Sigma - Revista de estudiantes de Sociología nro. 12

ISSN 2011-9437

Revista de estudiantes de Sociología

no.12 I violencia

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DIRECCIÓN DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DIRECC IÓN DE BIENEST AR DIRECCIÓN DE BIENEST AR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMI ENTO INTEGRA L PROGRA MA GESTIÓN DE PROYECTOS

rector Ignacio Mantilla Prada vicerrector de sede María Clemencia Vargas Vargas director de bienestar sede bogotá Oscar Oliveros Garay decano facultad de ciencias humanas Sergio Bolaños Cuéllar directora de bienestar facultad de ciencias humanas María Elvia Domínguez Blanco coordinadora programa gestión de proyectos Elizabeth Moreno Domínguez

Σigma Revista de estudiantes de Sociología

comité editorial Edisson Aguilar Torres Cristian Salamanca Edwin Castro Romero William Sánchez Ortiz Oscar Gamba Baron Jeison Morales Sáenz Sara Márquez Gutiérrez colaboradores Carolina Hormaza Jiménez Julián Pérez Mauricio Gaona Adriana Lozano Stephanie Buriticá Rodríguez David Pinzón Héctor Andrés Pérez diseño y diagramación Diego Escobar / PGP impresión Gracom Gráficas Comerciales ISSN 2011-9437

director departamento de sociología William Mauricio Beltrán Cely

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contenido

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El “proceso de reorganización nacional” argentino y la “operación cóndor”(1976-1978) diego antonio cruz

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Doris Salcedo y la violencia del arte rubén yepes

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ELN ¿una insurgencia política? gustavo nizo cárdenas

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Conflicto armado: una situación latente en el Chocó harold mauricio nieto y carlos e. beltrán

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El conflicto y la violencia ¿positivos, legítimos, necesarios e inherentes a la vida social? angie paola ariza

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Editorial

¿Por qué seguir escribiendo sobre la violencia? Muchas razones podrían darse, pero para empezar se podría decir que el hecho de vivir en un país que ha creado una disciplina llamada “violentología” ya es suficiente motivo, aún cuando sea tan solo para poder analizar cual ha sido su evolución y aporte en la comprensión del conflicto armado en el país. La heterogénea y abundante producción de esta disciplina ha ocupado a académicos de diversas corrientes ideológicas a lo largo de por lo menos 54 años, si establecemos una fecha a la vez arbitraria y significativa en el año 1962, cuando fue publicada la célebre investigación “La Violencia en Colombia, estudio de un proceso social”, dirigida como es bien conocido en el mundo académico, por Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña y el padre Germán Guzmán, que había trabajado en la comisión dirigida por Otto Morales Benítez para investigar las causas de la violencia partidista. Hoy es un estudio clásico, que en su momento generó revuelo entre las élites políticas colombianas, pues a ellas precisamente cuestionaba, y que desde su aparición ha sido suficientemente comentado por los representantes de la singular disciplina que nos ocupa. Pero bueno ¿a cuento de qué traerlo a colación? Solo para señalar que la sociología de la violencia, por lo menos en Colombia, ha estado ligada de una forma u otra a los debates públicos. Buen ejemplo es este libro, que incluso provocó encendidos debates en el senado de aquella época.

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Como lo señalara Gonzalo Sánchez en algún artículo, era un libro de intenciones políticas, de denuncia. Los autores tenían su propia agenda, ligada a un ideario de paz y modernización del país diferente a la de los partidos tradicionales, pero eso no les impidió sistematizar y analizar de forma exhaustiva la información que tenían y llegar a conclusiones coherentes como que la Violencia no era producto del “salvajismo”, el clima, la raza o la inclinación natural de las clases populares, sino de conflictos inter élites no dirimidos, factores asociados a la estructura de la tierra y al papel de la Iglesia Católica, para mencionar solo algunos.

La referencia a la “Violencia en Colombia” también es una forma de poner sobre la mesa el tema de la relación de la Universidad Nacional con los debates públicos o más directamente, de lo que pareciera ser una ausencia de estos.

Da la impresión de que actualmente son universidades privadas como Los Andes o corporaciones como Nuevo Arco Iris o Seguridad y Democracia, para mencionar algunas, quienes realizan los balances, las recomendaciones y en últimas las que mantienen un diálogo con el Estado y la sociedad civil. Es una situación preocupante, no por que estas instituciones no hayan hecho valiosos aportes al análisis de la violencia en el país, sino por una posible perdida en la diversidad de enfoques.

Una vertiente importante de los estudios contemporáneos sobre la violencia en el país, producidos en la Universidad de los Andes, ha tenido un enfoque centrado en la economía política, es decir, en cómo las dinámicas de la guerra son reproducidas por la búsqueda de recursos de los actores armados, dejando de lado el peso que lo político puede tener en su accionar.

Ahora bien, no se pretende decir con esto que la Universidad Nacional ha sido ajena a este enfoque o que en los Andes no hayan existido críticas al mismo.

Un ejemplo es el artículo de Álvaro Camacho Guizado “Credo, Necesidad y Codicia: Los Alimentos de la Guerra”, publicado por el Ceso (Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales), donde se señalan los límites del modelo en cuestión y se propone un marco analítico para la fase actual del conflicto armado, que involucra los factores político-ideológicos, las condiciones socioeconómicas (desigualdad social) y la racionalidad económica de los actores. Sin desconocer lo anterior, se puede decir que en el análisis actual de la violencia está primando un enfoque basado en el análisis de racionalidades económicas

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que no permite dimensionar adecuadamente la relación que los grupos armados ilegales tienen con lo político.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario decir que la preocupación está relacionada fundamentalmente con la relación entre academia y sociedad, específicamente la academia de la Universidad Nacional y la sociedad colombiana, en el tema concreto de los estudios sobre la violencia y el conflicto.

Sobre este punto se puede decir, que si bien la autonomía intelectual es un factor clave para el desarrollo de conocimiento científico, esta no puede ser sinónimo de encerramiento, de aislamiento respecto de las instituciones públicas y privadas, de los movimientos sociales y en general de los actores sociales externos a la universidad. ¿Qué tiene para decirle a la sociedad colombiana, en materia de desplazamiento forzado, la Universidad Nacional? ¿Qué puede decir la Facultad de Ciencias Humanas sobre la seguridad en las ciudades? ¿Se limita el papel de la Universidad Nacional como formadora de opinión pública a las apariciones esporádicas de algunos de sus profesores, en canales de televisión, para responder preguntas editoriales? A excepción de contados esfuerzos individuales, de profesores en su mayoría ya pensionados o en vísperas de estarlo, no parece existir un esfuerzo institucional por participar en los debates relacionados con el conflicto armado y sus perspectivas de paz, en los que se está jugando el futuro del país, tales como el papel de los actores armados en la posibilidad de la restitución de tierras a las víctimas del despojo o la forma que debe asumir la lucha contra las llamadas “BACRIM” (Bandas Criminales).

A inicios de febrero del presente año, la Universidad de los Andes organizó un foro sobre los 10 años del Caguán, con asistencia de profesores de dicha universidad y miembros de las mesas temáticas y el equipo negociador del presidente Pastrana. Ningún representante de la Universidad Nacional estuvo allí. Como forma de aportar al debate, la Revista de Estudiantes de Sociología Sigma ha querido dedicar su número doce, al viejo pero actual tema de la “sociología de la violencia”, en aras de incentivar en los estudiantes del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional el interés por reconceptualizar y proponer nuevas formas de análisis de este fenómeno, teniendo en cuenta que es un tema no resuelto y de gran vigencia, precisamente en el momento en que el gobierno Santos hace público su interés de entablar un proceso de paz con el ELN y las FARC.

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El “proceso de reorganización nacional” argentino y la “operación cóndor” (1976-1978) diego antonio cruz gómez Estudiante de Historia / Universidad Nacional de Colombia dacruzg@unal.edu.co / diegocruz84@hotmail.com

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RESUMEN

Este artículo busca indagar las condiciones históricas, a nivel regional, que permitieron el ascenso y precipitaron la posterior caída de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Se plantea que la conformación y ulterior desmantelamiento de la “Operación Cóndor” por parte de las Fuerzas Armadas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, contribuyó a la configuración transnacional del terrorismo de Estado en toda esta región de América Latina.

Así, se demuestra que la violencia política institucional perpetrada en la Argentina, asumió la modalidad de represión en contra de la sociedad entera, con lo cual se propagó una cultura del miedo entre la población argentina en su conjunto.

Palabras claves: terrorismo de Estado, cultura del miedo, “Operación Cóndor”, Argentina.

La historia de la Argentina a lo largo del siglo XX estuvo marcada por dos procesos íntimamente relacionados que determinaron el devenir histórico reciente de esta nación: la larga experiencia sociopolítica del peronismo, movimiento populista de masas que irrumpió en el país hacia 1946, y una vasta sucesión de intervenciones militares en la vida nacional (1930-1932, 19431946, 1955-1958, 1962-1963, 1966-1973, y 1976-1983). Fue precisamente la última dictadura militar del siglo pasado la que dio al traste con el último gobierno peronista en el poder, coyuntura en la cual el fundador y máximo líder del movimiento, Juan Domingo Perón, fallecería en pleno mandato. Con todo, el rasgo distintivo de la más reciente dictadura que padeció la Argentina fue, a diferencia de los otros regímenes militares que la precedieron, que ésta organizó y movilizó una descomunal maquinaria represiva destinada a exterminar a la insurgencia armada y a la oposición política –dentro de la cual se encontraba el movimiento peronista-, así como a aterrorizar a la población civil en general, mediante un despliegue inusitado y completamente desmedido de la violencia física, psicológica e incluso simbólica.

Los estudios históricos, sociológicos y politológicos acerca de las condiciones políticas y sociales que permitieron el ascenso de dicho sistema de represión estatal, por lo general aducen que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 contra el gobierno constitucional de Isabel Perón1, por parte de las 1 Con este nombre se conoce a la segunda esposa de J. D. Perón, llamada en realidad María Estela Martínez de Perón, que reemplazó en el poder al caudillo cuando éste falleció en 1974.

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Fuerzas Armadas argentinas, se produjo a consecuencia de una crisis política, social y económica que redundó en un acelerado proceso de degradación institucional al interior del país, así como en una creciente ilegitimidad del gobierno peronista ante la población civil (Benítez y Mónaco; 1). De igual forma, se ha argumentado que el golpe militar de 1976 se originó por el alto grado de violencia política que se había enseñoreado del país especialmente durante el último gobierno peronista.

En efecto, desde comienzos del decenio de 1970, empezaron a proliferar guerrillas de izquierda como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y los Montoneros, todas las cuales entraron en guerra abierta contra las fuerzas de represión estatal y paraestatal como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), promovidas por el gobierno peronista para hacer frente al caos social que le atribuían a la “subversión”. Ante tal situación, las Fuerzas Armadas esperaron una oportunidad para asestar un golpe definitivo a la insurgencia, sustentadas en la convicción –avalada por algunos sectores de la población- de que la única salida a la crisis múltiple del país, era la instauración de una dictadura militar (Rock, 1995; 217-223).

No obstante, estos análisis se limitan a la consideración de las condiciones internas que permitieron el establecimiento de la dictadura militar en Argentina a partir de 1976, y por tanto, dejan de lado las condiciones externas o regionales que hicieron posible tal acontecimiento. En realidad, el proceso de consolidación y puesta en práctica de la política de “purga social” por parte de los militares en el poder, estuvo directamente influenciado por el contexto internacional de la época, caracterizado por la proliferación –alentada por los EE.UU.- de regímenes militares represivos en todo el Cono Sur, durante la década de los 70. En este orden de ideas, el objetivo del presente artículo es estudiar las condiciones históricas regionales, haciendo referencia al Cono Sur, que contribuyeron a la configuración y desmantelamiento de la política de terror oficial de la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” en contra de la sociedad civil y la disidencia política entre 1976 y 1978, cuando el terrorismo de Estado alcanzó su apogeo en la Argentina.

Ante todo, es imprescindible tener en cuenta que el dispositivo de disciplinamiento político y social por medios coercitivos que desarrolló el régimen militar argentino en cuestión, no se inauguró con el golpe militar de 1976, sino que comenzó desde febrero de 1975, cuando el gobierno

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constitucional de Isabel Perón firmó oficialmente la entrada de las Fuerzas Armadas en la guerra contra la insurgencia mediante el Decreto presidencial No. 261, que delegó al Ejército la misión de reprimir el frente guerrillero del ERP en las montañas de Tucumán (Catoggio; 4). Fue en realidad esta decisión del Ejecutivo la que dio inicio a las tácticas de la llamada “guerra sucia” contra la insurgencia guerrillera en la Argentina, ya que como lo argumentan Mónaco y Benítez, “esta ofensiva oficial y paraoficial, propiciaría, ya como método garantizado, el asesinato y la desaparición de una importantísima cantidad de personas” (Benítez y Mónaco; 4-5). Dicha tendencia se profundizó en octubre de 1975, cuando el gobierno capituló ante la exigencia de la Fuerza Pública de extender la lucha “antisubversiva” en todo el país, mediante el Decreto 2770, que fue crucial para la institucionalización de la violencia en el país en la medida que, como lo plantea Dinges, “invistió a los militares con un poder casi ilimitado, y [constituyó] una carta blanca para los asesinatos en masa que se producirían” después (Dinges, 2004; 161).

Una vez afianzado en el poder, tan sólo pocos meses después del golpe, el régimen militar procedió a articular una política de terror inusitadamente brutal y desmedida. Bajo la consigna central de eliminar la “amenaza subversiva”, la primera Junta Militar (1976-1979) conducida por el Teniente General Jorge Videla, desplegó una violenta ofensiva militar que lejos de centrarse en la lucha contra la insurgencia, como lo explica Catoggio, se extendió contra toda clase de disidentes –políticos, sindicalistas, intelectuales, estudiantes, profesores, etc.- que fuesen considerados cómplices de la “subversión” (Catoggio; 8).

A este respecto, es importante tener presente que a efectos de legitimar ante la sociedad la empresa genocida que se había propuesto, el régimen procedió a homogenizar a la totalidad de la oposición política bajo el rótulo de “subversivos”, justificando así la violencia sin límites ni control contra la misma, bajo la consigna de eliminar los elementos “terroristas” que alteraban el “orden social” (Navarro; Palermo, 2003; 68-72).

En ese sentido, más determinante aún fue la metodología de la violencia y los dispositivos de represión que se aplicaron, los cuales estuvieron destinados desde un comienzo a propagar el terror entre la sociedad en general. En efecto, con el uso de centros de detención autorizados pero clandestinos como escenarios de operaciones, y el despliegue de unidades especiales de las fuerzas militares y de policía, cuyo objetivo era agredir, secuestrar, interrogar,

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torturar, asesinar y desaparecer a todo individuo sospechoso de ser insurgente, los militares instauraron una auténtica cultura del miedo y de la muerte en la sociedad argentina de finales de los 70, dirigida principalmente a generar un ambiente de ansiedad y terror generalizado que impidiera cualquier tipo de resistencia ante el proyecto de gobierno de los militares en defensa de la “civilización cristiana y occidental”, así como a evitar que se produjeran peticiones públicas de justicia ante la represión indiscriminada de las fuerzas estatales (Torre; de Riz, 1990; 126-127). En este sentido, el éxito del terrorismo de Estado adoptado por la dictadura durante los primeros tres años de la misma, fue avasallador.

