Prima Exagia nro. 16

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Prima Exagia 16 Revista Prima Exagia Número 16 / ISSN 2256-2117 ISSN en línea 2745-1836

Prima Exagia es una publicación académica con frecuencia semestral, editada por los miembros del Grupo de Apoyo a los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura y apoyada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

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Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Humanas RECTORA Dolly Montoya Castaño VICERRECTOR Jaime Franky Rodríguez DIRECTOR BIENESTAR SEDE BOGOTÁ Oscar Arturo Oliveros Garay JEFE DE DIVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Zulma Edith Camargo Cantor COORDINADOR PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS William Gutiérrez Moreno DIRECTOR BIENESTAR FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Eucaris Olaya DECANO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Carlos Guillermo Páramo Bonilla Dirección Gloria Esperanza Mora Monroy Coordinación Miguel Ángel Fuerte Blanco Natalia Alejandra Leiton Castelblanco Edición Miguel Ángel Fuerte Blanco Natalia Alejandra Leiton Castelblanco Maria Alejandra Garzón González Katherine Lucía Gil García Jairo Ferney Angarita Ortiz Paula Andrea Sandoval León Autores o Autoras Mariana Rodríguez Marañón Diana Paola Naranjo Mosquera Adriana Catalina Algecira González Sandy Lorena Castro Ayala Miguel Ángel Vargas Martínez Laura Silvana Cortés Arévalo Santiago Zarate Ávila Héctor Nicolás González Villalba Javier Leonardo Vergara Oll Angie Nicold Rodríguez Pineda Manuel José Martínez Carvajal Corrección de Estilo Joanna Paola Peinado Cortes (PGP) Diseño y diagramación Daniela Cano (PGP)

Contenido Editorial................................................................................................ 4 Sociedad............................................................................................... 8 Minería, una actividad sobrevalorada en Colombia............................. 11 El cultivo de la mata de coca en el Catatumbo: ¿los campesinos deben abandonar esta práctica?.......................................................... 23 Población pobre en Bogotá: ¿vive o sobrevive?..................................... 31 Gobierno............................................................................................. 40 Sistema pensional: destructor de sueños.............................................. 43 El presidente Duque le falló a la ley con su gestión durante el paro nacional 2019-2020............................................................... 51 Las Pymes durante la pandemia: ¿éxito o fracaso estatal?................... 59 Tecnología.......................................................................................... 68 Los sistemas de traducción automática, la mentira frente al traductor.............................................................. 71

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Editorial Miguel Ángel Fuerte Blanco

mafuerteb@unal.edu.co Tutor de los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura

"Escribir es la manera más profunda de leer la vida" Francisco Umbral (s.f.)

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olombia es un país que se ha movido entre crisis económicas, sociales y políticas a lo largo de su historia. Ante este escenario permanente, nuestro quehacer pedagógico como docentes y tutores nos invita a plantearnos una pregunta: ¿cuál es la importancia de aprender a leer y escribir en el contexto actual?

La universidad conlleva nuevas formas y desafíos a la hora de leer y escribir, pero también trae consigo nuevas formas de entender la función de ambas prácticas. Tal como señala Escandón (2018), “la lectura y la escritura son construcciones y prácticas sociales que nos han permitido a los seres humanos apropiarnos del mundo y trascender en el tiempo y en el espacio” (párr. 3). Esta dimensión social de la literacidad se complementa con la perspectiva de Morales y Cassany (2008), para quienes la lectura y la escritura constituyen herramientas no solo para una adecuada práctica profesional y científica, sino también para la formación de miembros activos y participativos en la sociedad.

Así, los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura se han convertido en un espacio de encuentro y de intercambio de saberes en el que la palabra escrita, además de ser una herramienta para representar la realidad, también es un medio para poner en discusión las realidades y los saberes con los cuales los estudiantes interactúan en su cotidianidad. El lenguaje y la realidad están vinculados de manera estrecha y dinámica,

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motivo por el cual “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra y la lectura de esta implica la continuidad de la lectura de aquel” (Freire, 1981, p. 6). La apuesta de la revista Prima Exagia, que con este número llega a su edición dieciséis, es que las lecturas realizadas por los estudiantes, transformadas en informadas reflexiones sobre el acontecer nacional, no se queden en los espacios de clase, sino que resuenen fuera de las aulas y aporten a los debates que se dan tanto en la academia como en la conversación cotidiana.

El presente número está dividido en tres secciones. La primera, titulada Sociedad, nos pone en contexto en relación con tres problemáticas que han atravesado la historia reciente de nuestro país. El primer ensayo, titulado Minería, una actividad sobre valorada en Colombia, analiza el impacto negativo que tiene esta actividad en los sectores económico, social y ambiental y sugiere la necesidad de explorar otras alternativas. El segundo ensayo, titulado El cultivo de la mata de coca en el Catatumbo: ¿los campesinos deben abandonar esta práctica?, nos sitúa en la disyuntiva entre el cultivo de coca como actividad ilícita y como medio de supervivencia para el campesino colombiano, con el fin de sugerir la necesidad de permitir que estos últimos puedan continuar con su siembra. El tercer ensayo, titulado Población pobre en Bogotá: ¿vive o sobrevive?, analiza la situación de calidad de vida de las personas pobres en la capital y propone que el Estado debe intervenir para disminuir la brecha de desigualdad social y económica.

La segunda sección, titulada Gobierno, presenta tres ensayos en los que se analiza de manera crítica el accionar gubernamental en tres situaciones en concreto. En el primer ensayo, titulado Sistema pensional: destructor de sueños, se exponen las dificultades para acceder a la pensión de la vejez en el país y se sustenta la obsolescencia de esta actividad. El segundo, El presidente Duque le falló a la ley con su gestión durante el paro nacional 2019-2020, nos sitúa en las movilizaciones sociales acontecidas hacia finales del año 2019. El autor analiza tres momentos claves de este evento para concluir que el actuar del gobierno fue inadecuado.

Por último, el texto Las Pymes durante la pandemia: ¿éxito o fracaso estatal? explora la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y cómo ha afectado a las Pequeñas y Medianas Empresas del país. A lo

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largo del texto, los autores analizan críticamente las medidas que ha tomado el gobierno para auxiliar estas empresas.

En la tercera sección, titulada Tecnología, encontramos el ensayo Sistemas de traducción automática: la mentira frente al traductor, en el cual se sustenta por qué los sistemas de traducción automática no deben reemplazar al traductor humano, cuyo oficio, importante para establecer puentes culturales, se ha visto en riesgo por el auge de esos sistemas de traducción.

Como cierre a esta editorial, quiero agradecer a todos los integrantes del equipo de trabajo, quienes acompañaron a los autores desde la generación de ideas hasta la redacción del punto final. A la coordinadora de los CNLE, Gloria Mora; a los docentes de los semestres 2019-II y 2020-I, Adriana Díaz, Jack Henríquez y Yesenia Rincón; y a los tutores y miembros del comité editorial de la revista Prima Exagia: Natalia Leiton, Katherine Gil, María Alejandra Garzón y Jairo Angarita. Su apoyo, constancia y disciplina durante estos meses han sido fundamentales para que los autores del presente número compartan con nosotros, a través de la escritura, aquellas lecturas que hacen de la vida.

Referencias Escandón, J. (2018, 25 de septiembre). Lectura y escritura: una práctica liberadora y democrática. Cuestiones educativas. Recuperado de: https://bit.ly/36ru1CQ Freire, P. (1981, 12 de noviembre). La importancia del acto de leer.

Congreso Brasileño de Lectura. Recuperado de: https://bit.ly/2EWXKIs Morales, O. & Cassany, D. (2008). Leer y escribir en la universidad: Hacia la lectura y la escritura de géneros científicos. Revista Memoralia, 5, 69-82.

Umbral, F. (s.f.). Escribir es la manera más profunda de leer la vida.

Proverbia. Recuperado de: https://bit.ly/2ERRjGq

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Minería, una actividad sobrevalorada en Colombia Mariana Rodríguez Marañón

mrodriguezmar@unal.edu.co Estudiante de Ingeniería Química Gloria Mora, docente

Resumen [Texto argumentativo] Colombia se ha caracterizado por ser un país extractivista, especialmente minero-dependiente, que exporta recursos naturales tales como el oro, el petróleo y el carbón.

En consecuencia, la minería ha sido reglamentada, respaldada y financiada por el Estado y sus entidades competentes. Sin embargo, esto no es suficiente; dicha práctica no es adecuada para ser una de las principales actividades base para el desarrollo del país, puesto que la minería genera pérdidas en tres sectores en especial: en el económico, al traer consigo un desequilibrio en el plano del intercambio comercial entre materias primas y recursos refinados; en el social, en cuanto apoya la expropiación de tierras en pro de la extracción minera, y, por último, en el ambiental, como resultado de la contaminación de ecosistemas por cuenta de los desechos generados en el proceso.

Palabras Clave Minería, Colombia, Extractivismo, Conflictos socioambientales, Pasivos ambientales.

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n la actualidad los materiales extraídos del suelo se han vuelto indispensables para el desarrollo de la economía a nivel global. Cada día se desarrollan nuevas formas de extracción y explotación de recursos naturales en nuevos territorios para poder satisfacer la demanda de recursos energéticos (Cardoso, 2016). En el sistema capitalista, este extractivismo logra clasificar al mundo en países 'ricos' y países 'pobres'. Así pues, los países 'ricos' tienen un alto desarrollo tecnológico y, generalmente, se encuentran ubicados en el hemisferio norte. Dichos territorios demandan recursos naturales a los países 'pobres' o subdesarrollados, los cuales se ubican, en su mayoría, en el hemisferio sur.

Esto provoca que los países “pobres' desarrollen su economía basados en el extractivismo de sus recursos naturales, los cuales son tomados por los países 'ricos' para sustentar su desarrollo tecnológico.

Colombia, al ser un país 'pobre', se ha caracterizado por ser extractivista, en este caso, minero-dependiente.

De esta manera, la economía nacional se fundamenta en la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales como el oro, el petróleo y el carbón. Esto es impulsado por el Gobierno, el cual solo tiene interés por la extracción y no por otras actividades económicas como la agricultura (López, 2018a). Lo anterior se evidencia de igual forma en documentos como La Política Minera de Colombia, Bases para la minería del futuro, en el cual, citando el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se plantea que “el sector minero-energético seguirá siendo uno de los motores de desarrollo del país a través de su aporte al crecimiento económico, al aparato productivo, al empleo rural y a la inversión

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privada” (Ministerio de Minas y Energía, 2016, p. 7).

Con base en este panorama, el propósito de este ensayo es demostrar que la minería, como actualmente es llevada en Colombia, no es adecuada para ser una de las principales actividades de desarrollo del país. Esto debido a que provoca más pérdidas que beneficios en los sectores económico, social y ambiental. Después de analizar cada sector, se plantea una posible solución de cómo debería actuar el país frente a esta problemática.

Para empezar, la minería no es viable económicamente, ya que existe una desigualdad en el intercambio comercial.

Colombia, al ser un país no desarrollado (no cuenta con la suficiente tecnología), debe vender los recursos en bruto a los países desarrollados, puesto que estos sí tienen la tecnología adecuada para transformarlos, para refinarlos. Luego, el precio de los recursos ya refinados es mayor al precio original de los recursos en bruto, por lo cual, al comprarlos ya para su uso, genera una pérdida para el país, volviendo no rentable el proceso de extraer (López, 2018a). Un ejemplo es el carbón, del cual Colombia tenía que exportar 5 toneladas del recurso para poder importar una tonelada en el año 2014, esto gracias al déficit de la balanza comercial (importaciones más altas que las exportaciones en términos monetarios) (Cardoso, 2016; Samaniego, Vallejo & Martínez-Alier, 2015; Vallejo, Pérez Rincón & Martínez-Alier, 2011).

Actualmente, en Colombia, hay dos modalidades de extracción de minerales: en primer lugar, la minería legal, la cual está regulada por el Ministerio de Minas y Energía, institución que otorga las licencias ambientales para la realización ‘adecuada’ de estas actividades. En segundo lugar, la minería ilegal, aquella que no tiene normativas y es principalmente lucrativa para los grupos armados al margen de la ley. Además, el Gobierno Nacional, en la Política Minera de Colombia, declara que la minería ilegal es la única que genera afectaciones al medio ambiente (Ministerio de Minas y Energía, 2016). Sin embargo, esto no es cierto, ya que, como señala Díaz-Arriaga (2014), las grandes compañías legales

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también contribuyen con el deterioro ambiental y sanitario.

Así pues, en la minería, tanto legal como ilegal, se implementan varios mecanismos de extracción altamente contaminantes, tales como el mercurio, el ácido sulfúrico, entre otros metales pesados. Estos elementos atentan contra el medio ambiente, en especial contra las fuentes hídricas.

Dicha contaminación alcanza la fauna (especialmente a los peces) y flora silvestre, además de afectar la salud de las personas, tanto de las que participan directamente en las actividades mineras, como de las que viven en los alrededores (Español Cano, 2012). Referente al tema, Díaz-Arriaga (2014) describe cómo el uso del mercurio en la minería del oro tiene un impacto muy negativo en las fuentes hídricas que, precisamente, están destinadas para consumo humano.

