El Estado del Arte*de la RSE
El Compromiso empresarial en la Construcción de Ciudadanía (*) Su origen se le atribuye a Aristóteles en su primer libro de Metafísica. Hace referencia al nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento determinado sobre cualquier aparato, técnica o campo científico plural.
Año 2 – Número 17 – Edición 2013
SEPTIEMBRE
SUMARIO GESTIÓN LA VISIÓN DE LOS GERENTES Y RESPONSABLES DE RSE Y SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS
“Lo público y lo privado deben interactuar en forma permanente” Por Agustín del Castillo, Coordinador de RSE de Banco Patagonia.
“Son las diferencias intersectoriales las que aportan al éxito de las iniciativas” Por Elsa Zorrilla, Gerente de Desarrollo Sostenible de Randstad Argentina.
“Las acciones público-privadas nacen con el desafío de estrechar vínculos a largo plazo” Por Jorge Polo, Gerente de Marketing y Productos de Tersuave.
El valor del diálogo para promover relaciones constructivas y sustentables Por Claudio Moreno, Jefe de Responsabilidad Social Empresaria de Transportadora de Gas del Norte.
ESCENARIOS Y TENDENCIAS La Cooperación es la Respuesta PorCristina Monge, Directora de conversaciones de ECODES de España.
La RSE como Economía de Causa Por Carlos March, Responsable de Saber Social de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Fundación Avina.
DESTACADOS El aporte de la RSE en procesos de Articulación PúblicoPrivada Por María del Carmen Tamargo, Docente Universitaria y Presidenta de la Asociación Iniciativas y Estrategias.
La cuidad, una empresa colectiva Por Virginia Romanutti, Coordinadora Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
Por Lucio Scardino, Responsable de Prensa y Comunicación de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
TEMAS TRANSVERSALES El compromiso del Gobierno Corporativo en el ejercicio de la RSE Por Santiago Chaher, Coordinador del Círculo de Compañías de Gobiernos Corporativo de América Latina. Por Juan Cruz Díaz, Managing Director de Cefeidas Group
Construir e incidir desde la gestión empresarial para un mundo sustentable Por Andrés Suárez, Académico del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado de Chile
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Referencias bibliográficas sobre RSE & Sustentabilidad identificadas por el Programa de Capacitación Ejecutiva de RSE de la Universidad de San Andrés: Alianzas público-privadas como estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo.Devlin, Robert y Moguillansky, Graciela. Revista Cepal n° 97, Abril. Chile. Año 2009.
Código de mejores prácticas de gobierno de las organizaciones para la República Argentina.Instituto Argentino para el Gobierno de las Organizaciones (IAGO). Argentina. Año 2004.
DOCUMENTOS RECOMENDADOS Guía metodológica para la formación y gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo.ALIARSE. Costa Rica, Año 2010. Guía para el Desarrollo de Procesos de Articulación Público Privada.Tamargo, María del Carmen. Argentina, Año 2012. Guía Práctica de Gobierno Corporativo. Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana.Corporación Financiera Internacional. Estados Unidos, Año 2010.
SITIOS DE INTERÉS Movimento Nossa Säo Paulo Bogotá Cómo Vamos Nuestra Mendoza Nuestra Córdoba
COMITÉ EDITORIAL Luis Ulla Director Ejecutivo IARSE Jimena mercado Directora Editorial IARSE Laura Massari Directora de Relaciones Institucionales IARSE Alicia Rolando Colaboradora Externa – Experta en Reportes y Fundadora del IARSE
Los artículos y opiniones vertidas en esta publicación son de absoluta y exclusiva responsabilidad de los autores.Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la visión y el espíritu del IARSE.
GESTIÓN “LO PÚBLICO Y LO PRIVADO DEBEN INTERACTUAR EN FORMA PERMANENTE” Por Agustín del Castillo, Coordinador de RSE de Banco Patagonia www.bancopatagonia.com.ar
Desde su creación, Banco Patagonia ha estado presente en áreas como la educación, el deporte, la cultura y el medio ambiente. Estos ámbitos no se pueden disociar en público o privado excluyentemente, ya que abarcan a toda la comunidad. Entonces, lo público y lo privado deben interactuar en forma permanente. En ambos segmentos debe haber ideas y propuestas que se complementen. En donde esto se puede apreciar con claridad, es en los Concursos para Emprendedores que realizamos en el interior junto a Fundación Impulsar y con la activa participación de los gobiernos municipales. Trabajar en Villa La Angostura (Neuquén) y Tres Arroyos (Buenos Aires), fue para nosotros una experiencia enriquecedora, donde lo público y lo privado se articulan con el tercer sector, para dar herramientas a la comunidad que busca nuevas oportunidades de cara al futuro. Cuando me preguntan porqué decidimos desarrollar una iniciativa en articulación con el Estado, la respuesta no es tan compleja. Somos parte de ese Estado, y como tal, tenemos la obligación de acompañar políticas sustentables para toda la comunidad. Somos parte de la misma sociedad, trabajamos para un objetivo común. Involucrarse es comprometerse responsablemente. Eso es lo que hacemos en todos los lugares donde actuamos. En las alianzas estratégicas que se generan con el sector público, el rol de la empresa es estar siempre acompañando. En nuestro caso, dos claros ejemplos son el Programa de Crédito Fiscal del INET, donde financiamos proyectos educativos de escuelas
técnicas y agrotécnicas para establecimientos terciarios no universitarios y se fomenta la capacitación y adquisición de equipamiento para los mismos, a través de proyectos que vinculan educación y trabajo. Y, por otra parte, la participación en el financiamiento de actividades culturales a través de la Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. De la experiencia desarrollada en estos años, hemos aprendido que trabajar en equipo (aunque vengamos de falsas dicotomías como lo público y privado y dejando afuera los prejuicios), podemos construir una sociedad mejor. Sólo hay que saber dar el primer paso. Adelante hay una comunidad que necesita de todos.
“CUANDO ME PREGUNTAN PORQUÉ DECIDIMOS DESARROLLAR UNA INICIATIVA EN ARTICULACIÓN CON EL ESTADO, LA RESPUESTA NO ES TAN COMPLEJA. SOMOS PARTE DE ESE ESTADO, Y COMO TAL, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE ACOMPAÑAR POLÍTICAS SUSTENTABLES PARA TODA LA COMUNIDAD” Por último, y concretamente en el caso de Banco Patagonia, nuestro desafío es seguir acompañando políticas que resignifiquen el valor de la articulación público-privada. En realidad, que resignfiquen el valor de una comunidad que se sabe solidaria e inclusiva.
Agustín del Castillo Licenciado en Administración. Ha cursado estudios de Posgrado en Desarrollo Local y Economía Social (FLACSO), Comunicaciones Institucionales (Universidad Austral), Economía y Derecho Ambiental (USAL) y Gerenciamiento de Sistemas de Calidad (USAL). Lleva más de 10 años trabajando en temas de Sustentabilidad. Es Coordinador de RSE de Banco Patagonia, posición que ocupa desde hace cinco años cuando llegó al Banco para armar el startup del área, implementar el primer Informe de RSE del banco (hoy van por el séptimo informe) y desarrollar el voluntariado corporativo. Además, desde Enero del 2013 sumó a su gestión la Coordinación de Comunicaciones Internas.
“SON LAS DIFERENCIAS INTERSECTORIALES LAS QUE APORTAN AL ÉXITO DE LAS INICIATIVAS” Por Elsa Zorrilla, Gerente de Desarrollo Sostenible de Randstad Argentina www.randstad.com.ar
¿Es necesaria la articulación público privada?No nos es ajeno –y de esto venimos hablando desde hace más de una década- que en un complejo contexto de inequidad social en nuestra región, es absolutamente indispensable la acción articulada de todos los sectores de la sociedad. La imagen de la sociedad mirando hacia arriba y esperando que las soluciones a las problemáticas que la aquejan provengan exclusivamente del Estado es algo que quedó en el pasado. Es por eso que las expresiones como un ―Estado presente o ausente‖ ya están pasadas de moda. La participación intersectorial en la construcción colectiva de la sociedad es el único camino hacia la sostenibilidad de la misma. Todas las organizaciones, sea cual fuere su procedencia (gubernamentales, privadas, sindicales y sociedad civil) tienen su propia visión de territorio, factores preponderantes, cultura, actores locales, intereses, alcances y complejidades de sus propias gestiones, etc. Es justamente por eso que valorando y preservando sus propias identidades, pueden definir los roles que les competen cuando se deciden a intervenir para mejorar o mitigar determinados problemas sociales. Son justamente las diferencias intersectoriales las que aportan al éxito de las iniciativas que se emprenden, y en Argentina ya hay muchas experiencias exitosas al respecto, inclusive aquellas que pueden provenir del sector privado y que terminan impulsando políticas de Estado.