En este orden de ideas, debemos remitirnos al contexto regional en que se produjo el ascenso de los militares argentinos al poder, ya que hacia mediados del decenio de 1970 la totalidad de los países del Cono Sur se encontraban gobernados por dictaduras militares. Desde comienzos de los años 70 la Argentina se hallaba rodeada de regímenes militares que contaban con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos: en el Paraguay el General Alfredo Stroessner comandó una dictadura militar de 1954 a 1989, en el Brasil se instauró un régimen militar desde 1964 hasta 1985, en Bolivia el General Hugo Banzer encabezó una dictadura entre 1971 y 1978, mientras que en el Uruguay, se implantó una dictadura de corte cívico-militar desde 1973 hasta 1984 (Paredes, 2004). Esta fuerte tendencia a la imposición de gobiernos militares en el Cono Sur, se puede entender por una parte, como la reacción de las fuerzas de extrema derecha ante la extensión y creciente legitimidad entre las clases populares, de la insurgencia armada de izquierda en los países australes. Y por otro lado, dicha proliferación de regímenes de extrema derecha se debe comprender como un resultado del apoyo velado de los EE.UU. a los distintos ejércitos de la región en la lucha contra los movimientos insurgentes.

Con todo, el acontecimiento regional de mayor importancia en la configuración del terrorismo de Estado en la Argentina, fue el golpe militar de 1973 en Chile, debido a la incidencia que éste tuvo en todo el Cono Sur. Cuando el 11 de septiembre de 1973 el General Augusto Pinochet derrocó violentamente al gobierno democráticamente electo del izquierdista Salvador Allende, se dio inicio a una guerra total en el Cono Sur -justificada como “guerra contra el terrorismo”- contra los movimientos insurgentes y los sectores sociales y políticos afines a los mismos, respecto a la cual Dinges señala que

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buscaba “la erradicación de las fuerzas políticas a las que Pinochet y sus aliados percibían como infectando sus países con el cáncer foráneo de la revolución comunista” (Dinges, 2004; 22).

A partir de entonces, Pinochet asumió el liderazgo geopolítico y militar de la “lucha anticomunista” en Sudamérica, la cual consideraba debía ser llevada a cabo mediante nuevas tácticas y acuerdos entre los países vecinos, debido a la proliferación regional del enemigo “comunista”. No obstante, el golpe militar de Chile también tuvo una relevante incidencia en los movimientos insurgentes de izquierda de todo el Cono Sur, ya que el derrocamiento de Allende representó para los mismos el final de la “vía pacífica al socialismo”, y de esa manera, como explica el mismo Dinges, el ascenso de Pinochet terminó por legitimar el camino opuesto de la revolución, no por la vía de las urnas, sino por la fuerza de las armas (Dinges, 2004; 70-71). Así pues, las guerrillas con bases organizativas en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, concibieron la necesidad de organizar redes clandestinas de resistencia en cooperación transnacional, para llevar la revolución socialista a escala regional.

Vemos entonces que la década de los 70 marcó en el Cono Sur un punto de giro hacia la violencia política total, en la medida que los movimientos insurgentes de izquierda avalados por crecientes sectores de la sociedad, justificaban una salida violenta y “revolucionaria” a la represión y el autoritarismo que habían impuesto los distintos gobiernos militares de la región. A este respecto, es importante tener en cuenta la idea de Torre y de Riz según la cual en la Argentina, ya desde el inicio del segundo gobierno peronista en 1973, “la violencia se convirtió en un fenómeno cotidiano al que la opinión pública se resignó impotente” (Torres y de Riz, 1990; 128), debido fundamentalmente a que la guerra de exterminio que las fuerzas estatales y paraestatales desplegaron en contra de la insurgencia para detener sus contundentes incursiones armadas, redundaron en una aceptación pasiva de la sociedad ante la escalada de violencia que desde ese entonces se apoderó de la vida pública argentina. De este modo, no resulta muy aventurado aseverar que desde comienzos de la década de 1970, en la sociedad argentina se había gestado una cultura de la violencia, en el sentido de que la población en general aceptó y asimiló a su diario vivir la práctica de la violencia política como el medio más adecuado y legítimo para resolver las disputas políticas que había desencadenado el retorno del movimiento peronista al poder.

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En este contexto histórico de auge político y militar de la insurgencia armada en todo el Cono Sur, la Argentina pronto se convirtió en un país de exilio para diversos movimientos políticos y organizaciones guerrilleras bolivianas, uruguayas, paraguayas, brasileñas y chilenas, que ante la persecución y el hostigamiento del que eran objeto por parte de las dictaduras militares en sus países de origen, buscaron asilo en la Argentina regida por el gobierno civil de la administración peronista. Muchos de estos refugiados políticos fueron acogidos por el ERP con la firme convicción de que ante el golpe de Pinochet, América Latina entera se había encaminado ineluctablemente hacia la revolución. De este modo, las guerrillas del Cono Sur estaban en plan de consolidar una estrategia común para derrotar a las dictaduras militares, por lo cual el máximo líder del ERP, Mario Santucho, convocó una “cumbre revolucionaria” en Buenos Aires a finales de 1973, entre el ERP argentino, el MIR chileno, el MLN-Tupamaros del Uruguay y el ELN boliviano, la cual concluyó en la formación de una alianza formal para la cooperación transnacional entre estos grupos, bautizada como Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).

Como Dinges lo señala, el objetivo central de la JCR sería crear “un aparato de alcance internacional que brindaría apoyo en cuestiones logísticas, financieras y militares” a las distintas guerrillas del Cono Sur (Dinges, 2004; 80-83), teniendo como sede principal la capital argentina.

Ante esta organización regional de los grupos insurgentes más fuertes del sur del continente, la reacción de los militares se dio igualmente a nivel internacional. Especialmente el gobierno militar chileno se tomó muy en serio la “amenaza” que constituía la consolidación de la JCR, la cual había desplegado desde 1974 una serie de secuestros y atentados contra militares, políticos de derecha y grandes empresarios en todo el Cono Sur. De esa manera, la dictadura de Pinochet convino en que se necesitaba un esquema de cooperación internacional para vencer a la insurgencia, que consistiera en la creación de una alianza secreta destinada a tal fin junto a todos los gobiernos militares de la región (Dinges, 2004; 22-23). Fue así que en 1975, la Dirección Nacional de Inteligencia -policía secreta chilena- organizó un encuentro entre los jefes de inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la que, como lo documenta Paredes, se llegó a la conclusión de que era necesaria la institucionalización de las actividades contrainsurgentes coordinadas entre

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los países del Cono Sur, por lo que a finales de 1975, se fundó oficialmente la llamada “Operación Cóndor” (Paredes, 2004).

Bautizada de ese modo en honor al ave de presa que figura en el escudo nacional de Chile, el Plan Cóndor se creó como un nuevo sistema de inteligencia cuyo objetivo era la recolección, intercambio y almacenamiento de información sobre líderes y grupos políticos disidentes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, con el fin de identificar y frustrar sus acciones de oposición contra los regímenes militares que gobernaban en estos países.

Pero sobre todo, y como lo sugiere Dinges, la “Operación Cóndor” se concibió como una nueva estrategia secreta regional de lucha contra la “subversión” (Dinges, 2004; 153, 172),2 que llevó a las FF.AA. del Cono Sur a compartir información de inteligencia y coordinar sus operaciones para la desarticulación de las guerrillas de izquierda en toda la sub-región. Ahora bien, siguiendo con el criterio de Dinges, el rasgo más visible del Plan Cóndor era “la creación de un banco de datos centralizado al que todos los países miembros contribuirían con información de inteligencia”, y al cual la CIA proporcionó sistemas computarizados y capacitación técnica, así como una poderosa red de radio militar perteneciente al Ejército de los EE.UU. (Dinges, 2004; 173-175), todo con el objetivo de facilitar las actividades contrarrevolucionarias de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur. No obstante, todo esto era apenas la base para una operación “antisubversiva” conjunta que, bajo el lema de iniciar una “tercera guerra mundial” contra el “comunismo” en la región, terminó estructurando un sistema represivo de terrorismo de Estado con alcance internacional.

En efecto, la “Operación Cóndor” fue concebida originalmente como una cruzada regional “antisubversiva” dividida en tres fases: la primera consistía en el establecimiento de un intercambio sistematizado de inteligencia, una base de datos y un sistema de comunicaciones entre los países miembros. La segunda implicaba la realización de operaciones conjuntas contra los focos guerrilleros en los respectivos países, proceso que empezó en 1975 y llegó a su auge en 1976, teniendo a la Argentina como centro de operaciones, al ser la sede de la JCR y el último país que se incorporó oficialmente al Plan Cóndor.

La fase tres contemplaba operaciones conjuntas en Norteamérica y Europa

2 Especialmente contra la JCR, concebida como una amenaza guerrillera de alcance continental, en la medida que operaba clandestinamente en la Argentina y abiertamente en Europa.

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destinadas detectar y asesinar a los opositores que estuviesen operando desde el exilio (Dinges, 2004; 227).

La primera fase del Plan Cóndor se llevó a cabo sin mayores complicaciones y estuvo realizada ya antes del golpe de 1976 en Argentina, gracias a la significativa colaboración de la CIA y el gobierno de los EE.UU. Respecto a la fase dos, el modus operandi del Cóndor consistió en la colaboración entre los organismos de inteligencia de los países miembros para la captura de los “subversivos” en sus fronteras, los cuales eran trasladados a su país de origen, y allí interrogados, torturados y “desaparecidos”. De este modo, a mediados de 1976 el Sistema Cóndor ya había arrasado con la infraestructura de la JCR en Argentina, Chile y Bolivia, con lo cual las dictaduras militares asestaron un golpe decisivo a los principales grupos guerrilleros de la sub-región. No obstante, no se debe olvidar que la categoría de “subversivo” abarcaba en ese entonces no sólo a los guerrilleros, sino también a los miles de civiles disidentes que se oponían a la represión estatal en el Cono Sur, razón por la cual amplios sectores de la sociedad civil se convirtieron en blancos directos de la violencia física extendida por el Plan Cóndor en toda la región. De esta manera, Torre y de Riz argumentan que “el pánico de quienes habían alentado la aventura guerrillera fue silenciando la actitud de una mayoría de los argentinos, que, cansados y atemorizados, optaron ciegamente por ignorar la cruenta experiencia que tenía lugar a sus espaldas” (Torre; de Riz, 1990; 128). Fue así que el Plan Cóndor contribuyó en gran parte -sin proponérselo explícitamente- a propagar el terror en la Argentina, pues como lo afirma Romero, con el pretexto de eliminar del territorio nacional a las organizaciones armadas, el Cóndor procuraba exterminar toda expresión de disidencia política mediante el ejercicio del terror y la violencia clandestina, para así controlar y dominar a la sociedad en su conjunto, y en última instancia, transformar sus bases mismas (Romero, 1994; 210). Además, la disposición autoritaria de prohibir toda actividad política, censurar la prensa, intervenir a los sindicatos e instaurar la pena de muerte, inmovilizó y sumió en la impotencia a la mayor parte de la población del país.

De esta forma, la llamada “guerra sucia” en la Argentina contra las guerrillas y los sectores sociales afines a su ideología por parte de la Fuerza Pública entre 1976 y 1978, fue en gran medida un producto del despliegue de la “Operación Cóndor” en este país, por cuanto el régimen militar argentino siguió el modus operandi represivo y violento institucionalizado a nivel regional por el Cóndor.

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Así, la aplicación generalizada y sistemática de la tortura física, simbólica y psicológica, que siguiendo el criterio de Romero buscaba “quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y personalidad” (1994; 209), fue uno de los métodos de terror más efectivos que se tomaron directamente de los procedimientos usados por el Sistema Cóndor, como una herramienta útil para obtener información y sembrar el terror en la sociedad (2004; 146-147). Esto porque, como lo explica Rock, la dictadura argentina al igual que todas las del Cono Sur, tenía la convicción de que en la guerra contra la “subversión” no eran aplicables las leyes judiciales, de manera que los abusos eran concebidos como inevitables resultados de dicha guerra (Rock, 1995; 224-225). Asimismo, el secuestro y “desaparición”3 a gran escala de civiles declarados “subversivos” por el régimen militar, fue otro método de violencia psicológica y simbólica que hizo posible la imposición de una cultura del miedo en toda la sociedad argentina, ya que como lo sostiene Romero, el terror que generaban las “desapariciones” forzadas impedía a los individuos asociarse en colectivos para la búsqueda de justicia (1994; 211). De otro lado, es muy diciente que el auge operativo del Sistema Cóndor (1975-1977) coincida en gran medida con el período cumbre del terrorismo de Estado en la Argentina (1976-1978), etapa en que se perpetró un auténtico genocidio.

En este contexto, la política exterior del gobierno de los EE.UU. tuvo una notable incidencia en el desarrollo de esta estrategia regional contrainsurgente.

En efecto, el Departamento de Estado de los EE.UU., así como los distintos organismos de inteligencia norteamericanos –la CIA, el FBI y la DIA-, conocían con detalle el funcionamiento y la planificación del Plan Cóndor, y más aún, como lo apunta Dinges, apoyaban “la idea de una mayor coordinación entre las fuerzas militares de la región, especialmente en el área de inteligencia y comunicaciones” (Dinges, 2004; 24-25). Así, el apoyo de los EE.UU. al Sistema Cóndor se extendió a las acciones de la fase dos, pues la política exterior de la potencia del norte hacia América Latina bajo el liderazgo de Henry Kissinger,4 consistió en financiar y asesorar militarmente a las fuerzas de extrema derecha de la región en su lucha contra el “comunismo”, sin importar que la democracia fuese sacrificada por dicha causa (Dinges, 2004; 41, 97, 190-192). De esa 3 La categoría eufemística de “los desaparecidos” encubre el genocidio llevado a cabo por el régimen militar argentino en consonancia con las orientaciones de la “Operación Cóndor”, en el que decenas de miles de combatientes y civiles fueron torturados, asesinados y enterrados en fosas comunes.

4 Quien se desempeñó inicialmente como consejero de seguridad nacional y luego como Secretario de Estado de las administraciones de Richard Nixon (1969-1974) y Gerald Ford (1974-1977).

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manera, los EE.UU. estaban dispuestos a brindar respaldo operativo a las prácticas de terrorismo de Estado de los países del Cóndor.

No obstante, es necesario resaltar que la posición política oficial del Secretario de Estado norteamericano hacia la “Operación Cóndor” fue bastante ambivalente, pues ante la creciente presión internacional del discurso de los Derechos Humanos que emergía en la década de 1970, su política de defensa de los mismos marchó por dos caminos divergentes y contradictorios. Como lo explica Dinges, en la medida en que Kissinger subordinó los Derechos Humanos a los objetivos geoestratégicos de los EE.UU., avalando así el terrorismo de Estado en el Cono Sur, las críticas del Congreso estadounidense por las violaciones a los DD.HH., especialmente de parte de la dictadura argentina, llevaron al Secretario de Estado a hacer tímidos llamados a los líderes de la “Operación Cóndor” para que moderaran las acciones terroristas oficiales, que empezaban a desbordarse y salirse del control de la CIA (Dinges, 2004: pp.

216-219, 225, 239-240, 274).5 De esa forma, los intereses geopolíticos de los EE.UU. en el Cono Sur, terminaron por legitimar de manera implícita la política de terror oficial con la cual, siguiendo a Dinges, “el Cóndor elevó los crímenes contra los Derechos Humanos al más alto nivel de política de Estado” (Dinges, 2004; 39).

Con todo, la posición política permisiva frente al terrorismo de Estado en el Cono Sur por parte de los EE.UU., pronto iba a llegar a su fin. En el caso de la Argentina, el año de 1977 representó un punto de giro desfavorable para la dictadura militar, lo cual se debió, como lo indican Mónaco y Benítez, “a la asunción como presidente en los Estados Unidos del demócrata James Carter, que una vez en el poder alentó una política exterior estrechamente vinculada al respeto y control de los derechos humanos. […] Ante las múltiples imputaciones [de crímenes de lesa humanidad contra el régimen argentino], el gobierno estadounidense optó, en 1977, por reducir los créditos hacia el país, y en 1978 le efectuó un embargo de armas” (Benítez; Mónaco; 14). A partir de este trascendental cambio en la política exterior estadounidense, la dictadura militar argentina se vería cada vez más presionada internacionalmente por la violación de los Derechos Humanos; no obstante, y a pesar de que ya 5 A este respecto, debe agregarse el problema de la ausencia de una postura oficial unitaria por parte de los diferentes organismos estatales de seguridad y defensa estadounidenses, ya que frecuentemente la CIA, el FBI y la DIA tenían criterios y posiciones contrarias respecto a las acciones del Plan Cóndor en el Cono Sur.