De ahí que el contacto con los metales utilizados en el proceso puede generar diversos tipos de enfermedades: dermatológicas, respiratorias, cánceres, e incluso problemas con el desarrollo del feto en mujeres embarazadas (Bautista & Diario, 2018). Por ende, los residuos mineros son una fuente potencial de contaminantes químicos, los cuales influyen negativamente en la preservación de los ecosistemas.

Ahora bien, con el fin de promover el desarrollo del sector minero, el Gobierno ha llevado a cabo un gran número de cambios normativos que han logrado intensificar la explotación minera al declararla como una “actividad de utilidad pública y de interés social”, permitiendo de este modo la expropiación unilateral de bienes (Vicente et al., 2011). Así mismo, en el 2016, el Gobierno declaró la lucha contra la minería ilegal y otorgó títulos mineros en áreas protegidas con ecosistemas valiosos como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes (Vicente et al., 2011). De este modo, la explotación minera sobrepasa los límites, tanto de zonas de amortiguación, como de ecosistemas valiosos y territorios indígenas, lo cual los pone en riesgo a causa de los impactos negativos por parte de la contaminación producida por la minería. Además, se generan conflictos socioambientales entre la población local y las

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empresas multinacionales cuyo oficio es la minería.

En consecuencia, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas son las que más sufren los daños socioeconómicos, ambientales y culturales producidos por los megaproyectos mineros (Vicente et al., 2011). A raíz de esta problemática, surgen los pasivos socioambientales, definidos por Cardoso (2016) como el capital a pagar para compensar las injusticias sociales provocadas por daños a personas ajenas a la labor (terceros). No obstante, cabe resaltar que los daños no son bien cuantificados por las empresas o el gobierno, lo cual provoca que el costo de los perjuicios termine siendo mayor que lo obtenido por los recursos extraídos a través de la actividad minera (Garay, 2013).

En este punto es importante resaltar que el Ministerio de Minas y Energía se encarga de otorgar licencias ambientales para la adecuada realización de la actividad minera con el fin de evitar al máximo los pasivos socioambientales, pero “[…] en términos generales, las autoridades ambientales no cuentan con personal suficiente e idóneo para realizar la evaluación y posterior seguimiento de los proyectos” (Salamanca, 2013, p. 36). Por lo tanto, las entidades competentes no establecen adecuadamente los términos, las condiciones y las obligaciones para el desarrollo de la actividad minera. Así mismo, el hecho de que dichos entes reguladores no establezcan los límites y las condiciones necesarias para evitar impactos ambientales, más allá de la generación de daños, provoca que los pasivos ambientales y sociales terminen siendo asumidos por el Estado y los habitantes de las zonas afectadas en lugar de las grandes empresas: Las licencias ambientales, en muchos casos, no reconocen la magnitud del impacto que ocasionan los proyectos mineros, especialmente de carbón y metálicos, en los que resulta enorme la remoción de minerales, y consecuentemente la generación de residuos, el uso, desaparición y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del aire, la pérdida del suelo, la disminución y pérdida de la biodiversidad. (Salamanca, 2013, p. 36)

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Pues, de acuerdo con el artículo 332 de la Constitución Política, el suelo es de propiedad del Estado y, conforme al Código de Minas, se puede autorizar la explotación de los minerales con un título minero (Ministerio de Ambiente, 2001). Lo anterior es la base de una problemática recurrente en muchas regiones del país: los propietarios de las tierras, a quienes no se les comunica la solicitud del título minero sobre sus predios, se ven obligados a vender sus terrenos o a ser expropiados (Vicente et al., 2011), lo que genera desplazamiento de personas y de comunidades, además de la vulneración de sus derechos básicos. Según Vicente et al.

(2011), en 2010 se registraron desplazamientos masivos: 4.061 personas pertenecientes a 14 pueblos indígenas, 70.010 personas de comunidades afroamericanas que también fueron expropiadas de su territorio, entre otras.

Por otra parte, a través de la pequeña minería, muchas comunidades rurales se sostienen económicamente, al ser esta su única opción de trabajo. No obstante, este tipo de minería se considera ilegal, por lo que no pueden formalizar su actividad. Frente a esta problemática, las comunidades afectadas han decidido reunirse y luchar por sus derechos, por medio de todos los recursos jurídicos y asociativos de los cuales disponen. En este punto es importante resaltar que, actualmente, la pequeña minería es responsable de la mayoría de la producción aurífera del país. A pesar de esto, en los últimos años compañías de países como Canadá, Inglaterra y Sudáfrica han intensificado la ejecución de proyectos de extracción de oro a gran escala en Colombia, de modo que se ha incrementado, en gran medida, la explotación; mientras que los pequeños mineros se encuentran marginados y perseguidos por ejercer su labor tradicional.

Desde luego, frente a toda la problemática económica, social y ambiental a causa de la minería, es necesario preguntarse si esta actividad se debería erradicar completamente o solo modificarse. Según Garay (2013), “Los minerales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad y seguirán siendo estratégicos para las próximas generaciones” (p. 201). Así, la extracción hace parte de la vida cotidiana

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de las personas directa o indirectamente. Por esta razón, no es posible eliminar totalmente la minería de la noche a la mañana ni a nivel mundial ni en Colombia. Sin embargo, esto no significa que se tenga que seguir practicando esta actividad extractiva de la misma forma que se viene ejerciendo dado que, como ya se ha mostrado a lo largo de este ensayo, la minería actual genera consecuencias nefastas para el ambiente y la sociedad.

A propósito de la extracción de minerales energéticos, la producción de petróleo ha tenido un gran crecimiento a nivel regional y mundial, aunque actualmente no quedan muchos yacimientos del mineral. Dicho lo anterior, una vez descubiertos y explotados todos estos, la producción comenzará a descender, lo que aumentará el precio del mineral en cuestión. Por ello, la solución a esta crisis, por un lado, tal como lo expresa el profesor José Hilario López (2018a), es el hidrógeno, ya que existe gran cantidad de este en todos los países del mundo. Por tanto, dicho elemento abastecería de forma definitiva la demanda de combustible y eliminaría los problemas por emisión de carbono. Por otro lado, también se pueden implementar energías renovables como: eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, hidráulica y solar. Para esto es necesario un puente conductor que conecte la era del petróleo con la del hidrógeno y demás energías limpias, de manera que estas últimas se puedan desarrollar correctamente a nivel mundial. Pues bien, dicho puente conductor es el carbón: es necesario industrializarlo para la producción de gas para el consumo en la industria local y carboquímica, y de esta forma obtener los mismos derivados que en la petroquímica, la licuefacción1 para la producción de ACPM (petrodiésel) y gasolina (López, 2018b).

En este sentido, se debe mencionar que Colombia cuenta con gran cantidad de carbón: 6,6 millones de toneladas que pueden ser 27 mil millones de barriles (22 veces más que el petróleo reserva en el país), pero al exportarlo en crudo no 1. Conversión de un gas en líquido por compresión a muy bajas temperaturas” (Real Academia Española, 2019)

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remunera el dinero invertido ni los pasivos socioambientales generados por su alto costo (Cardoso, 2016). Dicho esto, para que Colombia prospere es necesario que el país pueda gasificar el carbón a partir del desarrollo de nuevas tecnologías propias. Entonces, se debe instalar una planta de licuefacción de este elemento e implementar sistemas de captura del CO2 (dióxido de carbono) que genere el proceso. Este proceso sería económicamente viable para aumentar la producción y no generar mayor impacto en el calentamiento global; por lo tanto, es de alta prioridad invertir en estudios acerca de la captura del CO2 a gran escala. Algunos de estos estudios analizarían procesos para utilizar en Colombia, tales como la oxicombustión, toop combustión y combustión carbón-biomasa.

Estos permiten el uso eficiente y limpio del carbón por medio de varias alternativas para capturar el CO2 de manera fácil y sustentable. Cabe resaltar que otro método más sencillo que se podría utilizar para la captura del CO2 es la reforestación.

Además, para que la minería (no solo del carbón, sino de otros minerales) logre dar frutos en Colombia, se debe modificar el actual proceso de extracción, para así obtener una minería responsable. Esto solo se puede lograr con un desarrollo en ciencia y tecnología. Debido a que los recursos extraídos no son renovables, se deben tener en cuenta cinco aspectos para mejorar la minería actual. En primera instancia, debe existir un plan para su máximo aprovechamiento, así como una planificación y racionalización de su explotación a largo plazo. En segunda instancia, el Estado debe estudiar y analizar las solicitudes de los títulos mineros: aspectos a favor y en contra. El Estado también debe evaluar si dichas solicitudes son de entidades competentes, para así eliminar la posibilidad de otorgar un título minero a la primera empresa que aparezca, como lo establece el Código de Minas del 2001.

En contraste, el título debe ser otorgado a quien haga la mejor oferta, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental, pues toda nueva idea de emprendimiento debe ser analizada con el fin de buscar que el daño sea el mínimo posible. El Estado debe garantizar el bienestar y desarrollo ambiental (biodiversidad, fuentes

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hídricas y ambiente), social (calidad de vida y derechos de la población como al ambiente sano, la vida y el trabajo) y económico (velar por lo equitativo y justo). Además, debe verificar que sea beneficioso para todos los colombianos y así evitar los conflictos socioambientales.

En tercera instancia, las compañías extractoras deben informar al Estado y a la población acerca de los estudios de impacto ambiental y socioeconómico, junto con los planes de compensación de la operación. De esta manera, dichas compañías deben hacerse responsables de los pasivos socioambientales. En cuarta instancia, el Estado debería colocar límites a las empresas mineras para que paguen regalías justas dependiendo de sus propuestas, para cuantificar y costear bien los pasivos socioambientales. En quinta instancia, se debe legalizar la mediana y pequeña minería exigiendo, de igual manera, las condiciones idóneas para el desarrollo y protección de los factores ambientales, sociales y económicos involucrados en el proceso. Esto con el fin de transformar a la minería en una actividad inclusiva con el apoyo del Estado, para así generar empleo y emprendimiento a la comunidad (Garay, 2013).

Asimismo, otro aspecto que se debe corregir para lograr un mejor desarrollo del país no solo es promover la minería como una de las principales actividades económicas, sino también apoyar el sector de la agricultura.

Ambas actividades deben coexistir, ya que ambas generan empleo y, en especial, la agricultura sustenta la seguridad alimentaria del país. Por consiguiente, es necesario implementar una gran reforma agraria en beneficio de los campesinos, en la que se analice cuál es el verdadero uso del suelo, lo que permitiría llevar a cabo políticas que promuevan el máximo aprovechamiento de este. Tal es el caso ilustrado por el Censo Nacional Agropecuario, en pastos, donde existen 33,8 millones de hectáreas, de las cuales, de acuerdo con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), existen 27 millones de hectáreas donde el Estado podría implementar políticas para esta-

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blecer agriculturas familiares modernas, aumentando la productividad y los ingresos (López, 2016).

En conclusión, en un futuro, si se consigue un gran crecimiento y eficaz desarrollo de la agricultura, esta se podría convertir en la principal actividad económica que no genere afectaciones ambientales ni sociales. Así se podría lograr que Colombia no sea más un país minero-dependiente, reduciendo, de esta manera, la importancia económica asignada a la extracción de minerales, para que estos materiales tan limitados se puedan conservar por más tiempo. Por ende, la minería no debería ser una de las principales actividades de desarrollo del país, ya que no se tiene la innovación y las tecnologías apropiadas para aprovechar los recursos y para costear, en su totalidad, los pasivos ambientales.

Finalmente, es importante mencionar que, si se sigue invirtiendo en extraer, Colombia no progresará y quedará estancada en su desarrollo por el déficit en la balanza comercial.

Además, si se continúa con un modelo minero-dependiente, el bienestar del medioambiente y el de la población colombiana se seguirá vulnerando. Por consiguiente, la locomotora de desarrollo del país no debería ser la minería; por el contrario, tal como lo han afirmado los últimos gobiernos, esta debería ser la educación. De este modo, se fomentaría la investigación en las universidades, con el objetivo de crear nuevas alternativas para la modificación de la actividad minera, en especial del carbón, su adecuado manejo y, en general, la reducción de la explotación de los recursos naturales.

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Referencias Bautista, F., & Diario, L. (2018, 16 de febrero). Explotación minera, salud y medio ambiente. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Recuperado de: https://bit.ly/3nf9uqO Cardoso, A. (2016, 4 de julio). Pasivos ambientales de la minería de carbón en Colombia: una aproximación desde la ecología. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. Recuperado de: https://bit.ly/33luswp Díaz-Arriaga, F. A. (2014). Mercurio en la míneria del oro: impacto en las fuentes hídricas destinadas para el consumo humano. Salud Pública, 16(6), 947-957.

Español, S. (2012). Contaminación con mercurio por la actividad minera.

