si en el año

2003 representaba el 85,10% de la recaudación, la estimación del año 2011 la sitúa en un 52,15%. La reducción del peso recaudatorio es, por tanto, del 33% en ocho años.

La política fiscal del Gobierno regional se ha caracterizado desde la primera legislatura por el impulso de regalos fiscales para unos pocos acompañado de una caída constante de la imposición directa (tramo autonómico del IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ITP...), al tiempo que la imposición indirecta aumentaba al abrigo del boom inmobiliario y del consumo. Los ingresos vinculados al sector inmobiliario (ITP y AJD) y al consumo (IVA) crecían una media del 15,8% anual y compensaban de sobra la desfiscalización que se estaba produciendo en la Comunidad de Madrid. En los años de “bonanza inmobiliaria”, por tanto, los ingresos extraordinarios no se aprovecharon para promover inversiones públicas necesarias, sino que se derivaron a sufragar los regalos fiscales.

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La crisis económica estalla durante la segunda legislatura y, con ella, la burbuja inmobiliaria. Los ingresos extraordinarios vinculados al sector inmobiliario se esfuman, cae el consumo y las pérdidas producidas por los regalos fiscales empiezan a manifestarse. Todo ello provoca un vaciamiento de las arcas regionales que se compensa con la reducción del gasto corriente y de la inversión en servicios públicos.

Madrid, un paraíso fiscal El Gobierno regional madrileño hace gala de haber “regalado” 18.500 millones de euros en sus ocho años de gestión. Sin embargo, esta política de regalos fiscales que, además de injustos, no han contribuido a reactivar el consumo ni la actividad económica, han beneficiado apenas al 10% de los 3,3 millones de contribuyentes.

Solo ellos han podido deducir del IRPF los gastos educativos (15% por gastos de escolaridad; 10% por gastos de enseñanza en idiomas y un 5% por gastos de vestuario escolar) aplicables a la educación privada y concertada para cualquier familia con unos ingresos máximos de 30.000 euros por unidad familiar. Es decir, una familia de cuatro miembros podrá aplicar estas deducciones con unos ingresos anuales de 120.000 euros.

Pero la modificación más significativa ha sido la realizada en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre todo para aquellos contribuyentes con mayores rentas y patrimonios, gracias a la bonificación del 99% de la cuota del impuesto. Desde el año 2004 se han ido incorporando bonificaciones y extinciones en estos impuestos sin considerar la cuantía de la herencia, de la donación o del patrimonio preexistente.

Así, un hijo que reciba de su progenitor un negocio o empresa familiar valorada en 3.600.000 euros dejaría de pagar 700.731

euros por el Impuesto de Donaciones, lo que representa un 20% del bien donado.

Gracias a la modificación, sólo pagará 7.070 euros, una reducción que detrae de las arcas públicas 693.000 euros. Es evidente que estas reducciones fiscales favorecen en mayor medida a las rentas y patrimonios más elevados con capacidad de donación.

En los últimos años se han realizado 50.000 donaciones, apenas un 2% de los contribuyentes de la región, dejándose de ingresar 1.100 millones de euros.

Tampoco obviamos las consecuencias de la eliminación, por parte del Gobierno central en 2007, del Impuesto de Patrimonio, que gravaba el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año. Su supresión ha beneficiado al 7% de los contribuyentes madrileños (210.000 personas) dejándose de ingresar 1.200 millones de euros en dos años. Además, este impuesto tenía una importante función como controlador de las rentas a efectos del IRPF, ya que si una persona física declara unos bienes a través del Impuesto de Patrimonio muy superiores a sus ganancias declaradas a través del IRPF, podemos detectar ocultación de rentas y, por tanto, fraude fiscal.

Estas medidas fiscales dejan prácticamente libre de tributación a las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid, incumpliendo así el artículo 31.1 de la Constitución española, que establece que todos los españoles contribuirán al sostenimiento del gasto público en función de su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en la igualdad y la progresividad.

Podemos afirmar, por tanto, que Madrid realiza dumping sobre el resto de comunidades, convirtiendo esta región en un pequeño paraíso fiscal dentro del Estado, a semejanza de lo que ha ocurrido con la República de Irlanda en la Unión Europea.

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580.000

FUENTE: Datos PGCM. Elaboración Estudios CCOO Madrid.

Evolución del gasto en empleo Gasto total de los programas 951, 952, 960 y 970

570.000 560.000

En miles de €

556.525

569.282

561.910

550.000 546.536

540.000

540.816

530.000 520.000 Gasto 2007

Gasto 2008

El Gobierno regional sigue optando por no implementar políticas fiscales que sirvan para ayudar a aquellos con más dificultades y a reducir el déficit social. Además, la caída de los impuestos vinculados al consumo y al sector inmobiliario ha vaciado de recursos las arcas regionales, ha aumentado

SSNuestra presión fiscal está 10 puntos por debajo de la media europea. El fraude, por el contrario, se sitúa 10 puntos por encima la deuda regional en un 14%, alcanzando los 14.800 millones de euros, una cifra que sitúa a Madrid como la tercera comunidad más endeudada del Estado, según datos del Banco de España. Cabe señalar que en esta deuda no están incluidos los pagos del ca-

Gasto 2009

Gasto 2010

Gasto 2011

non anual por la construcción de los nuevos hospitales o las radiales autonómicas, con los cuales la deuda alcanzaría aproximadamente los 20.000 millones de euros.

La otra fuente de pérdida de ingresos públicos proviene del fraude fiscal que afecta a todo el Estado rompiendo el principio básico de igualdad ante la ley. En la estructura recaudatoria española se hace cada vez más evidente que la carga tributaria solo pesa sobre los asalariados, a través del IRPF. El impuesto de sociedades ha sido dinamitado por los sucesivos gobiernos centrales a través de desgravaciones y deducciones.

Según la Agencia Tributaria, en el año 2009 los trabajadores, pensionistas y jubilados declararon en concepto de IRPF una media de 8.300 euros más que los profesionales y pequeños empresarios. El 90% de los trabajadores por cuenta propia declara ganar menos de 12.000 euros al año.

La verdadera clave del fraude proviene, sin embargo, de las grandes fortunas, defendidas y asesoradas por bufetes de abogados

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Presupuestos de educación 2008-2011 En millones de €

4.800 4.700 4.600 4.500 4.400 4.300 Serie 1

2008

2009

2010

2011

4.715.792.433

4.754.014.301

4.723.779.337

4.497.336.607

especializados en ingeniería financiera. Se estima que estas grandes fortunas dejaron de declarar 42.000 millones de euros.

Por otro lado, según un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) realizado en mayo de 2011, la economía sumergida mueve unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB, una cantidad que produciría unos ingresos de unos 38.000 millones de euros.

Durante la crisis, la Comunidad de Madrid ha perdido el 17,1% de los trabajadores autónomos. En toda España, el descenso fue del 13,2%.

Desempleo y recortes en los servicios esenciales

El capítulo de educación ha sufrido un recorte presupuestario drástico en un momento en el que el desempleo afecta al 42% de los jóvenes de 16 a 25 años y muchos de ellos habían decidido retomar la enseñanza ante una situación sociolaboral desfavorable. Al consecuente incremento de alumnos, en todos los niveles, se suma la no contratación, por parte de la Consejería de Educación, de 3.000 profesores para este curso.

Entre julio de 2007 y julio de 2011 el paro ha crecido en la Comunidad de Madrid un 158,8%, por encima de la media nacional, situada en el 143,6%. El paro de larga duración se ha multiplicado por cuatro en los dos últimos años, sumando 350.000 desempleados más y alcanzando en octubre de 2011 la cifra de 573.000 desempleados, de los cuales más de 200.000 no tienen ningún tipo de cobertura.

El presupuesto que menos recortes sufre es el sanitario debido, en gran medida, a unos compromisos de gasto que apenas permiten cumplir con las obligaciones del ajuste. Los indicadores sociosanitarios indican, sin embargo, un atasco en la asistencia primaria y señalan una cierta inutilidad del dinero invertido en ocho nuevos hospitales (4.170 millones de euros) que apenas han supuesto una mejora de 0,6 camas por

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Foto Sarah Bienzobas.

1.000 habitantes; además de un incremento espectacular de las listas de espera.

A pesar de la caída del presupuesto de gastos, el dinero de las privatizaciones queda garantizado: se recorta la inversión y el gasto públicos, pero se incrementa la transferencia de dinero público a la empresa privada. Este proceso de privatización afecta en especial a las secciones claves del Estado social a través del aumento, en un 0.65%, de los conciertos educativos frente a la reducción del presupuesto destinado a la educación pública de un 4,9%. El dinero destinado a las privatizaciones es mayor aún en sanidad: crece en un 34% el dinero destinado a la gestión privada (pago del canon, conciertos y externalizaciones), mientras que las partidas que dotan de re-

cursos a los centros hospitalarios de gestión pública caen un 8,9%. Estas privatizaciones benefician a las grandes empresas constructoras, que reciben 98,1 millones de euros en concepto de peajes en la sombra: en 2011 percibieron 5,3 millones más que en 2010.

Las mismas consecuencias se han dejado sentir en los tarifazos del transporte con un incremento, en el último año, de un 40% del Metrobus.

Las corporaciones locales, al borde del precipicio La crisis económica que arrancó en 2007 como crisis financiera y bancaria estalla en España en el verano de 2008. En nuestro

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Aumento del gasto sanitario por tipología de gestión 2007-2011 250%

209,98%

Gestión privada

200%

Gestión pública indirecta

150%

Gestión pública directa

66,99% 100% 50%

7,16%

0% Variación según tipo de gestión sanitaria

caso, la crisis da lugar de manera inmediata al desplome de la actividad inmobiliaria provocando en los municipios españoles una disminución media del 63% de los ingresos provenientes del sector inmobiliario y, en consecuencia, un incremento de la deuda y del déficit. Estos enormes volúmenes de déficit y deuda dan lugar a una situación de insolvencia a la que la Federación Española de Municipios y Provincias pone cifras: en 2011 más del 40% de los municipios españoles declara su incapacidad para hacer frente a sus gastos. Según el Ministerio de Economía y Hacienda, el 80% de los municipios madrileños tenía déficit en el año 2009.

La financiación local en la actualidad La financiación local es, en momentos de crisis, un tema de trascendencia fundamental debido, sobre todo, a sus consecuencias sobre el empleo y los servicios que reciben los ciudadanos. A pesar de

ello, ha sido históricamente aplazado en su consideración como elemento estratégico de la financiación del conjunto de las administraciones públicas.

SSLos regalos fiscales del Gobierno regional han beneficiado tan solo al 10% de los 3,3 millones de contribuyentes madrileños La Constitución española (título VIII, capítulo II) consagra la autonomía de las corporaciones locales y garantiza su suficiencia financiera para el desempeño de sus funciones. Pero en 33 años, la Administración local ha sido la gran olvidada dentro de las administraciones del Estado español.

Según la distribución del gasto público del

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año 2008, el Estado y la Seguridad Social asumían el 51%, las comunidades autónomas el 36% y los municipios solo el 13%, muy lejos de la media de la zona euro, que alcanza el 24,8%. Llama la atención que en un Estado tan centralista como el francés, se alcanza un gasto del 22%. Otros, como Suecia o Finlandia, superan el 42%.

A la insuficiencia financiera de los municipios debemos sumar unos gastos que han crecido a un ritmo importante para dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas, en algunos casos asumiendo competencias o funciones no obligatorias o impropias. Esta asunción de funciones fue impulsada en los

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en el boom inmobiliario iniciado en la segunda mitad de los años noventa y que alcanzó su momento álgido entre los años 2001 y 2007.

Para los municipios el sector inmobiliario supuso una fuente de ingresos que parecía inagotable. La venta de terrenos públicos permitió a los municipios disparar la inversión en infraestructuras, crear servicios e incrementar la contratación de personal laboral.

SS La eliminación del Impuesto de Patrimonio por parte del Gobierno central ha beneficiado al 7% de los contribuyentes madrileños

años noventa por la presión ciudadana en una coyuntura económica favorable derivada de los ingresos extraordinarios dependientes del sector inmobiliario.

Ante la falta de una financiación adecuada, los municipios españoles buscaron alternativas y la encontraron

Además, como los principales tributos locales –Impuesto sobre Plusvalías, IBI o impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras–, se aplican sobre la vivienda, la recaudación se disparó a niveles inimaginables haciendo olvidar a los gestores municipales que eran ingresos extraordinarios que en algún momento verían su fin. Llegado el momento y, aunque es cierto que muchos alcaldes y concejales no habían conocido otro modelo de financiación, el principal reto de los alcaldes es el de pagar las nóminas.

En la Comunidad de Madrid la venta de terrenos creció el 61% entre los años 2001-2008. En el mismo periodo, el ICIO se disparó hasta el 114%. Pero si acercamos la lupa a los municipios con poblaciones superiores a los 50.000

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habitantes, observamos que la venta de terrenos aumentó un 169% y el ICIO un 205%, unos incrementos muy por encima de la evolución real, inflados como un globo.

Ante tal opulencia recaudatoria, los ayuntamientos se lanzaron a hacer todo tipo de obras (algunas útiles, otras absurdas) y a incrementar las plantillas municipales para ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos. Algunos alcaldes, incluso, han ido más allá y no solo no se han dado cuenta de que dejarían de recaudar esos ingresos, sino que han pensado que se incrementarían con el tiempo y no han dudado en continuar promoviendo políticas expansivas recurriendo a un endeudamiento que

SS De los presupuestos generales, el Estado y la Seguridad Social asumen el 51%, las comunidades autónomas el 36% y los municipios el 13% ya se había adelantado a la crisis. Otros municipios entraron en competición con localidades vecinas en la construcción de grandes infraestructuras cuyo coste estaba muy por encima de sus posibilidades.

Vaciadas sus arcas, lo primero que hacen los ayuntamientos es dejar de pagar a los proveedores, posteriormente los servicios de abastecimiento como la electricidad, el teléfono y, a continuación, la Seguridad Social. Para el final y, ante la imposibilidad de pagar las nóminas, se reservan la medida más impopular: los despidos. De una u otra manera, al final

son los ciudadanos quienes dejan de recibir los servicios.

La deuda municipal madrileña incluye la deuda bancaria que tienen la mayoría de los ayuntamientos y que les permitió en los últimos años recurrir al crédito de las entidades financieras para poder seguir financiándose y compensar la pérdida de ingresos para garantizar el pago y la gestión de los servicios municipales. Pero además está la deuda contraída con las empresas proveedoras de servicios, como la limpieza viaria, jardinería, limpieza de edificios públicos o la ayuda a domicilio. Esta deuda es más grave aún cuando las empresas prestatarias de los servicios son pequeñas y medianas empresas que carecen de los suficientes recursos financieros para soportar durante mucho tiempo la morosidad de los ayuntamientos. Como consecuencia de este endeudamiento, miles de trabajadores están siendo despedidos.

La crisis de los municipios ha sido y es, sobre todo, una crisis de liquidez, y no una crisis de solvencia. La deuda de las corporaciones locales, a diferencia de la autonómica, no constituye un problema macroeconómico ya que, al tiempo que las comunidades autónomas han multiplicado su deuda en los últimos años aumentando su peso en la deuda pública total, la municipal, salvo excepciones, ha mantenido un comportamiento estable conservando un peso marginal. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda municipal asciende a 37.352 millones de euros.

Desde el comienzo de la crisis en 2007, la deuda del Estado se incrementó en un 11,1% frente al aumento de las comunidades autónomas del 31,7%. La de los

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Recaudación por ventas de terrenos 1.800.000

en los municipios madrileños 2001-2010

1.600.000

En millones de €

1.400.000

Inicial Real

1.200.000

1.344.682

1.062.013

856.817

800.000

718.099

689.664

758.510

791.682

471.094 443.209

400.000 200.000

1.362.950 1.107.041

1.000.000

600.000

1.575.154

553.385

233.491

330.776

267.233

544.267

432.244

308.104 183.867

0

2001

2002

2003

2004

2005

municipios experimentó un ascenso de apenas el 2,1%.

Para hacer frente a esta situación crítica, considero necesario poner en marcha las siguientes medidas: 1) Hacer públicas las cuentas de los ayuntamientos madrileños para que se conozca el estado real de sus cuentas, incluido su déficit y la deuda, tanto financiera (ya conocida), como la de los proveedores. Sería necesario, asimismo, conocer qué servicios presta cada municipio, propios e impropios, incluido su coste financiero y su coste en recursos humanos, así como su vinculación contractual.

2) Ante el alcance del déficit y sus consecuencias sobre el empleo, es necesario que las entidades locales puedan refinanciar su déficit, formalizando cada año operaciones de endeudamiento por un importe equivalente o ligeramente inferior a los vencimientos del propio ejercicio.

2006

2007

2008

2009

2010

3) Acometer políticas de austeridad y de control de gastos limitando drásticamente el número de altos cargos y de confianza y revisando el gasto en externalizaciones e infraestructuras. En este sentido, se debería establecer un tope en los sueldos de altos cargos y de confianza en función del tamaño y el presupuesto de cada ayuntamiento.

4) Revisar y renegociar todos los contratos y pliegos de condiciones vigentes de las empresas proveedoras de servicios por el carácter abusivo que, en muchos de ellos, se están dando. En ocasiones, las grandes empresas han aprovechado la situación de morosidad y los problemas económicos de los ayuntamientos modificando de forma ventajista los plazos de ampliación de la concesión o incrementando de forma desorbitada los precios convirtiéndose, por decirlo de forma coloquial, en “los dueños de los ayuntamientos”.

5) Crear un Fondo de Financiación Regional. El Gobierno regional debería

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dotar un fondo de financiación local de 2.500 millones de euros destinado a sanear los ayuntamientos madrileños que complemente el fondo de rescate estatal de 3.400 millones de euros creado por el Instituto de Crédito Oficial en julio de 2011. El fondo autonómico podría ir dirigido, sobre todo, al pago de proveedores y sería accesible para todos los municipios madrileños para los ejercicios 2011-2015 previa presentación de planes de viabilidad y solvencia económica que excluyan recortes en servicios públicos sociales esenciales como la ayuda a domicilio, la educación, las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, etc. y recortes en las plantillas municipales. Esta medida se complementaría con la remunicipalización de aquellos servicios que, jurídica, social y económicamente sea posible. Además del propio Gobierno regional, en el órgano de gestión del fondo deberían participar la Federación Madrileña de Municipios y los agentes sociales.

6) La segunda descentralización de nuestro modelo de Estado continúa pendiente. En este marco, las comunidades autónomas deberían transferir una parte de sus competencias a los municipios garantizando siempre su financiación, una medida perfectamente factible después de que las comunidades autónomas hayan percibido un incremento de recursos por parte del Estado con motivo de la última reforma de financiación autonómica. Este nuevo Pacto Local deberá contar con la colaboración y el compromiso de las administraciones estatal, autonómica y local y con la responsabilidad político-administrativa subsidiaria de las administraciones estatal y autonómica.

7) Iniciativas para la regeneración democrática de la política local. En los últimos años venimos asistiendo a un fenómeno preocupante para la democracia: la aparición de numerosos casos de corrupción política en diferentes ayuntamientos del país. Esta situación hace peligrar la vida democrática y la política local de nuestros municipios, alejando a los trabajadores y trabajadoras de la participación pública y política en la sociedad. Es necesario, por tanto, un cambio radical en el comportamiento ético de los gestores públicos y la aplicación de una política de tolerancia cero con los corruptos implementando

SSEl estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado una crisis de liquidez (que no de solvencia) en las corporaciones locales varias medidas, entre otras, la obligación de presentar una declaración pública de ingresos y de patrimonio de los alcaldes, concejales y cargos de confianza en la toma de posesión del cargo y a la finalización del mismo; una revisión, control y ajuste de las retribuciones de alcaldes y concejales en función del tamaño y renta del municipio, como se ha realizado en Andalucía; permitir y promover una participación activa de los vecinos en la gestión, información y control de los presupuestos públicos municipales y, por último, obligar a una mayor fiscalización de las cuentas públicas locales por parte de los organismos públicos correspondientes.

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Crisis medioambiental: en deuda con el territorio Madrid ha adoptado un modelo de región basado en la proliferación de núcleos urbanos dispersos unidos por grandes infraestructuras. Su desarrollo ha requerido una ocupación ingente de terrenos naturales y un consumo de materiales y energías incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y económica de la región.

Rafael Córdoba Hernández, arquitecto urbanista, miembro de la comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción de Madrid.

Q

ue estamos en crisis ya nadie lo duda pero, por lo general y, salvo en reducidos ámbitos, se deja a un lado la que podríamos denominar crisis ambiental.

En la actualidad, las evidencias de la degradación que sufre nuestro planeta son cada vez más patentes y fáciles de apreciar. Sobran los ejemplos y, sin embargo, podemos influir decisivamente como ciudadanos en frenar el deterioro del entorno natural a causa de la presión ejercida por nuestras actividades.

La tendencia, académica primero e ideológica después, que cuestiona la viabilidad de una sociedad que está acabando con su entorno porque la naturaleza productivista de su funcionamiento así lo requiere fue ampliamente difundida en 1972 con la publicación del informe Los límites del crecimiento1, que estudiaba los

1 Informe del Club de Roma,

realizado por D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers y W. W. Behrems.

Foto Sarah Bienzobas.

cinco factores básicos que determinan, y en último término limitan, el crecimiento en el planeta: población, producción agrícola, recursos naturales, producción industrial y contaminación.

Cuatro años más tarde y como respuesta a las nuevas inquietudes, se presenta el informe El futuro común2, conocido como el informe Brundtland, sobre el cambio global en el cual se aprecia la necesidad

2 Brudtland, H.G.: Our common Future,

Oxford University Press, Oxford, 1987.

Traducido en castellano, Nuestro futuro común, Madrid, Alianza Editorial, 1988.

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y la dificultad de llegar a un cambio en el desarrollo económico y social a corto plazo y de lograr una concienciación rápida a nivel ciudadano sobre la nueva realidad para hacer frente a las amenazas existentes. A partir de este momento, empezó a cobrar fuerza el concepto de “desarrollo sostenible”. Este concepto implica tres dimensiones fundamentales. Por un lado, la sostenibilidad ambiental que, por lo general, es considerada de forma única y, por otro, la económica y la social.

Esta tendencia es refrendada también en textos internacionales. En concreto, en el sexto Programa Comunitario en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea3 se incluyen referencias que inciden directamente en el modo en que deberían ser

SSEl desarrollo urbanístico madrileño está marcado por el desmesura­do crecimiento de algunos municipios y el despilfarro energético organizados los sistemas urbanos. Así se entiende en los considerandos 22 y 27 del texto, donde se dice que “el suelo es un recurso finito que está sometido a presión desde el punto de vista medioambiental” y que “el medio ambiente urbano alberga alrededor del 70% de la población y se requieren esfuerzos concertados para ga-

3 Unión Europea: Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente para el periodo 2002-2012, Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 242, 2001.

rantizar un medio ambiente y una calidad de vida mejores en los núcleos urbanos”.

El desarrollo sostenible persigue, en definitiva, el equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales para asegurar las necesidades de las generaciones futuras. No podemos, en consecuencia, esquilmar los recursos existentes y potenciales por razones económicas ya que se impediría el desarrollo de generaciones futuras y se acabaría con la propia economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Es necesario, por tanto, buscar ese equilibrio.

En el transcurso de este debate se llegó a la situación actual. Cuando se empezaba a palpar la crisis en nuestro país, desde los movimientos ambientales se veía la oportunidad de aprovechar la crisis económica para frenar el desarrollismo imperante, poner freno al crecimiento urbanizador desmesurado que se estaba promoviendo desde distintos ámbitos administrativos (estatal, autonómico y local) y para reducir notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Hasta ahora, sin embargo, parece que no hemos visto las orejas al lobo y no se ha comenzado a actuar en este sentido.

El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha dado buen ejemplo de ello en las últimas legislaturas. Utilizando todo tipo de excusas, no ha perdido la oportunidad de meter mano a la naturaleza de la región, facilitando la destrucción de importantes zonas ambientales y haciendo oídos sordos a las argumentaciones de distintas organizaciones ecologistas que han alzado la voz en contra de crecimientos desmesurados en algunos municipios,

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vimiento 15-M, entiende y quiere que nuestra comunidad responda realmente al lema “Madrid: la suma de todos”.

Urbanismo: la artificialización del suelo Las urbes han sido y siguen siendo elementos clave para la civilización, aunque no podemos obviar su fragilidad dado que, para su correcto funcionamiento, es necesaria la circulación de flujos (alimentos, agua, energía, información...) y estos pueden verse seriamente afectados por el exacerbado consumo de recursos que se está realizando.

Foto Olmo Calvo.

nuevos proyectos de infraestructuras, la nefasta calidad del aire en nuestras ciudades, el despilfarro energético o el interés de privatizar el Canal de Isabel II. Con la crisis económica la cosa puede empezar a cambiar, no por un cambio ideológico favorable a un sistema más social y comprometido con el medio ambiente sino, tristemente, por problemas de solvencia económica. La falta de liquidez resultante de los años de despilfarro protagonizados tanto por los ayuntamientos como por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se empieza a notar. Ya no solo se paralizan obras, sino que tampoco salen a concurso nuevas infraestructuras ni desarrollos urbanísticos. Además, podrían congelarse algunos proyectos estrella previstos debido a las dificultades presupuestarias.

A la dificultad económica hay que sumar una mayor concienciación de la ciudadanía que, a raíz de la movilización social promovida por el mo-

Las pautas que definen el urbanismo madrileño en los últimos tiempos han tenido como principal pilar la presión del mercado inmobiliario, basado tanto en la obra pública como en la sobreconstrucción de viviendas, dejando de lado la incorporación de criterios ambientales y sociales en su desarrollo.

De este modo, se obvia la fuerte interrelación existente en las ciudades, donde los problemas ecológicos y los sociales están muy unidos. Los ciudadanos necesitan a la vez un puesto de trabajo y una vivienda asequible, un medio ambiente sano y una ciudad donde poder acceder a servicios, donde consumir, vivir y convivir, sin poner en peligro la supervivencia del planeta. Estamos obligados a pensar la ciudad desde diversas perspectivas, como un ecosistema humanizado. Pero no siempre se actúa en pro de estas ideas y la ingente cantidad de territorio consumido basado en la dispersión de los núcleos urbanos en el territorio no ayuda a ello.

El análisis de los datos de cambio de uso del suelo en nuestra región en los perio-

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dos 1987-2000 y 2000-2005 ofrecidos en el proyecto europeo Corine Land Cover arroja resultados alarmantes. En los 18 años analizados la región ha crecido en suelo artificial (suelo urbano, infraestructuras, escombreras…) un 82’39%, es decir, que en este periodo hemos consumido casi el mismo territorio que el que habíamos necesitado para las mismas actividades en toda nuestra historia. Para su obtención, las tasas de pérdida de suelo se aproximan a 6’73 hectáreas diarias de suelo agrícola y a 1’26 hectáreas en el caso de zonas forestales con vegetación.

El suelo artificiado crece a un ritmo de 7’5 hectáreas diarias.

El consumo de suelo en la región, a partir de los datos del Corine, establece que el suelo dedicado a redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados es el tipo de sue-

lo artificial que más ha crecido, aumentando un 420%. Este incremento se ha visto impulsado en el periodo 2000-2005, en el que la tasa anual de crecimiento roza el 80%. Le siguen las zonas en construcción, que se han triplicado (325%) y la suma de tejido urbano (continuo y discontinuo) y las zonas industriales, que ha duplicado.

Ley del Suelo: de reforma en reforma y... tiro porque me toca El carácter transversal de los problemas ambientales se hace visible con especial claridad en el condicionamiento de la ordenación física del suelo a través de medidas de conservación de la naturaleza. La complejidad de la cuestión se pone de manifiesto a la vista de la superposición de mecanismos

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jurídicos dispares, como los estrictamente ambientales, los territoriales y los urbanísticos, al servicio de un fin común: el aprovechamiento racional

SSLa crisis puede favorecer un cambio a un sistema más sostenible no por un giro ideológico sino, tristemente, por problemas de solvencia del territorio como soporte físico de todas las actividades humanas, de cuya sostenibilidad depende la conservación del suelo como recurso natural.

La legislación urbanística autonómica ha decidido abandonar esta senda y buscarse un nuevo compañero de viaje, los agentes inmobiliarios, a cuyos intereses se ha ajustado primando la agilidad y la flexibilidad administrativa, desbancando el interés general, la participación ciudadana y las necesarias consultas ambientales.

La aplicación de las nuevas pautas de regulación se reflejan en la aparición de nuevas urbanizaciones, aisladas, sin los adecuados servicios y localizadas en lo que han denominado algunas promociones inmobiliarias “exclusivos entornos naturales”, acelerando así la construcción en nuestra comunidad y presionando zonas ambientalmente claves.

Este proceso de desregulación de la legislación autonómica de suelo se ha ejecutado, de forma general, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos

Autonómicos, más conocida como “ley escoba”4. Un claro ejemplo de ello es la posibilidad de reclasificación de suelo mediante figuras como las modificaciones puntuales, sujetas a menores garantías de evaluación ambiental y escrutinio social que los planes generales. A través de estas modificaciones que, en muchos casos, poco tienen de puntuales5, se pretenden crear campos de golf en suelo agrícola, construir residencias unifamiliares en suelo protegido o naves en suelo inundable.

Este enfoque arrincona el planeamiento general y renuncia a los instrumentos urbanísticos clásicos con los que se han venido desarrollando los distintos municipios de nuestra comunidad. La apuesta institucional apunta a un planeamiento estratégico, flexible y a corto plazo que despoja a las organizaciones sociales y ambientales de los últimos argumentos que disponían para tratar de poner coto a la arbitrariedad de las decisiones urbanísticas de ayuntamientos de distintos colores políticos y del propio Gobierno regional.

El 17 de noviembre de 2011, la Comunidad de Madrid aprobó remitir al Consejo Económico y Social (CES) la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañan a los presupuestos para que la estudie y avale. Entre las novedades que apunta el anteproyecto de ley figura una importante modificación de la Ley del Suelo que permite a los promotores ceder menos suelo al uso público. De esta forma los constructores podrán computar como cesión el suelo que destinan a los jardines privados de las urbanizaciones.

4

5 El Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Con-

sejo de Gobierno, regula las Modificaciones Puntuales No Sustanciales de Planeamiento Urbanístico (BOCM 29 de julio de 2008), y define estas como aquellas que “no superen los 10.000 metros cuadrados” o que “no afecten a una superficie superior al equivalente al 1% del suelo urbano del municipio”.

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También es sabido que la precaria dotación económica de los municipios hace que “se busquen la vida” participando, de una u otra manera, en el negocio inmobiliario.

De esta manera, la connivencia entre promotores y políticos deriva con facilidad hacia prácticas corruptas6. Los casos de corrupción que afloran en los tribunales no son sino la punta del iceberg de un problema mucho más extendido.

Por supuesto, la planificación sigue su curso y los distintos municipios continúan intentando aprobar sus figuras de planeamiento pero, a diferencia de los anteriores, la nueva generación de planes generales se instrumenta al servicio del crecimiento y de la facilidad de promoción.

En la actualidad estamos viviendo un desplazamiento en la lista de prioridades de los “proyectos estrella”, protagonistas y causantes, en gran parte, del boom inmobiliario, por otros de menor escala pero diseminados por el territorio y sin planificación coherente.

Pese a ello, numerosos macroproyectos urbanísticos prosiguen su tramitación administrativa a pesar de la crisis. Ejemplos emblemáticos son la Operación Chamartín, a modo de ampliación de La Castellana, los grandes desarrollos urbanísticos pendientes del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), como la Operación Campamento o Valdebebas, el megaproyecto del Distrito Norte de Alcorcón, con la nueva ciudad deportiva del Atlético de Madrid incluida, o el desarrollo de los

6 Naredo J.M. y Montiel, A.: “El modelo

inmobiliario español y sus consecuencias”, en El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria, Barcelona, 2011. Pág. 32.

Foto Sarah Bienzobas.

planes generales aprobados en las últimas legislaturas. El problema de estos ejemplos no radica exclusivamente en su dudosa viabilidad económica o su anulación por parte del Tribunal Supremo sino en el hecho de que, como viene siendo costumbre en nuestro país, están “preparando” el suelo para cuando se acabe la crisis. Con ello se incide en la idea de que la base económica del país es el ladrillo, le pese a quien le pese, en especial al medio ambiente.

Destaca la situación que vive el Ayuntamiento de Madrid, que ha modificado, rectificado o corregido su Plan General de 1997 en 125 ocasiones entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de enero de 20107. Entre las anteriores modificaciones tan solo dos responden a la Sentencia del Tribunal

7 Listado de Modificaciones Puntuales de Planeamiento General y Normas Subsidiarias y corrección de errores archivado en el Centro de Asesoramiento Técnico del Colegio de Arquitectos de Madrid. Actualizado a agosto de 2011.

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Supremo del 27 de febrero de 2003, casada parcialmente por sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007, por la que se anulaban 22 ámbitos de desarrollo del PGOUM de 1997 y que obliga a que se rijan por los criterios del PGOUM de 19858.

Estos serían en parte suelos no aptos para urbanizar por sus cualidades agrológicas o ecológicas, entre otras. En total afecta a más de 340 hectáreas de suelo que debería estar protegido y al desarrollo de más de

SSEn 18 años hemos consumido casi el mismo territorio que el que habíamos necesitado a lo largo de toda la historia de la región de Madrid 137.500 viviendas. En el resto de casos se hace caso omiso a la sentencia y el Ayuntamiento ha comenzado la ejecución de los ámbitos, destruyendo en todos ellos gran parte de las especies vegetales o arbóreas que los habían protegido en el planeamiento anterior. Entre estos ámbitos destacan por su singularidad el Sistema Aeroportuario de Barajas9, en el que se incluye la Terminal 4, la ampliación de IFE-

8 El APE 08.06. Colonia Mingorrubio y el de-

sarrollo UNP 4.08. Aravaca-La EscorzoneraMonte del Pilar ejecutan la sentencia y un tercer ámbito afirma ser un error cartográfico (UZI 0.06. Arroyo del Fresno (PP.II.1)

9 El AOE 00.02. Sistema Aeroportuario Bara-

jas se encuentra plenamente ejecutado. Tenía una superficie de 63’23 ha de las cuales estaban protegidas por el anterior planeamiento 36’27, aproximadamente el 22’22% del ámbito.

MA o la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid10, cuyo presidente se encuentra muy unido al mundo de la construcción.

Todo ello con una edificabilidad remanente11, reconocida por el Ayuntamiento de Madrid12 para construir 25.605 viviendas en suelo urbano consolidado de 57’99 hectáreas de suelo industrial y 7’86 de suelo terciario. A estos datos habría que sumar los de vivienda vacía, que aumentarían considerablemente el primero de los datos.

El crecimiento difuso o cómo nos hacen creer que vivimos en la naturaleza Con el paso de los años, la definición e identificación entre lo rural y lo urbano se ha tornado realmente compleja. El proceso de urbanización dejó de ser hace mucho tiempo un mero asunto cuantitativo para pasar a ser un asunto cualitativo. Lo urbano ya no está únicamente en las ciudades. En

10 El UNP 4.01. Ciudad aeroportuaria y Parque de Valdebebas se encuentra en ejecución. La superficie del desarrollo es de 115’78 ha, de las cuales estaban protegidas por el anterior planeamiento 92’58, aproximadamente el 79’96% del ámbito.

11 Según la metodología del informe al que se referencia “la edificabilidad remanente de un ámbito de ordenación concreto a una fecha determinada sería la edificabilidad que, en dicho ámbito, no ha sido consumida por el conjunto de licencias de nueva edificación concedidas, hasta la fecha de referencia, en el interior del mismo”.

12 Edificabilidad remanente en ámbitos

del Plan General de 1997. Remanentes de Vivienda, Industria y Terciario, a 1 de enero de 2011. Disponible en http://www.madrid. es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/ TemaUrbanismo/EdificabilidadRemanente2010/Ficheros/00_Presentacion_Resu11.pdf

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algunas de las denominadas zonas rurales se han ido adquiriendo de forma progresiva los modos de vida considerados urbanos, así como la tecnología de las ciudades. En la actualidad, y para muchas personas, la denominada polaridad entre lo rural y lo urbano desaparece. No en vano hemos asistido en los últimos tiempos a una creciente concentración en los grandes núcleos urbanos de nuestra comunidad.

SSLa región metropolitana de Madrid cuenta con 5 anillos de circunvalación y 12 vías rápidas radiales, pero no parece suficiente Estos núcleos han funcionado siempre como foco de población, capitales y recursos. Pero estos no viajan solos, sino que vienen cargados de consumo de suelo, materiales, desigualdades y exclusión social. Se conforman como grandes sistemas abiertos que dependen de la entrada de materiales y energía (recursos naturales), y que precisan de la explotación de otros sistemas en la naturaleza para mantener su estructura y pervivencia. Los flujos de recursos naturales tales como los materiales y la energía circulan desde fuera de la comunidad hasta estos grandes núcleos y dependiendo del modelo organizativo adoptado por ellos, la explotación de recursos aumentará o disminuirá en el tiempo.

Las recientes transformaciones en los procesos de urbanización han avivado el debate sobre el modelo de ciudad.

La esencia del debate se concentra en los rasgos de extensión y compacidad de la ciudad, un debate que en el plano sociológico se traslada a las condiciones urbanas que permiten garantizar la cohesión y la diversidad social. Normalmente estas polémicas conducen a la oposición de dos arquetipos: la ciudad compacta o tradicional europea y la ciudad difusa o la suburbanización.

El sistema urbano que se está imponiendo sigue el modelo anglosajón de ciudad difusa, y se caracteriza por el claro propósito de consumir ingentes cantidades de energía y otros recursos naturales como suelo, materiales, etc. El resultado es una ciudad que se difumina en el campo ocupando áreas cada vez más extensas.

Así, el paisaje empieza a poblarse de pequeñas agrupaciones de chalés con piscina organizadas en urbanizaciones de baja densidad y de grandes complejos de centros comerciales y de ocio. Además, el tejido productivo y el mercado laboral ya no se encuentra en la ciudad.

Ahora tenemos que salir a los núcleos más próximos de las grandes urbes para localizar los nuevos centros de trabajo en parques tecnológicos, empresariales o industriales. Paralelamente, la ciudad ve reducidas sus zonas verdes y de ocio, estas últimas trasladadas fuera del núcleo urbano. Conscientes de ello y para conseguir aumentar sus ventas, las promociones inmobiliarias se proyectan a la sociedad como los “sitios cercanos a”, estando siempre a menos de veinte minutos del centro, a quince del mejor colegio (privado) o a diez de un centro comercial. Todo ello con una incomparable vista del entorno, un precio más asequible que en la ciudad y, eso sí, un gran garaje para dos o más coches que permitan llegar a tan deseados lugares.

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Y es que socialmente este modelo disperso representa la tremenda pérdida de opciones de sociabilidad respecto a la ciudad tradicional. La urbanización sin ciudad anula uno de sus principios: ser el lugar de la coexistencia, de la diversidad, de la interacción entre grupos sociales diversos13 ya que la homogeneidad entre los habitantes suele ser bastante elevada.

También hay que tener en cuenta que, junto con los paisajes, la implantación de este tipo de urbanización arrasa con las culturas rurales preexistentes.

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De este modo, el excesivo consumo de suelo de algunos procesos socioeconómicos está provocando la destrucción y degradación de importantes activos naturales y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos. De seguir esta tendencia pueden originarse riesgos para el futuro que determinarán un escenario crecientemente insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo e insolidario desde el punto de vista social.

Al problema del crecimiento difuso en el territorio debemos añadir la desprotección de los espacios naturales relevantes de nuestra comunidad. Así, uno de los proyectos estrella de la última legislatura y de la vigente es convertir la sierra de Guadarrama en un parque nacional. Para ello se aprobó un documento de ordenación de sus recursos naturales14, no sin la oposición de algunos grupos ecologistas. Uno de los principales problemas que plantea este documento normativo es que lleva a cabo una desregularización de los usos y actividades que ahora cuentan con mayores restricciones en la sierra. Además, reduce de forma evidente la protección de enclaves de elevado valor natural, como las zonas A1 y A2 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Natural de Peñalara o aquellos afectados por la Ley General Forestal; se permite la realización o ampliación de

13 Velázquez, I.: “La expansión de la ciudad”, en El Ecologista n.º 34. Págs. 46-50.

14 Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 11, del 14 de enero de 2010.

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carreteras incumpliendo lo que señala el Plan Director de Parques Nacionales; se justifica el mantenimiento de las estaciones de esquí y, por lo tanto, la presión al territorio que esto conlleva y establece directrices para desproteger los suelos clasificados como no urbanizables por los planeamientos vigentes.

Solo esto último permitiría la urbanización de 8.700 nuevas hectáreas, de las cuales tan solo una quinta parte estarían clasificadas como suelo urbanizable a día de hoy.

Tras la estela de este proyecto se encuentra el proceso de aprobación de los planes de gestión de las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA) que no forman parte de espacios naturales protegidos, como los encinares del río Alberche y Cofio o la ZEPA cerealista del Henares y Jarama, que está suponiendo la eliminación de los obstáculos al desarrollo de los planes generales de ordenación urbana de municipios como Meco o Fuente el Saz de Jarama y permitiendo proyectos como los campos de golf de Aldea del Fresno o el parque temático de Fresnedillas de la Oliva, en una zona recientemente atravesada por la ilegal M-50115.

15 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante acuerdo de 15 de julio de 2011, ordena al Gobierno de la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial. La sentencia culmina un proceso que inició en el año 2000 el entonces presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz Gallardón, que declaró el proyecto de interés público por la elevada siniestralidad de la carretera, una consideración que los datos de la propia Consejería de Transportes desmentían toda vez que clasificaba la carretera como de baja peligrosidad. El proyecto fue objeto de una declaración de impacto negativa por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de un informe, también contrario, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Por su parte, la situación que viven espacios protegidos de la región como el Parque Regional del Sureste o el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama es también preocupante.

Dada su proximidad a zonas urbanas se ven continuamente amenazados por

SSLa legislación urbanística autonómica se ha sometido a los intereses de los agentes inmobiliarios desbancando el interés general infraestructuras que los atraviesan, urbanizaciones que los rodean y vertidos o actividades molestas que se localizan allí y que, desde la creación de las figuras de protección correspondientes, no han dejado de producirse.

Destaca en este sentido la “laguna del aceite” en Arganda, dentro del Parque del Sureste, otra escandalosa muestra más de la generalizada política de desidia en la gestión de los espacios protegidos. Se trata de una balsa de más de seis hectáreas en la que la empresa Ulibarri-Piqsa vertió directamente hidrocarburos altamente tóxicos en 1989 contando con el plácet de todas las administraciones públicas. Veinte años después es propiedad de la Comunidad de Madrid, que la adquirió por 50.000 euros. Hoy en día, ni la limpieza, ni la restauración ni la descontaminación prometidas se han llevado a cabo y las aves siguen muriendo sin que el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Arganda o la Confederación Hidrográ-

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fica del Tajo pongan una solución para garantizar la retirada de los vertidos.

Desde entonces, miles de aves confundidas desde el aire por el reflejo de la supuesta lámina de agua caen en el viscoso aceite y mueren, incapaces de escapar una vez inutilizado su plumaje por la acción de este chapapote. La enorme toxicidad de estos compuestos y su alta acidez ocasiona daños irreparables en aves como garzas, ánades, limícolas, gaviotas e, incluso, rapaces nocturnas y conejos.

El deporte como gran consumidor de suelo y recursos: los campos de golf En paralelo a la desprotección efectiva del territorio, incluidos los espacios que gozaban de cierto grado de protección, hemos asistido a una oleada de proyectos de campos de golf, una moda implantada en todo el territorio estatal cuyas consecuencias adquieren especial gravedad en Madrid, una región con poca agua que, sin embargo, cuenta con cerca de treinta instalaciones que ocupan una superficie aproximada de 1.800 hectáreas, la misma superficie que ocupa la Casa de Campo de Madrid. Estos proyectos han recibido un gran respaldo institucional y se han convertido en la excusa perfecta para reclasificar terrenos agrícolas que habría que proteger y obtener así beneficios millonarios a costa de la depredación del territorio.

Los campos de golf, como tales, son unos terrenos ajardinados donde se ha modificado el relieve y se ha eliminado la vegetación natural. Además, se mantienen contra natura con un riego intensivo y con la aplicación de ingentes cantidades

de biocidas químicos destinados a exterminar toda forma de vida natural, especialmente la subterránea (gusanos, topos, etc.) incompatible con la práctica del golf, todo ello para garantizar los negocios que se cierran en sus emocionantes competiciones. El resultado es un ambiente totalmente artificial, con una biodiversidad mínima, tanto de flora como de fauna, muy inferior a la de los terrenos agrícolas que normalmente suplanta, que son el hábitat idóneo para los ciclos vitales de multitud de especies.

A la pérdida de biodiversidad se suma el gran consumo de agua, un problema en nuestra región, donde a las escasas precipitaciones anuales debemos añadir las grandes pérdidas por evaporación. Para dejar claro el alcance del consumo que requiere el mantenimiento de un campo de golf solo indicaremos que el gasto de agua en un campo de 18 hoyos es equivalente a una ciudad de 10.000 habitantes. Los campos de golf madrileños se “beben”, por tanto, 18 hectómetros cúbicos al año, un volumen de agua equivalente al que necesita una ciudad de unos 150.000200.000 habitantes en el mismo periodo de tiempo.

Pero su impacto ambiental va más allá y alcanza al consumo de territorio, la urbanización del medio rural y natural, la pérdida de conectores biológicos entre espacios naturales, la contaminación de acuíferos, la desfiguración del paisaje, la presión humana por incremento del tráfico, del ruido y de la contaminación lumínica nocturna, entre otros.

Pese a todo ello, son varios los proyectos de nuevos campos que se están construyendo o tienen posibilidades de salir adelante. Valgan como ejemplo el campo de golf de El Encín,

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en una finca pública de investigación agraria de Alcalá de Henares; los dos campos proyectados en las cuencas de los ríos Jarama y Henares en Algete, calificados como lugares de interés comunitario; el proyecto para la Ryder Cup que intentó ubicarse en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares; el proyecto de la Federación Madrileña del Golf en Perales del Río (Getafe), en pleno Parque Regional del Sureste o los proyectos promovidos por los ayuntamientos de Guadarrama y Aldea del Fresno.

El Madrid metropolitano: autovías, aeropuertos y otros cuentos Los cambios experimentados por la sociedad en las últimas décadas han afectado a la forma de vivir y entender las ciudades. En esta transformación ha sido fundamental el desarrollo de los medios de transporte, ya que por ellos se han modificado las actividades comerciales y de ocio, pero también se han desarrollado las ciudades del modo en que lo han hecho.

Las distancias de viaje más largas y un continuo crecimiento del nivel de motorización son los principales patrones del crecimiento difuso que han sufrido las ciudades. Para ello han contado, además, con un importante aliado: las nuevas carreteras, fundamentalmente las autovías, cuya principal función es garantizar la accesibilidad de más terreno y terminar convirtiéndolo en una nueva urbanización.

Todo esto conlleva un aumento de tráfico hacia estos nuevos desarrollos urbanos y, con ello, nuevas congestiones circulatorias y atascos que presionan para promover una nueva ampliación o construcción de viario, lo que vuelve a alimentar el círculo vicioso16. Además, favorecen las estructuras urbanas monofuncionales, aumentando la fragmentación del territorio y la dependencia del vehículo particular al

16 Segura, P.: “Luchas ciudadanas por unas zo-

nas metropolitanas habitables. Acciones contra la dispersión urbana y las grandes infraestructuras de transporte y sus efectos”, en Viento Sur nº 116, de mayo de 2011. Págs. 80- 87.

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incrementar las distancias físicas entre los principales usos del suelo (vivienda, trabajo, comercio, servicios públicos). De este modo la dispersión urbana multiplica los desplazamientos en automóvil, así como los trayectos diarios más largos –más que

SSGracias a las “modificaciones puntuales” de los planes generales, se pueden crear campos de golf en suelo agrícola permitir el ahorro de tiempo, se comprueba que las nuevas infraestructuras nos animan a viajar más lejos, permaneciendo constante el tiempo de desplazamiento–.

Encontramos un claro ejemplo en la M-40: cuando se inauguró, los estudios de demanda preveían una década sin atascos, pero estos apenas tardaron unos meses en

llegar17. Madrid es una región experta en el tema, ya que su región metropolitana cuenta nada menos que con cinco anillos de circunvalación, doce vías rápidas radiales y persiste en las ampliaciones para solucionar sus problemas de tráfico.

La economía regional ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de estos procesos. Como consecuencia del cambio hacia una renta basada en los servicios y en la relocalización de las actividades empresariales, los mercados de trabajo y los modelos de desplazamiento relacionados tienden a cubrir áreas más extensas. Todo ello provoca una migración continua de población y de empleo desde la capital, donde tradicionalmente se asentaban, hacia la periferia urbana y las áreas de baja densidad. El desarrollo comercial de las zonas periféricas de la capital continúa su expansión y las áreas urbanas y suburbanas compiten por el comercio y por el

17 Segura, P.: “Evaporación del tráfico”, en El

Ecologista nº 65, de junio de 2010. Págs. 22-24.

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mayor número de desplazamientos. La congestión del tráfico, que no cesa e incluso aumenta (especialmente en los suburbios y en las entradas a los centros de negocio u ocio dependiendo de la hora), obstaculiza la circulación de personas y bienes en muchas ciudades, al tiempo que disminuye la cuota de personas que usan medios de transporte público, que van a pie o circulan en bicicleta. Así, de las áreas metropolitanas con un radio de influencia cotidiana de unos 50 kilómetros en los años setenta del pasado siglo, se ha pasado a regiones funcionales urbanas de más de 100 kilómetros de radio18.

En la región, como no podía ser de otra manera, el gran foco de actividad es la capital, una ciudad congestionada tanto en su interior como en sus accesos.

La mejor solución para evitar las congestiones no pasa por crear nuevas vías de acceso. Recordemos que en el caso madrileño las autopistas radiales de peaje (R-2, R-3, R-4 y R-5) se construyeron para descongestionar el tráfico de las sobrecargadas autovías que discurren paralelas (A-2, A-3, A-4 y A-5). Existen soluciones, hace tiempo inventadas y con grandes ventajas ambientales, que son más equitativas socialmente y sin apenas coste económico.

Podríamos optar por reservar carriles en exclusiva para los autobuses sin necesidad de ampliar ningún carril, como es el caso del carril Bus-VAO de la A-6, que funciona desde 1995 o por crear aparcamientos disuasorios en la corona metropolitana.

18 Serrano, A.: Cambio Global España 2020. Programa Transporte. Centro Complutense de Estudios e Investigaciones Medioambientales (CCEIM) y Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot), 2009. Pág. 104

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No está de más recordar a este respecto que el 16 de marzo de 2005 la entonces ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, aprobaba la implantación, para las entradas a Madrid, de siete carriles de doble dirección y 100 kilómetros de doble carril, es decir, 200 kilómetros en total de carril. La operación afectaría, según datos del propio ministerio a más de 128 millones de usuarios del transporte público de Madrid y su área metropolitana. A día de hoy, solo ha prosperado el desdoblamiento de 17 kilómetros del carril Bus-VAO de la A-6 –el 7,5% de lo previsto-, mientras que otros ni siquiera han llegado a la fase de proyecto informativo.

Por su parte, en un estudio más reciente, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ponía de manifiesto la existencia de un importante déficit de plazas para estacionamientos disuasorios en todos los ejes de penetración a la ciudad y área periurbana que necesitaría la creación de treinta nuevos estacionamientos en localizaciones a determinar de forma precisa para alcanzar las 75.000 plazas –50.000 de ellas nuevas– que vendrían a paliar esta

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exigencia. Salvo actuaciones puntuales llevadas a cabo por Renfe en alguna de sus estaciones o por administraciones municipales muy concretas, todavía no se han concretado sus emplazamientos.

El problema reside en que se insiste en un modelo fallido. El Gobierno regional, en lo que considera un intento para reactivar la economía, plantea desenterrar el proyecto de la R-119. Un proyecto que, recordemos, pertenecía al primer grupo de autovías radiales impulsadas por el Gobierno de Aznar y no se llegó a realizar, que la presidencia regional intentó llevar a cabo en 2006 hasta que se encontró con los impedimentos del Tribunal Constitucional y que en los años 2007 y 2009, con un gobierno socialista, fue licitado y quedó desierto.

Los datos que, en definitiva, corroboran el fallo del modelo son abrumadores: - Aunque inicialmente se fijó un coste de 1.756 millones de euros para la construcción de las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5, acabaron costando 3.604 millones de euros. En conjunto no llegan a absorber el 40% del tráfico previsto. Las concesionarias (prácticamente todas las grandes constructoras españolas, junto a varios bancos) están recibiendo créditos participativos avalados por el Estado por grandes cantidades, hasta igualar lo que hubieran recaudado si el tráfico llegara al 80%20.

19 “Madrid da los primeros pasos para sacar a concurso la Radial 1”. Diario Cinco Días del 3 de noviembre de 2011. Disponible en http://www.cincodias.com/articulo/ empresas/madrid-da-primeros-pasos-sacarconcurso-radial/20111103cdscdiemp_7/ 20 Los préstamos participativos han supuesto 250 millones de euros en 2010 y 135 millones de euros en 2011.

- La AP-41 Madrid-Toledo, que costó 440 millones de euros, apenas absorbe el 11% del tráfico previsto. La concesionaria demandó al Ministerio de Fomento y el Tribunal Supremo le dio la razón el 17 de mayo de 200121, por lo que el Estado deberá compensar a la concesionaria, que reclama 320 millones de euros, por incumplimiento contractual ya que, en teoría, la obra iba a llegar hasta Córdoba y el hecho de que concluya en Toledo les ha hecho perder rentabilidad, alegan.

- El tráfico de la M-12, que une la capital con el aeropuerto y que costó 426 millones de euros, es siete veces inferior al inicialmente previsto.

SS La urbanización sin ciudad anula uno de sus principios: ser el lugar de la coexistencia, de la diversidad y de la interacción entre grupos sociales diversos - La AP-36 que une Ocaña y La Roda costó lo mismo y no llega ni a la décima parte de las previsiones de tráfico.

Pero además, contamos con otras grandes infraestructuras, las aeroportuarias. Al destrozo ambiental provocado por la ampliación del aeropuerto

21Diario Cinco Días del 1 de junio de 2011.

Disponible en http://www.cincodias.com/ articulo/empresas/fomento-compensaraduenos-ap-41-restablecer-equilibriofinanciero/20110601cdscdsemp_28

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de Barajas, el Gobierno regional plantea sumar el provocado por la construcción de dos nuevos aeropuertos en la región: uno al suroeste, en El Álamo, como aeródromo para los jet privados y otro al sureste, en torno a Campo Real, como un gran aeropuerto de mercancías.

Ligado a este último proyecto se ha diseñado un plan de infraestructuras logísticas delirante tanto por su expansión como por su impacto ambiental en una de las comarcas menos urbanizadas y con un mundo agrario y rural aún significativo: las vegas de los ríos Tajuña y Tajo. Este proyecto incluye una macroplataforma “intermodal” de distribución de mercancías a escala peninsular entre Arganda y Perales de Tajuña, a la que debería conectarse una nueva línea ferroviaria exclusiva de mercancías y nuevas autovías que la conectarían con otros centros logísticos de menor escala desde los que se realizaría la distribución final.

La M-30 madrileña: más de treinta años de deuda contraída Pero no se apuesta por las vías de elevada capacidad solo desde la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital también compite en el mismo campo con la ampliación de la M-30.

Con esta obra no sólo se ha aumentado la contaminación, talado masivamente más de 20.000 árboles, muchos centenarios y algunos catalogados, y segregado los barrios. Además, se ha vulnerado la legalidad, tal y como demuestran las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Justicia de Ma-

drid, que precisaban que nueve de los doce tramos soterrados de la M-30 se habían hecho saltándose la normativa medioambiental europea.

SSEl reto no es solo invertir la tendencia a urbanizar caóticamente, sino ver cómo se puede reconstruir el espacio de vida urbana La remodelación de la M-30 se propugnó con el argumento de que solucionaría los problemas del tráfico en el interior de la almendra central.

Se afirmaba que todo el tráfico rodado exterior a la carretera de circunvalación que no tuviese destino final en la misma se desviaría por este anillo y el tráfico interior mejoraría notablemente. Para ello se duplicó la capacidad de la autovía y se acometieron varios enterramientos.

Transcurridos cuatro años desde la finalización de las obras, la velocidad media en la M-30 apenas se ha incrementado un kilómetro por hora y la del interior del primer cinturón supera escasamente los 11 kilómetros por hora, y ello pese a haber decrecido un 4’75% la intensidad media diaria en la M-30, circunstancia que, lógicamente debería redundar en un incremento de la velocidad.

Pero el fracaso económico es todavía más notorio. Al estar imposibilitado legalmente el Ayuntamiento de Madrid para endeudarse en la cuantía que los altos

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costes de la obra requerían22 constituye una empresa mixta, denominada Madrid Calle 30, que sería la encargada de su financiación y en honor a la cual pasaba a ser una vía urbana para evitar así el estudio de impacto ambiental. La contrapartida es la adjudicación, por 35 años, de su conservación por un monto de 10.407’81 millones de euros, lo que supone un canon anual a abonar por el Ayuntamiento de Madrid que supera los 300 millones de euros constantes desde 2005.