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hacia finales de 1976 la insurgencia había sido diezmada y el miedo se había apoderado de la sociedad entera, como lo documenta Dinges, los asesinatos en masa y las “desapariciones” continuaron durante 1977 y 1978, cobrando cerca de 4000 víctimas más (Dinges, 2004; 280).

Asimismo, el cambio de la política exterior estadounidense afectó considerablemente al Sistema Cóndor, lo cual se debió principalmente a que Argentina, Chile y Uruguay habían decidido llevar a la práctica la tercera fase de la operación, que consistía en la eliminación de los enemigos de los regímenes militares que operasen fuera de América Latina, por lo que en 1976 ejecutaron con éxito el asesinato del político chileno opositor a Pinochet, Orlando Letelier, en Washington D.C. La CIA, como lo demuestra Dinges, pronto descubrió que la organización secreta estaba además planeando el asesinato del congresista demócrata Edward Koch en los mismos EE.UU., quien se había dedicado a la denuncia de violaciones de los DD.HH. por parte de las dictaduras del Cono Sur (Dinges, 2004; 291, 296-297). Estas acciones y proyectos que llevaban el terrorismo de Estado de las dictaduras del Cono Sur por fuera de América Latina, produjeron un cambio radical en la actitud de la CIA hacia la “Operación Cóndor” en 1977, la cual asumió por primera vez una posición terminante de rechazo ante las nuevas acciones del Plan Cóndor. A partir de entonces, siguiendo la explicación de Dinges, la tercera fase tuvo que ser completamente cancelada por los gobiernos militares miembros, y el Sistema Cóndor entró en un profundo declive que terminó con la desintegración formal de esta alianza represiva transnacional a finales de 1977 (Dinges, 2004; 301-309).6 A pesar de la práctica desarticulación del Sistema Cóndor en 1977, las acciones más cruentas de la “guerra sucia” en la Argentina se prolongaron hasta el año siguiente. Pero a partir de 1978 la lucha contra la insurgencia, que había sido el más importante factor de cohesión y legitimación de las FF.AA. ante la sociedad, se agotó y de ese modo, siguiendo el criterio de Mónaco y Benítez, “comenzaron a surgir disidencias ante la incapacidad de establecer bases mínimas de acuerdo alrededor de los objetivos del régimen” (Benítez; Mónaco; 17-18). En la medida que las FF.AA. argentinas habían aniquilado a la “subversión” y a sus bases sociales mediante un sistema de redes clandestinas de detención y una activa cooperación de inteligencia y logística con los países 6 No obstante, los métodos represivos del Plan Cóndor continuaron siendo utilizados hasta 1980 por las dictaduras de la región para la eliminación de sus enemigos, como lo hizo el régimen argentino mediante el Batallón 601, al capturar dos grupos de Montoneros en Brasil y Lima en 1980.

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vecinos, a finales 1978, el terrorismo de Estado en la Argentina no encontró un blanco “legítimo” hacia el cual dirigirse, por lo cual disminuyó notablemente en intensidad, aunque la represión hacia la población civil continuó en menor escala (Romero, 1994; 210).

En este caso, la continuidad de la práctica oficial del terror contra la sociedad en general se puede entender, adoptando la explicación de Halperín Donghi, como una forma de “castigo a la sociedad entera, y como instrumento de una cruel pedagogía destinada a […] asestar un escarmiento a todos los que se habían sentido por un momento atraídos por la alternativa” insurreccional u opositora (1998; 99). Así llegó a su fin el período más cruento del “Proceso” en 1978, pero a continuación se iniciaría otro de crisis política, económica y social generalizada.

En efecto, con la desarticulación del Sistema Cóndor y el final de la etapa cumbre del terrorismo de Estado en Argentina, el “Proceso de Reorganización Nacional” entró en una más o menos prolongada fase de decadencia. Tras la sustitución de la Junta de Videla por la del General Roberto Viola en 1979, se inauguró una nueva fase de inestabilidad y división interna del régimen militar, debido a la desaparición de la gran causa común y aglutinadora, que era la lucha contra la “subversión”. De esta manera, como argumentan Mónaco y Benítez, cuando comenzó a disminuir la represión en 1978, distintos sectores de las Fuerzas Armadas entraron en conflicto debido a sus posiciones divergentes respecto a la política a seguir (4). Así, el proceso de liberalización política que intentó impulsar Viola, imbuido por el resurgimiento de la protesta social por parte del movimiento sindical, las organizaciones defensoras de DD.HH. y las Madres de la Plaza de Mayo,7 generó una división en el gobierno militar entre las tres armas -Ejército, Aeronáutica y Marina-.

Se evidencia entonces que el consenso político que la dictadura había conquistado mediante el terror y la violencia, se disgregó rápidamente cuando ésta se dispuso a instaurar un estilo de gobierno menos represivo, pues como lo plantea Halperín Donghi, la sociedad en su conjunto empezó a levantarse al conocer la magnitud de los crímenes perpetrados (1998; 105-107), y al sentir menos miedo hacia un Estado otrora aterrorizador. Este proceso se agudizaría bajo el mandato del Teniente General Leopoldo Galtieri, que en 7 Este proceso de desintegración interna del gobierno militar se conoce comúnmente en la historiografía argentina como “el deshielo”, haciendo referencia a la atenuación de la política represiva de la dictadura que permitió la apertura de los espacios públicos y el renacimiento del movimiento social en la Argentina.

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1981 decidió ocupar militarmente las Islas Malvinas, ocasionando el repudio de la comunidad internacional,8 y siendo poco después completamente derrotado por el ejército británico. Así, la derrota militar y política en que terminó la empresa de las Malvinas, precipitó la caída de un régimen militar en decadencia, y por consiguiente, dio inicio a un proceso de transición democrática, que fue impulsado por las fuerzas políticas y sociales hasta ese entonces reprimidas.

Como lo explican Mónaco y Benítez, “la derrota desató una crisis interna profunda, y la sociedad aumentó su presión sobre un gobierno desgastado por los años y acusado, ahora de manera masiva, de múltiples violaciones a los derechos humanos. Al fracaso militar se sumaban el fracaso económico, que comenzó a exteriorizarse iniciada la nueva década, y el incumplimiento de los objetivos políticos” que se había trazado para dejar el poder (Benítez; Mónaco; 20-21).

En definitiva, el aparato represivo transnacional de la “Operación Cóndor” y el terrorismo de Estado de la última dictadura militar argentina, fueron dos procesos históricos que se relacionaron estrechamente, por lo cual el surgimiento de la “guerra sucia” en Argentina debe ser comprendido en gran medida como un resultado del despliegue del Sistema Cóndor en todo el Cono Sur. En este sentido, la relevancia histórica de la conexión estructural entre estas dos experiencias de violencia estatal en América Latina, radica en que la dictadura militar argentina adoptó los dispositivos y mecanismos de represión institucionalizados por la “Operación Cóndor” en el Cono Sur, y los extendió en contra de la sociedad argentina en su conjunto para difundir una cultura del miedo entre la población civil, con el objetivo último de eliminar la tradición populista que el movimiento peronista había dejado en ella.

Si bien en su intento de aterrorizar e intimidar a la sociedad entera con el objeto de impulsar sin dificultades su proyecto político y económico, el régimen obtuvo un éxito rápido y rotundo, su proyecto de fondo de refundar las bases mismas de la sociedad argentina fracasó estruendosamente, ya que la represión de las fuerzas políticas y sociales más progresistas sólo consiguió que éstas brotaran con fuerza a medida que la dictadura se hundía ante la crisis múltiple que experimentó a comienzos de la década de 1980. De este modo, los dirigentes de la “guerra sucia” empezaron a ser procesados por la

8 Con la excepción de la mayoría de los países latinoamericanos, que apoyaron política pero no militarmente a la dictadura argentina en la guerra contra la Gran Bretaña por las Islas Malvinas.

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Justicia argentina desde el ascenso al gobierno de Raúl Alfonsín, que marcó el retorno a la democracia en este país y el fin de la última y más brutal distorsión de las tradiciones y estructuras democráticas históricamente frágiles en la Argentina, la cual arrojó un saldo total de entre 15.000 y 30.000 víctimas, en su gran mayoría civiles.

BIBLIOGRAFÍA Benítez, Diego y Mónaco, César. “La dictadura militar, 1976-1983”. Artículo en PDF. URL:http://www.riehr.com.ar/archivos/Educacion/La%20 dictadura%20militar%20Monaco%20Benitez.pdf Catoggio, Maria Soledad. “La última dictadura militar argentina (1976-1983): la ingeniería del terrorismo de Estado”. Online Encyclopedia of Mass Violence, publicado el 25 de enero de 2010, consultado el 9 de mayo de 2011. URL: <<http://www.massviolence.org/La-ultima-dictadura-militar-argentina1976-1983-la>> Dinges, John (2004). Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Santiago de Chile: Ediciones B. Halperín Donghi, Tulio (1998). La larga agonía de la Argentina peronista.

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Doris Salcedo y la violencia del arte

rubĂŠn yepes Candidato a Magister en Estudios Culturales Pontificia Universidad Javeriana ruben_yepesm@yahoo.com.ar

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RESUMEN

Doris Salcedo constituye, en relación con el reconocimiento internacional que ha obtenido como artista contemporánea, un caso sin parangón en el arte colombiano y, particularmente ahora cuando ha ganado el cotizado Premio Velásquez de las Artes otorgada por el Ministerio de Cultura de España (2010), una tentación ineludible. Ella se ha convertido en el prototipo del artista “político” y de compromiso “social”. Su consagración internacional definitiva como artista “comprometida” se había dado ya antes del premio, con su célebre instalación Shibboleth en la famosa Turbine Hall de la Tate Gallery de Londres. A pesar de estos logros, se buscará sustentar en este ensayo que su obra constituye un ejemplo insuficiente de un arte política y socialmente comprometido —es decir, un arte que se opone a las configuraciones hegemónicas del poder— ha de ser.

Sin embargo, la intención prioritaria de este texto no es hacer un análisis estético de la obra de Doris Salcedo, sino, más bien, valerse de dicho análisis para hacer una crítica del tipo de arte contemporáneo que suele denominarse “político”.

Bien podría ejemplificar esta crítica a través de la obra de otros artistas contemporáneos; se ha valido del arte de Salcedo, es porque, a mi modo de ver, este constituye un caso particularmente conspicuo de los alcances y los límites de dicho tipo de arte.

Palabras claves: Doris Salcedo, arte y violencia, arte político, arte contemporáneo.

Arte “social” y “político” De Doris Salcedo, son conocidas las series de instalaciones con muebles y su trabajo con los vestigios materiales de víctimas de la violencia colombiana.

En series tales como Atrabilarios (1991-1996), Casa Viuda (1992-1995) y Sin título (1989-2005), una y otra vez, aparecen zapatos y ropajes que remiten a las víctimas de la violencia política en Colombia, así como puertas, mesas, sillas y armarios de madera pertenecientes a hogares humildes, cargados con el recuerdo de los acontecimientos que sus dueños y usuarios han debido vivir. En estas series de obras, los muebles son transformados, amalgamados, fundidos de tal suerte aluden a cuerpos humanos o partes de ellos. Dispuestas en espacios silenciosos, casi místicos, a veces opresivos, las obras de Salcedo

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tienen una presencia formal innegable y un poder evocador a la vez sutil y contundente.

A través de sus objetos e intervenciones, Doris Salcedo pretende hablar de las violencias que produce el poder. A lo largo de su obra, se ha referido a las víctimas de la violencia en Colombia, si bien en ocasiones alude también a temas políticos más generales como el racismo, los inmigrantes, la exclusión, las desigualdades sociales y la memoria histórica. Se puede decir que en general a Salcedo le interesan las manifestaciones del poder. En sus poco frecuentes declaraciones públicas, hay una referencia constante al poder: un poder que oprime, domina y somete a la vida, un poder que estructura las formas del recuerdo y el olvido, ya sea en Colombia o en otras latitudes, aparece reelaborado a través de la retórica visual de su obra.

Al observar las obras de Doris Salcedo es preciso reconocer, como tantas veces se ha hecho, como presentan gran coherencia formal y temática, poder evocador y sutileza lírica. Las obras de Salcedo, miradas como objetos estéticos autónomos (es decir, mirados como obras de arte), son ciertamente bien logradas, merecen ser ensalzadas como buenas representantes del arte contemporáneo. Lo cual, es otra forma de decir que se insertan bien dentro del relato hegemónico del campo del arte, el cual es de galeristas e historiadores (se aprende en la academia y que se recita con las intervenciones de los artistas y los críticos) legitima, no ya la trasgresión formal o la coherencia entre forma y concepto, sino las implicaciones “políticas” y “sociales” de lo que se presenta como arte.

Sin embargo, se busca sostener en este texto como el arte de Salcedo, lejos de ser un ejemplo feliz de efectividad transformativa, es prototípico de un arte político que negocia en la intransigencia su aparente intencionalidad política, un tipo de arte que abunda hoy en día. Salcedo está siendo ensalzada como la más contemporánea de nuestros artistas, ejemplo del talento nacional y del intelectual comprometido con la realidad social del país. A contrapelo, se sustentará que la obra de Salcedo –y las interpretaciones hegemónicas que de ella se hacen— es un excelente ejemplo de la tendencia a la anulación del potencial de intervención social que se da en el arte contemporáneo.

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Shibboleth y el espectáculo En la medida en que el arte de Doris Salcedo tematiza lo político y lo social, entra de lleno en la categoría de arte contemporáneo. Pero, en la medida de su potencial político depende únicamente de las cualidades estéticas de la obra, salvaguarda la autonomía de la esfera del arte. El arte, cuya muerte ha sido proclamada recurrentemente en las últimas décadas, reaparece cargado con toda la potencia de lo estético. En el orden de ideas expuesto, el arte sigue dotado del potencial salvífico que las vanguardias europeas le habían atribuido: si bien la transformación de la sociedad no se entiende ya como una consecuencia directa de la trasgresión efectuada por la obra de arte, esta labor sigue dependiendo de la atribución de la obra a un potencial transformativo que destilaría de su calidad estética. Después de todo, se trata de arte, no de militancia Empero, todo el debate se reduce así al ámbito tradicional de la estética, en donde no se cuestionan las dinámicas a través de las cuales las obras llegan al público, atendiendo así al carácter de fetiche de la mercancía que, como explica Marx, convierte el valor de la mercancía en una cualidad material “natural” de ésta, lo cual oculta el trabajo humano ha producido dicho valor. Las obras de arte llegan al público a través de instituciones que cumplen bien su labor de invisibilizar las condiciones sociales de producción de la transgresión. Esto, a su vez, opaca la anulación del discurso crítico que las instituciones culturales, como configuraciones hegemónicas, operan sobre la producción artística y la producción cultural. En este contexto crítico, se hace necesario acudir al concepto de espectáculo de Guy Debord, desarrollado en su famoso ensayo La sociedad del espectáculo (2000).

Debord traza el surgimiento y la instauración de una sociedad del espectáculo, en la cual la vida ha devenido mera representación. Debord dice que el espectáculo es “una relación social entre las personas que está mediada por la imagen” (2000; 1) cuya “función social es la fabricación concreta de la alienación” (2000; 8). Con el espectáculo se completa “el momento histórico en el que la mercancía culmina la colonización de la vida social” (2000; 10). Es este el resultado de la expansión de la economía capitalista: la constitución de una sociedad en la cual la ficción, la apariencia y la imagen median toda experiencia.

