Manual contra la tortura en jalisco

Manual contra la tortura en Jalisco

EdicioneSERAPAZ

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¿Por qué hicimos esta obra? Porque compartimos una convicción superior a nosotros, a nuestra época y a sus limitaciones: Anhelamos una sociedad libre, justa y equitativa. Creemos en su posibilidad y en la necesidad apremiante de su construcción y hegemonía. No es posible que en Jalisco avance con la lógica histórica del capitalismo que siembra cadáveres a su paso.

Oscar González Garí y Oscar Morales Pelayo

Manual contra la tortura

o ha sido fácil para nosotros redactar esta obra. El tema de la tortura es doloroso, antiguo y complejo como la humanidad misma y las epidemias que siempre le han acompañado. En una época y en una realidad como la de Jalisco, donde los métodos se han vuelto sofisticados para encubrir el sufrimiento causado a las víctimas por los victimarios, la tortura se vuelve aún más difícil de descubrir; ni la modernidad, ni la democracia han podido -pese a la legislación prohibitoriacombatirla y, menos aún, erradicarla de México. Jalisco no es la excepción, pues en Guadalajara -capital del Estado “de la tortura”aún subsiste y se practica selectivamente en unos casos y en otros masivamente. Ninguno de los gobiernos anteriores que fueron autoritarios, ni los actuales que se dicen demócratas han logrado extirparla, pues no han sido los Derechos Humanos y la Paz su prioridad. El poder y el lucro casi nunca caminan con ellos.

Manual contra la tortura en jalisco Oscar GonzĂĄlez GarĂ­ Oscar Morales Pelayo

Manual contra la tortura en Jalisco de Oscar González Garí y Oscar Morales Pelayo Imagen de la portada: Nudo Ciego de Adriana del Rocío

© 2009, Oscar González Garí y Oscar Morales Pelayo © 2009, Imagen para cubierta Adriana del Rocío © 2009, Red Jalisciense de Derechos Humanos, A. C. Edición, corrección y diseño de interiores y de cubierta: Fco. Javier Villanueva Rguez. javerovil@gmail.com

Todos los derechos reservados. Queda permitida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio por el cual se pueda distribuir, con previa notificación a los editores.

Impreso en México

Memorial de Agravios a los Derechos Humanos, a la Paz y a la Democracia

Para las Organizaciones de la Sociedad Civil Y para todo humano en peligro de ser vĂ­ctima de este castigo atroz.

Presentación Los que son considerados jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen con su poder.

Pero entre ustedes no ha de ser así...

Marcos 10, 42-43.

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o ha sido fácil para nosotros redactar esta obra. El tema de la tortura es doloroso, antiguo y complejo como la humanidad misma y las epidemias que siempre le han acompañado. En una época y en una realidad como la de Jalisco, donde los métodos se han vuelto sofisticados para encubrir el sufrimiento causado a las víctimas por los victimarios, la tortura se vuelve aún más difícil de descubrir. Ni la modernidad ni la democracia han podido –pese a la legislación prohibitoria- combatirla y, menos aún, erradicarla de México. Jalisco no es la excepción, pues en Guadalajara –capital del Estado y “de la tortura”- aún subsiste y se practica selectivamente -en unos casos- y -en otros- masivamente (2004). Ninguno de los gobiernos anteriores (autoritarios) ni actuales (demócratas) han logrado extirparla, pues no son ni han sido los derechos humanos y la paz su prioridad. El poder y el lucro casi nunca caminan con ellos. ¿Por qué hicimos esta obra?. Porque compartimos los autores una convicción superior a nosotros, a nuestra época y a sus limitaciones: Anhelamos una sociedad libre, justa y equitativa. Creemos en su posibilidad y en la necesidad apremiante [9]

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de su construcción y hegemonía. No es posible que Jalisco avance con la lógica histórica del capitalismo que siembra cadáveres a su paso. Es preciso acabar con esa lógica perversa que –en ocasiones- se reviste de “humanismo” y en otras de “piedad” católica, para que el modelo de desarrollo funcione y la desigualdad perdure en un egoísmo revestido de “valores” (morales, familiares, religiosos y políticos): esa doble moral a que es tan proclive la clase política local, sea opositora o gobernante, de derecha, de centro o de izquierda. La tortura nos recuerda que el pasado aún perdura en sus fracasos y desigualdades, pues es un camino más fácil y corto que el de la policía científica y comunitaria, o el de los tribunales de justicia. Nos recuerda que en esos lugares donde el pasado yace dormido o inconsciente laten <sueños> de felicidad todavía no realizados que, si despiertan, se convierten en motor de acción, en utopía. Para llegar a ella, hay que detectar –en primer lugar- lo que está dormido, inconsciente, olvidado. Como toda ruina, la tortura y la impunidad son la materia prima para la recuperación de la experiencia. Contra lo que pudiera parecer, la esperanza para un presente desesperado está en el fracaso pasado. Con Walter Benjamín (1892-1940)1 -en la Europa arrasada por el fascismo-, proponemos la creación del presente mediante el encuentro entre el pasado que grita por su liberación y el presente marginado por la facticidad vencedora. Para el jurista o historiador benjaminiano el pasado está vivo: fue y sigue siendo, se fue y vuelve, como en Jalisco lo hacen cíclicamente la tortura, la corrupción, la exclusión y la injusticia legalizada. Su fracaso no adquiere la forma eterna de la naturaleza muerta, sino que tiene un hálito de vida, de esperanza. En el fracaso que subyace en las prácticas de tortura y la dolorosa impunidad reinante, camina la aspiración a la denuncia, al cambio y a la felicidad. No hay mayor verdad que la que se defiende con la propia vida. Y no hay peor crimen que la impunidad de la tortura.

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“El misterio del porvenir está en el pasado, o más exactamente en la capacidad de actualizar ese pasado olvidado al que se refiere el ahora”, dice Reyes Mate recreando las tesis benjaminianas y la fuerza prodigiosa de la memoria”2.

Como veremos en este Manual contra la tortura, no siempre las víctimas se convierten en fósiles. La guerra es el alma del progreso que todo lo absorbe3. Es una necesidad de la técnica “moderna”. La cultura de la guerra se esconde tras el manto amable del progreso. Con la irrupción de este modelo que viene del Norte, los jaliscienses debemos responder como hombres al máximo peligro, al riesgo de perder la vida.

Pero no debemos olvidar que las armas no distinguen entre guerreros y civiles. Sólo la cultura progresiva de los derechos humanos puede detener la guerra y la tortura, en las que participan la política, la moral y el derecho.

También redactamos esta obra porque -para nosotros- el incumplimiento sistemático a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e internacionales por las autoridades estatales, amenaza no sólo la legalidad, la unidad y la seguridad nacional, sino la vida, la paz y la democracia posible de todos (jaliscienses o no).

Aquí, además, el tema de los derechos humanos resulta tan importante como mal cubierto informativa y académicamente. Esta deficiente cobertura no sólo se ha producido por la manipulación que hacen del tema algunos medios afines al duopolio en el poder (PRI-PAN): el PRIAN, como lo denomina Miguel Ángel Granados Chapa4, sino también ocurre por omisión, por la falta de información sistemática y objetiva de la que son responsables tanto los “ómbudsman” (nacional y local) -cuyo funcionamiento ha sido modelado por el “régi-

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men de la alternancia”-, como la dispersión con que actúan -la mayoría de las veces- las víctimas de transgresiones y las OSC solidarias, particularmente en Jalisco.

Por si hiciera falta, al conmemorar el 10 de diciembre pasado un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), hicimos un intento para abordar el tema y la realidad lacerante de la tortura en Jalisco de forma clara y pública, con el necesario contexto de análisis, a la par que con todas las cifras y datos disponibles, que compartimos las OSC y recogimos de la gran cantidad de informes elaborados por organismos de derechos humanos nacional e internacionalmente confiables y otros con frecuencia cuestionados por las autoridades. De la multiplicidad de informaciones que existen fragmentariamente sobre el tema, hemos tomado algunos para confeccionar nuestra reflexión crítica y nuestra propia postura. Nuestro enfoque es eminentemente ciudadano. Redactar esta obra no ha sido tarea fácil para nosotros. Lo suscribimos urgidos por nuestras organizaciones civiles, pero más por las apremiantes circunstancias que nos rodean y amenazan la convivencia; deseamos contribuir a que la Declaración –auténtica Carta Magna- sea conocida y respetada efectivamente tanto en México como en nuestro planeta, pues ninguno de sus 30 artículos y de sus elevados propósitos, son ajenos a nuestra vida, historia, realidad y destino. La trascendencia e importancia de la Declaración Universal no necesitan ser subrayadas5. La memoria de los 54.3 millones de muertos que dejó tras de sí la segunda guerra mundial (1939-1945), no fue un dato menor para quienes la redactaron (1945-48). En 1993, nuestra Constitución Política local la incorporó en su 4º artículo, y con ello nuestras autoridades y la ciudadanía nos obligamos a que nada nos puede eximir del respeto a los derechos humanos consagrados en ése y en ulteriores instrumentos.

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Los autores de este Manual-Informe lo difundimos hoy, al comenzar el sexenio 2007-2013, conscientes del compromiso que tenemos de materializar y hacer efectivos los derechos y las libertades fundamentales, pues en ellos descansa el orden político, ético y normativo que rigen nuestra existencia, la relación pueblo-gobierno, así como la viabilidad de nuestras instituciones públicas, sociales y particulares. Y porque ante fenómenos como la tortura y demás tratos o penas inhumanos, crueles y degradantes, nuestra sociedad tiende a instalarse en un confortable discurso según el cual se trata de patologías sociales que –con mayor o menor crudeza- se limitan a episodios esporádicos de barbarie, o a la exageración de las “minorías”. Sin embargo, los activistas de las OSC constatamos que lejos de prevenirla y sancionarla, las autoridades encargadas de hacer efectivo el control de la prohibición, la toleran, la encubren y la utilizan –a discreción- como un execrable instrumento de su “ingeniería política”, de sus intereses y de la “seguridad pública” olvidando la extraordinaria y compleja regulación jurídico-internacional que la prohíbe y ordena erradicarla6.

El artículo 5º de la Declaración Universal de 1948 es categórico en su prohibición:“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”7.

Sin embargo, a partir del año 1992 con las OSC pioneras, pero sobre todo del 1999 con la CEDHJ y del 2004 con la CNDH, se suscitan ásperas controversias entre distintos sectores y actores de nuestra vida social, política, cultural y espiritual8, respecto a la existencia/no de la tortura y las vías para sancionarla/erradicarla. La del 2004 fue especialmente difícil y aleccionadora: irrumpe a raíz de que el Dr. José Luis Soberanes Fernández -Ómbudsman nacional9da a conocer el Informe Especial de la CNDH relativos a los hechos de violencia ocurridos en Guadalajara, Jalisco, el 28 de Mayo de 2004 con motivo de la celebración de la III

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Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea10.

Dado a conocer públicamente el 16 de agosto del 2004, el informe tuvo y sigue teniendo sustento constitucional en nuestro sistema jurídico ya que conforme al apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, las comisiones públicas protectoras de los derechos fundamentales están facultadas para ello. El artículo 174 de su Reglamento consigna: Cuando la naturaleza del caso lo requiera por su importancia o gravedad, el Presidente de la Comisión Nacional podrá presentar a la opinión pública un informe especial en el que se expongan los logros obtenidos, la situación de particular gravedad que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones de la CNDH hayan surgido, y el resultado de las investigaciones sobre situaciones de carácter general o sobre alguna cuestión que revista una especial trascendencia11.

El impacto y gravedad de los hechos y su trascendencia nacional e internacional son indudables, pues con motivo de la III Cumbre ALCUE y las contracumbres, verificadas aquí el 28 y 29 de mayo de 2004, se cometieron -en menos de 24 horas- la friolera de 234 violaciones a los derechos humanos12, de cuando menos 118 personas, en el primer cuadro de la ciudad, consistentes en: 15 detenciones ilegales o arbitrarias; 73 casos de incomunicación y retención ilegal; 73 de trato cruel, inhumano o degradante; y lo más grave 19 casos de tortura, todos hechos “verdaderamente graves”, según la CNDH13.

Ante la virulencia de los choques, enfrentamientos y saldo negro, la CNDH ejercitó su facultad de atracción sobre el caso en junio siguiente. La Cumbre y las “contracumbres” escenificadas en el centro de nuestra ciudad, a diferencia del saldo blanco de otras de gran magnitud realizadas antes y después14, tuvieron como distintivo: celebrarse en medio de un

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inusual y provocador operativo de seguridad, que funcionó cuando la pacífica manifestación altermundista -infiltrada de provocadores y descalificada de “globalifóbica”- chocó con el dispositivo preparado semanas antes por las autoridades, generando una espiral de violencia de alcances y consecuencias imprevisibles para sus autores y víctimas (provocación de grupo de infiltrados, confusión, procesos de detención y juicio, acompañados de mutuas recriminaciones) que nada favorecieron el esclarecimiento de hechos tan lamentables, ni la credibilidad de la justicia y la paz que todos los jaliscienses anhelamos como seres humanos, pero especialmente las víctimas de tan inusual como brutal represión y sus familias.

Como veremos, la controversia alcanzó su momento estelar en el trienio 2004-2006, pues a partir del 17 de agosto del 2004, en que las autoridades políticas y policíacas involucradas en las vejaciones a manifestantes y demás ciudadanos detenidos o “retenidos”, en particular, el entonces Gobernador del Estado, Lic. Francisco Ramírez Acuña –flamante Secretario de Gobernación del Presidente de la República-, y el entonces Presidente Municipal de Guadalajara, Emilio González Márquez –hoy Gobernador Constitucional-, manifestaron –primero- su desacuerdo y –luego- su rechazo al Informe y, lo que es aún peor, negaron la existencia misma de la detención arbitraria, la incomunicación y la tortura15 (ver anexos al final), se suscita un agrio debate público que en nada permite conocer la verdad y, menos, a que desaparezcan la tortura y la impunidad del crimen.

El segundo momento estelar, sobrevino en tres momentos sucesivos del 2006: 1. Detenciones arbitrarias con lujo de violencia: Al comenzar el año, se publica el resultado de la III Encuesta Nacional sobre Inseguridad que coloca a Guadalajara, como una de las 6 ciudades con mayor incidencia criminal del país, estimando que por cada 100 mil habitantes se gestan 20 mil delitos, lo

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cual supera la media nacional (11,246)16. Para disminuir el impacto de los números, salen a la palestra Luis Carlos Nájera –SSP de Guadalajara- y Alfonso Gutiérrez Santillán –SSPPRS del Estado-, un día después descalificando las cifras: “No definitivamente, no acepto las cifras de un organismo privado, nosotros siempre hemos hecho un trabajo muy intenso; al contrario, cada día Guadalajara es más segura”17. Ante las inminentes elecciones del 2 de julio (federales, estatales y municipales), era importante ganar votos y confianza de cualquier manera. Sin embargo, en la ZMG prosiguen las “revisiones precautorias” ilegales (detenciones arbitrarias) de las corporaciones policíacas contra jóvenes y “sospechosos”. Un grupo de policías de la zona 6 de Guadalajara se suma a las víctimas y denuncia el 3 de abril que “los comandantes de la corporación los obligan a llevarlos a cabo, aunque no exista motivo para la inspección”. Su portavoz es el oficial de línea Miguel Fco. Molina Torres, quien además se dolió porque eran castigados con dos horas de arresto por cada vehículo robado en la zona asignada a patrullaje. “Sin embargo, son pocos los que aceptan hacerlo público”18. El inconforme se dirigió al 2º Comandante Miguel A. Jiménez, para señalarle que “cualquier revisión precautoria o detención sin motivo es ilegal”. Su declaración no tuvo eco en sus jefes ni resto de sus compañeros.

“Yo les expliqué que el hecho de cumplir órdenes de superiores no nos disculpa del delito; los elementos son obligados a realizar hasta tres o cuatro revisiones, sin que los afectados hayan cometido ningún delito”, señaló al acudir ante la CEDHJ a denunciar la ilegalidad de los operativos ordenados por Nájera19. Y aunque el alcalde suplente, E. Espinosa Guarro (Emilio anda en campaña desde Nov. 2005), se comprometió a investigar las detenciones20, nada relevante fue modificado.

Nájera siguió haciendo de las suyas con los comandantes y Molina no tuvo más opción que retirarse por las “presiones” y “amenazas” psicológicas/laborales en contra de su valor cí-

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vico. Previamente, de manera tibia e improcedente, la CEDHJ dio la razón al valeroso policía al “recomendar a Nájera no hacer más revisiones”21. Un día antes, un policía del grupo inconforme que se negó a dar su nombre, habló al noticiario de Radio Universidad y confirmó las represalias en caso de dar la cara: “Nos amedrentan, van a ir sobre mí, me van a estar presionando de manera psicológica y de forma laboral. Pero así ha sido desde hace dos administraciones…” Para cubrirle las espaldas a su jefe, el director de SPG, Alejandro Solorio, manifestó a los medios que “ni los comandantes ni los oficiales han llevado a cabo detenciones o revisiones fuera de la ley. Quien lo haga estaría infringiendo la ley y no sería permitido”. Además, criticó el arresto de que eran víctimas elementos encargados de la zona donde ocurrieron robos de vehículos22. Solorio descalificó a Molina: “Sigue trabajando sin que nadie lo reprima. Utilizó esta queja para hacer ruido (…) es un luchador social que defiende el derecho de las parejas del mismo sexo para ser pareja”23. A pocos días de la denuncia, la CEDHJ dio a conocer el resultado de la investigación realizada a la DGSPG: el organismo recibía “20 quejas al mes contra los policías abusivos”, debido a los operativos y pidió medidas cautelares (evitar represalias contra quejoso)24.

En respuesta, Nájera rechazó las medidas, argumentando escuetamente su negativa y asegurando que todo marchaba bien: “Ningún mando ha girado instrucciones de detener sin motivo”25. A la queja e inconformidad respondieron los mandos con represalias: el 20 de abril, Molina denuncia que el sábado 8 anterior fue secuestrado, privado de su pistola, golpeado y atacado sexualmente, querellándose por la agresión en la Procuraduría de Justicia. El parte de lesiones (10 de abril) fue mostrado a la prensa. Luego de bañarlo en alcohol y gasolina, ser amenazado con dispararle y violado, los captores cubiertos con pasamontañas lo abandonaron semidesnudo y atado. Luego de ser trasladado a un hospital, el comandante

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José francisco Ornelas y su chofer lo recogieron y llevaron al domicilio de COLEGA, AC, que asiste a grupos lésbicogays, a pasar la noche26. El mismo día 20, el policía José A. Dueñas S., del grupo DARE -contra el consumo de drogas en las escuelas- sufrió una crisis nerviosa y se suicida con su propia arma reglamentaria en una calle de Tetlán27. El 21 de abril y ante la nueva denuncia de Molina por la agresión sufrida, el vocero de la DGSPG, Genaro Pacheco, manifestó tener dudas sobre la versión del agente y por lo que dejará al MP resolver la indagatoria. Manifestó que había dos partes de lesiones, en uno de las que aparecen lesiones graves y heridas en la región anal. La corporación al tener noticia de lo ocurrido, por las dudas y la delicadeza del caso, decidió no hacerlo público, señalando que el agente tiene “un historial de mala conducta y un proceso administrativo pendiente”28.

El 27 de abril, como resultado de la “guerra sucia” entre PRI y PAN durante la campaña, rueda la cabeza del Director de Seguridad Pública de Zapopan, Rodolfo Ramírez Vargas, hombre cercano a Arturo Zamora Jiménez –candidato del PRI al gobierno estatal-, pide licencia luego de ser denunciado por su pasado contrainsurgente y nexos de su hijo Rodolfo Ramírez Contreras -2º comandante de sector en la policía tapatía- con el narcotráfico29. Asombrosamente, el alcalde con licencia y candidato del PAN al gobierno de Jalisco, EGM sale al paso a las exigencias de los diputados del PRI y PRD, que piden sea investigado y destituído Nájera por encubrir al hijo de Ramírez: Emilio nada comenta sobre los señalamientos contra el hijo de Ramírez Vargas, pero sale en defensa de Nájera su excolaborador y señalando que él actuó en forma correcta al detener en 2004 al narcotraficante José Gil Caro Quintero. “Hubo un incidente donde la Policía de Guadalajara detuvo en Zapopan a unos narcos, y la pregunta que hacen los diputados del PRI es que relación tengo yo en este asunto. Es muy sencillo: los metimos a la cárcel…

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Como actuó con valentía y los narcos están en la cárcel, lo único que procede es un reconocimiento”30. Finalmente, el 6 de mayo previo a los comicios, Molina renunció a la SSPG y abandonó la ciudad, producto de las “presiones silenciosas” que sufría y el pánico luego de la violenta detención y agresión anal que sufrió el 8 y 9 de abril. La medidas cautelares de la CEDHJ fracasaron en la impunidad. Para curarse en salud, el 14 de mayo la CEDHJ da a conocer la estadística: “De enero a abril, van 96 quejas vs policías”31.

El lunes 15 de mayo, 14 elementos de la DGSP de Zapopan dedicados al ataque al narcomenudeo y adscritos a la PGR, son detenidos en la carretera a Zapotlanejo, luego de ser acusados de secuestro, extorsión y privación ilegal de libertad de un ganadero. En menos de 12 horas, el Ayuntamiento disolvió al grupo después de que 5 detenidos, resultaron implicados (2 eran de Guadalajara, uno de la PGR y dos madrinas). El hecho golpea duramente al PRI y a Zamora, su candidato32, implicando nuevamente la SSP de Guadalajara33. Ante las presiones del capacitador de la Secretaría Ejecutiva de la CEDHJ, Guillermo Ortíz V., que informa el 22 de mayo que “cuando se refieren a su relación con la policía de Guadalajara, los niños que trabajan en la calle, los homosexuales, los indigentes y los jóvenes, tienen una queja común: ser objetos de maltrato, extorsión, detención frecuente y arbitraria y otras penas inhumanas, crueles y denigrantes. Todas las violaciones a sus DH esconden un acto de discriminación”, Nájera cede a las presiones y abre una puerta. La SSPG recibirá capacitación de la CEDHJ, aunque ninguna de las “revisiones de rutina” aportan elementos de delito o falta administrativa34. El gusto le dura poco a la CEDHJ, pues el 29 de mayo –como homenaje al 2º aniversario del 28 de mayo (2004)- los Ayuntamientos de la ZMG anuncian un acuerdo de reinstalar retenes para despistolizar los municipios, vía los decomisos35.

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2. Quejas por tortura: Durante la campaña electoral, los candidatos discuten –una y otra vez- sobre la conveniencia de metropolizar y unificar el mando de las policías de la ZMG, para garantizar la seguridad pública. La primera experiencia de Policía Intermunicipal (Gdl-Zapopan-Tonalá-Tlaquepaque) fracasó luego de 6 años (1984-89), pues los índices de inseguridad y delincuencia aumentaron haciéndola totalmente ineficaz36. El 7 de junio, la CEDHJ, contra su costumbre (opacidad informativa) asombra al informar que Jalisco es uno de los Estados con más denuncias por tortura: 722 quejas van en el sexenio próximo a concluir: El 70% corresponden a la PGJE; el 6% a la DIGPRES y los reclusorios; y 4% a las DGSP Municipales.

Pocos días antes de las elecciones, dos casas de Zamora (PRI) fueron aseguradas por la PGR en Valle Real, Municipio de Zapopan37. La derrota es inminente y se consuma el 2 de julio. Zamora la admite públicamente el 4 de julio y felicita al candidato ganador: EGM (PAN)38.

El 25 de junio, en el mundo se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. La CEDHJ denuncia: “En Jalisco la tortura es una práctica común de las instituciones policiales, particularmente de la PGJE”39. El 7 de septiembre del 2006, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos –“ombudsman” local- (en adelante: CEDHJ), da a conocer públicamente su Recomendación núm. 6/2006 sobre 7 casos de tortura, abusos y tratos inhumanos y denigrantes40, padecidos durante los años 2002 y 2003 por nueve personas, involucrando a 44 servidores públicos que violentaron los derechos de libertad, integridad, seguridad personal y jurídica de las víctimas. La resolución es dada a conocer luego del proceso de investigación y dictamen de siete quejas (717 del 2002 y 92, 564, 1520, 1841, 2799 y 2897 del 2003), fue firmada el 6 de septiembre previo por el presidente del organismo, Lic. Carlos M. Barba García, y fue dirigida al entonces Procurador

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de Justicia del Estado, Salvador González de los Santos, y al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Fernando González C. La macrorecomendación41 reabre el debate inconcluso sobre la tortura y toca fibras extremadamente delicadas del poder político, económico y mediático local, y de las OSC –también denominadas Organizaciones No Gubernamentales- con trabajo a favor de los derechos de la ciudadanía, pues saca a relucir una realidad lacerante e inocultable: la persistencia de diversas modalidades de tortura y maltrato practicado -de manera sistemática- por funcionarios al amparo de autoridades electas en el 2000 y en el 2003.

El revuelo suscitado por las versiones y posiciones antagónicas entre las autoridades señaladas por la CNDH y la CEDHJ, no ha cesado hasta la publicación de este libro, ni debe cesar –creemos-, aunque es más un debate local que nacional.

El escándalo es mayor porque las autoridades provienen del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo principal ideólogo y cofundador, el ilustre jalisciense Efraín González Luna (18981964)42, inspiró la doctrina del “Humanismo Político”43, en cuyo núcleo esencial vibran los derechos humanos universalmente reconocidos, la resistencia no violenta, el bien común y demás principios democráticos. ¿Por qué en un partido antes opositor y pacífico se toleran y practican hoy la tortura, la represión más ilegal y la impunidad?, es una interrogante crucial que intentamos contestar los autores de esta obra.

Como activistas de OSC que trabajamos en la cultura de los DH decidimos fijar públicamente nuestra postura, dada la trascendencia local, nacional e internacional que han tenido los hechos y la incesante controversia respecto a la tortura y otras “caricias”, nada nuevo pues año con año se suscitan aquí disputas en la materia. Entre 1989 y 1993 la atención estuvo focalizada en la actuación de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos (AJDH), la CNDH y la naciente Red de Organismos Civiles de DH del Estado frente a las autoridades44.

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A partir de 1994 el foco de atención pasó de las OSC a la actuación de las comisiones públicas, sobre todo de la CEDHJ45 instituida en febrero de 1993 por el Congreso del Estado a iniciativa del último Gobernador priísta, Lic. Carlos Rivera A. (1992-1995), que en el 2004 vino a ser relevada en el escaparate del escándalo por la CNDH con el informe del caso 28 de Mayo, en el 2006 con la macrorecomendación retomó su protagonismo para el esclarecimiento de otros hechos de violencia suscitados en municipios conurbados de nuestra capital46, y apenas iniciado el 2007, chocó con el máximo exponente de la jerarquía católica en la región, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que pidió públicamente –el miércoles de cenizasu desaparición por ser un “organismo inútil”47. Este nuevo momento estelar del histórico conflicto, vino a suscitarse a escasos 7 días de que terminara la Administración 2001-2007 -segunda del PAN- que encabezó Ramírez Acuña –reprobado en la materia48- y entrara la tercera que encabeza Emilio González M. para el período 2007-2013. Luego de tomar protesta del cargo el 1º de marzo ante el Congreso, el nuevo gobernador no tuvo más opción que callar para atemperar el debate Jerarquía-CEDHJ, en que intervienen los actores más influyentes de la capital estatal: Gobernador interino, Congreso, cámaras empresariales, medios informativos, ante la mirada atónita del pueblo mayoritariamente pobre y creyente.

La contradicción del jerarca no pudo ser mayor, pues apenas un día antes de sus declaraciones contra la CEDHJ, el obispo auxiliar, J. Trinidad González, se pronunció también públicamente a nombre del Arzobispado contra la violencia hacia las mujeres: “Como obispo y como jalisciense de hueso colorado, pugnaremos para que a las mujeres se les dé todo el respeto, todo el cariño, todas las atenciones que merecen… toda mujer debe ser respetada, querida, apreciada en todos los valores que tiene, caminar juntos, no hay que estar peleados con nadie”49. Al cardenal no le importó lo declarado previa-

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mente por él mismo50 ni por su auxiliar, se fue con toda su fuerza pastoral y mediática contra el “ombudsman” local, sin medir las palabras ni las consecuencias51, sin aquilatar la postura oficial de la Iglesia respecto a los DH ni la de los orígenes del cristianismo: de los profetas de Israel y del propio Jesucristo que recogen y pregonan las propias Escrituras: “Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y con sus decretos organizan la opresión” (Isaías 10,1-2), “¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al desnudo y no volverás la espalda a tu hermano ” (Is. 58,6-7); “practiquen la justicia y hagan el bien: libren de la mano del opresor al que fue despojado” (Jeremías 22, 3); “misericordia quiero, no sacrificios”, y la cita del epígrafe (Marcos 10-42). En lugar de comentar el compromiso teológico-pastoral que fijó la Iglesia en el Concilio Vaticano II (1965) y en las CELAM de Medellín (1968) y Puebla (1979) al adoptar los derechos humanos como parte de su propia historia y labor evangelizadora52, o de analizar los números rojos del sexenio que concluye en esta materia53 ejerciendo una sana postura profética, o denunciar la indebida y amenazante designación de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el 12 de febrero de 2007, dentro del gabinete emilista revestido de “pura gente honrada”54, un experto torturador hoy “premiado” con la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado (SSPPRS), para cobijar esa práctica ilícita y anticristiana contra ovejas y cabritos, avalada por los empresarios55, el grupo Tecos-UAG56, la policía metropolitana57 y el nuevo gobernador -su compadre58-, o bien de ponderar los esfuerzos que hace años realizan el Centro Pro-D.H. “Anacleto González Flores”, A.C. y la Comisión Diocesana de Pastoral Social (Sección de Derechos Humanos) en la promoción de tales

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derechos, o el grave peligro de excomunión que acarrea a los autores de la tortura, así como a sus encubridores y cómplices -como veremos-, Sandoval arremete de nueva cuenta –como comenzó a hacerlo en 1999- contra la CEDHJ, sin percatarse que al hacerlo ataca a los defensores y -sobretodo- a las victimas de los abusos del poder. No es así como el costoso e ineficiente “ombudsman” local59 saldrá a flote por sí o por el nacional, aunque sea evidente a casi 15 años de su creación la incapacidad para enfrentar y resolver tan delicado, ancestral como conflictivo asunto.

Para nosotros este tipo de controversias y actitudes oficiales no son nuevas ni causan sorpresa, toda vez que desde siempre, pero sobre todo hace tres sexenios el Gobierno del Estado utiliza –pese a la alternancia PRI/PAN-, al cobijo del poder económico, político, ideológico e informático, una política premeditada para encubrir a jefes de corporaciones donde anida y florece, obviamente camuflada, la institución de la tortura y otras prácticas equiparables, pese a la labor en sentido formalmente inverso del “Ombudsman” y al discurso de los programas oficiales60.

Ello ha sido posible una vez que –primeramente- el último Gobierno priísta logró cooptar y neutralizar -desde su nacimiento- a la CEDHJ (1993-95), –luego- el Gobierno panista del Ing. Alberto Cárdenas le confirió relativa autonomía durante el período 1997 a 2001, dotando al organismo de infraestructura suficiente y una titular creíble61; pero –finalmente- la CEDHJ involuciona luego del anómalo proceso de designación del actual presidente, un funcionario publico inhabilitado para el cargo (2002-07)62. Si ya el gobierno estatal controlaba a la CEDHJ vía presupuesto, desde el 2 de agosto de 2002 coloca y sostiene –con dos Legislaturas cómplices- a un funcionario anodino y complaciente ante sus excesos, dado que antes de 1989 trabaja en la administración pública donde destaca como funcionario sumiso a la superioridad. Así pues,

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en el trienio 2001-2003, la CEDHJ con su inoperancia no sólo desatiende las necesidades y demandas de nuestra sociedad, de las OSC y los grupos vulnerables con quienes trabaja, sino dejado de prevenir y sancionar la tortura en sus expresiones más comunes, sofisticadas y aberrantes, que clasificamos en tres tipos o modalidades básicas: a) Tortura policíaca (practicada comúnmente en el ámbito de trabajo de la seguridad pública y de la procuración de justicia penal). b) Tortura judicial (ocurre en prisiones donde los inculpados son procesados y castigados mediante sentencias condenatorias y mafias que lucran a su costa). c) Tortura política (irrumpe cíclicamente; siempre selectiva, premeditada y contundente contra personas, grupos y/o movimientos disidentes. La represión es alevosa y premeditada).

En el trienio 2004-2006, cuestionada por la sociedad, acicateada por la CNDH y vigilada por las ONG más significativas, la CEDHJ comenzará a repuntar en la investigación y denuncia de la tortura: antítesis de sus fundamentos, valores y propósitos. Este manual fue redactado tomando en consideración diversas fuentes y documentos oficiales, propios e independientes, cuya dispersión ha impedido un acercamiento riguroso al tema de la tortura y la impunidad, -por desgraciarecurrentes en Jalisco. Sin embargo, quienes lo suscribimos queremos cumplir con una responsabilidad ineludible, ética y social, ante la sociedad y la historia donde nos ha tocado en suerte actuar y desarrollarnos con voz libre y crítica.

Entre las OSC locales de DH, predomina la pluralidad y la convergencia, tanto como la dispersión, pues entre nosotros hay quien trabaja al margen o al cobijo de la CEDHJ, otras siguen un criterio meramente asistencial respecto a los sectores vulnerables, hay quienes identifican –erráticamente- garantías constitucionales con derechos garantizados, y quienes

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los defienden según la Tradición Hispanoamericana de los Derechos Humanos63, que realiza un uso alternativo del derecho, al margen de los acostumbrados usos y abusos de la legalidad64; empero hay también quienes lo hacen cercanos a las políticas públicas de las autoridades (estatales y/o federales), a cambio de beneficios o prebendas provenientes de INDESOL, IJAS, Fundación “Vamos México”, etc., justificando ya con su silencio o de plano afirmando –falsa o dolosamente- que existe un “estado de derecho”.

Antes de 1993, las OSC cargaban sobre sí solas la excesiva carga de promover y defender los DH en los municipios de Jalisco, dentro de sus modestas posibilidades, luego de que nuestro país se obligó a tutelarlos partir de la suscripción diversos tratados o instrumentos emanados de la Declaración Universal de DH; nos referimos a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), de carácter vinculante65.

A partir de 1993, ante crecientes exigencias internas y externas, nuestras autoridades han incorporado el vocablo o concepto “derechos humanos” al sistema jurídico, a sus discursos, instituciones y dinámicas, a fin de protegerse de las exigentes demandas ciudadanas, de los medios informativos y de la observación internacional en esta materia, pero no siempre es para respetarlos efectivamente. Así tenemos que el Poder Legislativo creó en 1992, luego de las trágicas explosiones del Sector Reforma, la Comisión Legislativa Permanente de Derechos Humanos. El Ejecutivo interino del Estado creó en 1993 la CEDHJ, e instaló dentro de la Procuraduría de Justicia una Dirección de Supervisión en DH66, cuya actuación no ha sido evaluada, pues cumple una función contraria a la preservación de la legalidad y la dignidad humana67. Finalmente, los Ayuntamientos y el Poder Judicial instituyeron las instancias del ramo.

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Sin embargo, pese al presupuesto que –a costa del erarioel Estado Mexicano invirtió en crear y sostener desde 1992 el denominado Sistema No Jurisdiccional de Protección de los DH, éste es desconocido por la mayoría de los gobernados, sean oriundos o migrantes, y un creciente número de visitantes; pese a disponer de programas y visitadurías dedicadas a recibir quejas e instaurar procedimientos para investigar y sancionar la tortura y los tratos crueles, éstos no han desaparecido del quehacer gubernamental no sólo en Jalisco sino en el resto del país, como veremos y lo refieren informes fidedignos68.

Para su mejor lectura y comprensión, hemos dividido el libro en 13 capítulos e igual número de propósitos: el primero está dedicado al análisis del contexto y el modelo de desarrollo que permiten la tortura y la impunidad en el país; el segundo, al concepto definitorio y debatido de la tortura como realidad y delito de lesa humanidad; el tercero, a las técnicas y métodos que han vuelto a la tortura una epidemia local y nacional; el cuarto, a los antecedentes históricos y estructurales de los que surge y toma cuerpo; el quinto, a los casos emblemáticos que mejor la expresan y representan; el sexto, a la experiencia pionera de las OSC en la lucha contra la tortura; el séptimo, al aporte del ombudsman mexicano para enfrentarla; el octavo, a los mecanismos de control que la prohíben; el noveno, al incumplimiento de las recomendaciones del ombudsman por parte de las autoridades del PRI y PAN; el décimo, a perfilar la postura de las OSC locales ante el caso 28 de Mayo de 2004; el undécimo, a la carrera vertiginosa del experto torturador y abogado Luis Carlos Nájera G. de Puente Grande a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; el duodécimo, a nuestras conclusiones y propuestas respecto a la epidemia; y el décimo tercero y último, a la bibliografía que sustenta la investigación cuyo resultado es esta obra.

1. Introducción Contexto socio-político, económico y cultural en que los DH se debaten, promueven o transgreden.

C

onvencionalmente, el expediente de DH de un gobierno se establece sobre la base de la suma de las violaciones a los DH que hay en el país o estado específico, que necesitan ser monitoreadas regularmente. Así se hacen estos expedientes.

Después de que se han hecho las investigaciones y de que los correspondientes informes han sido publicados, el expediente de DH –juzgado bueno o malo- se convierte en un parámetro con el cual el resto del mundo o países de la región valoran la legitimidad moral o democrática del gobierno en cuestión. Pero los juicios basados únicamente en este tipo de material pueden resultar injustos. Las pautas de las declaraciones y tratados internacionales sobre DH y el catálogo de violaciones de los mismos favorecen una evaluación incompleta del expediente de un gobierno en esta materia, si la información no se ubica en un contexto y en una perspectiva histórica.

Resulta obvio que es claramente más fácil garantizar los DH en los países que tienen estabilidad política, prosperidad económica y una historia de desarrollo de sus instituciones democráticas que en las naciones empobrecidas, con una más breve historia de independencia oficial, con escasa o ninguna [31]

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experiencia de prácticas democráticas y en las que no se han desarrollado aún instituciones nacionales viables. Caso de los “órganos constitucionales autónomos” en México: como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Banco de México (Banxico), la CNDH, o como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), implantados en la década pasada.

Colocar en un contexto el expediente que sobre DH tiene un gobierno es doblemente importante cuando este expediente es en sí mismo tema de debate internacional. Este es el caso de Jalisco luego de la “Cumbre” del 28-29 de mayo de 2004, donde los opositores de “panistas” y “neopanistas” –dentro o fuera del Estado- tratan de presentar al gobierno estatal, federal y/o municipal como burdo violador de DH1; y sus aliados o simpatizantes, como autoridades “responsables” o “insignes” inquisidores, por su “mano dura contra la delincuencia o la vagancia”2. Por la enorme importancia que los juicios sobre el comportamiento de tales autoridades en materia de DH alcanzan en estas circunstancias, es esencial no sólo que la evidencia en la que estos juicios se basa sea confiable sino que los procedimientos sean imparciales. La cuestión de la imparcialidad implica, además de un cuidadoso examen de la evidencia, la búsqueda de los factores que ayudan u obstaculizan la eficaz protección de los DH. En otras palabras, para que el juicio sea creíble, el contexto político, social, cultural y económico en el que los DH son promovidos o transgredidos también debe ser examinado.

Dos categorías de Derechos Humanos Los derechos comprendidos en la Declaración Universal de DH pueden agruparse en dos categorías: Derechos Civiles y Políticos –artículos 3 al 21- (abreviamos DCIP) y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (por sus siglas DESC) – artículos 22 al 27-, pero todos son igualmente inalienables,

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indivisibles, integrales, universales e inviolables3. Los informes de los organismos de DH se concentran en las violaciones de los DH que aparecen claramente perfilados en la primera categoría, dejando a un lado o dando menos importancia a los DESC. Las organizaciones de DH son mayoritariamente occidentales en su ideología, aunque no siempre lo sean por su ubicación geográfica, y las democracias de tipo occidental no toman tan seriamente en cuenta los DESC como los DCIP. Además, los DESC constituyen un área en que las obligaciones de los gobiernos hacia sus ciudadanos aparecen menos claramente definidas y en la que es más difícil hacer una valoración objetiva del cumplimiento que de ellas hace una autoridad.

Sin embargo, para la mayoría de la gente en cualquier país ambas clases de DH tienen importancia fundamental. Realmente, las graves violaciones de cualquiera de estos derechos son sentidas en términos humanos y personales como igualmente nocivas y desastrosas4.

Derechos Humanos, Foro Social Mundial y otro mundo posible La realidad actual interpela a todos aquellos, que de alguna u otra manera nos sentimos identificados con la necesidad de tener un mundo más humano. Los grandes problemas de la humanidad andan brincando de ciudad en ciudad, de continente a continente, apostando por una profundización en ellos, o bien, tratando de encontrar alternativas; distintos sectores se han conformado en bloques para dar una palabra sobre las consecuencias, pero sin analizar –a fondo- las causas que las mantienen a nuestro alrededor.

En cuestión de poder, existen hoy en el mundo tres grandes grupos de burócratas, comerciantes y líderes mundiales con intereses ajenos a los de las comunidades y gentes común y

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corriente como nosotros. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Comercio (OMC)5 y el Grupo de los 8 (G8) son los principales actores en la toma de decisiones a nivel mundial (o macrosocial); los poderosos arreglan los problemas del mundo en beneficio de unos cuantos. Sus cumbres son un espacio costosísimo de resoluciones donde todos pagamos los platos rotos (“errores”, por “ajustes estructurales”, secuelas, etc.). De manera paralela, encontramos a las contracumbres, o espacios alternativos donde la reflexión, el intercambio de experiencias y la fiesta de los empobrecidos y olvidados del sistema mundial se oponen a las grandes decisiones u omisiones que los afectan vital, económica, política o ecológicamente, en ocasiones sin lograr más que muertes, detenidos y presos; repitiendo el círculo vicioso del odio y violencia interminable.

El espacio alterno más importante es el Foro Social Mundial (FSM), que luego de nacer en 2001 y cinco ediciones exitosas culminadas en Porto Alegre (Brasil)6, sesionó –con rostro asiático- del 16 al 21 de enero de 2004, en Bombay (India), como sede de las organizaciones, movimientos sociales, redes y personalidades “altermundistas” existentes, bajo la divisa “Otro mundo es posible”. En el 2002, el FSM se realizó en Florencia (Italia), en 2003 el movimiento vivió un momento público importante con las mayores movilizaciones anti-guerra que haya conocido la historia, hijas “naturales” del FSM: La del 15 de febrero de ese año reunió el mismo día a casi 15 millones de manifestantes en 600 ciudades, convocatoria que se repitió en una dimensión menor cinco semanas después el 22 de marzo7. En el 2005 el FSM regresó en su quinta edición a Porto Alegre, en el 2006 el sexto fue en Caracas, y en el 2007 el séptimo en Nairobi8.

En México, el fenómeno cobró fuerza y culmina en la denominada Marcha del hartazgo (contra la inseguridad pública y carencia de justicia) que –a iniciativa del movimiento Méxi-

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co Unido contra la Delincuencia- tomó las avenidas y centro histórico de la Ciudad de México el 27 de junio del 2004, cuando apenas se iban a cumplir 4 años de que los mexicanos decidieron salir a la calle y votar para arrojar del poder a quienes habían secuestrado y pervertido al país, aquel histórico julio de 20009. El reclamo afloró de nuevo: “el cambio fue para empeorar” y fue, sin duda, un ominoso signo de hartazgo social por la inseguridad pública, marcha que Soberanes describió como ”última llamada” y cuestionamiento al fracaso del gobierno de V. Fox en la oferta de cambio; con el riesgo de que si el gobierno federal y los estatales “no escuchan el reclamo social, la gente tome la justicia por sus propias manos”10. El evento multitudinario tuvo un éxito inusitado, como sabemos. El gobierno federal se comprometió a crear un Instituto Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia “de carácter autónomo y con facultades para fiscalizar la acción del Estado en la materia”, pero el compromiso quedó liquidado por las maniobras del secretario Ramón Martín Huerta (designado por Fox como “responsable de dar cauce a las demandas de los organizadores), aliado del sector de la extrema derecha que convocó a la marcha, que redujo su impacto y mensaje a crear un “órgano de alianza”, tipo consejo consultivo de la PGR, sin ninguna facultad para promover y vigilar acciones anticrimen en todas las instancias del poder público, lo que provocó finalmente el pasado 5 de noviembre la “fractura entre las organizaciones convocantes”11. Esto mismo sucedió en 1993-94 en Jalisco, con el Movimiento Una Sola Voz, donde la extrema derecha (DHIAC y Fuerza de Opinión Pública) tiró por la borda el efecto aglutinador y contestatario de la más grande marcha de repudio e indignación popular, ocurrida luego del asesinato del cardenal Juan J. Posadas, en mayo de 199312.

