Revista de Cambio Climatico. Reflexiones sobre una Problematica Global by Programa Gestión de Proyectos, Universidad Nacional de Colombia.

Vol. 1. ISSN No. 2248-8855

Revista de Cambio Climático

Reflexiones sobre una Problemática Global: Análisis de las Tendencias en el Abordaje de la Política Climática Editores: Javier Sabogal Aguilar, Gustavo A. Ortega, Gregorio Mesa Cuadros

GICC

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DIRECC IÓN DE BIENEST AR INST ITUTO DE ESTUDIO S AMBI ENTALES DIRECCIÓN DE BIENEST AR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMI ENTO INTEGRA L PROGRA MA GESTIÓN DE PROYECTOS

Revista de Cambio Climático Reflexiones sobre una Problemática Global: Análisis de las Tendencias en el Abordaje de la Política Climática ISSN No. 2248-8855 (Vol. 1 / Noviembre 2011)

Universidad Nacional de Colombia Rector Moisés Wasserman Lerner Vicerrector de Sede Julio Esteban Colmenares Decano Facultad de Ciencias Económicas Jorge Iván Bula Escobar Director de Bienestar Facultad de Ciencias Económicas Beethoven Herrera Valencia Directora de Bienestar Universitario Sede Lucy Barrera Ortiz Coordinadora Programa Gestión de Proyectos Elizabeth Moreno Domínguez Coordinadora Grupos Estudiantiles de Trabajo Andrea Fandiño Cardona

Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) Comité Editorial Director Javier Sabogal Aguilar Coordinador Gustavo A. Ortega Evaluador Gregorio Mesa Cuadros Fotografías July Carolina Rojas Gómez Diseño Gráfico Diego Escobar / PGP Impresor Gracom Gráficas Comerciales Información de contacto GICC Correo electrónico: gicc.unal@gmail.com. Sitio web: www.gicc-unal.tk Los escritos y opiniones expresadas en esta publicación no comprometen el pensamiento de la institución.

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Presentación

El Grupo Interdisciplinar de Cambio Climático (GICC) de la Universidad Nacional de Colombia, ha generado un documento que aborda la actualidad de la discusión académica, las aproximaciones metodológicas y las iniciativas prácticas de solución respecto a la problemática. La publicación que el lector tiene en sus manos es resultado del trabajo interdisciplinar de estudiantes de pregrado y maestría que han sumado esfuerzos y horas de diálogo académico alrededor de una preocupación por el ambiente y los resultados de las interrelaciones sociedad-naturaleza. En la discusión se debe tener presente la complejidad de la realidad climática con una alta dosis de realismo, entendiendo que ya no podemos evitar el cambio climático y que sólo tenemos la oportunidad de hacer frente a él para evitar un escenario catastrófico si actuamos ya. Este es un punto de partida fundamental ya que al enfrentar dicho fenómeno, debe tenerse presente la complejidad que representa y los elementos que le integran. Dada su naturaleza, el cambio climático se debe abordar en términos de tiempo, dinámica e interacción de los sistemas, recursividades y puntos de no retorno. Expliquémoslo en estos términos: El tiempo es un primer aspecto a tener en cuenta para el estudio de este fenómeno, la concentración de los combustibles fósiles bajo la corteza terrestre ha tomado millones de años, la utilización de estos recursos se ha dado en un tiempo muy corto y a una tasa sumamente alta, el tiempo de permanencia de los efectos en los sistemas terrestres será considerable. Por lo anterior, se trata de una tasa de utilización mucha más rápida a la de creación del recurso y en una permanencia de los efectos, que nos lleva a que así detengamos la emisión total de gases efecto invernadero (GEI) hoy, no podamos desconocer el daño que ya hemos ocasionado y las consecuencias permanentes y desconocidas que enfrentaremos en los próximos años. La complejidad del fenómeno es un asunto fundamental, ya que se trata de una diversidad de elementos muy alta en interacción con relaciones de retroalimentación; de este modo, estamos hablando de un sistema climático global que tiene como elementos diversos subsistemas que involucran ciclos de materia y de energía y en donde interactúan organismos vivos y ciclos biofísicos presentes en un planeta que hace parte de un sistema más grande como es el sistema solar. En este orden de ideas, los sistemas humanos de producción y consumo, juegan un papel extremadamente impactante que generan un desequilibrio en las relaciones de los otros subsistemas en la Tierra. En suma, existen recursividades de las cuales no éramos conscientes, creíamos que podíamos emitir GEI a la atmósfera sin consecuencias, pero la utilización de esa energía concentrada en el subsuelo se libera de una manera tan rápida que tiene repercusiones sobre el sistema climático y sobre los sistemas humanos. Es decir, que en primer lugar sin saberlo y luego totalmente conscientes, creamos un desequilibrio que vuelve sobre los causantes, es decir, la especie humana, y sobre el sistema como un todo. Pero adicionalmente, los causantes no son quienes sufren las consecuencias sino que se trata de recursividades que se van retroalimentando, creando una especie de recursividad organizacional del sistema mismo. No se trata de una relación lineal en la cual podamos llegar a un conocimiento de la evolución del fenómeno del tipo: “emito un poco más y las consecuencias serán un poco peores”, sino todo lo contrario, se dan de forma compleja de manera que a partir de la concentración de GEI en la atmósfera emitir un poco más puede acarrear enormes consecuencias llenas de incertidumbres.

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Adicional a lo anterior, la idea de un punto de no retorno es crucial en la comprensión del problema, ya que hace manifiesta la consideración de irreversibilidad. Bajo esta consideración, no se puede pensar que realizamos una emisión y podemos solucionarlo, dado que existen puntos irreversibles por los cuales el sistema adquiere una dinámica que escapa al control humano. Los humanos pensamos por mucho tiempo que lo que existe en el planeta son recursos que están dispuestos para la satisfacción de nuestras necesidades, de los que podemos disponer sin límite alguno y desde luego sin pagar ningún precio. Esto se aborda desde dos perspectivas interesantes y complementarias: en primer lugar, la idea de no límite natural a la utilización de la naturaleza por parte de los sistemas de producción-consumo, que es posible consentir si la población es pequeña, el consumo es correspondiente y la utilización de recursos y sus impactos no son evidentes, o se cree que son fácilmente superables, caso en el cual si hay pocos humanos emitiendo, no se perciben las consecuencias de su emisión, por lo que no existe una señal que indique la escasez del recurso, es decir no hay un precio a la emisión; en segundo lugar la idea de que la atmósfera y otros elementos naturales son bienes públicos que pueden ser utilizados por todos, ya que no se puede limitar la utilización del bien, lo que hace de este tipo de bienes un objeto de estudio totalmente diferente a los bienes privados, por lo que las herramientas de análisis deben ser diferentes. El cambio climático es un objeto de estudio interesante que dada su naturaleza compleja requiere un acercamiento desde varias disciplinas de manera trans-e-inter-disciplinar. Como un asunto científico que involucra un diálogo de saberes, se trata de un avance paulatino, con resultados que en ocasiones no son concluyentes y dada la situación en la que los resultados científicos determinan las acciones a tomar, exigen muchísimo rigor y cautela al emitir conclusiones; aun cuando lo anterior sea aprovechado por quienes sufran el costo del cambio de ruta, poniendo en duda la existencia misma del cambio climático. Vivimos en una sociedad consiente de que las cosas no marchan por buen camino, sin embargo el cambio no es fácil, la invitación a abandonar unos sistemas de producción y consumo basados en los combustibles fósiles, que han enriquecido a unas sociedades, difícilmente se enfrenta a la sentencia: “si no puedes dejar de contaminar en la actividad productiva y de consumo, entonces deja de realizar esa actividad”. Las sociedades enriquecidas no quieren abandonar las comodidades que trae el modelo actual. Los que utilizan los combustibles fósiles son conscientes de la realidad y han apostado a la estrategia del free rider, no abandonar la forma de realizar la actividad hasta acabar con el recurso; varios estamentos de la sociedad utilizan escusas de diversa naturaleza para que aun aceptando la importancia de actuar, se llegue a la inacción esperando un futuro con mejores condiciones para hacerlo: mejor tecnología, más recursos, más evidencia científica, reemplazar la infraestructura existente de producción y distribución energética. El problema es que el tiempo se agota, la demora en la toma de decisiones y la realización de acciones implica que una gran extinción en términos de biodiversidad se esté dando y se incrementará, que varios países desaparecerán, la inviabilidad de las ciudades costeras –que son la mayor parte de ciudades importantes en el mundo–, millones de desplazados climáticos, pérdida de la calidad del recurso hídrico, desertificación de suelos, escasez de alimentos, dispersión de enfermedades, entre otros. La publicación es ante todo una invitación a actuar, a sumar esfuerzos desde diversas disciplinas en un diálogo de saberes, para llegar a acciones concretas y presiones sociales que determinen el consenso para generar los cambios necesarios en el abordaje del cambio climático global. Javier Sabogal-Aguilar Docente Universidad Nacional de Colombia - Tutor GICC Nueva York, 22 de junio de 2011

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Contenido

El futuro de las negociaciones del clima: Hacia dónde se dirigen las acciones internacionales después de la CoP 15 de Copenhague p.4 ¿Es el cambio climático una prioridad para Colombia? July Carolina Rojas Gómez p.8 La realidad del cambio climático: Orígenes, efectos y principios Gustavo A. Ortega, Daniel Albarracín, Alejandro Mora Motta, María Fernanda Romero p.14 ¿Es posible hablar de deuda climática?: Una aproximación desde los enfoques de deuda ecológica y ambiental Gustavo A. Ortega, July Carolina Rojas Gómez y Alejandro Mora Motta p.22 ¿Cómo avanza REDD en Colombia? Por: Diego Rodríguez Panqueva p.29 Una propuesta metodológica para analizar proyectos forestales de captura de carbono en cuanto al aporte al desarrollo sostenible Edgar Moreno Castillo y Alejandro Mora Motta p.38 Reflexiones sobre la situación actual del mecanismo REDD en Colombia Alexandra Salinas Salinas p.51

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El futuro de las negociaciones del clima: Hacia dónde se dirigen las acciones internacionales después de la CoP 15 de Copenhague1

Muchos interrogantes se vienen presentando a nivel internacional sobre las medidas que se adoptarán frente al cambio climático luego de la cumbre del clima CoP 15 de Copenhague. La Organización de Naciones Unidas (ONU) asumiendo su papel en temas de responsabilidad global respecto al planeta y a la humanidad, ha materializado los primeros esfuerzos a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por su sigla en inglés). Sin embargo, no es muy claro que estas medidas estén incidiendo efectivamente en los objetivos planteados, y tampoco sobre las causas que originan la problemática. Ante una difícil negociación respecto a un nuevo acuerdo que reemplazará el Protocolo de Kioto, se han hecho imprescindibles los esfuerzos desde la sociedad civil –o sociedad global si se quiere– para ejercer presión respecto a las acciones y compromisos de los países en relación a la problemática. En este documento se presentan algunas reflexiones desde distinto sectores de la sociedad, quienes vienen participando de diferentes espacios de la academia para sentar su punto de vista con miras a buscar soluciones. Las visiones que se presentan son, el punto de vista institucional en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) como autoridad nacional en las negociaciones, en segundo lugar, una posición académica 1

1 El presente artículo introductorio recoge gran parte de las posiciones de los invitados a las Mesas de Trabajo (II) “Después de Copenhague” realizadas en el mes de septiembre de 2010, en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, por convocatoria del Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de Ciencias Económicas.

de derechos presentada desde la discusión sobre la deuda ambiental y ecológica, y finalmente, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, a partir de un enfoque crítico frente a las negociaciones del cambio climático, las propuestas internacionales y los problemas ambientales y sociales asociados a este fenómeno. 1. La posición de Colombia ante la UNFCCC En primera medida el papel institucional representando por el MAVDT, dejó claro la forma como se vienen adelantando las negociaciones a partir de los distintos bloques de países, sus interacciones, propuestas para un segundo periodo de compromisos y eventuales acuerdos dentro de la UNFCCC. En términos de negociación los intereses políticos y económicos son los que definen la manera como se asume internacionalmente el problema. Teniendo en cuanta esto, la posición de Colombia resalta el gran problema de los “países en desarrollo” quienes tendrán que asumir los mayores impactos por su bajo nivel de respuesta, a partir de lo cual se exige un mayor compromiso para mitigar el cambio climático por parte de los países industrializados denominados como Anexo I del Protocolo de Kioto. Este argumento está encaminado a reducir los costos futuros de adaptación. Las exigencias de Colombia apuntan a lograr la estabilización del clima, para lo cual pide mayores niveles de compromiso en la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), esto es, del 40 al 59% hasta 2020 y del 80 al 95% hasta 2050 con base en las emisiones contabilizadas para 1990. En cuanto a

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los proyectos REDD de prevención de deforestación y degradación, se procura la creación de un mecanismo financiero, recordando que este tipo de proyectos debe tener en cuenta las condiciones de los países en desarrollo. En cuanto a los esquemas de financiación, se pide un 8% de impuesto adicional al 2% existente, sobre las transacciones comerciales de los certificados de reducción de emisiones. Adicionalmente se pide la destinación del 2% del PIB de los países Anexo I para financiar las acciones frente al cambio climático, así como el establecimiento de un sistema de multas por no cumplimiento en las obligaciones de transferencia financiera y la reestructuración de la organización del esquema de financiamiento. 2. Una revisión de los problemas de deuda ecológica, ambiental y climática Por otra parte existe una posición que ha venido desarrollando la academia a partir de las ideas de organizaciones sociales, en donde se plantea una visión de derechos con una propuesta para la “deuda ambiental”, tomando elementos relevantes del concepto de deuda ecológica que son aportados por los enfoques de la economía ecológica, la ecología política y el ambientalismo, para enfatizar en la necesidad de lograr coherencia entre el discurso sobre cambio climático y la acción y toma de medidas. Lo anterior con el fin de trazar y conseguir metas que impacten de forma real y positiva en relación a la problemática. Esta propuesta se fundamenta en la aplicación de los verdaderos principios ambientales (responsabilidad compartida pero diferenciada, precaución, prevención, equidad generacional e inter-especies, solidaridad; en contraposición con el anti-principio “el que contamina paga”), desde una visión integral que tenga en cuenta la construcción de una teoría sobre justicia ambiental. El primer paso será el cambio del actual modelo de desarrollo que sigue siendo “depredador”. Este modelo de desarrollo desconoce los límites del planeta (y el imperativo ambiental de consumir pensando en las futuras generaciones) y la idea de una huella ambiental sostenible; generando cargas, deudas y pasivos ambientales que son asumidas por todos los humanos, pero especialmente por los pueblos tradicionales quienes conviven en armonía con el ambiente. La diferencia entre los sectores de la población que contaminan y las comunidades y pueblos que conservan los bosques naturales es la mejor muestra de la desigualdad en el derecho a la utilización de los sumideros de carbono. 3. Un problema relacionado a los patrones de producción y consumo Las organizaciones sociales vienen participando con el fin de mostrar que el cambio climático es una cuestión que

nos afecta incluso en la cotidianidad, por lo cual identifican como principales las causas estructurales del modelo de desarrollo, ligados a los procesos de producción y consumo. Allí se cuestionan las formas de vida basadas en el consumismo por lo cual se insiste en la responsabilidad de cada persona. Entre las propuestas que se han construido está la definición de adaptación al cambio climático entendida como un proceso de transición hacia un modelo de desarrollo diferente, basado en el “buen vivir” como ideal práctico para superar el productivismo y consumismo del “vivir mejor”. Gran parte de las propuestas que defienden las organizaciones sociales están expresadas en el acuerdo de los pueblos sobre el cambio climático, que comenzó a construirse en la reunión 2010 de Cochabamba, en la Conferenciad Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. A pesar del arduo trabajo realizado por las organizaciones sociales, dentro del cual se han insertado temas relevantes en la agenda sobre las negociaciones del clima, quedan pendientes muchos otros que se encuentran abiertos al debate y la generación de alternativas. Temas tan diversos como la minería, de la transferencia y del desarrollo tecnológico a nivel local así como asuntos que quedan por discutir a la luz de las prioridades de Colombia en lo ecológico, en lo social, en los modos de desarrollo y las formas de decisión con poca participación e incidencia de las organizaciones sociales y sus preocupaciones por las afecciones en la vida cotidiana de las personas. 4. ¿Es el cambio climático una prioridad para nuestro país? Otra perspectiva académica introduce el debate sobre si el cambio climático es prioridad para nuestro país. Allí se resalta en primera medida que la academia no se ha integrado activamente para representar los intereses de la sociedad. En segundo lugar se analiza el papel institucional en materia ambiental; aclarando que si bien una parte le corresponde a la ciencia y a la tecnología, es el Estado quien debe asumir en esencia la representación de la sociedad, algo que en nuestro país no se ha manejado adecuadamente. Esto es preocupante en el orden de prioridades de los asuntos en los que podemos intervenir a escala internacional. Aunque Colombia no tiene responsabilidad significativa en las emisiones de GEI, puede hacer esfuerzos razonables en mitigación. Sin embargo, es el modelo económico predominante en manos del capital transnacional el mayor responsable del cambio climático. El papel de los Estados está articulado en igual medida con los intereses del capital, mientras los organismos internacionales buscan generar recomendaciones y actúan como mediadores entre los diferentes bloques de países con el fin de llegar a acuerdos entre sí.

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En referencia a los medios de comunicación, estos prestan mucho despliegue periodístico sobre la problemática global. Su conclusión es que el cambio climático tiene que ver con una responsabilidad a nivel individual y por consiguiente son las conductas individuales las más importantes para tratar de mitigarlo. No obstante, la necesidad de reflexionar sobre dónde es que reside realmente el problema de fondo, hace que las conclusiones cambien, pues allí se advierte que el problema se resuelve esencialmente en términos políticos. Las medidas que se tomen para el cambio climático no dejan de ser importantes, lo que hay que cuestionar es el orden de la prioridad. Los esfuerzos de Colombia no son significativos a nivel global, en cambio tenemos otra serie de problemas que podemos gestionar como el caso del ordenamiento territorial. Este debe ser la columna vertebral para estructurar la política ambiental. Una de las conclusiones a propósito de la discusión es el hecho de que la vulnerabilidad frente al cambio climático está ligada directamente con el ordenamiento del territorio. Colombia no tiene mucho que hacer en cambio climático porque su responsabilidad frente a las emisiones no es relevante, esta problemática subyace del modelo de desarrollo, y en concreto, es responsabilidad del capital multinacional y transnacional. Los gobiernos también tienen una responsabilidad pero su actuación está sujeta a los intereses del capital, siendo el sector financiero el gran cerebro controlador. En el caso de los organismos internacionales, estos no tienen capacidad para obligar, son progresistas e intentan persuadir con su retórica. En nuestro país dentro del orden de prioridades está en los primeros lugares la violencia y sus efectos, así como el tema de la minería a gran escala como locomotora de desarrollo, y recaudo de mayores recursos para la política ambiental. Complementando los temas que deben ser centrales en la política ambiental están la regulación del ciclo hídrico y la deforestación, que paradójicamente disminuye con la guerra. Estos problemas se sintetizan nuevamente en el ordenamiento territorial que aún es precario y primitivo, que de la misma manera se expresa como un problema básicamente político, relacionado con el desplazamiento, la estabilidad social y política del país. Ante estas problemáticas el papel de la academia es lograr incidir en lo político y en lo cultural. 5. Transferencia de tecnología a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Desde la era industrial se ha venido dando un cambio climático antrópico que implica grandes efectos regresivos tanto en sistemas naturales como sociales. Esta anormalidad climática global, se traduce en un aumento de 1 a 2° C proyectado a 50 años. Para Colombia aquello implica la disminución de las coberturas nieves de las montañas, el

aumento del nivel del mar y ciertas variaciones abruptas en las precipitaciones a lo largo del país, lo que conlleva a periodos más largos de sequías y simultáneamente a periodos más extensos de lluvias e inundaciones. El factor de aumento de los niveles del mar genera la dificultad de abastecimiento de aguas potables en las zonas afectadas, asimismo deriva en desplazamiento y problemas de salubridad en cuanto a enfermedades endémicas. En el campo de la economía, el cambio climático es una de las externalidades más conocidas. El cambio climático como externalidad genera más costos que beneficios, puesto que en la manera como se ha identificado en modelos económicos entre más tardemos en actuar más costosa será la reparación. Existen varias particularidades en torno al cambio climático que deben ser mencionadas: i. Primero, el cambio climático no depende de nosotros, de Colombia, ni de los “países en desarrollo”, sino de “países desarrollados”, de los individuos, empresas multinacionales, que debido a su alto consumo de energía derivada de combustibles fósiles, generan variaciones importantes en el clima. ii. Los análisis realizados a mediano y largo plazo, tienen más variación en los resultados que los análisis a corto plazo, porque estos no tienen en cuenta a las generaciones futuras, disminuyen los resultados y excusan las acciones para disminuir el impacto de las anormalidades en el clima. iii. Los afectados del cambio climático son a su vez los generadores de este. Lo interesante es que dicho problema es preferido por unos a quienes los favorece, como el caso de Inglaterra, en el que la variante del clima permitió impulsar el sector agrícola y la producción de vino. Dados los anteriores factores surge la siguiente pregunta: ¿a quién pertenece la atmósfera? Han surgido voces indicando que se trata de un bien común, en otras palabras, un bien que pertenece a todos. Otros señalan que la atmósfera es de quien tenga la tecnología para acceder y apropiarse de ella. Debido a lo anterior, el recién nacido “mercado de carbono” es duramente criticado por usar precisamente el término “mercado”, en el que básicamente se busca hacer una partición de la atmósfera con el fin de apropiarse de ella y así poder contaminarla. En lo relacionado con las transferencias tecnológicas es pertinente un análisis sobre los costos de las externalidades derivadas de tecnologías poco eficientes, examen que nos lleva a plantearnos la necesidad del cambio tecnológico para la reducción de aquellas. Sin embargo, el “optimismo científico y tecnológico” que tenemos es peligroso, debido a su poca fiabilidad, por lo cual nos preguntamos si: ¿la tecnología nos llevará a una mejor calidad vida? Al no ser la tecnología un buen punto para comenzar, debido a la especulación sobre su eficacia a futuro, debe-

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mos partir desde una perspectiva de producción-consumo enfocada ambientalmente. Lo que se ha hecho claro es que debemos pasar de tecnologías de “final de tubo” a tecnologías eco-industriales que tienen una apreciación más sistémica del problema ambiental o tecnologías con cero emisiones o emisiones complementarias, lo que significa que las emisiones de una son materia prima de otras. Para entender la tecnología debemos comprender que esta no es “una”, sino que es un sistema con ramificaciones –por ejemplo se vislumbra que el problema no son los automóviles, son las personas que los conducen, las que lo fabrican, etc. –; y por tanto debe involucrar el conocimiento científico ya que ésta no es autónoma. Pero de acuerdo a esto, ¿cómo se debe entender la transferencia tecnológica? Como ayuda o como un nuevo campo del mercado que cae en la lógica oferta-demanda. Interesante apreciación en cuanto vemos ahora el paso de un siglo de consumo de combustibles fósiles a un siglo de consumo de energías renovables, escenario en el cual quien controle este tipo de tecnologías sostenibles emergerá como potencia en el mundo. Surgen muchas preguntas al respecto, que sirven de punto de partida para nuevas investigaciones y debates: ¿qué tipos de tecnologías están transfiriendo los proyectos MDL?, ¿nos estamos volviendo dependientes de las tecnologías?, ¿podemos desarrollar tecnologías en “países en desarrollo”?, y ¿cómo se involucra el tema de transferencia tecnológica en Colombia?

de compensación que son aplicados son los del Protocolo de Kioto, tanto el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) como el esquema REDD. El Protocolo de Kioto, dio origen al mercado de carbono (incluyendo el mercado voluntario de carbono), que desde una perspectiva económica, creo un mecanismo para permitir internalizar las externalidades originadas por el cambio climático. Pero cabe preguntarse hasta qué punto funciona. Allí los cuestionamientos son grandes pues dichos mecanismos no resuelven el problema y más bien generan falsas soluciones. Ante las diferentes medidas adoptadas frente al cambio climático, que han sido puestas en instancias internacionales pero que no han funcionado, existen otros caminos en los cuales se busca relacionar problemáticas globales y locales especialmente en temas de explotación de recursos, de límites a la ampliación de la frontera minera y petrolera, de la defensa de los bosques y el agua, y del rechazo a las falsas soluciones al cambio climático. Todo esto se recoge en las conclusiones de la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba en 2010. Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) Universidad Nacional de Colombia Ciudad Universitaria Bogotá D.C., junio 30 de 2011

6. Falsas soluciones frente al cambio climático Finalmente, una discusión se plantea desde la óptica crítica de las organizaciones sociales en relación a los actuales mecanismos de mitigación, al ser considerados una falsa solución para afrontar las problemáticas relativas al cambio climático. Allí se pregunta qué es lo que define la política internacional de mitigación. Se considera desde esta perspectiva como una política supeditada a la economía del cambio climático bajo la lógica infundida por organizaciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del mínimo costo. La estructura de la política se divide en políticas de mitigación con una economía basada en mercados de carbono (en las que se apoya la biodiversidad con la siembra de palma de aceite y el fortalecimiento institucional) y de adaptación, basada en mercados de agua y en la gestión del riesgo enfatizando en infraestructura, tecnología y vulnerabilidad. Estas políticas básicamente se dirigen a zonas urbanas y poblados altamente vulnerables, y a los “ecosistemas estratégicos”, denominados así por su papel regulador en el ciclo hídrico. Vemos así una serie de políticas dirigidas a apropiarse de lugares donde se encuentran dichos ecosistemas. Los mecanismos

Reconocimientos: un especial reconocimiento a quienes expresaron su opinión haciendo posible la realización de este artículo introductorio. En el título 1. La posición de Colombia ante la UNFCCC a Sandra Garavito (del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial); en el título 2. Una revisión de los problemas de deuda ecológica, ambiental y climática al profesor PhD de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia Gregorio Mesa-Cuadros; en el título 3. Un problema relacionado a los patrones de producción y consumo a Lyda Forero (miembro de RECALCA), en el título 4. ¿Es el cambio climático una prioridad para nuestro país? al profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia Jairo Sánchez, en el título 5. Transferencia de tecnología a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) al profesor de las Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades Nacional de Colombia y Militar Nueva Granada Javier Sabogal-Aguilar, y en el título 6. Falsas soluciones frente al cambio climático a Diego Rodríguez-Panqueva (Miembro de CENSAT-Agua Viva)

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¿Es el cambio climático una prioridad para Colombia? July-Carolina Rojas-Gómez*

Resumen Aunque el cambio climático afecta a Colombia y se hacen prioritarias las medidas de adaptación, a nivel de las políticas públicas se privilegia la mitigación. Existe una interrelación frente a otros temas que aparecen en el escenario nacional como prioridades (e. g. el ordenamiento del territorio, la violencia, el desplazamiento, la desigualdad, etc.). Sin embargo, el cambio climático no puede verse aislado de otros aspectos, principalmente los ambientales, aún más cuando se evidencian las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que tiene nuestro país, las cuales se incrementan con éste fenómeno. En este sentido, el cambio climático emerge como problema de nivel global que es asumido por los Estados, los cuáles elaboran políticas públicas. En el caso colombiano las políticas públicas han descuidado temas prioritarios como el ordenamiento territorial, dando cabida a situaciones de violencia y desplazamiento, razón por la cual se generan espacios como el Congreso de los Pueblos en el cuál se definen prioridades y cursos de acción por parte de los mismos pueblos. Palabras clave: adaptación, cambio climático, Congreso de los Pueblos, mitigación, ordenamiento territorial. Abstract While climate change is affecting Colombia and become priority adaptation measures at the level of public policy is favored mitigation. There is an interrelationship to other topics that appear on the national scene as * Contadora Pública de la Universidad Na-

priorities (e. g. land use planning, violence, displacement, inequality, etc.). However, climate change cannot

cional de Colombia. Candidata a MSc en

be isolated from other aspects, especially environmental ones, even when evidence of the vulnerability

Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Estudios

and risk of our country, which increases with this phenomenon. In this sense, climate change emerges as

Ambientales (IDEA). Integrante del Grupo de

global level which is assumed by the States, which make public policy. In the Colombian public policies have

Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de Ciencias Económi-

neglected priority issues such as land, with room to violence and displacement, which is why spaces are

cas de la Universidad Nacional de Colombia.

generated as the Congreso de los Pueblos, which defines priorities and courses of action by the same people.