“LA PARTICIPACIÓN INTERSECTORIAL EN LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA SOCIEDAD ES EL ÚNICO CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA MISMA” ¿Cómo participar? El Estado, garantizando y promoviendo la no vulneración de los derechos de las personas a través de las reglamentaciones, controles y gestiones
pertinentes; las organizaciones de la sociedad civil aportando su profundo conocimiento de las temáticas que se traten; y las empresariales que en el marco de sus estrategias para el Desarrollo Sostenible de sus propias organizaciones, necesitan apostar a permanecer en forma más competitiva, rentable, transparente y verde en un mercado con una sociedad cada vez más justa y equitativa, que es la misma a la que quieren ofrecerle sus servicios o productos. El rol de los sindicatos por ejemplo, no debiera confundirse con ningún otro. Están creados exclusivamente para velar por el cumplimiento de los derechos laborales de las personas y no debiera en ningún caso, mimetizarse con objetivos políticos de terceras organizaciones en la que actúen. Cada perfil tiene un peso muy importante a la hora de las intervenciones sociales. Implementar políticas de articulación público privada no es fácil, pero está demostrado que es posible, siempre y cuando haya una verdadera decisión de actuar y una actitud socialmente responsable de todos los actores de la sociedad. Creo que las iniciativas que se desarrollan en este marco, tienen garantizado un impacto real justamente por las diferentes miradas que cada sector puede aportar, lo que nos permitirá dar un giro real hacia el acceso a una sociedad más avanzada, transparente y sostenible.
“IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA NO ES FÁCIL, PERO ESTÁ DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE...” Siguiendo esta línea, Randstad Argentina es una empresa pionera en el desarrollo de programas en el marco de la articulación público privada como una instancia que garantiza la sostenibilidad de sus acciones. Son muchas y variadas lasintervenciones que desarrolla permanentemente la compañía por la inclusión delas personas, la no discriminación, prevención del trabajo infantil, promoción del trabajo regulado y decente, la capitalización de la diversidad en la gestión, y también la difusión del concepto de desarrollo sostenible basado en una actitud socialmente responsable de sus líderes. Estas acciones son posibles por ir de la manode otras empresas, incluidos sus competidores, con organizaciones gubernamentales, tanto locales, provinciales, nacionales e internacionales, así como con ONG’s relacionadas con los ejes estratégicos de su plan de negocio y que son consideradas buenas prácticas por la impronta sostenible e innovadora de las mismas. Elsa Zorrilla Gerente de Desarrollo Sostenible de Randstad Argentina (ex SesaSelect), una de las empresas fundadoras de MoveRSE. Actual Presidenta de MoveRSE. Miembro de la Comisión Directiva de la Red Empresaria Nacional por la Erradicación del Trabajo Infantil. Miembro de la Comisión de Trabajo Decente y Prevención del Trabajo Infantil de la provincia de Santa Fe. Miembro promotor del Club de Empresas Comprometidas con la Discapacidad. Miembro promotor de la gestión en Equidad de Género. Miembro de la Comisión Directiva del Pacto Global de Naciones Unidas.
“LAS ACCIONES PÚBLICO–PRIVADAS NACEN CON EL DESAFÍO DE ESTRECHAR VÍNCULOS A LARGO PLAZO” Por Jorge Polo, Gerente de Marketing y Productos de Tersuave www.tersuave.com.ar
Las acciones relacionadas con la articulación público–privado nacen con el desafío de estrechar vínculos a largo plazo con organizaciones que poseen una fuerte presencia cultural para preservar y potenciar el valor arquitectónico, cultural e histórico de sus edificaciones y monumentos de orden público. Nuestros propósitos y decisiones son tomados de manera independiente, es decir, trabajamos junto a las organizaciones para la preservación y el mantenimiento de obras sin otro propósito más que trabajar en ese único sentido. La intención de Tersuave es mantener y preservar edificios, monumentos y sitios culturales que exceden las gestiones de los gobiernos de turno. El programa de ―Preservación del Patrimonio Histórico - Cultural‖ se materializa a través de la firma de convenios y/o acuerdos de cooperación a largo plazo que generalmente superan los períodos de gestión de quienes están a cargo. Cada uno de los acuerdos incluye, además de los productos que comercializa la firma, capacitaciones técnicas y asesoramientos para gestar un buen marco de referencia y mejorar día a día la calidad de los trabajos en ejecución.
“LA INTENCIÓN DE TERSUAVE ES MANTENER Y PRESERVAR EDIFICIOS, MONUMENTOS Y SITIOS CULTURALES QUE EXCEDEN LAS GESTIONES DE LOS GOBIERNOS DE TURNO” La experiencia acumulada en este campo de acción, nos permite declarar cuáles han sido los aprendizajes más relevantes. Los mismos hacen referencia a la comunicación clara, detallando específicamente nuestro ámbito de trabajo, compromiso y responsabilidades; y por otro lado mantener un diálogo abierto con los referentes de las instituciones para adaptar sus necesidades a nuestras posibilidades.
El abanico de intervenciones es sumamente amplio desde la variedad de las tipologías hasta el carácter federal de las acciones:
Repintado Bº La Boca – Buenos Aires Silos del Museo Macro – Rosario Salas de Exposición Museo Superior de Bellas Artes Evita – Córdoba Casa de la Cultura – Salta Casa de Gobierno de Corrientes Corrientes Centro Cultural España – Córdoba Preservación de los faros del litoral marítimo argentino Museo Nacional de Bellas Artes – Buenos Aires Teatro María Castaña – Córdoba Niños Urbanos – Esculturas Urbanas de Antonio Seguí - Córdoba
El programa de "Preservación de Patrimonio Histórico - Cultural‖ lleva intervenidos más de 301 museos, iglesias, edificios históricos, casas emblemáticas, entre otros espacios culturales e históricos del país. Durante el 2012, se destinó un total de 11.858 litros de pintura para la reparación de las instalaciones y mantenimiento de las estructuras con las cuales se realizan y mantienen convenios. Una vez más, Tersuave a través de estas acciones reafirma su sentido federal, asumiendo un compromiso con la comunidad a través de sus edificios patrimoniales y de valor arquitectónico en el territorio nacional.
Jorge Polo Gerente de Marketing y Productos de Tersuave. Miembro del Comité Interno de Responsabilidad Social Externa de la misma empresa.
EL VALOR DEL DIÁLOGO PARA PROMOVER RELACIONES CONSTRUCTIVAS Y SUSTENTABLES Por Claudio Moreno, Jefe de Responsabilidad Social Empresaria de Transportadora de Gas del Norte www.tgn.com.ar
Desde Transportadora de Gas del Norte (TGN)la relación con el sector público se fue construyendo en base a la experiencia, a prueba y error. Un ejemplo de las iniciativas que llevamos a cabo fue el programa de articulación público privada que pusimos en marcha junto a la Municipalidad de Embarcación (provincia de Salta), el cual redundó en mejoras en el hábitat de tres comunidades de pueblos originarios de Misión La Loma. A través de este emprendimiento conjunto, familias de las etnias Toba, Wichi y Guaraní pudieron mudarse a una zona sin riesgos de derrumbe y con acceso al agua potable. Los motivos que nos llevaron a trabajar en este programa fueron varios. En primer lugar, las comunidades de pueblos originarios son poblaciones vecinas que viven a una distancia muy corta de la traza de los gasoductos. En ese mismo lugar pasan el gasoducto de Gas Atacama y el poliducto de Refinor. La empresa debe mantener una relación con las poblaciones allí asentadas porque es necesario pasar por ese predio para hacer mantenimientos o en caso que sea relevante realizar alguna obra. Por lo tanto, construir una relación de buenos vecinos es bueno para TGN y para la comunidad. En este caso, en febrero de 2009 un aluvión de barro dejó anegados varios barrios de la ciudad de Tartagal. El río se salió de su cauce y derribó un antiguo puente ferroviario, inundando varias cuadras a la redonda. Las copiosas lluvias de verano originan torrentes de agua que arrastran barro y copiosos restos de vegetación desde las laderas de las montañas hacia los centros urbanos –ubicados en zonas bajas- de todo el departamento San Martín. El asentamiento de Misión La Loma, de la ciudad de Embarcación, al estar en un área un poco más alta es afectado doblemente: los cauces de agua cruzan con velocidad el terreno y dejan a su paso profundos carcavamientos que ponen en riesgo a los asentamientos humanos que los circundan.