Aunque las preocupaciones aparentemente son las mismas (el bienestar o mejoría de todos los habitantes del

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planeta), muchas veces encontramos por quienes ostentan el poder, acciones contrarias a lo que pregonan; así como los protagonismos baratos de quienes de manera alterna tratan de remediar tales acciones. Tal parece que la decisión correcta, como afirma Klein no es ...andar brincando de cumbre en cumbre para gastar nuestras energías en acciones insensatas, sino en proponer nuevos modelos de organización que –en realidad- sirvan para la supervivencia humana (...) Las redes locales, el compromiso de nuestra labor en beneficio del otro o una marcha silenciosa pueden decir mucho más que aventar piedras o destruir centros o sucursales de empresas transnacionales (ET) o financieras oligopólicas, pues muchos de los que participan en tales acciones son actores de un nivel de consumo increíble; y no es extraño verlos con ropa de marcas o ingiriendo bebidas o alimentos de empresas que explotan a sus trabajadores13.

Habrá que distinguir entonces a “globalifóficos” (contestatarios sin causa) de “altermundistas” (organizados en torno a actividades cotidianas que pretenden medios alternativos de producción-comercialización-consumo justo y responsables, o acciones de resistencia activa no violenta), que buscan implementar proyectos alternativos y civilizatorios que ayuden a los niños, jóvenes y excluídos a ver el mundo –desde su comunidad- de manera diferente. Replantear la idea del mundo que tenemos (unipolar, desequilibrado, violento, excluyente, belicoso, etc...), a la luz de la realidad que nos rodea14, para hacer posible lo imposible (la Paz, la Justicia, la Democracia, el Desarrollo Sustentable, etc…).

La militarización del Estado a fin de frenar el altermundismo (anti-Davos, anti G8, etc.) expresa la otra cara del poder real y el riesgo de la provocación sofisticada que vino a dar al traste con la marcha del 28 de mayo de 2004 en GDL, donde los convocantes “Otro Mayo en Guadalajara” y Red contra el ALCA15 –entre otras OSC-, y personas inocentes (simples

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transeúntes) sufrieron las consecuencias de la sofisticada represión (federal/estatal/municipal). Esta política obviamente no fue diseñada por los pueblos que conforman la Nación Mexicana, sino un imperio decadente, voraz y adicto al poder y el lucro, que utiliza los controles foráneos sobre el aparato estatal, económico y político para subordinarla a sus prioridades geopolíticas. La contradicción antagónica Este-Oeste que nutrió la “Guerra Fría” (1945-1990), al ser secundaria, ha venido cediendo el paso a la verdadera contradicción antagónica: Sur-Norte. ¿Qué es el altermundismo en el mundo actual sino una progresiva reacción socio-cultural y político-económica de inconformidad, insatisfacción y disidencia humana, legítima, frente a la aplicación injusta, farisea, restrictiva y utilitaria que dan los grandes poderes político-militares y sus correspondientes bloques económicos-financieros a las acuciantes necesidades sociales, económicas y culturales básicas de los pueblos de la tierra?. Según uno de sus exponentes, el altermundismo es “otra militancia para el otro mundo posible”, que sigue como “grandes estrategias transversales”: La “Internacional humana” por la altermundialidad, por la globalización integral, contra la globalización neoliberal sesgada y excluyente16.

La actitud ecológica de cuidado del planeta, la ampliación del concepto prójimo hacia los humanos futuros y hacia la naturaleza toda.

El consumo responsable, hecho de austeridad y de comercio justo.

El derecho internacional, la recuperación de la legalidad mundial destruida principalmente por el unilateralismo estadounidense17, y la construcción de un nuevo pacto social mundial.

El convencimiento de la importancia de lo simbólico, el sentido, la utopía, los valores, la información, la interpretación, la comunicación telemática... El ciclo de las revoluciones armadas concluyó hace tiempo, y estamos en el nuevo ciclo de transformación del

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mundo por la vía de la conciencia. Las dimensiones económica y política son tan necesarias como siempre, pero ahora estamos más conscientes que antes de la necesidad de la lucha por la transformación de la conciencia, tanto desde la praxis como desde la práctica teórica18.

La “globalidad”: La globalidad como nueva localidad en la que comprometerse, y a la vez como contexto universal ineludible de toda localidad local.

El antiimperialismo (o antiunilateralismo), como la forma más actual del compromiso liberador19.

El Neo-liberalismo en curso al negarse a satisfacer las necesidades esenciales por mantener las actuales tasas de ganancia e intercambio desiguales (países del Norte y Sur del planeta), en beneficio de unos pocos trusts, oligopolios y magnates, no solamente afecta a una gran parte de la humanidad y pueblos originarios del planeta, sino todavía más: amenaza lo que es ya una condición estructural de VIDA para la mayoría de la población. Es decir, cuando es una situación injustamente mantenida por las políticas de la élite minoritaria gobernante.

La raigambre ética, social, histórica, jurídica e inclusive filosófica del altermundismo está fuera de toda duda20, pese a sus variantes (moderadas y radicales).

La represión en Guadalajara no detuvo el proceso altermundista, pues del 1 al 5 de Diciembre de 2004, en Caracas tuvo lugar el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El controvertido presidente Hugo Chávez lo inauguró y clausuró, además de pasar casi 7 horas en un taller con los participantes y ofrecer una cena.

Dialogó con intelectuales sobre la Revolución Bolivariana, un proceso sui géneris decidido a darle a los pensadores progresistas una interlocución que desde el fin de la guerra fría no tenían. Los mexicanos asistentes reconocieron que los temas debatidos “abrieron vínculos con el proceso transformador venezolano”21. Con palabras contundentes atrajo el interés la convocatoria: “La humanidad ha llegado a un instante defini-

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torio donde se habrá de decidir el curso del presente siglo y la propia supervivencia de la especie”22.

El atractivo venezolano –con su revolucion bolivariana- ha sido impactante en las OSC a escala regional y mundial23. Del 24 al 26 de Enero de 2006, tuvo lugar en Caracas, el VI Foro Social Mundial, donde Chavez hablo como “convidado” de la Via Campesina (ONG internacional), siendo la primera vez que un Jefe de Estado se dirige a los altermundistas como anfitrion del encuentro anual24. Ya en el V Foro, en Porto Alegre (Brasil), Chávez desplaza al presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, como líder pólitico de esa colectividad internacional, que aglutina a una izquierda pluricultural.

Terrorismo, estados de excepción y colombianización luego del 11 de septiembre El 11 de septiembre de 2002 ha pasado a ser una fecha fatídica para el movimiento de DH y libertades civiles de todo el mundo. En primer lugar, por el crimen llevado a cabo por los extremistas islámicos que destrozaron las vidas de miles de personas y, en segundo lugar, porque tal hecho ha llevado a que muchos gobiernos democráticos hayan utilizado el argumento de la “seguridad” para establecer todo un sistema de instrumentos legales que limitan o eliminan las libertades y violan los DH. Para poner en marcha estas normas se ha utilizado el concepto de “excepción” que les permite actuar al margen de las instituciones legislativas o de control democrático en lo que podemos llamar un “estado de excepción global”. Este concepto de excepción es parte de una vieja doctrina social y jurídica de la que Carl Schmitd es el máximo teórico25. Da consistencia al discurso de los neoconservadores en todo el mundo (el foxismo es una expresión local) y nos ha llevado a la guerra en Irak26 y al criterio de que el sistema de Naciones

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Unidas, el Derecho Internacional de los DH y el Derecho Internacional Humanitario (en caso de conflictos) debe ser obviado27. Incluso ha resurgido el odioso calificativo “Unnamed” para una categoría de presos puestos en un agujero negro legal que no se usaba desde la época de máximo auge de las doctrinas nacionalsocialistas y los tribunales de las SS, que utilizaban los criterios raciales, como ocurrió en Polonia y Hungría, para juzgar y segregar.

Este criterio fue utilizado por el gobernador Ramírez Acuña, cuando para justificar el injustificable operativo de provocación y represión del 28 de Mayo de 2004 contra los altermundistas –calificados despectivamente de globalifóbicos-, dijo que “Jalisco fue agredido” por gente indeseable del D.F. y otras “latitudes” que no hizo de las suyas gracias a la eficaz intervención y “tolerancia” de los cuerpos policíacos. No es casual que luego de la Cumbre, a pesar de que el tiempo al aire en TV es costosísimo, nuestras autoridades repitieran hasta el hartazgo imágenes de cuando la policía -¿estóicamente?- resiste las embestidas de los provocadores, hasta crear animadversión de parte de los televidentes y de la sociedad en su conjunto, contra los “altermundistas” presentados como agresores28. En el capítulo 10 del presente informe abordamos cómo se desarrollaron los hechos, a fin de no caer en la versión sesgada del gobierno estatal.

Esta estrategia se utiliza en Colombia y muchos países africanos, pero también está en la base de muchos procesos de privatización en los que el concepto de “estado de excepción” ha permitido la adjudicación y manipulación de los mercados, como ha ocurrido en Bolivia, Perú y Argentina. En estos últimos países, durante la presidencia de Carlos Menem y el hoy prófugo Alberto Fujimori se utilizaron poderes excepcionales que llegaron al colmo de utilizar leyes secretas, semejantes o idénticas a las de los repudiados “regímenes de Seguridad Nacional”, arquetipos de atroces

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violaciones a los DH29, frente a cuyos responsables el Gobierno de EU fue cómplice e, inclusive, tutor.

Ya en 1997 la investigadora Rossana Reguillo hablaba preocupada del proceso de “colombianización” de varias ciudades mexicanas, “entre las que Guadalajara disputa el protagonismo”, pues la imagen de nuestra urbe ha estado asociada al narcotráfico desde el decenio de los 80s y añadía en su artículo: Mas allá de una calificación mas o menos arbitraria, lo que estas comparaciones revelan es la presencia de algunas marcas y procesos que ya se han manifestado en Colombia… En GDL estamos viendo el incremento de la violencia homicida como forma para dirimir los conflictos entre grupos rivales de narcotráfico (utilizamos las siglas NCT para referirnos a él); un modus operandi en los brazos ejecutores y, sobre todo, un acostumbramiento a la presencia del narcotráfico que incluso ha generado lo que algunos denominan la “narcoarquitectura”, las “narcolimosnas”, etc..

La alianza entre algunos miembros de las clases dirigentes, funcionarios gubernamentales y los carteles, además de la ambigüedad de la Iglesia católica, propició en Colombia el enquistamiento del NCT en la vida cotidiana, lo que ha vuelto prácticamente imposible su control.

Una reciente encuesta sobre cultura política realizada en aquel país, indaga en lo que los colombianos consideran profesiones “respetadas” y las “exitosas”. La mas exitosa es la de narcotraficante (23%), seguida de la de empresario (16%) y la de político (15%); sin embargo, este éxito es directamente proporcional a la falta de respeto, donde solo 1% de los colombianos considera a políticos y narcos “respetables”30.

Durante la FIL 2004, el juez Carlos Castresana, fiscal anticorrupción de España y doctor “honoris causa” de la Universidad de Guadalajara, dictó la conferencia Los derechos humanos como mínimo común de valores en la comunidad, en la que -siguiendo la tradición hispanoamericana- hizo importantes señalamientos y advertencias:

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Detrás de una cortina de humo que pretende construir una teoria del derecho al uso de la fuerza, con base en la legítima defensa, se esconde la más descarnada explotación de los recursos naturales del planeta... (Detrás de la guerra contra el terrorismo) hay una guerra por el petróleo, que es un recurso imprescindible para la industria del primer mundo. En todas partes donde su manejo y control está en peligro, encontramos una guerra...

En septiembre de 2002, seis meses antes de comenzar la guerra en Irak y la ‘puesta en escena’ en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente George W. Bush redacta un documento de aproximadamente 50 páginas, en el que solo cambia una palabra con relación al anterior: ‘Los EU se autorreconocen el derecho a hacer uso de la fuerza ante una amenaza ‘suficiente’. Ya no hace falta que sea ‘inminente’, sino ‘suficiente’.

A partir de ese momento experimentamos un retroceso que nos envía, no a los períodos de la guerra fría, sino tal vez a los de la 2ª Guerra Mundial, a la etapa en la que fue posible el surgimiento de los regímenes totalitarios...

Para Castresana, el terrorismo puede destruir nuestros edificios, matarnos, atentar contra nuestras ciudades, pero no destruir el orden jurídico. Los avances que la civilización ha conseguido a través de siglos de sacrificios, son conquistas que debemos defender en el marco de nuestros sistemas jurídicos, políticos y económicos31

Eso mismo intentamos hacer mediante el manual los autores de la investigación respecto a tortura y represión local: defender la altísima cuota de sangre o “costo social” que nuestro país y Nuestra América han pagado para dotarse de un orden jurídico respetado, a lo largo de su historia de siglos. Poco hace nuestra entidad para enfrentar la barbarie guerrera de EU con actos de intolerancia e idéntica represión como los de Mayo/04. Aunque seamos vecinos y “socios” eventuales, México como estado soberano no debe plegarse a su política internacional, pues el gobierno de EU cuida sus propios intereses32, como lo hace nuestro país o cualquier otro. Mientras Norteamérica impone

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el uso de la fuerza, a partir de la llamada guerra preventiva, México no utiliza la fuerza, sino otros instrumentos para sustraerse al conflicto.

Sin embargo, como ocurrió en el conflicto centroamericano, nuestro país no puede aislarse sino mantener una diplomacia digna (Caso: las Iniciativas de “Contadora” para la Paz y de Esquipulas, en 1983-90), dentro del conflicto entre EU y el terrorismo. A raíz de la guerra de Irak, el fundamentalismo islámico –en diversos documentos- le ha declarado la “guerra santa” a Norteamérica y Occidente, con México y América Latina incluidos. Tal espiral de violencia y las estrategias envolventes del imperio norteamericano, unipolar, han “colombianizado” a México33 y, ello quedó de manifiesto en los choques de Mayo/04, uno entre miles de episodios de violencia urbana cotidiana.

Lo que nos sorprende es cómo un partido humanista, con una larga tradición de resistencia civil no violenta (como el PAN), abandona sus principios y su tradición de lucha antiautoritaria34, para involucrarse en las tácticas y estrategias de “guerra de baja intensidad” (Low Intensity War) de una potencia vecina cuya política imperial nos ha causado tanto daño y menoscabo a lo largo de la historia35.

Sin duda, las corporaciones policíacas del Ayuntamiento y Gobierno del Estado, no actúan al margen de tal adiestramiento, y menos podemos pensarlo si revisamos las páginas “sociales” de los diarios tapatíos, donde Ramírez Acuña (antes alcalde y luego gobernador) aparece con frecuencia departiendo sabrosos platillos y amplias sonrisas, en diversos actos con la pro-cónsul estadounidense en la entidad, y menos si examinamos el amplio itinerario de viajes a Norteamérica que el ejecutivo y su gabinete han realizado en este sexenio, cuyo elevado costo al erario no ha dado dividendos económicos al pueblo, pero sí “preventivos” a una clase política insaciable.

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La cláusula democrática con la Unión Europea y otro Mayo en Guadalajara La tortura es sólo un aspecto de la represión cíclica a las movilizaciones altermundistas en todo el orbe. Su irrupción en Guadalajara es inexplicable si antes no ubicamos el contexto en su propia realidad histórica. El tema central de la agenda de la III Cumbre de Jefes de Estado sería la cohesión social; que incluiría la “gobernabilidad democrática, el combate a la pobreza, las políticas de desarrollo social y el papel de la integración regional”, en el proceso de un debate particular en torno a la llamada “cláusula democrática” del Acuerdo Global entre la UE y México36.

El 3 de octubre de 2003, el gobernador Ramírez suscribió un acuerdo de relaciones políticas con el Comité de las Regiones de la UE. A la firma del protocolo en la sede del Comité en Bruselas asistieron su entonces presidente, el inglés Albert Bore, y Porfirio Muñoz Ledo –embajador ante la UE-. Así Jalisco fue: la primera provincia no europea en conseguir un convenio como ese. En el primer punto de la Declaración de intenciones entre el Gobierno del Estado y el Comité de las Regiones de la UE en materia de cooperación, ambas partes declaran: ‘El respeto de los principios democráticos y de los DH fundamentales, y la puesta en práctica –mediante un diálogo político más intenso- de los principios de igualdad, transparencia, solidaridad y subsidiariedad, son elementos esenciales de la presente declaración37

Ante el anuncio de la Cumbre ALCUE, las ONG’s y movimientos altermundistas se propusieron realizar aquí un Encuentro Social bajo el tema: Enlazando Alternativas. Se trata de un evento convocado y organizado a cuatro niveles: local, nacional, latinoamericano-caribeño y europeo. Las organizaciones era diversas y complejas:

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a).- Guadalajara: Promotora Otro Mayo en Guadalajara, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi (SNRTE) y el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ). b).- Mexico: Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), DECA-Equipo Pueblo, Centro de DH Miguel A. Pro Juárez (PRODH)38, Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Red Nacional Género y Economía (REDGE), Marcha Mundial de las Mujeres en México (MMM-M), Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). c).- Latinoamérica y Caribe: Alianza Social Continental (ASC), Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), Amigos de la Tierra (Uruguay), Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP), Jubileo Sur, y Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía39. d).- Europa: Colectivo América Latina (Francia), Transnational Institute (TNI-Holanda), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA).

El Acuerdo Global no es lo mismo que el Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM), pues fue firmado en diciembre de 1997 y entró en vigor en octubre de 2000 (dos meses antes de que Fox asumiera la Jefatura del Gobierno Federal). El Acuerdo abarca diálogo político, cooperación e intercambio económico y comercial; y sirvió de marco para negociar y establecer un área de libre comercio para bienes y servicios de ambas partes. En julio de 1998 entró en vigor un Acuerdo Interino de Comercio y temas relacionados. Antes

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de su vigencia, organizaciones mexicanas y europeas iniciaron un intenso trabajo sobre el contenido y los procedimientos de las negociaciones en torno al TLCUEM y el Acuerdo Global.

En nuestro país, el espacio es conocido por Ciudadan@s de México ante la UE y sus objetivos incluían: Alcanzar un Acuerdo Global entre las partes que beneficie a la población en general: Creación de mecanismos claros y concretos para la participación y la consulta de la ONG’s y otros sectores sociales; Promoción y protección del derecho a la información; Fortalecimiento jurídico de la cláusula democrática; Informes semestrales y/o anuales en los que se evalúe el impacto del Acuerdo en diversos sectores; Inclusión de una agenda social en la que se incorporen medidas concretas para proteger, compensar y dar soluciones justas a los sectores afectados por la crisis social resultante de las políticas de apertura económica40.

En tal período la situación de los DH en México era alarmante41. El PRI todavía gobernaba sólo. En diciembre de 1997 ocurrió la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, seguida en 1998 por otras matanzas en Chiapas y Guerrero, resultado de acciones combinadas del ejército y la policía que se concretizaron en ejecuciones arbitrarias, detenciones ilegales y tortura de civiles, entre otras graves violaciones. Ante la problemática, las ONG nacionales como el Centro PRODH y la Red Nacional de Organizaciones Civiles de DH “Todos los Derechos para Todos” (Rtdt) manifestaron: “veíamos la cláusula democrática como una oportunidad de ampliar estos espacios”, afirma el actual director del PRODH. “En este sentido recomendamos que los siguientes mecanismos fueran incorporados al Artículo 1 del Acuerdo”: Intercambio de informes anuales sobre DH entre ambas partes, incluyendo un mecanismo de consulta con las ONG;

introducción

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Reuniones anuales entre el Subcomité de DH del Parlamento Europeo y las Comisiones de DH del Senado y la Cámara de Diputados; Designación de un miembro de la delegación de la Comisión Europea exclusivamente en México para monitorear el respeto a los DH42

El trabajo realizado por parte de Ciudadan@s de México ante la UE y la contraparte europea a través de la Red CIFCA contribuyó al logro de varias posiciones críticas ante el proceso de ratificación del Acuerdo Global. Un ejemplo fue incidir para que el Parlamento Alemán emitiera dos recomendaciones sobre DH y la cláusula democrática al ratificar el Acuerdo Global con nuestro país. En la resolución sobre la cláusula, el parlamento teutón expresó que ésta podía quedar sólo en principios declaratorios en tanto no se le dotara de mecanismos concretos para monitorear la situación de DH. Y no se equivocaron, pues como se verá en este documento y otros no ha habido voluntad para implementar dichas resoluciones43.

En 2002 varias ONG mexicanas y europeas acordaron “elaborar propuestas específicas para contribuir a mejorar y modificar el Acuerdo a fin de corregir sus limitaciones y se eviten impactos negativos”. Las propuestas presentadas formalmente a los gobiernos en el I Foro de Diálogo con la Sociedad Civil UE-México en Bruselas, el 26 de noviembre de ese año, se ciñeron a tres aspectos medulares: Hacia una dimensión positiva de la Cláusula Democrática, Mecanismos de participación efectiva de la Sociedad Civil;y El proyecto de Observatorio Social (para el monitoreo).

Lo que da exigibilidad y fuerza jurídica a la cláusula democrática –afirma Velasco- es: la condición de ´elemento esencial del acuerdo´. La UE reconoce que hay disposición para realizar acciones afirmativas en torno a los DH. Sin embargo, la interpretación más frecuente de la cláusula es negativa: se utiliza para imponer sanciones a gobiernos que co-

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metan graves y persistentes violaciones a los DH civiles y políticos.

Hemos propuesto trabajar la dimensión positiva de la cláusula.44

Aunque la situación nacional no es radicalmente diferente, sí ha habido un serie de cambios desde 1997 que modifican las expectativas sobre la posible puesta en práctica de la cláusula democrática, al asumir que la Declaración Universal es un “elemento esencial” en un acuerdo comercial. Entre los cambios, el PRODH destaca dos: 1. Mayor efectividad en el acceso a los sistemas internacionales de protección a los DH para la sociedad mexicana 2. Una creciente penetración de capital europeo poco o nada regulado en el país.

Respecto a lo primero, se encuentran la firma del Gobierno mexicano de un Acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los DH y la instalación de una Oficina aquí para dar seguimiento al acuerdo45; ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de DH; invitación permanente a representantes de mecanismos internacionales de DH a visitar México; y la participación del Gobierno en audiencias de seguimiento de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las organizaciones civiles han adquirido experiencia en la utilización de dichos mecanismos.

Respecto a lo segundo, desde que entró en vigor en Acuerdo Global en 2000, ha habido una creciente penetración de capital europeo que no tiene ningún tipo de restricción pero sí libertad de atropellar las leyes domésticas en materia de DH, medio ambiente y trabajo46. Un ejemplo de impunidad con que opera este capital es la compañía alemana Continental Tire (Hulera Euzkadi), que cerró en diciembre 2001 una de sus dos plantas en México sin obtener la autorización previa para hacerlo, como lo estipula la legislación mexicana. El gobierno no reprobó la ilicitud con que se condujo la empresa. Peor aún, cuando los trabajadores decidieron irse a huelga el 22 de enero de 2002 para oponerse al despido, el gobierno apoyó el argumento legal de la empresa, de que la huelga era ‘improcedente’. Sólo hasta el 17 de febrero de 2004 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró existente la huelga...47

introducción

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Los Estados tienen la responsabilidad ineludible de procurar que las empresas que tienen su sede en su territorio y están bajo su jurisdicción, no contribuyan a la violación de los DH en terceros países; responsabilidad que no han asumido hasta el momento. Las trasnacionales (ET) se muestran reticentes a asumir cualquier responsabilidad vinculante sobre DH en los países donde operan y lucran. En este contexto, es obvio que la posibilidad de utilizar la cláusula como un mecanismo de denuncia para casos y situaciones conculcatorias de DH, los “asusta” y “desalienta” pues la lógica de la ganancia es absurda. De tal suerte que al anunciarse la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado de ALCUE en Guadalajara, las ONG’s –como reconoce Velasco- “Enfocamos nuestro trabajo a promover una dimensión positiva de la cláusula democrática en el marco del impacto del Acuerdo Global y el TLCUEM sobre los DH”. Sin embargo, el Acuerdo encontró “fuerte resistencia por parte del Gobierno mexicano”. Y Jalisco no se queda atrás en esta actitud irresponsable, como aquí se patentiza y demuestra.

Faltando aún mucho para lograr que la cláusula pueda ser usada como herramienta eficaz para respetar y promover la cultura de nuestros DH, las ONGs plantearon previamente a la Cumbre de mayo de 2004: Hacen falta acciones afirmativas a favor de los DH. Una muestra de lo anterior sería el apoyo por parte de los Estados parte del Acuerdo a las Normas sobre las responsabilidades de las ET y otras empresas comerciales en la esfera de los DH, aprobadas en la Subcomisión para la Promoción y Protección de los DH de la ONU en agosto de 2003. En su resolución expresa ‘la necesidad de reafirmar el carácter central y la primacía de las obligaciones de los DH en todos los sectores de la gestión pública y el desarrollo, inclusive las políticas, acuerdos y prácticas internacionales y regionales en materia de comercio, inversión y finanzas48.

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En este contexto de estrechar y fortalecer lazos en el área comercial donde es más fuerte la presencia de los EU –principal competidor de la UE-, se inscribe la Cumbre de ALCUE y del Encuentro Social Enlazando Alternativas, cuyo programa preparado con meses de antelación daba un idea de las problemáticas y posibilidades en juego. Presentamos de manera esquemática actividades y organizadores, a fin de que los lectores del presente normen su criterio sobre el carácter pacífico, académico e imparcial del evento, y más en un momento como el actual en que las autoridades locales luchan por “la imposición de una visión legítima de lo que ocurrió al finalizar la Cumbre”, como afirma –con suma preocupaciónVelasco49, director del PRODH:

PROGRAMA: Foro sobre Género y Servicios. En Casa ITESO Clavijero. Organizan: REDGE, Comité de Mujeres de ASC, RMALC, CEJ y MMM-México.

Violencia y Militarización. En Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades/U. de G.. Coordinan: SERAPAZ, Movimiento Humanista, CIEPAC, Red contra el ALCA, RMALC u CAPISE. Neoliberalismo: Impactos, testimonios y alternativas. En el mismo CUCSH de la UdeG. Coordinan: RMALC, IMDEC y Convergencia.

Nuevas amenazas contra Cuba. Visión Latinoamericana y Europea.

Organiza: Paz con Democracia.

Las recomendaciones de la ONU como instrumento de ‘cohesión social’. En otro auditorio del CUCSH. Organiza: la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

PANELES: Discursos, mitos y realidades en las relaciones UE-América Latina y el Caribe. Auditorio Salvador Allende, CUCSH (U. de G.). Responsables: CIFCA-CNCD Bélgica, RMALC-México, Confederación Europea de Sindicatos (CES-España), REBRIP-ASC y FAL (Francia). Modera: Enrique Valencia (ITESO/UdeG).

Claroscuros de la integración regional: Política, economía y cooperación. En el mismo auditorio (otra hora). Responsables: MERCOSUR (FOCO-Argentina), Redes Uruguay (TNI); Región Andina: Elizabeth Pe-

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redo (Bolivia), Coral Pey (Red Chilena); Centroamérica: Carlos Aguilar (C. Rica). Caribe: Camile Chalmers (Haití). Y México: Carlos Razo (UAM).

GRUPOS DE TRABAJO: Las relaciones UE-ALC bajo el Observatorio Social. En Auditorios S. Allende, CUCSH y Sindicato de Telefonistas. a) Deuda, inversiones y privatizaciones (ITESO, SME, CIFCA y Unión de Usuarios y Consumidores de Agua, Argentina); b) Monitoreo de multinacionales y DDHH integrales (Coordina: Manuel García Urrutia. Relator: Centro de DH ‘Fray Julián’. Expositores: Maureen Meyer (Centro PRODH), Miguel Jugo (FIDH-Perú), CILAS, Redes TNI, Euzkadi y FAL-ACME.; c) Agricultura y medio ambiente (Agro Mercados, CEJ, ANEC y REBRIP); d) Cooperación (NOVIB-CIFCA Holanda y REMTE Perú). Expositores: Equipo Pueblo, OXFAM Brasil y Nicaragua, Red Contra el ALCA Colombia y CIEPAC. Foro Sindical. En Euzkadi, FAT, SME, UNT y Frente Sindical Campesino.

Construyendo los espacios de convergencia entre ALCUE: Agendas comunes y estrategias de coordinación. Modera: RMALC; relator: Frente Auténtico del Trabajo (FAT.) Equipo de seguimiento de agendas y estrategias globales, convergentes con el Encuentro Social (ASC, Foro Social Europeo y FAL).

PLENARIAS: Para presentación del Plan de Acción.

Moderador: Martín Esparza o Ramón Aceves (SME). Participantes de cada región. Relatora: MMM-M Para aprobación del Pronunciamiento: Organiza Comisión de Pronunciamiento.

MOVILIZACION: Contingentes de los distintos grupos y sectores sociales (locales, nacionales e internacionales).

Presentación del Pronunciamiento” (no se pudo verificar ni lo uno ni lo otro por la violencia con que fue interrumpida y suspendida la marcha)50.

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manual contra la tortura en jalisco

Como podemos observar, el programa y su realización prescindía de actos de violencia y de adoptar medidas de seguridad en contra de posibles provocaciones. “Ingenuidad o falta de previsión, eso fue palpable. En la declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado se repitió: ‘El respeto a los principios democráticos y a los DH fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los DH, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo –manifiesta el jesuita Velasco-, mientras en las calles, avenidas y plazas del entorno inmediato una bien calculada y violenta provocación terminó con el “discurso” al chocar manifestantes, antimotines (algunos traídos de Puente Grande) y ciudadanos comunes. La fuerza de los golpes, toletes y gases disuasivos negó el sentido y objetivo de la Cumbre misma´.

El pronunciamiento del encuentro social “enlazando alternativas” que daría a conocer al final de la manifestación del viernes 28 de Mayo/04, el lider indígena boliviano Evo Morales –electo presidente con 54% de los votos el 20 de diciembre de 2005-51, cuya presencia en Jalisco pasa inadvertida52, y que los actos violentos suscitados impidieron difundir, lo reproducimos aquí como testimonio de respeto al derecho de libertad de expresión (desde entonces conculcado en nuestra entidad y ciudad): Los derechos de los pueblos están primero. El contexto es de graves retrocesos y amenazas para la autodeterminación de las naciones, los DH integrales y la paz, tanto en Europa como en América y en el mundo entero. Después de dos décadas de padecer las políticas neoliberales, AL sigue siendo la región del mundo con el mayor nivel de desigualdad. La extrema concentración de la riqueza y de la tierra se ve agravada por el costo de la deuda externa, los recursos dedicados al militarismo, la corrupción y la impunidad. Los tratados de libre comercio con EU no consiguen sino la integración a la hegemonía norteamericana que pretende culminar en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

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Los acuerdos bilaterales tanto en Europa como en AL son los mismos modelos que exacerban el desempleo y la precariedad laboral; y transforman en mercancías la salud, la educación, los servicios públicos, la cultura y la seguridad social, además de provocar la desaparición de la agricultura familiar a través de la Política Agrícola Común (PAC). Eso sucede sin que los pueblos de la UE hayan sido consultados. Ese es el modelo de ‘cohesión social’ que la UE pretende promover en AL y el Caribe. Desde la última cumbre de mayo 2002 en Madrid, los problemas económicos y sociales que se buscaba enfrentar siguen sin visos de solución.

La imagen de que AL y el Caribe pueden encontrar relaciones más benéficas con el UE que con EU a partir de la liberalización de los mercados, se contradice con la realidad. Lo que busca la UE es la ampliación de mercados para sus grandes corporaciones en servicios y compras gubernamentales, y garantías para sus inversionistas acuerdos que en lo económico y comercial no se diferencian de los que tienen con EU, consolidarían para las décadas futuras las prerrogativas de que las trasnacionales europeas ya gozan. Las actuales propuestas neoliberales de la UE hacia AL no representan una alternativa al ALCA. Más bien se apegan estrechamente a las medidas económicas recetadas por el FMI, el BM, el BID y la OMC. El acceso a los mercados agrícolas europeos se nota beneficioso para los grandes productores, y no necesariamente para los pequeños campesinos. Las organizaciones sociales y civiles de Europa, AL y el Caribe presentes en Guadalajara demandamos 1. Un pronunciamiento claro y enérgico de los gobiernos participantes de esta Cumbre contra las acciones bélicas y políticas unilaterales en Oriente Medio que atentan contra las convenciones y el derecho internacionales, contra la tortura criminal a los prisioneros de guerra en Irak, el fin del secuestro y tortura de los presos en Guantánamo.

2. Impedir el proceso creciente de ocupación militar en AL y el Caribe, donde constatamos cómo la violación de los DH se suma a la injerencia política, en especial en Haití, Colombia y Bolivia.

3. Realizar un esfuerzo para que los derechos de los pueblos tengan primacía sobre la liberalización comercial.

4. Poner fin al Plan Colombia y al Plan Puebla-Panamá.

5. Los países desarrollados deben cumplir el compromiso adquirido de destinar al menos el 0.7% del PIB a la cooperación para el desarrollo y buscar nuevas formas de redistribución de los ingresos orientadas a la lucha contra la pobreza, apoyo al desarrollo

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sustentable y la justicia social. La UE debe impulsar medidas para detener las transferencias de capitales y recursos de los países en desarrollo hacia los países industrializados.

6. Siendo la UE la primera acreedora externa de AL debe cancelar la deuda odiosa y renegociar la deuda externa pública bajo criterios de desarrollo sustentable.

7. La consulta a los pueblos de Europa (Constitución Europea) como a los de AL y el Caribe debe ser requisito indispensable de la cooperación entre las naciones (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los DESC).

8. Exigimos el reconocimiento legal y económico de la agricultura familiar campesina e indígena basado en el derecho, como sector productivo que no solamente garantiza la soberanía alimentaria sino también la preservación ambiental, la cohesión social, política y cultural de naciones y regiones. Utilizar libremente las semillas nativas y no permitir la coexistencia con organismos genéticamente modificados.

9. Exigimos la exclusión del proceso de liberalización comercial de los productos estratégicos para la alimentación de los países en desarrollo y para garantizar su soberanía alimentaria. Exigimos la eliminación de prácticas desleales de comercio a través de subsidios que respaldan precios de importación por debajo de los costos de producción.

10. El respeto a los derechos de las(os) trabajadores ratificando y cumpliendo los convenios de la OIT, sobre la libertad sindical, derecho de negociación colectiva, estabilidad en el empleo, prohibición de trabajo forzoso, de trabajo infantil. Exigimos que se detenga la tendencia a extender la jornada laboral y la precariedad en el empleo.

11. Rechazamos el modelo patriarcal que profundiza la inequidad hacia las mujeres, agudizando la violencia hacia las mujeres, agudizando la violencia a niveles dolorosos como el feminicidio en AL y Europa.

12. Rechazamos la exclusión ancestral de los pueblos originarios y afrodescendientes promoviendo el respeto a su autonomía, cultura y organización tradicional (Convenio 169 de la OIT, y los Acuerdos de San Andrés).

13. Rechazamos las patentes sobre los conocimientos ancestrales, los medicamentos y la diversidad biológica, ya que son los pueblos y las comunidades quienes conservan y promueven la biodiversidad, dentro del marco del derecho a su territorio... el

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saqueo de agua, la explotación de la tierra, la contaminación de los mantos acuíferos, la extracción de minerales y la expropiación de áreas verdes.

14. Exigimos detener los ataques a las jubilaciones y pensiones.

Y revertir la nueva ola de privatizaciones. Los bienes y servicios públicos (agua, tierra, biodiversidad, educación, salud, cultura, etc.) no son negociables.

15. Denunciamos la actitud de la UE de no admitir la condena a la Ley Helms-Burton. Por el contrario, la Cumbre debe demandar a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo que mantiene contra Cuba, que daña gravemente su autodeterminación, su economía y las condiciones de vida de sus habitantes; rechazar los nuevos planes de agresión contra Cuba anunciados por George W. Bush.

Guadalajara, México. 28 de mayo de 2004.

Luego de ocurridos los actos de violencia provocativa y represiva contra los manifestantes, el término del Encuentro Social y la Cumbre de Jefes de Estado los organizadores de “Enlazando Alternativas” han venido evaluando lo sucedido, cuyo efecto inmediato fue la no difusión del pronunciamiento. El director del PRODH dice al respecto: “la evaluación autocrítica que realizamos los organizadores del Encuentro Social nos permitió darnos cuenta de que la represión ocurrida, con todo el dolor e indignación que provocó, no nos aparta de las orientaciones fundamentales de lo que nos hemos propuesto. Expongo brevemente dicha evaluación: logros, retos y propuestas.”

LOGROS Gracias al Foro, gente de América y el Caribe conoció la experiencia de México en el tema con la UE. Buena participación y temática.

Hubo críticas implícitas a la cohesión social en las distintas mesas de trabajo.

Se logró insertar el tema UE en Organizaciones (ASC, sindicatos) y hay discusión de las propuestas.

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Salió un plan de acción.

Se desmitificaron los acuerdos comerciales.

Foro de Mujeres: Se partió de experiencias concretas, hubo buena participación.

La gente que participó en las mesas era altamente calificada.

Fue un espacio de apoyo para luchas concretas (Caso Euzkadi).

Buena participación en el Foro Sindical.

Buena cobertura de prensa (AMARC, página web).

RETOS Faltó enfocarse en el tema oficial “cohesión social”.

Faltó discutir las políticas de la UE (tierra), que son las mismas que las del Banco Mundial, vinculado a DH. Poca participación del público (no había estudiantes y fue en una universidad). No se llegó a la ciudadanía53.

Cómo se aterriza todo esto en las comunidades.

Faltó participación de organizaciones campesinas.

Poca claridad en la discusión sobre Observatorio Social, se puso en la mesa, hizo falta debatirlo Faltó profundizar la discusión con los sindicatos.

Hubo empalme de actividades, no se articularon los espacios.

Faltó participación de Europa (Alemania, Inglaterra y España).

Faltó previsión y organización en la marcha, información suficiente.

Faltó enviar un mensaje claro en la marcha. Faltó mecanismo de defensa legal (fue improvisado)54.

Enfrentar actitudes de rechazo total al diálogo con el Gobierno.

Evaluar si las marchas siguen sirviendo.

Se dejó de lado a los DESC. El equipo de comunicación fue rebasado por el trabajo, faltaron recursos económicos.

El tiempo se nos vino encima, el programa salió muy tarde.

PROPUESTAS: Mostrar la resistencia de las mujeres desde lo local, vinculando a lo nacional e internacional.

Formato de foros para los que ya trabajan el tema y los que no tienen antecedentes.

Discutir el Observatorio Social en México y la UE. Distinguir entre debate interno y el de las propuestas oficiales.

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Más trabajo en Europa, AL y el Caribe –por temas y sectores-.

Que más organizaciones estén desde antes en la ciudad donde se hacen los foros”55.

La sistemática negativa del gobierno de Jalisco a investigar las torturas y demás vejaciones cometidas contra manifestantes altermundistas y transeúntes durante la Cumbre del 2004, puso en duda la validez de ese compromiso internacional y evidencio a nuestra entidad como una de las mas pobres y atrasadas en la materia56.

Inspirada en la cláusula democrática que entró en vigor en México y la UE el 1º de octubre de 2000 con el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, la versión birregional contó con el respaldo del gobierno federal, cuyo equipo legal revisó acuciosamente el contenido de las dos páginas del texto que, pese a no ser vinculante, se comprometió a cumplir el ejecutivo jalisciense.

En una entrevista con la revista Proceso, el jefe de la Unidad Jurídica del Comité de las Regiones de la UE, el español Pedro Cervilla –único dentro del organismo que animó a Bore a aceptar el convenio con Jalisco-, lamenta el “ambiente político negativo” que en la UE ha generado la polémica sobre los detenidos en GDL. “Está claro que lo de Guadalajara no ayuda si queremos que este acuerdo llegue a tener una aplicación práctica”. El reportero le pregunta: “Y usted, que tanto hizo porque se aceptara el convenio con Jalisco, ¿cómo se siente ahora?”. La respuesta: “Personalmente, mal. Si no se respetan los principios democráticos, el acuerdo sería papel mojado y el problema sería, en todo caso, con el tratado de asociación en sí mismo, ya que nos movemos dentro de ese marco”. El corresponsal de Proceso en Bruselas refiere: “Ramírez Acuña devolvió a México al radar europeo de los países con problemas de DH. Durante la administración Fox, el país ha sido objeto de siete comunicaciones en las que miembros

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manual contra la tortura en jalisco

del parlamento europeo expresaron a la Comisión Europea –Poder Ejecutivo de la comunidad- su preocupación por supuestos incumplimientos a la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre México y la UE. Pero las posturas de los europarlamentarios nunca fueron tan directas como ahora. El mismo día en que Amnistía Internacional manifestó la primera de una serie de condenas a las autoridades de Jalisco (pasado 8 de junio/04), el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea envió una carta al presidente Fox expresándole su ‘profunda indignación por las brutales violaciones a los DH’ ocurridas en GDL. Se lee: “En el Parlamento Europeo hemos sido informados de manera detallada de cómo una manifestación pacífica –con pocos desbordamientos por parte de unos manifestantes- ha sido reprimida de manera indignante, con el uso de armas de dispersión no convencionales como gas pimienta, gases lacrimógenos potenciados y espuma tóxica, aunado al uso de toletes para golpear a los y las participantes. A eso se suman arrestos arbitrarios, llevados a cabo con violencia totalmente innecesaria, mientras los detenidos no oponían resistencia alguna. Toda persona joven o vestida de manera no convencional era objeto de represión policial”. Y concluye: ‘Consideramos particularmente grave que en un Estado con el cual tenemos un acuerdo de asociación con cláusulas expresas al respecto de los DH, se proceda a la tortura física y psíquica de detenidos ilegales, que se obligue a las mujeres detenidas a desnudarse y a que se amenace de violarlas, que se niegue a los detenidos agua y alimentación varios días, así como cuidado médico y sanitario, y la comunicación con un abogado’. Y enlistan sus exigencias, entre las que figuran ordenar la libertad inmediata de los manifestantes detenidos por ejercer su derecho de protesta, que se garantice su integridad física y que se establezca qué autoridades están implicadas en los hechos, se les destituya de sus cargos y se les castigue. Así mismo, piden que ‘se indemnice a las víctimas por los daños materiales y morales inflingidos’...57

2. ¿Qué es la tortura?

Marco conceptual del derecho internacional de los Derechos Humanos. Tipos y modalidades.

El torturador se degrada porque su falta absoluta de respeto a la víctima se vuelve contra él y lo deshumaniza. El horrendo espectáculo de la tortura apenas tiene algo de humano, porque el hombre que es víctima ha sido convertido en cosa por los administradores de su dolor, y éstos se transforman en seres diabólicos que fueron hombres antes de perder su dignidad.

F. Tomás y Valente

A

los efectos del presente informe, definimos la tortura en los términos que utiliza y establece la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de diciembre de 1985, y obligatoria en nuestro país a partir de su entrada en vigor el 22 de junio de 1987, cuyo artículo 2º la define sin agravantes como: ... todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier [59]

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manual contra la tortura en jalisco

otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica...1

Las palabras con que se le define en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (1984) y ratificadas en el “Protocolo de Estambul” (2001) por la propia ONU, complican el asunto a las víctimas y a los ciudadanos comunes, pues se añade al concepto enunciado el adjetivo de que deberán ser actos “graves” (aspecto subjetivo, que ha propiciado la impunidad e inaplicabilidad de la prohibición en muchos casos): Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas2.

