Prensa 31 de agosto

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EL MUNDO. LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020

MADRID i ENRIQUE OSSORIO

Consejero de Educación de Madrid. Ante el inicio del curso escolar, que supondrá la vuelta gradual a clase de 1.200.000

estudiantes en 2.000 centros, defiende que las medidas anticovid previstas garantizan la máxima seguridad, calidad y presencialidad. También reconoce que «inevitablemente» se producirán incidencias y solicita «colaboración y comprensión»

«Los alumnos van a tener menos opciones de contagiarse en el colegio que fuera de él» MARTA BELVER MADRID

Pregunta.– ¿Va a dar tiempo a implantar el plan anticovid en los centros educativos antes de que empiece el curso escolar este viernes? Respuesta.– Por supuesto que sí. Nosotros tuvimos la previsión, que no tuvieron otras comunidad autónomas, del 30 de junio y el 9 de julio, cuando presentamos y dictamos las instrucciones de inicio de curso, contemplar que podía haber cuatro escenarios distintos. Desde entonces ya se sabía que podíamos ir a escenario dos, aunque en ese momento no pensábamos que íbamos a ir (...). Las cuestiones fundamentales van a estar. ¿Incidencias va a haber? Inevitablemente, tenemos 1.200.000 alumnos y 2.000 centros, es imposible que todo salva perfectamente bien. Pedimos la colaboración y comprensión de toda la comunidad educativa, pero lo fundamental estará en esas fechas. P.- Sin embargo, la concreción de las medidas de ese escenario dos no la han hecho hasta el martes de la semana pasada, cuando ustedes han criticado al Ministerio de Educación porque adoptar medidas un 26 de agosto «no sirve para nada». R.- Lo único que no estaba previsto es que 1º y 2º de la ESO fueran en presencial al 100% en vez de semipresencial. Es la única novedad desde el punto de vista educativo, junto con el calendario más espaciado. El resto de novedades son sanitarias. P.- ¿Habrá suficientes espacios alternativos para poder hacer aulas de un máximo de 20 alumnos? R.- Es un reto que tenemos por delante. Las DAT [direcciones de área territorial] van ayudar a los directores de los centros para ponerlo en marcha. El plan es primero intentar ubicar a los alumnos dentro de los centros. En junio hicimos un estudio desde Infantil hasta 2º de Primaria y sólo 27 centros de 600 dijeron que necesitarían aulas fuera. Ahora hay que hacerlo hasta 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO. Si en el centro no es posible, tenemos una relación directa con los ayuntamientos, es un procedimiento habitual que se puedan pedir espacios. Estamos recibiendo muchos ofrecimientos de ello que agradezco profundamente. Si esto falla otra posibilidad es instalar prefabricados. En el caso de que ninguna de las opciones fueran posibles están las mamparas individuales para cada uno dentro del aula, que es seguro también desde el punto de vista sanitario. P.- ¿Y capacidad para contratar 10.600 profesores en solo unos días?

ÁNGEL NAVARRETE

«Hemos puesto las medidas necesarias, como la mascarilla a partir de seis años» «Por la experiencia de otros países, en el medio escolar no se producen contagios» R.- Puede haber alguna especialidad en Secundaria y Bachillerato donde haya algún problema, pero lo iremos resolviendo como sea. P.- ¿Usted se quedaría tranquilo mandando a sus hijos al colegio? R.- Yo soy padre de cuatro hijos y los mandaría con total tranquilidad. Hemos puesto todas las medidas necesarias para que exista esa seguridad (...), como la obligación de la mascarilla a partir de los seis años.

La experiencia de otros países pone de manifiesto que en el medio escolar no se producen los contagios, se producen en otras actividades, pero no en la lectiva (...). En la Comunidad de Madrid existe un plan seguro y ese concepto es importante: con todas las medidas que se están adoptando los alumnos van a tener menos oportunidades de contagiarse en el colegio que fuera de él. P.- Y con esas medidas de seguridad que menciona, ¿3º y 4º de la ESO, Bachillerato y FP no podrían ser también presenciales al 100%? R.- Es una decisión sanitaria. Nosotros queríamos empezar el curso con 100% de presencialidad, pero en un determinado momento en agosto se nos dice que con lo que está sucediendo es imposible. No obstante, hemos recortado al máximo la semipresencialidad, porque 1º y 2º las hemos pasado a la parte de presencialidad. Irremediablemente, por una cuestión sanitaria, hemos seleccionado para la semipresencialidad aquellas etapas donde pensamos que se causa menos perjuicio desde el pun-

«Se podrá aislar un grupo de convivencia, un aula, una planta o un centro entero» «Un niño que tenga síntomas no debe ir al colegio por ningún motivo, ni laboral» to de vista de la conciliación familiar y que el estudio online es más fácil. P.- ¿No hay riesgo de que aumente la brecha digital entre los alumnos según su situación económica? R.- Cada vez es menor, porque ya a partir del mes de marzo buscamos a través de los centros educativos cuáles eran los alumnos que tenían más problemas de acceso a internet, ya hubo ahí una importante remesa de tablets y tarje-

tas sim. Y ahora estamos adquiriendo 70.000 ordenadores. P.- ¿Se medirá a diario la temperatura a los alumnos? R.- Nosotros lo habíamos previsto y también se ha aprobado en el documento de los ministerios de Educación y Sanidad y las comunidades autónomas. Vamos a suministrar termómetros rápidos a todos los centros para que lo hagan. Se ha dejado libertad para que sea a la entrada, aunque puede provocar aglomeraciones, o en aula, que además es mejor por temas de confidencialidad. P.- ¿Qué pasará cuando un alumno tenga fiebre? R.- Se le aplica el protocolo covid y el coordinador covid del centro [una figura de nueva creación] se pone en contacto con la Dirección de Salud Pública para comprobar si está contagiado o no. Igual se descarta rápidamente. P.- ¿Habrá confinamientos? R.- Desgraciadamente, seguro que pasará. Lo que tenemos que intentar es que sean el menor númeSIGUE EN PÁGINA 25