Correo personal july.caro@gmail.com.

Keywords: adaptation, climate change, Congreso de los Pueblos, mitigation, land use planning

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1. Introducción: El cambio climático en Colombia y su contexto Una de las discusiones más recientes sobre el tema de cambio climático1, es si puede ser visto como prioridad para Colombia. La disertación parte de retomar algunas argumentaciones realizadas por Sánchez (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4), para reflexionar sobre su posición en relación con la forma como se asume el cambio climático y en general sobre la política ambiental en Colombia, a fin de contrastarla con las prioridades manifestadas desde los movimientos y organizaciones sociales en el trabajo del Congreso de los Pueblos (2010)2 , el cual ha sido integrado por pobladores urbanos, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Todo lo anterior analizado bajo la óptica de posiciones y prioridades entre sectores de la población, respecto a las prioridades que tiene nuestro país y su relación con las acciones frente al cambio climático. Actualmente Colombia se enfrenta a una serie de problemáticas económicas, sociales y políticas que se han forjado en su devenir histórico, ahora las problemáticas se dan también en lo ambiental. Después de la inserción de este componente en la Constitución Política de Colombia, los gobiernos deben proponer una política ambiental en sus mandatos (ANCC, 1991). Al ser una política pública como plantea Molina (2005) “el Mercado, la Sociedad y lo Intimo no son esferas que escapan a lo público si se parte por asumir que de ellos depende la vida y destino de la sociedad en su conjunto” (p. 59). En este sentido la política ambiental al inscribirse en el ámbito de lo público es del interés de todos por afectar incluso su intimidad, por ello se busca reflexionar sobre las prioridades de Colombia en relación al cambio climático, reconociendo sus problemáticas y necesidades. Tal como lo menciona Sánchez (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4) dentro de las problemáticas más apremiantes para el caso colombiano están el tema de la violencia, el desplazamiento, la desigualdad y la gran minería a cielo abierto –esta última es bastante peligrosa por los efectos sociales y ecológicos que conlleva–. Al respecto, en el Congreso de los Pueblos (2010) quedó consignado lo siguiente: “Rechazamos la minería a gran escala. La explotación minera en beneficio del capital privado y en detrimento del territorio y de las condiciones ambientales, no puede ser una línea de desarrollo social”. Sin embargo la minería se perfila en el Plan Nacional de Desarrollo “prosperidad para todos” como una de las locomotoras para impulsar el desarrollo visto como crecimiento económico (DNP, 2010). 1

Estas jornadas académicas se realizaron en la Universidad

Nacional de Colombia entre el 1 y 2 de septiembre de 2010. 2

El Congreso de los Pueblos es un proceso que se mantiene y

Como es sabido en el ámbito internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por su sigla en inglés) definió este problema como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (ONU, 1992). El objetivo principal del tratado internacional es disminuir la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI)3 , como medida para enfrentar el cambio climático, por tanto los países que se acogen a la Convención centran sus esfuerzos en este objetivo. El cambio climático es una de las problemáticas ambientales a escala global que afectan a Colombia, y que además de expandirse en el espacio físico también lo hace en el terreno político cuando se incorporan las propuestas globales a las cuales se adhieren los países. Esto tiene serias implicaciones ya que “se construye la noción de un territorio global por encima de los territorios locales, a que éstos se asocian a los grandes efectos del cambio climático global, a los aportes que pueden recibir para mitigarlo y/o a las migraciones climáticas que se pueden generar pero no a propuestas específicas ni a saberes locales, como opciones frente a las transformaciones ambientales” (Ulloa, 2010, p. 140) Los esfuerzos de Colombia en la política ambiental para al caso del cambio climático privilegian el tema de la mitigación, en la agenda política colombiana el cambio climático aparece como respuesta a iniciativas que se van forjando en el contexto internacional, con el texto de la UNFCCC y posteriormente con el Protocolo de Kioto (PK). Colombia ratifica la UNFCCC mediante la Ley 164 de 1994 y el Protocolo de Kyoto mediante Ley 629 de 2000, y en el 2003 se expide el CONPES 3242 relativo a la “Estrategia Nacional para la venta de servicios ambientales de mitigación de cambio climático” (IDEAM, 2010, p. 17). Así las políticas enfatizan en instrumentos económicos, tomando como objetivo incrementar la participación de nuestro país en el mercado de carbono, y fortaleciendo el área institucional para “promover la participación competitiva de Colombia en el mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el establecimiento y consolidación de un marco institucional nacional” (DNP y MAVDT, 2003, p. 5). En conclusión, se privilegia la mitigación antes que la adaptación, a pesar que la responsabilidad de Colombia en las emisiones de GEI fue de 0,37% respecto del total mundial para el 2004, según la Segunda Comunicación de Colombia ante Nacional Unidas (IDEAM, 2010). El país tiene preocupaciones coyunturales con afecciones sobre lo ecológico, social y económico, es decir de corte ambiental. En el 2010 “la

ha generado un mandato que fue trabajado entre el 8 al 12 de Octubre de 2010 en la Universidad Nacional de Colombia.

Son los gases que inciden en el fenómeno de cambio climático.

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emergencia invernal ha afectado, entre otros, a más de 2,27 millones de personas, 341.000 viviendas, 751 vías, 807.609 hectáreas, 813 centros educativos y 15 centros de salud” (DNP, 2010, p. 419). Esto da cuenta de la vulnerabilidad del territorio colombiano. El IDEAM (2010) muestra cuales son las situaciones de vulnerabilidad en algunos ecosistemas colombianos. En páramos los eventos extremos de lluvia tiende a disminuir, mientras en pisos térmicos cálido, templado y frío tienden a aumentar “concordante con lo publicado en el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (IPCC, 2007), que concluye que los eventos extremos de lluvias están aumentando” (IDEAM, 2010, p. 25), y generando un incremento de las temperaturas en el día y disminuciones en la madrugada y la noche. “En las tres últimas décadas los glaciares han tenido pérdidas […] entre un 3 a un 5% por año, el nivel del mar ha incrementado en promedio 3,5mm por año debido al cambio climático en la costa Caribe y entre 0,9mm y 1,4mm por año en la costa pacífica, salvo para Buenaventura que es de 2,2mm por año” (IDEAM, 2010, p. 25). Los escenarios propuestos por el IDEAM (2010) para la precipitación y temperatura muestran que Colombia tendrá disminuciones de las precipitaciones en el periodo entre 2011 y 2040, en la mayor parte del país. Esto incrementa la vulnerabilidad del recurso hídrico que afecta principalmente el consumo de agua potable, la agricultura y ganadería, poniendo en riesgo la alimentación y salud de la población. Además el incremento de la temperatura se dará en más de 2ºC en todo el país, calculando el índice de confort térmico, que pasará de caluroso a muy caluroso en las regiones Caribe, Amazonia y Orinoquia y en los valles del Magdalena, y Cauca en la región andina, “En las zonas de alta montaña de las cordilleras Oriental y Central existiría un cambio paulatino de muy frío a frío y a algo frío. No predominan climas clasificados como agradables al ser humano” (IDEAM, 2010, p. 28). La lista de los elementos que componen la vulnerabilidad de Colombia podría ser más amplia, sin embargo el propósito es mostrar que hay una serie de situaciones a las que se debería poner mayor atención y esfuerzos en la política pública como lo es la adaptación para enfrentar el tema del cambio climático. 2. Las prioridades de Colombia: Entre los requerimientos del capital, la política pública y las necesidades de los pueblos Como menciona Sánchez (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4) hay temas de suma importancia en Colombia para solucionar problemáticas políticas y sociales, económicas y ambientales como la pobreza, marginación y la violencia. Para él (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4) las priori-

dades de la política pública ambiental en Colombia deberían ser la regulación del ciclo hídrico, la deforestación que paradójicamente disminuye con la guerra. Con esto, “el Ordenamiento Territorial deber ser el elemento estructurante de la política ambiental, pero también el soporte o punto de partida para la planeación del desarrollo económico y social” (Sánchez, 2007). Por ello lo que le preocupa a este autor (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4) es el despliegue mediático que se ha dado al tema del cambio climático como sucedió en Copenhague, cuando se descuidaron otros temas un poco más prioritarios. Ante el cambio climático Colombia no puede incidir de manera significativa porque los mayores responsables son las transnacionales y multinacionales, por eso nuestro país debe orientarse hacia los problemas que podemos gestionar como el ordenamiento territorial. Este es un tema complejo que no se puede desligar de las dinámicas internacionales ni de las problemáticas locales, pero a pesar de que el ordenamiento territorial es de suma importancia, los planes de la Iniciativa de Integración Regional de Sur América (IIRSA) ponen en duda que sea un elemento que este bajo nuestro control, porque son planes regionales que ya están definidos. El Plan de Desarrollo “prosperidad para todos” (DNP, 2010), plantea dentro de los lineamientos estratégicos del crecimiento sostenible la “Consolidación de relaciones con Venezuela mejorando las condiciones de integración fronteriza, mediante la implementación de CEBAF y fortaleciendo corredores de comercio exterior planteados en el marco del IIRSA […] Fortalecimiento de la integración y el desarrollo fronterizo con Brasil y Perú (Eje Amazónico IIRSA), mejorando la conexión fluvial, y consolidación del municipio de Leticia y su área de influencia como centro comercial, destino turístico amazónico y principal centro del área trinacional Colombia , Brasil y Perú” (DNP, 2010, p. 39). De esta forma el ordenamiento territorial también se relega a las dinámicas globales y a las necesidades del capital por expandirse. Esto muestra el compromiso del actual gobierno frente a este tipo de iniciativas que resquebrajan la esperanza de impulsar políticas públicas en ámbitos en los que Colombia tenga mayores posibilidades. Aunque presenta un enfoque de desarrollo regional centra su atención en integrar “procesos de metropolización (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia) y existen procesos de formación de clusters agroindustriales, industriales y minero energéticos” (DNP, 2010, p. 30). El IIRSA y los planes para Colombia tienen un carácter de lo que Harvey (2004) llama acumulación por desposesión, en el aparecen excedentes en niveles tan altos que llevan a una sobreacumulación como resultado del proceso de acumulación del capital, dejando una serie de mercancías y empleo que no puede ser absorbido por el sistema económico.

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Para sopesar la sobreacumulación y evitar la devaluación de los activos y posterior pérdida de valor del capital, se requiere realizar ajustes estructurales internos o ajustes espacio-temporales para poner a circular los excedentes de capital, hacerlos productivos y rentables. Los ajustes espaciales consisten en buscar nuevos territorios para generar actividades productivas y rentables para el capital, abrir nuevos mercados buscando nuevos consumistas, mientras que los ajustes temporales obedecen a la realización de inversiones de capital fijo, en grandes infraestructuras y en gasto social, las cuales darán frutos en el largo plazo, una vez generan efectos en las actividades productivas (Harvey, 2004). Los países como Colombia con altos niveles de biodiversidad son territorios atractivos para abrir nuevos mercados, y por supuesto impulsarlos a través de diferentes estrategias como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), y generar las condiciones de infraestructura para la circulación de las mercancías a través de iniciativas como el IIRSA. Para el ordenamiento territorial el actual gobierno plantea “definir programas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos de cada región [...] con enfoque regional parte de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos poblacionales” (DNP, 2010, p. 24). En resumen, busca definir estrategias y políticas con diferencias de acuerdo con las capacidades endógenas de los diferentes lugares, pero a la vez se inserta en propuestas como la del IIRSA que poco dejan a las particularidades de cada lugar. Ante este panorama hay prioridades para Colombia que no han sido suficientemente trabajadas en las políticas públicas, pero que además se encuentran supeditadas al crecimiento económico y a los devenires de la globalización. Pues bien, “aunque la materialización más general de la ‘planeación del desarrollo’ se consigna en los planes nacionales de cada gobierno, este ejercicio está limitado a una noción de corto y mediano plazo […], y constituye un instrumento de gestión básicamente económico (plan de inversiones) con escasos referentes territoriales” (Sánchez, 2007, p. 24). Aunque los gobiernos hablan de generar políticas para el beneficio de toda la población, las problemáticas como el ordenamiento territorial no han tenido la prioridad en las políticas públicas. Parece que no hay esperanza, sin embargo existen iniciativas de la población en Colombia, como el trabajo del Congreso de los Pueblos que en sus documentos de trabajo plasma los siete ejes estratégicos definidos: tierra, territorio y soberanía; economía para el buen vivir; construcción de poder para el buen vivir; cultura, identidad y ética de lo común; caminos de vida, justicia, paz; violación de derechos y acuerdos incumplidos; e integración de los pueblos y de las luchas.

En la primera línea estratégica “tierra, territorio y soberanía”, es prioritario “la construcción de una “reforma integral agraria” desde los pueblos, alternativa a las distintas leyes que rigen actualmente las relaciones en el campo. Sobre la base de buscar alternativas para desmontar el monopolio sobre la tierra, nos oponemos a la concentración de la propiedad de la tierra y a los métodos de desplazamiento forzado y de presión mercantil usados para tal fin” (Congreso de los Pueblos, 2010). Para la gente, los ciudadanos, el ordenamiento territorial es una prioridad, y las iniciativas que surgen como alternativa a la legislación colombiana, buscan establecer los puntos sobre los cuales es necesario trabajar para lograr el bienestar de la población, en una iniciativa participativa que se opone a lo que hacen los PNDs, y se basa en las preocupaciones y necesidades de los diferentes grupos de la población colombiana. 3. Posibilidades de las acciones de cambio climático para el ordenamiento territorial en Colombia Reafirmando que el ordenamiento territorial es la prioridad, y recordando los altos niveles de vulnerabilidad con que se perfila Colombia frente al cambio climático, tal como lo afirmo la representante del ministerio en las mesas de trabajo, y como está expuesto en el Capítulo 1 de esta revista, la adaptación es primordial para Colombia. Y dado que a nivel mundial se están realizando esfuerzos para enfrentar el cambio climático, es importante buscar los mecanismos y estrategias para hacer de las medidas de cambio climático, un aliado para aportar a las prioridades de Colombia. Es difícil gestionar recursos mirando las posibilidades de los acuerdos multilaterales y resaltando la situación del país en términos de vulnerabilidad, pero hay que aprovechar los acuerdos de entendimiento como son: el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial; el Programa Latinoamericano del Carbono y Energías Limpias Alternativas de la Corporación Andina de Fomento (CAF); el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de los Países Bajos y la República de Colombia (2002-2012); y el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Francia y la República de Colombia (2003-2012) (IDEAM, 2010). También es importante lograr inversión de recursos como la experiencia en Colombia del caso de “la Cuenca alta del río Cauca en los municipios de Puracé y Popayán en Resguardos Indígenas de Puracé, Kokonuco, Paletará, Quintana, comunidad campesina asociada en Asocampo, Asproquintana, sectores campesinos de Poblazón y Paletará (…), se definieron tres grandes ejes como guías del plan de adaptación y en los cuales se han venido desarrollando las medidas de adaptación propuestas con la comunidad: 1) Agua segura, 2) Comida segura y, 3) Fortalecimiento de capacidades” (IDEAM, 2010, p. 39). Se está trabajando con

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indígenas y campesinos, lo cual es positivo y es un ejemplo de cómo aprovechar lo que trae la ola del cambio climático, pero no se debe olvidar que casi todo el territorio colombiano, y por ende la población colombiana en general, están expuestos y en consecuencia se requieren más procesos como este. Ante el panorama colombiano y en contraste con el contexto internacional en cuanto al cambio climático, la prioridad debe ser el tema de la adaptación, pero estratégicamente hay maneras de aportar al ordenamiento territorial desde acciones de mitigación del cambio climático. En mitigación, privilegiando proyectos agrícolas pero con orientaciones definidas por producción orgánica, dando empoderamiento al campesino y a los indígenas pero que respetando sus formas de vida, sus culturas, pues bien en el Congreso de los Pueblos (2010) se acordó “avanzar en el camino de la producción alimentaria natural y orgánico, asegurando la alimentación de toda la población tanto en el campo como en la ciudad. La recuperación del conocimiento y de las técnicas ancestrales es de total pertinencia”. No son solo deseos, son tareas que se vienen emprendiendo, no tanto como efecto de la política pública sino como iniciativas de los colombianos, y formas tradicionales de producción que son vistas como una alternativa para la adaptación, porque “la producción de las agriculturas campesinas tiende a ser mixta y rotatoria: policultivos o cultivos asociados y ganadería que genera alimentos y energía para transporte y labranza del suelo; lo cual es un buen precedente de sostenibilidad; además, a pesar de la presión política y el desplazamiento forzado, sustentan la seguridad, diversidad y soberanía alimentaria del país. Más de 90% de lo que producen los campesinos va al mercado y menos de 10% al autoconsumo” (IDEAM, 2010, p. 111). En estos términos las condiciones y deseos para un ordenamiento territorial están dados por parte de la población colombiana, no se ha avanzado por falta de voluntad política pues acorde con lo que plantea Sánchez (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4) el ordenamiento territorial en el fondo es un problema político, y tiene que ver con desplazamiento, estabilidad política y social del país. La cuestión está en la forma como se hacen las políticas, a quienes se dirigen, el enfoque que manejan, y lo que privilegian. Por ejemplo “una de las críticas más fuertes a la ecogubernamentalidad en torno al cambio climático, es la falta de inclusión de otros conocimientos y construcciones sobre el clima y la no inclusión de la perspectiva de género” (Ulloa, 2010, p. 143), dado que lo que prima en los acuerdos a nivel internacional para cambio climático es el conocimiento experto dejando de lado saberes campesinos e indígenas. En torno a las negaciones que se dan tanto en instancias internacionales como en la política pública colombiana, y sin desconocer logros de las luchas de los colombianos, “Sostener y preservar la autonomía de las comunidades, promoviendo

el ejercicio de autodeterminación a través de prácticas de control del territorio, regulando el uso y aprovechamiento de la tierra y sus riquezas, denunciando la forma como actualmente se hacen las economías extractivas” (Congreso de los Pueblos, 2010) Ahora bien si reconocemos las diferencias geográficas y culturales, es importante dar una orientación a la política pública para trabajar desde lo local, aprovechando las herramientas democráticas, y de derechos humanos. Privilegiar el ordenamiento territorial y aprovechar los escasos recursos destinados para enfrentar el cambio climático, hacia el desarrollo de las propuestas del Congreso de los Pueblos (2010). Por su parte la academia tiene su papel como planteo Sánchez (GICC, esta revista, Capítulo 1, Título 4) “la principal responsabilidad de la academia es incidir en lo político y cultural”, si bien no tienen poder decisorio, las investigaciones brindan elementos importantes que se usan para argumentar y legitimar las políticas. Ante los retos que tiene nuestro país, la academia está llamada a responder, y hay que hacer un esfuerzo, puesto que las experiencias al menos en lo ambiental, demuestran que no ha sido muy oportuna. 4. Conclusiones Aunque Colombia no tiene mayor responsabilidad sobre el cambio climático en términos de emisiones de GEI globales, esta problemática afecta los diferentes territorios, alterando los ecosistemas y poniendo en riesgo la salud y alimentación humana. En este sentido para nuestro país la adaptación debería tomarse en las políticas públicas como un tema prioritario. Sin embargo, tomando como referente otros temas prioritarios para el país, el ordenamiento territorial se perfila como una necesidad de primer nivel de importancia, lo cuál ha sido reconocido así tanto en la academia como en el proceso social del Congreso de los Pueblos. Teniendo en cuenta que el cambio climático está movilizando esfuerzos políticos y financieros, es estratégico pensar en construir propuestas que se articulen a las necesidades del ordenamiento territorial, pero que permitan la participación de los pueblos de Colombia, reconociendo el aporte y saberes tradicionales que han mantenido formas de vida sustentables, y se encuentran amenazadas por las presiones del modelo de desarrollo dominante. REFERENCIAS Asamblea Nacional Constituyente de Colombia (ANCC) (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional. Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) (2010). “Acuerdo de los Pueblos”. En: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: La voz de los pueblos en defensa de la Vida y la Madre Tierra. Cochabamba: Estado Plurinacional de Bolivia.

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Congreso de los Pueblos (2010). Lectura estratégica del congreso de los pueblos. [Documento de trabajo]. Bogotá D.C.: Congreso de los Pueblos. Departamento Nacional de Planeación (2010). Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. Bogotá D.C.: DNP. Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) (2003). CONPES 3242: Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático. Bogotá D.C.: DNP. MAVDT. Harvey, D. (2004). “El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión”. En: Socialist register: El nuevo desafío imperial. Vol. 40. pp. 99 - 129. Pontypool: The Merlin Press. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) (2010). 2ª Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bogotá D.C.: Scripto Ltda. Molina, J. (2005) “La pregunta por lo público” En: Giraldo (ed.) Rescate de lo público: Poder financiero y derechos sociales. pp. 39-59. Bogotá D. C.: Desde Abajo. Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Nueva York: ONU. Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) (en impresión) (Esta revista). El futuro de las negociaciones del clima: Hacia dónde se dirigen las acciones internacionales después de la CoP 15 de Copenhague. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (2007). Cambio climático 2007: informe de síntesis. Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Meteorológica Mundial (OMM). Sánchez, J. (2007) “El carácter estratégico del ordenamiento territorial”. En: Boletín Observatorio de Política Ambiental. No. 3. Memorias del III foro: Los retos del ordenamiento territorial en Colombia. Bogotá D.C.: IDEA.PMAD.CID. Universidad Nacional de Colombia. Ulloa, A. (2010). “Geopolíticas del cambio climático”. En: Revista Anthropos: Huellas del Conocimiento: Nuevos Territorios e Innovación Digital: Virtualidad, Diversidad Cultural y Construcción Social de los Espacios. No. 227. pp. 111-146. Barcelona: Anthropos.

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La realidad del cambio climático: Orígenes, efectos y principios Gustavo A. Ortega*, Daniel Albarracín**, Alejandro MoraMotta***, María-Fernanda Romero****

Resumen * Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a MSc en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Co-

El presente artículo tiene como finalidad mostrar el debate científico respecto al origen, los efectos y algunos principios en relación al cambio climático, el cual es considerado como uno de los temas más

lombia y el Instituto de Estudios Ambienta-

importantes dentro de la agenda ambiental internacional durante los últimos treinta años. Aquí se realiza

les (IDEA). Coordinador del Grupo de Trabajo

una aproximación al concepto de cambio climático desde los diferentes puntos de vista (científico, polí-

Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de Ciencias Económicas e

tico, jurídico), contrastándolo con la definición de “variabilidad natural del clima”. A pesar de las diversas

integrante del Grupo de Investigación en

posiciones (como el grupo negacionista), esta discusión lleva a concluir la existencia de serias evidencias

Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA)

respecto a un cambio climático global ocasionado por actividades humanas (antrópicas) en relación a la

de la Universidad Nacional de Colombia. Correo personal: gaog30@hotmail.com; correo

dependencia de la economía en el uso de los combustibles fósiles. Luego se muestran los efectos o impac-

institucional: gaortegag@unal.edu.co.

tos regresivos que han sido analizados a partir de diferentes estudios, diferenciando las escalas (global,

**Estudiante de Sociología de la Univer-

regional y nacional) para concluir en la aplicación de los principios ambientales que deben ser tenidos en

sidad Nacional de Colombia. Integrante del Grupo de Trabajo Interdisciplinar en

cuenta a la hora de tomar decisiones políticas.

Cambio Climático (GICC) de la Facultad de

Palabras clave: calentamiento global, cambio climático, efectos ambientales, ecología política, impactos

Ciencias Económicas de la Universidad Na-

ambientales, principios ambientales.

cional de Colombia. Correo institucional: dalbarracin@unal.edu.co; correo personal: hipermurano@gmail.com.

Abstract

***Estudiante de Economía de la Univer-

This paper aims to show the scientific debate about the origin, effects and some principles in relation to

sidad Nacional de Colombia. Integrante

climate change, which is considered one of the most important issues within the international environ-

del Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de

mental agenda during the last thirty years. Here, we make an approach to the concept of climate change

Ciencias Económicas de la Universidad Na-

from different perspectives (scientific, political and legal) contrasts with the definition of “natural climate

cional de Colombia. Correo personal: alejandromm87@gmail.com; correo institucional:

variability.” Despite the various positions (such as negacionist-conservative group), this discussion leads

amoramo@unal.edu.co.

us to conclude the existence of serious evidence about global climate change caused by human activities

****Estudiante de Economía de la Univer-

(anthropogenic) in relation to the dependence of the economy in the use of fuels fossils. Then, we shows the

sidad Nacional de Colombia. Integrante del

regressive effects or impacts have been analyzed from different studies, differing scales (global, regional

Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de Ciencias

and national) to conclude the application of environmental principles that should be taken into account

Económicas de la Universidad Nacional de

when making policy decisions.

Colombia. Correo personal: mafecita067@

Keywords: climate change, global warming, environmental effects, environmental impacts, political ecology.

gmail.com.