El Protocolo señala el meollo de tan grave violación: Su objetivo consiste en destruir deliberadamente no sólo el bienestar físico y emocional de la persona sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Inquieta a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor3.

Sin duda, tras los violentos acontecimientos de la “Cumbre de Guadalajara” se esconden grupos de poder que pretenden el mismo objetivo. Aunque el Derecho Internacional de los DH y el Derecho Humanitario Internacional prohíben la tortura

¿qué es la tortura?

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en cualesquier circunstancia, la misma y demás malos tratos se practican en más de la mitad de los países del mundo4, incluyendo el nuestro5.

Comencemos, así pues, a descifrar con las claves adecuadas la grave situación que arrancó con el excesivo despliegue de seguridad (abril 2004), se desarrolló en los excesos informativos e inusitada violencia entre “manifestantes”, no manifestantes y “policías antimotines” el 28-29 de Mayo en Guadalajara, prosiguió con el procesamiento de los detenidos en violación a las garantías del debido proceso legal6, se violentó con el “Informe Especial” del titular de la CNDH y la controversia posterior, misma que aún no concluye, pues aún prevalecen versiones encontradas y simplistas. ¿Es posible un mundo sin tortura ni enfrentamientos como los que afloraron en la pasada “Cumbre”?. ¡Claro que es posible!. Pero lo primero que es necesario es cambiar el “chip” de la población. Las autoridades copan y dominan los medios de comunicación, difunden la idea de que la tortura es mala pero que no lo es tanto cuando se aplica a los “enemigos” (así fueron y son presentados los “globalifóbicos”). No hacer excepciones a los DH es un objetivo de los organismos públicos y las ONG’s que luchamos por la abolición y consecuente erradicación de la tortura en nuestro mundo globalizado.

Con Emili Chalaux, presidente de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Catalunya) afirmanos: El día en que los gobernantes sepan dialogar con los grupos de la oposición, y las consultas y el diálogo popular primen sobre las imposiciones, no necesitarán la tortura como medio de gobierno para reducir a sus opositores o para arrancarles confesiones.

El día en que los ciudadanos(as) seamos capaces de reaccionar contra la tortura de una manera masiva y escuchemos más a las personas detenidas que denuncian tortura (los gobernantes siempre niegan que se dé en sus fuerzas de seguridad), se habrá iniciado la erradicación de la tortura.

La tortura, como la guerra, son quizá las lacras más perversas a erradicar7.

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Todo lo anterior es importante pues a nuestro parecer, los excesos que vivió nuestra ciudad durante la fallida “Cumbre” del pasado 28-29 de mayo, tienen qué ver con la práctica de una de las diversas modalidades de tortura, esto es: la aberrante “tortura política”. En México –por fortuna- disponemos de una amplia y bien fundada bibliografía que documenta su realidad, estructura y “modus operandi”8 actualmente.

Sobre la ancestral historia y evolución tecnológica de la tortura en Europa y, como consecuencia de la conquista española y portuguesa, de su implantación en América a partir de los remotos siglos XV-XVI, remitimos al lector del Informe al ya clásico libro del abogado y criminalista francés ALEC MELLOR: “La Tortura” (1949) –fuertemente atacado-, que mereció el beneplácito del Papa Pablo VI, entonces cardenal Montini9, cuya raigambre ética e histórica compartimos, pues arranca su trabajo con una pregunta crucial que nosotros aquí repetimos y hacemos nuestra, desde tierra jalisciense: ¿Puede existir una causa más justa, más imperiosa y más urgente, en nuestros días, que la abolición de la tortura, para que un hombre íntegro asuma su defensa?... Y es que la tortura, que no fue abolida en Francia hasta 1780 por Luis XVI, ha vuelto a tomar, cautelosamente, arteramente, derecho de ciudadanía.

Procedente del Este (en lo que tiene de más lejano, de más inexorable, de más retrógrado), importada por los nazis que la practicaron con tantos patriotas, y con el escalofriante concurso de ciertos franceses puestos a su servicio para enriquecerla con abominables recursos de su imaginación, al retirarse la ocupación, nos la dejó en herencia bastarda10.

Tal “herencia bastarda” –por desgracia- todavía mina la imagen, vida y unidad de Francia, considerada por los ingenuos y positivistas la “patria de los derechos humanos”, pues a raíz de la reciente difusión de un documental y libro de la periodista Marie Monique Robin, su país se ha visto encarado con su propio pasado: el de los métodos de guerra sucia desarro-

¿qué es la tortura?

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llados por sus fuerzas armadas, los cuales legitiman el uso de la tortura. Se trata de la llamada “doctrina francesa”, que fue exportada incluso a medios castrenses de EU y Latinoamérica. El documental y el libro de Robin llevan el mismo título: “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”11 y habrá que estudiarlos, pues parece que en nuestro país y entidad tiene discípulos y apologetas, teóricos y prácticos, como veremos más adelante. Ya en Argentina obtuvo su mayor “éxito”: aniquilar la subversión, esto es la disidencia (obrera, intelectual y popular), en sólo tres años.

Esta “doctrina” es influyente, pues en ella aprendieron los estadounidenses a tratar a los presos de Al Qaeda en Guantánamo, a los insurgentes en Irak o los rusos en Chechenia; y tiene adeptos en varios altos dirigentes policíacos y militares mexicanos, formados en su principal escuela contrainsurgente del continente, conocida por “Escuela de las Américas”, en la zona del canal de Panamá, que integró y perfeccionó esta doctrina12. No sólo es francesa, sino eurocéntrica, por lo que los hispanistas de todas las latitudes la adoptaron desde pequeños en su “educación católica” y en sus familias patriarcales. Sobre la evolución e impacto universal y regional, de la doctrina europea y norteamericana de la tortura, recomendamos una lectura rigurosa del libro de Lewis Lyons, Historia de la Tortura. De los albores de la humanidad a nuestros días (2005), con notables imágenes, datos y fuentes13.

En mayo del 2004, las más céntricas avenidas de Guadalajara escenificaron uno de sus ensayos más dramáticos, mientras en las antenas y pantallas de TV los operarios del arte de la mentira política14 –para fortuna de los DH, en creciente deterioro por los “niveles de bajeza”-, completaban la faena para “informar” y “modelar” una opinión pública contraria no sólo a los manifestantes altermundistas y sus reales intenciones y propuestas, sino a la verdad histórica y jurídica.

La lucha por la imposición de una visión “legítima” de lo

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que ocurrió al finalizar la Cumbre ha sido una constante que acapara el interés público (local, nacional e internacional), político, mediático y social.

La tortura es sólo un aspecto de la represión a las protestas altermundistas en todo el mundo, desde que comenzaron en la ciudad de Seattle en 1999. De los tipos o modalidades más comunes de tortura ya hablamos en la introducción (página 9). Ahora veamos su epidemiología y de las técnicas cada vez más sofisticadas que utilizan sus “promotores” (los represores).

3. Métodos de tortura Epidemiología y tecnología mortífera de un delito de lesa humanidad.

Caín, ¿qué has hecho de tu hermano?

La voz de la sangre grita desde la tierra hasta mí.

Génesis 4,10.

L

a epidemiología es el “tratado de las epidemias”. Se sabe que las epidemias son “enfermedades que se propagan durante algún tiempo por un país –o una región o varios países- dañando y matando a gran número de personas”1. Nos tomamos la libertad de modificar la definición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia porque sólo habla del “país” y utiliza la palabra “acometiendo”, la cual nos resulta inadecuada; y optamos -con modestia- por los términos dañando y matando. Todos sabemos –a veces por experiencia propia- que las epidemias suelen aflorar con la fuerza suficiente para poner en jaque a gobiernos y sistemas de salud de los países ricos, no por las mermas que producen en sus habitantes (por lo común, privilegiados), sino por los daños y secuelas que ocasionan en los países empobrecidos (Sur), subordinados al proceso de globalización cuyas pautas son impuestas desde el Norte (industrializado) del planeta.

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La tortura en México y Jalisco, es una epidemia extraordinariamente resistente y destructiva, que se instaló y ha transitado por nuestra historia y geografía dejando –a su paso- una estela de dolor, traumas y muerte, imposibles de olvidar o ignorar2.

Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad (1950), nos recuerda las raíces, síntomas y trastornos más significativos en la identidad de los mexicanos, como resultado del proceso que nos permitió ser república, sin haber dejado de ser colonia; ser demócratas sin haber renunciado a ser víctimas; ser “libres” sin haber dejado de ser esclavos de la autoridad en turno3. La realidad e inclinación a la violencia ha sido parte consubstancial de nuestra historia nacional, y ahi la tortura siempre ha estado como un flagelo o una maldición para todos, pero sobre todo los de abajo.

Esta epidemia funciona –desde antiguo- no sólo a partir de una ideología o concepción falsa del hombre, con ingredientes “religiosos” o “rituales” a conveniencia de quienes la imponen politicamente, sino a través de una serie de herramientas y técnicas que las autoridades hegemónicas (coloniales, independientes, centralistas, federalistas, porfiristas, postrevolucionarias, presidenciales: priístas y/o panistas) han utilizado en beneficio del control social, del sistema de dominacion con su poder y privilegios minoritarios, para castigar, dominar o sojuzgar a las clases o grupos sociales considerados “sediciosos”, “holgazanes”, “agitadores”, “delincuentes” y, últimamente, peligrosos “globalifóbicos”, según su propio criterio e ideología. Los métodos o técnicas que se exponen a continuación son las que se utilizan ampliamente hoy en México, y con especial virulencia e inhumanidad en Jalisco, no sólo para torturar adultos, sino también a jóvenes e incluso a infantes4. Ni los propios policias escapan a la tortura y los tratos crueles e inhumanos que golpean a ciudadanos y jovenes5. Los métodos son sencillos –violencia bruta, junto con el uso de instrumentos sencillos, como bolsas de plástico, fuentes de energía eléctrica e inodoros-, pero

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al mismo tiempo perfeccionados, ya que están concebidos para dejar un mínimo de huellas o marcas. A veces son mortales. Ya no estamos en la época del México colonial (siglos XVI a XIX) en que los inquisidores y psicópatas utilizaban el “potro”, la hoguera, la excomunión y el cadalzo para sancionar y estigmatizar a fornicarios, bigamos, corsarios, brujos, nigromantes, herejes y disidentes (blasfemos, herejes y protestantes), mediante un sistema judicial que preservaba la estructura ideológica (imponía la “ortodoxia” y unidad) del catolicismo medioeval, obediente “a ciegas” del Rey y el Sumo Pontífice. La década en que la Iglesia y el Estado crearon la maquinaria formal del Santo Oficio (1520-30) en América (“Indias Occidentales”, según ellos), es parte de un pasado que no volverá, pero aún subsiste entre nosotros como epidemia o plaga aplicada –a discreción- por modernos y católicos “inquisidores”.

La violencia y la simulación que el sistema de dominación requiere para sobrevivir la imponen y exigen, como Francisco Ramírez A. y antes Carlos Rivera A., dos gobernadores de partidos e ideologías aparentemente opuestas, la utilizaron –abierta o solapadamente- en sus períodos, para sus propios fines (no los del pueblo).

Por ello es que al referirnos aquí y ahora a la tortura, esto es, a una política pretérita que pervive –subrepticia, pero eficazmente- en la postmodernidad del mundo globalizado y del México democratizado, luego de las elecciones federales de julio del 2000, tenemos que referirnos a las siguientes técnicas o métodos de represión y castigo a los nuevos “disidentes” y supuestos “enemigos”:

Paliza6 Son uno de los métodos más habituales. A menudo comienzan en el mismo momento de la detención y las denuncias se refieren casi siempre a los interrogatorios iniciales bajo custodia

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policíaca. También se sabe que son una práctica común en varias prisiones del país. Jalisco no ha sido una excepción, sino un modelo7.

Las palizas incluyen dar todo tipo de golpes, como bofetadas, puñetazos y patadas en partes sensibles del cuerpo como la cara, el abdomen y los genitales; golpear con palos, toletes y culatas de armas; flagelar con cuerdas y cinturones, o retorcer o pellizcar en los pezones. Una variante más elaborada de este método es el “teléfono”, que consiste en propinar golpes simultáneamente en ambas orejas; puede provocar la ruptura de los tímpanos y daños permanentes en la audición de la víctima.

Muchas de las lesiones causadas por las palizas sanan sin dejar cicatrices permanentes. Sin embargo, las víctimas sufren incapacidades que son permanentes y algunas palizas han sido mortales. Entre los casos emblemáticos encontraremos algunos ejemplos de tal extremo. La mayoría de los servidores públicos involucrados no han sido procesados por tan aberrante práctica delictiva.

Tehuacanazo El nombre de este método de tortura viene del refresco embotellado Tehuacán, una popular agua mineral con gas. Después de las palizas, es la forma de tortura y abajamiento más denunciada en nuestro país. El “tehuacanazo” consiste en introducir a la fuerza en las fosas nasales de la víctima esta agua con gas, normalmente mezclada con polvos de pimiento picante, lo que produce una irritación sumamente molesta e inclusive dolorosa de los conductos nasales y dificultades para respirar.

Una variante de esta técnica es la introducción de agua corriente en la nariz de la víctima con una manguera a fuerte presión de salida.

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Asfixia Es un método de tortura bastante común y a veces tiene consecuencias mortales. Dos son las técnicas principales:

En la “bolsita”, también conocida como el “submarino seco”, se pone una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima y se ata alrededor del cuello, lo que provoca el ahogamiento. A veces se envuelve primero la cabeza de la víctima con un trapo mojado, o se introducen pimientos picantes en la bolsa. Para aumentar el sufrimiento de la víctima, se le propinan golpes en el abdomen.

El “pozole” o “pozoleado”, también conocido como el “submarino húmedo”, provoca la asfixia de la víctima al sumergirle la cabeza en agua. A menudo el agua contiene desechos, y a veces heces fecales y orina, por ejemplo cuando se utilizan inodoros. En ocasiones también se añaden al agua agentes irritantes como pimiento picante en polvo u otras substancias como cloro.

Tortura eléctrica Tiene un uso muy generalizado en México. Normalmente se aplica con una picana eléctrica, la “chicharra”, en partes sensibles del cuerpo como los ojos, dientes o encías, lengua, pezones y genitales, o –en otro casos- con cables conectados a una fuente de energía eléctrica y que suelen atar a los pies o manos de la víctima.

A veces se ha aplicado la electricidad tomada directamente de fuentes domésticas normales. Para aumentar la intensidad de la tortura eléctrica se suele arrojar agua a la víctima o sumergir a ésta en un recipiente con agua, o en un aljibe. Los efectos médicos de la tortura incluyen dolores agudos, convulsiones, traumatismos múltiples, quemaduras y paro cardíaco.

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En Guadalajara, el refinamiento es peligroso pues Luis Carlos Nájera Gutiérrez, un torturador que pasa como eficiente Secretario de Seguridad Publica municipal (en adelante: SSPG), logra introducir –sin haberse autorizado ni reglamentado previamente por el Ayuntamiento ni el Congreso- para equipar a sus subordinados, 10 pistolas eléctricas no letales marca “Taser X26”, prohibidas en varios países e incluso Amnistía Internacional ha señalado que su uso ha ocasionado la muerte, a quienes reciben las descargas paralizantes de 50,000 voltios. Nájera viaja –con recursos públicos- en junio de 2006 durante dos semanas a Virginia (EU), donde participa en el “Seminario Ejecutivo de Desarrollo en la Aplicación de la Ley”, impartido por el FBI estadounidense. El alcalde tapatío interino, Ernesto Espinoza Guarro, quien suplió en noviembre/05 al Alcalde Emilio González Márquez, a raíz de su postulación como candidato del PAN al Gobierno de Jalisco (2007-12), justifica la ausencia: “Tiene que ver precisamente con su actividad, con estrategias policíacas, con todos los avances tecnológicos que hay en la materia para la defensa de los ciudadanos”8. Antes de su viaje, Nájera se comprometió con influyentes sectores empresariales y comerciales de Guadalajara, a aplicar “medidas contundentes” para revertir encuestas desfavorables en materia de seguridad pública9. La contundencia que Nájera promete al sector privado, consiste en que las Taser inmovilizan mediante descargas eléctricas a quien las recibe, y son aptas para ser utilizadas en áreas confinadas, como rastros, zoológicos y cárceles (caso de motines).

A su regreso, Nájera provoca la sorpresa y la indignación al introducir, sin previa autorización –justificada y motivada, en la SSPG 10 pistolas Taser para uso experimental en la corporación. Sin embargo, deseoso de llevar a la práctica las enseñanzas tomadas en Virginia teje una maniobra “dilatoria” para encubrir –en lo posible- la fechoría, pidiendo al Síndico Municipal, Gustavo González, que presente en septiembre de

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2006 un dictamen favorable a la compra de 100 pistolas, con 800 cartuchos. Este logra la autorización inicial del Cabildo para justificar su uso en la corporación10, pero antes de permitir el uso en las calles, el Municipio consulta su opinión técnica a la Asociación Médica de Jalisco (AMJ) y a la CEDHJ, pues se entera de riesgos. La CEDHJ se pronuncia en contra del uso, pues se comprobó que en personas con padecimientos cardíacos o bajo el influjo de drogas, las descargas eléctricas producen graves secuelas.

Al ostentar elementos de la SSPG las pistolas durante el festejo del pasado 15 de septiembre, en evidente desacato al compromiso previo, protesta el regidor Javier Contreras Gutiérrez (PRI), presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, quien lamenta el “desprecio al acuerdo”: “las portaron, pero no las usaron. El compromiso era que la policía esperaría el resultado de la reunión que tendríamos para conocer el dictamen definitivo”. Ante la provocación de la SSPG, Contreras decide ampliar la consulta a especialistas médicos, juristas y OSC, así como suspender su uso experimental, para definir una postura congruente que permita determinar si las pistolas serán usadas o no. Se plantea la posibilidad de revocar la compra11 y presenta una Iniciativa de Ordenamiento Municipal para reglamentar el uso de las pistolas, con fecha 28 de septiembre12. Hasta la publicación de este manual, la controversia no concluye, pues el 5 de octubre, el presidente de la Comisión Legislativa de DH del Congreso, Alberto Maldonado Chavarín, presenta en el pleno un punto de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento tapatío “reconsidere el uso de las pistolas por parte de los cuerpos policíacos”, mencionando en la exposición de motivos: En su dictamen la AMJ estableció que: no existen estudios de investigación científica de tipo analítico, para determinar los daños a la salud por descargas eléctricas de

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50 mil voltios en seres humanos, así como posibles secuelas a corto, mediano y largo plazo, no obstante lo anterior y de que múltiples organismos, incluyendo Colegios de Abogados y la CEDHJ, se pronunciaron en contra de este tipo de aparatos, el Gobierno de la Ciudad autorizó su uso.

Hace algunos días el Director de la Policía de GDL señaló que ya se habían utilizado de manera exitosa los aparatos, lo que no informó el funcionario es que el supuesto `peligroso delincuente´ en quien se realizaron las primeras descargas, era un joven que se encontraba jugando en la calle de su casa y que al decir de sus vecinos, no representaba ningún peligro para la comunidad. Al joven le propinaron una primera descarga que según señalan testigos le produjo un gran dolor que se reflejó en fuertes exclamaciones de sufrimiento; a esa descarga siguió una segunda que lo dejó inconsciente. Algunos familiares hablan de que incluso tuvo un paro cardíaco, que no pudo ser corroborado inmediatamente porque al personal del puesto de socorros le impidieron el acceso.

Ante estos hechos, es evidente que la autorización para el uso de este tipo de armas fue inadecuada, ya que no se han realizado los estudios necesarios para valorar la conveniencia de su uso, e incluso ni siquiera se cuenta con un reglamento que regularice su utilización. Al respecto cabe señalar que al menos algunos protocolos, establecen que las descargas solo podrán utilizarse contra personas que lleven armas blancas, con quienes tengan rehenes o con quienes muestren intenciones suicidas. Ninguna de estas hipótesis se dio en la agresión a la primera víctima de las pistolas Taser X26. El primer caso de uso de pistolas eléctricas en GDL no fue exitoso y solo permitió mostrarnos el inminente peligro que representan los elementos inexpertos que las portan…

Acuerdo Legislativo.- Gírese atento oficio al Gobierno Municipal de GDL, solicitándole respetuosamente la suspensión inmediata de uso de las pistolas…13

La respuesta del Alcalde tapatío y la SSPG fue inmediata: “aunque la comuna no tiene una reglamentación al respecto, la iniciativa para contar con una norma legal sobre la utilización de las armas está en proceso”. Espinosa Guarro manifiesta desconocer el punto de acuerdo en el Congreso y estar

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dispuesto a entregar la información que los legisladores requieran sobre las Taser X26. La negativa que antes desató la polémica con la CEDHJ, al pedir la suspensión de su uso, se repitió ante la postura del Congreso 14. La polémica sobre este nuevo instrumento de tortura que pretende ser utilizado en la capital de Jalisco por la SSPG, se finca en que las pistolas fueron compradas a doble precio15; en que el Congreso las considera un nuevo “elemento de tortura que en nada ayudará a mejorar la seguridad de la ciudad”16; en el empecinamiento del Alcalde tapatío que soslaya datos de AI según los que hay más de 70 muertes ocasionadas por estas armas letales en EU y Canadá, entre 2001 y 2004, pues lo importante es que con las Taser “se protegerá la vida de los presuntos delincuentes al no ser letales y se podrá tener una posibilidad más de combatir la delincuencia”17. Durante un breve lapso, la CEDHJ y el Ayuntamiento de GDL convinieron en suspender su uso18; pero luego de volver Nájera como titular de la SSPG, a intervenir en su defensa19, el debate continúa20. Mientras, los policías usan las pistolas letales como nuevo “equipo”, pese a la queja del primer jalisciense que sufrió una descarga en la CEDHJ21 y las airadas protestas públicas de algunos ciudadanos.

Tortura psicológica Las sesiones de interrogatorio van acompañadas con frecuencia de actos de intimidación y amenazas de distintos tipos, emitidas por la voz misma del victimario o de algún reproductor de sonido y luz. Los interrogadores dicen con frecuencia a los detenidos o “retenidos” que –si no cooperan- los harán desaparecer o los matarán. Otras veces se les amenaza con represalias contra sus familiares, como la violación de sus hijas o la muerte de sus hijos o cónyuge22.

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Quemaduras de cigarro Este método de tortura consiste en la aplicación de cigarrillos o puros encendidos sobre la piel de la víctima, lo que produce dolorosas quemaduras y pésimo aspecto. El certificado médico de una víctima menciona –a veces- decenas o treintenas de quemaduras de este tipo.

La sesión va acompañada de preguntas, groserías y exigencias, y la víctima a veces es quemada mientras duerme para “forzarla a volver a la pinche” realidad intimidatoria.

Abuso sexual Aunque los ataques o abusos sexuales no constituyen un método de tortura muy utilizado durante el interrogatorio de detenidos o “retenidos”, se han denunciado casos de mujeres o jóvenes a quienes se ha amenazado de violación, previamente se le ha obligado a desnudarse estando bajo custodia o la mirada de los captores. En el sótano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las mujeres detenidas (connacionales y extranjeras) luego de la “marcha” altermundista manifestaron haber sido obligadas a realizar sentadillas, una y otra vez, al capricho y gusto de los captores, lo cual atenta contra su dignidad e integridad moral.

Por otra parte, los custodios o guardias de algunas prisiones municipales, estatales o federales en Jalisco (Puente Grande e Islas Marías) han sido –al parecer- responsables de casos esporádicos de acoso o de violación sexuales tanto contra reclusos como reclusas. También se han denunciado abusos sexuales en zonas rurales del Estado, como parte del procedimiento para obtener y firmar una “confesión” de hechos que presuntamente inculparían a la víctima en responsabilidades punibles.

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Pollo rostizado Esta técnica consiste en suspender a la víctima largo tiempo de una barra metálica o de madera por tiempo prolongado, al que previamente es forzado a sujetarse. Con las muñecas atadas a los tobillos y las rodillas dobladas, se coloca una barra entre las rodillas y los brazos, de donde se cuelga a la víctima, lo que causa un intenso dolor y lesiones en músculos, tendones y articulaciones.

Una variación de este método consiste en colgar de las muñecas a la víctima esposada, de forma que los pies apenas toquen el suelo, lo que crea tensiones similares en las muñecas.

Durante los regímenes militares del Cono Sur, fue un método predilecto utilizado por los militares para maltratar a los perseguidos políticos ya sometidos a su férreo control; y se denominó con el nombre de “Pau de Arara”, cuya sola mención y recuerdo estremece hoy todavía a miles de sobrevivientes.

Antorcha Consiste en aplicar directamente a la piel de la víctima una llama producida con papeles ardiendo, encendedores, soldadura u otros instrumentos análogos, una y otra vez hasta alcanzar la confesión o “firma” de documentos prefabricados con que se quiere forzar a la víctima a reconocer los hechos que se le imputan o aceptar responsabilidades ajenas.

Según consta en los Informes específicos o anuales de la No Gubernamental Amnistía Internacional (por sus siglas: AI, con sede en Londres) sobre nuestro país, los diversos métodos de tortura descritos se utilizan a menudo combinados, siendo la práctica más habitual la de propinar palizas acompañadas o seguidas de “tehuacanazo”, la “bolsita”, descargas eléctricas y torturas psicológicas23.

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Tortura de posiciones En el resumen del Informe Especial de la CNDH sobre la “Cumbre de Guadalajara”, que Soberanes dio a conocer personalmente a los medios informativos nacionales el pasado 16 de agosto, en Ciudad de México, refiere otra forma que la normatividad jurídica internacional ha venido adoptando, pues refiere al término de la página 28 y en el primer párrafo de la 29: No pasa desapercibido para esta Comisión Nacional que dentro de los métodos para torturar, tal como se refieren en el capítulo V, letra D, numerales 4 y 7 del Protocolo de Estambul, en el Manual para Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de la Oficina del alto comisionado de los derechos humanos para las naciones unidas,

se comprenden las denominadas torturas por posición, de la cual se precisa que existen muy diversas formas, todas éstas dejan o no dejan señales exteriores, o signos radiológicos, pese a que después son frecuentes las graves discapacidades crónicas. Todas las torturas de posición atacan directamente a tendones, articulaciones y músculos:

El mantenimiento de la posición de pie forzada, y esta misma posición, pero sobre un solo pie, de pie o con los brazos y las manos estiradas a lo largo de una pared;

La posición forzada y prolongada en cuclillas o la inmovilidad forzada en una pequeña jaula”.

Al respecto, es importante destacar que el trato que recibieron las personas detenidas y que pudo ser corroborado con las evidencias de que se allegó esta CNDH corresponde a lo descrito en el Protocolo de Estambul, en cuanto a las secuelas que produce la tortura cuando se presentan casos tales como aislamiento, restricciones del sueño, alimentos, agua, instalaciones sanitarias, baño, atención médica, contactos sociales y pérdida de contacto con el mundo exterior, concluye el doctor Soberanes.

Según recientes –como extemporáneos- comunicados de la CEDHJ, dados a conocer por su Primer Visitador entre el 5 y 7 de diciembre de 2004, la tortura persiste en Jalisco, pero

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ahora con métodos más “científicos”, pues en 137 quejas en trámite se han documentado “al menos 29 técnicas de cómo se lleva a cabo (...) en la Procuraduría de Justicia” (124 le corresponden, lo que equivale al 90% de los casos)24. A pesar de las medidas internacionales, nacionales y estatales que se han implementado contra dicho delito, en Jalisco “se han documentado 461 quejas en contra de elementos de diversos cuerpos de seguridad, que no han sido resueltas ni sancionado a los culpables”25.

Lo que sorprende a nuestras organizaciones civiles es que en el primer semestre de 2002, el presidente de la CEDHJ, como parte de su campaña en el anómalo proceso legislativo que lo llevó al cargo (período 2002-07), consideró a la Procuraduría como una dependencia “libre de tortura”, pues así le convino para acceder a un cargo al que legalmente estaba inhabilitado, pero estaba acostumbrado (permaneció como interino desde que en abril de 2001 la señora Morfín terminó su cuatrienio).

Asombra más todavía, porque Barba García, es funcionario de la CEDHJ desde 1994, y sabe perfectamente que la dependencia del Gobierno Estatal que encabeza –sin falta, año con año- la lista en los Informes anuales del organismo público son funcionarios de dicha fiscalía, sin que haya podido ni sabido revertir tantos excesos en agravio de millares de víctimas y quejosos a quienes se ha negado el acceso a la justicia penal y a la verdad dentro de diversos procesos e indagatorias, gracias a la subcultura de la tranza y la corrupción en la que siempre ha operado. Y finalmente, es molesto lo anterior pues apenas entra a discusión en el Congreso el presupuesto de egresos del Ejecutivo para el año 2005, el titular de la CEDHJ se mueve con singular denuedo para quejarse de los pocos millones (46.8) que el proyecto del Ejecutivo contempla para el organismo, yendo incluso personalmente al Congreso a pedir 60.2 millones, a través de la Comisión

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Si con el mismo empeño hubiese resuelto algunas de cientos de quejas que permanecen en sus visitadurías desde el 2001, en etapa de “investigación” y se refieren a prácticas prohibidas como la tortura y otros tratos crueles, sin duda otra suerte hubiese tenido la manifestación pacífica del 28 de mayo en la “Cumbre” y no estaríamos hoy envueltos en la confusión suscitada luego de las contradictorias versiones sobre la violencia, pues las autoridades involucradas hace tiempo habrían dejado sus cargos o hubiesen sido inhabilitados para trabajar dentro del servicio público, o en todo caso estarían hace tiempo tras las rejas de alguna de las hacinadas prisiones del Estado o de “Puente Grande”, o los nuevos ceinjures26.

En su comparecencia del 7 de diciembre ante diputados del Congreso, molesto por el “bajo presupuesto”, contradijo declaraciones anteriores al asegurar: “no se puede mencionar que tenga autonomía e independencia la CEDHJ, como lo marca la ley, cuando una comisión está sujeta a un presupuesto”27. El actual “ombudsman” argumentó con números; sin embargo, son éstos los que lo muestran en su ineficiencia burocrática y lo condenan a otra suerte (al final del informe, véase el cuadro evaluativo que –producto28 de una investigación sustentada en documentos oficiales de la CEDHJ de la primera década- realizó la Red Jalisciense de Derechos Humanos, apenas en julio del 2003, muestra otro panorama.

Sin duda, al licenciado Barba se le complicó el tema del presupuesto, con motivo de que dejando de lado su acostumbrado “bajo perfil” y en respuesta a todas las presiones y evidencias que han ido emergiendo luego de la controversia sobre si hubo violaciones a los DH en y luego de la “Cumbre”, finalmente el pasado 3 de noviembre sentenció: “La tortura sigue siendo, lamentablemente, una práctica común en Jalisco, pese a la negación sistemática que sobre esa realidad hacen en la Procuraduría”29. Contrariar las afirmaciones del gobernador cuesta caro30.

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Tibiamente, el proceso de emancipación de Barba (y CEDHJ) respecto al control del Gobierno del Estado comenzó el 3 de junio anterior, cuando publicó a “inserción pagada” un comunicado oficial31 dirigido a la opinión pública donde puso en tela de juicio la verdad “oficial” respecto a los antecedentes, sucesos y secuelas de la “Cumbre” (“exitosa” para Ramírez Acuña y el Alcalde tapatío), y se plegó a la postura –relativamente “autónoma”- de la CNDH y decenas de ONG que apuntaban a la necesidad de investigar el fondo del caso, pues la realidad era diferente a la “creada” mediante el arte de la mentira política.

Sin embargo, para entender el grave problema de la tortura y otras prácticas delictivas equiparables, que amenaza a los jaliscienses y a otras personas que transitan por la entidad, es menester que acudamos a las fuentes y enseñanzas abundantes de la historia comparada, pues lo acontecido en la violentada “Cumbre” no es sino el primer asomo –a niveles amplios y serios- de la punta de un “iceberg” que está incrustado en un mar de complicidades, actos de corrupción y delincuencia organizada a las que las autoridades locales y estatales no han querido o podido sustraerse.

4. Antecedentes históricos de la tortura Aquellos que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo...

George Santayana.

A

diferencia de la tortura comúnmente practicada en México –la policíaca y la judicial-, la de tipo político no se ha utilizado en forma generalizada sino selectiva, en contra de opositores activos o potenciales, y de sus manifestaciones más comunes, habiendo sido utilizada en Jalisco por las autoridades coloniales, liberales, porfiristas, maderistas, obregonistas, post-revolucionarias –“constitucionalista”del PNR/PRM/PRI y, aquí y ahora, por las autoridades del “Gobierno del cambio” encabezado por el PAN en diversas ocasiones –durante el fenecido milenio-, esto es, contra grupos considerados real o potencialmente “enemigos” del sistema (establisment) En lo que va del actual milenio y nuevo siglo XXI, el caso más preocupante tiene que ver precisamente con los excesos que devastaron los trabajos y resultados de la pasada “Cumbre de Guadalajara”, donde el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento mostraron los extremos a que pueden llegar, pese a su legado “humanista”, respecto a sus adversarios –reales, potenciales y/o imaginarios-.

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En tal evento se observó un repunte inusual de la práctica de la tortura como método de investigación, represión y castigo político, vulnerando física y psicológicamente la dignidad, la integridad personal, la salud, la seguridad jurídica y los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación de las víctimas.

Advierte la CNDH en su Informe que ...si bien es cierto, las personas que participaron en las marchas con motivo de la Cumbre ejercieron su derecho a manifestarse, algunas omitieron el deber de observar la ley y los ordenamientos legítimos de las autoridades, también lo es que los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara, del Estado y de la Procuraduría de Justicia de Jalisco, no sólo ejercieron su labor rebasando los límites de la fuerza pública, sino que además incurrieron en la violación a los derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad física, la legalidad y la seguridad jurídica de las personas y omitieron cumplir con el deber conferido como integrantes de las corporaciones policíacas a las cuales se encuentran adscritos, al haber realizado prácticas abusivas contra de los particulares, cometidas bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores...1

Sin embargo, vayamos por partes para comprender la magnitud del suceso.

4.1. Orígenes remotos de la tortura: Cómo se instaura y prevalece en México.

La tortura es parte esencial de un régimen de gobierno que utiliza –una y otra vez- el derecho de la fuerza, en vez de constreñir su actuación a la fuerza del derecho.

Esa voluntad destructora que encarna y reproduce la tortura, y que ha persistido hasta nuestros días, viene a México a través de la sistemática expoliación de la Conquista iniciada aquí en el año 1523, cuyo trauma psico-social no ha desapare-

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cido y se ha transmitido por generaciones a través de la “herencia colonial”, mezcla del autoritarismo eurocéntrico y del patriarcado indígena, del “encuentro” de dos mundos (como se denominó al V Centenario del choque de las culturas y civilizaciones Ibérica e Indoamericana, en los siglos XV y XVI).

No se equivoca el psicoanalista Raúl Páramo al tipificar a esa carencia de memoria y proclividad a la violencia de los mexicanos –Jalisco incluido- como el “Trauma que nos une”2, pues devastó nuestras raíces económicas, políticas y culturales, y generó una actitud próclive a la violencia, la mentira o la evasión.

A los habitantes originales de México, dicho trauma llegaría no tanto con el desembarco de Hernán Cortés y sus compañeros en Veracruz en 1521, cuanto con la tristemente célebre toma de Tenochtitlan, capital del imperio azteca-mexica3.

Luego de caer Tenochtitlan, los españoles someten a duro “tormento” al último emperador azteca, Cuauhtémoc, como representante de los vencidos, hasta causarle la muerte. Los ideólogos del hispanismo justifican su fatídica tortura con los siguientes datos y simplismos: El tormento de Cuauhtémoc tiene su origen en el triste y natural deseo que tenían los soldados de hacerse ricos con la conquista, y más por los continuos peligros de muerte a que estuvieron expuestos en tantas batallas. Pues he aquí que, terminada felizmente la conquista, se encuentran llenos de heridas y con una ganancia de 50 o 60 pesos los de a pie y 80 los de a caballo. Hay que considerar que antes de repartir el miserable botín entre los soldados, Cortés había apartado las joyas de más valor para ofrecer un regalo al rey… Se explica el descontento de los soldados, quienes murmuraban de Cortés (…) es claro que Cortés perdió autoridad al ponerse al tú por tú con sus enemigos, y que no logró con ello sino hacer crecer el número de murmuradores y descontentos…. El tesorero real Alderete –nos da noticia Bernal-, acusa a Cortés de que se reservaba el quinto del botín, como de que estaba en connivencia con Cuauhtémoc para ocultar el tesoro… Alderete lo amenazaba

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con llevar el asunto al rey si no se decidía a dar tormento a Cuauhtémoc para que éste declarase dónde había escondido los tesoros.

Ya sabemos que la autoridad de Cortés nacía del acto de insubordinación contra Diego Velásquez y de la elección que de él hicieron las tropas en la Villa Rica de Veracruz, como justicia mayor y capitán general. Es posible que si Cortés hubiera contado ya con nombramiento real se hubiera atrevido a hacer frente a los soldados y al tesorero. Pero en las críticas circunstancias en que se hallaba, tuvo miedo, cedió y ordenó, mal de su grado, el tormento.

Aunque Bernal Díaz estuvo siempre descontento del reparto de botín, la nobleza de su corazón vencía en él a la codicia. Es interesante escucharle: `los oficiales de la hacienda del rey decían que Guatemuz tenía escondido el tesoro y que Cortés holgaba de ello.., por esta causa acordaron dar tormento a Guatemuz y al señor de Tacaba, que era su primo, y ciertamente mucho le pesó a Cortés y aún a algunos de nosotros que a un señor como Guatemuz le atormentasen por codicia del oro´… Cortés, como dice Torquemada, `mandó quitar a Cuauhtémoc del tormento, con imperio y despecho, teniendo por cosa inhumana y avara tratar de tal manera a un rey´… aplicaron a Cuauhtémoc el tormento del aceite hirviendo.

Cortés mandó que cesare el tormento apenas Cuauhtémoc hizo la más leve indicación, y ordenó luego a Cristóbal de Ojeda que curase las heridas del último rey azteca, las cuales no debieron ser de importancia, pues poco después paseaba a caballo Cuauhtémoc y a pie acompañó a Cortés en la desdichada expedición a las Higueras… Cortés así pues dio muestras de un humanitarismo superior al de su época… Si había crueldad, era la propia de la época; pero nunca hubo anti-indigenismo. Y llegamos con esto al hecho más trágico de la vida de Cortes: el sacrificio de Cuauhtemoc –dice Vasconcelos, ardiente defensor de Cortes- es la mancha mayor sobre la fama de Hernan Cortes. Y no tiene otra excusa que el miedo.

Unicamente el miedo lo lleva, lo mismo al guerrero que al criminal comun, a la triste condicion de homicida… El cacique de Tacuba dijo que entre el y Guatemuz –señala Bernal al analizar sus declaraciones- habian dicho que valia mas morir de una vez que morir cada dia en el camino, viendo la gran hambre que pasaban sus maceguales y parientes… Y sin haber mas probanzas, Cortes mando ahorcar a Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo (…) E fue esta muerte que les dieron muy injustamente, e parecio mal a todos los que ibamos…4

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Hasta aquí con la primera imagen de la tortura en nuestro pais. Con el arribo a nuestro territorio (Xalisco), por lado de Colima, de los conquistadores Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, Alonso de Avalos y Francisco de Buenaventura (julio de 1523), pero sobre todo de Nuño Beltrán de Guzmán, un depredador originario de Guadalajara (Castilla, España5), designado “Gobernador de la Provincia del Pánuco” (1527), que incursiona a nuestro territorio por el lado de Michoacán (diciembre de 1529) a la cabeza de 500 peninsulares, mil indios y 3 misioneros, doblegando uno a uno los ‘reinos’ o ‘Señoríos’ indígenas del Occidente (hoy parte de Michoacán, Colima, Jalisco, Tepic, parte de Guanajuato y Zacatecas, hasta el Sur de Sinaloa), inicia la devastación y el tormento de 43 etnias, entre las que destacan purépechas, tarascos, cocas, tepejis, coras, huicholes, chichimecas, náhuas y cazcanes.

Con las armas y la intriga, el engaño y la “cristianización” del nuevo mundo, Nuño conquista y somete, se apropia del territorio, reduce y esclaviza a sus habitantes, imponiéndoles penas y un trato cruel, inhumano y denigrante, como jamás se ha visto en esta región. Bartolomé de Las Casas da cuenta de sus tropelías en varias obras que –a manera de denunciaremite al Rey y al Papa, a través de las “Cortes de Indias”: En el nuevo mundo, los españoles han hecho más estragos con la intriga que con las armas...6 ... harto lo testifican todas las provincias de Nicaragua, Guatemala, gran parte de la de México, toda la de Goazacualco y Tabasco que hervía de gente, toda casi totalmente la de Pánuco, de la cual sin otros muchos escribió el arzobispo de México al Real Consejo, haber enviado el tirano cruel que allí tuvo cargo de destruirla, llenos de gente, 28 navíos; toda también la de Jalisco, donde el gobernador hizo herrar en las caras, sin otros infinitos que él y los españoles que con él están, hicieron y vendieron por esclavos de los indios de aquella provincia, 4,560 hombres y mujeres, y niños de un año a las tetas de sus madres, y de 2 y de 3, o de 4 o 5 años, y otros muchos de 14 años abajo, y algunos saliéndole a

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recibir en paz, y estando prohibido por prohibiciones reales que ya que algunos se hiciesen esclavos, ninguno se hiciese de 14 años abajo; y esta licencia que hiciesen los de 14 años arriba, dábase por las falsísimas y fraudulentas informaciones que al Consejo hacían los tiranos.

Porque nunca hubo causa justa en todas las Indias para hacer uno ni ningún esclavo: hase de entender que todos los susodichos estaban en sus tierras pacíficos, y aunque les salieran de guerra, la tenían justa contra él y contra ellos...7

En sus originales dibujos de la “La Conquista del Antiguo Oeste mexicano... o de cómo se conquistó Jalisco” (1994), Manuel Falcón plasma un momento culminante cuando se refiere a la “entrevista” –en tierras michoacanas- entre el lugarteniente de Nuño -Pedro A. Chirinos- y el gobernante de los tarascos, Caltzontzin, y las desmedidas ambiciones de riqueza y poder del “Gobernador de la Provincia del Pánuco”, cuya manifestación más violenta relata en las escenas, donde ambos cabecillas se encuentran, chocan y destruyen (1529).

Como contraportada de esta segunda imagen de la TORTURA y aniquilamiento del supremo gobernante tarasco8, aparecerá como venido de otro mundo el abogado, humanista y primer obispo de Michoacán Don Vasco de Quiroga, quien consagrará sus mejores esfuerzos pastorales y humanos9, a fin de conocer y pacificar a los tarascos y purépechas después de las atrocidades de Guzmán y sus secuaces, evangelizándolo mediante una laboriosa defensa de sus DH y la fundación de los pueblos-hospitales de la Concepción, evitando su extinción y asegurando la sobrevivencia de su cultura. Nuño no se conformó con el trágico destino que impuso a Caltzontzin (la muerte mediante tortura y ejecución extrajudicial), sino que además promovió un juicio en su contra “por idolatría, sacrificio y sodomía” ante el Santo Oficio de la Inquisición10, instaurada en la Nueva España (entre 1522 y 1530)11 y erradicado por las Cortes de Cádiz en 181912.

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Otro antecedente remoto, pero significativo, que conviene traer al Informe, lo refiere el célebre historiador Miguel Leon-Portilla, cuando se da el “encuentro” –auténtico choque entre invasores e invadidos- entre las tropas de Nuño y el pueblo cazcán, encabezado por la familia y corte del señor Tenamaxtli (1505-1558), jefe y gobernante, en el año 154041, luego de una serie de abusos y crímenes –“comportamientos nada edificantes de personajes bien conocidos”, dirá León-Portilla- contra los que justa e indignadamente se levantará la más grande y conocida rebelión indígena del siglo XVI contra la dominación española en toda la Nueva España, al grito del jefe cazcán que convoca a la necesaria resistencia y guerra contra el ejército de sátrapas y depredadores que Nuño encabezó como ningún otro peninsular.