Luego de un programa de identificación de riesgos que TGN llevó a cabo durante 2008 y 2009 con las comunidades indígenas, se llegó a la conclusión de que alrededor de 25 familias corrían riesgo de derrumbe por las erosiones del terreno. La municipalidad de Embarcación inició desde entonces la diagramación de un nuevo barrio, trazó nuevas calles y montó unidades habitacionales totalmente nuevas. TGN aportó financiamiento para la construcción del sistema de distribución de agua potable. El trabajo conjunto entre empresa y municipio posibilitó que más de 100 familias se trasladaran a un sitio seguro dentro del mismo predio de Misión La Loma, y que cuenten con nuevas unidades habitacionales con servicio de agua potable. Lo importante a destacar es que si no hubiésemos contado con un proceso de diálogo previo las partes nunca hubiesen visualizado la oportunidad de coordinar esfuerzos para ver materializados esos intereses convergentes. En este sentido, son múltiples los aspectos que se ponen en juego. La transparencia, el respeto por el otro, la actitud de escucha activa, y la búsqueda de oportunidades ganar–ganar son fundamentales. Considero que los valores y las motivaciones más importantes se juegan en las etapas iniciales de un proyecto, hay que estar muy convencido en el valor del diálogo cuando no se ve una salida y parecen más importantes los desencuentros que las coincidencias.
“LO IMPORTANTE A DESTACAR ES QUE SI NO HUBIÉSEMOS CONTADO CON UN PROCESO DE DIÁLOGO PREVIO, LAS PARTES NUNCA HUBIESEN VISUALIZADO LA OPORTUNIDAD DE COORDINAR ESFUERZOS PARA VER MATERIALIZADOS ESOS INTERESES CONVERGENTES” Los beneficios de la articulación público-privada El proyecto no nació con los resultados que se obtuvieron como objetivo. Ésta sería una reconstrucción abstracta y de laboratorio. Todo comenzó porque sabíamos de las relaciones de conflicto que había con las comunidades y porque la empresa necesita llevar adelante operaciones, mantenimientos, y viabilizar proyectos que hacen a la prestación del servicio de transporte de gas. Así, comenzó a diseñarse desde 2007 una estrategia proactiva con la intención de promover relaciones constructivas y sustentables entre TGN y las comunidades de La Loma. Esta forma de relacionamiento respondió además a la decisión política de vincular los programas de Responsabilidad Social con la prevención y gestión de conflictos. Como parte de ese enfoque integral, se trabajó sobre los siguientes ejes:
Desarrollar estrategias de prevención con los gobiernos locales. Contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales. Definir canales de diálogo para recepción de las demandas y búsqueda de resolución constructiva de los conflictos. Promover la planificación de acciones internas coordinadas, entre departamentos y con contratistas. Promover la acción empresarial colectiva (con empresas que operan en la misma zona). Monitorear de manera permanente las variables de conflictividad social para evaluar riesgos y adoptar medidas de prevención antes de cada instancia de interacción con la comunidad.
En este caso prevaleció un criterio de inversión social por sobre la idea de compensación por impactos negativos. La metodología empleada fue decidida atendiendo a demandas y pautas culturales de las etnias involucradas y buscando un fuerte involucramiento del municipio de Embarcación. Otro aprendizaje es que, más allá de que esto se narre como caso, en la práctica no se trata de una experiencia que funciona en forma autónoma. El entramado de relaciones y la experiencia desarrollada en el territorio a través de otros programas de RSE contribuyeron a la comprensión y también a la articulación de acciones entre actores. Programas como Gobernabilidad del Riesgo, Cadena de Valor, y el monitoreo de los conflictos permitieron transferir experiencias para interactuar y negociar a otros actores internos de la organización. Un balance en el que todos ganan El nuevo sistema de distribución de agua cuenta con 1.800 metros de cañerías, dos cisternas y un equipo de bombeo. Este diseño garantiza el normal abastecimiento de agua pese a las pronunciadas pendientes del terreno. La construcción fue dirigida por la Municipalidad de Embarcación con mano de obra local. En la fase inicial del proyecto se montaron las viviendas nuevas y se procedió a derrumbar las antiguas unidades con riesgo de derrumbe. Luego comenzó la obra de la red de agua. Las comunidades adquirieron el acceso al agua potable a través de una red de distribución, provisión de energía eléctrica y mejores condiciones de vida tras alejarse de la zona de derrumbes, en tanto que el Gobierno local obtuvo mayor legitimidad social y una fuente de financiamiento para la concreción de un proyecto relegado por años. Por su parte, TGN mejoró su conocimiento acerca de los actores sociales y su comportamiento, desarrolló de una red de vínculos en su esfera de influencia local, disminuyó los riesgos de conflicto y fortaleció las condiciones de permiso de paso social.
Claudio Moreno Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de Rosario). Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Universidad de Buenos Aires). Profesor titular de RSE en la Maestría de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Docente en la materia Administración de Personal y Relaciones Laborales en la misma facultad. Coautor de los libros ―El comportamiento de las personas en las organizaciones‖ (capítulo de responsabilidad social) y ―La gestión moderna en recursos humanos‖. Actualmente se desempeña como Jefe de RSE en Transportadora de Gas del Norte. Se desempeñó en distintos roles en el área de recursos humanos, entre ellos, capacitación, desarrollo, empleos, comunicación interna y relaciones laborales.
ESCENARIOS Y TENDENCIAS LA COOPERACIÓN ES LA RESPUESTA Por Cristina Monge, Directora conversaciones de ECODES www.ecodes.org
de
En las democracias líquidas en que vivimos los problemas planteados y los retos que tenemos por delante no pueden encasillarse en un único ámbito de responsabilidad. La complejidad de nuestras sociedades exige una visión holística sobre cada fenómeno que ayude a entender todos los matices y todas sus repercusiones. Por eso, lejos de compartimentos estancos, los problemas actuales requieren de la colaboración entre las administraciones públicas, el ámbito empresarial y la sociedad en su conjunto para poder ser abordados con éxito. Esto supone cambiar las reglas del juego de muchos de los procedimientos de toma de decisiones que conocemos hasta ahora y con ello, el rol de muchos de los actores. Entender este cambio desde las Administraciones Públicas, implica articular procesos de nueva gobernanza donde, sin hacer abandono de responsabilidades, se puedan articular mecanismos deliberativos entre todos los actores que hagan posible la optimización de los resultados.
“(...) LOS PROBLEMAS ACTUALES REQUIEREN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL ÁMBITO EMPRESARIAL Y LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO PARA PODER SER ABORDADOS CON ÉXITO”
Esto, a su vez, exige una sociedad civil articulada, formada, informada y con voluntad de diálogo y acuerdo, capaz de expresar y defender sus puntos de vista.
Asociaciones, ONG’s, movimientos sociales y medios de comunicación -entre otrostienen un papel esencial en la construcción exitosa de estos procesos. Y en este nuevo escenario, ¿qué papel tiene la empresa del siglo XXI? Como siempre, la definición del rol de cada actor se irá construyendo con acciones concretas que demuestren sobre el terreno qué supone cada iniciativa, pero podemos avanzar algunas ideas de partida: la transparencia y buen gobierno, la actitud de diálogo y el convencimiento de que su éxito depende de la medida en que sean capaces de brindar soluciones útiles a los problemas planteados. La transparencia y el buen gobierno de una empresa van mucho más allá de los reportes habituales: implica una actitud de rendición de cuentas, una apuesta por la integridad. En el informe Negocios limpios, desarrollo global: el rol de las empresas en la lucha contra la corrupción, referido a las empresas españolas del Ibex 35, realizado por Ecodes en 2009, seafirma que: "En general, podemos observar una mejora en la evolución de las políticas y sistemas de integridad corporativa de las empresas del IBEX35 en el periodo 2005-2009. Esta mejora es muy considerable en la formalización depolíticas, lo es un poco menos en la implantación de algunos elementos delsistema de integridad corporativa y sigue siendo algo residual en la información pública de evidencia y resultados de ese sistema1". La actitud de diálogo se impone en los tiempos de las políticas 2.0. Sólo conociendo las inquietudes e intereses del entorno podrán las empresas entender el contexto en el que se mueven y reaccionar de una manera favorable. Esto supone establecer procesos de diálogo continuo con todos los grupos de interés, y no sólo con aquellos más accesibles o a priori más favorables a la actuación de la compañía. Cuanto más lejanas sean las posiciones, más interesante es el diálogo como herramienta para conocer las opiniones del otro, los motivos que le llevan a ello y las razones profundas de su posición.