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1. Introducción El cambio climático se ha convertido en uno de los temas más importantes dentro de la agenda ambiental internacional durante los últimos treinta años (Ott, 2001). Innumerables argumentos han sido presentados para explicar esta tendencia a partir de distintos factores (e. g. sociales, económicos, políticos), pero quizá el más relevante de ellos, sea la cantidad de efectos que inciden a manera de riesgo y vulnerabilidad sobre el sistema de la biósfera en la Tierra (Scholze et al., 2006). Aunque si bien se han realizado enormes esfuerzos para unificar criterios y medidas en diversos estudios, aún no existe un consenso científico sobre las causas que generan este fenómeno. Este hecho ha incidido determinantemente en el avance de las acciones internacionales encaminadas a enfrentar la actual crisis generada en el planeta. 2. Aproximación al cambio climático: ¿Cambio climático natural o antrópico? Se ha podido identificar dos teorías relativas a la explicación del cambio climático experimentado durante los últimos doscientos años. La primera se remite a la teoría de los ciclos naturales que acontecen cada cientos o miles de años, y que se relaciona con las actividades solar y volcánica, y las órbitas terrestre y galáctica. Trabajos como los de Svensmark (2007) y Arnold (2002) demuestran la gran influencia que tiene en el clima la exposición de la Tierra a la radiación cósmico-galáctica (GCR por su sigla en inglés), y los cambios de interacción entre la actividad solar y el campo magnético terrestre. La segunda teoría, se relaciona con los estudios de Tyndall (1896) y Arrhenius (1896) sobre las propiedades de algunos gases y su comportamiento en la atmósfera (reflexión de la luz); en los cuales se establece una relación intrínseca entre las actividades humanas, la alteración del clima y la variación de las temperaturas, en razón al incremento de las emisiones resultantes de los procesos industriales y la ignición de combustibles fósiles. En resumen, el cambio climático es descrito científicamente a partir de dos perspectivas, una a modo de fenómeno natural y otra como el resultado de un proceso antrópico. La tendencia a centrarse en una de estas dos explicaciones ha generado continuos debates que llevan a plantear la problemática más allá del punto de vista “científico” hacia los intereses que vinculan las formas de conocimiento con las relaciones de poder (Nietzsche, 2001; Foucault, 1978). En materia de cambio climático es indispensable analizar los factores políticos sobre los cuales, se identifican las propuestas adoptadas por actores internacionales a partir de una formación discursiva que es motivada por intereses vinculados al ámbito de la geopolítica. 2.1 La comunidad internacional y el IPCC Es indudable que gran parte del desacuerdo sobre el

tema de cambio climático, está en las definiciones y conceptos que en su mayoría, son aportados por disciplinas como la meteorología y la climatología. Muchos de estos estudios científicos han sido impulsados por la comunidad internacional a fin de caracterizar y definir el cambio climático, sus causas y repercusiones. Así por ejemplo, en los años 1950 y 1988 respectivamente, dos organismos internacionales fueron creados por la Organización de Naciones Unidas (ONU); en un comienzo la Organización Meteorológica Mundial (WMO)1 que posteriormente daría origen al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)2 ; ente designado responsable del avance en el seguimiento al proceso de este fenómeno con miras a definir estrategias y acciones políticas globales. En sus informes periódicos, este último organismo ha venido realizando un acercamiento a la definición del proceso climático y a otros aspectos relacionados que influyen sobre el clima global, incluyendo la variabilidad natural y la influencia de la actividad humana. En relación a esos informes presentados, el IPCC (1990, 1995, 2001, 2007) define el cambio climático como la “variación significativa del estado del clima” a escala global o regional, identificable en la alteración de su valor medio y/o variabilidad de sus propiedades (ya sea “estadísticamente”), en un periodo de tiempo determinado (como decenios o periodos de tiempo más largos), y en referencia a la evolución del historial climático del planeta3. Algo que se debe resaltar dentro de esta 1

En 1947 fue aprobada la Convención de la Organización Me-

teorológica Mundial (ONU, 1947), la cual entró en vigor en 1950. Junto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) daría origen en 1988 al IPCC (IPCC, 2011). 2

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por

su sigla en inglés), fue creado mediante Resolución 43/53 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo a su estructura, el objetivo principal que tiene dicho órgano es informar a la ONU el estado actual del cambio climático y sus potenciales repercusiones ambientales y socioeconómicas mediante la revisión de diferentes estudios científicos (ONU, 1988). 3

En el primer informe el IPCC (1990, p. 58) asegura la existencia

de “un efecto invernadero natural” en la Tierra, que se ve afectado por las “emisiones producidas por las actividades humanas”. Desde entonces se distingue entre influencias naturales y antrópicas en el clima. De la misma manera se reitera en el segundo informe del IPCC (1995, p. 22), en el cual se hace un extenso estudio sobre la influencia de los gases de efecto invernadero (GEI). En el tercer informe el IPCC (2001), define expresamente el cambio climático como “variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo (generalmente durante decenios o por más tiempo)”. En el cuarto informe en cambio, el IPCC (2007, p. 30) establece que “el término ‘cambio climático’ denota un cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo, mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos”. Algo que se mantiene constante es la referencia de este proceso que “puede deberse a procesos naturales

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misma definición, es la explicación de las causas, pues en todas ellas se hace referencia a los procesos naturales internos como a las actividades humanas o antrópicas que efectúan un forzamiento externo sobre el sistema 4. Por su parte, la Convención Marco de Nacionales Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por su sigla en inglés) firmada en 1992, da una definición particular en el numeral 2 del artículo 1, haciendo referencia a “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (ONU, 1992a). En otras palabras, el tratado internacional concluye abiertamente que el problema es de origen humano, en el sentido de asegurar los compromisos de los países bajo el criterio de que las actividades antrópicas son las únicas susceptibles de controlar y mitigar (ibíd.). De allí que las demás causas no fueran asociadas al fenómeno de cambio climático en sí mismo, sino a la descripción de una “variabilidad natural del clima”. Esta doble mirada ha suscitado controversias provenientes de diversos sectores, unos que desmienten dicha conclusión defendiendo la teoría del ciclo natural, y otros quienes identifican no sólo en la visión sesgada del tratado internacional, sino también, de los modelos adoptados por el IPCC; un claro desconocimiento de la complejidad del sistema climático por el excesivo énfasis en las emisiones antrópicas sobre la atmósfera (Kininmonth, 2004, p. 10), lo cual responde desde luego a una posición política concertada al interior de la ONU. 2.2 Reparos del movimiento conservador-negacionista La confusión entre definiciones presentadas por los organismos de la ONU, afianzó más el conjunto de posiciones inconformes con la explicación de la influencia humana sobre el cambio climático. Algunos sectores científicos se sumaron al escepticismo, en especial de aquellos provenientes de sectores conservadores (Lahsen, 2008). Este grupo conocido como “negacionista”, es el responsable de una larga serie de convenciones, manifiestos, artículos y declaraciones que pone en duda el hecho de que el cambio climático esté relacionado con las actividades humanas. Así por ejemplo, en 1992 científicos que se oponían a los acuerdos de la Convención de Río sobre Ambiente y Desarrollo, firmaron en Washington D.C., la statement by atmospheric scientists on Greenhouse Warming. En palabras de Lahsen (2008) se trata de científicos de élite y trayectoria, principalmente de Estados

Unidos quienes han liderado activamente dicha oposición. Una carta de petición dirigida al gobierno estadounidense denominada global warming petition project5, resume en gran medida las razones del grupo de académicos, quienes desde entonces consideran “que no hay pruebas convincentes de que la producción humana de metano, dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero, dentro de un futuro previsible, sea la causante del cambio abrupto de la atmósfera y de la interrupción del clima de la Tierra”; pues contrariamente “hay evidencia científica sustancial sobre los beneficios en plantas, entornos naturales y animales producidos por el aumento del dióxido de carbono atmosférico” (OISM, 2010). Dicha conclusión está remitida en su mayoría al estudio realizado por Robinson, A.; Robinson N. y Soon (2007), en el que además se propone reducir las preocupaciones por catástrofes ambientales asociadas, argumentando la evidencia de periodos más cálidos del planeta en los últimos 3.000 años. 2.3 El cambio climático como realidad Una cuidadosa revisión tanto de estudios científicos como de acontecimientos en diferentes regiones del planeta durante los últimos doscientos años respecto al aumento de temperatura media global, indica que el cambio climático lejos de ser ficción, es un hecho y una realidad y se encuentra relacionado directamente con las actividades humanas (IPCC, 1990, 1995, 2001, 2007; Stern, 2007; 2008). Así lo demuestran la totalidad de alteraciones experimentadas en los regímenes climáticos regionales en el mundo, sobre los cuales se observan impactos sociales, económicos y ecosistémicos regresivos.

internos, o a un forzamiento externo, o a cambios antropógenos duraderos

5 En español, proyecto de petición sobre el calentamiento global, también

en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra”.

denominada petición Oregón por su lugar de origen, es una iniciativa de

Algo que se mantiene constante en las definiciones del IPCC

solicitud organizada entre los años 1999 y 2001, en la que el físico Frede-

(2001, p. 175; 2007, p. 77) es la referencia al origen que “puede deberse

rick Seitz en apoyo de 31.000 firmas de científicos se dirigen al gobierno

a procesos naturales internos, o a un forzamiento externo, o a cambios

de Estados Unidos con el fin de manifestar su oposición a las definiciones

antropógenos duraderos en la composición de la atmósfera o en el uso de

acogidas en el Protocolo de Kioto de la UNFCCC en 1997, respecto al origen

la tierra”.

antrópico del cambio climático.

3. Efectos globales y regionales del cambio climático Muchos han sido los cambios en la historia geológica y climática de la Tierra. Desde que se tienen registros de las primeras formas de vida, el planeta ha enfrentado épocas extremadamente frías y cálidas, que en muchos casos han estado relacionadas con las extinciones masivas (Crowley y North, 1988). El clima global es un conjunto de variables complejas características de un sistema (atmósfera, hidrósfera, criosfera, biósfera y superficie de la tierra) (IPCC, 2007a, p. 88). La temperatura promedio es una de las variables más importantes, sin embargo, no es el único factor determinante en la formación del clima. De la misma manera, el aumento de la temperatura media del planeta –conocida como “calentamiento global”–, tampoco es la única forma

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en que se manifiesta el cambio en el clima del planeta. Este hecho es apenas un “síntoma” que indica una variación del clima ocasionada por las actividades humanas, pero que de igual manera puede manifestarse a través de inundaciones, sequías, huracanes e irrupciones de corrientes marinas, etc. Estudios citados por Stern (2007) indican cuáles son en la actualidad, y cuáles serán los efectos sociales y ecosistémicos del cambio climático en el futuro bajo diferentes escenarios de modelos climáticos (escenarios de incremento de la temperatura desde 1 a 6 °C). Las proyecciones no son nada alentadoras, pues aún en el caso hipotético que la humanidad dejara de emitir gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, los efectos continuarían a largo plazo y muchos de ellos de manera irreversible. En términos generales, algunos de los problemas ambientales más relevantes de acuerdo con estos estudios son: el aumento de procesos de desertificación y sequía, incremento de inundaciones, alteración de los regímenes climáticos regionales (e. g. el Niño y la Niña), intensificación de los sucesos meteorológicos extremos (e. g. ciclones, tifones y huracanes), desaparición de glaciales y deshielo en regiones polares, alteración de los ecosistemas (transformación de los ecosistemas, e. g. como extinción paulatina de la masa forestal del Amazonas, el blanqueamiento de los arrecifes de coral en el Caribe y de la Gran Barrera de Coral en el Pacífico y la acidificación de los océanos), pérdida de biodiversidad (i. e. riesgo de extinción de especies), aumento de las temperaturas, interrupción de las corrientes termohalinas oceánicas (e. g. la corriente del golfo que regula la temperatura del Atlántico norte), aumento del nivel del mar, desaparición de islas y regiones costeras, propagación de enfermedades tropicales; incremento de la pobreza, desplazamientos, vulnerabilidad, migraciones y conflictos ambientales (e. g. debidos al aumento en el nivel del mar, las sequías extremas, los desastres naturales, los problemas relacionados al abastecimiento de agua y disminución en la producción de alimentos), y aceleración de la era glaciar (IPCC, 1990, 1995, 2001, 2007; Tol, 2002; Nordhaus, 2006; Bosello, Roson, y Tol, 2006; Scholze et al., 2006; Stern, 2007, 2008; Andrew, Glynn y Riegl, 2008). Algunas cifras a nivel global indican por ejemplo, sobre escenarios de incremento de la temperatura media de 1 a 2 °C, entre un 15 a 45% de las especies estarían en peligro de extinción (IPCC, 2007a, Stern, 2007). Alrededor del mundo se presentará un blanqueamiento del 80% de los arrecifes de coral incluida la Gran Barrera de Coral. Habrá una desaparición progresiva de los hielos continentales. Lo anterior repercutirá en el aumento del nivel de los océanos desencadenando la inundación de 4 millones de km2 de tierra firme en la cual habita el 5% de la población mundial. En consecuencia, millones de personas y ecosistemas como bosques de manglar, humedales y pantanos costeros se verán afectados. El cambio climático alterará el ciclo hidrológico que es importante para

la regulación del clima global. El porcentaje de territorio con sequías severas se incrementará de 10% a un 40% si aumenta la temperatura media global entre 3 y 4 ºC, y el área de territorio que experimentará sequías extremas pasará del 3 al 30%. Si el planeta experimenta un aumento de 2 ºC en su temperatura media, entre 1000 y 4000 millones de personas estarán más expuestas a sufrir escasez en el abastecimiento de agua, principalmente en regiones como África, Oriente Medio, sur de Europa, América del Sur y Central. El deshielo de los glaciares y de las nieves de alta montaña, hará que disminuya la disponibilidad de agua en época seca, para un sexto de la población mundial; principalmente en zonas de alto relieve como India, China y los Andes. En el 2100 en las regiones de los “países en desarrollo” entre 145 y 220 millones de personas podrían haber caído por debajo de la línea de pobreza (menos de 2 dólares diarios) (Stern, 2007). Según Meyers y Kent (1995) el cambio climático podría provocar entre 150 y 200 millones de desplazados ambientales hacia mediados de este siglo. A escala regional, sobre Latinoamérica y el Caribe el cambio climático incrementará la temperatura entre 1 y 6 ºC (con mayor probabilidad entre 2 y 4 ºC), acompañado de modificaciones en los patrones de precipitación con oscilaciones al alza de entre un 5% y un 10% y reducciones de entre un 20% y un 40%. Se alterarán los regímenes climáticos de El Niño y la Oscilación Sur (e. g. en el periodo 1982-1983 y 19971998 los daños en el sector agrícola fueron del 20%). Esto repercutirá en la pobreza (aumento de un 25%) afectando la economía (equivalente a un 30% del PIB), la agricultura (e. g. disminución de un 10% en maíz) y la disposición de los bienes naturales. Los ecosistemas se verán afectados, en especial por la extinción paulatina y desaparición de la selva amazónica. En cifras para Latinoamérica, el cambio climático representará un aumento del 70% en el número de personas con dificultades serias para el abastecimiento de agua en 2025. Unos 40 millones de personas se verán afectadas en el acceso al servicio de agua para consumo humano, al servicio de energía hidroeléctrica hacia el 2020, en especial por el derretimiento de los glaciares andinos. En cuanto a salud, el dengue se habrá propagado de 2 a 5 veces más para la década de 2050 en la mayor parte de Suramérica (Stern, 2007; CEPAL, 2009, 2010; IPCC, 2007b). En el estudio realizado por la CEPAL (2009), se realizó una estimación de los costos de mitigación en varios escenarios para los países de América Latina, con el objetivo de reducir 30% de las emisiones a 2100, los resultados se muestran en la Figura 1. 4. Implicación del cambio climático para Colombia Los impactos regresivos sobre los sistemas sociales y naturales generados a causa del cambio climático vienen siendo evidentes en Colombia. El efecto en nuestro país es parte del

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Respecto a los glaciares, que son indispensables para el suministro de agua, revelan indiscutiblemente los efectos del cambio climático puesto que presentan una enfática recesión (ver Tabla 1) que se ha acelerado en el último siglo. Muestra de ello es que actualmente sólo quedan seis glaciares, cuatro de ellos sobre estructuras volcánicas y dos en sierras nevadas. Con el equilibrio hídrico que significa el deshielo, el desarrollo socio-económico se ve afectado e igualmente se presenta un impacto paisajístico (Pabón, 2003). Tabla 1. Recesión de los glaciares en Colombia (Tomado de Flórez, 1992; IDEAM 1998)

día a día y son muchas las evidencias que así lo demuestran y sustentan. Uno de los efectos será la intensificación de los ciclos climáticos representados en la disminución de precipitación en algunas zonas y aumento en otras. En cuanto a la precipitación, por un lado es posible observar una tendencia variable en la distribución de la precipitación, teniendo una disminución en regiones como la Caribe, la Sur-Andina, y el Pacífico; y por otro lado un incremento en los piedemontes llanero y amazónico al igual que en el altiplano cundi-boyacense. (Pabón, 2003). En relación a la temperatura, según la segunda comunicación de Colombia ante la UNFCCC (IDEAM, 2010), el aumento de las temperaturas medias en los diferentes pisos térmicos se distribuye de la siguiente forma: piso térmico páramo alto presentó un aumento promedio en la temperatura media de 0,41ºC; en páramo bajo el aumento ha sido del 0,14ºC; en clima frío el aumento fue de 0,24ºC; en clima templado 0,05ºC; en clima cálido 0,14ºC. En síntesis, el aumento de la temperatura (1971-2000) media del aire es de 0,13°C por década. Estos dos elementos a pesar de ser fundamentales en el desarrollo climático, no son las únicas muestras del cambio de clima experimentado en Colombia. De igual forma el aumento del nivel del mar se presenta como repercusión del calentamiento acelerado (IDEAM, 2001; Pabón y Lozano, 2005; Benavides y León, 2005), según “la estación mareográfica de Cartagena se evidencia un ascenso del nivel del mar en el Caribe de aproximadamente 3,5 mm/año, atribuibles posiblemente al cambio climático global, entre otros factores. Para la costa Pacífica, la evaluación de los datos históricos de las mediciones del nivel en la estación mareográfica de Buenaventura presenta un aumento de 2,2 mm/año.” (IDEAM, 2001, 2010).

TIEMPO

ÁREA GLACIAR (km2)

Pleniglaciar- última glaceación

17.108

Fin pequeña edad glaciar

378

Año 1979

Año 1996

Este desequilibrio climático, tiene efectos sobre el desarrollo tanto económico como social a lo largo y ancho de territorio nacional; por una parte afectando las cosechas que pierden su regularidad en cuanto los ciclos tropicales al intensificarse y prolongarse las fuertes sequías seguidas por copiosas lluvias que inciden en los cultivos y la ganadería. De igual forma, el efecto de este desequilibrio climático y aumento de la temperatura incide directamente en la propagación de infecciones tropicales como la malaria y el dengue, que están mayormente asociados al fenómeno de El Niño. Este fenómeno tiene un impacto cada vez mayor en el desarrollo tanto social como económico del país, puesto que gran parte de desarrollo nacional depende de los recursos hídricos directa o indirectamente. Muestra de ello es la tendencia climatológica del último lustro en el que se ven temporadas de sequías intensas y prolongadas (El Niño), seguidas por temporadas de precipitación copiosa (La Niña).. Respecto a la vulnerabilidad como se afirma en el informe del IDEAM (2010) sobre los efectos del cambio en el clima: “En términos generales, en las tres últimas décadas, más de 15 millones y medio de colombianos se han visto afectados por los desastres de origen natural, más de 38.000 personas han muerto a consecuencia de este tipo de eventos y, en la actualidad, cerca de 15 millones de personas, 35% de la población, está expuesta a un alto nivel de riesgo y otros 20 millones, 47%, a un riesgo intermedio.” Y en resumen sobre este cambio: “Teniendo en cuenta el incremento promedio de la temperatura (0,13ºC/década para el país) en el periodo de referencia (1971-2000), reflejado principalmente en los departamentos de Córdoba, Valle, Sucre, Antioquia, La Guajira,

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Bolívar, Chocó, Santander, Norte de Santander, Cauca, San Andrés, Tolima y Caquetá; y las reducciones más significativas de la precipitación total anual (mm/década) registradas en los departamentos de Putumayo (-6,14), Atlántico (-5.88), Arauca (-3,86), Guaviare (-3,85), Boyacá (-3,60) y Cundinamarca (-3,00); se encuentran señales evidentes de cambios significativos con efectos adversos y diferenciados para el territorio colombiano, las cuales se manifestarían principalmente a finales del siglo XXI.” (IDEAM, 2010). 5. Principios ambientales en juego A pesar de la discusión sobre la existencia, el origen o las causas del cambio climático, una de los elementos que deben observase en la toma de decisiones políticas son los principios ambientales. Estos principios se definen como normas de alta jerarquía en el sistema internacional que limitan la aplicación de las políticas y del derecho de los tratados internacionales buscando realizar objetivos planteados en la mayor medida de lo posible (Alexy, 1992). A partir de las declaraciones de la ONU como la de Río 1992 (ONU, 1992b) y también en la UNFCCC (ONU, 1992) se han establecido estos principios, dentro del cual se establece el principio de precaución el cual establece “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente” o para dejar de “[…] prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos”. En este sentido, y al existir serias evidencias, y ante un daño irreversible, es necesario tomar medidas inmediatas y de gran alcance. Por otra parte la UNFCCC (ONU, 1992) desarrolla el principio de responsabilidad de los países para enfrentar el cambio climático, que debe ser compartida por la humanidad, pero diferenciada de acuerdo con las emisiones y también con las capacidades para hacer frente (Stone, 2004). Finalmente, las medidas internacionales deben dar aplicación al principio de prevención para buscar una solución ex ante de prevención de las emisiones que contribuyen a este fenómeno antes que una solución ex post, como se manejan actualmente con el MDL para mitigar el cambio climático, con el fin de minimizar al máximo los niveles de riesgo, incertidumbre y vulnerabilidad frente a potenciales daños sobre el ambiente. Esto requerirá de mayores compromisos de reducción de emisiones de los principales responsables (i. e. principio 21 de la Declaración de Estocolmo) (ONU, 1972; Cameron y Abouchar, 1991; Tol y Verheyen, 2004; Verheyen, 2005; Sluijs y Turkenburg, 2006; Stern, 2007; Iverson y Perrings, 2009).

6. Conclusiones La gran cantidad de estudios demuestran serias evidencias del cambio climático global es una realidad y se relaciona directamente con las actividades humanas respecto a la dependencia en los combustibles fósiles. Aplicando los principios de precaución, responsabilidad (compartida pero diferenciada y de acuerdo a las capacidades), no es posible argumentar una inacción a la hora de tomar medidas globales. Muchos son los efectos ambientales regresivos que se generan, tal y como se mencionó de manera precedente, muchos de ellos irreversibles, por lo cual se hace urgente un acuerdo político de los mayormente responsables “países desarrollados” a la hora de asumir sus obligaciones. Sin embargo, puede verse la falta de compromiso político debido a la lucha por el poder económico mundial creando fisuras de las promesas. Todo esto sigue sujeto a la desigualdad e injusticia que sigue existiendo en las relaciones entre países. Las cifras que han sido presentadas en distintas escalas (global, regional y nacional) y en distintos escenarios climáticos, llama la atención para actuar ahora. El caso de Colombia es muy particular no solo en términos climáticos o meteorológicos sino geográficos y biológicos, en la medida que la mega diversidad y el compromiso exigido a los “países desarrollados” respecto al cambio climático, chocan con los modelos de desarrollo económico en razón al sobreconsumo alimentado por la dependencia en los combustibles fósiles. Las evidencias del cambio climático son palpables y el futuro no augura un buen pronóstico, pero se hace necesario construir investigación relacionada con los efectos e impactos negativos del cambio climático a nivel nacional, pensando en las futuras negociaciones para hacer más claras las obligaciones o compromisos exigidos. Finalmente, uno de los grandes vacíos que quedan por completar respecto a investigación sobre impactos del cambio climático en relación a todos los niveles, tiene que ver con los efectos sociales (e. g. desplazamientos, migraciones, conflictos, etc.), pues aunque existen generalidades, todavía se trabaja bajo supuestos muy amplios. Gran parte de la investigación en términos ambientales debe enfocarse allí, especialmente en el plano metodológico. Referencias Alexy, R. (1992). El concepto y la validez del derecho. Barcelona: Gedisa. Andrew, C. B., Glynn, P. W. y Riegl, B. (2008). “Climate change and coral reef bleaching: An ecological assessment of long-term impacts, recovery trends and future outlook”. En: Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 80. No.4. pp. 435-471. Recuperado el 15 de febrero de 2011 de la base de datos Science Direct: http://www. sciencedirect.com/. Arnold, N. (2002). “Solar variability, coupling between atmospheric

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Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

¿Es posible hablar de deuda climática?: Una aproximación desde los enfoques de deuda ecológica y ambiental Gustavo A. Ortega*, July Carolina Rojas-Gómez** y Alejandro MoraMotta***

* Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a MSc en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Co-

Resumen Este artículo aborda la discusión acerca del concepto de “deuda climática” y su validez como propuesta

lombia y el Instituto de Estudios Ambienta-

en el plano internacional para afrontar las injusticias por impactos regresivos relacionados con el cambio

les (IDEA). Coordinador del Grupo de Trabajo

climático. Se analizan las aproximaciones desde la ecología política respecto a los desarrollos teóricos de

Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de Ciencias Económicas e

“deuda ecológica y ambiental”, haciendo una revisión sobre la responsabilidad histórica no asumida por

integrante del Grupo de Investigación en

los “países industrializados” en relación a la utilización de la atmósfera como sumidero de emisiones. Fi-

Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA)

nalmente se presenta una breve discusión respecto a la idea de canje, transacción o intercambio planteado

de la Universidad Nacional de Colombia. Correo personal: gaog30@hotmail.com; correo

entre la “deuda ecológica y ambiental” –incluida la “deuda climática”– con la “deuda externa financiera”

institucional: gaortegag@unal.edu.co.

de los “países en desarrollo”, y su análisis crítico como eventual solución a los problemas ambientales.

**Contadora

Palabras claves: deuda ecológica; deuda ambiental; deuda climática; ecología política; justicia ambiental;

Pública de la Universidad

Nacional de Colombia. Candidata a MSc en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Na-

cambio climático.

cional de Colombia y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA). Integrante del Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad de Ciencias Económi-

Abstract This paper presents the debate about the concept of “climate debt” and its validity like proposal in the

cas de la Universidad Nacional de Colombia.

international arena to address the injustices by regressive impacts related to climate change. An analysis

Correo personal july.caro@gmail.com.

from political ecology in matter of “ecological debt and environmental debt” theory, making a review of

***Estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante

historical responsibility that is not assumed by the “developed countries” in relation to the use of atmos-

del Grupo de Trabajo Interdisciplinar en

phere as a sink for emissions. Finally, a brief discussion related to the exchange or transaction established

Cambio Climático (GICC) de la Facultad de

between “financial external debt” of “developing countries” and “ecological-environmental debt” (including

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Correo personal: alejan-

“climate debt”).

dromm87@gmail.com; correo institucional:

Key words: ecological debt; environmental debt; climate debt; political ecology; environmental justice;

amoramo@unal.edu.co.

climate change.

