MEKANISMO!
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Contenido ___________________ Director Alejandro Morales M. Editor Gabriel L. Lagunes C. Jefe de Redacción Ángel Antonio Ramírez C. Redacción Jaime Martínez de la O ___________________
Presentación de la revista
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La divinidad de lo blasfemo
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Ensayo de Rodrigo Jiménez de la Cruz
Contra la oportunidad perdida Poema de Narciso Gómez
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Colaboradores
Consejo Editorial
Salvador Díaz, Adrián González naveda, Jesús López González, Álvaro Mainero, Medardo Maza, Felipe Núñez, Luis Alberto Sánchez,
Ángel Antonio Ramírez C. (Ciudad de México, 1973). Es poeta, muertero y burócrata. Su último libro es Después de tantos días. Es director del suplemento Atenta Mente.
Internet Fernando Ponce
Martin Amis (Madrid, 1954). Es narrador y ensayista. Su libro más reciente en español es Koba el terrible (Anagrama, 2004).
Relaciones Públicas y Ventas Carmen Pérez
Aurelio Asiain (Morelia, 1965). Es poeta. Su libro más reciente es Edición de autor(2004).
Diseño, formación digital y diseño editorial Alec Muñoz Blux
Félix de Azúa (Buenos Aires, 1958). Es poeta, ensayista y novelista. Es autor de un Diccionario de las artes (Anagrama, 2002).
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Dirección Suplemento Atenta Mente Ángel Antonio Ramírez C. MEKANISMO! Es una publicación electrónica estacional auspiciada por Núkleo Analytica Canal de Análisis e Ideas. Esta dedicada a la reflexión y debate serios sobre temas políticos y culturales, así como sus campos afines, tales como la literatura y artes y la sociedad desde una perspectiva plural y crítica. Mekanismo! aspira a ser un foro donde impera la certeza de que sólo un riguroso análisis que contemple la pluralidad de la sociedad mexicana de principios del siglo XXI podría reflejar la condición dinámica del país y la diversidad de sus actores, percepciones y banderas. El sitio web de la publicación es: www.nukleo.org/mekanismo. Contacto: galolaca@nukleo.org Numero de certificado de licitud: en tramite. Dirección de la publicación: Pilares 7, Col. Del Valle, México , D.F. C.P. 03100
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GENARO VALTIERRA
Ingobernabilidad: El precio de la sangre México actualmente se encuentra en una coyuntura crítica en la que está en juego el futuro de la Republica y la posibilidad de establecer un proyecto de nación que de certeza al país en los próximos decenios. Mas que frente una crisis de gobierno, estamos frente a una crisis de formas autoritarias de gobierno, donde lo nuevo le falta por terminar de nacer y lo viejo aun persiste.
A
LOS OJOS DE CASI CUALQUIER OBSERVADOR LA SITUACIÓN ES CLARA Y
preocupante. Vivimos un antagonismo político estimulado por grupos políticos y económicos, con voluntad de poder y enormes recursos, sin escrúpulos ni más proyecto político que la obtención del poder a cualquier costo; con una ambición desbordada por la impericia política que han supuesto en el gobierno. El triunfo de dichos grupos políticos bajo procedimientos y vicios antidemocráticos en la lucha por el poder significaría un retroceso inimaginable para México. El sistema político sigue operando bajo mecanismos no cabalmente democráticos, y mientras la práctica gubernamental sea producto de una maña antidemocrática o pervertida, como ha probado ser la del viejo sistema, la evolución del marco electoral no significará automáticamente un avance democrático. Un cambio profundo requiere de la reforma de todas las dimensiones de la política y la acción de gobierno más allá de lo puramente electoral.1 Como consecuencia, actualmente en México no hay perspectivas para la confrontación política
civilizada; la cerrazón y la intransigencia no son un proyecto de futuro, sino camino de regreso hacia un pasado que a nadie conviene. Peor aun, la dimensión electoral se había mostrado como la de mayor avance democrático y no obstante, es la que los últimos años ha sufrido algunos de los mayores cuestionamientos sociales. El proceso electoral se percibe desde ahora como un episodio descarnado y oportunista de lucha por el poder, ajeno a las preocupaciones reales de la gente y a la búsqueda de respuestas para los desafíos objetivos de la nación. El abstencionismo nos representa, contra-dictoriamente, una gran energía social. El elector no es aun el gran árbitro. La beligerancia electoral basada en una visión cortoplacista de la responsabilidad política
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Véase Roderic Ai Camp. La situación de la guerra en México. Siglo XXI, México, 1993. Es texto es una de las mayores contribuciones a la literatura en relación a los acontecimientos suscitados en la segunda mitad del siglo XIX. Es en este texto que encontramos una de las razones para voltear a ese pasado. MEKANISMO!