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EL MUNDO. LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020

i MADRID CRISTAL DE BOHEMIA

VIENE DE PÁGINA 24

ro de casos posibles y actuar a la máxima velocidad. Es una ventaja que tenemos sobre febrero y marzo (...). Se puede aislar un grupo de convivencia, un aula, una planta de un centro educativo, un centro educativo o los centros educativos de un municipio. P.- ¿Harán las pruebas PCR a los profesores antes del inicio del curso? R.- Vamos a hacer todo lo posible, pero son 100.000. Estamos poniendo en marcha el operativo en estos momentos. Se van a repetir a lo largo del curso en los grupos de riesgo, en los alumnos con enfermedades graves y en la Educación Especial se va a hacer a docentes, PAS y alumnos y se van a repetir también. P.- ¿Los 370 millones de euros previstos para la activación de todas estas medidas serán suficientes? R.- La educación es una prioridad para nosotros y la presidenta [Isabel Díaz Ayuso], que ha tenido un interés extraordinario en esta materia durante todo el mes de agosto al conocer cómo iba la evolución de la pandemia, siempre me ha indicado que no escatimáramos en gastos para ir a un inicio de curso seguro, de la máxima calidad y con la máxima presencialidad. P.- ¿Habrá huelga de profesores? R.- Estoy convencido de que no. Esa huelga se planteó por motivos estrictamente políticos y yo creo que los sindicatos son conscientes de que hemos puesto encima de la mesa un plan que es incontestable. P.- ¿Los alumnos que han tenido problemas con la enseñanza on line tendrán algún tipo de ayuda? R.- Eso ya lo teníamos previsto en las instrucciones de inicio de curso: 500 profesores en Primaria y 617 en Secundaria para recuperar todo lo que se haya podido perder. Desde el mes de marzo los centros y la Inspección Educativa han estado pendientes de los alumnos con más problemas de aprendizaje. Ahora se trata de constatar otra vez la situación y de poner en marcha los recursos para resolverlo. P.- Usted ha reclamado un plan nacional contra el absentismo. R.- Tenemos una normativa en vigor que en los casos graves de padres que no llevan a sus hijos al colegio aplica penas del Código Penal hasta de privación de libertad de entre tres y seis meses. La realidad parece que no encaja con esa normativa, porque estamos en un momento extraordinario. Yo agradecería al Ministerio el esfuerzo de proponer algo que pueda ser aceptado por todos. P.- ¿Y le preocupa el caso contrario, padres que puedan llevar a sus hijos al colegio incluso sospechando que están contagiados? R.- Espero que todos los padres sean conscientes de que ésta es una situación especial y que un niño que tenga síntomas no debe ir al colegio por ningún motivo, ni laboral ni del que sea. P.- ¿Es partidario de permisos retribuidos para el cuidado de niños? R.-Las administraciones tenemos que ayudar a las familias para que puedan conciliar.

DAVID LEMA

Extremistas progresistas

El edificio que se incendió en el distrito de Hortaleza, tras el siniestro. EFE

SUCESOS

U N A B A R B AC OA P U D O D ESATA R E L F U EG O

La alarma contra incendios no saltó en el rascacielos Los vecinos denuncian que se anuló, ya que sonaba diariamente LUIS F. DURÁN MADRID

Los inquilinos del rascacielos de Hortaleza que ardió el pasado sábado por la mañana han denunciado que las alarmas contra incendios no funcionaron debido a que estaban desconectadas y pedirán responsabilidades por ello. Aseguran que se anularon por parte de los responsables del mantenimiento de la comunidad de vecinos, ya que saltaban los sensores continuamente cuando detectaban una mínima carga de calor. Añaden que si hubiesen funcionado los sistemas de seguridad se podría al menos haber evitado que el fuego afectase a los pisos. «Estaban desconectadas porque alguien decidió que eran muy molestas», contó

SUCESOS

ayer una vecina. «Hay que analizar lo que ha pasado despacio, pero está claro que aquí alguien es responsable de lo ocurrido», añadió esta residente. Asimismo, la Policía Científica sigue investigando si el fuego pudo comenzar en uno de los cuatro áticos de la última planta donde se celebró la madrugada del sábado una barbacoa. Las llamas se iniciaron en la azotea y se extendieron rápidamente por la fachada y han calcinado por completo ocho viviendas de las plantas 19 y 20. Además, han quedado afectados otros nueve apartamentos. Debido a que se trata de un edifico moderno y muy bien compartimentado los bomberos pudieron extinguir

las llamas pese a que comenzaron en la parte superior. Gran parte de los vecinos han decidido marcharse a casas de otros familiares pese a que disponen de luz y agua fría. «Solo nos falta el agua caliente, pero el olor a humo es muy fuerte y nos vamos», señaló ayer otra mujer. Los peritos de varias compañías de seguros acudieron ayer por la mañana a varios domicilios. «De momento nuestro seguro va a acometer la limpieza del humo dentro de la casa y ya veremos quién paga el arreglo de la fachada exterior, si el seguro de la comunidad de vecinos, el nuestro o el del piso donde se celebró la barbacoa», contó un vecino del piso número 18.

