El Garzón 10 by Programa Gestión de Proyectos, Universidad Nacional de Colombia.

EL Garzón Periódico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

s in o l v ido

ISSN 2500-7076

2019

EN ESTE NÚMERO 04

EDITORIAL

CARRERA SÉPTIMA,

LOS HABITANTES DE CALLE Y EL CAUCE INTEGRACIONAL

DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UN (PARTE 1)

(UN ESCENARIO DE LUCHAS)

06 10

LA ESPERANZA,

UN HECHO SOCIOLÓGICO EN EL LEGADO DE JAIME GARZÓN

PROCLAMA DE LOS HABITANTES DEL SUR

PARO DESDE EL SUR - TUNJUELO “NO ES UN PARO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, ES UN PARO PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES”

Apoyan Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Programa Gestión de Proyectos División de acompañamiento integral Dirección de Bienestar Sede Bogotá

BALANCE DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 2011

Y SU PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

ENTREVISTA AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN.

PERSECUCIÓN ESTATAL AL PENSAMIENTO CRÍTICO EN COLOMBIA, UNA APROXIMACIÓN

ENTREVISTA AL COMITÉ DE GÉNERO

DONDE NO VOLTEAMOS LA MIRADA

Envíanos tus aportes: Escritos de máximo 500 palabras

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NÚMERO 10 2019 ISSN 2500-7076

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comité editorial las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinión de la universidad nacional de colombia.

madi andrés barbosa nieves (coordinador) manuela perdomo martínez diego alejandro gallardo capacho david felipe giraldo angely guerrero eraso josef emmanuel sánchez martínez daniel andrés vanegas garcía diego alejandro guerrero quimbay oriana e lópez ballesteros

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EDITORIAL Desde El Garzón y a partir de la contra-hegemonía, nos interesa comunicar lo que ocurre en nuestra sociedad, a fin de cimentar una cultura y una sociedad capaz de transformar de raíz los problemas y estructuras sociales, al brindar fuerzas para la lucha social y la política. Por ello, esta edición recuerda la esperanza de cambio de Jaime Garzón; presenta la proclama de los habitantes de la cuenca del río Tunjuelo; evoca poéticamente la memoria de la ciudad y las tragedias colectivas de Macondo; observa, sociológicamente, las vivencias de los habitantes de calle; presenta un balance del movimiento estudiantil del 2011, y comparte las entrevistas realizadas al profesor Miguel Ángel Beltrán y al comité de género del Departamento de Filosofía de la Universidad, no sin antes presentar una mirada sobre algunos elementos problematizadores de la educación superior en nuestro país, a saber, la desfinanciación, y la autonomía y democracia universitaria. Los artículos 1° y 2° de la Ley 30 de 1992, establecen que la Educación Superior posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de forma integral y es un servicio público cultural, que corresponde a las finalidades del Estado Social de Derecho (ESD). No obstante, el neoliberalismo, dominante desde los 90 en el país, ha disminuido la financiación de la universidad pública, mientras privilegia el aumento en las ganancias de las universidades privadas, con programas como Ser Pilo Paga (SPP) y Generación E, en medio de una crisis estructural entre los jóvenes del país, quienes buscan educarse pero no pueden porque la tasa de absorción de la educación superior para 2018 se estimó en un 40 %, incluyendo al SENA. Esto significa que de los 690.000 graduados en 2017 en el país, el 60 % (414.000 jóvenes) no tendrá las posibilidades inmediatas de acceder a la educación superior; esta situación se repite, año tras año, hasta el presente (Pérez-Martínez, 2017). A pesar de verse una mejoría con el tiempo, educarse sigue siendo un privilegio y no un derecho fundamental para la población colombiana; esto impide concretar las aspiraciones hacia el ESD.

Mora y Múnera (2019) exponen como, desde 1993, la financiación a las universidades públicas ha disminuido constantemente; esto explica la desfinanciación de las mismas, por lo cual tienen que autofinanciarse en un 45 %, y enfrentar un déficit de 3 billones por funcionamiento y de 15 billones por infraestructura. Los programas SPP y Generación E se enmarcan en el objetivo de expandir el crédito educativo, en la masificación de la formación para el trabajo en instituciones técnicas, y en la elitización del ingreso a los estudios universitarios. Ello, debido a que estos dos programas concentran los recursos en las universidades privadas en un 90 % ($ 950.658 millones), donde el valor agregado de sus estudios es menor que en las universidades públicas de alta calidad. Igualmente, Mora y Múnera (2019) analizan la relación costo-beneficio, al observar cómo se invierten 0.41 puntos del PIB a estos programas, a fin de beneficiar a 40.000 jóvenes durante los cuatro años de ejecución, monto similar a la inversión para las 32 universidades públicas y que benefician a 611.800 jóvenes; esto demuestra que, con menos recursos, se pudo haber beneficiado a 305.000 jóvenes (123.186 de escasos recursos) en el sistema universitario público. Con respecto a la autonomía y democracia universitaria, la Ley 30, en el artículo 3°, reconoce la autonomía universitaria como un principio articulador del que hacer de la universidad en el país, a la vez que establece instituciones como el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el Consejo Superior Universitario (CSU) (Arts. 20 y 62, respectivamente), dirigidos por el gobierno de turno, el cual, a través de estas instituciones, tiene la mayoría de asientos y el poder de decisión en los mismos, dando prelación al gobierno sobre la comunidad universitaria en estos espacios de dirección, vulnerando la autonomía y supeditándose a las necesidades e intereses gubernamentales. Como consecuencia de lo anterior, en la Universidad Nacional se han escogido rectores de manera antidemocrática (Rojas, 2015), sin que se realice un escenario

amplio de participación real para su elección, ya que, aunque se realiza una consulta electrónica, es el CSU (con mayoría gubernamental) de cada universidad quien decide. Esto expresa lo limitado y restringido de la participación dentro de las universidades públicas (ni hablar de las privadas). Así se han escogido a los anteriores y la actual rectora, en lugar de candidatos con amplio reconocimiento y afinidad con estudiantes, profesores, y trabajadores, quienes defienden una universidad democrática y participativa, como Múnera o Hernández, quienes obtuvieron las mayores votaciones en las consultas de 2012 y 2015, respectivamente, pero no fueron elegidos, por no servirle a los intereses del gobierno. Este panorama ha fortalecido el voto en blanco, como apuesta consciente de rechazo al sistema antidemocrático que rige el principal puesto de dirección universitaria y el resto de la institución. Desde la cima de la dirección universitaria hasta la base, está establecida la falta de democracia real y participativa; es así como no existen espacios de encuentro amplios del estudiantado, como los consejos estudiantiles, que sean promovidos y respetados desde la institución. A pesar de que estos existen como ejercicios de autonomía del estudiantado, no tienen, en muchas ocasiones, suficiente fuerza y articulación. Ese fue uno de los errores en el paro de la UNEES: exigir al gobierno nacional recursos para paliar la asfixia presupuestal, olvidando exigir democratización y autonomía hacía el interior de las propias universidades, una tarea pendiente de la comunidad universitaria. Desde esta rápida pero reflexiva mirada a la educación, podemos concluir que si queremos vivir en una sociedad democrática, debemos crear y respetar los espacios en los que se vive la democracia. Por lo que es importante propiciar espacios amplios e incluyentes en todos los ámbitos cotidianos, para hacer frente a un sistema de educación que aumenta la desigualdad social, y favorece la existencia de amplias brechas de clase, así como la elitización y privatización del mismo. Por esta necesidad de tener una actitud crítica frente a nuestras vidas, están invitados a leer esta edición, pensando en la sociedad que queremos; pensando de qué manera esta actitud crítica puede ayudarnos a conseguir esta sociedad que aspiramos.

Referencias Congreso de Colombia. (1992). Ley 30 de 1992. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Recuperado de: http://bit.ly/2PwvBuc Mora, A. & Múnera, L. (2019). “Ser pilo no paga”: privatización, desigualdad y desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia. Ciencia Política, 14(27), 115-142. Recuperado de: http:// bit.ly/3asuALc Pérez-Martínez, Á. (2017, 12-4). ¿Cómo continuarán estudiando los 700.000 bachilleres del 2017? En: Dinero. Recuperado de: http://bit. ly/2rN9eYB Rojas, M. A. (2015, 25 de marzo). Elección de rector en la Universidad Nacional. En: Desde Abajo. La otra posición para leer. Recuperado de: http://bit. ly/2T1NmmZ

LA ESPERANZA,

UN HECHO SOCIOLÓGICO EN EL LEGADO DE JAIME GARZÓN Leidy Nataly Patiño Hernández

Egresada del departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá Fotografía de: Ivan Leonardo Sánchez Castro @cactopinhole

A 20 años del asesinato de Jaime Garzón. procesos: el patrimonial – burocrático y el social, de la memoria histórica. ¿Qué hay? El pasado martes 13 de agosto 2019, en el auditorio León de Greiff, se llevó a cabo el evento 20 años esperando justicia, en el que se hizo homenaje y memoria a Jaime Garzón, en esta su Alma Mater. El evento comenzó con las voces Luz Marina Posada, cantautora antioqueña, y Gustavo Adolfo Rengifo, maestro y compositor, quienes en su primera estrofa cantaron una frase que me emocionó: “[…] pero a nadie se le olvida eso sí se lo aseguro […]” (Posada, 2019). Levanté alto mi brazo y dije: “¡Eso, así es!”, mientras los chiflidos y aplausos seguían. Eso demuestra que aún no se nos olvida que Jaime practicó la esperanza y ahora, veinte años después de su asesinato, y por eso, esa noche, al ritmo de guabina, escuchamos otra hermosa frase: “[…] es por eso que aquí estamos reunidos nuevamente, pues seguimos esperando una respuesta decente […]” (Posada, 2019), es decir, esperando justicia.

El legado de Garzón. ¿Es patrimoniable? Para responder a esta pregunta, es necesario hacerse estas preguntas: ¿es posible que el Ministerio de Cultura declare un legado, como el de Jaime Garzón, como Patrimonio Inmaterial? o ¿le corresponde a la memoria colectiva, como hecho social, reconocer su legado, sin el proceso institucional (y burocrático) de patrimonialización? En términos burocrático-institucionales, el patrimonio tiene una exigencia de legitimidad diferente a la memoria; puesto que, mientras la memoria es un hecho social y cotidiano, la patrimonialización es un proceso de dominación simbólica, legitimada bajo una institución; un proceso de legalidad burocrática, racional. Es un proceso que transforma hechos sociales y culturales de tipo tradicional en hechos con legitimidad institucional, pero ¿realmente es eso necesario? Tristemente, este año negaron la declaratoria de que el asesinato de Jaime Garzón es un crimen de lesa humanidad y, por lo que ya han pasado 20 años de este, cesarán las acciones legales. Así, ante esa falta de justicia ¿qué podemos hacer, que reparación hay? Legalmente, aún no tenemos “[…] una respuesta decente […]” (Posada, 2019), como dice la canción; lo que sí tenemos es la memoria, que sí responde; puesto que, no solo responde al contexto de pos-acuerdo, sino también al de patrimonio, al tiempo que hace parte de los dos

Con base en lo anterior, podemos preguntarnos ¿Cómo se construye la memoria sin una institución legal burocrática? La respuesta es tan simple como evidente: la memoria histórica es un hecho social construido a partir de elementos simbólicos, el cual se explica a partir de diferentes acciones, como las artísticas, donde el arte se vuelve un mecanismo simbólico de reparación, que maneja lo bello y lo horroroso, asimismo funciona la memoria. En el caso de Garzón, estas son las formas de enunciar su legado; puesto que, desde el punto de vista simbólico, Garzón es un personaje vivo, mientras que, desde de la memoria, él está dividido en diferentes esferas artísticas: las esculturas, las pinturas, incluso las canciones y la controvertida serie biográfica presentada en televisión. Cada uno de estos es un espacio que construye esa noción de memoria, como un mecanismo de oposición a la impunidad e injusticia del crimen, acorde con otros procesos sociales del contexto de pos-acuerdo. De esta forma, el arte dentro del contexto de pos acuerdo y reparación hace más parte de los procesos simbólicos en memoria que de los procesos de patrimonialización. Así mismo, es necesario preguntarnos ¿en realidad qué es lo memorable del mensaje y legado de Garzón?