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resultará contra producente. Como muestra, una consecuencia palpable son los inéditos niveles de confrontación social y política. Podemos decir sin temor que somos una sociedad dividida y carente de una agenda de largo plazo y las diferencias son más políticas que filosóficas.
voz de la iniciativa privada, ¿saben realmente de las aspiraciones y los problemas del empresariado en su conjunto? ¿No es acaso una cuestión de democracia? Y los intereses económicos, que encuentran siempre la forma de acomodarse a las nuevas circunstancias, participan con un ánimo oportunista más que democrático. Compiten tan sólo por la permanencia o el cambio de grupo en el poder; o por aumentar la confusión política, que podría ser el caso del crimen organizado, que se ha sumado, emboscadamente, a quienes se oponen a un cambio democrático. Como consecuencia el estado mexicano parece ya no contar con los consensos básicos, y en cambio manifiesta una concentración y representación de intereses aglutinada fundamentalmente en sus vínculos con los grupos de poder económicos.
Ante un escenario así, la desconfianza social también se manifiesta como confusión. No queda claro para una ciudadanía débil y aun en construcción cual ha sido el cambio real desde el año 2000: ¿mayor conflicto entre partidos?, ¿menor representación política de demandas sociales?, ¿mayor incertidumbre? Pero, si bien ya no presenciamos la acción de un régimen autoritario como tal, si pervive una democracia periférica y en muchos sentidos, todavía simulada, de corto alcance en los partidos y poderosos grupos de interés han intentado monopolizar a política para la representación de sus propios intereses. A este respecto, es de llamar la atención que la agenda y posiciones políticas de varios actores no tenga en estos temas sus mayores preocupaciones.
Y es que las reglas políticas, por el momento les acomodan a varios actores, incluidos los mismos partidos políticos, pero el reclamo social ante una democracia tan vacía se ha comenzado a manifestar con fuerza en la forma de movilización social, en ocasiones radical y violenta.
Uno de estos actores es el empresariado nacional, especialmente en concentrado en los grandes grupos corporativos. Mucho se habla desde la perspectiva del sector privado sobre la democracia que necesita el país. Sin embargo, poco énfasis se pone sobre los cambios democráticos que requiere la interlocución empresarial con el Estado. Sin duda alguna: no hay democracia capaz de salir adelante sin un empresariado a su vez democrático. Democratizar la interlocución política con el Estado quiere decir, en primer lugar, hacer a un lado la militancia política corporativa o facciosa y abrirle paso a una actitud republicana. En estos momentos, cuando a diversos y relevantes empresarios les preocupa el destino inmediato del país, de cara a la sucesión de 2006, debería también estar presente una preocupación más cercana y más concreta: la de sus propios liderazgos, la de sus voceros, la de su discurso. No es ociosa la pregunta: ¿qué tan representados por sus representantes se sienten los empresarios mexicanos? Los voceros que oficial u oficiosamente suelen tradicionalmente asumir la MEKANISMO!
La Tensión autoritaria Ante tal situación, la tentación autoritaria y la falta de oficio político pueden llevar al gobierno a la represión. Sin embargo, no se pueden controlar las demandas políticas sólo sobre la base de la represión; se requieren válvulas de escape. Cómo no prever que la manipulación electoral generará reacciones acumulativas que podrían adquirir un carácter desbordante. El nivel de riesgo para el gobierno por un acto de represión es sumamente alto. Está fresca en la memoria de los mexicanos el 68 y 1971, por la represión ordena por los civiles. La imagen militar ha quedado históricamente lastimada por esos acontecimientos. El proceso de cambio del país ha ubicado al tema de la gobernabilidad como el desafió del proceso de cambio en México. La estabilidad de 4
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las reglas del juego en una sociedad democrática refuerza la gobernabilidad; y la inestabilidad derivada de la insatisfacción social por las reglas del juego impulsa su modificación en consecuencia, en una sociedad democrática. Reglas del juego y gobernabilidad viven en un ciclo permanente de tensión dinámica. La gobernabilidad del antiguo régimen estaba en otras reglas y en otro contexto social. Las nuevas claves de la gobernabilidad para el país ya no están en esas reglas obsoletas, sino en la construcción de un nuevo pacto de gobernabilidad plasmada en una reforma del Estado incluyente de largo alcance.