D E T E N I D O S S I E T E PA N D I L L E R O S E N C I U DA D L I N E A L

Tres heridos en una pelea entre bandas latinas L. F. D. MADRID

Dos menores de 16 años y un joven de 28 años resultaron heridos de arma blanca en la madrugada del domingo tras una multitudinaria pelea entre miembros de bandas latinas en el madrileño distrito de Ciudad Lineal, según Emergencias Madrid. La policía recuperó en la zona varios cuchillos y navajas y detuvo a siete

de los jóvenes involucrados en la reyerta. Los vecinos aseguran que además oyeron dos detonaciones de armas de fuego provocados por uno de los atacantes, un extremo que no confirma la policía. Varios implicados llevaban machetes. El parque Arriaga es territorio de los Ñetas y se sospecha que pudieron ser atacados por integrantes de los

DDP (Dominican Don’t Play). La Policía Nacional detuvo a cinco de los participantes, un menor y cuatro jóvenes de 22, 20, 19 y 18 años de edad. La Policía Municipal también arrestó a dos de los posibles autores cuando trataban de escapar del lugar. Los agentes del grupo de Bandas Latinas de la Brigada de Información se han hecho cargo de las pesquisas.

Llevo tanto tiempo de vacaciones que pensé que finalmente se había cumplido aquella profecía de Suso de Toro y Madrid, inerte y penitente ante el rodillo del totalitarismo, se había convertido «en una ciudad tomada, en una ciudadela de la extrema derecha». Suso de Toro, por centrarnos antes de seguir, es un creador que peregrina desde añísimos al nacionalismo y que recomendó a la Generalitat con astucia zapateril que tomase como rehenes a políticos españoles [no catalanes] para forzar más tarde un intercambio de prisioneros antes de todo el percal. ¿Una boutade o un visionario? ¡Elijan! Ese día, la verdad, comprendí realmente por qué Gistau lo había bautizado como el hombre que susurraba a Zapatero –«qué estratega», pensé– y recordaba que, pese a la infatigable lucha de De Toro contra el fascismo, no puso reparos en recibir el Premio Nacional de Narrativa bajo el yugo del Gobierno de Aznar, el facha padre, ya saben. Bien está. Money is money y salvo Almeida cada uno trabajamos porque nos pagan (él busca el bien de la humanidad). El caso es que si el temor prevacacional del madrileño era aquella bobadita del repudio social, una mentira con base factual, estos meses de turismo nacional habrá constatado un miedo provinciano más allá del virus: el contagio al fascismo de extrema derecha, que, como todo lo malo, también viene de Madrid. En algunas conversaciones de bares periféricos se cree que Franco [Francisco, no José Manuel, no retorzamos el tema] lleva un año bajo el palio de la Comunidad y que con nuestra connivencia regenta. España está en

Pensé que se había cumplido aquella profecía y Madrid se había convertido en «una ciudadela de la extrema derecha» peligro, se dice, y eso que la gobierna una coalición progresista. Entiendo que si uno pasa el verano leyendo los tuits de Suso de Toro o escuchando a Pablo Gómez Perpinyà –allá cada cual con lo que respete su mente– acabe imaginando que vivimos en una dictadura que nos tiene alienados pero que permite que ellos se expresen libremente para exhibir una pátina de democracia. Ah, el típico tópico, suspirará el lector despreocupado, como si la fuerza de los clichés no residiera en su capacidad para aparecer en los libros de historia aun perdida su novedad. Y, oiga, claro que hoy sobran extremistas (tantos como regadores de odio, que diría Leyre Iglesias), pero, de verdad: déjennos vivir en democracia. A buena parte de los extremistas públicos, por acotar, se los combate porque ya se señalan solos. Otros, en cambio, se hacen pasar por profetas de un mundo pasado. Y a esos también hay que comunicarles, aunque sean de izquierda –es decir, extremistas progresistas–, que pase el siguiente.

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EDUCACIÓN INICIO DE CURSO

LA ESCUELA SE SIENTE ABANDONADA Denuncia que Celaá y las CCAA “han dejado toda la responsabilidad” a los centros Ve “insuficiente” el protocolo de vuelta al aula porque no baja la ratio ni da “medidas claras” OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El director del instituto Mariana Pineda de Granada, Miguel Dengra, ha pasado el verano buscando soluciones para que sus 670 alumnos mantengan la distancia de seguridad que exige la enseñanza en tiempos de coronavirus. Las aulas rondan los 40 metros cuadrados y no permiten una separación de 1,5 metros entre los pupitres, algo que ocurre en la mayoría de centros educativos españoles. Por eso ha transformado la biblioteca y las salas de música y dibujo. Ha habilitado seis espacios nuevos que ha reconvertido en clases para hacer bajar de 30 a 20 el número de alumnos por aula en 1º y 2º de la ESO. Para el resto de los cursos, sin embargo, la ratio se mantiene en 30 alumnos, que llegan a ser 33 en Bachillerato. «Y a cruzar los dedos», deja caer Dengra. Ahora tendrá que crear desde cero un sistema de turnos rotatorios para que la mitad de esos adolescentes estudie en casa y la otra mitad en el instituto, tal y como pactaron el jueves el Gobierno y las CCAA en un protocolo de vuelta al colegio de apenas ocho páginas y 28 medidas fundamentalmente sanitarias. «Es una locura», se queja Dengra. «El acuerdo se limita a decir: ‘Que cada instituto se apañe como pueda’. Como no saben qué hacer, se escudan tras la autonomía de gestión de los centros. Nos lo han dejado todo a nosotros y a muchos les va a ser imposible organizarse». Las palabras de Dengra las repiten directores, profesores, padres y alumnos. Hay un sentir generalizado de «abandono» en la comunidad educativa, una sensación unánime de que «el Gobierno ha delegado en las CCAA y éstas han pasado toda la responsabilidad a los colegios e institutos, que hacen lo que pueden y sin medios», según todas las fuentes consultadas. La escuela cree que las autoridades han actuado «tarde» y que las medidas adoptadas son «insuficientes» y «poco claras». A la ministra Isabel Celaá se le reprocha