Biomédica - Revista del Instituto Nacional de Salud, 32(3), 309-311. Recuperado de: https://bit.ly/30sxz41 Garay, L. J. (2013). Minería en Colombia: derechos, políticas públicas y gobernanza. Colombia: Contraloria General de la República. Recuperado de: https://bit.ly/3nf9IhE López, J. (2016, 17 de agosto). El agro en el posconflicto (1). EL MUNDO. Recuperado de: https://bit.ly/3cRM6uL López, J. (2018a). Tiempos de ingeniería y humanismo. Medellín: Alvear Editor.

López, J. (2018b, 2 de octubre). Extractivismo y subdesarrollo. EL MUNDO. Recuperado de: https://bit.ly/3jolPa9 Ministerio de ambiente. (2001). Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia. Recuperado de: https://bit.ly/3l5Ebgr Ministerio de Minas y Energía. (2016). Resolución 40391 de 2016 por la cual se adopta la Política Minera Nacional. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y Energía. Recuperado de: https://bit.ly/33pqWRI Real Academia Española. (2019). Licuefacción. En: Diccionario de la Lengua Española (décimo segunda edición). Recuperado de: https://bit.ly/30r2QUX Samaniego, P., Vallejo, M. C. & Martínez-Alier, J. (2015). Desequilibrios en la balanza comercial andina: ¿se ajustan biofísicamente? Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 24, 163-185.

Vallejo, M. C., Pérez, M. A. & Martínez-Alier, J. (2011). Metabolic Profile of the Colombian Economy from 1970 to 2007. Journal of Industrial Ecology, 15, 245-267.

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El cultivo de la mata de coca en el Catatumbo: ¿los campesinos deben abandonar esta práctica?

Diana Paola Naranjo Mosquera dinaranjom@unal.edu.co Estudiante de Trabajo social Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen [Texto argumentativo] El cultivo de la mata de coca es uno de los mayores problemas en la historia de Colombia por su relación directa con el narcotráfico. Este problema se ha acrecentado en los últimos años en regiones apartadas del país, como el Catatumbo, lo cual resulta preocupante, no solo en Colombia, sino también en el extranjero al constituir un delito. Sin embargo, hay razones de fondo, que no han sido correctamente visibilizadas, por las que este problema es cada vez mayor; en este ensayo se presentan tres razones por las cuales los campesinos del Catatumbo deben continuar con el cultivo de coca, en las cuales los factores económicos, político-sociales y productivos resultan ser determinantes.

Palabras Clave Cultivo de la mata de coca, Campesinos, Economía, Política, Social, Productividad, Conflicto armado, Estado.

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olombia ha sido un país marcado por la violencia y el narcotráfico. Este último marcó los años más violentos en la historia reciente de Colombia y, en la actualidad, sigue siendo uno de los puntos más críticos. Un ejemplo de esto es el aumento significativo en la producción de la mata de coca en el territorio colombiano, planta a partir de la cual se fabrica la cocaína. Este incremento llegó a su punto más delicado en el año 2017 al reportar un “[…] aumento en 17% (25 000 hectáreas) con respecto a la medición del 2016, alcanzando un total de 171 000 hectáreas cultivadas” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2018, p. 13). De esta forma, se estableció un récord histórico en la producción de la mata de coca, lo cual resulta sumamente preocupante, no solo para el Gobierno colombiano, sino también para los países que son afectados por esta problemática.

Todo lo anterior es la cara visible de la situación, la información publicada y conocida. Sin embargo, detrás de todo este conflicto está el lado oculto, la realidad de los campesinos cultivadores de la mata de coca, quienes se encuentran en significativa medida localizados en la zona del Catatumbo, según el reporte de la UNODC (2018). Los campesinos que cultivan la mata de coca han sido señalados repetidamente por varios sectores sociales del país y del extranjero como guerrilleros y delincuentes, sin indagar más en el asunto e invisibilizando la dura situación en la que viven.

Personalidades como Iván Duque, presidente de Colombia, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, condenan severamente el actuar de los campesinos y han buscado acabar por completo con esta práctica; sin embargo, en este

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ensayo, se presentan las razones por las que los campesinos del Catatumbo deben seguir con el cultivo de la mata de coca, aun cuando esto pueda construir un grave delito.

En primer lugar, la situación económica actual de los campesinos del Catatumbo es cada vez más crítica debido al incumplimiento por parte del Estado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este programa fue creado mediante el Decreto 896 en el 2017, después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, con la intención de dejar la siembra de la mata de coca y comenzar a plantar otros productos que también se dan en la región (Corrales, 2016). Según Wilder Mora, coordinador del PNIS en la región del Catatumbo: Nosotros lo que alcanzamos a entender es que este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Los campesinos ya hemos manifestado que queremos sustituir la coca. Si uno mira hace 10 años, no existía la voluntad que hay hoy para dejar esos cultivos. (Forero, 2018, p. 3)

La difícil situación económica que vive la comunidad y el incumplimiento por parte del Gobierno ha llevado a los campesinos a que se pronuncien, buscando hacer un llamado de atención al Gobierno, a través de protestas que se han visto frenadas por las mismas autoridades regionales y que no cuentan con las garantías necesarias para hacerse debido a la constante amenaza de los grupos armados al margen de la ley (Forero, 2019). Como si todo esto no fuese suficiente, hay campesinos que, a raíz del incumplimiento del Programa de Restitución de Tierras Despojadas y la amenaza de las guerrillas que se encuentran presentes en la zona, han decidido regresar al cultivo de la mata de coca, no solo para preservar su vida, sino también para evitar ser desplazados de sus tierras y sobrevivir puesto que el cultivo de la mata de coca les garantiza una fuente de recursos apenas suficientes para vivir (Calvet & Schinteie, 2018).

El Gobierno, en años anteriores y en la actualidad, en un intento por ayudar al campesinado colombiano, ha creado diversos programas y reformas agrarias con el objetivo de favorecer económicamente a los campesinos, como lo es el

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caso de Agro Ingreso Seguro, que buscaba otorgarle subsidios a los campesinos, o el mismo PNIS, que buscaba remplazar el cultivo de mata de coca por el cultivo de otros productos; sin embargo, todo esto fracasó debido a la corrupción, como lo fue el caso de Agro Ingreso Seguro, o al olvido y al incumplimiento, como está ocurriendo con el PNIS (Trujillo, 2014). Este factor económico, que resulta determinante para la supervivencia de todas las personas en general, conlleva a que los campesinos vean en el cultivo de coca una alternativa, prácticamente obligada por los factores que trae consigo, como la constante amenaza de grupos al margen de la ley, para sostenerse y para sobrevivir.

Otra de las razones principales del cultivo de coca en esta zona apartada del país es el abandono estatal, su escasa presencia en este lugar y la falta de garantía de los derechos en materia de servicios básicos, como el agua, la luz y el alcantarillado, infraestructura, los cuales son necesarios para llevar una vida digna. Una de las fallas más críticas y de las que hacen aún más grave está problemática es la falta de construcción de rutas que hagan más fácil al campesino sacar sus productos de la zona y llevarlos a los centros urbanos del país, lo que constituye una severa falta de apoyo al comercio de los productos agrícolas que allí se cultivan (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014). A todo esto, se suma la activa presencia de grupos al margen de la ley que ejercen su autoridad mediante el terror; además, estos grupos son quienes actualmente se encuentran financiando los cultivos de mata de coca de los campesinos, procesando, distribuyendo y comercializando el producto. Como consecuencia, el campesino no tiene mayor opción que dedicarse a lo único que le da ingresos reales en el momento y que garantiza que su vida permanezca intacta (El Espectador, 2019), aún si la actividad en la que está incurriendo este tipificada como un delito y pueda conllevar años de prisión.

Asimismo, uno de los mayores factores, que aumenta considerablemente el número de campesinos que optan por la siembra de la mata de coca, es su tiempo relativamente corto de siembra y cosecha frente a otros cultivos. Según lo infor-

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mó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cultivo de la mata de coca tarda aproximadamente cuatro o cinco meses en estar listo para ser cosechado (Bejarano, 2019).

Además de esto, se adapta a cualquier clima y no requiere de mayor cuidado, cosa que no ocurre con el cultivo de cacao, que tarda dos años en ser productivo, crece en climas específicos y requiere de cuidados como la fumigación para evitar el crecimiento de hongos o plagas no deseadas que pueden acabar con el cultivo, así como afectar la calidad del producto (Losada & Serna, 2019).

Caso similar ocurre con el cultivo de café, que aparte de ser poco rentable por la caída de los precios del café, se tarda aproximadamente un año en dar sus frutos, después de haber pasado por todo el proceso de crecimiento, cuya duración promedio es de dos años (Orozco, 2019). Los prolongados tiempos de siembra y cosecha que tienen estos productos, además de la gran inversión que representa su cultivo, sostenimiento, cosecha y distribución, representan un enorme gasto para los campesinos, a tal punto que deja muchas más pérdidas que ganancias, por lo que el cultivo de la mata de coca se convierte en la opción más viable en materia de tiempo, coste de producción y ganancias.

El presidente Iván Duque y el senador estadounidense Marcos Rubio, en representación del Gobierno Trump, encabezan la lucha antidrogas, asegurando que constituye un delito y que su cultivo, así como su producción son un gran problema global que debe ser combatido vehementemente.

El presidente Duque, para lograr mayores resultados en esta lucha, ha propuesto la erradicación forzada y la fumigación con glifosato como las mejores alternativas para combatir este problema (Gómez, 2019) e igualmente ha recibido el respaldo del Gobierno estadounidense en esta lucha (Rubio, 2019). Así, existe la amenaza inminente del regreso de las fumigaciones con glifosato, que habían sido prohibidas en 2015, por las consecuencias nocivas que podía tener en el ecosistema y en la calidad de vida de las personas y a las que los campesinos se niegan rotundamente por las afectaciones que podrían acarrear para su comunidad (Gómez, 2019).

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Además de esto, el presidente está pasando sistemáticamente por encima de la voluntad de estos campesinos de acogerse al PNIS de forma pacífica. Como si fuera poco, no está dándole al programa el debido apoyo económico que merece y les ha incumplido a los campesinos que se encuentran acogidos en este programa (Corrales, 2016). Adicionalmente, como señala Forero (2019), el Gobierno amenaza con enviar al ejército a estas zonas para erradicar forzadamente los cultivos de la mata de coca, despertando el miedo de la comunidad ante la posibilidad de que se desate un nuevo conflicto armado en esta zona y poniendo en riesgo su seguridad.

Los tres argumentos expuestos aquí representan el porqué los campesinos del Catatumbo deben continuar con el cultivo de coca, y las cuales, de ser estudiadas a fondo y solventadas de forma adecuada por el Estado, podrían garantizar un verdadero cambio y podrían ser el camino para erradicar el problema del cultivo de la coca de fondo, además de evitar que estos grupos al margen de la ley continúen aterrizando a la comunidad y la sometan a realizar este tipo de actos. Sin embargo, el Gobierno colombiano se ha negado a reconocer está situación y ha elegido otras rutas de acción, que lo único que hacen es afectar aún más a esta población que ha sido víctima, no solo de los grupos al margen de la ley, sino también del Estado.

Ante esto, ¿no sería más fácil todo si el Gobierno pusiera de su parte y colaborará con la comunidad para superar esta situación? Por supuesto que sí; sin embargo, la guerra siempre ha sido un negocio redondo en el que pocos ganan y muchos pierden, porque no solo pierden los campesinos quienes son los directos afectados con esta problemática, también perdemos nosotros como colombianos, al estar inmersos en un conflicto que pareciera no tener solución. Por eso, hasta que el Gobierno, desde sus distintas instituciones y las personas que lo conforman, no deje de pensar en sus aspiraciones individuales, continúe ignorando la realidad colombiana y desangrando al país, no se podrá lograr un cambio en la estructura social, y las problemáticas de los campesinos seguirán sin ser atendidas, la guerra seguirá su curso destructivo y los campesinos se verán obligados a continuar con el cultivo de la mata de coca.

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Población pobre en Bogotá: ¿vive o sobrevive?

Adriana Catalina Algecira González

aalgecira@unal.edu.co Estudiante de Fonoaudiología

Sandy Lorena Castro Ayala

sacastroa@unal.edu.co Estudiante de Fonoaudiología

Miguel Ángel Vargas Martínez

mivargasm@unal.edu.co Estudiante de Fonoaudiología

Adriana Díaz Cuevas, docente “Nadie está más perdidamente esclavizado que aquellos que falsamente creen ser libres.” Johann Wolfgang Von Goethe (s.f.)

Resumen [Texto argumentativo] En un siglo en que las circunstancias económicas, políticas y sociales no son las más adecuadas, se hace necesaria una intervención por parte del Estado colombiano para prevenir consecuencias graves en la sociedad, tales como la pobreza. Esto haría que se propicien mejores condiciones de vida en el país. Precisamente, hacia esta directriz se orienta el desarrollo de este artículo. El ensayo muestra cómo las ayudas que ha ofrecido el Estado a la población bogotana no han sido eficientes para que esta progrese. Asimismo, se exponen algunas problemáticas, estrechamente relacionadas con la pobreza, que afectan al país, las cuales han venido agotando las salidas ante la deplorable situación que vive la sociedad capitalina colombiana.