22 La ejecución de las obras de remodelación de la autovía M-30 –valoradas inicialmente en 2.849’6 millones de euros– alcanzó los 3.180’6 millones de euros, lo que supuso un sobrecoste del 11’61%.

Pese a tan cuantiosa y extensa obra este invierno hemos vivido uno de los episodios más graves de contaminación del aire en la capital tras más de diez años de incumplimiento de los niveles máximos de contaminantes establecidos por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la normativa legal vigente, siempre que haya alguna superación de los niveles legales –y ha habido muchos– el Gobierno regional está obligado a redactar y a aplicar un plan de mejora de la calidad aire que reduzca de forma rápida los índices de contaminación a niveles tolerables. A pesar de que han pasado cinco años desde que entrara en vigor el Plan Azul-Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2006-2012) no se

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ha conseguido este objetivo básicamente porque se ha dedicado a medidas cosméticas e intrascendentes, eludiendo el verdadero núcleo de la cuestión: reducir el tráfico de automóviles23.

Todo ello, en un contexto internacional definido por la escasez de combustibles fósiles al que parece que hemos llegado –el llamado pico del petróleo–. Según un informe de la Asociación para el Estudio de los Picos de Petróleo y Gas (ASPO) y, teniendo en cuenta los últimos datos sobre Oriente Medio y, en especial, de Arabia Saudita, las reservas petrolíferas no son tan extensas como en un principio cabía esperar, de tal forma que el cénit tanto para el petróleo como para el gas natural tuvo lugar en el año 2008.

Conclusiones: qué hacer Cuando se habla de medidas para salir de la crisis nos plantean reformas laborales, subidas de impuestos, reducciones de las inversiones en sanidad y educación o reducción de las pensiones… pero nadie habla de transformar el modelo inmobiliario español, principal causante de la crisis.

Nadie habla de abandonar la destrucción del territorio y el saqueo de los bienes comunes, problema del que difícilmente se van a ocupar los mercados internacionales y le importa bien poco a la prima de riesgo.

Algunas de las principales medidas para salir de esta crisis pasarán por crear nuevo suelo urbanizable y nuevas infraestructuras y viviendas, tal y como se entrevé en algunos programas electorales. El verdadero

23 Informe La calidad del aire en la ciudad de Madrid en 2010 de Ecologistas en Acción.

Disponible en http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/AireMadrid2010.pdf

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problema es que tenemos que reinventarlos, reutilizarlos y gestionarlos adecuadamente en pos de un uso más adecuado a nuestras necesidades reales, y no de otras supuestas o potenciales.

Es necesario recuperar el modelo de ciudad compacta, mejorando las actuales estructuras de modo que ofrezcan una alternativa de vida atractiva para la mayoría de la población y dotarlas de los adecuados servicios, equipamientos y zonas verdes.

El reto no es sólo invertir la tendencia a urbanizar caóticamente todo el territorio, sino ver de qué modo se puede reconstruir un espacio de socialización y de vida urbana a partir de las zonas existentes que han sido concebidas desde el planteamiento de nociudad con el que hemos crecido.

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Pacto del euro, déficit y recortes sanitarios El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que en el marco europeo abogaba por un recorte del gasto público con el objetivo de alcanzar el déficit cero y el informe Abril, cuyos postulados recogieron varias leyes aprobadas en España, abrieron la veda a sucesivos recortes presupuestarios y a la consolidación de un modelo sanitario que, lejos de responder a las necesidades de la ciudadanía, se rige por criterios economicistas.

Carmen San José, médica de familia1.

L

os recortes sanitarios en los diferentes servicios de salud que componen el Sistema Nacional de Salud (SNS) del Estado español no son algo nuevo.

Quizás lo más característico del momento actual sea su cuantía y las prisas para su aplicación. Sorprende también la unanimidad existente en todas las comunidades autónomas para llevarlos a cabo, puesta de manifiesto en el hecho de que ninguna consejería de sanidad ha presentado alternativa alguna a los recortes.

1

Lo primero a destacar es que todos los gobiernos autonómicos dicen estar muy preocupados por el gasto sanitario, entendiéndose por tal el gasto sanitario público, que supone alrededor del 70% del gasto total. Porque lo que no preocupa a ningún gobernante es lo que ha crecido en los últimos años el gasto que tienen que realizar las familias por prestaciones que no están incluidas en los servicios de salud o porque el servicio funciona mal.

1 Correo electrónico: csjose05@yahoo.es

Lo que está en juego en este y en otros servicios públicos, por tanto, no es lo que gasta la ciudadanía, sino lo que destinan a los mismos los presupuestos del Estado.

Da lo mismo que seamos uno de los países que menos inversión pública destina a sanidad y a servicios sociales: tras décadas

SSEl presupuesto destinado a la sanidad supone entre el 30% y el 40% del total de los presupuestos de las comunidades autónomas de neoliberalismo y pensamiento único, se ha extinguido la más mínima idea de solidaridad y garantía del derecho a la salud.

En la actualidad, como estamos inmersos en una crisis económica y los “mercados” mandan, hay que hacer lo que dictan las grandes corporaciones, banqueros, espe-

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culadores, etc. para mejorar sus beneficios.

A ese fin se aplican los grandes gurús del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea con sus planes de ajustes económicos. Y a ese mismo dictado obedecen los gobiernos con sus políticas diseñadas para disminuir el déficit. No importa que la economía se hunda en una nueva recesión demostrando que las recetas que se están aplicando desde hace cuatro años no han servido. Se sigue aplicando insistentemente la misma medicina, aunque esté matando al enfermo.

ir privatizando las partes más rentables de los mismos. Las sucesivas crisis económicas pusieron de manifiesto que era difícil volver a la senda de elevadas tasas de ganancia y, con un sector industrial en retirada, se extendió la idea de que los servicios públicos financiados por el Estado podían ofrecer una oportunidad de negocio.

Las estrategias aplicadas

Con este tipo de estrategias se acometieron, por un lado, reformas que fueron aplicando mecanismos de mercado –externalizaciones, conciertos con entidades privadas, impulso a la competencia entre centros y entre profesionales por la obtención de incentivos, etc.–,

La situación actual de los servicios públicos de salud es el fruto de una estrategia aplicada desde mediados de los años ochenta para introducir mecanismos de mercado e

Los países de la Unión Europea aplicaron estas políticas en el marco que les ofrecía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que abogaba por un recorte del gasto público con el objetivo de alcanzar el déficit cero.

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con el objetivo de orientar la sanidad hacia la rentabilidad económica y, por otro, recortes en los gastos sanitarios, lo que ha originado escasez en infraestructuras y personal.

Aunque las privatizaciones se han llevado a cabo en todos los servicios públicos por igual, han afectado especialmente a la sanidad por ser la que recibe más fondos públicos: entre el 30% y el 40% del total de los presupuestos de las comunidades autónomas.

Las distintas fórmulas privatizadoras que se han ido aplicando a los sistemas de salud tienen el mismo trasfondo, aunque su desarrollo haya ofrecido características propias y velocidades distintas en función de los territorios. En todos ellos, los cambios han afectado paulatinamente a la organización, la gestión, la financiación y la provisión de todos los servicios públicos.

La primera iniciativa de calado fueron las recomendaciones de la comisión de análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud de julio de 1991, más conocidas como informe Abri (en honor a su autor, Abril Martorell), que propuso la separación de funciones en orden a la creación de un mercado interno y el sometimiento de los centros de salud al derecho privado en lugar del derecho administrativo –con mayores controles y transparencia–, en lo que a su organización y funcionamiento se refiere para dotarles de autonomía de gestión. La normativa que le dio carta de naturaleza fueron las leyes 10/1996 y 15/1997. Con ellas, los buenos propósitos que animaron la Ley General de Sanidad de 1986 quedaron olvidados. Esta ley partía del principio integrador de las funciones sanitarias: salud pública (promoción, prevención y protección), la asistencia sanitaria (acciones curativas, incluida la rehabilitación), la coordinación de medios y recursos públicos en un dispositivo único, el Sistema Nacional

de Salud, para lograr así una adecuada planificación en base a las necesidades y como garantía del derecho a la salud.

Respecto a la financiación se cambió la legislación para permitir que empresas privadas pudieran construir las infraestructuras sanitarias bajo las fórmulas de Concesión de Obra Pública (COP) o Concesión Administrativa (CA). Así es, de hecho, como se han construido en general los nuevos hospitales, cuyas obras han promovido bancos, fondos de inversión y grandes constructoras a cambio de quedarse con la explotación de los centros. En el caso de las concesiones COP, las empresas privadas solo gestionan la parte no sanitaria; en el caso de la CA, todo el hospital. Estas fór-

SS En la actualidad nos enfrentamos a unos servicios de salud deteriorados que funcionan con criterios empresariales, en buena parte privatizados mulas son conocidas también por sus siglas en inglés PFI (Private Financial Initiative), ya que fue en el Reino Unido donde antes se pusieron en marcha. Hubo otros servicios, como la limpieza, el mantenimiento, la cocina, etc. de los centros sanitarios que se externalizaron desde un principio.

La organización para que todos los sistemas de salud sean empresas rentables tampoco ha excluido a los centros de salud, puesto que fórmulas como los consorcios, las cooperativas, las entidades de base asociativa, o la más extendida autogestión incluyen un importante grado

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de competitividad dentro de cada centro y entre ellos para que el funcionamiento persiga la eficiencia económica.

Situación actual Las medidas llevadas a cabo han alcanzado su objetivo y, en la actualidad, nos enfrentamos a unos servicios de salud deteriorados que funcionan con criterios empresariales, en buena parte privatizados, y sin ningún margen para la participación del personal laboral ni de la ciudadanía. Sin duda alguna, en pocos años podremos constatar cómo todo esto afecta a la salud ya que, a diferencia de lo que pueda parecer, algunas formas de organización de los servicios de salud, como la Atención Primaria, han demostrado mejoras en las tasas de mortalidad y en la mortalidad prematura prevenible o tratable por causas específicas para enfermedades cardiovasculares y coronarias2.

SSSegún un estudio riguroso, aumentar 100 dólares en políticas de bienestar se traduce en una caída de la mortalidad del 1,19% La calidad de la asistencia se ve afectada al contar con menos recursos de los necesarios para atender la creciente demanda de una población que sigue aumentando, y

2 Macinko, J., Starfield, B., Shi, L.: The contribution of primary care systems to health outcomes within the Organization for Economic Cooperation and development (OECD) countries, 1970-1998. Health Serv Res nº38. Págs 831-865.

que requiere más cuidados por la elevada esperanza de vida. La generalización de las demoras y las eternas listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas, pruebas e, incluso, para ser atendido por los y las médicas de familia, demuestra que la atención a la salud de las personas no es la misma cuando han disminuido de forma importante los presupuestos sanitarios. Pero hemos de tener en cuenta, que esto no sucede ahora por los recientes recortes, sino que fue una estrategia buscada. Sin inversiones públicas en infraestructuras se conseguía un deterioro del sector público que justificaría más tarde casi cualquier medida y, de paso, se extendía entre la población la crítica al mal funcionamiento de los servicios públicos.

Por otra parte, esto ha contribuido a que las clases más pudientes hayan suscrito pólizas de seguros privados, abandonando la sanidad pública, lo que perjudica tanto a las personas con mayor poder adquisitivo como a los sectores más desfavorecidos: a los primeros porque la sanidad pública, a pesar de los recortes, sigue siendo mejor en calidad científico-técnica, y a los segundos, por su menor capacidad de influencia.

Ahora, los mismos que han abandonado la sanidad pública son los que piden que los seguros privados desgraven en el IRPF. El gasto sanitario no lo dice todo acerca del modelo sanitario. Es mucho más significativo cómo se organiza, planifica y qué tipo de orientación tiene la política sanitaria. Sin embargo, su influencia no es desdeñable. Así lo pone de manifiesto un reciente estudio que analiza, con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la UE-15, la relación entre el gasto social y la mortalidad. De sus resultados se desprende que, desde 1980 a 2005, cada aumento de 100 dólares en políticas de bienestar social

Foto Sarah Bienzobas.

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de desarrollo de nuestro país. Muy al contrario, estamos situados a la cola de la UE, con el agravante, en nuestro caso, de que este gasto no es uniforme en todo el Estado y de que las diferencias entre comunidades autónomas son cada vez mayores, propiciadas por el hecho de que la financiación que transfiere el Estado no es finalista, de manera que, del total de fondos recibidos, cada territorio puede dedicarlo a lo que decida. En 2011 esta diferencia ascendió a 556,71 euros entre el territorio que más gasta –el País Vasco, con un presupuesto per cápita de 1.563,68 euros–, y el que menos –Islas Baleares, con 1.003,324–.

se traducía en una caída de la mortalidad por cualquier causa del 1,19%3.

Por esto, no deja de ser significativo que aun en los años de bonanza económica los presupuestos dedicados a la sanidad no hayan crecido lo que corresponde al nivel

El Producto Interior Bruto per cápita de España equivale al 94% del PIB del promedio de los países de la UE-15.

Sin embargo, el gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5% respecto al promedio. De ser ambos equivalentes, España se gastaría 13.700 millones de euros más en sanidad5. Esto echa por tierra lo que insistentemente se dice desde el Gobierno y la oposición de que no nos podemos permitir aumentar la inversión ya que, a menor gasto público, mayor desembolso tienen que realizar las familias. En 1992, con un gasto sanitario total que ascendía al 6,5% del PIB, el porcentaje del gasto sanitario público era del 77,4%. En 2009, sobre un gasto total del 9,6%, solo se destinó al gasto público el 73,6%6.

Otro problema añadido a la insuficiente financiación pública ha sido la desviación

4 http://www.fadsp.org 5 http://blogs.publico.es/dominiopublico/2971/los-recortes-del-gasto-sanitario

3 Stuckler, D., Basu, S., Mckee, M.: “Budget crises, health, and social welfare programmes”. BMJ. 2010; 340:c3311

6 OCDE, junio de 2011.

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HOSPITAL

COSTES OBRA1

CANON ALQUILER 20081, 2

COSTE FINAL A 30 AÑOS1, 2

PROPIETARIOS

Aranjuez

58

9,7

300

Constructora Hispánica

Arganda

63

10,7

330

FCC, Caja Madrid

Coslada

93

16

480

Sacyr Vallehermoso

Majadahonda

250

45

1350

Dragados

Norte

114

20

600

Acciona

Parla

84

15

450

Sacyr Vallehermoso

Valdemoro

72

25

990

Apax Partners

Vallecas

107

16,8

510

Begar, Ploder

TOTAL

701

158,2

5.010

1- Millones de euros. 2- Varía año a año, en general aumenta por IPC+gastos sobrevenidos y lucro creciente.

creciente de los presupuestos a las entidades privadas en concepto de canon a las concesiones de obra pública y concesiones administrativas, conciertos, convenios, servicios externalizados, empresas públicas, etc. En la actualidad, hasta el 33% de las camas hospitalarias son privadas, una situación que se da más en comunidades como Madrid y las Islas Baleares, que presentan un menor gasto público per cápita7.

Recurrir al sector privado para la construcción de infraestructuras las encarece entre cuatro y siete veces más,

7 “Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación”. Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)

como se demuestra con los hospitales construidos bajo las fórmulas de concesiones en todo el territorio del Estado, una proporción que en la Comunidad de Madrid crece hasta 7,148 y que puede seguir creciendo ya que, hace unos meses, las concesionarias de los nuevos hospitales exigieron 9,2 millones de euros más en el canon, además de otros 80 millones por exceso de gasto9.

8 “La Sostenibilidad del SNS. Análisis de la situación y propuestas para asegurarla”, junio de 2011. http://www.fadsp.org 9 http://www.elpais.com/articulo/espana/nuevos/ hospitales/Madrid/piden/millones/Aguirre/advierten/ colapso/reciben/elpepuesp/20110509elpepunac_9/Tes

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A esto hay que añadir que las concesionarias que explotan los centros sanitarios orientan la asistencia a una medicina curativa, altamente dependiente de la biotecnología para hacer más rentable su inversión. En la práctica esto supone realizar selección de los pacientes, trasladando a los ancianos y enfermos con pluripatologías a los centros públicos que aún quedan.

Las privatizaciones llevadas a cabo no hubieran tenido el menor éxito si no hubieran incidido en la partida presupuestaria mayoritaria: el capítulo de personal. Los planes de ajuste han ido disminuyendo las plantillas de personal, y se han extendido a los contratos precarios, lo que ha hecho que se incrementen considerablemente las cargas de trabajo y empeoren las condiciones laborales. Pero por encima de todo ello se ha tratado de domesticar a las y los profesionales sanitarios, obligándoles a ser competitivos para ganar los incentivos diseñados a tal fin, sin tener en cuenta en ningún caso ni la ética ni la menor evidencia científica en la práctica clínica.

Es frecuente que se plantee la pregunta: ¿Cómo se han podido llevar a cabo cambios de tanto calado, desmantelando los servicios de salud, sin que nadie proteste?

Hay que reconocer que fueron precedidos por todo tipo de propaganda oficial y de expertos para ocultar lo que se perseguía.

Primero nos hicieron ver que los sistemas públicos eran muy burocráticos, inflexibles y un nido de ineficiencia, cuando no de corruptelas. Segundo, proclamaron que la modernización pasaba por aplicar mecanismos empresariales para hacer los servicios más ágiles y adaptarlos a los nuevos tiempos. Y hay que reconocer que esto caló perfectamente en la mayoría de

la población, en una buena parte de la izquierda y, sobre todo, en los sindicatos mayoritarios, que no movilizaron a los y las trabajadoras contra estas agresiones. Sólo la izquierda radical, los sindicatos alternativos y colectivos defensores de la sanidad pública advirtieron de la debacle movilizando a la población. Pero fue como clamar en el desierto: el neoliberalismo y el pensamiento único hicieron el resto.

El pacto del euro Desde los años noventa, en plena orgía neoliberal, los estados miembro de la eurozona acordaron el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para alcanzar el equilibrio pre-

SS ¿Cómo se han podido llevar a cabo cambios de tanto calado, desmantelando los servicios de salud, sin que apenas se proteste? supuestario, en el mejor de los casos, el superávit y, en el peor de los escenarios, no superar un déficit del 3% del PIB. El resto de la política económica quedaba relegada a este objetivo. Las mediadas implementadas para cumplir el PEC se tradujeron en unos programas de duros ajustes para los asalariados y drásticos recortes del gasto público, lo cual incidió muy negativamente en todos los servicios públicos europeos y reforzó las políticas de privatizaciones iniciadas con anterioridad.

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Ante la situación de la economía de la mayor parte de los países, en junio de 2011 la Unión Europea decidió dar un paso más en el cumplimiento efectivo del PEC (en la pasada década no lo habían cumplido ni Alemania ni Francia) con la aplicación de unas medidas que, básicamente, buscan la competitividad de los trabajadores para hacer más rentables las empresas que utilizan el euro en el mercado mundial.

Nos referimos al Pacto del Euro (PE), que sucintamente consiste en vincular salarios a productividad, aumentar la flexibilidad del mercado laboral, disminuir los impuestos a las empresas, mantener el déficit por debajo del 3% del PIB e implantar un control de los bancos para que no asuman riesgos excesivos.

Estas medidas, incluidas en el recetario de la economía neoliberal y que ya se venían aplicando en los últimos años para salir de la crisis, no están dando ningún resultado positivo. Es más,

SSEn la Comunidad de Madrid los hospitales privados han costado hasta 7,14 veces más que los centros hospitalarios públicos según todos los indicadores objetivos están ahondando la crisis y ya se comienzan a oír voces de alarma ante el estancamiento del crecimiento en los países del euro en el segundo trimestre de este año y el peligro de una nueva recesión.

Las referidas medidas no responden a razones económicas para superar la crisis que comenzó en 2008, sino a razones de origen puramente ideológico que el capitalismo, a través de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea, obliga a poner en marcha para impulsar su supervivencia. Mientras, los gobiernos títeres de eso que se ha dado en llamar “mercados” –grandes bancos, corporaciones internacionales, fondos de inversión, especuladores, etc.– lo acatan, ignorando sus obligaciones para con la ciudadanía que les ha votado.

Nos encontramos, pues, ante un ataque que no solo se ha dirigido al ya maltrecho Estado de bienestar, sino especialmente a los y las asalariadas a través del salario directo, indirecto y diferido –retribuciones, cobertura

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en caso de desempleo y enfermedad, pensiones, etc.–. Todos los derechos laborales conseguidos en el último siglo se están viendo afectados. ¿Volveremos al siglo XIX en cuanto a condiciones laborales y sanitarias? Puede ser, con el agravante, además, de que hoy día los servicios públicos sanitarios no juegan el mismo papel que antaño, al estar la fuerza de trabajo mayoritariamente sana, y al existir un elevado número de desempleados y desempleadas como reserva.

Foto Olmo Calvo.

“No hay dinero público para financiar todas las prestaciones sanitarias”, repiten una y otra vez los poderes públicos. Ahora bien, la recaudación del Estado procede básicamente de los impuestos sobre las rentas del trabajo y las rentas del capital y, lo que no se dice es que la recaudación es escasa debido a la aplicación de una fiscalidad que beneficia solo a las rentas del capital. El carácter no progresivo de la política fiscal ha marcado las reformas del sistema impositivo español. Quiere esto decir que quien más tiene cada vez paga menos, pues se han creado mecanismos, como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), para eludir los impuestos o defraudar en una cuantía que en nuestro país alcanza los 38.500 millones de euros anuales, algo que no sucede con las personas que solo cuentan con su salario. Se da la paradoja de que el 75% de los empresarios declaran como mileuristas, y que solo un 3% de los contribuyentes declara ganar más de 60.000 euros, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Así, un trabajador del sector de manufacturas en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. Un em-

presario español paga solo el 38% de su homólogo sueco10.

Los recortes del gasto público aplicados por diferentes gobiernos para cuadrar las cuentas, por tanto, no solo es algo injusto, sino económicamente suicida, pues en el sector sanitario público español trabaja solamente el 4,1% de la población adulta, un porcentaje que alcanza el 6,6% en la UE-15. Teniendo en cuenta que nuestro principal problema es el desempleo, bien podría haber sido el aumento de las inversiones en el sector público una opción de gobierno.

El impacto del techo de gasto Las medidas aplicadas desde 2010, como los recortes salariales a los empleados públicos, la aprobación de una reforma laboral que abarata el despido e incrementa la edad de jubilación no bastaron para alcanzar la estabilidad

SSEl presupuesto de la Comunidad de Madrid para los hospitales públicos para el año 2012 cae un 1,6% respecto a 2011 presupuestaria. Por ello se modificó la Constitución, un tema tabú para asuntos de mayor calado, y, posteriormente,

10 Navarro, V.: “Determinantes del gasto sanitario público”, en http://blogs.publico.es/dominiopublico/2971/los-recortes-delgasto-sanitario/

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se elaboró una ley para fijar el techo del déficit en el 0,40 para el conjunto del Estado, quedando el de las comunidades autónomas en el 0,14. Esta

SSHay que impulsar la recuperación de la gestión pública de los centros sanitarios y subir el presupuesto de la asistencia primaria limitación estrangulará literalmente los servicios públicos y, en muchos casos, se traducirá en el definitivo desmantelamiento de los servicios de salud pues impedirá cualquier inversión, principalmente en infraestructuras y plantillas, por lo que la construcción de centros se limitará a la modalidad de concesiones, con los efectos ya descritos. Y la masificación de las consultas, junto al crecimiento de las listas de espera para pruebas y cirugía, harán que la población que se lo pueda permitir suscriba seguros privados. Esto llevará al desmantelamiento planificado de los Servicios de Salud.

El recorte aplicado por el Gobierno de CIU de 850 millones de euros sobre el presupuesto inicial previsto para el 2011 en Cataluña ha tenido terribles efectos: reducción de días de consulta, cierres de camas y quirófanos en los hospitales y clausura de centros de salud y de servicios de urgencias. El recorte del Gobierno de Castilla La Mancha se cifra en 400 millones de euros y en 30 millones el “ahorro” previsto por el Ejecutivo autonómico de Murcia

Foto Olmo Calvo.

gracias a la “reorganización” de los servicios de salud. También Extremadura y Valencia han anunciado recortes y la Comunidad de Madrid aumentará la joranda laboral y disminuirá las retri-

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buciones en las bajas por enfermedad...

Y así sucesivamente. Más pronto que tarde comprobaremos cómo repercute el “ahorro” en la atención sanitaria ya que, como advierten algunos estudiosos

del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), menos servicios dotados de menores plantillas no pueden garantizar la misma calidad. Por tanto, ¡claro que los recortes influirán en la calidad

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de la atención sanitaria y en la salud de la ciudadanía!

El futuro de los servicios­ públicos de salud No podemos conformarnos diciendo “qué le vamos a hacer, si no hay dinero”, como parece haber calado en amplios sectores de la población. Primero, sabemos que esto no está provocado por la crisis, sino que se planificó con antelación para hacer de los servicios públicos de salud un negocio.

Segundo, la falacia del “no hay dinero” se

SSEl objetivo de toda política económica debería ser atender las necesidades de las personas debe a un sistema impositivo que hace que el Estado no recaude lo que cabría esperar con nuestro nivel de riqueza aplicando otro sistema fiscal. Tercero, dedicar una u otra cantidad a sanidad o a servicios sociales es una decisión política, y las obligaciones de los gobiernos no son para con los mercados, sino para con la población. Solo hay que ver los presupuestos sanitarios por comunidades autónomas para comprobar las prioridades de los distintos gobiernos. Cuarto, el objetivo de toda política económica debería ser atender a las necesidades de las personas.

Y a esto se deberían aplicar los gobiernos, propiciando un desarrollo del bienestar, con empleo, vivienda, educación, sanidad, etc.

Existen alternativas para fortalecer los servicios de salud y evitar su deterioro. Y es ab-

solutamente factible llevarlas a cabo incluso en plena crisis económica, puesto que de su aplicación se podrían alcanzar mejoras no solo en los niveles de salud sino, en nuestro caso, del empleo.

Obvio, pero necesario, es recordar que actualmente no contamos con verdaderos servicios públicos de salud, por lo que la primera medida debería consistir en impulsar su planificación y orientación para resolver necesidades, priorizando medidas de promoción y prevención. Además, sería necesario que cada decisión política tuviera en cuenta su impacto en la salud de las personas. Esto no puede ser cosa en exclusiva de expertos, sino que debe contar con la participación activa de toda la ciudadanía a la que el servicio de salud va a dar cobertura. Y por participación activa se entiende poder tomar las decisiones de cuánto se gasta en sanidad, cómo y en qué se gasta.

Otras medida de carácter general es la subida progresiva de varios puntos del PIB del gasto en sanidad y el incremento decidido de la asignación presupuestaria del primer nivel asistencial para evitar la consolidación de un modelo consumista de medicina meramente curativa, así como la aprobación de las necesarias modificaciones legales para recuperar la gestión pública de todo lo que se ha privatizado.

El futuro pasa indefectiblemente por que comprendamos que es perfectamente posible revertir los cambios y que la última palabra la tiene la ciudadanía, como está demostrando el movimiento 15M y antes que éste otros colectivos: nos tenemos que organizar y movilizar con urgencia en todos los rincones del Estado en defensa de un servicio público de salud y esta tarea nos ha de conducir a confluir con los pueblos que se están levantado en Europa contra las mismas agresiones.

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Presupuesto destinado a sanidad en la Comunidad de Madrid para 2012 Foto Juan Carlos Rojas.

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2012 incrementan la partida correspondiente a sanidad un 0,6 % respecto al pasado año. No se aplica, por tanto, la inflación de 2,9 puntos con la que acabó 2011.

Las partidas dedicadas a la Atención Primaria y a la Atención Especializada suben ligeramente y disminuye la de farmacia contabilizada por recetas. No obstante, no debemos olvidar que la Atención Primaria no ha recuperado el presupuesto del año 2006, cuando ascendió a 851 millones de euros.

Disminución de personal y plantillas

LOS DATOS 2009

2010

2011

2012

Gasto sanitario total

7.119

7.078

7.125

7.169

Atención Primaria

740

707

693

719

Farmacia (recetas)

1.233

1.220

1.220

1.151

Atención Especializada

4.167

4.231

4.345

4.457

FUENTE: Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Analizando los diferentes programas, llama la atención que el presupuesto del capítulo de personal en Atención Primaria pasa de 611.514.000 euros en 2011 a 601.028.000 en 2012.

Esto no parece corresponder solo a la disminución de la plantilla, que pasa de 12.274 profesionales en 2011 a 12.244 para el próximo año. Disminuyen también las inversiones reales y aumentan los gastos corrientes.

En Atención Especializada, son los hospitales públicos los

HOSPITALES PÚBLICOS 2011

2012

La Paz

442.682.000

438.040.000

12 de Octubre

400.309.000

394.129.000

Ramón y Cajal

327.240.000

321.037.000

Clínico San Carlos

328.322.000

326.158.000

La Princesa

157.705.000

153.636.000

VAR. INTERANUAL

-1,67%

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CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA (Gestión privada, ánimo de lucro)

2011

2012

Vallecas

91.162.100

99.766.000

Sureste

48.745.000

55.243.000

VAR. INTERANUAL

Objetivo: ¿descapitalizar los hospitales públicos?

Tajo

43.866.000

47.123.000

Sur

64.820.000

71.280.000

Henares

65.836.000

74.782.000

Norte

98.451.000

107.974.000

8,4%

CONCESION ADMINISTRATIVA (Totalmente privada. Toda la asistencia –en €– con medios ajenos –Progr25–)

Valdemoro

2011

2012

42.632.000

45.979.000

Torrejón

Fundación Jiménez Díaz

76.092.000

211.154.000

grandes perdedores en cuanto a dotación presupuestaria. El Hospital Univesitario La Paz, el hospital Doce de Octubre, el hospital Ramón y Cajal, el hospital Clínico San Carlos y el hospital de La Princesa recibieron el pasado año 1.656.258 mil euros, una cantidad que en 2012 se reduce a 1.633.000.000 euros, es decir baja su presupuesto un 1,6 %.

comprobamos que el presupuesto asignado, entre otros, al hospital de Valdemoro, a la Fundación Jiménez Díaz, o al Laboratorio Clínico Central se eleva un 33,6% con respecto al año pasado.

V. INTERANUAL

33,6%

216.862.000

Los seis hospitales nuevos, más los hospitales Fundación de Fuenlabrada y Fundación de Alcorcón pasan de recibir 661.588.000 euros el pasado ejercicio a percibir con 716.958.000 euros en 2012, un incremento que alcanza el 8,4%.

En el programa de Asistencia Sanitaria con medios ajenos

Este somero repaso a los próximos presupuestos sanitarios de la Comunidad de Madrid pone claramente de manifiesto cuál es la estrategia en política sanitaria del Partido Popular: desmantelar servicios públicos mediante la descapitalización de los grandes hospitales públicos y de la Atención Primaria, dotando de crecientes sumas a todos los servicios concertados y nuevos hospitales, que superan con mucho las pequeñas subidas globales de los presupuestos. Esta decisión política no es nueva, pues está perfectamente planificada para responder a los intereses de las grandes corporaciones del aseguramiento sanitario, de las industrias de biotecnología y de las grandes farmacéuticas. Por eso no tiene que ver con la crisis financiera y económica que ahora sufrimos. Sin embargo, esta les viene bien ahora para justificar los recortes que están en línea con los objetivos que se han propuesto alcanzar: la desaparición de los servicios públicos universales, accesibles, gratuitos, con financiación y gestión pública.

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Juventud madrileña: presente de crisis, futuro incierto No corren buenos tiempos para los más jóvenes: la tasa de desempleo juvenil supera en la Comunidad de Madrid el 43%, un índice histórico al que acompaña una notable precarización de las condiciones de trabajo promovida por sucesivas reformas laborales y la eliminación, por orden del Gobierno regional, de los escasos órganos públicos en los que podían participar.

Paula Guisande, secretaria de Juventud de CCOO de Madrid.

L

a Ley de Juventud de la Comunidad de Madrid de 2002 reconoce que “Madrid tiene en la juventud uno de sus mayores potenciales de desarrollo social”. Tal vez sea la afirmación más acertada de una ley que ni se conoce, ni se cumple, ni tan siquiera responde suficientemente a la situación de la juventud madrileña.

Según esta misma ley, tendrán la consideración de jóvenes todas aquellas personas con edades comprendidas entre los catorce y los treinta años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que, en octubre de 2011, 1.125.000 personas respondían a este perfil en la Comunidad de Madrid.

Son muchos los que se llenan la boca hablando de la juventud, pero veamos cuán en serio se toman a este colectivo.

Si hay algo que está fuera de toda discusión es que, para bien o para mal, la juventud pasa. Las políticas de juventud ni son almacenables ni postergables. A la juventud de hoy, por tanto, no se la

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podrá compensar en un futuro por las políticas que no se han llevado a cabo, por los derechos que no ha podido

SSLas mujeres soportan el 94,5% de los 71.000 puestos de trabajo destruidos durante el tercer trimestre de 2011 en la Comunidad de Madrid ejercer, por la educación que no ha recibido o por los años en los que no ha encontrado empleo.

El empleo Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2011 confirman que en la Comunidad de Madrid la crisis no solo no ha remitido,

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sino que continúa devorando puestos de trabajo, un hecho con el que algo, o mucho, tendrán que ver las políticas llevadas a cabo por el Gobierno regional, administración que tiene las competencias en políticas activas de empleo.

En el tercer trimestre de 2011 se destruyeron en nuestra región 71.000 empleos y la ocupación cayó un 2,48%, hasta niveles de 2005. La pérdida de puestos de trabajo ha afectado mayoritariamente a las mujeres, que soportan el 94,5% de los empleos destruidos. El sector servicios ha sido de todos el más afectado, con la destrucción de 57.300 empleos.

Según la EPA, ya son 573.100 las personas desempleadas en la región, lo que supone una tasa de paro del 17,01%, la más alta

SSA finales de 2011, 573.100 personas estaban en situación de desempleo, el 17,01% de la población activa, pero el 43,55% entre los jóvenes hasta ahora registrada en la Comunidad de Madrid. Las mujeres y los jóvenes son los más perjudicados: estos últimos alcanzan una tasa de desempleo del 43,55%.

Lejos de promover medidas dirigidas a dar respuesta a esta realidad, las políticas del Gobierno regional van en sentido contrario. Con más de medio millón de personas desempleadas al comienzo de esta legislatura, el Gobierno autonómico suprimió de la noche a la mañana el Servicio Regional de Empleo, cuya labor

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es vital en este momento, acabando de un plumazo con la participación de los agentes sociales y difuminando la gestión de las políticas de empleo.

A la supresión de este órgano hay que sumar la paralización de programas y la retención de presupuestos destinados a formación y empleo por una cantidad que, a finales de septiembre, ascendía a 115 millones de euros. En consecuencia, las personas con mayores dificultades y necesidades económicas participantes en estos programas han dejado de recibir los salarios y becas correspondientes.

Pero no solo las políticas de empleo van desencaminadas. También las económicas, con las que el Ejecutivo regional está consiguiendo que la economía madrileña se apague como una vela y que la salida de la crisis se perfile a costa de condiciones de vida cada vez más duras para la ciudadanía.

El empleo de las personas más jóvenes La crisis no ha hecho más que empeorar la situación de un colectivo que ya sufría precariedad y discriminación en el mercado laboral.

Por un lado, ha sido la excusa para justificar las reformas que han legalizado el fraude, han creado figuras contractuales más precarias, han prolongado la precariedad, permiten la privatización de la intermediación laboral y hacen más vulnerables al trabajador y a la trabajadora frente a la empresa. También ha servido de pretexto para recortar los presupuestos educativos en detrimento de la calidad y la cantidad de la oferta, así como del empleo y de las condiciones de trabajo del personal docente.

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Foto Sarah Bienzobas.

Por otro, ha incrementado las prácticas empresariales abusivas. Por desconocimiento, necesidad y miedo al desempleo, las personas jóvenes son más proclives a encontrarse en esta situación. Las prácticas no remuneradas –o muy mal remuneradas– son una de las figuras más recurrentes en el acceso al mercado de trabajo, fundamentalmente de los titulados universitarios. A la escasez o la ausencia de remuneración hay que sumar la falta de un contrato legal vinculante que garantice a los mal llamados “becarios” el acceso a sus derechos laborales y a la protección social. A pesar de no existir la figura del contrato en prácticas, muchos empleadores optan por relaciones no contractuales que constituyen fraude y que CCOO ha venido denunciando desde hace años ya que encubren puestos de trabajo a bajo coste y sin derechos.

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Como consecuencia del desempleo, de la inestabilidad y de las condiciones precarias de trabajo, apenas un 46,7% de la población cuya edad está comprendida entre los 18 y los 35 años estaba emancipada en la Comunidad de Madrid a finales de 2010.

También han contribuido a esta tardía emancipación los altos precios de la vivienda –en compra o alquiler–, la falta de políticas públicas dirigidas a las personas más jóvenes y el estancamiento del crédito, que ha frenado el proyecto de emancipación de muchos jóvenes.

Las reformas El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó mediante el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, una reforma del

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mercado de trabajo que añadió más precariedad aún en el mercado laboral al facilitar y abaratar el despido y que motivó, meses después, la convocatoria de una huelga general. A esta reforma le siguieron otras, que afectan especialmente a los más jóvenes. Si algo tienen en común todas ellas es la prevalencia del interés

SS Ninguna de las últimas reformas laborales ha revertido la tendencia creciente de las tasas de desempleo, temporalidad y precariedad empresarial sobre el de los trabajadores y trabajadoras y su poca utilidad, ya que ninguna de ellas ha revertido la tendencia creciente de las tasas de desempleo, temporalidad y precariedad.

En pleno agosto, el Ejecutivo volvió a recurrir a un real decreto para, en teoría, promover el empleo de las personas jóvenes y fomentar la estabilidad laboral. En virtud de estas medidas se creó un nuevo contrato, el de formación y aprendizaje, y se aprobó la suspensión de la aplicación, durante dos años, del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que limitaba el encadenamiento de contratos temporales.

Con anterioridad a este decreto y a la reforma laboral de junio de 2010, solo podían firmar un contrato de formación los trabajadores de entre 16 y 21 años. La reforma laboral lo amplió hasta los 25 años y, posteriormente, el real decreto lo extendió hasta los 30 años durante un período excepcional que debería finalizar el 31 de

diciembre de 2013, fecha en la que el límite volvería a establecerse en los 25 años.

La regulación del extinto contrato de formación hacía una referencia clara al papel de la negociación colectiva en el establecimiento de las condiciones de contratación mediante esta modalidad: número máximo de contratos de formación en función de la plantilla, duración, puestos de trabajo, tiempo de formación teórica, etc. Con la actual regulación esta referencia desaparece, no del contenido de los convenios colectivos, pero sí permite la decisión unilateral del empresario sobre las condiciones de contratación.

La duración de esta modalidad contractual también se ha visto modificada, pasando de un mínimo de seis meses y un máximo de dos años a un mínimo de un año y un máximo de dos, con la posibilidad de prórroga por otro año más.

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Anteriormente el tiempo dedicado a la formación teórica no podía, por ley, suponer menos del 15% de la jornada.

En la actualidad la ley se limita a exigir compatibilidad del tiempo de trabajo con la formación. Por otra parte, la anterior regulación establecía que, en los casos en los que el trabajador no hubiese superado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), la formación teórica tendría por objeto la obtención del título. En la actualidad esta referencia es más difusa.

También desaparece la referencia a la conversión de estos contratos en contratación indefinida ordinaria cuando el empresario incumpliese sus obligaciones en materia de formación.

Tampoco las bonificaciones que se establecen tienen como objetivo la conversión en contratación indefinida, sino abaratar los costes laborales.

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La reforma constitucional fue contestada ampliamente por la ciudadanía, tanto por el procedimiento –fue promovida por el PSOE y el PP, negando la convocatoria de un referéndum–, como por el fondo –establece límites al gasto público, lo que limita las políticas sociales y el papel del Estado–.

La educación El papel de la educación es crucial en el desarrollo integral de la persona, especialmente en sus primeros años de vida, pero también en su tránsito hacia la edad adulta. De ahí su estrecho vínculo con las políticas de juventud.

En cuanto al salario, que anteriormente se fijaba en virtud del correspondiente convenio colectivo, se establece ahora en proporción al tiempo de trabajo efectivo, utilizando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las medidas aprobadas en agosto no favorecen, por tanto, el empleo de las personas jóvenes, ni mejoran su formación, sino que, por el contrario, aumentan la precariedad y limitan sus expectativas de desarrollo personal y emancipación.

Tampoco podemos olvidar otras dos reformas “cocinadas” a espaldas de la ciudadanía y del diálogo social: la reforma constitucional y la reforma de la negociación colectiva.

La primera se fraguó también en agosto, por la supuesta presión de la Unión Europea y de los mercados financieros. La segunda, en junio de 2011, al margen del acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos e inclinándose claramente hacia los intereses patronales, lo que le valió el rechazo y las críticas de las organizaciones sindicales.

Igual de clara debería estar su función social, toda vez que constituye un elemento clave en la compensación de las desigualdades y para promover el cambio del modelo económico y social. En el contexto actual, de hecho, debería servir como impulso para salir de la crisis, por eso no se entiende el constante recorte presupuestario al que todos los niveles educativos están siendo sometidos. En la Comunidad de Madrid, en concreto, la evolución de los últimos cinco años arroja unos indicadores que manifiestan un retroceso generalizado de la inversión en enseñanza pública a través de unos recortes que en el curso 2011-2012 se han materializado en la destrucción de más de 3.000 puestos de trabajo docente y en un deterioro sustancial de la calidad de la educación pública madrileña.

El retroceso, en cambio, ya había comenzado hace diez años: en este periodo la tasa de escolarización más significativa, el promedio de años de escolarización por persona y la escolarización en las enseñanzas postobligatorias se retrajeron notablemente.

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En la actualidad, la Comunidad de Madrid es la penúltima comunidad del Estado en inversión por alumno en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. Mientras, las necesidades educativas se mantienen o incrementan: en los dos últimos años la demanda educativa ha crecido en 20.000 nuevos estudiantes. La oferta formativa, sin embargo, es manifiestamente insuficiente y deja sin atender a numerosos alumnos del primer ciclo de Infantil, de los programas de cualificación profesional inicial, destinadas específicamente al alumnado que sufre el fracaso escolar, así como el de Formación Profesional, una etapa en la que hay un déficit de 14.000 plazas, muchas de ellas correspondientes a jóvenes que habían abandonado el sistema educativo por el “efecto llamada” del mercado laboral durante los años de bonanza y que habían decidido volver a las aulas. Los recortes en educación, por tanto, cierran las puertas a muchos jóvenes desempleados que quieren aumentar su nivel de formación como medio para acceder a un empleo.

SSLos recortes aplicados en educación han dejado sin plaza a 14.000 demandantes de una plaza en Formación Profesional En la enseñanza pública no universitaria también ha descendido el porcentaje de alumnado escolarizado y se ha potenciado la privatización en todos los niveles, activando procesos de segregación y de selección del alumnado a través de la concentración de quienes más ne-

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cesidades educativas tienen en centros de zonas concretas de la enseñanza pública. Desigualdad que se promociona desde la propia Administración con programas como el de bilingüismo, cuya implantación está favoreciendo a las áreas territoriales de mayor renta (oeste, centro, norte), en detrimento de las más necesitadas (sur y este).

Los resultados educativos son, en este contexto, deficientes. Especialmente negativa es la evolución de la tasa de abandono educativo temprano, que ha pasado del 19,4% en el año 2000 al 26,3% en 2008, empeorado 6,9 puntos porcentuales, más del doble que la media española y casi tres veces más que el 10% establecido como objetivo por la Unión Europea para el año 2020.

En este contexto, la mejora de la educación debe ser resultado de un amplio acuerdo político y social que concluya en un acuerdo capaz de sentar las bases para ofrecer las mejores condiciones para el

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ejercicio del derecho a la educación. Lejos de trabajar en esa dirección, el proyecto neoliberal encabezado por Esperanza Aguirre ha alentado el desacuerdo en el Estado y ha confrontado y desestabilizado la enseñanza pública en la región.

La transición del sistema educativo al empleo En los últimos años, las mal llamadas “becas” se han convertido en un pasaje obligatorio para la mayor parte de los jóvenes, fundamentalmente universitarios, que se incorporan al mercado laboral.

El acuerdo social y económico firmado en febrero de 2010 por el Gobierno y los agentes sociales incluye una de las viejas reivindicaciones sindicales sobre la cotización de los becarios a la Seguridad Social con el fin de mejorar la protección social y la carrera de cotización de este colectivo que, en cifras no oficiales, puede rondar las 200.000 personas al año.

En virtud de este acuerdo, cotizarán aquellas personas que estén realizando prácticas formativas, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, que estén vinculadas por convenio a estudios universitarios o de formación profesional y que perciban por ellas algún tipo de contraprestación económica (ayuda de desplazamiento, gastos de manutención, etc.). Las empresas u organismos estarán obligados a dar de alta a estos becarios con una cotización especial que no cubrirá el desempleo.

Además, quienes hayan sido becarios antes de la reforma podrán solicitar la “recuperación” de estas cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2012. También las personas que realicen prácticas forma-

tivas en el extranjero deberán suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, así como los residentes en España que, sin haber estado previamente afiliados a la Seguridad Social y que participen en el extranjero en programas formativos o de investigación de forma remunerada pero sin vinculación laboral.

A pesar del evidente avance que este acuerdo supone en la defensa de los derechos de este colectivo, sigue sin resolver los problemas derivados de la oferta de becas que realizan algunas empresas a trabajadores con titulación sin que medie un convenio de formación vinculado a alguna universidad, una práctica ilegal puesto que existen figuras contractuales, como el contrato en prácticas, que permiten a las personas tituladas pero sin experiencia laboral incorporarse al mundo laboral con pleno ejercicio de sus derechos y con protección social.

Además de la denuncia de este tipo de actuaciones fraudulentas ante la Inspec-

SS La tasa de abandono educativo temprano ha pasado del 19,4% en 2000 al 26,3% en 2008, tres veces más que el objetivo de la UE para 2020 ción de Trabajo, sigue siendo necesaria la incorporación en la negociación colectiva de aspectos relativos a la regulación de las prácticas en centros de trabajo. Todo ello sin perder la perspectiva de que la incorporación de medidas que avancen en los derechos de los becarios y becarias

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no puede suponer la legalización de facto del fraude o la generalización de itinerarios precarios de acceso al empleo. Para eso existen las distintas modalidades de contratación ajustadas a las características de cada puesto de trabajo.

a desempeñar, etc.) y la remuneración establecida por la nueva ley no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional: deberá ser superior al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que para el año 2011 suponía a la cantidad de 426 euros mensuales.

Un real decreto de última hora

El Real Decreto tampoco hace referencia a los objetivos de las prácticas, el seguimiento de las mismas, o a obligación alguna de contratación por parte de la empresa. El texto sólo establece ésta deberá informar al Servicio Público de Empleo del programa de prácticas, pero hasta el momento no parece que la Administración tenga previsto ningún tipo de control de calidad o de suficiencia de las prácticas para la preparación exigida en el oficio, actividad o trabajo de que se trate.

Dos días antes de las elecciones generales, el 18 de noviembre de 2011, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, algo que, a priori, puede parecer positivo pero que precariza más aún las prácticas a las que pueden acceder las personas jóvenes de 18 a 25 años con

SSEn la actualidad, la remuneración de los trabajadores en prácticas no alcanza el salario mínimo interprofesional titulación universitaria, de formación profesional, oficial artística o deportiva, o con certificado de profesionalidad que no hayan tenido una experiencia laboral superior a los tres meses.

El Real Decreto trata de regular lo que hasta ahora podía ser denunciado como una infracción laboral: el uso fraudulento de becas para el encubrimiento de puestos de trabajo.

No están determinadas las condiciones de las prácticas (jornada, horario, tareas

Las políticas de juventud La Ley de Juventud de la Comunidad de Madrid tiene como principios rectores el desarrollo de los valores democráticos y constitucionales, la igualdad de oportunidades, la integración social, la participación juvenil, la transversalidad, la coordinación y la planificación.

Podríamos decir, sin riesgo de exagerar, que casi ninguno de ellos se lleva a la práctica: ni la participación ni la incorporación de los valores democráticos están presentes en ninguna de las diez actividades que la Dirección General de Juventud prevé en el borrador de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012.

Con la desaparición del Consejo Regional de la Juventud el 31 de diciembre de 2010, la promoción de la participación se limita a mantener la pequeña orden

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de subvenciones dirigidas a fomentar el desarrollo de actividades por parte de las entidades juveniles, una orden que ha venido menguando progresivamente hasta desaparecer por completo en la propuesta de Presupuestos Generales para 2012.

Esto supone la desaparición de muchas actividades e inclusive de asociaciones.

Las actividades y programas que desarrolla la Dirección General de Juventud, al igual que ocurre en otros ámbitos de la Administración regional, no favorecen precisamente la igualdad de oportunidades ni la integración social. Valgan como ejemplos la Oficina Joven de la Comunidad de Madrid (TIVE), que nos es más que una agencia de viajes, o el Carné Joven, que solo fomenta el consumo. Ninguno de estos programas presta atención a las necesidades sociales específicas, ni a la situación económica de los jóvenes.

De hecho, tienen más acceso a sus servicios los jóvenes de familias con mayor nivel adquisitivo debido a los canales de difusión utilizados y a los precios poco populares de las actividades ofertadas.

Para hacerse una idea más clara del impacto social de las iniciativas de la Dirección General de Juventud, solo es necesario detenerse en sus objetivos para el año 2012: 10 becas para jóvenes artistas en el extranjero; doscientas becas de idiomas en el extranjero; 200 empresas jóvenes subvencionadas y 5.000 pisos alquilados.

La transversalidad, la coordinación y la planificación de las políticas de juventud para garantizar un mayor alcance y eficacia deberían hacerse efectivas a través, fundamentalmente, de dos instrumentos: la Comisión Interdepartamental de Ju-

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ventud y el Plan Integral de Juventud. La primera no se reúne y el segundo dejó de existir en 2006 a pesar de la insistencia de la Dirección General de Juventud en asegurar lo contrario. Lo cierto es que hasta el año pasado su referencia aparecía en una especie de plan integral del que nadie nunca tuvo conocimiento y desaparece totalmente en los Presupuestos Generales de 2012.

En suma, resulta imposible conocer los programas de juventud, su presupuesto, su gestión –en muchos casos privada–, su evaluación, sus resultados, etc., debido al secretismo con el que funciona la Dirección General, inaceptable en el ámbito de las políticas públicas.

En la actualidad, resulta imposible pensar en una política de juventud diseñada por y para los jóvenes toda vez que hasta ahora ha estado diseñada por y para unas empresas que, llevándose una parte importante del escaso presupuesto destinado al capítulo de Juventud, acaban siendo las más beneficiadas.

SS El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y otros cien órganos de participación fueron suprimidos en 2010 por el Gobierno regional Otro principio importante, que puede incluirse en el de la igualdad de oportunidades es el equilibrio territorial, aspecto que debería ser igualmente tenido en cuenta por las políticas de juventud.

Aunque se trate de una competencia

autonómica, la colaboración con las corporaciones locales resulta fundamental.

Hasta ahora existía una línea, aunque escasa, de financiación parcial de actividades de interés juvenil. En 2012 ya no se contempla ninguna colaboración estable con los municipios. Dada la difícil situación económica y financiera de los ayuntamientos, no es descabellado, por tanto, pensar que difícilmente se llevarán a cabo políticas de juventud en los municipios de la región.

La participación juvenil El artículo 48 de la Constitución española compromete a los poderes públicos en la promoción de la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. La Ley de Juventud regional desarrolla, en teoría, este derecho a la participación, comprometiéndose el Gobierno regional a prestar todo el apoyo necesario y a velar por el buen funcionamiento del Consejo de la Juventud regional.

Sin embargo, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM) y otros cien órganos de participación de esta región fueron suprimidos el 31 de diciembre de 2010 por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público de 23 de diciembre de ese mismo año, alejando más aún a la ciudadanía de la toma de decisiones.

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El CJCM, constituido en 1986, fue durante casi 25 años la plataforma de las asociaciones juveniles de la región, una escuela de ciudadanía y participación para la juventud madrileña. Un espacio de encuentro, intercambio y formación

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Posiblemente el modelo de Consejo de la Juventud que tomó forma en los años ochenta debería hoy ser revisado, pero en ningún caso para convertirse en objeto de control de unos u otros: ni para el autobombo de quienes gobiernan, ni como arma arrojadiza para quienes están en la oposición.

Las formas de participar de la juventud han cambiado: hoy buscan espacios más informales de participación directa donde sean protagonistas. Los consejos, sin embargo, tienden a la institucionalización, a la formalidad y a la burocracia. Y este desencuentro no es casual: las leyes que regulan el funcionamiento de los consejos a lo largo y ancho del Estado han encorsetado y limitado mucho su desarrollo, con exigencias administrativas y de gestión que han llegado a consumir una parte importante del esfuerzo y de los recursos disponibles.

Asumiendo estas debilidades del modelo, la supresión del Consejo de la Juventud de Madrid sigue siendo inaceptable, igual que lo es la eliminación de los otros cien órganos de participación que permitían a la ciudadanía participar, aunque fuese mínimamente, en la toma de decisiones o, al menos, conocerlas.

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cuyo presupuesto suponía un porcentaje irrisorio del presupuesto total: apenas 0,15 euros por joven de la región. Una vez más, la crisis ha servido de pretexto para acabar con un órgano de participación molesto, no porque el consejo fuera especialmente reivindicativo o se enfrentase al Gobierno regional, sino porque éste no podía controlarlo y “utilizarlo” a su antojo.

El Tour Precario del Sindicato Joven En este contexto, el Sindicato Joven de CCOO de Madrid ha puesto en marcha el Tour Precario para llamar la atención de las personas jóvenes sobre la situación y la necesidad de rebelarse, de organizarse, de participar activamente.

Para ello, las personas jóvenes cansadas de la precariedad saldrán a la calle para improvisar conciertos, rituales vudú y

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otras acciones que sirvan para denunciar su situación, señalar a los responsables y afirmar que hay alternativas, que los famosos “mercados” no deben condicionar el presente ni hipotecar el futuro de las generaciones más jóvenes.

sociales, las organizaciones de clase, la ciudadanía organizada y movilizada.

SSCon el movimiento 15M

El movimiento surgido el 15 de mayo ha roto, en parte, con ese miedo social a decir lo que se piensa, a alzar la voz, a señalar a los culpables, a hablar de desigualdades y de injusticias. La juventud ha dado un paso al frente demostrando que quiere ser protagonista de su presente y de su futuro, y esto es algo que nadie debería pasar por alto.

la juventud ha dado un paso al frente demostrando que quiere ser protagonista de su presente y de su futuro Además de denunciar las consecuencias que las decisiones políticas equivocadas y las prácticas empresariales abusivas tienen sobre sus condiciones de vida y trabajo, el Tour Precario pretende acercar a las personas jóvenes a los conflictos laborales, que son el día a día de CCOO. La campaña incorpora un lenguaje claro, comprensible y contundente para llegar a esa juventud para la cual el papel de la organización sindical es invisible porque se ve constantemente sometida al bombardeo ideológico lanzado contra toda forma de organización social intentando impregnar de prejuicios y desconfianzas al respecto a la juventud.

Recuperar la ilusión de la juventud Aunque no podemos negar que el panorama es poco alentador, la juventud no debe ni puede resignarse. Tampoco debemos ni podemos resignarnos los movimientos

El papel de la juventud en el cambio es fundamental, por eso tenemos que luchar para que conserve su frescura, su entusiasmo y su ilusión.

Nos jugamos mucho en una época en la que todo parece cambiar a peor y, además, sucede de forma inevitable. Por ello, no debemos caer en la trampa de que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad, ni el capital y la fuerza de trabajo los mismos intereses. El mundo ha cambiado mucho, eso nadie lo duda, pero la riqueza se sigue distribuyendo de forma desigual, cada día más.

Aunque haya quien quiera negar la evidencia, hay alternativas, y las tendremos que construir entre todos y todas los que creemos en la justicia social, en lo público, en que tienen que pagar más quienes más tienen y en la igualdad de trato y de oportunidades.

Querer desideologizarlo todo es irreal y negar la importancia de la organización en el contexto que vivimos, en el que el capital se une para aumentar su poder, resulta peligroso para quienes solo tenemos nuestra fuerza de trabajo como “mercancía” de intercambio en este gran mercado que algunos queremos seguir llamando mundo.

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La vivienda en España: un derecho por conquistar La expansión de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y de sus acciones de desobediencia civil ante los desahucios no solo han servido para sacar a la luz el inmenso drama que cada vez sufren más hogares, sino para colocar en el centro del debate público cuestiones como la dación en pago o la ley hipotecaria, una norma concebida en interés de la banca.

Ada Colau, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Observatori DESC (Derechos Económicos, Sociales y ­Culturales) y vocal de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona.

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n una apuesta por un crecimiento fácil, rápido y cortoplacista, España se entregó durante años a la fiesta del ladrillo. Se produjeron más viviendas que en Alemania, Italia y Francia juntas, y sin embargo esta sobreproducción (aumento de la oferta), no significó que la vivienda fuera más accesible: al contrario, desmintiendo el dogma neoliberal, los precios no dejaron de subir, haciendo que España fuera uno de los países de la Unión Europea donde acceder a una vivienda resultara más caro. Entre otros, dos elementos clave explican esta paradoja: por un lado, unos tipos de interés bajos y la liberalización del crédito, lo que ha permitido a los bancos prestar todo el dinero que han querido a quien han querido y con plazos temporales muy largos; por otro lado, la posibilidad de mantener millones de viviendas vacías mientras se especula con ellas, sin penalización alguna.

