Indicador Político Jueves 14 de enero de 2016

Jueves 14 de Enero, 2016

Carlos Ramírez

El Chapo y el legado de Peña

Carlos Ramírez

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on una economía que no se reactivó con las reformas, una política balcanizada y una sociedad enfurecida consigo misma en redes, la única oportunidad que tiene el presidente Enrique Peña Nieto para dejar un legado es la seguridad. La recaptura de El Chapo abrió esa oportunidad.

El gobierno de Peña recibió un país desangrado por la ofensiva policiaca del gobierno de Felipe Calderón y una estructura institucional de seguridad heredada del viejo modelo priísta paternalista de nación. Y si bien hubo la decisión de sacar las expectativas nacionales de la seguridad, la oferta alternativa ya no dio resultados. En cambio, en todas las encuestas se ha colocado la seguridad como la primera preocupación de la sociedad.

La seguridad ya no es policiaca sino de bienestar social. Un país con crecimiento económico alto y mayor democracia sería ineficaz con la situación de inseguridad como la actual. La fuga de El Chapo y su recaptura posterior revelaron el estado de ánimo de la sociedad y evidenciaron la existencia de una estructura criminal retadora del Estado y con dominio territorial de soberanía del Estado —no sólo como plazas— sobre todo en Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y algunas zonas del Distrito Federal.

Discutir sobre Sean Penn y Kate del Castillo, la rocambolesca fuga y recaptura de El Chapo, y si debe celebrarse o no que el capo esté de nuevo en prisión no es tan relevante como lo que está más allá de El Chapo: que el crimen organizado siga controlando estructuras del Estado y continúe no sólo traficando sino aumentando el consumo doméstico

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Carlos Ramírez

de drogas y que la violencia sea producto, entre otras cosas, de la acotada estructura de seguridad del Estado.

El legado en seguridad del gobierno de Peña será una situación peor que la heredada de Calderón o realizar una ofensiva institucional para cambiar la situación. Para ello, la gran prioridad se localiza en dos grandes rubros: 1.- La profesionalización real y no sólo formal de los cuerpos policiacos y de las estructuras de inteligencia y seguridad nacional del Estado.

La crisis de seguridad en los EE.UU. condujo a la creación del FBI. El mando único será un fracaso si siguen los mismos policías. Ante el mando único se requiere de una centralización de la autoridad policiaca en la estructura burocrática.

2.- La reorganización del marco jurídico de seguridad: las pendientes leyes de seguridad nacional, seguridad interior, espionaje, inteligencia y sistema penitenciario, reformas de la ley de delincuencia organizada y la definición legal de

la doctrina de defensa nacional. El Estado mexicano, sin atentar contra derechos humanos, debe tener un cuerpo jurídico de seguridad coercitiva si en verdad quiere acabar con Los Chapos.

La construcción de un legado sexenal en seguridad implicaría una ofensiva política del presidente Peña, del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y de las bancadas del PRI para evitar que las iniciativas sean botellas echadas al mar. La capacidad de hegemonía del Estado debe usarse en el caso de las reformas legales al convertirlas en prioridad de gobierno e involucrar a la sociedad. Propuestas de Calderón y de Peña se ahogaron en el Congreso por falta de negociación conducida desde el poder ejecutivo.

Sin estos dos pasos, la lucha contra el crimen organizado será parcial, sin horizonte de Estado, agotada en las capturas de capos pero sin desarticular las estructuras de poder del crimen organizado.

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