La esperanza, un hecho sociológico en el legado de Jaime Garzón ¿Por qué recordar a este genio? En realidad, por la esperanza que sembraba cada vez que se le daba la oportunidad de hablar. Esas palabras de Jaime, recordadas por Marisol Garzón, como un credo el día de conmemoración de 20 años: “Creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo que esto tiene solución, y además ser consciente de: y eso es un norte demasiado largo” (2019), demuestran que no era ingenuo, era un hombre de esperanza; por ello, en un tiempo lleno de terror, es loable ser capaz de sembrar esa semilla. Pese a ello, hay que ir más allá de esa imagen heroica que se recuerda de él, ya que su legado supera todas las representaciones, celebraciones y honores post-mortem. Lo que se debe resaltar es su creencia en la esperanza de un país mejor, y ese es el hecho social que parece no reconocerse de forma evidente en cada habitante de esta patria. Por lo que es contradictorio que, en el

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contexto actual, mientras surge una moral de la memoria como respuesta a la anomia social, representada en el conflicto armado, no sea evidente ni suficiente, en la conciencia colectiva, el valor de la esperanza que practicó Jaime Garzón, y solo se le recuerde como ese genio que hacía reír a todos.

La nueva moral en la conciencia colectiva. El valor de la esperanza La memoria se está convirtiendo en la moral de esta nueva generación y los hechos sociales en el proceso de reparación se evidencian, a través de las artes, como muestras de resiliencia; Colombia ya no es la tierra del olvido, como cantaba Carlos Vives; tampoco es la pérdida de la memoria que retrataba García Márquez; ahora encontramos que el realismo mágico presente en la peste del insomnio que llevaba al olvido está recibiendo las respuestas de una nueva generación de la memoria, una nueva generación que se resiste al olvido. Esta generación se está construyendo con memoria colectiva y, ante la falta de una justicia que pretende llegar al olvido impune, decimos: ¡hagamos memoria! No obstante, se necesita construir y despertar una conciencia colectiva, debido a que si se destina ese valor de la conciencia únicamente al sujeto-genio de Jaime Garzón, como el portavoz de la conciencia nacional, ese no es su legado. A Jaime se le recuerda gracias a su capacidad de transformación o, como decía un amigo, lo que decía Garzón no era chistoso, era peligroso porque develaba ciertas incómodas verdades a través del humor, pero para el pueblo era una voz de esperanza. Es ese pensamiento el que debe ser evidente en la memoria y conciencia colectiva de cada ciudadano, no debe adjudicarse a una sola persona, como muchos erróneamente han hecho frente a la figura, imagen y memoria de Jaime Garzón; la esperanza debe ser un valor en la colectividad. Alguien decía que él era la conciencia del país, ¡No! Él no es la única consciencia del país; que se le adjudique únicamente a él, como si la gente no tuviese conciencia ni pudiese luchar por esta sociedad, ese es el problema. De ahí que la memoria colectiva esté en la conciencia del país, y la conciencia del país esté en su gente. Así, puesto que la memoria es un elemento simbólico que se relaciona con la resiliencia y, en este caso, deja un legado de esperanza, es necesario corregir la idea de exclusividad de Jaime Garzón y de los fenómenos alrededor de él, y resaltar que él quería sembrar la esperanza, sí; en

negrilla, es este valor el que se debe despertar en la gente. De modo que este valor se convierta en una propuesta para prolongar el pensamiento de Garzón y despertar la conciencia colectiva de la gente, de forma efectiva. Debemos reconocer que ese fue el valor que Garzón practicó y sembró en una sociedad desesperada, de finales del siglo XX; una sociedad que hoy se está dando cuenta de cuál era su mensaje y labor pedagógica. En consecuencia, no es necesario decir que tomar conciencia de la esperanza es algo que nos hace falta a todos los colombianos; pero este legado puede reconocerse y recordarse a través de todos los elementos simbólicos y artísticos llenos de energía emocional, en la que se expresa la memoria, la cual, a su vez, conlleva esa consonancia emocional necesaria para perpetuarse en el tiempo y, así, toda la representación colectiva que continuamente se expresa. En el fondo, sembrar la esperanza es la mejor manera de honrar su memoria. Teniendo en cuenta que la memoria es un hecho social y que la esperanza es el valor que Garzón practicaba y sembraba durante su ejercicio pedagógico, la columna de la moral en la sociedad colombiana debe nutrirse de estas y aparecer como otra respuesta a esa anomia de esta sociedad en crisis. Basta con recordar la innumerable cantidad de veces que Garzón, asombrado, repetía la interpretación indígena del artículo 12 de la Constitución Política de Colombia: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”. Además, aunque parece que aplicar esta interpretación es una utopía, debemos repetirla y sembrarla, mientras recordamos que esta estaba presente en la memoria colectiva de Garzón y es la síntesis de su legado; así, podremos superar la frontera invisible que nace de la resignación por que unos se beneficien de un principio constitucional y, como consecuencia salvaremos este país o, por lo menos, tendremos un país mínimamente más amable. Gracias a esa voz resonante, cuyo legado es la esperanza, existen ecos y personas que, desde el anonimato, defienden los Derechos Humanos, son líderes sociales, se preocupan por el medio ambiente y hablan por otros seres anónimos para no olvidar, al tiempo que se aferran a la esperanza para, a través de la memoria y la consciencia colectiva, creer en y luchar por un país mejor, un país en paz. Infinitas gracias por no decaer.

LA ESPERANZA, UN HECHO SOCIOLÓGICO EN EL LEGADO DE JAIME GARZÓN

Monumento a Jaime Garzón. Acción simbólica de memoria en el campus UN Para finalizar este artículo, les comparto esta información: dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 1491 de 2011 y como resultado de un derecho de petición realizado en el 2014, el cual fue aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU), se autorizó que se erigiese un monumento en honor a Jaime Garzón, en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Para su ejecución, los recursos monetarios deben provenir directamente del Gobierno Nacional y el CSU ya aprobó el lugar en el que se va a erigir; sin embargo, el proceso quedó ahí, un lugar sin monumento a causa de los recursos. Pero, ¿por qué pasa esto? Marisol Garzón afirma que al gobierno actual no le interesa la memoria de Jaime Garzón, sino que pretende enlodar su nombre (Garzón, comunicación personal, 2019). Parece que esta Ley, como muchas otras, se quedará sin cumplir. Especialmente, porque para su ejecución, los recursos monetarios deben provenir directamente del Gobierno Nacional y, a pesar de que el CSU ya aprobó el lugar en el que se va a erigir, el proceso quedó ahí, un lugar sin monumento a falta de recursos. Desde el 2011 hasta hoy, no se ha avanzado en cumplir lo dictado en la ley, parece que a los gobiernos, desde entonces, no les interesa rescatar la memoria de Jaime Garzón; de modo que esta será una ley que se quedará sin cumplir. Esto me lleva a pensar ¿será posible que veamos a Jaime Garzón representado en un espacio físico de esta, su casa, a través de un monumento oficial? ¿Será que la imagen de su rostro, pintada en la fachada del auditorio León de Greiff ocupará ese lugar? Aún no sabemos la respuesta definitiva, mas, esperamos que a futuro, no muy lejano, exista un espacio en el que se transmita su pensamiento, humor y sentir, a fin de que no solo sea un homenaje al Garzón, sino una oportunidad para que la esperanza de un país mejor llegue a toda la comunidad.

Referencias Congreso de Colombia. (2011). Ley 1491 de 2011, ‘Por la cual el Congreso de la República honra la memoria del abogado, pedagogo, periodista y analista político Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural.’. Recuperado de: http://bit.ly/2KjBg3Q Garzón, M. (Abril del 2019). Comunicación personal - llamada telefónica realizada a Marisol Garzón por parte de Leidy Nataly Patiño. Posada, L. M. (2019, 16 de agosto). Coplas. Interpretada en: I Parte - Acto de conmemoración Jaime Garzón Forero: 20 Años esperando justicia, (13 de agosto de 2019). En: Youtube, Minuto 00:59–04:20. Recuperado de: http://bit.ly/3c83HOp

PROCLAMA DE LOS HABITANTES DEL SUR PARO DESDE EL SUR - TUNJUELO “NO ES UN PARO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, ES UN PARO PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES” Proceso Popular Asamblea Sur Fotografía de: Michael Scmid. Recuperada de: www.unsplash.com