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

1. Introducción Pocos han sido los estudios académicos que se han preocupado en abordar los temas de “deuda ecológica y ambiental”, debido a que hacen parte del conjunto términos desarrollados desde el activismo de movimientos y organizaciones sociales (Paredis et al., 2003). A partir de los avances de la ecología política, se ha relacionado estrechamente la idea de “deuda” con el desarrollo teórico de la justicia ambiental. Recientemente, se ha empezado a utilizar la noción de “deuda climática” como medida para enfrentar las injusticias debidas a los impactos en las poblaciones y ecosistemas de los “países en desarrollo” por incidencia del cambio climático (CMPCC, 2010; Mesa-Cuadros, 2010). Este es uno de los primeros artículos en abordar la discusión acerca del concepto de “deuda climática” y su validez en el plano de las negociaciones internacionales. Retomando los enfoques sobre “deuda ecológica y ambiental”, se busca un aporte teórico analizando cuáles son los argumentos para desarrollar dicha noción en términos de acciones internacionales, y su contraste con la idea de canje, transacción o intercambio planteado de manera reiterada respecto a la “deuda externa financiera” de los “países en desarrollo”. 2. Antecedentes de la discusión En la literatura académica y de organizaciones internacionales, hay un considerable número de estudios que muestran serias evidencias de la contribución humana al proceso de cambio en el sistema climático global, revistiendo una importante connotación dentro de las teorías de la responsabilidad ambiental internacional (Arrhenius, 1896. IPCC, 2001, 2007, Stern, 2007). Hablando en términos precisos, es posible asegurar la existencia de una obligación compartida por la humanidad frente a la utilización de los bienes naturales y ambientales globales –en este caso de la atmósfera–. Sin embargo, dicha responsabilidad es diferenciada por la desigualdad de relaciones entre países (e. g. ONU, 1972, 1992, 2002; Stone, 2004). En la década de 1990, estudios de ecología política latinoamericana desarrollaron la teoría de la “deuda ecológica” sobre las desigualdades en el intercambio de bienes entre los países enriquecidos y empobrecidos y su afectación al entorno ecosistémico. Dicha noción se refería a la ausencia de restitución a la naturaleza (Robleto y Marcelo, 1992)1 , pero también a los impactos o externalidades negativas que los países “desarrollados” dejaban de asumir frente a los países “en desarrollo” (Borrero, 1994, p.19). Por tanto, el 1

El trabajo de Robleto y Marcelo (1992, p.8) es considerado uno

de los primeros en abordar el tema de la deuda ecológica, definiéndola como “el patrimonio vital de la naturaleza, necesario para su equilibrio y reproducción que ha sido consumido y no restituido a ella”. Esta propuesta aún se centra en los impactos negativos a la naturaleza.

concepto de deuda surge en primera instancia como el resultado de una serie de reivindicaciones políticas respecto a las obligaciones internacionales desconocidas históricamente, que continúan siendo demandadas hoy por diferentes movimientos y organizaciones sociales bajo los principios de justicia ambiental. Como lo afirman Paredis et al. (2003) y Goeminne y Paredis (2009) el concepto de deuda “ecológica” o “ambiental”, ha estado ligado desde su nacimiento a las luchas de movimientos y organizaciones sociales como en el caso del Instituto de Ecología Política (IEP) en Chile (Robleto y Marcelo, 1992) que además de dar las primeras aproximaciones teóricas, desempeña activamente el papel de impulsor del Tratado sobre la deuda en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, una declaración en la cual se rechaza la deuda externa financiera al considerarla “el más reciente mecanismo de explotación de los pueblos del Sur y del ambiente por parte del Norte” (APSAD, 1992) reconociendo además la responsabilidad de la deuda ecológica del Norte respecto al Sur. Desde 1997 ONGs del Sur y del Norte (Acción Ecológica en Ecuador, Amigos de la Tierra, Alianza de Acreedores de la Deuda Ecológica de los Pueblos del Sur, Red Europea para el Reconocimiento de la Deuda Ecológica) han realizado esfuerzos por materializar estas luchas en instancias políticas globales. Este es quizá el aspecto más importante que se ha consolidado a partir de diferentes enfoques sociales, es decir, la clara identificación de la deuda ecológica y ambiental con las fuentes de las obligaciones y responsabilidades internacionales. Respecto a su contenido, la deuda se encuentra definida esencialmente por la responsabilidad que tienen los países enriquecidos en relación a los daños ocasionados y a la indebida apropiación del ambiente (saqueo, robo, uso excesivo y desproporcionado; destrucción, devastación y contaminación) de los ecosistemas, bienes ambientales, fuentes de vida y subsistencia de los pueblos y países empobrecidos, a causa de los patrones de producción y consumo establecidos por las tendencias predominantes de desarrollo (Mesa-Cuadros, 2007; Martinez-Alier, 2001, 2002, Bravo y Yánez, 2003). 3. Aproximaciones conceptuales: Deuda ecológica y ambiental Según Martinez-Alier (2002), el concepto de deuda ecológica es adicionalmente un concepto económico que encierra dos dimensiones: una, se refiere al intercambio, venta o flujo de materiales desde países pobres hacia países ricos, sin que se logre incorporar “una compensación por las externalidades locales o globales”; y la otra, indica “el uso desproporcionado que hacen los países ricos del espacio o servicio ambiental sin que exista un pago, e incluso sin el reconocimiento de derechos que tienen otros pueblos sobre

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estos servicios (particularmente, del desproporcionado uso gratis de los sumideros y reservorios de dióxido de carbono)” (p. 213). En materia de cambio climático, Agarwal y Narain (1991) introducen el debate sobre “colonialismo ambiental” originado en el desconocimiento del derecho igual sobre los sumideros de carbono que se manifiesta en la injusta repartición de las cargas y obligaciones internacionales. En este caso han sido los “países desarrollados” quienes en el transcurso de la historia y desde la industrialización, han contribuido en mayor medida al aumento de las concentraciones totales de GEI con un 74% aproximado (Marland, Boden y Andres, 2008). Como se puede ver en el Gráfico 1, en el periodo comprendido entre 1892 y 1989 fueron los países desarrollados quienes más emisiones generaron (83,47%), mientras los países en desarrollo fueron responsables de mucho menos (16,52%). No obstante a partir de 1990 la tendencia se modifica con una relación en la que los países desarrollados emiten el 58,28% y el resto emite 41,72 (Ver Tabla 1). En el Gráfico 2 puede verse que Estados Unidos mantiene su tendencia de incremento en las emisiones, mientras los demás países industrializados disminuyen sus emisiones a partir del año 1990. Al analizar detenidamente este último periodo, el comportamiento de las emisiones de los países en desarrollo se ve altamente afectado por el incremento de las emisiones de potencias emergentes como China, India, Corea del Sur y Brasil. A pesar de las notables diferencias en las emisiones, los países emergentes mantienen un tratamiento de “países en desarrollo” igual que el resto de países no-emergentes.

Cuando se analiza el comportamiento de las emisiones históricas en términos de negociación, es posible afirmar que para los países desarrollados el año base de 1990, adoptado en el Protocolo de Kioto de 1997 (UNFCCC, 1997), es el más conveniente para intentar obviar una mayor responsabilidad contenida en el periodo anterior (ver Tabla 1). Y aún en estas condiciones de favorabilidad el mayor emisor de gases per cápita a nivel global que es Estados Unidos, se mantiene por fuera del tratado. Observando esto, se hace evidente que en contraposición a la situación presentada por los países mayormente responsables, los “países en desarrollo” y los pueblos tradicionales e indígenas, han sido los sectores de la población mundial que menos han contribuido con este fenómeno, aunque paradójicamente quienes tienen que recibir con mayor intensidad

Grafico 1. Emisiones históricas de CO2 procedentes de combustibles fósiles, manufactura de cemento y uso de gas. Fuente: Realizado a partir de datos aportados por Marland et al. (2008)

Tabla 1. Emisiones históricas de CO2 (en miles de toneladas métricas) procedentes de combustibles fósiles, manufactura de cemento y uso de gas. Comprende el periodo de 1892-2007 y los sub-periodos de 1892-1989 y 1990-2007

Periodo

Total Global

Desarrollados Total

En Desarrollo EE.UU.

Resto

Total

China+India

Resto

+Sur Corea+Brasil

1892-2007

1892-1989

1990-2007

321.745.425

238.384.590

91.091.297

147.293.293

83.360.835

43.732.611

39.628.224

100,00%

74,09%

28,31%

45,78%

25,91%

13,59%

12,32%

201.823.594

168.489.807

64.360.592

104.129.215

33.333.787

16.107.935

17.225.852

100,00%

83,48%

31,89%

51,59%

16,52%

7,98%

8,54%

119.921.831

69.894.783

26.730.705

43.164.078

50.027.048

27.624.676

22.402.372

100,00%

58,28%

22,29%

35,99%

41,72%

23,04%

18,68%

También discrimina el total de emisiones entre “países desarrollados” y “países en desarrollo”. Dentro de los desarrollados discrimina entre EE.UU. y el resto. Dentro de la categoría “en desarrollo” discrimina el acumulado de cuatro países (China, India, Corea del Sur y Brasil) del Resto. Fuente: Realizado a partir de datos aportados por Marland et al. (2008)

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Grafico 2. Emisiones históricas de CO2 procedentes de combustibles fósiles, manufactura de cemento y uso de gas. Se descompone el Gráfico 1 para resaltar el papel de EE.UU. y de cuatro países considerados en desarrollo (China, India, Corea del Sur y Brasil) respecto al resto. Fuente: Realizado a partir de datos aportados por Marland et al. (2008)

y en primera medida sus efectos2 (Benavides y León, 2005; Stern, 2007; CEPAL, 2009, IDEAM, 2010). A pesar de todos los antecedentes detallados en cifras históricas, la carga de la responsabilidad diferenciada se ha visto poco reflejada en los compromisos y acuerdos internacionales sobre el clima. Revisando detenidamente algunos aportes, si bien el concepto de “deuda” que se toma desde la ecología política ha conllevado una discusión en términos de justicia, de la misma manera se observa una evolución hacia la teoría del daño que incluye efectos regresivos tanto en sistemas sociales como naturales originando una obligación que es en sí misma una “deuda ambiental”. Al respecto, se han hecho evidentes algunos problemas del concepto de “deuda ecológica” en el ámbito de las negociaciones como respuesta de los países industrializados para compensar tan sólo cierta parte del daño ecosistémico, desconociendo diversos aspectos sociales que no logran un real reconocimiento. En otras palabras, la teoría sobre responsabilidad ambiental tiende a ser disuelta en la práctica por los intereses políticos que crean una interpretación de restitución fundada exclusivamente en la recuperación de los ecosistemas. En esta medida, el concepto de deuda ambiental sería el más adecuado para tratar los temas de responsabilidad ambiental internacional en términos de negociación política y justicia redistributiva. El concepto de “deuda” encierra aspectos teóricos, en especial, desde la epistemología, que inciden en las estrategias de negociación. Estos juegan un papel importante al delimitar los alcances de las obligaciones y responsabilidades internacionales. La “deuda ecológica” nace en primera medida como una forma de evidenciar los problemas de restitución frente a la naturaleza. Si bien esta idea se ha ampliado, aún

enfrenta problemas desde su concepción inicial de separación entre lo social y lo natural. Durante muchos años bajo esta excusa se han dado respuestas elusivas por parte de los mayormente responsables frente a las acciones internaciones, invocando una obligación que reduce y margina gran parte de las problemáticas sociales a términos biofísicos. Por tanto, en términos de justicia debe reclamarse una “deuda ecológica” que conlleve en términos reales la consecución una “deuda ambiental” (social y ecosistémica). Incorporando todas estas teorías y enfoques, el concepto de “deuda ambiental” podría definirse como una obligación histórica derivada de los elevados niveles de producción y consumo de los seres humanos, que superan ampliamente las necesidades fundamentales de ciertos sectores de la población, en especial la de países enriquecidos o “desarrollados”, y que no ha sido debidamente restituida y compensada al ambiente. Acercándonos al enfoque de Borrero (1994), las características de esta deuda ecológica y ambiental, consistirían en la falta de reciprocidad con la naturaleza; la ausencia de equidad ecosistémica, social y generacional; el daño causado por las actividades humanas; el reconocimiento global (erga omnes) diferenciado y limitado; la dimensión ética y política y la responsabilidad histórica. Frente a los compromisos de responsabilidad, la deuda ambiental busca irrumpir la tradicional prevalencia monetaria de rehabilitación ecosistémica bajo el principio de “el que contamina paga”3 (Jenkins, 1996; Martinez-Alier, 2002; Mesa-Cuadros, 2007) enfatizando en el principio de precaución desde una concepción ética de justicia que se resume en la reparación integral del daño, el reconocimiento público y las medidas o compromisos de no repetición (Mesa-Cuadros, 2010). 4. Razones para hablar de deuda climática Un punto que ha comenzado a discutirse recientemente, tiene que ver con las razones por las cuales en la actualidad es posible hacer referencia a un nuevo concepto de “deuda climática”. Desde los enfoques de deuda ambiental y ecológica, se ha dado una enorme implicación política en términos globales de la deuda en general, por constituirse en uno de los más fuertes argumentos para cambiar los patrones de producción y consumo a niveles sustentables (Martinez3

Como lo afirma Jenkins (1996, p. 231) en relación al cambio

climático, cuando se intentan internalizar los valores monetarios dando aplicación al principio “el que contamina paga”, es imposible determinar el valor real de los costes de reducción del daño respecto a los efectos físicos, pues siempre estarán sujetos a un nivel alto de incertidumbre científica. En el mismo plano, Martinez-Alier (2002) identifica este proceso con lo que denomina “monetización de la naturaleza”. En este caso un análisis

Intensidad del cambio climático que también corresponde con

de valoración haría énfasis en la compensación del daño más que en la

los recursos económicos destinados a temas de vulnerabilidad y adapta-

precaución del mismo, obviando un sinnúmero de elementos sociales que

ción para estas poblaciones.

escapan a la simple restitución monetaria del impacto ecosistémico.

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

Alier, 2001). En esta medida, identificar los elementos que componen esta deuda ayudaría desde el punto de vista práctico a concretar las acciones políticas necesarias para empezar esta transición. En el caso del cambio climático, se han planteado ciertas nociones como “deuda de carbono” (Agarwal y Narain, 1991) enfocadas particularmente al tema de mitigación. Dicho concepto se acerca desde la metodología de conteo biofísico respecto al balance de las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por países. En el escenario internacional se ha adoptado este tipo de perspectivas, que ha llegado a concentrarse exclusivamente en la reducción y el ciclo de carbono de la atmósfera. Sin embargo, en términos de negociación encuentra sus limitantes por cuanto existe una tendencia a desconocer otros aspectos de igual relevancia en la problemática. Lo anterior quiere decir que desde una visión de justicia ambiental el concepto que debe desarrollarse es el de “deuda climática” en el sentido de reconocer aspectos más amplios de reparación que incluyan la mitigación, la adaptación, la vulnerabilidad, los conflictos, los desplazamientos y la interrupción del crecimiento indefinido de esta misma deuda 4. Adicionalmente, es necesario plantear en el terreno político una idea de deuda ecológica y ambiental que clarifique el conjunto de intereses Sur-Norte, de modo que sea más fácil coordinar las posiciones del “acreedor” (países en desarrollo), y en este sentido, tener más fuerza a la hora de hacer exigible su reconocimiento frente a los “deudores” (países industrializados). De lo contrario, habrá una tendencia a disolver las obligaciones confundiendo las responsabilidades en la escala internacional. Respecto a la deuda climática, esta busca concretar en términos particulares una parte de la deuda ambiental y ecológica, que incide dramáticamente en los compromisos asumidos por los países. A partir de allí, se generará una mayor presión de la sociedad civil hacia al “deudor” respecto a la voluntad política de negociar, y aún más importante, se ejercerá presión para el reconocimiento de esta deuda como parte de una problemática global. En resumen, la deuda climática es una forma de materializar las demandas en términos de justicia, comprometiendo integralmente a quienes han sido los mayores responsables de este desequilibrio climático a través de la historia. 5. ¿Por qué no hay solución en el canje de deudas? La construcción conceptual de la deuda ecológica, desde sus inicios, ha traído argumentos a favor y en contra de una 4

Sobre el concepto de “deuda climática” en términos de justi-

cia, éste ha sido utilizado recientemente en el Acuerdo de la Conferencia

negociación para reclamar un canje de deudas. Esto se plantea de manera recurrente a partir del intercambio de deuda ecológica por deuda externa financiera (Borrero, 1994). Pero, ¿realmente esta es la solución al deterioro ambiental? Si nos detenemos a revisar la historia contemporánea, ya han existido canjes de la deuda externa financiera por deuda ecológica mediante la valorización de la naturaleza en los esquemas swaps, implementados por entidades internacionales que enfocaron su campo de acción en el área de conservación (Eschenhagen, 1999). Sin embargo, estas propuestas no son suficientes para responder a la complejidad del deterioro en sistemas sociales y ecológicos. Adicionalmente, los problemas eventuales que puede acarrear esta lógica consisten en que el canje de deuda conllevaría a que quien incurre en la deuda ecológica o ambiental decida seguir haciéndolo y luego, en el futuro, tratar de realizar un nuevo canje. Otros líos en relación a esta propuesta, son puntualizados por Bilderbeek y Sachs5 Borrero, 1994). El primero, que mientras no se tenga la fuerza política para hacer valer dicho concepto, es difícil que pueda tener acogida; el segundo, lo identifica como una idea que entra en la misma lógica de lo que pretende criticar: no se trata de cobrar una deuda sino de cambiar un paradigma. No basta con llegar a un acuerdo con un canje de deudas sino también a una transformación en las instituciones. Las perspectivas de Bilderbeek y Sachs puede complementarse con la visión algunos autores que mencionan que desde el punto de vista del Norte, aceptar la deuda ecológica y ambiental es equivalente a cambiar algunos privilegios (crematísticos) por otros (Barcena, et al., 2010). De otra lado Vélez (2001) recuerda que el endeudamiento externo se hace para validar los modelos de desarrollo que se cuestionan, por lo cual es impensable o “incoherente hacer un cruce de cuentas entre dos lógicas tan opuestas [deuda ecológica por deuda externa]” (p. 45). Por esta razón, hay quienes no aceptan ese intercambio y proponen que lo importante es que se establezca un nuevo orden económico que reconozca la justicia ecológica. Desarrollando a profundidad este argumento, el intercambio “deuda externa financiera” por “deuda ecológica y ambiental” en las relaciones Norte-Sur, implicaría reducir la problemática a valores monetarios que desintegrarían el principio de responsabilidad internacional. Esta transacción antes de constituirse en algún tipo de avance frente a la desigualdad de intercambio en el flujo de materiales, la limitación en la apropiación indebida de los bienes comunes globales y utilización inadecuada del espacio ambiental, terminaría convirtiéndose en un impedimento y agravante frente a la consecución de la justicia ambiental, al extinguir

de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC, 2010, p. 8) como demanda de reconocimiento de compromisos

internacionales respecto a las próximas negociaciones en la UNFCCC.

rrero (1994) e incluidas en su libro.

Estos aportes vienen planteadas como críticas hechas a Bo-

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

las fuentes de responsabilidad y mantener la reproducción de los problemas ambientales de los “países en desarrollo” (Borrero, 1994, p. 53; Martínez-Alier, 2002).

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6. Conclusión En relación al tema de deuda ecológica y ambiental (dentro del cual se incluye la deuda climática), surge como una propuesta en términos de justicia desarrollada a partir de las demandas de movimientos y organizaciones. Posteriormente se han presentado avances académicos desde la perspectiva de la ecología política, en los cuales se analizan las relaciones Sur-Norte. Retomando estos trabajos, la deuda ambiental se ha definido como “una obligación histórica derivada de los elevados niveles de producción y consumo de los seres humanos, que superan ampliamente las necesidades fundamentales de ciertos sectores de la población, en especial la de países enriquecidos o ‘desarrollados’, y que no ha sido debidamente restituida y compensada al ambiente”. Por su parte, la “deuda climática” busca extender los compromisos que han sido adoptados internacionalmente en los actuales mecanismos de compensación que no retribuyen o reparan integralmente el daño ocasionado históricamente. Esta deuda climática incluye aspectos más amplios de reparación como la mitigación, la adaptación, la vulnerabilidad, los conflictos, los desplazamientos y la interrupción del crecimiento indefinido de esta misma deuda (crecimiento que se relaciona con la extracción de los bienes de los países y pueblos del Sur). Finalmente, aunque ha existido un inacabado debate sobre la validez del concepto de deuda ecológica y ambiental, por entrar en la misma lógica crematística (monetización de la naturaleza), parece ser un adecuado argumento en términos de negociación internacional Norte-Sur, en el cual se busca un cambio de paradigma (o la irrupción de la misma deuda) para alcanzar niveles sustentables en los patrones de producción y consumo. Al mismo tiempo, el concepto de deuda tendrá que evolucionar hacia un cambio cultural y hacia una reconfiguración política planteándose la discusión sobre la competencia entre países, y el significado de desarrollo económico como una vía de poder en términos globales.

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Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

¿Cómo avanza REDD en Colombia? Diego Rodríguez-Panqueva

Resumen La reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD) es una propuesta surgida desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) para enfrentar las emisiones de carbono generadas por la deforestación de los bosques en el mundo. Colombia es uno de los países en los que se realizan las adecuaciones institucionales, políticas y comerciales para la implementación de proyectos REDD que se ejecutarían principalmente en la región amazónica y pacífica, comprendiendo en su mayoría tierras de titulación colectiva. Múltiples preocupaciones surgen en relación a los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, por esta razón se indaga su implementación en Colombia. Palabras Clave: bosques, cambio climático, comunidades afrodescendientes, deforestación, ecología política, pueblos indígenas, REDD. Abstract Reducing emission from deforestation and forest degradation (REED) is a proposal emerges from the United Nation Framework on Climate Change (UNFCCC) to address carbon emission generated in relation to forest deforestation in the world. Colombia is one of the countries in which the institutional, political and commercial changes are made for the implementation of REED projects, mainly in the Amazon and Pacific regions and others where collective properties of ethnic groups are located. Multiple concerns arise in relation to the collective rights of indigenous peoples and afro-communities, for this reason it examines its implementation * Administrador Público, miembro de Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra -

in Colombia.

Colombia. Correo institucional: clima@

Keywords: afro-communities, deforestation, climate change, indigenous peoples, forests, political ecology,

censat.org

REDD.

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

1. Introducción

Es notorio el interés del Estado colombiano por adelantar el mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación (conocido como REDD), que aún se debate en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC)1 y por participar de los mercados de carbono promovidos desde esta instancia. También es evidente el entusiasmo generado por la participación de Colombia en el Forest Carbon Parnertship Found del Banco Mundial, un fondo de carbono que promueve el mecanismo mencionado. En el discurso pronunciado frente a la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de diciembre de 2010, el presidente Juan Manuel Santos señaló que la biodiversidad es una de las mayores riquezas que el país puede ofrecer al mercado mundial, pues cuenta con el 20 por ciento de la oferta mundial de agua dulce y con el 50% de la diversidad biológica del planeta. Ese fue el marco de su respaldo a la iniciativa REDD: “¡Queremos ser un país modelo para el mundo en el monitoreo de sus bosques, de sus emisiones de carbono y del estado de su biodiversidad! (…). Con las debidas compensaciones económicas, tenemos una inmensa capacidad para reducir la deforestación y plantar nuevos bosques”(Santos, 2010). Es conveniente tener presente que la preparación del mecanismo REDD está avanzando aunque este no se haya aprobado de manera formal, razón por la cual muchas acciones y proyectos que pretenden alimentar la estrategia no se enmarcan de manera formal en su preparación. Esto mismo hace urgente conocer sus avances y las formas en que se están dando. Ahora bien, es escaza la información con la que se cuenta, por lo que se requiere trazar un método que permita superar esta dificultad, en este documento se propone una caracterización de la arquitectura del desarrollo de REDD, entendida esta como elementos que permiten indagar sobre el diseño y construcción de la estrategia en el país. Es útil en ese sentido plantear algunos elementos que nos orienten la exploración al respecto para lograr identificar aquellos elementos más relevantes para continuar realizando el seguimiento a REDD en el país. Para ello el punto de partida es la mirada a la situación actual de los bosques, sobre la base de un análisis de cifras entregadas por instituciones gubernamentales y la identificación de algunos factores políticos y sociales que afectan de manera directa su condición. 2. Situación de los bosques y selvas en Colombia A continuación se aborda el tema de REEDD en materia de cifras, clasificaciones, incoherencias y las situaciones políticas y sociales que influyen en la situación de los bosques. 1

UNFCCC es la sigla en inglés para este tratado: United Nations

Framework Convention on Climate Change.

2.1 Las cifras, las clasificaciones, las incoherencias Colombia es un país megadiverso, condición que se debe en gran medida a sus características biogeográficas. Posee tan solo un 0,7% de superficie continental mundial (114 millones 174 mil 800 hectáreas) y en contraste, el 14% de la biodiversidad del planeta. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM, 2007) señala que el 68% del territorio colombiano corresponde a ecosistemas naturales, entre ellos, el bosque natural, que ocupa el 54% (61 millones 246 mil 659 hectáreas). El Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia (IGAC, 2002) indica por su parte que el 50,7% del territorio está cubierto por bosque natural (47 millones 906 mil 649 hectáreas), el 8,5% (9.753.968 hectáreas) por bosque fragmentado2 y el 0,14% (167 mil 533 hectáreas) por bosque plantado (IGAC, 2002)3 . Según el IGAG (2002), en 1987 se perdían anualmente 600 mil hectáreas de bosque natural. Desde ese año hasta 2002, este sistema se redujo en 3.315.153 hectáreas, lo que equivale a una pérdida anual de 221 hectáreas, que hoy son en su mayoría tierras agrícolas, ganaderas y en muchos casos, bosques fragmentados. El IDEAM (2010) también evalúa la situación en un periodo relativamente similar, pero señala que la pérdida de bosque entre 1986 y 2001 fue de 1.289.649 hectáreas, tan solo un 33% del porcentaje de pérdida de bosque que considera el IGAC. Luego añade que entre 2000 y 2007 la pérdida fue de más de 2 millones de hectáreas, principalmente en la región de la Amazonía. Con respecto a los erróneamente denominados “bosques” plantados, las cifras varían entre 167 mil y 260 mil hectáreas. El IGAC indica que en 2002 había 167.533. En sus estadísticas no entrega porcentajes según se tengan para fines comerciales o para fines de conservación, sin embargo esto puede deducirse del hecho de que el 8,8% corresponde a suelos con especies nativas y el 91,2% a bosques con especies exóticas cuyos usos son principalmente comerciales. A 2008, el Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB) muestra un total de 412.108 hectáreas reforestadas, 151.821 hectáreas con uso forestal protector y 260.287 con fines comerciales, lo cual evidencia un aumento de estas últimas desde 2002. Este crecimiento se emparenta con la difusión de los certificados de incentivos forestales (CIF). Es oportuno en este punto precisar que las áreas con fines comerciales más que contabilizarse como parte de la cobertura forestal en el país: “deben descontarse, como se 2

Por bosques fragmentados se entienden las áreas de bosque

con alta intervención humana, en las que se concentra la mayoría de cultivos ilícitos y en las que se ha perdido al menos un 40% de cobertura boscosa debido a la extracción de madera y seguramente un porcentaje de aún mayor de biodiversidad, todavía no calculado (IGAG, 2002). 3

Es importante advertir que las metodologías de estas dos ins-

tituciones tiene diferencias, que conducen a datos distintos y que reflejan una clasificación de bosques diferente también. Esto se verá más adelante.