«falta de liderazgo» desde la derecha y desde la izquierda. Hasta la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, aquella marea verde que salió a las calles contra el ministro del PP José Ignacio Wert y que hasta ahora había permanecido del lado del Gobierno, ha emitido un comunicado de advertencia en el que insta «tanto al Ministerio como a las CCAA a ejercer sus funciones para asegurar la vuelta a las aulas presencial y segura». «Somos conscientes del marco competencial y no queremos recentralizar, pero pedimos un mayor compromiso del Gobierno con la CCAA para garantizar condiciones razonables y equiparables en el conjunto del Estado. El Gobierno tiene competencias para hacerlo», explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. En la misma línea se expresa Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y también miembro de la Plataforma: «El Ministerio lo deja en manos de las autonomías y se van a generar muchas desigualdades, porque, al final, en unos territorios los alumnos van a tener más seguridad que en otros cuando el derecho a la educación y a la salud tendrían que ser los mismos en todas las regiones». Si algo ha conseguido el nuevo protocolo de vuelta al colegio es unir a toda la comunidad educativa. La «decepción» ante las medidas adoptadas el jueves ha llevado al Sindicato de Estudiantes a expresar lo mismo que Escuelas Católicas, a CCOO a alinearse con CSIF o ANPE. Hasta antes de la Covid-19, sólo una parte de la escuela denunciaba las imperfecciones de la descentralización educativa. Ahora todos los agentes y representantes de la escuela –menos las instituciones– coinciden en denunciar que, aunque la mayoría de las competencias educativas estén transferidas a las autonomías, el coronavirus exigía «un mayor compromiso por parte del Estado».

DIRECTORES “Como no saben qué hacer, se escudan tras la autonomía de los centros” PROFESORES “Celaá puede modificar la ratio a través de un real decreto, como hizo Wert”

¿Qué es lo que tenía que haber hecho la ministra? «Nos hubiera gustado que el ministerio liderara un plan conjunto entre todas las CCAA más allá de decir que hay que llevar mascarilla» responde Andrea G. Henry, responsable de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae). «El acuerdo es correcto desde un punto de vista sanitario, pero esperábamos otro tipo de medidas, más educativas y relacionadas con la organización de los centros. Lo aprobado es muy obvio y falta lo

importante: bajar la ratio; concretar los profesores que se van a necesitar; establecer cómo va a desarrollarse la metodología; regular las condiciones de evaluación, o contemplar los supuestos en que tengamos que faltar a clase por el Covid o por otras enfermedades». «Hay una ausencia total de criterios para hacer desdobles; mantener las distancias; planificar las plantillas; hacer un plan B de educación on line por si hay que volver a confinarse; adaptar el currículo... Celaá tiene que liderar o, si no, decir que su ministerio está vacío de contenido», dice Nicolás Fernández Guisado, presidente de Anpe. Profesores y familias también demandan al Gobierno un protocolo común de absentismo escolar; más mecanismos de supervisión; una postura unitaria sobre las pruebas PCR, sobre la toma de temperatura o sobre la responsabilidad de los padres, y personal sanitario en las escuelas. Pero la prioridad de la comunidad educativa, por encima de todo, es bajar la ratio de alumnos por aula de forma generalizada en toda España, y los profesores van a presionar en las

próximas semanas para conseguirlo. Aseguran que el Ministerio tiene competencias para hacerlo. «Celaá está haciendo dejación de funciones. Quien debe fijar la ratio es el Gobierno central. Wert lo hizo, para subirla, a través de un real decreto», recuerda Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CSIF. «Los equipos directivos reclamamos seguridad jurídica, una cobertura legal para llevar tareas que tenemos encomendadas. No tenemos miedo a la responsabilidad, pero sí a ejercerla sin un marco común potente y flexible», manifiesta Vicente Mañes, presidente de la Federación de Directores de Centros Educativos de Infantil y Primaria. Mañes es el director del colegio público Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, en Valencia. El curso comenzará en unos días y están en plena vorágine. En la Comunidad Valenciana reina la paz educativa porque el protocolo de actuación (de más de 70 páginas) se aprobó de forma consensuada con la comunidad educativa. Aun así, quedan cuestiones por resolver que el

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EL DIPLODOCUS NO SE HA DESPERTADO JOSÉ ANTONIO MARINA

acuerdo del jueves deja en el aire. Por ejemplo, el Gobierno ha delegado en cada autonomía la capacidad de decidir si los padres están obligados a firmar o no una declaración responsable en la que se comprometen a no llevar a sus hijos con fiebre al colegio. En la Comunidad Valenciana hasta el jueves se contemplaba exigir a las familias esta rúbrica, que, en la práctica, exime a los centros de la tarea de tener que tomar la temperatura a todos los niños antes de entrar en clase. Mañes explica que en su colegio, de 250 alumnos, han convertido las dos entradas que antes tenían en 10 para que se puedan escalonar las entradas y las salidas y los alumnos no se junten mucho. «Pero sólo tenemos un conserje. ¿Y quién se encarga de recibir a los niños en la puerta? Los profesores. El tutor acoge a cada grupo y toma la temperatura a cada alumno. Eso retrasa el comienzo de las clases, pero así evitamos que los padres tengan que firmar la declaración jurada, que ha generado mucho malestar en las familias».