“LA ACTITUD DE DIÁLOGO SE IMPONE EN LOS TIEMPOS DE LAS POLÍTICAS 2.0. SÓLO CONOCIENDO LAS INQUIETUDES E INTERESES DEL ENTORNO PODRÁN LAS EMPRESAS ENTENDER EL CONTEXTO EN EL QUE SE MUEVEN Y REACCIONAR DE UNA MANERA FAVORABLE” Finalmente, y aunque forme parte, teóricamente al menos, del business as usual, es importante recordar que sólo si la empresa es capaz de dar respuesta a los desafíos de cada sociedad en cada momento podrá llevar a cabo su misión con éxito. Eso implica disponer deconocimiento, de relaciones con las personas que proporcionan ese conocimiento -que no son otros que la sociedad en que se actúa- y la adecuación de la actuación de la empresa a esas necesidades. La clave del momento actual es que todo este planteamiento debe hacerse desde el más escrupuloso respeto al rol de cada cual, conjugando el difícil arte de cooperar sin
usurpar y desde el convencimiento de que cada organización debe hacer aquello para lo que ostenta legitimidad y que constituye su área de expertise. Los problemas actuales son excesivamente complejos para dejarlos en manos de un sólo sector social -el que sea-, así que se impone la cooperación y la complementariedad desde la deliberación, la búsqueda del acuerdo y el respeto al otro. Todo un reto para este convulso siglo XXI que no ha hecho más que empezar. 1ECODES,
2009. Negocios limpios, desarrollo global: en rol de las empresas en la lucha contra la corrupción.
Cristina Monge Directora de conversaciones de ECODES. Profesora asociada de la Universidad de Zaragoza y colaboradora de distintos medios de comunicación de manera habitual. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Postgrado en Unión Europea, Participación ciudadana, Función Gerencial de ONG y Comunicación socio política.
LA RSE COMO ECONOMÍA DE CAUSA Por Carlos March, Responsable de Saber Social de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Fundación Avina www.avina.net
El principal beneficio de la interacción entre empresa, sociedad civil y Estado es salir de la lógica de acumulación sectorial (la empresa acumula ganancias, el consumidor acumula bienes y el Estado acumula impuestos) para pasar a incidir en la generación de riqueza social desde la lógica de brecha, es decir, desde aquellas acciones que se desarrollan en el espacio existente entre los sectores, para convertirlos en los espacios de colaboración que potencian sinergias y resiliencias. La construcción e incidencia pública desde la articulación público-privada es una de las condiciones claves para poder definir y llevar adelante la agenda estratégica de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de los próximos años, pues sus desafíos, no pueden ser enfrentados de manera unilateral por ninguno de los tres sectores de la sociedad.
“EL PRINCIPAL BENEFICIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE EMPRESA, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO ES SALIR DE LA LÓGICA DE ACUMULACIÓN SECTORIAL (...)” Esa agenda de RSE debe dar respuesta a tres preguntas: ¿cómo se genera riqueza?, ¿cómo se regula la riqueza? y ¿cómo se distribuye riqueza? Y como son respuestas integrales y entrelazadas, requiere un marco donde la RSE no sea la excepción desde donde se impulsa una causa social dentro de una economía sin valores, sino que debe ser la base de la ECONOMIA DE CAUSA. La ECONOMÍA DE CAUSA es aquella que orienta a la sociedad a generar riqueza a partir de la producción de bienes útiles, que regulada a través de estructuras y reglas de juego que aseguren impactos sustentables en el plano ambiental e inclusivos en el aspecto social; permite distribuir la riqueza generada garantizando el acceso equitativo a las oportunidades a todos los miembros de una comunidad.
¿Cómo ayuda la RSE a la producción de riqueza? Apostando a la innovación científica y tecnológica y a las nuevas arquitecturas sociales y económicas que den impulso a la ECONOMÍA DE CAUSA, que deje de lado la producción de bienes basada en la lógica de la rentabilidad y la protección del capital, para asumir la lógica de producir bienes útiles a partir de la recuperación del sentido virtuoso de la actividad productiva: crear bienes y prestar servicios que mejoren las condiciones de vida (Biología) y garanticen dignidad humana (Ética), desde andamiajes legales que protejan la causa de la sustentabilidad (Justicia),en marcos de políticas que promuevan el progreso (Política) desde un sistema económico que garantice su producción y distribución (Economía). ¿Cómo colabora la RSE en la regulación de la riqueza? Creando una nueva institucionalidad donde los marcos normativos que regulan las empresas no solo contemplen como bien a proteger el capital (formato de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada) o el trabajo (cooperativas de trabajo), sino que avance sobre formatos legales donde el bien protegido en las figuras jurídicas con fines de lucro, sean las causas de la sostenibilidad ambiental y la inclusión social (como por ejemplo Sistema B donde en el propio estatuto de la empresa se explicita la causa para la cual producirá bienes o prestará servicios, acumulará ganancias y generará riqueza). Similar criterio debería utilizarse en el sistema de registro de patentes, donde se establezcan sistemas que liberen las posibilidades de desarrollar creatividad y protejan al inventor frente al lucro de terceros, entendiendo a la patente como un bien público que permita garantizar las condiciones de lucro pero al mismo tiempo, asegurar el fin público de la innovación. Desarrollar un sistema financiero que garantice el acceso al crédito a los vastos sectores que quedan al margen de los inalcanzables estándares que fija la banca comercial es un andamiaje legal que debe ser construido para que el crédito se convierta en una herramienta de progreso a la que accedan las empresas y emprendimientos Mipymes y no como un recurso de acumulación por parte de los agentes económicos más poderosos. Las bolsas ambientales, los mercados de carbono, son ejemplos de nuevos espacios que fijan pautas y reglas de juego que regulan y controlan la etapa de producción cotizando los esfuerzos de mitigación y reparación de los impactos ambientales negativos ocasionados por las empresas en su etapa de generación de riqueza. También existen mecanismos de certificación en algunos sectores de la actividad industrial y comercial que definen estándares medioambientales y sociales que las empresas deben cumplir para poder certificar su operación y acceder a un sello de calidad que refuerza la licencia social para operar.
” LA CONSTRUCCIÓN E INCIDENCIA PÚBLICA DESDE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ES UNA DE LAS CONDICIONES CLAVES PARA PODER DEFINIR Y LLEVAR ADELANTE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE) DE LOS PROXIMOS AÑOS (...)”
¿Cómo colabora la RSE en la distribución de riqueza? La pobreza, en la actualidad, no se relaciona con la carencia de recursos sino con tener negado el acceso a las oportunidades. No vivimos en sociedades pobres con recursos escasos, vivimos en sociedades de recursos finitos y sistemas inequitativos de distribución de riqueza. Latinoamérica es la región con menos potencial de pobreza (cuenta con recursos humanos y naturales) y la de mayor desigualdad del mundo. La concentración de riqueza exige nuevas estructuras para una distribución más equitativa, que cambie la ecuación en cuanto al acceso a los recursos. En los últimos años se han consolidado diversos tipos de formato que dan sentido a las empresas generando lucro a partir de impulsar causas sociales (Empresas sociales, negocios de impacto, negocios en la base de la pirámide) o de pensar estructuras más democráticas para la administración de recursos (cooperativas de agua) o la prestación de servicios (cooperativas de recicladores), o de poner en manos de los trabajadores las estructuras industriales o empresariales quebradas por sus dueños (empresas recuperadas). La RSE debe ser la plataforma que articule los recursos de un Estado dedicado a la generación de bienes públicos (todo bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad) con los recursos de la ECONOMÍA DE CAUSA focalizada en producir bienes útiles (todo bien o servicio que aporta al mejoramiento de la vida y a la dignidad humana).
Carlos March Coordinador de Saber Social de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Fundación Avina. Fue responsable en Argentina de la Fundación Avina. Integró las Comisiones Directivas de diferentes entidades sociales como Help Argentina, Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), FUNDES y Poder Ciudadano. Es periodista y autor del libro ―Dignidad para Todos‖.
DESTACADOS EL APORTE DE LA RSE EN PROCESOS DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Por María del Carmen Tamargo Presidenta de la Asociación Iniciativas y Estrategias
La potencialidad de la estrategia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y de sus aportes en el marco de procesos de articulación Público-Privada, requieren pensarse en una dimensión más amplia que remite al objetivo último de toda acción social, que es lograr mayores niveles de bienestar para el conjunto de la sociedad, en el marco de un proceso de desarrollo sustentable con equidad e inclusión social. En la actualidad no parece haber dudas respecto a que los procesos de desarrollo requieren de la participación comprometida de la totalidad de los actores sociales en la definición de una visión de sociedad (presente y futura), de una orientación valorativa, de una finalidad y de unas estrategias concertadas para poner en acción esa visión común.