El historiador recoge la versión o crónica de un indígena –testigo presencial- que funge como intérprete para atraer a los aborígenes a la trampa, e identifica a los sublevados como “chichimecas” y describe el “operativo” con que Cristóbal de Oñate (fundador de nuestra ciudad) hizo “sentir a los indios la grandeza de sus nuevos señores”, a fin de esclavizarlos y someterlos a los caprichos de Beltrán: ...el capitán Domingo de Arteaga, por disposición de Oñate, quería escarmentar a un grupo de chichimecas, atrayéndolos con engaños para luego infligirles un castigo ejemplar... Primero, vinieron a coger a los chichimecas; los llevaron con las manos atadas a Tepic... luego llevó a los chichimecas a la cárcel. Allí luego algunos murieron de hambre. Y cuando quiso ahorcarlos, me mandó que hiciéramos cuerdas para colgarlos. Allí Domingo (de Arteaga) hizo que me desmayara; mucho nos afligió a mí y a los nobles señores e intérpretes...Así en verdad los compramos (traicionamos) a los chichimecas...13

El alzamiento es conocido de dos maneras: “Guerra del Miztón” o “rebelión chichimeca”, provocará no sólo la muerte del capitán Pedro de Alvarado, el arrogante Tonatiuh (conquista-

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dor de Guatemala), sino la descomunal expedición bélica del virrey Antonio de Mendoza, para sofocar a los rebeldes que –incentivados por la caída de Alvarado- asediarán Guadalajara en varias ocasiones y seguirán en lucha por siglos14.

Fray José de Angulo y el cronista Antonio Tello reconocerán en 1556 que “fueron los abusos de los españoles los que motivaron la rebelión”, y que Tenamaxtli era un “hombre que defendía a su pueblo y al verse atacado, optó por ausentarse y huir, luchando contra la guerra injusta por cerca de 11 años15. Luego de una tregua obtenida por el primer Obispo efectivo de Guadalajara, Pedro Gomez de Maraver (1547-1551), con el Virreinato, Tenamaxtli viaja –encadenado- hasta España (1555), y acude a las Cortes de Indias a defender su causa, contando para ello con el apoyo como abogado defensor del propio Las Casas “Protector Universal de Indios”, hasta su muerte (1566). Tenamaxtli relata ahí las causas de la rebelión (guerra justa): Don Francisco Tenamaxtle, cacique o tatoan (gobernante) de la provincias de Nochistlán y Jalisco... He sido enviado a estos reinos de Castilla ... preso y desterrado, solo, desposeído de mi estado y señorío y de mi mujer e hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad por mar y por tierra, padeciendo muchas afrentas, injurias y persecusiones... No ha bastado haberme hecho los españoles tantos daños irreparables, haciéndome guerras injustas, crudelísimas, matándome en ellas muchos de mis vasallos y a mis parientes y deudos... El principio de estos daños y agravios recebidos fue un don Nuño de Guzmán que primero vino a mis tierras, siendo yo señor de ellas, no reconociendo a otro señor en el mundo por superior... Porque yo no quise sino salir de paz, mandando a mis gentes recibiesen a los españoles... Y púsonos a mí y a mis gentes, y a muchos otros caciques y señores, en el acostumbrado cautiverio y servidumbre que los españoles llaman encomiendas, repartiendo a cada español los pueblos y vecinos como si fueramos bestias del campo...

Las injusticias y crueldades que un Juan de Oñate y Cristóbal de Oñate y un Miguel de Ibarra que hizo capitanes cometieron en

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aquel reino, no pudieron ser vistas ni pensadas. Ahorcaron 9 principales señores, otros deudos míos, nobles y vasallos principales porque por las vejaciones y azotes y palos, y otros diversos malos y crueles y no sufribles malos tratamientos que recibían los comunes vecinos indios, no pudiendo más sufrir tanta impiedad y maldad, huíanse a los montes... No habiendo justicia ni remedio acordé también huir con la poca gente que me quedaban por salvar a ellos y a mí... porque si no huyera yo también, con la misma injusticia y crueldad, fuera ahorcado.

Este huir, y esta natural defensa, muy poderosos señores, llaman y han llamado siempre los españoles, usando mal de la propiedad de los vocablos, en todas las Indias, contra el Rey levantarse16

En España, saldrán en defensa de los indios y demás esclavos los dominicos de la “Escuela de Salamanca” (Domingo de Soto y francisco de Vitoria) y los tratadistas de la “Compañía de Jesús” (Luis de Molina, Juan de Mariana y Francisco Suárez) –principal antecedente del Ombudsman Hispanoamericano-, conocidos como teólogos juristas españoles17 que argumentaron vehementemente por la dignidad y viabilidad de las culturas sometidas (tal es el fundamento de su teoría y práctica jurídica) para combatir el exterminio, el confinamiento, la esclavitud y el destierro de pobres e indios como contrarios a la fe y al “Derecho Natural”18. Acabada su lucha en el terreno de las armas, Tenamaxtli se ve en ocasión de proseguirla en el campo del derecho. Asiste a la corte de Valladolid, donde emprendio una singular batalla juridica19. En ella describe los atropellos y crímenes sufridos por el mismo y por su pueblo a manos de quienes les habian prometido amparo y cristiandad, por causa de resistirse a la dominacion española20.

El teólogo De Soto argumenta: “De aquí se colige que en pedir por Dios, el que verdaderamente pobre ninguna culpa ni crimen comete, no hay por qué echarle a ningún lugar”21.

Un hecho distintivo en la historia de Guadalajara y de la Nueva Galicia que provino de esta tradición jurídica de los “defensores de indios” tiene relación estrecha con la fundación

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de hospitales tanto para naturales como para los demás grupos étnicos, es que la población indígena de esta parte de la Nueva España permaneció en niveles muy bajos por un largo período.

La “conquista realizada por Nuño de Guzmán con una brutalidad excepcional (1531-32)”22, pesó enormemente en la configuración del mestizaje y en la resistencia indígena a la dominación impuesta por los invasores. El historiador Juan B. Iguíniz refiere que como consecuencia de tales excesos, sobrevivieron grandes y frecuentes levantamientos de los indios, destacando el de 1540, reprimido por el virrey Antonio de Mendoza23, que fue extremadamente riguroso con masacres de prisioneros, deportación de esclavos y destrucción de poblados, que agravaron los efectos de las razzias de Nuño de Guzmán y contribuyeron a hacer de la Nueva Galicia una región de baja población indígena por un largo período24.

A tal grado pesa en la conciencia de algunos cronistas excepcionales tal “trauma” y la “figura” tormentosa de Nuño, que no ha faltado entre ellos quien ha sustentado que “si Nuño viviese, sería narco”25. Y es que además de la guerra y la devastación de poblados indígenas, las epidemias causaron una gran mortalidad y fueron un “flagelo” frecuente en la vida y costumbres de los jaliscienses colonizados26, el recuerdo de Nuño es revivido cíclicamente por sus seguidores: los autócratas y déspotas del pasado siglo y del nuevo Milenio.

Finalmente, conviene decir que históricamente la tortura siempre ha caminado a la par de la esclavitud y toda forma de servidumbre27, así como de prácticas inquisitoriales como las que victimaron al propio Jesucristo28 y todavía observamos en la Jerarquía de la Arquidiócesis de Guadalajara29.

4.2 La tortura en el sistema jurídico mexicano: Desfase respecto al Derecho Internacional de Ios Derechos Humanos.

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El proceso de evolución del sistema jurídico mexicano que vino a culminar el 6 de Junio de 1990, con la creación –por decreto del presidente Carlos Salinas- de la primera CNDH, especie de “Ombudsman” nacional, no fue resultado de ninguna concesión o generosidad del Estado hacia la sociedad, sino producto de una dolorosa y difícil coyuntura, suscitada luego del atroz asesinato en Culiacán, Sinaloa, de la abogada y activista de derechos humanos Norma Corona Sapien, presidenta de la No-Gubernamental Comisión para la Defensa de los DH en Sinaloa, abatida a tiros el 21 de mayo de 199030 por un grupo de pistoleros no identificados, que luego de las investigaciones, resultarían ser elementos de la policía federal judicial adscritos a la PGR (Combate Antinarcóticos).

En reacción tardía a ése y otros desmanes ocasionados por la “violencia oficial”, la CNDH es fundada por mandato del Ejecutivo Federal31, comenzando a operar con relativo éxito el 22 de Enero de 1992, en que debido al gran volumen de quejas ciudadanas contra múltiples abusos de autoridad en todo el país, el Poder Legislativo Federal incorporó al “Ombudsman” a la Carta Magna mediante la reforma al artículo 102 apartado B, publicada el día 28 de Enero de 1992, en el “Diario Oficial de la Federación”32. ¿Cuándo se instauró en nuestro país la tortura?. ¿Por qué no se ha podido erradicar?. Sin la historia comparada es imposible contestar ambas preguntas. Como hemos visto ya, llegó con las expediciones de Conquista de nuestro territorio y el sometimiento de las culturas originales.. Con ellas se instauran formas de dominación serviles que diezmaron de manera dramática a los pueblos aborígenes que pre-existían a la llegada de los ibéricos peninsulares... y que en las actuales circunstancias aún no desaparecen, pues conviven elementos del viejo régimen colonial en las instancias del actual régimen democrático, atenazado por un modelo Neo-liberal excluyente que conculca masiva y sistemáticamente, a veces desapercibidamente, los DH individuales y colectivos patrimonio del pueblo.

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El jurista jalisciense de Quitupan, ex presidente de la AJDH y exconsejero del IFE, José Barragán Barragán, producto de su trabajo al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U. de Guadalajara, publicó en agosto de 1993 un trabajo académico sobre las etapas por las que ha pasado la tortura en nuestro país, señalando dos cruciales: A) Etapa en la cual estaba legalizada la tortura: Ciertamente estuvo legalizada durante una larga etapa histórica de la tradición jurídica, a la que está adscrito el Derecho mexicano. Por ejemplo, todo el título XXX de la Séptima Partida está consagrado a la regulación de los tormentos. Allí se nos explica lo que es el tormento, cuántas clases podían aplicarse, el modo de aplicarse y su valor en juicio. Así la ley I de este título decía que tormento era: ‘una manera de prueba que fallaron los que fueron amadores de la justicia para escodriñar, e saber la verdad por el, de los malos fechos que se fazen encubiertamente, e non pueden ser sabidos, ni probados por otra manera.

Luego pondera la importancia de los tormentos: ‘E tiene muy gran pro para cumplir la justicia’. Más adelante, al hablar de las clases y después de reconocer que existen muchas maneras de atormentar a los reos, dice que existen dos clases principales: La una se faze con heridas de azotes.

La otra es colgando al hombre que quieren tormentar de los brazos, e cargándole las espaldas, e las piernas de lorigas, o de otra cosa pesada.

En la ley II de este mismo título, se indicaba quién era la persona competente para ordenar la aplicación de tormentos, para decir cuándo y dónde debía aplicarse y para determinar la clase de tortura a aplicarse. La persona competente no era otra sino el juez: ‘Tormentar los presos no debe ninguno sin

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mandamiento de los juzgadores ordinarios que han de poder fazer justicia.

En honor a la verdad, debo aclarar que la Séptima Partida, cuyas normas estamos comentando, prohibía que se aplicara a los menores de 14 años, a las mujeres embazadas, así como a las personas que pudieran gozar de ciertos privilegios reales, como eran los maestros y altos personajes del Reino. La tortura es una medida de excepción, lamentablemente muy usada por algunos tribunales, como el de la Sagrada Inquisición, sin duda porque en cuestiones de fe sólo el tormento podía debilitar a los procesados y así justificar lo que muchas veces no tenía ninguna justificación.

Este régimen perduró exactamente hasta el día 22 de abril de 1811, fecha del famoso decreto que los prohibió”, en las célebres “Cortes de Cádiz”33.

B) Etapa histórica en la cual ha estado prohibida la tortura: En efecto a partir de la fecha citada, ha estado prohibida la tortura, ya que este decreto, así como otros varios, dictados como medidas complementarias para la protección de la libertad de la persona humana, han estado siempre en vigor en México y, en mi opinión, siguen hoy en día, vigentes. Para entender mejor la importancia y contenido de este decreto, vamos a transcribirlo íntegramente: He aquí el texto: Las Cortes generales y extraordinarias, con absoluta unanimidad y conformidad de todos los votos declaran por abolido para siempre el tormento en todos los dominios de la monarquía española, y la práctica introducida de afligir y molestar a los reos, por los que ilegal y abusivamente llamaban apremios, prohiben los que se conocían con el nombre de esposas, perrillos, calabozos extraordinarios y otros, cualquiera que fuese su denominación y uso, sin que ningún juez, tribunal, ni juzgado, por privilegiado que sea pueda mandar imponer la tortura, ni usar de los insinuados apremios,

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bajo la responsabilidad y la pena, por el mismo hecho de mandarlo, de ser destituídos los jueces de su empleo y dignidad, cuyo crimen podrá perseguirse por acción popular; derogando desde luego cualesquier ordenanzas, leyes, órdenes y disposiciones que se hayan dado y publicado en contrario.

Muy rara vez emplearon aquellas Cortes, en las que se encontraban 21 diputados de lo que luego sería México, el pleonasmo de aprobar “con absoluta unanimidad y conformidad de todos los votos.

En cuanto a su contenido.- No obstante su inmensa claridad, conviene destacar algunos principios de que consta esta ley, para entender mejor su significación y su alcance b.1 Sobre el papel de los Jueces Notemos bien, cómo todo el proceso penal lo inicial y lo concluye el juez: ninguna persona podrá ser detenida, ni molestada, sin previa autorización u orden suya, salvo únicamente los casos en que se sorprende al autor de un delito in fraganti y aún en este caso de excepción debía ser tratado con absoluta corrección y presentando de inmediato el reo al juez competente.

Hoy en día, de conformidad con las prácticas judiciales mexicanas, el juez pasa a un segundo plano, apareciendo el Ministerio Público y su policía judicial como el iniciador y director de los procesos y, desde luego, de las averiguaciones y de la aplicación de la tortura. Esto, a nuestro modo de ver, es absolutamente inconstitucional: ni el M.P. por sí solo, ni sus policías pueden detener a nadie sin la orden previa del juez, salvo el mismo supuesto tradicional del delito in fragranti.

Claro que entre nosotros se llega –con frecuencia-, al extremo de fabricarle ese mismo ilícito en el mismo momento en que es detenida arbitrariamente la persona. La colaboración del juez llega incluso a una simple complicidad.

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b.2 Prohibiciones absolutas.

Otro principio digno de destacarse es el prohibir de manera absoluta todo género de apremios, de torturas y de molestias, cualquiera que sea su denominación y su uso y respecto a todo ser humano, sin excepción de ninguna clase.

En cuanto abuso de poder, la Ley del 24 de marzo de 1813 ‘para hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos’, tipifica el abuso de poder por parte de los jueces de varias formas y, entre éstas se tipifica el fallo contra una ley expresa.

Esto es, la Constitución prohíbe la tortura en los procesos penales, el ordenarla y aplicarla por parte del juez, supone un fallo contra lo dispuesto en la Constitución y lo hace acreedor a perder su oficio y a resarcir de daños al agraviado.

También se castiga en esta misma ley al que ‘hace mal uso de su oficio’. En general, esta disposición es ampliamente reforzada por las previsiones de un famoso decreto de 1821 llamado de conspiradores, que así llamaba a quiénes violaban algún precepto de la Constitución.

El apremio, la tortura, la simple molestia causa acción popular y es motivo de responsabilidades y penas, para el juez por el mismo hecho de mandarlo y para cada uno de los agentes que hayan intervenido. Y fuera del ámbito del poder judicial se castiga el abuso del poder. La prohibición de la tortura se hace, pues, por su intrínseca crueldad, por lo propia ilicitud, en opinión de estas Cortes de Cádiz”.

Compartimos el criterio de Barragán, cuando sustenta que la “prohibición de la tortura es una medida complementaria”, esto es que resulta ineficaz sino va junto con otras garantías y recursos jurídicos adicionales: La tortura representa un ataque violentísimo contra la integridad física de la persona, contra su integridad moral (represión espiritual); o por decirlo en una sola expresión, contra su dignidad y libertad. La tortura suele presentarse generalmente asociada con algunos otros ilícitos, como por ejemplo:

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a). La previa detención arbitraria, b). El confinamiento en lugares y sitios de castigo no oficiales ni autorizados desde el punto de vista de la Constitución; c). El secuestro o plagio de personas, estén o no detenidas, para extraerlas de la custodia judicial (en el caso de los presos) y así atormentarlos a discreción, etc Por todo ello, la prohibición de la tortura en 1811 no fue en modo alguno, una medida aislada, sino que formó parte de todo un sistema reglamentario de protección eficaz de la libertad personal. Dicho sistema, en efecto, contemplaba medidas para evitar la detención arbitraria; medidas para arreglar las cárceles; y, desde luego, medidas para hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad que pudiera incurrir en esta clase de delitos. b.3 Prohibición de la detención arbitraria.

El sistema de protección de la libertad personal decretado por las Cortes españolas de 1810-1813, en el que se inscribe el decreto de abolición de la tortura, tenía prevista también la prohibición de la detención arbitraria o ilegal. Es maravillosa la forma en que se prohíbe y son muy severas las penas con que se castigaba (...) El artículo 172 de la Constitución de Cádiz están restricciones al rey, como la de no privar a ningún individuo de su libertad (fracción XI). Luego en el artículo 287 se consagraba otra vez –de manera general- la misma prohibición, complementándose con lo dispuesto por los artículos 290 a 293, cuyos textos serán incorporados a varios decretos, como el llamado decreto de conspiradores del 30 de abril de 1821, citado como vigente en México en una causa de 1845.

Decía este Decreto terrible: 27° No pudiendo el rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle, por sí, pena alguna, el secretario del despacho que

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firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y uno y otro perderán el empleo, quedando inhabilitados perpetuamente para obtener oficio o cargo alguno, y resarcirán a la parte agraviada todos los perjuicios.

28° Es reo también el propio atentado, y sufrirá las mismas penas, el juez o magistrado que pretende prender o manda prender a cualquier español sin hallarle delinquiendo in fraganti, o sin observar lo previsto en el artículo 287 de la constitución.

29° Aténtase también contra la libertad individual cuando el que no es juez arresta a una persona sin ser in fraganti, o sin que proceda mandamiento del juez por escrito, que se notifique en el acto al tratarlo como reo. Cualquiera que incurra en alguno de estos dos casos sufrirá 15 días de prisión, y resarcirá al arrestado todos los perjuicios; y si hubiese procedido como empleado público, perderá además su empleo. Esta disposición no comprende a los ministros de justicia, ni a las partidas de persecución de malhechores cuando detengan a alguna persona sospechosa para el sólo efecto de presentarla a los jueces.

30° Comete el crimen de detención arbitraria: Primero: Cuando el juez, arrestado un individuo, no le recibe su declaración dentro de las 24 horas.

Segundo: Cuando le manda poner o permanecer en la cárcel en calidad de preso, sin proveer sobre ello auto motivado, de que se entregue copia al alcaide.

Tercero: Cuando el alcaide, sin recibir esta copia e insertarla en el libro de presos, admite algunoen calidad de tal.

Cuarto: Cuando el juez manda poner en la cárcel a una persona que dé fiador, en los casos en que la ley no prohíbe expresamente que se admita la fianza.

Quinto. Cuando no pone al preso en libertad bajo fianza, luego que en cualquier estado de la causa aparece que no puede imponérsele pena corporal.

Sexto: Cuando no hace las visitas de cárceles prescritas por las leyes, o no visita todos los presos, o cuando –sabiéndolo- tolera que el alcaide los tenga privados de comunicación sin orden judicial, o en calabozos subterráneos o mal sanos.

Septimo: Cuando el alcaide incurre en estos dos últimos casos, u oculta algún preso en las visitas de cárcel para que no se presente en ellas.

34° Todos los delitos contra la constitución, comprendidos en los 32 primeros artículos de esta ley, causarán desafuero, y los que los cometan serán juzgados por la jurisdicción ordinaria’.

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b.4 Sobre el régimen de las prisiones.

Nosotros hoy en día no somos siempre constantes ni consecuentes con los propósitos de humanización y rehabilitación de los presos -¿alude Barragán al fracaso del AIDRE?-.

Las cárceles, las penitenciarías, los centros de readaptación con mucha frecuencia terminan convirtiéndose en lugares de discriminación, de corrupción y de masivas violaciones a los DH, como lo ha reconocido hace unos días la CNDH respecto de la cárcel tampiqueña (...)

Vigencia de estos principios y normas.- En nuestra opinión – prosigue Barragán- tanto el decreto de abolición de la tortura de 1811, cuanto los decretos y órdenes sobre visita de cárceles, así como los relativos a la materia de la responsabilidad de los jueces y empleados públicos en materia de detenciones arbitrarias, visitas de cárceles y tortura, siempre han estado vigentes en México, porque nunca se han derogado expresamente, porque positivamente fueron declarados vigentes en muchas ocasiones con posterioridad a 1824, y porque lejos de contrariar las disposiciones dictadas después, las vienen a complementar.

Como prueba de su vigencia, citemos dos ejemplos: El 1° relativo al terrible decreto de 1821; y El 2° se refiere a la prohibición de los malos tratos, apreciada por las Cortes...

Problema actual de la tortura.- Prohibida la tortura, su aplicación en juicio o fuera de él, con órdenes de jueces, con su consentimiento o tolerancia, o al margen de ellos, ha sido siempre ilegal. Más aún, la práctica enseña que la tortura se aplica a espaldas del juez, sin su orden ni autorización: estamos ante una tortura no sólo ilegal, sino extrajudicial, que carece absolutamente de sentido probatorio, que se convierte lisa y llanamente en un acto de represión gubernativa de carácter político y,

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en el mejor de los casos, en un método cotidiano del quehacer de las procuradurías de justicia y de otros cuerpos gubernamentales, un método bárbaro, cruel e inhumano para obtener información de toda índole que eventualmente se hace valer en juicio, por la inmensa corrupción de los jueces”.

Para concluir, Barragán refiere acertadamente que la tortua se practica en México asociada a otros ilícitos: El acto brutal, inmisericorde de la tortura nunca se presenta aislado. De hecho, casi siempre precede una detención arbitraria, o un secuestro y varios ilícitos más, todos ellos graves y penados, entre otros ordenamientos por el mismo Código Penal vigente y, en sus lagunas, por el famoso decreto de 1821.

La Constitución vigente en su artículo 16, con meridiana claridad, prohíbe toda detención de una persona, si no está precedida de orden judicial, con la sola excepción del supuesto in fraganti.

Prohíbe también las simples molestias sobre la persona, la familia, la correspondencia, etc. Pues, bien no obstante esta inmensa claridad, que nunca será bastante para el gobierno que no entiende de leyes, las diversas policías practican cotidianamente detenciones arbitrarias, sin que preceda orden judicial alguna. Incluso, se tiene el firme convencimiento de que, para efectos de las averiguaciones, es legal esta clase de detenciones sin las correspondientes órdenes judiciales. Convencimiento absolutamente erróneo e inadmisible ante la inmensa claridad del artículo 16° constitucional (...) En el fondo de las cosas, la detención arbitraria es ya un acto de tortura, es una molestia, prohibida por dicho artículo 16°; en ese mismo fondo de las cosas, la no entrega inmediata del detenido al juez, el secuestro de personas a quienes luego se les atormenta, o su confinamiento en lugares no autorizados por el juez y el mal trato en las cárceles, son actos todos ellos de tortura...34

Para erradicar la práctica de la TORTURA y la ESCLAVITUD extrajudicial o gubernativa, primero en la antigua “Nueva Galicia” y luego en el México independiente, se levantará en armas el Cura de Dolores (1810-1811) quien encontró en Jalisco a un aliado importante35, donde publicará los “Bandos de Guadalajara”36 y el “Despertador Americano” que las

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proscribirán para siempre37. ¿Cómo previene y sanciona Hidalgo la tortura y servidumbre de que eran objeto común tanto esclavos como indios? A todo aquel que después de expedido el decreto continuara conservando esclavos sería castigado con la pena de muerte38. ha sido una constante en las prácticas e instituciones gubernamentales, pues permanece como una obsoleta institución del viejo régimen medieval/colonial a inicios del Tercer Milenio, aún a pesar de las legislaciones que en los siglos XIX y XX la prohibieron en Jalisco considerándola un “delito grave”, a saber: Cortes de Cádiz (1812): Destaca el sacerdote neogallego, Francisco Severo Maldonado y Ocampo, quien compaginó su interés por la teología, con la economía y la sociología, realizando un aporte extraordinario a la causa del anticolonialismo. Envió a Cádiz el primer esbozo de prohibiciones a favor de que imperaran los DH en el nuevo régimen independiente. En las proposiciones 2ª y 3ª del artículo 115 de su célebre “Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anahuac” (1823) encontramos principios del nuevo orden de justicia –exento de violencia- que pretende instaurar: “Todo hombre por derecho de la naturaleza está libre y exento de todo género de violencia, sin que ningún individuo más fuerte, o algún agente de la autoridad, tengan justicia jamás para inferirle fuerza sobre sus bienes y persona...”39 Primera Constitución: Apatzingán (1814): En sus artículos 28 y 37 estipula: 1° que “Son tiránicos y arbitrarios los actos exercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley”; y 2° que “A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública”40.

Constitución de 1857: Por primera vez se elabora un catálogo debidamente ordenado, dentro del cual se desarrolló una serie de derechos a que todo ser humano tenía acceso. De los debates suscitados en el Congreso Constituyente de 1856-57, surgidos de las ideologías antagónicas, producto del choque del México colonial con el México nuevo –preludio de la lucha armada entre liberales y conservadores-, sin lugar a dudas, el relativo a los DH (incluye la prohibición de la tortura) fue de lo más importante41.

Constitución de 1917: En tres ocasiones toca el tema de su prohibición: En el artículo 16, prohibe la detención arbitraria y cualquier

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tipo de molestia ocasionada por una autoridad sin un mandato judicial previo; en el 22 prohibe el uso de la tortura como pena, y en el 20 fracción II, que –sin referirse por su nombre a la tortura- establece que queda prohibido cualquier medio de forzar a una persona a que declare en su contra. Ahí, sin mencionar su nombre, surge la tortura, que es el medio empleado con mayor frecuencia, quizá el único medio, para forzar una confesión42.

Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, publicada el 27 de Mayo de 1986 en el “Diario Oficial de la Federación”, y reformada el 27 de Diciembre de 1991.

Ley Estatal para prevenir y sancionar la Tortura, publicada por el Congreso del Estado de Jalisco, sin modificaciones a la iniciativa del entonces Gobernador Interino Lic. Carlos Rivera Aceves, previas reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, el 09 de Diciembre de 1993 43.

No fue sino durante el pasado siglo XX, en que los miembros de la sociedad civil orgánicamente vinculados a la revolución popular antiporfirista, y durante el régimen presidencialista a las ONG (también conocidas aquí como OSC) y sus redes nacional y local de DH, que se comenzó a detectar, analizar, documentar e inclusive denunciar casos particularmente graves de abusos del poder44. La primera ONG u OSC de DH conocida en Jalisco, será la Liga de Defensa de los Derechos del Hombre, organizada por Luis García Pimentel, católico morelense dedicado al negocio azucarero, que la constituye con el propósito de denunciar los excesos de la dictadura porfirista45. Entre luces y sombras, el mayor lastre que el siglo pasado nos deja está en la IMPUNIDAD imperante, “uno de los factores más determinantes por los cuales no se ha podido erradicar la tortura”46.

C). Etapa de la tolerancia represiva, a partir del Siglo XX y la Revolución: En dicho siglo, resultan significativos para los fines de este informe y para Jalisco, como entidad integrante de un régimen federal, democrático y constitucional, los casos siguientes:

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c.1 Tumultos antiestadounidenses de Noviembre de 1910: La noche del jueves y del viernes 10 y 11 de noviembre del año en que iniciara la Revolución Mexicana, los tapatíos salieron a las calles y alborotaron en contra de los americanos (“gringos”) que vivían en la ciudad, en protesta por el linchamiento de un mexicano en Texas. Esas dos noches de asonadas antinorteamericanas, que dejaron un saldo de un manifestante muerto y un policía herido, fueron la secuela de otras dos noches de motines en la Ciudad de México. Cuando finalmente las autoridades porfiristas acabaron con los disturbios, nadie se responsabilizó como su instigador y no se identificó a ningún agitador entre los arrestados por la policía y las autoridades militares47. El rápido nacimiento y eclipse de estas desordenadas manifestaciones contribuyó a que –con muy pocas excepciones- la mayoría de los historiadores de la Revolución haya prestado poca atención48.

La importancia de estas manifestaciones callejeras –¿prealtermundistas?, por la relación que tienen con las del 28 de Mayo último- no reside en su novedad. En años anteriores, especialmente en la víspera del 16 de septiembre, día de la Independencia, los americanos u otros extranjeros eran víctimas frecuentes del nacionalismo exaltado de las multitudes49.

Las protestas de 1910 difirieron de otras en su intensidad y duración y no surgieron espontánea ni simultáneamente con las manifestaciones en otras ciudades. Fueron antiamericanas en extremo, particularmente contra ricos y protestantes, pero también atacaron a mexicanos en contacto cercano con aquellos. El malestar popular y conservador de la “plebe” –xenofobia, para Ortoll; globalifobia para las autoridades actuales- fracasó en sus intentos de unir su descontento al de los revolucionarios, y sus esfuerzos, lejos de anunciar una nueva era, quedaron como un último vestigio del antiguo régimen.

Tales tumultos tuvieron –según Ortoll y Bloch- con “las celebraciones del primer Centenario de la Independencia en sep-

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tiembre de 1910 (...) hombres de gobierno y otros ciudadanos prominentes, invitaron a todos los extranjeros a que participaran en lo que habría de ser el primer mes entero dedicado a las celebraciones nacionales. Este evento –como ocurrirá en la Cumbre ALCUE- se planeó cuidadosamente. Se gastaron grandes cantidades de dinero en publicidad y en asegurar la presencia de personalidades. Delegados con títulos sonoros y grandes séquitos representaron a casi todos los países del mundo. En esta ocasión, la primera en tiempos memorables, mexicanos y extraños celebraron juntos la Independencia. Por primera vez en la historia, extranjeros prominentes junto con mexicanos ricos, intelectuales de renombre, políticos merecedores y otros respetables hombres de gobierno, participaron en la organización del Centenario en las ciudades de México, Guadalajara, y otras de importancia. La xenofilia oficial había llegado a su máximo esplendor, pues las puertas y fronteras del país se abrieron de par en par a los extranjeros.

El 16 de septiembre, y entre la algarabía de cohetes y silbidos, la colonia americana participó con un carro alegórico en el entusiasta desfile en Guadalajara... El sentimiento de aparente entendimiento mutuo y amistad que rodeaba a los eventos patrocinados por el rico corredor de bienes raíces y administrador de la West End Realty Company, Carlos B. Carothers, estaba apoyado por la xenofilia gobiernista. A los americanos (y otros extranjeros) se les había invitado a participar en los eventos del Centenario sin haber consultado al pueblo... Por ello, cuando a Guadalajara llegaron noticias de programadas demostraciones en contra de los americanos a raíz del linchamiento del mexicano en Rock Springs, Texas (Antonio Rodríguez, el 4 de noviembre de 1910), el pueblo entero estaba listo a unirse a los descontentos y a tomar las calles, la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, donde tomaron todos los asientos disponibles, para dirigirse al edificio del ‘Jalisco Times’, la casa de Carothers, la ‘National

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Candy Company’ y el Consulado, atravesando por el jardín de la Universidad... La muerte de Jesús Lara terminó con los disturbios antiamericanos”50, con cierta semejanza a los de Mayo de 2004. La dinámica de la movilización de las masas prerrevolucionarias siguió una ruta inversa a la de la “Cumbre” euro-latinoamericana que inició en la Glorieta Minerva. c.2 Masacre del 23 de Mayo de 1911: Las manifestaciones populares de júbilo que tras la caída del Porfiriato se suscitaron en Guadalajara, fueron brutalmente reprimidas por las autoridades jaliscienses precipitando la caída del gobernador Manuel Cuesta Gallardo. La tarde de ese día las campanas de los templos confirmaban que la paz había sido firmada, miles de personas se congregaron en las calles y frente al Palacio de Gobierno vitoreando a Madero.

Paulatinamente, la manifestación de júbilo cambió por expresiones de hostilidad hacia las autoridades. 15 minutos antes de las 9 de la noche, la multitud derribó a los rurales apostados en la puerta de palacio y, “sin poderse precisar la causa”51, la guardia disparó sobre ella, provocando 70 muertos y heridos, e incontables abusos en lo que se conoce como la “matanza del 23 de Mayo”52. c.3 Martirio de los líderes de la “Unión Popular”, Marzo 1927: Plutarco Elías Calles, presidente de la República y jefe máximo de la “revolución” triunfante (facción de Sonora), impulsaba la persecusión religiosa anticatólica (1925-29). El 31 de Marzo de 1927, el joven abogado alteño –recién casado-, Anacleto González Flores, simpatizante del villismo y el maderismo, miembro de la “Gironda” de jóvenes que vivieron entre 1916 y 1922 en Santa Mónica 662, carismático líder de la Unión Popular y, luego, de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, cayó preso.

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Según un testigo fidedigno de sus últimos momentos: Como a las once se le vió pasar por la alameda en un automóvil, con rumbo al Cuartel Colorado. Como su tierra. La nota rojiza preside nacimiento y muerte. Saludó sonriente. La carne estaba ya de bruces...

Violando la suspensión federal, las garantías humanas, la humanidad misma, sin farsa siquiera de juicio, el militar ordena su muerte. Es lenta y terrible, con lentitud de oriental, con terror refinado. Se le suspende de los pulgares, se le azota. Se quiere arrancarle su secreto: las guaridas de ilustres ocultos. El hombre que ha vivido por la palabra va a morir por el silencio. Empiezan a hundirle por la espalda una bayoneta. La hoja se hinca blandamente, pero la revelación no surge. Corta carne, pero no verbo. Jadeante en el suplicio, pero irradiando imperturbable hombría. Ante el mutismo heróico, el verdugo ordena al esbirro : ‘Pica, más, más’. La hoja describe incisiones cada vez más amplias y profundas. Llega la daga al corazón. Cae para no levantarse jamás.

Muere a los 38 años, a mediodía –vida y jornada-, en viernes primero y en primavera. A la misma hora son fusilados Luis Padilla y los hermanos Jorge y Ramón Vargas González, cómplices y encubridores53”.

Uno de estos jaliscienses creyentes y militantes escapará para contarlo a la historia de México luego, mediante la docencia, la diplomacia y su inclaudicable trabajo como jurista y filósofo: Antonio Gómez Robledo, autor de “El Maestro” y “Meditación sobre la Justicia” Sobre el martirio de Padilla Gómez y los Vargas, remitimos a la obra del jesuita Joaquín Cardoso, “Los mártires mexicanos”, cuyo relato dramático y objetivo sobre los últimos momentos de los líderes y la perversidad de sus verdugos, cuyo jefe era el general Ferreira: Comenzó inmediatamente el interrogatorio y la tortura de Anacleto, a quien querían obligar a denunciar a quienes estuvieran complicados en el movimiento católico y la noticia del lugar en que se ocultaba su prelado, el Exmo. Sr. (Francisco) Orozco y Jiménez. Anacleto no podía negar su participación en la epopeya cristera, porque sus verdugos tenían en su poder las pruebas de ello; ni era Anacleto hombre que eludiera la responsabilidad de sus actos (...) Entonces comenzó la tortura. Lo suspendieron en presencia de sus compañeros por los pulgares, mientras los cuchillos herían sus descalzos pies.

No esconde el historiador la pregunta central del cruel interrogatorio: -Dinos, fanático miserable, ¿en dónde se oculta Orozco y Jiménez?54

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Sobre el carácter plural del movimiento cristero como organización de carácter religioso que posibilitó expresiones que no se dieron en otras regiones del país al término de la revolución, debemos distinguir entre el poder religioso y la fuerza (social) de lo religioso55. El testimonio de González Flores y compañeros son ininteligibles sin esta distinción elemental. c.4 Incomunicación a militantes del PAN Mayo de 1955: No solamente los activistas de la izquierda en Jalisco sufrieron vejaciones por las políticas represivas del régimen presidencialista encabezado por PRM-PNR y PRI, que “gobernó” a partir de 1929, luego de la proscripción del Partido Comunista Mexicano (PCM), creado dos décadas antes. También la militancia del Partido Acción Nacional –fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín (Cd. de México) y Efraín González Luna (Guadalajara)56- sufrió diversos atentados contra sus DH y politicos por parte del septuagenario régimen, con diversos grados de violencia y daño en sus personas, honra, actividades y patrimonio.

La intolerancia hacia los “opositores” políticos -reales o ficticios- del régimen postrevolucionario, no distinguió a unos de otros. Tal es el caso de los “encarcelados” e “incomunicados” que aparecen en la fotografía, publicada en el diario “Excélsior” de la capital en mayo de 1955, cuando era presidente municipal de GDL el Profesor en Deportes Juan Gil Preciado y Gobernador del Estado Agustín Yáñez. Tales militantes (entre ellos un sobrino del fundador y primer candidato presidencial) fueron arbitrariamente detenidos por la Policía Secreta e interrogados en los separos del actual Ayuntamiento durante 5 días. Aunque se trata de un partido legalmente reconocido, el priato no respetó las garantías de estos opositores, hoy en el poder. 

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c.5 Guerra Sucia 1972-1982: Durante la “guerra sucia”, la tortura era practicada por elementos de la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS) en lo que un policía describe como la “Casa del horror”, una finca de la colonia Moderna, de Guadalajara, que funcionó durante una década como centro de tortura, habiendo pasado por sus celdas cientos de personas. “De las víctimas, decenas fueron asesinadas ahí en medio de atroces tormentos o bien trasladados a otro lugar y desaparecidos por agentes policíacos”, refiere el periodista jalisciense mejor enterado en el tema de los derechos humanos y su historia57. La derrota del PRI en la contienda presidencial del 2000, a la par de los efectos perniciosos de dicha “guerra” sobre la incipiente democracia, así como los estatutos y principios doctrinales del PAN –fincados sobre el iusnaturalismo de su principal ideólogo y cofundador-58, forzaron al Gobierno de Vicente Fox a atender el reclamo de la sociedad por el esclarecimiento de los hechos y conductas que atentaron contra los DH de miles de mexicanos en ese oscuro y doloroso período del pasado, a través de la creación59 y programa de trabajo de la Fiscalía Especial para

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Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) adscrita a la PGR-, con magros resultados hasta hoy60.

En nuestros archivos, tenemos un testimonio adicional de los excesos en que incurrió el exsecretario de la Defensa Nacional (SEDENA) del período diazordacista, general de división Marcelino García Barragán (1895-1979), luego de su retiro del Ejército: Los hechos transcurrieron los días 3-4 de Mayo de 1974 en la ciudad de Autlán, con motivo de los “Juegos Florales” tradicionales, en que los convocantes (asociaciones de maestros y alumnos) de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán (EPRA) pretendían rendir homenaje a los caídos en la Plaza de “Las Tres Culturas” en Tlatelolco (1968). La EPRA era dirigida entonces por un Patronato de cultos autlenses preocupados por la educación y formación cívica y científica de la juventud costeña. Sin embargo, en 1974 las Sociedades de Maestros y Alumnos –como era costumbre- convocaron al concurso de oratoria, en cuyo programa sugerían algunos temas del interés estudiantil y social: “La lucha de clases en la Costa Sur de Jalisco”; “El movimiento del 68 en México”. García Barragán vivía con su esposa, Carmen Montañés, en una casa moderna y amplia, frente a la Catedral autlense, en la avenida principal. Luego de sus ejercicios físicos para mantener la “forma”, viajaba temprano por carretera al Tecuán –actual centro turístico-, en la Costa Alegre, para vigilar de cerca la construcción del edificio con ayuda municipal y castrense a discreción.

Al enterarse de lo planeado, encolerizado contra los maestros que rescató de morir en Tlatelolco y ahora trabajaban en la prepa, inculcando “ideas exóticas”, decidió actuar como en sus viejos tiempos61. Para evitarse problemas, diestro en las artes armadas desde su participación en la revolución de 1910 y su vertiginosa carrera castrense, decidió solicitar apoyo de miembros de la DFS y la Seguridad Pública del Estado (su hijo Javier García Paniagua, en Guadalajara, participaba –con “éxito” relativo- en la persecusión y aniquilamiento del disidente FER). Días antes del ataque, un par de extraños elementos uniformados de negro, con armas de alto calibre y dentro de un carro sin placas, llegaron –al atardecer- por la carretera a Guadalajara, y pintaron en los pequeños muros que rodeaban el inmueble de unos 250 bachilleres de una docena de

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municipios costeños, unas consigna ajena por completo a la vida estudiantil y cultural de la pequeña y tradicional ciudad, como del plantel: “¡Viva el FER... Muera la FEG!...” Los extraños muralistas fueron avistados por el conserje, cuando se apresuraban a regresar a Guadalajara por la misma carretera.

El Director, doctor Nabor de Niz –Jefe/cirujano del único Hospital-, no dio mayor importancia a las pintas, pese a las advertencias de personas cercanas al Patronato. Como era costumbre –desde su fundación (años 60)- el grupo organizador de los juegos (maestros y alumnos) visitaron al general para pedirle apoyo económico y comprar los premios a los concursantes ganadores (canto, pintura, danza, oratoria, etc.), y otro tanto hicieron con los comerciantes, ganaderos y agricultores más prósperos del municipio, a fin de adquirir las flores de oro, plata y bronce que se entregarían al 1º, 2º y 3º lugares. Indignado García echó a la calle a los promotores del evento. Pero no concluiría ahí su venganza, pues el 3 de mayo, mientras se impartían las clases acostumbradas dentro de las aulas, llegó súbitamente a la EPRA el vehículo sin placas, ahora con seis ocupantes armados y en posición de ataque. Ingresaron sin permiso ni aviso al Plantel y caminaron a la Dirección Escolar, arrancando el teléfono y con sus cables, procediendo a amarrar de pies y manos al director y la secretaria, y echándolos al baño. Enseguida, otros penetraron con sus armas preparadas a disparar a las aulas, preguntando si ahí estaba alguno de los maestros y estudiantes que traían en sus listas. Ningún alumno quiso identificarse, pues era obvio el propósito violento de la irrupción en los salones donde media docena de maestros impartían la materia. Los maestros requeridos, Antonio Velázquez y Guillermo Hernández (director y subdirector académicos), estaban ausentes en el preciso momento. Sin embargo, los profesores Rodolfo Gómez Pérez y Jesús Franco, presidente y tesorero de la Sociedad de Maestros convocante, se identificaron y salieron al corredor, donde fueron pateados, golpeados y culateados por los agresores de apariencia militar o paramilitar, mientras los restantes controlaban las puertas de acceso y los salones, donde los asustados estudiantes bajaron al piso de sus aulas por órdenes de los extraños. Los gritos de dolor e impotencia de los maestros atacados directamente en su integridad física y moral (a unos metros de sus alumnos y domicilios), provocaron que los alumnos impávidos colocaran la cabeza entre las piernas, palidecieran o bien lloraran. Al término de la “paliza”, los agresores huyeron trepando al carro para escapar de miradas, gri-

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tos y reclamos. En tanto, en el suelo habían quedado –para escarmiento de los involucrados en la lista- los cuerpos ensangrentados e inconscientes de los docentes atormentados.

Una vez libre de sus ataduras, De Niz procedió a trasladarse al Hospital por una ambulancia y atender médicamente a los agredidos, a uno de los cuales le reventaron un pulmón de una patada y al otro un oído. De Niz, profesor solidario y cirujano capaz, operó al profesor Rodolfo y pudo salvarle la vida. Al otro su familia le buscó atención es un lugar apartado (por el miedo al una represalia mayor). Autlán vivió días de terror y silencio ante el suceso. El Patronato y el director renunciaron; las clases se suspendieron durante semanas, a un alto costo para los progenitores de los estudiantes; y en Guadalajara, los diarios “El Occidental” y “El Informador” informaban –al día siguiente- que la EPRA había sido escenario de enfrentamiento entre líderes de la FER y de la FEG por el control. Los maestros y estudiantes de la lista, optaron por emigrar a otras entidades y ciudades, pues el escuadrón anduvo durante días ostentando libremente su fuerza en los poblados y municipios aledaños, como advertencia a los provocadores “comunistas”. El alcalde –sumiso al cacicazgo- no movió un dedo ante lo sucedido.

