Boletín 007, setiembre 2009
Enero 2010 Año 2, Nº10.
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El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD) colabora con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; provisión de asistencia técnica; y recolección y difusión de información en temas de su competencia. La Fundación Justicia y Género como el Programa Mujer Justicia Género se crearon a partir de profundas reflexiones sobre la necesidad de buscar el mejoramiento de la administración de justicia y los derechos humanos en la región. Para combatir esa invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, que trae como consecuencias discriminación, desigualdad, opresión y violencia contra la mujer. México, Ciudad Juárez Caso de muerte en el 2001
Corte condena violencia contra mujeres
- Tribunal ordena que perspectiva de género se incluya en investigaciones Por violar derechos fundamentales e incumplir su deber de investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez. La Corte, con sede en Costa Rica, concluyó, en su fallo que las autoridades mexicanas ni protegieron, ni fueron diligentes o capaces para proteger a las mujeres pese a la persistencia de un patrón de violencia que llevó a la muerte a por lo menos 300 mujeres en los últimos 16 años. El fallo se refiere al caso de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos mutilados y con signos de violación fueron hallados en 2001 en un terreno baldío llamado Campo Algodonero, en las afueras de la ciudad. Los cuerpos de las jóvenes estaban junto a los de otras cinco, semienterrados, y que no llegaron a ser identificadas. La decisión judicial, que no admite recurso y es obligatoria, “hace fuertes señalamientos a México en tanto desnuda sus debilidades y evidencia su ineptitud para atender casos de violencia hacia mujeres”, opinaron Alejandra Nuño, directora del Centro por la Justicia Internacional para el área de Mesoamérica y Gisela De León, directora jurídica de la entidad.
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En detalle La sentencia condena también a México a pagar a las familias de las víctimas un total de $383.000 por concepto de daño material e inmaterial y ordena investigar y castigar a funcionarios judiciales sospechosos de “irregularidades” en las pesquisas por estos casos. Además, establece que el Gobierno investigue hostigamientos a los familiares de las víctimas. La Corte, como ejemplo del nivel de detalle con que emitió su fallo, ordenó a México a que, en el plazo de seis meses a partir de notificada la sentencia, elabore una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Nuño y De León dijeron que el fallo reivindica “toda la frustración e indignación de los familiares” en la búsqueda de justicia quienes, afirma el fallo, también fueron víctimas de discriminaciones del aparato policial.
Irma Monreal (de blanco), madre de Esmeralda Herrera, asesinada en el 2001 en el “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez asistió en Ciudad de México a un acto de grupos civiles que celebraron el fallo. Fuente: EFE.
Costa Rica Colegio de abogados
Con rostro de mujer Con más de cien años de existencia el Colegio de Abogados eligió como Presidenta a la Dra. Erika Hernández Sandoval quién asume funciones este mes de enero. En las elecciones participaron como candidatos -además de Hernandez- el juez Abel Jiménez Obando y Rafael González Ballar, quienes recorrieron todo el país explicando a sus colegas sus proyectos y planes de gobierno. Sin embargo, luego del escrutinio el Tribunal Electoral en el acta Nº 10-2009 declararon ganadora a Erika Hernández Sandoval con 1055 votos. El segundo lugar lo obtuvo Rafael González Ballar con 620 votos y en tercer lugar Abel Jiménez con 556. Además de ser la primera mujer en ocupar la presidencia del Colegio de Abogados, Hernández será la más joven. También es coordinadora para Costa Rica del Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Desde el año 2006 a la fecha coordinadora de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados e integrante de las Comisiones de Género y Académico del Colegio. Es Abogada externa de la CCSS y el INS, Notaria externa del INVU. El grupo INNOVACION representa ampliamente a las universidades privadas y las públicas, es importante resaltar que de los nuevos y las nuevas integrantes de la Junta Directiva, conocen la realidad del abogado litigante, de la notaria pública así como de la problemática de los abogados y abogadas en las instituciones públicas y privadas. Todos y todas son profesionales activos, realizan un verdadero ejercicio profesional, son abogados y abogadas enfrentando, al igual que el 95% del gremio, los problemas de la competencia desleal, del descrédito de las instituciones públicas y privadas al ejercicio de la fe pública notarial, y lo más grave, enfrentando la ausencia de un verdadero ente de representación y defensa del gremio. Ahora llega a la Presidencia del Colegio una verdadera representación del 54% de sus miembras, con la posibilidad de formular un diagnóstico para dictar una política de igualdad de género que incorpore soluciones a situaciones particulares de las
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abogadas, y para todo el gremio: con la propuesta clara de cuál norte debe retomar el Colegio y los retos a enfrentar en aras de un mejor servicio a la comunidad nacional. Erika Hernández Sandoval, del grupo Innovación, en su programa de Gobierno asegura que impulsará la Inversión en tecnología de la información, lo que permitirá asegurar su desarrollo, modernizar su estructura, garantizar servicios expeditos a sus agremiadas y agremiados y generar vínculos en la era de la globalización.