Desde el sur de la ciudad, desde donde cada mañana se prenden las “lucecitas en las lomas” como señal del despertar de hombres y mujeres que conformamos la base trabajadora de la ciudad; desde esos rincones donde el transporte no llega o el servicio es malo; donde la alegría es robada cada noche por la inseguridad y no hay derecho a enfermarse pues el sistema de salud es todo un purgatorio; desde ese sur que también es norte, que rompe las barreras de los territorios y se construye allí donde hay un trabajador honrado y explotado que se rebusca para vivir. Desde ese sur protegido por los cerros orientales, por los abuelos y los defensores de Bakata, donde hay suelos fértiles que, a manos del campesinado capitalino, aún produce un porcentaje significativo de alimento para la ciudad y donde el agua es un elemento vivo y relevante para el ordenamiento, al poseer ecosistemas únicos en el mundo, como el Páramo de Sumapaz de donde nace el Río Tunjuelo, cuerpo hídrico que rompe las barreras administrativas de las localidades e invoca la memoria de los pueblos y su ordenamiento. ¡Desde ese sur! Desde cada uno de los Transmilenios en los que vamos atrapados; desde cada una de las filas en la EPS para pedir una cita, solicitar autorizaciones o reclamar medicamentos; desde donde se gestan las luchas contra la basura y se defiende la vida; desde donde se protege el páramo, los cerros, los bosques y las reservas; desde allí, hacemos esta proclama de Paro desde el Sur - Cuenca Tunjuelo, que iniciará el 27 de septiembre. Invocamos, no solo el paro desde el sur, sino también desde la cuenca del Tunjuelo, con el propósito de recobrar la importancia de este cuerpo hídrico en el ordenamiento del territorio, pues nuestros abuelos habitaron de manera armoniosa con él y, a través de este, se desarrollaron múltiples actividades económicas y espirituales para el sostenimiento de las comunidades y la pervivencia de muchas especies naturales y animales. Sin embargo, hoy el Tunjuelo es visto a la luz de su potencial económico, ya que intereses privados aprovechan sus aguas para desarrollar actividades mineras, verter los lixiviados de las basuras o privatizar el recurso. Hoy, desde una apuesta alternativa de ordenamiento del territorio, vemos al Tunjuelo como un elemento central en el ordenamiento y la gobernanza desde las comunidades. Nos vamos al paro porque estamos cansados de la improvisación de quienes toman las decisiones y mal gobiernan, aquellos que privilegian proyectos de muerte para enriquecerse y han hecho del sur un gran

basurero al que se trasladan todas las problemáticas y se desarrollan aquellas actividades que los poderosos no quieren al lado de sus casas. Este es el caso del mal llamado “Relleno Sanitario de Doña Juana”, que ha sido el “florero de Llorente” de esta movilización. Cada día, a Doña Juana entran 7.000 toneladas de basura que se posan en territorios de Mochuelo Bajo y Alto (Zona rural de Ciudad Bolívar), propiciando los malos olores, la proliferación de roedores, moscas y enfermedades respiratorias, y la contaminación hídrica a causa del lixiviado que contamina el río Tunjuelo (Molano, 2017). La actual administración, que no es más que una continuidad de los intereses económicos y destructivos de la élite, pretende seguir con un modelo de basuras inviable, pues el relleno tiene licencia de funcionamiento hasta el 2022 y el alcalde ha proyectado su vida útil por 60 años más, al sobre-utilizar las Zonas II y III, y ampliar la zona IV, tras expropiar los predios ubicados en suelos fértiles, pertenecientes a familias campesinas, haciendo uso de la fuerza y pasando por encima de las propuestas de vida de las comunidades. La inviabilidad de este relleno se evidencia en los dos derrumbes después de 30 años de su apertura: el primero fue el 27 de septiembre de 1997, cuando el deslizamiento de un millón de toneladas de basura afectó a 30 mil personas, 7 veredas y 902 barrios (Moreno-Barreto, 2017); el segundo fue el 2 de octubre de 2015, cuando se deslizaron 750 toneladas y quedaron expuestas otras 6.000 toneladas de basura, las cuales afectaron los barrios vecinos y, con los malos olores, un buen perímetro de la zona sur. Otra de las grandes basuras que nos han arrojado al sur de la ciudad han sido los Parques Minero Industriales (PMI) establecidos por los Decretos 619 de 2000 y el 469 de 2003, los cuales disponen que los territorios de Mochuelo, Usme y Tunjuelo como zonas para desarrollar la actividad minera de forma transitoria al interior de la ciudad, condenando la riqueza y el subsuelo de nuestras montañas. Así, la minería en nuestras montañas surge como una actividad para construir la “gran ciudad” y como parte del fenómeno de asentamiento informal, creándose chircales que, con el paso de los años, se convierten en canteras y, más adelante, en PMI controlados por empresas trasnacionales como HOLCIM y CEMEX, y de origen nacional como Fundación Santa Fe, de la arquidiócesis de Bogotá. La minería en Bogotá ha implicado el cambio del cauce del Río Tunjuelo y de algunos otros cuerpos

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hídricos; así como de fenómenos de remoción de masas, como el ocurrido en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar – el más grande Latinoamérica–; allí, entre el 2000 y el 2002 se dieron dos movimientos que arrasaron más de 800 viviendas, lo que implicó la reubicación de 5.000 familias que habitaban en 73 hectáreas, cuyo costo fue de 300 mil millones que salen de los bolsillos de los contribuyentes (Redacción El Tiempo, 2010); o el caso del Barrio Villa Jacky que en el 2009 desapareció por completo a causa de CEMEX (Gutiérrez-Roa, 2009). Como si fuera poco, la actividad minera genera tan solo 0.21 % de los empleos de la Sabana de Bogotá y genera regalías de tan solo el 1 % (Corte Constitucional, 2016); siendo más graves los daños sociales y ambientales que las retribuciones que genera, si se tiene en cuenta que de allí extraen los materiales para construir la ciudad y otras regiones, por medio de procesos que transformaron las montañas que se veían verdes y con posibilidad de brindar agua, en huecos, polvo desolación. Paralelamente, correspondiendo a los intereses del capital, se ha generado un proceso de urbanización acelerada hacia las periferias, que altera el paisaje y los ecosistemas estratégicos, además de cambiar la vocación del suelo y transformar la construcción cultural del territorio. Un ejemplo de ello lo vemos con el Plan Zonal de Usme, que inició a principios de siglo, en medio de la convulsión entre la alcaldía y la comunidad, pues comenzó con una intervención que alteró parte del territorio campesino y dejó proyectadas intervenciones en veredas como el Uval y la Requilina. Si bien el problema de la vivienda es un tema relevante, la propuesta de expansión urbana no es armónica con el ambiente ni con las condiciones sociales y culturales, adicionalmente, tampoco se construye una propuesta de vivienda digna, sino que se habla de las viviendas de interés social, cuyo diseño arquitectónico contempla los mínimos para la vida, sin dotar los sectores construidos con equipamientos, vías o infraestructura social para garantizar el derecho a la salud, la educación y el acceso a la cultura. Un ejemplo de esto son las Urbanizaciones de Metrovivienda en Bosa o las de Ciudad Verde en el Municipio de Soacha. Como si estos males no fueran suficientes, sobre nuestros territorios se posan lógicas de conflicto a partir de la presencia de actores armados ilegales y pandillas, que, reforzados por la presencia de la policía y en algunos casos el ejército, ejercen un control militar y territorial sobre nuestros barrios, con el propósito de mantener

un manejo sobre los mercados de drogas, armas y el desarrollo de la vida misma. Esta alianza entre ejércitos privados y la fuerza pública hace que nos sintamos inseguros y que ratifiquemos la idea de que el Estado, en el territorio sur, ve el interés común en manos de los que llevan la muerte, mientras que el interés particular está en el bienestar de nosotros los ciudadanos. Estas lógicas pasan por encima del derecho a la vida misma, pues durante el 2017 fueron varios los jóvenes y líderes sociales que perdieron sus vidas, a través del exterminio social; ello, sin contar con las investigaciones y los reportes poco claros sobre dichas situaciones, en donde se niega lo diferente, lo alternativo y lo que no se ajusta a lo que se supone debemos pensar. A esto se le suma el hecho de que muchos de los que habitamos el sur somos desplazados o hijos de desplazados por las dinámicas del conflicto social y armado. Nosotros llegamos de diferentes regiones del país, buscando un lugar para poder vivir sin miedo, sin zozobra, sin angustia, sin hambre y con la posibilidad de soñar con una vida mejor; un lugar donde construyamos nuestros sueños, ya que somos “campesinos ricos en nuestras regiones y mendigos en Bogotá”. Esta construcción colectiva, a partir de imaginarios regionalistas, nos permite mencionar que somos una cultura hibridada, en la que el proceso de enraizarnos en las ciudades nos hace víctimas de la violencia que, en parte, ha promovido el Estado. Además de esto, al llegar a estos territorios con dinámicas tan complejas nos hemos visto revictimizados, condenados a vivir en un eterno ‘Macondo’ de violencia y dolor, sin políticas integrales para reparar la deuda social. A su vez, los planeadores de la ciudad insisten en ponernos otras basuras, otros problemas con los que tenemos que convivir, como lo son los curtiembres, las escombreras y los mataderos, los cuales afectan la cuenca baja del Tunjuelo con malos olores y contaminación; y, en una acción contraria a la preservación de la vida, se toman decisiones como las de alterar los cerros orientales, talar el bosque de Bavaria y destruir la reserva Thomas Van Der Hammen, pulmones y resguardos de diversidad biológica de la Ciudad. Sin embargo, aunque toda la BASURA llega al sur, nosotros, los habitantes de estos territorios, somos los que ponemos la fuerza de trabajo para la mayoría de las actividades que se desarrollan en la capital y la sábana; muchos de nosotros, que salimos de las zonas periféricas, debemos recorrer distancias de una hora y media o dos horas para dirigirnos al norte o al centro, donde

PROCLAMA DE LOS HABITANTES DEL SUR. PARO DESDE EL SUR - TUNJUELO “NO ES UN PARO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, ES UN PARO PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES”

se encuentran las empresas prestadoras de servicios o productoras; mientras otros salimos a esas mismas zonas o a las de afluencia a “rebuscarnos la vida”. De esta manera, a pesar de que vivimos en un sur destruido, trabajamos en un norte distinto, para alimentar las arcas de grandes empresas; pareciendo así que nuestros días los vivimos en medio de dos paisajes, de dos ciudades que se construyen de manera diferente, donde la noción de espacio, paisaje, calles y avenidas cambia, pues el principio ordenador corresponde a las condiciones materiales de sus habitantes. Es decir, el dinero que tenemos en nuestro bolsillo determina que tan digno merecemos vivir y para quién debemos trabajar, dejándonos en un marco de vulneración de derechos. Estás claras divisiones que hacemos y evidenciamos al caminar, con cada paso que damos en el día a día, refuerza la idea de quiénes somos sur y dónde estamos ubicados, pues los problemas de movilidad en los barrios altos de San Cristóbal Norte y en Altos de la Estancia son similares; el control militar se vive igual en Lisboa (Suba), que en el Barrio el Amparo (Kennedy); las luchas por el ambiente nos congregan tanto en la Van Der Hammen como en el Parque Ecológico Cerro seco, y los padecimientos sobre temas de salud y educación son comunes para quienes habitamos estos sectores populares. Más aún, no solo replanteamos la idea de sur, sino la del ordenamiento administrativo, cuyos orígenes están en la Constitución de 1991, cuando se conforma el Distrito Capital y se establecen 20 localidades, dando un ordenamiento administrativo que no corresponde al orden geográfico, social y cultural del territorio, lo que decanta en una atención parcializada y fragmentada de parte del Estado, con respecto a las problemáticas del territorio y las necesidades de sus pobladores. Insistimos en que el territorio debe ser ordenado por el agua, memoria de los pueblos y elemento estabilizador de las comunidades. Estos argumentos, entre otros, hacen un contexto de nuestra movilización, del paro al que nos sumaremos el 27 de septiembre las comunidades, los trabajadores, los estudiantes, las madres, los padres, los abuelos, los jóvenes y todos aquellos indignados e inconformes; una movilización que no es nueva, sino que es otro capítulo dentro de la agudización de las contradicciones y de las luchas que se levantan desde los sectores populares. Esta es una invitación para volver a levantar las banderas y desempolvar la memoria de las acciones que construyeron nuestros barrios a través del trabajo colectivo y la

exigibilidad; de traer la vieja consigna de “¡A las calles!” que invitó a la comunidad de Ciudad Bolívar a detonar el paro del 93 y a lograr grandes conquistas en términos de vivienda, servicios y derechos. No solo en memoria de estas luchas, sino también por el derecho a una ciudad para todos y por el pago de la deuda social pendiente, seguimos caminando y tomándonos las calles, argumentando las siguientes exigencias:

I. Sur ordena Norte sobre la gobernanza y el pago de la deuda social y ambiental en nuestros territorios La ciudad y particularmente el territorio sur, no puede seguir siendo ordenado por los intereses del mercado. No queremos más basura de ningún tipo; queremos un modelo de ordenamiento territorial diferente y alternativo, construido con las comunidades, que defienda los bienes comunes, los recursos estratégicos, e incentive el diálogo urbano rural. A demás de esto, queremos ser los hacedores de la política dentro de nuestros territorios, contando con la autonomía para proponer los planes y proyectos de vida, avalados y apoyados presupuestalmente por el estado, lo que implica hacer un cambio en el concepto de participación consultiva e ilusoria en los escenarios de participación mixtos (comunidad-estado) para pasar a una participación vinculante y decisoria. Por ello, exigimos: a. Cambiar el modelo de gestión de residuos y modelo de aseo. b. Pagar la deuda social y ambiental a las comunidades que han sido víctimas a causa de enfermedades o afecciones físicas y/o psicológicas por el relleno sanitario y los parques minero industrial. c. Revisar y ajustar lo concertado con las comunidades, a través de una mesa de trabajo del Acuerdo 12 de 1994 y del 13 de 2000, para ampliar las funciones de los CTPD y los CPL, respectivamente. Especialmente en lo referido a la participación, para que su carácter deje de ser consultivo y se haga vinculante. d. Proteger el territorio campesino, y respetar el uso y la vocación del suelo de la zona rural.

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II. Derechos humanos, Derechos sociales y bienes comunes. Sobre la productividad, el cooperativismo, el hábitat popular y las garantías para vivir dignamente en nuestros territorios Los habitantes del territorio sur somos ciudadanos que merecemos la garantía plena y digna de nuestros derechos, para lo cual es preciso contar con propuestas de trabajo formal, decente y alternativo, que potencie nuestros procesos comunitarios y mejore nuestras condiciones de vida, así como las de los espacios que habitamos. Por esto, exigimos: a. Transporte en las partes altas de la montaña. b. Revisar las exigencias de las comunidades y desarrollar una mesa de trabajo para la infraestructura (agua, alcantarillado, vías, equipamiento social, espacios comunitarios). c. Crear mayor movilidad (interconexión, vías, acceso, multimodal). d. Garantizar la seguridad social a los pobladores. e. Fomentar la seguridad y soberanía alimentaria (zonas de recuperación ambiental). f. Desarrollar empresas colectivas y comunitarias. g. Crear escuelas populares y proyectos de alfabetización comunitarios. h. Fortalecer los escenarios culturales y las organizaciones. i. Intervenir y proteger el territorio de los grupos ilegales y del microtráfico. j. En cuanto a salud, garantizar cobertura en las Upas y Ubas, las 24 horas del día. Específicamente a la atención integral, al mejoramiento y al fortalecimiento de la Infraestructura, además de contar con el personal idóneo y calificado para atender digna e integralmente a la población. k. Prevenir y fortalecer la calidad en la alimentación (salud pública). l. Fomentar una atención con enfoque diferencial y permanente en salud. m. Garantizar cobertura, acceso, calidad y permanencia en educación (primera infancia, infancia, educación superior, alfabetización), de forma gratuita. n. Garantizar la alimentación soberana y el acceso pleno a la misma. o. Crear un enfoque diferencial en la práctica educativa (multiculturalidad).

p. Fortalecer la relación escuela-comunidad-entornos; revisar el PEI y ajustarlos a la necesidad de las comunidades. q. Garantizar el empleo y la estabilidad en el mismo. Para ello, el empleo ofertado debe ser suficiente para cubrir los perfiles laborales que existe en la localidad. r. Realizar una mesa de concertación con las personas que están en la informalidad y empleabilidad, para revisar, entre otros temas, la seguridad social. s. Fortalecer la productividad: plataformas de comercio medio y grande; economías pequeñas, y plazas de mercado. t. Respetar y cumplir las exigencias realizadas por las comunidades desde las diferentes instancias de participación local: consejo local de planeación a través de los encuentros ciudadanos, consejo de jóvenes, mesa de mujeres, mesa de víctimas, organizaciones populares de vivienda, y demás escenarios que hayan construido sus propuestas y planes de vida.

III. Acceso a la justicia y respeto a la vida. Sobre la garantía de los derechos para una convivencia segura en nuestros territorios Los habitantes del territorio sur denunciamos que, por muchos años, el Estado ha estado ausente a nuestras necesidades y que, por ende, el acceso a la justicia ha sido restringido. Además, en nuestros territorios, se instauran leyes de la muerte que amenazan nuestras vidas, especialmente la de los jóvenes y los líderes sociales por la estigmatización, por el control territorial y militar por parte de grupos armados legales e ilegales, y por las leyes de seguridad con un enfoque policivo. En tal sentido, exigimos: a. Fortalecer y extender, en las diferentes UPZ, el acceso a la Justicia formal, la justicia comunitaria (jueces de paz y conciliadores en equidad), y la justicia restaurativa. b. Articular efectivamente la justicia formal y la justicia comunitaria. c. Atacar, con programas reales y concretos, la violencia de género (feminicidios), con base en las propias necesidades de las mujeres y sus familias.

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d. Garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, para los actos ocurridos en la localidad, relacionados con: asesinatos de jóvenes, amenazas a líderes, generación del miedo para las comunidades y demás problemáticas que han ocasionado la violación al derecho a la vida y a una vida digna. e. Atender integralmente a todas las poblaciones que habitan esta localidad desde la concertación con las diferentes instancias de participación local.

Referencias Alcaldía Mayor de Bogotá. (2000). Decreto 619 de 2000. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. Recuperado de: http://bit.ly/2OMY3Hr Alcaldía Mayor de Bogotá. (2003). Decreto 469 de 2003. Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. Recuperado de: http://bit. ly/3bvRoLF Corte Constitucional. (2016, 19 de diciembre). Sentencia T-445/16 por la Acción de tutela interpuesta por Liliana Mónica Flores Arcila contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Expediente T-5.498.864. Recuperado de: http://bit.ly/32a4XvQ Gutiérrez-Roa, É. (2009, 27 de mayo). Villa Jackie ya es historia. En: El Espectador. Recuperado de: http://bit.ly/2V6Cu8F Molano, F. (2017). Política y ecología de la basura en Bogotá. Una mirada desde la historia ambiental urbana. En: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Recuperado de: http://bit.ly/37I3SN3 Moreno-Barreto, J. D. (2017, 27 de septiembre). El drama de vivir a 200 metros del relleno sanitario Doña Juana. En El Espectador. Recuperado de: http://bit.ly/2jjMZBd Redacción El Tiempo. (2010, 18 Junio). La montaña que se ‘tragó’ 15 barrios de Bogotá; el terreno se desplaza un milímetro por día. En: El Tiempo. Recuperado de: http://bit.ly/39TfyhA

CARRERA SÉPTIMA, LOS HABITANTES DE CALLE Y EL CAUCE INTEGRACIONAL (UN ESCENARIO DE LUCHAS) Angely Guerrero Eraso David Felipe Giraldo

Estudiantes de Sociología Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Sergio Daniel Útima Correa

Egresado de Sociología Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá “Es bien sabido que Bauman nos ha hecho reparar a menudo en el dorado cosmopolitismo y en la seductora movilidad de las élites globales, que tanto contrasta con el sufrimiento de quienes no pueden escapar a su dimensión local” Amor Líquido / Zygmunt Bauman.

Fotografía de: Daniel Van Der Berg. Recuperada de: www.unsplash.com

Campanean algunas monedas en un sofisticado vaso de Tostao que suplica por más limosna; la hora del almuerzo rebosa de acaudalados oficinistas que deliberan entre vitrinas con aire de indiferencia; la calle parece un cauce, los bailarines salen a ella y los músicos la armonizan; se tiene un poco más de espacio para andar entre el comercio flotante y la oferta cultural. Es lo que define una calle con vocación de transitar, en lo que ni una súplica por hambre puede detener. Son muchos los contrastes yuxtapuestos en ese lienzo abigarrado que es la carrera séptima. Podemos pasar por las calles con gran naturalidad y ni cuenta nos damos de las personas que se mueven entre las canecas, habitan los vértices entre los edificios y el asfalto, cínicamente se apoderan de las bancas o se mueven de sombra en sombra: pululan e incomodan, cargan con estigmas y prejuicios, son los habitantes de calle.

En esta calle, trazada para acomodarnos, jerarquizada entre los poderes del estado, los centros financieros y comerciales, aquellas iglesias roídas pero bellas; el habitante de calle camina y se posa, anda itinerante exhibiéndose como el margen de todo este sistema. Una madre lo señala y le advierte a su hijo: “Estudie mijo, pa’ que no termine como ellos” representantes de una frontera, contenedores de los antivalores, en el imaginario del requisito que no se cumple. Los individuos interactúan desde posiciones apartadas pero ¿se integran? Algunos señalan que “No se puede percibir el campo de la marginalidad en ausencia de una teoría, explícita o implícita, de la integración” (Castel, 2009, p. 245); por lo que vale la pena preguntarse: ¿Es el habitante de calle un sujeto excluido, interactuando en un espacio de integración? ¿Qué características miden su nivel de exclusión, o lo conectan con un nivel de inte-

Fotografía de: Michael Tieso Recuperada de: www.flickr.com - Modificada

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gración? Las relaciones entre el espacio y el individuo nos sugieren varios análisis. Según el resultado del último censo ejecutado por la alcaldía de Bogotá, la mayor cantidad de habitantes de calle se encuentran entre las localidades de Los Mártires y Santafé, muy cercanas a La Candelaria (DANE, 2017). Consolidando el centro de la ciudad como un atractivo para la marginalidad. En Bogotá hay, aproximadamente, 9.538 habitantes de calle según el censo realizado por la alcaldía de Peñalosa en 2017, de los cuales 729 son mujeres (Cuevas, 2018). Después de las intervenciones a la antigua olla del Bronx, aquellos habitantes de calle que encontraban su refugio en esos sitios han sido obligados a distribuirse por zonas aledañas al centro de la ciudad, con lo cual, el drama social que padecen en su diario vivir se ha hecho mucho más complejo (Pablo, comunicación personal [CP], 2018). Así, una de las zonas que más alberga esta población es el caño de la calle sexta con carrera 30; donde constantemente hay altercados por hurto, drogas e intervenciones policiales y del distrito (Redacción Bogotá, 2019).