Palabras Clave Bogotá, Pobreza, Estado, Progreso, Población.

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l fenómeno social que ha estado presente en la historia de Colombia desde su misma independencia ha sido la pobreza. Esta se puede entender como “la privación de bienestar de manera pronunciada, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos” (Haughton & Khandker, 2009, p. 25). En este sentido, incluso la capital colombiana, Bogotá, ha sufrido esta problemática. De hecho, se estima que un 4.3 % de su población, es decir, unos 310.000 habitantes se encuentran en pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (DANE, 2019a). Además, cabe mencionar que la desigualdad en la ciudad de Bogotá aumentó en el año 2018, tal como se evidencia en el incremento del coeficiente de Gini, el cual puede variar de 0,0 (toda le gente recibe el mismo ingreso) a 1,0 (una sola persona acapara el ingreso) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020).

Este panorama no resulta nada alentador para los capitalinos. Un estudio realizado por la compañía Mercer (2019) señala la deplorable calidad de vida que sostiene Bogotá, la cual se ubica en el puesto número 128 del ranking mundial y se evidencia cómo este número ha ido en aumento a lo largo de los últimos años; asimismo, el Informe sobre Desarrollo Humano 2019, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019), demuestra cómo la calidad de vida de las personas menos favorecidas (población pobre) ha decaído, a pesar de que Colombia ha subido 11 posiciones en el índice de calidad de vida, gracias a factores como expectativa de vida y salud; sin embargo, también se evidencia que ha fallado en cuanto a competitividad y desigualdad, lo cual genera que las personas en condición de vulnerabilidad económica se vean perjudicadas.

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Ante semejante situación, el Estado colombiano dice responder con ayudas a la población pobre, pero estas no son suficientes para suplir las necesidades de tantas familias (Uribe, 2020).

En este ensayo se va a justificar la idea de que la población en condición de pobreza en Bogotá necesita la asistencia del Estado colombiano para tener una mejor calidad de vida. Esto se demostrará a partir del análisis de estudios sobre el modelo económico usado actualmente y estadísticas sobre los recursos invertidos en dicha población, entre otros componentes.

Para empezar, se debe partir del hecho de que el Estado colombiano ha adoptado un modelo económico neoliberal, el cual ha terminado generando una desigualdad social amplia.

Este es el caso de al menos el 27 % de colombianos, puesto que sus ingresos mensuales son inferiores a $257.433, valor establecido para la línea de pobreza2 nacional en el año 2018, según el informe técnico de pobreza monetaria del DANE (2019b); además, gracias a este mismo informe, se logra identificar que en Bogotá la tasa de pobreza monetaria es del 12.4 % y la tasa de pobreza monetaria extrema del 2,5 %. La línea de pobreza establecida para el primer grupo en Bogotá fue de $ 278.129, mientras que para el segundo fue de $117.605. Este último pasó de 2.4 % en 2017 a 2.5 % en 2018. Asimismo, este boletín revela un incremento del 0,498 a 0,504 en la desigualdad de los ingresos de los bogotanos, entre 2017 y 2018, medida por el coeficiente de Gini, a pesar de que este mismo muestra una ligera tendencia descendente en el país.

Con los datos expuestos, se demuestra que este modelo económico no solo es un peligro para la población pobre del país, puesto que lo único que busca es “mercantilizar todos los recursos, tanto naturales como humanos” (Dorronsoro, 2004, párr. 5), sino que, además, aumenta la desigualdad, de tal forma que es necesario colocar unos indicadores estándar demasiado bajos para los costos de vida, tanto en la nación 2. La línea de pobreza establece el valor de referencia sobre el cual se puede saber si una persona es pobre.

Por ende, una persona que sea considerada pobre debe tener un ingreso menor al que indique la línea.

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como en la ciudad capital (Bogotá). En consecuencia, se puede afirmar que, si el Estado es el encargado de desarrollar una apertura económica bajo los principios del modelo económico neoliberal, también es directamente responsable de las personas menos beneficiadas por este.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que existe una estrecha relación entre una buena calidad de vida, que parte de la relación dinero-persona, y el bienestar nacional y personal. Por esta razón, el Estado colombiano debe trabajar en pro de mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante, en los últimos años, no se ha visto una notoria mejoría en este aspecto (Mercer, 2019 & PNUD, 2019). Tal situación trae consigo serias repercusiones para la población pobre.

Por ejemplo, Quiceno y Vinaccia (2013) encontraron que, desde el colegio, algunos niños y adolescentes colombianos perciben que sus recursos económicos son un limitante a la hora de compartir con sus iguales. Además, los autores aseguran que la resiliencia está mediada por el grado de satisfacción por la vida, entre otros factores. En últimas, la población en condición de pobreza tiene un impacto psicológico en su forma de percibir la vida y en su forma de relacionarse.

Asimismo, la cultura de pobreza, término acuñado por Oscar Lewis a mediados del siglo XX (1959) tras sus investigaciones en México, Puerto Rico y Cuba, se refiere a “pensar en la pobreza y en las consecuencias económicas que conlleva dicha escasez de recursos” (citado por Romero, 2013, p. 123).

Sin embargo, Romero (2013) señala que los análisis sobre la pobreza realizados por Lewis fueron el punto de partida para ir más allá y “ver la pobreza como una situación psico-social y económica, como realidades globales, cuyas causas provienen de los sistemas económico, político y social” (p.123); de ahí que, de acuerdo con Romero (2013), existan diferentes mecanismos de supervivencia que han adoptado las personas en condición de vulnerabilidad económica, "los cuales están basados en el trabajo informal u otros tipos de coyunturas y relaciones sociofamiliares” (p. 123).

Como anteriormente se mostró, dicha cultura de pobreza, que es implantada, influye en las personas, ya que genera un

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afán por mejorar su posición marginal en esta sociedad capitalista. De esta manera, si esta acción no es posible y, además, no se logra en un tiempo determinado, puede generarse un deterioro en la vida emocional de dicha persona, lo que a su vez genera diversas complicaciones de salud. Por esta razón, si estas personas siguen en dichas condiciones, sus estados de salud se verán considerablemente afectados, ya sea con el aumento de enfermedades neurológicas como los accidentes cerebrovasculares (ACV) o el Alzheimer, tal como lo señala el neurólogo Carlos Balario (citado por La Capital, 2008), director médico de la Fundación Rosarina de Neuro Rehabilitación, quien considera necesario “encarar un programa sostenido de actividades de información a la comunidad porque la gente suele confundir los diagnósticos o consultar demasiado tarde” (párr. 2).

Consecuentemente, tal como lo muestra el Artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, el Estado debe hacerse responsable del mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable. Además, estos proyectos deberían tener prioridad sobre otras situaciones presentes. Así, el Estado debe ayudar a la población pobre de la capital, ya que lo señala la máxima autoridad, la constitución. Esta determina como objetivo fundamental solucionar las necesidades insatisfechas de la población, ya sea en servicios primarios, como lo son el agua, la luz, la educación y la salud, o con programas de rehabilitación emocional.

Por otra parte, el desempleo en Bogotá ha ido aumentando exponencialmente con respecto a abril del año pasado. Tal circunstancia también incrementa el número de habitantes en situación de pobreza. Las estadísticas del DANE (2020) revelan un crecimiento considerable del desempleo: Para el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, el porcentaje de desempleo en Bogotá subió de 11,9% en 2019 a 14,5% en 2020 en el mes de abril. (p. 3)

El llamado ‘desempleo tecnológico’ ha sido atribuido como

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una de las causas más significativas del desempleo en Bogotá.

Keynes (citado por Alcober, 2014) contempla este tipo de desempleo como “la pérdida de puestos de trabajo que propicia la introducción de nuevas tecnologías” (párr. 2). De esta manera, se evidencia un desequilibrio entre el número de personas desempleadas y el número de vacantes que se ofrecen, situación que deja a miles de personas sin la oportunidad de emplearse y así suplir sus necesidades básicas. Como resultado, más personas pueden terminar en condición de pobreza, lo que conlleva a que dicha población quede en estado de vulnerabilidad.

Esta situación de vulnerabilidad de derechos que se presenta debe ser reconocida por el Gobierno como lo dice el Artículo 350 de la Ley de Apropiaciones de la Constitución Política de Colombia. Esta ley propone la asignación de ciertos recursos para los llamados ‘gastos públicos sociales’, los cuales están relacionados con las necesidades básicas insatisfechas de la población y la eficiencia fiscal y administrativa. De esta forma, se mitigarían las dificultades causadas por el desempleo. Asimismo, no solo se deben proporcionar subsidios y ayudas económicas, sino también brindar empleos, junto con una serie de acciones que permitan que las personas en condición de vulnerabilidad puedan progresar y superar la pobreza.

A pesar de esto, el Estado colombiano sigue considerando que las ayudas económicas a los habitantes en condición de pobreza es la única solución ante la pésima calidad de vida que presenta la capital. Esto se evidencia en las decisiones que ha asumido el Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID19. Tal como se anunció el pasado 3 de junio del 2020, los ciudadanos podrán pedir ayudas al distrito mediante una opción especial llamada Bogotá Cuidadora, de la cual más de 525.000 familias ya se han beneficiado mediante el programa Ingreso Solidario, tal como señala la primera mandataria de la ciudad (Citytv, 2020). Por un lado, el Estado afirma que esto ayudaría a personas que no pueden pagar bien sea sus impuesto o servicios públicos y, por el otro, ayudaría a aquellas familias cuyo capital no es suficiente para subsistir en época de cuarentena.

Hasta el momento, estas ayudas se pueden asignar con los registros que se tienen de los fondos destinados para aquellas

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familias, como por ejemplo con los tres programas existentes: Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.

Estos programas están destinados a ayudar con subsidios a las personas más vulnerables, ya sea de forma monetaria o con el ingreso a servicios básicos como la educación y salud.

Sin embargo, se encuentra una falla en dicha lógica, ya que el nuevo programa (Ingreso Solidario) es como un tamizador, que selecciona aquellas personas que merecen ser recibir dichos ingresos, pero, obviamente, no todas las personas pobres son beneficiadas. El problema subyace en que este programa aparta a los individuos que ganan un salario mínimo vigente, suponiendo que esto es suficiente para mantener una familia.

Por otra parte, no se puede negar que algunas cifras demuestran que las barreras para acceder a algunos servicios han disminuido. Tal es el caso del servicio de salud, puesto que “[…] el indicador de aseguramiento de salud observa que este creció de 9,6% en 2016 a 11% en 2018 a nivel nacional” (Becerra Elejalde, 2019, párr. 5). Lo anterior permite que la población pobre tenga la oportunidad de tener un servicio digno y de calidad.

Otro ejemplo que vale la pena resaltar es el caso del sector de educación, en el cual se han proporcionado más cupos para que los niños y jóvenes puedan acceder al sistema educativo.

Solo el sábado se asignaron 2.002 cupos. Las localidades con más inscritos fueron Kennedy, con 1.006; Engativá, con 275, y Bosa, con 119. Entre tanto, el domingo, el balance fue de 1.678 cupos asignados. Durante el segundo día, los mayores logros fueron en Ciudad Bolívar, con 700 cupos; Tunjuelito, 279, y Kennedy, 213. (El Tiempo, 2020, párr. 5)

Estas cifras evidencian que la calidad de vida de las personas en la ciudad de Bogotá ha mejorado. Esto se ha conseguido gracias a una mayor cobertura el sector de educación y salud, de modo que la barrera para ingresar a estos servicios ha disminuido.

Sin embargo, los programas que ha generado el Estado han presentado varias inconsistencias y no han sido lo suficientemente efectivos para alcanzar un puesto decente en el ranking de calidad de vida a nivel mundial o para mantener la seguridad de que la población obtendrá una vida digna a largo plazo; también

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se puede observar que la desigualdad social se incrementa con el paso del tiempo, lo cual causa que las personas en condición de pobreza no puedan progresar fácilmente en la sociedad. Además, el modelo económico que aún se está manejando, es decir el neoliberalismo, nos da a entender que no es el más adecuado para manejar la situación de pobreza que se mantiene en la capital del país. Adicionalmente, la fuerte desigualdad, marcada en nuestra sociedad, ha causado serias dificultades en dicha población vulnerable. Finalmente, por si fuera poco, la desigualdad, sumada a la llegada de la tecnología, aumentó el número de desempleos y, por ende, también la población pobre en la capital.

A partir de todo lo que se ha dicho en este texto, se concluye que no es viable seguir con este sistema económico, no sin considerar a los cientos de pobres que deja el sistema.

También, nos lleva a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: realmente ¿vivimos o sobrevivimos? ¿No será que la misma sociedad nos hace creer que se puede obtener lo que necesitamos y queremos, con el fin de tener una vida feliz, cómoda y supuestamente en paz?

Por último, no se puede dejar de lado el hecho de que el Gobierno colombiano y la Alcaldía de Bogotá han generado distintas estrategias para ayudar a la población más necesitada; sin embargo, a causa del modelo económico usado actualmente y los escasos recursos que son destinados a las personas con mayor necesidad, se ha producido un mayor crecimiento de la pobreza en la capital del país, situación que se agudiza con el aumento de la población en la capital, debido a la migración de personas de diferentes regiones, se ve reflejado de una forma más latente que, a pesar de las acciones propuestas por el Gobierno distrital y nacional, no se evidencian cambios significativos de fondo que mejoren estas desdichadas circunstancias.