”(...) LOS PROCESOS DE DESARROLLO REQUIEREN DE LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LA TOTALIDAD DE LOS ACTORES SOCIALES EN LA DEFINICIÓN DE UNA VISIÓN DE SOCIEDAD (PRESENTE Y FUTURA)...” Esto supone asumir -por parte de cada actor social- la incertidumbre de no conocerlo todo, así como la necesidad de integrar diferentes campos de conocimiento y de provocar un diálogo entre las miradas, intereses y posiciones de los distintos sectores: sociales, culturales, económicos, productivos. Alejarse de los modos simplificadores de pensar el mundo, sin generar puntos ciegos en el análisis de la realidad, para definir
objetivos comunes y esfuerzos compartidos en procura del logro de desarrollo sustentable con equidad social, son metas deseables. Es decir que, los actores estratégicos del desarrollo (Estado, empresas, organizaciones sociales, políticas, académicas, gremiales, religiosas, etc.) y la ciudadanía tienen la ―responsabilidad social‖ de aportar a la construcción de gobernabilidad sobre la base de amplios consensos que impulsen políticas sustentables. Se requieren -por tanto– espacios de trabajo compartido basados en el diálogo, la negociación y la coordinación para generar sinergias y complementar las capacidades y los recursos (políticos, económicos, de capital humano, social y cultural) de los distintos actores. Estos nuevos desafíos no están exentos de conflictos, sino que el conflicto es inherente al proceso, y por lo tanto exige un mayor compromiso de los actores sociales gubernamentales, no gubernamentales y de l@sciudadan@s, en las decisiones sobre el presente y futuro, en un marco de respeto y de reconocimiento y valoración de las diferencias (en las visiones, en las propuestas) para encontrar ―la zona de lo común‖. Las empresas en su rol social y productivo, al participar en un proceso de articulación Público- Privada, ponen en acción su capacidad para incidir en los objetivos de las políticas y programas para el desarrollo local, sobre la base de sus visiones e intereses, aportando sus recursos (económicos, de conocimiento, de gestión, de producción, de capital humano, de logística, etc.). Pero también pueden aportar sus conocimientos y experiencias derivadas de uno de los campos de la RSE, como es el apoyo a intervenciones sociales llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil.
”LAS EMPRESAS EN SU ROL SOCIAL Y PRODUCTIVO, AL PARTICIPAR EN UN PROCESO DE ARTICULACIÓN PÚBLICOPRIVADA, PONEN EN ACCIÓN SU CAPACIDAD PARA INCIDIR EN LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LOCAL...” Mucho se ha hecho desde las áreas de RSE de las empresas en relación a apoyar y fortalecer acciones de organizaciones sociales destinadas a trabajar en torno a situaciones de vulneración de derechos de grupos diversos, de exclusión social y económica y/o de discriminación. Estas experiencias acuñadas desde la RSE, no siempre son reconocidas por las propias empresas, como un ―capital‖ de experiencias de intervención en el campo social, que constituyen un aporte sustantivo a compartir, en un proceso de concertación en pos del desarrollo con equidad. Ahora bien, ese ―capital de experiencias‖ requiere transformarse en un ―capital de conocimientos‖, a través del cual sea posible identificar y reconocer lecciones aprendidas y las mejores prácticas, en el sentido de su adecuación y pertinencia a los
contextos y de su potencialidad para lograr efectos y resultados que resuelvan las problemáticas para las que fueron pensadas. Cabe preguntarse entonces ¿cómo se puede generar ese conocimiento?, y allí aparece la idea de la evaluación como una de las respuestas a esta pregunta. La evaluación es una fuente de aprendizaje para el conjunto de los actores comprometidos en la acción. Es una ―herramienta de transformación‖, que identifica los qué, los porqués y los cómo, aportando a la mejora permanente de las intervenciones. Por lo tanto, requiere de una actitud abierta a la revisión y retroalimentación permanente sobre los puntos de partida y sobre las estrategias de intervención. Evaluar en la RSE significa construir conocimiento sobre la acción (expresada en programas, proyectos, iniciativas), proporcionando evidencias que re-orienten o ratifiquen los cursos de acción, a partir de relevar, medir y observar los efectos que éstos tienen o han tenido en la población y en la propia gestión interna de la empresa. Evaluando, se podrán emitir juicios sobre el mérito o valor de las intervenciones en forma fundamentada; se podrán conocer con mayor profundidad los resultados alcanzados por proyectos, programas, iniciativas sociales, ambientales, productivas, etc. Así como también, identificar cuáles son aquellas estrategias que tienen mayor capacidad de transformación social y que por ello, son más efectivas socialmente para dar respuesta a los problemas o asuntos que son cruciales resolver para el logro de la visión compartida de desarrollo. A través de la evaluación se podrán identificar las mejores prácticas para las distintas problemáticas o asuntos; esto sin duda permitirá contar con criterios fundamentados para orientar la inversión social de la empresa. Pero también posibilitará aportar metodologías y estrategias de intervención social que potencialmente puedan ser aplicadas en una mayor escala y ser sugeridas e incorporadas al diseño de las políticas. De este modo y teniendo como norte aportar a procesos de articulación PúblicoPrivada para contribuir al desarrollo sostenible y con equidad, la evaluación de la RSE se presenta como un desafío a asumir y/o profundizar. Para ello es necesario estar dispuestos a poner en revisión lo hecho (ya sea para ratificar o para cambiar) y a desarrollar capacidades (conceptuales metodológicas y operativas) para la evaluación. Impulsar procesos de evaluación de RSE con calidad y pertinencia, tanto dentro de cada empresa, como en todos aquellos espacios de trabajo colaborativo y de
articulación Público-Privada en los que se participe, contribuirá al logro de mejores políticas para un mejor desarrollo.
María del Carmen Tamargo Licenciada en Sociología (Universidad de Belgrano). Magister en Género, Sociedad y Políticas (FLACSO). Consultora independiente con amplia experiencia en diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos sociales, tanto en el sector público, como el ámbito no gubernamental. También es consultora externa del BID, en el área de Capacidades Institucionales. Actualmente está a cargo del monitoreo y evaluación de los proyectos del 4° Concurso de Proyectos Sociales de Petrobras Argentina. Es docente en la Maestría de Gestión Cultural de la UBA, la Maestría de Economía de laSalud y Administración de las Organizaciones de Salud, de la UNLP, y del Seminario de Especialización ―ElEnfoque de Género en la Evaluación de Políticas y Programas‖, en la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas de FLACSOPRIGEPP. Es presidenta de la Asociación Iniciativas y Estrategias (www.iniciativasyestrategias.org).
LA CIUDAD, UNA EMPRESA COLECTIVA Por Virginia Romanutti, Coordinadora Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba www.nuestracordoba.org.ar Por Lucio Scardino, Responsable de Prensa y Comunicación de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba www.nuestracordoba.org.ar
Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y, de acuerdo a las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el año 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. En América Latina, una de las regiones más urbanizadas del planeta, esa cifra alcanza al 80% de la población. Las ciudades de nuestro continente son territorios de grandes contrastes. Concentran potencialidades únicas pero también problemas estructurales que presentan a la región como una de los más desiguales del planeta. En ellas conviven una gran riqueza y diversidad económica, ambiental y cultural, con espacios donde la falta de acceso a derechos y servicios básicos es parte de la realidad cotidiana. Nuestras ciudades pueden ser lugares de inclusión y participación, pero también de exclusión y marginalización. Son potencialmente espacios para el pleno desarrollo humano pero también de grandes desigualdades para disfrutar del espacio urbano. Pobreza, desigualdad, hacinamiento, contaminación, corrupción, son algunos de los principales problemas que enfrentan las ciudades de América Latina. Superar estas problemáticas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes es el desafío que enfrentan las gestiones locales con el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Abordar la cuestión urbana en el marco del Derecho a la Ciudad implica reconocer a ésta como un bien colectivo cuyo usufructo debe ser equitativo para todos los ciudadanos, dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Esto implica repensar la relación entre Estado, Mercado y Sociedad Civil entendiendo que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en la construcción de la ciudad, y que todos los actores que forman parte de ella tienen -en diversos grados-, una corresponsabilidad en dicha construcción. Con el objetivo de reunir a los diversos sectores de la sociedad para contribuir al desarrollo de una Córdoba justa, democrática y sustentable, un grupo de
organizaciones, empresas y ciudadanos impulsó en 2009 la creación de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba que nuclea a actores locales no gubernamentales diversos: representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, colegios profesionales, medios de comunicación, empresas, dirigentes vecinales y ciudadanos, que no adoptan banderas partidarias y que articulan esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de vida en la ciudad de Córdoba. Trabajan e interactúan construyendo diálogo con los gobiernos locales a través de la producción y sistematización de información de la ciudad, la promoción de espacios de participación y deliberación, y la incidencia en las políticas públicas. Ciudades sustentables e inclusivas: las empresas también son responsables En marzo de 2012, en uno de sus viajes a la Argentina, OdedGrajew, un empresario brasilero fundador del Instituto Ethos, el Foro Social Mundial y el Movimiento Nossa São Paulo, visitó la ciudad de Córdoba y destacó la gran responsabilidad que tiene el sector empresario en la promoción de modelos más sustentables de desarrollo y en la construcción de ciudades más justas y sustentables. En este sentido, un empresario con sentido de responsabilidad es aquel que no sólo se preocupa por el impacto de su compañía, sino que adopta prácticas como ciudadano en su labor cotidiana, que superan aquellas que competen a su rol como empresario. ―Una empresa socialmente responsable es aquella cuya actuación supera su cadena productiva y se extiende a la comunidad a la que pertenece, es la que trabaja activamente para lograr una sociedad justa y sostenible, invitando a otras a convertirse en aliados de esta obra colectiva, e incluso promueve acciones que se reflejan en el municipio en el que opera, estimula a la ciudadanía, incluido el seguimiento de la ejecución de la política pública‖ (Ethos; 2009). La construcción de la ciudad no es competencia exclusiva del Estado, sino que involucra a todos los sectores que conforman una sociedad. La abstracción se convierte en realidad mediante el compromiso y la participación de todos, más allá de cualquier interés partidario. El filósofo Bernardo Toro desarrolla las posibles conexiones entre los actores de la ciudad y las consecuencias que de ellas se derivan, concluyendo que sólo la articulación de los tres sectores hace posible la concreción de los derechos humanos para todos.