Seducidos por el centro, espacio integracional Uno de los descubrimientos, que encontramos dentro de la investigación sobre los habitantes de calle (en adelante HC) en la Cr. Séptima con Av. Jiménez, es la relación de integración y exclusión, es decir, un espacio integracional, ya que el espacio les permite la integración y la no conciencia de la sociedad. En este sentido, partimos de que hay una integración forzada que se divide en dos factores: En primer lugar, está la relación de los HC con los transeúntes, vecinos y comerciantes, que no es tan amena, dados los estigmas presentes (Goffman, 1963) y los prejuicios que llevan cargados cada uno de ellos; pero, si el habitante de calle intercambia cultura, arte, religión o información de algún tipo de interés, se halla integración desde una perspectiva de beneficio cultural. Es clave mencionar lo anterior porque este es el caso de Pablo1, historiador de 59 años que se educó por medio de la lectura en la calle y habita cerca de la Plaza de Bolívar, por la Séptima, hace más de 20 años. Él hace un intercambio de cultura, en este caso la “historia”, para integrarse, de una u otra manera, con la sociedad y el espacio en general.

1. El nombre de los entrevistados fue cambiado para mantener su confidencialidad.

En segundo lugar, gracias a la experiencia en campo y a la colaboración de Claudia, que trabaja en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), se encuentra una integración de interés entre los mismos habitantes de calle, es decir, que hay un vínculo para protegerse entre ellos y parchar en el mismo lugar; sin embargo, este parche se da dependiendo del beneficio que les otorgue. Otro factor de integración a resaltar son las parejas; el hecho de andar juntos para protegerse y sobrevivir en medio del caos en la calle. A pesar de eso, en general, no se encuentra el valor de amistad en (como una manera de relacionarse), ya que la mayoría de los HC lo han perdido todo. De ahí que adopten como estrategia la traición, para, de cierta manera, poder sobrevivir en soledad.

La cuestión espacial: espacio integracional - solidaridad - seguridad A partir del trabajo de campo y las entrevistas realizadas durante los últimos meses, ha sido evidente el modo en el que los habitantes de calle de la carrera Séptima siguen unas dinámicas comunes con el resto de habitantes de calle en la ciudad; no obstante, este espacio en particular tiene unas características propias, las cuales provocan una territorialidad distinta. Por ejemplo, la Plaza de Bolívar y la antigua “Calle Real” alteran las relaciones de integración, de solidaridad y de seguridad en quienes transitan y habitan esta zona. En ese sentido, las relaciones sociales simbólicas, económicas y culturales parten de la solidaridad que forman las actuaciones sociales colectivas. Encontramos que la lucha del habitante de calle está ligada por la autonomía del espacio, por más obstáculos que haya y a pesar de ser perseguidos, golpeados o amenazados, ellos continúan en el territorio por varios factores, entre estos: los sitios de consumo de drogas a menor precio; el tránsito y el flujo de todo tipo de personas como turistas y vecinos con los que logran una conexión (espacio social) y la seguridad que perciben por la aglomeración de transeúntes. Todos estos factores les generan, de cierta manera, una lucha competitiva o de interés para seguir merodeando la carrera séptima. Esta relación está más vinculada a la lucha del capital simbólico, es decir, capital (estudiado por Pierre Bourdieu (1988, 1999) en varios de sus escritos) que les da legitimidad, prestigio y autoridad a todos los agentes y participantes que compiten o resisten en ese espacio.

CARRERA SÉPTIMA, LOS HABITANTES DE CALLE Y EL CAUCE INTEGRACIONAL (UN ESCENARIO DE LUCHAS)

En este contexto, donde existe la competitividad y la lucha por la subsistencia, es innegable la violencia de la calle, la cual toma diferentes formas y pasa por distintos sujetos; además, existe una violencia institucional, claramente intencionada y que resulta en un factor de exclusión, también hay una violencia simbólica que se camufla con la densidad del espacio (Cr. Séptima), con la inmediatez de la jornada; allí, se disfraza de indiferencia y de miedo. Esa quizás es la que más marca emocionalmente a los HC, porque refleja no solo el drama de su relación con los otros, sino también con ellos mismos, con sus familias y con las personas que han dejado atrás. Igualmente, existe una tensión constante, debido a la violencia que es generada por la policía hacia los habitantes de calle, sobre todo a las horas de la madrugada; tal como nos lo afirma Claudia, una voluntaria con 10 años de experiencia en el trabajo con habitantes de calle y que nos concedió una entrevista: «Entonces llegan y les ponen el teaser y los paran de donde están, delante mío uno cogió a un habitante a bolillo porque estaba ahí y lo grabé, y lo mandé a derechos humanos y destituyeron al policía» (Claudia, CP, 2018). Esta afirmación muestra que a los HC se les coartan sus derechos básicos, poniendo en tela de juicio su calidad de ciudadano, excluyéndolos de manera fatal y transgrediendo la línea de su dignidad. Es así, en parte, que los habitantes de calle rechazan el orden social, el hecho de no ser en parte, productivos ante la sociedad. La versión de Claudia coincide con la de don Pablo, quien afirmó que fue golpeado varias veces y que debido a eso tuvo problemas de salud mientras estuvo viviendo en la calle: «En la operación limpieza que dicen por ahí, hace años, casi me matan, me dieron una paliza, me rompieron los dientes, casi me matan» (Pablo, CP, 2018). Goffman (1963) denomina como “desafiliados” a quienes adoptan una posición individual para rechazar todo tipo de regulación y sistema de clasificación que los divida. Es aquí donde se presenta el enfrentamiento de las instituciones con fragmentos de la sociedad, en desorden y poco productiva, justo como se encasilla al Habitante de Calle en la ciudad.

La cuestión económica: cauces económicosbienes e intereses para sobrevivir La subsistencia en la calle, claramente, está mediada por factores económicos; conseguir dinero es una de las preocupaciones más importantes para los habi-

tantes de calle; al respecto, gracias a las entrevistas realizadas, se pueden establecer cuatro formas principales de conseguir el dinero. Al respecto Paola comenta lo siguiente: «[…] ¡Claro!, en donde ellos puedan trabajar, la mayoría de ellos se sustentan del robo, del reciclaje o de pedir, no se llama mendigar; tienen una palabra que se me va ahorita […]» (Claudia, CP, 2018). Fuera de las tres formas de sustento que ella menciona, con el caso de don Pablo, se puede evidenciar que el trabajo, visto desde una perspectiva más clásica, no solo es un medio de subsistencia para el habitante de calle, sino que dignifica su condición. En el ejemplo de don Carlos, podemos ver que trabaja contando la historia del centro de la ciudad y que él agradece poseer esos conocimientos, pues lo diferencian de los habitantes de calle que se dedican a las otras tres formas de subsistencia. El trabajo que tiene don Pablo, en cierta forma, lo ha sacado de vivir en las calles; es el factor diferenciador, le produce las ganancias suficientes para pagar una pieza y para vivir, lo cual no es una posibilidad para muchos; incluso él nos relata cómo eran mucho más duros los tiempos en los que dormía literalmente en la calle (Pablo, CP, 2018).

La Cuestión Cultural Dentro de la cultura, podemos encontrar un problema principal: tener un espacio fijo para poder interrelacionar y socializar al habitante de calle, en parte, para vivir un momento de cultura y salir de su rutina cotidiana y hacer una construcción e integración pública. Acá, el capital simbólico se expresa como parte del estigma e identidad social del habitante de calle, como nos lo explica Goffman cuando dice que: Hay tres tipos de estigmas; primero, están las abominaciones del cuerpo y las distintas deformidades físicas, segundo, están los defectos del carácter del individuo que se percibe con falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales y por último existen los estigmas tribales de la raza, la noción y la religión, susceptibles de ser transmitidas por herencia. (1963, p. 15).

Tal como se puede apreciar en el caso de don Pablo, las transformaciones de lo emocional y de lo corpóreo son un factor que puede producir dolor. Más, ¿cómo interpretar esta movilidad excluyente? Pablo vive al día, paga pieza a diario y vive en el centro emblemático de la capital con cierta tranquilidad, por su edad como ex habitante de calle ya no es maltratado por la policía, como sí lo era cuando vivía en la calle.

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Con base en ello, la vida de los HC está lejos de ser indiferente al del resto de la sociedad; si bien la forma de subsistencia es diferente, si bien la forma de ver la vida es diferente, incluso teniendo en cuenta las fronteras en términos de integración que se han planteado en este escrito, hay valores que unen a los sujetos en su diario vivir, sin importar si es un HC o un comerciante, estudiante, etc.; y esos valores se expresan en los sentimientos; en los miedos; en la necesidad de un hogar, de establecerse en un territorio; incluso, cuando el HC expresa que las amistades y la familia son ajenos a sus vidas; su soledad se expresa igual a la de cualquier otro ser humano; su imagen propia afecta su autoestima (como vimos por ejemplo, en los casos donde se tomaban fotos, o en los testimonios de las entrevistas); sobre todo, hay deseos de vivir, aun opacados por una vida impregnada por los vicios y la insalubridad. Esas ganas hacen que, personas como don Pablo, salgan adelante, y que, personas como Claudia, sigan luchando por estas personas que habitan la calle. La construcción del espacio público en la Carrera Séptima y su producción cultural le permiten al marginal rechazado un rato de esparcimiento por fuera de su rutina diligente y calamitosa. En muchas ocasiones, los estallidos de extroversión hacen de la calle una tarima para ser escuchado por la sociedad que constantemente lo invisibiliza y lo ‘mira rayado’. A su vez, el lazo social íntimo es casi que nulo, su posición, indefinida dentro del sistema, hace que sus conexiones con el cauce económico sean itinerantes y se den con pequeñas conexiones de limosna que piden desde las sombras o las esquinas, entre las que peregrinan constantemente. En parte, la integración es medida por su capacidad de generar ganancia monetaria, su baja cotización de capital los atrae al centro de la ciudad por los bajos precios con los que pueden conseguir la droga; así como los bajos costos de la oferta habitacional; ello les permite sobrevivir a la vigilancia policial de su letargia y a la violencia de las tinieblas en la noche. Sus ciclos de sueño suelen estar volcados por el movimiento y las huidas a las que son sometidos a estas horas. La Carrera Séptima, por sus idóneas condiciones, les permite pernoctar de día; así es como, a pleno sol y contaminación auditiva, se los puede ver cobijados y durmiendo a cualquier hora de la tarde, pasándola entre efectos de alguna droga y recuperando sueño. Así pues, son las condiciones públicas, económicas y espaciales las que permiten una integración del habitante de calle; sin embargo, no nuestra conciencia como

sociedad para integrar a dicho individuo: compartir espacio físico, no significa compartir escenario social. Ante esto, valdría la pena preguntarnos, ¿cómo es que, a pocos metros de todos los grandes poderes de esta nación, permitimos, como sociedad, estas condiciones de vida? ¿Cómo es posible que condiciones externas a nosotros integren más que nuestra propia conciencia como sociedad? ¿Acaso con la desaparición de lo público, el “tener” está por encima de la dignidad humana? Queda a la deriva nuestra responsabilidad...

Entrevistas realizadas durante la investigación: Claudia. (Abril de 2018). Entrevista realizada por Angely Guerrero, Sergio Correa y David F. Giraldo. Bogotá, Colombia. Pablo. (Abril de 2018, abril). Entrevista realizada por Angely Guerrero, Sergio Correa y David C. Giraldo. Bogotá, Colombia.