El sistema de producción ha requerido en la vida privada, concebida como

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un “tiempo autónomo”, el mismo de descanso entre los ritmos del trabajo, sea permeada por el deseo de adquirir y por la imagen de lo deseado, aun cuando la realización de ese deseo y su imagen no es más que ilusión. No contento con el rapto del hombre, de su individualidad y su fuerza de trabajo, en su omnipotencia, el sistema de producción capitalista culmina la operación con el rapto de la esfera ilusoria de libertad individual y vida subjetiva, que inicialmente había creado para él como paliativo.

Dentro de este marco teórico general, Debord señala —y este es el punto aquí relevante— como el vasto aparato técnico e institucional del capitalismo del siglo XX es desplegado para ocultar el poder y la explotación que este tiene en su base. En este marco, Debord anota como las prácticas culturales, inscritas ellas mismas dentro de una sociedad que tiene en la producción de plusvalía el origen de sus formas de relación “se convierten ellas mismas en la mercancía estrella de la sociedad del espectáculo”(2000; 59). En ellas “el principio del fetichismo de la mercancía se realiza absolutamente en el espectáculo, en el cual el mundo sensible es sustituido por una selección de imágenes que existen por encima de él, y se aparecen al mismo tiempo como lo sensible por excelencia”(2000; 36). Así, las prácticas culturales no pasarán de articular una “crítica espectacular del espectáculo” (2000; 60), convirtiéndose en seudoresistencias, las cuales terminan por servir efectivamente los intereses de la economía de capital, al ofrecer paliativos y placebos para la alienación que ésta produce. Para Debord, el espectáculo culmina el momento en el cual la ideología ha tomado forma material, se ha difuminado en su totalidad a través de lo social (2000), en tanto no trastoquen las formas de relación que se encuentran en su origen, el efecto placebo de los discursos críticos puede ser promulgado y aún impulsado por los ámbitos institucionales del sistema –justamente, en beneficio de sus intereses.

Dicho esto, se podría pensar la obra Shibboleth de Doris Salcedo, es un ejemplo craso del funcionamiento del espectáculo en el arte “social” y “político” contemporáneo. En una visita a la Tate Gallery a finales del 2007, poco después de instalada la obra, se genero una experiencia impresionante, y ciertamente lo primero que llama la atención (especialmente en mi caso) fue la proeza técnica que significaba zanjar una enorme grieta en el suelo del famoso recinto para el cual fue comisariada la obra. Y se pude comprobar cómo, también para muchos de los asistentes (en su mayoría turistas), esto era igualmente

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el aspecto más relevante de la obra. La grieta comienza como una pequeña rasgadura en el suelo y se va ampliando paulatinamente a medida que recorre 167 metros del piso de la Turbine Hall de la Tate, hasta convertirse en una zanja de casi un metro de profundidad y unos cuarenta centímetros de ancho.

Una inspección más detallada revela que la grieta fue en realidad esculpida en bloques de concreto, los cuales ocupan el lugar exacto de las secciones de losa.

Los asistentes que ese día también visitaban la galería (al igual que yo) tomaban su tiempo para especular sobre la forma en que fue hecha y tomarse fotos con ella delante, detrás y también introduciendo manos y pies en la grieta, se supondría como prueba de que no se trataba de una mera ilusión bien lograda.

Tomadas las fotos y resuelto el enigma técnico, la mayoría de los visitantes se marchaba.

Esta instalación de Salcedo ha recibido mucha atención. Se presentó en la prensa como la consagración definitiva de la artista: desde que la Tate Gallery comenzó a buscar artistas para instalar obras en su sala más grande, sólo diez artistas han tenido este privilegio. Doris Salcedo fuera la octava artista seleccionada, siendo además colombiana y mujer, lo cual ha sido visto como el logro más significativo entre nuestros artistas contemporáneos y como su consagración definitiva en el mundo del arte internacional. El Turbine Hall se ha convertido, desde que la corporación Unilever comenzó a comisionar anualmente a los artistas contemporáneos seleccionados por la Tate para realizar proyectos en la sala, en el gran centro inobjetado del arte contemporáneo.

El título de la obra fue tomado por Salcedo de un poema homónimo de Paul Celan. La palabra Shibboleth existe en el inglés: se refiere a una particularidad en la pronunciación o el comportamiento que delata a un foráneo. La palabra ha sido adaptada al inglés del hebreo, idioma en el cual adquirió su sentido moderno a partir de un pasaje de la Biblia en que los miembros de la tribu de Efraín usan un sonido incluido en ella que los galaaditas no pronunciaban en su dialecto para distinguirse de estos últimos. Su sentido último es pues, el de una especie de santo y seña. En todo caso, es el título mismo lo que da la clave interpretativa de la obra (por lo menos para el público inglés el cual conoce el significado del término). Esta vez, no se trata de la violencia política en Colombia, sino de la violencia en un sentido más general y abstracto.

Dijo la artista a la cadena BBC de Londres: “La obra lo que intenta es marcar

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la división profunda que existe entre la humanidad y los que no somos considerados exactamente ciudadanos o humanos, marcar que existe una diferencia profunda, literalmente sin fondo, entre estos dos mundos que jamás se tocan, que jamás se encuentran “(en: Toledo, 2007) . Y añadió: “la historia del racismo transcurre paralela a la historia de la modernidad, y es su innombrable parte oscura” (en :Toledo, 2007). El racismo, la división social, la división entre occidente y su afuera son las alusiones que la artista atribuye a su obra.

En esta obra (como en otras) Salcedo recurre a la estrategia de componer el sentido de la misma con los significados que se encuentran preinscritos en el espacio. En una entrevista para el Financial Times, la artista expresó sus dudas sobre la realización de la obra, dado el pasado del recinto como planta generadora de energía en la que habían sido explotados muchos trabajadores inmigrantes (en: Salazar, 2008). Pero esta aparente contradicción se convirtió en parte de la composición de la obra en el momento Salcedo implicó el pasado de la sala en el sentido de la misma: la “grieta” que la artista abrió en el piso no pretende ser sólo una grieta en una edificación histórica, algo inusual, tampoco sólo una grieta en la galería más importante de arte contemporáneo, sino también, una grieta en el seno de la explotación obrera y la explotación de los inmigrantes.

Sin embargo, ¿logra este trabajo de Doris Salcedo abrir una herida en el corazón del arte contemporáneo? ¿Es su grieta un golpe en el ombligo del lugar de origen de la explotación obrera capitalista? Suponiendo que la obra habrá provocado reflexiones en algunos; también ha provocado flashmobs y piernas heridas. Pero, más allá de esto, hay una anulación del potencial político de la obra que viene de la mano de sus condiciones materiales de producción.

O, para decirlo mejor, una determinación a priori de las posibilidades de la obra a partir de sus condiciones materiales iniciales. El profesor Carlos Salazar (2008) ha criticado fuertemente la asociación entre el arte “político” de Salcedo y la multinacional Unilever, demostrando con información de diversas fuentes que dicha corporación tiene no pocos asuntos pendientes en materia de derechos humanos y ambientales alrededor del mundo: trabajo infantil, incumplimiento de compromisos laborales, cesación injustificada de contratos de trabajo, colaboración con regímenes opresivos, polución ambiental masiva, monopolio, entre otros. Puede que sus altos ejecutivos tengan un gusto por el

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arte contemporáneo, pero Unilever (como, en el fondo, todas las corporaciones multinacionales) tiene mucho por qué responder ante el mundo.

Unilever necesita limpiar su imagen ante la opinión internacional, más en estos tiempos de “conciencia ética” de los consumidores europeos y norteamericanos. Si esto se hace a través de campañas de salubridad o financiando arte “político” es indiferente. El caso es como la mala prensa afecta los negocios, mientras que hacerse del lado de las víctimas ayuda a prosperar las ventas. Pero, mientras el profesor Salazar pone el acento sobre el dilema ético que significa para una artista de pretensiones políticas aceptar el patrocinio de un mecenas semejante, ha de acentuar el hecho de este episodio sólo es sintomático de las dinámicas más generales que aquejan al arte de pretensiones políticas tanto como constituyen incluso sus condiciones de posibilidad. Lo que se pretende resaltar es el hecho de que el episodio Unilever pone de relieve las condiciones de posibilidad del arte político contemporáneo, nos permite entender en lo concreto por qué hay tanto de este arte en la actualidad, a la vez que nos sugiere la necesidad de aceptar el carácter inocuo de este tipo de arte.

A Doris Salcedo siempre podremos darle el beneficio de la duda: quizás en efecto piensa que el efecto benéfico del arte es más poderoso y bien vale la pena aprovechar la oferta de la corporación (al fin de cuentas, esto es a conllevado a la creencia en el relato hegemónico del arte contemporáneo, dentro del cual sin duda alguna ella ha sido formada); quizás considera justo tomar sus recursos para denunciar los abusos del mundo, en una especie de quid pro quo; o quizás (aunque es poco probable), no estaba enterada de nada. Sin embargo, el asunto es que los cálculos éticos de Salcedo son aquí irrelevantes. Más bien, se trata de una perfecta demostración de cómo, no sólo la obra de arte de carácter político se ha convertido efectivamente en mercancía (Unilever pagó a Salcedo y su equipo unas 300 mil libras esterlinas), sino también de cómo el sistema de la producción contemporánea –en cara de Unilever— sabe que el arte “político” es inocuo, cumple muy bien su función de placebo. Los visitantes se pueden maravillar con la proeza técnica que constituye Shibboleth, pueden participar en la suerte de adivinanza conceptual que propone, pueden tomarse fotos introduciéndose en la obra, se pueden incluso reunir multitudes a bailar sobre ella, pero difícilmente los tocarán las injusticias del mundo de forma tal que pasen a la acción –o que demanden acción de parte de sus gobiernos. Cumplida su función como atracción turística

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o entretenimiento cultural, la obra se convierte en una molestia, como (en un cinismo extremo de la historia) podrán atestiguar los espectadores ingleses que han demandado a la galería porque tuvieron la torpeza de torcerse un tobillo en la grieta de Salcedo.

Doris Salcedo y la barbarie del arte En la serie La casa viuda, Salcedo a la vez acerca y aleja al espectador de la intimidad de las víctimas a quienes su obra alude. Acercarse a la obra es penetrar en el espacio íntimo de la víctima: adentrarse en su lecho, observar sus escasas pertenencias. Pero también la obra nos separa de ella: las puertas, cerradas —o dispuestas en posiciones imposibles, como si fueran el acceso negado a otro mundo—, en todo momento nos niegan el paso, poniendo el dolor en un “más allá” imposible de entender si no se ha sufrido de manera análoga. Esta estrategia de develamiento/ocultamiento tiene por intención hacernos cómplices en un doble sentido: a la vez de sentir el dolor de los familiares de las víctimas, esta se nos niega: insistir en la experiencia de la obra es violentar la intimidad truncada, violencia que se hace más patente en tanto que la obra se encuentra exhibida en el espacio público de la galería.

Al igual que con Shibboleth, se puede decir como estas obras de Salcedo se componen no sólo con la carga de significado que traen los materiales, sino también con el significado que permea el espacio de exhibición. Las obras logran crear un espacio solemne, silencioso, casi litúrgico. Esto permite una relación muy personal e íntima con la obra, pero a la vez parece resaltar el “acto de barbarie” que la obra de arte constituye: observar la intimidad de las víctimas presentada por las obras metonímicamente es tanto más un acto de violencia en tanto que estas se encuentran en el espacio de la galería, yacen allí, exhibidas, expuestas, dispuestas para nuestro placer estético (en primera medida, uno visita una galería o un museo porque le gusta, no en búsqueda de dolor: el juego del arte tiene en el placer uno de sus fundamentos). Pero el placer estético oculta el dolor (como también lo hace la estética del shock de otra parte del arte “político” contemporáneo). Así, las obras de Salcedo parecen aludir no sólo a la violencia que sufren las víctimas y sus familiares, sino también a la violencia estructuralmente implicada en el acto mismo de exhibir obras

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de arte. ¿Denuncia así Salcedo el espectáculo del arte? Ya se podrá entrever la respuesta a esto no puede ser positiva.

Una y otra vez, este tipo de arte da paso a recordar la famosa frase de Adorno en relación con el arte después de Auschwitz. Empero, se evitará citarla sola, fuera de su contexto, puesto que es considerable las múltiples interpretaciones que se han hecho tanto a su favor como en su contra adolecen de este error. Ello ha llevado tanto a que unos condenen a Adorno por haber condenado al arte, como a otros a decir que todo el arte occidental después de los campos de concentración es una manifestación de la barbarie. Mirar la frase de 1949 (Adorno escribe bajo el trauma cultural de la posguerra en Alemania) en su contexto textual debe disuadirnos de cualquier polarización interpretativa: Entre más totalitaria la sociedad mayor es la cosificación de la mente y más paradójico el intento de escapar en sí misma de su propia cosificación. Incluso la más extrema conciencia del holocausto amenaza con degenerar en habladuría. La crítica de la cultura se encuentra frente al último peldaño de la dialéctica de cultura y barbarie: escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie. Esto corroe incluso el conocimiento de por qué hoy es imposible escribir poemas (2008; 162).

Para Adorno, la barbarie de la poesía se deriva del hecho de que falla en demostrar su propia imposibilidad debido a la absoluta cosificación de la mente humana operada en los campos de concentración. Por utilizar el término de Giorgio Agamben (1998), la vida humana en los campos de concentración ha sido reducida a nuda vida, vida no cualificada, vida hecha cosa, consumible, gastable. Esto es absolutamente central en la interpretación de la frase, pero se pierde si ésta es aislada: lo que se da en los campos de concentración es la obliteración absoluta del sujeto autónomo. En su lugar, la vida cosificada, carente de la más elemental libertad, despojada de agencia, susceptible de cualquier vejamen. En el campo de concentración, la mente humana no se diferencia en nada de cualquier otro objeto. Pretender representarla es un acto de barbarie, en la medida en que la representación no puede nunca alcanzar el carácter irrepresentable de la nuda vida, de una mente humana que ha sido absolutamente cosificada.

Sin embargo, con lo dicho no se anula la posibilidad del arte, sino la posibilidad de la representación. Creo que la representación debe ser entendida

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aquí en sentido amplio como remisión a un referente: nada se gana reduciendo el debate a un problema de lenguaje visual, puesto que así se oculta el simple hecho de que una obra de arte siempre remite, de una u otra forma, a lo empíricamente existente. Pero, antes de proseguir, señalemos que Adorno en ningún lugar está abogando por el silencio (y es espurio atribuirle esto a sabiendas de la radical condena que realiza del holocausto y de la civilización que lo produjo). Un pasaje de la Dialéctica negativa deberá ser suficiente para disuadirnos de esta interpretación: Cualquiera que clame por la resurrección de esta cultura culpable y maltrecha se convierte en su cómplice, mientras que cualquiera que niegue la cultura promueve directamente la barbarie que la cultura revela ser. Ni siquiera el silencio nos saca de este círculo, ya que con el silencio simplemente usamos el estado de verdad objetiva para racionalizar nuestra inhabilidad subjetiva, convirtiendo así una vez más la verdad en mentira (2005; 360).

Adorno no clama por la muerte del arte después de Auschwitz, ni aboga por el silencio del arte. Lo que hace es resaltar el dilema moral que se presenta al artista que quiere hablar del horror del holocausto, dilema que se presenta en términos dialécticos: es moralmente objetable hablar del horror, pero mantenerse callado es también inaceptable. Lo que presenta Adorno es pues una aporía del arte, que no deja lugar para resoluciones felices.

