Boletín 007, setiembre 2009
Enero 2010 Año 2, Nº10.
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El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD) colabora con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; provisión de asistencia técnica; y recolección y difusión de información en temas de su competencia. La Fundación Justicia y Género como el Programa Mujer Justicia Género se crearon a partir de profundas reflexiones sobre la necesidad de buscar el mejoramiento de la administración de justicia y los derechos humanos en la región. Para combatir esa invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, que trae como consecuencias discriminación, desigualdad, opresión y violencia contra la mujer. México, Ciudad Juárez Caso de muerte en el 2001
Corte condena violencia contra mujeres
- Tribunal ordena que perspectiva de género se incluya en investigaciones Por violar derechos fundamentales e incumplir su deber de investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez. La Corte, con sede en Costa Rica, concluyó, en su fallo que las autoridades mexicanas ni protegieron, ni fueron diligentes o capaces para proteger a las mujeres pese a la persistencia de un patrón de violencia que llevó a la muerte a por lo menos 300 mujeres en los últimos 16 años. El fallo se refiere al caso de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos mutilados y con signos de violación fueron hallados en 2001 en un terreno baldío llamado Campo Algodonero, en las afueras de la ciudad. Los cuerpos de las jóvenes estaban junto a los de otras cinco, semienterrados, y que no llegaron a ser identificadas. La decisión judicial, que no admite recurso y es obligatoria, “hace fuertes señalamientos a México en tanto desnuda sus debilidades y evidencia su ineptitud para atender casos de violencia hacia mujeres”, opinaron Alejandra Nuño, directora del Centro por la Justicia Internacional para el área de Mesoamérica y Gisela De León, directora jurídica de la entidad.