“(...) SÓLO LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES SECTORES HACE POSIBLE LA CONCRECIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA TODOS” ―La cooperación de las empresas a la sostenibilidad de las ciudades requiere no sólo la realización de iniciativas relacionadas con su negocio o la comunidad de su entorno, sino también mediante la participación en los movimientos de la sociedad civil que actúan sobre el sector público y la sociedad para garantizar el correcto desarrollo de la gestión de los municipios, con el objetivo de un verdadero desarrollo sostenible‖ (Ethos; 2009).
La asociación comprometida entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, universidades, centros de investigación, centros vecinales y ciudadanos, ha posibilitado que Nuestra Córdoba -un espacio de participación ciudadano que reúne a representantes de más de 60 organizaciones de la ciudad de Córdoba- haya mantenido un crecimiento sostenido en relación a la generación y socialización de información e insumos para la deliberación pública y la participación ciudadana; el monitoreo y control ciudadano de la acción estatal, y la presentación de propuestas de normativas y de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los cordobeses y posibiliten avanzar hacia una ciudad más justa, democrática y sustentable. La promulgación y puesta en práctica de la Ordenanza 11.942 de Plan de Metas de Gobierno; el monitoreo en materia de Acceso a la Información Pública, la producción de los Indicadores Ciudadanos que relevan información sobre 10 áreas de la ciudad; la realización de jornadas y/o mesas interactorales para el análisis y debate de temas sensibles de la ciudad (Transporte, Educación, Desarrollo Urbano, Ambiente, Salud, Seguridad, Desarrollo Socioeconómico) son algunas de las acciones emprendidas por este espacio desde su lanzamiento público en mayo de 2010. Una experiencia inspiradora de Nuestra Córdoba fue el Movimiento Nossa São Paulo, que reúne organizaciones sociales, empresas, universidades, que establecen alianzas con los gobiernos locales, sin vincularse partidariamente, para contribuir al desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable de la ciudad de San Pablo, Brasil. Este movimiento, en alianza con la Red Brasilera por Ciudades Justas y Sustentables promueve el control social de las políticas públicas e impulsa el Programa ―Ciudades Sustentables‖, un proyecto que en 12 ejes propone indicadores y herramientas para que los gobiernos locales puedan plantearse metas para alcanzar ciudades sostenibles. ―Hoy en día no es posible gestionar una empresa pensando solamente en los resultados inmediatos del negocio. Es necesario analizar los impactos sociales y ambientales, por lo cual incorporarse a iniciativas que trabajan sobre la ciudad en toda su complejidad resulta muy interesante. Los propios consumidores están exigiendo a las empresas participar activamente en la vida de la comunidad en la que operan‖, sostiene Claudio Giomi, Gerente corporativo de Sustentabilidad de ARCOR y miembro del Grupo Coordinador de Nuestra Córdoba. Apoyan la Red Ciudadana Nuestra Córdoba Fundación AVINA, ARCOR, IBM Argentina, TELECOM y Fundación HOLCIM son empresas que confían en la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y se han transformado en aliados estratégicos.
Referencias Ethos (2009) Cidades sustentáveis: como as empresas podem contribuir. Red Argentina por Ciudades Justas, democráticas y Sustentables (2013) Acceso a la Información Pública en 7 ciudades de Argentina. Banco Interamericano de Desarrollo, (2001), Lo público es lo que conviene a todos, de la misma manera, para la dignidad de todos. La Comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos, Washington, p.21.
Virginia Romanutti Licenciada en Sociología, cursa el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro investigadora de proyectos orientados hacia la reflexión en torno a la democracia deliberativa, y los institutos de participación ciudadana. Coordinó el proyecto ―Acceso a la Información Pública en 6 ciudades de Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Maipú, Rosario y San Martín de los Andes‖, realizado por la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables.
Lucio Scardino Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Experto en Comunicación y Desarrollo Local por la Universidad de Sevilla y actualmente realiza su tesis en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad de Malmö, Suecia. Actualmente es responsable de Prensa y Comunicación de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Consultor en comunicación institucional y desarrollo para diversas organizaciones de la sociedad civil. Se ha desempeñado como Docente de Comunicación Gráfica y Periodismo Gráfico en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis y de Lengua y Comunicación en el Instituto tecnológico Superior de la provincia de San Luis.
TEMAS TRANSVERSALES EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL EJERCICIO DE LA RSE Por Santiago Chaher, Coordinador del Círculo de Compañías de Gobierno Corporativo de América Latina schaher@cefeidas.com Por Juan Cruz Díaz, Managing Director de Cefeidas Group jcdiaz@cefeidas.com
El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual las emprsas son dirigidas y controladas. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), es el conjunto de procesos y procedimientos que determinan la distribución de los derechos y las responsabilidades del Directorio, Gerencia, accionistas y otros grupos interesados; como también define las reglas y procedimientos para la toma de decisiones. Poniendo más el foco en los problemas de agencia, David Larcker y Brian Tayan de la Universidad de Stanford definen al gobierno corporativo como el conjunto de mecanismos de control que una organización adopta para prevenir o disuadir que la gerencia, en su propio interés, realice actividades en perjuicio de los accionistas u otras partes interesadas. En este caso, la atención está puesta principalmente en el Directorio supervisando y controlando la gestión y en los auditores externos dando su opinión sobre los estados financieros. Los sistemas y las estructuras de gobierno corporativo son complejos, dinámicos y dependen de muchos factores. Para el profesor Larcker, la combinación de esos distintos factores afecta la prevalencia de los problemas de agencia en una empresa y los mecanismos de control establecidos para prevenirlos. Algunos de los factores que determinan el gobierno corporativo son: la estructura de la empresa, el perfil de los fundadores y de los accionistas, la madurez y la eficiencia del
mercado donde opera, el sistema legal, los sistemas contables, el tipo de negocio, clientes y empleados, los grupos de interés que rodean a la empresa, y fundamentalmente las leyes y regulaciones a las que se encuentra sujeta. Pero también, los sistemas de gobierno corporativo están determinados por la misión, la visión y la estrategia de la empresa y por el rol que ella pretende ocupar en la sociedad. Otro factor que ha avanzado en los últimos años es la existencia de estándares internacionales o de buenas prácticas generalmente aceptadas sobre gobierno corporativo. Principalmente, el trabajo de la Comisión Cadbury de 1992 en el Reino Unido y los documentos de la OCDE han influido considerablemente en las exigencias de inversores, reguladores y legisladores en ciertos estándares que se requieren en los mercados y países. Si bien estos estándares han contribuido mucho al desarrollo de mecanismos efectivos y a aumentar el conocimiento práctico sobre temas importantes del gobierno y el control de las empresas, se corre el peligro de asignarle más importancia a las formas que a la complejidad y al dinamismo de los temas de fondo de gobierno corporativo. Esta complejidad y dinamismo hace que sea deseable no abarcar el tema de gobierno corporativo desde la óptica del ―one-sizefits-all‖ y tener siempre en cuenta el contexto y las particularidades de cada empresa antes de tomar decisiones.
”(...) LOS SISTEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTÁN DETERMINADOS POR LA MISIÓN, LA VISIÓN Y LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA Y POR EL ROL QUE ELLA PRETENDE OCUPAR EN LA SOCIEDAD” En América Latina el desarrollo de este tema ha sido considerable en los últimos años. Para ello ha sido muy importante el trabajo llevado a cabo por la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial a través tanto de sus inversiones como de sus estudios. En particular, su iniciativa del Círculo de Compañías de Gobierno Corporativo de América Latina ha tenido un impacto positivo en el sector privado de la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) han hecho contribuciones muy importantes en estudiar y contextualizar el gobierno corporativo a las realidades concretas de América Latina. La OCDE a través de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo, fue pionera en sensibilizar a empresas, reguladores, bolsas de valores y otros grupos de interés en el tema. La Red Latinoamericana de Institutos de Gobierno Corporativo (IGCLA), junto con varios institutos locales, fue un último eslabón importante en el trabajo de sensibilizar y contextualizar el estudio del gobierno corporativo en la región. A nivel local, el desarrollo del mercado de capitales en países como Brasil y el lanzamiento del Novo Mercado en BM&F Bovespa marcó un hito regional. Todavía queda mucho camino en América Latina, pero los avances han sido enormes y concretos.