Fruto de este modelo, el Estado propició la confusión del derecho a la vivienda con el derecho al crédito, impulsando la propiedad privada más allá de límites razonables

a través del sobreendeudamiento de buena parte de la población.

Durante años la población escuchó un único mensaje repetido por inmobiliarias, promotoras, constructoras, entidades financieras, administraciones públicas y medios de

SSEn otros países, si no existe la dación en pago, al menos hay mecanismos que permiten saldar las deudas en un plazo razonable comunicación: “la vivienda nunca baja”. “La vivienda es una inversión segura”. Las ministras de Vivienda, año tras año, repetían: “ahora es el mejor momento para comprar”.

Y lo respaldaban con unas políticas fiscales que desgravaban únicamente por compra,

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con una política de suelo que incentivaba la especulación, con una liberalización del alquiler que lo desautorizaba como alternativa real y con un insignificante parque de vivienda social1. A pesar del mandato constitucional (art. 47 de la Constitución española), España nunca hizo una política para garantizar el derecho a la vivienda: se limitó a realizar una política económica que utilizó la mercantilización de la vivienda como suculenta fuente de ingresos para determinados sectores privados y la propia administración.

Estallido de la burbuja y crisis hipotecaria Pero las cosas siempre pueden ir a peor. Si durante la burbuja inmobiliaria España era uno de los países europeos con mayores dificultades de acceso a la vivienda a causa de sus elevados precios2, con el estallido de la burbuja y la llegada de la crisis al problema del acceso se suma la pérdida de vivienda para miles de personas que, hasta ese momento y según las estadísticas, tenían resuelta la cuestión habitacional. En un país donde el principal gasto de los hogares es la vivienda y en el que durante años se ha impulsado la propiedad privada como forma

1 Sobre las patologías del modelo español, silenciadas por el discurso hegemónico, alertaron movimientos ciudadanos independientes como V de Vivienda (nacido en 2006) y economistas de amplia trayectoria como José Manuel Naredo, pionero en la denuncia de la burbuja inmobiliaria a través de numerosas publicaciones, entre las que se encuentran Más allá de la burbuja inmobiliaria (2003) o La cara oculta de la crisis. El fin del boom inmobiliario y sus consecuencias (2009).

2 Ver informe del Relator Especial para el Derecho a una Vivienda adecuada de Naciones Unidas, Miloon Kothari, tras su visita al Estado español en misión oficial, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/G08/105/34/PDF/G0810534.pdf?OpenElement

de tenencia casi exclusiva (rozando el 90% del parque total de viviendas), cuando disminuyen los ingresos el primer gasto al que no se puede hacer frente es el de la hipoteca.

Si a esto sumamos una tasa de desempleo superior al 21%, que las personas sin trabajo remunerado superan la cifra de 4.978.000, y que 1.425.200 hogares tienen a todos sus miembros en paro3, no será difícil intuir la magnitud de la tragedia hipotecaria.

En efecto, entre 2007 y el tercer trimestre de 2011 se han iniciado 328.720 ejecuciones hipotecarias en España. Según datos de 2011, comenzaron 212 cada día, 6.348 al mes4.

Aunque no todos los procesos afectan a la vivienda habitual, la mayoría sí lo hace, pero, sobretodo, hay que tener en cuenta que cada

3 INE, Encuesta de Población Activa, tercer trimestre de 2011: http://www.ine.es/ daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf 4 Datos del Consejo General del Poder Judicial, disponibles en www.poderjudicial.es

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proceso de ejecución hipotecaria no afecta a un solo individuo: hay que multiplicar los procesos por el número de personas que habitan la vivienda. Además, un proceso de ejecución hipotecaria suele afectar a más de una vivienda, puesto que las entidades financieras – conscientes de los riesgos de las hipotecas que estaban concediendo – exigieron avales y, muy a menudo, estos se concretaron en la vivienda de familiares cercanos, especialmente la de los padres.

Aunque la mayor parte de los firmantes no eran conscientes de ello, el hecho es que los avalistas responden de forma solidaria con sus bienes presentes y futuros, igual que los titulares de la hipoteca, por lo que un proceso de ejecución hipotecaria puede suponer que dos e incluso tres hogares pierdan su vivienda. Así las cosas, estamos hablando de un problema que, entre afectados directos e indirectos, puede alcanzar y superar los dos millones de personas en la actualidad; una cifra que podría duplicarse en los dos próximos años visto que ningún pronóstico anuncia el final de la recesión.

Con este volumen de afectación no es de extrañar que en febrero de 2009 naciera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya primera y valiosa aportación fue, además de visibilizar la cantidad de ejecuciones que se estaban produciendo, poner sobre la mesa una anomalía jurídica del procedimiento español de consecuencias devastadoras: en España, la entrega de la vivienda no es suficiente para saldar la deuda, ya que el préstamo recae sobre la persona, no sobre el bien hipotecado. De hecho, este se limita a ser una garantía que no necesariamente será suficiente para extinguir el préstamo. Cuando se produce la situación de impago, la vivienda va a subasta; si la subasta queda desierta (y es lo que está ocurriendo en más del 90% de los casos debido al actual contexto de crisis) las

entidades financieras pueden adjudicarse el inmueble por el 60% del valor de tasación5. Toda la deuda que no queda cubierta por ese 60%, más intereses de demora y costas judiciales (ambos muy elevados), quedan como una deuda viva para la persona ex propietaria. Una deuda que además genera nuevos intereses, cosa que hace que, en la práctica, sea imposible de saldar jamás.

SSEn España la entrega de la vivienda no salda la deuda, ya que el préstamo recae sobre la persona, no sobre el bien hipotecado Es decir, las personas que, contra su voluntad, sufren una crisis de la que no son responsables y como consecuencia pierden su empleo o ven disminuir considerablemente sus ingresos, no pueden pagar la hipoteca y por ello se enfrentan al drama de perder la vivienda. Pero, además, de repente descubren que la entrega de la vivienda no les libra de la deuda y, tras la subasta, se encuentran con deudas de cientos de miles de euros que generan nuevos intereses y que por lo tanto son imposibles de saldar.

La anomalía respecto a otros países es doble: por un lado, en ningún otro existe la posibilidad de adjudicarse la vivienda por un 60% u otro porcentaje similar; se trata de

5 Art. 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Fruto de la presión social, en julio de 2011 el Gobierno central elevó el porcentaje del 50% al 60%. Los afectados denuncian que esta modificación no supone ningún avance sustancial, puesto que la deuda final sigue siendo irrecuperable.

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una cantidad totalmente arbitraria que no responde a ningún valor objetivo (tasación inicial o actual, por ejemplo). Por otro lado, en el resto de países europeos, al igual que en EE UU y en estados de otros continentes,

SS Iniciar la campaña Stop Desahucios no fue fácil ya que los propios afectados arrastraban fuertes sentimientos de culpabilidad y vergüenza si no existe la posibilidad de saldar la deuda con la entrega de la vivienda (lo que se conoce como dación en pago), al menos existen mecanismos que permiten, en periodos razonables, saldar las deudas con el patrimonio disponible y volver a empezar.

Es lo que se conoce como ley de segunda oportunidad o fresh start.

El resultado de esta legislación anacrónica se aproxima a una versión contemporánea de la esclavitud: quienes en una ocasión cometieron el error de firmar una hipoteca quedan condenados financieramente de por vida. No sólo el banco podrá ejecutar siempre que quiera su derecho de cobro sobre los ingresos o bienes de la persona afectada; además, esta constará como morosa en ficheros de acceso público, como Asnef o el RAI. Así, al desahucio se le suma una condena financiera que se transforma en una condena a la exclusión social: la persona podrá ser embargada de por vida (nóminas6,

6 En el caso de las deudas hipotecarias, pueden ser embargados los ingresos a partir del mínimo inembargable, fijado en 962€ por el Real Decreto–Ley 8/2011.

cuentas bancarias, herencias, etc.) y tendrá serias dificultades para llevar una vida digna, puesto que ser moroso puede ser un impedimento para encontrar trabajo, alquilar una vivienda, contratar una línea telefónica e, incluso, percibir ayudas públicas. Por querer acceder a una vivienda, a un bien de primera necesidad reconocido como derecho fundamental, se pasa a ser un proscrito sin ningún horizonte de recuperación. Por supuesto, esta grave vulneración del derecho a la vivienda implica la vulneración de otros derechos fundamentales relacionados como es el derecho a la salud. La PAH, en su trato cotidiano con los afectados, está constatando cómo la ansiedad ante el desahucio inminente y la muerte financiera favorecen sistemáticamente trastornos psicológicos graves, lo que deriva en ocasiones en episodios de violencia y está provocando un aumento de la violencia de género y de los intentos de suicidio.

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No es de extrañar que algunos jueces, afortunadamente más preocupados por hacer justicia que por aplicar la ley, hayan planteado la posible inconstitucionalidad de este proceso7, en la medida en que se trata de un procedimiento “apisonadora”.

Solo importa el pago de una deuda pendiente y la ley impide al juez valorar cualquier otro aspecto: en qué condiciones se firmaron esas hipotecas, si existen cláusulas abusivas, si se vulnera el derecho a la vivienda, si la persona dejó de pagar porque quiso o porque no pudo, si enfermó, si hay menores en la vivienda… Nada de todo esto importa. Lo único relevante es el incumplimiento en el compromiso de pago de una de las partes, de tal forma que

7 Ver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juez Guillem Soler, del Juzgado número 2 de Sabadell (Barcelona): http://www.observatoridesc.org/ sites/default/files/questio_dincostitucionalitat.pdf

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se da el mismo trato a la compra de una vivienda que a la de un bien de lujo.

Dación en pago retroactiva La situación de desamparo a la que la legalidad vigente arroja a miles de familias llevó a las personas afectadas a reclamar la dación en pago como medida urgente y excepcional. Es decir, que en los casos de vivienda habitual e imposibilidad de pago por causas ajenas a la propia voluntad, la entrega de la propiedad de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda. En realidad, la dación en pago ya existe en la regulación hipotecaria actual; el problema es que es opcional y, en consecuencia, hasta ahora las entidades financieras solo la han aplicado cuando les ha convenido o cuando se han visto forzadas por acciones de presión como las impulsadas por la PAH. Mientras esto sucede con las familias, los bancos aplican la dación en pago de forma sistemática a las empresas del sector inmo-

biliario, cuya morosidad es cuatro veces superior al crédito hipotecario de las primeras. En España existe un procedimiento concursal que permite a las empresas liquidar sus deudas con el patrimonio disponible. En teoría, las personas físicas pueden acudir a esa misma vía, siempre y cuando no se trate de préstamos con garantía real, es decir, de las hipotecas de las viviendas.

Así, se da la paradoja de que inmobiliarias que han actuado de forma mil veces más irresponsable en sus operaciones que una familia media española, a diferencia de esta, pueden liquidar sus deudas y reanudar sus actividades especulativas sin problema. La misma desigualdad se da con las entidades financieras, que fijaron las condiciones del contrato hipotecario y realizaron la tasación. En los casos en los que se constata que los contratos fueron arriesgados y las tasaciones desmesuradamente infladas, nadie exige responsabilidad alguna a la entidad, mientras todo el peso de la ley sigue cayendo inexorablemente sobre la parte más vulnerable del contrato. Cuando las entidades bancarias afirman que desde el punto de vista jurídico y económico resulta imposible regular la dación en pago como derecho de la ciudadanía y no como medida discrecional de los acreedores, habría que preguntarles por qué en cambio condonan deudas mucho más importantes a inmobiliarias y promotoras sin considerarlo un escándalo8.

Ante tanto abuso y desequilibrio, la dación en pago se impone como una medida de sentido común. Y no solo para hipotecas futuras, sino con efectos

8 Para conocer en detalle los argumentos en contra y a favor de la dación en pago, consultar: Análisis sobre el impacto de las ejecuciones hipotecarias en el estado español, de Adrià Alemany, en http://afectadosporlahipoteca.files. wordpress.com/2010/11/anc3a1lisis-sobre-el-impacto-delas-ejecuciones-hipotecarias-en-el-estado-espac3b1ol.pdf

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retroactivos, ya que si existe todo este debate es precisamente por las miles de personas que ya han sido víctimas de este procedimiento perverso. A quienes afirman que la retroactividad es imposible porque generaría inseguridad jurídica, habría que recordarles que inseguridad jurídica es precisamente la que están sufriendo las miles de víctimas de la estafa hipotecaria, las miles de familias que, en un marco de desinformación absoluta, han firmado bajo presión unos contratos plagados de cláusulas abusivas y regulados por una ley injusta que sobreprotege a la parte fuerte del contrato.

La retroactividad es perfectamente posible si existe voluntad política. No en vano, el PSOE aprobó la última reforma laboral con efectos retroactivos, haciendo que contratos firmados con una ley que contemplaba una indemnización de 40 días por año trabajado en caso de despido pasasen a indemnizarse con solo 20 días. Pero de momento las reformas y la retroactividad solo parecen posibles cuando benefician los intereses de las grandes corporaciones. Cuando

SS La campaña Stop Desahucios ha sido una herramienta de vertebración de la PAH con otros movimientos, en especial con el vecinal se proponen en defensa de los derechos humanos, saltan las alarmas y juristas y tertulianos del reino exponen toda su brillante argumentación en defensa del sistema actual.

En cualquier caso, uno de los logros destacados de la PAH ha sido, sin duda, conseguir que un término técnico totalmente desconocido como dación en pago se haya convertido, tres años después, en un auténtico clamor popular. Tras extenderse entre las personas afectadas como una de sus demandas principales, ha ido sumando adhesiones entre las organizaciones sociales, vecinales, sindicales… pero también en ámbitos más institucionales como el académico, el judicial, los defensores del pueblo o en las decenas de ayuntamientos de todo el Estado que han aprobado mociones solicitando al Gobierno central que regule la dación en pago. Podríamos decir que la mayoría de la sociedad la respalda y que se han quedado solos quienes una y otra vez la bloquean: el poderoso lobby financiero y los partidos más sensibles al mismo,

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de que la ciudadanía no está dispuesta a dejarse pisar más, aumentando la presión social cada día que pasa. Así, no es de extrañar que la Asociación Española de la Banca enviara una carta pública a la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, con la amenaza (no tanto a la ministra como al resto de la población) de que si se regulaba la dación en pago habría graves consecuencias para el país. La dación en pago se ha convertido en un símbolo de la iniciativa ciudadana para poner límites a una banca usurera que tiene a la democracia secuestrada, y prueba de la fuerza que ha ido ganando la iniciativa es el aumento de la agresividad en el debate por parte de las entidades financieras.

La lucha contra los desahucios

Foto Sarah Bienzobas.

el PP y el PSOE, que vienen bloqueando la propuesta de reforma hipotecaria en el Congreso desde su primera presentación, en junio de 20109.

De este modo, la dación en pago, más allá de ser una solución para las personas afectadas por el fraude hipotecario, se está convirtiendo en un auténtico símbolo de la falta de legitimidad de unos partidos que gobiernan contra los intereses de la ciudadanía a la que dicen representar. Y aún más importante: en un claro ejemplo

9 Desde la primera presentación que la PAH hizo de su propuesta para regular la dación en pago, redactada con la asesoría del Observatori DESC, en marzo de 2010, ICV y ERC la respaldaron y se ofrecieron para trasladarla al Congreso. Desde entonces, PP y PSOE la han bloqueado hasta en cuatro votaciones distintas. Ver el detalle en http://afectadosporlahipoteca. wordpress.com/campana-dacion-en-pago/

Lograr la dación en pago es una demanda de mínimos, condición necesaria pero no suficiente para llevar una vida digna. Queda el reverso de la moneda: la amenaza de desahucio sin posibilidad de realojo alguno. En un país sin parque público de alquiler social, con miles de familias sufriendo procesos de ejecución hipotecaria, contemplar cómo las entidades financieras, en buena parte responsables de la actual crisis, acumulan miles de pisos vacíos a la espera de volver a especular con ellos resulta de una violencia intolerable. De ahí que paralizar los desahucios y exigir un alquiler social asequible, desobedeciendo a la ley si es necesario, se convierta en prioridad no solo para los afectados, sino para buena parte de la sociedad indignada. De hecho, la campaña contra los desahucios ha sido la principal herramienta de vertebración de la PAH con otros movimientos, y muy especialmente con el movimiento vecinal, cuya implantación territorial, así como su tradición de lucha en defensa del derecho

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a la vivienda de vecinas y vecinos, lo ha convertido en aliado natural.

Paralizar un desahucio mediante el bloqueo físico de una comisión judicial es una acción de desobediencia civil: frente a leyes que se consideran injustas, desobedecerlas de forma activa no solo es un derecho, sino incluso un deber de la población. Una desobediencia que no es gratuita, ya que encuentra amparo en una legalidad superior sistemáticamente violada por el Estado español (y por la mayoría de los estados): la de los derechos humanos10. Dicho con algo más de gracia, en palabras del escritor José Luis Sampedro: “hay que respetar las leyes siempre y cuando las leyes sean respetables”. Y si además de leyes poco respetables nos encontramos con una dejación absoluta de las funciones por parte de las administraciones democráticas, que en principio deberían intervenir para garantizar los derechos de la ciudadanía, y en particular de los más vulnerables, se entiende fácilmente el amplio consenso social que han despertado estas acciones.

La PAH solo se moviliza en aquellos casos que impliquen a la vivienda habitual y única y donde la causa de impago sea sobrevenida o involuntaria. Es decir, no

10 Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios masivos por razones económicas en el Estado español violan, entre otros, el art. 24 (tutela judicial efectiva) y el art. 47 (derecho a la vivienda) de la Constitución española; el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art.

11 del PIDESC, ratificado por el Estado español, y más concretamente las Observaciones Generales del Comité DESC de Naciones Unidas número 3 (obligaciones de los estados), número 4 (derecho a la vivienda) y número 7 (prevención de desalojos forzosos). Más información en Derecho a la vivienda y políticas habitacionales: Informe de un desencuentro, del Observatori DESC: http://www. observatoridesc.org/files/derecho%20a%20la%20vivienda%20y%20politicas%20habitacionales_0.pdf

se activa para frenar cualquier desahucio, sino solo aquellos que amenazan el derecho a la vivienda. El modus operandi es sencillo: con la presencia del máximo número de personas posible se bloquea el acceso a la vivienda, impidiendo que el secretario judicial y el procurador del banco puedan hacer efectiva la orden de desalojo. Antes y después, la PAH intenta negociar con la entidad y agota las vías administrativas y judiciales para lograr una solución más estable que la suspensión y aplazamiento del desahucio.

SSLa dación en pago, símbolo de la iniciativa ciudadana para poner límites a una banca usurera que tiene a la democracia secuestrada Poner en marcha esta movilización no fue tarea fácil. El colectivo que debía protagonizar la resistencia, los propios afectados, estaba demasiado afectado y arrastraba fuertes sentimientos de culpabilidad, fracaso personal y vergüenza.

Hubo que hacer una tarea paciente de empoderamiento y lograr un primer caso ejemplar para demostrar que la acción colectiva podía tener sentido. Y llegó de la mano de Luis, un hombre valiente y tierno de La Bisbal del Penedés (Tarragona), que cuando supo que con la orden de desahucio no solo podía verse en la calle, sino que además podía perder la custodia compartida de su hijo de once años –precisamente por no tener un hogar que ofrecerle–, decidió plantar cara a la situación. Fue así como la PAH inauguró la campaña Stop Desahucios, impidiendo

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el primer desalojo el 3 de noviembre de 201011. Desde entonces, aplicando un mismo protocolo de actuación, de forma pacífica pero contundente, ha logrado frenar más de 110 desahucios.

Esta movilización ciudadana antidesahucios vivió un salto cuantitativo y cualitativo con el estallido de lo que se conoce como movimiento del 15M. De alguna manera, podemos decir que entre la PAH y el movimiento del 15M se produjo un “encuentro perfecto”: por un lado, a raíz del 15M, la PAH ha experimentado un fuerte crecimiento y ha visto como ha aumentado exponencialmente no solo la di-

11 Ver video en http://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=FwrPYc1Uzwg

fusión de sus convocatorias a través de las redes sociales, sino también el número de personas que acude a parar los desahucios.

Del mismo modo, han surgido muchas PAH locales ligadas a asambleas del 15M. Por otro lado, este movimiento, tras su primera fase de expresión del malestar y la indignación, quiso concretar sus objetivos y encontró en el trabajo hecho por la PAH una fuente útil para señalar responsables, objetivos y soluciones, al menos en el ámbito de la vivienda y las finanzas. De este modo, el movimiento en seguida adoptó como propias las campañas por la dación en pago y contra los desahucios.

Por supuesto, la amplia movilización que ha supuesto el 15M va mucho más allá de la PAH, y en seguida extendió la lucha contra los desahucios al ámbito del alquiler.

A pesar de que este representa un régimen

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de tenencia minoritario en el conjunto del Estado, en las grandes ciudades el porcentaje es mayor, siendo la opción de miles de personas. Siguiendo la estela de la PAH, grupos del 15M y otros colectivos sociales han paralizado en estos meses decenas de desahucios por impago de alquiler, casos que siempre remiten a viviendas habituales y motivos de impago económicos.

Pero con el crecimiento surgen nuevos desafíos. La potencia de la lucha Stop Desahucios, que demuestra la utilidad concreta de la acción colectiva y generaliza la práctica de la desobediencia civil, está provocando que las élites y los poderes fácticos busquen la manera de desactivarla. Así, algunos jueces están empezando a poner fechas abiertas para los desahucios, impidiendo la convocatoria de concentraciones un día y a una hora concretas. También se ha empezado a normalizar el uso de una fuerza policial desmesurada para hacer efectivos los desalojos, al mismo tiempo que se generan imágenes fuertemente criminalizadoras como aviso para la población12.

El movimiento ciudadano ha empezado a reaccionar con nuevas estrategias, actuando, por ejemplo, como ya hacen masivamente en EE UU: no se trata de paralizar el desahucio, pero se ayuda a las familias a reocupar sus viviendas13, o a

12 Uno de los primeros casos significativos en este sentido fue el desahucio de una familia víctima de acoso inmobiliario en el barrio del Clot, en Barcelona. Para sacar a una pareja y a sus tres hijos de su vivienda, intervinieron decenas de policías antidisturbios, sin que por parte de la familia ni de los vecinos concentrados hubiera ninguna muestra de violencia: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ hacen/tiene/perdon/elpepuespcat/20110726elpcat_2/Tes 13 Ver la película Capitalismo, una historia de amor, de Michael Moore, y la nueva campaña de la PAH, Obra Social La PAH: http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/obra-social-pah

ocupar edificios enteros vacíos en manos de entidades financieras.

Hacia un cambio de modelo Uno de los aciertos indudables de la PAH ha sido, en primer lugar, tener muy claro que el problema a combatir no se limitaba al mercado hipotecario. La crisis hipotecaria es la cara más actual de un problema de fondo: la mercantilización de la vivienda en el Estado español. Por ello, desde el principio la PAH eligió como lema “De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivien-

SSUno de los logros de la PAH ha sido conseguir que un término técnico desconocido, como la dación en pago, se convierta en clamor popular da”, y en su manifiesto de presentación no se limita a reivindicar la dación en pago y la moratoria de los desahucios, sino que exige la necesidad de una auditoría social que, siguiendo el ejemplo de Islandia, investigue las responsabilidades de la burbuja inmobiliaria y, sobre todo, clarifique quiénes fueron sus grandes beneficiarios y dónde ha ido a parar todo el dinero. Esa misma auditoría serviría para acabar de perfilar las medidas que reviertan la tendencia de los últimos años, con el fin de regular la vivienda como un bien de uso y no de inversión, asegurando que nunca más pueda producirse otra burbuja inmobiliaria. Entre esas medidas, sin duda, se encuentra la aprobación de controles reales al mercado hipotecario, la limitación a la capacidad de

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endeudamiento de la población, la garantía de la función social de la vivienda como límite al derecho de propiedad o la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para garantizar que el alquiler sea una alternativa real a la propiedad, estable y asequible.

Más allá de las políticas de vivienda, esta crisis ha servido para constatar los graves déficit democráticos de nuestras sociedades y los riesgos de dejar la economía en manos de entidades financieras y otras grandes corporaciones que buscan única y exclusivamente repartir entre sus accionistas el máximo beneficio, aunque para lograrlo hundan la economía real de la mayoría de la población. Por ello, además de legislar para garantizar el derecho a la vivienda, habrá que recuperar el control democrático de la economía, ya sea a través de la nacionalización de la banca hoy intervenida, con una gestión democrática y transparente, ya sea a través de la defensa e impulso de la banca ética.

Pero vayamos paso a paso. Sin perder de vista los grandes objetivos (derecho a la vivienda, más y mejor democracia, justicia social), el movimiento de las personas afectadas por la hipoteca ha sabido abrir una brecha en el panorama actual precisamente por saber distinguir entre objetivos a corto, medio y largo plazo. Esa visión ha permitido empezar a acumular significativas pequeñas grandes victorias que refuerzan la idea de que, si nos juntamos, realmente somos capaces de muchas cosas.

Aún no hemos logrado la dación en pago y la moratoria de los desahucios pero, como hemos indicado, ya hemos parado más de 100 desahucios; se han constituido más de 50 PAH en localidades de todo el Estado; más de 100 ayuntamientos han aprobado mociones que respaldan la regulación de la dación en pago y la creación de comisiones municipales que fomenten medidas contra

los desahucios; el Gobierno central aumentó del 50% al 60% el valor de adjudicación en subasta y subió el mínimo inembargable de 700€ a 962€; algunas administraciones autonómicas y locales han puesto en marcha servicios de mediación para las personas afectadas; las entidades financieras han empezado a ofrecer hipotecas con dación en pago a futuro y otros productos en un intento desesperado de mejorar su imagen pública; las PAH locales han batallado en todo el territorio, logrando decenas de daciones en pago y realojos en alquiler social… y, cuando no se ha podido, se han recuperado viviendas en manos de

SS La PAH ha hecho ver que la crisis hipotecaria es la cara más actual de un problema de fondo: la mercantilización de la vivienda en el Estado español las entidades bancarias en el marco de la llamada Obra Social de la PAH o realizando acciones similares con colectivos afines.

Vamos despacio porque vamos lejos. En 2012 las ejecuciones hipotecarias aumentarán y habrá que mantener las campañas de paralización de los desahucios, de mociones en los ayuntamientos y la Obra Social de la PAH. Pero daremos otro paso con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), durante meses bloqueada en el Congreso y que finalmente fue autorizada en septiembre pasado. Si no surgen nuevos obstáculos y, una vez superada la burocracia de la junta electoral, en marzo de 2012 podremos iniciar la recogida de las 500.000 firmas que se requieren para llevar otra vez al Congreso

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la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y la reconversión de las viviendas hipotecadas en alquiler social.

Pero a diferencia de anteriores ocasiones, en las que dos partidos políticos presentaron la iniciativa, esta vez llegará al Parlamento tras un proceso de movilización ciudadana y cientos de miles de firmas de apoyo.

Apéndice: el papel de las ciudades Un problema o desafío que ya se ha convertido en recurrente, mucho más allá del tema específico de la vivienda, es qué hacer desde el ámbito municipal frente a problemas cuyo origen es global. Es decir, cada vez más conflictos que se visibilizan en el ámbito local son causados por fenómenos que exceden, y mucho, las competencias formales que puedan tener los gobiernos municipales.

Por poner algunos ejemplos, de los flujos migratorios, las deslocalizaciones en el ámbito laboral o las mafias que viven de la prostitución. Y lo es también de la especulación inmobiliaria, así como de la especulación financiera basada en la titularización de las hipotecas.

La crisis hipotecaria y los desahucios masivos en España plantean este mismo reto: ¿qué pueden hacer las ciudades para resolver un problema que, en el mejor de los casos, depende de leyes estatales? La respuesta más habitual es la rendición: los ayuntamientos poco pueden intervenir frente a las dinámicas de entidades financieras que operan en mercados transnacionales desregulados o frente a la injusticia de la legislación hipotecaria estatal; como mucho, aumentar las partidas destinadas a ayudas sociales, intentando paliar las consecuencias más dramáticas y urgentes, en lo que se conoce como política de “final de cañería”, en palabras del economista y politólogo Joan Subirats. En el caso español

esta opción implica prácticamente el suicidio de la administración local. Hay que recordar que en España la financiación de los ayuntamientos es una de las grandes materias pendientes, algo que en los años de la burbuja inmobiliaria aquellos sortearon permitiendo la especulación del suelo y la recalificación urbanística, lo que ha propiciado, entre otras cosas, la proliferación de casos de corrupción. Pero al estallar la burbuja, terminó de forma abrupta su principal fuente de ingresos. Fruto de todo

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ello, muchas ciudades se encuentran hoy al borde de la quiebra, sobreendeudadas tanto como las familias, sin perspectivas de recuperación económica a corto plazo y con más demanda de ayudas y servicios sociales que nunca. Como consecuencia de la política mercantilizadora de la vivienda de los años precedentes tampoco disponen de un parque público en régimen de alquiler social que ofrecer a las familias desahuciadas.

Para colmo, la anomalía jurídica española que deja a las personas endeudadas de por vida tras perder la vivienda provocará que la situación de emergencia de los miles de ciudadanos afectados se cronifique, convirtiéndolos en usuarios perpetuos de los servicios sociales. Más demanda y más urgente que nunca, pero menos ingresos que nunca.

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Con este panorama, se impone una suerte de rebelión de las ciudades que supere la estrechez de la perspectiva competencial. Y más aún cuando nadie puede decir que el problema, en España sea la escasez del bien: en realidad, si sumamos la vivienda vacía por motivos especulativos, las segundas y terceras residencias, el stock nuevo sin vender a causa de la crisis y las viviendas vacías procedentes de desahucios, tenemos un excedente de viviendas astronómico14. El problema persiste porque esas viviendas están mayoritariamente en manos de grandes propietarios,

14 El último censo es de 2001 y, a falta de datos oficiales, las estimaciones hablan de entre 2 y 4 millones de viviendas vacías. Solo el stock de vivienda nueva sin vender está cifrado, por el propio sector financiero, en 800.000 viviendas, el 3,2% del parque total. Ver http:// www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/stock-pisosvender-continua-creciendo-alarga-20110621-80373.html Según el INE, en 2011 se ha realizado un nuevo censo oficial de viviendas, pero sus resultados no estarán disponibles hasta finales de 2012.

inmobiliarias y entidades financieras, amparados por una legislación que se desentiende del derecho a la vivienda y supedita la función social de la misma al interés especulativo.

Como hemos indicado, en este marco la PAH puso en marcha una campaña específica dirigida a los ayuntamientos en la que se les interpelaba como responsables del territorio en el que se está vulnerando el derecho a la vivienda de los desahuciados, pero también como víctimas de la crisis. En su desarrollo, hemos impulsado la aprobación de mociones en las que los gobiernos locales instan al Estado a cam-

SSCon la campaña de la ILP, la propuesta de regulación de la dación en pago y de paralización de los desahucios llegará por fin al Parlamento biar la normativa hipotecaria, de manera que se apruebe la dación en pago, pero también se comprometen a tomar medidas desde el ámbito municipal para frenar los desahucios. Por supuesto, la mayoría de las ciudades que han rubricado la moción lo han hecho como una simple declaración de intenciones, pero algunas están siendo pioneras en la búsqueda de soluciones más allá de las competencias administrativas. En Terrassa, ciudad de la zona metropolitana de Barcelona, por ejemplo, una PAH local muy activa ha espoleado a los responsables municipales logrando que estos interpelen públicamente a las entidades financieras para forzarlas a sentarse en una mesa y ofrecer

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alternativas reales a los desahucios, como puede ser la reconversión de las viviendas hipotecadas y las viviendas vacías en casas en régimen de alquiler social15.

Vivimos tiempos difíciles y lo que la sociedad exige es más valentía y ejempla-

SS En Roma, los presidentes de tres distritos expropiaron 250 viviendas vacías de grandes propietarios para alojar a familias desahuciadas ridad. No estamos ante un problema de competencias, sino de voluntad política.

En este sentido y, aunque no sobran los ejemplos, tenemos algunos interesantes que permiten abrir el horizonte de lo posible más allá de lo que el discurso hegemónico dice que es posible. Así, la ciudad francesa de Bobigny se ha declarado “libre de desahucios” sin tener una competencia específica que lo permita. A través de una ordenanza que remite a la normativa constitucional e internacional en materia de protección de derechos fundamentales, el Ayuntamiento identifica los desahucios por motivos económicos como “indignos de una sociedad moderna y que atentan gravemente contra la dignidad humana”. Señala que la pérdida de vivienda implica la pérdida de muchos otros derechos e impide la realización de las personas tanto en el ámbito

15 http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Terrassa/insta/bancos/dar/soluciones/desahuciados/ hipoteca/elpepiespcat/20110715elpcat_4/Tes

personal como en el profesional, por lo que los desalojos se convierten en fuente de alteración del orden y la tranquilidad públicas. En la medida en que el ayuntamiento es el responsable de mantener la paz social y garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, y en que se considera los desahucios de personas en situación de dificultad económica de una “violencia insoportable”, el ayuntamiento prohíbe la realización de los mismos, obligando a los propietarios a pasar antes por una comisión municipal que buscará una solución alternativa16.

Otro ejemplo especialmente interesante lo encontramos en Roma, y más concretamente en el Distrito X. En 2007, su presidente, Sandro Medici, llegó a la conclusión de que la situación de emergencia habitacional de su distrito requería medidas de emergencia. En efecto, ante centenares de familias desahuciadas o amenazadas de desahucio y centenares de pisos vacíos en manos de grandes propietarios e inmobiliarias, Medici aprobó una ordenanza mediante la cual el distrito expropiaba el uso de determinadas viviendas que llevaban años vacías con el fin de alojar a las familias sin vivienda. La administración local solo expropiaba el uso y cobraba un alquiler social que luego ofrecía al propietario. Aunque no existía una ley específica que contemplara dicha actuación, su medida tampoco fue ilegal: Sandro Medici se limitó a relacionar la emergencia habitacional públicamente declarada por el ayuntamiento romano con el estado de emergencia que se produce en situaciones de desastre natural.

16 Ver ordenanza completa en http://www. observatoridesc.org/es/contingut/ciudades-libresde-desalojos-por-motivos-econ%C3%B3micosel-ejemplo-de-bobigny-fran%C3%A7

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En dichas ocasiones, las autoridades municipales pueden y deben actuar de forma ágil y eficaz para proteger a los ciudadanos. Y así lo hizo en este caso.

Luego los presidentes de otros dos distritos romanos se sumaron y en octubre de 2007 los tres distritos promulgaron a la vez tres ordenanzas para la expropiación de unas 250 viviendas pertenecientes a grandes propietarios que, o bien las tenían abandonadas, o bien amenazaban con desahuciar a sus inquilinos para poder obtener mayores rentas.

El caso de Italia tiene muchas similitudes con el de España: se trata de países ricos, donde millones de ciudadanos son pobres, resultado de una política económica que tiende a agravar las diferencias. Donde, entre otras cosas, la pobreza es fruto de un sistema fiscal en el que el trabajo paga más impuestos que la renta, a la vez

que bienes necesarios para la vida como la vivienda son de difícil acceso no porque sean escasos, sino porque son pasto de la especulación. Millones de viviendas vacías, oferta pública casi inexistente y precios desorbitados en un mercado inmobiliario asimétrico donde el poder lo detentan de forma exclusiva los grandes propietarios de suelo y vivienda.

En este contexto, Sandro Medici hizo un gesto valiente no resignándose a una lectura rutinaria de la legalidad vigente. Por supuesto, fue inmediatamente denunciado por los propietarios afectados, que le acusaron de prevaricación y usurpación de funciones. Tras varios episodios judiciales, y para sorpresa de unos cuantos, en julio de 2011 los tribunales romanos han terminado dándole la razón, siendo absuelto de las acusaciones y, sobretodo, estableciendo un interesante precedente.

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Madrid ante la inmigración: entre la xenofobia y la convivencia intercultural Aunque el avance de la crisis ha supuesto un freno a este fenómeno, el aumento sin precedentes de la población inmigrante en la última década está provocando cambios importantes en la capital. A través de diversas investigaciones, Ioé esboza el impacto que está teniendo este hecho en la convivencia ciudadana.

Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, miembros del equipo de investigación e intervención sociológica Colectivo Ioé (www.colectivoioe.org)

E

n las líneas que siguen trataremos de recoger el impacto de la inmigración en la convivencia ciudadana, es decir, cómo percibe la población de Madrid, nativa o foránea, la relación entre ambos colectivos. Para ello, aprovechamos diversos materiales de investigación realizados en los últimos años con la colaboración especial de Alfonso Ortí, maestro de varias generaciones en la metodología cualitativa mediante grupos de discusión1.

grandes tensiones internas2, siendo la llegada de población extranjera uno de sus ingredientes más significativos. Los puntos de vista difieren, no obstante, según la posición social de los encuestados y se puede hablar, en general, de dos versiones de Madrid, una burguesa y otra popular.

En general, el vecindario madrileño coincide en señalar que el crecimiento de la ciudad y de su área metropolitana ha sido acelerado, desigual y con

Desde la perspectiva burguesa, Madrid es una ciudad dinámica, con muchas oportunidades para la promoción personal, que permite (aún) un buen nivel de vida, pese a encontrarse sometida a tensiones de crecimiento negativas, dada la aceleración

1 COLECTIVO IOÉ y A. ORTÍ, La convivencia en Madrid. Discursos ante el modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de población inmigrante, Ayuntamiento de Madrid, 2008, en www.colectivoioe.org; y COLECTIVO IOÉ, Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España, CIS, Madrid, 2010.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, padrón de población.

Madrid en clave burguesa y en clave popular

2 Una síntesis de este proceso se recoge en OBSERVATORIO METROPOLITANO, Manifiesto por Madrid, Crítica y crisis del modelo metropolitano. Traficantes de Sueños, Madrid, 2009.

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Evolución de la población extranjera en la Comunidad de Madrid (1998-2011)

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Tasa de población extranjera (%)

16,0

15

13,1

13,3

2005

2006

16,7

16,7

16,4

2009

2010

2011

14,3

11,4 10,3

10

8,0 5,7

5

0

3,2

2,3

2,6

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008

Población inmigrante por tramos de edad en la Comunidad de Madrid (2011) % de la población 100

75

50

25 29,9 0

10,3 Menos de 16 años

16-44 años

16,3

4,4

45-64 años

65 y más años

Inmigrantes (nacidos fuera de España)

Población nativa

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cuantitativa de todos sus flujos (más coches, más edificios, más autopistas, más inmigrantes…), consecuencia, a su vez, de su objetivo político de convertirse en “ciudad global”, como Londres, Tokio o Nueva York3.

su reproducción ampliada por lo que, en el largo plazo, semejante dinamismo no hace más que intensificar la dureza de la competitividad y la saturación espacial y existencial de la vida social madrileña.

Los conflictos del crecimiento de Madrid generan efectos negativos diversos que deterioran la vida cotidiana y aumentan la incertidumbre ante el futuro, pero ello no impide que la ciudad siga siendo la “plaza mayor de las Españas”4, lugar central de

La necesidad de aprovechar todas las oportunidades de negocio exige, entre otras cosas, contar con una mano de obra abundante y disponible que, en la última década, ha encontrado sus principales filones en la inmigración extranjera y en las mujeres autóctonas, antes no empleadas fuera del hogar. Ambos flujos han sustituido a la inmigración interior de décadas anteriores y han sido indispensables para asegurar dicho modelo de crecimiento.

SSLa tasa de paro inmigrante casi dobla la media general y el salario medio es muy inferior al de la población nativa un modelo de crecimiento dual y espacio por excelencia para hacer negocios, con oportunidades de beneficio a corto plazo en la construcción, el comercio, el turismo y la hostelería, las agencias de servicios, etc. Un crecimiento sometido a una permanente tensión por su carácter circunstancial e inestable, tal como se ha encargado de recordar la reciente recesión económica: al constituir un modelo amenazado siempre por la crisis, necesita constantemente –para mantenerse– de

3 Ver las características de este modelo de ciudad en Sassen S.: La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio, Eudeba, Buenos Aires, 1999.

4 Ver Ortí, A.: “Dominación de clase y configuración social del espacio: Madrid, de capital de la oligarquía a capital del capital”, en Economía y sociedad, nº 4, Madrid, 1990.

Desde la perspectiva de las clases populares, el modelo de crecimiento de Madrid está suponiendo un endurecimiento de sus condiciones de vida y de trabajo: los recursos salariales resultan cada vez más escasos y menos seguros para cubrir unas necesidades de consumo crecientes, en especial los gastos de vivienda, que les hipotecan de por vida y les conducen en coyunturas de crisis como la actual a situaciones desesperadas (27.000 embargos en Madrid en los últimos tres años). La presión para obtener dinero les lleva a la sobreexplotación en el trabajo, a un ritmo acelerado y agobiante, en un espacio congestionado y desestructurado, con saturación creciente de todos sus procesos sociales (“Madrid es un matapersonas”).

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El sistema público de políticas sociales mantiene (todavía) funciones básicas e insustituibles, que aseguran unos mínimos de bienestar, pero tales recursos resultan cada vez menos accesibles ante los recortes de la política social y la competencia creciente del sector privado. Como causa más general se alude al modelo de crecimiento de Madrid, orientado hacia la continua

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tánico para conciliar la doble jornada (la casa, los hijos y los abuelos dependientes, además de mantener un empleo para percibir un salario), dando lugar a una nueva especie de mujeres que se definen a sí mismas como “supervivientes: desde que nos levantamos somos máquinas de no vivir… estamos como locas”.

concentración y rentabilización empresarial, y sin los suficientes controles por parte de una clase política que no cumple con su función de atender las necesidades de los sectores populares. La llegada numerosa de inmigrantes, con los que se comparten los espacios de residencia y de trabajo, contribuye a saturar la demanda laboral, los servicios públicos y los lugares de recreo, deteriorando aún más la vida cotidiana de los vecinos.

Los diversos sectores del bloque popular presentan significativas diferencias internas. Mientras los empleados eventuales o poco cualificados tienen como contexto común el declive de las condiciones de empleo, ya sea a nivel de ingresos salariales o de estabilidad laboral, las amas de casa de un estatus social equivalente observan el deterioro del proyecto de vida familiar en el que fueron socializadas, cuyo referente ideal estaba basado en el modelo de la pequeña burguesía patrimonialista. La incorporación al trabajo extradoméstico les exige un esfuerzo ti-

Para los jóvenes de ambos sexos en proceso de inserción en el mercado de trabajo, la situación básica de clase está marcada por la precariedad laboral y la dificultad para emanciparse de la familia de origen, en medio de un contexto social agresivo y competitivo. Aunque suelen reconocer el papel regulador del Estado, se quejan de él y le critican por su falta de cumplimiento. Sin embargo, la actitud más habitual –al menos hasta la llegada del 15M– ha venido siendo la aceptación resignada de su situación en el plano individual-familiar, con una mezcla de impotencia y fatalismo. La expresión grabada en bronce en la Puerta del Sol a los pies del caballo de Carlos III resumía en dos palabras (“dormíamos, despertamos”) la nueva experiencia de la juventud madrileña que quería despertar del letargo en que se encontraba sumida.

Está por ver hasta cuándo se mantiene en estado de vigilia y logra traducir su rabia en propuestas y prácticas de acción.

Principales discursos sobre la inmigración Mediante el análisis de grupos de discusión que representan los segmentos más significativos de la estructura social madrileña, hemos llegado a construir un mapa de posiciones básicas en torno a las relaciones sociales entre nativos e inmigrantes (las citas entre comillas son literales). El cuadro resume las principales características de las

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Posiciones básicas en torno a la inmigración y modelos resultantes de convivencia

INSERCIÓN SUBALTERNA

INTEGRACIÓN FORMAL

Aceptación funcional

Igualdad jurídica

Mano de obra complementaria

Mano de obra competitiva

Ciudadanía subordinada

Ciudadanía equiparada

Sociedad monocultural

Sociedad pluricultural

RECHAZO XENÓFOBO

ACEPTACIÓN INCLUSIVA

Expulsión/segregación inmigrantes

Reconocimiento activo

Mano de obra explotable (sin derechos) Ciudadanía denegada Sociedad multicultural Autocentramiento comunitario

Mano de obra crítica de la explotación Ciudadanía instituyente Sociedad intercultural

Grupalidad proyectiva

Grupalidad regresiva

Desarrollo autónomo Individualización meritocrática

Individualización normativizada

Control orden estatal

Proyección transcomunitaria Elaboración de Colectivo Ioé y Alfonso Ortí

cuatro posiciones básicas, que representan tipos ideales entre los que cabe situar las fracciones discursivas mucho más matizadas recogidas en cada uno de los grupos.

1. Rechazo xenófobo Esta posición parte de una profunda desconfianza hacia quienes no comparten la cultura española, su historia, sus

tradiciones y sus valores propios. La consecuencia es el temor o rechazo xenófobo hacia los llegados de fuera, pues pueden poner en peligro la identidad y costumbres locales, sobre todo si su número es importante y están “fuera de control”. En los casos extremos esta posición reactiva se traduce en un rechazo violento de la población extranjera, que parece haberse incrementado en la etapa de crisis actual (“que los cojan y a su puto país”); en

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los más suaves se propone restringir su movilidad a espacios separados y nichos laborales. Como los inmigrantes no tienen ninguna legitimidad ciudadana, se justifica que los empleadores les exploten sin tener en cuenta la regulación laboral española (“¡que les den!”).

Ante la diversidad cultural, se plantea como salida más coherente la separación territorial de los diferentes sujetos nacionales: “cada uno en su país”. Por tanto, la respuesta espontánea del discurso xenófobo es que se sellen las fronteras y se expulse a los “invasores”. La convivencia resultaría perjudicial y conflictiva para ambos grupos, dada la imposibilidad de compaginar culturas que son “inasimilables por esencia”, tal como lo demostraría la tensión social generada en Madrid con ocasión de la llegada “masiva” de extranjeros o, en el caso francés, el fracaso de la integración de “los moros” después de tres o cuatro generaciones.

Sin embargo, ante la fuerza de los hechos consumados que hace imposible no contar con inmigrantes (“se nos han metido por los ojos”), se apuntan dos formas de convivencia que podrían salvaguardar los valores y las costumbres propias de la cultura española. La primera está sustentada por sectores sociales populares que defienden nostálgicamente la convivencia que existía en los barrios, con una identidad compartida como españoles, con una lengua, una religión y, sobre todo, un sentimiento nacional común que se expresa en múltiples símbolos y prácticas colectivas. La convivencia con inmigrantes –especialmente si pertenecen a etnias y culturas distantes– no es posible ni deseable, por lo que plantean directamente su repliegue en espacios aparte. Se trata de un movimiento que va en dos direcciones: autóctonos que salen de barrios

con elevada densidad de inmigrantes para vivir en otras áreas de la ciudad (de más alto estatus, modelo de “barrios privados”); e inmigrantes que se recluyen en su colonia como estrategia defensiva a fin de aprovechar las redes propias y eludir el acoso social existente hacia la inmigración (espacios de bajo estatus, en proceso de exclusión residencial). La diferenciación espacial se amplía también a instituciones comerciales (economía étnica), educativas (fuga de autóctonos a centros privados, concentración de inmigrantes en la escuela pública, demanda de aulaspuente para alumnos inmigrantes que no interfieran en el nivel de las clases), sanitarias (fuga hacia la sanidad privada, demanda de reintroducir el sistema de beneficencia para los inmigrantes que no pagan), recreativas (zonas verdes, bares y discotecas para inmigrantes), etc. Se critica a la democracia española como blanda y se reclama un control policial fuerte de la delincuencia y de las bandas juveniles (ya sean inmigrantes o autóctonas).

SS Como el discurso xenófobo no encuentra fácil justificación, lo habitual es que se camufle tras posiciones políticamente correctas Una segunda postura es defendida, directa o indirectamente, por sectores autóctonos y de inmigrantes en posición social acomodada, que son partidarios de seleccionar los flujos migratorios en función de su estatus y su capacidad de integración: un modelo de extranjero con recursos económicos propios, elevada

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cultura y capacidad de adaptación a la sociedad española, en contraposición al resto de inmigrantes, que “arrasan todo como manadas de búfalos”. Se plantea, en consecuencia, cerrar la frontera a la inmigración no cualificada y expulsar a los extranjeros que “no saben convivir”, revisando en esa dirección la política migratoria.

La xenofobia de los nativos en relación a los inmigrantes procedentes de países menos desarrollados (latinos, africanos, asiáticos) tiene sus raíces remotas en el pasado colonial, entre los siglos XVI-XIX, cuando los europeos se concebían como “naturalmente”

superiores a los pueblos colonizados, ya fuera con una justificación directamente racista (biológica) o cultural5.

En la sociedad contemporánea el racismo ya no puede encontrar justificación en el plano biológico o en la dominación colonial, de ahí que la posición xenófoba aparezca rara vez en estado puro y, cuando ello ocurre, sea minusvalorada por las otras posiciones, que la acusan de racista y retrógrada. Lo más habitual es que el discurso de la segregación se sitúe a la

5 Martínez Veiga, U.: “Raza y racismo: aclaraciones conceptuales”, en OFRIM Suplementos, Madrid, 2001.

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defensiva o se camufle tras otras posiciones, más políticamente correctas.

2. Inserción subalterna Esta posición defiende el principio de la preferencia nacional sobre los extranjeros.

Aquí la norma estatal se concibe como el lugar de establecimiento de la uniformidad: parámetros culturales y de comportamiento que rigen obligatoriamente para todos, incluidos los inmigrantes (“o te asimilas o te marchas”). Desde esta lógica los intereses de los ciudadanos nacionales priman sobre los intereses de los extranjeros; la presencia de estos se justifica solo de acuerdo a las necesidades de aquellos (“primero los españoles”) y siempre que ocupen una posición subalterna o complementaria (por ejemplo, aceptando los empleos menos apreciados y peor pagados). Desde esta posición no cabe hablar propiamente de integración de los inmigrantes sino, en todo caso, de “ciudadanía subordinada” o de segunda clase, en el marco de una sociedad monocultural.

El eje central de esta posición es la defensa de los intereses del Estado español, de su identidad cultural y de sus ciudadanos, en el contexto de un mundo articulado desde la confrontación internacional. La expresión “que cada palo aguante su vela” refleja bien esta posición que, en relación a la convivencia de los extranjeros, plantea que deben “acoplarse” a las normas, usos y costumbres vigentes en España (“¡se tienen que adaptar!”). Del mismo modo, el número de inmigrantes no debe sobrepasar aquella escala que sea asimilable sin producir saturación o conflictos en el acceso a los servicios públicos (sanidad, educación, etc.). Esta posición aparece con más fuerza en dos sectores de Madrid: grupos sociales precarizados, por un lado, y pequeños empresarios, las clases medias

funcionales y las amas de casa con ingresos familiares elevados por otro. El primer grupo acusa a los poderes públicos de no controlar la entrada de extranjeros ni defender la prioridad de los nacionales en el acceso a los servicios públicos. La “masa” de inmigrantes habría subvertido el principio tradicional que decía “allí donde fueres, haz lo que vieres” y con frecuencia no respetan las costumbres de los autóctonos y resultan molestos. Se plantea que la Administración debe controlar más la inculturación de los recién llegados, mediante mecanismos de información y formación en la lengua, las normas y las costumbres propias de la sociedad española. Un sector de los propios inmigrantes en situación precaria comparte estas posturas y considera que, al estar en España, ellos deben respetar las costumbres

SSPara los defensores de la inserción subalterna el Estado debe proteger, ante todo, a los nacionales y después a los extranjeros de aquí y aceptar con agradecimiento los empleos socialmente menos valorados que se les ofrecen. Luego, poco a poco, podrán aclimatarse y asimilarse a los españoles (la meta final sería obtener la nacionalidad, lo que ya han conseguido 200.000 inmigrantes). En cuanto al acceso a los servicios públicos, plantean que el problema mayor es que el Estado no proporciona recursos suficientes para todos, lo que da lugar a tensiones y quejas por parte de los usuarios.

Entre los pequeños empresarios, las clases medias funcionales y las amas de casa con

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ingresos familiares elevados, la fracción nacional-proteccionista también se queja de que “las ayudas se las llevan ellos” sin que la Administración tenga en cuenta quiénes son los “españoles y contribuyentes”. En cuanto a las normas de convivencia, estos sectores más acomodados tienden a universalizar la cultura española en el marco más general de la civilización moderna-europea, que contraponen a las culturas “bárbaras atrasadas” de los países menos desarrollados (en especial los islámicos pero, también, los gitanos, sean rumanos o españoles: machismo, formas violentas, alcoholismo, alborotadores…). Asimismo, ante la numerosa llegada de inmigrantes a Madrid en los últimos años, temen que terminen apropiándose de los recursos (escasos) y ocupando sus espacios (privilegiados), por lo que también plantean reducir el número de entradas en función de los intereses de la población autóctona. Entre dichos intereses, se valora muy positivamente la disponibilidad de los inmigrantes como mano de obra de las empresas o para “aliviar las tareas de los hogares españoles”.

SS Las élites más beneficiadas del modelo societario vigente son las que defienden la integración formal de los inmigrantes Para los defensores de la inserción subalterna, el Estado debe proteger ante todo los derechos y necesidades de los nacionales, mientras los extranjeros deben ocupar una posición subordinada o complementaria. Se trata de un discurso nacional-proteccionista

que está más presente en los sectores sociales populares-precarios, que se sienten abandonados por las instituciones públicas en las que, por otra parte, han depositado su confianza y de la que reclaman soluciones6.

3. Integración formal Esta posición defiende la equiparación jurídica de todos los ciudadanos, sean nativos o extranjeros, para desenvolverse en la vida de acuerdo a sus propios méritos, “no gente de primera categoría y gente de segunda categoría”. La sociedad pluricultural sería la nueva forma de expresión de la España plural, que no solo tiene diferentes nacionalidades autonómicas sino también una población inmigrante con múltiples expresiones culturales, religiosas, etc. Se afirma que el desarrollo de la economía española debe mucho al aporte de los inmigrantes y que estos tienen derecho a competir en igualdad de trato con los españoles (en el marco de una economía “abierta”).

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Las migraciones internacionales son percibidas como un mecanismo que contribuye a equilibrar los mercados mundiales de mano de obra en el marco del proceso de globalización. Los estados deben asegurar el control racional de los flujos (“sin desbordamientos”), facilitar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y promover la convivencia ciudadana en espacios comunes interétnicos (pluralismo liberal cosmopolita). Cabe hablar en este caso de integración “igualitaria” de los inmigrantes en el marco de una sociedad

6 Es el discurso del “pobre blanco”, en expresión de Wieviorka, M. (dir.): Racisme et modernité, La Découverte, París, 1993.

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modernización liberal cree también que hay que acoger a los recién llegados, como se acogió en otro tiempo a los inmigrantes de provincias llegados a Madrid (con “cariño”, pero no tratándolos de “pobrecitos” sino como “iguales”). La ciudad se construye con la cooperación de todos, pero ello exige “saber convivir”, respetar “unas reglas mínimas de convivencia”. Por tanto, ante la numerosa llegada de extranjeros, hay que facilitar la integración de la mayoría, que viene “con buenas intenciones”, pero ser duros con los vagos y delincuentes, que no saben convivir.

pluricultural de la que se valoran positivamente sus pautas de funcionamiento socioeconómico e institucional. En el análisis de los grupos hemos detectado la presencia de esta posición en bastantes sectores. Personas con alto nivel económico defienden la pluralidad cultural de la ciudad y el nuevo aire cosmopolita que le proporciona la inmigración. Sin embargo, deben evitarse los “desbordamientos”, así como el encerramiento de los colectivos inmigrantes en si mismos (comunitarismo cerrado). Es preciso respetar las culturas de los demás y estar abiertos a la comunicación y enriquecimiento mutuo, superando los prejuicios y las actitudes segregacionistas. La integración se plantea como un proceso a medio y largo plazo que requiere educar a todas las partes en el pluralismo y el respeto a las diversas culturas. La sociedad avanza desde la intolerancia del pasado (“gris”) hacia el mestizaje intercultural (“de colores”).

Un sector de capas sociales populares que se identifica con los valores de la

Los partidarios de la integración formal de los inmigrantes reclaman la autonomía individual, sin discriminaciones (individualización meritocrática). Las culturas son diversas y deben respetarse como un derecho de la libertad de las personas (pues “España no es el centro del mundo”). Las clases medias altas (dirigentes y profesionales cualificados del sector privado o público, medianos y grandes empresarios, etc.), justamente las élites sociales que salen más beneficiadas del actual modelo societario, son las que sostienen más habitualmente esta posición ideológica.

4. Aceptación inclusiva Esta posición considera las recientes migraciones de mano de obra llegadas a la Comunidad de Madrid como un efecto de las desigualdades inherentes al proceso de globalización capitalista. En el ámbito nacional se defiende una democracia participativa (grupalidad proyectiva), con la expresa inclusión de todas las culturas y minorías nacionales presentes en el territorio (“entenderse unos con otros y convivir juntos”) y se cuestiona el predo-

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minio de las élites políticas y económicas sobre los ciudadanos de a pie. Se pone énfasis en los problemas derivados de la desigualdad económica y la precariedad laboral, y se responsabiliza de ello al poder político y a los empresarios, que “abusan y se aprovechan de la inmigración”.