Por esta razón, una mayor intervención por parte del Estado es indispensable, para que las personas en condición de pobreza en la ciudad de Bogotá puedan mejorar su calidad de vida.

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Sistema pensional: destructor de sueños Laura Silvana Cortés Arévalo

lcortesar@unal.edu.co Estudiante de Geografía

Santiago Zarate Ávila

szarate@unal.edu.co Estudiante de Geografía Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen [Texto argumentativo] El propósito de este texto es sustentar por qué cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto.

Para ello, se tendrá en cuenta información suministrada por entidades oficiales y reconocidos medios de comunicación que confirma los problemas que tiene el sistema pensional en el país. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de una reforma pensional que permita solucionar los problemas del sistema para que a este puedan acceder todos los colombianos.

Palabras Clave Pensiones, Régimen de pensión, Reforma pensional, Desigualdad.

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on el tiempo y el recorrido de vida, se encuentran muchas historias de personas que sueñan con pensionarse y vivir de manera tranquila su vejez. Desafortunadamente, gran número de ellas, debido a múltiples circunstancias, se quedan sin un dinero seguro por recibir; esa es la realidad que muchos colombianos y colombianas deben afrontar diariamente. La abuela de la autora de este texto, Rebeca Quintero, es una mujer del campo que trabajó desde sus catorce años como personal de limpieza, niñera, estilista y modista.

Rebeca soñaba con pensionarse un día y poder disfrutar el fruto del trabajo de tanto tiempo, pero ahora, con sesenta y seis años, debe seguir laborando como modista debido a que, cuando tuvo edad de pensionarse, más de la mitad de las semanas que había cotizado había desaparecido y ya nadie respondería por ellas; así como Rebeca, más personas se ven afectadas por el sistema pensional año tras año.

Actualmente, son amplios los problemas que se pueden presentar en el proceso de cotizar pensión o recibirla; ello depende en gran medida de las condiciones laborales del país, las cuales son críticas y se evidencian en altas tasas de desempleo, informalidad laboral y salarios precarios.

Además, el país está atravesando por diferentes situaciones de carácter social, político y económico, como lo son el proceso de posconflicto, la migración de venezolanos, la impopularidad del actual presidente Iván Duque, el precio del dólar, entre otras.

Así, ad-portas de la presentación de una reforma pensional por parte del Gobierno colombiano de Iván Duque a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, se hace necesario hablar de este tema puesto que es de crucial interés para el ciuda-

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dano en general y acoge a todo el Estado. Asimismo, cabe resaltar que hay opiniones divididas frente a este tema, como la declaración del presidente de Porvenir, Juan David Correa, quien señaló que en realidad sí es posible pensionarse de manera óptima (Arias Jiménez, 2019). A pesar de lo anterior, son las condiciones mencionadas las que permiten sostener que cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto.

Ahora bien, por una parte, es clave entender que la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como: [Un] salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo. [Por lo tanto,] el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador (SENTENCIA C-177/98, 1998, párr. 1).

El ahorro mencionado en la anterior definición puede ser cotizado por medio de dos modalidades, ya sea a través del sistema de reparto o del sistema de capitalización, que, para el caso colombiano, son el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, respectivamente.

Por otra parte, del manejo de las pensiones se encargan la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que son instituciones financieras de carácter previsional, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. La primera se encarga de la “administración y manejo de fondos y planes de pensiones de los regímenes de Ahorro Individual y de fondos de cesantía” (Dinero, 2007, párr. 1), mientras que la segunda gestiona la administración estatal del Régimen de Prima Media (Colpensiones, 2020).

A partir de las anteriores problemáticas mencionadas en torno al Sistema General de Pensiones y las condiciones en las que este se desarrolla en el país, se abordarán las principales razones que apoyan la proposición hecha y se complementará a través de una reflexión acerca de la coyuntura actual que se presenta en Colombia.

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Una de las causales que llevan a decir que cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto es que la capacidad de ahorro en Colombia es baja debido a que existe una alta informalidad laboral, por lo tanto, se hace difícil realizar un aporte mensual juicioso, que es lo ideal en el sistema para más adelante conseguir cumplir el número de semanas requerido. Solo el 18,5 % de los hogares colombianos afirman tener ahorros; de igual manera, se ha logrado evidenciar un crecimiento en la tasa de desempleo y en la tendencia a obtener bajos ingresos mensuales, esto es, entre quinientos mil y un millón de pesos colombianos (Bosch et al., 2015).

Aunque la Banca de las Oportunidades, Fasecolda y la Superintendencia Financiera de Colombia (2018) aseguran que los métodos formales de ahorro son bastante usados en tanto “el 69,8 % de los hogares declara tener los ahorros en la forma de cuentas de ahorro o corriente y el 14,1 % en la forma de CDT (Certificado de Depósito a Término), bonos, acciones u otros activos financieros” (p.16), también señalan que los métodos informales continúan teniendo mucha importancia, ya que el 28,1 % de los hogares aun cuenta con ahorros en alcancía y/o debajo del colchón y el 10,4 % en cadenas de ahorros y/o natilleras. Estos ahorros son principalmente usados para gastos de consumo (39,6 %), el cubrimiento de emergencias e imprevistos (32,4 %) o para el pago de educación (10,5 %) (Banca de las Oportunidades et al., 2018).

Asimismo, el 62,8 % de los hogares colombianos se encuentran en un nivel socioeconómico bajo (NSE); aunque cabe aclarar que, para este estudio, el 5,8 % no reportó sus ingresos (DANE, 2019a). De igual manera, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la tasa de desempleo en Colombia está aumentando, ya que para el momento en que se hace este artículo, esa tasa de desocupación para septiembre de 2019 fue del 10,2 %, mientras que para el mismo mes del año pasado se encontraba en 9,5 % (DANE, 2019a).

Además, podemos añadir que la tasa de informalidad en 2018 fue de 48,2 %, aunque mejor que la de 2017 que fue 48,4 % (DANE, 2019b), sigue siendo muy alta para los propósitos de formalización laboral que se han planteado en el país.

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Otro motivo por el que se señala que cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto es que del pequeño porcentaje de la población que logra pensionarse, la mayoría reciben ingresos muy bajos. Los ingresos de los trabajadores, que en su mayoría son mínimos, en consecuencia, llevan a que los aportes vayan en consonancia con lo anterior; por lo tanto, quienes alcancen una pensión tendrán también mesadas de montos pequeños.

Por tal razón, el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, señaló en un artículo de la revista Portafolio que, para julio de 2018, el 86 % de los afiliados a los regímenes de pensiones reportaban ingresos de dos o menos SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) (Portafolio, 2019), que para 2019 es de $828 116 pesos colombianos. Además, en el aspecto anterior, podemos encontrar otro gran problema, la desigualdad económica en el país, ya que por una persona que reporta ingresos por 16 o más SMMLV hay 38 personas que reportan ingresos por 2 o menos SMMLV (Portafolio, 2019).

También cabe señalar que, en el régimen de prima media, el 76,1 % de los afiliados a Colpensiones habían registrado ingresos por 1 o 2 SMMLV; de ese porcentaje, el 51 % tenían ingresos de 1 SMMLV e incluso menos (Portafolio, 2017).

Adicionalmente, la alta desigualdad en el país es confirmada por el coeficiente Gini, el cual representa el nivel de distribución de ingresos donde “se mide en un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso y 1, que una persona concentra todos los ingresos” (Serrano, 2018, párr. 2). En este escalafón, Colombia se ubicó como el séptimo país más desigual del mundo tras obtener un puntaje de 0,53 (Serrano, 2018).

Otro argumento por el cual se señala que cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto es que pocos colombianos logran conseguir una mesada pensional por la baja cobertura que el sistema tiene en el país.

Según los registros administrativos del 2013, alrededor de 1,7 millones de colombianos estaban recibiendo una pensión de alguno de los regímenes contributivos existentes (RAIS, RPM o regímenes especiales) lo que representa un 37 % de los adultos mayores

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de 60 años. [No obstante], Dado su nivel de ingreso, Colombia debería tener una cobertura contributiva de entre 45 % y 50 % de los adultos mayores […] (Bosch et al., 2015, p. 15).

Adicionalmente, podemos agregar que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “1 de cada 5 colombianos mayores de 60 años recibe una pensión” (Dinero, 2019, párr.

10). Por su parte, a juicio del Banco de la República, la situación no mejorará en los próximos 40 años ya que, si se continúa con el actual modelo, apenas el 8,7 % de los afiliados al régimen público se lograrán pensionar mientras que en el régimen privado lo hará el 11,1 % (Delgado Gómez & Ojeda, 2018).

A pesar de todos los cuestionamientos al sistema pensional en Colombia, el presidente del fondo privado de pensiones Porvenir, Juan David Correa, señala en un artículo de El Colombiano que “el mito más grande hoy es que uno no se puede pensionar” (Arias Jiménez, 2019, párr. 6). Además, Correa indica que durante los 25 años de existencia de los fondos de pensiones privados se han acumulado recursos por 244 billones de pesos, de los cuales 150 billones son gracias a rendimientos financieros y apunta que “la capacidad de los fondos para generarle valor a los clientes es muy importante, y aquel mito de que la gente no se puede pensionar queda atrás, cuando hay ahorro y un complemento” (Arias Jiménez, 2019, párr. 8). No obstante, esta afirmación se puede confrontar ya que, según datos del DANE, la tasa de desempleo juvenil para abril de 2019 se ubicó en 18,9 % (DANE, 2019c) y más alarmante aún es que, sabiendo que la mujer compone la mitad de la población colombiana, la tasa de desempleo juvenil de la mujer es más alta respecto a la de los hombres en 9,3 puntos porcentuales (DANE, 2019c). Lo anterior evidencia con claridad que, para todos, pero especialmente para las colombianas, las condiciones ideales de ahorro de las que habla Juan David Correa son difíciles de alcanzar.

En conclusión, la cobertura pensional a nivel nacional no es suficiente ni óptima debido a que la capacidad de ahorro de los trabajadores en el país es baja por diversas razones, pero principalmente a causa de la informalidad laboral y los

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bajos salarios que oscilan entre uno y dos salarios mínimos; por ello, los colombianos que sí logran pensionarse reciben una mesada muy baja que apenas logra cubrir las necesidades básicas. Aunque se insista en que el ahorro de la gente debe ser disciplinado y constante, se cree que cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto.

Además de lo anterior, cabe resaltar que para la coyuntura nacional van de la mano el aumento del desempleo juvenil y el lanzamiento de propuestas de reducir el salario mínimo a los jóvenes para que sean fácilmente contratables. En ese sentido, ¿qué políticas debe plantearse el gobierno para que todos los colombianos y las colombianas logren cotizar pensión desde jóvenes siendo contratados formalmente? Son necesarias nuevas políticas que brinden verdaderas expectativas para alcanzar una pensión óptima y diseñarlas en torno a los contextos laborales, de manera que se reduzca al mínimo el porcentaje de personas que no alcanzan la meta pensional. Lo anterior debe ser de amplia importancia para todos, jóvenes y adultos mayores, puesto que afecta de manera directa la integridad del pueblo y compete estar pendientes de cada decisión que tome el Gobierno frente a este y todos los aspectos legislativos para velar por la plenitud de los derechos adquiridos.

Es por ello por lo que el sistema colombiano, dentro de la próxima reforma pensional, deberá plantearse las metas de aumentar la cobertura a través de la contratación formal de los colombianos para que puedan cotizar el dinero y las semanas suficientes. También es necesario focalizar los subsidios para la población más vulnerable a través de la eliminación o reducción de las llamadas pensiones multimillonarias que han sido cuestionadas por importantes sectores de la opinión pública. El gobierno colombiano debe realizar una reforma pensional que garantice un sistema equitativo, fiscalmente sostenible, en el cual ningún colombiano se quede por fuera y pueda obtener una pensión con la cual pueda tener una vida digna.

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El presidente Duque le falló a la ley con su gestión durante el paro nacional 2019-2020 Héctor Nicolás González Villalba

hegonzalezv@unal.edu.co

Estudiante de Contaduría Pública Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen [Texto argumentativo] El Paro Nacional 2019-2020 fue el conjunto de acontecimientos que puso en jaque mate la administración del presidente Iván Duque, siendo ampliamente criticado por su gestión durante las marchas. Frente a esto, el presente texto expone y analiza de manera objetiva, a partir de los protocolos que especifica la ley nacional, las falencias de la presidencia a lo largo de las manifestaciones para concluir que Duque no actuó adecuadamente para liderar una nación inconforme

Palabras Clave Paro nacional, Iván Duque, ESMAD, Movilización civil, Ley nacional.