En todo caso, según Adorno, al artista se le presentan dos grandes problemas: el primero tiene que ver con la instrumentalización del idioma (se refiere a los usos del alemán durante el régimen Nazi) y la dificultad de su “limpieza”; el segundo con el potencial que alberga toda obra de arte de procurar placer estético, lo cual a su vez implica el riesgo de esconder el verdadero horror. Concentrémonos sobre este segundo dilema. Dice Adorno: El sufrimiento extremo no tolera el olvido. Este sufrimiento demanda la existencia continua del arte que él mismo prohíbe. Es sólo en el arte que se le puede dar voz al sufrimiento sin que este sea inmediatamente traicionado por aquél. Sin embargo, al transformar este sufrimiento, a pesar de todos los intentos de irreconcialiabilidad y severidad, en la obra de arte sucede como si la deferencia que se debe a las víctimas fuese violada. La así llamada representación artística del dolor físico desnudo de aquellos que fueron mermados por las culatas de los rifles contiene el potencial, no

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importa qué tan remoto, de que se extraiga placer de ella. Por medio del principio de la estilización estética el destino inimaginable de las víctimas aparece provisto de algún tipo de sentido, se transfigura, el horror se suaviza y esto en sí le hace una enorme injusticia a las víctimas (1973; 125).

Para Adorno entonces, el hecho de que el arte será siempre una configuración estética de aquello que refiere implica el reemplazo del dolor por el placer o por lo menos, la mengua del primero en el último. Y todavía más, darle una forma ordenada y coherente al horror es imbuirlo de un sentido del cual carece. Sin embargo, el silencio es también una violencia perpetrada sobre las víctimas. Lo que se nos presenta de esta forma es una aporía que va más allá de las posibilidades de los artistas, ciertamente más allá de la discusión sobre la idoneidad estética de sus obras: se trata de un señalamiento de los límites estructurales del arte. Lo que Adorno nos resalta son, en últimas, las posibilidades y los límites del arte dentro de la civilización moderna. En este contexto, toda obra de arte nace culpable, puesto que toda obra de arte es posible solo bajo las condiciones que el contexto posibilita. En efecto, hay que darle la razón a Benjamin cuando proclama en su octava tesis que todo documento de civilización es a la vez un documento de barbarie (2003).

Esta complicidad con la barbarie es muy evidente en el arte de Salcedo, así como en su discurso. Asistí a la conferencia que la artista ofreció en el 2009 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, universidad donde cursó sus estudios de pregrado en artes. Allí, Salcedo afirmó: Mi obra no cuenta o narra un acontecimiento, no relata una historia, no es la narración nostálgica de acontecimientos pasados. Señala la ausencia de lo vivido, se aparta de la singularidad de una experiencia vivida, pero al hacerlo borra dicha experiencia para convertirse, en lo que de nuevo Celán llama “un momento lírico de lo que está distante en otro lugar, de lo que nos es ajeno, un recordatorio de la presencia de lo extraño en nuestro presente, en un vano intento por mitigar la intolerancia. (Salcedo, 2009)

Es decir, Doris Salcedo, una artista que se reconoce como eminentemente política, pone el acento, no en los contextos a los cuales la obra se refiere, mucho menos en los contextos en los que la obra circula y adquiere significado, sino en su autonomía estética, en sus cualidades “líricas”. Si hemos de atender estas declaraciones –pero también, si nos atenemos al carácter poéticamente

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abierto de sus obras, con su refinado “poder evocativo”, éstas, en vez de acercarse a la experiencia de las víctimas a las que frecuentemente aluden, por el contrario se alejan de ellas, encubriendo con su “lirismo” (y logrando así el efecto político contrario al que la artista declara proponerse) la violencia, las exclusiones y las injusticias políticas y sociales de las cuales las víctimas son en efecto víctima. Dispuesta en el espacio aséptico de la galería, la obra nos hace sentir que entramos en contacto con el dolor de las víctimas, sirviéndonos como “válvula de escape” ante el horror: en ella disipamos la culpa de nuestra conciencia (que sólo nos aqueja, en últimas, porque reconocemos en el fondo que participamos de la producción del horror). El poder transformativo de la obra de arte queda otra vez sujeto a la vieja fe en el poder redentor de lo estético, que, cumpliendo su función ideológica, esconde las violencias que la obra ejerce. Si, se trata en efecto de arte con mayúscula (es decir, se trata de espectáculo), no de activismo; no, no logramos escapar aquí de la aporía señalada por Adorno.

Pero, como se ha podido observar tanto con Shibboleth como con la serie La casa viuda, Salcedo parece aludir también a la violencia que el arte estructuralmente ejerce. ¿Vence con ello los límites estructurales del arte que Adorno nos revela? ¿Redime con ello el carácter político y social de su obra? Ya señalé que mi respuesta es negativa: para el arte político, es decir, para el arte que se elabora con intenciones transformativas1, no es suficiente con tematizar la violencia. Es decir: no es suficiente con evocar el dolor de las víctimas de la violencia, y tampoco basta con referirse al espectáculo de barbarie que el arte ofrece. El hecho de que la obra de Salcedo aluda (o parezca aludir) a dicha violencia estructural del arte no la separa del hecho de que la obra misma está cometiendo su propia violencia tal. Dada esta situación contradictoria, no podemos ver en ello una crítica al campo del arte con efectos políticos positivos: se trata, a lo sumo, de una agresión que la obra ejerce contra sí misma, señalando (en un irónico gesto postmoderno), hacia su propia insuficiencia.

En las líneas anteriores, se ha insistido sobre la complicidad de la obra de Doris Salcedo con la barbarie, así como sobre el lugar central que tiene en esta complicidad la recurrencia a la (supuesta) autonomía de la obra de 1 Me apoyo aquí en la distinción que hace Jacques Rancière entre policía y política. Rancière propone que se utilice el primer término para designar la distribución habitual y hegemónica de posiciones sociales y de poder, en tanto que reserva el segundo término para designar las acciones de desacuerdo, disenso antagonismo que persiguen la redistribución de roles y posiciones sociales. Al respecto, ver: Rànciere (1996).

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arte. Con esto se expone a la crítica de que el mismo Adorno ha defendido la autonomía de la obra de arte como su única función social en la sociedad burguesa “la función social del arte es no tener función alguna”. Para Adorno, en efecto, el hecho de que el arte en la modernidad esté en complicidad con la barbarie no se contrapone a la necesidad de su autonomía: “algo se separa a sí mismo de la realidad empírica y por lo tanto del contexto funcional de la sociedad y, sin embargo, a la vez hace parte de la realidad empírica y del contexto funcional de la sociedad” (1997; 146). Es esta una característica de su “dialéctica negativa”: los dos polos de una relación dialéctica no tienen que resolverse necesariamente en una síntesis (a la manera de Hegel): la realidad, por el contrario, lleva los rasgos de la contradicción. Así, para Adorno, el arte es autónomo desde el punto de vista estético, pero precisamente, gracias a esta autonomía, el arte logra posicionarse en contra del rasgo dominante de la sociedad burguesa: la determinación de las relaciones por la funcionalidad del intercambio mercantil. Para Adorno, el arte es autónomo en la medida en que no tiene finalidad directa diferente de la libre creación estética; es heterónomo, en la medida en que cumple con la finalidad social indirecta de ser mercancía, provisto, por lo tanto, de un valor de intercambio. De esta autonomía relativa deriva la que para Adorno es la función social prioritaria del arte: la crítica de la sociedad capitalista. Dicha posibilidad crítica es inmanente al arte mismo, en la medida en que se deslinda de su propia autonomía –es decir, es independiente de sus temas o contenidos-, y es este el único rayo esperanzador que Adorno, en su pesimismo filosófico, le atribuye al arte.

Sin embargo, no es viable adherir a la caracterización adorniana de la autonomía del arte como posibilidad crítica. No es allí una opción factible, en primer lugar, en atención a los derroteros mismos del arte institucional, ya que, en el mundo contemporáneo, dicho arte aparece claramente cooptado por los intereses económicos corporativos. Como se señalo en relación con la obra Shibboleth, el arte contemporáneo ha devenido entretenimiento, atracción turística y comodín de intereses corporativos diversos: basta asistir a un salón o una feria internacional de arte, basta escrudiñar en las curiosas y despiadadas prácticas del comercio contemporáneo del arte para convencerse de esto. En los términos de Adorno: lo que se comprueba en el arte contemporáneo de élite es que, en la dialéctica autonomía estética- función social de intercambio, es este último término el polo alrededor del cual se resuelve el carácter dual

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de dicho arte, hasta el punto de hacer aparecer la autonomía como un gesto de puro cinismo.

En segundo lugar, porque – en consideración propia – el arte, en su (supuesta) autonomía, en efecto cumple una función social que beneficia los intereses de la producción capitalista: la función de ser espectáculo, la función ideológica de encubrir la barbarie y la función reproductiva de permitir un espacio en donde la libertad individualista tiene su auge. Una vez más, hay que atender la increpación de Debord. Pero también hay que atender a un autor cuyos análisis marxistas de la estética moderna no han tenido la repercusión que quizás debieran: me refiero a Terry Eagleton, quien ha señalado lúcidamente que la autonomía creadora del artista ha tenido una función social mucho más regresiva que aquella que le atribuye Adorno: ha servido como modelo del tipo de subjetividad que la clase media requiere en el mundo capitalista contemporáneo. Argumenta Eagleton (1990) que la autonomía, la libertad creadora, la potenciación de la imaginación, constituyen valores centrales para el capitalismo, particularmente en un momento en que su expansión depende de la potenciación de las capacidades inventivas y productivas de los individuos, valores que son particularmente importantes para los modos de participación productiva de la clase media en el mundo postfordista. Al igual que la función crítica que Adorno asume como inmanente al arte en su autonomía, es también inmanente al arte la función ideológica de promulgar valores individuales y sociales que la economía de capital requiere: es esta la función del arte autónomo en la producción de lo social.

Volvamos. La pregunta de fondo desde mi perspectiva es: ¿cuándo el discurso crítico, lejos de anestesiar, sugiere, permite, posibilita, pasar a la acción? Es decir, ¿cuándo la crítica (o el arte político) ofrece la posibilidad de la agencia, de la acción transformativa? Esto nos debe llevar a indagar por las intersecciones entre crítica cultural y activismo, entre arte y acción política, que, empero, se encuentran más allá de los límites de este ensayo. Refiramos todavía una última cita de Adorno: “los valores reales de una cultura sólo pueden ser mantenidos negando la cultura. Pero esta negación no puede ser ya una negación cultural. Podría, en cierto sentido, tener lugar dentro de la cultura, pero señala a un lugar más allá de esta” (2008; 64). En todo caso, lo que aquí es perentorio reconocer es que el arte “político” como el de Doris Salcedo, es decir, el arte que se contenta con tematizar lo político y que confía su poder

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de intervención social exclusivamente a la potencia de lo estético, mientras que quizás sea en algún sentido necesario (como demostración de la insuficiencia del arte, o quizás como exploración de las posibilidades transformativas de lo estético, en aras de su usufructo en circunstancias más productivas), sirve bien su efecto placebo, participa del espectáculo, no escapa de la ideología y con ello, contribuye a la perpetuación de la barbarie.

Referencias: ADORNO, T. (2008 [1955]). Prismas. La crítica de la cultura y sociedad. Madrid: Akal. ______________(1997 [1970]). Aesthetic Theory. Londres: Athlone. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(2005 [1966]). Dialéctica negativa. La Jerga de la autenticidad. Akal: Madrid. ______________(1973 [1967]). Consignas. Madrid: Amorrortu.

AGAMBEN, G. (1998[1995]) Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida.

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DEBORD, G. (2000 [1967]). La sociedad del espectáculo, (ed. Miguel Castellote, 1986), reeditado Madrid: Pre-Textos.

RANCIÉRE, J. (1996 [1995]). El desacuerdo: política y filosofía, Nueva Visión: Buenos Aires.

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SALCEDO, D. Editado por PELUELA, J. (2009, 4 de mayo). El Milenarismo De Doris Salcedo: Sus Debilidades Teóricas. Esferapública (no tiene número de página). Disponible en: http://esferapublica.org/nfblog/?p=2365. Fecha de consulta: 26 de mayo 2010.

TOLEDO, M. (2007, 9 de octubre). Doris Salcedo: canto contra el racismo.

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ELN ¿una insurgencia política?

gustavo nizo cárdenas Candidato a Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos Universidad Nacional de Colombia ngnizoc@unal.edu.co

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RESUMEN

Este artículo busca analizar y dar cuenta de la evolución del pensamiento de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) frente al problema de la violencia como método de acceso al poder y la consecución de cambios políticos por esta vía. Se plantea como hipótesis que la constante evolución de esta guerrilla hacia propuestas de paz centradas en la negociación política como salida al conflicto armado, estaría transformando ésta de una insurgencia armada a una insurgencia política como método y sustento de lucha.

Orígenes del ELN El triunfo de la revolución cubana generó un impacto a nivel continental sobre los métodos y estrategias revolucionarias en América latina. Jóvenes entusiastas de varios países vieron en la insurgencia cubana un ejemplo a seguir para lograr el triunfo de la revolución socialista. Así, atraídos por conocer personalmente la realidad cubana bajo las orientaciones políticas y económicas del socialismo, en 1962 un grupo de jóvenes colombianos arribo a la isla con la intención de formarse académica y políticamente. Y aunque el bloqueo militar de Estados Unidos en octubre de ese año, obligó al gobierno cubano a devolver a gran número de estudiantes a su país de origen, 22 jóvenes colombianos decidieron quedarse en Cuba para recibir instrucción militar. De estos, tan solo siete resistieron la formación guerrillera y fueron quienes después de muchas discusiones dieron origen a la brigada pro liberación José Antonio Galán, conformada con el objetivo de promover la lucha revolucionaria en Colombia y organizar grupos de apoyo militar y político. Estos siete fundadores fueron: Víctor Medina Morón, Fabio Vásquez Castaño, Heriberto Espitia, Ricardo Lara Parada, Luis Rovira, Mario Hernández y José Merchán (Medina, 2000; 70).

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Esta brigada fue el primer elemento orgánico de donde, el 4 de julio de 1964, surgió el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia, que se daría a conocer abiertamente seis meses después, al realizar su primera acción armada en el pueblo santandereano de Simacota. En esta acción, el ELN hizo público su manifiesto político -conocido a posteriori como Manifiesto de Simacota- en el cual exponían sus idearios y objetivos de lucha. En este documento, dicho grupo guerrillero hizo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad colombiana a la lucha revolucionaria contra la oligarquía criolla y el imperialismo, advirtiendo que: “La violencia reaccionaria desatada por los diversos gobiernos oligarcas y continuada por el corrompido régimen Valencia-Ruiz-Novoa-Lleras, ha sido una arma poderosa para sofocar el movimiento campesino revolucionario, ha sido una poderosa arma de dominación en los últimos 15 años. (…) Nuestro pueblo que ha sentido sobre sus espaldas el látigo de la explotación, de la miseria, de la violencia reaccionaria, se levanta y está en pie de lucha. La lucha revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual gobierno de engaño y de violencia.

Nosotros, que agrupamos el Ejército de Liberación Nacional, nos encontramos en la lucha por la liberación nacional de Colombia.” (Citado en: Harnecker, 1988; 43)

Además de este, otro documento constitutivo y fundamental de esta primera época del ELN, fue la declaración programática de este grupo guerrillero. En él, se plantea una serie de reformas políticas populares para lograr cambios en aspectos como la administración del Estado, el rumbo económico del país, el manejo de la educación, la inclusión social y la dirección de las fuerzas armadas. Estas reformas deberían lograrse, paradójicamente, bajo métodos radicales y revolucionarios como la lucha armada. En aquellos años la posición política y militar del ELN era resumida en la mística y diciente consigna “Ni Un Paso Atrás Liberación o Muerte” o “Nupalom”, por sus iníciales.