Su propuesta consiste en superar el individualismo actualmente predominante (“cada uno a lo suyo”) a favor de una ciudadanía instituyente, activa, intercultural

SSLa ciudadanía instituyente, partidaria de un reconocimiento de todas las comunidades étnico-culturales, no es dominante en los discursos y proyectiva (“hacer las cosas para vivir la democracia”). Una ciudadanía basada en el reconocimiento de las diversas comunidades étnicas-culturales-nacionales y de su capacidad para convivir, entenderse y actuar como sujetos activos de lo social a escala local, nacional e incluso mundial. Un conjunto de características que están bastante presentes en movimientos sociales como el 15M y que también hemos observado en varios grupos de discusión. En primer lugar, sectores populares que hacen agudas críticas a “una sociedad fría, estresante, individualista”, que habría perdido los valores comunitarios a favor de un “descontrol consumista” privado y que apuestan por una sociedad participativa donde prime el valor de la grupalidad intercultural como principio activo de una democracia no manipulada por los poderosos y basada en el aporte de todas las sensibilidades. Para

ello, es preciso revalorizar las culturas inferiorizadas y establecer redes horizontales de intercambio y transformación social a escala local y global.

Desde un sector de las clases medias y medias altas, se defiende también la posibilidad de una convivencia enriquecedora entre inmigrantes y autóctonos a nivel local, para lo que es preciso superar las actuales tendencias centralizadoras en los planos administrativo y comercial.

Frente a la incomunicación burocrática (políticos “usurpadores”) y el consumo privatizado, hay que caminar hacia una recreación universalista de la convivencia, basada en la confianza mutua, la solidaridad y el diálogo constructivo.

La ciudadanía inclusiva no es dominante en los discursos grupales, aunque aparece puntualmente con notable fuerza, en confrontación con los otros discursos, sobre todo en su vertiente de crítica hacia el modelo político y económico vigente.

Contiene una perspectiva utópica, como anticipación imaginaria de un mundo sin injusticias que, en las condiciones actuales, no encuentra asidero para formular un discurso muy elaborado.

Escenarios de futuro Los escenarios de futuro de la convivencia en Madrid entre nativos y foráneos dependerán estrechamente de cómo evolucionen las posiciones descritas. En el actual estado de cosas, la alianza más probable parece inclinarse por una combinación ideológicamente bastante centrada entre la inserción subalterna de los inmigrantes (desde el principio de la preferencia nacional) y la integración formal (desde el principio de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos). En ambos casos el plano

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individual prevalece sobre el grupal, como articulador de la incardinación de las personas en la sociedad.

ción activa de los inmigrantes como ciudadanos plenos de una España intercultural.

El rechazo xenófobo de los inmigrantes, que propugna su expulsión o su reclusión en guetos, es defendido con mayor o menor intensidad por diversos sectores sociales y puede llegar a causar graves problemas al colectivo inmigrante, pero no es previsible que alcance la suficiente fuerza como para imponerse en el plano colectivo.

SS No es previsible que el

Del mismo modo, la ciudadanía instituyente, partidaria de un reconocimiento activo de todas las comunidades y minorías étnico-culturales tampoco alcanza el umbral suficiente como para erigirse en discurso social dominante, aunque pueda tener una influencia importante y muy positiva para quienes esperan una integra-

rechazo xenófobo de los inmigrantes alcance la suficiente fuerza como para imponerse en el plano colectivo Como valoración final, se puede concluir que el campo discursivo en torno a la inmigración está fragmentado y con frecuencia poco consolidado, debido a la relativa novedad del fenómeno y a la

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existencia de múltiples circunstancias que lo condicionan, la más reciente la coyuntura de crisis actual que ha provocado la ralentización de los flujos

SS Todo parece indicar que la tendencia dominante responderá a procesos de alianza entre las posiciones de inserción subalterna e integración formal y un incipiente retorno. No obstante, de no producirse cambios sociopolíticos significativos, todo parece indicar que la tendencia dominante en un futuro próximo responderá a procesos de alianza entre las posiciones de inserción

subalterna e integración formal, que se corresponden con bastante fidelidad al espectro ideológico que ha prevalecido en la sociedad española a partir de la transición pactada desde el franquismo a la democracia parlamentaria y la “economía social de mercado”7. Sin embargo, el centro de gravedad de este conglomerado ideológico es inestable, no solo porque contiene importantes diferencias internas, sino porque está tensionado externamente desde las otras dos posiciones discursivas, que tratan de influir y atraer hacia sus planteamientos –regresivos o subversivos– a los discursos socialmente más establecidos.

7 Sobre la evolución del franquismo a la democracia en el campo ideológico, ver Águila, R. y Montoro, R.: El discurso político de la transición española, CIS/Siglo XXI, Madrid, 1984; y Ortí, A.: “Transición postfranquista, monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto programado a la socialtecnocracia transnacional”, en Política y sociedad nº 2, Madrid, 1989.

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Cuando “vivíamos bien” Durante los años de crecimiento económico, España multiplicó por dos su Producto Interior Bruto. El poder adquisitivo medio de la población, sin embargo, apenas creció. Las sucesivas rebajas fiscales impidieron, asimismo, mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidos, a través de los mecanismos de redistribución de la riqueza. En la actualidad, por tanto, persisten las estructuras de desigualdad, alimentadas y potenciadas por los efectos de la crisis económica.

Víctor Renes, sociólogo, miembro de la asociación vecinal San Fermín.

E

stamos asistiendo y, cada vez más in crescendo, a un cambio de visión de una situación que hoy parece ya olvidada pues nos hemos ido sumergiendo en un presente al parecer sin pasado.

Es decir, hemos olvidado que antes de nuestro presente, o sea, “la crisis”, la pobreza y la exclusión existían en grado sobresaliente; que nuestro presente, o sea, “la crisis”, no ha generado la pobreza y la exclusión estructural en nuestra sociedad; que nuestro presente, o sea, “la crisis”, no tiene derecho a la amnesia de lo que históricamente no se ha resuelto cuando el crecimiento económico era presentado como el gran salvador-solucionador de todo, de todos.

El presente nos ha sumergido en la crisis que ya nos rodea, abruma, achica, empequeñece y que deja fuera lo que hasta ese momento habíamos considerado evidente, o sea, la desigualdad estructural, por lo que entendíamos que era exigible que la agenda económica, política y social diera un vuelco a sus prioridades y colocara en su centro la igualdad y la justicia social.

De hecho, nos hace olvidar que éramos una sociedad en la que tanto las desigualdades como las situaciones de exclusión social no eran fruto de circunstancias coyunturales sino, más bien, de problemas estructurales.

Vamos a analizar esta afirmación desde tres perspectivas1.

1) El crecimiento económico que se dio desde mediados de los años noventa hasta 2007 agravó las desigualdades El análisis de los procesos que han ido conformando la nueva realidad de la desigualdad económica y de la pobreza monetaria en España desde comienzos de los años noventa ofrece una serie de conclusiones generales que permiten

1 El diagnóstico de este primer epígrafe está basada en dos fuentes: Ayala, L. (coord): Desigualdad, pobreza y privación. Colección Estudios. Fundación FOESSA, Madrid, 2009 y EAPN-ES, PVE, POAS: Propuestas del Tercer Sector de Acción Social, Madrid 2010. Remitimos a ellos para consulta del pertinente soporte técnico-estadístico.

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hablar de un cambio silencioso, en la medida en que no ha recibido suficiente atención de los decisores y de la opinión pública, pero de gran relevancia por lo que implica de ruptura de tendencias previas y de persistencia de graves deficiencias estructurales.

La manifestación más notable de ese cambio es el truncamiento, en un contexto de crecimiento económico, de la tendencia de reducción continuada de la desigualdad y la pobreza en España. Por primera vez en las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se redujeron en un contexto de crecimiento económico.

Ello ha supuesto una ruptura también en las tendencias previas de acercamiento a los niveles medios europeos. El proceso de modernización económica de las dos

últimas décadas, que permitió un importante recorte de las diferencias respecto a los niveles medios de renta de los países más ricos de la Unión Europea no se ha traducido en mejoras de los hogares con menores recursos. Después de varias décadas de reducción continuada de la desigualdad, tal proceso se frenó a partir del primer tercio de los años noventa y los indicadores de desigualdad durante los años del crecimiento económico se han mantenido a un nivel muy similar al de principios de esa década.

Frente a la idea extendida de que la mejor forma de favorecer el bienestar es conseguir altas tasas de crecimiento económico y de creación de empleo, la experiencia española parece desdecir tal estereotipo. Entre los años 1994 y 2007, las tasas de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) anual

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medio fue superior al 3%2. Este crecimiento nos situó por encima de los niveles de renta medios de la Unión Europea de los 27 y se ha traducido en una mayor disponibilidad de bienes y servicios. Lo que pudo suponer un aumento del bienestar para muchos sectores sociales, sin embargo, no solamente no se tradujo en una reducción de la pobreza, sino que generó más desigualdad entre el segmento más rico y más pobre de la sociedad española. En los momentos de máxima creación de empleo la desigualdad no disminuyó. El resultado es el distanciamiento de los indicadores medios de desigualdad de la Unión Europea (mientras que en la UE-25 las rentas de los hogares ubicados en el 80% más rico son 4,7 veces mayores que las del 20% más pobre, ese ratio se eleva en España a 5,3).

Así pues, el crecimiento no supuso una reducción de las desigualdades sociales.

Más bien al contrario3. El incremento de la disparidad en los niveles de renta es especialmente llamativo cuando se compara al segmento de población más

2 Instituto Nacional de Estadística (2010a) Producto Interior Bruto. Volumen encadenado referencia año 2000. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/ tabla.do?per=03&type=db&divi=CNTR&idtab=9.

Eurostat (2010a) “Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year”, disponible en: http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&i nit=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 3 Desde el año 1973, el crecimiento económico en España generó una reducción paulatina de las desigualdades. “Los niveles de desigualdad de los que se partía a comienzos de los años setenta eran muy altos, lo que explica que tanto los indicadores de desigualdad como de pobreza sigan siendo elevados en el contexto comparado, a pesar del crecimiento de las rentas y la concentración de una parte importante de las mejoras en los hogares con ingresos más bajos”. Ayala, L.: “La pobreza en España: tendencias y factores de cambio”. Revista Española del Tercer Sector, Nº.15 (mayo-agosto de 201). Disponible en http://www. fundacionluisvives.org/rets/15/articulos/53500/index.html

rico con el más pobre. En 2007, la ratio de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% de la población más pobre era de 10,3 en España. Esto es, el 10% más rico de la población española concentraba el 26,6% del total de la

SSEn 2009, el 63% de los trabajadores españoles percibía sueldos inferiores a 1.100€. El 11% vivía en situación de pobreza riqueza en el país, mientras que el 10% de la población más pobre solamente poseía el 2,6% de la misma4. La propia ciudadanía no percibe de igual modo los efectos de la bonanza económica.

Así, mientras que el 50% de las clases medias considera que el crecimiento económico les ha beneficiado y ha contribuido a mejorar su nivel de vida, más del 53% de las personas excluidas consideran que sus condiciones de vida han empeorado en los últimos años5.

4 La desigualdad se explica, en parte, porque 18,3 millones de trabajadores (63%) en España tienen sueldos inferiores a 1.100 euros al mes y el 11% de los mismos se encuentra en situación de pobreza relativa. Véase Cruz Roja: “Informe de vulnerabilidad 2008-2009”, Madrid, 2010. Disponible en http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ informes.do. De hecho, el número de personas definidas como “ricas” (con 800.000 euros en bienes, excluidas casas) creció un 12,5% en el 2009, hasta alcanzar 143.000 personas en España. El Mundo, 22 de junio de 2010: “Yates, pinturas y coches de lujo: para los millonarios pasó la crisis en 2009”, disponible en http://www.elmundo.es/ mundodinero/2010/06/22/economia/1277219760.html 5 F. FOESSA: VI Informe sobre la exclusión y desarrollo social en España. F. FOESSA: Madrid, 2008. P. 84.

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Durante ese periodo de crecimiento económico ha quedado patente la disociación entre crecimiento y distribución social, pues aunque el PIB casi se duplicó, el poder adquisitivo medio real, es decir, la capacidad media de compra, prácticamente se mantuvo estancada, con un incremento del 0,4% en la década de 1997-2006. Es pertinente destacar, además, el impacto añadido que sobre la capacidad de gasto de la población ha tenido el incremento del coste de acceso a la vivienda, no en propiedad, sino también en alquiler6. Al mismo tiempo, los beneficios de empresas no han tenido retornos equivalentes en inversiones: en la última década, el porcentaje de beneficios empresariales utilizados para invertir en capacidad física, no en España sino también en el conjunto de países de la OCDE, ha sido inferior al 40%, lo que supone una reducción de ocho puntos porcentuales sobre la década de los años ochenta7. Esta realidad está estrechamente relacionada con la sobrecapacidad de producción, especialmente en algunos ámbitos como el de la construcción y la orientación inadecuada de muchos esfuerzos inversores previos a la crisis.

e ma-

pleo,

penas

Las desigualdades económicas en España son más amplias cuando el análisis se centra en la distribución de la riqueza. El grado de concentración de esta es superior al de la renta (el 1% de los hogares más ricos en tér-

6 De acuerdo con la Sociedad de Tasación, el precio por metro cuadrado de la vivienda en España se ha triplicado entre 1995 y 2008, año este último en el que estalló la burbuja inmobiliaria, pasando de 974 a 2.871 euros. En junio de 2010 estaba en 2.537 euros. Fuente: Ministerio de Vivienda. Véase también http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php 7 Organización Internacional del Trabajo: Informe sobre el trabajo en el mundo 2008: desigualdades de renta en la era de la finanza global, Ginebra, 2008.

Foto Olmo Calvo.

minos de riqueza acumula más del 12% del total, mientras que en la renta el porcentaje del 1% más alto no llega al 7%). La vivienda representa más de la mitad de la riqueza de los hogares españoles, lo que les hace especialmente sensibles a las condiciones cambiantes del mercado inmobiliario (cerca del 45% de los hogares españoles sufre algún tipo de deuda, mayoritariamente inmobiliaria). La desigualdad de la riqueza resulta especialmente acusada en los activos

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distintos de la vivienda. En concreto, más del 78% del valor de las propiedades inmobiliarias diferentes de la vivienda principal, casi un 88% del valor de los negocios por cuenta propia, y más de un 92% del valor de las acciones, están en manos del 20% de los hogares más ricos.

2) La desigualdad no disminuyó no a pesar del importante crecimiento, sino sobre todo a pesar del aumento de las tasas de empleo

La falta de traducción de las mejoras de la renta media en reducciones de la desigual­dad resultó de factores muy diversos, encontrando claves explicativas tanto en el ámbito de la generación de las rentas primarias de los hogares como en los límites de la intervención pública con objetivos redistributivos. Vamos a considerar ahora el primero de ellos, el factor empleo en relación a la distribución de las rentas.

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La falta de correspondencia entre el alto crecimiento del empleo y la distribución de la renta tenía su explicación en el tipo de empleo. La incidencia de la pobreza entre los trabajadores asalariados era, de hecho, mayor que la de las décadas anteriores al periodo de crecimiento. La permanencia de una proporción no desdeñable de trabajadores en situaciones de pobreza –por encima del 10% de los ocupados–, debido a la in­suficiencia de los ingresos para hacer frente a las cargas familiares, pone en cuestión la arraigada imagen del empleo como garantía automática de mejora del bienestar.

Durante este período el paro del sustenta-

SSMás del 56% de los contratos precarios siguen siéndolo 7 años después. El 6% de los hogares tienen a todos sus miembros en paro dor principal del hogar se redujo por debajo de la tasa general de desempleo hasta un 6% y, sin embargo, la desigualdad no descendió y se mantuvo en los mismos niveles que tenía cuando este tipo de paro tenía niveles del 13%, desmintiendo la tesis de que el empleo era el vehículo de distribución.

El resultado, por un lado, ha sido el mantenimiento de diferenciales importantes respecto al entorno europeo, resultando las ganancias medias (consideradas en paridades de poder adquisitivo) un 85% y un 88% para varones y mujeres, respectivamente, de las del promedio de la UE-25 (un 78% y un 79% de la media de la UE-15). Por otro lado, se han registrado algunos cambios importantes en la

Foto Mun

estructura sa­larial que impiden hablar de un efecto de arrastre relevante de los salarios más ba­jos al hilo del ciclo expansivo.

El crecimiento generalizado del empleo no se habría traducido, por tanto, en una mayor ganancia de las remuneraciones más bajas. Las estimaciones realizadas en base a la Encuesta de Estructura Salarial, que cubre el periodo 1995-2002, revelan que durante el periodo de mayor crecimiento del empleo, la desigual­dad salarial apenas cambió.

3) La desigualdad no disminuyó dados los límites de la intervención pública con objetivos redistributivos Si hacemos una comparativa con la media europea en lo que a gasto social se refiere, España se caracterizaba por un nivel de gasto bajo en porcentaje de aplicación del PIB. Después de varios años de acercamiento de las cifras relativas del gasto social a los niveles medios de la UE, la brecha volvió

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a ampliarse a partir del primer tercio de los años noventa. Los recursos empleados en esta parcela de la intervención pública resultaban impropios para el nivel de crecimiento económico. El rasgo más diferencial era el efecto que sobre la reducción de las desigualdades eco­nómicas pasaron a tener los principales instrumentos redistributivos.

Desde mediados de los años noventa, las sucesivas rebajas de los tipos impositivos suponían una menor capacidad redistributiva por la pérdida de recaudación.

Foto Mundo Desconcertante.

Los mayores límites en la contribu­ción de la intervención pública a la reducción de la desigualdad correspondían a las políticas de gasto en servicios y prestaciones sociales. Las cifras de gasto social relativo tendieron a la baja, con porcentajes sobre el PIB que no llegaban al 20%, inferiores a los niveles máximos del primer tercio de los años noventa, que alcanzaron el 24,4%.

Tales porcentajes quedaban lejos de los de la UE, según datos de Eurostat, al presentar España un nivel de esfuerzo relativo que suponía un 76,5% del promedio de la UE-27 y que solo se eleva al 78% cuando el gasto social se mide en términos per cápita en paridades de poder adquisitivo.

En el ámbito más concreto de las transferencias monetarias, destaca el menor crecimien­to registrado desde mediados de los años noventa por la mayoría de las prestaciones so­ciales monetarias. La tasa media de crecimiento anual del número de prestaciones en el periodo 1982-1992 (3,5% anual) casi duplicó la del periodo 1993-2006 (1,3%), a pesar de ser este un período de gran crecimiento económico.

Al menor crecimiento del número de prestaciones sociales monetarias hay que añadir el dis­tanciamiento de sus cuantías del nivel medio de renta de la población española. Mientras que entre 1982 y 1992 el cociente entre la pensión media y el

PIB per cápita descendió del 44,2% al 40%, en los quince años siguientes esa relación disminuyó hasta el 37%.

No es extraño, en este contexto, que el efecto redistributivo de las prestaciones socia­les, que en décadas anteriores fue el principal determinante de la corrección

SSLos responsables políticos no aprovecharon la bonanza económica para promover políticas compensatorias y frenar la polarización social de la desigual­dad, viera reducida su magnitud. El incremento de las prestaciones sociales era considerablemente menor que el de etapas anteriores, y la intensidad protectora ofrecida era inferior a la de hacía dos décadas. El resultado fue una menor incidencia del sistema de prestaciones sociales sobre los indicadores de desigualdad. En definitiva, mientras que en las décadas de los años setenta y ochenta las políticas re­distributivas tuvieron un papel determinante en los resultados finales de la distribución de la renta en España, con un papel compensador –en las etapas de destrucción de empleo– o de refuerzo –en los momentos expansivos– de los efectos del ciclo económico, desde comien­zos de los años noventa el nuevo patrón distributivo en España se caracteriza por una relativa estabilidad en la desigualdad de las rentas de mercado sin mejoras visibles en la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias. Este doble proceso explica que, en un contexto de crecimiento de la actividad económica y del empleo,

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se frenara la reducción de la desigualdad, después de varios años de contención.

Este largo periodo de crecimiento económico no ha sido aprovechado para consolidar un modelo integral y coherente de protección social que sea capaz de prevenir, controlar y reducir a largo plazo el impacto de la pobreza, minimizando así las consecuencias de la persistencia de las estructuras de desigualdad. Las necesidades de protección de los colectivos más débiles y de aquellos más afectados por las nuevas circunstancias de crisis, ofreciéndoles recursos mínimos para vivir con dignidad, es la muestra patente de la ausencia de un sistema de garantía de rentas eficaz y ordenado, que fue factible construir durante los años del crecimiento.

Rupturas y fracturas en un modelo de desarrollo social precario Quizá se nos hayan olvidado las raíces estructurales de la desigualdad, pero no ha sido el único olvido, pues nos estamos olvidando de que durante el período de crecimiento económico, “cuando vivíamos bien”, vivíamos en una situación de vulnerabilidad estructural como algo consustancial y derivado de todo ello. El mantenimiento de la desigualdad, “a pesar del crecimiento”, tuvo como consecuencia la consolidación de la precariedad como rasgo de la estructura social.

El análisis de los procesos de desigualdad, pobreza, privación y exclusión social desvela una misma tendencia, cada uno en el ámbito en que son significativos8.

8 Cfr.: Renes, V.: Desarrollo social, procesos y perfiles de exclusión social, en Jaráiz, G.: Actuar ante la exclusión social. Colección Estudios. F. FOESSA, Madrid, 2009.

Foto Olmo Calvo.

Es decir, muestran, en su diversidad de enfoques, una convergencia de diagnóstico, dado que todos ellos desvelan la precariedad del modelo de crecimiento económico que pretendidamente aparecía identificado como modelo de desarrollo social, pues ese crecimiento estaba atravesado por un riesgo claro de rupturas sociales que, de hecho, se llegaron a plasmar en una situación que podemos denominar de “fractura social”, pues son situaciones en las que podemos afirmar que se había quebrado el “vínculo social”. Analizamos la convergencia de estos tres aspectos.

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a) Precariedad y vulnerabilidad. Los efectos de la desigualdad tenían un amplio efecto y generaban un riesgo de precariedad muy extendido en la estructura social: el 43,9% de la población había estado al menos una vez bajo el umbral

SS Persiste la tendencia a abordar la exclusión desde el control social, estigmatizando a las víctimas de una desigualdad que ya es estructural

de pobreza9, siendo uno de los porcentajes de “pobreza transitoria” más altos de la Unión Europea. La privación de bienes, ya no de tipo monetario, afectaba a amplios grupos sociales10: la mitad –un 49,2%– no sufría privación de algunos de los indicadores referidos a bienes básicos y un tercio –el 32,3%– disponían de esos bienes con un cierto nivel de precariedad, pues con gran frecuencia no tenían capacidad para asumir gastos imprevistos. La amenaza a la integración social: el 47,6% de la población no estaba afectada por algunos de los indicadores de exclusión

9 Como la define la Unión Europea, “están en situación de pobreza las personas, familias y grupos cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en el país en que viven”, y fijada con la medida estándar establecida por Eurostat en el 60% de la renta mediana equivalente.

10 El análisis de la pobreza monetaria no da cuenta de todas las carencias que afectan a la población. Hay otra serie de carencias que se refieren a las condiciones de vida y que constituyen la situación que denominamos de privación de bienes, ya no de tipo monetario.

social11 y el 35,3% se encontraba en situación de integración precaria. b) Efectos de ruptura. En este contexto de precariedad se generaron efectos de ruptura social como consecuencia del déficit y del riesgo social, que trascienden la precariedad y producen situaciones de pobreza (el 19,5% de la población se encontraba bajo el umbral de la pobreza, y el 13,8% se encontraba en situación de “pobreza permanente”, en la que destacaban las situaciones de working poor –trabajadores pobres–, pobreza infantil, feminización, vulnerabilidad de las personas mayores e inmigración); de privación (el 18,5% sufría privación en tres o más indicadores de bienes básicos, es decir, que además de no poder hacer frente a gastos imprevistos, tenía graves dificultades para llegar a fin de mes) y de exclusión (el 17,2% de la población estaba afectada por indicadores de tres o más dimensiones de exclusión social).

Todas ellas constituyen situaciones, no ya de vulnerabilidad, sino de más riesgo,

11 Operativamente, el concepto de “exclusión social” se entiende como “acumulación de límites a la participación social”. Con ello se aborda el análisis de los problemas sociales desde indicadores que no se reducen al indicador (umbral) de recursos económicos. Es decir, además de considerar la dimensión económica, se debe considerar también los límites en el ejercicio de derechos básicos (empleo, educación, salud, vivienda, participación) y en las relaciones sociales. La exclusión social es una en la que se produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (laboral, formativo, sociosanitario, económico, relacional y habitacional) por un lado, y de limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, por el otro. Se ha construido un sistema de 35 indicadores y se ha podido construir la variable integración-exclusión como un eje que estructura la población según la posición que ocupe en ese eje. A partir de ellos interesa la acumulación de determinadas circunstancias que ponen en cuestión el propio vínculo social. Es lo que pretende el índice de exclusión, elaborado a partir de esos indicadores. Cfr.: Laparra, M. y Pérez, B.: La exclusión social en España: un espacio diverso y disperso en intensa transformación. Colección Estudios. F. FOESSA, Madrid, 2008.

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rompiendo la imagen de un modelo social cohesionado y abierto a la participación social. c) Fractura social. El 3,9% de la población se situaba, no ya bajo el umbral de pobreza, sino en situación de pobreza severa, y el 2,7% en situación de pobreza crónica. El 4,8% de la población presentaba cinco o más indicadores de privación de bienes básicos. El 5,3% de la población estaba, no ya en situación de exclusión moderada, sino de exclusión severa o grave, lo que indudablemente cuestiona la realidad de un modelo de desarrollo social en el que existía un núcleo reducido pero significativo de la población que había pasado de una situación de precariedad y vulnerabilidad del vínculo social, a una situación en que el vínculo social se había fracturado.

La fragilidad de los elementos constitutivos de la cohesión social Hemos visto, por tanto, que “la sociedad del crecimiento” estuvo atravesada por la fragilidad de los componentes que en una sociedad producen cohesión y vinculación social. Hemos destacado, asimismo, los elementos estructurales que se encuentran en la base de la desigualdad estructural y, por ello, de las rupturas y fracturas sociales.

La conclusión a la que hemos llegado es que desde comienzos de los años noventa el patrón distributivo en España se caracterizó por una relativa estabilidad en la desigualdad de las rentas de mercado, sin mejoras visibles en la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias. Para no resultar reiterativo, solo añadiremos algunos factores referidos al empleo que muestran la fragilidad de uno de los factores claves de la estructura social. Así, la gravedad del “atrapamiento en la temporalidad” (más del 56% de los contratos precarios siguen sién-

dolo después de siete años); o los hogares en que todas las personas activas están en desempleo (el 5,9 %); o los hogares en los que la “persona de referencia” activa carece

SSDurante el periodo de mayor crecimiento del empleo, la desigualdad salarial apenas se redujo de empleo fijo y a jornada completa (el 5,8%); o los que disponen de contrato legal pero están bajo el umbral de la pobreza y que representan el 10% de los ocupados. En cuanto a la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias, si bien es cierto que en los últimos años se había ampliado la cobertura de la protección de rentas hasta su práctica universalización, esta se había hecho a través de un sistema notablemente fragmentado, en el que hogares con insuficiencia de recursos accedían a programas con diferentes requisitos de acceso y con distintos niveles de intensidad protectora.

Su debilidad y fragmentación dejaba importantes lagunas en su acción protectora.

Junto al empleo y a las transferencias monetarias, debemos referirnos a los sistemas sociales que deben garantizar los mecanismos de acceso a bienes básicos, fundamentales para la integración y la cohesión social. Su fragilidad se mostraba en que los propios sistemas generaban vulnerabilidades que no se contemplaban en su diseño, además de que estos sistemas no se hacían cargo de sus resultados negativos remitiéndolos al sistema de servicios sociales y consolidando así su exclusión.

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Solo indicaremos algún aspecto que visibilice su fragilidad, como la exclusión educativa que se generaba por el abandono que se produce especialmente entre los 14 y 15 años, y por el déficit de acceso a la titulación básica de la ESO en el sistema reglado, dado que el 10% de alumnos matriculados en el último curso de la ESO no conseguía la titulación y no se reincorporaba al sistema educativo al año siguiente. También la exclusión residencial provocada no solo por el endeudamiento en la vivienda y la sobrecarga del coste sobre el salario, sino también por la inseguridad de pérdida de la vivienda producida por factores ajenos al control de las familias, como el empleo, fundamentalmente. En materia de salud, se constata el peor estado de salud de las poblaciones en riesgo de exclusión. En cuanto a los servicios sociales, el déficit de un enfoque no proactivo agravó la marginación social que padecen las personas en riesgo o situación de exclusión. Por último, la contención del gasto durante los años de gran crecimiento económico y del empleo no redujo la distancia en gasto social con la media europea, sino que la aumentó y la ha mantenido en siete puntos de diferencia sobre el PIB. Otro de los elementos constitutivos de la cohesión socia es el capital social, es decir, el capital relacional. Existe evidencia de que el capital social se manifestaba debilitado en las situaciones más precarizadas, pues la exclusión social deteriora los vínculos, las comunidades, la constitución del sujeto y los marcos de sentido de las personas en situación de exclusión. Así, los pobres se asocian un 17% menos que el resto de la población. Los barrios de nivel medio y de rango elevado doblan en asociacionismo activo a los de barrios obreros, cascos viejos deteriorados y zonas rurales o diseminadas, una de cuyas características es, precisamente, su escaso nivel de aso-

ciacionismo. Además, el capital relacional de las personas pobres se deteriora en mayor medida: reducen más su ocio social, dejan más de salir con amigos, pierden más relaciones habituales y abandonan en mayor medida las asociaciones en las que participaban.

Merece la pena destacar este último aspecto, “la transcripción espacial de la pobreza y la exclusión social” en su reproducción, que no suele ser tenida en cuenta cuando se hace un diagnóstico de una situación social. Los fenómenos de exclusión social presentan manifestaciones específicas en una sociedad en la que el peso de lo urbano es cada vez mayor. En el análisis de la configuración urbana y de la exclusión en la misma, los barrios, determinadas áreas geográficas, ciertos enclaves, etc., se convierten en uno

SSEspaña es un ejemplo de que el crecimiento económico no se traduce necesariamente en desarrollo social de los nudos gordianos de la pobreza12. Es en los entornos urbanos, en la trama urbana, donde se producen las transcripciones espaciales de las fracturas sociales.

La consideración de la pobreza desde la perspectiva de los territorios nos lleva a varias consideraciones. En primer lugar, si bien es cierto que existe un mayor

12 Mayor Zaragoza, F.: Los nudos gordianos, Galaxia Gutenmberg, Barcelona, 1999. P. 43

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porcentaje de hogares bajo el umbral de la pobreza en los territorios rurales, la pobreza más grave, es decir, la pobreza severa, alcanza mayor intensidad en las zonas urbanas y periurbanas. En segundo lugar, la exclusión en estas áreas presenta algunas características diferenciales como, por ejemplo, que nos encontramos con una pobreza más joven, tanto por la media de edad de sus habitantes como por el porcentaje de niños afectados por esta situación. Esto explica también los altos porcentajes de fracaso educativo, una menor incorporación laboral y, en definitiva, una mayor presencia de problemas de marginalidad, tales como consumos de droga, alcohol, malos tratos, violencia, etc. Por último, el entorno físico en el que se producen situaciones de pobreza urbana tiende a tener menor calidad, menos servicios o servicios más deteriorados.

La existencia de amplias zonas de vulnerabilidad en barrios con falta de oportunidades, con accesibilidad y habitabilidad degradada, que albergan poblaciones con precariedad en el empleo, formación inadecuada, medio social desmotivador, etc., dificultan la instrumentación y efectividad de las políticas, especialmente las sectoriales, y pueden facilitar la extensión de problemas agudos si se mantienen los procesos desequilibradores. Durante la época del crecimiento fue la propia Comisión Europea la que insistió en la necesidad de promover un desarrollo sostenible en las ciudades, con el objeto de evitar que estas progresen a dos velocidades, de modo tal que se pueda paliar en estos núcleos urbanos el crecimiento de las áreas vulnerables que se caracterizan, normalmente, por tener una tasa de desempleo alta, un mayor nivel de pobreza, peores condiciones de habita-

bilidad, una situación medioambiental altamente deteriorada y una tasa de criminalidad elevada, entre otros factores13.

En todos estos contextos hay una clara tendencia a abordar las problemáticas sociales desde la perspectiva del control social, lo que aumenta aún más si cabe el riesgo de que estos barrios y sus habitantes sean estigmatizados, considerándoles como los causantes de los problemas existentes y, en consecuencia, culpabilizándoles por aquellas situaciones de las que en realidad son víctima.

Consolidación de un modelo de baja cohesión social ¿Qué se nos ha ido olvidando tan rápidamente, llegada “la crisis”? El balance de los años del crecimiento evidencia que no se debe confundir desarrollo social con crecimiento económico, presuponiendo que este conduce a aquel.

En las últimas décadas, el crecimiento económico ha pasado a ser la medida de validez e idoneidad de las políticas económicas de los gobiernos, presuponiendo que aquellas sociedades que más crecen, son también las que más se desarrollan.

Pero esta concepción de desarrollo no tiene en cuenta los costes que conlleva.

Costes de tipo medioambiental o los aspectos negativos en la distribución de la renta, que generan no solo desigualdades sociales, sino también rupturas, fracturas y tensiones que, a largo plazo, acaban obstaculizando el propio creci-

13 Comisión Europea: “Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea.

Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 28 de octubre de 1998. Pág. 17.

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miento. Las desigualdades nos siguen acompañando, aunque la sociedad del crecimiento las “naturalizaba”, es decir, las consideraba, no buenas, pero cuasinaturales, como efectos no queridos pero inevitables del crecimiento económico, considerado este lógico, natural y prioritario. En este contexto, se cumple la lógica popular de que “de aquellos

SSLas sucesivas rebajas de los tipos impositivos aprobados desde la década de los noventa redujeron nuestra capacidad redistributiva polvos estos lodos”. Porque los déficit sociales de la etapa del crecimiento económico, cuya resolución se relegaba para cuando el propio crecimiento lo permi-

Foto Olmo Calvo.

tiera, nos han desbordado toda vez que la actual crisis les ha quitado los frenos, las barreras y los topes con la evidencia, cada vez mayor, de que no se volverá al lugar de partida, ni aun retornado el crecimiento.

Entre las muchas posibles, habría que destacar una lección: la evolución socioeconómica producida durante la etapa del crecimiento económico se caracterizó por procesos de polarización social creciente, ante los cuales las administraciones no han promovido una intervención compensatoria. Sin duda, se ha producido una sustancial mejora social y económica de una parte importante de la población, por ejemplo, en el acceso de las clases medias a dos o más sueldos en el hogar, sin que el sistema fiscal se ajustara a esta realidad de forma comparable a la del resto de países de Europa. De forma simultánea, la parte desfavorecida de la sociedad no disfrutaba de las políticas sociales compensatorias, ampliamente difundidas en los países más avanzados de Europa, como los sistemas de rentas mínimas, las políticas familiares o las políticas de vivienda dirigidas a los jóvenes.

Es en este contexto en el que entendemos mejor el discurso social dominante, en el que, al tiempo que una parte sustancial de la población justifica el fraude fiscal, se consolida la tendencia a una oposición mayoritaria a un esfuerzo fiscal superior de las clases favorecidas. Ello es, en cierta medida, el reflejo del fracaso de nuestra sociedad, en tanto que sociedad insolidaria. El modelo de crecimiento generador de estas desigualdades ha contribuido también a consolidar una forma de pensar que se aleja de la apuesta por una sociedad solidaria y cohesionada, que debe ser inspiradora de nuestro modelo democrático y sistema de bienestar social solidario.

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Hacia una política de gestión de la demanda energética La profunda crisis energética a la que nos enfrentamos hoy, de enormes consecuencias medioambientales, necesita una alternativa urgente que pasa por desposeer al sector privado de la gestión de la energía y por apostar por un modelo participado basado en una demanda racional y no en el beneficio empresarial.

Ladislao Martínez López, miembro de la Junta Directiva de ATTAC-Madrid y experto en energía.

L

a crisis energética-climática ha tenido una génesis relativamente autónoma de la económico-financiera en la que estamos sumergidos y se presenta como la consecuencia necesaria de un modelo de capitalismo bárbaro y depredador. Un capitalismo basado en un consumo irrefrenable de recursos finitos, que aumenta la pobreza y la desigualdad, socava la cohesión social y destruye el medio ambiente1. En este marco hemos de encontrar una –¡ojalá que posible!– salida positiva de la crisis. Y aquí no cabe pensar en salidas keynesianas que no tengan en cuenta la limitación de los recursos energéticos y la inminencia del cambio climático. De aplicar solo este tipo de medidas, es probable que se limitaran ciertos efectos sociales indeseables que la actual crisis ha puesto sobre la mesa, pero al

tropezar con los factores físicos de los que hablaré, se convertirían en salidas literalmente utópicas.

Por otro lado, quiero aclarar de entrada que estoy en las antípodas de quienes creen que la crisis energética-climática actual es de tal dimensión y proximidad que hace imposible cualquier salida tecnológica. Pienso justo lo contrario. Aunque es evidente que los márgenes tecnológicos

SSEl cambio climático es, con toda probabilidad, el problema ambiental más grave que enfrenta la humanidad

1 Para quienes tenemos suficiente edad como para recordar lo que fue el socialismo “real” que existía en buena parte del planeta hasta finales del siglo pasado, cabría hacer una precisión, que ya casi solo tiene interés histórico. No es únicamente el capitalismo el que se ajusta a la idea de uso inmoderado de recursos finitos ignorando las consecuencias ambientales. Algo bastante parecido ocurría más allá del telón de acero.

son estrechos, estos existen. El problema fundamental es político y la alternativa pasa por desposeer a quienes detentan el poder en el mundo de la energía.

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Tampoco creo que la transformación necesaria haya de ser necesariamente autoritaria y antidemocrática2 porque exija unos esfuerzos a amplios sectores de las sociedades opulentas que no se aceptarían de buen grado. Una cosa es que esté muy extendida la idea, errónea, de que tenemos “derecho” a ciertos usos de la energía habituales en nuestra sociedad (vuelos turísticos a larga distancia, un coche por persona, un uso inmoderado de la calefacción o del aire acondicionado, segundas residencias...) y otra muy distinta que no pueda operarse un cambio de forma de pensar en amplios sectores de la sociedad si se dan ciertas condiciones. Comparto la idea de que una

2 En el sentido del “comunismo de la austeridad” del que habló Wolfgang Harich en la década de los 70.

preferencia no puede reclamarse como “derecho” si no es universalizable y las preferencias de usos de energía citadas no son universalizables con los niveles tecnológicos actuales ni imaginables a corto plazo. Pero, por otra parte, la idea “de que no se puede vivir” sin esos usos inmoderados de la energía es muy reciente y grotescamente falsa, construida a golpe de adoctrinamiento publicitario machaconamente repetido.

Creo que este modelo se derrumbará estrepitosamente cuando cesen las causas que lo provocan y se pueda producir un debate social sosegado sobre los deseos (término empleado para designar esas preferencias) y límites.

Para ello, la precondición es desposeer, como antes dije, a los poderes económicos en el mundo de la energía. Ellos son los responsables del falso nivel de

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conciencia de amplios sectores de la sociedad, que incluyen hoy a amplios sectores de la izquierda.

El reparto Una cuarta parte de la población mundial consume tres cuartas partes de la energía. Esta cifra resume el problema pero no da idea exacta de la magnitud de la desigualdad. Más ilustrativo es ver cómo se usa la energía en uno y otro mundo. En un informe dado a conocer el pasado 10 de octubre titulado Energy for All, un organismo tan poco sospechoso de radicalismo como la Agencia Internacional de la Energía estima que “en el mundo en desarrollo” alrededor de 1.300 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 2.700 millones carecen de fuentes limpias para cocinar (solo cuentan con biomasa en cocinas ineficientes y contaminantes), de una población total de 7.000 millones de personas. El documento indica también que para el

SS Es necesario reducir las emisiones de efecto invernadero en este decenio si se quiere evitar que la temperatura aumente más de 2ºC año 2030, en el mejor escenario de inversiones orientadas a este fin, aún habrá mil millones de personas sin acceso a la electricidad y se mantendrán los 2.700 millones de personas sin acceso a fuentes de cocción saludables.

Con estos datos, no cuesta creer que el consumo energético doméstico para la inmensa mayoría de la población de muchos países se limite al calor que emplean para cocinar. La calefacción solo es un problema en ciertas zonas ya que, por lo general, los países pobres suelen situarse en climas cálidos. En ellos, además, el transporte de personas utiliza en gran medida medios no motorizados (a pie, en bicicleta o con animales), o en transportes públicos en condiciones de hacinamiento extremas. Las cifras de consumo energético que proceden de su transporte de mercancías son también pequeñas y es frecuente que dispongan de un gran sector industrial muy consumidor asociado a la extracción o elaboración primaria de materias primas minerales o energéticas.

De este modo, la madera y otras formas de biomasa (carbones vegetales, excrementos, o restos vegetales) satisfacen la práctica totalidad de las necesidades energéticas directas de buena parte de la población. La propia unidad familiar (la mujer y los niños tienen

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Foto Olmo Calvo.

en esto un papel muy importante) es la que lleva a cabo su recolección, o bien la adquiere en mercados locales. En muchas zonas agrícolas e incluso en suburbios de ciudades de países empobrecidos es frecuente que un miembro de la familia deba dedicar cuatro o más horas diarias a la recolección de una leña cada vez más lejana debido a la deforestación que, a su vez, es consecuencia de la presión poblacional. En grandes urbes como Maputo o Addis Abeba una familia llega a gastar un tercio e incluso la mitad de sus rentas en madera, mientras en algunas zonas desérticas la leña es sustituida por excrementos animales y la tarea principal para lograr fuentes de energía calórica –realizada casi siempre por mujeres– consiste en perseguir durante muchas horas a los animales para recoger el combustible.

En los países ricos la situación es completamente distinta y el consumo de energía por persona llega a ser decenas de veces mayor que en los países pobres. Este consumo se reparte en tres fracciones bastante semejantes entre sí: la industria, el transporte y, en tercer lugar, el ámbito

SSUno de los factores que presionan decisivamente para modificar los comportamientos energéticos mundiales es el agotamiento del petróleo doméstico y de los servicios. Un usuario medio del primer mundo consume energía por lo general fósil (petróleo, gas) para calentar su hogar, utiliza crecientemente la electricidad para iluminación y hacer funcionar los más diversos electro-

domésticos (nevera, lavadora, lavavajillas, aire acondicionado,...) se desplaza en vehículo privado consumiendo gasolina o gasoil –por cuyo precio protesta siempre aunque sea ridículamente bajo– y consume cientos de productos elaborados con notable aporte de energía.

Una frase sirve para resumir la desigualdad anteriormente descrita: el hambre y la gran comilona conviven juntos en el mismo mundo.

Los problemas Uno de los factores que presionan decisivamente para modificar los comportamientos energéticos mundiales es el agotamiento del combustible más ampliamente utilizado: el petróleo. De él se obtuvo en 2010 en torno a un tercio del total de la energía mundial.

Para explicar la coyuntura actual es preciso remontarse a lo ocurrido en las dos últimas grandes crisis energéticas. La respuesta de los países ricos a la crisis de 1973 y, sobre todo, a la de 1979 fue implantar programas de ahorro energético, sustituir algunos productos petrolíferos por otras fuentes, modificar la estructura de refino con vistas a aumentar la proporción de los productos destinados al transporte –para los que no existen apenas sustitutos– y aumentar los niveles de producción propios. Todo ello provocó una caída de los precios a mediados de los ochenta y un nuevo aumento del consumo total de petróleo. En 20093 un 41,2% del petróleo

3 La fuente más citada de estadísticas de petróleo es la memoria anual que realiza BP. La mayor parte de los datos de este artículo proceden de la memoria editada en junio de 2010.

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mundial fue producido por los países de la OPEP, mostrando una tendencia a aumentar su cuota.

Resulta esclarecedor descubrir que si bien los países ricos han logrado ahorros significativos y la sustitución de los productos petrolíferos a gran escala en el sector industrial y de servicios (comer-

SSLos poderes públicos deben promover la participación social en la planificación del conjunto de las políticas energéticas cio, administraciones,...), en el sector transportes la dependencia supera hoy el 95% y el consumo de energía sigue creciendo de forma disparada. Y todo esto sucede cuando se prevé que las reservas de petróleo de los países industrializados (EE UU, Inglaterra y Noruega sobre todo) no duren mucho, de ahí la importancia estratégica del Golfo Arábigo, no solo por sus niveles de producción actuales, sino sobre todo porque guarda algo más del 55% de las reservas totales de petróleo4 en el mundo y la práctica totalidad de las reservas a largo plazo –más de 50 años–. Como bien sabemos, las tensiones originadas por el acceso al petróleo y por su precio están en la base de muchas de las guerras que han sacudido esa zona en los últimos 40 años.

4 Si se consideran los petróleos extrapesados (arenas bituminosas de Alberta, en Canadá, o crudos del Orinoco) esta proporción disminuye.

No obstante, conviene resaltar que el agotamiento del petróleo ha resultado ser un problema menos urgente de lo que se creía en los años setenta. Desde entonces se han descubierto nuevos yacimientos y se han mejorado notablemente las técnicas de extracción, de forma que hoy en día se aprovecha mucho mejor el petróleo existente. Aun así, los expertos prevén un próximo techo de extracciones5, algo que siempre depende del incremento de la demanda, del ritmo de agotamiento de los yacimientos existentes y del ritmo de nuevos descubrimientos. La curva de nuevos descubrimientos alcanzó su techo en 1964 y ahora presenta una caída tendencial de alrededor del 5% al año. Desde 1978 no se han descubierto yacimientos gigantescos y los yacimientos grandes (de unos 500 millones de barriles) han descendido a cero. En 2000 se descubrieron 16, ocho en 2001, tres en 2002 y ninguno en 2003 y 2004. Más de la mitad de las extracciones actuales provienen de yacimientos que, en su mayoría, tienen más de 40 años.

La demanda media de energía en las últimas décadas ha crecido un 1,7% cada año. Aunque la crisis ha quebrado la tendencia ascendente de consumo de petróleo, los niveles de consumo mundiales no se han visto muy afectados. La reducción operada en los países ricos ha sido compensada por una mayor demanda de países como China, India, Rusia o

5 Para ello se basan en la teoría del geólogo Hubbert y en la experiencia de décadas de estudio del comportamiento de los países petroleros. La teoría de Hubbert establece que las curvas de descubrimientos de nuevos yacimientos y de extracciones tienen una forma de campana, y que unas décadas después de que la primera curva alcanza el techo lo hace, así mismo, la segunda curva. Este geólogo acertó a predecir en la década de los 50 (en contra de la opinión general) que el techo de extracciones de EE UU se produciría en los primeros setenta, como así fue.

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mente cuando se ha consumido la mitad de las reservas. La mayor parte de los países petroleros lo ha sobrepasado y esto ha ocurrido entre 30 y 40 años después del techo de los descubrimientos. Excluyendo el petróleo de aguas profundas, de los 65 países petroleros más importantes 54 han pasado ya ese techo. Algunos expertos consideran que ya se ha alcanzado el límite de producción (el pico del petróleo) mundial, mientras que otros lo sitúan en esta década y los más optimistas en la siguiente. En cualquier caso, resulta evidente que el techo de extracciones está cerca.

Foto Rafael Bastante (CC Banco de imágenes del Ministerio de Cultura).

Brasil. Debido al crecimiento económico, en 2010 la demanda energética en el mundo se recuperó tras el fuerte descenso del año anterior, incrementándose en un 5,6%, que es el mayor índice desde 1973. En 2009, la demanda de energía se había reducido un 1,3%. El techo de los descubrimientos lleva inexorablemente al desfase entre petróleo descubierto y consumido, algo que empezó en 1981 y hoy en día se puede traducir en que solo uno de cada cinco barriles consumidos procede de nuevos yacimientos. Esta dinámica desemboca en el techo de las extracciones, que se produce aproximada-

Sin abandonar la preocupación por el fin más o menos cercano del petróleo, resulta urgente preocuparse por los daños sobre el medio ambiente asociados a la energía.

Los problemas ambientales originados en la extracción, transporte, transformación y utilización de las materias primas energéticas son tremendamente diversos.

Algunos, como las contaminaciones provocadas por vertidos de crudo en la extracción o la emisión de contaminantes en las refinerías, tienen un alcance local o regional. En esta categoría se incluyen también los problemas derivados de la contaminación del aire en las ciudades o los impactos de los tendidos eléctricos.

Mientras, otros daños, como las lluvias ácidas formadas por óxidos de azufre y nitrógeno producidas en la combustión de productos energéticos, tienen un alcance internacional. Suecia y Noruega, por ejemplo, vieron cómo se dañaban de forma importante sus bosques y lagos por la contaminación que producían las centrales eléctricas de carbón... que funcionaban en Inglaterra.

Existen dos problemas que por su gravedad merecen al menos una descripción somera: los residuos radiactivos y los

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Foto David Fernández.

riesgos de accidente nuclear y el cambio climático. Los residuos radiactivos de alta actividad obtenidos a partir del combustible irradiado poseen una elevadísima toxicidad y una duración tremenda, de forma que la única solución posible es mantenerlos aislados de los seres vivos durante ¡centenares de miles de años!

Más allá de la polémica técnica está el problema ético. ¿Tenemos derecho a transmitir a generaciones y generaciones un problema causado por una fuente de energía que no se utilizará más de 100 o 150 años?

central. Con posterioridad aconsejó que se hiciera lo mismo en un radio de 30 km y unos días después evacuó a varias poblaciones que se hallan a 40 km de la central, en una zona a la que el viento arrastró material radiactivo en grandes cantidades.

La radiactividad vertida fue ingente. Según el último informe del Gobierno japonés la cantidad de xenón fue ligeramente inferior a la de Chernobil, mientras que la de cesio fue la cuarta parte6. Otros científicos elevan estas cantidades. En cualquier caso, se trata de un vertido monumental de radiactividad. Por si esto no fuera poco, a finales

El reciente accidente de Fukushima ha devuelto a la actualidad el riesgo de catástrofes graves incluso en países con alto nivel tecnológico. El Gobierno japonés ordenó desalojar en los primeros momentos de la catástrofe un área de 20 km en torno a la

6 El xenón-133 es un gas noble que afecta a los seres vivos solo por exposición externa, ya que no se fija en el organismo. El cesio-137 tiene una vida media de 30 años y es el principal responsable de los efectos a largo plazo sobre las personas.

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de octubre se detectaron indicios de que la reacción en cadena continuaba, por lo que no puede darse por concluido el riesgo de nuevas emisiones radiactivas.

Los efectos de los escapes sobre la salud se desconocen todavía pero es indudable que serán gravísimos. Por intentar aclarar con ejemplos, la leucemia, una de las enfermedades radioinducidas más características, empieza a aparecer a los dos años de sufrir la exposición, manifiesta sus valores máximos a los seis u ocho años y casi desaparece a los 25 años. Otros tipos de cánceres que también produce la radiactividad, como el de pulmón o el de huesos, empiezan a manifestarse al cabo de diez años y alcanzan sus valores máximos después de 30 años.

De este modo, no se conocerán los efectos del accidente de Fukushima con cierta precisión hasta que no se realicen estudios epidemiológicos detallados dentro de unos 50 años. A falta de estos datos, todos los expertos en protección radiológica coinciden en que los niveles a los que está sometida la población afectada son excesivos.

La importancia del accidente es, en cualquier caso, indudable y ha supuesto un claro golpe para quienes confiaban en el renacer de la industria nuclear.

El cambio climático El calentamiento terrestre es un problema más inmediato y dramático. Está causado por la acumulación de sustancias contaminantes en la atmósfera que permiten el paso de las radiaciones caloríficas de frecuencia alta provenientes del sol, pero no las de baja frecuencia reemitidas por la tierra. Se provoca así una elevación de la temperatura similar a la que ocurre en el interior de un coche expuesto al sol o en un invernadero de plástico o de cristal.

El cambio climático es, con toda probabilidad, el problema ambiental más grave que enfrenta la humanidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés), fechado en 2007, es concluyente al respecto. Once de los doce años más cálidos desde 1850 aparecen entre 1995 y 2006. La temperatura media global ha aumentado 0,74ºC entre 1906 y 2005, al mismo tiempo que la tendencia al aumento de la temperatura de los últimos 50 años prácticamente dobla la de los cien años anteriores. Por ende, el incremento de gases invernadero, lejos de reducirse sigue creciendo y lo hace a una velocidad mayor de la prevista. Estas no son las conclusiones de un informe alarmista, sino de un texto redactado para lograr el consenso científico. Muchísimos especialistas, entre los que se cuentan los más prestigiosos expertos, tienen una percepción aún más pesimista7. Por ello, cada vez es mayor el consenso para reducir las emisiones mundiales en el decenio actual, algo que hay que hacer de forma rápida si se quiere evitar que la tempera-

7 La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, muchos de cuyos miembros lo son también del IPCC, en su reunión de 2009 declaró que “el cambio climático, si no se toman medidas efectivas para atenuarlo, será más rápido y más intenso de lo previsto por el último informe de evaluación de los científicos de la ONU (el IPCC), que se presentó a principios de 2007. Dicho informe era demasiado prudente o conservador, a la vista de las investigaciones más recientes sobre el calentamiento global. Las temperaturas pueden subir entre 2 y 11,5 grados centígrados de aquí a final de siglo, y no entre 1,1 y 6,4 como indicaba el cuarto informe del IPCC, el AR4”. “Ahora tenemos datos que muestran que entre 2000 y 2007, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron mucho más rápidamente de lo que esperábamos, sobre todo debido a los países en vías de desarrollo, como China e India, que han tenido un enorme crecimiento de la producción eléctrica casi toda basada en el carbón”, explicó en Chicago Chris Field, de la Universidad de Stanford (EE UU) y uno de los responsables del próximo informe del IPCC, que se emitirá en 2014 y que “indicará un calentamiento muy superior para el futuro”, afirmó.

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tura aumente más de 2ºC, incremento a partir del cual se pueden desencadenar fenómenos catastróficos irreversibles.

El cambio climático afecta profundamente a las condiciones de vida de las personas, singularmente de las que residen en países empobrecidos. Por poner algunos ejemplos, en su informe de 2008 la Organización Meteorológica Mundial señala que “el ciclón tropical que más muertes causó en 2008 fue Nargis, que se formó en el norte del océano Índico y asoló Myanmar a principios de mayo, causando la muerte de casi 78.000 personas y destrozando miles de hogares.

Fue el ciclón más devastador que pasó por Asia desde 1991 y provocó el peor desastre natural jamás registrado en Myanmar”. Y también: “En 2008 la temporada de huracanes en el Atlántico fue devastadora pues causó numerosas víctimas y una destrucción generalizada en El Caribe, América Central y los EE UU. Por primera vez en la historia seis ciclones tropicales (Dolly, Edouard, Fay, Gustav, Hanna e Ike) llegaron a tierra en los EE UU de forma consecutiva y, también por primera vez en la historia, tres huracanes de gran intensidad (Gustav, Ike y Paloma) asolaron Cuba. Hanna, Ike y Gustav fueron los huracanes que provocaron mayor mortandad en la temporada ya que causaron varios cientos de víctimas en El Caribe, entre las que se cuentan 500 muertos en Haití”. Los ciclones son fenómenos naturales en ciertas regiones, pero el aumento de su número y su intensificación son debidos al cambio climático.

En el mismo informe se añade: “En varios países del Asia meridional, entre ellos India, Pakistán y Vietnam, las fuertes lluvias monzónicas y lluvias torrenciales provocaron crecidas repentinas que

causaron la muerte de más de 2.600 personas y causaron el desplazamiento de 10 millones de personas en la India. Al oeste de Colombia, precipitaciones continuas superiores a lo habitual desembocaron en graves inundaciones que afectaron por lo menos a medio millón de personas y causaron amplios daños y deslizamientos de tierras durante la segunda mitad del año”. Un relato similar puede hacerse de las lluvias que en 2010 asolaron Pakistán.

La intensificación de los fenómenos extremos (lluvias torrenciales o sequías) son otras consecuencias del cambio climático.

El cambio climático es un problema causado por los países ricos 8 que se

8 En los últimos años se ha alterado esta tendencia y las emisiones crecen desbocadas debido al rapidísimo crecimiento económico de países como China o India en los que el uso del carbón (el combustible más emisor por unidad de energía producida) ha crecido de forma espectacular. Hoy puede afirmarse, sin exagerar, que sin un compromiso por parte, también, de estos países, no habrá solución para el cambio climático.

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sufre de forma más intensa en los países empobrecidos. El uso masivo de energía y su obtención a partir de combustibles fósiles están en la raíz del problema. La idea de la responsabilidad común pero diferenciada, que se emplea en los foros internacionales para aludir a la distinta responsabilidad de los países, vale también para describir lo que ocurre en el interior de los países industrializados.