representación de demandas están bloqueados o son inefectivos. Vista así la protesta social es consecuencia y no causa de inestabilidad política. Mas aun, el enfrentamiento es positivo cuando deriva de la oposición a una arbitrariedad del gobernador en turno o de un proceso político, jurídico o administrativo a todas luces ilegal e injusto. Finalmente es válido que un ciudadano hable de leyes injustas -con mayor razón que hable de la aplicación injusta de la ley- como en su momento lo hicieron Gandhi, Mandela y Martin L. King. Sin duda ejemplos que inspiran, dejaron la vida en su lucha contra la aplicación de leyes que consideraron injustas, y después se reconoció que efectivamente lo eran. La misma revolución mexicana es producto de una sociedad que se levanta contra un ordenamiento legal pero injusto y sin posibilidad modificarse por la vía de las instituciones.
DIAGNOSTICOS RESERVADOS
Mas allá de cualquier diagnostico serio, la sensación y percepción de ingobernabilidad esta presente en muchos mexicanos que podrían ver en un regreso al autoritarismo algo más cercano –y por lo tanto deseable- a la gobernabilidad y la estabilidad. En esto tiene que ver que a los beneficios de la democracia le falta concreción, en consecuencia el ciudadano no ve necesariamente en su propio interés la lucha por la democracia. Más aun no se percibe como el gran arbitro de la contienda política que la democracia aspira a gobernar. Y es que muchos de los patrones de nuestra cultura política no encajan aun en los patrones de la democracia. No hemos sido capaces de sentar las bases de la legalidad que requieren las nuevas libertades democráticas de las que hoy goza nuestro país. A partir de ahí la legalidad debió convertirse en el muro de contención que evitara desbordamientos en el ejercicio del poder; sin embargo, el aparato de procuración y administración de justicia no estaba preparado para esta tarea.
Es cierto el uso de la fuerza publica contra la protesta social tiene implicaciones éticas y se puede hacer abstracción del componente moral en su uso mediante la legítima demanda de restablecer el orden público. Pero, debemos reconocer que la movilización social tiene su lógica y complejidad y que la forma como se enfrentado este problema denota que el poder no tiene noción de esta lógica, ni la forma de insertarla en procedimientos democráticos. Y es que no puede la fuerza pública sustituir las consecuencias de una gestión ineficaz de gobierno sin descuidar su uso racional.
En estos últimos años se ha satanizado y pervertido la protesta social y el reclamo público de justicia. Si bien el único enfrentamiento válido en una democracia es el enfrentamiento dialéctico y no hay en ella lugar para enfrentamiento armado, es cierto que la protesta social puede salir de cauces cuando los canales de generación y MEKANISMO!
Por el contrario se ha usurpado el lenguaje de la legalidad pero en los hechos existe la 5
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aplicación de una legalidad de doble rasero. No resultaría extraño que el detonador de la actual dinámica en la aplicación de la ley hayan sido razones diversas a las que hoy se aducen. Echar mano de “la ley” para despejar el camino de adversarios políticos o “aplacar” a la protesta social no sería extraño en un sistema históricamente autoritario.
ejercicio total, y hasta su extremo, de la fuerza material del Estado. Adopta la estrategia de combatir la violencia con violencia. Las responsabilidades, inherentes a esa decisión.
entonces,
son
Porque si bien el Estado es el titular exclusivo y legítimo de la fuerza, no ha de soslayarse que su utilización debe ser siempre el último método de resolución de los conflictos sociales. Antes de emplear la fuerza, antes de reprimir, el gobierno debe agotar todas las instancias posibles.