Finalmente, el general obtuvo el apoyo del entonces rector de la Universidad de Guadalajara, para incorporar la EPRA a sus planes educativos y administrativos “oficiales” . El primer director de la nueva administración, el Lic. Martiniano Magaña, fue traído de Sayula, donde se desempeñaba como agente del M.P. Llegó con su pistola al cinto y un reluciente bigote a concluir el “año escolar”, luego de aquel –para él “intrascendente”- impasse.

A Oscar González Garí, co-fundador de la AJDH, el Consejo de la CEDHJ y la Red de DH, y al notario número 2 de la municipalidad, les constan los hechos, pues el primero era maestro del turno vespertino y el otro familiar del Alcalde, habiendo convivido con alumnado y cuerpo docente, y una vez que se consumó el acto represivo, ante la desazón del “cierre” inminente de la Escuela, intervino como mediador ante el general García Barragán, en junio de 1974, a fin de “salvar el curso” –faltaban semanas de clases-.

Alegando ser nieto del fallecido general autlense Mauro

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González Luna, con quien García luchó en la revolución villista (1913-19), e hijo del Lic. Oscar González Romero –uno de sus abogados-, fue recibido en su casa a temprana hora. El militar retirado manifestó –de entrada- nada tener qué ver en los hechos de la EPRA, aunque visiblemente molesto atribuyó a los profesores “comunistas” Velázquez y Hernández el “zafarrancho” estudiantil.

Y es que tu abuelo y yo luchamos en la revolución para que México fuera libre y esos maestros quieren que la perdamos. Mira muchacho, la libertad es como coger a una mujer, mientras más la coges más te gusta; así que las autoridades debían tomar cartas en el asunto”, fue su argumento principal. Y ofreció – “si los demás maestros están de acuerdo”- hablar con el rector de la U. de G. para que envíe “un nuevo director que lleve los estudios como debe ser, sin ideas extrañas a nuestra gente...62

Como vemos, del análisis de los casos anteriores, se desprende que la institución y práctica de la tortura y demás tratos crueles, abierta o encubierta, brutal o sofisticada, tiene un largo historial que es portador de una severa patología política autoritaria, arraigada en la historia y estructuración de México como Estado-Nación, donde –para nuestra desgracia- la supresión de la memoria ha sido pieza clave para su permanencia entre nosotros.

No se equivoca Ignacio Carrillo Prieto, actual titular de la FEMOSPP, exabogado general de la UNAM y exdirector jurídico de la PGR, Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), al señalar –en un libro pionero sobre el tema (1987)- que la tortura fue y es uno de esos arcanos que subsisten al pasado y se mantiene vivo en la postmodernidad mexicana: “Ilícita universalmente ya no lo es, aunque sea práctica ocasional o sistemática, siempre disimulada por sus agentes, quienes la encierran entre los ´secretos del mando´ porque no cabe ya en virtud

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de su unánime condena, entre los ´secretos de Estado´. Subsiste así, degradada políticamente pero reproducida una y otra vez en lo policíaco, formando una corriente subterránea que debilita el cimiento del edificio social, arriesgando la política que la proscribe en la ley sin acertar a desterrarla del mecanismo coactivo real.

Proscripción forma y práctica cotidiana la transmutan en un vicio de la vida pública, que la corrompe por adueñarse sin título alguno, ya no de la hacienda sino de la salud, del cuerdo siempre y a menudo del alma de los ciudadanos”63.

En lo acontecido el 28 de mayo de 2004 en las más céntricas avenidas de la ciudad, contra los denominados “globalifóbicos” por el Gobierno y medios informativos afines, pero a quienes designaremos altermunistas64, pues se trata de un vasto conglomerado de personas, pueblos y movimientos locales, nacionales e internacionales que dentro del mundo –considerado “aldea global”- impugnan los trabajos de las Cumbres de Jefes de Estado de la OMC, TLCAN, ALCUE, etc. por las graves consecuencias que sus políticas han traído para la agricultura, la biodiversidad, y sobre todo para la población mundial, las economías/culturas subalternas y los ecosistemas, el arcano reaparece con su rostro virulento en la capital misma del panismo mexicano, cuyo “humanismo político” cae hecho trizas, para quienes pensábamos erróneamente que el autoritarismo fue derrocado en las elecciones de 1994 (en Jalisco) y de 2000 (en la república), cuando el anquilosado PRI fue vencido por el pueblo en las urnas. Aunque el PRI no gobierna en Jalisco ni en gran parte del país, la tortura sigue incólume.

La larga y costosa alternancia no ha bastado para quitarla. Se agarra a la cultura de la corrupción y la delincuencia tolerada desde el Estado como un náufrago a una tabla de salvación.

5. Casos emblemáticos de tortura en Jalisco (1990-2004)

A

continuación reseñamos algunos casos que han sido emblemáticos de la práctica de la tortura y sus víctimas individuales, gremiales, sociales y políticas, en los últimos 14 años dentro de la entidad, y que ilustran sobre qué sectores y con qué efectos ha recalado más significativamente esta práctica prohibida e ilegal. Nos detenemos en ellos pues son aleccionadores e ilustrativos del nivel de violencia que el Estado ejerce sobre los gobernados dentro del supuesto régimen “democrático”, en abierta violación a la Constitución Federal y los tratados adoptados en la materia:

5.1. Ejecución arbitraria de empresario (2 de Octubre 1990) El próspero empresario tapatío Javier Delgado Gutiérrez, de 48 años, que administraba una concesión en las Gasolineras “Las Cuatas” en la salida de Guadalajara a Colima, fue detenido por varios agentes de la policía judicial federal (PGR) bajo sospecha de narcotráfico. Ese mismo día, dos médicos forenses lo sometieron a un examen rutinario en la Delegación [113]

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de la PGR en la esquina de las Avenidas La Paz y Unión. Los médicos informaron que estaba “nervioso y con corazón agitado”, lo que atribuyeron a una adicción de estupefacientes, y describieron magulladuras en varias partes del cuerpo, que dijeron se había producido antes de su detención y no suponían riesgo para su vida. Delgado murió bajo custodia esa misma noche. La policía federal emitió una declaración pública en la que atribuía la muerte a un ataque al corazón, pero un examen forense del cadáver realizado a petición de la CNDH determinó como causa del fallecimiento la tortura: tenía graves lesiones en la cara, fuertes lesiones en el cuerpo, incluyendo los testículos, y una fractura en el tobillo derecho. Dos agentes de la PGR fueron detenidos y acusados de asesinato, pero otros policías implicados en la tortura fatal nunca fueron acusados formalmente ni sometidos a expediente disciplinario, entre ellos el oficial al mando del grupo1.

Dos meses después, este mismo oficial estuvo implicado en otra violación de DH. Un grupo de agentes de la policía federal anti-narcóticos que estaba bajo su mando mató a seis civiles desarmados, dos de ellos niños, cuando –según informes- abrieron fuego sin advertencia previa contra una furgoneta en la que –declararon después- creían que viajaban unos narcotraficantes. El hecho se produjo el 2 de diciembre de 1990 en el pueblo de Angostura, Sinaloa. Los agentes de la PGR y sus mandos fueron detenidos y acusados de homicidio intencional, con agravantes. Sin embargo, la PGR manifestó que era un caso de ‘homicidio imprudencial’ y no de asesinato, y anunció que se haría cargo de los gastos de la defensa legal de los acusados.

En febrero de 1992, la revista “Este País” dedicó el número 11 al tema: “Narcotráfico y Derechos Humanos”, retoma el caso Gutiérrez, a fin de “documentar aquel capítulo negro, realizar un balance del pasado y presente, y analizar las perspectivas (...) los graves riesgos para el Estado y la sociedad

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que implican el tráfico y consumo de drogas (...) donde el gran perdedor parecía ser el estado de derecho y la sociedad civil, que ahora ensaya en la figura del Ombudsman reivindicar derechos fundamentales...”

En tan valioso documento Jorge Luis Sierra, investigador de “Periodistas Asociados Latinoamericanos” y cofundador de la Comisión Mexicana de Defensa de los DH, difunde la lista negra de los responsables de su asesinato y de otra decena de casos de tortura y ejecuciones practicadas al amparo de la “lucha antinarcóticos” por agentes de la PGR y el Ejército en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, D.F., Estado de México, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Jalisco. Prácticamente el país entero.

Veamos a continuación la trayectoria macabra que siguió quien privó de la vida a Delgado: ...de los 3 mil ‘muchachos‘ de Javier Coello Trejo –Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico (PGR)- éstos fueron ejemplos destacados. Agentes de primera línea; hombres acostumbrados al uso corriente de armamento de alto poder; los ‘indispensables’, como se dice en el argot policíaco. Todos tuvieron relación con las recomendaciones de la CNDH, que fue creada 15 días después del homicidio de Norma Corona –defensora de los DH acribillada el 21 de mayo de 1990 en Culiacán- y emprendió una tarea inusitada en las oficinas de gobierno, generando una ‘pugna’ o ‘conflicto’ entre funcionarios de la PGR y la CNDH2.

Si cada denuncia hubiera sido atendida con prontitud se habrían evitado muertes, torturas, encarcelamientos injustos y otros sufrimientos absurdos. Estos son algunos de los nombres, hechos y recorridos: Arturo Vanegas. Procesado por homicidio múltiple.

Era uno de los agentes de la Policía Judicial Federal que detuvo a los hermanos Héctor y Sergio Quijano Santoyo en Ciudad Juárez, el 12 de enero de 1990. La detención llevaría la tragedia a la familia Quijano; el homicidio de 3 agentes antinarcóticos; protestas y escándalo dentro y fuera del país; además de dos recomendaciones de la CNDH. Vanegas firmó el parte policíaco del homicidio de los hermanos Héctor, Jaime Mauro y Erick Dante Quijano durante el operativo del grupo ‘Tiburón’, el 14 de enero del mismo año.

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Venegas reapareció en el escenario de las violaciones a los DH cuando se responsabilizó a tres agentes antinarcóticos de la muerte por tortura del industrial jalisciense J. Delgado Gutiérrez, el 2 de octubre de 1990. Un año después, un juez absolvió a los agentes federales.

Ascendido a comandante, Vanegas saltó de nuevo a la escena en la tragedia de La Angostura, Sinaloa, donde sus subordinados acribillaron a 6 ejidatarios que pasaron accidentalmente por una brecha donde aterrizaría una aeronave cargada con drogas, procedente de Colombia. La muerte de los campesinos ocurrió en dos tiroteos distintos con aproximadamente cinco horas de distancia entre sí. Los pobladores solicitaron justicia y argumentaron que la muerte de los ejidatarios no podía haber sido un ‘accidente’. La huída de la aeronave, la distancia temporal entre las muertes, el tiro de gracia en los muertos, las huellas de tortura, sugerían la hipótesis de que los agentes federales protegían la llegada de la nave y ejecutaron a los ejidatarios para no tener testigos3.

5.2 Desalojo de “damnificados” inconformes luego de Marcha (1° de Junio 1992) El 31 de mayo de ese año –parteaguas en la historia política del Estado- Guadalajara estaba de luto y sumido en la zozobra por las secuelas de las trágicas explosiones que el 22 de abril anterior sacudieron la ciudad y la conciencia ciudadana. En medio del asombro y la indignación, el Gobierno Federal de Carlos Salinas releva al gobernador Cosío Vidaurri. Días más tarde asumió la gubernatura Carlos Rivera Aceves. Al término de una marcha de luto y protesta, un grupo de damnificados y personas solidarias con las víctimas se apostó en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno. Protestaban contra la lentitud con que el Patronato para el Auxilio e Indemnización, Adecuación y Reconstrucción de la Zona Siniestrada del Sector Reforma llevaba a cabo los trámites para el pago de ayudas e indemnizaciones simbólicas, y pedían vivienda provisional en tanto dicho sector era reconstruído por el Gobierno. La

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respuesta no tardó en llegar: En la madrugada del 1° de Junio, cuando los manifestantes –a quienes Rivera se negó a recibirdormían en tiendas de campaña apostadas justo al Kiosco, aparecieron medio centenar de “Antimotines”, uniformados con pantalones oscuros, playera blanca, botas, algunos con chamarras negras, con pelo recortado, con radiotransmisores, que desalojaron con extrema violencia a los niños, mujeres (dos embarazadas), jóvenes y adultos que pernoctaban. Los patearon, persiguieron, robaron sus pertenencias, secuestraron a tres de las víctimas y las trasladaron fuera de la ciudad.

Como lo refiere el periodista René de Dios: “Se trató de una operación planeada y ejecutada por el gobierno estatal”4, que habiendo sido denunciada por las víctimas y dos ONGs de esta Red ante la CNDH, provocó un agrio como esclarecedor debate público, pues Rivera y su Secretario (José L. Leal Sanabria) negaron su responsabilidad y la de sus subalternos.

La investigación de la CNDH en coordinación con activistas de DH de las ONG’s tapatías provocó que el Dr. Jorge Carpizo –primer “Ombudsman” nacional- se pronunciara el 16 de Junio, confirmando que los agresores fueron antimotines estatales coordinados por el entonces jefe del Departamento de Seguridad Pública, Eduardo Ramírez Santamaría (un militar retirado). La CNDH demostró cómo en la Procuraduría de Justicia del Estado se modificó la declaración del chofer que condujo a los agentes golpeadores, pidió determinar la responsabilidad del jefe policiaco estatal e integrar una averiguación previa que determinara y sancionara a los responsables intelectuales y materiales del desalojo.

Fue en esta ocasión cuando la CNDH hizo público su primer “Informe especial”, remitido al gobernador interino en el Oficio PCNDH/637/92 del 16 de junio de 1992, con copia a la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, A.C., primera oficina de enlace de nuestra Red. El 18 de Junio Rivera solicitó a Ramírez Santamaría “presentar la renuncia a su cargo”,

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habiéndola presentado éste “de manera voluntaria”. El exmilitar se retira “con la conciencia tranquila... por el deber cumplido”. El gobernador calla y da instrucciones al Procurador Larios Guzmán para “proceder” contra los responsables. Los inferiores pagan por las responsabilidades de sus superiores en el propio Gobierno. Se inician las A.P. 12194/92 y la Bis, habiendo sido consignada solamente la primera al Juzgado 5° de lo Penal en el Proceso 311/92, en tanto la segunda es congelada en la Agencia N° 13 para “Asuntos Especiales” de la Procuraduría. En un acto de cinismo, Ramírez Santamaría siguió trabajando discresionalmente en la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara, con la anuencia de quienes pidieron su “retiro”5.

5.3. Disidencia silenciada del general J. Francisco Gallardo Rodríguez (1993-2002) En octubre de 1993, el general brigadier J. Francisco Gallardo R. (en adelante JFG), nacido en Atotonilco, Jalisco, hijo de padre militar, vecino de la Ciudad de México y con una hoja de servicios de mas de 30 años en el Ejercito Mexicano, publicó en la revista “Forum”, núm. 22, el artículo: “Las necesidades de un ombudsman militar en México”. El texto era parte del proyecto de tesis de maestría que presentó en 1992 en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el título: “Análisis de políticas públicas, derechos humanos, ombudsman militar y medio ambiente”.

A continuación partes medulares del trabajo: El buen gobierno no descuida la formación del ejército nacional como factor del poder estatal. <Los cimientos del poder no solo dependen de buenas leyes, sino de los buenos ejércitos. Las principales bases de todos los Estados nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y buenos ejércitos; y como no puede haber buenas leyes donde no haya buenos ejércitos, y donde estas no existen aquellos tampoco> (El Príncipe, de Maquiavelo).

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La fuerza del Estado por tanto, se organiza en beneficio de su propio vigor y conservación para evitar que los conflictos, luchas y pugnas, vulneren su capacidad de dirección, mando y soberanía…

Por ende, el bien público depende de la seguridad política y nacional del Estado. De ahí la importancia de que la fuerza militar sea utilizada en provecho de los gobernados. Por todo lo anterior, es menester que el Estado se proteja para evitar la inseguridad en el espacio geográfico donde se asienta. Por tanto, es convenienteque tenga fuerza militar propia, segura y confiable para gobernar con vigor a la sociedad, ramificando en ésta su potestad política.

Es por ello que en este contexto juegan un papel importante los varios sistemas de ombudsman, que tratan de lograr que se observen en la práctica los valores en que se funda la doctrina del respeto al procedimiento debidamente establecido en la ley, es decir, el respeto a los derechos básicos en el procedimiento judicial o administrativo. Una esfera institucional de aplicación del sistema de ombudsman es la de las fuerzas armadas.

Originalmente, el Justicie Ombudsman –JO-, era el único ombudsman del Parlamento sueco. En 1901, en que se estaba legislando una nueva organización de la defensa nacional, fue propuesto en el Parlamento el establecimiento de un ombudsman militar. Su facultad y posiciones serían las mismas que el JO, pero limitadas a asuntos relativos a la defensa nacional. Esta situación no se dio hasta 1914, cuando al estallar la I Guerra Mundial, Suecia se motivada al cambio de su defensa nacional. La administración militar no había sido excluida de la vigilancia del JO, pero el crecimiento de las funciones administrativas del Estado, le habían vuelto imposible la atención detallada a la supervisión de la administración de los recursos asignados a las fuerzas armadas.

Principalmente por estas razones se decidió transferir la vigilancia de la administración militar a un nuevo funcionario, el Militie Ombudsman –MO-, cuya oficina y funciones deberían establecerse sobre los mismos principios del JO. La principal responsabilidad del MO, independiente del Ejecutivo y el Parlamento, consiste en asegurarse de que los oficiales y otros funcionarios encargados de las funciones relativas a la administración militar, respeten los estatutos, leyes y reglamentos. Aunque una queja formal siempre origina una investigación, ésta nunca se toma en consideración si es anónima, en virtud de que se fomentaría la intriga y esto socavaría profundamente la moral de las fuerzas armadas, lo cual se tornaría aún más peligroso.

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En este estado de hechos, el militar ofrece un doble carácter: es ciudadano; he aquí el móvil de su ímpetu, de su valor, de su vida moral. A título de ciudadano queja bajo el imperio de las reglas comunes que se relacionan con la moral universal y con los deberes generales. Por otra parte, la patria le ha dado una misión particular, es soldado, y de ahí nacen para él deberes especiales que se rigen y protegen por una ley excepcional –la ley penal militar.

Este es el fundamento de la disciplina militar, columna vertebral del ejército.

En este orden de ideas nos surgen varios cuestionamientos y nos llama la atención hacia nuestro país: ¿Por qué, si el ejército es una institución que se torna en garante de las demás garantías se violan impunemente los derechos inherentes a la dignidad de los soldados y oficiales? ¿Por qué, la impartición de justicia en el ejército es selectiva y por tanto discrimatoria?. ¿Por qué la `justicia militar´ castiga al sujeto, por lo que es, y no por lo que hizo? ¿Por qué en los albores del nuevo siglo, aún persiste la arrogancia y la omnipotencia de los mandos? ¿Cómo es que la impartición de la `justicia militar, si se puede llamar justicia en términos absolutos, esté fundada en un sistema inquisitivo?. En este contexto el acusado no es sujeto de procedimiento, sino un objeto de persecución. ¿Qué va a suceder cuando el Estado requiera de su fuerza armada? ¿Por qué han de quedar en la impunidad hechos degradantes y crueles que socavan la dignidad y moral del ejército, como única justificación de hacer respetar la `disciplina´?, y que en un momento dado pueden repercutir gravemente en la seguridad nacional como los hechos sucedidos en Tlalixcoyan, Veracruz, Baboragime y Mesa de la Guitarra, en Chihuahua y en Chiapas, entre otros.

Dentro de este estado de reflexiones, con el argumento por parte de los mandos y del fuero de guerra, de vigorizar la disciplina y el respeto a los superiores y hacia el ejército, se ha encontrado la justificación para cometer las más crueles y brutales atrocidades y abusos en contra de la dignidad del personal militar y civil.

Por todos los cuestionamientos antes expuestos, es necesario y reclamo de la comunidad castrense y de la sociedad, la creación de la institución del OM, que trata de lograr que se observen en la práctica los valores en que se funda la doctrina del respeto al procedimiento debidamente establecido en la ley, es decir, el respeto a los derechos básicos en el procedimiento judicial o administrativo y que vele la tutela de los derechos subjetivos de los militares, quie-

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nes están llamados a defender la soberanía nacional y, las relaciones de las fuerzas armadas con las demás instituciones republicanas y con la sociedad civil, y así instituir una instancia de apelación a donde cualquier ciudadano pueda acudir.

Si bien es cierto que la Ley de la CNDH, de fecha 29 de junio de 1992, no hace mención al ámbito de las fuerzas armadas, también lo es que no las excluye, pero es conveniente una institución que se aboque específicamente a los asuntos militares, a donde pueda acudir cualquier persona.

A propósito de la creación de un ombudsman para las fuerzas armadas o de asuntos militares, su función principal sería: Vigilar la aplicación del presupuesto a los gastos de la defensa y la administración militar, contribuir a salvaguardar los derechos del personal militar y del personal no militar relacionado con asuntos militares, sin que ello implique una interferencia en el mando de la defensa nacional, se esforzaría también en acrecentar la eficiencia de las fuerzas armadas, abarcando todos los aspectos de la vida castrense, siempre y cuando se trate de cuestiones de carácter fundamental o de interés público.

Cabe señalar que la CNDH ha recibido quejas de personal militar, así como de civiles que han sido agraviados por la fuerza armada, y ha hecho recomendaciones a la autoridad militar por violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La limitación del derecho de queja de los militares que es contemplada en el cuerpo de leyes castrenses, muy probablemente sea inconstitucional, pues obstaculiza el acceso directo del ombudsman para cierto grupo de ciudadanos. Por esta razón, la CNDH, de hecho, acepta quejas directas formuladas por militares, con base en su facultad de iniciativa propia.

En conclusión: La violación a los DH las habrá probablemente mientras el hombre viva en este planeta, lo importante es que si un funcionario publico viola los DH de un gobernado, a aquel se le aplique la ley, y que, de acuerdo con el derecho, esa violación no quede en la impunidad, porque si por desgracia la impunidad triunfa en uno y otro casos, los funcionarios públicos sentirán que tienen las manos libres para cometer arbitrariedades, debilitando así la dignidad de la persona y con ello la legitimidad del Estado, que debilita y pone en peligro la soberanía nacional.

La abrumadora complejidad de la administración pública, el desconocimiento de las normas y experiencias desfavorables, directa o indirectamente, en cuanto a las resoluciones de los órganos

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de justicia; desconfianza, demora en la obtención de resultados, abusos de poder y toma de decisiones arbitrarias o injustas de la burocracia, bien por incapacidad, negligencia o inclusive por falta de honestidad, son las causas entre otras múltiples de la vulnerabilidad del gobernado frente al poder absoluto del gobierno. Esto toma un plusvalor ante el autoritarismo del poder militar, en donde no existe siquiera una instancia de apelación.

El ombudsman surge como una instancia ante la arbitrariedad y la impunidad del poder publico. Un paso importante hacia la conservación y fomento de la democracia en países como el nuestro, que esta gobernado por un partido mayoritario, y que tiene un ejército bajo el yugo absoluto y arbitrario de los mandos superiores, es la creación de los ombudsman y de las ONGs. El trabajo del ombudsman aumenta la credibilidad en el gobierno y en sus funcionarios, y humaniza el trato hacia los administrados6

Por “concebir, escribir y publicar” este artículo, Gallardo se gana un juicio militar plagado de represalias y anomalías, promovidas por sus superiores, donde la tortura militar fue aplicada estrictamente en su contra y –preventivamente- de todos aquellos milites, con conciencia potencialmente crítica respecto al valor eminente de los DH de la ciudadanía. El “cuerpo del delito”, que abrió paso a la causa penal 15392/93, contra el militar jalisciense, no es otro que el texto citado. Es procesado porque al redactar sus ideas y propuestas creativas, inherentes a la libertad personal, comete “abierto desprecio al instituto armado… con el objeto de denigrarlo”. Con su texto, el general “lesiona el honor y la honra que ha obtenido la institución a través de su historia”, y causa “descrédito” a unidades y cuerpos militares -como los de la VI Zona Militar y la fuerza de Tarea Marte-al referirse a los hechos de Tlaxilcoyan (Veracruz), Baboragime7 y Mesa de la Guitarra (Chihuahua) y del estado de Chiapas. “Deshonra y desacredita” a las fuerzas armadas con los señalamientos de que “violan impunemente los DH” y de que “aun persiste la arrogancia y la omnipotencia” en su interior, incurriendo en el delito tipificado en el artículo 280 del Código de Justicia Militar, sobre:

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“Insultos, amenazas o violencia contra centinelas, guardias, tropa formada, salvaguardias, bandera y ejercito”, que estipula:

El que injurie, difame o calumnie al ejercito o a instituciones que de el dependan, armas, cuerpos, guardias o tropa formada, será castigado con un año de prisión”. Se le responsabiliza además de violar el artículo 350 del Código Penal del DF, falta que se castiga con prisión de hasta 2 años y/o multa de 50 a 300 pesos8.

Gallardo, uno de los militares más jóvenes con el rango de general brigadier en el país, fue detenido el 9 de noviembre de 1993.

Los cargos fueron leídos por el Juez Segundo Militar, coronel Jorge Serrano Martínez, en un extraño caso en el que un oficial de rango inferior enjuicia a un superior. El director de la revista “Forum”, Eduardo Ibarra Aguirre, señala que con el proceso militar contra Gallardo, las autoridades castrenses han incurrido “en una evidente trasgresión al derecho de información y al derecho de libertad de expresión”, consagrados en los artículos 6, 7, 8 y 14 de la Constitución Federal. “Es un lenguaje de la Guerra Fría, de los años 50 o 60. Es muy preocupante, ya que aflora una visión muy cerrada, pues el caso rebaso los limites de la disciplina militar”9.

Casado, con 4 hijos, el general no fue detenido y recluido en el Campo Militar num. Uno, en las afueras de México, DF. solamente por su artículo de opinión, sino por cargos relacionados con un presunto delito de malversación del que había sido absuelto 4 años antes (1989). En 1994, JFG fue adoptado como “preso de conciencia por Amnistía Internacional”, pues la ONG siempre se ha opuesto al encarcelamiento, reclusión o imposición de restricciones físicas a cualquier persona, en virtud de sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia”, entre otras razones10, luego de ser privado de su libertad. Ante el rechazo de estos cargos, con el objeto de prevenir su puesta en libertad, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) en presentó nuevos cargos en su contra. Y no fue sino hasta que la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción

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de los DH, A.C. lleva el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), el 6 de febrero de 1996, que el asunto será revisado y resuelto conforme a derecho y justicia plena, en el expediente 11.430 de México, resuelto en el Informe 43/96, el primero donde un jalisciense es parte favorecida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos11. ¿En qué consistieron las prácticas de tortura aplicadas por la PJM y la Secretaría de la Defensa Nacional?. En su Informe núm. 43/96, del 15 de octubre de 1996, la CIDH describe y enlista las violaciones sistemáticas a los DH de que fue víctima Gallardo durante casi 10 años, en el capítulo denominado “consideraciones sobre el fondo del asunto”: Desde 1989 hasta el presente se han abierto en contra del General Gallardo 15 averiguaciones previas y 9 causas penales, sobre hechos en su mayoría ocurridos con considerable anterioridad a la apertura de las averiguaciones… Así mismo se demuestra que Gallardo hasta momento ha sido absuelto de todas las acusaciones imputadas por las autoridades castrenses… La Comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano, que configura una desviación de poder, la cual se traduce en indudables acosos y hostigamientos en contra del General. Lamentablemente el hecho de que la justicia federal lo haya amparado en reiteradas oportunidades, más que atenuar la actitud hostigadora del Estado, la ha evidenciado y agravado, La CIDH considera que se violentan en su agravio los derechos a la protección judicial, a la libertad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la integridad personal, a la libertad de pensamiento y expresión…

Luego de analizar detalladamente los hechos y procesos inusuales en su contra, acreditando la existencia del “aislamiento sistemático, amenazas, hostigamiento e intimidaciones por parte de los altos mandos de la SEDENA; así como la fabricación de delitos y responsabilidades nunca probados, mediante procesos judiciales y encarcelamientos injustos, y que la SEDENA emprendió una campaña de difamación y descrédito en su contra, estando ya detenido e incomunicado, cuyo origen data de 1988, en que inició una feroz persecución”, la CIDH concluye que en su caso hubo tortura

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psíquica y moral: La Comisión estima que el mantener a una persona que ejerce un alto rango en las Fuerzas Armadas en una constante molestia de defenderse en los Tribunales (en este caso militares), a la degradación de ser detenido en varias oportunidades y a la humillación de ser centro de ataques de autoridades castrenses a través de los medios de comunicación mexicanos, además de constituir un grave daño patrimonial para su persona, constituye una lesión grave a su integridad psíquica y moral, pues afecta su normal desenvolvimiento en la vida diaria y causa desequilibrios y desconciertos en él y en su familia. La severidad de los hostigamientos se verifica asimismo en la constante incertidumbre sobre su futuro, que se traduce en 7 años de constante acoso y más de 2 en prisión.

Analizado el caso, esta Comisión considera que el General ha sido víctima de irrespeto a su integridad moral y psíquica por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas…12

En el 2001, luego de una campaña a favor de su liberación13, JFG fue dejado en libertad por el Presidente Vicente Fox, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y absuelto de los cargos que le fueron impuestos durante las dos últimas administraciones priístas –de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo-, como un cruel y público “castigo”, por su osadía y espíritu libertario (1993-2000). En Jalisco, la AJDH y la RJDH interceden por el preso de conciencia ante el Congreso del Estado, el 4 de noviembre de 1997, mediante un oficio remitido a la Comisión Legislativa de DH14, en que también abogan por esclarecimiento de otro militar jalisciense, Orlando Muñoz Guzmán, originario de San Julián, misteriosamente “desaparecido” el 8 de mayo de 1993, mientras se encontraba a disposición del 26º Batallón de Infantería en Ciudad Juárez, Chihuahua15. Su madre y sobre todo su hermana, Maria Guadalupe Guzmán, escribieron decenas de cartas a todas las instancias públicas y sociales, con la esperanza de encontrar con vida al familiar desaparecido16. La familia Gallardo Enríquez –por ser jalisciense de origen y cercana a la problemática del ejérci-

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to- se mostró humanamente solidaria con la familia del alteño.

Actualmente, la familia Muñoz Guzmán ha desistido de la búsqueda, luego de la muerte de su madre, pero no de su anhelo de justicia por conocer la verdad. Algo válido y encomiable, como extraño y doloroso. Durante el período 1998-2001, la familia Gallardo Enríquez, representada por Marco Vinicio Gallardo, remitió cientos de cartas a los presidentes de la República17, y se hizo presente en distintos estados del país para divulgar la delicada situación del general. En Jalisco, la familia hizo acto de presencia durante la 4ª.Jornada Pluricultural por los DH “Hidalgo Vive”, que conmemoró en Guadalajara, el 187 aniversario de la promulgación de los Bandos de Abolición de la Esclavitud del padre Miguel Hidalgo18 (Nov.-Dic. 1810), en esa ciudad colonial, a la que el general Gallardo hizo llegar un discurso para la ocasión desde su arbitraria prisión en el Campo Militar Nº 1: A 187 años de esa fecha que exaltamos como un hito en la búsqueda de la libertad y de la dignidad, nos preguntamos: ¿cuál es la realidad contemporánea de la esclavitud?19.

Este tópico fue una de las primeras cuestiones que sobre DH llamó la atención internacional. No obstante la condena universal, la esclavitud aún subsiste maquillada en prácticas análogas que siguen siendo un problema grave y recurrente en este fin de siglo.

En la actualidad el concepto `esclavitud’ abarca diversas violaciones de los DH, además de la tradicional y la trata de esclavos, comprende abusos tales como: la venta de niños, la prostitución infantil, la mutilación sexual de las niñas, la utilización de infantes en la pornografía y en conflictos armados, la servidumbre por deudas, la trata de personas y la venta de órganos humanos, el colonialismo, entre otros…

En el umbral del próximo milenio, vivimos en medio de una falacia sin precedentes: un mundo que nos empeñamos en no reconocer como tal. Pretendemos perpetuar perversamente mediante políticas artificiales que destruyen millones de destinos, aniquilados por el anacronismo y la estratagema encaminados a mantener con vida la deferencia a los poderosos y a instituciones creadas por el hábito…. La idea sublime de la dignidad humana no está a dis-

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cusión, se le acepta desde diversas teorías y filosofías, se entiende como valor supremo, como piedra de toque de la constitucionalidad y fundamento del Estado liberal… En esta lucha estamos quienes nos hemos comprometido con los DH, somos la voz de los sin voz, conciencia de los desvalidos y sentir de nuestro pueblo. ¡Viva Don Miguel Hidalgo!20.

Gallardo coincide al respecto con el jurista Antonio Carrillo Flores, quien con justa razón manifestó en 1985, que a nivel de la comunidad internacional la abolición de la esclavitud no se expresa sino hasta 1926, tardíamente cuando la Convención Internacional de Ginebra “con una irritante timidez dijo que se recomendaba a los países abolirla de manera progresiva y prudente”.21 El “alto mando” que más atacó a Gallardo durante años, fue designado –paradójicamente- Procurador General de la República por el primer presidente no priísta (Vicente Fox), cuando llegó al cargo en diciembre del 2000: el general Rafael Macedo de la Concha, anterior procurador de “justicia militar”.

5.4 La objeción de conciencia del judicial federal Jorge Bado Solano (1994-95) Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.

Art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos22.

La historia del agente de la extinta Policía Judicial Federal (PJF), Jorge Bado Solano, hijo de la exdiputada jalisciense Esther Solano Zamora, que vino a reemplazar al diputado Sergio Rueda Montoya (PAN) –fallecido en un lamentable accidente carretero23- es particularmente ilustrativo de los riesgos que puede correr un servidor público cuando acude a los códigos de la ética y los derechos humanos, a sus reservas de conciencia, en el desempeño de sus delicadas labores públicas. Estamos en el sexenio del presidente Carlos Salinas de

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Gortari, que fue particularmente violento por diversos magnicidios y crímenes24. En Jalisco vivimos el impacto inusitado de dos magnicidios de gran significado ético y sociopolítico: las trágicas explosiones del 22 de abril de 199225 y el asesinato del cardenal Juan J. Posadas Ocampo y otras personas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el 24 de mayo de 199326.

El joven jalisciense Bado, de 23 años, oriundo de Chapala, vivirá un auténtico calvario durante dos años, luego que atraído por la carrera policial decidió incorporarse a las estructuras de la Procuraduría General de la República (PGR), siendo capacitado en el Instituto de Capacitación de la PGR (ICPGR) -generación 1992-93-, que le dio un acceso inicial a la óptica de los DH. Bado realizó una de sus primeras misiones en el Estado de Guerrero, siendo asignado por sus superiores como elemento de apoyo al subdelegado de la PGR en Acapulco, José Luis Reynoso Salazar, un singular y emblemático comandante de grupo que le hará la vida de cuadritos a él y a decenas de comunidades de la región costa de Guerrero.

Vayamos por partes: 5.4.1 Mayo-Sept. 1994: Estos operativos de la PGR fueron parte de un inusitado movimiento de tropas y pertrechos que la SEDENA incrementó en Guerrero, en apoyo a los requerimientos del gobernador Rubén Figueroa Alcocer (PRI), defenestrado por su responsabilidad criminal en la Matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, que27 cobró la vida de 17 campesinos e hirió a 23 de ellos, cuando transitaban por el Municipio de Coyuca de Benítez, provenientes en su mayoría de la Costa Grande y Tierra Caliente, una vasta región donde 24 años atrás estuvo asentada la guerrilla de Lucio Cabañas B. Después de que la policía abriera fuego contra el vehículo de los campesinos, el Estado de Guerrero se ganó las primeras planas de la prensa nacional e internacional. Aunque este es el caso más conocido

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de los últimos años, los conflictos políticos, el narcotráfico y la delincuencia han desembocado en décadas de violencia.

En la masacre de Aguas Blancas –asegura la ONG internacional Human Rights Watch-, se demostró que las autoridades estatales habían inventado pruebas de un enfrentamiento armado y habían manipulado un video tomado por la policía, por inverosímil que parezca, de la propia masacre. Finalmente, las autoridades suspendieron a los oficiales responsables de la acción policial que condujo a la matanza, se encarceló a oficiales de medio y bajo rango, y el gobernador del estado renunció al cargo.

Tras recibir intensas presiones nacionales e internacionales, en marzo de 1996, el Presidente Zedillo solicitó a la Suprema Corte que revisara el caso. En su informe, la Corte señaló: `es bien sabido que para mantener una mentira hay que seguir mintiendo´, criticando claramente en intento del gobierno estatal de encubrir su responsabilidad en la masacre…28

Aguas Blancas es la continuación de una larga historia de violencia rural e impunidad en Guerrero, que sufrimos también en Jalisco. El caso Bado vs. PGR nos ilustra sobre las políticas y prácticas ilícitas que predominaban en el Estado Mexicano del último decenio del siglo XX, y cómo la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes eran utilizados “a discreción” por las autoridades federales y locales, en abierta violación de sus obligaciones en materia de DH. Ante las denuncias y temores por el incremento de militares y judiciales en zonas campesinas de Guerrero y Oaxaca, el secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán tuvo que realizar desmentidos públicos29, que atrajeron las sospechas obviamente fundadas, si tomamos en cuenta lo que ocurrirá meses después, cuyo momento culminante será la masacre de Aguas Blancas. Obviamente aunque el Ejército no tuvo responsabilidad directa en la masacre ni en los actos arbitrarios de Coyuca, pues su obligación y perfil son distintos, la espiral del conflicto aumentó con su presencia.

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5.4.2 Junio de 1994 Las detenciones ilegales de la PJF en que Bado se estrenó y despidió como judicial federal iniciaron el 29 de este mes en la zona de El Papayo y El Camalote, en Coyuca de Benítez.

Los campesinos privados de su libertad, eran detenidos por la noche y mientras iban a de regreso a sus chozas, o bien de visita o a comprar enseres de su canasta básica, con el delictivo propósito de fabricar asaltantes a quienes se aprendió in fraganti (al momento mismo de cometer un atraco). En tres ocasiones la PJF al mando de Reynoso, repetirá su operativo y presentará públicamente a los grupos de “presuntos asaltantes”: el 8 de julio hará otro tanto en la zona de “Las Ollas”30 y el 6 de agosto en Zirándaro. Los testimonios que recabó el Departamento de DH de la Arquidiócesis de México (DDHAM), encabezado por Teresa Jardí, de las víctimas aporta datos de suma importancia para nosotros: Les dijimos –refiere el informe que realizó el DDHAM luego de visitar a los presos en Acapulco- que no somos asaltantes, que nos permitieran identificarnos. Pero nos amenazaron con las armas y nos dijeron que no habláramos. Nos preguntaron: ¿cuántos kilos traen?, pero no nos dijeron de qué… Nos llevaron al retén Bajos del Ejido. Ahí nos subieron a una Suburban que estaba estacionada donde ya había otros detenidos. Ahí nos tuvieron muchas horas encerrados… A ese lugar llegó un comandante de la PJF, y salieron en el vehículo con los detenidos hacia Acapulco por la carretera federal. Cerca de El Cochero los bajaron de la camioneta y afuera y a la orilla de la carretera nos formaron para tomarnos fotos. Eran cerca de las 3:30 horas de la madrugada.

De ahí –prosigue el relato- se nos llevaron a las oficinas de la PJF en Acapulco. Una hora después llevaron armas, machetes y pasamontañas y repartieron entre los detenidos esos objetos; a unos les toco cuernos de chivo, a otros rifles”. Los prepararon para tomar las fotos. “Se nos vistió de café, se nos puso pasamontañas. Había 8 armas y éramos 9 los detenidos. Para las fotos, el comandante de la PJF saco la pistola que llevaba en la cintura y se la presto a uno de los detenidos que en reparto de armas no había alcanzado una.

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A partir de ese momento -refiere el DDHAM-, los 9 jóvenes estuvieron incomunicados 3 días en los separos. Pedían que les permitieran hacer llamadas para avisar a sus familiares y no se les permitía. Sus familiares los buscaron en ese lugar y se les dijo que no estaban. No pudieron verlos sino hasta que los trasladaron al CERESO, en donde permanecían hasta la fecha del informe31.

Basilia Suástegui, madre del pescador Narciso Dorantes (24 años), dijo al diario “La Jornada”, afligida y sollozando: Ya vendí todo. Mis gallinas, mis cositas, no tengo ya dinero, todo me lo he gastado en pasajes; mi hijo es inocente, lo quiero ver libre… Tengo miedo, mucho miedo… ya no puedo ir sola a vender como antes. Siento miedo. Ahora me acompañan dos mujeres que también van a vender pescado”. El gobernador –dijo Basilia- “nos prometió que en 2 días iban a estar libres y el tiempo ha pasado, y no quiero perder las esperanzas. Quiero a mi hijo libre porque es inocente”. Recuerda y vuelve a llorar: “Se lo llevaron cuando estaba tomando un refresco. Estaba en short y en camiseta. Se lo llevaron y los vecinos corrieron a decirme: Basi, a tu hijo, se lo llevaron… corrí y ya no estaba. No supe mas de él por varios días, y cuando lo vi me dijo: Madrecita, me acorde de ti. Yo le dije todavía: Entonces si, verdad, te acordaste de mi”. Luego -explica-, “nos venimos caminando de Coyuca al D.F. Se me rompieron mis chanclas y caminé descalza. Aquí una señora me regaló otro par y con esas ando, pero ya vendí todo y mi hijo no sale libre. El es inocente.

Felipe Galeana Andrade, padre del detenido Matías Galeana Juárez, al lado de doña Basi en la justa lucha por su libertad, expresa: “Mi hijo es inocente. Ya hemos dado mucha vuelta, nos traen vuelta y vuelta y no los sueltan. Tiene familia y están sufriendo hambre. Nos dijeron que iba a salir libre en 8 días, y ya pasaron dos meses”.

El cabizbajo Andrés Baltasar, hermano del detenido Eusebio (26 a), pidió: Quiero pedir la libertad de mi hermano. El es trabajador. Se lo llevaron, Les pedimos ayuda. Ya hemos andado mucho. ¿Dónde nos los darán?. Fíjese, ya gastamos todo y aquí estamos, pero ellos

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están mal en la cárcel, porque son inocentes, nada hicieron y los acusa la policía. Queremos justicia. ¡Queremos que se nos escuche!...”32

5.4.3 Agosto 15 de 1994 El semanario “Proceso” reproduce reportaje de su corresponsal en Acapulco, Gloria Leticia Díaz, donde informa que en los operativos de la PJF y la PGR, bajo el mando del comandante Reynoso, instrumentados entre el 29 y 30 de junio, “ha detenido a 24 personas: 15 de ellas acusadas de formar parte de bandas de delincuentes que se hacían pasar como miembros del EZLN”. La nota precisa los lugares y nombres de la captura de las víctimas, precisando que eran originarias de los poblados Las Ollas y El Papayo (región Costa Grande) y Zetina, Petacalco y Zirándaro (región Tierra Caliente), y que fueron “recogidas” en diversos tramos y lugares próximos a la carretera Coyuca-Zihuatanejo, y –en primera instancia- recluidos en el Penal de Iguala unos y –en segunda- a Acapulco los demás. Ubicados por sus familiares en prisión, luego de ardua búsqueda en muchos lugares, consigna que todos “fueron detenidos con violencia, luego de pedirles que se identificaran, cuando salían de sus casas al trabajo o regresaban (ardid utilizado), que se presentaron 14 testigos que avalaron su inocencia, y que el 6 de agosto, una 200 personas se plantaron frente a las instalaciones de la PGR en Coyuca de Catalán para protestar por las detenciones. Después los familiares se trasladaron a Iguala y Chilpancingo33”.