¿Cuánto impacta el Gobierno Corporativo en el desarrollo de una empresa socialmente responsable? Nosotros creemos que mucho. El desafío de los sistemas de gobierno corporativo es lograr alinear los intereses para que una empresa sea gobernada y controlada en interés de sus accionistas. Pero también que vaya un poco más allá, y—cumpliendo con sus accionistas—tenga un rol virtuoso en la sociedad a través de un comportamiento ético, comprometido con su entorno, responsable y ajustado a sus obligaciones legales. En definitiva, creemos que es posible cuestionar la sostenibilidad de una empresa si funciona aislada de la sociedad donde opera. Una empresa que cuente con sistemas sólidos de gobierno corporativo, está mejor equipada para enfrentar exitosamente los desafíos y las demandas que implican ser una empresa socialmente responsable. Es más, los Directorios actuales son cada vez más permeables a los temas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Vamos a mencionar solo algunos temas de gobierno corporativo que —a nuestro juicio— son centrales para la actuación de cualquier empresa socialmente responsable: Transparencia y divulgación de la información Definición de valores y estrategia Gestión de riesgos Compliance Sostenibilidad Rol del directorio
“UNA EMPRESA QUE CUENTE CON SISTEMAS SÓLIDOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, ESTÁ MEJOR EQUIPADA PARA ENFRENTAR EXITOSAMENTE LOS DESAFÍOS Y LAS DEMANDAS QUE IMPLICA SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE” Transparencia y divulgación de la información Son elementos necesarios para el establecimiento de un marco de gobierno corporativo robusto, que permita equilibrar la asimetría de información generada en los diferentes niveles de administración. Establece las bases para que se puedan tomar decisiones informadas en cuanto a las transacciones de la empresa, la asignación de capital y el monitoreo y control de actividades por parte no sólo de sus accionistas y administradores sino también de los grupos de interés. Las prácticas de gobierno corporativo deben entonces establecer los requisitos, recursos y procesos para que existan los canales y sistemas de información que aseguren la divulgación activa de información que sea relevante –financiera y no financiera- de manera accesible, completa, oportuna y precisa. La información bajo estos parámetros otorga el punto de partida para establecer un diálogo constructivo con los grupos de interés que se benefician con las prácticas
sociales de la empresa. El Directorio debe establecer y revisar constantemente los parámetros y sistemas bajo los cuales se divulga la información, ejerciendo así su deber de monitoreo y control, y aprovechando su capacidad de visión integrada, amplia, completa y estratégica en la empresa. Valores, estrategia y gestión de riesgos El Directorio, como órgano designado por los accionistas para la administración de la empresa, tiene el poder de establecer los valores corporativos y guiar la estrategia, y el deber legal y fiduciario de supervisar la gestión de los riesgos a los que ésta se expone. Tales actividades permiten no solo el alineamiento de intereses entre accionistas, el Directorio y la Gerencia (de haber sido designada por este último), sino también el alineamiento de la empresa con los grupos de interés. Un Directorio activo y en ejercicio de sus funciones podrá establecer los lineamientos y valores bajo los cuales la empresa desarrollará sus actividades. En otras palabras, cómo la empresa quiere comportarse con sus empleados y otros grupos de interés, creando así su cultura de trabajo (creencias, costumbres y prácticas). El establecimiento –expreso o implícito- de valores es el primer paso para determinar cómo la compañía se orienta hacia el mercado y sus competidores, o sea cómo planea su estrategia. El Directorio guía la estrategia que desarrolla la Gerencia. Debe además asegurar que existan los recursos y los procesos mediante los cuales esa estrategia se pueda medir, monitorear, revisar y modificar de ser necesario. Más aún, los directores tienen el deber de estar informados y preparados para gestionar los riesgos de la empresa a través de su función como supervisores de la Gerencia. Para ello deben establecer el apetito de riesgo de la empresa y asegurar que la Gerencia implemente un sistema de gestión que identifique, evalúe, mitigue, monitoree y comunique los riesgos. La responsabilidad de la empresa hacia la sociedad puede verse así reflejada tanto a nivel de valores, estrategia o directamente como una manera de gestionar riesgos de mediano y largo plazo. Al establecer valores y una estrategia alineada con los intereses de la sociedad o al hacer una gestión efectiva de aquellos riesgos que puedan afectar a la empresa en su relación con sus empleados, su cadena de valor o la comunidad; ésta puede evitar riesgos operacionales o reputacionales, contribuir en el valor de la marca y en algunos casos desempeñarse mejor financieramente. Compliance Es deseable que las empresas cuenten con políticas y mecanismos para identificar, evaluar, monitorear y asesorarse sobre si el comportamiento de toda la compañía (Directorio, Gerencia y empleados) está alineado con la ley y regulaciones, políticas internas, valores y estándares de la industria. Es más, en algunos casos esos mecanismos deben analizar también el comportamiento de clientes y la cadena de valor asociada a la empresa. El Directorio puede entonces asegurar que existan herramientas como una ―política de denuncias‖, una ―política para transacciones entre partes relacionadas‖ o la
existencia de un ―departamento u oficial de compliance‖ que opere con independencia. Ello permitirá evitar los altos costos a largo plazo -tanto para la empresa como para la sociedad- de acciones abusivas, criminales, deshonestas o corruptas. Estas herramientas permiten además desarrollar una cultura de control, colaboración y confianza con los empleados de la empresa, grupos de interés y potenciales inversores. Sostenibilidad Aquellos Directorios que hayan delegado su potestad de administración en la Gerencia tienen como deber incentivar, monitorear y supervisar las acciones de esta última; asegurar que existan los controles operativos, contables y financieros apropiados; y -de ser necesario- reemplazar al Gerente. Un Directorio efectivo es la herramienta que permite liderar, desarrollar e implementar los procesos y prácticas de gobierno corporativo que aseguran la correcta implementación de los puntos arriba mencionados. El Directorio al delegar sus funciones de administración en la Gerencia debe asegurar también que existan los planes de sucesión necesarios para que la empresa no sufra cambios de liderazgos imprevistos, disruptivos y repentinos. Es una responsabilidad de la empresa hacia la sociedad contar con la planificación para que en esos casos la compañía pueda no solo seguir en funcionamiento, sino seguir haciéndolo en búsqueda de su máximo potencial de valor. Asimismo, el Directorio debe establecer las políticas de desempeño, remuneración e incentivos para la Gerencia que permitirán mantener alineados sus intereses con los de la empresa y la sociedad a largo plazo, evitando que objetivos de corto plazo pongan en peligro la existencia misma del negocio. Además, el Directorio tiene que asegurarse que existan sistemas de control y auditoría de la empresa y supervisar que sean los apropiados para certificar la integridad y conformidad con la ley de las operaciones y de los estado financieros y contables. Sin estos controles la empresa corre grandes riesgos de verse involucrada en casos de conflicto de interés, fraude o corrupción, faltando así gravemente a las bases de la responsabilidad de la empresa hacia la sociedad. El Directorio y la responsabilidad social Hemos dicho que los Directorios actuales son cada vez más permeables a los temas de la RSE. En ese sentido, ¿cuáles son las bases para que el Directorio pueda tratar eficazmente estos temas? Primero, es importante que la composición del Directorio incluya y promueva la diversidad de habilidades, conocimiento y experiencias, de manera que las decisiones
que tome sean resultado de un proceso más sofisticado y una discusión más completa y amplia. Segundo, no debemos olvidar que las prácticas de gobierno corporativo deben adecuarse al contexto y a la situación de cada empresa, para que su aplicación sea efectiva y más eficiente. Como punto de partida, aquellas empresas sin un Directorio en funcionamiento o con un Directorio ―de papel‖ donde solo se reúnen para cumplir con las exigencias de la ley, deben trabajar para formar un Directorio –aunque pequeño- que funcione realmente y que posea la mejor combinación de experiencias, atributos y destrezas posibles. Aquellas empresas que tengan Directorios en funcionamiento deben asegurar que éste pueda desempeñar de la mejor manera posible sus funciones a través de prácticas y procesos como por ejemplo: un sistema de selección, nombramiento e inducción de nuevos directores; una persona cumpliendo el rol de Secretaría Corporativa; un plan de educación y capacitación continuo para Directores; o una estructura de comités coherente con el tamaño y necesidades de la empresa. La práctica de establecer comités del Directorio puede resultar ventajosa en aquellos casos en que el Directorio cuente con la cantidad de miembros suficientes, los recursos y tiempo como para que los miembros del comité cumplan con ambas funciones. Por ejemplo, la constitución de un Comité de Prácticas Societarias, permite al Directorio contar con un órgano auxiliar con la responsabilidad de analizar y dar opinión sobre temas como los programas de responsabilidad social, el plan estratégico, el código de ética y sistema de sugerencias, quejas y denuncias, entre otros. En materia de responsabilidad social, el objetivo de este Comité debe ser facilitar al Directorio la conquista de modelos de integración social empresaria donde se busca un valor agregado tanto para la empresa como para la sociedad en su conjunto. Estos párrafos reflejan sólo algunas ideas (de muchas) para analizar la relación entre los sistemas de gobierno corporativo y la RSE. Como mencionamos antes, en definitiva, una empresa que cuente con un gobierno corporativo sólido, se encuentra mejor preparada para velar por los intereses de sus accionistas y para enfrentar exitosamente los desafíos y las demandas que implican asumir el compromiso de ser una empresa socialmente responsable.