PADRES “En unas CCAA va a haber más seguridad que en otras y eso afecta a la igualdad” ALUMNOS “El ministerio tenía que haber liderado, más allá de regular la mascarilla”

La falta de directrices concretas ha provocado indirectamente un enfrentamiento soterrado entre las familias y los profesores. Tanto la Ceapa como la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) están muy molestos con la declaración responsable y, en respuesta, reclamarán a los centros que firmen un papel similar. «Vamos a pedir que los profesores también firmen una declaración en la que aseguren que van sin fiebre a clase», avanza Leticia Cardenal. «Y también queremos

Colegio que la dirección Jaume I de certifique en Catarroja una declaración (Valencia). responsable que EFE el centro es un lugar seguro», añade Pedro Caballero, presidente de la Concapa. En los grupos de padres de WhatsApp, el recelo que antes se dirigía hacia las autoridades se está concentrando ahora contra colegios, que trabajan a contrarreloj y, en la mayoría de los casos, aún no han podido informar a las familias sobre si habrá extraescolares, o se mantendrán las actividades deportivas, o se pasará de jornada partida a jornada continua... «Llevamos desde marzo diciendo que el problema no era el final del curso anterior, sino el comienzo de éste, y ya avisamos que para buscar aulas alternativas había que planificarlo todo con antelación», lamenta Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. «Pero ni el Ministerio ni la mayoría de comunidades autónomas nos han escuchado. Y ahora tenemos lo que tenemos».

Hace años, utilice el lema ¡Despertad al diplodocus! para indicar que nuestro sistema educativo es muy poderoso, pero se mueve con dificultad y había que movilizarlo. La situación actual pone de manifiesto que no ha despertado. Los primeros responsables de esta inercia son los «políticos de la educación». Nunca hemos tenido buenos «gestores educativos», profesionales competentes y comprometidos capaces de organizar, movilizar, implicar, hacer planes y llevarlos a cabo. Ningún ministro ha conseguido potenciar la autonomía de los centros y su capacidad de innovación. Ni se ha tomado en serio la formación del profesorado, ni –y, esto me parece especialmente grave– ha fortalecido las competencias profesionales y legales de los equipos directivos y de los inspectores; es decir, de los mas cercanos a la gestión. Por supuesto, son también culpables los partidos que no han conseguido consensuar un pacto. Tampoco ha ayudado la estructura funcionarial de la mayor parte de los docentes, ni la acción corporativista y a veces demagógica de los sindicatos. Y, puestos ya a buscar responsables, el desinterés de la sociedad por la educación. Basta mirar las encuestas del CIS para comprobar que la educación no figura nunca entre las grandes preocupaciones. Nos acordamos de ella, como de Santa Bárbara, cuando truena. Y ahora está tronando, y mucho. La pandemia nos cogió desprevenidos, y las escuelas tuvieron que capear el temporal como pudieron. Pero estos meses deberían haberse aprovechado para preparar un curso 2020-2021 absolutamente excepcional, que exige cooperación de todos los agentes sociales, y capacidad de gestión. Nada de eso ha sucedido y donde se ha hecho ha sido por iniciativa de los centros. El reciente acuerdo entre el ministerio y las CCAA es patético. Es una muestra más de inercia, improvisación y timidez.

Desde marzo era evidente la gravedad de la situación y que necesitábamos tratar el problema sanitario y el académico. El sanitario exige bloquear los contagios dentro de la escuela, lo que pone en primer lugar el problema del espacio. Pedí que cada centro presentara un informe sobre sus opciones de ampliarlo, con instalaciones propias o externas. Algo que implica aumento del profesorado y más uso de la tecnología dentro del aula. Eso supone equipar digitalmente a los centros y a los alumnos y formar a los docentes en un nuevo tipo de enseñanza híbrida al que probablemente tendremos que acudir cada vez más. Hay que introducir turnos y –un asunto que nadie se atreve a tocar– aprovechar los horarios de tarde, podados por la implantación pedagógicamente poco justificada de la jornada continua. Desde el punto de vista de los contenidos académicos, ya entonces propuse que, puesto que no sabíamos cómo habían aprovechado los alumnos el confinamiento, el primer trimestre debía ser de

LAS MEDIDAS “El acuerdo del ministerio y las CCAA es una muestra más de inercia e improvisación”

actualización, lo que suponía un reajuste de todos los programas. Ahora, la víspera del comienzo de curso, se habla de contratar a miles de profesores. ¿De qué manera? ¿Con qué competencias? ¿Cómo se van a integrar en los proyectos educativos de los centros? Sea cual sea la evolución de la situación, va a exigir una mayor colaboración con las familias. ¿Se ha cuidado esa cooperación? Seré optimista. Aprovechemos la ocasión para despertar al diplodocus, aunque sea tarde.

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ESPAÑA

EL MUNDO. SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2020

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La demora en las medidas obliga a CCAA a retrasar la vuelta al aula A una semana del inicio de curso, Asturias, Madrid, Valencia y País Vasco lo flexibilizan OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El empeoramiento de la situación epidemiológica en las últimas semanas y la demora del Gobierno y las autonomías a la hora de tomar nuevas medidas de seguridad sanitaria en las aulas han obligado a varias regiones a cambiar sus planes y retrasar o escalonar la vuelta al colegio a apenas una semana del comienzo del curso escolar. Muchos centros no han llegado a tiempo para organizar un regreso atípico que, según el acuerdo alcanzado el jueves entre los consejeros y los ministros Isabel Celaá y Salvador Illa, implica establecer turnos rotatorios a partir de 3º de la ESO (14 años) para que la mitad de los estudiantes vaya al centro educativo y la otra mitad estudie desde casa. Las nuevas medidas obligan a las autonomías a cambiar los protocolos que aprobaron durante el verano. El problema es que la inyección de 2.000 millones de euros del Gobierno no ha llegado aún y la planificación se está haciendo a ciegas. Los centros aún no saben cuántos profesores adicionales tendrán y eso dificulta sus cálculos a la hora de intentar formar grupos más pequeños. El retraso causa quebraderos de cabeza a los padres, que no saben con quién dejar a sus hijos durante esos días de septiembre, una vez descartada la idea de recurrir a los abuelos. Las autonomías han pedido al Gobierno más medidas para mejorar la conciliación laboral y familiar y un permiso retribuido a las familias afectadas por Covid-19. Precisamente ayer, el vicepresidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, instó al Gobierno a concretar esta ayuda. «Lo que pedimos es que ejerza sus competencias y, si no son capaces de ejercerlas, si no se ven con fuerzas, que las traspasen al Govern», advirtió. Estos son los cambios en el calendario escolar:

ASTURIAS

El curso se retrasa 12 días en Infantil y Primaria –iba a comenzar el 10 de septiembre y ahora lo hará el 22– y 15 días en ESO y Bachillerato –la apertura estaba fijada para el 14 y se demora hasta el 28 y 29–. En FP, se aplaza 12 días: arrancará el 30 en vez del 18. La consejera Carmen Suárez explicó ayer que la medida responde al objetivo de comenzar con garantías y la intención de esperar a ver cómo evoluciona la pandemia en los primeros 15 días de septiembre, cuando se espera que ya se conozcan los datos de contagios del final del verano. La vuelta también se ha retrasado porque se van a hacer pruebas PCR la realización de pruebas PCE a todos los profesores. El calendario escolar se mantendrá, eso

sí, en 175 días y se va a recuperar lo perdido poniendo más días lectivos a lo largo del próximo mes de junio.

COMUNIDAD VALENCIANA

Permitirá que los centros que lo requieran adopten un regreso progresivo. La vuelta se hará entre el 7 y el 11 de septiembre, según decidan los directores. El consejero Vicent Mar-

zà dijo ayer que «es una medida que permite hacer pedagogía tanto al alumnado como a las familias sobre las dinámicas de protección e higiene en los centros educativos».

PAÍS VASCO

País Vasco anunció ayer que escalonará la vuelta a las aulas para hacer un retorno progresivo, primero

con la incorporación de los alumnos de Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO (el 7 de septiembre) y después con los estudiantes de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato (el 15). Inicialmente se contemplaba un comienzo «generalizado» desde el 7, pero para los mayores se ha retrasado ocho días la vuelta a las aulas dada la evolución de la pandemia.

MADRID

Madrid, que critica el retraso del Gobierno a la hora de tomar medidas, también anunció esta semana un retraso en los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria (empezarán el 17 de septiembre, en vez del 8) y en 1º y 2º de ESO (pasan del 9 al 18).

CANARIAS

Canarias fue la primera en darse cuenta, ya en julio, de que no iban a llegar a tiempo, y trasladó el inicio de curso del 9 al 15 de septiembre.

GALICIA

Mantendrá el calendario previsto, pero los sindicatos CIG, CCOO, STEG y CSIF han convocado dos días de huelga contra las medidas adoptadas por la Xunta.

Margarita Robles, durante la rueda de prensa ayer en Moncloa, para dar cuenta de las iniciativas del Gobierno frente a la Covid-19. JAVIER BARBANCHO

Seis regiones piden a militares para el rastreo El Ministerio insiste en que «las Fuerzas Armadas son neutrales» y se han formado contra la Covid F. L. MADRID

Ya son cuatro las comunidades autónomas que han solicitado al Gobierno la colaboración de los rastreadores de las Fuerzas Armadas para luchar contra el Covid y otras dos han anunciado también que los solicitarán. Así, la ministra de Defensa explicó ayer que Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria han hecho una petición formal, además de la ciudad autónoma de Melilla, y que Galicia y Madrid han mostrado también su intención de solicitarlos. Robles indicó cómo se han formado los más de 2.000 rastreadores militares y adelantó que ayer

por la mañana se trasladó ya a las comunidades autónomas la guía para concretar las peticiones formales al Ministerio de Sanidad del refuerzo militar de las labores de rastreo de la Covid-19. Se está planificando el análisis de la situación de las comunidades que han solicitado la ayuda. «Son una pieza fundamental y básica», recalcó la ministra desde Moncloa. «Vienen hace tiempo preparándose para el rastreo que se hacía en el ámbito de los ejércitos y que hemos entendido que era bueno ponerlo a disposición de toda la sociedad», afirmó la ministra en su comparencia junto al titular de Sanidad, Salvador Illa. Se trata

de militares que tienen una formación sanitaria, a quienes se ha adiestrado en lo que significa el Covid, así como en el trato a los ciudadanos para «generar empatía y confianza». Y también se les ha preparado en lo relativo a la legislación actual, para que la ciudadanía sepa que se respeta la privacidad y el estado de derecho durante las tareas investigadoras. «Ser rastreador no es fácil, implica tener conocimientos muy variados, conocer la psicología de las personas, hacer ver a los ciudadanos que sean conscientes de que el hecho de que cuenten con quién han estado y cumplir las instrucciones que se le marquen

es bueno para él, para su familia y para el resto de la sociedad». Robles insistió en que la disponibilidad de los rastreadores militares se hace con una finalidad: «Colaboración entre las instituciones. No hay colores políticos, todos juntos. Las Fuerzas Armadas son neutrales. No hay connotación política en esta iniciativa. Se hace desde la más exquisita profesionalidad y neutralidad». Y remató: «Podemos ir a todas las comunidades autónomas que lo quieran solicitar. Lo podemos hacer inmediatamente». Los rastreadores se incorporarían sobre el terreno y siempre con una coordinación con las comunidades y Sanidad.