El reportaje refiere que -en junio- la diputada Solano AJDH- presentó queja ante la CNDH, puntualizando que la fuente original de la información “es plenamente digna de credito para mi, solo que ven este momento deseo reservar sus datos hasta en tanto se realicen las averiguaciones pertinentes”. No aboga abiertamente por su hijo –en primera instancia, como vemos- sino por los campesinos privados de su

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libertad del Municipio de Coyuca de Benítez, por elementos de la PJF al mando de Reynoso Salazar 34.

5.4.4 Nov. 11 al Dic. 2 del 94 Bado acusa ante medios informativos nacionales y locales a su jefe, de haber montado los operativos en los que ordena a sus subalternos detenerlos, “de dónde y cómo no me importa”, siempre y cuando fueran mayores de edad, de preferencia analfabetas, para después acusarlos de ser asaltantes y “zapatistas”35. A fines de junio, declara ante el Juzgado 3º. de Distrito en Materia Penal de Acapulco, que los agentes al mando de Reynoso cumplieron “órdenes” absurdas, deteniendo a personas inocentes, a los cuales obligaron a usar pasamontañas –algunos fabricados con playeras negras del uniforme de los judiciales federales- y paliacates, los retrataron con armas de alto poder en las manos que los propios judiciales les entregaron, y los enviaron a la cárcel como chivos expiatorios: “Esas personas son inocentes, no estaban haciendo nada, no traían nada –aseguró en entrevista a Rosa Rojas, del matutino “La Jornada”-, añadiendo que firmó el primer parte de aprehensión del grupo de 9 detenidos de El Papayo -poblado de pescadores de Coyuca-, en la Causa Penal 54/94, como reseñó ese diario nacional en sus ediciones del 12 y 13 de noviembre previo, pues el comandante Reynoso lo amenazó apuntándole con su pistola en su oficina de Acapulco, pero después –por su desacuerdo con esa acción- se negó a ratificar el parte36.

Ante sus superiores Bado sostuvo -de manera categóricaque los detenidos “son inocentes”, y aseguró ante la jueza federal, Irma Rivero: “El subdelegado de la PJF ordenó a 5 elementos traer dos presos a como diera lugar”, al momento de negarse a ratificar el informe rendido el 30 de junio, toda vez que “asentó su firma cumpliendo órdenes del subdelegado Reynoso”. Manifestó tener conocimiento de que a 5 de sus compañeros, Reynoso “les ordenó traer a como diera lugar a

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dos personas detenidas, y que a él únicamente lo comisionaron para cuidar los vehículos oficiales en el cruce de caminos denominado Bajos del Ejido, pero que tuvo conocimiento”, que la detención arbitraria se llevó a cabo y las 9 personas detenidas eran inocentes de los cargos, “ya que las armas les fueron sembradas por órdenes del subdelegado…”37. Con sus declaraciones objetivas, Bado aumentó las esperanzas de los familiares de los detenidos, que siempre insistieron en su inocencia; pero se gano el maltrato de su jefe en la PJF. Sin embargo, para que los campesinos y pescadores fueran liberados, y el exonerado judicialmente, tuvieron que pasar muchos meses y se debieron tomar muchas iniciativas para obligar al Procurador de la República, Antonio Lozano Gracia (PAN), a desistirse de las acusaciones y separar a Reynoso de su cargo.

Convencidos de su inocencia, los familiares de los detenidos, se entrevistaron con el gobernador Figueroa Alcocer, el 12 de septiembre previo, quien les prometió: “Los presos saldrán libres en dos días, pues no se tienen dudas de su inocencia”.

Al ver incumplido el ofrecimiento, los familiares decidieron efectuar una marcha de Coyuca al D. F. y tocar puertas “hasta que nos escuchen y nos hagan justicia...” En la capital federal visitaron a la activista-periodista Jardí –esposa del fallecido Lic. Andrade Gesler, abogado defensor de las víctimas de Tlatelolco (1968)-, que trabajaba en el DDHAM, logrando que tomara el caso para su difusión y defensa.

El autor de esta obra proporcionó algunos datos a la madre y diputada del “castigado” Bado, para buscar a Jardí y solicitar su intervención. Luego de la visita a México DF, Jardí estableció una atinada estrategia jurídica y mediática para evitar que Bado y los inculpados fueran torturados y “desaparecidos”, como temían los activistas involucrados en la defensa.

El DDHAM hizo público y entrego un informe del caso a la PGR, a la CNDH y a la Presidencia de la República, destacando que los pescadores del Papayo apenas tenían con qué

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vivir, pues “además de señalar que es la misma policía judicial la que realiza los asaltos y la que supuestamente persigue `los delitos’, se tienen que cuidar de la Marina Costera, que los molesta cuando están pescando y en el peor de los casos les quema sus redes y les quita sus herramientas de trabajo”…38 En distintos diarios y columnas, Jardí denuncia el caso como una muestra fehaciente de la injusticia y la impunidad existente en el país. Destacan dos: “Detener abusos policíacos” (19 julio 94) y “La peor apuesta” (22 nov. 94), que son una muestra de su valor civil y reciedumbre jurídica. En el primero de estos, Jardí pone de manifiesto como entro al caso: El miércoles 6 de julio me llamo la diputada Esther Solano para denunciar que se estaban realizando operativos “fantasmas” por parte de la PGR en Guerrero… advierte que a los agentes judiciales se les obligaba a firmar los partes. Algunos de ellos (omite citar a su hijo) ya se habían negado a hacerlo, recordando que en el IC-PGR, durante la gestión de Jorge Carpizo, se les enseñó a respetar los DH39.

La diputada Solano presento una queja en la CNDH, y yo en presencia del Secretario de la Defensa, el mismo dia 6 le di la denuncia a Mario Ruiz Massieu, Subprocurador de Delegaciones de la PGR. Sin embargo, con gran preocupación el lunes 11 vi en primera plana de El Nacional y de Reforma la fotografía e información sobre la detención de una banda de “delincuentes” en Guerrero, retratados con pasamontañas, paliacates y armas.

Como no hay delito mas grave, mas abominable e inaceptable que la fabricación de culpables, ese mismo día solicite acciones urgentes a ONG de todo el mundo, ante el riesgo que corremos de regresar a un pasado de descomposición y depravación de los cuerpos policíacos, lo suficientemente reciente para que no permitamos que sea olvidada...40

En el segundo artículo, la activista apunta sus baterías contra los Ruiz Massieu por igual: No podemos construir un Estado de Derecho en tanto quienes detentan el poder funcionen impunemente cometiendo cualquier

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numero de delitos. Aunque inaceptable el crimen, José Francisco Ruiz Massieu tiene una historia en mas de un sentido lamentable como gobernador de Guerrero. No parece gratuito que policias bajo las ordenes de su hermano Mario, hayan fabricado guerrilleros justamente en el estado que goberno y del que ambos son originarios, de cara al 21 de agosto…41

El 25 de noviembre de 1994, ya habiendo transitado la diputada Solano del PAN al PRD en Jalisco, acude a la Secretaría de DH del instituto político, logrando se pronuncie ante las principales ONGs de DH del país: El pronunciamiento llega “en los precisos momentos en que su hijo estaba siendo trasladado de la Ciudad de México a Acapulco, por haber señalado al comandante Reynoso “como el responsable de haber ordenado la detención de 9 jóvenes campesinos de Coyuca haciéndolos pasar por guerrileros zapatistas. Se teme por la seguridad e integridad física de Bado, por haber sido el único de los agentes que se atrevió a señalar al comandante como responsable de ese atropello. Y nos comunicamos con la CNDH para solicitar se garantice el respeto a sus DH”42.

El PRD se dirige al Director del Centro de DH “Miguel A. Pro Juárez”, A.C., el también jalisciense David Fernadez Dávalos (jesuita), pidiendo su apoyo para que la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos” intervenga a favor de la angustiada diputada Solano. Esta remite a la Red Nacional de ONG “Todos los Derechos para Todos” la información necesaria y se comunica a la CNDH, para ratificar su escrito de queja a favor de su hijo en grave peligro. Reconoce haber “sido atendida diligentemente por el Lic. Miguel Sarre, Tercer Visitador, quien recibió la queja telefónicamente el 25 de noviembre”, y la amplía. Gracias al expediente disponible en el archivo de la RJDH, es que podemos transcribir su ampliación de queja, optando por reservarse la maternidad:

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Solicito se investiguen las supuestas detenciones arbitrarias, ordenadas por un individuo que funge como comandante de la PJF, de nombre José Luis Reynoso destacamentado en Acapulco, y que fincando delitos inexistentes está violando los Dh y constitucionales de 9 jóvenes campesinos guerrerenses, actualmente detenidos en el CERESO de Acapulco, según Exp. 54/94 que se ventila en el Juzgado 3º de Distrito. Pido se investigue a fondo y se castigue a las autoridades involucradas en esta infame injusticia, así mismo exijo se proceda penalmente de conformidad en la causa del joven agente federal JORGE BADO SOLANO, que se sigue en el Exp. 22/94 que se ventila en el Juzgado 4º de Distrito en Materia Penal Federal, imputándosele haber cometido el delito de falsedad de testimonio según lo señala el M.P. de apellido Solís. Los dos expedientes se vinculan. El `delito´del agente Bado fue haber actuado apegado a derecho y a la VERDAD ante la juez Irma Rivero Soto y tener el valor civil de oponerse a órdenes arbitrarias del comandante Reynoso para detener a gente inocente y cargarles el sanbenito de ser ´guerrilleros zapatistas´. Estoy dispuesta a presentarme como testigo ante cualquier autoridad, pues soy miembro de la AJDH y vocal de la Comisión de DH del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Demando una investigación a fondo y que se abra la cloaca de la Agencia del M.P. Federal en Acapulco; además solicito se proteja el derecho que tiene el agente para conservar su empleo. Es inconcebible que la honestidad de un empleado federal se vea satanizada por funcionarios indeseables. Asimismo demando la libertad de los campesinos injustamente detenidos, el cese de la represión que el pueblo de nuestro país está sufriendo, pues es imperdonable, para que recuperen su libertad 9 inocentes…

Tuve conocimiento de estas arbitrariedades a través de informantes y me doy como voluntaria para aportar los datos que tengo ante cualquier autoridad que conforme a derecho me lo solicite.

Exijo se respete la integridad física del joven Bado así como de los campesinos aún presos…43

El 29 de noviembre, Rosa Rojas –periodista de “La Jornada”retoma el caso y publica un reportaje que levantó luego de un amplio recorrido que inició en el CERESO de Acapulco, continúa en la casa pastoral de Coyuca de Benítez, donde entrevista al párroco Orbellín Jaramillo, presidente del Comité

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de DH “La voz de los sin voz”, A.C., y culmina con otra a los familiares de los “asaltantes” en Zihuatanejo, La Unión y Petacalco, cuyo testimonio recoge y reproduce. El padre Jaramillo acusa a la PJF de “fabricar” a tres grupos de presuntos asaltantes, “para demostrar que había grupos que se estaban para dar la lucha como en Chiapas”. El párroco relata su punto de vista en los siguientes términos: Todo ocurrió porque la Judicial y el gobernador Figueroa no habían encontrado evidencias (de la existencia de zapatistas) y tenían que inventar culpables para decir que ya todo estaba solucionado. Al decir que se había detenido a presuntos guerrilleros, se buscaba cuidar una imagen a costa de lo que fuera, porque en Acapulco e Ixtapa los rumores (de la existencia de presuntos zapatistas) estaban disminuyendo el turismo”. Jaramillo apuntó que sin embargo “los secuestradores, los asaltantes, los narcotraficantes siguen en libertad y la gente inocente, que no tiene en qué caerse muerta es la que paga.

Como resultado del recorrido periodístico citado, Rojas obtiene una conclusión obvia y de gran importancia jurídica para los fines de esta obra: Todos los acusados entrevistados coincidieron en el detalle de que los judiciales rompieron playeras de la PGR para improvisar las capuchas que faltaban, ya que los pasamontañas que traían no alcanzaban para los ocho, y que alguien salió a comprar las camisas cafés, nuevas, que los obligazron a ponerse. También todos ellos aseveraron que no los dejaron leer los papeles en los que supuestamente se habían asentado sus declaraciones ministeriales. Y que a los que se negaban a firmar les dijeron: `Si no firmas te vamos tener que matar, pues no hay de otra…44

Las gestiones concurrentes de los familiares de los detenidos en Guerrero, de Jardí, el PRD y la CNDH en México, y de la señora Solano y la AJDH en Jalisco, empiezan a dar fru-

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tos el 1 de diciembre de 1994, cuando diputados federales perredistas solicitan al procurador general (Lozano Gracia) el “desistimiento de la acción penal en contra de los 17 ciudadanos recluídos en Acapulco”, y respaldan las peticiones de la diputada Solano al DDHAM y la CNDH, para que las autoridades también procedan ajustadas a derecho en la causa del joven agente Bado Solano, cuyo expediente 22/94 prosigue por el supuesto delito de testimonio falso. Los diputados Leticia Burgos, Jesús Ortega, Adriana Luna, Cuauhtémoc Saldoval y Zeferino Torreblanca (actual gobernador de Guerrero), manifestaron haber seguido con detenimiento el proceso penal, aseveran que la estructura de la PGR ha sido “utilizada con fines políticos”: Creemos que existió nuevamente por parte del Gobierno Federal la intención de fabricar delincuentes; sin embargo, la PGR no contaba con que de manera inusitada el agente de la PJF Jorge Bado Solano, al acudir como testigo de cargo en contra de 9 de los detenidos, manifestó valientemente `que los detenidos son inocentes y que si fueron detenidos por él, fue por órdenes del subdelegado de la PJF en el Estado de Guerrero, quien le indicó a cada uno de los agentes qué debía traer a ccomo diera lugar a dos personas detenidas´. Los efectos de formular esta aclaración ante el órgano jurisdiccional ha traído como consecuencia que el agente señalado, esté siendo hostigado por la PGR…45

Bado fue detenido a fines de noviembre por la PGR en instalaciones de la propia PJF en el Distrito Federal y trasladado a Acapulco para responder por el cargo de “falso testimonio”, en el Proceso 22/94, siendo internado en el CERESO, en “un área de reos peligrosos, donde fue golpeado por los presos y custodios”, logrando salir bajo fianza, con una caución de 4 mil pesos que pagó su madre. Finalmente, mediante la tortura, las penas inhumanas y el maltrato a su integridad corporal y moral la PGR intentó –en vano- que Bado abandonara su postura ética.

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Las gestiones ya señaladas, el peso abrumador de las evidencias y la opinión pública alertada por las ONGs rinden sus primeros frutos el 2, 3 y 4 de diciembre del 94, cuando Bado es finalmente entrevistado por Rojas, acompañado de su amigo y compañero de la generación en el IC-PGR, Guillermo Patiño, para ratificar lo que ya había declarado judicialmente contra el comandante Reynoso y la Delegación de la PGR en Guerrero: que los agentes federales detuvieron inocentes, a los que obligaron a usar pasamontañas, los retrataron con armas de alto poder en las manos que los judiciales les entregaron, y los enviaron a la cárcel; que él “firmó el primer parte de aprehensión del grupo de 9 detenidos en El Papayo (Exp. 54/94) porque Reynoso lo amenazó apuntándole su pistola a la cabeza, en su oficina de la subdelegación de la PJF en Acapulco, pero después, por estar en desacuerdo con la acción, se negó a ratificar el parte”. Las declaraciones de Bado muestran los arraigados principios que su familia le inculcó desde pequeño, la firmeza de sus convicciones y personalidad, su disponibilidad al sacrificio y las vicisitudes que conlleva objetar desde la propia conciencia las órdenes arbitrarias de los jefes: En agosto busqué hablar con el procurador general para darle a conocer la actuación ilegal del comandante Reynoso, pero no me concedió la entrevista, como tampoco pude hablar con el subprocurador general Mario Ruíz Massieu. Me turnaron con un asesor de éste, Braulio Ramírez, a quien puse al tanto de las irregularidades cometidas por el comandante, sin que se tomaran acciones para detenerlo. A mí me lleva Reynoso a la captura de los de El Papayo, a quienes acusa de portación de armas prohibidas, asociación delictuosa, tentativa de robo y asalto en la carretera. Pero me negué a ratificar el parte informativo rendido por el grupo en careos con los acusados, los días 12 y 13 de septiembre”. Cuando le preguntaron por qué declaraba eso, contestó que “por respeto a mi vocación y a mi carrera, que estudié como policía investigador y a los principios que me enseñaron en el IC-PGR, donde me enseñaron a respetar los DH”(…)Yo llegué a Acapulco, a fines de abril, con 8 agentes que estábamos en Zacatecas. Llegando, el comandante nos

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habló y enfatizó claramente que no quería que hiciéramos ningún tipo de investigación ni ningún tipo de movimientos si a él no se le tenía por enterado, que él ahí era el que mandaba y que a todo aquel que desobedeciera sus órdenes se las vería personalmente con él. Estuvimos casi todo el mes de mayo inactivos, todo el día y la noche recluidos en la sala de agentes mientras él y los comandantes Ayala y Palma –no recuerdo sus nombres-, llegados de México y personas ajenas a la corporación, se iban –según eso- a trabajar, a dar la vuelta por ahí.

Así pasó todo el mes, entonces empezó a subir el índice de delincuencia, principalmente en asaltos en carreteras, según decía la Dirección de Ataques a las Vías de Comunicación, entonces el comandante nos empezó a sacar, durante una semana, a un operativo que él fabricaba y consistía en rentar un camión de pasajeros en la Central de Autobuses, todos uniformados de negro y bien armados, nos subíamos y en ese camión recorría la carretera desde Acapulco hasta Zihuatanejo, a veces más lejos, pero custodiado por dos camionetas Suburban, una al frente y otra atrás, supuestamente con la esperanza de que nos fuera a asaltar y poder capturar a los asaltantes.

Cualquier persona sin necesidad de tener mucha experiencia en cuestiones policíacas se da cuenta de que este es un absurdo, pues el asaltante se da cuenta de qué camión quiere o va a asaltar desde la central. Entonces al ver una bola de tipos armados subiéndose a un autobús, ¿quién se va a acercar a asaltarlo?. Mucho menos si se da cuenta de que va custodiado por dos Suburban. Entonces no pasó nada.

Al parecer después de esto –sigue su relato Bado- se intensificaron las presiones de México, de la central, fue ahí cuando por primera vez nos reunió a todos, aproximadamente a las 6 de la tarde del 29 de junio, nos formó en grupos de cinco agentes con uno habilitado como jefe de grupo o pelotón, y ahí fue cuando nos dio la orden enfática de que cada grupo tenía que ir a detener a cierto número de personas.

Entonces, en base a los jefes de grupo que él había puesto al frente, nos dio el número: a unos les dijo dos, a otros 3, a otros 4, a otros hasta 5 personas a detener, y textualmente dijo: `de dónde y cómo, no me importa, simplemente no quiero que sean abogados los que me traigan, pero quiero que para las 9 pm me tengan el número de detenidos que les he dicho, porque tenemos las presiones de México bastante fuertes y si yo me voy solo, también ustedes

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van conmigo´. Después de esta orden, yo expresé un comentario de desagrado pues que desde un principio que entré a la corporación lo he hecho por vocación y por amor a la carrera, porque me gusta en sí lo que es, pero no para prestarme a este tipo de artimañas. Entonces él se dio cuenta y me dijo que si tenía algún problema yo, que si no estaba de acuerdo en algo. Ahí fue la primera vez que le expresé que sí, que definitivamente a mí no me parecía esa orden. Entonces ordenó al comandante Ayala que a mí me pusiera sola y únicamente a manejar una de las Suburban y a custodiar en un momento dado las demás Suburbans.

Fue con esas instrucciones de Reynoso que se formó el primer grupo de detenidos: el de El Papayo, integrado por 9 hombres inocentes que llevan ya 5 meses en la cárcel.Y así como ésta hubo 5 o 6 operaciones más, para demostrar el trabajo ante los del centro, concretamente a los de la Dirección Operativa de la PJF”, concluye Bado la primera parte de su testimonio46.

En la segunda parte, el agente que objetó las órdenes superiores por razones de conciencia pide públicamente a través del diario que lo buscó, se abra una investigación hecha en forma por parte de las autoridades de la PGR, sobre las denuncias que hice respecto a la “fabricación de culpables” que realiza el subdelegado de la PJF en Guerrero, “pues hay muchos más datos y más cosas de las cuales tengo conocimiento, pero por el momento no me atrevo a decirlas porque si con algo tan sencillo como esto, atentan contra mi vida, con lo demás, más fuerte, más grave, ya no estaría yo aquí”.

Pidió someter a la prueba antidoping a todo el personal de la PGR en Acapulco, lo que permitirá demostrar –dijo- que muchos agentes consumen drogas. Reiteró que además de ser inocentes los 9 detenidos de El Papayo (expediente 54/94), son inocentes también los 8 detenidos de Las Ollas (expediente 55/94), a quienes –por igual- se acusó igualmente de “asaltantes” y “zapatistas”. Reseña el “operativo fantasma” que cayó sobre El Papayo, con lujo de detalles, de principio a fin; denunciando también al M.P. federal, Jesús Manuel Solís, como el “único que se prestaba a este tipo de artimañas en

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la PGR, como prefabricar todo el parte informativo y posteriormente la ratificación”. Y concluye su testimonio con los siguientes eventos críticos: En los separos de la judicial federal en Acapulco, como a las 10 u 11 de la mañana del 30 de junio discutí con el comandante Rodolfo Muñoz Leyva, que no estaba de acuerdo con esa situación (detención arbitraria de los campesinos), que no era eso lo que se había enseñado en el IC-PGR… Entonces el comandante se enojó mucho conmigo y me dijo: `todo lo que tengas que decir, si vas a querer o no firmar, se los dices directamente al yanqui´, que es la clave que se le da al subdelegado. Entonces, después que todos los compañeros firmaron –muchos aún sin estar de acuerdo-, el comandante Muñoz les decía que era una orden superior y que tenían que acatarla… Entonces todos firmaron. Subió Muñoz con 3el parte y la ratificación ya firmada por todos excepto por mí, a platicar con el subdelegado arriba, en su privado. Ya estando solos, Reynoso con palabras obsenas, me dijo que por qué no quería firmar el parte, y le comenté que con todo respeto me negaba a firmar ese parte porque yo no me prestaba a este tipo de artimañas, y a mí no me parecía lo que se había hecho a personas inocentes, que él lo sabía bien y se les estaba achacando algo por lo que estarían bastantes años en prisión sin tener delito alguno.

Entonces el comandante me dijo que si yo no estaba consciente de qué era la corporación, se tenían que acatar órdenes y que él era mi superior y me estaba dando una orden (firmar). Yo le dije que sí, pero que también estaba consciente de que en nuestro Reglamento de la PJF, en uno de sus artículos dice que uno no debe prestarse a órdenes a sabiendas de que son completamente erróneas, o sea fuera de razón. Por ese motivo el comandante se enojó bastante conmigo.

Se puso de pie, sacó su pistola, apuntó hacia mí y me dijo que ahí se hacía lo que él ordenaba, le gustara a quien le gustara… que no iba a haber problema de ningún tipo, pero que si yo no quería firmar, que necesariamente me iba a ver directamente con él y que se iba él a encargar de aniquilarme, o sea, de matarme, si yo no firmaba.

Y bueno, ante una amenaza así, firmé. Sin embargo, como lo dije ahora, en la última audiencia que estuve en el Juzgado 4º. de Acapulco, cuando hice la declaración preparatoria, después de haber estado detenido por algunas horas le dije al secretario de acuerdos que me parecía un absurdo, una incongruencia total, que yo –siendo la única persona honesta- con vocación y que no me había prestado a esas

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artimañas, fuera detenido como un delincuente siendo que cunado firmé ese parte tan no estuve de acuerdo que no puse yo mi firma tal como es –Jorge Bado y esa vez nada más puse Jorge-, porque no estaba yo de acuerdo a pesar de la amenaza directa que me hizo aquel tipo…47

En el expediente que armó la AJDH y ahora posee la RJDH, obran dos ejemplares subrayados que su madre nos hizo llegar, luego que su hijo Jorge regresó con ella a Chapala, que estudio cuidadosamente cuando pasa por las aulas del IC-PGR. Veamos a continuación las partes relevantes de dos normas, publicadas ambas en el “Diario Oficial de la Federacion” y, por tanto, obligatorias para todos los agentes federales, que Bado comprende y aplica a la perfeccion en este caso. Subrayamos que estamos ante normas juridicas y eticas, compatibles con su propia conciencia moral y vocacion inicial: Código de Etica Profesional para los Agentes Federales del M.P. y la PJ.: Art. 2º.- Los agentes federales como servidores publicos encargados de hacer cumplir la ley, estan obligados a: Velar por el respeto de los Derechos Humanos;…

Hacer del conocimiento de sus superiores, de manera inmediata, cualquier violación a los Derechos Humanos, y Dar trato cortes y digno al publico y a los detenidos, vigilando que, en caso necesario, se les proporcione asistencia medica…48 Reglamento de la Carrera de Policia Judicial Federal: Cap. VII: Deberes de la PJF. Art. 23.- Losa agentes de la PJF, ademas de las obligaciones que les imponen otros ordenamientos, en su carácter de servidores publicos deberan ajustarse a lo siguiente: I. Realizar sus funciones con honestidad, diligencia, oportunidad, reserva y discreción; II. Tratar con respeto, atención,, diligencia y sin coaccion alguna al publico, respetandole sus Derechos Humanos;…

IV. Abstenerse de dictar o ejecutar ordenes cuya realización u omision constituyan delito. El superior jerarquico que las dicte y el subalterno que las cumpla, seran responsables conforme a la legislación penal y a la de responsabilidades49

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5.4.5 Enero de 1995 Concluye el caso: ¿como concluye?. En su breve lapso de un mes todo se desencadena. El 16 de diciembre de 1994, a iniciativa de los diputados del PRD, los integrantes de la Comision Legislativa Especial encargada del seguimiento al asesinato de J. Francisco Ruiz Massieu, citados a una reunion en Acapulco por la PGR, abordan al procurador Lozano, le solicitan la destitucion del subdelegado de la PJF en Guerrero y una investigación de su responsabilidad en la detencion de 19 ciudadanos de la Costa Grande, asi como del hostigamiento, aislamiento y amenazas contra el jalisciense Bado, por su declaracion a favor de la inocencia de los presos. Los legisladores piden respuesta al documento que el PRD nacional le hizo llegar con identicas peticiones, firmado por Leticia Burgos y Jesús Ortega, en que exponen pormenorizadamente el caso de los detenidos de El Papayo, presentados por Reynoso como encapuchados que se hacian pasar por zapatitas. Los medios difunden ampliamente el encuentro y destacan que la solicitud mas insistente a Lozano Gracia era “desistirse de la accion penal en contra” de todos ellos. Burgos abruma a Lozano con la insistencia en que “no han cesado las amenazas y hostigamiento a Bado Solano”, y le exige concederle “garantias y seguridad personal”50.

El lunes 9 de enero del año 1995, la PGR inmersa en un mar de contradicciones y acusaciones, determina a traves del Subprocurador de Control de Procesos, informar a la diputada Burgos que “se habia determinado retirar las acusaciones y desistirse de la accion penal contra el agente Bado”, habiendo analizado las peticiones de su madre, de la AJDH y el DDHAM51. El 10 de enero, como resultado ninmediato de una investigación interna del caso en la PGR, comienzan a salir libres los implicados indebidamente por Reynoso. En primer lugar, es liberado mediante un recurso resuelto por el Tribunal Unitario del 21 Circuito en Acapulco, el campesino Francisco Morales de la Cruz (19 años), habiendo recuperado su “liber-

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tad absoluta”, luego de ser detenido el 15 de junio en El Cayaco, municipio de Coyuca, junto con su sobrino Bernardino Gonzalez. El Tribunal revisor revoca la sentencia dictada por la jueza 3º. de Distrito en Acapulco, que condenaba a Morales a 10 años de carcel y al sobrino lo envio al Consejo Tutelar para Menores Infractores, en Chilpancingo. Se anuncia que la PGR “retirara los cargos contra 9 jovenes detenidos el 29 de junio en El Papayo, y la acusacion contra Bado por supuestas (nunca probadas) declaraciones falsas ante el juzgado. Se anuncia que la PGR decidio turnar el caso Reynoso Salazar a la Contraloría Interna, para determinar su responsabilidad penal y administrativa en haber realizado actos de privación ilegal de la libertad contra todos ellos52.

Al dia siguiente, 13 diputados y senadores del PRI originarios de Guerrero, solicitan al procurador Lozano “la destitucion inmediata del subdelegado de la PJF por haber tramado y dirigido la detencion arbitraria de 9 personas de la Costa Grande”53. A la desesperada, los denunciados por Bado –“amigos” del arbitrario Reynoso- secuestran por unas horas al jalisciense Bado. Según la nota del diario “El Sur”, que lo entrevista luego de ser liberado, “Bado fue interceptado por 5 madrinas, el 11 de enero cerca de las 10 de la mañana, al salir del aeropuerto, siendo amenazado, insultado y abandonado por sus captores en la vieja carretera a Mexico”. Esta vez no es agredido fisicamente, como antes54.

El 13 de enero, el subdelegado de la PJF, señalado como responsable de “fabricación de delitos” contra personas inocentes y haber detenido arbitrariamente a los campesinos de la Costa Grande, comparece a declarar en el Juzgado 4º. De Distrito. Se disculpa a su manera: “No se que fines oscuros se persiguen porque se hace una campaña de desprestigio contra mi persona y hacia la institución que represento (PGR), auxiliandose en los medios informativos”, luego de ser careado con el agente Bado.

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El 16 de enero, desde Guadalajara, su madre y aguerrida diputada jalisciense, remite una Carta de Inconformidad al procurador Lozano por la manera absurda e indebida como la PGR lleva la indagatoria contra su hijo en Guerrero: A sólo unos dias para se cumplan seis meses, de haber avisado al anterior procurador Lic. Benitez Treviño sobre la arbitrariedad que continua lacerando los derechos no solo de mi hijo, sino los de todos los individuos que creemos en el Estado de Derecho, lo unico que he podido observar ha sido la solapacion e indiferencia, asi como la impunidad en crudo de que hasta ahora gozan las sanguijuelas involucradas en esta grotesca fabricación de delitos…” La señora Solano cita: “No hay delito mas grave, mas abominable e inaceptable que la fabricación de delincuentes, le escribio a Ud. la Lic. Teresa Jardi, en su columna de La Jornada del pasado 19 de julio de 1994. Como madre del agente que se condujo con la VERDAD ante la Juez 3º. de Distrito en Acapulco, se que le trajo como consecuencia que le fabricaran el delito de FALSEDAD EN DECLARACION JUDICIAL (Exp. 22/94), y sufrir orden de aprehension con su clasica golpiza dentro del CERESO de Acapulco. Ya no es lo duro sino lo tupido, pues los señalamientos que tengo los hago con fundamento.

Narro algunas de las ultimas arbitrariedades sufridas por mi hijo: + El 11 de Enero estaba citado para un careo con varios agentes federales involucrados en el OPERATIVO FANTASMA del ZAPOTE y EL PAPAYO, y cuando llegaba al aeropuerto de Acapulco fue interceptado por 5 sujetos y obligado a subir a una camioneta que lo llevo a despoblado, rumbo a la carretera vieja a Mexico, accion que tuvo como consecuencia que no se presentara a un careo de tres programados… + No tenemos la acostumbrada comunicación que habíamos establecido, pues desde que ha sido tratado como un vulgar delincuente, debe presentarse a firmar por estar todavía en libertad bajo caución, así que cada lunes debe ir al Juzgado. Ejemplo: El lunes 16 de enero debe presentarse a firmar. El pasado 12 y 13 de enero personalmente estuve durante los careos y fungí como representante de confianza del reo. Presencie a un testigo que dijo ser Fiscal Especial + La franca ausencia del Juez 4º. de Distrito, habiendo sido el secretario quien presencio la audiencia de careos con campesinos.

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Durante este estuvo presente un diputado integrante del Congreso de Guerrero, Apolinar Segueda con algunos regidores del Ayuntamiento de Acapulco y algunos medios de comunicación, como El Sur, El Sol de Acapulco, dos representantes de la Red de DH (Dr. Javier Mójica M. y Lic. Elisa), los campesinos Pablo Morales, Fernando García, la reportera Maribel Gutiérrez, etc. Todos ellos fueron víctimas –al igual que yo- de la acción intimidatoria que agentes federales llevaron a cabo cuando hizo acto de presencia el individuo que funge como comandante de la PJF, Jose Luis Reynoso S., armados de cámaras y un video. Se entregaron de lleno a la tarea de hostigarnos con flashazos.

Así las cosas, hago llegar esta misiva a través de mi hija Jennifer.

Voy a acompañar a mi hijo a firmar al Juzgado en Acapulco. Pido garantías para mi seguridad y la de mi hijo… Espero el desistimiento de la acción penal en su contra…55

El 17 de enero, irrumpe otra noticia alentadora: El Congreso de Guerrero aprueba un punto de acuerdo legislativo mediante el que decide interceder ante la PGR para que “se desista de la acción penal contra otros 9 presos sobre los que pesaban los mismos cargos ficticios, de los 18 internos recluidos por la misma causa en el CERESO de Acapulco, y piden el desistimiento de la acción penal ejercitada contra Bado. El diputado perredista Apolinar Segueda informa horas más tarde, desde Chilpancingo -la capital- que Bado, su abogado defensor e incluso el mismo han sido “hostigados” –por igual- a través de agentes de la PJF para evitar que se ratifiquen las denuncias contra su jefe56.

En respuesta a la misiva, finalmente el 23 de enero/95, el Subprocurador de Control de Procesos de la PGR, en México, DF., Moisés Moreno Hernández, le envía a la diputada Solano un oficio en los siguientes términos concluyentes: Por instrucciones del Procurador General de la República, por este conducto se da contestación a su misiva del 16 de enero, a través del cual solicita se resuelva lo procedente respecto de la causa penal 22/94, instruida en el Juzgado 4º. de Distrito en Acapulco, en

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contra de Jorge Bado Solano, por la probable comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales.

Al respecto, hago de su conocimiento que con antelación a dicha petición, el Procurador tuvo conocimiento de tales hechos y procedió a instruir al suscrito para que realizara las investigaciones correspondientes.

En base a lo anterior, se procedió a efectuar análisis jurídico del proceso, <lo que dio como resultado que la Dirección General de Control de Procesos de esta Subprocuraduría emitiera el Dictamen respectivo, en que se estimo la procedencia del sobreseimiento de la causa antes referida (…) Reciba un cordial saludo del Procurador y su agradecimiento por su escrito…57

Un ultimo dato que cierra este caso, fue publicado por Rosa Rojas en “La Jornada” del 14 de febrero siguiente, donde el titulo expresa el desenlace de esta difícil lucha librada en tres Estados de la Republica: “Las autoridades pagarían la fianza de los nueve guerrerenses detenidos”58. El 12 de febrero previo, Jalisco realizo los primeros comicios locales donde el régimen productor de malos servidores públicos como Reynoso, Palma, etc. (PRI) fue castigado políticamente por el pueblo en las urnas. El Ingeniero Alberto Cárdenas (PAN), es el primer gobernador opositor que llega al cargo en 70 años59.

5.5 Motines de Puente Grande (4 a 6 de Mayo de 1995) Luego de la histórica alternancia en el Gobierno estatal y municipal entre PRI y PAN, el viejo régimen autoritario le pasa la “factura” al nuevo y titubeante gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, en la parte más débil de la administración (el sistema penitenciario: 6 mil detenidos representan un sobrecupo de más del 100% de la capacidad del complejo penitenciario). En la primera quincena estallan en el hacinado complejo, particularmente en el CERESO, los terceros y

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más sangrientos motines de que tengamos memoria en esta década. Saldo inicial “oficial”: 7 muertos y más de 60 heridos graves. La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas o lesionadas por armas letales que utilizan para “sofocar” motines –en un exceso de fuerza- las corporaciones federales y estatales encabezadas por el capitán Horacio Montenegro (PRI) y el procurador Jorge López Vergara (PAN), con funestas consecuencias para los reos, sus familias y derechos fundamentales.

El motín no termina –pese a los métodos brutales utilizados durante la represión-, pues entre el 20 y 27 de mayo, se dan 11 “riñas” con los consiguientes lesionados “a puntazos”. La Red de Organismos Civiles de DH se pronuncia el 1° de Junio de 1995 en un comunicado, señalando causas o detonantes, pues ya el 31 de agosto de 1994 la CNDH había emitido la Recomendación 104/94 sobre el “Caso de maltratos, golpes y traslados injustificados ocurridos en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara”, que puso de manifiesto el uso sistémico de la tortura, un hacinamiento del 48%, tráfico de drogas, “ajustes de cuentas” y el autogobierno, como causas eficientes del motín anterior, por desgracia nunca descifrado (Octubre de1993), al que nos referiremos después. Esto es, los reos subsistían en un auténtico “polvorín”, su readaptación social era imposible y las mafias se aprovechaban para lucrar con su desgracia60: El Penal Metropolitano –segundo del país- es tierra de nadie, en él impera la ley del más fuerte, el hacinamiento ha alcanzado niveles insoportables, pues celdas destinadas para 2 ó 3 personas son ocupadas por 5 y hasta 6 presos, lo que trae como consecuencia que el reo se despersonalice y se pierdan las posibilidades de su rehabilitación. La clasificación y ubicación de los internos es incontrolable e imprecisa, pues no se realiza de acuerdo al grado de peligrosidad, edad o falta cometida, lo que propicia una contaminación carcelaria extremadamente grave, y un peligro constante para los derechos humanos de los reos.

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La situación de corrupción y violencia se viene dando desde la administración estatal anterior). Sólo que esta vez la situación fue provocada por elementos de seguridad con fines políticos, pues la anterior Directora de DIGPRES, Marisela Gómez Cobos era muy cercana al grupo político del gobernador interino Rivera del PRI. En su renuncia del mes pasado, aprovechó para deslindarse de las muertes que ocurrieron durante su administración en el penal (un muerto por semana en alguno de los centros: Reclusorio Femenil, CERESO y el Preventivo de Guadalajara), para no hablar del CEFERESO N° 2 de alta seguridad, conocido por ‘almoloyita’...61

El gobierno panista -neófito- intentó prevenir y sancionar nuevos amotinamientos en la ciudad y entidad, mediante la creación y operación del fallido Acuerdo Intersectorial para la Dignificación de los Reclusorios del Estado (siglas: AIDRE), propuesto el 16 de mayo de 1995 por el Gobierno del Estado, a la SEGOB Federal, las Comisiones Nacional y Estatal de DH, los rectores de las universidades privadas y públicas más influyentes, los dirigentes de tres ONG’s de la Red Jalisciense y del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco62. No se puede rehabilitar ni dignificar por decreto, como sucedió en este caso.

El AIDRE se desintegró entre 1997-98 a causa de fuertes disensos al interior del Gobierno del Estado, la ultraderecha y las mafias que se vieron afectadas en el complejo de Puente Grande con su actuación y proyecto dignificador, tema que rebasa el objetivo de este trabajo, pero lo cruza, pues –en alto grado- el incumplimiento de la Recomendación 98/95 que la CNDH emitió el 19 de julio de 1995, siendo dirigida al primer gobernador panista y al procurador general de la república (Antonio Lozano Gracia, también panista), luego de los trágicos motines y ajuste de cuentas político o interpartidario, siempre estuvo sujeto al avance de dicha iniciativa que –durante dos años- aglutinó al gobierno responsable, al “ombudsman” mexicano y a un sector significativo de las ONG’s, aglutinadas por la entonces pujante Academia Jalisciense de Derechos Humanos.

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La responsabilidad mayor de las autoridades involucradas en las graves violaciones a los DH de los reos asesinados, lisiados y lesionados -grave o levemente-, estuvo en desatender e incumplir –hasta hoy- el denso mensaje de advertencia y las peticiones de la Recomendación 104/94 hoy todavía “incumplida”, donde están de manifiesto qué fuerzas oscuras y políticas erróneas dirigían los rumbos del complejo penitenciario, sus funcionarios e internos, entre los que la recomendación refiere: Aproximadamente 20 internos indicaron que es frecuente que el personal de custodia golpee con toletes, tubos, varillas, pies y puños, a quienes desatienden alguna indicación o son sorprendidos al cometer faltas. Durante las entrevistas (con los visitadores de la CNDH), la mayoría de estos reclusos se negaron a proporcionar sus nombres, debido a que posteriormente a las visitas de esta Comisión Nacional, se tomaron represalias contra los que denunciaron malos tratos por parte del personal del Centro (se refiere al Reclusorio Preventivo de la ciudad).

Entre los elementos de seguridad y custodia que los internos señalaron reiteradamente como golpeadores, se encuentran los siguientes: los conocidos como Julián, Martín Carbajal, Elpidio, Edgar, Mata, el Chilango, el Padre Santo, el Charlie, el Chino y Juan el federal. Añadieron que el jefe de seguridad de apellido Nájera es experto en golpear ‘sin dejar huella’, para lo cual utiliza un tubo envuelto en una toalla mojada...63

La histórica –por incumplida- resolución de la CNDH fue resultado de un largo proceso de investigación, que tuvo lugar entre los meses de septiembre de 1993 y junio de 1994 (10 meses), realizado por un grupo de visitadores que se presentaron en 7 siete ocasiones en el RPG y en los CEFERESOS Nº 1 y 2, para investigar las quejas de internos ubicados en el “módulo de segregación y el área de ingreso del Reclusorio”, provenientes de denuncias del Comité Pro Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, “contra algunos custodios del denominado Grupo Especial de vigilancia de ese Centro

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que golpeaban a los reclusos alojados en el módulo.., de igual forma que se les aislaba mientras desaparecían las huellas producidas por los golpes, y que durante ese lapso no se les proporcionaba atención médica”64.

El 29 de septiembre de 1993, el entonces Director del Departamento de los Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado (DESCOPRES), Arturo Zamora Jiménez –Alcalde de Zapopan y fallido candidato del PRI al Gobierno estatal (2004-2006)-, remitió a la CNDH un oficio en que informaba que había “girado instrucciones al entonces director del RPG, Lic. Pedro Serratos Valle, para investigar los acontecimientos en que resultaron lesionados (2 de los 6) los internos objeto de la misma agresión”. El siguiente director, Gustavo González Navarro, “refirió desconocer el avance de la investigación”65. Entre las numerosas evidencias encontradas, la CNDH refiere –uno tras otro- 15 casos donde se refieren diversas modalidades de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

A la salida de Zamora, quedó al frente de la renovada Dirección General de Prevención y Readaptación Social (desde entonces DIGPRES), licenciada Marisela Gómez Cobos, recientemente titular de la Dirección de Desarrollo Social del ayuntamiento zapopano66. Los visitadores a cargo del Lic. Miguel Sarre Iguiniz, titular de la 3ª Visitaduría General de la CNDH, recabaron los testimonios de 3 miembros del “Morelos”- que luego de las denuncias formuladas por los internos a miembros de la AJDH, la Red y la opinión pública (a través de una “conferencia de prensa” que Zamora permitió en el interior a los medios informativos de la ZMG), fueron trasladados injustificada e ilegalmente a los CEFERESOS números 1 de Almoloya de Juárez, Estado de México (hoy “La Palma”), Luis Ríos Aguilar, Rafael Avila Moreno, y núm. 2 de El Salto (Jalisco) Oscar Morales Pelayo, con el pretexto de haber participado en el motín de 5 de octubre de 1993, “originado por el

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enfrentamiento y riña de dos grupos, identificados como los ‘Jalisco’ y los “guerrerenses’ en el interior del RPG”67, imputación que las autoridades penitenciarias de Jalisco nunca pudieron probar en el expediente de la CNDH. Los internos trasladados atribuyen el súbito traslado a fines de octubre de 1993 a un acto de represión de Zamora, que “retiró su apoyo al Comité y destituyó al licenciado Serratos...(previa) propuesta fallida a Morales Pelayo, presidente del “Morelos” para que aceptaran sus miembros “la concesión de tiendas y de otros ‘negocios’ en el interior del establecimiento a cambio de que cesaran las denuncias dirigidas a la opinión pública, lo cual fue rechazado pues continuaron con los señalamientos de violaciones a los DH....”68 .En su capítulo de “Observaciones”, el “Ombudsman” nacional concluye atinadamente con el examen de las vejaciones acreditadas durante la investigación. Y respecto a la tortura establece un criterio que nosotros sustentamos al redactar esta obra: La seguridad es de suma importancia para el buen funcionamiento de una institución carcelaria, pero ésta no puede ser efectiva si las autoridades ignoran, tanto las circunstancias que rodean los acontecimientos que ocurren en el interior del Centro, para proceder con justicia en la aplicación de sanciones y en la concesión de estímulos, como los atropellos a que son sometidos los internos.