No toda la sociedad participa de la misma forma en el problema. Los principales responsables son las grandes compañías productoras y consumidoras de energía (eléctricas, petroleras, automovilísticas…) que, pensando solo en incrementar sus beneficios, no han dudado en crear un sistema energético que emite enormes cantidades de gases de efecto invernadero, al tiempo que han modelado las necesidades de la sociedad para incrementar el consumo de forma infinita y han presionado a los gobiernos y a la

comunidad científica para evitar que se reconozca la dimensión crítica del problema. Responsables son también la gran mayoría de los gobiernos que, conocedores del problema, han preferido siempre actuar a favor de los intereses de las compañías ignorando las consecuencias ambientales. Solo en tercer término cabe hablar de la

SSEl interés de una sociedad racional es consumir el mínimo de energía posible para conseguir la satisfacción del máximo de los servicios responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, una responsabilidad que varía mucho de unas personas a otras, según los niveles de consumo y

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la implicación individual a favor o en contra de la solución del problema.

La propuesta Las conclusiones que se derivan de este estado de cosas son básicamente dos: los países empobrecidos no pueden seguir la senda de los países ricos en lo que a consumo de energía se refiere. Ni el medio ambiente lo soportaría ni se dispone de capital suficiente para construir las instalaciones de generación de electricidad necesarias. Por tanto, habría que pensar en un desarrollo a gran escala de las energías renovables adecuado a sus necesidades.

Para los países ricos la receta pasa por desarrollar vigorosos programas de ahorro (que incluyan, por supuesto, moderación en el consumo y producción de bienes duraderos), mejorar la eficiencia del sistema energético e impulsar las energías renovables. Más que una decisión, es una necesidad. Esto, adaptado a nuestro país, significaría pivotar sobre tres ejes básicos. El primero, la vuelta a la presencia de los poderes públicos en el mundo de la energía, lo que implica una planificación con participación social de las actividades de generación eléctrica y en la adquisición de hidrocarburos. Hay que supeditar los mecanismos de mercado a la lógica social.

El segundo eje se identifica con el enfoque de demanda en dicha planificación. El interés de una sociedad racional es consumir el mínimo de energía posible para conseguir la satisfacción del máximo de los servicios.

Estos son los que proporcionan, dentro de ciertos márgenes, el bienestar material, mientras que la energía es un coste económico y un factor de generación de impacto ambiental. Volveremos más adelante sobre este aspecto.

El tercer eje tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y social del suministro energético, lo que pasa por una reducción unilateral de las emisiones de gases de efecto invernadero en la cuantía y al ritmo necesarios para mantener el cambio climático dentro

SSEs necesario reducir el consumo de energía primaria en la UE en un 30% en 2020 con respecto a los niveles actuales de los límites tolerables. También por un rechazo a las tecnologías de riesgo como las centrales nucleares y por una apuesta decidida por el ahorro, el uso eficiente de la energía y la promoción de las fuentes renovables. Los empleos en las actividades energéticas deberán ser estables y los precios, sin excluir a nadie del suministro energético básico, deberían penalizar el consumo superfluo.

Más detalladamente entendemos que es necesario: 1.- Nacionalizar las redes básicas de suministro energético, tanto de electricidad como de hidrocarburos. Se debería establecer una explotación unificada bajo control social de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.

2.- Convertir cualquier ayuda pública que se produzca en el sector de la energía en participación en la propiedad de las empresas que la reciban.

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3.- Vuelta a la consideración de servicio público para el suministro de electricidad y de hidrocarburos canalizados por red para el sector doméstico.

4.- Una planificación energética pensada desde un enfoque de la demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables.

8.- Reducción del consumo de energía primaria en la UE en un 30% en 2020 con respecto a los niveles actuales.

9.- Fijar como objetivo para 2020 que el 40% de la energía de la UE se base en fuentes renovables, con el fin de llegar al 100% en 2040.

SS Además de cerrar de forma escalonada las centrales nucleares, habría que reevaluar la

5.- Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública y con presencia de los trabajadores y los agentes sociales para impulsar las políticas de ahorro y uso eficiente de la energía.

sostenibilidad de las redes

6.- Fijación de precios para los servicios públicos energéticos que cumplan tres requisitos: suficiencia para cubrir todos los costes de los procesos energéticos, incluyendo en ellos los costes sociales y ambientales estimados de acuerdo con el mejor conocimiento disponible; progresividad para disuadir el consumo superfluo y garantías de que ningún habitante de la UE se quede sin los servicios energéticos básicos.

10.- Transferencia tecnológica hacia los países pobres para contribuir a una limitación de sus emisiones de gases de invernadero en condiciones ventajosas y proyectos de mitigación de sus efectos como pago de la deuda ecológica contraída.

7.- Compromiso de la UE, y en la misma línea de nuestro país9, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2020 respecto a los niveles de 1990. Políticas de largo alcance para descarbonificar el suministro de energía.

12.- Renuncia a la construcción de nuevas centrales nucleares y elaboración de un plan de desmantelamiento escalonado pero rápido de las que todavía funcionan. Renuncia a trasladar residuos radiactivos a países empobrecidos y a la construcción del Almacén Transitorio Centralizado (algo que la industria nuclear española solicita con vehemencia) hasta no tener definido el programa de desmantelamiento nuclear.

9 En los párrafos que siguen, cuando se habla de la UE, habría que añadir también esta misma coletilla.

europeas de transporte de energía

11.- Moratoria sobre todas las grandes redes europeas de transporte de energía hasta reevaluar su sostenibilidad.

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13.- Revisión de la directiva sobre grandes instalaciones de combustión para limitar las emisiones actuales de acuerdo con la mejor tecnología disponible.

14.- Revisión de todas las directivas de calidad del aire para incorporar a las mismas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con objeto de reducir el impacto sobre la salud pública.

15.- Renuncia a la entrega de fondos públicos para proyectos de dudosa eficacia (como la investigación sobre fusión nuclear o sobre el enterramiento de carbono) y derivación hacia iniciativas de ahorro energético, obtención de servicios energéticos eficientes e impulso de las energías renovables.

Una política de gestión de la demanda Un tópico que posee un indudable arraigo popular es la identificación del ahorro de energía con la penuria o la escasez. Esto sucede porque se confunde energía con servicios energéticos. La distinción entre ambos términos no es meramente académica y tiene notables repercusiones prácticas. Un ejemplo puede ayudar a aclarar su significado.

Cuando encendemos una bombilla, el servicio energético que deseamos es una cierta cantidad de energía luminosa (luz). Esa cantidad de luz puede obtenerse con consumos energéticos muy distintos. Si empleamos una bombilla incandescente ordinaria consumiremos tres veces más energía que si usamos un fluorescente ordinario y entre cuatro y cinco veces más que si empleamos una lámpara fluorescente compacta. En todos los casos el servicio es el mismo pero el consumo de energía no.

En general, las necesidades de servicios pueden satisfacerse con consumos variables de energía dependiendo de la “tecnología” empleada. Apostamos, por tanto, por tecnologías eficientes de empleo de la energía. Además, se da la paradoja de que ahorrar energía es, dentro de márgenes muy amplios, mucho más barato que producirla, por lo que a las ventajas ambientales del ahorro hay que sumar las ventajas económicas.

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La pregunta que se suscita entonces es por qué no se ahorra energía en lugar de producirla. Las causas de esta aparente paradoja son varias, pudiéndose destacar las siguientes: 1.- Las empresas energéticas solo obtienen beneficios vendiendo energía por lo que, obviamente, no tienen ningún interés en vender menos.

2.- Los posibles actores desde el lado de la demanda, incluidos organismos gubernamentales, carecen de capital para reemplazar el consumo energético con dispositivos más eficientes. Estos dispositivos, por lo general, son más caros que los convencionales, pero el ahorro a lo largo de la vida útil compensa sobradamente la inversión inicial. En cualquier caso, la mejora de la eficiencia exige fuertes inversiones iniciales y no hay capitales para acometerlas.

Foto FRAVM.

3.- En estrecha relación con lo anterior está lo que ha dado en llamarse el poder asimétrico del mercado o la pugna entre David y Goliat. Las compañías de suministro energético poseen un enorme poder financiero, competencia en la planificación, conocimiento del mercado desde dentro y emplazamientos concentrados de producción. Los clientes, a excepción de las grandes industrias, carecen de todo esto y no existen otros agentes económicos capaces de compensar este desequilibrio. Por ello, mientras las compañías de suministros pueden aceptar períodos de amortización de sus inversiones de 15 años e incluso mayores (sobre todo en el sector eléctrico), los usuarios industriales los limitan a 3 y 5 años, o incluso a plazos inferiores, y los pequeños negocios y los clientes domésticos no entienden –en general– de períodos de amortización. A esto hay que

añadir una muy desigual capacidad de presión de unos y otros, por lo que casi todas las decisiones políticas se toman siempre en beneficio de los productores.

4.- Los precios pagados por la energía no incorporan las externalidades, muy especialmente los tremendos impactos ambientales que producen y son, por tanto, demasiado bajos, con lo que no estimulan a los consumidores al ahorro.

Existen además muchos subsidios directos o encubiertos a los combustibles,

SS El coste económico del nivel actual de servicios energéticos es muy superior al que se obtendría de combinar la oferta de energía y de ahorro presupuestos de investigación y desarrollo absolutamente volcados hacia la oferta energética, etc.

5.- Muchos consumidores ignoran las posibilidades que existen de ahorro de energía y toman muy frecuentemente decisiones inadecuadas. Esto es especialmente cierto en el caso de los usuarios domésticos. En este marco, es frecuente que quien tiene que realizar una inversión no siempre sea el usuario final (como sucede en muchas viviendas alquiladas), por lo que muchos ahorros sencillos no llegan a materializarse.

Como consecuencia de todo lo anterior el precio que la sociedad está pagando para satisfacer el nivel actual de servicios energéticos es muy superior al precio óptimo que

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se obtendría de combinar en proporciones adecuadas la oferta de energía y de ahorro.

Para ello habría que abandonar la idea de que la demanda de servicios energéticos de los usuarios finales solo puede atenderse ofreciendo suficiente energía y sustituirla por otra en que dicha demanda pueda satisfacerse ofreciendo no solo energía, sino dispositivos que la ahorran o permiten un uso más eficiente cuando resulte ventajoso. Usando una terminología que cada vez es más popular, se trata de ofrecer simultáneamente kilovatios y “negavatios”, en condiciones de competencia regulada.

Pero para que dicha competencia pueda darse en condiciones de igualdad es necesario que existan agentes económicos interesados en el ahorro y mejora de la eficiencia eléctrica que además tengan una dimensión, recursos financieros y conocimientos del mercado comparables a las actuales compañías energéticas. Es por ello que, hace años, se propuso la creación de la citada compañía pública de ahorro eléctrico (CAE). No es muy difícil imaginar las pautas de actuación para los restantes tipos de energía si hubiera voluntad de actuar adecuadamente de acuerdo con un enfoque de demanda. Los objetivos de la compañía serían asesorar al Gobierno en el establecimiento de planes energéticos nacionales realizados desde el punto de vista de la demanda energética; implementar las medidas necesarias para la consecución de los ahorros previstos y dinamizar el mercado de la eficiencia energética, de tal manera que el mayor número posible de agentes económicos colaboren en la consecución de los objetivos marcados.

Como criterio rector entiendo que debe realizarse todo aquel ahorro que resulte más barato que la producción de energía.

Es una idea que quizá convenga precisar.

Como hemos apuntado, los dispositivos que permiten una mayor eficiencia en el

uso final de la energía o su ahorro son, por lo general, más caros que los convencionales. Además, no todas las tecnologías de ahorro tienen el mismo coste, por lo que puede definirse el ahorro como función del precio en que se incurre para adquirir los dispositivos que permiten que se realice. La demanda agregada, que no es sino la demanda tendencial menos los resultados de los planes de ahorro, resulta ser entonces función del coste que se esté dispuesto a satisfacer por el ahorro. Pues bien, la demanda a abastecer sería aquella en la que el coste marginal del ahorro es igual al coste marginal del suministro de energía. En el coste marginal de suministro se tendrán en cuenta los costes ambientales. Con ello se atenderían las necesidades energéticas de

SSLa alternativa pasa por ofrecer simultáneamente kilovatios y “negavatios” en condiciones de competencia regulada la sociedad a un coste mínimo. Un esquema no muy alejado de los postulados de la economía neoclásica, repensados bajo una nueva óptica.

Por último, sería necesario que la compañía disponga de un programa especial dirigido a los sectores sociales con menor nivel de renta para que estos no solo no se vean afectados por la posible subida de los precios eléctricos, sino que, al disponer de tecnologías más eficientes, puedan obtener iguales servicios eléctricos finales a un precio igual o menor.

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No solo queremos cuidar ni queremos hacerlo solas Durante la campaña electoral de noviembre de 2011, Mariano Rajoy calificó de ­insostenible la Ley de Dependencia. Pero ¿es sostenible que el cuidado de más de un millón y medio de personas sin autonomía personal recaiga solo en hijas, ­familiares y empleadas de hogar?

Begoña San José, secretaria del Fórum de Política Feminista y presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI).

L

a exposición de motivos de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia –aprobada con la única oposición de los partidos que reivindicaron la competencia exclusiva de las comunidades autónomas limitando la competencia estatal a la provisión financiera– explica la necesidad de un sistema universal de protección a las personas en situación de dependencia por la confluencia de tres hechos: a) El crecimiento de la población de más de 65 años, que pasó de 3,3 millones de personas en 1970 a más de 6,6 millones en 2000 (el 16,6% de la población) y el "envejecimiento del envejecimiento", un fenómeno por el que, en solo dos décadas, el número de personas mayores de 80 años se duplicó, aumentando con ello el número y la duración de situaciones de dependencia, ya que más del 32% de las personas mayores de 65 años presenta algún tipo de discapacidad, un porcentaje que

cae al 5% para el resto de la población.

Teniendo en cuenta que el 68% de las personas mayores de 85 años son mujeres, dos tercios de quienes solicitan u obtienen prestación por dependencia son mujeres.

SSDos tercios de las personas que solicitan y obtienen las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia son mujeres b) El aumento del número de personas en situación de dependencia por razones de enfermedad, discapacidad o limitación por los cambios producidos en las tasas de supervivencia a enfermedades crónicas, alteraciones congénitas y accidentes laborales y de tráfico.

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c) Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva, durante la última década, de casi tres millones de mujeres al mercado de trabajo, dos fenómenos que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención basado en el cuidado de la familia por las mujeres.

Ninguno de estos tres factores demográficos, médicos y sociales van a cambiar por la crisis financiera: las personas seguiremos envejeciendo o necesitando ayuda para levantarnos, comer, lavarnos, etc., y, mientras tanto, seguiremos obligadas a conciliar nuestra vida laboral con el cuidado de nuestros seres queridos. ¿O hay alguien por ahí que piensa que las mujeres del futuro van a quedarse en casa y con la espalda quebrada?

La cuidadora familiar, en casa y con la espalda quebrada La encuesta sobre cuidados en la familia de personas mayores en situación de dependencia (IMSERSO 2004)1 estimaba que en 5,4 millones de hogares, el 15% del total, viven personas que necesariamente requieren cuidados: en 3 millones de hogares viven niños o niñas; 200.000 cuentan con miembros menores de 65 años con discapacidad y 1,6 millones de hogares tienen personas de más de 65 años sin autonomía personal. ¿Quién se hace cargo del cuidado del millón y medio largo de personas mayores en situación de dependencia? Servicios profesionales

1 Ver Ley de Dependencia y Educación Infantil como medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, Fórum de Política Feminista, Madrid, 2004. Págs.

35-51. Disponible en http://www.forumpoliticafeminista.org/fotos/files/ley_dependencia.pdf

de ayuda a domicilio, centros de día o residencias asumen el 7% de los casos; empleadas del hogar, muchas de ellas internas e inmigrantes, el 13%; familiares varones asumen el 12% y el 68% restante, es decir, más de las dos terceras partes del total, recae en mujeres de la familia.

En todas las modalidades se constata una feminización del cuidado por el tópico sexista de que cuidar es una emanación de la “naturaleza” de las mujeres que no requiere esfuerzo, visibilización, valoración, ni reparto.

La misma encuesta del IMSERSO revela que el 85% de las cuidadoras familiares dedican 10,6 horas diarias a esta tarea a lo

SSEn el 15% de los 5,4 ­millones de hogares que ­­hay en España viven­ ­personas dependientes que ­ requieren cuidado largo de ocho años, sin descanso semanal ni vacaciones. Esa dedicación reduce, en el 80% de los casos, el tiempo dedicado al ocio, al autocuidado y a la vida familiar y personal; en el 61% se traduce en una renuncia laboral o, en el mejor de los casos, en absentismo y en la pérdida de ingresos y cotizaciones y, por último, el 56% de las personas cuidadoras acusan cansancio, depresión y deterioro de la salud física y psíquica. Dos tercios de las cuidadoras piden a la Administración servicios de ayuda a domicilio, centros de día, residencias, etc. y un tercio una ayuda económica, una proporción que diez años antes era inversa: dos tercios

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pedían prestación económica para la cuidadora y un tercio servicios.

Las cuidadoras familiares de personas mayores son mayoritariamente hijas cuya edad media es de 52,9 años. Solo una de cada cuatro compagina los cuidados con el empleo y una de cada cinco es pensionista. El resto tiene como actividad principal los cuidados diarios: ayudar a levantarse, lavarse, cambiar pañales, comprar, elaborar y dar comida, lavar la ropa, acompañar al paseo o a los servicios sanitarios, etc.

La situación reflejada por la encuesta del IMSERSO y por el Libro Blanco de la Dependencia2 era y es insostenible por los factores antes señalados: el número de

2 http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/libro-blanco-dependencia.html

personas y el periodo de vida en situación de dependencia crecen mientras decrece el número de mujeres que quieren y que pueden seguir dedicando al cuidado de las personas dependientes una media de diez horas diarias durante ocho años en detrimento de su salud, de su empleo y de su vida personal. Un sistema “asistencial” de cuidados profesionales solo reservado para casos extremos, por tanto, no basta: es necesario un sistema universal. Las asociaciones de personas mayores y de personas con diversidad funcional demandaron una ley de atención universal a la dependencia, una demanda que los sindicatos incluyeron en el diálogo con empresarios y con el Gobierno. También las organizaciones feministas apoyaron este instrumento fundamental para garantizar un reparto equitativo del empleo y de los cuidados y se opusieron al artículo 18 de la Ley de Dependencia, que recoge entre las prestaciones contempladas una paga

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a la persona cuidadora por entender que, lejos de conservar el carácter excepcional que proclama, terminaría perpetuando con la paguita la asignación del cuidado a las hijas y a otras mujeres de la familia.

La Ley de Dependencia, una apuesta de reparto de los cuidados El reparto familiar y social de las tareas de cuidado es esencial para la igualdad.

La principal aportación del movimiento feminista a la economía es la visión de que no solamente el Estado y el mercado producen bienes y servicios, como contempla el indicador oficial de producción económica, el Producto Interior Bruto (PIB). También el trabajo doméstico no remunerado, realizado mayoritariamente por mujeres, es productivo. Del hecho de que no se le asigne ningún valor económico se deriva la escasa valoración social de las mujeres que lo realizan.

En España, el valor del trabajo doméstico no pagado equivale al 27% del PIB, una cifra similar a la producción del sector público, según datos publicados en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística3, aplicando la medida 165 de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas celebrada en Beijing en 1995, tras los trabajos de

3 Ver http://www.revistafusion.com/20081106567/ Nacional/Tema/el-valor-del-trabajo-domestico.htm Crear una cuenta satélite de las aportaciones de las mujeres al Producto Interior Bruto es la actuación 4.3 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 estatal. Eustat cifra esta aportación en un 32,8% del PIB del País Vasco en 2003, frente al 38,5% en 1998 y el 49,1% en 1993. www.eustat.es/document/datos/cta_satelite03_c.pdf

Mª Ángeles Durán4, Cristina Carrasco, Cristina Borderías o Paloma de Villota.

El INE valoró el trabajo doméstico en 4 euros la hora, cuando la retribución media de los asalariados era de 12 euros la hora para hombres y 8,9 euros para las mujeres.

El desigual reparto por sexos de los cuidados es un obstáculo para la vida profesional y los derechos económicos de las mujeres, que inutiliza la inversión personal y social en nuestra educación y limita nuestra vida profesional y personal. La encuesta de empleo del tiempo realizada por el INE en 2011 revela que las mujeres dedicamos 4,29 horas diarias al cuidado del hogar y de la familia y los hombres 2,32 horas.

4 La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid, trabajo dirigido por Mª Ángeles Durán y publicado por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid en 2006 concluye que, de valorarse el trabajo doméstico no remunerado, el PIB de la región crecería un 54,71%. En diciembre 2011 el avance de su publicación El trabajo no remunerado en la economía global concluye que el PIB de España aumentaría en un 53% si contabilizara el trabajo no remunerado, y que la demanda de cuidados crecerá un 50% de aquí a 2050, con especial incidencia en el segmento de personas mayores, que pasará del 27,5% al 46% del total.

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Aunque en los últimos siete años esta diferencia se ha reducido en más de media hora, la superior dedicación de las mujeres al trabajo doméstico pesa indefectiblemente sobre la salud, la vida profesional, la vulnerabilidad a la pobreza, las relaciones de pareja y la decisión de tener o no tener hijos.

La feminización de los cuidados es mayor en España que en la media de la Unión Europea. Como señala el informe de seguimiento de la aplicación de la Plataforma de Acción Beijing +15 en el año 2010, España es el cuarto país, tras Luxemburgo, Malta y Chipre, con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral por cuidar a hijos o familiares, lo que incide en una menor tasa de actividad laboral y en una menor productividad. Esa feminización de los cuidados pugna con el acceso de las mu-

DK SE SI LT BG HU LV SK RO DE CZ PL NL BE IT EU27 PT AT EL ES CY MT LU

jeres a la educación, a la democracia y a la independencia económica, y dificulta el paso del modelo social basado en la figura del hombre proveedor/mujer cuidadora a un modelo de mujeres y hombres iguales ante el empleo y los cuidados.

La Ley de Dependencia de 2006 es la apuesta más ambiciosa de reparto social de los cuidados ya que sitúa en la agenda política la atención a las personas adultas que necesitan ayuda para funciones de la vida diaria como levantarse, lavarse, ir al retrete o comer. El Libro Blanco de la Dependencia de 20045 cifra en 2.285.340 las personas mayores de seis años con dependencia, de las cuales el 81% son cuidadas por personas de su familia

5 http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/libro-blanco-dependencia.html. Pág. 41.

% de mujeres fuera del mercado laboral por cuidar hijos o familiares (2007)

Familia

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Hijos

60 FUENTE: Eurostat. EPA-UE.

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(mujeres en el 85% de los casos: madres, cónyuges, hijas o hermanas); el 13% por servicio doméstico (95% mujeres, 60% inmigrantes) y solo un 6% por servicios sociales. La misma publicación calcula que sustituir a las cuidadoras familiares por profesionales requeriría crear 600.000

de Dependencia fue de 3.623 millones de euros en 2010 (el 61% del gasto total en materia de atención a la dependencia), y estuvo financiado en un 54% por la AGE y en un 46% por las comunidades autónomas. Cabe añadir que por cada cien euros invertidos, el Estado recuperó veinte en impuestos y en cuotas a la Seguridad Social.

SSLa subida de dependientes

En 2010 se crearon 136.000 nuevos empleos vinculados a la atención a la dependencia, de los que 93.000 dependieron de las prestaciones derivadas de la ley que, sumados a los creados desde 2007, año en que entró en vigor, ascienden a 165.000 nuevos empleos.

y el decrecimiento de mujeres que se ocupan de su cuidado hace necesario un sistema de cuidados profesionales puestos de trabajo6. La memoria económica de la Ley de Dependencia, por su parte, estima que universalizar un sistema público de servicios profesionales incrementaría el PIB español en un 3%.

Cinco años después, el informe de evaluación de la aplicación de la ley7 presentado por la ministra Pajín al Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2011 indica que el gasto público en atención a personas en situación de dependencia se duplicó de 2003 a 2010, pasando del 0,32% al 0,64% del PIB (6.767 millones de euros), de los cuales la Administración General del Estado (AGE) aportó el 39% (2.625 millones), una cantidad que supone una inversión de 1.434 euros al año por habitante mayor de 80 años y 113 euros por habitante. El gasto “nuevo” relativo a las nuevas prestaciones de la Ley

6 Ídem, pág. 72.

7 http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/documentos_de_interes/inf_eval/index.htm

Esas cifras, aun siendo interesantes por su aportación a la economía en un periodo de recesión, indican una consecución parcial de los objetivos de la ley, fijados en un incremento de la contribución del PIB del 2,1% y en un impulso de la creación de empleo del 33% ya que solo han empezado a acceder al derecho a prestaciones por dependencia las personas que la sufren en grado moderado (grado I, nivel 2), aquellas que requieren cuidados menos intensivos en recursos humanos y materiales que las personas con gran dependencia o dependencia severa (grados III y II).

La mitad de la Ley de Dependencia son paguitas a cuidadoras familiares La sustitución de los cuidados familiares por servicios profesionales públicos es una apuesta por la igualdad de género, pero también por la salud, por la prevención de la futura dependencia de las cuidadoras, por el empleo real creado por los servicios profesionales a dependientes y por el acceso o mantenimiento del empleo de las hijas, madres y familiares.

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FUENTE: SAADIMSERSO e Informe del Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad del 4 de noviembre de 2011

Personas solicitantes y beneficiarias de la Ley de Dependencia 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Solicitudes

2007

2008

Total prestaciones

Sin embargo, y pese a que el artículo 18 de la Ley de Dependencia la califica como “excepcional”, la prestación económica para cuidados familiares (popularmente llamada la paguita ya que incluso la máxima, que “retribuye” la dedicación total y absoluta al cuidado, no alcanza siquiera el salario mínimo) es la más concedida en la práctica, de tal forma que la paguita no sustituye el sistema de cuidados por las mujeres de la familia, sino que lo incentiva y perpetúa. Tampoco crea empleo, porque no puede llamarse tal a una ocupación que no es de libre elección, no ofrece expectativas de promoción a través del trabajo, ni remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales, ni igualdad por razón de sexo y, ni siquiera sometimiento al Estatuto de los Trabajadores, como establece el artículo 35 de la Constitución.

El informe de diciembre de 2011 del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) indica que desde 2007 han solicitado prestaciones

2009

2010

2011*

Paga a cuidadadoras familiares

derivadas de la Ley de Dependencia 5.192.477 personas, de las que 2.080.452 han obtenido prestación, que en el 50% de los casos no es un servicio (ayuda a domicilio, centro de día, residencia) sino una prestación económica para ser cuidada en el entorno familiar, la paguita a la cuidadora, pues el 93% de esas cuidadoras son mujeres.

El propio informe quinquenal de evaluación presentado en noviembre 2011 al Consejo de Ministros por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, sin perjuicio del que ha de hacer el Consejo Territorial del SAAD, reconoce que los profesionales y las organizaciones sociales consultadas valoran negativamente la preponderancia de la prestación económica para cuidados familiares sobre servicios profesionales como la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias o los asistentes personales, por ser una perversión del sistema que contradice el principio de calidad y profesionalidad, la excepcionalidad recogida en el artículo 18 de la ley y

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la alternativa al sexista sistema tradicional de cuidados. Sin embargo, el informe achaca esta preponderancia a “la libertad de elección del usuario”. Reconoce, asimismo, que al tratarse de la prestación más barata y de más sencilla tramitación y al ofrecer el incentivo de cobrar la retroactividad de seis meses –considerable en un sistema que llega a tardar un año o más en resolver las solicitudes–, puede facilitar que los gestores induzcan su demanda. ¿Imaginamos que pasaría si se diera “libertad de elección al usuario” para sustituir los servicios públicos sanitarios y educativos por una paga para curar o educar en el entorno familiar?

Establecida la prohibición de vender sangre u órganos, como aún se hace en países subdesarrollados, nuestra conciencia social se opone a que las personas necesitadas de dinero vendan su derecho a la salud o a la educación. ¿Por qué hemos de vender entonces el derecho a cuidados de calidad, prestados por profesionales con cualificación y los derechos laborales normales?

El coste medio de la paga de una persona cuidadora familiar es de 360 euros al mes, frente a los 2.017 euros que cuesta el servicio residencial, casi seis veces más.

Sin embargo, las comunidades autónomas reciben del Estado la misma cantidad para sufragar ambas prestaciones, de manera que prestar servicios resulta mucho más costoso para las comunidades que dar pagas. Por eso, el XVII Congreso de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, celebrado en octubre de 2011, reclamó, coincidiendo con las demandas de las comunidades autónomas más avanzadas en la aplicación de la Ley de Dependencia, que la financiación estatal a las comunidades autónomas se base en el coste de los servicios del Sistema de Atención a la Dependencia que prestan, y no en el grado y nivel de dependencia del beneficiario, para invertir la proporción imperante, del 57% de per-

Foto Edu León.

ceptores de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, 11,9% de beneficiarios de atención en un centro residencial y 16,3% de usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Ese cambio en el criterio de distribución de la financiación, añadían, mejoraría la calidad de la atención, además de generar más de 30.000 puestos de trabajo directos por cada 100.000 personas, que pasarán de recibir la prestación económica a convertirse en beneficiarias de servicios profesionales.

La financiación estatal y autonómica: el caso de Madrid Sin perjuicio de la aportación de los usuarios de la ayuda a domicilio o de otros servicios, la financiación pública del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se basa, según el artículo 32 de la ley, en convenios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con las comunidades autónomas, que “recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados y otros factores” con una aportación de la comunidad autónoma al menos igual a la de la Administración General del Estado cada año. El informe del Gobierno cifraba

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en el año 2009 en el 48% la financiación aportada por la Administración central, el 44% por las comunidades autónomas y el 8% por las personas usuarias. En 2010 la aportación de la Administración central cayó al 39% de los 3.600 millones de euros de financiación total, aumentando la autonómica al 52% y la de las personas usuarias al 9%, una cifra todavía alejada del 33% previsto en la memoria económica de la ley.

GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA Grado III Gran Dependencia, nivel 2 Grado III Gran Dependencia, nivel 1 Grado II Dependencia Severa, nivel 2 Grado II Dependencia Severa, nivel 1 Grado I Dependencia Moderada, nivel 2 Grado I Dependencia Moderada, nivel 1

Los 6.767 millones de euros de financiación pública destinados en 2010 a sufragar la atención a la dependencia cubren las prestaciones del nivel concertado y del nivel mínimo, soportadas a partes iguales por las administraciones central y autonómica y fijadas por persona beneficiaria según su grado y nivel de dependencia, no en función del coste del tipo de prestación ofrecida. En 2010, estas cuantías se repartieron de la siguiente manera:

NECESITA AYUDA PARA VARIAS

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

Varias veces al día y apoyo indispensable y continuo o generalizado.

EUROS/MES

266,57 €

181,26 €

103,02 € 2 o 3 veces al día, pero no un cuidado permanente.

70,70 €

Al menos una vez al día, o apoyo intermitente y limitado.

60,00 €

0,00 €

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El necesario incremento de la financiación para la aplicación de la Ley de Dependencia habría de garantizarse no tanto por la vía del copago en el momento de necesitar y recibir la atención, como por la vía de los impuestos para permitir un mayor reparto social y temporal. ¿Cuál es la opinión pública al respecto? Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de 2006, el 61,2% de la población cree que la atención a la dependencia es un derecho cuyo ejercicio y cumplimiento debe garantizar el Estado, frente al 34,6% que considera

SSPervive el tópico sexista de que cuidar es una emanación de la “naturaleza” de las mujeres que no requiere esfuerzo, valoración ni reparto que es una obligación familiar que el Estado debe ayudar a cumplir. En cuanto a la financiación de los gastos que ocasiona el cuidado de las personas en situación de dependencia, el 47,9% de la población encuestada cree que deben ser asumidos por la Administración, como ocurre con los gastos sanitarios, mientras el 44,6% opina que la Administración solo debería ayudar a los afectados que carezcan de ingresos suficientes. En todo caso, el 56,7% de las personas consultadas considera que los afectados deben pagar una parte de los servicios en función de sus recursos económicos, cubriéndose el resto con nuestros impuestos. Por último, el 38% de la población defien-

de que “todos contribuyamos a ellos, financiándolos exclusivamente con nuestros impuestos”.

En la Comunidad de Madrid el peso de la paguita para cuidado familiar es el menor de España: representa el 18% de las prestaciones, frente al 46-50% de media estatal. Sin embargo, hay otros problemas. La Administración central insiste en que para cumplir el objetivo de garantizar la cobertura universal, los fondos que transfiere a las comunidades autónomas son para financiar “gasto nuevo” derivado de la atención a la dependencia, no para financiar prestaciones que ya existían. Ese objetivo no está claro en la Comunidad de Madrid, ya que el sistema de cómputo de prestaciones que utiliza el Gobierno regional en su relación con los ayuntamientos y con la Administración central no desagrega los datos de usuarios financiados por la Ley de Dependencia de los anteriormente incluidos en el Plan Concertado de Servicios Sociales u otros. Además, presenta uno de los peores índices de personas beneficiarias del SAAD: el 1,19% de la población frente a la media estatal del 1,58%, una diferencia que no se explica ni por la insularidad ni por ninguna otra condición objetiva.

Según el porcentaje medio de cobertura en España, en la Comunidad de Madrid debería haber 101.802 personas beneficiarias de alguna prestación de la Ley de Dependencia. Sin embargo, en diciembre de 2011, solo hay 76.674, y no porque no haya en nuestra comunidad personas necesitadas de ayuda para desempeñar funciones básicas de la vida diaria. Tampoco se justifica que Madrid sea una de las comunidades autónomas más desviadas del reparto

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Financiación del coste neto, 2010 90

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FUENTE: Informe de evaluación de la Ley de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del 4 de noviembre de 2011.

Financiación Administración General del Estado

al 50% de la financiación pública entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que el Gobierno regional madrileño aportó en 2010 solo el 26%. La atención a la dependencia, por razones de financiación y gestión, concierne a las administraciones central, autonómica y local y requiere una coopera-

SSEn España el valor del trabajo doméstico no pagado equivale al 27% del PIB, una cifra similar a la producción del sector público ción leal de las tres administraciones a favor de la igualdad territorial en el acceso a ese derecho. No vale, por tanto, defender esa simplificación de “una

Financiación Comunidad Autónoma

administración, una competencia: fuera las competencias compartidas”.

En resumen, Madrid es la cuarta comunidad autónoma con peores índices de solicitud y de prestación para la atención por dependencia, una situación que no se corresponde con la realidad social, y de la que no hay justificación oficial. Además, no hay transparencia en la separación de las cifras de personas beneficiarias según fuentes de financiación, y es ostensible la tensión en las relaciones financieras y de gestión entre las administraciones central, autonómica y municipal, en perjuicio de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadoras y cuidadores familiares. Por ello es importante que las asociaciones vecinales, de mujeres, de profesionales, de personas con discapacidad, sindicales y otras cooperemos para garantizar una mejor aplicación de la ley, como hizo la Plataforma de Alcorcón al denunciar

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los retrasos en la tramitación de las solicitudes.

De las cadenas globales de cuidados a un lugar justo para el empleo del hogar y sus trabajadoras A pesar de que el Libro Blanco de la Dependencia reconoce que las empleadas de hogar constituyen el segundo recurso de atención, la Ley de Dependencia no incluye a este colectivo en el nuevo sistema, pues difícilmente encajan en la figura de asistente personal. Concebida en el artículo 19 como apoyo para el acceso a la educación y al trabajo, además de las “actividades básicas de la vida diaria” de las personas con dependencia más jóvenes, en los cinco años que lleva en vigor la ley, solo ha sido asignada a 891 personas, el 0,12% del total, de las cuales el 83% se localiza en el País Vasco.

SSUniversalizar un sistema público de servicios profesionales incrementaría el PIB español en un 3% El servicio doméstico ocupa a 750.000 personas en España, de las cuales el 95% son mujeres y el 60% personas inmigrantes. Ha sido la respuesta de urgencia de muchas familias al triple cambio producido por la incorporación al empleo de las mujeres autóctonas, los nuevos modelos de familia y el aumento de la longevidad y del número de las personas en situación de depen-

Foto Olmo Calvo.

dencia. Nos ha sido más fácil encontrar a cientos de miles de inmigrantes venidas de tierras situadas a miles de kilómetros que a los hombres de nuestra familia, los directivos de nuestras empresas o nuestros poderes públicos.

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Un estudio publicado por Emakunde en 20058 revelaba que el 81% de las empleadas del hogar cuidan a niños o a personas dependientes, un servicio añadido o no al cuidado de la casa y lo concilian como pueden con sus propias responsabilidades familiares, ya que el 46% de las inmigrantes y el 24% de las autóctonas tienen criaturas menores de 12 años.

El marco legal que regula las condiciones laborales de las empleadas del hogar, excluido del Estatuto de los Trabajadores y establecido, hasta enero de 2012, por el Real Decreto 1424/1985, no exige un contrato escrito, prolonga las horas laborales con horas presenciales hasta las 16 diarias, reduce a la mitad las pagas extras y permite un descuento de hasta el 45% del salario mínimo para sufragar la manutención. Todo ello agravado por el Régimen Especial de Seguridad Social de Empleados de Hogar (REEH), que solo retribuye la baja por enfermedad a partir del 29º día y no ofrece ningún tipo de protección por desempleo. Según Emakunde, en el año 2005 el 76% de las autóctonas y el 67% de la inmigrantes no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, estas últimas por carecer de permiso de trabajo. En cuanto a la cualificación, tienen estudios secundarios el 59% de las inmigrantes y el 38% de las autóctonas y presentan estudios superiores el 20% de las inmigrantes y el 6% de las autóctonas.

En la Comunidad de Madrid, las personas afiliadas al régimen de empleo

8 Citado por Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto en Los trabajos de cuidados remunerados: una mirada desde la Comunidad Autónoma de Euskadi, Economía Feminista.

de hogar eran 75.836 en noviembre de 2011, el 2,72% de los 2,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, cuyo número descendió un 0,97% en el último año, mientras el de cotizantes al régimen de empleo

SSEntre 2007, año en que entró en vigor la Ley, y 2010 se crearon 165.000 nuevos empleos vinculados con la Dependencia de hogar creció el 4,30%. En nuestra región hay, por tanto, una proporción mayor de empleadas de hogar que en el conjunto del Estado, donde representan el 1,73% de las personas dadas de alta en Seguridad Social, con un crecimiento también respecto a noviembre de 2010, aunque menor (1,97%), en el contexto de crisis, en que el número total de afiliados cayó un 2,07%.

El proyecto Cadenas globales de cuidados de la ONU-INSTRAW 2008-2010, impulsado en España por Amaia Pérez Orozco, Silvina Monteros y Silvia López Gil, cruzó la teoría feminista sobre los cuidados con el análisis de las migraciones, mostrando cómo la globalización ha mantenido la división sexual del trabajo creando cadenas de cuidados feminizadas que exportan al sur parte de la crisis de los cuidados de los países del norte, e intensifican la desigualdad de género de las mujeres migrantes, sin lograr por ello un mejor

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reparto de los cuidados entre hombres y mujeres, ni entre las familias y el Estado. Las conclusiones del proyecto fueron recogidas en el pliego titulado Un lugar justo para el empleo de hogar

SS El 85% de las cuidadoras familiares dedican una media de 10,6 horas diarias al cuidado de las personas dependientes durante ocho años y sus trabajadoras, elaborado por 29 asociaciones de empleadas de hogar, de migrantes y del movimiento feminista 9 y que contiene 17 propuestas 10 como la integración de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Depen-

9 ACSUR Las Segovias, Fórum de Política Feminista, Asamblea Feminista de Madrid, Asociación Rumiñahui, Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas Pachamama, Asociación Candelita, Xarxa de Dones Inmigrades de Catalunya, Por Derecho propio, Grupo Cita de Mujeres de Lavapiés, SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), Territorio Doméstico, Agencia de Asuntos Precarios, Oficina de Derechos Sociales de Sevilla (ODS), Subforo de Mujer del Foro de Vida Independiente, SISMA Mujer, S. Coop. Madrid de Iniciativa Social Abierto hasta el Amanecer, Asoc. de Trabajadoras de Hogar de Valladolid, Asoc. de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Asoc. de Empregadas de Fogar Xiara, Asoc. de Trabajadoras de Hogar de Granada, Plataforma Estatal de Trabajadoras de Hogar, Cáritas Albacete, Cáritas España, Cruz Roja Española, Coordinadora de Minusválidos de Madrid, Plataforma por la Igualdad de Derechos de las Empleadas de Hogar, Centro de Investigación para la Inmigración (CIDYC), Proyecto Abriendo Mundos y ARI Perú.

10 http://www.acsur.org/Un-lugarjusto-para-el-empleo-de

Foto ferelmafe.

dencia; la revisión de la legislación de extranjería desde una perspectiva de género y de cuidados facilitando la regularización por arraigo, la reagrupación familiar y la protección ante la violencia y el acoso; atendiendo a los derechos de conciliación de las familias transnacionales y reconociendo la interlocución de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras del Hogar.

En 2011 se produjeron tres importantes cambios normativos. El primero

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fue la aprobación en junio del Convenio y la Recomendación sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, por la 100ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En España, en agosto se publicó la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social, cuya disposición adicional 39 integra progresivamente, a partir del 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de Empleados de hogar en el Régimen General, sustituyendo la base única de cotización de 748 euros

al mes por una escala que va de 90,20 a 748 euros al mes, incrementando gradualmente el tipo o porcentaje del 22% hasta el 29,2% en 2019 (excluida la cotización por desempleo, por seguir excluyéndoles de esa cobertura), y adelantando al noveno día de baja por incapacidad laboral transitoria el cobro del subsidio por enfermedad común o accidente no laboral. En noviembre el Gobierno aprobó el Real Decreto 1620/2011 que cambia la regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar

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FUENTE: INE, EPA.

Tasa de actividad de mujeres y hombres en España 2005-2011 70

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Tasa de actividad hombres

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Tasa de paro mujeres

30 20

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familiar, por el que las empleadas de hogar cobrarán en efectivo al menos el salario mínimo interprofesional en cómputo anual, sin que se les pueda descontar de esta cifra ninguna cantidad por manutención o alojamiento.

Se abre, por tanto, una etapa de aplicación, caso a caso y casa a casa, de estas nuevas normas, que debe confluir en la igualdad de derechos y en un cambio de la forma de prestar estos servicios.

Las mujeres no solo queremos cuidar Lo privado es político. Una vez incluido en la agenda política el cuidado de las personas dependientes, no cabe devolverlo a las familias, es decir, a las mujeres de las familias, para que lo resuelvan como puedan. En primer lugar, porque es incompatible con el derecho al empleo que cada vez más mujeres quieren ejercer, como muestra

2008

2011

el hecho de que, pese a la crisis, la tasa de actividad femenina que mide la proporción de mujeres de 16 a 65 años con empleo o buscándolo activamente no ha dejado de crecer. Previsiblemente, además, seguirá creciendo, pues

SSUna de cada cuatro hijas cuidadoras compagina los cuidados con el empleo y una de cada cinco es pensionista.

El resto lo hace en exclusiva parece poco probable que las jóvenes de hoy, la generación con más años invertidos en educación, acepte quedarse en casa y con la espalda quebrada.

En segundo lugar, por eficiencia económica. Es la previsión social de

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este factor de incertidumbre en nuestras vidas y las de nuestras personas queridas y la protección pública las que optimizan los recursos humanos y materiales de nuestra sociedad, no su asignación a las mujeres de la familia o a mujeres inmigrantes en situación de precariedad. Porque, además de generar esos 435.000 empleos dignos pendientes previstos en la memoria económica de la Ley de Dependencia, permite que cerca de un millón de hijas y otras cuidadoras familiares en edad laboral puedan mantener su empleo o acceder a él, incrementando la productividad de su trabajo. Además, esquilmar las energías de las cuidadoras familiares hasta hacer peligrar su salud supone incrementar el número de personas necesitadas de atención sanitaria y social en el futuro.

La profesionalización de la creciente necesidad de cuidados destinados a las personas dependientes es un factor endógeno del desarrollo humano y económico, incluso durante la crisis, como indican los datos del informe de aplicación de la Ley de Dependencia anteriormente citado y otros informes internacionales 11. La opinión pública es favorable a un incremento de la financiación del sistema público de atención a la dependencia vía impuestos y copago para universalizar la cobertura. Esa idea debe prosperar en un contexto hostil caracterizado por una espiral de políticas dirigidas a reducir el sector público y, con él, sus

11 Los sectores creadores de empleos después de la crisis, del Centro de Análisis Estratégico, traducido en el Boletín de Información Sociolaboral Internacional del Ministerio de Trabajo e Inmigración de agosto-sept. de 2011. Págs. 45-53.

prestaciones y contratos con agentes privados, menguando sus ingresos por tributos.

En tercer lugar, por justicia, igualdad y cohesión social. Si el Estado renuncia a atender las necesidades de las personas dependientes, el mercado y las familias no podrán hacerlo en condiciones de igualdad de clase y de género. Gastaremos dinero y energías y padeceremos enfrentamientos y sufrimientos por resolver de forma improvisada y conflictiva situaciones

SSEn la Comunidad de Madrid el peso de la paguita para cuidado familiar es el menor de España: representa el 18% de las prestaciones que colectivamente se pueden prever y gestionar mejor. La aplicación de la Ley de Dependencia como prestación universal de servicios profesionales no pervertida en paguitas para perpetuar la situación de las cuidadoras familiares es la opción óptima para mejorar los cuidados y para avanzar en la igualdad de clase y de género. Para las mujeres que sabemos que dedicarnos solo a cuidar y hacerlo solas no es ningún designio de la naturaleza resulta preocupante la declaración de Rajoy en la que califica de “insostenible” la Ley de Dependencia. Y es también una cuestión de calidad democrática, porque si la política nos cuida, nosotras y nosotros cuidaremos de la política.

Cuidadanía es ciudadanía.

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¿Otra democracia? Los ­impactos del cambio de ­época en la movilización ­social y política En su texto, algunas de cuyas partes proceden del libro del mismo autor Otra ­sociedad, ¿otra política? La democracia de lo común (Icaria, 2011), Subirats aborda las transformaciones que la expansión de las Tecnologías de la Comunicación y la ­Información están provocando en el campo de la mediación y representación ­políticas, usando como mar de fondo la eclosión del 15M.

Joan Subirats, responsable del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y catedrático de Ciencia Política de la U ­ niversidad Autónoma de Barcelona.

V

ivimos en pleno cambio de época.

No es solo una crisis. Nos han cambiado las pautas de trabajo y de vida. Nos comunicamos, informamos y actuamos desde otras plataformas y medios. Otras familias. Barrios y pueblos más heterogéneos. Trabajos, salarios e hipotecas dependiendo de decisiones y situaciones que no sabemos a quién atribuir.

¿Dónde estamos?

Lo sucedido en los últimos meses, con el 15M y todas sus secuelas, nos permite aprender. Nos permite entender que Internet genera sacudidas en las viejas y nuevas plazas de la democracia. Internet permite abrir nuevas “plazas”. Espacios que posibilitan que gentes de todas partes

interactúen, se relacionen, compartan información, construyan criterios, se organicen para actuar e influir.

No podemos simplemente confundir Internet con un nuevo instrumento que nos permite hacer lo de siempre, pero de manera más cómoda o más rápida. Por decirlo así, no podemos asimilar Internet a un nuevo “martillo” que nos han regalado. Los partidos, las instituciones, pensaron que Internet era un nuevo martillo con el que seguir trabajando con los clavos de siempre, con las relaciones de poder de siempre. E Internet es otra forma de relacionarse y de vivir. Es otro “país”.

Con sus relaciones de poder y de explotación (pero distintas), con sus reglas de juego y de interacción (pero distintas), con sus leyes y delitos (pero distintos).

Internet nos hace recuperar, a través de la

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capacidad de compartir y de movilizarse, el debate sobre lo común, más allá de la cada vez más confusa dicotomía entre mercado y Estado. Y en ese nuevo “país”, en esa nueva realidad social que Internet sostiene y modifica, uno de los elementos que entra rápidamente en cuestión son las funciones de intermediación y control. La gente puede hacer directamente muchas cosas que antes tenía que hacer a través de instituciones, intermediarios y personas que vivían de saber qué puerta tocar y qué documento presentar. No creo que se exagere si se afirma que en muchos casos las instituciones, los partidos y muchas empresas, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, las entidades e incluso algunas profesiones han vivido de intermediar y controlar. La representación de ideales e intereses, o la capacidad de satisfacer lo que se consideraban “necesidades”,

fundamentaba su razón de ser. Y ahora, de golpe, han de repensar su papel en un nuevo escenario. Un escenario en el que son más prescindibles.

SS Instituciones, partidos y organizaciones que han vivido de intermediar y controlar han de resituarse en un escenario en el que son más prescindibles En el escenario político, las instituciones, los partidos y algunas organizaciones sociales no han estado hasta ahora a la altura de las transformaciones en las

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formas de vida y de relación social. Las expectativas de participación de la gente son ahora mayores, porque pueden ser más directas e inmediatas, y lo viven y experimentan cuando usan las redes sociales. Cada uno es más capaz de crear, de organizarse, de establecer sus propios espacios, incluso de construir su propio trabajo o de buscar financiación para sus ideas usando la red. Y en cambio, las instituciones, los partidos, ciertas organizaciones sociales de matriz más tradicional siguen respondiendo a pautas más propias del industrialismo de los siglos XIX y XX. Escenarios de clase en los que a cada lugar correspondía una persona, a cada persona su lugar y su función. Hoy todo es más fluido, igualmente injusto, pero cambian los parámetros, los espacios y las situaciones. Y por tanto, las respuestas tradicionales empiezan a no servir.

A mayor formación de la gente, a más medios de conexión social disponibles, menos se aceptará que a la ciudadanía solo le quepa la función política de votar, de influir o presionar a los encargados de tomar las decisiones por nosotros (los po-

SSLas expectativas de participación de la gente son ahora mayores, porque pueden ser más directas e inmediatas gracias a las redes sociales licy makers). Habrá, y ya hay, más interés en poder ser “los que deciden cada día” (los everyday makers). Es decir, ser personas que sufren y viven el día a día, y que no tienen por qué limitarse a asistir como

espectadores a lo que las instituciones decidan hacer o deshacer, cada vez más aparentemente al margen de lo que a la gente le preocupa y le desasosiega.

Seguramente, la función de los partidos o de otras organizaciones sociales seguirá siendo importante, pero lo que parece indudable es que no pueden seguir actuando como lo hacen. Sobre todo, aquellos partidos y organizaciones que dicen querer representar a los más débiles, a los más vulnerables. Deberían no solo preocuparse por seguir siendo “representantes”, sino también por “estar” con la gente, por “atender” lo que a la gente le preocupa. Y ello exige no centrar toda su actividad en el acceso al poder, en la selección de las élites que deben gobernarnos. El reto vuelve a ser saber formar parte de los movimientos y espacios de actividad y de renovación de la política sin pretender representarlos ni capitalizarlos de manera sistemática, sino estando en esos espacios, aprendiendo a ser “retaguardia” y no solo vanguardia.

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Desde la cercanía y la horizontalidad y no desde el privilegio y la jerarquía. Desde el intento de compartir dudas y experiencias y no de representar en exclusiva.

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En este sentido, hemos de agradecer al “movimiento” del 15M el que la política haya vuelto a formar parte del debate cotidiano y que esté presente como nunca en las redes sociales. Y, al mismo tiempo, que sitúe las potencialidades de compartir y de colaborar en la construcción de bienes comunes en el centro del debate sobre el futuro de unas sociedades que ven agotar sus recursos naturales.

Ahora solo falta que en las instituciones y en los partidos se aproveche la ocasión para volver a discutir de política, de otra política, y no solo del “quítate tú para ponerme yo”. La democracia sigue siendo el campo de batalla en el que dilucidar el futuro colectivo. Pero, una vez más, no solo en las instituciones políticas y en el debate partidista. También en la casa, también en la ciudad, también en el trabajo, también en la actividad económica y de sustento. Otra época, otra vida, ¿otra política? Situémonos en la línea anterior de avanzar hacia otra democracia. Una democracia de lo común.

La política y la movilización social en el escenario digital La política ha ido sufriendo los impactos de los cambios tecnológicos y sus estructuras de relación entre instituciones y ámbitos de decisión y el conjunto de la población ha ido cambiando a medida que se modificaban los instrumentos y las dinámicas sociales que esos cambios tecnológicos generaban.

Cabe solo recordar lo que ocurrió con la prensa escrita, la radio o la televisión, que fueron obligando a cambiar o pro-

pulsaron cambios en las organizaciones políticas y en los mecanismos de relación entre instituciones y ciudadanía.

Todo ello, en plena sociedad industrial, en pleno proceso democratizador del Estado liberal, y con avances y retrocesos en el acceso social a esos medios.

Hoy estamos dejando atrás la sociedad

SSHemos de agradecer al “movimiento” 15M que la política vuelva a formar parte del debate cotidiano y que esté presente en las redes industrial tal como la conocimos, con sus pautas laborales y sus dinámicas económicas. Y el cambio tecnológico está propulsando con gran rapidez cambios en todas las esferas vitales. No podemos pues equivocarnos, y confundir Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con nuevas versiones de los antiguos instrumentos de comunicación. Nos hallamos ante otro escenario social.

Una de las características más significativas de las nuevas sociedades en las que Internet y las TIC ganan terreno y se desarrollan es la creciente aparición y existencia de espacios de autonomía y de redes relacionales nuevas, en las que florecen comunidades plurales, que hacen de su especificidad o de sus micro o macro identidades su punto de referencia. La explosión de comunicación y de hiperconectividad que ha supuesto el afianzamiento de las TIC ha facilitado y facilita esa continua emergencia,

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y permite una reconstrucción de la política desde parámetros distintos a los habituales.

Estamos asistiendo al surgimiento de una sociedad en la que la relación forma parte intrínseca de la comunicación, y no es un mero resultado de esta última, o una especie de subproducto de la misma. Los dos elementos clave son la creciente subjetividad o individualización de los actores (que no forzosamente desemboca en el in-

SSLa democracia sigue siendo el campo de batalla en el que dilucidar el futuro colectivo. Una democracia de lo común dividualismo) y la enorme facilidad de comunicación que generan las TIC. En ese contexto se da una gran demanda de autonomía (que va más allá del esquema libertad-control tradicional de la sociedad moderna), surgen mercados alternativos, aparecen nuevas redes y agregados sociales, y emergen nuevas culturas que hacen de la diferencia su valor añadido. En la perspectiva tradicional, las instituciones públicas parten de un concepto de libertad y de participación muy vinculado a la libertad y al ejercicio del voto, mientras el control se relaciona con el cumpliento de unas leyes emanadas de esa voluntad popular expresada con el mecanismo representativo. En el nuevo contexto social que estamos describiendo, la libertad se basa en una idea de intercambio que

parte de la reciprocidad, mientras el control se confía a las propias reglas del intercambio asociativo.

En ese contexto, Internet y las TIC son al mismo tiempo los factores fundamentales con los que explicar esa nueva realidad y el marco natural que permite su desarrollo, autonomía y sus constantes posibilidades de innovación y articulación. Gracias a las TIC es posible empezar a hablar de pluralismo reticular o de promoción o potenciación de la autonomía social capaz de generar singularidad, reciprocidad y comunidad al margen de las medidas uniformizadoras y de los

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derechos abstractos de ciudadanía. Surge, en ese marco, una forma específica de ciudadanía social que encuentra sus propios valores en la urdimbre asociativa y cívica que se va tejiendo, y que va más allá de una respuesta instrumental a problemas de sostenibilidad de las políticas de bienestar, que es como se ve a las ONG muchas veces desde las insuficiencias actuales de los estados en relación a las políticas de bienestar. Un mundo común, una ciudadanía comunitaria, territorializada o no, y que cuenta con las grandes potencialidades y ventajas de desarrollarse en el marco cada vez más consolidado de la sociedad de la comunicación.

La política, en ese escenario, se vuelve más difusa, adquiriendo características diferentes en cada ámbito, y ya no puede considerarse monopolio del Estado o coto cerrado de los organismos públicos. Las instituciones políticas no ocuparían ya el centro o el vértice de las condiciones de ciudadanía, de bienestar. Por debajo y en su periferia, se ha ido tejiendo esa urdimbre cívica, fundamentada en las lógicas y los bienes relacionales. Es precisamente este aspecto autonómo y relacional lo que caracterizaría ese nuevo tejido social. Y esas mismas características son las que, al mismo tiempo, le dan ese carácter fragmentario, de multiplicación de grupos aislados, en que puede resultar difícil articular o reconocer una “sociedad” como tal. En esa fragmentación, llena de potencialidades y de posibilidades, puede resultar difícil reconciliar pluralismo con justicia, diversidad con pertenencia o democracia con diferencia. Por otro lado, no podemos caer en un ciberoptimismo ingenuo, y conviene recordar que el peso de las organizaciones públicas y mercantiles en la red es muy significativo, y genera y puede generar nuevas jerarquías, controles y monopolios. A pesar de ello, lo cierto es que, a la sombra de las TIC, crece sin parar la realidad y el entramado cívico y asociativo, haciendo surgir nuevas comunidades reales o virtuales, desarrollando nuevas identidades, nuevos espacios o esferas públicos, incrementando la deliberación política y reforzando las nuevas autonomías sociales.