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i SALUD

Los niños pueden contagiar durante tres semanas La población infantil podría ser vector de transmisión más tiempo del que se creía LAURA TARDÓN MADRID

La población infantil afectada por Covid-19 podría ser potencialmente infecciosa en el transcurso de hasta tres semanas. Así lo plantea una investigación recientemente publicada en la revista JAMA Pediatrics. No importa si nunca tuvieron síntomas o si dejaron de tenerlos hace días. Según los autores del estudio, tras examinar la evolución de 91 pacientes pediátricos en 22 hospitales de Corea del Sur, el virus fue detectable durante un promedio de aproximadamente dos semanas y media. A diferencia del sistema de salud estadounidense, aquellos que dan positivo por Covid-19 en Corea del Sur permanecen en el hospital hasta que desaparecen sus infecciones, incluso si no son sintomáticos. Así es como los investigadores pudieron ver que una quinta parte de los asintomáticos y la mitad de los que habían tenido signos de coronavirus «todavía estaban perdiendo virus tres se-

manas después de haberse realizado las pruebas iniciales». Estos hallazgos hacen pensar que los niños podrían ser vectores de transmisión durante más tiempo del que se creía, incluso sin haber mostrado señales externas más frecuentes del coronavirus. Sin embargo, en un comentario que acompaña al estudio en la misma publicación, varios autores y médicos del Children’s National Hospital (Estados Unidos) señalaban algunas cuestiones. Por un lado, «un positivo o un negativo cualitativo en las pruebas no refleja necesariamente la infectividad, ya que algunos positivos implican fragmentos de material genético que podrían no enfermar a alguien» o al revés, «un negativo podría significar niveles bajos de virus que aún pueden ser infecciosos». También se desconoce si los individuos asintomáticos están diseminando diferentes cantidades de virus que aquellos con síntomas y además, «las pruebas sólo para

Dos niños juegan en el Parque Joan Miró de Barcelona . EFE/ANDREU DALMAU

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Muestras de niños afectados por el SARS-CoV-2 evidencian el virus durante más de dos semanas.

virus activos en lugar de anticuerpos ignoran la gran cantidad de personas que pueden haber tenido y haberse curado tras una infección asintomática o leve, un factor importante para comprender la inmunidad colectiva», argumenta

Roberta L.DeBiasi, jefa de Enfermedades Infecciosas en el Children’s National Hospital . Por último, tanto DeBiasi como su compañera Meghan Delaney, jefa de Patología y Medicina de Laboratorio, señalan que el estudio sólo evaluó la diseminación viral del tracto respiratorio, a pesar de que múltiples trabajos han detectado el virus en otros fluidos corporales, incluidas las heces. Por lo tanto, se desconoce qué papel podrían desempeñar estas otras fuentes en la propagación de esta enfermedad.

Todos y cada uno de estos estudios son necesarios para ir redirigiendo las medidas en salud pública, con el fin de poder controlar eficazmente esta pandemia. Aún se tienen que dedicar más esfuerzos para evaluar cómo avanzan las infecciones por SARS-CoV-2 en los niños, incluida la forma en que se desarrollan los anticuerpos tanto a nivel individual como poblacional. En palabras de DeBiasi, «es fundamental para desarrollar políticas que ralentizarán la tasa de transmisión viral en nuestra comunidad».

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TRIBUNA i EDUCACIÓN La ministra de

Educación, que hizo dejación de funciones durante el estado de alarma, no puede cometer los mismos errores, afirma la autora. Debe coordinarse con las CCAA para garantizar el derecho a la educación.

La mala educación en la era covid MONTSERRAT GOMENDIO ERA UN SECRETO a voces. Sabíamos que el proceso de descentralización en España adolece de enormes carencias. Pero las voces más influyentes aconsejaban prudencia. Pudo más el miedo a abrir la caja de Pandora. Se nos podía ir de las manos, decían. La Covid-19 ha expuesto fallos en el diseño del modelo de descentralización. Es decir, nuestro sistema de gobernanza. No pretendo abrir un debate sobre las bondades de la centralización versus descentralización, porque creo que asumir esta supuesta dicotomía yerra el tiro. Entre los polos opuestos de un sistema centralizado y uno federal, hay una amplia gama de modelos descentralizados que han desarrollado diferentes países incluyendo la mayoría de los europeos; lo importante es examinar cuáles son eficaces. El objetivo de la descentralización es mejorar la gestión gracias a su adaptación a las necesidades locales. Muchos países europeos son descentralizados sin llegar a ser federales y han demostrado su eficacia, como Holanda y los países nórdicos. Estos modelos descentralizados son complejos, porque no asignan la toma de decisiones, ni el control de los recursos, a un solo nivel de gobierno (central o regional). Compartir estas responsabilidades requiere una clara división de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, un diseño de financiación que incentive la co-responsabilidad, y mecanismos de rendición de cuentas que aseguren un uso eficaz de los recursos. Pero el proceso da lugar a una batalla política por aumentar los espacios de poder y los recursos, a la vez que se evitan los mecanismos de rendición de cuentas, que pueden malograr el resultado final. La Covid-19 ha impactado de lleno sobre las competencias que fueron transferidas a las comunidades autónomas: sanidad, asuntos sociales y educación. En todos estos ámbitos tanto el Gobierno central como El Gobierno no puede alternar los regionales tienen responsabilidades, pero ni periodos de control absoluto se han definido con suficon otros en los que ignora ciente claridad, ni se han puesto en marcha mecasus responsabilidades nismos de coordinación adecuados. Por estas grietas se ha colado la Covid-19. Por razones obvias se ha prestado mucha más atención a los aspectos sanitarios pero, ante la incertidumbre que se cierne sobre el nuevo curso escolar, creo que merece la pena analizar la situación del ámbito educativo. La decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma supuso una disrupción completa del funcionamiento del Estado de las autonomías, al asumir aquél todas las competencias y convertirse en mando único. De facto un sistema centralizado. Bajo esta situa-