En nuestro sistema penitenciario los actos de torturano pueden tener cabida pues atentan contra el ordenamiento jurídico y contra la dignidad humana, además de que no sirven a los fines de readaptación social y constituyen delitos69.

Cuando la CNDH se refiere al “jefe de Seguridad de apellido Nájera... experto en golpear sin dejar huella”, se está obviamente refiriendo al ahijado y persona cercana al último director del DESCOPRES y pasado Alcalde zapopano, esto es, a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, durante 6 años Director de Seguridad Pública del Municipio de Guadalajara, a

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quien las autoridades metropolitanas (PAN-PRI) le han dejado coordinar las corporaciones de los municipios conurbados de la ZMG70.

Se describe la identidad de un experto torturador que las autoridades estatales y municipales de la “alternancia” (PRIAN) han tenido encubierto y dejado libre más de una década. De ahí el incumplimiento de la recomendación 104/94, cuyas propuestas y peticiones específicas –en caso de haber sido atendidas a tiempo- hubiesen evitado o disuadido –al menosla serie de motines siguientes, más graves, destructivos e inhumanos (por las víctimas fatales), esto es, a los internos a que se referirá un año más tarde la propia CNDH en su Recomendación 98/95, de fecha 19 de julio de 1995, enviada al inexperto nuevo Gobernador del Estado, Alberto Cárdenas (primero del PAN) sobre el “Caso de los disturbios ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 1995, en el CERESO de Guadalajara, Jalisco”, que refiere un saldo oficial de 7 muertos y 104 lesionados (por armas de fuego letal, menos 56 que lo fueron por “otros medios”), a causa de que los “elementos de las corporaciones de policía estatal (al mando del capitán Horacio Montenegro, Director de Seguridad Pública del Estado y el entonces procurador Jorge López Vergara) y federal (Judiciales de la PGR), que golpearon y maltrataron a los internos y los privaron de la vida” (ejecución extrajudicial o sumaria).

Las autoridades estatales jaliscienses en lugar de proceder de conformidad a alguna de las recomendaciones específicas de la 104/04, y por ende identificar, cesar o suspender hasta procesar penal y administrativamente al entonces Jefe de Seguridad del RPG, lo estimularon y premiaron en sus actitudes patológicas y destructivas al concederle desde el año 2001 la Jefatura de la Dirección de Seguridad Pública de nuestra ciudad capital, que ha sido sumida en una larga como lamentable escalada de actos crueles y violentos, que sólo pueden provenir de la conducta inmoral y antijurídica de un torturador

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experto, como es y ha sido Nájera, cuyos antecedentes familiares y penales lo inhabilitaban para desempeñar cargo alguno dentro del servicio público, pues en su adolescencia atacó sexualmente a una joven, entre otras “delicadezas”, como es conocido por un despacho a donde su padre lo llevó a consulta y orientación.

La amenaza para los tapatíos y las instituciones públicas y privadas más importantes en la dinámica, paz y armonía de la ciudad, no es menor, pues –como bien lo ha dicho Sarré, experto de la Oficina del Alto Comisionado de las NU para los DH (2002-2003) y primer “ombudsman” del país en 1988-89 al frente de la Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes-: “la verdadera seguridad pública es la que respeta los DH. Preservar los DH en la procuración de justicia no es sólo una exigencia de orden ético y jurídico, sino de eficacia”71.

Tanto la AJDH como la Red de DH –creada en marzo de 1993, a instancias de la citada asociación y 54 ONGs y grupos ciudadanos, entre los cuales están los del “Morelos”- tuvieron una significativa participación en los trabajos del debate legislativo que llevaron a la promulgación por la Legislatura de Jalisco de la primera y no derogada Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. La iniciativa corrió por cuenta del gobierno salinista, que instruyó a las Legislaturas federal y locales –a través del partido dominante-, pero la sociedad civil no permaneció al margen del proceso legislativo, férreamente controlado por el régimen priísta. En el caso, por encargo de las ONG’s y decenas de víctimas interesadas en la erradicación definitiva de esta institución prohibida72, se determinó que el área penitencia de la Red participara en los trabajos del Congreso local.

En los medios informativos en proceso de emancipación luego de las explosiones de 1992, que provocaron la más intensa movilización social que la capital de Jalisco ha conocido, fueron funcionarios públicos que acudiendo a la condición de

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reputados “juristas” como el citado Zamora Jiménez, los impulsores y propagandistas de la iniciativa del gobernador Rivera, participando coordinadamente con Guillermo Ramos Ruíz -líder del Congreso-, los que impidieron que las propuestas civiles y de las víctimas fuesen incorporadas al texto vigente desde el 24 de Diciembre de 1993, tan ineficaz y ambiguo como sus creadores. Las ONG realizamos una serie de críticas y propuestas para contrarrestar las evidentes deficiencias de la Iniciativa de ley73, sin que esa ni posteriores Legislaturas nos hubiesen escuchado, pese a la impunidad de los crímenes derivados de la práctica ilícita de la tortura.

Varios juristas jaliscienses disintieron de la postura oficial y se sumaron a nuestra campaña para tener una legislación digna y severa74.

La Red y OSC de Jalisco queríamos que la ley estableciera los procedimientos, antídotos y penas ejemplares para que tan absurda institución colono-medieval desapareciera junto con sus autores y cómplices, en el nuevo régimen democrático que despuntaba en México y en la entidad. Fuimos portavoces de cientos de víctimas de la tortura y de nuestra sociedad agraviada; pero el Congreso –por consigna- emitió una ley que ha concedido márgenes suficientes a los torturadores (como Nájera), expertos o no, para seguir delinquiendo, a favor de decenas –o tal vez centenares- de organizaciones delictivas que –al amparo- de cargos en la “Seguridad Pública”, en la “Procuración de Justicia” o en la “Readaptación Social”, prosiguen con la antijurídica práctica, en pro de la violencia, la impunidad y la corrupción, claro con mayores “precauciones” que antaño, pues sus métodos ahora son más sofisticados y no dejan “huella”, como lo refiere la Recomendación 104/94 que cumplió en agosto de 2004 –mes álgido por la controversia suscitada por el Informe de Soberanes sobre la “Cumbre”- la friolera de 10 años de verdad ineficaz, de denuncia desoída, de prueba incriminadora.

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La apuesta común y paradigmática de que un mundo sin hambre, tortura, discriminación, esclavitud ni violencia interhumana es posible, vincula a las OSC y Red que redactamos esta obra, y compartimos esa convicción que une a sus miembros y simpatizantes en Jalisco, con los del resto de México, América Latina y otras partes del mundo (otro mundo es posible y necesario).

Una convicción como la nuestra es la que llevó a los embajadores del mundo presentes en Asamblea General de la ONU (París) a consagrar en 1948 la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, estipulando en su “Preámbulo” como principio y eje articulador del nuevo orden jurídico que la humanidad debe construir para subsistir digna y felizmente en el futuro: Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Resolución 217 A [III], 10 de Diciembre 1948).

Es obvio que en esta materia, el Gobierno de México pese a la reciente firma y adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de la ONU75, que obliga a la PGR a diseñar e implementar directrices y programas para detectar los casos de tortura en el país y a castigar con “todo el peso de la ley” a los responsables76, sigue rezagado respecto al cumplimiento de los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos regula en los organismos multilaterales (ONU, OEA y OIT).

De ahí el desfase que nuestra realidad y normatividad aplicable tienen respecto a dicho derecho integrador y justiciero.

Pasemos a los sucesos de Puente Grande, habiendo ya dejados sentados estos antecedentes. Las fuentes privilegiadas de nuestra información son una serie de documentos que nos harán llegar los integrantes del CDH “Morelos”, desde el corazón del complejo y sus violentas entrañas, la información pública que diversos medios dieron a conocer en aquella época y nues-

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tros propios archivos y testimonios. Analizados éstos, veamos el proceso criminógeno que desencadenó la barbarie. En febrero de 1994, Oscar Morales Pelayo, presidente del “Morelos”, tramitaba dos quejas en la CEDHJ, bajo expedientes 137/93/JAL y 295/93/JAL, luego del motín previo y de haber “estrenado” con su traslado injustificado el CEFERESO No. 2 de “Pte. Grande”, en el Municipio de El Salto, quien pese a tener prohibido escribir nos hizo llegar copia de un escrito en el segundo expediente que hizo llegar al Lic. Carlos Hidalgo Riestra -presidente de la CEDHJ- por su inhumana situación, derivada de los traslados injustificados que las autoridades estatales ordenaron luego del motín de 1993 de los dirigentes del “Morelos”. El documento fue recibido por la CEDHJ el 19 de marzo de 1994 y nos describe el contexto en que se generara el siguiente motín, más trágico y destructivo que aquel: Con fecha 23 de febrero de 1994, fuí notificado por autoridades de este Centro Federal que la Comisión que Ud. preside me otorga 15 días para que presente las pruebas de mi queja. Espero entienda que el hecho de estar preso en una cárcel federal, conlleva muchas vicisitudes, entre ellas, el que yo pueda dar contestación en forma a lo que me pide, tomando en cuenta el hecho de no haberme notificado la CEDH que preside, ni por correo, ni por conducto de algún visitador, sino por autoridades del propio Centro (que forman parte de la autoridad de quien me quejo). Me consterna, pues dichas autoridades trabajan de común acuerdo con la Comisión.

Considere Ud. que en esta prisión se nos tiene prohibido terminantemente el acceso a libros de orden legal (incluida la Constitución Política Federal), con lo que muy poco o nada podría ilustrarle de las aberraciones y violaciones a que fuimos y somos sometidos.

Sin embargo, puedo por nombrar alguna la violación al Art. 20 del Pacto Federal en lo que respecta a mi garantía de tener acceso a los documentos necesarios para mi defensa que conste en procesos.

No puedo ni siquiera expresarme en mi defensa en los procesos que se me siguen en el juzgado penal. Tampoco está permitido que me comunique con los demás compañeros que trasladaron del CERESO num. 1 de Puente Grande, Jalisco, al CEFERESO del Estado de México (Rafael Avila Moreno y Luis Ríos)…

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Se solicito ayuda de esta Comisión dado que no cuento con dinero para la obtención de pruebas o para pagar a abogados que se trasladen a Toluca, para recabar los testimonios de mis compañeros y el mío. Estoy informado por la revista `Readaptación’ que edita la SEGOB y que se distribuye gratuitamente en los penales a nivel nacional, que la Subsecretaria de Protección Civil y Readaptación Social, Lic. Socorro Díaz Palacios, en el número 15 (Nueva Epoca, Sept.-Oct. 1993), en la hoja 17, expresa: …”con apego a la ley y en coordinación con las autoridades locales, la SEGOB ha puesto en marcha un programa de traslados a los CEFERESOS a los reos de alta peligrosidad, que se encuentran relacionados con prácticas delictivas en el interior de los penales…

Como pruebas, el reo ofrece –en descargo- las siguientes: “Primero.- El numero 15 de la revista “Readaptación”, publicación bimestral de la SEGOB. Segundo.- Se pida informe –por conducto de la CEDH- de mis supuestas actividades delictivas dentro del RPG y de mis compañeros dentro del CERESO núm. 1 de Pte. Grande a las autoridades. ¿Es anormal escribir a la Comisión en demanda de ayuda para los internos del complejo, por la violación que existía y existe en las prisiones?. Que la respuesta que obtenga la CEDH de esas actividades delictivas sirva como pruebas de mi dicho, de la sinrazón de mi traslado y de mis compañeros”. Tercero.- Se corra traslado de la notificación para presentar pruebas a mis compañeros Avila Moreno y Ríos, para que presenten y declaren lo que a su derecho convenga, solicitando para ello la colaboración de la Lic. Mireille Rocatti, presidenta de la CEDH del Estado de México, toda vez que el CEFERESO de Toluca está en su jurisdicción… Cuarto.- Como prueba solicito se tengan por reproducidos los artículos de la Declaración Universal de DH relativos al tratamiento de sentenciados, dado que mi familia tiene que pasar por revisiones vergonzosas para visitarme, desde que trajeron a este CEFERESO a quienes manejaban drogas, intentaron fugas o mataron a otro interno, algo a lo que ni yo ni mis compañeros nos dedicamos en el RPG y el CERESO, por lo que considero injusto el trato que reciben mi familia y mi persona. En el caso de mis compañeros, lo es la pérdida por alejamiento de sus núcleos familiares y afectivos. Y lo peor en esta situación son los obstáculos que representan las restricciones en estos CEFERESOS para dar curso a nuestra defensa, como lo son el acceso a códigos de orden penal y a las constancias de nuestros expedientes, con lo que nos ponen en total estado de indefensión…77

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En ese lapso el Lic. Manuel Aguirre Arévalo, Director del RPG, dejó su lugar a Gustavo González Navarro. El 2 de mayo de 1994, el presidente de la CEDHJ resuelve la queja 137/93/JAL, y es tal la desorientación del primer “Ombudsman” local que en el oficio de notificación, Hidalgo se la dirige a Morales como “Interno del CEFERESO de Almoloya de Juárez, Estado de México”. El presidente del CDH “Morelos” la recibe por correo certificado el 24 de mayo de 1994, en el CEFERESO núm. 2, donde permanece indebidamente recluido, como “castigo”. La Recomendación sin número, de 17 páginas, fue dirigida al C. Director del RPG y resuelve contradictoriamente: 1ª.- Respetuosamente se le pide que con la urgencia que amerita el caso, ordene las mejoras necesarias de la planta física, del mantenimiento de las instalaciones y aparatos de TV, así como las referentes a la alimentación de los reclusos…

2ª.- Esta Comisión no puede hacer pronunciamiento alguno en referencia a los hechos de fondo (…) y en cuanto al resto de los demás puntos no se apreció violación alguna…78

Un año después de presentada, Hidalgo no se entera del fondo de los agravios derivados de la queja interpuesta por “los directivos del Comité Pro-Derechos Humanos J. M. Morelos” a su favor y “en nombre de la población del RPG”, el 15 de julio de 1993, y atribuidos a Aguirre como director del centro penitenciario antes del motín de octubre (cúlmen de los atropellos denunciados oportunamente). Ninguna mención hace al traslado injustificado de que fueron víctimas, con lo que protege a los responsables, ni del motín resultante de su negligencia y amafiamiento. En el capítulo de pruebas desahogadas queda al descubierto su dolo, pues pese a las ofrecidas por Morales (que al no haber salido de Jalisco, estaba dentro de su competencia), sólo refiere una: la de “Inspección” en el RPG, rendida mediante informe del 10 de diciembre de 1993

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(ya habían ocurrido el motin y el traslado injustificado), por un investigador sin nombre, cuando ya no estaban ninguno de los dirigentes del “Morelos” en su interior. ¿Qué objeto tenía la inspección cuando las víctimas y quejosos ya no estaban presentes para acreditar los atropellos?. Para mayor escarnio de los reclusos dedicados a activistas de DH, la “recomendación” jamás fue publicada en la Gaceta “6 de Diciembre”, lo que muestra a qué grado de abyección cayó el “Ombudsman” local en muchos casos como éste y por qué fue absolutamente incapaz de prevenir y evitar los atropellos mayúsculos que sobrevendrían poco tiempo después.

El 25 de mayo de 1994, el reo Rafael Díaz Reyes, único miembro del “Morelos” que permanece en el RPG, redacta una carta en la que decide –pese al desmembramiento del ONG- “luchar solo contra las injusticias de aquí, al cabo no pasan de llevarme al CEFERESO… Y de todos los que participábamos en el Comité nomás quedo yo aquí.” En la carta, Díaz refiere estar “enfermo” por los “corajes que hago aquí; a cada rato preguntan que quién me visitó, que con quién platico, que a dónde salgo, que cómo se llama la persona que me visitó y pura de esas, y como no pueden probarme nada, les da más coraje. Para mí es tortura mental… aquí sigue todo peor, ya no hay ni un teléfono, estamos incomunicados y siguen trayendo gente como arroz, hasta inocentes. A mí nunca me han llamado al juzgado para nada y ya es un año y medio que llevo enlatado. El abogado me pedía dinero, como no le dí ya no ha hecho nada”… En apoyo de los integrantes del “Morelos” y ante la evidente falta de voluntad de la CEDHJ, activistas de la AJDH y la Red Jalisciense abren nuevas quejas en la CNDH (121/92/JAL/P02815, 122/93/JAL/P06483, 121/94/JAL/QOO23 y PO2378), que van a ser investigadas por la tercera visitaduría, que pasa de las manos de Luis de la Barreda a las de Miguel Sarré. Finalmente, éste integra la investigación, acredita las violaciones y remite el voluminoso

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expediente al “Ombudsman” Nacional, quien emite el 31 de agosto de 1994, la Recomendación 104/94 que es entregada al Gobernador Interino del Estado, Carlos Rivera Aceves, como responsable del DESCOPRES79. Los internos del “Morelos” fueron –en efecto- “injustificadamente trasladados a diversos centros” porque promovían diversas iniciativas y campañas contra la violencia y la tortura dentro del RPG, y con ello se atentó contra sus derechos humanos. Se reconocen las lesiones y malos tratos que diversos funcionarios ocasionaron -en abierto abuso de poder- contra los presos y la segregacion (aislamiento celular) de que fueron objeto. No se habla de tortura, pero es evidente de que los agravios la configuran, tambien en los casos de Luis Rios Aguilar, Oscar Morales y Rafael Avila M., trasladados a los CEFERESOS como absurdo “castigo”. El motín del 5 de octubre de 1993, del que fue irresponsablemente acusado el “Morelos”, aunque soslayado como “riña” por las autoridades estatales y la propia CNDH, muestra el estado de descomposición en que estaban inmersas las autoridades y el sistema de readaptacion de Puente Grande80. No es casual que cada tercer día muriera un interno en el complejo, pese a que la pena de muerte esta prohibida en la constitución. En los primeros 10 meses de 1994, 50 reos murieron “oficialmente” producto de la violencia interpersonal, que –dicen las autoridades- “escapa a su control”81.

Y decimos que la tortura existe o se acredita, pues la CNDH reconoce que –en su mayoria- los dirigentes del “Morelos” llevaban “hasta 9 meses encerrados en su celda sin que se les permitiera salir… un custodio utilizo un tolete para golpearlo… fueron desnudados y se les rapo, golpeo y posteriormente se les introdujo por via anal un tolete mientras eran sujetados por 6 custodios… (otro) fue torturado con toques electricos en la espalda y muslos”82. A raiz de su ardua labor, Miguel Sarre publica un ensayo donde reconoce y comenta esa realidad lacerante:

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Los responsables de las prisiones por ningun motivo pueden graduar la intensidad del castigo. No es legitimo que después de haberseles aplicado a los reos una pena prevista en la ley por el delito que se les atribuye, los internos carezcan de seguridad juridica… ni el autoritarismo que se manifiesta en el gobierno de los guardias y custodios, ni la concesion de privilegios y la delegacion de funciones de autoridad a grupos de internos –autogobierno-, favorecen el orden de las instalaciones carcelarias. La violación a los DH de la población interna es una demostración de la incapacidad de gobernar un centro, una muestra de corrupcion, o ambas. La funcion de los custodios debe restringirse a la seguridad, sin asumir otras tareas con el pretexto de que son quienes estan ahí todo el tiempo83

6. EXPERIENCIA DE LAS ONG’s CONTRA LA TORTURA

Q

uién recibió e investigó las quejas y denuncias que por tortura y mal trato presentó la sociedad jalisciense, en los años previos a la creación de las comisiones públicas defensoras de los DH individuales. En el proceso de las ONG’s de Jalisco destaca significativamente la experiencia de cuatro organismos sociales o frentes ciudadanos. Hoy unas están en vías de extinción (por su descomposición moral y posible infiltración política), otras prosiguen su camino con la esperanza de alcanzar sus propósitos comunes:

6.1 Comité EUREKA Pro-Defensa de presos y desaparecidos políticos En la década de los 60, México vivía una intensa movilización hacia la conquista de reivindicaciones sociales, económicas y políticas a favor de campesinos, peones, obreros, estudiantes y algunos gremios sindicales (vgr. médicos). En Guadalajara ese movimiento se expresó con fuerza en el sector estudiantil.

El 29 de septiembre de 1970 el régimen, a través de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), de la policía estatal, de la policía política (la “Dirección Federal de Seguridad”) [165]

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y del ejército, puso en marcha una de las mayores represiones de que tengamos memoria los jaliscienses. La FEG, apertrechada por el Estado, balacea y asesina estudiantes que asistían a un mitin en la Escuela Politécnica de la U.de G. El ejército realiza la ocupación de la casa del estudiante, que empezó a ser demolida el mismo día.

Ante el acoso represivo que dejó la huella de una guerra sucia y desigual, en cientos de asesinatos, heridos, torturados, encarcelados, perseguidos y desaparecidos, el organismo estudiantil Frente Estudiantil Revolucionario (FER) “se vio obligado a pasar a la clandestinidad, reorientando sus demandas hacia la lucha frontal contra el estado capitalista. Y durante toda la década de los 70 y parte de los 80, centenares de militantes junto con sus familias, amigos y simpatizantes son detenidos y torturados.

Decenas más caen en acciones armadas o en accidentes, durante el cumplimiento de sus tareas”, relatan los sobrevivientes1.

No harto con la sangre derramada, los gobiernos federal y estatal comenzaron las desapariciones forzadas de unos y otros, según relata Sergio René de Dios en el libro ya mencionado en cuanto a la “Guerra Sucia” y sus secuelas aquí.

Para constancia reproducimos –en seguida- la lista extraoficial que manejan los integrantes del Comité Pro-Defensa de los Presos y Desaparecidos Políticos de la capital jalisciense: Sobre el proceso organizativo que ha tenido en Jalisco este Comité Pro-Defensa de los Presos, Perseguidos y Desaparecidos políticos, consultar el reciente libro de Sergio René de Dios (antes citado), con abundantes referencias al respecto.

6.2 Academia Jalisciense de Derechos Humanos A.C La experiencia de la AJDH, fundada en junio de 1990 por 6 académicos jaliscienses, entre quienes destacó como primer presidente el Dr. Manuel Rodríguez Lapuente (destacado historiador, jurista y académico jalisciense, recientemente falleci-

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do), cuya comisión jurídica recabó entre 1988 y 1990 más de 30 quejas sobre casos relacionados con presuntas violaciones a los DH cometidos en la entidad por autoridades federales, estatales y municipales, no puede ser olvidada. Entre los casos destacan por su estrecha relación con la tortura, los expedientes número 1/90, 3/90, 4/90, 4/91 y 7/92 que fueron dictaminados como “procedentes” y “graves” en lo tocantes a la afectación de DH fundamentales. A continuación una reseña de los mismos: AJDH 4/89: Caso de tortura y muerte del profesor José de Jesús García Cordero, detenido por elementos de la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Ayutla en 1989, con el propósito de robarle su quincena, golpeado hasta la muerte en la cárcel municipal. Una vez muerto, su cadáver fue tirado en un camino cercano para encubrir los delitos.

AJDH 1/90: Caso de tortura cometido en agravio de un campesinpo de Ocotic, Municipio de Cuquío, Jalisco, por elementos de seguridad pública municipales.

AJDH 3/90: Caso de amenazas, intimidación, segregación y despojo de bienes del Rancho “Las Pesadas” en el Ejido y Comunidad Indígena de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jal La CNDH resolvió favorablemente el caso en la recomendación 122/95, pero ésta permanece “cumplida insatisfactoriamente”.

AJDH 4/90: Caso de tortura y asesinato del joven Jesús Benítez Méndez, originario de Chancuellar y de Gregorio Martínez Montano, de Zapotitlán de Vadillo, Jal. Presentados por el Comité de DH “Padre J. Guadalupe Michel González”, de esa localidad.

AJDH 4/91: Caso del secuestro y violación de la niña de la calle Blanca Sánchez, raptada por elementos de la policía “Centauros” de la DMSP de Guadalajara, Jal. Y atendida por la ONG: “Mairos de Don Bosco”, A.C. AJDH 7/92: Caso del despido injustificado y torturas cometidos en agravio del custudio Jorge Velazco Pérez y compañeros del Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Ja-

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lisco, luego de implicarseles injustamente en la fuga de 5 reos el 31 de agosto de 1990. La CNDH resolvió favorablemente esta queja mediante la Recomendación 53/95 contra el titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, pero dejó impunes a los funcionarios estales de DIGPRES involucrados en los hechos violatorios y delictivos.

El activista e investigador de la Universidad de Guadalajara (IIJ-CERyS), Víctor M. Ramos Cortés, originario de Nayarit, quien fue cofundador y penúltimo presidente de la AJDH (1997-2002) y la Fundación J. Garibi Rivera, resultante del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Guadalajara (2004), es co-autor del “Manual de Derechos Humanos y Seguridad Pública”, para promover la participación de los ciudadanos y ONGs en las tareas de prevención y diseño de políticas que coadyuven al fortalecimiento de tanto de la defensa de los DH como de la seguridad pública en la ZMG. El Manual es una herramienta didáctica y una fuente documental, de la que nos permitimos transcribir algunos aportes medulares, pues aborda el problema que nos ocupa de la tortura y la impunidad en Jalisco, desde una óptica cívica, ética e imparcial: Introducciòn. La seguridad pública incluye a un conjunto de DH en torno a la paz y la libertad con justicia y dignidad. Las autoridades han desarrollado múltiples iniciativas para frenar la ola de delincuencia, pero no han ido a fondo. Este manual insiste en la participación de los ciudadanos en estas tareas. En la AJDH estamos convencidos que no podrá haber una cultura de respeto a los DH si no establecemos un marco de convivencia con los mínimos indispensables de seguridad pública (Nota del autor: en adelante siglas SP). Uno de los puntos clave para entender el problema radica en la brecha que va separando a los ciudadanos de sus autoridades.

El que la sociedad tenga confianza en sus autoridades es premisa indispensable en todo programa de seguridad pública.

Dice Gabriel Zaid que `hay tres tipos de asaltantes en México: las autoridades, los socios de las autoridades y los aficionados´2.

Señala que esta realidad es tan difícil de aceptar que no la vemos, aunque está a la vista. Es más fácil pensar que los asaltos se han

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multiplicado por causas económicas al no existir empleo y aumentar la pobreza. Precisa Zaid que esta explicación es deficiente `porque los asaltantes con autoridad tienen empleo, porque la mayoría de los desempleados no asalta y porque los asaltos cada vez más comunes son profesionales´. Los asaltos de fin de siglo en México no están hechos por improvisados. No es fácil que un aficionado se robe un carro, lo modifique, lo saque del país y lo venda en el mercado negro internacional. Por ello,`para explicar el desarrollo de la industria del asalto, no hay que buscar las causas en la crisis económica, sino en la crisis del sistema político´ (idem).

Cap 1. Delincuentes, autoridades y DH. Algunas personas señalan que `los de DH defienden a los delincuentes´. Esto es una falsedad. Cuando los policías o funcionarios públicos tienen conductas contrarias a los DH, como torturas, actos crueles o degradantes, sus actos son antijurídicos, es decir, no apoyan al orden jurídico ni a la SP. No se puede combatir un delito cometiendo otro delito.

Sería una cadena interminable.

La autoridad puede lograr una efectiva protección de la SP si combina eficiencia policíaca con respeto a los DH. La SP, tal como se define en este manual no se circunscribe a un apartado de los códigos de DH. Su comprensión tiene que ver con el conjunto de de los DH, entre los que resalta el D. a la Paz, la seguridad jurídica, la propiedad, a libertad de tránsito y de expresión, y otros que se encuentran señalados en la DUDH y otros instrumentos. En la Constitución Política Federal estos derechos se encuentran en los primeros 29 artículos, dedicados a las `garantías individuales´.

Los DH no solamente no pueden ser vulnerados por la autoridad pública, sino que ésta debe establecer los mecanismos para su salvaguarda (…) El Estado debe prever un sistema que sancione a aquellos que realizan actos antijurídicos que lesionan a los ciudadanos, así como un sistema eficiente de SP que prevenga la realización de los actos ilícitos que afecten a terceros…

Cap 2. Para entender la seguridad pública. 1) Seguridad: El Diccionario de la Real Academia la define como `libre o ausente de todo peligro, daño o riesgo´ (Espasa-Calpe, Madrid, 1970). Desde esta perspectiva pueden observarse dos tipos de seguridad, una subjetiva –el sentimiento de una persona que no siente peligro alguno-, y otra objetiva –la ausencia real de peligro-. 2) Seguridad pública: Se refiere al mantenimiento de la paz y el orden público. En el sentido amplio, la SP `es el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública, a través

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de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y de policía administrativa´ (S. González Ruíz, E. López Portillo y J.A. Yánez: Seguridad Pública en México, UNAM, 1994, pág. 49). Es necesario distinguir entre SP y los conceptos de seguridad jurídica y seguridad nacional. 3) Seguridad jurídica: Se entiende por ésta la garantía que las leyes proporcionan de que ninguna autoridad actuará de manera arbitraria, sino que lo hará de acuerdo con las normas aplicables. El principio de legalidad es el fundamento básico del comportamiento de las autoridades… 4). Seguridad nacional: La idea está asociada con los intereses geopolíticos de las naciones poderosas y sus contrapartes en el resto de las naciones. El concepto, ligado a la seguridad hemisférica, es entendido como `la necesidad histórica del predominio norteamericano en su propio continente, como prerrequisito de su capacidad hegemónica mundial´ (Viera Gallo: “La seguridad nacional”, en revista Mensaje, santiago de Chile, 1977). La Constitución Política mexicana no usa el concepto de seguridad nacional, en cambio hace referencia a los conceptos de seguridad exterior e interior del Estado (artículos 20 y 89 fracción VI). Una política de SP: Dada la complejidad de actores, circunstancias y factores que se presentan en el combate a la delincuencia es necesario tomar conciencia de considerar a la SP como una política de Estado que integra al conjunto de actores, potencialidades y mecanismos en su solución. Las áreas de una política de SP podrían integrarse en tres: penal, administrativa y participación civil.

En esta se requiere superar la visión corporativista en la que un sector de la sociedad monopoliza la representación…

Cap. 3 La seguridad pública en Jalisco. Todo se ha centrado en conseguir mas armas y mas policías, cuando la función de los cuerpos de seguridad es la disuasión. La policía no debiera aprehender delincuentes, sino evitar la comisión de un delito. Entre la función educativa y policíaca hay incongruencias, así como entre el carácter persuasivo policíaco y el de justicia municipal o preventivo estatal; cumplen en la practica las funciones de jueces, cuando en nuestro sistema constitucional debieran ser los jueces los responsables de controlar el orden y la tranquilidad. Sin embargo, en la practica son los policías los que lo hacen, pero de facto, no de derecho.

La policía no esta autorizada a imponer medidas, ni para juzgar a quien transgredió la norma. Las funciones de disuasión las están supliendo por las de represión. Incluso se ha llegado al extremo de incorporar personal militar, que no encaja, ya que es entrenado

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y capacitado para eliminar y destruir al enemigo en la forma mas económica y rápida posible, y con un alto sentido de la disciplina y el deber. Estamos viendo cateos de corporaciones seudomilitarizadas o policías judiciales paramilitares, que en lugar de persuadir las conductas infractoras, provocan inseguridad pública, es decir, dañan aquella esfera de derechos que el Estado tiene que preservar por obligación constitucional…

En Jalisco los delitos oficiosos en 1993 fueron 70,000 y en 1996 la cantidad de delitos subió hasta 96,000, de los cuales 70% fueron cometidos en la ZMG. Los mas comunes son: el robo a vehículos, robo a instituciones bancarias y delitos contra la salud. De diciembre del 94 a abril del 96 en Jalisco fueron decomisadas 3,232 armas de fuego, lo que hace que nuestra entidad ocupe el 2º lugar a nivel nacional después de Sinaloa, donde fueron decomisadas 3,380 en el mismo periodo; en 1996 fueron localizados 10,390 plantíos de estupefacientes. Estos delitos son fundamentalmente cometidos por la delincuencia organizada que en su mayoría son personas con un alto grado de estudios, por el contrario los cuerpos de SP del Estado, el 50% del personal no cuenta con la educación primaria.

Los cuerpos de SP del Estado de Jalisco cuentan con 4,000 efectivos, de los cuales en el periodo 1995-96, fallecieron 34 elementos en cumplimiento del deber, mientras que el FBI desde su creación en 1924 y hasta 1991 solo 32 efectivos han caído en esa función, es decir, en 67 años el FBI ha tenido 32 bajas, mientras que la Dirección General de Seguridad Pública en un solo año ha tenido 34 bajas.

Uno de los principales causantes de la inseguridad y todos sus agravantes, la corrupción, violencia, etc., es el narcotráfico que desgraciadamente ha hecho de nuestro estado una de sus principales áreas de influencia. A tal grado ha penetrado el poder del narco en México y en especial en este y otros estados, que ya se pueden distinguir rasgos de lo que se ha denominado como un narcoestado. En Colombia y Perú es muy evidente la penetración del narco en las estructuras públicas y económicas, y se empiezan a vislumbrar algunos de los mismos ingredientes aquí. Las incursiones del narco en diferentes rubros de la vida del pueblo y nación: específicamente en la economía, la corrupción, la política, la sociedad y la justicia…

Cap. 4 Políticas de S.P. a nivel federal y estatal. Las leyes que regulan aspectos de la organización y funcionamiento de los cuerpos que intervienen en la SP son: la Ley de Seguridad Publica; la Ley Orgá-

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nica de la PGR; la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del articulo 123 Constitucional; asi como la Ley Orgánica de la PGJE de Jalisco.

En cuanto a la Ley Orgánica de la PGR, cabe advertir que la misma reproduce la concentración de funciones, pues en el articulo 102 Apartado A Constitucional, establece para el Ministerio Publico, como institución integrada a la PGR, las funciones de vigilancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, de promoción de la pronta, expedita y debida procuración de justicia, de representación de la Federación, de consejero jurídico del Gobierno y fisco federal. Como se ve, es absolutamente clara la concertación de funciones, las cuales –en ocasionescomo puede evidenciarse de un análisis mas detenido, son incluso contradictorias: La función de representar al Gobierno y de defensa de la legalidad son incompatibles, y Al ser el MP dependiente del Ejecutivo, incluso con el papel de Consejero Jurídico, se obstaculiza toda posibilidad de que este representante social sea autónomo e independiente y, con ello, se provoca que no haya una verdadera independencia en el Poder Judicial, la cual subsistirá mientras el procurador general este bajo el mandato del Ejecutivo…

Cap. 5 Papel de la sociedad civil. Desde siempre, el gobierno y los cuerpos de seguridad han reconocido, discursivamente, que en la tarea del combate a la delincuencia es fundamental la participación ciudadana. Este planteamiento no es nuevo. Lo que si puede ser nuevo es la necesidad de que precisemos que es lo que quiere decir el gobierno y sus aparatos de seguridad cuando dicen “participación” ciudadana. En el debate actual, es decir, en los tiempos de la alternancia, y teniendo como escenario de futuro la transición política, son dos los modelos de interrelaciones entre gobierno y sociedad que están en cuestión: Modelo corporativo: En nuestro país y entidad, desde los años 40, el modelo predominante es conocido con este nombre. Es decir, un modelo que antes que participación, lo que busco siempre fue el control de la sociedad en cada uno de sus sectores. A través de este mecanismo buena parte de la sociedad fue organizada, pero bajo la forma, con las demandas y con los dirigentes que eran funcionales a las autoridades. Asimismo, el gobierno siempre mantuvo el poder para otorgar reconocimiento a las formas organizativas al margen de su representatividad real y su legitimidad política.

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Este modelo se encuentra ‘actualmente en crisis profunda, y ello supone, que la sociedad esta en busca de nuevas formas de organización, pero –sobre todo- en busca de la definición de nuevas formas y mecanismos a través de los cuales establecer relaciones mas horizontales con el gobierno.

Modelo pluralista: El pluralismo se caracteriza, entre otras cosas, por proponer que respecto de la organización social, no se establezca ningún obstáculo, ninguna medida. Que haya tantas organizaciones sociales (ONG) como la sociedad, en su inmensa heterogeneidad, sea capaz de construir. Esto es que todos los intereses sociales estén lo mas ampliamente bien representados.

El pluralismo al contrario del corporativismo, no concibe que para los obreros, los campesinos, los empresarios, los empleados, etc., haya una sola organización que monopoliza la representación y centraliza el intercambio y la distribución de bienes políticos y sociales. Mucho menos considera que todos los ciudadanos, por el hecho de desarrollar determinada actividad, estén obligados a pertenecer a determinada organización.

El pluralismo pregona esencialmente la libertad del individuo para pertenecer a la organización que mas le convenga; para dejar de pertenecer a ella en el momento que así lo considere pertinente o no pertenecer a ninguna… Uno de los programas de actividades propuestas para combatir la inseguridad publica desde la sociedad civil y que ha dado buenos frutos en municipios con una avanzada participación ciudadana es (el siguiente): 1. Organizarse en un comité civil de derechos humanos (CCDH) e integrarse a la Red Jalisciense de DH (en adelante: RJDH).

2. Adoptar un funcionario publico (policía o directivo), es decir, que cada uno de los miembros de los CCDH vigilen el actuar de un miembro de SP. 3. Crear un plan de SP en su comunidad, colonia o localidad, que se base en la vigilancia entre vecinos, teléfonos de emergencia, alarma vecinal, reportes al consejo de seguridad y fundamentalmente propiciar la participación ciudadana.

4.-Establecer un programa de capacitación en cada una de esas localidades y comunidades.

5. No dar por ningún motivo mordidas, gratificaciones, etc., ya que eso fomenta la corrupción institucionalizada.

6. Propiciar una relación estrecha y frecuente con los medios de comunicación.

7. Crear un periódico local o de barrio (vgr. un periódico mural).

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8. Propiciar la organización para el servicio a la comunidad.

9. Vigilar, promover, difundir y proteger los derechos humanos.

10. Fomentar una comunicación estrecha con las autoridades encargadas de la SP en la localidad…3

Para desgracia de la sociedad civil, la AJDH se extinguió como ONG en 2002, luego de un breve y complejo proceso de crisis derivada de la represión, la infiltración, la cooptación y el control interno de su Consejo Directivo por parte de autoridades implicadas en atropellos y diversos grupos de presión política –como el “grupo U. de G.”-, que diezmaron sus programas, trayectoria y recursos humanos (cuadros básicos) y atacaron sus denuncias internacionales, hasta “neutralizarlas” (vgr. Caso 11.823 sobre las explosiones del 22 de Abril de 1992, en el Sector Reforma de Guadalajara, llevado a la CIDH en Washington, por su abogado). El manejo indebido de recursos públicos para algunos grupos vulnerables también fue fuente de conflicto y desgaste previo. Durante una década la AJDH fue el referente principal de la cultura de los DH en Jalisco (1990-2000).

Del trabajo realizado por algunos de sus activistas, únicamente sobrevive la citada RJDH, como articulación de una serie de personas, luchas y experiencias organizativas locales, presentes en diversos municipios y regiones de Jalisco, con un significativo proceso de trabajo. Algunas laboran –en las circunstancias más adversas- como la que veremos a continuación.

6.3 Comité Pro-Derechos Humanos “José María Morelos” de internos de Puente Grande Experiencia del Comité “Morelos” es aparentemente insignificante, pero de gran trascendencia para los fines de este Manual e Informe. Seremos breves en su presentación: Se constituye en junio de 1991, en el contexto de la Recomendación 91/91 de la CNDH4. Hizo su aparición pública el 1º y 2 de febrero de

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1993, cuando en el interior de las instalaciones del Reclusorio Preventivo de Puente Grande y con la autorización del titular del DESCOPRES (Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado), Arturo Zamora Jiménez, su presidente Oscar Morales Pelayo, dio a conocer en una rueda de prensa los resultados de una “encuesta aplicada del 5 al 20 de enero con los detenidos que ingresaban al reclusorio, en el marco de una Campaña contra la tortura”, cuyos resultados asombraron a la opinión pública y a los medios de prensa: De un total de 335 ingresos durante 16 días, 276 del fuero común y 59 del federal, el 26.8% de los reos optaron por denunciar vejaciones”... destacando entre éstas, 76 casos de tortura, golpes y maltrato. En 72 de los casos se registraban “huellas de tortura”; y en 15 casos se maltrató “a familiares del acusado5.

Del inédito proceso de esta ONG habla ampliamente la Recomendación 104/94 emitida por el presidente de la CNDH el 31 de agosto de 1994 contra el último Gobernador priísta de Jalisco, Carlos Rivera A. En la memoria del Primer Coloquio Regional “Los organismos públicos de Derechos Humanos ante el problema penitenciario (Perspectivas para Jalisco de las Recomendaciones de la CNDH y la CEDH)”, destaca ampliamente el proceso de trabajo, ascenso, crisis y represión de esta ONG de internos, única en su género dentro de la historia reciente de los DH6.

6.4 Coordinadora 28 de mayo Su principal antecedente es la promotora “Otro Mayo en Guadalajara”, que se constituyó en febrero de 2004, definiendo su carácter como “facilitador de iniciativas locales, nacionales e internacionales, que se congregaron en las ‘Jornadas Sociales de Movilización’7.

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Ante los excesos de la más reciente “Cumbre” que documenta el Informe Especial de la CNDH y constatamos las ONG’s, la sociedad jalisciense vivió una conmoción a distintos niveles, y por ende la promotora tuvo que reestructurarse, incluyendo a otras fuerzas y movimientos antirepresivos. Sin duda, ni las ONG’s ni las organizaciones políticas de Guadalajara permanecieron impávidas, como 30 años antes en Autlán. La espiral de la violencia derivada de la cumbre y las contracumbres cimbró la ciudad y agobió su conciencia durante semanas.

Uno de los dividendos más sustantivos del enfrentamiento y la trascendencia que suscitó dentro y fuera del país, fue la conformación en Guadalajara, escenario de la trifulca, de la “Coordinadora 28 de Mayo” (en adelante C28M), espacio de participación y solidaridad donde confluyeron los familiares y simpatizantes de los detenidos y torturados, altermundistas y ciudadanos comunes, sus abogados, así como las ONG’s y las corrientes políticas y partidarias que consideraron “excesiva” la respuesta gubernativa a la marcha ciudadana convocada por los altermundistas del país y la región centrooccidente que culminó en el centro histórico en mayo de 2004. Fue una entre las expresiones esporádicas y únicas de la sociedad civil ante la violencia estructural y cotidiana que vivimos en México.

Las movilizaciones como la ya mencionada Marcha “contra la inseguridad” en ciudad de México (junio/04), e incluso la suscitada con el linchamiento de dos policías en San Juan Ixtayopan, en el Municipio de Tláhuac8, Estado de México (Noviembre/04)9, arrancaron aquel 28 de mayo. Los analistas locales han destacado el carácter único y esporádico de las movilizaciones. Nos centraremos en tres acercamientos analíticos provenientes de diversos centros académicos y eclesiales oficiales, para destacar el origen, programa y desenvolvimiento de la C28M.

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Destaca en primer lugar, el mesurado informe del Equipo Diocesano de Análisis y Discernimiento de la Realidad de la Arquidiócesis tapatía, que en el número 76 de su revista mensual del 2 de Julio del 2004, manifestó en su editorial: Con motivo de la ‘Cumbre’, esta ciudad fue escenario de una represión desde el poder público que se extralimitó en sus funciones y violó los DH de muchas personas, tanto las inocentes como las culpables de algún acto de vandalismo o agresión contra las fuerzas del orden y bienes particulares del Centro Histórico. Los testimonios recogidos por las propias Comisiones (Públicas) de DH, poco a poco han esclarecido los hechos y concluido que sí se violaron los DH al torturar a decenas de consignados, apresar a inocentes mediante “razzias” o redadas, desnudar a las mujeres detenidas, no permitirles el consumo de alimentos por 48 horas, mantenerlos en posiciones incómodas por muchas horas, y no permitirles comunicarse con sus familias.