Las nuevas formas, los nuevos contenidos El “movimiento” del 15M en España y en otras partes del mundo en la jornada de movilización del 15 de octubre no puede explicarse fuera de ese contexto.

Tampoco puede calificarse de inesperado ni de sorprendente, ya que sus bases

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existían desde hacía tiempo, y los nodos sobre los que se ha asentado estaban en buena parte establecidos. Pero sí ha sido inesperado y sorprendente el gran seguimiento que ha tenido por parte de personas que se han visto, de golpe, interpeladas y representadas por otras personas que expresaban su indignación y rechazo por lo que estaba ocurriendo. Y también por lo poco que hacían los que se llamaban sus representantes políticos

SSHoy la libertad se basa en una idea de intercambio que parte de la reciprocidad y el control se confía a las reglas del intercambio asociativo para defender derechos y condiciones vitales arduamente conseguidos. De alguna manera, la irrupción del 15M ha coincidido con la emergencia de un conjunto de redes que confluyen después de varias “movidas”, algunas algo lejanas pero significativas como las de la alterglobalización; otras más próximas en el tiempo y más fundamentadas en las redes sociales, como V de Vivienda o las movilizaciones contra la ley Sinde. De esos mimbres surge la dinámica que se nuclea en torno a la convocatoria del 15 de mayo, y que supo recoger y convocar a mucha gente que de manera individual, social y familiar, había llegado a un punto de saturación sobre su malestar y se sentía poco o nada representada por partidos, sindicatos y demás canales altamente institucionalizados.

En efecto, uno de los eslóganes del 15M más repetidos durante las manifestacio-

nes y concentraciones en distintas ciudades ha sido el de “no nos representan”, dirigido a los políticos que ejercen su labor en nombre de todos. Y esa ha sido también una de las consignas más atacadas por parte de quienes acusan al 15M de ser un movimiento de corte populista y de impulsar la antipolítica. Pero la gente del 15M no ha inventado nada. Desde hace tiempo, la sensación de lejanía entre políticos electos y ciudadanía es un lugar común cuando se habla de los problemas de la democracia. Al respecto, recordemos que la idea original del sistema representativo es que las elecciones garanticen al máximo la cercanía entre los valores y los intereses de la ciudadanía y los perfiles políticos y las posiciones de los representantes. La base del poder y legitimidad de los políticos electos está en su representatividad, y esa deriva del proceso electoral.

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La teoría política ha ido distinguiendo entre dos formas de representación. Por un lado, se habla de la representacióndelegación que hace referencia a la capacidad de llevar a cabo un mandato, es decir, la capacidad de actuar para conseguir ciertos objetivos. Los políticos nos representarían en la medida en que “transportan” nuestros valores, nuestras demandas, nuestros intereses. Y, por otro lado, tendríamos lo que podríamos denominar como representación-fotografía, que se basaría en la capacidad de los representantes de encarnar lo más cercanamente posible al conjunto de los que pretenden representar. En ese sentido, la representación se basa en el parecido, en la capacidad de los políticos de parecerse a nosotros, a los que concretamente les votamos, en formas de vida, en maneras de pensar, en el tipo de problemas que nos preocupan. Las elecciones cubrirían ese doble objetivo de delegación y de

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“democracia de elección”, entendiéndola como aquella centrada estrictamente en colocar en el poder a unas personas, o a desplazar del mismo a otras. Dados los problemas que venimos comentando de déficit de representatividad y de falta de confianza, ¿por qué no instaurar un sistema de “deselección” en que los ciudadanos pudiesen revocar su mandato si se sienten defraudados en sus expectativas, algo que de hecho ya existe en California en forma de recall? La nueva época en la que estamos genera y precisa mecanismos de renovación de la legitimidad más frecuentes, lo cual no debería forzosamente pasar por una mayor frecuencia electoral, sino por incorporar más “voluntad popular directa” (consultas, debates…) en ciertas decisiones. parecido, y el grado de confianza que tendrían los políticos derivaría del grado en que se logre cubrir esas expectativas.

Con el grito “no nos representan”, el “movimiento” 15M está advirtiendo a los políticos que ni se dedican a conseguir los objetivos que prometieron, ni se parecen a los ciudadanos en su forma de vivir, de hacer y de actuar. El ataque es pues doble, a la delegación (no hacen lo que dicen) y al parecido (no son como nosotros). En este sentido, podemos entender que el “movimiento” 15M no ataca a la democracia, sino que lo que está reclamando es precisamente un nuevo enraizamiento de la democracia en sus valores fundacionales. Lo que critica el 15M, y con razón, es que para los representantes el tema clave parece ser el acceso a las instituciones, lo que garantiza poder, recursos y capacidad para cambiar las cosas. Para los ciudadanos, en cambio, el poder sería solo un instrumento, y no un fin en sí mismo.

En este sentido, Pierre Rosanvallon define el actual modelo de democracia como

El tema está en poder y saber combinar legitimidad electoral con legitimidad de la acción. Hasta ahora, esa legitimidad se conseguía en las negociaciones a puerta cerrada entre representantes políticos y también entre estos y los intereses organizados. Ahora, la exigencia cada vez más presente y expresada asimismo con fuerza por el 15M es más

SS No podemos caer en un ciberoptimismo ingenuo, ya que las organizaciones públicas y mercantiles pueden generar nuevas jerarquías en la red transparencia y más presencia directa de la ciudadanía, sin que todo ello pase forzosamente por la intermediación de lobbies, sindicatos, patronales o cámaras

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de comercio. Antes, los políticos justificaban su privilegiada posición por el hecho de que tenían información, construían su criterio y tomaban decisiones con respaldo mayoritario de los repre-

sentantes. Ahora, la gente, mucha gente, tiene información, construye su criterio y quiere participar directamente en las decisiones que les afectan a diario.

Como ya hemos mencionado, lo que

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ya no se consideran justificados (inmunidades, regalías…).

Por otro lado, sabemos que el núcleo duro de la abstención se concentra normalmente en los barrios y lugares con menos renta, con menor nivel educativo, con peores condiciones de vida. Son voces no escuchadas y, por tanto, con tendencia a

SSEn la actualidad se están produciendo cambios en la forma de representación y de visualización de los movimientos sociales ser desatendidas. Necesitamos pensar no solo en formas de mejorar la representatividad de los políticos, sino también en dimensiones de la representación que la hagan más compleja, más capaz de recoger la autonomía, la diversidad y la exigencia de equidad de las sociedades contemporáneas. Y es en este sentido en el que hemos de valorar cómo influye Internet y la nueva época en protagonismos e identidades colectivas.

Internet y las TIC ponen en cuestión es la necesidad de la intermediación.

Sobre todo, de la intermediación que no aporta valor y que, además, en el caso de los políticos, goza de privilegios que

Se están produciendo, asimismo, cambios en la forma de representación y de visualización de los movimientos sociales.

En efecto, uno de los problemas más recurrentes con los que se han enfrentado los integrantes y participantes en el 15M ha sido y es la falta de liderazgos claros, la falta de rostros con los que los medios de comunicación tradicionales pudieran identificar el movimiento. La ambigua expresión de “indignados” ha sustituido a la falta de identidad ideológica que

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permitiera colocar a los movilizados en alguna de las categorías programáticas a las que estamos acostumbrados en la contemporaneidad y que proceden de los dilemas ideológicos del novecento.

Categorías que nos permiten reducir

SS Por primera vez, en Europa se ha conectado conflicto social y exigencia democrática ante la falta de representatividad de los políticos la complejidad de matices ideológicos de cada quien, situándolo en el “cajón ideológico” correspondiente. Es evidente que el calificativo de “indignados” no nos explica mucho sobre qué piensa y cuáles son las coordenadas normativas o propositivas del movimiento. Pero de lo que nadie duda es de la capacidad de sacudir y alterar la forma de entender el mundo y de relacionarse con el sistema político e institucional que ha tenido el 15M. Tenemos, como algunos han dicho, un movimiento en marcha que no se reconoce a sí mismo como tal movimiento, y cuyos componentes, además, presumen de no tener etiqueta ideológica convencional. Lo que está claro es que expresan el sentido de frustración de muchos ante la tendencia a fragmentar comunidades, a convertir cualquier cosa en mercancía, a confundir desarrollo y realización personal y colectiva con capacidad de consumo. Es cierto también que hay evidentes amenazas a los niveles de vida y de derechos alcanzados, sin que los poderes públicos sean capaces de proteger a sus ciudadanos en una evidente pérdida

de soberanía y de legitimidad democrática.

No solo no hay dimensión ética alguna en el capitalismo especulativo y financiero, no solo corremos evidentes riesgos en la explotación sin límites de la naturaleza de la que procedemos y de la que formamos parte, sino que además están en peligro las promesas de que, si nos portábamos bien, viviríamos cada vez mejor, seríamos más educados y gozaríamos de una buena salud.

La absoluta falta de control y de rendición de cuentas democrática de los organismos multilaterales y las agencias de calificación de riesgos, añadidas a las más que evidentes conexiones y complicidades entre decisores políticos y grandes intereses financieros, han provocado que, por primera vez en mucho tiempo, en Europa se conecte conflicto social y exigencia democrática, reivindicación de derechos y ataques contundentes a la falta de representatividad de los políticos, tanto por su falta de respeto a los compromisos electorales como por su fuero y sus privilegios.

Foto Sarah Bienzobas.

Parece claro que mucha gente ha empezado a darse cuenta de que la hegemonía neoliberal, a la que han servido en Europa sin reparo y sin apenas distinción tanto conservadores como socialdemócratas, puede conducirnos, de persistir, a más y más pobreza y a un deterioro general de las condiciones de vida de amplísimas capas de la población. Y que, frente a ello, poco puede esperarse de un sistema político y de los grandes partidos que son mayoritariamente vistos como meros ejecutores de esas políticas. Y, en cambio, lo que ha permitido Internet, a coste muy reducido, ha sido conectar cabreos y acciones.

El zócalo en el que apoyarse ha sido, por una parte, el movimiento de cultura libre, con su habilidad de retournement que dirían los situacionistas, es decir, con su capacidad de hacer descarrilar,

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de reconducir y recrear todo tipo de producciones culturales y artísticas, rompiendo moldes y derechos de propiedad, compartiendo y difundiendo. Y, por otra, se ha aprovechado la gran capacidad de inventiva y de contracultura generada en América Latina, donde hace ya años probaron de manera directa y cruda las recetas neoliberales. El movimiento de cultura libre, con éxitos tan evidentes como Wikipedia, muestra la fuerza de la acción colaborativa y conjunta, sin jerarquías ni protagonismos individuales, combinando el ideal de la igualdad con la exigencia del respeto a la autonomía personal y a la diferencia. Cada vez más gente, más preparada, más precaria, con mejores instrumentos, más conectada, servirá de voz a esa gran masa de la ciudadanía que sabe que las cosas van mal y que la situación actual no puede durar. Tratar de ponerle nombre al movimiento, tratar de identificarlo y encasillarlo, significaría ahora limitar su potencialidad de cambio y transformación.

La movilización global del pasado 15 de octubre (15O) ha significado un indudable salto en la lógica de lo que nació cinco meses antes en la Puerta del Sol, en la Plaza de Cataluña y en otras muchas plazas de España. Más allá de las cifras de asistencia en las 1.000 ciudades de todo el mundo que se sumaron a la movilización, lo que pone de relieve es que se empieza a ser consciente de que no hay solución a los problemas locales sin respuestas también a escala global.

Los sucesos de la primavera árabe, del mayo español, o las secuelas diferenciadas pero similares en Israel, India o recientemente en Nueva York y en el conjunto de los Estados Unidos apuntan a algo más. Lo que está en juego es un problema estructural y global, no una simple y reactiva respuesta a la coyuntura de crisis en uno u otro país.

Empieza a estar meridianamente claro que la que se ha roto de manera definitiva es la capacidad de los poderes públicos, de los Estados, para regular, ordenar y controlar la actividad financiera a escala mundial.

SSLo que las TIC ponen en cuestión es la necesidad de la intermediación que goza de privilegios que ya no se consideran justificados Y no solo eso. También está claro que los errores, la codicia y la inmoralidad de unos pocos acaba teniendo que ser alimentada y consentida por el dinero y los votos de la inmensa mayoría. Está en juego la forma en que entendemos la economía: como palanca de generación inagotable de riqueza para unos pocos, o como artificio humano para resolver necesidades también humanas.

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Como expresaba el movimiento Ocupad Wall Street: “Queremos unas políticas que sirvan para el 99% de la población y no que estén al servicio del 1% más rico y poderoso”. Y eso no tiene por qué implicar más Estado o más subsidios, sino otra forma de entender lo público, lo colectivo, lo común.

Hoy, la agenda de cambio en cada uno de los países precisa de una conexión con la agenda de cambio global. Parece necesario superar los límites de los estados-nación, por arriba y por abajo. Por arriba, construyendo espacios que puedan responder al reto planteado por la especulación financiera y la codicia que operan sin reconocer fronteras ni gobiernos. Por abajo, poniendo en marcha proyectos y generando experiencias que demuestren que es posible vivir, relacionarse y subsistir de otra manera. Va tomando cuerpo la idea de que el conflicto ha sido y es económico y social, pero ahora es también un conflicto político. La crisis de la representación es global. No afecta solo a los grandes partidos españoles o europeos. La gente se pregunta, con razón, ¿a quién representan los que dicen gobernarnos en nombre de nuestros intereses? La dinámica presente en las acciones que se sucedieron en todo el mundo el 15 de octubre persistió en la idea de no generar liderazgos representativos de las acciones. Y seguramente eso expresa la pretensión de buscar nuevas formas de organización y de acción democráticas, más horizontales, más colectivas, conectadas a lo vital y emocional. Empieza a estar en juego una idea de lo común que quiere distinguirse con claridad de lo mercantil y de lo estatal. Como ya hemos ido diciendo, lo que está en crisis es la propia lógica de intermediación y el conjunto institucional que se derivaba de esa arquitectura representativa. Probablemente es prematuro hablar de “movimiento”, pero nadie duda de que estamos refiriéndonos

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a un fenómeno y a un proceso de movilización política, impulsada esencialmente desde una reacción social en búsqueda de justicia y de respeto. Esa es su fuerza moral, y esa es la fuerza que alimenta la dimensión global tanto del problema como de la respuesta.

Hacia otra democracia Aún es pronto para sacar demasiadas conclusiones sobre los cambios que se están produciendo en el marco de la representación y de la democracia, pero parece indudable que van a ir

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surgiendo y apareciendo nuevas formas de pensar, nuevas inquietudes sobre cómo vivir, cómo hacer política y cómo tomar decisiones.

La extensión y generalización de Internet y de la hiperconectividad que lleva aparejada permite, entre otras muchas cosas, repensar de nuevo el viejo tema de la democracia directa. Es importante en este sentido recordar la constante presencia del instrumento “asamblea” en los movimientos políticos de los últimos tiempos. Con ello se expresa el querer reproducir off line lo que es característico del modo on line: horizontalidad, agregación, compartir, buscar acomodación de distintas perspectivas en nodos comunes.

Seguramente no es el momento ni el lugar de hacer un recorrido histórico sobre la democracia y sus tradiciones, pero quizás conviene recordar que a lo largo del siglo XIX la discusión en torno a la democracia, desde la concepción liberal del Estado, se desarrolló principalmente a partir del célebre discurso de Constant sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos, entendida como participación directa en las decisiones públicas y en la formación de las leyes a través del cuerpo político que expresa la asamblea de los ciudadanos, no solo no era ya posible por la expansión del demos, es decir, por la cantidad de gente a quien reunir y con quién debatir, sino que más allá de ese impedimento físico o cuantitativo, la lógica que existía detrás del ideal de la democracia directa podía llegar a ser contraproducente.

La libertad de los modernos implica el reconocimiento de derechos políticos fundamentales, entendiendo la participación política como una libertad política más, que se expresa en el derecho a

expresarse, a reunirse, a organizarse para influir en la política del país, y que comprende además el derecho a elegir a sus representantes en las instituciones y el derecho, asimismo, a ser elegidos. Frente a Rousseau, tanto Tocqueville como Stuart Mill defienden la idea de que la única forma compatible con el Estado liberal es la democracia representativa y parlamentaria. La llamada democratización del Estado, si bien amplió el derecho al voto a más y más sectores sociales y multiplicó los órganos representativos, no implicó una modificación esencial de esa concepción liberal y representativa de la democracia.

La democracia representativa ha sido defendida siempre como una alternativa viable (Stuart Mill) y eficiente (Dahl) a la democracia directa o de asamblea. Las razones de fondo aducidas son, como sabemos y ya hemos mencionado, el

SS El “no nos representan” dirige a los políticos un doble ataque, a la delegación (no hacen lo que dicen) y al parecido (no son como nosotros) tamaño de la población llamada a reunirse y participar, y la naturaleza de los problemas a tratar, que van más allá de lo que las pequeñas unidades de población pueden asumir. A pesar de ello, se reconoce (Dahl) que la democracia representativa tiene su “lado oscuro”, o un precio a pagar: el enorme poder discrecional sobre decisiones muy significativas que delegan los ciudadanos a sus representantes.

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Sabemos que las élites representativas han de moverse en los límites institucionales y procedimentales que son propios de los regímenes democráticos, pero también que esos límites acostumbran a ser amplios, y no siendo muy consistentes ni constantes los mecanismos de control o de participación popular, el hecho es que la discrecionalidad de las élites para interpretar su mandato de representación, incluso en decisiones de contenido estratégico o de gran significación, es muy notoria. Por tanto, una vez aceptado el principio de representación, el énfasis se pone en establecer las cautelas y los equilibrios necesarios para controlar en la medida de lo posible esos márgenes de discrecionalidad y para fijar una renovación periódica de la confianza y una clarificación de responsabilidades vía refrendo electoral. ¿Qué cambios puede producir en ese escenario la aparición de las TIC y la generalización de Internet? Si bien continúa siendo cierto que todos los ciudadanos

SS Aceptado el principio de representación, se hace necesario fijar las cautelas para controlar los márgenes de discrecionalidad de los representantes de cada país no pueden encontrarse cara a cara, sí es ya posible que puedan comunicarse a distancia o puedan coincidir en sus interacciones a través de las redes que ofrecen las TIC. Por tanto, con todas las cautelas necesarias, y siendo consciente de que las formas de deliberación en

asamblea son distintas a las que se dan a través de tecnologías de comunicación, se podría al menos pensar hasta qué punto empiezan a darse las condiciones para avanzar hacia formas de democracia en las que es posible acercarse a los viejos ideales rousseaunianos sin las cortapisas del tamaño del demos y que, al mismo tiempo, permita obtener eficiencia en la toma de decisiones.

Pero, ¿de qué democracia directa hablamos? No creo que sea necesario insistir en los problemas que genera una concepción de democracia directa de tipo referendario, basada en la instantaneidad de la toma de decisiones, sin mediaciones deliberativas ni institucionales. Hace ya años, un magistrado de la corte constitucional italiana, Gustavo Zagrebelsky, ponía de relieve la falta de adecuación entre los presupuestos deliberativos de la democracia y la precipitación no exenta de demagogia que rodean los referéndums instantáneos, y para ello utilizaba el ejemplo bíblico de la elección directa y popular que decidió entre Barrabás y

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Jesucristo. La extensa literatura sobre la democracia deliberativa nos muestra la importancia extrema que los procesos deliberativos y participativos tienen en una concepción plena de lo que es una democracia liberal. Siguiendo a Jürgen Habermas, las decisiones en democracia se cargan de valor y significación, más sobre la base de la transformación que sigue a la deliberación que sobre la simple agregación de preferencias. Por lo tanto, toda incorporación de las TIC a los procesos de toma de decisiones públicas debería tener en cuenta ese profundo carácter deliberativo de la democracia.

De no ser así, podría ocurrir que esas decisiones pudieran ser notablemente inconsistentes entre sí, o bien que estuvieran demasiado afectadas por situaciones emocionales coyunturales. Por tanto, deberíamos dirigirnos hacia perspectivas en las que fuera posible o imaginable utilizar los potenciales comunicativos y de toma de decisiones colectivas que Internet sin duda presenta (y que ya han sido probados en contextos privados u organizacionales), sin que ello hiciera perder capacidad y calidad deliberativa a todo el nuevo proceso decisional inspirado en un acercamiento a los valores de una democracia directa que siempre ha sido vista como auspiciable, pero no viable.

Si combinamos potencialidades de las TIC para avanzar hacia formas de democracia directa hasta hoy inexploradas con la necesidad de contar, asimismo, con mecanismos que aseguren deliberación y que canalicen opiniones y debates hacia formas de tomar decisiones pragmáticas y eficientes, deberíamos repensar nuestras actuales instituciones democráticas.

Parlamentos, gobiernos y partidos son, hoy por hoy, elementos centrales en el sistema democrático. Y, desde nuestro punto de vista, son estos últimos los

que ejercen el rol clave de mediacióncontrol entre población y gobierno, con la constante colaboración amplificadora de los medios de comunicación, siendo esos mismos partidos los que nutren de contenidos y concentran el protagonismo en sede parlamentaria. En ese escenario han irrumpido los movimientos sociales tratando de pluralizar y diversificar contenidos, problemas y preocupaciones, reivindicando la autonomía civil.

A partir de esas premisas, se puede imaginar un sistema en el que el gobierno fuera elegido con mecanismos similares a los actuales, y en el que las decisiones que hoy toma el parlamento y otras consideradas suficientemente significativas fueran sometidas al refrendo directo de toda la ciudadanía con derecho a voto, utilizando los instrumentos que ofrecen las TIC y sus desarrollos futuros. Esos momentos decisionales se concentrarían en ciertas fechas, y en los periodos previos se produciría el debate público, animado por unos partidos políticos y

SSToda incorporación de las TIC a los procesos de toma de decisiones públicas debería tener en cuenta el carácter deliberativo de la democracia por movimientos sociales que deberían orientar sus funciones hacia una labor de impulso del debate, agitación-animación social y de articulación de intereses y alternativas, perdiendo peso el actual énfasis partidista en la ocupación de espacios institucionales. Se dibuja así un

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sistema en el que el voto directo no se produciría sin mediación ni deliberación.

No hablaríamos, por tanto, de una simple democracia plebiscitaria. El voto directo contaría con la imprescindible mediación partidista y social, configurando así una

SSLos partidos son hoy organismos o entidades notablemente cerradas y muy volcadas en la ocupación de los espacios institucionales salida pragmática que podría permitir roles significativos, aunque no monopolistas, de los protagonistas actuales de los procesos de intermediación y representación de la voluntad popular.

Es importante tener en cuenta que, hasta ahora, las instituciones existentes han tendido a usar y a modelar las TIC como mecanismo de reforzamiento de sus posiciones de poder. No es sorprendente, por tanto y tal como hemos ya mencionado, que las instituciones políticas y democráticas hayan buscado la aplicación de las TIC a sus rutinas sin romper los paradigmas comunicacionales y de poder previos. Pero estamos hablando de otra democracia, de otra forma de hacer política, y por tanto esa simple adaptación no parece deseable.

En este sentido, es evidente que los partidos políticos deberían cambiar significativamente su actual forma de operar.

Su trabajo se haría menos seguro, y sus funciones y el tipo de reclutamiento que actualmente impulsan deberían modifi-

carse sustantivamente. Los partidos son hoy organismos o entidades notablemente cerradas y muy volcadas a la ocupación de espacios institucionales, predominando una visión centrada en la presencia mediática de los líderes que comunican constantemente los mensajes a afiliados, votantes, simpatizantes y ciudadanía en general. La labor de “cocina” se realiza de manera poco transparente, centrada en las élites, los cuadros políticos y la organización, junto con los intereses que se logran canalizar o representar. En un escenario como el que apuntábamos, los partidos deberían trabajar mucho más en red, con menores seguridades organizativas, con un énfasis parecido al actual en relación a los medios de comunicación, pero con mucha mayor capacidad de articulación de intereses y de opinión en el territorio y en las redes sociales. El papel de las ideas, de la capacidad de influir en el entramado social próximo sería esencial, reduciéndose en cambio el papel de la disciplina de partido o de la militancia organizada.

Parece claro que en esta estrategia, en la que las TIC jugarían un papel central en la configuración de un sistema democrático basado en el voto directo de la ciudadanía sin la intermediación de las instituciones representativas tradicionales, existen significativos problemas. Uno de los principales sería, sin duda, el papel de los parlamentos en ese nuevo escenario, aunque algunos hablan ya de democracia postparlamentaria. Pero si nos referimos a los problemas que pueden surgir, más en concreto, en la implementación de las propuestas de democracia directa reseñadas, algunos de los que se han señalado como más significativos son la falta de continuidad y de estrategia definida en la opinión de la ciudadanía, la falta de información y debate suficientes, la falta de asunción de responsabilidades sobre los efectos de las decisiones tomadas,

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el peligro de la falta de participación que permita el control del voto en ciertas decisiones por parte de minorías con intereses muy definidos, o el exceso de complejidad en las políticas o decisiones a tomar, o los problemas derivados del propio uso de las TIC, su control, garantías...

la red y sobre la producción del software, la desigualdad en su acceso, o los posibles problemas de control y de garantías que plantea su uso, son claros y van a seguir existiendo durante largo tiempo. De manera mucho más concreta, existen problemas

El punto en el que se alude a la falta de preparación de la ciudadanía para enfrentarse a la complejidad de los temas que hoy nutren los debates legislativos es probablemente el problema más de fondo.

Voces como las de Schumpeter o Sartori han afirmado que la ciudadanía no tiene el interés suficiente para seguir debates de fondo e interesarse por temas que no estén muy conectados a sus intereses más inmediatos. Por otro lado argumentan que la tecnificación de muchos de los debates sobre alternativas ante problemas concretos aleja a la ciudadanía de su posible implicación. Su implicación en la decisión, afirman, solo podría afectar negativamente a la calidad del resultado final. No parece un argumento fácil de sustentar en momentos en los que, si por una parte cada vez se pone más en duda la univocidad de las respuestas técnicas, por otra se oye cada vez más hablar de construcción social del riesgo o de technology assesment, aludiendo a la necesidad de incorporar opiniones legas en temas de complejidad técnica relevante pero que son difícilmente resolubles sin esa visión de no-experto. En el fondo, uno acaba pensando que los argumentos contra la democracia directa basados en la insuficiente formación de los ciudadanos para tomar decisiones podrían servir igual para argumentar contra la misma democracia genéricamente definida.

SS Necesitamos pensar en

Los problemas derivados de la forma en que se han desarrollado las TIC (muy vinculadas a perspectivas de carácter mercantil y económico), el control sobre

dimensiones de la representación que la hagan capaz de recoger la diversidad y la exigencia de equidad de la ciudadanía en la propia forma en que se deba desarrollar la votación electrónica. Nada de eso puede ser negado. Pero, volviendo a los primeros párrafos de este texto, no deja de ser importante, a pesar de todo ello, preguntarse hacia qué democracia avanzamos y hacia cuál nos gustaría acercarnos. El cuadro de alejamiento ciudadano del sistema político que parece extenderse y afianzarse avala la necesidad de avanzar y experimentar para detectar fortalezas y debilidades.

Lo que parece indudable es que ya no es posible hablar de renovación de la política, ni de replanteamiento de las políticas sin incorporar no solo Internet y lo que significa, sino también el gran cambio tecnológico que la era digital ha supuesto.

Los instrumentos de las políticas, las vías de comunicación política… deben necesariamente repensar sus rutinas y formas de proceder ante el alud de cambios tecnológicos que en poco tiempo han cambiado nuestras vidas. Lo que hemos incorporado en este texto es solo una tímida muestra del largo camino que nos queda por recorrer en este sentido.

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Madrid: la ciudad ­ que queremos Generar empleo en el marco de un nuevo modelo productivo no basado en el ladrillo y construir una ciudad sostenible, es decir, una ciudad compacta, equilibrada y eficiente impulsando la participación ciudadana y la búsqueda del consenso. Estos deberían ser, a juicio del autor, los ejes que vertebren la revisión del Plan General de Urbanismo de Madrid

Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

E

l Ayuntamiento de Madrid ha iniciado los trámites de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), aprobado en 1997.

Previsiblemente el proceso se

extenderá a lo largo del presente mandato y parte del siguiente. En la primera fase se habrá de elaborar y someter a la deliberación ciudadana el documento del Avance y luego vendrá la cascada de aprobaciones: inicial y provisional, por el Pleno del Ayuntamiento, y definitiva, por el Gobierno regional.

En cierto modo y, salvando todas las distancias, el Plan General (PG) de una ciudad es como si fuera la constitución de un país. En él se establece, dicho en términos metafóricos, no solo el esqueleto fundamental del municipio, sino también la musculatura y la red circulatoria de los principales flujos. El PG clasifica la totalidad del suelo en alguna de las tres categorías: urbano (ciudad existente), urbanizable (áreas de expansión a corto y medio plazo) y no urbanizable (terrenos excluidos del desarrollo urbanístico). Señala, para cada clase de suelo y, dentro de cada una, para las piezas en que están divididas,

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los elementos definitorios básicos: qué usos o actividades son los dominantes y cuáles los permitidos, cuánta edificabilidad, qué redes… Delimita las áreas de reparto de las cargas y beneficios entre los propietarios y fija los porcentajes mínimos de vivienda protegida en los suelos urbanizables. Dibuja dónde van las zonas verdes, los equipamientos colectivos, las carreteras, las grandes infraestructuras… Asimismo, el PG identifica los edificios y espacios protegidos en razón de sus valores artísticos, históricos, arqueológicos o paisajísticos.

Desde luego es una competencia destacada del Plan General acotar los barrios y ámbitos de la ciudad que deban ser objeto de planes de renovación, reforma interior o rehabilitación integral. La incidencia en los mercados de la vivienda y el suelo ha de ser uno de los vectores prioritarios, disponiendo a tal efecto de las facultades de declarar las áreas del municipio en las que las ventas de construcciones y de terrenos estarán sujetas al derecho de tanteo y retracto por el Ayuntamiento y de delimitar las reservas de terrenos para la adquisición y ampliación del patrimonio público se suelo. El PG, en fin, deberá definir qué actividades permanentes o temporales estarán permitidas en los suelos no urbanizables, regular los criterios de urbanización y reurbanización de los espacios públicos, determinar la configuración de los parques urbanos y periurbanos…

la ciudad, desde la actividad económica hasta el transporte de las personas y mercancías, pasando por la calidad del aire o la erradicación de las bolsas de deterioro urbano.

En resumen, el Plan General no es una herramienta milagrosa, no es un instrumento que anula o reduce la importancia estratégica del resto de las políticas municipales, pero sí es, después de o junto a los presupuestos municipales, la figura con mayor capacidad de influir y/o condicionar el funcionamiento de

En segundo lugar, fue un plan no participado. Antes que con un proceso abierto a todos y todas de recogida de propuestas,

Se comprende así que, para las asociaciones vecinales, la revisión del PGOUM constituye una oportunidad enorme para hacer valer las reivindicaciones de los diferentes barrios, tanto las históricas como las recientes. Las movilizaciones vecinales son artífices de la ciudad en la medida en que, por una parte, contrarrestan, chocan con los intereses dominantes, los de los grandes propietarios del suelo y el gran capital inmobiliario y, por otra parte, promueven, instalan en la agenda los intereses de las clases trabajadoras, la inmensa mayoría de la población.

El Plan General de 1997, ahora vigente, nació con el desacuerdo de las asociaciones vecinales por cuatro razones principales.

En primer lugar, fue un plan unilateral, “tanto porque solo cuenta con los votos del Partido Popular, como porque en su elaboración se han obviado los mecanismos de compatibilización con el planeamiento general de los municipios vecinos y de concertación con las distintas administraciones y entidades implicadas o susceptibles de estarlo en el desarrollo urbano de Madrid”1.

1 Documento de sugerencias de la FRAVM al Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pág. 7, Madrid, 1995.

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debate de opciones, contraste de pareceres, “nos encontramos con un remedo de participación ciudadana en forma de reuniones de expertos en petit comité, encuestas de opinión y actos informativos en las juntas municipales de distrito con profusión de transparencias, vídeos, lápices láser y otros chismes, sin olvidar la exposición en el Museo de la Ciudad y la cartelería colgante de las farolas. (…) El procedimiento seguido es el propio de las técnicas del marketing comercial orientadas a persuadir a la audiencia de la bondad de un producto y que, por consiguiente, anula la ocasión misma de la crítica positiva. La Oficina Municipal del Plan y la mayoría de gobierno, una vez más, han mostrado miedo al cara a cara que significa la apertura del Ayuntamiento a la voz de los ciudadanos”2.

En tercer lugar, fue un plan desarrollista.

En efecto, la característica más destacada del PG de 1997 fue que incorporó al hecho urbano la totalidad de los suelos vacantes. La decisión fue tanto más cuestionable cuanto que, en paralelo a la revisión, se acometió la aprobación de los PAU de Sanchinarro, Las Tablas, Montecarmelo, Arroyo del Fresno, Vallecas y Carabanchel3.

En cuarto lugar, fue un plan que descuidó la ciudad existente. La FRAVM decía entonces: “La propuesta de nuevos desarrollos y operaciones estructurantes hecha por la Oficina Municipal del Plan supone, (…), levantar un nuevo Madrid, yuxtapuesto al Madrid hoy existente, (…). Mientras,

2 Ibid, págs. 8 y 9.

3 La fórmula elegida era jurídicamente muy discutible, la de una modificación puntual del Plan General de 1985, ya que la aprobación de los PAU entrañaba un cambio de gran calado del mismo y, por tanto, no se podía segregar del trámite de la revisión.

la Oficina Municipal del Plan pasa de puntillas sobre la ciudad consolidada. El grado de elaboración de la Estrategia Norte

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[los PAU], por ejemplo, es muy superior al grado de elaboración de las propuestas para los cascos anexionados, por no hablar del planeamiento especial a realizar a propósito de la Casa de Campo, el Parque Lineal del Manzanares, las colonias de hotelitos, los jardines históricos, etc.”4.

Con estos mimbres, ¿qué pedimos al nuevo PG? Que sea aprobado con el máximo consenso, que la formación del documento esté presidida por la más amplia participación ciudadana y que la revisión, por así decirlo, esté colgada de una idea clave: reciclar la ciudad existente. Este ha de ser el punto de partida sobre el que operar las transformaciones necesarias para prolongar su vida útil y para lograr unas condiciones de vida netamente mejoradas para todos y todas. Sobre esta última cuestión surgen opiniones que no compartimos en modo alguno. Defienden que el próximo Plan General “será poca cosa”, ya que, sobre el plano, el municipio está colmatado y, por tanto, no cabe programar nuevos crecimientos. Contra esas frívolas opiniones, pensamos que, al contrario, el nuevo PG tiene una ingente tarea: la vuelta sobre la ciudad ya hecha, acabada, para romper con el modelo desarrollista de hacer ciudad y arreglar las enormes lacras y desequilibrios que ha creado.

El reciclado o, si se prefiere, la transformación de la ciudad consolidada que, a nuestro juicio, debe acometer el próximo Plan General de Madrid ha de pivotar sobre dos grandes objetivos.

Foto Sarah Bienzobas.

El empleo en el marco de un nuevo modelo productivo. En el núcleo de la crisis económica está el estallido de la burbuja

4 Ibid, págs. 10 y 11.

inmobiliaria, el agotamiento de la economía del ladrillo. Habrá que favorecer, junto a los servicios sociales y los componentes del Estado de bienestar, la I+D, la vuelta de la industria, las actividades relacionadas con las energías renovables, la llamada economía verde, la rehabilitación del parque de viviendas…

La sostenibilidad ecológica. El medio urbano (Madrid no es una excepción) se caracteriza por su máxima dependencia de la importación de recursos naturales (materiales y energía) y la exportación de residuos y contaminantes. Opera como si fuera un sistema abierto, cuyas compuertas de entrada y salida están siempre francas, haciendo caso omiso, por tanto, de las consecuencias sobre la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. El objetivo ha de ser disminuir las entradas y las salidas, lo cual lleva a la búsqueda de procesos eficientes y ahorradores y a la búsqueda de procesos que permitan cerrar los ciclos de materias y energía.

Bien al contrario, a nuestro juicio, no son objetivos dignos de plantear esos que habitualmente se enumeran en el planeamiento urbanístico y estratégico, tales como el de “competir en el concierto de las ciudades del mundo”. En realidad, estos enunciados no son más que frases tan tópicas como huecas, si bien, con demasiada frecuencia, sirven de excusa para justificar determinadas actuaciones como, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Barajas haciendo caso omiso de las protestas ciudadanas contra la contaminación acústica.

Así pues, el reciclado de la ciudad lo entendemos como su transformación en la dirección de hacerla más sostenible, lo cual significa hacerla más

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compacta, más compleja-reequilibrada y más eficiente5. En las páginas que siguen nos extendemos en estas tres dimensiones fundamentales.

persona, cuando la superficie biológicamente productiva (cultivos, pastos, bosques) no llegaba ni a media hectárea por persona7.

Un indicador fundamental para medir el grado de sostenibilidad de un ámbito es la huella ecológica, definida como la extensión de terreno productivo necesaria para generar los recursos utilizados y para absorber los residuos producidos por dicho ámbito, supuesto un nivel de vida específico6. Dicho de otra manera, la huella ecológica estima la cantidad de terreno productivo que un país, una región, una ciudad, precisa para mantener todas sus funciones vitales. El índice contabiliza tanto los materiales como la energía consumidos directa e indirectamente y considera respecto de ambos las actividades de obtención, transformación, desplazamiento, uso,

Antes de adentrarnos en la cuestión de la sostenibilidad, merece la pena hacer un último apunte acerca de lo que pedimos al nuevo PG. Este, igual que el vigente, se elabora en ausencia de un Plan Regional de Estrategia Territorial, que ha sido demandado insistentemente por las organizaciones vecinales, sindicales y ecologistas. El mismo tiene, entre otras, la función de definir el gran tablero que es la región de manera que cada municipio tenga su lugar en él y sea factible compaginar los diferentes planeamientos generales. La ausencia adquiere toda su relevancia cuando de la ciudad de Madrid se trata, toda vez que absorbe la mitad de la población y más de la mitad del empleo, aunque solo representa el 8% de la superficie.

Surge aquí la ocasión para que se produzcan todo tipo de fricciones. Los desencuentros entre la operación Campamento y el crecimiento de Alcorcón, entre la operación Chamartín y los crecimientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, entre la urbanización de los nuevos desarrollos de Vicálvaro y las inundaciones en Coslada… son ilustraciones de la forma accidentada de (no) hacer región a la que conduce la filosofía ultraliberal imperante.

Para cubrir la laguna que supone la inexistencia del Plan Regional y atajar los problemas subsiguientes se habrían de extremar las negociaciones con los

SSLos PGOU condicionan el funcionamiento de la ciudad, desde la actividad económica hasta el transporte o la calidad del aire depósito y absorción de los residuos.

En 2005, la huella de la Comunidad de Madrid subía a más de 6 hectáreas por

5 Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, Ministerio de Medio Ambiente, marzo de 2007. En www. bcnecologia.net/documentos/libroverde.pdf.

6 Rees, Willian S.: “Indicadores territoriales de sustentabilidad”, revista Ecología Política, nº 12, Barcelona, 1996.

Foto Archivo COVIJO.

7 En Análisis de la huella ecológica de España, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2008.

Según este estudio, la madrileña era la comunidad autónoma con mayor déficit ecológico.

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paradigmático: la ciudad difusa mata la posibilidad misma de las tiendas de barrio y, en su lugar, demanda grandes superficies accesibles en vehículo privado. Los tejidos compactos facilitan la cercanía y el contacto, aportan densidad, esto es, la materia prima para promover dotaciones locales. El PG, a nuestro juicio, debería limitar severamente las tipologías edificatorias de baja intensidad en los supuestos de nueva construcción. Esta propuesta, en modo alguno, es extensible a las colonias y barrios ya existentes de hotelitos, casas bajas y unifamiliares que, en su mayoría, debieran ser sometidas a una cláusula de protección.

ayuntamientos vecinos afectados, así como con la propia Administración de la Comunidad de Madrid.

Ciudad sostenible: compacta El suelo es un bien escaso, por ello es prioritario preservarlo, al tiempo que se debe optimizar el uso del suelo ya incorporado al hecho urbano.

El modelo de la ciudad difusa, tan en boga en los últimos años, es una trituradora de terreno virgen. Se basa en la colonización del campo, la promoción de chalet aislados y adosados y el automóvil. Esta suerte de construcción horizontal tiene un impacto medioambiental muy superior al de la ciudad tradicional. El bucolismo de las clases medias es un lujo que sale muy caro, pues la dispersión hace inviable generar equipamientos y servicios públicos de proximidad. El ejemplo del comercio es

Por otra parte, en Madrid, en el interior de la ciudad consolidada, se contabiliza una enorme superficie de terreno sin uso o infrautilizado: descampados, edificios privados (antiguas fábricas, galerías comerciales, transformadores eléctricos…) y públicos (mercados, antiguas dependencias, instalaciones al aire libre…), solares, cuarteles, cocheras del metro, suelos de ADIF, locales comerciales en planta baja, aparcamientos en el subsuelo cerrados porque no cumplen la normativa en muchos de los poblados resultantes de la remodelación de barrios… En los polígonos de bloque abierto (la mayoría de los barrios de los años 50, 60 y 70), la suma de los interbloques abarca una gran cantidad de suelo, una proporción muy alta del cual son zonas terrizas, depósitos de cosas variopintas (materiales, muebles abandonados, basuras…), aparcamiento de vehículos, fondos de saco…

La vuelta sobre esos espacios a fin de, según los casos, ponerlos nuevamente en uso o procurarles una utilización plena o, incluso, aportarles una función acorde

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con su ubicación8 debería constituir una de las líneas estratégicas del nuevo PG. Cada una de esas piezas conforma un área de oportunidad en tanto permiten la reutilización y, en consecuencia, restan presión sobre los terrenos no urbanizados. Con frecuencia, dichos espacios y construcciones configuran trozos de enorme degradación paisajística, ambiental y social e incluso son focos de una acusada inseguridad ciudadana. Así pues, la reutilización ofrece una segunda oportunidad, toda vez que permite la recualificación de la escena urbana y la densificación y articulación del tejido de actividades económicas y de otro tipo.

Unas veces en barrios sobresaturados estas áreas son idóneas para encauzar operaciones de esponjamiento y apertura de espacios libres, sean zonas verdes, sean zonas estanciales; otras veces, su puesta en valor permite cubrir los déficit dotacionales o impulsar la creación de áreas de centralidad o localizar motores del desarrollo endógeno.

SS Ante la falta de un Plan Regional de Estrategia Territorial, el Ayuntamiento habría de negociar con la Comunidad para armonizar el planeamiento Esta estrategia de recuperación la proponemos en base a argumentos puramente urbanísticos y desde la perspectiva de la

8 Por ejemplo, ¿cuál es la función de los cuarteles en el interior de la ciudad? Su ubicación central difícilmente se puede justificar por razones de la defensa nacional.

mejora de la sostenibilidad de la ciudad.

Nos manifestamos, por tanto, en contra de las operaciones cuyo único o principal móvil es la recaudación para unas arcas públicas diezmadas. El ejemplo de la cárcel de Carabanchel es bastante ilustrativo: se antepone la promoción de viviendas al desarrollo de un programa de mejora dotacional y de homenaje y recuerdo a las víctimas de la represión franquista. Tal vez ningún ejemplo tan descarado como la operación Chamartín, donde la mayor parte de las plusvalías esperadas se le conceden a una empresa propiedad del BBVA y de la constructora San José. En sendos casos, el resultado final no es la mejora de la compacidad, sino el incremento de la densidad en dos ámbitos ya saturados.

Cuestión aparte es la existencia de viviendas vacías. En Madrid hay más de 200.000 unidades sin residentes, más otro buen número de segundas residencias. “Casas sin gente y gentes sin casa”. El parque desocupado forma un nicho potencial de oferta de alquiler. Su movilización debería

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Foto Oscar González.

ser una prioridad indiscutible, tanto del PG como de la política de vivienda de las diferentes administraciones públicas. Para ello se ha de contemplar la aplicación, de un lado, de medidas que encarezcan el no uso: el recargo del IBI correspondiente es una de las fórmulas más obvias, especialmente cuando la posibilidad está contemplada en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pendiente de desarrollo reglamentario.

De otro lado, la aplicación de medidas que animen a los propietarios a sacarlas al mercado: en tal sentido, las sociedades públicas de alquiler han mostrado su eficacia. Mucho más allá del alcance del PGOUM, en el supuesto de que la política de combinar el palo y la zanahoria no diera resultados significativos, también cabría abordar este asunto regulando mediante ley una figura del tipo de la expropiación temporal del usufructo: durante el tiempo que el propietario la vaya a tener vacía, la vivienda sería gestionada por la sociedad municipal de alquiler.

Hablando de recualificación de las áreas degradadas, es evidente que una de las actuaciones estrella en los próximos años ha de ser la ordenación de la Cañada Real.

Tres son los asuntos prioritarios a resolver: la erradicación del chabolismo, el realojo in situ de las familias afectadas conforme a las demandas que la población residente viene expresando, y el desarrollo de un plan especial de dotación de infraestructuras y equipamientos colectivos.

rentes. El modelo contrasta vivamente con el urbanismo imperante anclado en la zonificación o la división del plano en áreas homogéneas desde el punto de vista funcional y la segregación espacial de la población según las características socioeconómicas o el estatus social.

De ahí la dualización y fragmentación de las grandes urbes como Madrid y la materialización de procesos de elitización o gentrificación de unos ámbitos y la guetización de otros: la formación, dicho de manera muy simplificada, de barrios ricos y de barrios pobres.

Al contrario, abogamos, en el marco de una sociedad más justa e igualitaria, por una ciudad no jerarquizada, sino formada por barrios en los que convivan, incluso en los mismos edificios, de un lado, los usos, en particular los residenciales con los dotacionales y con las actividades económicas (excluidas obviamente las molestas, tóxicas o peligrosas) y, de otro lado, las personas con niveles de vida diferentes, en distintas etapas del ciclo de vida, encuadradas en familias inscritas en un cuadro variopinto de modelos, pertenecientes a nacionalidades diversas...

Ciudad sostenible: compleja y equilibrada

La idea fuerza de la complejidad, así pues, la aporta la mezcla. La mezcla social constituye la primera dimensión relevante. El objetivo es huir de la formación de guetos o de áreas residenciales muy homogéneas sobre alguno de los tres vectores que siguen: estructura social (barrios marcadamente clasistas), edad (barrios con pirámides de edad muy envejecidas) y origen/nacionalidad (barrios de inmigrantes extranjeros).

La complejidad es una característica básica del modelo de la ciudad mediterránea.

Por ella entendemos la mezcla de usos y funciones y de personas y actores dife-

El mercado de la vivienda suele operar como un filtro muy eficaz, pero también puede ser un factor de variedad. Los precios y las rentas de alquiler seleccionan

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la población; de igual modo que la estructura social influye sobre ambos, deprimiéndolos en barrios deteriorados y tirando hacia arriba en los barrios privilegiados. También hace la función de filtro el abanico de características del parque: por ejemplo, la población senil requiere una superficie menor que la población formada por los matrimonios de mediana edad que conviven con hijos.

Asimismo, el régimen de tenencia es otro factor que facilita o dificulta la mezcla: el alquiler permite una mayor rotación de la ocupación, acomodándola a las circunstancias de las familias (por ejemplo, para reducir la distancia al lugar de trabajo o al colegio de los niños, para adecuar el

SS El uso de terrenos abandonados permite abrir espacios libres, cubrir déficit dotacionales o localizar motores de desarrollo endógeno alojamiento al ciclo de vida…). A fin de reducir el fenómeno de la segregación, el PG debe incidir en el mercado. Puede hacerlo dadas sus muchas competencias y su capacidad para influir, de un modo u otro, sobre los precios, las superficies, el régimen de tenencia…

La mezcla funcional constituye la segunda dimensión. Defendemos la preservación de las cada vez menos áreas industriales existentes. En el juego de los llamados usos pobres y usos ricos del suelo, las actividades industriales han caído en el lado de los primeros, por lo que en las últimas décadas, especialmente en los

años de las burbujas inmobiliarias, han sido desplazadas fuera de la ciudad. En su día, criticamos al PG de 1997 porque desprotegía la industria madrileña y exigimos una normativa, en este punto, conservadora9. Hoy, a nuestro juicio, buena parte del discurso que mantuvimos sigue siendo válido.

En los últimos años se ha llevado a cabo la descentralización de parte del terciario antes localizado en el interior de la M-30.

Han surgido, vinculadas a la red de gran capacidad de tráfico (A-1, A-6, A-2, Campo de la Naciones…), potentes áreas terciarias.

El distrito C de Telefónica en Las Tablas o la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte son dos ejemplos muy representativos. También se cuentan algunos sonoros fracasos como el de la pretenciosa ciudad de la justicia en Valdebebas.

A estos procesos se añade la proliferación en las afueras de grandes superficies comerciales. El urbanismo oficial dirá que así se ha difundido la centralidad. Sin embargo, estos movimientos son más de lo mismo.

La ciudad no gana en complejidad ni se reequilibra porque se haga un segundo Azca fuera de la M-40, sino todo lo contrario.

Foto Sarah Bienzobas.

En este punto hemos de hacer dos consideraciones. Primera: el reequilibrio requiere añadir valor allí donde existe un déficit del mismo. De tal modo, la difusión de la centralidad exige llevar las actividades con más capacidad de impactar positivamente sobre el entorno y generar dinámicas de transformación al sur y este de la capital, a los distritos de San Blas,

9 En concreto, entonces exigimos que la norma zonal 9 fuera proteccionista y, por tanto, que fuera restrictiva en cuanto a la regulación de la compatibilidad de los usos industriales con otros usos, los supuestos de sustitución en los polígonos y las tipologías edificatorias permitidas.

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financieras, aseguradoras, inmobiliarias, gestorías…) se localiza en la planta baja de los edificios de vivienda o en construcciones en hilera exentas de una planta, formando en ambos casos ejes lineales o concentraciones que definen plazas, corredores y calles principales. El tejido se completa con otras tres tipologías: las galerías comerciales y mercados municipales, los centros comerciales pilotados por una gran superficie y los supermercados en edificio aislado o en planta baja. La competencia de las dos últimas categorías viene arrasando el tejido de los barrios, proceso solo atenuado gracias a la proliferación del llamado comercio étnico.

Vicálvaro, las dos Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel y Latina. En tal sentido, por ejemplo, consideramos que debe ser una prioridad la materialización del polígono tecnológico de Villaverde.

Segunda: visto desde la sostenibilidad de la ciudad, no basta con llevar al sur y este tales o cuales actividades, sino que también se habrá de buscar la mezcla de usos, concretamente en las zonas residenciales.

En este punto, la evolución observada en las últimas décadas es bastante negativa, agravada, ahora, por la elevada mortandad causada por la crisis económica.

Buena parte del tejido económico de la mayoría de los barrios de Madrid es muy sucinto, excepción hecha de los ámbitos céntricos tradicionales. Aquel se acumula en el terciario de proximidad: la venta minorista, la restauración y las oficinas de todo tipo (agencias de viajes, entidades

La revitalización del tejido local exige políticas muy distintas a las que se vienen impulsando: en particular, pasan por apoyar su competitividad. El PG debería aportar su granito a ese objetivo.

Sugerimos, al respecto, entre otras, tres actuaciones: • El fomento de los centros comerciales abiertos: la agrupación del tejido local a fin de centralizar las compras, gestionar de manera conjunta determinados servicios, unificar la imagen, mantener los espacios comunes…

• La potenciación de los ejes locales: mejora de la urbanización, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano, calmado del tráfico o peatonalización…

• La creación de viveros horizontales: aprovechando la existencia de numerosos locales vacíos, desarrollo de programas para proporcionar sede a los emprendedores (personas que crean su propio empleo, bien como trabajadores por cuenta propia, bien asociándose en cooperativas o similares).

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El tejido de actividades de los barrios se ha de enriquecer, además, con la oferta pública de equipamientos y servicios.

SS El bucolismo de las clases medias es un lujo que sale caro, pues la dispersión hace inviable los equipamientos y servicios públicos de proximidad Madrid es una urbe que cuenta con un amplio abanico de grandes dotaciones, incluso de ámbito regional y nacional, aun cuando, con demasiada frecuencia, tienen una utilización escasa (p. ej., la Caja Mágica, el Museo de la Ciudad, la plaza de toros de Ventas o el Madrid Arena). Sin embargo, la red local (de barrio y distrito) está francamente subequipada: de ahí la sistemática y continuada exigencia de las asociaciones vecinales en materia de escuelas

infantiles, bibliotecas, casas de oficio, centros de día, centros de salud, centros juveniles, instalaciones deportivas... El Plan General, en nuestra opinión, debiera marcarse como una de sus prioridades la ejecución en los próximos años de un gran programa de equipamiento de los barrios. El mismo, por otra parte, además de la dimensión meramente funcional (rellenar los déficit existentes), se ha de enlazar con la capacidad de los equipamientos para generar centralidad, nodos, focos de atracción de gente y puntos de encuentro. Esa posibilidad es tanto más interesante si pueden operar como motores de la actividad en un área, esto es, dinamizar el entorno.

En términos de la complejidad de un barrio, asimismo, hemos de considerar otro sector de actividad, como es el de las organizaciones sin ánimo de lucro y la suma de entidades u otras expresiones asociativas sin personalidad jurídica. Ambas conforman el tejido social de la ciudad: asociaciones vecinales, juveniles, culturales, deportivas,

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de comerciantes, de mayores, peñas…

Desde el PG cabe plantear dos líneas de acción para fomentar el sector: procurar espacio para localizar las sedes sociales y para celebrar las reunionesencuentros y apoyar su iniciativa y capacidad de gestión. A este respecto, piénsese en dos ejemplos: 1) los huertos urbanos creados por grupos de vecinos y vecinas, que hoy se mueven en la alegalidad, pero cuyo impulso requiere la existencia de normativas específicas; y 2) la rehabilitación integral de la edificación en barrios deteriorados, así como la incorporación en los bloques y viviendas de medidas de ahorro y mejora de la eficiencia en los sectores del consumo energético y del consumo del agua, que pasan por el fortalecimiento de las comunidades de propietarios.

Ciudad sostenible: eficiente La aportación más significativa que se puede hacer a la mejora de los índices relativos a la huella ecológica y a la capacidad de carga de la ciudad es la

intervención sobre el metabolismo urbano. El objetivo es doble: reducir las entradas de materiales y energía y disminuir las salidas de residuos y emisiones contaminantes. Lo primero entraña más ahorro y más eficiencia en el empleo de los recursos y lo segundo, a su vez, supone cerrar los ciclos de empleo de modo que aumenten muy significativamente la reutilización y el reciclaje. Veamos algunos vectores de acción: Las zonas verdes desempeñan un abanico de funciones cruciales. La biológica, como reductor de la contaminación atmosférica: limpia el aire, absorbe el dióxido de carbono, devuelve oxigeno, fija los óxidos de azufre, atenúa los niveles de ruido… La función climática suaviza los cambios de temperatura, ayuda a combatir el fenómeno de la isla de calor, retiene la humedad, mitiga el viento… La función psicológica y social conforma las mejores condiciones para crear itinerarios peatonales y para crear parajes para la estancia, el juego y el deporte al aire libre y para el encuentro

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en el tiempo de ocio. La función paisajística colorea la ciudad, recualifica las áreas degradadas, suaviza las perspectivas duras... Asimismo, la vegetación es esencial para luchar contra la erosión del suelo, proteger los taludes y laderas, prevenir los corrimientos de tierra, evitar la escorrentía superficial, eliminar malos olores y, en su caso, generar espacios aromáticos, promover la biodiversidad de la fauna, alojar la población avícola y crear ambientes sonoros agradables… Después de décadas de urbanismo higienista negándola y enterrándola bajo el pavimento o ideando bucólicos retornos al campo en la ciudad difusa nos encontramos que “bajo el asfalto está el huerto”. Por todo ello, consideramos que el PG ha

SSEs necesario movilizar las más de 200.000 viviendas vacías de Madrid con medidas que encarezcan el no uso y animen el alquiler de incorporar al cuadro de actuaciones las siguientes: • Terminación, en breve plazo, de los parques de O´Donnell, La Gavia, Valdebebas, Casa de Campo del Norte…

• Máxima protección de El Pardo frente a la decisión del Gobierno regional de cerrar la M-50 abriendo un túnel bajo aquel.

• Mantenimiento del verde existente, acompañado por la ejecución de

actuaciones correctoras de gran calado. Así, en los parques urbanos y periurbanos: reparación de las obras de fábrica, dotación de mobiliario y alumbrado, reducción de superficies pavimentadas, riego con agua regenerada y aprovechamiento de las pluviales, tratamiento de las pendientes, vegetación de zonas terrizas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de los accesos, enterramiento de los tendidos eléctricos, atenuación de los ruidos generados por las infraestructuras próximas…

• Reposición del verde eliminado (o evitada su formación) por una excesiva pavimentación o incluso, sin pavimentación, por la impermeabilización del suelo debida a la compactación.

• Vegetación de las zonas terrizas y descampados, que en algunos barrios periféricos (sobre todo los de bloque abierto) suponen proporciones muy altas del total del espacio libre de edificación.

• Extensión y animación de la iniciativa ciudadana, que poco a poco se está abriendo camino en la creación y cuidado de los huertos urbanos.