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

hace con las áreas deforestadas y/o desertizadas, dado que el funcionamiento de los monocultivos se asemeja más a estas últimas” (Cardona y Yara, 2000), factor determinado por el hecho de que estos no aportan a la recuperación del suelo y a la regulación hídrica. Es importante contrastar el porcentaje actual de bosques y ecosistemas naturales en el país con la vocación de uso del suelo definido por el IGAC (2002). Es relevante observar las tierras para la conservación y uso forestal. Desde el punto de vista de la vocación, el área de tierras para conservación en Colombia es de 49.652.300 hectáreas, de las cuales el 90,9% deben tener uso forestal protector (45.137.226 hectáreas). Al respecto, se tiene un déficit de más de 2 millones de hectáreas, en relación con el bosque natural. El 9% restante de áreas para conservación corresponde a páramos, nieves permanentes, humedales, pantanos, ciénagas, rondas de río y suelos erosionados (IGAG, 2002). De esa manera, se excluyen del 9% mencionado, las amplias áreas de sabana septentrionales que en su mayoría se encuentran en la región de la Orinoquia. Es en esta última región donde está la mayor proporción de bosques intervenidos y en donde se presenta de manera más aguda el conflicto por la tierra, reflejado en la revaluación de las mismas. Esto se explica en parte por la importancia que han adquirido allí las proyecciones del gobierno para la expansión de la frontera agrícola principalmente con monocultivos para agrocombustibles y plantaciones forestales, siendo prioridad flexibilizar figuras como la UAF (Unidad Agrícola Familiar), vista como un obstáculo para el desarrollo de megaproyectos agroindustriales y un obstáculo a la concentración de la tierra. Las tierras con vocación forestal corresponden a 21.591.095 hectáreas, cuyos usos pueden ser de producción (5%) o protección-producción (95%). Es de resaltar que se considera indiferente el uso de especies exóticas o nativas en estas áreas y se afirma que la producción maderera incluye la producción de “ecosistemas en general”; esto implica mayores amenazas para los bosques fragmentados y otros territorios que aún cuentan con gran diversidad de especies. Así, las áreas con vocación forestal en el país, sean de conservación, protección-producción o producción, equivalen al 58,5% del área continental de Colombia; al sumarle las zonas no forestales con vocación para la conservación, este porcentaje asciende a 62,5%; el restante porcentaje se distribuye así: 18,9%, vocación de uso agrícola; 12,5%, vocación ganadera y 6,1%, vocación agroforestal. De aquí surge la pregunta de por qué si los ecosistemas naturales en el país, como indica el IDEAM, representan un 68% del territorio nacional, es menor el porcentaje (62,5%) el de las zonas con vocación forestal y de conservación.

2.2 Situaciones políticas y sociales que influyen en la situación de los bosques y selvas Se parte del supuesto de que el desarrollo de la legislación forestal debe concordar con los usos y la vocación de los suelos en el país, las condiciones y características de los bosques, la biodiversidad de los mismos y las autoridades que tienen jurisdicción sobre estos territorios: 9.338.137 hectáreas de bosques están bajo la jurisdicción del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC, 2010); 37.217.597 hectáreas bajo la jurisdicción de la CAR-CDSAAU4 (IDEAM,2007); 3.361.645 hectáreas pertenecen a las comunidades afrodescendientes (IDEAM, 2007); 26.485.028 hectáreas están bajo la autoridad de resguardos indígenas (IDEAM, 2007), 10.794 hectáreas, corresponden a las reservas de la sociedad civil y 3.840.000 hectáreas son de propiedad privada (Ortega et al., 2010). Visto así, se explica en buena parte la carencia de políticas coherentes: tanta diversidad de conceptos que fundamentan la clasificación y contabilización de los bosques, distintas autoridades y áreas de jurisdicción que se superponen y sobre todo los criterios contrapuestos que conducen a que se violen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, construyendo legislaciones que dan vía libre a la explotación más aguda de los bosques. El certificado de incentivo forestal (CIF) es un buen ejemplo en el que se beneficia el impulso de plantaciones incluso en aquéllas áreas de bosque natural. Otro ejemplo es la Ley General Forestal de 2006, establecida sin la participación de las comunidades y que es declarada inexequible por la Corte Constitucional de Colombia ante la falta de consulta previa (CCC, 2008). Se percibe que la finalidad de diferentes normas en materia forestal no es la regulación y manejo de lo concerniente a los bosques, sino la flexibilización de medidas y la entrega de mayores garantías a la explotación de los recursos por parte de diferentes gremios empresariales. Este aspecto también se evidencia en el reciente Decreto 125 de 2011 –declarado inexequible por la Corte Constitucional de Colombia (CCC, 2011)– motivado por la emergencia invernal en el país y que pretendía aplicar el Programa Especial de Reforestación con el fin de incentivar proyectos de plantaciones comerciales en zonas de cuenca afectadas por el invierno. Y respecto a este último decreto cabe resaltar que el modelo de desarrollo en Colombia con altos niveles de deforestación es la principal razón de los impactos de la ola invernal que atraviesa el país. En este sentido las plantaciones comerciales poseen relación directa con el estado de emergencia, no por restablecer las coberturas de bosque natural destruidas y la estabilidad de suelos en laderas y cuencas hidrográficas, sino por ser una de las causas de la 4

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), de Desarrollo

Sostenible (CDS), Autoridades Ambientales Urbanas (AAU).

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

deforestación, pérdida de biodiversidad, perdida de fertilidad y propiedades del suelo, afectando a su vez las condiciones adecuadas para el ciclo hídrico y la disponibilidad de agua por el alto consumo que requieren para su rápido crecimiento. Las problemáticas en torno a los bosques se evidencian de manera más aguda si se observa el problema de la tenencia de la tierra. Cerca de 30 millones de hectáreas de bosque corresponden a territorios colectivos afrodescendientes o indígenas. De ellas, menos del 1% lo adquirió el Estado y se tituló a las comunidades, es decir, en su mayoría los títulos corresponden a un reconocimiento histórico de títulos originarios de propiedad (Grupo Ecológico INEM-GREI, 2010). Sin embargo, hay una estrategia de expropiación a estas comunidades, en la que el gobierno es cómplice, pues con sus medidas y acciones estanca procesos de titulación y en algunos casos extravía procesos de prescripción, saneamiento y constitución de resguardos indígenas. Uno de los conflictos de tierras en áreas de bosques ha surgido por la doble titulación en las áreas de traslape de territorios indígenas y Parques Nacionales Naturales: en más de 3 millones de hectáreas, las autoridades ambientales reconocen títulos de propiedad a la Nación, mientras que las autoridades agrarias reconocen los títulos colectivos (Grupo Ecológico INEM-GREI, 2010). Estas problemáticas muestran la poca importancia que se ha brindado históricamente a los bosques y al reconocimiento de que son las comunidades originarias las que pueden garantizar su conservación. En la actualidad, se hace cada vez más visible la existencia de bosques y selvas, sus problemáticas de deforestación, degradación y extinción. Esto ocurre debido a que el escenario internacional lo ha promovido, específicamente desde las cumbres en materia ambiental y las convenciones de cambio climático. Pero se vuelve un complejo sistema en el que el discurso ambiental se mezcla con los propósitos del mercado. Los altos niveles de emisiones por deforestación en las regiones ecuatoriales y tropicales se ven hoy como una oportunidad para las inversiones orientadas por la ganancia. Es decir, el ánimo no es atender la protección de las selvas, sino incluirlas como áreas que se pueden insertar en las dinámicas del desarrollo y la acumulación de capital. Progresivamente viene tomando fuerza en la economía propuestas como el ecoturismo, la venta de servicios ambientales o el comercio de carbono. Esto último es relevante por cuanto los bosques son actualmente el foco de atención de la UNFCCC y de algunas instituciones financieras como el Banco Mundial. La preservación de los mismos resulta atractiva en la medida en que los cambios en el uso del suelo son una de las causas más importantes de emisiones de carbono a la atmósfera, razón principal por la que se propone el mecanismo REDD como la vía para atacarlas.

Este mecanismo que opera en algunos mercados voluntarios de carbono (MVC), a pesar de no estar aprobado por la reglamentación del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) de la UNFCCC, comienza a prepararse a nivel mundial con serios cuestionamientos respecto a perversos incentivos que se traducen en la extranjerización de la tierra, el aumento de las actividades de deforestación, el asedio a comunidades, la titulación de tierras colectivas en manos privadas, entre otros. Por estas razones se resalta la importancia de indagar con mayor profundidad la preparación de la Estrategia REDD que comienza a ser aplicada en Colombia. 3. Estrategia REDD en Colombia: Hechos y actores Es amplio el debate en torno a lo que implica aplicar el mecanismo REDD, en especial, si es efectivo para resolver el problema de deforestación y degradación de los bosques dado el espíritu mercantilista que lo ampara y que determina la tendencia de este hacia la privatización de los territorios, la exclusión de poblaciones de sus tierras ancestrales, el impulso de plantaciones –es decir, de monocultivos–, y el desarrollo de instrumentos financieros con los que se busca que crezca el poder de las instituciones financieras mediante la apropiación de estos territorios. Si la arquitectura se entiende como el arte de proyectar, diseñar y construir, REDD tiene su arquitectura. Como se mencionó, hay muy poca información oficial acerca de lo que se viene adelantando en materia de este mecanismo propuesto en el seno de la UNFCCC. Pero se puede partir del hecho que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 incluye el desarrollo de una Política Nacional de Cambio Climático a partir de tres pilares: (i) la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, (ii) el Plan Nacional de Adaptación y (iii) la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD+) (DNP, 2010). Sobre esta última el gobierno ha hecho públicos varios borradores de la propuesta realizada para acceder a financiamiento del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques en relación a la preparación de esta estrategia. La arquitectura no solo debe recoger aspectos relacionados al accionar del gobierno, sus políticas, programas y estrategias; también hay otras acciones que obedecen al desarrollo de la estrategia REDD en el país. En la Tabla 1 se recogen algunos elementos significativos en la indagación sobre esta estrategia. Algunos actores que merecen destacarse son: 

Instituciones g uber namenta les: IDE A M, M AV DT, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

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Tabla 1: Arquitectura de la estrategia REDD en Colombia Elementos para indagar sobre la estrategia REDD

Hechos

Actores

Desarrollo de instrumentos técnicos que permi-

Proyecto “Capacidad Institucional Técnica y Científica para So-

IDEAM y Fundación Natura. Financia la Funda-

tan el monitoreo de REDD.

portar proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Defores-

ción Gordon and Betty Moore

en Colombia

tación en Colombia)”. Creación de Mecanismos voluntarios de comer-

Preparación de un Mecanismo Voluntario de Mitigación de Gases

MAVDT, Fundación Natura, CECODES y la Bolsa

cio de carbono que puedan financiar REDD.

Efecto Invernadero para Colombia.

de Valores de Colombia, USAID. Financiamiento del GEF a través del BID.

Desarrollo de proyectos piloto o proyectos que

-San Nicolas Agroforestry

-CORNARE, BM- Forest Carbon Partnership

pueden enmarcarse en el esquema REDD.

- Colombian Silvopastoral Rehabilitation

Found.

- Proyectos en Bajo Mira, Chigorodó y Costa Pacífica.

- CIAT, CORPOICA, CVS, Forest Carbon Partnership Found (Banco Mundial). - Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos – USAID.

Procesos de mapeo y definición (incluso jurídica)

- Inventario Forestal Nacional.

del control de titularidad de la tierra y respecti-

- No existe claridad por parte de las instituciones sobre la titula-

vos stocks de carbono.*

ridad de tierras en las zonas de bosque en el país.

Especulación de los precios de la tierra.*

Se presentan en Colombia, pero no se ha identificado una rela-

IDEAM.

ción directa con la estrategia REDD. Asedio y cooptación de comunidades con titu-

- Contratos a través de los cuales se estafa a las comunidades,

lación colectiva de tierras.*

con la excusa de gestionar proyectos en el “comercio de oxígeno”.

Marcos normativos: Cambios que propicien la

- Decreto 2372: Por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74,

transferencia de responsabilidades del Estado

la ley 99/93, la ley 165 de 94, y el Decreto-Ley 216/03, en relación

a la de “gestión” del ambiente por parte del

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de

mercado, bajo la lógica de pagos por servicios

manejo que lo conforman y se dictan otras

ambientales, concesiones forestales, creación

disposiciones

de áreas protegidas, etc...*

- CONPES 3680: Lineamientos para la consolidación del Sistema

Debilitamiento de las políticas de fomento al

Nacional de Áreas Protegidas.

manejo comunitario de los bosques y de la bio-

- Ley 1377/10: reglamenta la actividad de reforestación comer-

diversidad por comunidades nativas.*

cial.

- Congreso de la República

Favorecimiento y fortalecimiento de las gran-

- Constitución de la Mesa REDD

MAVDT, IDEAM, Conservación Internacional,

des ONG conservacionistas internacionales y

- Presidencia de la República

- DNP

WWF, Fondo para la Acción Ambiental y la

corporaciones como actores políticos legítimos

niñez, Fundación Natura, ECOVERSA, USAID,

y protagonistas del nuevo discurso ambiental a

- Publicación: “Deforestación Evitada: Una Guía REDD+ Colom-

Patrimonio Natural.

través del establecimiento de dialogo o alianzas

bia”

- La Mesa REDD con el apoyo de la Embajada

entre gobierno, empresas y sociedad civil (ONG)

- Talleres regionales fortalecimiento capacidades cambio climá-

Real de los Países Bajos a través del BM.

e integración de las comunidades en espacios de

tico y REDD en el marco del proceso de construcción colectiva de

- MAVDT, WWF, Coica, Opiac, BM-Carbon Forest

socialización para la legitimación de la política.*

R-PP (Propuesta para la preparación de Readiness.

Parnertship Found.

- Proyecto: Hacia la construcción de Capacidades de los Pue-

- COICA, BM-Carbon Forest Parnertship Found.

blos Indígenas de la Cuenca Amazónica sobre Cambio Climático y REDD.

Demandas desde las comunidades y movimien-

- Solicitud de información principalmente de comunidades de

tos sociales por información, intercambio y for-

la región del Pacífico y la Amazonia colombiana, regiones en las

mación sobre REDD.*

que más se concentra la cobertura forestal del país.

Proposición de cambios de políticas que les reconozcan como actores en defensa de los bosques.*

Elementos que se recogen del documento de posición sobre REDD de Amigos de la Tierra.

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)



Financiadores de la estrategia REDD en Colombia: Banco

También busca,

Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial con recursos del Global Environmental Found (GEF) y el Carbon Forest Parnertship Found (CFPF) 

“Sociedad civil”: en el marco de REDD se considera a la “Sociedad Civil” como organizaciones conservacionistas de carácter internacional en alianza con organizaciones de cooperación, su participación busca evidenciar una construcción participativa de la política, es necesario aclarar que ello no garantiza la participación real de los directos implicados (los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes).



Organizaciones indígenas: en Colombia, la acción conjunta de organizaciones representantes de las comunidades indígenas de la Amazonia (COICA, OPIAC) con el gobierno nacional y ONG en la preparación de R EDD puede significar la contundencia en la estrategia de cooptación de las comunidades y la legitimación de falsas respuestas al cambio climático promovidas desde el Banco Mundial. Conviene examinar en más detalle el camino seguido por estas articulaciones, para corroborar la observación o hacer más precisiones al respecto.

La arquitectura de REDD en Colombia se viene construyendo en primera instancia mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional y el establecimiento de relaciones entre los actores. De acuerdo con eso, es útil mencionar tanto los proyectos a partir de los cuales se crea una capacidad para financiar, monitorear y desarrollar proyectos REDD y además los espacios a partir de los cuales se establecen relaciones entre los diferentes actores. En nuestro caso son dos: la Mesa REDD y el proceso de construcción colectiva de R-PP (Propuesta para la Preparación de Readiness). 3.1 La Mesa REDD Es iniciativa de la WWF, la Fundación Natura, The Nature Conservancy (TNC), Conservación Internacional Colombia (CI), la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) mediante su programa MIDAS y la Corporación Ecoversa. Actualmente participa el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo. Su objetivo es, 

“promover el desarrollo de estrategias, políticas, planes y proyectos REDD en Colombia, consistentes con los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades locales, la equidad de la generación y distribución de los beneficios y el manejo sostenible de los bosques” (Mesa REDD, 20309, p. 2).



“articular y sumar esfuerzos conjuntos en base a las diferentes experiencias que las entidades interesadas en el tema desarrollen [;]...apoyar técnicamente al gobierno colombiano en el desarrollo de una estrategia en REDD [;]...facilitar canales de participación entre estas organizaciones, el Gobierno y las comunidades locales que posibiliten el proceso de consulta” (p. 2).

Este fue el primer espacio en el que se vio el alto interés en REDD por parte de las organizaciones “ambientales conservacionistas” y primordialmente buscan dar mayor legitimidad al desarrollo de la estrategia, respaldan mediante estudios técnicos y proyectos piloto la aplicación de las falsas soluciones al cambio climático y legitiman algunos megaproyectos en el país mediante el desarrollo del componente ambiental de los mismos. Estas organizaciones tienen como prioridad desarrollar MVCs para integrar REDD y financiar la ampliación del portafolio de proyectos MDL en el país; un ejemplo de ello es el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, institución que se contempla dentro de los socios locales del Amazon Forest Carbon Partnership, iniciativa cuyo objetivo es “acercar el mecanismo REDD al mercado de créditos de carbono, lo que permitiría que países ricos paguen por la conservación de bosques y descuenten esa inversión del saldo de sus emisiones de carbono a la atmósfera” (ATB, s.f., p.8). Por otra parte, la Fundación Natura adelanta el diseño de un proyecto que financia el BID, por 10 millones de dólares. Con él se busca impulsar un mecanismo de mercado (Reducciones Verificadas de Emisiones-VERs) que facilite el comercio voluntario de reducción de emisiones de proyectos agrícolas, agroforestales y de REDD. Este proyecto es apoyado por la Bolsa de Valores de Colombia y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), del que hacen parte, entre otras empresas, Ecopetrol, Holcim y Anglo Gold Ashanti; las dos últimas están solicitando concesiones mineras sobre bosques naturales y tierras colectivas; o Smurfit Kappa, que promueve las plantaciones forestales en el país. Además de ello, Fundación Natura, en conjunto con el IDEAM, promueve el proyecto “Capacidad Institucional Técnica y Científica para Soportar proyectos REDD-Reducción de Emisiones por Deforestación en Colombia”, con un monto mayor a dos millones de dólares. El proyecto tiene dos componentes: uno de carácter técnico, responsabilidad del IDEAM, que busca determinar las áreas potenciales para la implementación de proyectos subnacionales REDD, otro de carácter político, bajo la batuta de la Fundación Natura, que se trata del establecimiento de una red de apoyo interinstitucional al proyecto.

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Además de este proyecto de carácter técnico, el IDEAM impulsa otro que aunque no presenta una relación directa con el desarrollo de la estrategia REDD, es definitivo en la oferta de servicios ambientales ofrecidos por el país. En 2010 se inició la fase de planeación del Inventario Forestal Nacional, cuyo objetivo es, 

“Medir, describir y evaluar los ecosistemas forestales en Colombia con el fin de producir y proveer información (superficie, estado) de los recursos forestales y asociados; orientado a la ordenación con fines de administración del recurso (conservación, manejo y uso sostenible); que dé soporte a las decisiones para la formulación e implementación de la política nacional ambiental y sectorial” (SIAC, s.f.).

El proyecto finaliza en el año 2012 y es determinante en el suministro de información sobre la “oferta forestal” tanto nacional como regional. La terminología utilizada en el Diseño del Marco Conceptual y Metodológico del Inventario da muestra del enfoque mercantilista de las políticas forestales del país. La proyección de REDD en el país toma su mayor fuerza en la coordinación entre el sector privado y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) que participa de manera activa. La Mesa REDD publicó en 2010, con apoyo del MADVT el documento Deforestación evitada: una Guía REDD+ Colombia (Ortega, et al., 2010), en el que se destaca la participación del país en el Fondo Cooperativo de Carbono Forestal del Banco Mundial y el respaldo del gobierno en el desarrollo de estos proyectos en la región. El documento concuerda con los conceptos de forestación, reforestación, deforestación y bosque dados por el protocolo de Kioto y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (IPCC, 2001); además de ello plantea problemas y alternativas viables frente a la deforestación en Colombia. Allí señala que, 

“las diferentes dinámicas de desarrollo poblacional y tenencia de la tierra, tanto de tipo público, comunal o privado, han conllevado a procesos de transformación, reemplazo o fragmentación de los ecosistemas naturales en Colombia, especialmente aquellos que contienen bosques.” (Ortega et al., 2010, p.2)

Pone en primer plano la tenencia de la tierra como causa subyacente de la deforestación: 

“las causas de la deforestación y degradación asociada a la gobernanza incluye la indefinición en los derechos de

propiedad de la tierra y de los recursos naturales, así como los derechos asociados a las minorías étnicas y un marco regulatorio forestal contradictorio con la normatividad sectorial, que establece procesos y procedimientos rígidos y confusos que promueven más la ilegalidad” (Ortega et al., 2010, p.26).

Sin embargo, el documento carece de una propuesta y de una intención para hacer seguimiento a los conflictos que podría generar REDD, especialmente en los territorios de titulación colectiva y en aquellos que, aunque carecen de títulos colectivos, son habitados por comunidades afrosdecendientes o pueblos indígenas; los mismos territorios en los que ha sido mínima la presencia del Estado. Y existen afirmaciones preocupantes al mencionar que el hecho de que la mitad de los bosques naturales estén en tierras de titulación colectiva determina una seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, al tiempo que destaca en estas un “importante componente de biodiversidad, lo que puede generar un mayor interés en los inversionistas de proyectos REDD por los co-beneficios que se generan al proteger estas áreas (“carbono gourmet”)” (Ortega et al., 2010, p. 43). El documento Deforestación evitada: una guía REDD+ Colombia describe actividades forestales que pueden aportar a la mitigación del cambio climático, mediante la reducción de emisiones; las plantaciones, la silvicultura y la restauración como captura de carbono y las plantaciones de agrocombustibles y uso sostenible de la producción de madera como formas de substitución de carbono (Ortega et al., 2010). Por último, habla de los pasos que deberían seguir los proyectos REDD, tanto en posibles esquemas promovidos por la UNFCCC, como mediante mecanismos voluntarios: • Primer paso: un estudio de línea base en el que se determinen las causas de la deforestación, las características socioeconómicas de la región y los beneficios sociales y ambientales del proyecto. • Segundo paso: análisis de costo - eficiencia y viabilidad. En este punto se recomienda determinar un posible comprador y/o financiador de las reducciones que genere el proyecto. • Tercer paso: la ejecución del proyecto deberán validarlo agencias reconocidas de certificación que verifiquen el monitoreo y reducción de emisiones del proyecto. Ellas deberán actual también con respecto a las emisiones y la distribución de los beneficios, de acuerdo a como lo estipule un contrato establecido entre las partes. Para continuar dando seguimiento al desarrollo de esta estrategia en el país son útiles los elementos que entrega este documento, debido a que en él se proyectan los enfoques y puntos de interés que existen para el desarrollo futuro de REDD.

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3.2 Proceso de construcción colectiva de R-PP En el marco de la construcción colectiva de la Propuesta para la Preparación de Readinness (R-PP) se dan los talleres regionales para el fortalecimiento de capacidades, cambio climático y REDD. Están a cargo del MAVDT, la WWF, COICA y OPIAC. La participación de estas dos últimas organizaciones en los talleres obedece al hecho de que el Banco Mundial financia el Programa para el Desarrollo de Capacidades para las Personas. Dependientes de los Bosques en REDD+, cuyos objetivos son: aumentar en entendimiento sobre el cambio climático y sobre REDD, por parte de los pueblos indígenas y de los otros pobladores de los bosques; permitirles a los pueblos indígenas y a los otros pobladores de los bosques una activa participación en la preparación de las estrategias REDD+ y en la implementación de los programas REDD dentro del contexto de las políticas nacionales y los marcos regulatorios; preparar a los pueblos indígenas y a los otros pobladores de los bosques para participar y contribuir efectivamente en las negociaciones internacionales sobre el papel de REDD+ en el régimen climático post 2012; y promocionar y entender los puntos de vista de los pueblos indígenas y de los otros pobladores de los bosques sobre REDD y sobre el FCPF (BM). Los talleres se han adelantado en San José del Guaviare, Mocoa (Putumayo), Solano (Caquetá), Inírida (Guainía), la Chorrera (Amazonas) y en Bogotá D.C., con comunidades del Vaupés, con representantes de organizaciones indígenas, ONG y organizaciones gubernamentales. Estos talleres socializan información sobre REDD en las comunidades. Uno de los componentes del encuentro es desarrollar una visión indígena acerca de proyectos REDD; sin embargo, no se tienen evidencias de un objetivo claro para el fortalecimiento de las comunidades, dado que a través de ellos se busca ganar legitimidad en los territorios indígenas y afrodescendientes para el posterior desarrollo de la estrategia. Además representan ante todo un requisito que es necesario cumplir para acceder a financiamiento, ya que según el Banco Mundial, dentro de los contenidos de la R-PP debe existir un Plan de consultas y participación, de ahí la razón principal del desarrollo de estos talleres. Sin embargo es necesaria la claridad que este tipo de consultas no corresponde a la figura de consulta previa que trata la Ley 21 de 1991. 4.