Así, es posible afirmar que en esta primera época del Ejército de Liberación Nacional, el discurso político de la organización guerrillera fue bastante radical, expresando como objetivo derrocar al gobierno por medio de la violencia y acusando a toda visión contraria como reformista o entreguista, destacando la ausencia de algún planteamiento de negociación o acercamiento al Estado por parte del ELN en sus años iníciales.

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Esta posición política perduró aun en los tiempos de crisis de los años setenta, cuando el ejército gubernamental asestó el peor golpe en la historia de esta guerrilla, aniquilando el 70% de la organización en la famosa operación desarrollada en la región antioqueña cercana al municipio de Anorí. Pese a ello, a comienzos de los años ochenta la organización resurgió con mucha dinámica, copando nuevos territorios de colonización, desarrollando planes de ocupación territorial en zonas estratégicas y creando más frentes guerrilleros como el frente Carlos Alirio Buitrago y el Domingo Laín Sáenz, este último famoso por su radicalidad en la defensa de la lucha armada.

Las elecciones presidenciales de 1982 tuvieron un signo especial no visto antes. El tema de la paz con las organizaciones guerrilleras ocupó a los candidatos, entre los cuales figuraban los nombres de Alfonso López Michelsen, Luis Carlos Galán, Gerardo Molina y Belisario Betancur. La coyuntura del país en esta década cambió significativamente con el ascenso al poder de este ultimo, quien propuso como tema central de su gobierno la búsqueda de la paz, planteándole a la insurgencia una salida política y negociada al conflicto armado. En su discurso de posesión el presidente afirmó ante el congreso: “levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio de la decisión que tomen las cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: a esta tarea me consagro, porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional” (Citado en: Ramírez, 1989; 62)

Así, el gobierno constituyó una comisión de paz integrada por cuarenta personas con el fin de ser lo más vinculante e incluyente posible, desarrollando a su vez cuatro subcomisiones que trataron grandes temas para la paz como la situación social del país, la amnistía y los diálogos con grupos armados, la recuperación de territorios y la eficiencia de los diferentes entes públicos.

Uno de los temas neurálgicos y más controvertidos de este proceso, fue el de la ley de amnistía. El 19 de noviembre de 1982 el presidente Betancur sancionó la ley 35 de 1982 que, a grandes rasgos, proponía una amnistía para aquellos ciudadanos que alzados en armas y en condición de presos, tuvieran

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voluntad de acogerse a esta ley, excluyendo a aquellos delitos de asesinato por fuera de confrontación.

En ese marco, se declaró un cese al fuego en 1984 por parte de las guerrillas del M-19, FARC, EPL y ADO, que con varios altibajos, desembocó más adelante en desmovilizaciones y acuerdos de paz con estas organizaciones, a excepción de las FARC, quienes generaron un proceso de diálogo que daría las garantías legales para la creación de la Unión Patriótica como partido político amplio.

Por su parte, el ELN fue la única guerrilla que desde el principio se opuso a esta política de paz. Una entrevista a los comandantes de este grupo en aquella época, permite evidenciar la posición que de la tregua propuesta por Betancur adopto el ELN: “Evaluábamos que la correlación de fuerzas era desfavorable al movimiento guerrillero. Si bien no teníamos propuesta para la coyuntura, nosotros planteamos la necesidad de que el movimiento revolucionario pudiera lograr una mayor acumulación de fuerzas, estar en mejores condiciones para sacar un mejor dividendo político. (…) La dirección del ELN da una conferencia de prensa que aparece publicada en los diarios. Nos planteábamos la consigna de Camilo: “No depondremos las armas hasta que el poder esté en manos del pueblo”. Defendíamos el proyecto de guerra popular prolongada, en los objetivos generales y en los aspectos programáticos y retábamos al enemigo, ya no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista político (…) en el fondo tratábamos de lanzar una especie de reto político”.

(Harnecker, 1988; 24)

Esta es la última vez que el ELN oficialmente se opone a dialogar con el gobierno. Gradualmente, su discurso se va flexibilizando tal como lo permite entrever los documentos de los eventos democráticos de la organización, en los cuales, esta opción militarista se va transformando, con el paso del tiempo y ante el mismo desgaste de la guerra, en propuestas de humanización del conflicto y de solución política.

Hacia una insurgencia política A partir de 1990, el ELN da un viraje en la concepción política frente a sus objetivos y los métodos de lucha. Abandonando poco a poco el discurso

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fundacional y replanteando la lectura del momento político nacional e internacional, en aquel año este grupo insurgente presenta en las conclusiones de su II congreso, denominado “poder popular y nuevo gobierno”, el problema de la negociación. Allí, se plantea la importancia de un dialogo político para desarrollar una estrategia que muestre al país sus planteamientos y propuestas.

Así, en este documento, el ELN proponía: •

Conquistar legitimidad nacional e internacional y con esto aceptación en la población y reconocimiento.

•

Ayudar a obtener conquistas parciales para la población en general y también para las organizaciones populares

•

Concientizar y mostrar a la sociedad la necesidad de un cambio real en las relaciones de poder para conseguir transformación social.

•

Concebir la negociación como la continuación de la guerra en el escenario de la política, proponiendo y debatiendo temas clave para todo la nación.

•

Ganar la participación de la sociedad en el desarrollo de las negociaciones, por intermedio de sus organizaciones sociales, políticas y otros sectores. (Medina, 2009; 158)

Los años noventa representan para el ELN un avance en generación de nuevas estructuras y de desarrollo de campañas en defensa de recursos naturales y por soberanía nacional, aunque sea también esta la década en la cual la organización guerrillera sufra la captura más sensible de su historia: Francisco Galán, miembro del comando central, es detenido cerca de Bucaramanga, y desde entonces ha sido vocero oficial de esta organización en casi todos los intentos de negociación hasta ser retirada su vocería a finales de 2008.

En medio de una fuerte e inusitada crisis social y política, causada por los escándalos de infiltración del narcotráfico en la campaña electoral del ex presidente Ernesto Samper, el 2 de febrero de 1996 la dirección nacional del

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ELN hace público un documento intitulado “Una propuesta Urgente para Colombia” en el que propone su principal apuesta en materia de paz: crear una Convención Nacional para encontrar salidas a la guerra y la crisis que vive el país. En este sentido, la organización guerrillera afirma: La Unión Camilista Ejército De Liberación Nacional convoca a la nación entera a una CONVENCION NACIONAL para buscarle una salida a la actual crisis política y al gobierno existente en Colombia. Donde se definan los nuevos referentes para gobernar en la actual situación de crisis e inestabilidad y donde además se concreten procedimientos para la conformación de un nuevo gobierno de amplia participación y cuya labor principal sea el establecimiento de una nueva legitimidad que haga posible la superación de la actual crisis, que enrumbe al país por el camino de la democracia, la justicia social y el desarrollo. Un gobierno que encare y resuelva los problemas desde siempre aplazados por los anteriores gobiernos. (Citado en: Vargas, 2006; 255)

Bajo esta hoja de ruta, se emprenden esfuerzos por conseguir avances en las negociaciones, se dan acuerdos formales en el palacio de Viana, en España, al igual que un acuerdo a finales del gobierno de Samper denominado “acuerdo de puerta del cielo” realizado en Maguncia, Alemania, en el cual se pactan acuerdos de humanización del conflicto y garantías para la posible convención nacional, sin que se llegue a una formalización oficial de estos.

Estas conversaciones son retomadas por el gobierno de Andrés Pastrana cuya campaña electoral se basó en una propuesta de paz y negociación con la insurgencia. Así, se inicio diálogos con las FARC en el Caguán, mientras que con el ELN se propuso hacer la Convención Nacional en cuatro municipios del sur de Bolívar, aunque a comienzos de 1999 se canceló por la imposibilidad de llegar acuerdos sobre el sitio y las garantías para desarrollarla, tales como la desmilitarización.

Ante el fracaso de estos procesos de paz, emerge un discurso derechista y guerrerista representado por Álvaro Uribe Vélez, ganador de las elecciones presidenciales del año 2002. En consecuencia, bajo su mandato las fuerzas militares inician una ofensiva permanente contra la insurgencia, se realizaron reformas políticas y tributarias para aumentar la capacidad militar del Estado y se desarrollaron planes integrales de contrainsurgencia en las zonas más afectadas por el conflicto.

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Ante este desafío, el ELN se debilita militarmente. Varios frentes guerrilleros son desarticulados, entre ellos los frentes Kaled Gómez Padrón, Jaime Bateman Cayon, Oscar Fernando Serrano, Isaac Zabala, Omaira Montoya, Cacique Calarcá y el frente María Cano, mientras en otros, se produce una disminución de los partes de guerra y de sus acciones militares, como ocurrió, por ejemplo, con el Frente de Guerra Norte, el cual no publicó partes de combate por largos periodos de tiempo.

Esta situación se explica, por una parte, debido a la fuerte represión y ofensiva de las fuerzas militares y también, por otra, a un cambio en la estrategia y táctica de este grupo insurgente, en la cual se concentran los esfuerzos en la solución política al conflicto en detrimento de la profundización de la guerra.

En este contexto, la máxima dirigencia del ELN representada en su Dirección Nacional, realizó una reunión con todos los mandos regionales para discutir las posibilidades de emprender un proceso de paz con el presidente Uribe, situación crítica pues varias veces se había planteado que con este gobierno era muy difícil sentarse a la mesa debido a su política de guerra. El 1 de noviembre de 2005 se hace público el comunicado oficial de esta reunión en el cual se plantea lo siguiente: Analizamos aspectos recientes de la coyuntura mundial, latinoamericana y de nuestro país. Constatamos como a la par que se desarrolla la brutal y sanguinaria arremetida del imperialismo norteamericano en países y naciones del planeta, se manifiestan alentadoras expresiones de resistencia de las masas oprimidas y explotadas, de los pueblos que defienden la construcción del socialismo, de los que persisten en procesos de lucha por la liberación nacional y social. Particularmente se destaca el avance de las luchas del pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana, las de las masas populares en Ecuador, Brasil, Argentina y Bolivia entre otras. (…)

Igualmente en medio de cordial intercambio de ideas, reflexiones y creativo debate, propio de una organización renovada y de esencia democrática, abordamos el tema de un posible diálogo con el Gobierno, en lo cual concluimos ratificando la plena confianza en nuestra máxima Comandancia, su competencia para asumir el diálogo con el Gobierno cuando lo estime pertinente, reafirmando así, una vez más, nuestra voluntad de paz con justicia social y la necesidad de buscar una solución política al conflicto social y armado que padece Colombia. (Comunicado reunión de dirigentes regionales del ELN de Colombia con su máxima comandancia.)

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Esta reunión representó un importante suceso en la historia de este grupo armado, pues en ella se planteó tres grandes objetivos: primero, analizar los cambios políticos en Venezuela y otros países de la región para que estos hechos políticos se asumieran como ejemplo para el proceso colombiano.

Segundo, fortalecer la unidad interna de la organización y acallar rumores de inconformidad en torno a supuestos rechazos de varios frentes a la posibilidad de dialogar con Uribe Vélez y, tercero, notificar y respaldar al Comando Central sobre el respeto a sus decisiones y concederle total libertad de dialogar con este gobierno cuando se considere pertinente, con lo cual se buscaba generar legitimidad en toda la comandancia sobre la nueva estrategia centrada, en lo fundamental, en la necesidad de iniciar diálogos de paz.

Ante esta perspectiva y pasados 10 años luego de su tercer congreso, la Dirección Nacional del ELN convoca para el año 2006 a su IV congreso, máximo evento de esta insurgencia, en donde se reúnen todas las estructuras vivas del ELN. Este nuevo congreso, realizado en el mes de julio de dicho año, se hizo en un momento clave para fortalecer algunos puntos de la nueva visión y estrategia de esta guerrilla, tales como el afianzamiento del grupo como una organización política, la búsqueda de un mayor impacto en la sociedad civil, el impulso a proyectos de cambio político desde la vía electoral y el conseguir una salida dialogada al conflicto. Al respecto, Nicolás Rodríguez Bautista expresaba en el cierre de este IV congreso: Hoy reafirmamos que en el momento la acción política es lo más importante (subrayado es mío), por tanto, coincidimos con el pueblo y todos los sectores y expresiones de descontento con el régimen colombiano y el imperialismo, buscando con ellos caminos de lucha hacia un nuevo gobierno de nación paz y equidad. Esta es una de las importantes tareas que todos ustedes salen a cumplir a partir de mañana, cuando inicien el retorno a sus regiones de lucha.

Los esfuerzos hacia la comunidad internacional, deben llegarles a todos los amigos que en el mundo respaldan una salida política al conflicto, buscando la participación de ella en la superación de la crisis humanitaria y de la paz para Colombia. (Revista Unidad, 2006)

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ELN ¿UNA INSURGENCIA POLÍTICA?

Es claro el viraje político que se da en este IV congreso, volcando los intereses de la organización hacia un énfasis en la lucha política, desligándose más de la lucha armada y de los métodos violentos. La nueva consigna que emana de este congreso fue “por un nuevo gobierno de nación, paz y equidad”, eliminando así de su discurso político las categorías de socialismo, lucha revolucionaria, liberación, guerra popular prolongada y hasta la palabra justicia fue cambiada por el término liberal de equidad. Además, esta visión se complementa con el interés de esa insurgencia en el proceso político electoral, expresado en el reiterado cese de hostilidades que ha hecho en los últimos comicios, al igual que en los mensajes enviados a las reuniones y congresos del Polo Democrático Alternativo.

Todo lo anterior, demuestra como la insurgencia del ELN parece alejarse cada vez más de la lucha armada para priorizar el enfoque político. En los estilos de los gobiernos democráticos de Evo morales, Hugo Chávez y Lula da Silva, se encuentra el principal viraje en la estrategia del ELN. Como lo advierte el profesor Alejo Vargas (2006; 261): En los últimos años el ELN parece encontrarse en un cruce de caminos: o consolida su estrategia de guerra y aplaza las posibilidades de negociación para un momento en que su fortalecimiento político y militar sea mayor -con el riesgo de que los cambios en el escenario internacional disminuyan cada vez los espacios de negociación política-, o bien, se encamina por el sendero abierto del proceso de la Convención Nacional, siempre y cuando logre construir consensos internos alrededor del mismo, y tenga la convicción de obtener mejores resultados políticos por esta vía y a un menor costo social”

Parece ser que el ELN le apuesta a esta última opción.

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GUSTAVO NIZO CÁRDENAS

BIBLIOGRAFíA HARNECKER, Marta (1988).Unidad que multiplica, Quimera ediciones, Quito.

MEDINA Gallego, Carlos (2000), ELN: una historia de los orígenes. Rodríguez Quito editores, Bogotá. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2009). Conflicto armado y procesos de paz.

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Fuentes del ELN: Comunicado reunión de dirigentes regionales del ELN de Colombia con su máxima comandancia, Noviembre 1 2005 Revista unidad IV congreso del ELN http// www.cedema.org

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Conflicto armado: una situación latente en el Chocó

harold mauricio nieto castillo / mauronieto7@gmail.com carlos e. beltrán / carlos.fogosio24@gmail.com Estudiantes de Sociología Universidad del Valle

Esta indagación fue realizada como trabajo final del curso Taller de Análisis Cuantitativo, dirigido por el Profesor Nicolás Espinosa Menéndez del programa de Sociología de la Universidad del Valle, durante el segundo periodo de 2010.

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RESUMEN

Este artículo trata sobre el comportamiento del conflicto armado en el Departamento del Chocó durante los años 1998-2006, tiempo en el cual los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe implantaron sus respectivas políticas para combatir esta problemática nacional, siendo que para cada período el impacto de las medidas adoptadas se vio reflejado en fenómenos como el desplazamiento, las masacres y los homicidios, elementos a analizar en este trabajo junto al comportamiento de las fuerzas armadas del Estado en su lucha contra los grupos subversivos.