i OTRAS VOCES ción excepcional, corresponde únicamente al Gobierno central rendir cuentas sobre una gestión que generó el balance más negativo de toda Europa tanto en el aspecto sanitario, como en el económico. El mando único cometió uno de los errores que se asocian a sistemas centralizados: dar un tratamiento simétrico a un problema asimétrico. Impuso el confinamiento más largo y duro, sometió a un coma inducido a la economía de todas las comunidades y cerró los colegios. No dejaremos a nadie atrás, fue el lema esgrimido por el Gobierno. Pero el resultado fue que el país entero se quedó atrás. El Gobierno central también definió las fases del denominado proceso de desescalada y decidió cuándo podían pasar las diferentes comunidades autónomas de una fase a otra. De esta forma, estableció prioridades y, a diferencia de muchos países europeos, la reapertura de los colegios no se permitió hasta una fase tan avanzada que la mayoría no volvió a reanudar la actividad escolar antes del verano. El mando único cometió errores que se asocian a regímenes autoritarios: no escuchar a nadie, ni científicos, ni médicos, ni gobiernos regionales. Y falta de transparencia, creando tal grado de confusión con las cifras oficiales de fallecidos y contagiados que impide tomar las decisiones adecuadas. Contra toda evidencia, el 10 de junio Sánchez declaró que «hemos vencido al virus». Pero la apertura de fronteras para atraer turistas, la reanudación de la movilidad y la relajación de medidas de distanciamiento social, se llevó a cabo sin poner en marcha la única estrategia que ha demostrado su utilidad en otros países: test, track, isolate. Y a partir de ese momento el Gobierno central se desentendió por completo, argumentando que correspondía a las regiones asumir las competencias. Un nuevo error al interpretar que nuestra gobernanza permite alternar un sistema cesarista con otro federalista. Como era inevitable, comenzaron los rebrotes pero las comunidades autónomas no tienen la capacidad de controlar la expansión del coronavirus por sí solas, pues han quedado en manos de los jueces de turno cuando sus decisiones afectan a derechos fundamentales. En el ámbito educativo se ha dado una paradoja de consecuencias catastróficas. La ministra de Educación, bajo el mando único, ha hecho una dejación de funciones. Dos de las competencias fundamentales del Estado son determinar los estándares a nivel nacional que se requieren para otorgar titulaciones y velar por la equidad del sistema. Pues bien, Celaá permitió que cada comunidad decida con cuántos suspensos se puede titular, aumentando así las desigualdades educativas entre regiones. Y en cuanto a la equidad, a pesar de haber forzado la transición a la educación online, no se han puesto en marcha mecanismos compensatorios y de refuerzo para evitar que la brecha digital ensanche la brecha socio-económica. Nuestros alumnos no salen más fuertes de esta crisis. Según la encuesta Talis de la OCDE, sólo el 38% de los docentes en España ha recibido formación digital, un porcentaje muy bajo comparado con otros países (75% en el Reino Unido por ejemplo). Por lo tanto, los docentes se han esforzado por realizar la transición a la enseñanza online, pero su falta de formación ha sido un impedimento en muchos casos. El cierre de los colegios desde marzo hasta finalizar

el curso escolar ha supuesto un retraso considerable en la adquisición de conocimientos. Diversas estimaciones arrojan conclusiones demoledoras: el retraso en matemáticas podría ser de aproximadamente la mitad de lo que se aprende en un curso normal y, entre alumnos de entornos desfavorecidos, podría llegar a un curso escolar completo. Por tanto, son muchos los alumnos que han quedado atrás.

LA GRAVEDAD de los rebrotes parece haber sorprendido a las comunidades autónomas afectadas, sin planes para abordar la vuelta al colegio. Tanta incertidumbre ha generado dudas entre las familias sobre la seguridad de enviar a sus hijos al colegio, y los sindicatos han aprovechado esta situación para canalizar los temores de los padres hacia sus reivindicaciones clientelares de siempre. Es fundamental que los padres entiendan que la Covid-19 entraña un riesgo bajo para los niños. Para ello es necesario comunicar con claridad la evidencia científica: una proporción baja de niños se ha diagnosticado positivo y la mayoría desarrollan síntomas muy leves o son asintomáticos. Muchos países europeos abrieron las aulas antes del verano y han comenzado el nuevo curso escolar, demostrando que los colegios no son una fuente de transmisión comunitaria relevante. Sin embargo, los niños pueden infectar a otros. Por tanto, es necesario proteger a los docentes y familiares vulnerables. Es posible que tengamos que aprender a convivir con la Covid-19 al menos 1 o 2 años. El Gobierno no puede pretender alternar periodos de control absoluto, con

LPO

otros en los que ignora sus responsabilidades. Han de definirse escenarios en el ámbito educativo que se adapten a la evolución de la situación epidemiológica pivotando entre la presencialidad y la educación online (modelos blended). Tanto el Gobierno central como los regionales deberán asumir sus respectivas responsabilidades, y coordinarse adecuadamente, para asegurar el derecho a la salud y el derecho a la educación. No podemos permitir que las generaciones más jóvenes sufran retrasos de esta magnitud en su educación, pues no estarían preparados para afrontar una era covid que causará estragos en la economía y el desempleo. Montserrat Gomendio es profesora de Investigación del CSIC y ha sido secretaria de Estado de Educación.

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