Conclusiones

Es necesario continuar indagando sobre el desarrollo de REDD en el país y los reales intereses que subyacen a la Estrategia, dado que ante todo se prevé como un mecanismo para la inserción de intereses financieros en los territorios de bosques en el país, lo cual constituye una amenaza para el ejercicio autónomo de la autoridad de las comunidades sobre sus territorios.

Diferentes preocupaciones que no son abordadas como la titulación de tierras o los conflictos que pueden acarrear esquemas de contratación para la implementación de proyectos REDD deben ser abordados con mayor profundidad, dado que la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación puede constituirse en una estrategia más para el despojo de los territorios y la agudización del conflicto por la tierra en el país.

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Una propuesta metodológica para analizar proyectos forestales de captura de carbono en cuanto al aporte al desarrollo sostenible Edgar Moreno-Castillo* y Alejandro Mora-Motta**

Resumen El presente artículo tuvo como objetivo comparar metodologías de análisis desde los sistemas complejos que involucraran elementos sociales y naturales en interacción entre si y en diferentes escalas, para ser aplicadas en el estudio de proyectos forestales de captura de carbono. Este tipo de proyectos se denominan mecanismos de mitigación al cambio climático, clasificados dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC), y despiertan especial interés por estudiar los beneficios que dejan a los “países en desarrollo”. Se realizó una revisión de trabajos que identificaran los posibles beneficios en proyectos MDL forestales y se analizaron a través de tres metodologías: Análisis y Desarrollo Institucional (IAD), Sistemas Socio Ecológicos (SSE) y Sistemas Co-evolutivos (SCE). El uso conjunto de estas metodologías contribuyó a entender mejor el tipo de interacciones y procesos emergentes que tienen los proyectos forestales, a la vez que se identificaron características comunes entre metodologías y

elementos de las interacciones en los proyectos relevantes para conseguir beneficios locales. Se concluyó que la implementación de proyectos forestales de captura de carbono requiere elementos institucionales, biofísicos y sociales para satisfacer múltiples intereses y su análisis requiere de metodologías que los reconozcan. Además, las metodologías estudiadas tienen suficientes elementos en común como para trabajarse de forma conjunta con el fin de representar los procesos de los proyectos forestales. Se identifica la necesidad de más investigación, ya sea metodológica o en la aplicación de modelos, particularmente la modelación basada en agentes. Palabras Clave: captura de carbono, proyectos forestales, análisis y desarrollo institucional, sistemas socioecológicos, sistemas co-evolutivos, modelación.

Abstract This paper addresses to compare complex systems analysis methodologies that include social and ecological features of interaction between them and at various scales, to be applied in the analysis of forestry projects. This kind of projects, labeled under climate change mitigation mechanisms as clean development * Biólogo y MSc en Medio Ambiente y Desa-

mechanism (CDM) and voluntary carbon markets (VCM), arise interest to study the benefits they can achieve

rrollo, Universidad Nacional de Colombia

at the “developing countries”. Literature on benefits through forest CDM projects was reviewed and analyzed

(UNAL) sede Bogotá. Miembro del Grupo de trabajo Interdisciplinar de Cambio Climático

under three methodologies: Institutional Analysis and Development (IAD), Socio-Ecological Systems (SES)

(GICC) de la Facultad de Ciencias Económi-

and Co-Evolutionary Systems (CES). The combined use of these methodologies has contributed to a better

cas, de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente docente investigador de la

understanding of the type of interactions and emerging processes within forestry projects; there were iden-

Universidad Externado de Colombia. Con-

tified also common features of the methodologies and some interacting elements within projects relevant

tacto: correo institucional: edgar.moreno@

to the benefit deployment. The paper concludes that the implementation of carbon sequestration forestry

uexternado.edu.co; Teléfono: 3537000 ext. 1405 o 1411.

projects requires institutional, biophysical and social elements to satisfy stakeholders and their analysis

de Economía Universidad

requires methodologies that recognize those features. Besides, studied methodologies have sufficient

Nacional de Colombia (UNAL) sede Bogotá.

common features to be used jointly to represent forest projects processes. It is identified the necessity of

Miembro del Grupo de trabajo Interdiscipli-

further research in methodology or in applied models, specifically on agent-based modeling.

** Estudiante

nar de Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Económicas, UNAL. Correo de con-

Keywords: carbon sequestration, forest projects, institutional analysis and development, socio-ecological

tacto: amoramo@unal.edu.co.

systems, co-evolutive systems, modeling.

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1. Introducción El cambio climático es una de las principales preocupaciones a escala global, dado su origen en la actividad humana y las consecuencias desastrosas que implica, por lo que el proceso de reconocimiento de dicho problema llevó a la ONU a plantear la responsabilidad que deben asumir los Estados y el sector empresarial como precursores de este fenómeno, creando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 (Florides y Christodoulides, 2008; Stern, 2007; IPCC, 2007; Vitousek, 1992)1 . Tras un proceso de negociación en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, como esfuerzo multilateral para mitigar el cambio climático que impone límites de emisión a los países desarrollados. El Artículo 12 del Protocolo crea el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) como único mecanismo que integra a los países “en desarrollo” dentro de los esfuerzos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), al tiempo que incentiva en estos un desarrollo sostenible. De hecho, el Protocolo estableció dos objetivos para el MDL: 1) que debe contribuir al desarrollo sostenible de aquellos países que son anfitriones en la ejecución de los proyectos (países en desarrollo o No-Anexo I), y 2) ayudar a los países desarrollados a alcanzar sus compromisos de reducción de emisiones desde una óptica costo-eficiente (UNFCCC 1997). Posteriormente, el acuerdo de Marrakech al incorporar el principio de soberanía, estableció como función exclusiva de los países anfitriones la definición de los criterios de selección de los proyectos en cuanto al aporte al desarrollo sostenible a través de la Autoridad Nacional Designada, entidad que decide en definitiva si el proyecto que está aplicando cumple o no con estos requerimientos (UNFCCC, 2002)2 . Hay una serie de estudios que se han enfocado en analizar el impacto de los MDL sobre el desarrollo sostenible, y en general muestran que los resultados son muy bajos. Olsen y Fenhan (2008) hacen un análisis de los documentos de aplicación de diferentes proyectos3 , en el cual concluyen que los proyectos de pequeña escala tienen mayor potencial de generar desarrollo sostenible. Sin embargo Lloyd y Subbarao (2011) dan una conclusión diferente al analizan una muestra grande de documentos sobre dichos proyectos en la cual no se aporta mucho al desarrollo sostenible aunque existan casos particulares que revelen resultados positivos sobre todo en los que involucran una participación activa de las comunidades locales. Por otra parte, Sutter y Parreño (2007) encuentran un trade-off entre los objetivos, que 1

UNFCCC, por su sigla en inglés.

Esta entidad está avalada por la UNFCCC de acuerdo a la de-

beneficia a la reducción de emisiones por encima del aporte al desarrollo sostenible, lo que lleva a la Autoridad Nacional Designada a bajar sus estándares en los requisitos para aprobación de proyectos con el fin de atrapar más inversión. Adicionalmente, Brown et al., (2004) identifican que estos proyectos, particularmente los forestales, pueden llevar a resultados inequitativos, la falta de interacción institucional y la dependencia de los resultados del mercado. Los flujos financieros generados se concentran en pocos sectores y países (Boyd, Hultman y Robers, 2009; Teixeira et al., 2006). Desde el punto de vista de los países en desarrollo los esfuerzos por mitigar el cambio climático deben dejarles beneficios a escala local donde se ejecutan los proyectos, especialmente enfocándose hacia las comunidades pobres (Boyd, Gutierrez y Chang, 2007). El presente trabajo propone una metodología que contribuya a la comprensión los MDL forestales, y de su potencial para alcanzar la sostenibilidad en lugares concretos al tiempo que se aporta a la sostenibilidad global. Esta propuesta recoge algunas importantes metodologías de análisis y con ellas construye una síntesis que sea apropiada para aplicar al problema. En primer lugar, el trabajo traza un panorama de la problemática de los AR-MDL, y continúa con la exposición de algunos casos particulares. En tercera instancia, se enfoca sobre la propuesta metodológica, empezando por una discusión de tres metodologías de análisis (Análisis y Desarrollo Institucional, IAD; Sistemas Socio-Ecológicos, SSE; Sistemas Co-Evolutivos, SCE), y revisando los modelos basados en agentes como una posibilidad de modelación. Tercero, se resaltan elementos comunes de estas y se propone una síntesis. Y en cuarto lugar, se ubican los AR-MDL dentro del esquema metodológico. Finalmente se presentan las conclusiones. 2.Antecedentes en el estudio de proyectos forestales de captura de carbono Los mecanismos de mitigación del cambio climático en los países en desarrollo y particularmente en Latinoamérica son el MDL y los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC). El MDL admite diferentes tipos de proyectos, unos más enfocados al cambio técnico en la industria y otros enfocados al uso del suelo, cambios del uso del suelo y silvicultura, y dentro de este segundo grupo entran los proyectos forestales que por ahora recogen la forestación y reforestación (AR-MDL)4 (Schlamadinger et al., 2007). Estos mecanismos, aunque tienen problemas, tienen un gran potencial para aportar al desarrollo sostenible local y regional, ya sea

signación realizada por los países, en el caso de Colombia es el Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).

habido gran polémica por la no inclusión de la deforestación evitada y la

degradación dentro de estos mecanismos en el MDL, negociados recien-

Denominados Documento de Diseño de proyecto (PDD por

siglas en inglés)

temente.

AR, por las siglas en inglés de forestación y reforestación. Ha

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por los procesos participativos y de aprendizaje que generan oportunidades en las comunidades o mediante esquemas de pagos por servicios ambientales (Boyd, Gutierrez y Chang, 2007; Boyd et al., 2007). Thomas, Dargusch y Harrison (2010) analizan especialmente por qué hay tan pocos MDL forestales y muestran que en general estos proyectos tienen problemas para ser aplicados por dos tipos de restricciones: 1) financieras, entre las que resaltan los “flujos de caja y la inmediatez de los retornos; restricciones a la inclusión de los CERs de proyectos MDL en mercados de carbono regulados; asegurar la financiación para permitir el desarrollo de proyectos; costos de transacción; y problemáticas relacionadas con la rentabilidad de los proyectos”5 (p. 881), y 2) las restricciones asociadas al conocimiento y las habilidades requeridas para el registro del proyecto, las complejidades en las actividades de uso de la tierra y las incertidumbres que hacen más atractivas otras actividades. En América Latina los pagos por servicios ambientales (PSA) son un instrumento reciente, salvo en el caso del sistema de PSA de Costa Rica que ya tiene cierta trayectoria (Rojas y Alward, 2003). Se encuentran esquemas de PSA que son muy heterogéneos a lo largo del continente en escala, tiempo de operación, participación de la comunidad, medios de financiación, entre otros (Rojas y Alward, 2003). Ya en el caso puntual de los AR-MDL, su análisis requiere reconocer cómo se involucran componentes tanto naturales como sociales. Estos proyectos se pueden entender como sistemas socio-ecológicos particulares, que son, en esencia, complejos. Para estudiar la factibilidad de su sostenibilidad, teniendo en cuenta que involucran ecosistemas, poblaciones y demandas de tipo internacional, se propone identificar y analizar las relaciones entre múltiples niveles, distintas escalas temporales y espaciales. Para lograrlo se requiere conocer variables específicas y las interacciones entre los elementos y agentes involucrados. 3.Proyectos forestales de captura de carbono En el mundo se han desarrollado ya varios proyectos forestales. Un ejemplo muy interesante es el de la provincia de Guangxi, China, analizado por Gong, Bull y Baylis (2010). Uno de los mayores logros del proyecto es que involucró a muchas comunidades pobres en su desarrollo, al tiempo que se reforestaban áreas con suelos degradados. El estudio identifica dentro de los logros que el proyecto es rentable para todos los participantes (con subsidios del gobierno), bajos 5

Según lo señalan Thomas, Dargusch y Harrison (2010), textual-

mente: “cash flow and the immediacy of returns; restrictions on the inclusion of CERs from CDM projects in regulated carbon markets; securing finance to enable project development; transaction costs; and issues associated with project profitability.”

costos de transacción gracias a la aglomeración de tierras a sembrar (generando economías de escala), el sistema contractual compartido de empresas locales y pequeños poseedores de tierra –esto permitió la participación de pequeños agricultores pobres–, y por último, en términos de equidad, el proyecto contribuyó en la construcción de infraestructura vial en una zona pobre de China, permitiendo la utilización de tierras que se consideraban estériles y la participación de minorías étnicas. Sin embargo, se han identificado igualmente varios problemas que surgen de la repartición del ingreso entre los dueños de la tierra y las empresas locales, y la baja confianza de los primeros hacia los segundos, las formas de repartición de ese ingreso entre usuarios, derechos sobre la tierra mal especificados y capital social débil. En un estudio enfocado sobre los PSA derivados de la actividad forestal en México, Corbera, Estrada y Brown (2009) aplican una metodología que sirve de base a la propuesta desarrollada en esta investigación. En su metodología identifican los PSE como una institución y analizan: a) el diseño institucional, b) el desempeño institucional, c) la interacción institucional y d) la capacidad y escala de gobernanza. Uno de los resultados más interesantes en el punto de la interacción institucional, y particularmente vertical, es la existencia de casos en que las reglas del MDL minaron el esfuerzo institucional a nivel local rechazando sus aplicaciones a esta forma de financiación por no ceñirse a las exigencias, es decir, la interacción es unidireccional. Sin embargo, las relaciones institucionales locales con el nivel nacional mostraron ser simétricas. Por otra parte, en su estudio Boyd et al. (2007) analizan cuatro proyectos ubicados en Brasil y Bolivia. Los autores encuentran que el principal aporte de los proyectos forestales es al cambio climático mediante siembra de árboles, pero los requerimientos financieros pueden implicar no aportar tanto a la biodiversidad al ceder en la variedad de especies sembradas frente a la rentabilidad de monocultivos. Adicionalmente, se encontró que es indispensable tener una buena administración del proyecto que conozca y sepa llevar a cabo los procesos, y también son importantes los derechos de propiedad sobre la tierra y los derechos sobre los pagos, pues de lo contrario la incertidumbre puede ser tan alta que no se realizaría el proyecto. El estudio también encuentra que es necesaria la institucionalización de las relaciones entre actores. Aunque de otra parte, se concluye que los proyectos de mayor tamaño suelen preferir objetivos económicos por encima de los sociales. No obstante, se resalta que la participación activa en las decisiones por parte de la comunidad o de la sociedad civil juega un papel relevante en los niveles de gobernanza. Por último, los autores mencionan las ventajas de generar redes entre actores que resultan en tipos de sinergias a la hora de hallar los resultados, y los procesos de creación de capacidad en las comunidades ya sea aprendien-

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do las características técnicas o mediante el conocimiento sobre el cambio climático. En un estudio reciente (Moreno, 2010) se analizaron dos proyectos en Colombia en los que se busca verificar los logros en cuanto al desarrollo sostenible. A continuación se resumen las características y resultados de estos dos proyectos. 3.1 Proyecto MDL cuenca del río Chinchiná PROCUENCA Se ubica al sur del departamento de Caldas (Colombia) (ver Figura 1) entre 800m y 3000m de altitud sobre el costado occidental de la cordillera central y abarca cinco municipios. Esta zona produce el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento y las plantaciones forestales son una actividad productiva que es ejercida por empresas privadas. El proyecto es administrado financieramente por el Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Manizales (INFIMANIZALES), abarca cuatro mil quinientas treinta y ocho hectáreas para 2.181.676 tCER. Ha celebrado 380 contratos con propietarios de terrenos, y recibido fondos de instituciones locales por más de COP $25.000 millones de pesos en seis años, recientemente contó con ayuda internacional del programa “Más Inversión para el Desarrollo Sostenible” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (MIDAS-USAID) a través de capacitación y en agosto

Caldas, que tiene una extensión aproximada de 113.000 ha. Su población es de 550.000 habitantes aproximadamente y abarca los municipios de Manizales y Villamaría en su totalidad, y Neira, Palestina y Chinchiná, parcialmente. Se extiende desde los 780 msnm en su desembocadura en el río Cauca, hasta los 5.400 msnm en el Nevado del Ruiz. Se constituye como el ecosistema estratégico que abastece de bienes y servicios ambientales de esta subregión del Departamento de Caldas y es fuente de una rica y variada biodiversidad. 3.2 Proyecto MDL bosques de San Nicolás Este proyecto se denomina Modelo de Financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolás. Se ubica en la Región Valles de San Nicolás, en el suroriente de Antioquia (ver Figura 2) entre 1800msnm y 2700msnm de altitud, también sobre el flanco occidental de la cordillera central más al norte que el proyecto anterior y abarca el altiplano antioqueño denominado Batolito antioqueño, abarcando 9 municipios. Es la zona con mayor desarrollo económico e industrial del departamento después de Medellín y el Valle de Aburrá.

Figura 2. Valle de San Nicolás, departamento de Antioquia y áreas del proyecto Bosques de San Nicolás. Fuente: Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare CORNARE (2009).

Figura 1. Cuenca del río Chinchiná, Manizales, departamento de Caldas y área del proyecto PROCUENCA. Fuente: United Nations Framework Convention on Climate Change (2007).

de 2009 fue galardonado por su aporte a la responsabilidad social. Actualmente el proyecto está registrado ante la UNFCCC como proyecto MDL. El río Chinchiná nace en la Laguna Negra, en el Parque Nacional de los Nevados, proporcionando las aguas para Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira y desemboca en el Río Cauca. Las áreas de implementación del proyecto están ubicadas en la zona centro-sur del Departamento de

El proyecto es administrado por una asociación público privada sin ánimo de lucro (corporación MASBOSQUES), surge de un contrato de compraventa con el Banco Mundial con un área inicial de 1410ha por un millón de dólares para 120.000 tCER y con un total proyectado de 442.000t de CO2 equivalente en 21 años. El proyecto lleva cinco años en fase de diseño y cerca de un año de implementación, actualmente está en fase de formulación del documento de propuesta para la UNFCCC. La región de los Valles de San Nicolás está localizada al oriente del departamento de Antioquia, sobre la cordillera central de los Andes Colombianos. La región cubre 72.000ha, en un rango de altitud que va de 800 a 3100m. Tiene una población aproximada de 354.000 habitantes; comprende

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los Municipios: Guarne, Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Santuario, San Vicente y La Unión. Allí se encuentra la cuenca hidrográfica que surte dos hidroeléctricas que generan el 33% de la energía de Colombia, y 50% del agua de Medellín, que está a 40Km de distancia. El proyecto MDL es administrado por la Corporación MASBOSQUES cuyo objetivo es financiar y promover activamente el establecimiento de bosques en campos abandonados, sistemas agroforestales y silvopastoriles, generación de fuentes financieras y mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños propietarios, manejo sostenible de las cuencas hidrográficas; conservación de la biodiversidad, impulso de la participación activa de las comunidades locales, ONGs, Gobierno y sector privado. La subregión es la cuenca hidrográfica de los ríos Negro y Nare. (Corporación MASBOSQUES, 2008). 4. Metodologías de modelación aplicadas a la sostenibilidad

4.1 Marco de análisis institucional y desarrollo (IAD) En escenarios tan distintos como las relaciones familiares, el mercado, las asociaciones, el gobierno, la iglesia, etc., se establecen formas y costumbres de comportarse y de relacionarse con los otros. A estas, la economía las define como instituciones, es decir, aquel conjunto de preceptos y modos implícitos que median las relaciones entre personas,

grupos y organizaciones. De esta manera, las instituciones desempeñan un papel primordial para estructurar, facilitar y agilizar las relaciones y las comunicaciones en un contexto dado. Ostrom (2005) resalta que en la vida contemporánea existe una gran diversidad de instituciones; a tal punto que no somos conscientes de la cantidad de normas, reglas y estrategias que debemos seguir. Esta autora afirma que las instituciones son inherentes al comportamiento humano y por lo tanto se podría decir que, en la medida en que se comprendan los elementos comunes y las regularidades que guardan distintos tipos de situaciones, regidas por instituciones, se conocerá mejor al ser humano y a la sociedad. Este tipo de preocupaciones llevó a plantear herramientas de análisis transversales a diversos problemas y a diversas escalas. Como resultado, el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional (IAD), ahonda en la estructura de un proceso de interacción de este tipo (Action Arena), permite desarrollar modelos explicativos de agentes que interactúan y produce resultados emergentes. Algunos ejemplos de situaciones de este tipo son: el mantenimiento de un bosque de uso común en una comunidad, la prestación de servicios de un sector económico específico en un área urbana definida, el ejercicio de la medicina convencional y tradicional en una población rural, un programa de conservación de una especie en peligro que involucra a la población local en el uso del territorio, entre otros.

Tabla 1. Diagnóstico desde el marco de Análisis y Desarrollo Institucional (IAD) del desarrollo de proyectos forestales de captura de carbono.

Elemento

Información reque- Caso: proyectos forestales de captura de carbono rida

Conjunto de actores

¿Quiénes participan?

Dueño del proyecto, propietarios de latifundios, propietarios de minifundios, consultores del proyecto, instituciones locales de apoyo técnico, habitantes de áreas aledañas.

Grupos de interés

¿Hay intereses que se comparten entre los actores?

Dueños y funcionarios del proyecto, propietarios de predios

Interacciones

¿Cuáles son los procesos de interacción más relevantes?

Concepción de idea de proyecto, elaboración de propuesta inicial, diseño de la captura de carbono, establecimiento del proyecto, aprobación y registro, ejecución del proyecto

Resultados potenciales

¿Cuáles son los efectos de los intereses de quienes hacen parte del conjunto de interacciones?

Aportes al desarrollo sostenible, servicios ecosistémicos, bonos de captura de carbono, madera

Nivel de control sobre

¿Hay alguien que controle los procesos de interacción?

Entidades de orden nacional e internacional y organizaciones certificadoras

¿De qué tanta información disponen los participantes?

Dueños: conocen a fondo la dimensión técnica del proyecto, propietarios de predios: manejan muy

¿Qué tan costosos son los procesos para cada participante y cuáles son los beneficios que logran obtener de los resultados derivados del proceso de interacción?

Costos: En general para los desarrolladores del proyecto los costos asumidos son demasiado altos durante los procesos de concepción de idea de proyecto, propuesta inicial, diseño de captura de carbono, establecimiento del proyecto, aprobación y registro; durante la fase de ejecución del proyecto, que es la más larga, los costos bajan considerablemente. Para los propietarios de predios los costos son asumidos durante la fase de ejecución y corresponden al costo de oportunidad de los suelos destinados. Beneficios: los desarrolladores del proyecto obtienen pocos beneficios derivados de los bonos de captura de carbono comparado con los costos asumidos; los dueños de predios obtienen beneficios por la madera cosechada al final del periodo compromiso de la plantación, por bonos de carbono en menor medida; los habitantes de áreas aledañas se benefician por mejores servicios ecosistémicos.

la elección Información disponible

Costos y beneficios de interacciones y resultados

poca información en general

Fuente: elaboración propia, a partir de Ostrom (2011).

Revista de Cambio Climático (Vol 1) (2011)

Figura 3. Esquema de Análisis y Desarrollo Institucional (IAD) aplicado al desarrollo de proyectos

Figura 4. Modelo Básico de sistema socio-ecológico

forestales de captura de carbono.

Fuente: Tomado de Ostrom (2009, p. 420), Traducción propia.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ostrom (2005).