Es ineludible superar el paradigma asentado particularmente en la derecha hoy en el poder, que solo atinan a superar los conflictos desde la prospectiva de la aplicación de la fuerza como fue en los casos de Atenco y Oaxaca. Los movimientos ciudadanos son un fenómeno que se presenta siempre que un viejo orden entra en crisis. Fue nuestro caso el año 2000. Ante la inexistencia de nuevas vías, por una parte, y la incapacidad de los viejos cauces por la otra, la sociedad asumió la edificación del nuevo orden. Este proceso se dio vinculado, en buena medida, a líderes políticos que supieron, desde trayectorias y experiencias distintas, leer el nuevo rumbo de los tiempos y encaminarse hacia él.
El uso de la fuerza pública, más aún, el de la fuerza armada, debe ser, en todo caso, un último recurso, nunca un sistema.
Después de los comicios del año 2006, que se caracterizaron por una escandalosa guerra sucia de su parte, su partido y sus seguidores, Felipe Calderón Hinojosa adoptó, como la política general de mayor relevancia de su gobierno, una guerra más: el combate al crimen organizado, especialmente aquel que se dedica a actividades del narcotráfico, a través de la fuerza armada.
Este libro hace un análisis jurídico-político del plan nacional instrumentado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de tratar de erradicar el problema de inseguridad generado por organizaciones criminales, a través de la utilización sistemática de la fuerza armada.
En los tiempos del estado de derecho, la utilización de la fuerza armada debe leerse como un fracaso político, aún cuando se aplique como solución a un conflicto generalizado de seguridad pública, porque ello indica que se trata más de un problema social.
Si bien formalmente legitima, materialmente, la utilización de la fuerza pública puede convertirse en otra forma de violencia. El poder, de no ejercerse dentro de los parámetros éticos y jurídicos que distinguen a un estado de derecho, da origen a responsabilidades, no sólo estrictamente políticas, sino incluso legales, de diversa índole, tanto de los que ejecutan, como de los que ordenan.⏏
Como una estrategia para tratar de legitimarse después de toda la campaña agresiva y, en muchos casos, ilegal, desplegada durante el proceso electoral, pero sin dejar de ser, por decirlo de alguna manera, “congruente” con esa misma conducta. Felipe Calderón Hinojosa, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo y, por ende, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del País, adopta la postura pragmática de resolver los conflictos ocasionados por las actividades del crimen organizado, a través de la utilización de las armas. Desarrolla una política sustentada en el MEKANISMO!
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ALFONSO OJEDA MEDRANO
Distribución de competencias, gobernabilidad y estabilidad política En los últimos veinte años han aumentado los países que han transitado hacia regímenes democráticos. El caso de México puede ser considerado paradójico: por un lado muestra características propias de una democracia plena y por el otro prevalecen condiciones de rezago social, como una enorme pobreza y desigualdad; altos indicies de corrupción, tasas de crecimiento económico insuficientes, entre otros Estos factores han incidido en la gobernabilidad de tal manera que, en algunos casos, han resultado en problemas de estallido social y violencia.
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l propósito del presente trabajo es explorar la incidencia del actual sistema federal de distribución de competencias en los niveles de gobernabilidad y su carácter democrático. Sin embargo, dada la complejidad y alcance del concepto de gobernabilidad que usaremos este trabajo se enfocará a la dimensión de la gobernabilidad relacionada con la estabilidad y la ausencia de violencia sociopolítica y los instrumentos públicos que inciden directamente en esta: los mecanismos de atención a demandas sociales que pueden generar conflicto social a escala considerable, y el uso de la fuerza pública como medio legal y legitimo de restauración del orden establecido. El trabajo comienza por definir conceptualmente federalismo y gobernabilidad, así como la influencia de la forma de Estado en la posibilidad de aplicar acciones de “buen gobierno”; sitúa luego al federalismo mexicano en el actual proceso de cambio político y finalmente explora la naturaleza de la actual distribución de competencias entre niveles de gobierno, en aquellas áreas que inciden directamente sobre los MEKANISMO!