• Adecuación del verde existente (y la aplicación en las áreas verdes de nueva creación) a criterios de diseño más acordes con las características del clima madrileño y las peculiaridades de los terrenos y de la vegetación autóctona. Entre otros criterios es prioritaria la reducción de las superficies de pradera o césped por su elevado consumo de agua, proponiendo en su lugar otras soluciones tales como los acolchados

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de terrenos, el empleo de plantas tapizantes y rastreras, la plantación de arbustos.

eléctrica y calórica a partir del sol y de las basuras domésticas. Así, el PG debe impulsar:

En cuanto al ciclo del agua es esencial lograr la reducción del consumo, sobre todo de agua potable, y la disminución del volumen de aguas residuales enviadas a las estaciones depuradoras. Para ello es necesario aumentar la cantidad de las aguas grises regeneradas en las viviendas y en las actividades económicas, optimizar el aprovechamiento del agua de lluvia, tanto en el espacio público como en los edificios, aminorar el volumen que se pierde en las conducciones y, desde luego, restringir severamente los usos suntuosos (piscinas particulares, campos de golf...). El

• La incorporación de medidas de ahorro y mejora de la eficiencia energética en los edificios (arquitectura bioclimática pasiva).

SS Una de las actuaciones

• La adecuación del alumbrado público.

“estrella” del nuevo plan debería ser la ordenación de la Cañada Real con el realojo in situ de las familias afectadas PG debiera, entre otras medidas, apoyar la plena aplicación de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid y promover que en el presupuesto anual del Ayuntamiento exista una partida destinada a subvencionar a los edificios residenciales existentes que incorporen medidas de ahorro y de mejora de la eficiencia en el consumo de agua.

La eficiencia energética se puede mejorar por un doble camino, disminuyendo el consumo y generando energía

• La instalación de dispositivos de captación de energías renovables (paneles solares…), compatibilizándolo –cuando sea posible– con la vegetación de las cubiertas.

• La orientación de los edificios de nueva construcción de manera que maximicen el aprovechamiento de la energía solar y la protección frente a los vientos fríos.

La regulación de los elementos que tienen incidencia en el microclima de los barrios (islas de calor), tales como la pavimentación, vegetación, interacción entre los edificios, aparatos de refrigeración, soleamiento y sombras en el espacio público…

El establecimiento de valores mínimos de suelo permeable, pavimentos con bajo poder de irradiación de los rayos solares…

La viabilidad de la instalación de plantas de producción a partir de las basuras urbanas.

En otro orden de cosas, el PG debe condicionar el tipo de materiales que se utiliza en las obras (rehabilitación, nueva construcción, urbanización…), requiriendo determinados porcentajes de empleo de materiales reciclados, restringiendo el

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uso de materiales tóxicos, estableciendo directrices respecto al destino de los materiales de demolición… Por esta vía se puede animar, por ejemplo, el consumo de ingredientes en cuya producción se emplea poca energía, que son duraderos, que se obtienen en localizaciones próximas (disminución de la energía usada en el transporte), la reutilización in situ de los materiales de derribo…

Respecto de la gestión de los residuos sólidos urbanos alumbramos dos objetivos fundamentales. De un lado, la maximización del aprovechamiento de los residuos domésticos y de los generados por las actividades económicas y ciudadanas: producción de energía in situ, reciclaje, reutilización. De otro, la ordenación del depósito, recogida y traslado a fin de minimizar las disfunciones sobre el medio: recogida neumática, soterramiento de los contenedores...

La reducción de la contaminación acústica y la atmosférica deben ser prioritarias.

El logro de este doble objetivo, en buena medida, depende de la estrategia sobre la movilidad. Por otra parte, consideramos igualmente que debe ser central la prevención de la contaminación electromagnética y, a tal fin, es trascendental que la normativa del PG incorpore el principio de precaución. Más en extenso: lo óptimo es eliminar las fuentes de daño y, cuando es imposible lograrlo, reducir al máximo el grado de agresividad sobre la salud humana y del medio natural; a la vez, cuando no existe evidencia científica suficiente del riesgo que entraña una acción o artefacto, como es el caso de las antenas de la telefonía móvil, se han de adoptar las medidas protectoras precisas mientras subsista la incertidumbre. Urge elaborar el mapa de ubicación de las antenas de telefonía móvil, señalar los lugares en que

la instalación está permitida y establecer las distancias respecto de centros escolares y centros hospitalarios.

Otro modelo de movilidad Pocas actuaciones pueden alcanzar tanta eficacia sobre el objetivo de la sostenibilidad urbana como las relativas a la implantación de un modelo de movilidad no congestiva. Las propuestas precedentes dirigidas a hacer una ciudad compacta, equilibrada y eficiente son fundamentales para tejer dicho modelo y viceversa. La creación de proximidad permite reducir el número de desplazamientos y, sobre todo, reducir el número de viajes en medios mecánicos, transvasándolos a los movimientos a pie y en bici.

Una parte muy significativa del plan de movilidad sostenible atañe a ámbitos temáticos ajenos al planeamiento urbanís-

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mecánicas en todas las estaciones de metro y de Cercanías, la integración del Cercanías en el Consorcio Regional de Transportes, la obligación de los promotores inmobiliarios de los nuevos barrios a financiar todo o parte del coste de llevar el metro hasta ellos, la mejora de las marquesinas del autobús...

Foto FRAVM.

tico: código de la circulación, fiscalidad, política tarifaria del transporte público, jornadas laborales, horarios escolares…

No obstante, desde el PG sí es posible elaborar una estrategia de movilidad ambiciosa. En las líneas que siguen recogemos algunas propuestas al respecto.

Sin duda, el núcleo central de la estrategia consiste en el fomento del transporte público. En tal sentido, algunas actuaciones prioritarias deben ser: el trazado de una segunda circular de metro que una los barrios periféricos (Vallecas, Vicálvaro, San Blas, Hortaleza…), la ampliación de la capacidad de la red de aparcamientos disuasorios asociados a las estaciones de Cercanías en los municipios metropolitanos y a las cabeceras de las líneas del metro más allá de la M-40, la creación de los carriles bus reservados en las radiales, el desarrollo de un programa de instalación de ascensores y escaleras

Otra vertiente de la estrategia de la movilidad sostenible habría de ser la reorganización de la ciudad en supermanzanas, delimitadas por el viario básico o principal de cada barrio. Sobre este viario se canalizarían los tráficos de paso, los accesos y el enlace con el resto de la ciudad, el transporte colectivo de superficie… El objetivo sería la paulatina devolución al peatón del interior de las supermanzanas mediante la transformación de las mismas en áreas de coexistencia, en las que conviven el coche, la bici y los desplazamientos a pie. El cierre parcial de la red secundaria, unas veces, se podrá determinar mediante medidas coercitivas (barreras, pivotes abatibles,

SSPara huir de la formación de guetos, se debe promover la mezcla social en torno a la estructura social, la edad y el origen prohibición del tráfico de no residentes…), en la dirección más o menos de las áreas de prioridad residencial (APR), y otras veces, mediante el rediseño de las calzadas (estrechamiento de las zonas de rodadura y ampliación de las aceras, calles de sección única…) y, sobre todo,

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el rediseño de los sentidos de circulación buscando el efecto desincentivador y la limitación de velocidad a 10-20 Km/h.

El salto del modelo actual al nuevo habría de hacerse con sumo cuidado. Entre otras dificultades para la implantación de aquel, habría que sortear dos particularmente complejas. De un lado, el eventual colapso de la red básica debido al trasvase de tráficos desde la red secundaria y la deslegitimación ante la opinión pública, sea por una gestión inepta, sea porque el proceso produce víctimas (reales o supuestas), o sea, actores o personas cuyos intereses o bienestar resultan dañados en alguna forma.

Respecto de la segunda dificultad, tememos que una fuente previsible de conflictos sería la supresión de plazas de aparcamiento en superficie en tanto que obligaría a las familias a incurrir en inversiones considerables para promover plazas en el subsuelo. Probablemente, sin embargo, no deba ser una prioridad sacar el aparcamiento de residentes del interior de las supermanzanas. Por lo demás, cuando no quepa otra posibilidad para vencer las resistencias, además de la creación de discurso al respecto, sería oportuna la implicación del Ayuntamiento mediante la concesión de subvenciones y, en su caso, la aplicación de bonificaciones en impuestos como el ICIO. En todo caso, siempre que el ancho de la calzada y el volumen del tráfico lo permitan, una buena opción es la reordenación del aparcamiento en las vías básicas mediante la conversión de las plazas lineales en plazas en batería o, incluso, en vías de cuatro carriles, reduciéndolos a dos.

En la estrategia de la movilidad sostenible, sin duda, el sujeto central es el peatón. El espacio público (libre de edificación, distinto de la calzada) se

ha de recorrer a pie o a lo sumo en bici. Como mucho, el coche puede coexistir en dicho espacio, pero dentro de unos condicionantes estrictos y bien definidos respecto del horario, el límite de velocidad (10-20 Km/h), las reglas de preferencia de paso… Los desplazamientos a pie se hacen por muy distintos motivos: trabajo, compras, colegio, médico, visitas… También, sencillamente por disfrute, paseo. En realidad, en las ciudades se camina mucho y lo hace mucha gente. Muy probablemente se caminaría más, bastante más aún, si el modelo urbano fuera más compacto y complejo, en tanto ambas características son generadoras de proximidad, y si

SS Consolidar las áreas industriales en el interior de la ciudad permitiría generar dinámicas de transformación en los distritos más desfavorecidos la calle fuera más adecuada, apta para el viaje a pie en términos de comodidad, seguridad, funcionalidad…

El espacio de, por y para el peatón, sea cual sea el motivo del desplazamiento, debiera estar diseñado con mimo. Los itinerarios peatonales por excelencia no deben ser, a modo de reservas indias, las áreas acotadas en el centro histórico para solaz de los turistas. En tal sentido, un itinerario peatonal para merecer el aprobado debe cumplir unos requisitos tales como una anchura mínima que permita el ir y venir; los cambios de rasante se han de salvar con escaleras, dotadas de baran-

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dillas en los laterales, y con rampas con una pendiente moderada o, cuando no haya otra solución, aparatos elevadores; el pavimento debe ser antideslizante, sin irregularidades del relieve, preferentemente ejecutado con materiales porosos; debe existir el mobiliario urbano mínimo, así como iluminación nocturna; el arbolado debe ser el acompañante principal de los peatones, tanto porque crea sombra como porque es crucial para el dibujo del paisaje y la absorción del ruido del tráfico; los cruces con los vehículos, siempre que sea posible, se habrían de evitar y, cuando no sea posible eliminarlos, se habrían de subrayar mediante pasos de cebra elevados y semáforos...

Por lo que se refiere a la circulación en bici, el objetivo fundamental es lograr su completa normalización como un medio más de transporte, aparte su estatus, ya bien aceptado por la ciudadanía, como actividad de ocio y como actividad deportiva. La normalización tiene una doble vertiente: la integración de la bicicleta en la calzada en vías de poco tráfico y/o con límites restrictivos de velocidad y la segregación de la bicicleta en carriles específicos en vías de mucho tráfico y/o en las que las velocidades máximas hacen peligrosa la convivencia. También se ha de considerar que, hoy por hoy, recién se empieza a utilizar la bici como medio de transporte. Mientras no esté consolidada en ese estatus y mientras no exista una cultura ciudadana arraigada, la planificación urbanística ha de anteponer los aspectos relativos a la seguridad y la comodidad, pensando de manera prioritaria en los ciclistas poco habituados. Ello plantea unas exigencias en los circuitos que no se requerirían en situaciones más maduras. Además de la seguridad y la comodidad, la red

ciclista debe ser completa, al modo que lo es la red viaria, al objeto de permitir la continuidad en los desplazamientos.

No vale crear carriles aislados, sin conexión, que rompen los recorridos…

Por otra parte, entre las medidas de fomento del uso de la bici como medio de transporte contemplamos: la creación de aparcabicis en edificios oficiales, centros de enseñanza, bibliotecas, instalaciones deportivas, ejes comerciales, grandes superficies, áreas de entretenimiento, interiores de las manzanas… Las áreas pueden estar en la calzada u otros espacios reservados. Estos son especialmente importantes asociados a las estaciones

SS En la estrategia de movilidad sostenible, el sujeto central es el peatón: el espacio público se ha de recorrer a pie o, a lo sumo, en bici de Metro y del Cercanías y en los intercambiadores de transporte, pudiendo ser algo más que simples aparcabicis, como los biceberg, instalaciones automáticas bajo rasante, con capacidad para alojar hasta un centenar de bicis. También las hileras de bicis aparcadas en batería bajo un cobertizo que las resguarde de la lluvia y con una somera vigilancia (cámaras…) para evitar robos y actos vandálicos. Otra medida, poco costosa, pero que incomprensiblemente no acaba de cuajar es la regulación del acceso de las bicis al metro, tren y autobuses, de forma que sea posible el uso combinado de esta con aquellos.

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SSPara viejos militantes y nuevas activi

El kit de la lucha en Internet para viejos militantes y nuevas activistas Internet ha engendrado identidades, formas de acción política, comunidades y modelos organizativos que se salen de la lógica del activismo clásico, algunos de cuyos exponentes siguen considerando la Red, de forma errónea, como una neotelevisión.

Experiencias como WikiLeaks, Anonymous o Hacktivistas nos invitan a reflexionar sobre nuevas herramientas y horizontes de lucha.

Margarita Padilla, ingeniera informática y cofundadora de sindominio.net, aprendió GNU/Linux y los usos sociales y políticos de las nuevas tecnologías en centros sociales okupados, algo que en la Universidad nunca le enseñaron1.

I

nternet es un asunto de gran complejidad política. La Red aparece como el sueño de la “participación” elevado a la máxima potencia, solo que esta “participación” es irrepresentable e ingobernable. Va por libre.

Irrepresentable e ingobernable significa que no funciona exactamente según las reglas de las viejas democracias capitalistas ni de sus resistencias. En este marco, todo uso instrumental de Internet está condenado de antemano al fracaso y no perdona a los que quieren convertirla en una nueva televisión, 1

1 Una versión completa de este artículo fue publicada en la revista de Espai en Blanc nº9-10-11 con el título “El impasse de lo político” (http://www.espaienblanc. net/-revista-de-Espai-en-Blanc-no-9-10-.html). El texto sirve de base de un libro de la misma autora que, editado por Traficantes de Sueños, verá la luz próximamente bajo Licencia CC Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

por más que esta televisión sintonice el canal de la denuncia radical. El kit del militante debe reforzarse hoy con nuevos conocimientos, tan políticos como en su día lo fueron los cursos de alfabetización entre los círculos obreros, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son las herramientas, las habilidades y las prácticas idóneas para la lucha en Internet.

Todo ello, sin abandonarnos a la fascinación de la novedad tecnológica. Tratemos de abordar, por tanto, la cuestión (crucial) de qué es luchar y de cuál debe ser el papel de los/as militantes en una Red en la que no rigen (solo) las lógicas del viejo mundo.

Hagámoslo a través de fenómenos como WikiLeaks, Anonymous, Hacktivistas o la lucha contra la ley Sinde.

WikiLeaks El 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks filtra a la prensa internacional una

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nuevas activistas

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colección de 251.187 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense y sus embajadas por todo el mundo. Es la mayor filtración de documentos secretos de la historia, que afectan a un gran número de países, entre ellos España. Lo que ocurre a continuación es de sobra conocido: las empresas Amazon, EveryDNS, MasterCard y Paypal dejaron

SS A pesar de su centralismo, WikiLeaks es una tremenda apuesta por la Red que ofrece un modelo que puede proliferar: WikiLeaks locales, de barrio... de dar servicio a WikiLeaks, lo que en la práctica suponía eliminar su existencia en Internet, o al menos intentarlo.

La opinión pública se echa las manos a la cabeza: los cables filtrados por WikiLeaks muestran que los gobiernos gobiernan a base de secretos y encubrimientos a la ciudadanía. Y la respuesta de aquellos no es otra que aliarse con los gigantes económicos y tumbar su web sin ninguna orden judicial. Esto supone un ataque tan grande a la libertad de expresión que hace tambalearse todo el Estado de derecho.

Confusión deliberada y dispositivos inacabados ¿Por qué estos ataques a WikiLeaks? ¿Es que WikiLeaks es antisistema? Ciertamente no, pero tampoco es el sistema.

En WikiLeaks no hay nada antisistema,

aunque sea una bomba para el sistema. Su meta es profundizar la libertad de expresión. Su programa es liberal: no importan las ideas, sino la libertad para expresarlas (aunque en WikiLeaks en realidad no se expresan ideas, sino que se ofrecen datos que les dan sentido). Su aparataje es mainstream (Amazon, PayPal, Visa, MasterCard, la banca suiza, etc.) y sus aliados, grandes grupos de comunicación (The Guardian, The New York Times, Le Monde, El País y Der Spiegel llegaron a un acuerdo con WikiLeaks para difundir sus cables en primicia).

La paradoja de desafiar al sistema jugando con las reglas del propio sistema se repite en la personalidad escurridiza de Julian Assange: un personaje que mola y no mola a la vez, que pagará con un coste personal muy alto su osadía y que condensa en primera persona todo lo que, desde la lógica tradicional, solo puede verse como contradicción: ¿Tenemos que defender a un tipo que se enfrenta a una acusación de violación? ¿WikiLeaks puede exigir transparencia operando desde el secreto? ¿Por qué se alía con periódicos que forman parte de las tramas de poder que quiere denunciar y les brinda el negocio de las exclusivas? ¿Tenemos que apoyar un proyecto centralizado y personalista?

Julian Assange mete en el kit del luchador la ambigüedad, la confusión deliberada, en tanto que no sabemos si es héroe o demonio. En tanto no sabemos a qué juega, de qué va. ¿Tiene sentido jugarse el físico por filtrar información, así en general, y “nada más”? Es de suponer que WikiLeaks analiza qué cables filtrar y en qué momento. Es de suponer que sus análisis están impregnados de una política. Pero

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esa política no es explícita: ofrece acceso neutral (lo mismo a izquierdas y derechas) a un bien inmaterial abundante: la información. Como información inacabada que es, distintos bloques o redes (de izquierdas, de derechas, y de todo lo demás) pueden construir distintos (e incluso antagónicos) significados para los cables. WikiLeaks hace abundante la información y renuncia a controlar los efectos de la misma. ¿Qué grupo de acción política haría una cosa semejante, tan política pero tan poco explícita?

SSUna de las respuestas contra los abusos de poder es el swarming, una forma de autoorganización en tiempo real A pesar de su centralismo, WikiLeaks es una tremenda apuesta por la Red. Ofrece un modelo que puede proliferar: WikiLeaks locales, WikiLeaks de barrio, WikiLeaks temáticos... Evidencia la importancia de los conocimientos técnicos y de los saberes profesionales que ponen en circulación desde periodistas o matemáticos hasta el soldado Bradley Manning.

Interpela el papel de las vanguardias y saca del kit del luchador los discursos totalmente plenos y acabados y el miedo a perder el control.

En recompensa por su apuesta por la Red, la gente de Internet ha apoyado a WikLeaks de dos maneras: con la creación de mirrors (sitios web espejo) y con ataques contra los que le han ata-

cado. Cada solidaridad, a su vez, es una acción inacabada que tomará sentido según la red por la que transite.

Anonymous y el discurso genérico El 6 de diciembre de 2010, en defensa de WikiLeaks, Anonymous lanza una Operation Payback (un ciberataque “Operación Venganza”) contra PostFinance y PayPal por su bloqueo a las cuentas de WikiLeaks. Anonymous explica que la #payback es contra las leyes del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), la censura en Internet y el copyright. WikiLeaks manifiesta que no está ni a favor ni en contra de los ataques cibernéticos en su defensa, pero que estos son la expresión de una parte de la opinión pública.

El 9 de diciembre Twitter cancela la cuenta de Anonymous y Facebook elimina la página de la Operation Payback. Un día después, Anonymous modifica su estrategia de ataques a las corporaciones que han bloqueado a WikiLeaks y, en su lucha digital para proteger la libertad de información en Internet, decide centrar sus esfuerzos en divulgar las filtraciones. ¿Cuál es el programa que organiza las acciones de Anonymous? Lo exponen en su famosa carta sobre su campaña en defensa de WikiLeaks: “Anonymous no es siempre el mismo grupo de personas. (…) Anonymous es una idea viva. Anonymous es una idea que puede ser editada, actualizada o cambiada a su antojo. No somos una organización terrorista como quieren hacerle creer los gobiernos, los demagogos y los medios de comunicación. En este momento Anonymous está centrado en una campaña pacífica para la Libertad de Expresión. Le pedimos al

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constante evolución técnica. Internet es capaz de conectar a todos. Cuando estamos conectados somos fuertes. Cuando somos fuertes, tenemos el poder. Cuando tenemos el poder somos capaces de hacer lo imposible. Es por esto que el Gobierno se está movilizando contra WikiLeaks.

Esto es lo que temen. Nunca se olvide de esto: temen nuestro poder cuando nos unimos”.

El mensaje es simple: libertad de expresión. ¿Demasiado simple? WikiLeaks define así su misión: “Los principios ge-

SSAnonymous no es una organización, no tiene estructura ni dirigentes. Es solo gente que actúa a su aire, muchas veces desde casa nerales en los que se basa nuestro trabajo son la defensa de la libertad de expresión y de publicación, la preservación de nuestra memoria histórica común y el apoyo de los derechos de todas las personas a crear una nueva historia. Estos principios derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Foto WouterVerhelst.

mundo que nos apoye, no por nosotros, sino por su propio beneficio. Cuando los gobiernos controlan la libertad, le están controlando a usted. Internet es el último bastión de la libertad en este mundo en

En la misma línea, el colectivo Hacktivistas, que ha tenido un papel muy activo en la campaña contra la ley Sinde española y en la lucha contra el ACTA, se autodefine como un espacio para “coordinar nuestras acciones a nivel global, debatir estrategias, compartir recursos y sincronizar movimientos de creación y resistencia hacia una sociedad libre con unas tecnologías libres”.

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“Libertad” es la palabra comodín que circula por unos y otros espacios. Una palabra clave genérica, pero quizás está todo tan claro que no se necesita más. En el lenguaje, los distintos grupos no parecen esforzarse mucho en desmarcarse unos de otros, a pesar de lo cual no hay hada de genérico. Cada experiencia es singular.

Hay diferencias, pero no hay bloques.

de películas, los videojuegos, los cómics y las charlas por IRC3 que ha sido calificado por algún medio como “la máquina del odio de Internet”, llena de “hackers con esteroides” y “terroristas caseros” no solo por sus bromas y humor negro sino también por sus ciberataques. En esta subcultura bizarra y oscura, cuya

¿Es más importante lo que se hace y cómo se hace que las palabras que se usan para hablar sobre ello? ¿El uso de palabras genéricas, comodín, sin marca (porque tienen todas las marcas) y por tanto anónimas (“derechos humanos”, “todos”, “gobiernos”, “libertad de expresión”, “protesta pacífica”, “sociedad libre”, “desobediencia civil”...) es una manera de sortear la crisis de palabras?2

SS WikiLeaks y Anonymous

Estas experiencias meten en el kit del luchador unas pocas palabras genéricas de uso común y sacan el lenguaje identitario con el que las líneas políticas buscan desmarcarse unas de otras.

actividad raya lo ilegal y lo socialmente reprobable y para la que no hay nada sagrado o prohibido (salvo la pornografía infantil), se va “enjambrando” gente que para defender la libertad en Internet necesita espacios temporales cambiantes donde ser completamente anónima. Son los anon.

Dinámicas de botellón En su carta, los Anonymous añaden: “Nuestro pasado no es nuestro presente.

Estamos aquí para luchar por todos”.

En efecto, su pasado no es su presente.

Anonymous surge de 4chan.org, un foro orientado a la publicación de imágenes en vez de texto, un sitio en Internet poblado de friquis adictos a las descargas

2 Lo que se llamó el fin de las ideologías es una crisis de palabras en la que todos utilizamos los mismos términos para problemas antagónicos. Daniel Blanchard, antiguo miembro de Socialisme ou Barbarie, ha hecho de la expresión “crisis de palabras” la clave para entender la relación entre el discurso crítico y lo real.

meten en el kit del luchador la capacidad de establecer alianzas monstruosas sin ofrecer por ello amistad a indeseables

A finales de 2007, mediante un vídeo los anon convocan un ataque a las webs de la Iglesia de la Cienciología, que estaba arruinando a una familia que se había salido de la secta. ¿Por qué van contra la Iglesia de la Cienciología? Porque, al no tener asambleas, su mejor herramienta para generar consensos es utilizar el consenso social ya establecido. Y, desde entonces, persiguen abusos de poder.

3 IRC: protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto que permite conversaciones o chat entre dos o más personas.

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Anonymous no es una organización, no tiene estructura ni dirigentes. Es solo gente que actúa a su aire, muchas veces desde casa, aunque a veces también autoconvocan acciones en la calle, como la protesta en Madrid en la gala de la entrega de los premios Goya 2011.

Sabemos mucho sobre cómo se organiza la gente cuando hay estabilidad. Pero ¿qué pasa cuando gran parte de la sociedad se convierte en un cúmulo de dispersiones de individuos móviles en espacios anónimos? ¿Cómo podemos comprender ahí la autoorganización?

Una de las respuestas es el swarm (enjambre). El swarming es una forma de autoorganización en tiempo real: personas y grupos que coordinan espontáneamente sus acciones sin darse ni recibir órdenes.

Se trata de un patrón de ataque: unidades dispersas de una red de pequeñas fuerzas (y quizás algunas grandes) convergen en un mismo blanco desde direcciones múltiples. El objetivo primordial consiste en mantener presión sostenida. Las redes de swarm deben ser capaces de unirse rápida y ágilmente contra un mismo objetivo (nodos autónomos e inteligentes), y después romperse y dispersarse, pero quedar preparadas para reagruparse y emprender una nueva presión. Es una autoorganización en tiempo real que parece surgir de la nada, pero que es reconocible porque se mueve de una forma más o menos rítmica.

En la Indianopedia de Las Indias Electrónicas4 se diferencia entre guerra, el paradigma de la lucha militante, y swarming, una forma específica del conflicto,

4 http://lasindias.net/indianopedia

multiagente y multicanal, que se asocia a formas de resistencia civil más o menos no violenta. Para los estudiosos de este patrón y para las interpretaciones mercantiles, los elementos clave del swarm son la comunicación y la información.

Los teléfonos móviles e Internet permiten generar redes de contacto casi instantá-

SSPara Stallman, las protestas de Anonymous en apoyo a WikiLeaks son el equivalente en Internet de una manifestación multitudinaria neas, y tanto las redes sociales como los blogs han facilitado este proceso enormemente. Información y comunicación serían las claves de estas “dinámicas de botellón”.

El swarming mete en el kit del luchador la conectividad alta, el entrenamiento para mantener microcomunicaciones asiduas, y la acción ágil en tiempo real.

Alianzas monstruosas En un blog de rpp.com.pe5, alguien que dice haber estado en Anonymous escribe: “Los anonymous dicen que están luchando por la libertad en Internet, hecho que apoyo desde este blog. Sin embargo, yo sé que detrás de toda esta lucha la motivación real

5 http://blogs.rpp.com.pe/technovida/2010/12/09/%C2%B Fquienes-son-los-anonymous-mis-experiencias-en-4chan/

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Foto Sarah Bienzobas.

es hacer algo ‘épico’, inspirado en películas como El club de la lucha o V de vendetta.

Me parece que los anonymous se ven a sí mismos como los antihéroes del mundo cibernético. Y aunque muchos piensen que los cómics, las series de televisión, las películas de ciencia ficción son cosas de niños, presten más atención, porque detrás de todo esto hay una gran carga política, la cual pregona la lucha por la libertad.

“Los anonymous no son los chicos buenos de la película. Como en El club de la lucha, siguen sus vidas normales pero tienen otra vida oculta, en la que luchan desde la oscuridad. Es gente que muy a pesar de estar batallando a favor de un ideal, en el fondo se están divirtiendo más que nadie con todo esto. Es como la película que siempre quisieron vivir, ahora son más fuertes que hace años y, lo más importante, los medios les estamos prestando atención a sus acciones”.

¡La industria del entretenimiento produciendo cómics, series de televisión y películas comerciales cuyas imágenes son reapropiadas para la lucha en contra de la propia industria! ¡Los anon enmascarados con la V de vendetta desgañitándose en la entrega de los Goya contra la industria cinematográfica6!

Leónidas Martín Saura se ha interesado por la potencia subversiva de las imágenes que produce la propia industria del entretenimiento7: películas, videoclips, anuncios publicitarios... Según este autor, hay acontecimientos que están

6 http://www.unalineasobreelmar.net/2011/02/14/ paisaje-sonoro-de-anonymous-en-los-goya/ 7 http://www.unalineasobreelmar. net/2010/11/16/¿nos-hacemos/

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a medio camino entre la imagen y el activismo: toman una imagen, la interpretan y actúan en consecuencia. En otras palabras, hacen existir la imagen.

En esos acontecimientos, el espectador no es una figura pasiva, sino que toma la imagen como un dispositivo inacabado

SS En el mundo físico, para impedir la venta de un libro hay que acudir a los tribunales. En el virtual, cualquier proveedor puede cerrar una web y la interpreta activamente. No solo la interpreta, sino que la malinterpreta y de esa “malinterpretación” surge una posibilidad de subversión.

Esa subversión pasa por identificarse completamente y sin distancia con algunas de las imágenes cliché que el mercado ofrece, por ejemplo, en películas como Matrix, Avatar o V de vendetta.

Esa identificación hace existir la imagen, atraviesa el cliché y sirve para crear efectos de reconocimiento y empatía, y para intercambiar afectos. El uso de esas imágenes aligera la seriedad de la política y trasciende los marcos de referencia clásicos (izquierda y derecha), haciéndolos más abiertos e incluyentes y ampliando el horizonte compartido.

Anonymous tiene amigos indeseables (la industria y sus imágenes épicomasculinas) y eso los convierte a ellos en indeseables (para otros): demasiada turbiedad, demasiadas impurezas, demasiada testosterona. Demasiada confusión

entre la gamberrada, la desobediencia civil y el “vandalismo” y los “disturbios” en Internet.

WikiLeaks y Anonymous meten en el kit del luchador la capacidad de alianzas monstruosas (con la prensa sesgada y claudicante, con la industria del cine...), lo cual no significa ofrecer amistad a cualquier indeseable. Cada alianza monstruosa tiene que permitir una “malinterpretación”.

Lo político se incrementa Desde el 23 de diciembre de 2010, en España los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) son delito. Pero Anonymous no es España.

Y además, más allá de la legalidad está el asunto de la legitimidad. Los que se oponen a este tipo de ataques sostienen argumentos éticos y tácticos: no se debe defender la libertad de expresión atacando la libertad de expresión de otros; los ataques pueden provocar una mayor y peor regulación de Internet y, sobre todo, criminalizan las causas que pretenden apoyar. La cuestión es dirimir si estos ataques son desobediencia civil o “vandalismo” y “disturbios” en Internet.

A propósito de esta polémica, el 17 de diciembre Richard Stallman, fundador del movimiento por el software libre, publicó en The Guardian un artículo8 a favor de la legitimidad de estas acciones: “Las protestas de Anonymous en la Red en apoyo a WikiLeaks son el equivalente en Internet de una manifestación multitudinaria. Se trata de gente

8 http://acuarelalibros.blogspot.com/2010/12/ anonymous-protestas-contra-el-gran.html

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que busca una forma de protestar en un espacio digital. Internet no puede funcionar si hay multitudes que bloquean las webs, de igual manera que una ciudad no puede funcionar si sus calles están siempre llenas de manifestantes.

Pero antes de precipitarse a pedir que castiguen a los que llevan a cabo estas protestas en la Red, hay que plantearse por qué protestan: en Internet, los usuarios no tienen derechos. Como ha demostrado el caso de WikiLeaks, lo que hacemos en la Red, lo hacemos mientras nos lo permiten.

“En el mundo físico, tenemos derecho a imprimir y vender libros. Si alguien quiere impedirlo, tiene que acudir a los tribunales. Sin embargo, para montar una web necesitamos adquirir un dominio a una empresa, un proveedor de servicios de Internet y a menudo una compañía de hosting; todas ellas pueden recibir presiones para cerrar nuestra web. En Estados Unidos, ninguna ley regula esta situación precaria. Es más,

SSNo es necesaria una Web

Foto Jon Sullivan.

El hilo argumental de Stallman es muy claro: en Internet no hay derechos ni garantías. Estamos en precario. Esto es lo que ha demostrado el caso WikiLeaks. Si un día PayPal decide cortar su contrato con Wikipedia, por poner un ejemplo, ya no podremos dar dinero a ese proyecto: lo que hacemos en la Red, lo hacemos mientras nos lo permiten.

situaciones excepcionales

Además, Stallman argumenta que “es un error denominar [a estas acciones] hacking (un juego de inteligencia y habilidad) o cracking (penetrar sistemas de seguridad). Tampoco se puede denominar a estas protestas como ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS)”.

existen contratos que estipulan que hemos autorizado a estas empresas a funcionar de esta manera como algo habitual. Es como si todos viviéramos en habitaciones alquiladas y los dueños pudieran desahuciarnos en cualquier momento”.

Para comprender por qué Stallman niega que estas acciones sean ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) tendríamos que entrar en detalles técnicos muy relevantes sobre qué hacen exactamente los anonymous desde sus ordenadores, algo que se escapa por completo del propósito de este texto. Richard Stallman mete en

2.0 alternativa, pero sí conviene contar con dispositivos para responder a

Foto Medialab Prado.

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Foto Medialab Prado.

Foto Medialab Prado.

el kit del luchador los conocimientos técnicos precisos y el detalle, ambos imprescindibles para comprender una acción (y argumentar a favor o en contra) cuando esta está mediada por la tecnología.

El plan B El asunto WikiLeaks es una película sobre cómo funcionan las cosas en Internet cuando hay estado de excepción: como en Internet no hay derechos, lo que hacemos lo hacemos mientras nos lo permiten (Amazon, EveryDNS, Visa, MasterCard, PayPal..., más los respectivos gobiernos).

La apuesta decidida de parte de la industria por la Web 2.0 (Google, Youtube, Facebook, Twitter, etc.) ha creado la ficción de que lo que hacemos ahora está garantizado. Falso. Está habiendo y habrá más estados de excepción. En los estados de excepción toman valor el software libre y las empresas con

orientación política (o con neutralidad política, lo cual ya es una orientación).

Es recurrente el debate sobre si se debería crear una Web 2.0 alternativa. Mi opinión es que no, puesto que la Web 2.0 no opera en la excepción sino en la normalidad (mezcla de distintos intereses políticos, industriales y sociales, muchas veces en alianzas monstruosas entre distintas formas de poder y distintos agenciamientos de emancipación y construcción subjetiva). En la normalidad no tiene sentido un Facebook alternativo sino un Facebook tal y como es: dispositivo inacabado e impuro. Pero tener ascensor en la vivienda y usarlo con normalidad no significa suprimir la escalera, que está para las excepciones (apagones, incendios...). El software libre y las empresas con orientación política son la escalera: algo que hay que cuidar y mantener en buen estado por si acaso, sabiendo que el “por si acaso” tarde o temprano llegará.

Durante la primavera árabe, el Gobierno de Egipto no apagó WikiLeaks: ¡apagó

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Internet entera! ¿Y qué hicieron los hackers activistas de fuera de Egipto? Si en Egipto hay teléfono, pensaron, sigue habiendo posibilidad de conectarse por módem (como se hacía antes del ADSL).

Los teléfonos modernos pueden funcionar como módems, pero hay que saber hacerlo. ¿Cómo podemos enseñar a los egipcios a conectarse a Internet por su teléfono móvil si no tenemos Internet para explicárselo? Por fax. Vamos a enviar fax masivos, indiscriminados, a todos los terminales de fax de Egipto posibles.

Es como tirar y distribuir masivamente una octavilla, solo que llega a los faxes, dijeron los hackers. Pero, ¿a dónde se van a conectar con sus móviles? se preguntaron. A unos servidores que hemos montado específicamente para esto, y que hemos convertido en proveedores de Internet. Pero las conexiones por teléfono tienen poco ancho de banda. ¿Van a servir para algo? Sí, si en lugar de utilizar entornos gráficos volvemos a la línea de comandos. Vamos a poner también en los fax las instrucciones

SS Cuando el Gobierno egipcio cortó la conexión a Internet en todo el país, hackers activistas montaron un dispositivo de emergencia alternativo para chatear por línea de comandos.

Ellos que nos digan por chat qué está pasando. Nosotros difundiremos eso y les explicaremos qué está pasando fuera. ¿Y no habrá represión? Anonimizaremos estas conexiones para que no pueda haberla, concluyeron.

Hackers activistas de todo el mundo pudieron montar en tiempo real este dispositivo de emergencia porque tienen cuatro cosas: conocimientos, recursos, autoorganización en tiempo real y un horizonte compartido.

Los hackers activistas meten en el kit del luchador el software libre, el conocimiento para aplicarlo, los recursos para implantarlo, todas las tecnologías habidas y por haber, por obsoletas que parezcan, la creatividad en tiempo real para combinarlo todo y un horizonte compartido que incluye a todos (en este caso a todos los egipcios), aunque alguno de ese “todos” sea indeseable.

Pero los conocimientos y los recursos no caen del cielo. Cuestan tiempo, dinero y voluntad. Muchos hackers activistas, como opción a su propia precariedad, están montado “empresas” con orientación política, como por ejemplo guifi.net u oiga.me.

Hacktivistas Hacktivistas es una plataforma tecnopolítica para el activismo en Internet que surge de la comunidad de hacklabs (laboratorios de hackers) en el Hackmeeting de 2008, justo cuando WikiLeaks filtra un documento del ACTA. El ACTA es una respuesta de la industria mundial al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global”. Aunque el ámbito del ACTA es amplio, e incluye desde la falsificación de bienes físicos a la “distribución en Internet y las tecnologías de la información”, es en Internet donde Hacktivistas (y muchos otros) ven venir el enésimo ataque de las corporaciones mun-

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diales de la industria del entretenimiento a las libertades de acceso a los bienes inmateriales. Y se autoorganizan para absorberlo.

Desde 2007, las negociaciones del ACTA se llevan en secreto, pero se sabe que el objetivo de la industria es que los gobiernos aprueben leyes a su favor. ¿Puede un grupo de chavales pensar que se va a enfrentar con éxito a la gran industria global? Bueno, los chavales no son tontos. Analizan la situación, interpretan el plan del adversario, prevén el curso de los acontecimientos, valoran las fuerzas propias y diseñan una estrategia y una táctica. ¿Qué van a hacer? Sitúan el ámbito de su lucha: España. El Gobierno de Zapatero está débil y debe favores al mundo de la cultura, que lo ha posicionado donde está (recordemos el “No a la guerra”). España va a asumir la presidencia de Europa en el primer semestre de 2010. En primer lugar, se trata de impedir que España apruebe leyes a favor de la industria del entretenimiento antes del 1 de enero de 2010. Y, en segundo lugar, se trata de impedir que España utilice la presidencia europea para colarlas en Europa.

Por estas fechas, aunque unas pocas noticias publicadas en prensa no son suficientes para demostrar esta trama, Hacktivistas tiene la seguridad de haber situado bien su estrategia. Ha sido en diciembre de 2010, con la filtración de los más de 250.000 cables en WikiLeaks, cuando se han hecho públicas las evidencias de que el Gobierno de los Estados Unidos ha estado presionando al Gobierno español para que aprobara leyes a favor de la industria (una de las cuales ha sido la ley Sinde).

Pero ¿qué podían hacer contra todo esto?

Iokese y apardo, hacktivistas, hablando de los inicios, me contaron: “Construimos

una red para luchar contra los gigantes.

Trazamos un plan a tres años. El plan no era vencer; sabíamos que no podíamos vencer. El plan era que cuando todas estas leyes se aprobaran estuvieran ya totalmente deslegitimadas y listas para la desobediencia social civil masiva. Y empezamos a trabajar como si pudiéramos conseguirlo”.

A día de hoy podemos decir que el plan ha sido un éxito: la ley Sinde tumbada varias veces y colada a finales de 2010,

SS Las acciones de Hacktivistas se anuncian con antelación.

Todo lo que hacen es legal, público y abierto. Sacan del kit del luchador el miedo totalmente deslegitimada antes de tener un reglamento. Entretanto, el ministro Molina se tiene que pirar, Xmailer contra Telecom, patadón a Redtel, etc.

Naturalmente, esto no se debe exclusivamente a la acción de Hacktivistas. Es la lucha de un movimiento social que cruza de la izquierda a la derecha, y viceversa, y que es capaz de alianzas monstruosas. Iokese y apardo cuentan: “Tuvimos que crear una conexión de confianza fuerte con otras redes estratégicas que nos iban a permitir llegar a donde nosotros no podríamos llegar. Somos buenos para la comunicación, la agitación y la organización de acciones rápidas y potentes. Pero hacen falta interlocutores, negociadores y otro tipo de actores sociales que sean capaces de tocar otras teclas. Nosotros no somos gente para ir a negociar a los ministerios. Para eso hay

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otros actores que lo pueden hacer mucho mejor. Y confiamos en ellos”.

Hacktivismo copyleft Hacktivistas se autodefine como hacktivismo copyleft. Esto significa abrir el código: en Hacktivistas todo es público y accesible.

La plataforma se coordina mediante una lista de correo electrónico a la que cualquier persona, literalmente cualquiera, puede suscribirse. De vez en cuando se celebran reuniones por IRC. En un wiki público9 se anotan las discusiones y los acuerdos. Con estos recursos online, más el trabajo de los grupos de afinidad y algunos encuentros presenciales, se analiza la situación y se organizan las campañas y las acciones.

Su actividad es incesante. Como muestra, mencionaremos el fake (falsificación) “Si eres legal, eres legal” y el Xmailer contra el paquete Telecom. En julio de 2008 se publicó en el BOE el concurso para la campaña del Ministerio de Cultura contra las redes P2P “Si eres legal, eres legal”, con un presupuesto de 1.948.000 €. La respuesta de Hacktivistas fue un google-bombing, método para colocar una página web en los primeros lugares en Google. Se diseñó una réplica, una página web paralela con contenido veraz y a favor de la cultura libre. Hacktivistas consiguió situar su página muy por encima de la del Ministerio de Cultura, de manera que cuanta más propaganda hacía el ministerio de su lema “Si eres legal, eres legal”, más visitas obtenía la página de la contracampaña en defensa de la cultura libre.¡Casi dos millones de euros de dinero público tirados a la basura! La visibilidad y legi-

9 http://hacktivistas.net/

timidad de “los ilegales” fue tan grande que el Ministerio de Cultura tuvo que plegarse a un cara a cara argumental, en la prensa mainstream, para dar explicaciones del porqué de su ensañamiento contra esos “ilegales”.

El 6 de mayo de 2009 el Parlamento Europeo iba a votar el paquete legislativo conocido

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como paquete Telecom, pero la presión ciudadana evitó de nuevo la aprobación de las leyes que iban a hacer de Internet otra televisión. El paquete Telecom es un conjunto de directivas europeas para regular los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, es decir, las infraestructuras y aplicaciones necesarias para transportar señales. En 2007 la Comisión Europea presentó una propuesta para modificarlas. Lo que se presentaba como una simple y conveniente homogeneización de las distintas normas y leyes de cada país respecto a las telecomunicaciones e Internet, en realidad era una alianza de tres de los lobbies más fuertes del mundo: el político, el de las telecomunicaciones y el de los derechos de autor, que modelaron el paquete según sus intereses con el objeto de acabar con la neutralidad en la Red y con Internet tal y como la conocemos.

Foto Medialab Prado.

Una red neutral es aquella que permite una comunicación de punto a punto independientemente de su contenido. La neutralidad en la Red no es directamente un asunto de privacidad o de censura (aunque al final lo termina siendo), sino de igualdad de oportunidades. Mi operadora de banda ancha me tiene que dar el mismo ancho de banda independientemente del uso que yo le dé, incluso si la uso para descargar P2P. Una explicación técnica sobre la neutralidad de la Red excede el propósito de este artículo (aunque de nuevo los detalles técnicos son muy relevantes), pero, simplificando, si Internet deja de ser una red neutral eso equivaldría a convertirla en una televisión.

La comunidad internauta europea se movilizó contra el paquete Telecom con una estrategia clara: parar a los europarlamentarios, cada uno a los suyos y todos a los de todos, y hacerles considerar el coste político de aprobar este paquete. Hacktivistas diseñó el software Xmailer, un pequeño código informático compatible con cualquier web que

permite rellenar un formulario para enviar un correo electrónico a una lista de destinatarios, en este caso los europarlamentarios.

El poco sectarismo de los internautas, así como el hecho de que puedes poner Xmailer en tu web (algo que puedo añadir a lo mío sin que lo mío deje de ser lo mío), permitió que este dispositivo de comunicación persona a persona (ciudadano a eurodiputado) enviara más de 200.000 correos electrónicos de ciudadanos europeos a sus máximos representantes en las primeras 48 horas de campaña. Iokese y apardo recuerdan: “Los parlamentarios europeos nos decían que

SSLa neutralidad en la Red no es un asunto de privacidad o de censura (aunque termina siéndolo), sino de igualdad de oportunidades dejáramos de enviarles mails, y nosotros les decíamos: Nosotros no os estamos enviando ningún mail. No somos nosotros, es la gente”.

Hacktivistas mandó un mensaje contundente a los lobbies de la industria cultural, a las entidades de gestión y a los políticos españoles y europeos que colaboran en el saqueo de los bienes comunes: “El P2P vino para quedarse. Ni siquiera comprendéis el problema al que os enfrentáis. La realidad os pondrá en vuestro sitio, y la caché10 de Internet recordará siempre vuestras vergüenzas”.

10 Ver glosario de término, pág. 227.

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Así opera Hacktivistas. Todas sus acciones se anuncian con antelación. Incluso se comunican a la policía. Todo lo que hacen es legal, público y abierto. Sacan del kit del luchador el miedo a ser vigilados y el miedo a abrir el código, y meten la transparencia como estrategia de crecimiento y el hacking a la legalidad como estrategia para evitar la represión y sus consecuencias reactivas.

Libre circulación Hacktivistas es muy distinto de Anonymous. Hacktivistas es diurno, da la cara, no cruza el filo de la legalidad... Anonymous es nocturno, lleva máscara, pisa el filo de la legalidad... Y, sin embargo, el recorrido de ida y vuelta entre uno y otro es muy corto, de manera que algunos hacktivistas pueden estar entrando y saliendo de Anonymous y viceversa. Sin coste, sin problemas.

Según Juan Urrutia, una de las características de las redes distribuidas es el bajo coste de la disidencia: “Para ser tu propio dueño has tenido que renunciar a las pautas de tu grupo, las propias de la red a la que perteneces, y abandonarte en la malla de otro, puesto que no hay, dada la ontología presentada, un vacío de redes. (...) Las TIC permiten la generación de una amplia red distribuida que funciona autónomamente pero que, a diferencia de otras identidades colectivas, permite la disidencia a bajo coste con consecuencias interesantes. (...) [En las] redes distribuidas, al ser muy tupidas, las distintas identidades sociales de los subgrupos están muy cercanas y cuesta poco pasarse de una a otra, llegando así a entender a los demás”11.

11 Urrutia, J.: “Lógicas, ontología y disidencia de y en la blogosfera”, prólogo al libro de David de Ugarte El poder de las redes, El Cobre ediciones, Madrid, 2007.

Es decir, en una red distribuida ser un disidente de poca monta (“de rebajas”, dice el autor) tiene un coste muy bajo, debido a que el propio grupo tolera de buen grado la “reinserción” después de la disidencia.

Hacktivistas y Anonymous son muy distintos entre sí, pero hay circulación entre uno y otro. Comparemos esta circulación (que permite el intercambio de acontecimientos y afectos) con la organización de los bloques en las contracumbres: en la manifestación no puedes estar a la vez en el bloque azul y en el bloque rosa. Tienes que elegir. Pero sí puedes estar a la vez en Hacktivistas y en Anonymous, en primer lugar porque la virtualidad es el mundo de la abundancia y en segundo lugar porque está cambiando el significado y la manera de “estar”, disminuyendo la importancia de “pertenecer” y aumentando la importancia de “comparecer” (soy anon en tanto que comparezco en el foro, en el IRC, en las operaciones..., no en tanto que pertenezco a un supuesto grupo que en realidad no existe).

Hacktivistas y Anonymous meten en el kit del luchador la disidencia de poca monta.

La cuestión estriba en si este “entender a los demás” del que habla Juan Urrutia, efecto del bajo coste de la disidencia, es una debilidad o una fortaleza. ¿Quiénes son los demás? ¿Hasta qué punto hay que entenderlos?

Podríamos citar muchos casos de colaboración entre discrepantes (e incluso entre adversarios). Por repetido no deja de sorprenderme cada vez que veo en el blog del profesor de Sistemas de Información en IE Business School Enrique Dans, un link a Hacktivistas, u oigo a amigos hacktivistas aceptar sin problemas que hay gente mejor que ellos para ir a negociar a los ministerios. Horizontes comunes que

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para un análisis de esta norma. Brevemente, su objetivo es permitir que una comisión dependiente del Ministerio de Cultura tenga la potestad de cerrar páginas web que de acuerdo a su propio criterio vulneren los derechos de propiedad intelectual, previa autorización de los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo. El juez autoriza, pero no instruye.

incluyen amigos indeseables, entre los que circulan acontecimientos y afecto.

Esta ley, que si se aplicara rigurosamente implicaría el cierre de Google, es una chapuza que confunde enlaces, dominios, P2P, páginas de descargas, etc. Evidencia que quienes legislan no tienen ni idea de aquello sobre lo que legislan y ha sido criticada desde todas las esquinas de Internet: se trata de una ley sin límites claros, ya que para aplicarla no necesariamente se tiene que probar que ha habido daño, sino que basta con que haya una posibilidad de causar daño (la existencia de enlaces a contenido con copyright, por ejemplo). Además, invierte la carga de la prueba, ya que si cierran tu web tienes que abrir un proceso en la Audiencia Nacional (el sitio donde se juzga a los terroristas y a los piratas somalíes) para que reabran tu web. No son los que te denuncian los que tienen que demostrar el delito, sino que eres tú el que debes demostrar tu inocencia. Y, por último, está sobredimensionada: si los contenidos “infractores” no se encuentran en España (porque la empresa de hosting está en otro Estado o la persona reside fuera), entonces ¡se podrá bloquear todo el dominio o incluso toda la IP12 en cuestión!

La ley Sinde

La ley Sinde se considera un ataque a las garantías para ejercer la libertad

A finales de 2009 se conocieron las intenciones del Gobierno de aprobar la ley Sinde. En este artículo no hay espacio

12 Ver glosario de términos, pág. 229.

Foto Jon Sullivan.

Foto Wikileaks.

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de expresión porque abre la puerta al cierre de webs por vía administrativa (es decir, por un organismo del Gobierno) y no por la vía judicial, lo cual vulnera un derecho y una libertad fundamental en España, la libertad de expresión, y supone una bofetada al sistema jurídico español. Por si esto no fuera suficiente, en diciembre de 2010 las filtraciones de WikiLeaks revelaron que se gestó y redactó con fuertes presiones de lobbies estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Los cables demuestran cómo desde el año 2004 el Gobierno norteamericano ha presionado al Gobierno español y ha dictado una agenda represiva para que el Ministerio de Cultura acabe con la libertad en Internet en favor de la industria del entretenimiento.

Como tantos y tantos otros, Hacktivistas no ha parado de luchar contra esa ley. Y en la actualidad, una vez aprobada, se ha centrado en divulgar recomendaciones para saltársela, algo factible, ya que la arquitectura de Internet está diseñada para evitar el control: “Da igual lo que intenten, siempre habrá una vía para saltarlo”.

Autogestión por capas Para finalizar, hagamos un pequeño apunte sobre los modelos organizativos de estas redes de activismo social.

A la política de la emancipación le gusta mucho la autogestión. Sin embargo, la autogestión total, como ideal al que tender, en una complejidad tan alta como la actual termina ocupando todo el tiempo y consumiendo toda la energía, y colapsa. Si la autogestión termina por ocupar todos nuestros

tiempos de emancipación (algo habitual cuando se busca la coherencia política) de poco vale, porque se hace impracticable. Entonces, ¿sería necesario modular la autogestión

SS Tal vez la misión de una vanguardia contemporánea sea el diseño e implementación de dispositivos para que otros tomen las decisiones y actúen según cada situación y abandonar el ideal asambleario? ¿Sería emancipador combinar capas de autogestión con capas de delegación? ¿Qué tipo de horizontalidad destilan WikiLeaks, Anonymous, Hacktivistas? ¿Qué tipo de delegación?

Tanto en WikiLeaks como en Anonymous o en Hactivistas parece haber un núcleo (core) que asume la iniciativa, diseña dispositivos inacabados y los libera renunciando, en todo o en parte, al control. Sea como sea, estas experiencias no lanzan las machaconas llamadas a la participación y a la implicación.

Diseñan dispositivos en los que la participación es un elemento intrínseco, que no es lo mismo.

Tomando este modelo como referencia, tal vez la misión de una vanguardia contemporánea sea el diseño y la implementación de dispositivos para que otros tomen las decisiones y actúen.

Una especie de mandar obedeciendo que renuncia al control y soporta amistades indeseables.

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Glosario básico

Internet y redes sociales Redes sociales en Internet

peer-to-peer o P2P (ver en la página 230).

Colectivos de personas con un interés común que usan Internet para relacionarse entre sí. Según la Wikipedia, “son páginas que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, etc.” Entre las redes sociales más usadas en España se encuentran Facebook, Twitter, Tuenti, Hi5, MySpace, Flickr, YouTube, Linkedin y Vimeo.

Blog

Avatar En Internet, representación gráfica de un usuario.

BiTorrent Protocolo diseñado para el intercambio de ficheros

Procede de “web log”. Cuaderno de bitácora. Sitio web de formato simplicado que recopila la información (texto, imágenes, enlaces) en entradas o post que, a su vez, se organizan de manera cronológica (aparece primero la más reciente).

para autentificar una identidad (un nombre y una contraseña, por ejemplo) y determinar si un usuario es un ordenador o un ser humano. Generalmente, consiste en teclear las letras y números que aparecen en una imagen deformada.

Chat Comunicación (escrita, hablada o a través de vídeo) de dos o más usuarios en tiempo real, a través de Internet.

Caché Copia de los últimos sitios web que el internauta ha visitado, que queda almacenada en su ordenador (a través de un programa de navegación), y que sirve para mejorar el tiempo de respuesta de la conexión con las páginas web habituales.

Captcha Acrónimo de Completely Automated Public Turing.

Pequeña prueba que se requiere

CSS Siglas de Cascade Style Sheet (Hoja de Estilo en Cascada).

Conjunto de órdenes HTML que sirven para definir, de manera

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unitaria, el diseño o apariencia de los elementos de un sitio web.

Cracker Persona que trata de introducirse en un sistema de computación sin previa autorización y con el objeto de hacer daño y/u obtener un beneficio privado.

Criptografía Ciencia que se ocupa del cifrado de mensajes en clave y del desarrollo de sistemas de encriptación. Se utiliza no solo para proteger la confidencialidad de los datos, sino también para garantizar su integridad y autenticidad.

Distribuido). Se trata de una de las operaciones más comunes para dejar fuera de juego, temporalmente, a sitios web. Ciberataque que persigue la saturación del servidor del sitio web agredido a través de la petición simultánea de información y datos de un gran número de usuarios.

FTP File Transfer Protocol. Servicio de Internet que permite el envío y la recepción segura de ficheros. Para usarlo, necesitamos disponer de una cuenta (que puede ser anónima) en un servidor de Internet.

Acrónimo de Distributed Denial of Service (Servicio Denegado

Elemento central en el que se relacionan los usuarios de esta red. En el muro (que aparece como una página web propia), nuestros amigos pueden dejar mensajes para que los veamos, así como incrustar enlaces, fotos, música, videos, etcétera.

Función que permite al usuario convocar, organizar y enviar invitaciones de encuentros, así como responder a invitaciones de otros usuarios.

Domain Name Server.

Servidor de nombres de dominio. Servicio de red que nos facilita la búsqueda de ordenadores por su nombre de dominio.

(ataque Ddos)

Muro

Evento

DNS

Ddos

a usuarios o aceptándolos en calidad de “amigos”, lo que permite el acceso a todos aquellos contenidos que se deseen compartir y estar informado en tiempo real de sus “actualizaciones”. Otros términos muy populares relacionados con Facebook:

Flash Facebook Es la red social más extensa y popular. Plataforma de contactos gratuita que se expande enviando invitaciones

Programa muy popular desarrollado por la empresa Multimedia que utiliza un tipo de lenguaje encriptado (código cerrado), que sirve para crear gráficos animados óptimos para Internet.

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Hacker En su acepción tradicional, un hacker informático es una persona que disfruta con la exploración e investigación de los sistemas de programación con objeto de aprovechar todas sus posibilidades, y que asume esta tarea como un reto intelectual de forma creativa. Persona que utiliza sus conocimientos para mejorar los sistemas informáticos (software, hardware, etc.). De manera errónea, se confunde a menudo con pirata informático y con cracker.

recurrentes los que alertan sobre virus informáticos inexistentes.

Http HyperText Transfer Protocol. Protocolo de red para la transferencia de páginas de hipertexto, es decir, de páginas web comunes.