Palabras clave: Acciones Armadas por iniciativa de la Fuerza Pública, FARC, ELN, Paramilitares, Desplazamiento, Masacres, Secuestros, Homicidios, Conflicto armado.

INTRODUCCIÓN El conflicto interno armado colombiano, se inscribe en una historia en la que los procesos llevados a cabo para su resolución, han permeado de manera profunda en la vida de los colombianos. Multiplicidad de actores y dinámicas se han configurado a través del tiempo en el comportamiento, desarrollo y consecuencias de éste, siendo que uno de esos factores determinantes en la evolución del conflicto tiene que ver con cómo los Gobiernos hacen frente al mismo, y cómo han estructurado políticas a fin de lograr ese elemento común en las campañas gubernamentales y que reza en nuestra Constitución Política: la paz. Dos períodos presidenciales se han caracterizado por diferencias profundas en sus ideas sobre cómo resolver el conflicto; el período presidencial de Andrés Pastrana que comprendió del año 1998 al año 2002 y el período presidencial de Álvaro Uribe que en una primera fase fue del año 2002 al año 2006. El primer período señalado se caracterizó por establecer un diálogo de paz con la guerrilla de las FARC, internacionalizar el conflicto en busca de apoyo tanto financiero como diplomático, e implantar en la población nacional un sentido de confianza ante la solución no bélica del conflicto (Restrepo, 2006). Pronto estas novedosas y, en principio, bien acogidas

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medidas, se vieron desgastadas1 y devaluadas ante las múltiples concesiones que el Gobierno le permitió a las exigencias de las FARC, sin establecer unas verdaderas condiciones de negociación que permitieran llevar a buen término la desmovilización del grupo guerrillero.

Por otro lado, las medidas adoptadas por el ex presidente Álvaro Uribe, fueron planteadas en términos de combate y derrota militar, implementando desarrollos organizativos y materiales para las Fuerzas Armadas Oficiales, como el fortalecimiento del pie de fuerza militar y el aumento de recursos económicos para esta lucha. A la diferenciación planteada entre los períodos presidenciales a tratar, debe añadirse un elemento importante en nuestro trabajo: enfocaremos las dinámicas permitidas por estas políticas de Gobierno para el Departamento del Chocó. Este Departamento se ha caracterizado por ser uno de los menos estructurados en las políticas oficiales, así como uno de los más azotados por las diferentes manifestaciones del conflicto. La corrupción de su burocracia, el desarraigo de su población, los intereses económicos y de control territorial por parte de los actores del conflicto y una economía sumida en la depresión, hacen parte de las características de esta región del país (Restrepo y Rojas 2004).

METODOLOGÍA El marco de esta investigación parte de un análisis en el que las fuerzas militares a través de sus acciones en pro del establecimiento del orden público, juegan un papel fundamental en relación con el comportamiento del conflicto en el Departamento del Chocó. Un elemento clave dentro de este análisis es el diferenciar dos períodos de tiempo (los Gobiernos de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez), que a nuestro juicio pueden representar un cambio a nivel nacional en cuanto a las políticas gubernamentales implantadas frente a la lucha del conflicto interno colombiano (aumento del pie de fuerza, mayor inversión en armamento, etc.). Esta investigación se centró en el análisis especifico de la situación del conflicto armado en el Departamento del Chocó, sin observar su relación con otros fenómenos sobre los que incide el conflicto 1 Al respecto puede consultase: http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?estadisticas=OK&cmbregistr os=10&tipoBusqueda=hometiempo&idTipoBusqueda=15&clearParameters=S&REDIRECT_ON_EMPTY=h ome&nuevosCriterios=S&portalactual=eltiempo.com&producto=eltiempo&ie=latin1&modeq=porpalabra &q=carmen+daRIen&a=2007&pagina=1

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como la violación a los derechos humanos, el Índice de desarrollo humano del Departamento (IDH), o la participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional, esto en aras de delimitar nuestro análisis para lograr un nivel mayor de profundidad.

La revisión, depuración y posterior análisis de los datos recogidos para el Departamento del Chocó por las fuentes establecidas (Base de datos DD.HH Vicepresidencia de la República y Banco de datos de la revista Noche y Niebla), a través de una línea de tiempo que va del año 1998 hasta el año 2006, en relación con las variables Acciones armadas por iniciativa de la Fuerza Pública, en contra de los actores FARC, ELN y Paramilitares en el Departamento del Chocó, da inicio al desarrollo analítico de los problemas y objetivos propuestos en nuestro trabajo de investigación. La organización de los datos está en función de observar el comportamiento de los fenómenos (Homicidios, Masacres y Desplazamiento) en relación con los actores propuestos, además de permitir la ubicación municipal de estas acciones y su desarrollo en el período establecido.

Presentamos gráficas tanto de los actores como de los fenómenos que nos indiquen su comportamiento y la prevalencia de ciertos elementos en éste. El análisis bivariado y multivariado nos permitirá ver si existe una correlación entre las variables adscritas a la investigación. Al cruzar los Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública (en adelante CAIFP), con alguno de los fenómenos como Desplazamiento, podremos observar si los desarrollos evolutivos en el período establecido, inciden de forma proporcional o no en el comportamiento del fenómeno. Estableceremos unos coeficientes de correlación de Pearson, a fin de esclarecer los niveles de incidencia causal de los Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública (CAIFP) sobre otros fenómenos adscritos al conflicto.

La geo-referenciación de los actores y las acciones en los municipios del Departamento, por medio de mapas cartográficos, será otra herramienta que nos permitirá observar la redistribución de los comportamientos y las dinámicas del conflicto, dando así una imagen de su evolución. Así mismo, para dimensionar los alcances de las acciones y los fenómenos inscritos en éstas, la proporcionalidad que nos brindan las tasas poblacionales calculadas en los municipios y en el Departamento del Chocó, son pertinentes para una mejor comprensión en términos de la relación de quienes son afectados por el

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conflicto y quiénes no; para esto se realizaron tasas de las variables Homicidios y Desplazamiento, por cada cien mil habitantes en el Departamento del Chocó.

Para el análisis de las dinámicas del conflicto (Homicidios, Masacres y Desplazamientos) hemos agrupado los diferentes municipios según su región (Litoral Pacífico, Bajo Atrato, Alto-Medio-Bajo San Juan, Medio Atrato y Alto Atrato), división previamente establecida por el Programa Presidencial de DH y DIH.

RESULTADOS Las cifras bajo el gobierno Pastrana Como podemos ver en el mapa 1, según los registros obtenidos por la Vicepresidencia de la República, para el año 1998 la Fuerza Pública solo presentó tres contactos armados en el Departamento del Chocó contra los principales grupos subversivos que hacen presencia en el territorio, siendo que contra el ELN no se llevó a cabo ningún enfrentamiento, mientras que contra las FARC se registran tres acciones y con los Paramilitares sólo una. Según la ubicación geográfica de estas acciones, podemos ver que tres de éstas (2 FARC, 1 Paramilitares) se ubican en la región del Bajo Atrato (Urabá chocoano), en los municipios de Riosucio y Unguía respectivamente, mientras que la acción restante de las Fuerzas Militares contra las FARC se ubica en el municipio de San José del Palmar perteneciente a la región del Alto, Medio y Bajo San Juan.

Para 1999 encontramos una reducción en las acciones armadas por parte de la Fuerza Pública en el Chocó, presentándose solo un enfrentamiento que involucra a los Paramilitares y que se llevó a cabo en el municipio de Medio Atrato (Belén), Región del Medio Atrato. Para el año siguiente esta cifra vuelve a aumentar presentándose un número total de cinco acciones, tres en el municipio de Unguía y una en Riosucio, estas en contra de las FARC; y otra en contra del ELN en el municipio de El Carmen, al oriente del Departamento del Chocó.

Ahora, en relación al año 2001, se presenta un aumento significativo de 15 acciones armadas por iniciativa de la Fuerza Pública (ver mapa 2), con la particularidad de que ninguna de éstas estuvo dirigida en contra de grupos Paramilitares. De las 15 acciones, 9 involucran a las FARC y se presentaron en

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los municipios de El Carmen (5), Unguía (3) y Quibdó (1), y las 6 restantes fueron en contra del ELN y se presentaron en El Carmen (2), Tadó (2), Lloró (1) y el Cantón de San Pablo (1). Lo que podemos ver según lo anterior es que las acciones en contra de estos grupos subversivos se concentran en la parte suroriental del Departamento del Chocó, aunque el Municipio de Unguía ubicado en la zona sur del Departamento siempre presenta enfrentamientos.

Mapa 1

Mapa 2

Fuente: Base de datos DD.HH Vicepresidencia de la República

Si observamos el mapa 3, elaborado a partir de los datos obtenidos de la base de datos de la revista Noche y Niebla, donde se encuentran consignadas las acciones armadas (65 en total) llevadas a cabo por cada actor en el Departamento del Chocó en el 2001, encontramos que los lugares donde se presentan estas acciones no corresponden en su totalidad con las presentadas en el mapa(2), CAIFP por grupo combativo chocó 2001; por ejemplo, en el mapa 2 encontramos una acción contra el ELN en el Cantón de San Pablo, y ésta no aparece registrada en el mapa 3 como una acción llevada a cabo por las Fuerzas Militares, lo que puede estar causado por criterios propios de cada una de las entidades encargadas de recolectar los datos. Sin embargo, el mapa

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Totales CAIFP grupo combatido Periodo Pastrana

Gráfica 1 Fuente: Base de datos DD.HH Vicepresidencia de la República

3 nos brinda la posibilidad de observar con mayor detalle tanto la proporción de acciones armadas ejecutadas por cada actor, como la distribución de éstas en el Departamento.

Así pues, para el año 2001, los Paramilitares que en el mapa 3 aparecen como Autodefensa, registran el mayor número de acciones armadas (36), de las cuales 16 se concentran en Riosucio y 10 se reparten igualitariamente entre la Capital chocoana Quibdó y el Carmen del Darién. Para el caso de las FARC se presenta un total de 13 acciones, y para las Fuerzas militares 11, de estas 24 acciones 8 se presentan en el municipio de Riosucio, lo que demuestra la confluencia de múltiples actores en este municipio. Por último, vemos que el ELN es el actor que presenta menos acciones armadas, 5 en total, de las cuales 4 se registran en Quibdó. Se destaca el contraste presente este año, donde las Autodefensas registran el mayor número de acciones armadas cometidas, sin embargo contra estos no se presenta ningún contacto por iniciativa de la Fuerza Pública.

Para el año 2002- último año del mandato de Andrés Pastrana- las acciones emprendidas por la Fuerza Pública contra los grupos subversivos continuaron en aumento, registrándose 23 casos en total. En cuanto a la distribución de las acciones vemos que en el municipio de El Carmen se presentan para los dos

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Mapa 3

Mapa 4

años (2001-2002) un numero de 5 acciones armadas en contra de las FARC, así mismo en el municipio de Lloró encontramos acciones en contra del ELN para los dos años. En general observando el mapa 2 y el mapa 4 se puede establecer que la presencia y reacción de las fuerzas militares se presenta en las mismas zonas.

Hacia la Seguridad Democrática Realizando un análisis de lo que fueron los primeros años del mandato de Álvaro Uribe, encontramos una variación respecto a las acciones llevadas a cabo en contra de cada actor por parte de las Fuerzas Militares. Para el ELN, del 2003 al 2004, las acciones disminuyeron pasando de 15 acciones a 8 respectivamente, mientras que en contra de las FARC, aumentaron de 16 a 22. Para el caso de los Paramilitares, el número de acciones se mantiene, con valores muy alejados de los otros grupos (5 acciones). El número de contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública en estos dos años se mantiene, con 35 contactos en total. Comparando las regiones en las que se presentaron las acciones armadas por parte de las Fuerzas militares en estos dos años, el mapa 5 nos muestra cómo en el 2004 la presencia de las fuerzas militares se empieza

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Mapa 5

a expandir a otras regiones, especialmente hacia el noroccidente y al sur del Departamento del Chocó.

Para el 2005 las acciones armadas emprendidas por las Fuerzas Militares en el Chocó presentan de nuevo un aumento, registrando un total de 43 acciones, éstas en relación al año anterior por actor, varían significando un aumento en contra del ELN (8 a 10 acciones) y los Paramilitares (5 a 10), mientras que para las FARC, contra quien siempre habían aumentado las acciones, este año disminuyen (22 a 13 acciones).

Para el último año que nos proponemos analizar, y que a la vez fue el último año del primer mandato de Álvaro Uribe, se presentó una disminución en las acciones armadas por iniciativa de la Fuerza Pública (33 en total, Gráfica 2).

Encontramos que contra los grupos Paramilitares no se presentan acciones este año, debido a la implantación de la ley 975 de 2005, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz, que logró la “desmovilización de los grupos Paramilitares”.

En cuanto al ELN las acciones en su contra disminuyeron de 10 a 7, mientras que para las FARC se presentó de nuevo un aumento significativo duplicándose las acciones en su contra (13 a 26 acciones), estando estas distribuidas geográficamente por casi todo el territorio chocoano, a excepción del sur occidente del Departamento.

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Totales CAIFP grupo combatido Periodo Uribe

Gráfica 2

DINÁMICAS DEL CONFLICTO: HOMICIDIOS, MASACRES Y DESPLAZAMIENTO ¿Homicidios, masacres y desplazamiento en el Chocó?

Analizando el comportamiento de las distintas regiones del Departamento del Chocó, podemos determinar que la región con mayor número de homicidios en el transcurso de los años analizados es la del Medio Atrato, ya que supera en el año 2002 hasta tres veces al resto de regiones en el departamento con un nivel de 171 homicidios por cada cien mil habitantes. El Medio Atrato incluye el municipio de Quibdó y Bojayá entre otros, municipios que son puntos de alta concentración de las dinámicas del conflicto entre los distintos actores.

Las distintas acciones de los grupos armados realizadas en el período analizado son de múltiples manifestaciones. En su gran mayoría, las acciones que proporcionan el número más elevado de homicidios son las masacres, por su propia naturaleza. Entre las masacres que han tenido mayor importancia en este Departamento se encuentra el caso de Bojayá; este caso es uno de las que mayor número de homicidios aporta para explicar su alto índice en el año 2002. Esta masacre fue perpetrada por las FARC el 2 de mayo del mismo año, cuando lanzaron un cilindro bomba al interior de una iglesia ubicada en el centro de Bojayá, hecho que seguidamente desató una serie de combates entre las FARC, los Paramilitares y la Fuerza Pública, que se prolongaron por

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varios días siendo que para el 4 de mayo las cifras eran de al menos 108 civiles muertos y 105 heridos2. El número de homicidios resultante de esta masacre no sólo llegó a afectar el nivel de toda la región del Medio Atrato, sino que así mismo trajo como consecuencia el incremento del promedio de homicidios en todas las regiones del Departamento. Vale la pena aclarar que ésta no es la única masacre que se ha llevado a cabo en el Chocó dentro del periodo analizado, es más, exceptuando los años 1999, 2003 y 2005, en todos los años se registran masacres en cada una de las regiones, pero resaltando que en el año 2000 encontramos dos masacres, una en el Bajo Atrato y otra en el Alto Atrato.

Relacionando las masacres con el número de homicidios, encontramos entonces que la población civil también se ha visto afectada en los múltiples combates entre los actores, siendo la que se ve mayormente afectada por el conflicto. Este conflicto armado, donde se ve involucrada la población, genera, entre tantos otros perjuicios, la necesidad de abandonar el territorio, para no verse involucrados en los combates; entonces es cuando vemos la relación existente entre el número de homicidios y masacres, y el nivel de desplazamiento en las regiones. Con lo anterior entonces estamos afirmando que es directa la relación existente entre el número de homicidios y la tasa de desplazamiento, y que, al igual que como en el caso de los homicidios, la región que mayor concentración de desplazamiento manifiesta es la del Medio Atrato, con su mayor índice en el año 2002 donde supera por más del doble al nivel del promedio regional con 15.300 personas desplazadas por cada cien mil habitantes.