En estos ejemplos y en general las relaciones entre seres humanos son sistemas complejos adaptativos, con componentes organizados en múltiples niveles, que generan resultados emergentes. Desde esta metodología de análisis se busca comprender estructuras complejas y generar capacidad para identificar el panorama de resultados y efectos posibles. El nivel de detalle dependerá de la escala de análisis que se asuma; es por ello que asumir un único nivel de análisis no es suficiente para comprender un proceso complejo de manera integral. Como fruto de esta reflexión, la metodología IAD busca identificar aquellas unidades estables (holons) que componen a un sistema complejo adaptativo, unidades que se caracterizan por aquellas propiedades derivadas de la organización jerárquica del sistema. Desde el IAD el análisis de un problema requiere identificar la escala de análisis en el cual se localiza y al mismo tiempo entender el lenguaje que se maneja a dicho nivel; así como a uno o dos niveles por encima y por debajo del nivel focal para su tratamiento. A este método se le conoce como sistema complejo multinivel, desde el cual se analiza la interacción entre subsistemas y del sistema con el entorno. Dentro de los aportes que realiza la metodología IAD, está el análisis del subsistema de Procesos de Interacción (Action Arena), a partir del cual se analizan los agentes que intervienen y los procesos donde estos se encuentran (Action Situation). Ejemplos de estos últimos son: transacciones de mercado, solución de problemas, luchas y conflictos de poder, etc. Para comprender mejor un subsistema de procesos de interacción (Action Arena), es necesario conocer los factores externos que influyen y la manera en que los resultados emergentes del sistema pueden influir sobre estos. Tales factores pueden agruparse en tres tipos: institucionales, naturales y culturales. Otra manera de complementar el análisis de este subsistema es determinando las interacciones de este con otros procesos de interacción (Action Arena). Desde esta metodología, la modelación de la sostenibi-

lidad de un proyecto forestal de captura de carbono requiere identificar y organizar la información referente a la ejecución del proyecto. La información que se deriva de la aplicación de este análisis se presenta en la Tabla 1 y en la Figura 3. 4.2 Sistemas socio ecológicos (SSE) El modelo básico en el que se enmarcan los Sistemas Socio-Ecológicos (SSE) que construye Ostrom (2009), cercano al IAD (Ostrom 2011; Ostrom 2005), Se presenta en su forma más sencilla en la Figura 4. Este modelo discrimina las escalas y es elaborado para la dinámica de sistemas locales. En esta forma, existen cuatro grupos de subsistemas. Si se tiene en cuenta la escala, el modelo contempla dos escalas: la individual (donde hay unidades de recurso y usuarios) y la grupal (donde están los usuarios). También puede hacerse una diferencia por sistemas ecológicos (unidades y sistemas de recursos) y sociales (usuarios y sistemas de gobierno). Estos subsistemas componen un sistema mayor, que a su vez está en relación con otros sistemas del mismo orden y está inmerso en sistemas mayores. La dinámica de estos sistemas está en las interrelaciones dentro del sistema entre usuarios, sistemas de gobierno, sistemas de recursos y unidades de recursos, que determinan unas propiedades emergentes tales como instituciones (especialmente informales) de cuyo éxito depende la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Hay que notar aquí que el sistema del que hacen parte los AR-MDL no es exclusivamente de propiedad común o propiedad privada; de hecho lo que debe introducirse en su análisis es la heterogeneidad de sistemas de propiedad (Ostrom, 2003). En este caso los regímenes de derechos de propiedad pueden acercarse más a la propiedad privada en el caso del suelo sobre el que se van a sembrar los árboles. Pero las condiciones sine qua non (captura de carbono y desarrollo sostenible) implican un análisis desde los derechos más cercanos al uso común pues la mitigación del calentamiento global, la

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disminución de la polución local, o los regímenes hídricos y la biodiversidad que puede llegar a ofrecer el sistema forestal en conjunto no caben dentro de la concepción de la propiedad privada. Adicionalmente, la generación de sistemas de monitoreo y la solución de diferencias entre actores tiene un carácter que trasciende los límites de la propiedad privada y llega a ser fundamental para el proyecto mismo. En este sentido, es más fácil lograr la gobernanza de los bienes comunes si: (i) existe la posibilidad de monitoreo y verificación de la información a un bajo costo; (ii) La comunidad que usa el recurso es relativamente estable, es decir, si las tasas de cambio de recursos, de población de la comunidad y de variables tecnológicas, sociales y económicas, son más bien estables; (iii) existe una comunicación continua entre miembros de una comunidad que es un capital social inicial en forma de redes sociales densas; (iv) se puede generar exclusión a individuos que no pertenecen a la comunidad a un bajo costo, (v) conocimiento por parte de los miembros de los posibles beneficios y riesgos de los cambios en las normas, (vi) los participantes planean permanecer en la misma área por largo tiempo por lo que no descuentan el futuro y (vii) unas reglas de elección colectiva que disminuyan los costos de transacción (Dietz, et, al., 2003; Ostrom, 2003). En relación a la escala, es importante tener en cuenta que los bienes comunes globales, como el clima, y los bienes comunes locales, como los servicios ecosistémicos que ofrece un bosque, están interrelacionados, al igual que los sistemas institucionales globales y los locales (Ostrom, et al., 2002). Sin embargo, el marco que se ha presentado hasta aquí consiste en un análisis de una sola escala, y la naturaleza de los MDL es distinta pues integra escalas de decisión globales, criterios nacionales, incidencias regionales e impactos locales; por tanto, el análisis debe incluir la interacción entre escalas. La preocupación por la toma de decisiones consensuada que muestra casos de éxitos en promover la sostenibilidad de sistemas de recursos a niveles pequeños, específicamente locales, resulta más problemática a niveles superiores, y especialmente en el marco internacional, como lo es la UNFCCC. Una de las propuesta ha sido la de extrapolar las experiencias de las dinámicas locales a las escalas mayores (Ostrom et al., 1999; Dietz et al., 2003). Berkes et al. (2003) utilizan un enfoque de resiliencia de los SSE, en el que extienden la aplicación del concepto ecológico. Fundamentalmente lo que quiere decir esto es que los SSE, que están sujetos a cambios y perturbaciones constantes, al momento de enfrentarlos pueden de cierta forma asimilarlos sin tener que sufrir cambios drásticos en sus esquemas de funcionamiento. Esto depende seriamente de la auto-organización de la que sea capaz el sistema y de su habilidad para aprender y adaptarse a las nuevas condiciones. Para entender los impactos que se generan sobre los SSE los autores implementan el concepto ecológico del disturbio

(ya sea externo o interno) y resaltan el papel de la memoria ecológica y social para lidiar con estos eventos. Adicionalmente, Davidson-Hunt y Berkes (2003) hacen mención de tres tipos de ocurrencia de eventos (llamados sorpresas por los autores) en relación con la incertidumbre. El primer tipo consiste en eventos o disturbios que pueden solucionarse a nivel local, como resultado del aprendizaje de uno o unos pocos individuos por medio de interacción. El segundo caso incluye aquellos cambios a nivel regional o global cuya solución requiere interacción institucional entre escalas. El tercer caso, que consiste en aquellos eventos que son totalmente nuevos, en la medida en que se encuentran fuera de la experiencia humana. Desde esta perspectiva la “resiliencia emerge del inventario institucional de una sociedad para lidiar con estos tres tipos de sorpresas” (DavidsonHunt y Berkes, 2003 p. 63). La interacción entre escalas es bastante clave, pues muchas de las respuestas institucionales ante fenómenos complejos, especialmente ambientales, tienen que ver con la habilidad de comunicación, organización y cambios a diferentes niveles. Desde la perspectiva de Berkes et al., (2003) se diferencian las características cíclicas y evolutivas de los sistemas tanto sociales como ecológicos y se proponen los momentos de crisis como puntos de reestructuración sistémica, de la que no escapa la renovación institucional. Estos ciclos se constituyen por medio de una integración entre escalas de fenómenos que integran la importancia del espacio y el tiempo. Una de las ideas claves que manejan, es que los ritmos de cambio son de proporción inversa a la escala del fenómeno. De otra parte, Young (2002) menciona que hay que tener en cuenta que tales interacciones generan choques entre esquemas de instituciones comunales, muchas veces informales, que no han entrado aún en las economías de mercado y las instituciones regionales y nacionales que son formales y por su cercanía a la economía de mercado optan por la explotación sin respetar la sostenibilidad. El principal mensaje del autor es que la relación interinstitucional no siempre es de intercambio bilateral, sino que puede darse de manera unilateral, a modo de imposición, y que generalmente se da de la escala superior a la inferior. Uno de los problemas a los que se enfrenta la institucionalidad de los MDL hoy es justamente esa, ya que en una crisis como la actual se requiere un cambio institucional que permita la sostenibilidad global tanto como la local (Berkes et al., 2003). Al replicar este mensaje al caso de los AR-MDL, hay que notar que las instituciones de orden global (UNFCCC) se centran en la sostenibilidad del clima global, en las responsabilidades de las naciones y en la participación de los poderosos (como fue el caso de Australia y como sigue siendo el caso de Estados Unidos frente a la ratificación del Protocolo de Kioto). Las instituciones de orden nacional (AND) emiten

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el concepto de aceptación en relación al aporte al desarrollo sostenible que genere un proyecto, pero los proyectos en sí generan impactos de orden local y regional, de modo que entran a interactuar con las instituciones de dichas escalas (Mora-Motta, 2011). Ante la dinámica propia de los ARMDL, existe incertidumbre por la capacidad y volumen de representación que poseen los intereses locales y regionales respecto a la toma de decisiones frente a las escalas nacional y global. 4.3 Sistemas Co-Evolutivos (SCE) Las raíces de la co-evolución se encuentran en perspectivas de la biología que buscaban vincular los cambios en los sistemas biofísicos a los que ocurren en lo social. No obstante, después se vinculó la co-evolución más desde una perspectiva que busca un entendimiento de la realidad compleja, que interrelaciona cambios que se dan dentro de las esferas sociales y que inciden sobre aquellos elementos del mundo natural y viceversa. En resumen, se trata de un enfoque en-

dar y seleccionar, teniendo en cuenta los procesos que están inmersos en otras esferas y viceversa. Tales procesos pueden darse en cualquier tipo de unidad de análisis en un sistema complejo (Nogaard y Kallis, 2010). Es en este contexto que Norgaard y Kallis (2010) hablan de co-evolución socioecológica, donde los sistemas biofísicos no sólo dependen de sus fluctuaciones naturales sino de las decisiones sociales, al igual que los mismos SSE de los que se viene hablando. Gual y Norgaard (2010) plantean una síntesis de los sistemas co-evolutivos por medio de una teoría que se enfoca en diferenciar claramente entre sistemas y procesos, planteando dos interrogantes: “1) cuáles son las unidades básicas, características y modos de cada uno de los procesos, y 2) cómo esos procesos se relacionan entre si creando la coevolución sistémica que parece estar formando la vida en nuestro planeta” (Gual y Norgaard, 2010, p. 711). Los autores identifican algunos procesos generales que van modificando los sistemas. Desde el punto de vista biofísico manejan una concepción de procesos macro y micro. Los macro consisten

Figura 5. Procesos co-evolutivos globales en los que surge el MDL como propuesta institucional para enfrentar el cambio climático y aportar al desarrollo sostenible. Fuente: Elaboración propia a partir de Gual y Norgaard (2010)

caminado a explicar los retos reales del desarrollo sostenible en un mundo en que los impactos ambientales son demasiado grandes, teniendo en cuenta que existe una interacción múltiple entre sistemas de valores, de conocimiento, de organización, tecnológicos y ambientales (Norgaard, 1994). El concepto de co-evolución resulta clave para el análisis ya que constituye una visión en la que el desarrollo dinámico de sistemas con características propias puede variar, here-

en la interacción entre las condiciones abióticas del planeta, como el clima, con las formas de vida. Los micro, hablan de la modificación genética de los organismos. La primera afecta la evolución de las culturas y la segunda la evolución del homo sapiens. La evolución cultural, que incluye unidades de individuos, grupos, instituciones, tecnologías, etc., afecta a su vez la evolución biológica (e. g. modificaciones genéticas) y la de

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las condiciones abióticas (e. g. calentamiento global). Estos procesos van modificando el papel de los sistemas y su forma de relacionarse. El reconocimiento de la co-evolución de los SSE lleva a la necesidad del análisis de la sostenibilidad de los sistemas

relacionados y no de los elementos por separado, teniendo en cuenta, además, que la sostenibilidad de un SSE tiene que evaluarse con los procesos evolutivos de largo plazo, y es por tanto clave identificar las variables más relevantes para llevar a cabo este objetivo (Ostrom, 2009).

Tabla 2. Enfoques de tipos de modelos enfocados al desarrollo sostenible

Clasificación del modelo

Tipo de modelo

Modelos de visualización pictórica

Diagramas de flujo, gráficos y dibujos

Modelos cuantitativos

Basados en matemáticas, estadísticas o análisis sistémico

Macroeconómicos; de equilibrio general; de optimización; de dinámica del sistema; de redes bayesianas; simulaciones de múltiples agentes.

Modelos físicos

Creación y/ recreación de varios ecosistemas

Agua; energía; construcciones y diseño urbano; recreación del hábitat; manejo de la polución y deshechos, incluyendo ecología industrial; toxicidad; entre otros.

Modelos Conceptuales

Se basan en escenarios e incluyen los límites del ambiente natural y los impactos negativos sobre este.

Límites al crecimiento; ‘invierno nuclear’; escenarios futuristas.

Modelos de estandarización

Basados en el desarrollo y los indicadores.

Listas y descripciones; aplicaciones en lo local; felicidad nacional bruta.

Los procesos co-evolutivos tienen que ver principalmente con la forma en que todo el sistema global evoluciona. En la Figura 5 se expone una interpretación de cómo la coevolución de diferentes procesos llevó al cambio climático y posteriormente a figuras institucionales como el MDL, pero queda por ver que tan efectivas son estas para enfrentar los efectos en todas las esferas (humana, biósfera y atmósfera). Aunque este esquema no esté tan cerca de los otros dos, pues parecen perderse de vista los niveles locales, tal apariencia no puede existir porque la lógica misma de los problemas ecológicos de hoy, y de las instituciones que responden a ellos deben involucrar la preocupación de verticalidad de la que se habló, es decir, no pueden simplemente desligar las escalas y hablar del globo olvidando lo local, o viceversa; al igual que no se puede perder de vista la dimensión de las naciones. 4.4 Los modelos basados en agentes como una posibilidad para la modelación en estos casos. La modelación del desarrollo sostenible ha tenido un numeroso cuadro de enfoques resumido por Todorov y Marinova (2010): (ver Tabla 2). A pesar de las variadas perspectivas, los autores identifican que los nuevos desarrollos deben encaminarse hacia la construcción un paradigma co-evolutivo (refiriéndose a la evolución conjunta de interacción entre lo humano, lo económico y lo natural) teniendo en cuenta que el ser humano, inmerso en un mundo natural, ha construido su nuevo entorno (el económico) en detrimento del primero, y “… esta ‘segunda naturaleza’ [refiriéndose a la esfera económica] irónicamente es ahora un peligro para la naturaleza del

Ejemplos

planeta” (2010, p. 8). Aunque los autores están más preocupados por los modelos que representen una dinámica global, reconocen la importancia de los modelos de sistemas socioecológicos (SSE) a nivel local. Los Modelos Basados en Agentes (MBA) consisten en una importante herramienta para tratar este tipo de sistemas. Los MBA tienen una base empírica que puede constituirse de varias formas. Si hay bastantes sujetos a modelar, pueden usarse estudios de casos (como contexto) o hechos estilizados (como generalización); en cambio, si hay pocos sujetos, pueden usarse juegos de rol (como contexto) o experimentos de laboratorio (como generalización). Adicionalmente, debe describirse explícitamente el proceso de decisión de los agentes a nivel micro, y el nivel macro surge de la interacción (Janssen y Ostrom, 2006b). Ha habido desarrollos muy importantes respecto del enfoque de los SSE que permitirían una aproximación adecuada para el presente tema. Janssen y Ostrom (2006a) hacen una presentación muy apropiada de los SSE y tienen un estudio riguroso de trabajos que utilizan los MBA para casos concretos. Las razones que dan para utilizar los MBA como metodología para el estudio de los SSE son las siguientes: • “La decisión de los agentes se basa en reglas internas de decisión • La inclusión explícita de las interacciones entre agentes ayuda a integrar la visión de la comunicación como medio de manejo de dilemas sociales. • Los MBA se acercan a modelos de la ecología • Los MBA sirve para modelar sistemas adaptativos complejos

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• Los MBA permite tratar explícitamente el problema de la escala” [traducción propia] (Janssen y Ostrom, 2006a, p. 1472) Adicionalmente, los autores mencionan que los SSE son: i. Sistemas compuestos por componentes biofísicos y sociales, ii. Sistemas donde los individuos con conciencia propia invierten tiempo y esfuerzo en desarrollar formas de infraestructura física e institucional que afecte la manera en que el sistema funciona en el tiempo, iii. Sistemas con diversos disturbios externos y problemas internos, iv. Sistemas que están incrustados dentro de una red de relaciones entre componentes de menor o mayor escala. Figura 6. Una propuesta conjunta.

5. Hacia una propuesta de análisis desde el uso conjunto de metodologías IAD, SSE y SCE Como estas propuestas no han estado nunca separadas, se han desarrollado de la mano con características propias pero no disonantes. Es importante resaltar que las tres metodologías de análisis buscan, o tienen como una de sus preocupaciones fundamentales la sostenibilidad. Este concepto de sostenibilidad no debe ser entendido como el mantenimiento de un ecosistema en particular ni como la capacidad financiera de auto-sostenimiento de un proyecto, sino como el conjunto de características básicas desde perspectivas complejas que requieren sostenerse integrando las características de los mundos ecológicos y sociales. Las tres perspectivas reúnen una propuesta de análisis evolutivo o más precisamente co-evolutivo, del que resulta fundamental el análisis del cambio institucional. También se integra el papel de los sistemas locales en la consecución de la sostenibilidad, y desde las tres perspectivas se resalta la forma en que se debe trabajar desde lo local para su construcción, implicando todo en la descentralización de las decisiones (Norgaard, 1994; Davidson-Hunt y Berkes, 2003). El papel de las escalas es muy importante en la aplicación de eventos o contingencias de los niveles más elevados, y envuelven mayor interacción institucional y capacidad de aprendizaje y auto-organización para solucionarlos o adaptarse a las nuevas condiciones (Berkes, 2002). No se está proponiendo un cambio en las metodologías sino un complemento. En este punto son relevantes las interacciones entre los subsistemas de los SSE como un proceso de co-evolución, a partir de los cuales se identifican los elementos emergentes. En este punto cabe resaltar la IAD, pues los elementos emergentes más importantes son los arreglos institucionales, compuestos por instituciones heterogéneas. El desarrollo sostenible es otro resultado emergente de largo plazo que depende de las instituciones, y su habilidad para encajar dentro del sistema, de modo que no se destruyan los

Fuente: desarrollo propio basado en los esquemas de las figuras 4 y 5.

sistemas de recursos, ni los mismos sistemas sociales. En este sentido, las variables que co-evolucionan son las más importantes. En términos conceptuales, una noción de síntesis puede verse en la Figura 6. Allí, se asume principalmente el esquema de los SSE (Figura 4), pero la clave es que en las interacciones –que son la clave del logro o falla de la sostenibilidad–, actúan más directamente los sistemas superiores y otros sistemas de nivel local, generando unos resultados que de igual manera impactan en los diferentes SSE. 6. Los proyectos AR-MDL estudiados desde el uso conjunto de estas metodologías Al realizar una descripción de las características de los AR-MDL desde este conjunto de marcos metodológicos se identificó un conjunto de caracterizan comunes:  Los poseedores de la tierra pueden ir desde pequeños campesinos, a grandes terratenientes.  La diversidad de tipos de propiedad de la tierra puede ser privada, pública, y/o común. Las reglas contractua les claras ay udan a l proyecto, especialmente a la hora de reconocer la distribución de los PSA, que dependen de las estructuras de propiedad.  Presentan características multi-escala. Aunque la aplicación del proyecto sucede en el orden local y afecta a las comunidades locales, las instituciones de desarrollo y ambiente a escala regional se encuentran vinculadas al proceso. La reglamentación a escala nacional es decisiva, a sí como los c r iter ios de sosten ibi l id ad.

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Adicionalmente, debe observarse la escala global al interior de la cual se ubica la verificación de la reducción de emisiones y el mecanismo de precios que define la rentabilidad de los proyectos.  El capital social de orden local que se involucra en el proyecto es indispensable para el desarrollo del proyecto y su sostenimiento en el tiempo, así como el aporte al desarrollo sostenible.

Este conjunto de características entra a trabajar con el conjunto de elementos e interacciones que involucran este tipo de proyectos. Las características básicas se esquematizan en el modelo conceptual presentado en la Figura 7. Al observar esta figura no se puede olvidar que el proceso co-evolutivo, en el que intervienen reglas de mayor tamaño puede incidir fuertemente sobre lo que ocurre a nivel local. Por las estructuras de los Estados-nacionales las reglas de orden nacional tienden a ser muy fuertes y en casos de cen-

Figura 7. Desarrollo de proyectos forestales de captura de carbono analizados de manera conjunta desde el Marco de Análisis y Desarrollo (IAD) y Sistemas Socio-ecológicos. Fuente: Elaboración propia, a partir de Ostrom (2011).

tralización del poder, los resultados pueden ser la imposición de la institución nacional sobre la local. Pero si las instituciones se retroalimentan pueden fortalecerse mutuamente, como muestran Corbera, Estrada y Brown (2009). De igual forma, el trabajo de estos autores encuentran que las reglas del MDL pueden ser impositivas, tal como lo exponía Young (2002), al ser las instituciones de ordenes mayores las que generalmente adquieren mayor fuerza e imponen su autoridad sobre las locales. En la Figura 7, puede verse que el enfoque se hace sobre los subsistemas sociales. Aunque la aplicación se lleva a cabo localmente, el sistema de gobernabilidad muestra que actores externos a la escala local inciden en ese sistema, como

por ejemplo la Autoridad Nacional Designada (AND), lo que puede generar tensiones e incluso conflictos. De igual manera, la heterogeneidad de participantes, en el sistema de usuarios, puede terminar en inconformidades (como en el caso del proyecto de China), que podrían trascender a conflictos. En los casos de Colombia ha sido posible la identificación especialmente de las instituciones formales y algunas características de las informales, pero queda por investigar más a fondo como se desarrollan y evolucionan las reglas informales a nivel local. También queda por investigar esa asociación o disociación entre las políticas nacionales y estos mecanismos al ser desarrollados mediante proyectos concretos.

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7. Conclusiones Con la preocupación que genera el cambio climático sumada a preocupaciones por el desarrollo sostenible que involucran las necesidades de los países en desarrollo, el presente trabajo se centró en analizar tres metodologías existentes, una con más trayectoria (la IAD) y otras más recientes (SSE y SCE) y buscó generar una metodología conjunta que permita entender de un modo más amplio las complejidades de proyectos de captura de carbono. Inicialmente el trabajo recoge algunos casos de proyectos de captura de carbono y resalta algunas de sus características. Aunque se menciona el primer proyecto MDL forestal, que se desarrolla en China, por algunas de las dinámicas que identifica el estudio, se recogen trabajos que han analizado diferentes casos en Latinoamérica. Los estudios en general resaltan que las instituciones, entendidas como el conjunto de códigos, reglas y rutinas que condicionan una situación, son muy importantes para generar PSA, para su distribución y en relación al capital social necesario para llevar a cabo el proyecto. En los proyectos colombianos, las instituciones de importancia para la sostenibilidad del proceso fueron: la concertación previa con propietarios del suelo, el diseño de los beneficios derivados del proyecto, establecimiento de una agenda de actividades sociales de la mano de la agenda de actividades técnicas, socialización del proyecto entre la población local de las distintas fases del mismo, derechos de propiedad definidos, procesos de concertación antes y durante el diseño y ejecución del proyecto y canales para la comunicación fluida entre funcionarios del proyecto y la población local. El trabajo pasa a exponer los diferentes tipos de metodología de análisis. En primer lugar explora la IAD, que consiste en identificar las interacciones que se dan en una situación específica (Action Arena), y analizar los agentes que intervienen con los procesos donde estos se ubican (Action Situation). La segunda metodología tenida en cuenta son los SSE, que son sistemas complejos que reúnen cuatro subsistemas: desde el lado ecológico están las unidades de recurso y los sistemas de recurso; desde el lado social se encuentran los usuarios de los recursos y los sistemas de gobierno; la clave aquí es que estos sistemas generan unas interacciones y unos resultados emergentes, que en últimas van a garantizar la sostenibilidad del sistema, y tienen como ventaja frente a la metodología anterior que relacionan la parte ecológica, pero puede perder foco la institucional. La tercera son los SCE, que suponen que los diferentes sistemas sociales y naturales evolucionan siguiendo patrones de adaptación y aprendizaje, y aunque cada uno de estos tenga características propias, la parte ambiental y la social van interactuando en cuanto a su evolución, es decir, co-evolucionan. Esta perspectiva trae ventajas para enmarcar las dinámicas interrelacionadas a

diferentes niveles que complementa las visiones anteriores permitiendo ver la misma dinámica con una óptica más amplia pero menos específica. Posteriormente el trabajo hace un recuento de algunas formas de modelar y resalta el papel de los modelos basados en agentes. El aporte principal del presente trabajo consiste en rescatar las características comunes de estas tres perspectivas, enfatizando especialmente en la interacción fuera de una sóla escala, dada la necesidad de entender mecanismos complejos como el MDL, o relaciones entre los sistemas naturales globales con los locales. La metodología conjunta permite una forma de caracterizar mejor la forma en que los actores y sistemas de gobierno interactúan en un sistema socioecológico que es afectado por un proyecto MDL forestal. Finalmente queda por mencionar que, en términos prácticos hace falta mucha investigación, principalmente de las interrelaciones entre escalas, que puedan conectar mejor las metodologías, y de la identificación de instituciones informales. Otra cara de la investigación puede correr por la modelación basada en agentes, utilizando las caracterizaciones de la presente metodología. REFERENCIAS Berkes, F. (2002). “Cross-scale institutional linkages: Perspectives from the bottom up”. En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. Washington D. C.: National Academy Press. Berkes, F., Colding, J. y Folke, C. (2003). Introduction. Navigating socialecological systems: building resilience for complexity and change. pp. 1-29. Cambridge: Cambridge University Press. Boyd, E., Hultman, N., Roberts, T., et al. (2009). Reforming the CDM for sustainable development: lessons learned and policy futures. Environmental Science & Policy 12, pág. 820-831. Boyd, E., Gutierrez, M., y Chang, M. (2007). Small-scale forest carbon projects: Adapting CDM to low-income communities. Global Environmental Change. Vol. 17. pp. 250-259. Boyd, E., May, P., Chang, M., y Veiga, F. (2007). Exploring socioeconomic impacts of forest based mitigation projects: Lessons from Brazil and Bolivia. Environmental Science & Policy. Vol. 10. pp. 419-433 Brown, K., Adger, W. N., Boyd, E., Corbera-Elizalde, E., y Shackley, S. (2004). How do CDM projects contribute to sustainable development? (Rep. No. 16). Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research. Corbera, E; Estrada, M. y Brown, K. (2009). “Reducing greenhouse gas emissions from deforestation in developing countries: Revisiting the assumptions. En: Climatic Change. Vol. 100. Nos. 3-4. pp. 355-388. Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare- CORNARE (2006). Plan de ordenación y manejo de la cuenca Abreo-Malpaso, municipio de Rionegro. El Santuario: Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare- CORNARE.

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Reflexiones sobre la situación actual del mecanismo REDD en Colombia Alexandra Salinas-Salinas*

Resumen REDD o “reducción evitada de emisiones por deforestación y degradación” es un esquema económico que aporta a la mitigación de gases efecto invernadero (GEI) mediante la reducción de emisiones contaminantes de la atmósfera, evitando la deforestación y la degradación de los bosques naturales. En este sentido el presente artículo tiene como objetivo abordar algunos elementos de análisis sobre la respectiva propuesta REDD, y aquellos criterios priorizados sobre los cuales es posible su adaptación en Colombia mediante capacidades técnicas y financieras del instrumento económico y la situación actual del mecanismo. * Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Ambiente y Desarrollo Local. Candidata a MSc en

Palabras clave: cambio climático, bienes comunes, carbono, deforestación, emisiones, gases de efecto invernadero (GEI), REDD.

Desarrollo Sustentable y Gestión Ambien-

Abstract

tal de la Universidad Distrital Francisco

REDD “reduction of GEI emissions avoided by deforestation and degradation” is an economic scheme that

José de Caldas, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

contributes to the mitigation of greenhouse gases (GHG) by reducing emissions trough avoiding deforestation

(PNUD), investigadora e integrante del

and degradation of natural forests. In this sense this article is to present elements of analysis on the issue

Grupo de Trabajo Interdisciplinar en Cambio Climático (GICC) de la Facultad

proposed REDD “reduction of GEI emissions avoided by deforestation,” prioritized criteria on which it is

de Ciencias Económicas de la Universidad

possible to adapt in Colombia technical and financial capabilities of the instrument and the situation REDD

Nacional de Colombia.

current mechanism in Colombia.

Correo personal: alexasalinas@yahoo. com

Keywords: carbon sequestration, climate change, commons, emissions, greenhouse gases (GHG) REDD.