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l segundo semestre de 2019 fue el escenario de las titánicas protestas en Sudamérica: países como Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Brasil dieron a conocer de forma global su profunda inconformidad marchando en las calles. Colombia no fue la excepción; el jueves 21 de noviembre, miles de personas a lo largo y ancho de la nación se pronunciaron para expresar su insatisfacción con la gestión que lleva el gobierno del presidente de la república, Iván Duque. El descontento era tal que la popularidad del mandatario cayó al 26 %, mientras que cerca del 70 % de los colombianos mostró su apoyo a las manifestaciones (Rodríguez, 2020).

Las medidas en materia fiscal, la reforma laboral y pensional, el desfinanciamiento de la educación pública, los errores en operaciones militares y la venta del patrimonio del Estado llevaron a que diversas organizaciones y sindicatos convocaran al Paro.

Frente a este complejo panorama es válido preguntarse: ¿cómo actuó el Estado frente a esta situación? Este ensayo busca argumentar que el accionar del gobierno de Iván Duque frente al Paro Nacional de 2019-2020 no fue el adecuado según los protocolos que especifica la ley nacional. En función de esta tesis, el ensayo se organiza de forma cronológica en tres puntos fundamentales: el antes, el durante y el después de este hecho. Bajo esta lógica, cada argumento presentará los hechos que serán contrastados con los protocolos establecidos por la ley. Es pertinente mencionar que la intención de este texto no es presentar o debatir los hechos que sirvieron como bases del Paro Nacional. Por el contrario, busca calificar de forma objetiva el papel que tuvo la presidencia a lo largo de este suceso Y, finalmente, invitar al lector a generar sus propios juicios frente a las situaciones que a continuación serán planteadas.

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Para comenzar, previo a la marcha del 21 de noviembre -que serviría de antesala para el Paro Nacional de 2019-2020-, el Gobierno lideró una campaña de desacreditación a la movilización civil, vulnerando el derecho a la protesta de la ciudadanía.

La derecha política colombiana y su máximo exponente, el senador Álvaro Uribe Vélez, hicieron evidente su oposición frente a la protesta tras hacer acusaciones calumniosas en las que señalaron que la manifestación era una estrategia del Foro de São Paulo y el Gobierno de Venezuela para desestabilizar el orden político, económico y social de Colombia (Revista Semana, 2019a), con el único fin de desacreditar las movilizaciones e intentar frenar la suma de más sectores poblacionales del país a esta.

Si bien la protesta social es un derecho fundamental y, además, es esencial en una democracia, en Colombia esta no cuenta con una tolerancia estatal completa. Según expresa Sebastián Lalinde Ordóñez en su libro Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia (2019), el Estado colombiano no favorece jurídicamente el derecho a la protesta, dado que instrumentaliza el derecho penal con el fin de desincentivar a los marchantes. Prueba de esto es la vinculación de las marchas con delitos sin evidencia empírica (Lalinde, 2019).

Legalmente, el Código Penal colombiano expone tres conductas delictivas que se suelen asociar de manera intrínseca y abusiva a las movilizaciones: obstrucción de vías públicas que afecten el orden público (art. 353ª del Código Penal); perturbación del transporte público (art. 353 del Código Penal); y asonada (art. 469 del Código Penal) (Lalinde, 2019). El Estado extralimita los artículos presentados anteriormente con el objetivo de desprestigiar la movilización. De esta manera, vulnera el derecho fundamental a la protesta tras criminalizarlo y estigmatizarlo, por lo que se puede concluir de forma prematura que el Gobierno colombiano no es una democracia receptiva a las manifestaciones y evidencia de ello son las ya presentadas declaraciones del partidario de la presidencia, Álvaro Uribe.

Ahora bien, durante las protestas en el territorio patrio, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) implementaron excesiva fuerza represiva. A pesar de que las movilizaciones se llevaron a cabo de manera pacífica durante

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el 21 de noviembre, las entidades gubernamentales de seguridad salieron a las calles a intimidar y provocar a los manifestantes con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y ‘proyectiles no letales’ (Pardo & Suárez, 2020). El accionar de estas organizaciones fue legítimamente contrario al Estado de derecho por lo ilegal y violenta de su respuesta a los marchantes, a tal punto que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se vio en la obligación de manifestar preocupación por las agresiones dirigidas a los defensores de derechos humanos y a las comunidades indígenas (Oquendo, 2020).

Es aquí en donde se recurre al artículo 149 del Código de Policía, el cual tiene el fin de expresar y regular los medios que la Policía Nacional dispone en caso de protestas. Según la ley, esta entidad gubernamental está facultada para usar desde escopetas calibre 12, cartuchos con carga química, fusiles lanza gases, hasta otros artículos clasificados como no letales; sin embargo, ninguno de estos tiene estudios técnicos o científicos desarrollados por alguna institución nacional. Estos artefactos, que aparentan tener la finalidad de combatir guerras, más que de tratar ciudadanos que ejercen su derecho fundamental a la protesta, se justifican dada la relación directamente proporcional entre la excesiva fuerza represiva del ESMAD y el vandalismo de unos pocos manifestantes (Lalinde, 2019).

Aunque la relación exista y la violencia sea evidente en ambos bandos de las confrontaciones, no es posible comparar un funcionario público que está armado, completamente armado, y protegido con un joven que solo cuenta con un pañuelo que cumple la función de cubrirle la cara. Es por eso que, aun cuando las medidas que tomó la Policía Nacional y el ESMAD son cuestionables, se argumentan bajo la premisa de que se dieron como reacción a la violencia de algunos manifestantes. Sin embargo, una institución gubernamental debe mantener el protocolo frente a las acciones de unos pocos que buscan incitar a la violencia.

Con el fin de continuar con la cronología del texto, fue a partir del 21 de noviembre que la maniobra del Estado fue el enfrentamiento frontal para lograr el control del orden público (Rodríguez, 2020), estrategia de choque que cobró la vida

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de Dilan Cruz el 23 de noviembre de 2019. A pesar de este suceso, el plan de las autoridades no cambió ni se sosegó. El lamentable fallecimiento de este joven junto a las treinta y tres muertes que ha causado el ESMAD desde su fundación (Patiño, 2019) son prueba de que la fuerza pública incumple los procedimientos que acata la justicia. En el caso de Cruz, el proyectil que le provocó la muerte fue disparado al cráneo, cuando el protocolo menciona explícitamente que el funcionario debe apuntar por debajo del cuello y a una distancia no inferior a los cuarenta metros (El Tiempo, 2019).

Por último, el responsable de que todo esto haya continuado es el mandatario Iván Duque, debido a que jerárquicamente el presidente está en una posición superior a la de cualquier fuerza armada y cúpula militar, Así, él cuenta con la capacidad y con el poder político de detener cualquier acto que lleven a cabo instituciones públicas como la Policía Nacional y, en consecuencia, el ESMAD. Posterior al hecho de que las manifestaciones se tomaran las calles, el gobierno de Iván Duque no dio ninguna respuesta positiva a las demandas que los manifestantes expresaron durante el Paro Nacional, aunque es su obligación como mandatario por razón de la Ley 1755. Cuando fue el turno del presidente para responder a las inconformidades de los manifestantes, como si de un juego de ajedrez se tratase, Duque hizo un balance general de la jornada. En primera instancia, el presidente de la república reconoció que la movilización fue pacífica y señaló que estaban escuchando el mensaje que buscaba dar la ciudadanía, reiterando que su gobierno cree en el diálogo. No obstante, no mencionó ninguna palabra que se refiriese a las exigencias que llevaron a los colombianos a las protestas, provocando que la población no se sintiera escuchada (Revista Semana, 2019b). Además, el martes 26 de noviembre de 2019, el mandatario declaró que “conversar no es llegar con el reclamo unilateral, no es poner exigencias en la mesa” (El Espectador, 2019, párr. 2), un mensaje directo al Comité del Paro Nacional tras levantarse de la mesa de negociación luego de su inconformidad con que en ella estuviesen los gremios económicos (El Espectador, 2019).

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Para la comprensión de este punto del ensayo, es necesario precisar que, desde la promulgación de la Constitución, Colombia es una democracia3. De manera general y con el objetivo de afianzar el término, este concepto hace alusión al gobierno ejercido por la ciudadanía, en otras palabras, el poder de las decisiones recae en la población. Etimológicamente la palabra que data del siglo V a. C. proviene de demos (traducido como ‘pueblo’) y kratos (que hace referencia a ‘gobierno’), cuya unión permite abstraer la definición al “gobierno del pueblo”, por lo que teóricamente se entiende que el Estado debe estar en función de las peticiones de su gente.

Volviendo al contexto nacional, a partir de 1991 la Corte Constitucional se ha focalizado en la democracia participativa; haciendo énfasis en el artículo 2º de la Constitución donde se precisa la participación como objetivo del Estado (García, 2019). Además, el Congreso de Colombia cobija el derecho fundamental de petición ante autoridades mediante la Ley 1755 de 2015. En esta se comunica que toda persona y organización tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades. En adición añadido, especifica que es obligación de la entidad gubernamental darle una resolución completa y de fondo de la misma, en un plazo no mayor a quince días después de la recepción de la petición (Congreso de la República, 2015).

Este derecho fue ejercido de manera correcta por los marchantes, en representación por el Comité Nacional del Paro4; sin embargo, no fue debidamente contestado o acatado por

3. En Colombia, a lo largo de la constitución se presentan dos tipos de democracia: la participativa y la representativa. Con fines de objetividad y brevedad del ensayo, solo se especificará la democracia participativa.

4. Dado que fue la organización que se encargó de presentarle al Estado las peticiones de manera formal.

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la administración de Iván Duque. Prueba de esto fue la intención del presidente de crear un gran conversatorio nacional para el mes de marzo de 2020 (tres meses después de haber sido presentadas las peticiones de manera formal) con el fin de encauzar el proceso de diálogo y con la idea de incentivar, como resaltó el mandatario, “la construcción de políticas a largo plazo, acciones de mejoramiento para acelerar los resultados de los programas gubernamentales, que den los lineamientos de una visión compartida de país” (El Tiempo, 2020, párr. 3). Así, la intención es buena, pero tardía y no obedece a lo que especifica la Ley 1755.

Para finalizar, y con el objetivo de llevar a cabo un recuento general de los hechos expresados a lo largo de este ensayo: en primer lugar, se pudo evidenciar la oposición previa del Estado y sus partidarios al Paro Nacional de 2019-2020, probada a partir de sus falsas acusaciones; además, con base en Lalinde (2019), se argumentó que el Estado colombiano no favorece jurídicamente el derecho a la protesta. En un segundo momento, se precisó que la presidencia fue la responsable de que la estrategia del ESMAD y la Policía Nacional no cambiara después de haber cobrado la vida de Dilan Cruz. Finalmente, se encontró que Iván Duque incumplió con el protocolo que instaura la Ley 1755 de 2015 del Congreso de la República, al no dar una respuesta pronta al pliego de peticiones que presentó formalmente el Comité Nacional del Paro.

Con este definido panorama, es pertinente concluir que la administración de Iván Duque tuvo un accionar inadecuado frente al Paro Nacional de 2019-2020 según los protocolos que especifica la ley nacional. Añadido a esto, dejó al mandatario a la espera de un gran reto a afrontar para el 2020. Finalmente, se deja firmemente en manos del lector la opinión de que el objetivo de todo gobierno democrático debe ser satisfacer las necesidades del pueblo y el presidente demostró que no actuó adecuadamente al liderar una nación inconforme.

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Referencias Congreso de la República. (2015). Ley 1755 del 30 de junio de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá D.C.: Congreso de la República. Recuperado de: https://bit.ly/3ndP55y El Espectador. (2019, 26 de noviembre). “Conversar no es poner una exigencia en la mesa”: presidente Iván Duque. El Espectador. Recuperado de: https://bit.ly/3laGm26 El Tiempo. (2019, 28 de noviembre). Medicina legal confirmó que Dilan Cruz murió por disparo del Esmad. El Tiempo. Recuperado de: https://bit. ly/3cVCU90 El Tiempo. (2020, 14 de marzo). Corte de cuentas a la Conversación Nacional. El Tiempo. Recuperado de: https://bit.ly/3l5zOC4 García, A. (2019). El desarrollo de la democracia colombiana y sus efectos en el binomio Fuerzas Militares-ciudadanía. Revista Científica General José María Córdova, 17(26), 253-258. Recuperado de: https://bit.ly/3n9HUvf Lalinde, S. (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia.

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Las Pymes durante la pandemia: ¿éxito o fracaso estatal?

Javier Leonardo Vergara Oll

javergarao@unal.edu.co

Estudiante de Contaduría Pública

Angie Nicold Rodríguez Pineda

anrodriguezpi@unal.edu.co Estudiante de Contaduría Pública Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen [Texto argumentativo] En el presente ensayo se sustentará que en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19, una enfermedad que produce Infección Respiratoria Aguda (IRA), las medidas económicas tomadas por el gobierno de Iván Duque para mitigar el impacto del Aislamiento Preventivo Obligatorio sobre las Pymes son inefectivas por tres aspectos. En primer lugar, tiempo de espera para la asignación de créditos es muy amplio; en segundo lugar, la tasa de interés es muy alta, y, en tercer lugar, se priorizan los intereses de los bancos sobre los de las Pymes.