Santiago Chaher Coordinador del Circulo de Compañías de Gobierno Corporativo de América Latina. Managing Director de Cefeidas Group.
Juan Cruz Díaz Managing Director de Cefeidas Group.
“CONSTRUIR E INCIDIR DESDE LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA UN MUNDO SUSTENTABLE” Por Andrés Suárez, Académico del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. jesuarez@uahurtado.cl
Para construir e incidir positivamente desde la gestión empresarial para un mundo sustentable, los hombres de negocios precisan de un marco de actuación provisto por el sector público y estándares industriales que sean claros, concisos y modernos para atender los desafíos de las sociedades en donde despliegan sus actividades. Uno de estos puntos está vinculado a lo que llamamos medio ambiente en temas tales como la gestión de residuos, reciclaje, contaminación, descontaminación, normas, entre otros. Estos temas son los aludidos en un concepto que no deja de tener definiciones y alcances: sostenibilidad o sustentabilidad. Frente a posibles efectos negativos de las actividades industriales en las comunidades y en la naturaleza se enfrenta el concepto, ya consagrado en la ley chilena, de reparación ambiental. El actual escenario de sostenibilidad de los negocios tiene un nuevo punto de inflexión. Distintos actores impulsaron la creación en 2013 de un Consejo asesor del Ministro de Economía, Fomento y Turismo denominado Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, que, de acuerdo a la ley, tendrá por objeto asesorar en la elaboración de las políticas públicas relacionadas con la Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del país. Dicha entidad contará con actores múltiples de la sociedad. Tal como lo describe el Diario Oficial al dar a conocer la creación de este Consejo el pasado 3 de junio de 2013, Chile reconoce el contexto internacional de la RSE en el cual su economía está inserta, específicamente, los 10 Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, y los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Se puede considerar la preparación del ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE en 2010 como una de las fuerzas motrices para el ejercicio de buenas prácticas
en temas de gobierno de la empresa, derechos laborales y la resolución de las tensiones ambientales originadas por perjuicios a colectivos locales y al medioambiente y el derecho a las generaciones futuras a contar con un lugar para vivir. Y a los medios de comunicación como una actor que releva las malas prácticas empresariales. La estructura ―ambiental‖ del país cuenta condiversas leyesy organismos que proporcionan un soporte más o menos en marcha, y que tiene su culmen en la implementación del Ministerio del Medio Ambiente este 2013. Uno marco relevante para la protección ambiental es la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Entre los actores se pueden encontrar a la Superintendencia de Medioambiente, servicio público autónomo, creada en virtud de la ley 20417 y a quien le corresponde ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, las medidas de los planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, el contenido de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, y los planes de manejo, y de otros instrumentos de carácter ambiental. Otro actor son los Tribunales Ambientales, órganos jurisdiccionales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, que resuelven las controversias ambientales de su competencia, entre otras funciones. Analizan reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas de calidad ambiental y las normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, en conformidad con lo dispuesto en la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Además, deben conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado y de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la superintendencia del Medio Ambiente. Por otro lado, nos encontramos con la Ley general de residuos, la Ley de reciclaje industrial, la Norma ISO 14006 para el diseño ecológico o ―ecodiseño‖, que permitiría a las empresas demostrar que cumple la legislación ambiental, gestiona el diseño y desarrollo de sus productos y/o servicios bajo el rótulo de mejora ambiental continua y la reducción ecológica de los costos de producción. Pudiésemos también dedicar un párrafo a los planes de descontaminación. Sin embargo, a gran escala, la observación de los hitos de conflictos ambientales tienen un componente macro, que es la (re)definición de la matriz energética del país. Chile cuenta con una matriz en donde los recursos hídricos son parte importante del tipo de energía (42%) del cual se alimentan los dos principales sistemas interconectados de energía eléctrica, el del Norte Grande y el Central. Hasta 2004, el gas ocupó una participación importante en la matriz energética, pero la importación de gas desde Argentina fue sometida a su disminución y cortes en los envíos, y obligó a buscar nuevos proveedores internacionales, en donde Bolivia no es una alternativa. Por otro lado, hubo una variación en la participación de las otras fuentes energéticas, no sólo la del agua, sino también de las fuentes de crudo y carbón. Mientras, en un país sísmico, el desastre nuclear ocurrido en Japón volvió a posponer la discusión de esta alternativa energética en nuestro país.
”PARA CONSTRUIR E INCIDIR POSITIVAMENTE DESDE LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA UN MUNDO SUSTENTABLE, LOS HOMBRES DE NEGOCIOS PRECISAN DE UN MARCO DE ACTUACIÓN PROVISTO POR EL SECTOR PÚBLICO Y ESTÁNDARES INDUSTRIALES QUE SEAN CLAROS, CONCISOS Y MODERNOS PARA ATENDER LOS DESAFÍOS DE LAS SOCIEDADES EN DONDE DESPLIEGAN SUS ACTIVIDADES” Entre otros hitos ambientales es posible mencionar el proyecto hídrico Ralco (2004), que obligó a desplazamientos de 500 personas de la etnia pehuenche en la cuenca del río Bío-Bío, si bien se contaba ya con una estructura jurídica ambiental y de protección a los pueblos autóctonos. Los efectos del proyecto, entre otros, es que ya no será posible trasladar personas y llevar a cabo compra-venta de tierras en condiciones de asimetría de información. Otro hito más reciente fue la suspensión del proyecto termoeléctrico Barrancones, en Punta Choros, en la región de Coquimbo (2010). En este caso, las críticas fueron hacia la afectación al hábitat natural de especies animales marinas y terrestres, el aumento de las temperaturas del mar, y la lluvia ácida, entre otros. La estructura de evaluación de impacto ambiental de la autoridad pública dio marcha atrás luego que una serie de protestas en diversas ciudades hicieron que la presidencia de la república frenara el proyecto y, con ello, vulneró la aprobación que se le había dado. Más recientemente, el proyecto HidroAysén, cuyos futuros embalses posibilitarían llevar energía al centro del país, abasteciendo la creciente demanda energética, no pudo verse materializado y su construcción quedó paralizada (2012), por diversas protestas de la ciudadanía, en especial, del movimiento regional de alcance nacional e internacional Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, por un lado, y por la desconfianza del empresariado, en especial la de los inversionistas (ENDESA), que afirmaron no contar con un marco apropiado para llevar a cabo esta inversión, y lo suspendieron. El dilema ético del desarrollo en Chile se enfrenta, en cierto punto, a cuánta energía necesitamos para que las mineras, el comercio, las ciudades y, en fin, el país, funcionen. Y cuáles tipos de energía son los que van a satisfacer dicha demanda. Las estimaciones para 2020 obligarían a duplicar lo que tenemos. Pero llevar a cabo proyectos hidroeléctricos tiene un alto impacto ambiental pues conlleva intervenir zonas de alta biodiversidad, como lo es la Patagonia chilena. Es decir, un impacto negativo en extensiones de territorio con una gran variedad de especies de flora y fauna y que, además, constituye el hábitat de especies en peligro de extinción, como el huemul, símbolo del escudo nacional. Una pregunta que podríamos hacernos en el futuro sería, habiendo desaparecido esta especie de ciervo, el huemul, ¿qué reparación ambiental podríamos llevar a cabo?
Andrés Suárez Académico del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado. Administrador Público y Magíster en Gerencia Pública por la Universidad de Santiago de Chile. Sus áreas de trabajo son la ética empresarial y la RSE. Junto a Gonzalo Arroyo, SJ, publicó los libros "Responsabilidad Social Corporativa: Una mirada global" (2006) y "Responsabilidad Social Corporativa: Experiencias de la industria en Chile" (2011).