niveles de la gobernabilidad en el país. Antecedentes En los últimos veinte años han aumentado los países que han transitado hacia regímenes democráticos. El reto de estas naciones ha sido la construcción de instituciones políticas 8
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democráticas que respondan efectivamente a las demandas de ciudadanos, especialmente de aquellos provenientes de los sectores más desprotegidos. El caso de México, como el de otros países latinoamericanos, puede ser considerado paradójico: por un lado muestra características propias de una democracia plena y por el otro prevalecen condiciones de rezago social, como una enorme pobreza y desigualdad; altos indicies de corrupción, tasas de crecimiento económico insuficientes, entre otros.2 Estos factores han incidido en la gobernabilidad de tal manera que, en algunos casos, han resultado en problemas de estallido social y violencia. En ese contexto, el concepto de gobernabilidad comienza a abrirse cada vez mayores espacios en la discusión de la vida pública mexicana. Particularmente a raíz de la alternancia en la presidencia de la República el tema pasó a formar parte del debate y la consideración de académicos y analistas políticos. Previamente, su estudio no se contemplaba en la agenda debido a que no formaba parte del horizonte de nuestras preocupaciones políticas. Sin embargo, es evidente que a partir del año 2000, y especialmente después de las elecciones de presidenciales de 2006, el país necesita una profunda renovación de las políticas de gobernabilidad. A partir de esas fechas se han evidenciado las limitaciones y aun sus rasgos autoritarios. El avance democrático en México ha puesto al descubierto su caducidad o su falta de capacidad para responder adecuadamente a las nuevas circunstancias.
violencia en México, los últimos años se han intensificado en número e intensidad los conflictos sociales graves.3 Estos conflictos – principalmente Atenco y Oaxaca- han terminado con algún grado de violencia y resultado en crisis de legitimidad para el(os) gobierno(s). Estos conflictos han generado tal incertidumbre que afectan la actividad económica de ese sector o geografía de manera negativa. En estos y otros conflictos, la actuación de las fuerzas encargadas de la restitución del orden social no siempre ha sido legítima. La arbitrariedad en su actuación ha llevado a la violación grave de derechos humanos.4 Los señalamientos de distintos actores políticos y organismos nacionales e internacionales sobre la reciente actuación de la fuerza pública en conflictos como Atenco ensalzan la discusión sobre la compatibilidad de la acción de la fuerza pública ante conflictos que pueden salir de sus cauces con el respeto a la dignidad de las personas, sus bienes y derechos básicos.
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El Servicio de Asesoría para la Paz (SERAPAZ) registró en el primer semestre de 2007 432 conflictos sociales en México, originados en su mayoría por causas económicas, narcotráfico, homicidios y migración. También sitúa entre las razones de los problemas sociales la demanda creciente de agua en el país, los homicidios de periodistas, las elecciones del 2 de julio, las reformas a la Ley de Radio y Televisión y los enfrentamientos en Texcoco, Atenco y la ciudad de Oaxaca. Véase http://www.jornada.unam.mx/Article.asp?ID=% 7B8F7A0BAF-2483-4C81-8DF6. 4 De 1990 a 2005 la CNDH recibió casi 5 mil quejas relacionadas con la utilización arbitraria de la fuerza pública. Estas incluyen violación al derecho a la vida, empleo arbitrario de la fuerza publica, ataques a la propiedad privada, cateos y visitas domiciliarias fuera de la ley; intimidación psicológica y la prohibición ilegal de del derecho de reunión y asociación. Cfr. Recomendación General No. 12, CNDN, Enero de 2006.
En relación a la estabilidad y ausencia de 2
Un reciente estudio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE) considera que los principales problemas que afectan a la gobernabilidad en la región latinoamericana son: la existencia de un pode ejecutivo poderoso que subordina a los otros poderes; elites dominantes que influyen de manera determinante en las instituciones del estado en una situación de escasa participación de las bases populares; servicios públicos deficientes; graves deficiencias del estado derecho que generan una gran inseguridad jurídica; problemas de derechos humanos; lacerante pobreza y marcada desigualdad. Cfr. http://www.deza.ch/ressources/resource_es_24380.pdf. pp. 6-7. MEKANISMO!
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Dado que la responsabilidad de asegurar el acceso a mejores niveles de gobernabilidad democrática necesariamente pasa por la revisión del sistema federal como forma de Estado; pues se refiere a la participación directa de las entidades federativas y los municipios en las labores de gobierno de una manera más equitativa y coincidente con la nueva realidad social de México, nuestro país corre el riesgo de degradar sus niveles de gobernabilidad. Por supuesto, la particular naturaleza de la transición mexicana ha incidido directamente sobre la dinámica del federalismo mexicano. El concepto de institucionalidad política que dominó en México durante más de siete décadas ha quedado obsoleto; no obstante la actual transición no ha terminado por sustituirlo. Las reglas institucionales que durante la mayor parte del siglo XX rigieron la vida política de México fueron diseñadas en un contexto y escenario distinto al de hoy. El fin del sistema autoritario de partido hegemónico, el surgimiento de una pluralidad política partidista, la existencia de elecciones competitivas y la expansión de las libertades democráticas fundamentales (de expresión, prensa, asociación y otras) han hecho que algunas instituciones que se habían mantenido inertes empiecen a cobrar nueva vida; para mostrarnos a veces que son obsoletas y que en ocasiones operan como verdaderos obstáculos a la gobernabilidad propia de una democracia.