Palabras Clave Pymes, COVID-19, Créditos, Gobierno.

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finales del año 2019 surge en Wuhan, China, el COVID-19, una enfermedad causada por el coronavirus, la cual hace parte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) (Gobierno de Colombia, 2020). Posteriormente, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó un brote de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido a la rápida propagación del COVID-19 por múltiples países (OMS 2020). En Colombia, se detectó el primer caso el día 6 de marzo de 2020 (Ministerio de Salud, 2020), a partir del cual la transmisión del virus se incrementó con el pasar del tiempo. Por ello, fue necesaria la implementación del Aislamiento Preventivo Obligatorio, a través del Decreto 457 (Ministerio del interior, 2020a), el Decreto 531 (Ministerio del interior, 2020b) y el Decreto 593 (Ministerio del interior, 2020c).

Cada uno fue emitido con el objetivo de impartir instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, a fin de evitar la propagación del COVID-19. Dichos mandatos reglamentan temas como la restricción de la libre circulación de los habitantes del país y el funcionamiento de ciertas actividades laborales, tales como los servicios de salud; intervención en obras civiles y de construcción; la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de alimentos, etc. (Ministerio del interior, 2020a, 2020b, 2020c).

Esta decisión ha afectado de manera negativa a múltiples sectores, tales como el empresarial, el industrial, el manufacturero, el textil, el alimenticio, entre otros. Dentro de estos

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sectores, según Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi, en adelante), las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) se han visto afectadas negativamente a causa de la implementación del Aislamiento Preventivo Obligatorio: los ingresos se han reducido debido a la incapacidad de reanudar sus actividades y al agotamiento de la reserva económica, como resultado de la ausencia de auxilios por parte del Gobierno (Semana, 2020a).

Por ende, el Gobierno nacional de Colombia, encabezado por Iván Duque, ha presentado dos mecanismos para mitigar el impacto del COVID-19 sobre las Pymes. El primero facilita el acceso a los créditos para las Pymes durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio. Es de resaltar que el crédito se define como la operación financiera en la cual una entidad presta cierta cantidad de dinero, de acuerdo con una tasa de interés, a una persona, con el objetivo de “[…] mantener el pago de sus nóminas y minimizar en la sociedad efectos negativos en el empleo” (Presidencia de la República, 2020a, p.3). El segundo mecanismo aborda la posibilidad, según la Presidencia de la República (2020a), de aplazar las obligaciones crediticias durante dos meses o realizar una refinanciación de la deuda.

Esta última opción hace referencia a la extensión de los plazos de pagos de los créditos, para que haya un alivio financiero.

Durante el desarrollo del Aislamiento Preventivo Obligatorio se han expresado opiniones negativas con respecto a la efectividad de dichas medidas. Por parte de las entidades financieras, a pesar de la garantía del 90 % otorgada por el Gobierno para la asignación de créditos al sector de las Pymes, los bancos continúan excusándose en el riesgo que ellos consideran existente en la devolución del crédito (Mosquera, 2020). Por otra parte, la Acopi, cuya postura engloba el sentir de las Pymes, propuso que, en lugar de endeudamiento, se ejecute un gasto social por parte del Gobierno nacional, ya que estas sostienen el sistema económico del país (Dinero, 2020).

De esta manera, las Pymes podrían realizar el pago de nóminas a más de veinte millones de personas (Dinero, 2020).

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Teniendo en cuenta lo anterior, en este ensayo se sustenta que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Iván Duque para mitigar el impacto del Aislamiento Preventivo Obligatorio sobre las Pymes no son efectivas. Para respaldar esta afirmación se tendrán en cuenta tres aspectos: el primero, las dificultades para realizar un estudio de crédito y acceder a este; el segundo, los altos intereses al momento de otorgar los créditos y, finalmente, la priorización de los intereses de los bancos por encima del bienestar de las Pymes.

En primer lugar, el tiempo de espera en la asignación de créditos no es el adecuado, teniendo en cuenta, en este caso, las necesidades generadas por la emergencia financiera actual. De ahí que dicha situación provoque un mayor desempleo, debido a la incapacidad de las Pymes para cubrir las nóminas, tal como se explicará más adelante. Existen varios casos en los cuales se evidencia que los bancos son negligentes en el proceso de asignación de créditos para las Pymes. Por una parte, existen casos en los que los créditos solicitados por estas empresas han sido negados, a pesar de la emergencia en la que se encuentran. A continuación, se presentan las voces de dos empresarios que hacen parte de las Pymes afectadas, quienes dan su testimonio al periódico El Espectador tras haber acudido a solicitar un crédito.

Por un lado, Carlos Rojas, empresario de Cali, señala su experiencia con el banco Davivienda: La gerente del banco Davivienda me pidió unos papeles, el contador se demoró casi dos días reuniendo los estados financieros y movimientos bancarios de tres años. Me respondió por correo que había recibido los papeles, pero que el Gobierno todavía no había reglamentado los créditos de Bancóldex. Quedamos en las mismas. (Carreño & Cortés, 2020, párr. 9)

Por otro lado, Sergio Romero, empresario de Barranquilla, relata una experiencia similar: [...] El banco Davivienda le pidió balances, estados financieros y declaración de renta. En la página de Bancóldex decía que en la línea Barranquilla Responde, lanzada especialmente para la ciudad, sí

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había presupuesto, pero la entidad bancaria le dijo que no había y le ofreció un crédito tradicional. (Carreño & Cortés, 2020, párr. 11)

En estos casos, se evidencia la falta de sincronización entre el Gobierno y los bancos, ya que en ambos casos se negaron los créditos por inconsistencias en los fondos destinados y en la reglamentación de estos. Lo anterior trae consigo efectos negativos para las Pymes, las cuales luchan por mantener los empleos de sus trabajadores y requieren con urgencia presupuesto.

Por otra parte, algunas Pymes que han solicitado créditos para solventar sus necesidades económicas y financieras aseguran que los tiempos de asignación no responden a la situación de emergencia en la que se encuentran. A continuación, se presentan dos testimonios de empresarios Pymes que han solicitado un crédito. El primero, un empresario Pyme que publicó su testimonio en Pluralidad Z (2020), acudió al banco AV Villas con el fin de solicitar un crédito para el pago de las nóminas de su empresa. Él manifiesta que decidió pedir el crédito en AV Villas, ya que hace quince años tiene una cuenta con este banco, no tiene deudas y todas sus transacciones las maneja desde allí (Pluralidad Z, 2020). Además, él dice que, sin importar su historia en el banco, los créditos se demoran más de un mes en este tiempo de emergencia: “El presidente es un mentiroso, se demora mes y medio un préstamo para nómina. Todo es mentira” (Pluralidad Z, 2020, 1m54s).

El segundo testimonio es de Enrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), quien expone las demoras y obstáculos que han presentado la gran mayoría de los integrantes de dicha organización para acceder a los créditos: Entre los afiliados de Acodres, solo tengo el caso de una empresa a la que le prestaron. El 90 % lo prestó el banco para compra de cartera anticipada. No se cumplió el propósito que necesitan las empresas para subsistir, que es liquidez. (Carreño & Cortés, 2020, párr. 15)

Estos hechos proporcionan evidencia sobre la inefectividad de las medidas proporcionadas por el Gobierno para

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las Pymes, ya que producen más problemas que soluciones.

Entre estos problemas se encuentra el aumento en la tasa de desempleo de 10.3 % a 19.8 % desde abril de 2019 hasta abril de 2020, que han solicitado del 9.5 % en dicha tasa (DANE, 2020).

En segundo lugar, la tasa de interés para la asignación de créditos ha incrementado de manera arbitraria, lo cual hace cada vez más factible la posibilidad de que las Pymes desaparezcan. En este punto es importante mencionar que el Gobierno nacional ha facilitado el acceso a recursos para los bancos. Dichos auxilios económicos son administrados por las entidades bancarias mediante la asignación de créditos a los colombianos y a las empresas, debido a que el Gobierno nacional no posee mecanismos que permitan intervenir de manera directa. Sin embargo, algunos bancos han aumentado la tasa de interés para la adquisición de los créditos, lo que produce un incremento en el valor a pagar por parte de las Pymes en al acceder a estos. Por lo tanto, las responsabilidades financieras a corto y largo plazo de las Pymes aumentarán considerablemente.

Este hecho fue denunciado por David Barguil, profesional en finanzas y senador del Partido Conservador, en el mes de abril del año 2020, a través de entrevistas con la revista Semana y la cadena radial La W. Barguil (citado por Semana, 2020b) señala que “mientras el Banco de la República bajó la tasa de interés en el crédito al sector bancario, los bancos les suben la tasa a los clientes” (párr. 4).

En este sentido, los bancos han realizado aumentos en sus intereses desde el 1 % hasta el 3 % anual; aunque el Banco de la República disminuyó de 4.25 % a 3.75 % el interés para las entidades bancarias, con el objetivo de fortalecer la capacidad de estas últimas para disminuir los intereses a las personas que soliciten los créditos (El Tiempo, 2020).

No obstante, esta financiación de las Pymes por medio de créditos incrementa su endeudamiento para poder mantenerse activas y, en el peor de los casos, lleva a la desaparición ante la ausencia de auxilios en medio de la crisis.

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Por ende, Barguil hace un llamado a la conciliación de las partes: “Aquí debe haber un acuerdo nacional entre banqueros, Superintendencia Financiera y Ministerio de Hacienda para que salga un anuncio que establezca tasas muy por debajo de las que tienen” (La W, 2020, párr. 3). Así pues, la rápida aplicación de estos acuerdos tiene un rol determinante en relación con el bienestar de las Pymes, las principales afectadas debido a la inefectividad en la aplicación de las medidas mencionadas anteriormente.

En tercer lugar, se están priorizando los intereses de los bancos por encima de las necesidades de las Pymes, lo que genera la inestabilidad para el sistema económico colombiano. Cabe resaltar que el Gobierno de la República colombiana ha contribuido para la asignación de créditos al establecer un porcentaje de aseguramiento para los bancos del 90 % (Presidencia de la República, 2020b). Sin embargo, los bancos están actuando de forma arbitraria, lo cual se evidencia en dos hechos que se tratarán a profundidad en el siguiente párrafo: el primero, la asignación de créditos a empresas grandes y, el segundo, el aval de créditos para cubrir la cartera (deuda) de períodos anteriores en el momento de solicitar un nuevo crédito. De esta manera, si una empresa pide un crédito, el monto de capital desembolsado será menor que el solicitado debido al cobro del saldo anterior.

Estos hechos fueron denunciados, por el economista y senador del Partido Conservador Efraín Cepeda, quien, en una entrevista con la Cadena Radial 360 (2020), sostuvo que: “Los bancos han sido un dique insolidario de las políticas instauradas por el Gobierno nacional, pues pese a que estos tienen garantías del 90 % y recursos para otorgar créditos, se han negado a hacerlo” (párr. 2). Asimismo, el senador David Barguil, en entrevista con la revista Semana (2020b), menciona que los bancos están prestando a las empresas que no lo necesitan o cubriendo la cartera de periodos anteriores de las empresas que solicitan los créditos.

Por consiguiente, dichas acciones traen consigo una posible inestabilidad para el sistema económico, ya que, como lo expresó Rosmery Quintero, presidenta de Acopi,

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en entrevista con la revista Semana (2020a): “Si las compañías cerraran, el sistema económico colapsaría” (párr. 14).

Esto debido a que las Pymes representan más del 90 % del sector empresarial, mueven la economía del país; además, generan empleo para más de dieciséis millones de personas (Portafolio, 2019). En resumen, si las Pymes se desvanecen, la economía de Colombia se desploma, produciendo efectos irreversibles a corto y largo plazo.

En conclusión, las medidas implementadas por el Gobierno de Iván Duque para la mitigación de los efectos del Aislamiento Preventivo Obligatorio sobre las Pymes no son efectivas por tres razones. En primer lugar, provocan un mayor desempleo, ya que hay muchas dificultades en el proceso de asignación de créditos, además de que el tiempo de espera para su acceso no es adecuado teniendo en cuenta las necesidades de una emergencia financiera. En segundo lugar, el incremento arbitrario de la tasa de interés de los créditos aumenta la posibilidad de que las Pymes desaparezcan. En tercer lugar, genera inestabilidad para el sistema económico colombiano, ya que se están priorizando los intereses de los bancos por encima de las necesidades de las Pymes.

En consecuencia, la situación actual, acompañada de las medidas tomadas por el Gobierno, reflejan la preocupación excesiva hacia el sector bancario. En otras palabras, se está teniendo como prioridad el aseguramiento y la rentabilidad de los bancos, a pesar de ser una situación de emergencia en la que las Pymes son las más afectadas. Además, los mecanismos facilitados por el Gobierno nacional responden a posibles soluciones que buscan evitar su intervención directa en la financiación de las Pymes. Por lo tanto, dadas las problemáticas que traen consigo dichas medidas, el Gobierno debe proporcionar soluciones que intervengan de forma directa en el bienestar de las Pymes, ya sea mediante el financiamiento de una parte de los salarios o a través del aumento del capital disponible para brindar los auxilios económicos. De esta manera, las Pymes podrían sobrellevar la crisis actual y reactivar sus actividades de forma gradual.