Ahora bien, el hecho de que el promedio del Departamento aumente conforme crecen las cifras de la región del Medio Atrato, no quiere decir que sea el mismo caso para todas las regiones; esto lo podemos ver si lo comparamos con el Litoral Pacífico, ya que mientras el índice de desplazamiento en los primeros años analizados en la región del Medio Atrato aumenta, en el Litoral disminuye; igualmente vemos este acontecimiento en el año 2001, donde mientras que en éste aumenta, en el Medio Atrato disminuye, pero cuando el índice de este último llega a su punto máximo en el año 2002 por el contrario 2 Al respecto puede consultarse: http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?estadisticas=OK&cmbregist ros=10&tipoBusqueda=hometiempo&idTipoBusqueda=15&clearParameters=S&REDIRECT_ON_EMPTY=h ome&nuevosCriterios=S&portalactual=eltiempo.com&producto=eltiempo&ie=latin1&modeq=porpalabra &q=carmen+daRIen&a=2007&pagina=1

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en el Litoral Pacífico disminuye nuevamente, y se mantiene una relación inversamente proporcional en la mayoría de los casos.

Podríamos entonces decir que la relación entre el número de masacres y el de homicidios en una región coincide, y que dependiendo del número de homicidios en un mismo hecho, se califica una acción armada como una masacre. Ahora, dependiendo de cómo se vea involucrada y afectada la población civil se genera una reacción por parte de esta, como el temor, manifestándose en una acción colectiva de abandono del lugar de hábitat.

Esto es lo que se conoce como desplazamiento forzado.

Incidencia de las “Acciones armadas por iniciativa de la fuerza pública” sobres los fenómenos del conflicto Al establecer los niveles de correlación existentes entre las variables “Contactos por iniciativa de la Fuerza Pública” (CAIFP) y los fenómenos del conflicto, podemos observar que no en todos se presenta de forma determinante una causalidad, ni tampoco una incidencia similar. En la Gráfica 3, donde se establece la relación de los Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública (Caifp), con respecto a la variable “Homicidios”, el comportamiento de la línea de tendencia muestra una clara división entre los periodos presidenciales inscritos en la línea de tiempo analizada: hay una correlación directamente proporcional dada por un coeficiente de 0,40 para el año 1999, año en el cual el entonces presidente Andrés Pastrana, había dado

Correlación Homicidios y CAIFP en el dpt. Chocó 1998-2006

Gráfica 3

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Homicidios CAIFP Chocó 1998-2006

Gráfica 4

inicio a su planteamiento de paz negociada con uno de los principales actores del conflicto, las FARC-EP; esta negociación se planteó en términos de cesiones, donde las partes permitieran la confluencia de dádivas para restablecer el orden.

En estos términos, el Gobierno concedió al grupo guerrillero un territorio de despeje donde no hubiese intervención de las fuerzas militares. Para este período, como podemos observar en la Gráfica 4, los contactos por iniciativa de la Fuerza Pública son bajos en relación con el período de Álvaro Uribe. El comportamiento que se observase en la Gráfica 3 muestra, como lo hemos mencionado, una división casi exacta de los períodos; sin embargo no puede atribuírsele una causalidad cerrada al comportamiento de los “homicidios” en relación con “Caifp”, ya que en retrospectiva con los datos de la Grafica 4, el número de homicidios por año no varía de forma tan fuerte como los “Caifp”.

Otro fenómeno de gran importancia en las dinámicas del conflicto es el desplazamiento, que afecta en su mayor parte a las zonas rurales de nuestro país, siendo Chocó un departamento principalmente rural, presenta una significativa afección en este sentido. Como ya hemos expuesto, la diferencia en los Gobiernos es clara en el incremento de los “Caifp”; en la Gráfica 5 en relación con la Gráfica 6, puede observarse una evolución de la variable “Desplazamiento” muy ligada a los “Caifp”, donde en el año 1998 se establece un coeficiente de correlación del 0,69, con una numero de 4 “Caifp” y 4.955 “Desplazados”; para el año 2001 la variable “Caifp” aumenta su número a 32 y los “Desplazamientos” a 21.643, dándose en este año un coeficiente de

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Correlación Desplazamiento y CAIFP en el dpt. Chocó 1998-2006

Gráfica 5

correlación de 0,30. En semejanza a la correlación expuesta con los homicidios, existe una correlación directamente proporcional entre las variables, mas sería políticamente incorrecto darle un carácter determinante en la causalidad y el desarrollo de las dinámicas respecto al fenómeno.

Por último, el establecer una relación causal entre la variable CAIFP y Masacres nos permitió observar que los coeficientes de correlación son bajos.

Para el año 2000 se presenta el más alto de éstos con un 0,38, pero este al no estar en consecuencia con el comportamiento de las variables no permite establecer una causalidad.

Como podemos ver, los “Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública” permiten unas incidencias en los fenómenos del conflicto a los cuales hemos hecho referencia, pero no se establece como un determinante único o mayoritario de éstos. Las incursiones de los demás actores y las dinámicas de delincuencia común se relacionan pertinentemente con el comportamiento y desarrollo de dichos fenómenos.

CONCLUSIONES En el tiempo y espacio en que enmarcamos nuestro trabajo dimos cuenta de lo que podríamos llamar una suerte de análisis comparativo múltiple, donde se examinaron datos, para un tiempo de dos períodos presidenciales, sobre fenómenos como masacres, desplazamiento forzado y homicidios presentes en la región, tratando de encontrar un factor común que pudiese determinar sus dinámicas, como lo es la variable Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública (CAIFP). Observamos que las políticas de las campañas presidenciales

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Desplazamiento y CAIFP Chocó 1998-2006

Gráfica 6

y posteriormente las que serían bandera de Gobierno, se encaminaban a la resolución del conflicto, más su forma estaría diferenciada en el modelo a seguir para tal fin. El primer período analizado estuvo encaminado a la conciliación de los diversos actores del conflicto; por tal motivo, el número de acciones armadas por parte de las Fuerzas Militares, fue mínimo, con un comportamiento similar de los fenómenos analizados. En el segundo período la consigna fue de armas tomar, y la consecuencia en términos de nuestra investigación, fue el incremento en los fenómenos analizados en relación con los CAIFP. Si bien la relación propuesta arrojó resultados interesantes, sería políticamente incorrecto asegurar como determinante único las variables que hemos tratado como detonantes de los fenómenos y dinámicas del conflicto, sobre todo para el Departamento del Chocó que afronta una de las situaciones más complejas del país, en términos económicos, políticos y sociales.

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Restrepo, Eduardo Y Rojas, Axel (2004). Biopolítica y alteridad: Dilemas de la etnización de las colombias negras”. Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia. pp. 269-298. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Restrepo, Luis (2006). “En la encrucijada, Colombia en el siglo XXI”. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

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El conflicto y la violencia ¿positivos, legítimos y necesarios?

angie paola ariza porras Estudiante de Sociología Universidad Nacional de Colombia aparizap@unal.edu.co

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RESUMEN

Desde tres clásicos de la sociología: Engels, Weber y Simmel, en el siguiente artículo se explora la relación entre el conflicto y la violencia, que no siempre es de causalidad lineal ni tiene un carácter arbitrario o volitivo. Al caracterizar al conflicto y a la violencia como acciones sociales y elementos de las formas de socialización cuestionando sus interacciones con la legitimidad, el poder y el Estado, asimismo se destaca su inherencia a la vida social, positividad, funcionalidad, necesidad como integrador social y cohesionador, además de su papel en la historia como generador de cambio.

Palabras clave: Engels, Weber, Simmel, conflicto, violencia, legitimidad, integración social.

El conflicto y la violencia parecen estar inoculados de un carácter negativo, existe una condena moral sobre ellos dentro de una tradición pacifista y antimilitarista. Al conflicto se le atribuye un carácter disociador, inherente a la acción violenta. Con una aproximación desde Simmel y las tradiciones teóricas marxistas y weberianas se pretende dilucidar la importancia sociológica de estos fenómenos, al caracterizar los como acciones sociales y elementos de las formas de socialización, explorando su relación con la legitimidad, el poder y el Estado, destacando su inherencia a la vida social, positividad, funcionalidad y necesidad como integrador social y cohesionador, además de subrayar el papel de la violencia en la historia como generador de cambio y ver cómo su relación con el conflicto no siempre es de causalidad lineal. Para esto, hay que considerar que la argumentación de Engels, Weber y Simmel esta notablemente marcada por su contexto: la industrialización, los movimientos revolucionarios en Europa, la guerra franco-prusiana y, en el caso de Weber y de Simmel, la gestación de la primera guerra mundial permiten comprender la procedencia de sus postulados y taxonomías.

Se caracteriza al conflicto como una acción social, al reconocer que la conducta de los sujetos implicados se presenta como recíprocamente referida por el sentido subjetivo que encierra (Weber, 1991). Esta forma de interacción recíproca donde se manifiestan contenidos sociales presentes en la sociología

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formal de Simmel, que caracteriza a la lucha no como elemento disociador sino como elemento de las socializaciones que en una acción reciproca de mezclas, síntesis, antítesis, superposición, tensión, coordinación y potencialidades mutuas, con la armonía crean una unidad social, es decir, una síntesis de personas, energías y formas en la que se reúnen los opuestos. Es así como la relación entre armonía y conflicto no es una oposición ni una dicotomía, pues ambos estados se refieren mutuamente, “en los momentos de paz se están elaborando las condiciones para la guerra futura” (Simmel, 1997).

Para Simmel “no hay unidad social en que las direcciones convergentes de los elementos no estén inseparablemente mezclados con otras divergentes” (Simmel, 1977; 248), el conflicto, la confrontación y la oposición son inherentes a la vida social pues somos seres de diferenciación. Esta continua lucha en la unidad social también es reconocida por Weber, pues argumenta que “quien vive en este “mundo” no puede experimentar en sí nada más que la lucha entre una pluralidad de secuencia de valores (...)” (Weber, 1998; 33). Y por la tradición marxista cuando ve en la lucha de clases la esencia de la dinámica social, “la guerra es tan antigua como la existencia simultánea de varios grupos sociales en contacto” (Engels, 1978; 174) Simmel afirma que el conflicto como parte de la unidad social exige la centralización del grupo y la coalición de elementos heterogéneos que sin la figura de un adversario común se hubieran mantenido disociados. El conflicto tiene efectos unificadores que trascienden el fin inmediato de la lucha, haciendo florecer intereses y uniones socializantes. En este punto, Simmel coincide con Hegel cuando este último caracteriza a la fuerza como fundamento de unificación “la vida no puede organizarse más que por la fuerza y la coerción” (Hegel, 1977; 116). Es así como Simmel destaca la funcionalidad de la lucha en la concentración y organización de fuerzas, para que adquieran una estructura particular en función de la caracterización del enemigo, de la que dimana su autoafirmación y en algunos casos la conciencia de no estar del todo oprimidos. Además de los beneficios de la unificación, la competencia favorece a la sociedad, aún con el posible aniquilamiento de uno de los competidores, pues la comparación constante favorece a un tercero y tiene un rol creador y reformador, por ejemplo en el campo de la ciencia donde las luchas permiten los cambios de paradigmas.

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La violencia asimismo desempeña un papel revolucionario y creador en la historia. Es necesario tener en cuenta que el conflicto no siempre desencadena en manifestaciones violentas, la tensión y la hostilidad pueden ser limitadas. La tradición marxista considera a la violencia como partera de la historia, como “el instrumento con el cual el movimiento social se impone y rompe formas políticas enrigidecidas y muertas” (Engels, 1978; 177).

Este punto permite cuestionarse ¿Existe pues una violencia legítima? Para Walter Benjamín la violencia tiene el poder de fundar y conservar el derecho, si no aspira a alcanzar un de estos dos objetivos renuncia a toda validez (Benjamín, 1995). Un ejemplo de la violencia como creador de derecho son las reivindicaciones conquistadas por las luchas obreras.

El Estado, siguiendo a Max Weber, como asociación de dominación de carácter institucional, reclama para sí el monopolio dentro de un territorio como medio de dominación, expropiando a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ella por derecho propio y sustituyéndolos por sus propias jerarquías supremas (Weber, 1991). Sin embargo, es necesario aclarar que la violencia no es el recurso único, ni el medio normal, sino el medio especifico de la institución estatal. La expropiación de los medios de administración en la sociedad estamentalmente estructurada se da mediante un proceso análogo al descrito por Marx para la consolidación de la empresa capitalista moderna. Aunque más que poder estatal para Weber se habla de dominación Estatal, pues su concepto de poder implica “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de la relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 2004; 43), es decir, una imposición unilateral basada en la fuerza, mientras que la dominación al encontrar obediencia tiene un motivo que la legitima, es claro que tal como lo expone Engels, el poder o en este caso la dominación estatal no es solo un acto de voluntad, sino que exige condiciones reales, herramientas y preparación técnica para el uso de la violencia.

Para Weber, más que una necesidad de los grandes Estados, el monopolio y el ejercicio de la violencia legítima en las luchas de dominio constituyen un deber ineludible, pues es en estas luchas donde se decide el carácter de la civilización del futuro. Este compromiso con la posteridad también es enunciado por Simmel, quien ve en la dinámica de la tensión entre el conflicto y el consenso el germen de la sociedad posterior, “al fundirse de este modo

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indisolublemente la divergencia y la armonía, quedaba creado el germen de una comunidad futura” (Simmel, 1977; 257).

Sin embargo, para Engels el poder político no es lo “históricamente fundamental”, el poder y la violencia están supeditados a la situación económica.

De tal manera, Existe una relación entre política, violencia y economía. El modo de producción e intercambio es la base real del Estado, la lucha por el poder esta enmarcada en la lucha de clases, esencia de la dinámica social de la tradición marxista. El poder esta fundamentado en la fuerza llevando al dominio de una clase sobre las otras y a la imposición de sus intereses a la totalidad de la sociedad. Si el poder estatal interno de un país entra en contraposición con su desarrollo económico, el poder político es dominado por la situación económica. Es por esto que para entender la violencia social es necesario contemplar aspectos económicos de la sociedad como las relaciones de producción, la apropiación de sus ganancias. Por otro lado, Simmel también considera la lucha de clases y argumenta que al convertirse ésta en la defensa de una causa objetiva, renunciando a los elementos personales y egoístas, llega a un total radicalismo.

Si bien, en la lucha de clases se somete la personalidad a la objetividad de la causa, el conflicto no siempre es del todo racional, desligado de motivos éticos y estéticos. La racionalidad del conflicto varía en los diferentes matices que puede presentar por su complejidad.

Así, para comprender las dimensiones del conflicto y la violencia en Colombia, no se puede presuponer que estos tienen un carácter arbitrario o volitivo, las propuestas teóricas nos dan herramientas para hallar un principio explicativo mejor fundado que examine sus causas en la composición de la sociedad, sus relaciones con la política y la economía, su legitimidad y legalidad además de su rol en la dinámica y estática social.

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BIBLIOGRAFÍA BENJAMÍN, W. (1995). Para una crítica de la violencia. Editorial Leviatán: Buenos Aires.

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WEBER, M. (1998). Entre dos leyes en Escritos Políticos. Alianza Editorial: Madrid. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1991). Economía y Sociedad.1 Parte. Alianza Editorial: Madrid. ____________ (1991). El político y el científico.1 Parte. Alianza Editorial: Madrid.

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Σigma 12 fue impresa en Gracom Gráficas Comerciales en la ciudad de Bogotá D.C. en el mes de octubre de 2012.

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