Referencias Bourdieu, P. (1988). La distinción. Criterios y bases sociales del mundo. Madrid: Taurus. Bourdieu, P. (1999). La miseria del mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Castel, R. (2009). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Cuevas, A. M. (2018, 12 de marzo). Resultado del censo nos permitirá enfocar mejor nuestras políticas hacia los habitantes de calle: alcalde Peñalosa. En: Bogotá. Recuperado de: http://bit.ly/2sg2Dpi Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2017). Colombia - Censo de habitantes de calle -CHC- 2017 - Bogotá, D.C. Recuperado de: http://bit.ly/3a63glP Goffman, E. (1963). Estigma. La identidad deteriorada. Bueno Aires, Madrid: Amorrortu Editores. Redacción Bogotá (2019, 17 de julio). El Distrito realiza intervención en el canal de la sexta con carrera 30, centro de Bogotá. En: El espectador. Recuperado de: https://bit.ly/2MZ5udQ

BALANCE DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 2011 Y SU PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ1 Diego Isaac Álvarez Beltrán

1. Esta reflexión se da en el marco de los esfuerzos investigativos actualmente realizados a partir del convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Fotografía de: Ivan Leonardo Sánchez Castro @cactopinhole

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Introducción El propósito del presente artículo es realizar un balance general sobre algunos de los trabajos más relevantes, escritos en los últimos años, con respecto al movimiento estudiantil del 2011, mientras se articula con una reflexión sobre el papel desempeñado por el movimiento estudiantil de la MANE, en la visibilizacion de la paz como demanda política. Para ello, se proponen tres momentos: Primero, se revisarán los principales trabajos de la presente década sobre el movimiento estudiantil de 2011. Segundo, con base en algunos de los textos clásicos sobre el movimiento estudiantil de la segunda mitad del siglo XX, se señalará cómo se identifica negativamente la articulación entre lo gremial y lo político, propia de las experiencias de movilización estudiantil de los años sesenta y setenta. Finalmente, se propondrá una interpretación alternativa, donde la articulación entre lo gremial y lo político sea positiva pues permitió que la MANE, entre otras cosas, posicionará la paz como una demanda política legítima de cara a la sociedad.

El movimiento estudiantil en el siglo XXI Tal vez el primer trabajo realizado sobre el movimiento estudiantil de 20112 está contenido en el artículo de Edwin Cruz, La MANE y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia. Aquí, Cruz se propone analizar el ciclo de protestas de 2011, a partir de tres variables fundamentales: una referida a las estructuras sociales de carácter nacional e internacional, que configuraron condiciones de posibilidad, favorables para la emergencia de la movilización estudiantil, entre las cuales están el movimiento estudiantil chileno y los diversos sectores sociales, los cuales se sumaron favorablemente a la movilización estudiantil universitaria (familias, sindicatos, estudiantes de secundaria, etc.); otra variable organizativa dada por la estructuración de la MANE, como plataforma consolidada a nivel regional y nacional, la cual logra aglutinar las principales organizaciones políticas estudiantiles de izquierda y estudiantes no organizados. La última variable subjetiva, se refiere a la creación de una identidad política a través de

2. Meses antes de la publicación del artículo de Edwin Cruz, el artículo de Mauricio Archila (2012), “El movimiento estudiantil en Colombia, una mirada histórica” hace referencia al movimiento estudiantil de 2011, ubicándolo en el periodo de crisis y recomposición comprendido entre 1991 y 2011.

la demanda de la educación como derecho y no como mercancía (2012, p. 142). Posteriormente, en la tesis de maestría de Yudy Alejandra Guarín (2015), ella se propone responder la pregunta: “¿Cómo se configuran las subjetividades políticas de los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) a partir de sus acciones en el periodo 2011-2015?” (p. 125), identificando el papel central de las trayectorias de vida de algunos activistas estudiantiles de varias organizaciones políticas; la apropiación de los problemas sociales del país, por parte del estudiantado en general; el cambio de repertorios de movilización, y la reafirmación, de cara a la sociedad, de una identidad política contestataria en los estudiantes universitarios, como dimensiones pertinentes para entender el sujeto social que se despliega, tanto en el proceso de movilización de 2011, como en el momento posterior a la construcción programática emprendido por la MANE hasta el año 2015. Un año después, el artículo Participación y acción colectiva del movimiento estudiantil (2016) escrito por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia3, describe los mecanismos programáticos, organizativos y comunicativos de la MANE, con el fin de rescatar de esta experiencia elementos o insumos, en función de propiciar la participación de la sociedad en el marco de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano. Ese mismo año, se publicó el artículo de Sandra Patricia Díaz (2016), quien explora, desde una metodología de análisis del discurso, lo que se denomina como la producción discursiva de la MANE, entendida como un caso empírico a través del cual se reconstruye la categoría de ‘discurso contestatario’ (p. 234). Finalmente, la tesis de Yishar Mauricio Pérez (2017), donde se plantea un análisis político de la coyuntura de 2011, con miras a describir la articulación de los distintos actores y fuerzas políticas que en ella intervinieron. Esto, a partir de un marco teórico de corte gramsciano, el cual indaga sobre la dimensión política y moral (intelectual) del movimiento de 2011; en pocas palabras, se pretende: […] dimensionar el lugar político de las luchas estudiantiles, situarlas como aristas de disputa y de conformación de la intelectualidad y de sus formas, comprendiendo el lugar que a la intelectualidad y a la cultura le da Gramsci en las sociedades modernas. (2017, p.12)

3. Diego Álvarez, Lilly Bernal, Juan Forero, Jonathan Gutiérrez, Nicolás Martínez, Mario Moreno y Natalia Parra.

BALANCE DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 2011 Y SU PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

El movimiento estudiantil en el siglo XX

La literatura sobre el movimiento estudiantil colombiano, por lo menos aquella referida a la segunda mitad del siglo XX es supremamente variada. No obstante, si se toman los estudios más clásicos referidos a este periodo (Le-Bot, 1984; Leal-Buitrago, 1981; Ruíz-Montealegre, 2002), todos ellos coinciden en señalar que, a partir de 1958, se pasa de un movimiento estudiantil ampliamente influenciado por el bipartidismo, sobre todo durante la dictadura de Rojas Pinilla, a un movimiento estudiantil que, luego de la instauración del Frente Nacional, adquiere un carácter antiestablishment, es decir, antagónico con respecto a las elites políticas liberales y conservadoras. La politización del movimiento estudiantil luego de 1958, además de obedecer a factores geopolíticos, como la revolución cubana de 1959, encuentra en las organizaciones de izquierda, surgidas a partir de este momento, un espacio de potenciación. Tal hecho, no obstante, ha sido negativamente valorado en muchos casos, dado que, de cierta manera, supuso la absorción del movimiento estudiantil en una lógica externa a las reivindicaciones propias del estudiantado universitario como gremio, es decir, el movimiento estudiantil primero planteó la transformación de la sociedad, dejando de lado las disputas por la transformación del modelo de universidad. Tal articulación entre un movimiento estudiantil con demandas sociales de tipo gremial, y un movimiento estudiantil con demandas políticas de carácter revolucionario o progresista resulta problemática. Siguiendo a Jorge Cote (2009), quien toma como caso de estudio el movimiento estudiantil y el programa mínimo de 1971, no puede desligarse lo social de lo político para entender al movimiento estudiantil, es decir, existe una estrecha relación entre movimiento estudiantil y organizaciones políticas de izquierda, y dicha relación no es de carácter negativo (como muchas veces es caracterizada por autores como Le-Bot o Leal-Buitrago). En palabras de Cote estos autores: “[…] culpan a esta politización de los procesos de fragmentación del movimiento […]” (p. 415). No obstante, el problema merece ser visto desde otra perspectiva:

[…] podría decirse que, por lo menos hasta la década del setenta, el movimiento estudiantil no se puede entender sin tener en cuenta la estrecha relación entre estudiantes y política. Dicho de otra manera, el surgimiento y evolución del movimiento estudiantil está íntimamente ligado a la política partidista de una época determinada (p. 415).

Lo social y lo político en 2011 Puede plantearse que la tesis de Cote resulta acertada si se mira la manera en la que el movimiento estudiantil de 2011 se estructuró, en un primer momento, alrededor de las organizaciones estudiantiles de izquierda. Evento que se manifiesta en el hecho de que los estudiantes no se movilizaron únicamente en un horizonte de demandas sociales de tipo gremial, sino que dichas demandas fueron indisociables de las demandas políticas (estas dos dimensiones están contenidas en el programa mínimo de la MANE). Por ejemplo, el punto de la ‘relación universidad sociedad’ (sexto punto del programa), además de señalar la necesidad de un nuevo modelo pedagógico para la universidad pública, exhorta a buscar una salida política al conflicto armado: “El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.” (MANE, 2011). Tal reivindicación denota la profunda articulación entre las demandas gremiales y políticas en la MANE. Así mismo, el hecho de que la paz como demanda política cobre posteriormente amplio protagonismo en los distintos ciclos de movilización, dados durante la presente década, por diversos sectores sociales (campesinos y clases medias), permite ubicar, en el movimiento estudiantil de 2011, un precursor de la disputa política por la construcción de paz en nuestro país, o, en otras palabras: “Por una nueva educación para un país con Democracia, Soberanía y Paz”.

Conclusión Esta breve revisión de la literatura sobre el movimiento estudiantil de la última década busca hacer resonancia de muchos trabajos investigativos, cuyas reflexiones críticas, muchas veces desconocidas, constituyen un valioso saber teórico-histórico, que bien podría alimentar los procesos actuales de lucha estudiantil que vienen dándose desde finales del año 2018. Igualmente, la reflexión sobre la relación entre lo gremial y lo político en la historia del movimiento estudiantil no es más que la expresión de una preocupación acerca del incierto horizonte político actual que experimentan muchos de los sectores sociales, entre ellos el de los estudiantes.