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Los sistemas de traducción automática, la mentira frente al traductor Manuel José Martínez Carvajal

manmartinezca@unal.edu.co Estudiante de Filología e Idiomas: inglés Yesenia Rincón Jiménez, docente “Del traduttore, traditore hemos pasado al traduttore, Salvatore”.

Rubén Conde Rubio (2018)

Resumen [Texto Argumentativo] Este ensayo tiene como objetivo principal argumentar las razones por las cuales los distintos sistemas de traducción automática como Google Translate y algunas de sus aplicaciones electrónicas no deben ponerse por encima del oficio del traductor. El lector podrá vislumbrar, además de las fallas que presentan esos sistemas de traducción, cómo el oficio del traductor ha servido como puente de intercambio de información entre distintos idiomas, y de qué manera su sensibilidad cultural y su conocimiento permite ofrecer un producto final natural, confiable y preciso.

Palabras Clave Inteligencia artificial, Traducción automática, Google Translate, Traductor.

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esde la antigüedad, las civilizaciones han intentado crear una facultad de pensamiento y desarrollo autónomo soportada en el dominio y la evolución de la habilidad para comunicarse con mayor facilidad. Esta situación, en la actualidad, ha derivado en la creación de Inteligencias Artificiales (IA), las cuales tienen como propósito manifestar la capacidad de pensar y resolver tareas de la misma manera que un ser humano lo haría. En esta línea, la lingüística computacional ha emergido como una ciencia que “trata de los modelos computacionales del lenguaje natural y cómo hacer entender a las computadoras los idiomas humanos” (Sidorov, 2001, párr. 4). El presente ensayo se enfoca especialmente en un derivado de esta subdisciplina de la lingüística, la traducción automática (TA), la cual “involucra el uso de programas de computador para traducir textos de un lenguaje natural a otro automáticamente”5 (Ping, 2009, p. 162).

El ser humano ha intentado eliminar las barreras idiomáticas que han derivado en la falta de comunicación entre personas de distintas lenguas, lo cual se manifiesta como una necesidad apremiante día tras día. Así, la figura del traductor, cuyo oficio se remonta a tiempos inmemoriales, ha tenido una función instrumental y mediadora (Delisle, 2003). A pesar de ello, desde la década de 1980, surge el primer servicio de Traducción Automática comercial, el IBM TranslationManager/2 (IBM TM/2) (Arevalillo, 2012), el cual 5. Traducción propia del original: Machine Translation (MT) involves the use of computer programs to translate texts from one natural language into another automatically.

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representó el punto de inflexión para los siguientes motores de traducción, lo que conllevó al deterioro del oficio del traductor. Tal como señala Barbieri (2019), los traductores e intérpretes son algunas de las víctimas de la automatización, cuya función ha sido relegada a la revisión y posedición de textos previamente traducidos automáticamente. En este ensayo, se sustentará que este oficio no debe ser reemplazado por el uso de distintos sistemas de traducción automática como Google Translate (GT) y algunas de sus aplicaciones electrónicas, en tanto estos no están exentos de presentar fallas, bajo algoritmos electrónicos que empobrecen el componente humano que caracteriza el discurso, y sumergen al traductor en el deterioro del mundo laboral.

Con el rápido crecimiento del internet desde hace medio siglo, más y más proveedores de TA están colaborando con prestadores de servicios o realizando una subdivisión en la misma compañía para ofrecer servicios de traducción en línea debido a la vasta demanda que presenta el producto (Ping, 2009). Este segundo caso se evidencia en la ramificación del buscador Google, con la herramienta de traducción Google Translate (GT). Gu (2009), gerente de productos de Google Translate, señala que este instrumento, además de permitirle al usuario comunicarse en diferentes lenguas, lo lleva a explorar terrenos desconocidos y a realizar conexiones que de otra manera serían imposibles. No obstante, este sistema de traducción automática, ampliamente utilizado a nivel mundial, no está exento de presentar errores que las personas desconocen. Esto se debe, según Hernández (2014), a que GT funciona a partir de la estadística, concretamente un sistema denominado Traducción Automática Estadística (SMT, por su sigla en inglés), el cual explora patrones en miles de textos para escoger la mejor traducción con base en criterios estadísticos, de modo que las traducciones no siempre son perfectas (Karami, 2014). Los errores del traductor de Google vienen desde su algoritmo base, ya que utiliza una “Lista conceptual”, también conocida como Phrase Based Machine Translation (PBMT), en la cual cada término

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se traduce a su definición más habitual (Peque, 2016), lo que conduce a una interpretación objetiva pero irreal y alejada del componente humano que caracteriza al discurso.

En adición, en los últimos diez años, GT ha usado una técnica de traducción similar al paradigma de distribución ‘Spoke-Hub’, el cual consiste en un sistema de conexiones que permite reducir el número de rutas para comunicar aeropuertos entre sí a través de un aeropuerto central desde el cual se distribuyen los vuelos, en lugar de conectar cada ciudad de manera directa (Hernández, 2014). En el caso de la traducción, señala Hernández (2014), se trata de un sistema en el que el texto en la lengua de origen tiene que pasar primero por el inglés y después se traduce a la lengua destinataria en un intento por economizar de manera crucial el tráfico y la recopilación de información entre lenguas, llevándolo solamente de un punto estratégico a otro de manera simultánea. Sin embargo, esto puede conllevar a errores en las traducciones. Es el caso de vous êtes, segunda persona del plural del verbo francés être, que, al traducirlo al castellano, arrojaría dos versiones: vosotros sois o ustedes son.

Sin embargo, esta fórmula se traduce al inglés como ‘you are’, de manera que la traducción al español resulta ser ‘eres’ (Hernández, 2014). Peque (2016) complementa señalando que este paradigma arroja resultados extraños y poco satisfactorios que no tienen sentido en las lenguas modelo.

No obstante, en 2016 Google modificó su sistema de traducción por Google Machine Neural Translation (GMNT), con el objetivo de contrarrestar las problemáticas presentadas con el mecanismo anterior. Al respecto, Barbieri (2019) afirma que “además de la comparación estadística entre las bases de datos de las traducciones ya realizadas, también explota un mecanismo de autoaprendizaje que le permite deducir las reglas de forma independiente, en lugar de recibirlas de los programadores” (párr. 6). De este modo, este sistema se muestra como una red neuronal que tiene en cuenta el contexto alrededor de las palabras como unidad de traducción y que además desarrolla un interlenguaje, de

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manera que ofrece una traducción mucho más precisa. A un alto nivel, el sistema neural traduce la oración completa, no solamente pieza por pieza, y usa el contexto para realizar la traducción más relevante y acorde al habla humana, con una gramática apropiada (Turovsky, 2016).

Lo anterior, sumado a la facilidad al usar los sistemas electrónicos, su rapidez, amplia accesibilidad y el uso de distintas herramientas para promover la igualdad y reducir los sesgos de las lenguas mediante la inclusión de traducciones de palabras tanto femeninas como masculinas desde una lengua en la que la palabra de origen presente género neutral (Kuczmarski, 2018), ha hecho que los traductores sean desplazados. Sin embargo, la traducción de un traductor, comparada con la realizada por un sistema de traducción automática, sigue siendo más exacta (véase figura 1). De acuerdo con Barbieri (2019), a pesar de las mejoras que presenta GT, la calidad de la traducción por parte de un traductor es mejor calificada que la del sistema GNMT y mucho más que la del sistema PBMT. Además, como afirma Cier (citada por Barbieri, 2019), las combinaciones que no incluyen el inglés arrojan resultados muy pobres en términos de calidad.

Figura 1. Comparación de los distintos sistemas de TA presentados en relación a la traducción del ser humano.

Fuente: Barbieri, 2019.

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Otro de los servicios de GT es el soporte a otras divisiones de Google para facilitar la traducción entre lenguas. Para empezar, Google muestra su sistema de traducción en el algoritmo de subtitulación automática de YouTube. Este sistema emplea el reconocimiento de voz de Google para generar automáticamente los subtítulos en los videos de sus usuarios tanto en la lengua nativa como en determinada lengua distinta a la que manifiesta el hablante (Chávez, s.f.). Igualmente, Google vinculó su sistema de traducción automática a distintos dispositivos o aplicaciones electrónicas como los auriculares habilitados para traducción de Google Assistant, en el cual la persona debe decir una oración que se traduce, se transcribe en la lengua de destino al artefacto y se lee en voz alta por el respectivo sistema de voz artificial (Leprince-Ringuet, 2018).

Otra característica es la cámara instantánea de Google Translate, la cual permite traducir un texto con solo apuntar la lente de la cámara al texto en idioma extranjero, lo cual resulta ser una forma intuitiva de entender los alrededores de las personas, especialmente para los viajeros (Gu, 2019).

Pese a que estos diversos programas informáticos facilitan el uso de traducción por su amplia accesibilidad, estos siguen en constante desarrollo; su eficacia se basa en cumplir trabajos básicos, ya que, al traducir oraciones, textos complejos o expresiones de determinada población, el resultado no corresponde de manera correcta en relación con las reglas gramaticales o las variedades dialectales que se usan y muestran. Leprince-Ringuet (2018) refiere el caso de la traducción de la pregunta ‘Where is the nearest hospital?’ en diez lenguas diferentes, lo que arrojó resultados positivos. Sin embargo, al enfrentarse a oraciones más complejas o a acentos diferentes, el traductor no funcionaba. Además, la información es recolectada en procesadores externos al dispositivo móvil del usuario, de modo que la información se envía a un centro de datos para ser procesada y luego es enviada de vuelta al dispositivo; de esta manera, el procesamiento del habla en tiempo real es prácticamente imposible (Leprince-Ringuet, 2018). En cambio, el oficio del traductor está posicionado como una opción más precisa debido a que

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puede entender el entorno comunicativo, de modo que su traducción es más confiable.

Con todo, esta industria ha llegado a diversos espacios como el campo militar. Es el caso del proyecto Bolt (Broad Operational Language Translation), encargado por el Pentágono a IBM para que los militares estadounidenses mantengan conversaciones con los habitantes de los lugares en los que se dispongan a realizar operaciones (Barbieri, 2019). Sin embargo, el uso de estos sistemas puede llegar a ser contraproducente con su objetivo principal, el cual es crear lazos efectivos de comunicación, tal como sucedió con el sistema TransTac en Irak y Afganistán entre los años 2005 y 2010 (Barbieri, 2019). Así, el traductor representa una figura confiable para estos procesos de interacción. Cier (citada por Barbieri, 2019) manifiesta que el traductor aporta la creatividad, los conocimientos y la sensibilidad del hablante nativo, mientras que las máquinas siguen siendo sistemas regidos por ciertas reglas. En efecto, un traductor piensa como cualquier ser humano y es capaz de realizar una conversión de una lengua a otra de una manera más natural, fluida y acercada a su entorno.

Como complemento, Barbieri (2019) señala que la labor del traductor humano es fundamental en tanto hay ciertas características necesarias para lograr traducciones efectivas y precisas que el factor humano puede lograr: En los textos en los que prevalece la función expresiva y estética, es decir, cuando el estilo personal de un autor es esencial, o donde predomina la apelación al destinatario (publicidad, discursos) o en cualquier texto vinculado a una subcultura, es difícil imaginar una forma de traducción automática capaz de sustituir completamente al ser humano. (Barbieri, 2019, párr. 15)

En síntesis, a pesar de todos estos avances y sus implicaciones, reemplazar a los traductores con sistemas de traducción automática aún parece un objetivo distante. Por un lado, los algoritmos utilizados por GT, basados en un primer momento en un sistema estadístico y luego en mecanismos de autoaprendizaje, presentan errores al momento de traducir y sus resultados no son tan confiables como los elaborados

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por un traductor humano. Por otro lado, las innovaciones de Google para facilitar la traducción automática en diferentes escenarios aún se encuentran en desarrollo y se ven claramente limitados por factores que un traductor humano puede manejar, como características del entorno, construcciones lingüísticas complejas y variedades dialectales.

Los profesionales en el área de la traducción han servido como puente de intercambio de información entre distintos idiomas y no solo conocen las lenguas implicadas al momento de traducir, sino que también poseen una sensibilidad cultural que posibilita la generación de un producto final natural que se adapta al entorno, lo cual la máquina no ha logrado desarrollar (Ontranslation, 2016). Tal como señala Common Sense Advisory, citado por Arevalillo (2012), “la traducción automática no va a reemplazar la traducción humana, sino que la va a complementar”6 (p.184). Por consiguiente, ante la demanda y las necesidades de traducción que hay en la actualidad, así como el creciente desarrollo de la traducción automática, el traductor debe entender cómo funciona esta tecnología, acoplarla a sus necesidades y las de su entorno, y comprender su rol actual en relación con esta IA para adaptarse a las innovaciones que la tecnología está llevando a cabo y no convertir este oficio en obsoleto. En lugar de reemplazar al traductor, es necesaria una convergencia entre ambos lados para lograr un resultado óptimo.

6. Traducción propia del original: MT will not replace human translation but complement it.

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