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1. Introducción

Colombia es un país ecuatorial-intertropical, con aproximadamente 2.129.748 Km2 de extensión continental y marítima (Molano, 2001). De las cuales cerca de 55 millones están cubiertas por bosques naturales, 59% del territorio (606.340 km2) convirtiéndolo en un país con un gran potencial para la reducción de carbono (IDEAM, 2004). Adicionalmente, el país ocupa el séptimo puesto a escala global en contener la mayor parte de “frontera forestal” (FAO, 1990). Bajo estas circunstancias, se afirma que países cuyas potencialidades ecosistémicas podrían llegar a reducir aproximadamente 1,5 gigatoneladas de carbono en un período de 10 años evitando la deforestación, como estrategia en la mitigación frente al cambio climático (Miles et al., 2002, citado por el enviado de Papúa Nueva Guinea y Costa Rica a la UNFCCC); de esta forma Colombia se encuentra negociando propuestas sobre las cuales implementar acciones del mecanismo de “reducción evitada de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por deforestación y degradación” (REDD) soportada en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC); y articuladas al fortalecimiento de la capacidad técnica del país, para responder a los requerimientos tecnológicos, humanos e institucionales asociados con el desarrollo de proyectos orientados a este mecanismo (Ortega, et. al., 2010). De acuerdo con los compromisos en la pasada Conferencia de las Partes sobre el cambio climático (CoP) realizada en Copenhague, en la cual se concluyó que dicho fenómeno es responsable de hasta un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) totales, el gobierno colombiano puso de manifiesto dentro de sus prioridades reducir la deforestación (Denman et al., 2007). Esquemas como REDD aportan a la mitigación de GEI evitando la deforestación y la degradación de los bosques naturales. REDD+, por su parte, es un enfoque en donde, además de las actividades asociadas a la reducción de las emisiones por deforestación y degradación forestal, se incluyen el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de las existencias de carbono forestal generando beneficios sociales y ambientales (Ortega, et. al. 2010). Sin duda esta temática es relevante a escala nacional pues de alguna forma permite orientar esfuerzos para reducir las emisiones. En este sentido el presente artículo tiene como objetivo abordar algunos elementos de análisis sobre la respectiva propuesta REDD, y aquellos criterios priorizados sobre los cuales es posible su adaptación en Colombia mediante capacidades técnicas y financieras del instrumento económico y la situación actual del mecanismo. 2. Contexto nacional de la deforestación: Causas y tendencias La cobertura boscosa del país se caracteriza por ocupar el séptimo lugar en el mundo con mayor área de cobertura

forestal en cuanto a bosques tropicales se refiere (FAO, 1990). Estos están representando el 6,42% de la oferta total para la región tropical de América del Sur y el 1,5% de los bosques del mundo y se ubica como el segundo con el mayor número de especies de plantas en su interior (WRI, 1997, citado por IDEAM, 2001). Hasta 1990, se estimaba que la tasa de deforestación era de 600.000 hectáreas por año. Las causas por las cuales se atribuía la deforestación durante esta época eran, en orden de importancia: la expansión de la frontera agropecuaria y la colonización (73,3%), la producción maderera (11,7%), el consumo de leña (11,0%), los incendios forestales (2%) y los cultivos de uso ilícito (2%) (MAVDT, 2010). Recientemente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) calculó para el periodo de 1994 a 2001 una tasa promedio de deforestación de aproximadamente 118.303 ha/año (IDEAM, 2002), lo que equivale a una reducción anual de un 0,18% de la cobertura forestal nacional (MAVDT, 2009). Para el período 2000-2007 se reporta que la tasa de deforestación promedio anual era de aproximadamente 300.000 ha/año. Se señala en análisis recientes realizados por el IDEAM (2009) que en Colombia, en cinco años, durante este período fueron deforestadas 2.356.000 hectáreas de bosque, siendo las regiones de la Amazonia, Caribe –donde se afirma que desapareció el 12% de su cobertura boscosa–, y el Chocó biogeográfico, que incluye sectores del Baudó, Darién, Nariño y Cauca; las más afectadas. Además son identificados puntos críticos de explotación in-sostenible de los bosques en los Montes de María, en las Serranías de San Lucas y del Perijá, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el piedemonte Arauca-Casanare. En la tabla 1 es posible identificar la cobertura y proporción de deforestación por región siendo la Caribe la de mayor tasa de deforestación, seguida por Pacifico, Orinoquia, Andes y Amazonia; sin embargo se debe tener en cuenta que el porcentaje comparado con la Región Andina, Orinoquia y Amazonia es relativo dado que la cobertura en bosque es mucho más alta; por tanto es relativa la afirmación enunciada por IDEAM (2009). Las tendencias de cambio de los principales ecosistemas del país deben ser ajustadas a un análisis detallado espacial con sus respectivas verificaciones de campo; aunque se suman esfuerzos por presentar información actualizada en cuanto a los grados de transformación agrupadas por tipos y unidades de clasificación, son evidentes las divergencias de los datos de acuerdo con la fuente, tal como se puede observar en la tabla 2, oscilando los porcentajes entre 40-70% para ecosistemas no transformados y entre 31-52% para transformados. Estos datos se comparan con las tasas de deforestación de otros países suramericanos (tabla 3), donde es posible deducir que en Colombia no son tan significativas siendo

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Tabla 1. Cobertura y proporción de deforestación por Región Región

Área Total

Cobertura (ha) 2000

2007

% Área de Bosque

Andes

29.338.900

10.468.022

9.889.395

34%

Pacífico

6.814.490

5.406.860

4.935.363

72%

9% 7%

% Deforestado

Orinoquia

16.747.700

3.900.636

3.645.143

22%

Amazonia

46.147.600

41.980.236

41.248.876

89%

Caribe

15.163.600

2.611.432

2.291.346

15%

12%

Total

114.212.290

64.367.189

62.010.741

Fuente: Realizado a partir de IDEAM (2009) y citado por MAVDT (2010). Tabla 2. Grado de transformación de ecosistemas naturales del país en relación con la superficie total

Fuente: Tomado de MAVDT y PUJ (2009).

para el período de 2000-2005 de -0,1% a diferencia de Chile con 0,4% y Uruguay con 1,3% (FAO, 2005), sin embargo las diferencias en los estimativos de deforestación REDD constituye un escenario futuro de mantenimiento y restauración de ecosistemas. Con estos datos reportados es necesario efectuar un ajuste cuantitativo por sectores productivos con el objeto de identificar específicamente los factores de disturbio. En términos de mecanismos como REDD se tienen los valores de referencia sobre los cuales establecer pautas de valoración y negociación teniendo presente además el contexto ecosistémico, socioeconómico y político.

2.1 Contexto de las emisiones reportadas La prioridad definida a través de REDD es la reducción de emisiones por deforestación, si bien en el contexto presentado anteriormente es escasa la articulación con los sectores productivos, se puede contar con una aproximación de datos proporcionados por el IDEAM (2009) en donde se expresa el equivalente en emisiones de CO2 por sectores que más emisiones de GEI aportaron en el año 2004: agricultura (38%); energía (37%); y uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés) (14%), seguidos por: residuos sólidos (6%) y procesos Industriales (5%). Al sumar las emisiones totales de los módulos de agricultura

Tabla 3. Cambio en extensión de los bosques y de las otras tierras boscosas 1990 – 2005

Fuente: Tomado de FAO (2005).

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con los de LULUCF, se hace relevante el aporte que tiene el sector agropecuario (aprox. 50%) de las emisiones totales (Gráfico 1, tabla 4). De acuerdo con estos datos es posible inferir que las mayores emisiones provienen del sector agrícola; sin embargo dado que los datos se manifiestan en CO2 equivalentes1 , el sector que en este caso genera los mayores aportes de emisiones es el energético a través del transporte. En términos generales, de acuerdo con el inventario de GEI para el año 2004, se reporta un aporte de 0,37% (180.010 gigagramos) del total emitido en el mundo (49 gigatoneladas), se afirma que las emisiones individuales (per cápita) están por debajo del valor medio mundial y muy distante de los valores registrados para Europa, Asia Occidental y Norteamérica, en donde la deforestación y degradación de los bosques se ha calculado entre 12-20% de las emisiones globales de carbono antropogénico (IPCC, 2007; van der Werf et al., 2009; CAIT, 2010) sin embargo se sabe que una de las 1

Las cantidades de emisiones contaminantes por distintos ti-

pos de gases, al incidir de manera diferente en el efecto invernadero, de acuerdo a las metodologías establecidas por los mecanismos de mitigación al cambio climático, deben expresarse en cantidades equivalentes de CO2, (e. g. el metano equivale aproximadamente a 21 veces el efecto producido

fuentes primarias de emisiones en estos países es la energética tal como se mencionó anteriormente (Chichilnisky, 2010). A este inventario se suma información de la base de datos de la Herramienta de Indicadores de Análisis Climático (CAIT) (The Climate Analysis Indicators Tool of the World Resources Institute, Washington, D.C.) en donde se presenta un resumen con los 30 principales países responsables de emisiones por deforestación en el año 2000, dentro de los cuales Colombia ocupaba para dicho momento el puesto 12 con 106,11 Mt de CO2 equivalente a 1,4%. Países como Brasil e Indonesia contribuyen con más del 50% de las emisiones mundiales provenientes de la deforestación. Estos datos agrupan los “países en desarrollo” para definir la magnitud de las emisiones junto a la pérdida de bosques (ver tabla 3, FAO, 2005) y así determinar la relevancia del mecanismo REDD en estos países. A partir de los datos citados es posible afirmar el mínimo aporte de Colombia frente a las emisiones mundiales, sin embargo este tipo de estrategias han ratificado el interés de implementar políticas que promueven el desarrollo sostenible articulado con la reducción de emisiones mediante un proceso uso consciente de los recursos forestales en la actualidad.

por el CO2).

Gráfico 1. Participación de cada módulo (sector) y emisión total de GEI año 2004 Fuente: Tomado de IDEAM (2009). Tabla 4. Principal participación de módulos y actividades aportantes de GEI 2004.

Módulos y categorías principales Energía

Porcentaje (%) de CO2 equivalente

Transporte

12,1

Industrias de la energía

8,5

Industrias manufactura y construcción

7,3

Agricultura

Fermentación entérica

18,5

Suelos agrícolas

18,1

LULUCF (Cambio del Uso del Suelo)

Emisión de CO2 del suelo

4,1

Conversión de bosques y praderas

9,2

Residuos

Disposición de residuos sólidos en la tierra

5,0

Varios

Acumulado de los más representativos

79,8

Fuente: Realizado a partir de IDEAM (2009).

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2.2 Ámbito y escala de REDD Se han generado grandes controversias frente a la orientación de REDD. El punto de partida es comprender el ámbito y la escala propuesta durante la reunión de la Conferencia de las Partes en Montreal. En este sentido, como parte del Plan de Acción de Bali y la Hoja de Ruta de Bali, tratado en UNFCCC Decisiones 2–4/CP.13, Decisión 2/CP.13 dedicada a REDD (UNFCC. 2007); las discusiones se han ampliado en 2007 en donde se adicionan: “Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación y la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”. Es evidente que la naturaleza de las medidas como son deforestación y degradación así como un conjunto de opciones de mitigación deben ser caracterizadas de acuerdo con cada país, en el caso de Colombia la influencia de factores culturales y ecosistémicos es marcada lo que hace necesario generar información que permita validar estas medidas. Como se menciona uno de los criterios que genera grandes controversias es la definición de degradación forestal (Skutsch et al., 2007), manejo forestal sostenible y aumento de reservas de carbono. Por un lado el término de degradación forestal se puede adoptar de diversas formas especialmente relacionadas con actividades antrópicas como pastoreo excesivo y uso agrícola, sobreexplotación forestal, incendios, plagas y enfermedades. Estos factores de acuerdo con la FAO (1998) se manifiesta adicionalmente en forma de pérdida de calidad (o cambios en la composición de las especies y degradación del suelo). De acuerdo con las estrategias para minimizar emisiones como el manejo sostenible y aumento de reservas de carbono, aún existe más confusión pues se articulan estas acciones con el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) al incorporar acciones de forestación lo que en la práctica debe ser acompañado del control y verificación de que una acción no se duplique en varias estrategias. Al respecto cabe resaltar que se cuenta con información sobre las existencias en formación, que es: “conocida tradicionalmente como un indicador básico de la capacidad de los bosques para la producción de madera y han formado parte de las evaluaciones mundiales de recursos forestales desde los inicios de estas”. (FAO, 2005) Esta es una base para estimar biomasa junto con las existencias de carbono en gran parte de los países. En este sentido en la Tabla 5 se identifican las existencias en formación considerando aspectos comerciales (extracción de madera). Se estima que el promedio mundial de existencias

en formación equivale a 110 m3. Suramérica tiene 155 m3/ha y África Occidental y Central 189 m3/ha (FAO, 2005), siendo evidente que se encuentran por encima del promedio; esta información requiere actualización dado que a la fecha se presentan un sinnúmero de proyectos de reforestación con miras a alcanzar estos objetivos. Las evaluaciones forestales permiten –de forma complementaria a la anterior estimación de la extensión de existencias– complementar, articular y valorar las funciones sustanciales de los bosques a través de las fuentes de emisiones de carbono, en este caso el término empleado por REDD sobre aumento de reservas de carbono debe ofrecer información completa sobre todas las concentraciones de carbono como biomasa superficial y subterránea, madera muerta, hojarasca y carbono en el suelo hasta profundidades de 30 cm (FAO, 2005). En Colombia se ha estimado este contenido de carbono en algunos sistemas agroforestales especialmente en especies introducidas, dado el potencial comercial conocido (Refocosta, 2009). En la Tabla 6 es posible observar los promedios ponderados de las existencias de carbono para el 2005. Con respecto a la biomasa y a la madera muerta, se absorbe el 44% y 6% del total del carbono en ecosistemas forestales mientras que en los suelos y la hojarasca los valores son de 46% y 4% respectivamente (FAO, 2005). A través de esta información es posible inferir la escasez de datos y la necesidad de realizar investigaciones relacionadas con esta temática a fin de generar fuentes de datos de referencia sobre los cuales se puedan aplicar instrumentos de mitigación como REDD. 2.3 Implicaciones financieras de REDD en Colombia Como se ha mencionado anteriormente, el mecanismo REDD ha estado sujeto a diversas críticas, la principal por la controversia de delegar responsabilidades en la reducción de emisiones de carbono por parte de los países “desarrollados” hacia los países en “vía de desarrollo”, sin que los primeros asuman una obligación similar y equitativa, y puedan seguir generando contaminación sobre la atmósfera (Ortega, et al., 2010). Al respecto, se considera que el hecho de sustituir una economía basada en energía fósil a limpia es complejo, asimismo el hecho de implementar un esquema que permita su desarrollo. Conforme a lo anterior, los proyectos del MDL pueden resultar perversos dado que los países, empresas e industrias contaminadoras pueden reducir las emisiones a un costo más barato que en su sitio de producción (Bonilla, 2010). Este esquema no ha tenido los mejores resultados, dada su dependencia con las distorsiones de mercado como son las libres asignaciones de créditos de carbono, lo cual se traduce en una reducción de niveles que no compensan el daño de una tonelada de carbono ni estimula las inversiones en el campo.

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Tabla 5. Áreas de bosque y existencias en formación

Fuente: Tomado de FAO (2005).

Así por ejemplo, el precio establecido por el mercado no tiene ninguna relación con los costos ambientales reales (sociales y ecosistémicos), puesto que el daño generado por una tonelada de dióxido de carbono es al menos de unos US $85 en relación a los impactos sobre la agricultura, las inundaciones, la pérdida de biodiversidad, entre otros. Por otra parte, los precios establecidos en el mercado de carbono no han sobrepasado los US $42, un valor volátil que el período de crisis económica cayó a una tercera parte de su valor inicial (Stern, 2006). De esta forma se evidencia que a este mecanismo tiene en su origen fallas estructurales que no garantizan esquemas de mercado estables ni su viabilidad a largo plazo, asimismo es probable que el tema de las emisiones resulte en un absurdo escenario ambiental, inequitativo y contraproducente

dado que los países productores de altas emisiones mantienen poco compromiso y responsabilidad hacia la reducción. Además, se señala que la implementación de este mecanismo es ambiguo y poco claro, estimando que los costos de reducir la deforestación a la mitad y por lo tanto disminuir las emisiones globales hasta un 9% podría costar entre $US 7 billones a 28 US$ billones al año, costos que no incluyen procesos de aprestamiento, mecanismos de cumplimiento y verificación, entre otros (The economist b, 2009). De esta forma es posible considerar que un tipo de estrategias como estas son opuestas al contexto nacional colombiano, dado que entran a competir con rentas ilegales, control sin solidez y dependencia de mercados externos. De acuerdo con Verchot et al. (2010) una forma de poder dar solución a tales impactos negativos, sería atribuir responsa-

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Tabla 6. Comparación de Existencias de Carbono entre Colombia y países Suramericanos

Fuente: Tomado de FAO (2005).

bilidades en las reducciones de emisiones con respecto a la población cuyo consumo se caracteriza por el elevado uso de carbono, el cual se diferencia por individuos y no por naciones. Esta idea es relevante al inducir una mayor conciencia, acompañada del autocontrol y de los procesos autónomos. Lo anterior, puesto que si el sistema para realizar monitoreo a escalas geográficas por costos, personal requerido y tiempo es escaso y complejo; el seguimiento poblacional sería una herramienta que contribuiría de manera significativa en la implementación de estas estrategias. Todos estos aspectos relacionados con las implicaciones financieras conllevan a la articulación de temas tan relevantes como la gobernabilidad forestal, una herramienta priorizada en REDD como forma de alcanzar una buena gestión forestal en la mitigación de emisiones y control de deforestación basada en principios de transparencia, capacidad, responsabilidad, coordinación y participación. Los principios se basan en ocho componentes principales según Rayner, et al. 2010: i. Los instrumentos jurídicos no vinculantes sobre todo tipo de bosques (Auer et al. 2005). ii. El Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales. iii. Los esquemas de certificación forestal. iv. La aplicación de leyes forestales, gobernanza y comercio. v. El Convenio sobre Diversidad Biológica.

vi. El Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). vii. El Régimen de Cambio Climático. Estos componentes identificados se incluyen en dos importantes evaluaciones mencionadas a continuación, para la reconstrucción y determinación de la “intervención lógica” de un programa dentro de una aproximación en el enfoque de política (Linder y Peters 1984; Schneider e Ingram 1997; Weimer 1992): i. Diseño de políticas para que coincidan componentes básicos con sus objetivos, instrumentos de política, grupos de objetivo y criterios de selección de los objetivos frente a los instrumentos de política. ii. Examen del marco institucional y de sus interrelaciones con los componentes básicos (verificación de compatibilidad); de allí la necesidad de una eficaz coordinación y cooperación entre los actores involucrados que están orientados hacia la ordenación forestal sostenible. 2.3 Monitoreo, reporte y verificación Cabe señalar que se requiere incluir un programa de monitoreo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), junto con costos incrementales de las acciones implementadas y el desarrollo sostenible de beneficios colaterales. De acuerdo con Verchot et al. (2010) se requieren sistemas robustos de monitoreo forestal como de verificación. En relación a la información presentada anteriormente sobre la orientación de REDD en cuanto al incremento de reservas

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de carbono, no es clara la forma de efectuar evaluaciones de las emisiones de acuerdo con los diferentes reservorios de carbono, sin embargo para el contexto nacional colombiano se requieren investigaciones que permitan construir niveles de referencia asociados al contexto ecosistémico y por lo general analizar las emisiones netas que permiten consolidar el contenido de carbono en su totalidad y así definir el stock de acumulación. Se debe realizar un arduo trabajo para determinar la información por sectores, priorizar reservorios y determinar beneficios colaterales. 2.4 ¿Se afectan los bienes comunes con REDD? Otra noción que se discute en este artículo es la relacionada con la noción de bienes comunes, dado que estrategias como REDD debe generar una distribución justa de los beneficios obtenidos por su aplicación. Se puede deducir de acuerdo con Verchot et al. (2010) que la mayor parte de las propuestas recompensan a los emisores con tendencias altas excluyendo a quienes tienen tendencias bajas. En parte es posible disipar este malestar generado por medio de las diferentes orientaciones que tiene REDD+, de no ser así es posible vislumbrar un escenario que puede afectar acuerdos locales y no promover la cooperación basada en la confianza y reciprocidad de beneficios y principios de acción colectiva como los presentados por Ostrom (1990). La inequidad y racionalidad individualista de los agentes en lo local, amenaza la falta de cooperación para llegar a soluciones en relación con el funcionamiento de la reglas de distribución y de igual manera frente a la creación de mecanismos de participación flexibles. Estos dos puntos son importantes para lograr comportamientos de cooperación en la administración de los bienes naturales. En relación a lo anterior surge una preocupación sobre la capacidad que tienen los acuerdos internacionales para generar una macro-política forestal que promuevan un nuevo marco legal sobre las selvas tropicales en el mundo. Esta preocupación se evidencia principalmente en la amenaza que representa un gobierno global sobre los territorios en Colombia y frente a los territorios de comunidades con titulación colectiva (Ortega, 2010). Estrategias como REDD, deben mantener y fortalecer instrumentos identificados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) relativos a la participación y los derechos de las comunidades, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP); Recomendación XXIII sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial; el Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (Resolución 60/142 de la Asamblea General de la ONU); Entendimiento Común de las Naciones Unidas sobre un enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo; Directrices del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas; la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989). Bajo estas consideraciones y de acuerdo con el contexto nacional se requieren investigaciones con fundamentos teóricos y prácticos de diseño institucional y análisis de eficacia, equidad y legitimidad de estos mecanismos como REDD, con énfasis en estudiar las implicaciones de estos instrumentos sobre derechos de propiedad y la contribución de los propietarios en la eficacia de la aplicación de estos mecanismos, por tanto el enfoque debe partir de la escala local, como un análisis sistemático, fundamentado en la lógica inductiva. 3.Orientaciones actuales de REDD en Colombia Las premisas anteriores deben orientar el panorama del mecanismo REDD, además de los elementos críticos que se han expuestos anteriormente. En la actualidad se han establecido las bases de una plataforma tecnológica e institucional para impulsar un mecanismo de mercado de Unidades de Reducción de Emisiones Verificadas (VERs) que permita facilitar esfuerzos de mitigación voluntaria de emisiones de GEI en Colombia 2 . Este mercado consta de tres grandes componentes: • La creación de una plataforma para la comercialización de Unidades de Reducción de Emisiones Verificadas (VERs.). • La creación de un stock de Unidades de Reducción de Emisiones Verificadas (VERs), debidamente validadas, registradas y verificadas, a partir de proyectos agrícolas, agroforestales o de REDD en Colombia. • La creación de un programa integral de diseminación y acompañamiento a empresas y entidades públicas y privadas comprometidas con la mitigación y compensación voluntaria de su huella de carbono. Como acercamientos en materia de gobernabilidad forestal, se firmó el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia el 21 de agosto de 2009, como un compromiso del Gobierno Nacional junto con 24 entidades del sector público y privado, representantes de la sociedad civil y consumidores. Adicionalmente existen proyectos piloto como el de Bosques FLEGT/Colombia implementado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, con el apoyo financiero de la Comunidad Europea; que tienen por objetivo propiciar condiciones de legalidad y gobernanza forestal que contribuyan a un manejo forestal más sostenible junto con el incremento de la producción y comercialización de los recursos forestales de pequeños y medianos productores en los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima y Norte de Santander (Moreno, 2009). 2

Información suministrada por Coordinador de GEF en BID.

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Si bien esta estrategia de REDD es de gran magnitud y se pretende tener impacto nacional, es necesario tener en cuenta los criterios expuestos que se relacionan con la necesidad de información de nuevas investigaciones científicas para articular la escala, el ámbito y el alcance del mecanismo de acuerdo con las características nacionales; los instrumentos financieros relacionados con los beneficios colaterales, los derechos de propiedad y la importancia de la acción colectiva como herramienta que genera confianza en la administración de los bienes naturales. 4. Conclusiones El objetivo definido a través de REDD, está orientado a reducir las emisiones de GEI por efectos de la deforestación. Además busca apoyar la reducción de la pobreza rural al proveer incentivos en comunidades asentadas al interior de los bosques con el fin de conservar la biodiversidad y promover el sostenimiento de servicios ecosistémicos. Conceptual y operativamente el mecanismo REDD es ambiguo, confuso y es evidente la desarticulación con el contexto ambiental sobre el cual se pretende su aplicación. En Colombia se han documentado estadísticas sobre transformación de ecosistemas sin embargo los valores varían ampliamente dado el método aplicado según la fuente. La aplicación de mecanismos como REDD requiere de forma prioritaria investigaciones que permitan construir niveles de referencia de acuerdo con el contexto ecosistémico y por lo general analizar las emisiones netas, partiendo de la escala local y determinando los beneficios colaterales. Se requieren investigaciones con fundamentos teóricos y prácticos de diseño institucional y análisis de eficacia, equidad y legitimidad de estos mecanismos como REDD con énfasis en el estudio de las implicaciones de estos instrumentos sobre los derechos de propiedad y la contribución de los agentes locales en la eficacia de la aplicación de estos instrumentos. De acuerdo con fuentes del Gobierno de Colombia, en lo referente a REDD la situación actual es la siguiente: “la metodología para la implementación aún no ha sido articulada, en espera de los resultados de las negociaciones de la COP15; no obstante, existe una metodología alternativa sobre el mercado voluntario, preparada por el Fondo BioCarbono (2008), titulada “Metodología para calcular las reducciones de emisiones de GEI derivadas de la deforestación en mosaico REDD-NM-001/versión 0”3.

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El cambio climático es un objeto de estudio interesante que dada su naturaleza compleja requiere un acercamiento desde varias disciplinas de manera trans-e-inter-disciplinar. Como un asunto científico que involucra un diálogo de saberes, se trata de un avance paulatino, con resultados que en ocasiones no son concluyentes y dada la situación en la que los resultados científicos determinan las acciones a tomar, exigen muchísimo rigor y cautela al emitir conclusiones. Vivimos en una sociedad consiente de que las cosas no marchan por buen camino, sin embargo el cambio no es fácil, la invitación es abandonar unos sistemas de producción y consumo basados en los combustibles fósiles, que han enriquecido a unas sociedades. Las sociedades enriquecidas no quieren abandonar las comodidades que trae el modelo actual; los que utilizan los combustibles fósiles son conscientes de la realidad y han apostado a la estrategia del free rider, y no abandonar la forma de realizar la actividad hasta acabar con el recurso. Varios estamentos de la sociedad utilizan escusas de diversa naturaleza para que aun aceptando la importancia de actuar, se llegue a la inacción esperando un futuro con mejores condiciones para hacerlo: mejor tecnología, más recursos, más evidencia científica, reemplazar la infraestructura existente de producción y distribución energética. El problema es que el tiempo se agota, la demora en la toma de decisiones y la realización de acciones implica que una gran extinción en términos de biodiversidad se esté dando y se incrementará, que varios países desaparecerán, la inviabilidad de las ciudades costeras –que son la mayor parte de ciudades importantes en el mundo–, millones de desplazados climáticos, pérdida de la calidad del recurso hídrico, desertificación de suelos, escasez de alimentos, dispersión de enfermedades, entre otros. La publicación es ante todo una invitación a actuar, a sumar esfuerzos desde diversas disciplinas y en un diálogo de saberes, para llegar a acciones concretas y presiones sociales que determinen el consenso para generar los cambios necesarios en el abordaje del cambio climático global.