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Internet y redes sociales

Linux Núcleo (puente de comunicación entre el hardware y el software) del sistema operativo libre (de código abierto) Unix que sirve de base de sistemas de software libre muy extendidos como GNU, Ubuntu o Red Hat y de programas como Firefox, Mozilla, Gimp...

IP, dirección IP Hacklab (laboratorio hacker) Espacio físico donde se reúne un grupo de personas para investigar, debatir, desarrollar y difundir cuestiones relacionadas con Internet, las nuevas tecnologías y los derechos civiles en esos ámbitos, desde un punto de vista social. Sus miembros suelen usar software libre y adoptar formas de organización horizontales y cooperativas.

Hoax (mistificación,

Número compuesto por 32 dígitos binarios que identifica a todo emisor o receptor de información en Internet, generalmente un ordenador conectado a la Red.

IRC Internet Relay Chat (Charla Interactiva en Internet). Protocolo universal que permite a varias personas la comunicación por escrito, en tiempo real y de manera simultánea, a través de sus ordenadores.

broma, bulo) Mensajes engañosos o rumores falsos enviados de manera masiva e indiscriminada por medios electrónicos. Entre estos, son

LinkedIn Red social orientada a los negocios y al ámbito comercial.

Microblogging Hace referencia a los blogs o redes como Twitter o Identi.ca que permiten publicar entradas de pocos caracteres o información muy simplificada.

Mirror (espejo, réplica) Sitio web o servidor cuyo contenido es una copia exacta de otro sitio o servidor. Cuando un sitio web (como Wikileaks) sufre persecución por parte de las autoridades por difundir contenidos políticamente subversivos, a menudo la comunidad internauta responde con la creación de mirrors solidarios.

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N-1 Dispositivo “tecnopolítico” sin ánimo de lucro que incluye redes sociales propias, destinado a comunidades de activistas.

Impulsado tras la eclosión del movimiento del 15M por personas relacionadas con el movimiento del software y la cultura libre, forma parte del proyecto Lorea.

el intercambio de datos, en cualquier formato y de manera directa, entre usuarios, de tal forma que los ordenadores de estos funcionan a su vez como clientes y servidores.

P2P

Post

Del inglés peer to peer (red de pares). Las redes P2P o redes entre iguales permiten

Unidad de publicación de un blog. Suele ser un texto con enlaces a otros sitios web

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Internet y redes sociales

y comentarios, con fecha y hora de publicación.

Spam En general, se denomina spam al correo electrónico no deseado, que suele ser masivo e indiscriminado y de carácter publicitario. Literalmente significa “loncha de mortadela”.

Streaming Remite a streaming video o “chorro de video”, secuencia de vídeo. Método de transmisión de imágenes en movimiento a través de Internet y en tiempo real. Los vídeos pueden ser pregrabados (como las películas) o emitirse en directo.

copiar, distribuir, estudiar, modificar y desarrollar ese conjunto de programas.

“Libre” no tiene por qué significar “gratuito” (el software gratuito se identifica con el término freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente.

Software

Tuenti

Conjunto de programas que componen un sistema de computación, en contraposición con hardware, que hace referencia a los componentes físicos del ordenador o la red.

Red social propiedad de Movistar muy usada por los jóvenes residentes en España con funcionalidades muy similares a Facebook.

Software libre (free software) Software de código abierto, lo que da libertad a los usuarios para ejecutar,

Twitter Plataforma gratuita en la que los usuarios pueden escribir mensajes de texto de 140 caracteres como máximo. Los mensajes, llamados tweets o

tuits, llegan con inmediatez al círculo de “seguidores” o followers del usuario. Red social muy usada para realizar convocatorias y narrar en tiempo real los acontecimientos. Otros términos relacionados con Twitter:

HashTag (#) La almohadilla se usa en Twitter para etiquetar los mensajes en virtud de un tema o asunto de interés y facilitar su búsqueda en la red. Por ejemplo, #stopdesahucios recogerá todos los tuits que existen en la red (etiquetados de esta forma) que aborden cuestiones relativas a desahucios de viviendas.

FF (#FollowFriday) HashTag o tema del momento que se ha convertido en una costumbre cada viernes para la mayoría de

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los usuarios, y que se usa para reconocer y recomendar, cada semana, a otros usuarios.

Trending topics (temas populares) Se trata de los asuntos más comentados y seguidos en la red, los llamados temas del momento.

Twittear O tuitear, acción de emitir mensajes públicos o tweets en Twitter.

RT (Retweet) Forma de volver a publicar un mensaje de otro usuario que consideras interesante, que incluye la dirección de aquel.

YouTube Sitio web que, de forma gratuita, permite publicar y compartir vídeos. Desde 2006 pertenece al gigante Google.

Web 2.0 / web social Frente a las páginas estáticas de la llamada Web 1.0, en las que apenas existe interacti-

vidad, la web 2.0 incluye dispositivos (como servicios de redes sociales, blogs, wikis, comentarios, foros...) que permiten o fomentan el intercambio entre los usuarios y la creación de espacios virtuales compartidos. El término no está exento de polémica y muchos autores, poniendo el foco en la creación de comunidades de usuarios, prefieren usar la denominación, más amplia, de “Web social”.

Según la Wikipedia, la Web social está integrada por “la llamada comunidad virtual dentro de la que podemos encontrar interacción con redes de computadoras con servicios tales como P2P, correo electrónico, redes sociales, blogs, podcast, webcast, wikis, marcadores sociales, sindicación de contenidos RSS, imágenes, vídeo digital hospedado en servidores de vídeo, audio digital y metaverso. El uso de este entorno

ha democratizado el uso de servicios y aplicaciones brindando a todos los usuarios la posibilidad de crearlos, utilizarlos, compartirlos y distribuirlos; es decir, es el punto de encuentro en la web social”.

Wiki Tipo de publicación web que permite a los usuarios editar lo publicado por otros. Muy usado para elaborar proyectos colectivos, entre los que destaca, por su enorme difusión y cantidad de usuarios y lectores, la enciclopedia Wikipedia.

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co “Hay que orientar el metabolismo económico hacia las antípodas de lo existente”

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#CONVERSACIONES CON JOSÉ MANUEL NAREDO

Premio Internacional Geocrítica 2008 y profesor ad honórem en el departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, J. M. Naredo es una figura de referencia en el ámbito académico y en el de los movimientos sociales, con el que mantiene un firme compromiso en la búsqueda de alternativas al sistema económico vigente.

Redacción Foto Sarah Bienzobas.

APUNTES CIUDADANOS: Hace diez años escribiste Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible, un concepto que reivindican y aplican empresarios y ecologistas, desarrollistas y conservacionistas y cuyo uso se ha extendido, paradójicamente, en los años en que se ha aplicado un modelo económico medioambiental y socialmente insostenible. ¿No se ha convertido en una palabra comodín que corre el riesgo de vaciarse de contenido?

JOSÉ MANUEL NAREDO: Claro que se ha degradado, se ha convertido en una jaculatoria que se emplea sin más, de forma banal. El término sostenible se ha extendido a partir de la economía sin necesidad de precisar aquello que se quiere sostener.

Aplicado al desarrollo da lugar a un concepto que plantea una contradicción in terminis, porque el desarrollo tiene que ver con

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SSCuando el concepto ‘sostenible’ funciona como adjetivo se convierte en un detector de problemas no resueltos

el crecimiento de variables físicas, por lo que su prolongación en el tiempo se revela por fuerza insostenible habida cuenta de las limitaciones del planeta. El problema es, por lo tanto, enjuiciar cuáles son las perspectivas de los sistemas agrario, urbano, industrial... desde el punto de vista de la ecología industrial, de la agroecología, etc. Hay que volver otra vez a los inicios, que es lo que trataba de soslayar el concepto de desarrollo sostenible, pero entonces hay que hablar de límites, de las consideraciones del funcionamiento físico, del metabolismo de todos estos sistemas.

Si se revisa esa perspectiva, los sistemas deberán requerir menos recursos y se deberá tender a cerrar los ciclos, reconvirtiendo residuos en recursos. Esa es la clave: imitar el modelo de la biosfera para garantizar su viabilidad, porque el planeta tierra es un sistema cerrado en materiales. La clave del enriquecimiento de la vida en la tierra reside en el hecho de que se nutre y recicla materiales a partir del flujo solar, que es renovable.

Por otro lado, cuando “sostenible” funciona como adjetivo se convierte en un detector de problemas no resueltos. Por poner un ejemplo: cuando en la Escuela de Arquitectura hablan de arquitectura bioclimática y montan un máster actúa como detector de un problema, porque la que se enseña en la escuela es insostenible de narices y pasa por completo de la orientación, del clima, etc. Por eso hay que analizar con cierta reserva la aplicación de ese tipo de adjetivos.

A. C.: En un momento en que se está demostrando la inviabilidad de un sistema económico basado en la construcción, en el negocio inmobiliario y en el consumo exacerbado, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo sería un modelo sostenible en el ámbito del planeamiento urbanístico y en el plano económico?

J.M.N.: Tampoco vamos a descubrir la pólvora. La globalización y la financiarización de la economía han dado lugar al panorama actual, que es lo que analizaba en el libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Ya entonces se veía que la cosa era inviable por si misma, pero se produjo una huida hacia adelante multiplicando los activos financieros planetarios a tasas que doblaban las de los agregados de renta o de producto nacional. Era un juego cada vez más desatado de suma cero que desembocó en las consabidas burbujas. Frente a esto, es necesario regular toda esa masa de activos pasivos financieros a escala planetaria que se van apoyando mutuamente. El problema es que, cuanto más se desmadra, más difícil es domesticarlo o

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Foto Sarah Bienzobas.

controlarlo. Se podía haber aprovechado la crisis para hacerlo y se habían apuntado orientaciones en ese sentido, pero no han llegado a buen puerto tal vez porque la presión social no ha sido suficiente, y como eso está cortado por ciertos intereses predominantes, pues prefieren una regulación mínima, aunque luego todo el conjunto social sea víctima de los procesos desatados.

A. C.: ¿Qué medidas de control se pueden establecer en ese sentido?

J.M.N.: En el libro Raíces ya apunto que se debe limitar la creación de dinero, el dinero papel que emiten los bancos centrales y el dinero bancario, que es el que se crea con el coeficiente de caja, porque solo tienen que guardar una parte de los depósitos a la vista. Pero luego está el que yo llamo dinero financiero, que es lo que se ha llevado el león en este último ciclo: los activos, el papel que emiten las propias transnacionales. Por ejemplo, Telefónica España hace una ampliación de capital y con ese papel que emite compra Telefónica del Perú por un simple canje de acciones.

También retribuye a sus propios accionistas y directivos con ese mismo papel. De esta manera se han creado una serie de activos

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y pasivos financieros que se apoyan mutuamente en los balances de las empresas. Esto es lo que hace que el sesenta y mucho por ciento de los activos de las empresas españolas no financieras sean activos financieros. Hay autores que defienden desde hace mucho tiempo que los narrow bank, bancos que tengan un activo limitado y con gran seguridad, no puedan emitir títulos, bonos o stock basura. O lo de la titulización de hipotecas que ha espoleado la crisis al inicio, con las subprime estadounidenses. Quiero decir, que ahí hay un marasmo de activos financieros que escapan a los controles detrás de los cuales no se sabe muy bien lo que hay. Esto es lo que ha pasado con la crisis, que todo está contaminado. Con las hipotecas subprime y la deuda de los países, venden activos en los mercados financieros internacionales traspasando el riesgo a quien los ha comprado y vuelven a dar nuevas hipotecas con el dinero recaudado. Entonces, aquí y ahora, nos encontramos con el problema inmobiliario.

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A. C.: ¿Crees que la salida a la crisis en Europa ha de pasar obligatoriamente por reforzar el euro y la Unión Europea? ¿Qué papel debería tener en este marco el Banco Central Europeo?

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J.M.N.: El problema es que la construcción europea era insuficiente. Es un tema sobre el que ya advirtieron algunos economistas, incluido yo, en el artículo Las lagunas de Maastrich: que durante el auge económico la adopción de una moneda común podía colar, pero en época de crisis haría aguas por la falta de unidad política y de cohesión social para consensuar medidas de choque. Y eso es precisamente lo que ha pasado. En un país es la autoridad política, más o menos relacionada con el Estado, la que crea dinero, pero a la vez lleva una política fiscal y tributaria.

En Europa se centraliza la creación de dinero pero no esas otras políticas, entonces los estados no pueden crear dinero pero si endeudarse. Endeudarse, además, no solo con deuda pública, sino también privada, como en España, donde la deuda privada exterior multiplica por cuatro o cinco la pública. Para seguir funcionando, se ha alimentado la burbuja con cargo al exterior, y eso era algo que debía haberse cortado hace mucho, porque era un camino insostenible. En un gráfico de la inversión en ladrillo durante los años del boom inmobiliario se ve que, a medida que la inversión crece, el ahorro financiero de los hogares disminuye, en los cuatro últimos años, ya en negativo. Las empresas, entonces, pedían financiación a los bancos, pero son los hogares los que aportaban ese ahorro que las instituciones financieras transferían a las empresas. Al final, sin embargo, las familias también se ven

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SSCon un stock de millones de viviendas vacías y un endeu­damiento excesivo, se debería regular la okupación

obligadas a pedir. ¿De dónde ha salido entonces el dinero? Pues del endeudamiento acrecentado del país. Mientras no había problemas, aquí se titulizaban hipotecas, como en Estados Unidos, y las transnacionales emitían acciones, bonos... obteniendo liquidez barata y abundante en los mercados internacionales, hasta que esto ha hecho aguas al no poder obtenerla. La sequía de créditos estaba cantada. Esa crisis provocada por el estrangulamiento financiero derivado de la tijera de la inversión en ladrillo creciendo y el ahorro cayendo es lo que yo había vaticinado hace tiempo por otros ciclos que había vivido como analista. Era de cajón.

A. C.: Es curioso que en el mismo momento en que estamos asistiendo a la demostración de la inviabilidad de un sistema basado en la construcción de viviendas e infraestructuras y en el que hay miles de viviendas sin gente y gente sin casa las administraciones sigan apostando por lo mismo, planificando la construcción de miles de viviendas...

J.M.N.: El problema es que todavía no se ha caído en la cuenta de dónde estamos y se sigue, como por inercia, pretendiendo avivar una cosa que ya había colapsado. Se puede devorar el ahorro de los hogares una vez, pero no dos, tres, ni cuatro, porque ya no hay. Ahora el problema es ese enorme stock de 700.000 viviendas nuevas en venta, sumado a otro de igual número de viviendas usadas. A todas ellas hay que añadir el millón y medio más que hay en curso en 79 ciudades españolas, según un estudio que acaban de hacer. El stock se acerca, por tanto, a los tres millones de viviendas. Seguir echando más leña al fuego es el problema, no la solución.

A. C.: Llegados a este punto, ¿cuáles podrían ser las medidas a aplicar para frenar esta ola atendiendo a las necesidades sociales?

J.M.N.: El diagnóstico condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Hay que ser conscientes de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado que no resuelve los principales problemas de un país que pide a gritos su reconversión, porque el diagnóstico por burbuja se ha desplazado desde la escasez de suelo urbanizable, de infraestructuras y de viviendas hacia el exceso o infrautilización de los mismos, todo ello unido a un endeudamiento excesivo. Desde la época de Franco, desde la posguerra, escu-

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SSEl 15M ha puesto el dedo en la llaga: tras la metamorfosis del franquismo resulta que “lo llaman democracia y no lo es”

chábamos la cantinela de recuperar el atraso y la escasez de vivienda. Y era verdad, porque después de la guerra la gente vivía hacinada, pero nos hemos pasado cuatro pueblos, porque ahora tenemos más viviendas y más kilómetros de autopista per cápita que todos los demás países de la Unión Europea.

Durante los años de auge hemos construido más viviendas que Francia y Alemania juntas cuando estos dos países triplican a España en población y la duplican en superficie. El objetivo, por tanto, no es echar más leña al fuego. El boom ha sido de construcción con máximos históricos totales. Tomando el consumo de cemento como indicador sintético de la actividad constructiva, nos encontramos con que este consumo se acercó a los 60 millones de toneladas en los años centrales del boom. Siendo la superficie geográfica de nuestro país de 50 millones de hectáreas, tenemos que sobre cada hectárea ha venido cayendo más de una tonelada de cemento mezclado con grava, arena, etc.

Las consecuencia son esos excesos de patrimonio y de suelo.

La salida pasa, de un lado, por reconvertir y sanear el stock de suelo, de infraestructuras y de viviendas y, de otro, por paliar la carga del excesivo endeudamiento.

A. C.: ¿Cómo?

J.M.N.: Lección primera, como decimos en el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento que he dirigido con José Fariñas: hay que inventariarlo. Habrá que saber lo que hay e inventariar las necesidades sociales para ver la manera de casar ambas. Lo que no tiene sentido es castigar con el Código Penal la okupación con K, una de las novedades de la democracia, porque antes no lo era. Lo que hay que hacer es regularla, porque la propia

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Constitución establece la función social de la propiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es inventariar para saber el número de viviendas.

Hasta ahora esa información la da un censo que se hace cada diez años. El último minusvaloraba el patrimonio desocupado y magnificaba la vivienda principal por una serie de fallos estadísticos. Por eso se han multiplicado los hogares principales. Se dan también situaciones curiosas, como que había más viviendas anteriores a 1940 que las que había en el censo anterior. Y a mi, que soy estadístico, me preocupan esas “cosillas”. El censo que está próximo a publicarse me temo que va a ser peor todavía, porque no van a hacer un censo, sino una encuesta usando como base el padrón. Y se debería priorizar ese tipo de información para resolver la situación creada, ya que la definición de los problemas y los objetivos marcan las políticas y los instrumentos.

Con respecto a las políticas y los instrumentos, no hay que descubrir la pólvora ni hacer la revolución, sino mirar por encima de los Pirineos y ver que hay otros países que hacen las cosas de otra manera. El modelo inmobiliario español es un modelo extremo con relación a otros modelos europeos, porque unos regulan el alquiler y la vivienda social con fuertes regulaciones de la propiedad y otros promueven la vivienda libre y en propiedad con escasas regulaciones. El primero tiende a conservar el patrimonio construido y el segundo a hacer vivienda nueva para obtener plusvalías de la recalificación y la reclasificación de suelos. Es la historia de este país: permitir el abandono y la muerte por demolición y ruina de cantidad de edificios y viviendas al tiempo que se favorece la construcción, mucho más intensa, de nuevas edificaciones cuando tenemos una demografía muy poco madura con relación a otros países europeos. España ejemplifica este modelo y ha vivido con mucha más intensidad el boom inmobiliario. Mira, además, qué casualidad que los dos países que más porcentaje de viviendas tienen en alquiler, que son Alemania y Suiza, no han vivido ni el boom ni la crisis inmobiliaria. Aquí en España, qué casualidad que el País Vasco es la comunidad que menos paro tiene y es la que más vivienda social ha hecho. El modelo que prioriza el alquiler y

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SSEspaña, el país menos prolífico del mundo, es colista en vivienda social y líder en viviendas secundarias y desocupadas

la vivienda social se mueve por la renta disponible de los hogares y al ritmo de la demografía, pero al margen de los altibajos de la coyuntura económica. Por eso favorece la existencia de empresas, fondos de pensiones y de inversión, como en Alemania, donde hay inversiones de gran seguridad que funcionan al margen de la coyuntura y de los sobresaltos de la bolsa. Aquí, sin embargo, se ha forzado un modelo especulativo que ha permitido que el país menos prolífico del mundo sea, a la vez, colista en vivienda social, el que más viviendas tiene per cápita y líder en viviendas secundarias y desocupadas. Entonces, simple y llanamente, lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que hay.

A.C.: Ante una conclusión tan evidente, ¿es sólo voluntad política lo que falta para cambiar este modelo?

J.M.N.: Claro, porque quienes lo han estado promoviendo son, a la vez, juez y parte y representan todos los palillos que conforman este modelo inmobiliario. Uno de ellos es la propia financiación de los ayuntamientos, porque aunque la Constitución establece que se les ha de dotar con suficiencia de ingresos, para nada la tienen.

Luego, encima, esos ingresos provienen de figuras vinculadas al propio boom: la reclasificación de suelos, el propio Impuesto de Bienes Inmuebles, las licencias de obras..., por no hablar de los convenios gracias a los cuales se reparten las plusvalías de las operaciones urbanísticas. Se trata, por tanto, de un modelo perverso.

En Alemania, sin embargo, hay un reglamento que desarrolla el articulado de la Constitución que habla de las garantías de la financiación de los ayuntamientos y les otorga una financiación estable, al contrario que en España, que cuando las cosas iban bien, todo era alegría y optimismo, pero ahora están en crisis total. En España los ayuntamientos administran el doce y pico por ciento del presupuesto. En Alemania y en Francia es el doble. En Alemania el grueso de la financiación local procede de figuras tributarias propias de los ayuntamientos o de otras delegadas, como parte del impuesto de la renta. El otro extremo es China, donde solo obtienen el 5% del presupuesto y han aprobado una ley de autonomía de los ayuntamientos para que se busquen la vida y otra ley de financiación que les permite obtener ingresos derivados de la actividad inmobiliaria. Claro que allí el suelo industrial tiene más peso que el turístico. Entonces, no es que haya habido una planificación expresa, pero todas las cuestiones que hemos ido apuntando han promovido lo que ha ocurrido. A todo ello le sumamos que se ha tirado la toalla de la regulación del planeamiento y se ha dado cancha al agente urbanizador para que intervenga a su antojo en el

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territorio porque tienen unas propiedades o alguien con poder en un municipio determinado. Así suceden cosas como lo de Seseña, o se construye una estación del AVE en una finca. Ese poder es, hoy día, el detonante de las operaciones inmobiliarias. El planeamiento de Madrid ejemplifica perfectamente ese modelo inmobiliario al permitir invadir los cinturones verdes o meter más volumen en el casco urbano. Ahora resulta que ocurre lo mismo que en la época de Franco, pero entonces se convertía en una “alcaldada” y saltaba el escándalo y ahora operaciones como la de las torres de Florentino se convierten en un ejemplo del buen hacer político-empresarial.

A.C.: ¿De dónde puede venir el revulsivo para promover un cambio en la dirección que apuntabas?

J.M.N.: Tiene que haber una presión social pero, aparte de todo, aún no se han percatado de que el modelo está agotado y están esperando a ver si el modelo repunta. Sin embargo, la crisis ha estallado por estrangulamiento financiero, por tanto, volver a los niveles del momento de auge es prácticamente imposible, porque vivimos un momento histórico sui géneris marcado por todos esos excesos cometidos con financiación exterior barata y abundante, pero eso es irrepetible, máxime con los niveles de endeudamiento que hay. El problema radica no solo en el nivel de vivienda construida y de suelos reclasificados sino, sobre todo, en el endeudamiento. Eso es lo que no permite que las cosas vuelvan a las andadas con alegría y optimismo. Hay que empujar, por tanto, al marco institucional para orientar el metabolismo económico hacia las antípodas de lo que hay, hacia la habitabilidad y el uso eficiente del patrimonio inmobiliario. Hay que pasar de la vivienda como inversión a la vivienda como bien uso; de la realización de plusvalías al cobro de rentas; de la construcción de vivienda nueva a la rehabilitación, la reutilización y la ocupación del patrimonio ya construido y, por último, de la vivienda libre a la vivienda social.

Foto Sarah Bienzobas.

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Foto Olmo Calvo.

A.C.: Hablabas de la presión ciudadana, ¿qué valoración haces de la eclosión y desarrollo del movimiento del 15M? ¿Cuáles son, a tu modo de ver, sus puntos fuertes y sus puntos débiles?

J.M.N.: Todo lo que ha pasado se ha producido apoyado en un caciquismo local, inmobiliario, de espaldas a la ciudadanía. Ahora, con la crisis, parece que la ciudadanía empieza a despertar. En ese sentido, el 15M está ejerciendo una función social impagable movilizando a la gente y, sobre todo, dándole una cultura de la participación, que es lo que no había, porque pasamos de la noche a la mañana de la época de Franco, en la que la participación estaba penada a, luego, en cuanto se ha otorgado todo el poder a los partidos políticos, a un nuevo caciquismo de participación del “si te he visto no me acuerdo”. En este sentido, en lo que se refiere al planeamiento, la revisión de la planificación se tendría que apoyar en tres patas: una información integrada de los stock de suelo y del patrimonio construido, como las infraestructuras, que son los patrimonio principales a gestionar en régimen de escasez. Una información integra-

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#conversaciones con José Manuel Naredo

SSLas instituciones deben orientar el metabolismo económico hacia la habitabilidad y el uso eficiente del patrimonio inmobiliario

da que considere todo el municipio, que es algo que no hace el planeamiento general, y todo el patrimonio inmobiliario para gestionarlo de modo eficiente. Otra pata es un núcleo administrativo responsable que piense de esta manera para generar normativa y orientar la gestión. Y la tercera pata sería el desencadenamiento de un proceso de participación fuerte. Por eso digo que, más prioritario que invertir en infraestructuras, es invertir en participación, porque después de haberla machacado no puede caer del cielo. Eso es lo que ha hecho motu proprio el 15M, algo necesario para ponernos en línea con otros países europeos. En Francia un alcalde no puede hacer un aquelarre de obras sin haber dicho nada. Para cualquier cosa que se haga, por pequeña que sea, se convoca un referéndum y hay una participación con una ciudadanía mucho más viva.

Habría que revitalizar el planeamiento con esa figura del control social, de orientación del futuro del propio municipio a través del fomento de la participación social evitando las dos vías por las que habitualmente se ha descarriado el planeamiento en su función teórica como instrumento en favor del interés general. Una, la que ha venido reduciendo ese planeamiento y ha ordenado el mercado de suelo atendiendo a los intereses de los poderosos reflejando en el medio urbano la impronta de la estructura socioeconómica establecida. La otra, la que reduce el planeamiento a un mero enunciado ceremonial de buenos propósitos, hoy usualmente etiquetados como “ecológicos” y “sostenibles” que, a la hora de la verdad, se corrigen y concretan atendiendo a los dictados de los intereses dominantes. Entonces, si se animara la participación social, esto volvería a controlarse.

A.C.: En ese proceso de animar la participación social y la democracia participativa que ha iniciado el 15M, ¿qué puntos fuertes y qué puntos débiles adviertes?

J.M.N.: Bueno, yo no estoy justo dentro para saberlo y, en ese sentido, tampoco puedo opinar. Para mi el interés del movimiento radica en que ha puesto el dedo en la llaga: tras la metamorfosis del franquismo resulta que “lo llaman democracia y no lo es”. Se ha pasado de la noche a la mañana de una fase a otra hurtando el proceso constituyente y se ha dado, llave en mano, una Constitución y un marco sin discutir nada.

Ahora resulta que afloran los problemas. ¿Por qué han cedido las competencias de urbanismo y se ha quedado el Estado sin

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nada sin haberlo coordinado ni orientado de ninguna manera? Eso es un suicidio. Y ahora, ¿cómo se pueden repescar esas competencias? Por una parte, dado que la Constitución se cambia con la gorra... En El libro blanco para la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico nos apoyamos, sobre todo, en que si se considera el objetivo de la sostenibilidad en temas ambientales, el Estado sí se ha reservado unas competencias de mínimos. Entonces, por ahí sí se podría entrar para volver a reorientar estas políticas. Pero para que se pueda hacer bien, esa reorientación debería ser objeto de un pacto de Estado, de forma que no dependiera de que estuviera en el poder un partido de izquierdas o de derechas y se pudiera orientar de forma responsable y en línea con Europa.

A.C. ¿Cómo se podría articular, entonces, la democracia representativa y la democracia participativa que fomentan movimientos como el 15M para construir ese modelo alternativo?

J.M.N. Haciendo que la democracia representativa, que dicen hoy, funcione como tal, porque el hecho es que no funciona: pactan entre bastidores grandes decisiones como la privatización de las cajas de ahorro, que no ha sido objeto de referéndum ni nada parecido. Ni siquiera en la propia cámara del Parlamento ha habido una discusión seria sobre ese asunto, sino que se han puesto de acuerdo el PSOE y el PP y, sin decir nada a nadie, lo han sacado adelante. Y así sucesivamente. En los ayuntamientos pasa tres cuartos de lo mismo: ni siquiera en los plenos se dan todas las discusiones de fondo sobre cómo orientar su gestión, sino que se reúnen el alcalde, el concejal de urbanismo y cuatro promotores y deciden hacer una operación. Y es lo

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#conversaciones con José Manuel Naredo

SS Es necesario desencadenar una participación ciudadana de base y hacer que los órganos democráticos funcionen como deberían

que digo yo: operación viene del lenguaje militar. Es, un poco, tener el poder para hacerlo, sin más. En ese sentido, yo había hecho una propuesta de axiomática de buenas prácticas políticas donde se apunta que, más allá de los partidos políticos, como dice el 15M, es elemental desarrollar unas buenas prácticas políticas en las que se cruzan las dos medidas: por una parte, desencadenar esa participación de base para que haya una ciudadanía activa y, por otra, que las figuras que ya hay funcionen, que es lo que no ocurre actualmente.

A.C. Por último, ¿cómo crees que se pueden articular el movimiento vecinal y otros ya constituidos con cierta trayectoria con el 15M, que acaba de nacer para que remen juntos en la dirección de la regeneración democrática y el cambio de modelo económico?

J.M.N. En otros países, en Francia, por ejemplo, hay una riqueza de movimientos, de organizaciones... Realmente no tiene por qué existir una cosa sola: lo del 15M es un movimiento político más amplio de base que puede coexistir con otras asociaciones más específicas. En ese sentido, puede haber doble militancia, yo no veo que haya contradicción.

Foto Sarah Bienzobas.

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Once respuestas básicas sobre la crisis SS

Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan.

B. Medialdea (coord.),

El liberalismo toca a su fin

A. Sanabria, L. Buendía, N. Álvarez y R. Molero.

Icaria, Barcelona, 2011.

96 páginas. 6 euros.

SS

Primero como tragedia, después como farsa.

Slavoj Žižek.

Akal,Madrid, 2011.

192 páginas. 15,38 euros.

La conocida premisa de Marx sobre la repetición de la historia sirve al autor para enmarcar su exégesis de dos acontecimientos que han deslegitimado el liberalismo como doctrina política y como teoría económica: los ataques del 11-S y el colapso financiero de la bolsa en 2008. Convencido de que el matrimonio entre capitalismo y democracia está llegando a su fin, el filósofo esloveno espolea a izquierda recuperando las palabras de Unamuno, “venceréis, pero no convenceréis”. “¿Es eso todo lo que la izquierda puede decir actualmente al capitalismo global triunfante?”, inquiere.

Descarga gratuita en: www.icariaeditorial.com

“Los mecanismos sencillos para producir el rescate de la economía mundial son muy complicados”, lamentaba el ganador del Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman.

Tal complejidad dificulta la comprensión de una crisis que centra el debate público y determina, como nunca, la política nacional e internacional. A pesar de ello, la economía se nos antoja como algo oscuro, técnico, ininteligible, plagado de tecnicismos.

Con una vocación divulgativa y con el objetivo de “bajar la economía a la calle”, Bibiana Medialdea, profesora de Economía de la Universidad de Valladolid, ha coordinado el trabajo de un grupo de colegas que intentan aportar algunas claves fundamentales para ayudar a comprender quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan, dando respuesta, de forma rigurosa pero con un lenguaje llano, conciso y liberado de tecnicismos, a once preguntas básicas: quiénes son los mercados; por qué las agencias de calificación tienen tanto poder; cómo una crisis financiera en EE UU llegó a convertirse en una grave crisis financiera y económica mundial; cuál es el papel de los bancos en la crisis; por qué ahora son los estados los que están en crisis; por qué hay amenazas sobre España si su deuda pública no es elevada; cómo se concreta la dictadura de los mercados y por qué la suspensión de pagos de un país europeo pone en peligro al euro. A estas ocho cuestiones les siguen tres capítulos en los que se desgranan posibles salidas y soluciones.

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Libros

El testamento político de Ramón Fernández Durán SS

La quiebra del capitalismo global: 2000-2030.

Ramón Fernández Durán. Libros en Acción / Virus / Baladre, Madrid, 2011. ­124 páginas. 10 euros.

Descarga gratuita en: www.quiendebeaquien.org.

“La base para la creación de un desarrollo humano justo y sustentable debe surgir desde dentro del sistema dominado por el capital, sin formar parte de él, tal y como la propia burguesía surgió en los `poros’ de la sociedad feudal”. Esta cita de los profesores F. Magdoff y J. Bellamy Foster abre, entre otras, el testamento político del prolífico Ramón Fernández Durán, un ejercicio de política ficción cargado de enormes dosis de realidad. El autor relata cómo el periodo que medió entre el derrumbe del “imperio oriental del socialismo real” (1989-1991) y la crisis de Wall Street (2007-2008), basado en un sistema industrial ágil, high tech, flexible, consumista, democrático y glamuroso propiciado por más de 20 años de energía barata, ha dado lugar a una crisis multidimensional caracterizada por el caos sistémico, la ruina ecológica y las guerras por los recursos. La quiebra del capitalismo global, propiciado por la extracción de cotas máximas de petróleo, gas y carbón, sucesivamente, sentará en el periodo 2010-2030 las bases del largo colapso de la civilización industrial. Se abrirá así una etapa en la que, advierte, nuestra capacidad de modificación sustancial será muy limitada. Aunque Fernández Durán huye expresamente del carácter apocalíptico de la situación descrita y de sus prospecciones, tampoco cae en tentaciones edulcorantes y conjuga ambos extremos con la exhortación a intervenir para cambiar la realidad. Para ello, apunta algunas cuestiones que los movimientos sociales mundiales emancipadores no pueden soslayar: la crisis demográfica en ciernes y la reducción del consumo de recursos que defienden las teorías del decrecimiento, dos sendas que deben formar parte del mapa de las estrategias de lucha activa no violenta y de desobediencia civil necesarias para “cambiar el mundo sin tomar el poder” aprovechando el colapso del orden actual, que Fernández Durán sitúa en torno a 2030.

Trazos para vestir un 15M inacabado SS

Yes we camp!

Varios autores.

Dibbuks, Madrid, 2011.

128 páginas. 9,50 euros.

Yes we camp! es un cómic colectivo sobre el 15M, una obra coral de escritores, periodistas, intelectuales... y de ilustradores interpretada con pluma y pincel y orquestada por Pere Mejan, dibujante de La revolución de los pinceles y Tomeu Pinya, autor de La marea de San Pedro.

El maridaje de texto y dibujo da lugar en esta obra a interesantes e ilustrativas historietas, como la narrada ff sigue en la pág. 126

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ee viene de la pág. 125

por el catedrático de Ciencias Políticas, Vicenç Navarro, con viñetas de Alfons López sobre las causas políticas de la crisis; el Diccionario básico elemental alumbrado por Carlos Giménez, autor de Paracuellos, e Ivà; el anuncio del fin de la sumisión lanzado por el periodista Íñigo Sáenz de Ugarte con viñetas de Carlos Azagra; un mensaje del comunicador científico Eduard Punset dirigido “A mis nietas” con ilustraciones de Susanna Martín; la aportación del escritor Isaac Rosa, que celebra estar “Con la autoestima (social) por las nubes” con una viñeta de Mel (El Jueves) y la descripción de “La primavera de la democracia”, de Federico Mayor Zaragoza, expresidente de la Unesco y presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, ilustrada con la obra de Oriol Hernández.

El cómic no aspira, en palabras de los coordinadores, a representar, a acotar o a agotar el significado del 15M, sino a aportar algunas claves que animen a los observadores a dar un paso al frente para acercarse y formar parte del movimiento.

El precio del cómic es inusualmente bajo gracias a que las colaboraciones han sido gratuitas y a la renuncia a los ­­beneficios ­­­­del editor.

ABC de la teoría del decrecimiento SS

El decrecimiemto explicado con sencillez.

Carlos Taibo . Los Libros de la Catarata. Madrid, 2011. 136 páginas. 12 euros.

La estructura, el contenido y el lenguaje de este libro cumplen con sobrada eficacia al objetivo que se deriva de un título con evidente vocación divulgativa: ofrecer una introducción comprensible del decrecimiento y contribuir, al tiempo, a la difusión de esta visión crítica del mundo contemporáneo que nace del ecologismo radical.

La visión dominante en las sociedades opulentas sugiere que el crecimiento económico que espolea el capitalismo es la única vía para garantizar la cohesión social y el mantenimiento de los servicios públicos y conjura los peligros del desempleo y de la desigualdad social. La crisis ha puesto de manifiesto el débil sustento de un modelo que no sólo actúa en dirección contraria, sino que además propicia el agotamiento de los recursos y generaliza un modo de vida esclavo del consumo y eternamente insatisfecho por necesidades heterodeterminadas.

La finitud de recursos obliga, por tanto, a un cambio de modelo. Es preciso reorganizar la sociedad sobre la base de otros valores, tales como la reducción del consumo y de la producción, la redistribución, el altruismo, el ocio frente al trabajo obsesivo y primar lo local frente a lo global en un escenario marcado, en suma, por la sobriedad y la simplicidad voluntaria. En realidad, se trata de una cuestión de tiempo dado que, si no lo hacemos voluntariamente, lo habremos de asumir obligados por las limitaciones de recursos. Taibo suma a estos cambios imprescindibles en nuestra conducta individual la necesidad de impulsar movimientos que peleen por modificar radicalmente las reglas del juego imperantes.

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Libros

115 propuestas para enfrentar la crisis

En defensa de lo público SS

Algo va mal.

Tony Judt.

Taurus, Madrid, 2010.

SS

Hay alternativas.

256 páginas. 19 euros.

V. Navarro, J. Torres y A. Garzón.

Sequitur, Madrid, 2011.

224 páginas. 10 euros.

Descarga gratuita en www.attac.es

“El sistema mundial se está dividiendo en dos bloques: la plutocracia, un grupo muy importante, con enormes riquezas, y el resto, en una sociedad global en la cual el crecimiento (...) beneficia a una minoría de personas extraordinariamente ricas, que dirigen el consumo de tales recursos. Y por otra parte existen los `no ricos’, la enorme mayoría, referida en ocasiones como el `precariado’ global, la fuerza laboral que vive de manera precaria, entre la que se incluye mil millones de personas que casi no alcanzan a sobrevivir. Estos desarrollos no se deben a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras institucionales que los favorecen”.

Estas palabras, del filósofo Noam Chomsky, prologan el libro escrito por los catedráticos de Economía Vicenç Navarro y Juan Torres y el economista Alberto Garzón para desmentir el extendido mantra de que no hay alternativas para salir de la crisis salvo el recorte de los salarios directos, indirectos en forma de gasto social o diferidos, como las pensiones. Las hay, afirman. Y desgranan 115 propuestas para enfrentar la crisis pensando en las personas. Son 115 medidas que hablan, entre otras, de la reforma de las finanzas, de las condiciones para crear empleo digno, del déficit social estructural del Estado español, de otras formas de financiar las actividades privadas y las políticas públicas, de la reforma de la Unión Europea y de los organismos económicos internacionales y de la reconciliación entre las actividades humanas y la naturaleza. Hay alternativas no pretende ser, en palabras de sus autores, un libro académico, un prontuario de soluciones ni un programa político. Aspira a responder a las preguntas de las personas que comparten el ideal de justicia social que bulle en las calles.

“El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana. Gran parte de lo que hoy nos parece `natural’ data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres”. El historiador británico lanza, en su libro póstumo, una vindicación de la legitimidad de lo público y de lo universal como valores sobre los que reconstruir una sociedad en la que, en palabras de Stuart Mill, “los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario”.

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Radiografía de la avaricia SS

Inside Job. Película documental. 2010. Dirección: Charles Ferguson.

Narrador: Matt Damon. EEUU. Sony Pictures Classics.

Gracias a un excelente guión y a su espíritu didáctico, que consigue desentrañar con maestría el funcionamiento del oscuro y proceloso mundo de las finanzas, Inside Job se ha convertido en todo un clásico para los movimientos sociales, que lo han usado en centenares de actos sobre la actual recesión económica. A través de incisivas entrevistas a ejecutivos de empresas y entidades bancarias, responsables de la Administración de EEUU, políticos, profesores de universidad y teóricos de la desregulación del mercado, la cinta bucea en las causas y consecuencias de la crisis financiera de 2008. La mayor parte de los entrevistados han tenido un papel relevante en un fenómeno que ha dejado millones de personas damnificadas en todo el planeta. Detrás de las actuales cifras históricas de desempleo, de familias sin techo y sin cobertura médica, detrás del cierre escalonado de empresas y del aumento sin precedentes de la desigualdad social y de las bolsas de pobreza en nuestras ciudades y pueblos se hallan entidades y sujetos con nombres y apellidos, personas que, a pesar de sus responsabilidades sociales y judiciales,

no sólo no han sido condenadas sino que, en la mayoría de los casos, han sido “premiados” con mejores puestos o indemnizaciones millonarias. Hablamos de gurús del neoliberalismo y de la desregulación financiera como Martin Feldstein, economista de Harvard, antiguo director del Consejo de Asesores Económicos de Reagan y ex director de la aseguradora AIG; Henry Paulson, ex presidente de Goldman Sachs y secretario del Tesoro de Bush; Ben Bernanke, actual presidente de la Reserva Federal, cargo que ocupó también con Bush; o de Timothy Geithner, ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y actual secretario del Tesoro. El director de la película, que se implicó en la campaña electoral de Obama, subraya el nombramiento de personajes como estos dos últimos para mostrar su absoluta decepción con un gobierno que, en materia económica, apenas ha marcado diferencias con su predecesor.

El documental, ganador de un Óscar en 2011, destapa en definitiva la estrecha relación entre el poder político, económico y el mundo de la Academia, en el que no pocos profesores, como el actual decano de la escuela

de negocios de la Universidad de Columbia, Glenn Hubbard, actúan al mismo tiempo como asesores para grandes empresas financieras, de las que perciben partidas millonarias.

Charles Fergusson, con sus

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Películas

Fallo en el sistema SS

The flaw.

Película documental. Reino Unido, 2010. Dirección: David Sington. Producción: Dartmouth Films y Studio Lambert Production. www.theflawmovie.com

Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de EE UU, confesó en 2008 que había sobrevalorado la capacidad de autorregulación del libre mercado y que no había sido capaz de prever el carácter autodestructivo de los préstamos hipotecarios y de la burbuja crediticia que todo ello generó. El director del documental analiza ese “fallo” (flaw) del sistema de la mano de prestigiosos economistas, como Joseph Stiglitz, que aportan algo de luz sobre las causas que originaron el colapso financiero.

Ellos siempre ganan SS

Margin call.

Dirección y guion: J.C. Chandor.

EE UU, 2011. Género: drama, thriller. Interpretación: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto y Demi Moore.

certeras preguntas, pone en evidencia a todos ellos, sacando a la luz su codicia y falta de escrúpulos, dejándoles tan mal parados como aquellos que rechazaron su invitación a ser entrevistados.

Galardonada en el New York Film Critics Circle Awards como “mejor película”, el director novel J.C. Chandor narra los acontecimientos que rodearon el estallido de la actual crisis económica. Inspirada en el caso Lehman Brothers, Margin Call dibuja un retrato lúcido y descarnado de los “tiburones” que desataron la mayor tormenta financiera de los últimos tiempos al vender paquetes de activos tóxicos –lotes de hipotecas o préstamos cuya garantía es muy inferior a su importe– para salvar el suculento margen de beneficios de los directivos de la entidad bancaria a costa de la estabilidad del mercado financiero internacional y de la supervivencia de miles de familias.

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Ciudadanía y alternativas para la renovación democrática La expansión y profundización de la crisis económica y el impacto sobre la ciudadanía de algunas de sus consecuencias, como el desempleo, se han producido en un contexto de creciente descrédito de las instituciones y de los partidos políticos.

Resulta, pues, fundamental, conjugar la reactivación del desarrollo económico con la renovación de los valores y de las prácticas de la democracia participativa.

Manuel Arenilla Sáez, Víctor García Segador y Ricardo García Vegas

E

n los actuales momentos de crisis económica y de altas tasas de desempleo, se cometería un grave error si se circunscribiera la crisis española únicamente al deterioro de variables e indicadores socioeconómicos que, lamentablemente, inciden de forma negativa sobre la calidad de vida de las familias.

Los resultados arrojados por el último barómetro del CIS1 muestran que los ciudadanos exigen soluciones acertadas para el paro y los problemas económicos que aquejan a la sociedad española y esperan que los dirigentes políticos y los partidos políticos adopten decisiones oportunas. La conclusión es que el sistema político español está siendo sometido a enormes presiones para que sus output satisfagan plenamente las demandas y necesidades de los ciudadanos.

En situaciones adversas, los ciudadanos esperan respuestas rápidas y acertadas de quienes

gobiernan. Estas expectativas suelen sustentarse en la legitimidad de las instituciones democráticas y en los lazos de confianza que deben prevalecer entre los gobernados y sus gobernantes.

Sin embargo, una característica de los sistemas políticos avanzados ha sido el distanciamiento progresivo de los ciudadanos de las instituciones democráticas y de sus representantes. Las encuestas y estudios muestran de una forma reiterada2 la existencia de serios riesgos que pueden afectar negativamente la adhesión ciudadana a las instituciones políticas; la forma negativa en que es vista la política y los partidos políticos (las organizaciones no gubernamentales, por el contrario, han fortalecido su imagen frente al ciudadano) y el descenso de la participación electoral, especialmente en el entorno de las grandes ciudades y entre los jóvenes.

1 CIS,2011: E. 2.853.

2 CIS, 2010: E. 2.849, E. 2.853; Encuesta Social Europea, 2009; CIS, 2009: E. 2.826.

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En este contexto, el concepto de ciudadanía entre el gobierno y los ciudadanos para redepuede verse afectado al punto de llegar a un finir el ejercicio del poder político y reasignar escenario extremo donde pierda paulatinalas responsabilidades. mente su contenido. La dimensión política de la ciudadanía aborda el modelo de relación de Es preciso establecer mecanismos efectilas instituciones políticas con los ciudadanos, vos de transparencia, rendición de cuentas, de ahí que en situaciones donde estos no ven participación, de buen gobierno y de buena satisfechas sus expectativas existirían múlAdministración que permitan a los ciudadatiples incentivos para situarse al margen del nos individuales u organizados ejercer efisistema político. De no producirse respuestas cazmente su derecho al control del ejercicio acertadas por parte de las instituciones a las de la dominación política. El acuerdo ha de demandas ciudadanas, se incrementarían los implicar a los ciudadanos en las actividaincentivos para que los ciudadanos se abstrades de gobierno para que se responsabilicen jeran de la dinámica de de la consecución del la comunidad en la que bien común. Conlleva ■■ La ciudadanía no tiene un viven y se centrasen en la construcción de amla atención de sus asunplios cauces de diálogo buen concepto de los partidos tos particulares. Frente y debate y la educación a un posible escenario de los ciudadanos en el políticos. Las organizaciones no de debilidad de las insgobierno democrático gubernamentales, por el contratituciones públicas y de con el fin de promover apatía de los ciudadauna visión compartida rio, han fortalecido su imagen nos, el interés general de los asuntos públicos. correría el riesgo de diEl acuerdo es esencial luirse en la conciencia colectiva ante el deseo para redefinir la ciudadanía y la difusión de de velar por los intereses individuales. información válida para enriquecer el debate público. Es, asimismo, fundamental una En este panorama y con estos posibles escenanueva orientación de los servicios públicos rios hay que atender la grave crisis económica para que desarrollen y defiendan criterios y y sus efectos perversos sobre las familias esmedidas de equidad y consideren su impacto pañolas, pero además, es necesario promover en la dignidad y el bienestar efectivo de los la regeneración del sistema político y la renociudadanos. vación de los valores democráticos. Aunque pueda considerarse un recurso muy manido, Una revisión de las experiencias internaciolos ciudadanos son y deben ser la clave de esta nales puede arrojar luz sobre las tendencias regeneración. Los ciudadanos deben dejar actuales y los procesos de aprendizaje vividos de ser vistos desde las instituciones públicas en otros contextos. Adicionalmente, brindaría como simples votantes, clientes o poseedores la posibilidad de valorar cómo algunos países de un interés, para ser definidos como ciuhan hecho frente al impacto de la crisis ecodadanos democráticos en pleno ejercicio de nómica y financiera mundial, que es una insus derechos y libertades fundamentales, así teresante oportunidad para reformar algunos como de sus obligaciones. Pero también es aspectos clave de las sociedades actuales, así importante el establecimiento de un acuerdo como para trastocar el sistema de valores de-

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fendido por los gobiernos y partidos políticos en las últimas décadas.

La gran sociedad del gobierno británico

ñas iniciativas o grandes acciones colectivas. 3) Creación de un Estado propicio y responsable, que hace referencia a la necesidad de adoptar un enfoque flexible definido por la transparencia, la remuneración por resultados y el apoyo a empresas sociales y cooperativas.

La apuesta programática del Gobierno de CaEn este marco, ha adquirido fuerza en el Reimeron es la gran sociedad, que se concibe como no Unido la idea de avanzar hacia la configuun espacio dinámico que les brinda a los ciudaración de un modelo de Estado más local, más danos la oportunidad de identificarse con la coflexible y más sensible a las exigencias de los munidad a la que pertenecen y la posibilidad de ciudadanos. Esto ha supuesto la promoción de participar activamente en su progreso. Se plantea un modelo de descentralización que favorezca desde la Administración pública la necesidad de la transferencia concertada de competencias a fomentar iniciativas que los niveles de gobierno busquen dotar a los ciuque se encuentran más dadanos de herramiencercanos a la población.

■■ La debilidad de las instituciotas eficaces para coadyuTambién conlleva la var en la mejora de su nes públicas y la apatía de los ciu- adopción de modelos de calidad de vida; que gestión sustentados en dadanos podría diluir el interés permitan la implantamecanismos de coopeción de mecanismos de ración y colaboración. general en favor de los intereses apoyo para el desarrollo de ideas y proyectos coFinalmente, se prevé la individuales munitarios; que garancreación de un fondo ticen una influencia real para la innovación social, de los ciudadanos sobre la toma de decisiones, donde las denominadas empresas sociales, las ory que promuevan un sentimiento colectivo de ganizaciones civiles y hasta los propios ciudadaconfianza sobre la capacidad de los individuos nos puedan obtener financiación para sus proyecpara impulsar un verdadero cambio en sus cotos e ideas innovadoras. munidades.

El núcleo central del modelo de gran sociedad puede desglosarse en los siguientes principios.

1) Empoderamiento de los individuos y de las comunidades, que implica no solo la descentralización y la redistribución del poder a los gobiernos locales, sino también a las comunidades, barrios y a las propias personas. 2) Fomento de la responsabilidad social: se trata de fomentar la concienciación y participación de los individuos, de las organizaciones privadas y sociales en la acción social, ya sea en peque-

La innovación social en el gobierno de Estados Unidos Barack Obama ha tomado la innovación social como un enfoque novedoso en materia de formulación de políticas y prestación de servicios y la concibe como un enfoque capaz de potenciar la participación ciudadana y la movilización de los agentes sociales en torno a los problemas que afectan con mayor agudeza a la población.

Con estas premisas, el Gobierno Federal de los

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Estados Unidos creó el denominado Fondo de Innovación Social (The Social Innovation Fund), con la finalidad de financiar aquellas iniciativas más prometedoras en materia de creación de puestos de trabajo, desarrollo comunitario, cuidado de la salud, apoyo a los jóvenes y grupos vulnerables de la población, etc.

Este fondo tiene como objetivo atraer a los denominados emprendedores sociales, es decir, a personas, asociaciones u organizaciones civiles que han ideado soluciones innovadoras para abordar los problemas que afectan a las comunidades y crear condiciones favorables para promover la generación de ideas nuevas y frescas que, en situaciones de crisis y escasez de recursos, sean eficaces y efectivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta iniciativa incluye otro fondo en el Departamento de Educación para invertir en innovación, así como un premio en efectivo para las respuestas nuevas y creativas a los problemas sociales.

Alternativas para la regeneración democrática Los gobiernos locales son centrales en la regeneración democrática, pues han adquirido en las últimas décadas un rol estratégico en la definición de modelos económicos, sociales y territoriales para sus ciudades. Unido a ello, hay que tener en cuenta los descriptores que tradicionalmente suelen emplearse con las administraciones locales como son: su cercanía a los grupos sociales; unas competencias asociadas a la prestación de servicios a la comunidad; la inmediata repercusión de las decisiones adoptadas sobre la cotidianidad; la posibilidad que tienen los ciudadanos de evaluar inmediatamente la eficacia de las políticas pública; y su capacidad para

movilizar a múltiples actores hacia objetivos de carácter colectivo.

Sin embargo, cuando se abordan estos temas surge una interesante paradoja que limita el alcance real de cualquier iniciativa. A pesar de que los ayuntamientos son las instituciones en la que más confían los ciudadanos, por delante de las Administración autonómica y central, según revela el CIS, la mayoría de la población no participa en los asuntos municipales3. Esto lleva a que sea necesario romper el inmovilismo y la desconfianza y favorecer una estructura de oportunidades atractiva para la participación.

Esto se debe lograr mediante la adopción de mecanismos institucionales novedosos que logren conjugar la renovación de los valores democráticos como objetivo clave en el ámbito local, junto con la consecución de mayores niveles de desarrollo en las comunidades.

La superación de este reto es posible construyendo una visión-marco que incluya, en primer lugar, el alcance de la participación y la adopción de mecanismos que faciliten el ejercicio pleno de derechos y libertades fundamentales por parte de los ciudadanos. Esto supone considerar el diseño y la puesta en marcha de iniciativas novedosas y eficaces que añadan valor a las políticas públicas. En segundo lugar, la definición del papel de los ciudadanos, de los actores públicos, privados y sociales en la promoción del desarrollo local, mediante la configuración de una cultura innovadora y emprendedora sustentada en modelos de gestión relacional. Y, en tercer lugar, la definición de incentivos que favorezcan la coordinación y colaboración entre las diversas administraciones para articular las

3 Cuesta, M. et al. 2009 ¿Municipios participativos?

Participación política y ciudadana en ciudades medias españolas. Madrid: CIS.

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iniciativas locales con los objetivos y estrategias de desarrollo previamente consensuadas.

en marcha iniciativas que estimulen la movilización de los ciudadanos y su incorporación en los procesos de toma de decisiones, se requiere la colaboración de todos los actores del espectro social para crear condiciones que favorezcan el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier iniciativa que persiga estos objetivos.

El concepto de innovación social plantea la posibilidad de transformar la manera en que se diseñan las políticas y programas públicos, al incorporar como elementos clave en el proceso de toma de decisiones la creatividad y el conocimiento de toda una generación dinámica Para la configuración de un modelo relacioy emprendedora como la actual. Esto implica nal dwsociales y privados en el desarrollo de impulsar el asociacionismo; lograr la plena proyectos de mejora social. c) Diseño consenarticulación del entramado asociativo con las suado de líneas estratégicas en la coproducción experiencias y el aprendizaje de las organizay cogestión de los servicios públicos. d) Deciones privadas y sociasarrollo de actuaciones les que han trabajado y que estén orientadas a trabajan de forma activa ■■ Los ayuntamientos son las ins- la formación de los jóen las comunidades, así venes y al desarrollo de tituciones en la que más confían como crear redes tediversas competencias. máticas que orienten el e) Dotación de recurlos ciudadanos. La mayoría de la esfuerzo de las organisos suficientes para la zaciones cívicas a la sofinanciación del tejido población, sin embargo, no partilución de los problemas asociativo y los proyecpúblicos, mediante la tos de interés social. f) cipa en los asuntos municipales formulación de novedoMecanismos de coordisos proyectos sociales. nación que garanticen la transferibilidad de las experiencias exitosas.

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de estos conceptos y han propiciado la El Ayuntamiento de Madrid ha sido pionero creación de nuevas formas y espacios de partien el desarrollo de estas tendencias, destacancipación sustentados en las ventajas que ofredo los Planes de Barrio. Esta iniciativa está cen la conectividad de internet y la diversidad orientada al reequilibrio social y territorial de de medios electrónicos disponibles. Esta dinála ciudad, incluye actuaciones que tienen por mica tecnológica se ve reflejada en el desarrollo finalidad el fortalecimiento de la participación de la web 2.0, el auge de aplicaciones sencillas ciudadana y del tejido asociativo mediante la de uso cotidiano y el fomento de las redes soincorporación de los vecinos en el proceso de ciales, donde los jóvenes y todos los ciudadatoma de decisiones sobre asuntos de interés genos en general cuentan con una vía de impacto neral. Esto se ha traducido en la financiación directa sobre las actuaciones gubernamentales. de proyectos sociales formulados y ejecutados por las asociaciones.

Pero promover modelos participativos de carácter relacional que fomenten la innovación El reto es lograr que estos modelos no solo se social representa una tarea ardua y altamente extiendan a todas las administraciones, determicompleja. Si bien las administraciones tienen nando la manera en que se relacionan unas con una alta responsabilidad, pues deben poner otras, sino también producir un cambio en la for256

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ma de abordar los problemas públicos. En efecto, se trata de lograr una visión multidimensional de la realidad social haciendo del territorio una unidad básica de intervención con el liderazgo preferente de los gobiernos locales.

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Notas

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El Ayuntamiento de Madrid y los agentes sociales consensĂşan y firman un nuevo acuerdo frente a la crisis compuesto por 111 medidas. 1 de diciembre de 2011.

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