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Referencias Álvarez, D., Bernal, L., Forero, J., […] & Parra, N. (2016). Participación y acción colectiva del movimiento estudiantil. En: Currea-Lugo, V. de. (Ed.). Metiéndole pueblo a la paz. Para la participación de la sociedad en el proceso Gobierno-ELN (pp. 194-200). Bogotá: Ántropos Ltda. Archila, M. (2011). El movimiento Estudiantil en Colombia. Una mirada histórica. Revista Osal. Observatorio Social de América Latina, (31), 71-103. Cote, J. (2009). El movimiento estudiantil de 1971: entre la homogeneidad y la heterogeneidad. En: M. Archila (Ed.). Una historia inconclusa: izquierdas políticas y sociales en Colombia (pp. 413-462). Bogotá: Cinep, Colciencias y Programa por la Paz. Cruz, E. (2012). La MANE y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia. Revista de Ciencia Política, 7(14), 140-193. Díaz, S. P. (2016). El discurso político de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil: dimensión polémica y ethos discursivo. En: G. Olave & E. Narvaja (Coords.). Discurso y política en Colombia: problemáticas actuales (pp. 233-260). Medellín: La Carreta Editores. Guarín, Y. A. (2015). Configuraciones de subjetividades políticas en los integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE): los jóvenes como protagonistas de acción (tesis de maestría). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Recuperado de: http://bit.ly/38QwtRR

Leal-Buitrago, F. (1981). La frustración política de una generación. La universidad colombiana y la formación de un movimiento estudiantil 1958-1967. Desarrollo y Sociedad, (6), 299-325. Le-Bot, I. (1984). El movimiento estudiantil durante el Frente Nacional: 1958-1974 En: Educación e ideología en Colombia (pp. 55-60). Medellín: La Carreta Editores. Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). (2011, 02 de octubre). Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil Universitario Colombiano. Recuperado de: http:// bit.ly/2Sje1v6 Pérez, Y. M. (2017). Semillas que nacen para vencer. Movimiento estudiantil en 2011. Estudiantes como forma intelectual, Universidad Nacional de Colombia (tesis de pregrado). Ruíz-Montealegre, M. (2002). Sueños y Realidades: Procesos de organización estudiantil 1954-1966. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

ENTREVISTA AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN.

PERSECUCIÓN ESTATAL AL PENSAMIENTO CRÍTICO EN COLOMBIA, UNA APROXIMACIÓN Equipo de trabajo El Garzón Fotografía de: Ivan Leonardo Sánchez Castro @cactopinhole

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Desde El Garzón realizamos esta entrevista a Miguel Ángel Beltrán, profesor de sociología de la UN, investigador del pensamiento sociopolítico latinoamericano, de la historia del pensamiento sociológico, del conflicto armado y social en Colombia, así como de sociología clásica y contemporánea, quien fue privado de su libertad por su trabajo académico crítico, detenido injustamente por los gobiernos de turno, y ahora absuelto, libre de los cargos que lo llevaron a sufrir en carne propia la persecución y criminalización al pensamiento crítico en Colombia. ¿Cómo evalúa la situación política y social actual del país? La situación es preocupante; es un escenario poco esperanzador. El país tuvo la oportunidad de marcar un rumbo diferente ante este conflicto, pero por los reiterados incumplimientos del Estado sobre el acuerdo de paz, hoy estamos en una situación peor, en términos del asesinato de líderes y lideresas sociales. No se vislumbran soluciones a los agudos problemas sociales del país; continúa un modelo que ha mostrado su fracaso, sin un polo de izquierda que converja en un movimiento más amplio, que articule lo social y que imprima un rumbo diferente al país. Soy pesimista frente a estos escenarios. La reciente información de algunos líderes de las FARC de continuar la lucha armada, es dolorosa; pero comprendemos las motivaciones que hay ahí, dados todos los antecedentes y elementos que acompañaron una continua postura de incumplimiento por parte del Estado. ¿Cómo se ejecuta la persecución al pensamiento crítico en Colombia? No son casos aislados; es una modalidad sistemática, como expresión de las prácticas de terrorismo de Estado en Colombia. Esa persecución tiene una larga duración, que trasciende el conflicto armado; pues antes de que existieran las guerrillas en Colombia, ya existía esa persecución. Ejemplo de ello son las políticas de la regeneración, donde excluían a todo aquel que se oponía; la masacre de las bananeras, y demás. Ha sido un proceso de larga duración, donde se conjugan elementos locales y nacionales de una política contrainsurgente que han ido elaborando las elites colombianas; así como de políticas y doctrinas internacionales que han sido configuradas o creadas en otros

países, particularmente en Estados Unidos; como la doctrina de la seguridad, que busca aniquilar a todo aquel que se opone o tiene un pensamiento crítico, es una expresión de esa misma persecución. Son diferentes las modalidades que ha utilizado el Estado colombiano, desde promover grupos paramilitares, hasta la desaparición forzada; las ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos inermes, los falsos positivos judiciales; la brutalidad policial y, particularmente, la del ESMAD en los últimos periodos, asesinando a manifestantes, digamos, de manera legal. También está la estigmatización a través de los medios de comunicación, quienes juegan un papel importante en la agudización del conflicto y en definir al enemigo interno, particularmente en las universidades. Muchos opositores han enfrentado el exilio forzado, han salido del país o cambiaron de región. Esta ha sido una práctica sistemática y que ha aumentado en los últimos años: el uso arbitrario del sistema judicial, los montajes judiciales con testigos falsos o pruebas ilegales sin respeto al debido proceso. Incluso, algunos organismos estatales, como la procuraduría, se han convertido en instrumentos de represión, no solo contra la comunidad universitaria, sino también contra los líderes y lideresas sociales. ¿Qué condiciones específicas propician la persecución política en Colombia? Ha sido una estrategia constante de las élites colombianas, que buscan un enemigo interno; llámese obreros, sindicalistas, campesinos, estudiantes, líderes o lideresas sociales. Además, el Estado utiliza la violencia de manera generalizada para mantener un estado de cosas y una gran desigualdad. Esa violencia se expresa en un terrorismo Estatal, el cual acalla los proyectos alternativos de sociedad o de un sistema menos injusto, y desarticula esas organizaciones y expresiones organizativas, mientras genera miedo entre la población. ¿Qué reflexiones saca del último paro de 2018, del movimiento estudiantil y de los liderazgos estudiantiles? Por las políticas estatales, relacionadas con el desfinanciamiento de la Universidad, existe mucha legitimidad, hay elementos positivos ahí: la clara voluntad del movimiento de desprenderse de formas tradicionales de accionar del movimiento estudiantil; es una apuesta por liderazgos

ENTREVISTA AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN PERSECUCIÓN ESTATAL AL PENSAMIENTO CRÍTICO EN COLOMBIA, UNA APROXIMACIÓN

que rompan con las formas carentes de democracia, de imposición de liderazgos; es muy positivo buscar nuevas modalidades de acción. Al mismo tiempo, veo limitaciones en el discurso que se hizo dominante, particularmente en la Unal, de separar todas estas reivindicaciones del campo político. Eso no permite darle continuidad al movimiento y lo vemos ahora: después de un momento de efervescencia vuelve una absoluta calma y silencio. Hay que replantear y retomar esas tradiciones de lucha del movimiento estudiantil; las rupturas no implican borrar lo anterior e iniciar de cero. El movimiento estudiantil ha practicado diferentes modalidades de expresión de protesta, no solamente la lucha pacífica, sino también las vías de hecho,; es la expresión de un Estado que no ha permitido que se exprese la protesta y obliga a que se tengan que tomar otras formas de expresión. Condenar esas formas, per se, no contribuye a entender las dinámicas políticas y sociales de este país. Se incorporan otros sectores sociales, que pueden confluir en la necesidad de buscar espacios democráticos, de proyectar una universidad más amplia, más participativa, donde quepan otros sectores sociales; una universidad verdaderamente pública, con calidad académica. Hoy se observa la falta de continuidad del movimiento, hay que preguntarnos qué pasó ahí también. Por ejemplo, crear esa mesa, en su momento rompe la dinámica del movimiento y, como ha pasado con otros movimientos sociales, se va desgastando progresivamente sin llegar a acuerdos; así, la conformación de mesas pareciera ser un mecanismo efectivo para que los gobiernos frenen esa protesta yle quiten vitalidad. ¿Qué está pasando con la persecución estudiantil actualmente? Es muy importante esa pregunta, que nos trae a la reflexión del presente, esto no es un asunto simplemente del pasado; hoy, continúa la persecución en las universidades públicas. En ese sentido, la firma de un acuerdo de Paz, cada vez más devaluado, muestra cómo cesa la persecución; hay muchos miembros e integrantes de la universidad pública perseguidos, objeto de montajes judiciales y de amenazas. El Caso del Andino, por un lado, muestra la persecución hacia los estudiantes de sociología y los egresados de la Universidad que están involucrados por un montaje judicial. Por lo que parece que se han acen-

tuado más los montajes judiciales que históricamente han estado presentes como forma de persecución, mientras la desaparición y el asesinato de estudiantes han disminuido un poco. Por otro lado, la forma cómo el ESMAD reprimió las marchas estudiantiles: con pérdida de ojos; un estudiante fue asesinado por ingresar sin pagar al Transmilenio. Eso hace parte de la persecución que hoy sigue vigente, a la comunidad universitaria, junto al asesinato de líderes y lideresas. Recientemente publicó el libro Universidades bajo SOSpecha. Represión Estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia 2000-2019 ¿qué temas aborda en este libro? Este último libro que acaba de publicarse, lo hemos titulado Universidades bajo SOSpecha. Represión Estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia 20002019. El título tiene una doble connotación, por un lado, la idea de sospecha sobre las universidades, al ser un espacio de producción del pensamiento crítico; siempre miradas con sospecha, por parte de un Estado que ve enemigos por todas partes; sobre todo, a quienes elaboran ese pensamiento crítico. Por el otro, está el SOS, un llamado de auxilio ante la necesidad de defender la universidad pública; de visibilizar lo que ha pasado en las universidades, y la respuesta que debemos dar. Esta investigación parte de la convergencia de tres experiencias investigativas. He trabajado la violencia estatal en contra de las universidades; un tema de investigación que inicié mucho antes de ser detenido e interrumpido por esa vivencia de persecución. Esto coincide con otros esfuerzos, por una parte, el trabajo que ha desarrollado la comunicadora social, María Ruiz Aranguren de la Universidad del País Vasco acerca del papel de los medios de comunicación, uno de los ejes importantes dentro del libro. Por la otra, el trabajo de Jorge Enrique Freiter Florian, colombiano con muchos años en el exilio pues su padre fue asesinado por una convivencia entre grupos paramilitares y agentes del Gaula; hoy, su crimen está a punto de declararse crimen de lesa humanidad. A partir de esa experiencia negativa, Jorge se interesó por la investigación frente al tema de la infiltración paramilitar en las universidades del Caribe y, particularmente, en la Universidad del Atlántico. De esta manera, el libro es el resultado de estos esfuerzos que confluyeron en Bogotá, cuando desde el

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País Vasco se organizó una comisión de verificación de la situación de los Derechos Humanos; en ese evento, se convocó a otros docentes, particularmente de las Universidades Pedagógica y Distrital, quienes aportaron importantes reflexiones en torno a esta temática. ¿Por qué analizar el periodo entre el 2000 y 2019? La represión estatal no se circunscribe a ese periodo, pero por las condiciones materiales se delimita esa temporalidad, ya que es una investigación independiente, sin financiamiento de fundaciones ni de Colciencias, para no afectar los resultados. Es un trabajo que se ha hecho con las uñas, con trasnochos y desvelos, pero con la profunda convicción de develar lo que pasa en las universidades, y el periodo de 2019, es una invitación a toda la comunidad para profundizar y reconstruir esa memoria histórica, de los crímenes, de la persecución de la que ha sido objeto la comunidad universitaria, particularmente las universidades públicas. Estoy elaborando un proyecto de investigación de la persecución estatal desde 1929, cuando asesinan al primer estudiante, y espero esté terminado en 2020. ¿Cómo ve el panorama de la Universidad Nacional? Lo veo bastante negativo en varios sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista administrativo, la rectoría de la profesora Dolly, no ha significado ningún viraje, por la forma antidemocrática de ejercer la administración, de no darle salida a los problemas fundamentales, sigue una visión muy recortada del papel de la Universidad, en un contexto que lo está exigiendo tanto; en conclusión, líneas de continuidad. En segundo lugar la academia, es cada vez menos crítica, más encerrada en su torre de marfil; una academia que no inter-locuta con los problemas fundamentales sociales del país; entrado en la lógica total de la competencia del mercado, donde la producción está sometida a los intereses de los centros financiadores, con agendas investigativas impuestas desde afuera. En tercer lugar, lo anterior va definiendo un perfil del estudiante que se está formando en la Universidad Nacional, cada vez menos interesado, menos sensibilizado frente a los problemas del país; un estudiantado que participa de esa lógica mercantilista, una suerte de arribismo social: aquellos exitosos académicamente reciben los beneficios y son premiados, y aquellos con

dificultades son excluidos del sistema. Esto nos lleva a una universidad que ha perdido esa tradición de lucha, de resistencia. Para cerrar esta entrevista, agradecemos al profesor Miguel Ángel por esta entrevista y mostrarnos su trabajo de investigación alrededor de la persecución al pensamiento crítico en Colombia. Nos deja muchas reflexiones frente al papel de las universidades en la construcción de sociedad, del compromiso necesario con las transformaciones sociales, las tareas para abandonar el arribismo social y el desprecio por los más necesitados del país; la universidad debe confrontarse, debatir, preocuparse por sus condiciones espirituales y materiales, y luchar para obtener una vida digna para toda la población.