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Panamá Presidente de Corte Suprema
Una ciudad familiar
Parte de la meta consiste en que todos los trámites relacionados con nuestro Colegio se puedan efectuar vía internet, tales como: pagos de colegiatura, inscripción a cursos, solicitudes de becas; capacitación, reuniones en videoconferencia, cursos virtuales, entre otros. El Colegio debe estar a sólo “un click” de distancia, y conectado al mundo digital. Destaca el hecho de haber sido electa para el cargo de Presidente, por primera vez en los 128 años de existencia del Colegio de Abogados de Costa Rica, la Dra. Ericka Hernández Sandoval. Este es el resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en el Colegio de Abogados resultó electo el siguiente directorio: Dra. Éricka Hernández Sandoval, Presidenta MSc. Christian Enrique Campos Monge, Vicepresidente Lic. Ronald Eduardo Segura Mena, Secretario Dr. Enrique Rojas Solís, Tesorero Licda. Jeannette Arias Meza, Vocal I MSc. Juan Carlos Granados Vargas, Vocal IV Licda. Vivian Wyllins Soto, Fiscal Algunos datos de la Presidenta Dra. Erika Hernández Sandoval Doctora en Derecho penal y procesal, Universidad de Sevilla, España. Abogada litigante desde hace más de 14 años y notaria pública activa. Abogada fundadora del Bufete Amador Hernández y Asociados.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harley James Mitchell, presentó a la primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, el proyecto de ciudad familiar, donde se ubicarían todas las dependencias encargadas de atender los problemas de la niñez, adolescencia y familia. “Esta es una invitación cordial para que participe con el Órgano Judicial en este proyecto que, sin dudas, será de mucho beneficio para la sociedad panameña. Los sueños surgen porque hay oportunidades; y este proyecto llegó a su despacho porque aquí hay una oportunidad”, manifestó el magistrado Mitchell mientras entregaba un diseño de los planos de la ciudad familiar, que se construirá en tres años a un costo aproximado de 27 millones de dólares. El proyecto, que fue explicado por Farah Ureña, arquitecta de profesión, contará con edificios para el despacho de la primera dama, Ministerio de Desarrollo Social, Tribunal Electoral, Clínica Ocupacional, biblioteca, centro de mediación, centro interdisciplinario, Instituto Nacional de la Mujer, capilla, Secretaría Nacional de Niñez,
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inicio Adolescencia y Familia (Sennaiaf), parques, campos de juego, tribunales y juzgados de niñez, adolescencia y familia, entre otros. Por su parte, la primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, calificó el proyecto como “excelente. Y nos reuniremos con el Ministerio de Economía y Fianzas (MEF) con el objetivo de ver cómo ponemos en práctica la obra”. Acompañado por las magistradas Nelly Cedeño, Milixa de Hernández y Eysa Escobar, el magistrado José Delgado y la secretaria Administrativa del Órgano Judicial, Vielza Ríos, el presidente de la CSJ informó que uno de los lugares más apropiados para la construcción de la ciudad familiar es el hangar que ocupa el MEF al lado del Mercado de
Abastos. Este proyecto también fue avalado por Gloria Lozano de Arias, directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien aseguró que, de esta forma, se mejorará la accesibilidad para los ciudadanos que acudirán a un solo lugar para encontrar soluciones. Fuente y foto: Rafael Alexis Álvarez
Río de Janeiro, Brasil
Estudian firmar Tratado Internacional sobre Independencia Judicial Con el objetivo de alcanzar la firma de un Tratado Internacional sobre la Independencia Judicial, magistrados de Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá y Uruguay se reunieron en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, para discutir la aplicación concreta de la Carta de Campeche en nuestro continente. En su calidad de presidenta de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces (ASPAMAJ), y con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la magistrada Idalides Pinilla participó en este importante evento que ha diagnosticado las dificultades para el pleno ejercicio de la actividad judiciante en nuestro continente y cree “que la Carta de Campeche puede evolucionar para un tratado internacional que garantice condiciones mínimas de trabajo e indepen-
dencia a los magistrados latinoamericanos”. La magistrada Pinilla agregó que en esta reunión se comprometieron a reunirse “con el Ministro de Gobierno y Justicia y el Canciller de la República de cada uno de los países de la región latinoamericana, toda que vez que se trata de un convenio internacional que de lograrse deberá ser suscrito por el gobierno de cada país”. En el seminario se “relataron los principales desafíos enfrentados por los jueces para ejercer su trabajo de manera independiente, en sus respectivos países. Además de los problemas relativos a la independencia externa, por ejemplo la interferencia ejercida por el Ejecutivo y por el Legislativo, preponderó la preocupación por la independencia interna, es decir, en el ámbito del propio sistema judicial”. Al final del encuentro se acordó para el mes de abril de 2010, realizar la 58ª Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), en Argentina. Para esta fecha se espera que los representantes de los países participantes presenten “los avances de la negociación, con vistas a homologar ese nuevo tratado”.