Este es el caso del federalismo mexicano que operó durante el antiguo régimen (1940-2000). Este sistema “federal”, más allá de su diseño jurídico, operó como un sistema centralizador que subordinó, no solo a los otros poderes de la Unión, sino a estados y municipios de acuerdo a las necesidades políticas vitales del sistema autoritario (Cfr. Díaz-Cayeros, 1996, p.4). El actual proceso de cambio político ha promovido que los actores utilicen los mecanismos jurídicos y políticos que el sistema federal les faculta sólo para encontrase con que o estos no funcionan en un contexto de apertura y pluralismo político, o no existen en el marco normativo (Cfr. Carbonell, 2000, p. 25).
De manera paralela, también sobreviene que la actual relación entre el proceso de cambio democrático nacional y la revaloración del sistema federal no se dé de manera lineal y no necesariamente genere retroalimentación o mutuo reforzamiento (Reynoso, 2002, p. 2). Esto es porque, si bien los cambios democráticos en las instituciones se han llevado a cabo con cierto éxito a nivel nacional (elecciones competitivas, respeto y garantías a libertades fundamentales, etc.), la penetración e influencia de este proceso en las subunidades (entidades federativas) ha sido limitada por que es común que estas invoquen al sistema federal y la autonomía local y estos sirvan como obstáculos a este proceso. Esto es particularmente notable en el caso de estados en los que todavía domina una lógica de competencia político electoral hegemónica y en los paradójicamente se utilice al federalismo como instrumento para defender un determinado status y dinámica política (Reynoso, 2002, p.11). Así pues, no podemos explicar los niveles de gobernabilidad democrática del México actual sin apelar a las limitaciones de un autentico sistema federal que favorezca una mejor distribución del poder a nivel vertical (competencias o esferas de acción). Más aun, podemos afirmar que el futuro del sistema federal mexicano esta ligado en general al éxito o fracaso del proceso de consolidación democrática en México.
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Hipótesis Una primera hipótesis es que los bajos niveles de gobernabilidad y en particular la relativamente baja estabilidad y presencia de conflicto social reportados para México son consecuencia de innumerables factores, tanto políticos como de aplicación de políticas públicas, en los que influye notablemente un federalismo obsoleto que no distribuye de manera equitativa las competencias entre los distintos niveles de gobierno, dejando a estados y municipios con limitadas facultades, o en el mejor de los casos, con ambigüedades o lagunas jurídicas sobre como enfrentar trances sociales.
Aunado a esto, también podemos considerar que la tendencia de algunos gobiernos locales por limitar la influencia en sus estados del proceso de democratización que se da a nivel nacional ha propiciado que el proceso de reforma del sistema federal se ubique en un marasmo o este no se dé en la dirección adecuada (una clara delimitación de competencias en el manteniendo de la estabilidad y el orden social bajo criterios democráticos).
Ambas situaciones son a su vez producto de un proceso de transición a la de democracia incompleto o inconcluso en el que se ha dejado a la “mitad” la construcción de las reglas del juego político democrático para todos loa actores en todos los niveles de acción, tanto horizontal (división de poderes), como vertical (niveles de gobierno). Esta transición política inconclusa conlleva los riesgos de un retroceso autoritario o de la existencia de una democracia de baja calidad.
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BENITO YASSUOF
Las raices de lo muerto… de lo vivo
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se muy bien que no estarás. No estarás en la calle en el murmullo que brota de la noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré y cuando piense en ti
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amor mío sin que sea por ti, y compraré bombones pero no para ti, me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las cosas que sé decir y comeré las cosas que sé comer y soñaré los sueños que se sueñan. Y se muy bien que no estarás ni aquí dentro de la cárcel donde te retengo, ni allí afuera en ese río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás mi recuerdo pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
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