ENTREVISTA AL COMITÉ DE GÉNERO

DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UN (PARTE 1) Equipo de trabajo El Garzón Fotografía tomada por: Michael Tieso Recuperada de: www.flickr.com - Modificada

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Debido a la amplia brecha de género y a la discriminación en la academia, el departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá ha estado en el centro de una controversia nacional, donde periódicos como El Espectador (Calle, 2018) y revistas digitales como Arcadia (Sánchez & Malagón, 2018) o Vice (Cadahia, 2018) han visibilizado los comunicados que ha emitido la Red Colombiana de Mujeres Filósofas (RCMF), a propósito de un evento de egresados que no contó con ninguna mujer en su panel (Vélez & Tovar, 2016); y del concurso profesoral en el que salió elegido un hombre (Tovar, 2016). Además, hace unos meses, el Comité de Género del departamento de Filosofía (CGF) publicó un comunicado denunciando la línea del tiempo oficial de este Departamento, ya que en esta, la única mención a una mujer fue la de una estudiante que ganó un concurso de belleza (Comité de Género de Filosofía de la Universidad Nacional, 2019). Entonces, ¿qué sucede en el Departamento de Filosofía de la UN? Con el equipo periodístico de El Garzón entrevistamos a las estudiantes que han estado promoviendo el comité de género y esto fue lo que nos contaron. ¿En qué contexto nace el CGF de la UN? Estudiante uno (E1): El CGF nació entre abril y mayo del 2019, como respuesta a la necesidad de atender a las problemáticas de género, en particular, las de violencia de género. Creímos que era necesario organizarnos con los y las estudiantes de pregrado para atender los casos que habíamos identificando dentro y fuera de las aulas, como el trato que ciertos profesores tienen con sus alumnas. El comité nació de la necesidad que teníamos, como víctimas, de tomar en nuestras manos las situaciones que nos afectan. Nació con la intención de abordar el debate filosófico respecto al género, a las sexualidades diversas, al feminismo y de cómo lograr una convivencia más sana, más igualitaria en el ámbito académico entre filósofos y filósofas. Estudiante dos (E2): Hay dos antecedentes importantes. El primero fue la influencia que tuvo el semillero de Mujeres y Filosofía, renombrado como Género, minorías y filosofía, en la organización del comité. En su momento, el semillero estuvo encabezado por una estudiante de pregrado y una profesora, quien continúa siendo un apoyo muy importante para nuestra labor.

El segundo fue la coyuntura política del paro estudiantil del semestre 2018-2. Ahí, por primera vez en muchos años, en el Departamento tuvimos discusiones políticas; marchamos, y creamos diferentes mesas de trabajo (sobre la Ley 30, la filosofía de la educación, etc.) entre profesores y alumnos, entre las que quiero resaltar una mesa de género, la cual se acabó, pero sirvió como experiencia para luego crear el comité. A pesar de que el Departamento decidió dejar de contar con la profesora que nos ha apoyado, seguimos trabajando para que el proceso no terminara ahí. E1: Los resultados del concurso profesoral también motivaron la conformación del comité. El proceso seleccionó a un hombre, aun cuando actualmente el Departamento cuenta con dieciocho profesores hombres y solo una mujer. En ese momento, en conjunto con la representación y el consejo estudiantil del Departamento, hubo una reunión con profesoras invitadas de la RCMF, quienes habían sacado un comunicado controversial en el interior del Departamento, el cual tuvo alcance nacional, por la publicación de diferentes notas en algunos periódicos del país y por una firmatón a través de change.org. Con esto, el tema de las mujeres salió del Departamento y adquirió una relevancia nacional. Todo eso nos motivó a hacer algo más. ¿Qué estrategias han utilizado para combatir el problema de contratación, el acoso de los profesores, etc.? E1: Somos un comité recién creado, sin mucho reconocimiento institucional, y el primer objetivo fue atender los casos de violencia de género, particularmente los casos que involucraban a estudiantes de primeros semestres. Los estudiantes entran a la Universidad sin saber con qué se pueden encontrar y sin un conocimiento de la problemática de género en el Departamento. Por esto, consideramos que las estudiantes nuevas son potenciales víctimas, entonces nos enfocamos en la prevención y la pedagogía. Además, tras la victoria respecto a la exigencia de retirar el relato histórico que estaba en la página web del Departamento, nos dedicamos a proponer elementos para la reconstrucción del relato histórico de las mujeres en el Departamento. ¿Qué estrategias en específico se han generado o han construido a partir de esas necesidades que han mencionado anteriormente?

ENTREVISTA AL COMITÉ DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UN (PARTE 1)

E1: Para atender las violencias basadas en género, una de nuestras estrategias es enfocarnos en la prevención de casos de abuso sexual, redirigiéndolos a los organismos institucionales. Este enfoque nace para no chocar con el protocolo de las violencias de género de la Universidad Nacional, ya que, por razones normativas, hay cosas que no podemos hacer; por ejemplo, atender denuncias. Buscamos articularnos con Bienestar de Ciencias Humanas, allí nos dieron una asesoría con respecto a lo que, como comité de género, podíamos o no hacer. No podíamos atender los casos de violencia de género, denuncias, pues esto implica tener herramientas jurídicas y psicológicas. Por esto, decidimos enfocarnos en la prevención. La prevención implica hacer pedagogía con los y las estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo con estudiantes que entraron este semestre. Se visibilizó el problema y los sesgos de género que hemos identificado en las aulas de clase; también enviamos una señal de alerta a las estudiantes jóvenes, quienes pueden no tener muy claro cómo se configura la estructura del acoso sexual, para que identifiquen esas ‘banderas rojas’ ante una situación que se sale del ambiente académico y que podría entrar a catalogarse como acoso. Actualmente, en el comité tenemos diferentes equipos de trabajo encargados de varias tareas. Por ejemplo, el de comunicaciones está enfocado en crear piezas gráficas que lleguen a los y las estudiantes del Departamento. Hace poco lanzamos una campaña de prevención con frases como: “no toleres chistes homófonos o sexistas en el aula de clase”, “no toleres que un profesor pregunte por tu vida privada”, “no soportes invitaciones a restaurantes para revisar ponencias”, entre otros. Con esto también buscamos que los estudiantes hombres de primeros semestres no se queden callados si son testigos de algún comportamiento que incomode a sus compañeras. La difusión la hemos hecho a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, principalmente, ya que nos permiten alcanzar a muchas personas y enfocarnos en esos estudiantes nuevos. Por ejemplo, en Instagram hemos llegado a más personas y el ‘boom mediático’ que tuvimos con el comunicado sobre la línea del tiempo del Departamento nos dio a conocer a nivel nacional, pero no a sus miembros, con lo cual nos sentimos cómodas. Sobre la visibilización de la mujer en el relato histórico del Departamento, hemos trabajando en una investigación más exhaustiva sobre el papel de la mujer

en el Departamento. Queremos añadirle a esa línea del tiempo la participación femenina; lo hemos hecho con preguntas como: ¿Quién fue la primera mujer graduada del Departamento? ¿Cuál fue la primera publicación oficial de carácter filosófico de una mujer? ¿Quién fue la primera mujer profesora del Departamento? ¿Cuál fue la primera promoción del Departamento que graduó las primeras filósofas de la maestría y el doctorado? Todas estas han sido propuestas que se han pasado al comité de carrera para buscar hacer un relato histórico más equitativo, igualitario y con enfoque de género.

Espera la continuación de la entrevista en la duodécima edición de nuestro periódico.

Referencias Cadahia, L. (2018, 1 de octubre). # Sin mujeres no hay filosofía. En: Vice. Recuperado de: http://bit. ly/2XcimRG Calle, H. (2018, 5 de octubre). La brecha de género que el Departamento de Filosofía de la Nacional no ha podido cerrar. En: El Espectador. Recuperado de: http://bit.ly/33M2Myw Comité de Género de Filosofía de la Universidad Nacional. (2019, 8 de julio). Comunicado a la opinión pública. Recuperado de: http://bit. ly/32uAPLM Sánchez, F. & Malagón, S. (2018, 3 de octubre). ¿Discrimina a las mujeres el departamento de Filosofía de la Universidad Nacional? Este es el debate. En: Arcadia. Recuperado de: http://bit.ly/2Ofm60y Tovar, M. (2018, 8 de octubre). “Nunca leí a una filósofa en la carrera”. En. Sentiido. Recuperado de: http://bit.ly/2Qky8bS Vélez, I. & Tovar, M. (2016, 18 de abril). Los verdaderos filósofos y las mujeres. En: Sentiido. Recuperado de: http://bit.ly/2qPdOoj

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DONDE NO VOLTEAMOS LA MIRADA La ciudad que se desangra con cada disparo, justo en el corazón del palacio de justicia. Bajo las calles, por sus venas, corre la sangre negra de las miles de almas perdidas en la cruda historia que no refleja clemencia. Es Colombia la viuda de presentes, reclamando aire para lograr salir a flote. Donde los del Aro susurran sus gritos, donde el pueblo sordo no entiende de historia; nuestra Colombia llora, mientras, otros van riendo. Es el narcoestado afluente, que no respira sin coca. El estigma que cargan las crías de Pablo; desgarrada la PATRIA con los cientos de Avianca. Y el fulgor opaco que alumbra las pampas, las montañas, los montes y los páramos, nos regala el negro triste reflejo del cielo. Mi Colombia de sueños, de Macondo y de gitanos. Cien años de soledad y esperanza de siglos.

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