Una sociedad es madura cuando toma conciencia de la necesidad de regirse por el Estado de Derecho, cuando lo defiende y cuando denuncia su violación. En esta ocasión, son numerosas las organizaciones de la Sociedad Civil que han levantado la voz para denunciar y condenar los actos de represión del 28 de mayo...

Las autoridades estatales y federales deben esclarecer los hechos, aplicar las leyes a los represores que violaron los DH y ceñirse a la aplicación estricta de las leyes sobre quienes cometieron faltas en las manifestaciones, que son una minoría. Al resto se le debe liberar de las cárceles y pedir disculpa pública para que se restablezcan la democracia y el Estado de derecho en México, especialmente en Jalisco10.

Este informe patentiza la posición ética y evangélica, e inclusive podríamos considerar “profética” de los católicos militantes que trabajan en el ámbito de la Pastoral Social en la arquidiócesis, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibido luego de la andanada de exabruptos del cardenal Sandoval Iñiguez, quien a nombre de la Jerarquía Eclesiástica fijó una postura contraria al Informe y actuación de la CNDH luego de la “Cumbre”11, en abierto respaldo político a la postura de

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rechazo del Gobierno estatal y el Ayuntamiento tapatío12, a la que con desparpajo se sumó también la COPARMEX Jalisco, a través de sus dirigentes más intransigentes13.

En 2º término, destaca la postura de la académica del Departamento de Ciencias Socio-Políticas y Jurídicas del ITESO –universidad jesuita local-, M. Angeles Rosas Ramírez, que en su artículo “Coordinadora 28 de MAYO. De la denuncia a la convergencia y al movimiento social”, analiza el contexto de la marcha violentada, las inquietudes que dan lugar a la actividad alterna que pone en tela de juicio al sistema (status quo), la respuesta represiva del gobierno ante una Marcha que puso en tela de juicio al sistema, la capacidad de respuesta de los colectivos antiimperialistas, entre los que la C28M ha pasado de ser “módulo informativo a movimiento social”14. La académica Rosas, quien participó activamente en el Encuentro Social, pone de manifiesto diversos objetivos, tácticas y demandas de la C28M: ...se constituyó en los días posteriores a la represión con el propósito central de asumir la defensa política y jurídica de los compañeros agredidos, arbitrariamente detenidos y torturados por los cuerpos policíacos, para ser finalmente recluídos en la cárcel; todo ello a instancias de las autoridades y con la muy probable complicidad de grupos de ultraderecha... Si hacemos un recuento de lo que se ha logrado avanzar –refiere Rosas- de los más de 200 detenidos durante la redada, se logró que quedaran libres 111.

Acordamos realizar una marcha el sábado 29 y ubicarnos en un (primer) plantón alrededor de las instalaciones de la SSPJ, logrando ese día que se dejara libres a 14 compañeros...

Los que fueron sometidos a proceso penal se cuentan en 47, habiendo logrado la libertad bajo caución de 30 de ellos, quedando en reclusión 16...

Como la actitud del gobierno es intransigente para reconocer la inocencia de los que continúan detenidos, el acuerdo de los grupos alternos ha sido mantenernos en actividad hasta obtener la libertad de todos. Es por eso que el 18 de agosto acordamos instalar en el centro de la ciudad –en la Plaza de Armas- un plantón antiimpe-

experiencia de las ong’s contra la tortura

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rialista, que cumple las funciones de informar a la ciudadanía y de continuar con la denuncia pública de los procedimientos arbitrarios del gobierno (...) El plantón permanente se ha convertido en lugar de convergencia de diversas organizaciones que se encuentran en lucha, desde grupos ambientalistas que ahora defienden el espacio de la barranca de Huentitán, pasando por los colectivos de ahorradores y los emigrantes, hasta los trabajadores del IMSS, sin dejar de mencionar casos de particulares que solicitan apoyo o asesoría...

La actividad que hemos desplegado ha recibido muestras contundentes de reconocimiento a nuestra razón política, entre ellas está el Informe de la CNDH, la posición de cuestionamiento al gobernador por parte del Delegado de la Oficina del ACNUDH; el repudio que –ante la complicidad del presidente municipal con el gobernador- hizo patente el Dr. Jorge Alonso renunciando a su cargo como integrante de uno de los Consejos Consultivos del Ayuntamiento, las declaraciones de la dirigencia nacional del PRD...

Las muestran de solidaridad por la ciudadanía han sido amplias, hasta el momento se han reunido cerca de 5,000 firmas de apoyo; se reciben visitas de diversos grupos (...) el reto de convertirse en un movimiento amplio que llegue a desarrollar la capacidad necesaria para obligar a las autoridades a modificar su actitud...15

En 3er. término debemos considerar la postura de los especialistas en movimientos sociales Juan M. Ramírez Sáiz y Jorge Regalado Santillán, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS), que analizan las movilizaciones de mayo de 2004, e incluso el linchamiento de policías en Tláhuac (Edomex), como “expresiones esporádicas de la sociedad”, no concediendo mayor significado a la C28M, pues coinciden en que este tipo de manifestaciones no logra una continuidad que permita ejercer un verdadero contrapeso: Vemos que de repente la sociedad puede unirse y tomar las calles de manera masiva por motivos concretos, pero el hecho no se repite después ni hay un seguimiento. Este aparente abandono se debe a que estamos inmersos en un proceso de independización de la

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manual contra la tortura en jalisco

cultura política corporativa que prevaleció décadas.

Modificar ese esquema autoritario en el que nos mantuvieron por años no es sencillo...

Por el contrario, Ramírez consideró que desde el 2000 vemos una sociedad desactivada, que ha decidido tomar un receso: Previo a las elecciones presidenciales de aquel año hubo un surgimiento de una ciudadanía con movilizaciones y enorme presencia pública, que no logró prosperar... El voto de confianza, otorgado ante las expectativas generadas por los nuevos actores, se agotó...

En el fondo aún prevalece la desconfianza del sistema hacia la sociedad y las organizaciones de tipo corporativo.... Además, buena parte de los dirigentes de ONG ha pasado al ámbito político, con la lucha de intereses que ello conlleva.

Presenciamos una pérdida de líderes y un descabezamiento de las organizaciones, las cuales ahora se percatan que sus ‘representantes’ son ahora diputados o funcionarios públicos.

En opinión de Regalado, los ciudadanos comienzan a darse cuenta de la presión que pueden ejercer ante las autoridades, y por tanto: Sólo unos pocos sectores han asumido el poder que son capaces de alcanzar por medio de la movilización o del voto. La buena noticia es que existe una mayor conciencia política: los mexicanos saben que la sociedad debe intervenir en los problemas que atañen al país, por más complejos que parezcan.

Pero además saben que no necesitan pertenecer a ningún partido político u organización para ejercer y hacer cumplir sus derechos (...) la sociedad no debe bajar la guardia: es necesario que exija mejores condiciones de desarrollo...16

Varias de las OSC que suscribimos esto no participamos en ninguna de las manifestaciones altermundistas en la ciudad antes ni durante la “Cumbre”, pero fuímos cuestionados e invitados a diversas reuniones de análisis, a fin de esclarecer los lamentables resultados en que vino a culminar el evento.

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Ante la gravedad de lo sucedido, el 19 de Agosto, día en que los familiares y amigos de las víctimas procesadas en Puente Grande instalaron en el rincón sur de la “Plaza de Armas” su “Plantón por la dignidad y la libertad de los detenidos”, la Red Jalisciense difundió un Pronunciamiento entregado –días después- al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH en México, en su visita y comparecencia al Congreso (2 septiembre 2004), así como al Foro Permanente de DH del Congreso del Estado y a la H. Comisión Edilicia de DH del Ayuntamiento tapatío, así como a otras instituciones sociales, culturales y religiosas interesadas en la cultura de los DH, en el esclarecimiento de los hechos, la solidaridad y el deslinde de responsabilidades. La Red hizo suyas las propuestas y demandas del Informe Especial de la CNDH, dado a conocer tres días antes.

Pero, volviendo a la C28M debemos destacar que ha promovido ante el Congreso y otras instancias oficiales una “amnistía a los detenidos como una salida digna; sin embargo, aún los diputados de la izquierda tradicional, como Roberto López (PRD), conceden pocas probabilidades a que la Legislatura vote a favor de ese proyecto17. El gobernador y el alcalde ni pensarlo. La propuesta de amnistía no ha sido resuelta en el Congreso, por la evidente falta de voluntad política de las mayorías parlamentarias (PRI-PAN).

En cuanto al plantón de la C28M, éste ha sufrido diversas provocaciones, acosos y amenazas de desalojo, pero se ha sostenido aunque ha cambiado de lugar dentro de la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno (donde Hidalgo abolió la esclavitud en 1810), siendo visitado por diversas personalidades, reporteros y ciudadanos comunes, en busca de información reciente o por simple curiosidad18. Durante los trabajos del Congreso Eucarístico Internacional y la pasada FIL el plantón y la C28M lograron proyectarse ante los participantes y visitantes, lo que ha asegurado su permanencia, y más aún cuando aún permanecían en Puente Grande 12 jóvenes y maestros detenidos.

7. Aporte del Ombudsman mexicano

E

l sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos es llamado pomposamente por las autoridades “ombudsman”, sin que la mayor parte de los mexicanos (incluídos muchos intelectuales) comprendan su significado, pues la gente simplemente confunde sus derechos esenciales con estos organismos públicos (asimilando unos a otros). Sin embargo, no nos toca dirimir la política (pública y subliminal) que ha permitido semejante embuste, por lo que nos detendremos a analizar lo que los organismos público federal y estatal (o local) han hecho para defender los DH mediante la recepción e investigaciones de millares de quejas que los gobernados les han hecho llegar, a veces equivocadamente (pues el común del pueblo no conoce de “competencias” ni “jurisdicciones y otros tecnicismos jurídicos. En particular, nos detendremos en el examen de la máxima de sus resoluciones: la recomendación respecto a casos de tortura y tratos equiparables a ésta.

Comenzaremos, por el órgano protctor más antiguo, para luego terminar con el más reciente (el local).

[183]

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manual contra la tortura en jalisco

7.1 Comisión Nacional de Derechos Humanos: Estado de las recomendaciones sobre Jalisco (1990-2004)

En Marzo de 1995 la CNDH hizo público su primer Informe sobre su actuación como “Ombudsman Nacional” en el Estado durante el período Mayo 1993-Noviembre 1994, quedando de manifiesto que el Gobierno Interno del Lic. Carlos Rivera (PRI) era reacio no sólo a aceptar, sino más aún a “cumplir” las recomendaciones “aceptadas”1. La actitud negligente de las autoridades estatales no es privativa de los gobernantes del PRI pues los del PAN han seguido la misma política de menosprecio y desacato hacia las resoluciones y propuestas de los organismos públicos de protección constitucionalmente establecidos, lo que se infiere del más reciente informe que el titular de la CNDH, Dr. Soberanes, rindió en Enero del 2003 sobre el estado que guardan la totalidad de las recomendaciones pronunciadas entre el segundo semestre de 1990 y el último del 20032 (13 años).

La situación de las recomendaciones remitidas a Jalisco –previas al Informe Especial- habla por sí misma de la persistente falta de voluntad política para atenderlas y cumplirlas en tanto mandato constitucional y exigencia universal: Nº Autoridad responsable Status actual CNDH Tortura 4/90 SEDENA, 3 Batallón Pto, Vallarta Totalmente cumplida S3 5/90 Juzgado 6º Dto. Penal Pte. Gde. Totalmente cumplida Sí 26/91 Gobernador Constitucional (PRI)4 Totalmente cumplida Sí 68/91 PJF en Guadalajara de la PGR. Totalmente cumplida Sí5 70/91 PGJM. Militares SEDENA GDL. Totalmente cumplida Sí6 91/91 Gobernador Interno del Edo. Totalmente cumplida Sí 94/91 PJF en Jalisco (PGR) Totalmente cumplida S7 97/91 Presidente Mpal. Pihuamo, Jal. Totalmente cumplida Sí 28/92-A Gobernador Interno de Jalisco8 Totalmente cumplida Sí9 28/92-B Procurador General de la Rep. Totalmente cumplida Sí 28/92-C Procurador de Justicia del D.F. Totalmente cumplida No 41/92 Gobernador Interino del Edo. Totalmente cumplida No

aporte del ombudsman mexicano

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42/92 PJF en Jalisco (PGR).

Totalmente cumplida Sí10 49/92 PJF en Jalisco (PGR).

Totalmente cumplida Sí 262/92 PJF en Jalisco (PGR).

Totalmente cumplida Sí 269/92 Secretaría de la Reforma Agraria Totalmente cumplida Sí Nº Autoridad responsable Status actual CNDH Tortura 271/92 Gobernador Interino Jalisco.

Totalmente cumplida Sí 10/93 Gobernador Interino Jalisco Cumplim. insatisfactorio No 27/93 Director Gral. I.S.S.S.T.E. (Jal.) Totalmente cumplida No 73/93 Gobernador Interino Edo. Totalmente cumplida No 86/93 Gobernador Interino Edo. Totalmente cumplida No 123/93 Procurador General República.

Totalmente cumplida Sí.

150/93 Gobernador Interino.

Totalmente cumplida Sí 204/93-A Gobernador Interino Totalmente cumplida Sí 204/93-B Gobernador Estado de Nayarit Totalmente cumplida Sí 204/93-C Secretario de Reforma Agraria Totalmente cumplida Sí 204/93-D Procurador Agrario (PA).

Totalmente cumplida Sí 204/93-E Director Instituto Nal. Indigenista Totalmente cumplida Sí 210/93 Gobernador Interino de Jalisco. Cumplim. Insatisfactorio Sí.

52/94 Director del I.M.S.S. Totalmente cumplida. Sí 57/94 Gobernador Interino de Jalisco Totalmente cumplida11 Sí12 92/94 Presidente de CEDH en Jalisco Totalmente cumplida13 Sí 104/94 Gobernador Interino de Jalisco Cumplim. Insatisfactorio Sí14 132/94 Gobernador Interino de Jalisco Cumplim. Insatisfactorio Sí 1/95 Presidente de CEDH Totalmente cumplida No 5/95 Presidente de CEDH Totalmente cumplida No 13/95 Presidente de CEDH Totalmente cumplida No 19/95 Presidente de CEDH Totalmente cumplida No 26/95 Presidente Mpal. de Tlaquepaque No aceptada.

Sí 27/95 Presidente de CEDH Jalisco Totalmente cumplida. No 31/95 Presidente de CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 34/95 Pres. Supremo Tribunal de Justicia Totalmente cumplida No 38/95 Presidente de CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 43/95 Presidente de CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 44/95 Presidente de CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 51/95 Presidente de CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 53/95 DiGPRES y elementos PJF (PGR) Totalmente cumplida Sí15 54/95 Presidente de la CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 55/95 C.O.R.E.T.T. (SRA) Totalmente cumplida No 69/95 Presidente de la CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 85/95 Presidente de la CEDH Jalisco Totalmente cumplida No 89/95 Presidente de la CEDH Jalisco Totalmente cumplida No

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manual contra la tortura en jalisco

98/95-A Gobernador del Estado Cumplim. Insatisfactorio 98/95-B Procurador General de la República Cumplim. Insatisfactorio 122/95-A Gobernador .ñdel Edo. Jalisco (PAN)Cumplim. Insatisfactorio 122/95-B Gobernador del Edo. Colima (PRI) Cumplim. Insatisfactorio Nº Autoridad responsable Status actual CNDH Tortura 122/95C Secretario de Reforma Agraria Totalmente cumplida ¿?

133/95 Director del I.M.S.S. Totalmente cumplida Sí.

139/95 Gobernador Edo. Jalisco (PAN) Totalmente cumplida Sí.

141/95 Gobernador Edo. Jalisco (PAN) No aceptada.

145/95 Presidente CEDH Jalisco.

Totalmente cumplida Sí16 146/95 Gobernador del Edo. Jalisco Cumplim. Insatisfactorio 152/95 Gobernador del Edo. de Jalisco Totalmente cumplida.

1/96 Ayuntamiento de Zapopan.

Totalmente cumplida 17/96 Gobernador del Edo. (PAN) Totalmente cumplida. ¿?

52/96 Gobernador del Edo. Cumplim. Insatisfactorio 75/96-A Presidente de la CEDH Jal. Totalmente cumplida 75/96-B Ayuntamiento de Tlaquepaque Cumplim. Insatisfactorio 94/96-A Ayuntamiento de Guadalajara Totalmente cumplida Sí.

94/96-B Presidente CEDH Jalisco Totalmente cumplida Sí.

109/96 Gobernador del Edo. Cumplim. Insatisfactorio 110/96 Ayuntamiento de Tlaquepaque. Cumplimiento total.

117/96-A Gobernador del Estado.

No aceptada.

117/96-B Subsrio. Protec. Civil y Readaptación Social de la SEGOB. Totalmente cumplida.

2/97 Gobernador del Edo. Jalisco No aceptada.

6/97-A Gobernador del Edo. Jalisco Cumplim. Insatisfactorio 6/97-B Presidente Mpal. Tlajomulco, Jal. Cumplin. Insatisfactorio 20/97-A Gobernador del Edo. Jalisco. Totalmente cumplida ¿?

20/97-B Presidenta de la CEDH (G. Morfín) Totalmente cumplida 31/97 PGJM (SEDENA), 5 Región Jal. Totalmente cumplida Sí17 33/97 Gobernador del Edo. Jalisco No aceptada.

37/97 Presidenta de la CEDHJ Totalmente cumplida 48/97 Gobernador del Edo. Totalmente cumplida 55/97 Gobernador del Edo. No aceptada.

58/97 Gobernador del Edo. Cumplim. Insatisfactorio 85/97 Procurador Justicia Militar/Sedena. Totalmente cumplida Sí 87/97 Procurador Justicia Militar/Sedena. Totalmente cumplida Sí 121/97 Gobernador Const. Jalisco.

Totalmente cumplida 5/98 Presidenta de la CEDHJ Totalmente cumplida 28/99 Director de I.M.S.S. Totalmente cumplida 11/00-A Gobernador del Edo. Jalisco Parcialmente cumplida.

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11/00-B Presidente Mpal. de Zapopan, Jal.Parcialmente cumplida 2/01 Procurador General (PGR) Totalmente cumplida Sí 6/01 Procurador General (PGR) Totalmente cumplida Sí 7/01 Secretario de Seguridad Públic Parcialmente cumplida Sí Nº Autoridad responsable Status actual CNDH Tortura 10/01 Gobernador del Edo. (FRA-PAN) No aceptada.

14/01 Gobernador SLP huicholes de Jal. Parcialmente cumplida 105/01 Secretario de Seguridad Pública Totalmente cumplida Sí 20/01-A Gobernador del Estado.

Parcialmente cumplida 20/01-B Pres. Com. de Gobierno Congreso Parcialmente cumplida 26/01 Presidente de la República (Caso desapariciones forzadas en 70’s) Parcialmente cumplida 2/02 Director del I.M.S.S. Totalmente cumplida Sí 13/02 Director del I.M.S.S. Totalmente cumplida Sí 20/02 Secretario de Seguridad Pública. Parcialmente cumplida 34/02 Director del I. M.S. S. Totalmente cumplida 19/03 Director del I. M.S. S. Totalmente cumplida 26/03 Director del I. M.S. S. Totalmente cumplida 34/04 Ayuntamiento de Unión de Tula.

No aceptada.

62/04-A Gobernador del Estado Jal. Aceptada y contestada.

62/04-B Presidente Municipal de Mezquitic Aceptada y contestada 70/04 Dir. Gral. IMSS/Mpio. Poncitlán18. Aceptada cumplimiento Gral 8/04 Gobernador del Edo/Federación19. En periodo de respuesta Las recomendaciones en que diversas ONG’s de esta RED hemos tenido directa participación ante diversas Visitadurías de la CNDH como víctimas y/o quejosos son siete: 204/93 Caso de la C.I. de San Sebastián Teponahuaxtlán, Mpio. de Mezquitic, Jal. (AJAGI) 57/94 Caso del desalojo de miembros del Movimiento Civil de Damnificados “22 de Abril”, GDL. 104/94 Caso de maltratatos y traslados injustificados del “Comité Pro-DH José Mª Morelos” en P.G. 53/95 Caso de Jorge Velasco Pérez y excustodios torturados Puente Grande por fuga (AJDH).

98/95 Caso trágicos disturbios 3 y 4 Mayo/965 CERESO Pte. Grande (Past. Penitenciaria, AJDH).

122/95 Caso de pobladores náhuas del Ejido Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán (límites con Colima).

2/97 Caso de pacientes del Hospital Psiquiático Estatal en “El Zapote”, Mpìo. de El Salto, Jal.

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manual contra la tortura en jalisco

En el campo de los Informes Especiales de la CNDH, su primer y actual titulares han remitido dos de gran significación social, jurídica y política al Gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento tapatío en los últimos 14 años, habiendo actuado la Red en ambos casos de distinta manera Balance Final Autoridades con más Recomendaciones e Informes de CNDH en Jalisco: Autoridad Núm. de resoluciones Gobierno del Estado de Jalisco 38 Presidente(s) de la CEDH Jalisco 21 Delegación PGR en Jalisco 12

Delegaciones del IMSS e ISSSTE 9 Presidencia de la Rep. (Segob, SSP, etc) 6 SEDENA y Proc. de Justicia Militar 5 Aut. Agrarias (SRA, Proc. Agraria y Corett) 4 Presidente Municipal de Tlaquepaque 3 Ayuntamiento de Guadalajara

2 Ayuntamiento de Zapopan 2

Subtotal: 101

Porcentaje 35.8% 19.8% 11.3% 8.5% 5.6% 4.7% 3.7% 2.8% 1.8% 1.8% 91.2%

Con una sola recomendación (5 autoridades): Alcalde de Pihuamo 1 0.94% Instituto Nacional Indigenista (hoy CDI) 1 1.1% Alcalde de Tlajomulco 1 1.1% Alcalde de Unión de Tula 1 1.1% Alcalde de Mezquitic 1 1.1%

Sub-Total: 5 8.8%

T O T A L : 106 100% Autoridade Recomendadas Estatales 61 Federales 38 Municipales 11 3 niveles de gobierno 110

Porcentaje 55.4% 34.5% 10.0% 100%

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aporte del ombudsman mexicano

Origen de quejas/inconformidades que terminaron en Recomendación A petición de particulares...

Resoluciones erróneas CEDHJ Interpuestas por ONG’s...

Total

70 quejas 71.4% 21 recursos de impugnación 21.4% 7 quejas 7.14% 98 100%

Estado actual de resoluciones de CNDH que acreditan violaciones a DH Totalmente cumplidas 72 Cumplimiento insatisfactorio 15 Parcialmente cumplidas 8 No aceptadas 8 En período de aceptación y cumplimiento 3

T o t a l 106

67.9% 14.1% 7.5% 7.5% 2.8% 100%

Los datos arriba citados es importante conocerlos y manejarlos, pero más aún difundirlos en los espacios propios y comunes de las sociedades civil y política, toda vez que la información es una herramienta importante para generar una opinión pública educada, creíble y activa en los temas del interés general, entre los que los DH y sus Organismos Públicos (OPDH) y No Gubernamentales (ONG’s) son actores estratégicos.

La desinformación sobre la actuación de los OPDH es tan usual y nociva, que en casos como el que nos ocupa a raíz de la “Cumbre”, han salido a relucir datos falsos e insuficientes en algunos medios de prensa. A manera de ejemplo: veamos el caso de las recomendaciones emitidas por la CNDH respecto a Jalisco en los pasados 13.5 años, donde hay medios (con “reporteros”) que aseguran –sin probarlo- que son 30 las recomendaciones y único el “Informe Especial” emitido el pasado 16 de agosto por la CNDH20.

La desmemoria es abundante; pero lastima y daña. A veces hacen más daño a nuestra incipiente cultura de DH, las verdades a medias y la desinformación, que la censura o el cinismo de los torturadores colocados al frente de nuestra

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manual contra la tortura en jalisco

“Seguridad Pública” o nuestra “Protección Civil”, en provecho de la espeluznante violencia e impunidad que nos rodean e, incluso, paralizan.

Sin duda, será muy difícil que la sociedad civil crezca en Jalisco y se proyecte dentro y fuera de sus fronteras, con una imagen positiva, en tanto la ríspida controversia se focalice básicamente en torno a la actuación de los OPDH en Jalisco (por el Informe Especial; declaraciones y desmentidos entre Soberanes-Ramírez A.-Emilio González-y el Cardenal; debates entre Congreso y Procurador Solís, a raíz de visita de Anders Kompass –Oficina del ACNUDH en México-; o por la serie de conferencias que dictó el 2° Visitador General de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva el pasado 29 de septiembre), y las reacciones polarizadas entre autoridades y familiares-víctimas de los atropellos ocurridos en la “Cumbre”, a raíz del “Plantón de solidaridad” instalado por la Coordinadora “28 de Mayo” el 19 de septiembre para la liberación de 14 jóvenes sujetos a procesos penales en Puente Grande, a uno de los cuales le recayó sentencia condenatoria.

La voz de las ONG’s jaliscienses que trabajamos en esta cultura desde 1990, con/sin/a pesar de los OPDH, no ha sido escuchada por las partes en conflicto ni por una sociedad cada vez más anhelante de una información transparente, verídica y más respetuosa de los DH en juego. La que hasta hoy ha irrumpido, en medio de la crisis económica, política y social de México, pocas veces se ha apartado de la superficialidad y el amarillismo.

7.2 Comisión Estatal de Derechos Humanos:

Once años de inoperancia para prevenir y sancionar la tortura.

Los números no mienten, las personas sí y más cuando adolecen de la rectitud, capacidad y honorabilidad, que establece el artículo 25 fracción VII de la Ley de la CEDH, como requisitos indispensables no sólo para acceder al cargo de titular de

aporte del ombudsman mexicano

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este organismo público, sino –sobre todo- para desempeñarlo.

Es en el “cargo” cuando el “Ombudsman” sufre los mayores embates, sobre todo de grupos que actúan desde algún ámbito del poder (económico, político e ideológico) a favor de la ilegalidad21 o de la dignidad y congruencia de éste con su propia tradición jurídica.

Aún antes de su nacimiento, la CEDHJ fue minada por el hecho de que el Ejecutivo del Estado metió “su cuchara” en el Legislativo, a fin de vetar el anteproyecto de Ley que lo instituiría como primer organismo defensor de los DH –de carácter público- en Jalisco. De ello da cuenta el magnífico y agotado: Libro blanco de los Derechos Humanos en Jalisco22, cuyos autores –siendo mayoría en la “Comisión Redactora de la Iniciativa” que el Ejecutivo les encomendó a fines de 1992- elaboraron una propuesta más ambiciosa y congruente que la de la minoría (plegada a la postura contradictoria del último gobierno priísta de la entidad). Al surgir de la Comisión Redactora dos documentos diferentes (pues sus integrantes no lograron ponerse de acuerdo en un proyecto), el Congreso -dominado por el agonizante régimen unipartidista- no tuvo más opción que darle entrada únicamente a la segunda de las propuestas (la minoritaria23), a fin de dejar “bien parado” ante el Presidente Salinas al interino, de Carlos Rivera Aceves. Ahí perdimos todos la oportunidad extraordinaria de contar con un auténtico y mejor “ombudsman”, muy diferente del que vino a instalarse y aún hoy prosigue.

A continuación veremos las recomendaciones emitidas por la CEDHJ, donde se acreditó la existencia –real e inocultable- de la tortura y otros tratos crueles en Jalisco y sus Municipios.. Los autores del Informe nos basamos en las publicaciones oficiales del organismo: Informes anuales y Gacetas (lo que no necesariamente refleja la realidad histórica de este tipo de vejaciones, pero es un indicador a considerar):

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manual contra la tortura en jalisco

a). Pedíodo 1993-1997: Lic. Carlos Hidalgo Riestras24.

Resulta extremadamente riesgoso y débil acreditar la presencia e incidencia de tan aberrrante práctica en la Entidad en este lapso, toda vez que su titular se jactaba de tener una “estrecha relación” e, incluso, “amistad” con el último Gobierno de extracción priísta encabezado por el interino Rivera, a través del Lic. José Luis Leal Sanabria (Secretario General de Gobierno), con quien se reunía y “daba cuenta de su trabajo...”25 Por ende, la autonomía era precaria e intencional. Durante su gestión se dieron una serie de excesos que demeritaron su labor, imagen y credibilidad, como fueron los hechos siguientes: 1) Congreso comprobó que incurrió en nepotismo al incorporar a la nómina de la CEDHJ a varios parientes, sin tener las condiciones para desempeñar el cargo; 2) sus nexos con el gobierno estatal al que dirigió su primera recomendación (sobre adopciones fraguadas dentro del Instituto Cabañas a favor de adoptantes extranjeros) debilitaron y hicieron fracasar estrepitosamente su primera resolución, rechazada por Rivera (en demérito de su “autonomía”); 3) incurrió en actos ilegales, pues mandó publicar la primera Ley y Reglamento Interior de la CEDHJ en el “Periódico Oficial del Estado”, sin que el ordenamiento reglamentario hubiese sido aprobado en lo particular por el Consejo Ciudadano, falseando los decretos del ley26, a fin de tener “manos libres” para manejar el organismo a conveniencia de las autoridades en turno (involucradas en violaciones de DH luego de las explosiones del Sector Reforma, como asentamos); y 4) instauró un “Sindicato blanco” dentro de la CEDHJ, a fin de evitar infiltraciones y “sorpresas”, pues Hidalgo creía equivocadamente que miembros de las ONGs deseaban tumbarlo de la “silla” presidencial, mediante tácticas políticas (la “ultraizquierda” veia en la CEDH un “botin”)27, lo que nunca ocurrió.

Antes de retirarse de su cargo, este “ombudsman” adujo –sin comprobarlo- que la CEDHJ emitió en el cuatrienio la suma de 1,137 “recomendaciones”, sin precisar un porcentaje para la

aporte del ombudsman mexicano

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tortura y otros tratos o penas semejantes28, y debió enfrentar un par de juicios políticos en el Congreso debido a su negativa a someterse a auditorías.

Para los fines de este informe, lo más rescatable resulta la existencia de un primer “Programa contra la tortura”, tan ambigüo como impreciso e inoperante, pues no arrojó un saldo cuantitativo ni mereció el menor análisis cualitativo. Los torturadores no tuvieron en él a un adversario ni algún riesgo de verse exhibidos y menos aún sancionados.

La CEDH reconoce que existe la tortura en Jalisco, pero para evitar “críticas” de sus detractores (unos “imaginarios”; otros reales) y retener el “apoyo” (financiero y político) del Gobierno que la instituye y financia, no informa alguna estadística sobre víctimas, responsables, métodos y secuelas dentro del aparato gubernamental29. El encubrimiento es evidente si analizamos detalladamente las confusas 107 “recomendaciones” realmente publicadas por Hidalgo como primer “ombudsman” local en la Gaceta “6 de Diciembre”, órgano informativo oficial. b). Período 1997-2001: Lic. Guadalupe Morfín Otero.

Esta segunda etapa está marcada por el ejercicio de una Comisión que logra autonomía temporal en su relación con el gobierno y con los grupos de poder local y busca establecer relaciones de mutuo apoyo con las ONG’s existentes. No con todas obviamente, pues la titular llega al cargo y trae predilecciones y animadversiones30. Coincidimos con Renné de la Torre en su apreciación de que “el desempeño de la Comisión es mucho más protagónico y cercano a los problemas de la ciudadanía y, en consecuencia, se enfrenta con algunos aparatos del Estado y con grupos de poder”31, en particular con la jerarquía católica, representada por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez –nombrado a fines de 1994-, quien promoverá el declive de la participación ciudadana de los laicos y las ONG’s

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manual contra la tortura en jalisco

en beneficio del poder eclesiástico (no siempre pastoral). Gracias a su erudición jurídica y sobre todo literaria, la segunda “Ombusdman” mejora sustancialmente la imagen institucional de la CEDHJ, y la rejuvenece con mejores publicaciones y una estadística –ahora sí- confiable.

A continuación una relación de las recomendaciones del período 1997 a la fecha, donde es evidente la práctica de la tortura por agentes estatales, así como el uso y abuso de tratos crueles, inhumanos y degradantes: Recom. Fecha tortura Víctima afectada Autoridad resp.

2/1997 1996 y 1997 Menores, padres de familia Director esc. urbanas

y maestros escuelas Urb.

nº 928 y 929 en Gdl. 5/1997 mediados 1996.

Manifestantes Seg. Pública (DSP) Guad.

2/1998 fines de 1997. Familia de San Sebastián DGSP del Estado 5/1998 3 abril 1998 Reclusos amotinados en RPG Gob. Edo/Dig- pres/PGJE. 7/1998 25 feb 98 Antonio Joya Dávila DSPTB Pto Vallarta 10/1998 10 abril 1997 Salvador Miramontes y otros.

DSP Zapopan 11/1998 10 julio 1997 Gilberto Velasco Rivera DSP Cabo Corrientes 16/1998 5 marzo 1997 Javier Hernández González. Investigadora PGJ 17/1998 1996-1997 17 personas se quejan y duelen. Dir. DSP, Tránsito

Bomberos Pto Vallarta 21/1998 4 sept. 1998 Jaime Llamas Meza y Sergio DSP GDL 1/1999 3 feb. 1997 Víctor Hugo Pérez Almaguer DSP Tonalá y

AMP PGJE 3/1999 29 mayo 1998 Ma. Nicolasa García R. DSP, Tránsito y

Bomberos Pto. Vallarta 4/1999 30 mayo 1998 Miguel A. Hernández Moreno Reclusorio Prev.

Gdl. 5/1999 marzo de 1998 6 menores internados en la Gob. Estado.

Granja Juv. de Readap. Soc. 6/99 1º octubre 1998 Sandro Mendoza Mtnez Custodios del

DIGPRES. 8/99 1997.

Varios ciudadanos de ZMG. DSP GDL 12/99 30 mayo 1998 Daniel Real Barragán PI de PGJE en Chapala.

17/99 1997-1998 27 quejosos de Zapopan.

DSP Zapopan

aporte del ombudsman mexicano

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Recom. Fecha tortura Víctima afectada Autoridad resp.

1/2000 12 junio 1998 Niños/jóv. Limpiaparabrisas DSP Guad. e20ª 5/2000 13 octubre 1999 Graciela Hernández Montaño DSP Sayula y

PGJE 8/2000 2 octubre 1998 Internos del CERESO Nº 1 Gob. Estado/

Digpres 9/2000 4 nov. 1999 Dip. Maximiano Barbosa L. Gob. Estado23ª 10/2000 24 marzo 1999 23 reos de Cárcel municipal. Ayuntamiento

Chapala, 12/2000 17 octubre 1998 6 integrantes familia Ventura DSP de Cocula 15/2000 mayo de 1997. Niños Roberto C. Domínguez Judiciales

Cihuatlán 16/2000 23 abril 1998 Víctimas y afectados por las Gob. Estado 18/2000 noviembre 1999 Alejandro J. Ramírez Yáñez PI de la PGJE 1/2001 1999-2000 Habitantes de la ZMG. Gob. Estado/PGJE/ Aytos.

3/200 2000.

4 indígenas náhuas Ayotitlán Gob. Edo./PGJ 1/2003 2002 21 internas del Centro de D IG PRES

Reclusión Femenil de GDL. CEINJURE de

Guzmán, Tepatitlán Pto Vallarta 3/2003 2002 3 habitantes de GDL DSP/GDL 4/2003 2002 Ernesto Ruíz Soria PI de la PGJE 8/2003 2002-03 Ricardo González García.

DSP de GDL 9/2003 2002-03 José Bautista Morales Gob. Estado 6/2004 2003 Ignacio Romo Delgadillo Procuraduría de Just.

Esta lista está incompleta pues dejamos de lado -involuntariamente desde luego- el turbio período de Hidalgo Riestra.

No coincide con la postura oficial del actual Jefe o Director de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHJ, Fernando Zambrano Paredes, quien mediante el Oficio 1176/04, del pasado 1º de noviembre, enlista y describe solamente 9 de las recomendaciones “emitidas por tortura desde 1997 hasta la fecha”, información que es de agradecerse pero resulta incompleta y preocupante, pues deja oficialmente de lado el cuatrienio 1993-1997, donde hubo –sin duda- más casos de tortura que los nueve enlistados en el oficio (Recomendaciones 7/98, 21/98, 11/99, 16/99, 17/99, 15/00,

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manual contra la tortura en jalisco

18/00, 4/01 y 6/04), remitido a petición nuestra pues requeríamos tal insumo informativo, para delimitar si los OSC y la CEDH coincidíamos –al menos por una vez- en este dato crucial o no.

En este período estalla una “lucha ideologizada por la definición y el control de (la bandera de) los Derechos Humanos”32. El hecho que levantó ámpula fue la recomendación 21/98 de la CEDH en el caso de tortura en contra de un supuesto delincuente, en la que se pedía la destitución del Jefe de la Policía Municipal, Enrique Cerón Medina, por “participar como testigo en la tortura”33. Este hecho, unido al nuevo protagonismo e influencia que logró en el quatrienio la CEDH, provocó paralelamente la reacción de líderes empresariales y autoridades que miran en el activismo de la señora Morfín no sólo una práctica que amenaza el status quo, sino una instancia que favorece la impunidad en tiempos en que la inseguridad pública amenaza con destruir la convivencia social. Por su parte, el entonces alcalde de Guadalajara, actual gobernador del Estado, encarna otra visión que cuestiona de raíz las atribuciones de la CEDH, apela a una visión legalista argumentando que la Comisión usurpa funciones tanto del poder ejecutivo como del judicial.

El cardenal desde una visión más moralista y menos informada, descalifica la labor de la CEDH argumentando que el organismo en lugar de volcar su atención más a las víctimas del delito que a los “delincuentes” (autores del crímen), y compra el argumento –nunca probado- de los empresarios de que el organismo “defiende al delincuente” y favorece al crimen organizado. El cardenal cuestiona su existencia, utilizando la socorrida imagen del complot internacional, pues denuncia que “esos derechos humanos es una organización un poco manipulada desde fuera por organismos internacionales que tienen interés en desestabilizar al país”34.

aporte del ombudsman mexicano

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Tal cuestionamiento colocó al purpurado desde aquel año en una postura pastoral y politica contraria a la del Sínodo de las Américas, donde intervino como redactor y, por ende, a los compromisos que la Iglesia Catolica adopta ante el mundo y las demas culturas y religiones universales desde el Concilio Vaticano II. En el numeral 19 del Sinodo dice al pie de la letra: En el ambito civil, pero con implicaciones morales inmediatas, debe señalarse entre los aspectos positivos de la America actual la implantación en todo el continente de sistemas politicos democraticos y la progresiva reduccion de regimenes dictatoriales. La Iglesia ve con agrado esta evolucion, en la medida en que esto favorezca cada vez mas un evidente respeto de los derechos de cada uno incluidos los del procesado y del reo, respecto a los cuales no es legitimo el recurso a metodos de detencion y de interrogatorio -pienso-concretamente en la tortura- lesivos de la dignidad humana35

c) Período 2001-2004: Lic. Carlos M. Barba García Mucha tinta ha corrido en los últimos años sobre el contradictorio desempeño de esta comisión pública respecto al tema recurrente de la tortura en la entidad y sus municipios.

Gran parte de su inoperancia emana del hecho comprobable que ninguno de sus tres presidentes cursó durante su formación la materia “Derechos Humanos” a nivel superior (licenciatura o posgrado). A la juventud que cursa derecho en la Universidad de Guadalajara, pese a monopolizar con un grupo de selectos egresados al “ombudsman” local en los últimos años36, de poco provecho le ha resultado, toda vez que los planes académicos y de vinculación no han sido actualizados para involucrarse en la promoción, investigación y defensa de esta cultura universal. Tal actitud sorprende, si consideramos que su Facultad de Derecho ha sido considerada por sociólogos y politólogos de la región, como el tradicional “semillero de la clase política” (gobernante y opositora37).

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manual contra la tortura en jalisco

La posición privilegiada de nuestra “Alma Mater” ha sido útil para que una minoría se coloque en puestos rentables de la administración pública, la burocracia “sindical” y la partidocracia, lucrando con sus cargos en exclusivo beneficio personal. Por ello no sorprende que cientos de egresados de la U. de G. hayan copado desde su creación prácticamente el 90% de la plantilla de la CEDH, a cambio de ingresos modestos pero constantes y darle al “ombudsman” estatal un bajo perfil social y moral.

En tanto estas confusiones y errores no sean esclarecidas por la propia CEDHJ y el Congreso, no debemos dar crédito ni valor alguno a los informes, gacetas y demás documentos de la CEDHJ, ni respecto a la tortura ni respecto a los “éxitos”, “ejemplos” y notables “avances” que el actual presidente pregona, en descrédito de la legalidad, la verdad histórica y su alta investidura. Gran parte de sus expresiones públicas, provocan no sólo bostezo y lástima, sino una legítima indignación entre los miembros de las ONG’s de DH del Estado, pues –por un lado- ha puesto a “Jalisco como ejemplo del respeto a los DH” en México”38, y –por otro- ha enfrentado una serie de juicios políticos, denuncias y escándalos con sus propios visitadores, lo que demuestra la escasa capacidad de su titular y la descomposición moral que además de demeritar su trabajo e imparcialidad39, amenazan su propia existencia y función40.

Como hemos visto en la lista de “recomendaciones”, pocos son los casos de tortura atribuibles a autoridades locales o federales en que la CEDHJ ha ejercido plena y eficazmente sus facultades de investigación, denuncia y sanción, conforme al mandato constitucional y su propia ley orgánica (cuatro veces reformada en el último decenio)41. Destacan los casos de las víctimas del “tolete” del comandante Enrique Cerón Mejía –Jefe de la DSP Guadalajara-, de los 20 jóvenes secuestrados y torturados por 28 elementos “encapuchados” del

aporte del ombudsman mexicano

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Ejército, previo allanamiento en San Juan de Ocotán, Zapopan, en un violento operativo del 14-15 de diciembre de 1997, desnudados en un frío extremo (la víspera nevó), uno de los cuales –Salvador Jiménez López (25 años)- perdió la vida atrozmente42. El “móvil” fue un “ajuste de cuentas” o el “cobro” de una agresión sufrida por parte de un miembro de los selectos “escuadrones de la muerte”43, entrenados –según supimos después- para “matar sin miramientos”44. El 15 de diciembre de 1997 la CNDH atrajo el “caso”, permaneciendo callada “investigando” lo por todos “sabido” respecto al caso45.

Un punto a su favor en la lucha por prevenir la tortura, fue la colaboración que concedió en Junio del 2000 al Ayuntamiento de Tlaquepaque y al “Museo Criminale Medioevale” de Italia, para la que la exposición mundial itinerante Instrumentos de tortura y pena capital, antes exhibida en el D. F., Puebla y Monterrey, estuviera varias semanas en el Centro Cultural “El Refugio” de la zona metropolitana46. De tal forma, la CEDHJ difundió en Jalisco –por vez primera, de forma educativa- el Día internacional de apoyo a las víctimas de la Tortura. ¿No hubiera sido más eficaz e impactante que la exposición hubiese sido instalada en el centro de Guadalajara, lugar donde alguna vez actuó una sala del Tribunal de la Inquisición, para llegar a la conciencia y memoria de la mayoría de los tapatíos?. ¿Qué impidió lo anterior?. En las contradicciones internas de la CEDHJ, producto de su atípica relación con las autoridades del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara, podríamos –tal vez- encontrar la respuesta.

Otro punto positivo, la posición recientemente adoptada por el titular de la CEDHJ, a partir del 3 de noviembre de 2004, en que reconoce pública –aunque tardíamente- que en Jalisco “hay tortura” y se utilizan 27 tipos o métodos diversos, declaración que citamos antes.

8. Control internacional de la prohibición de la tortura 8.1 Diagnóstico sobre la situación de los DH en México de la Oficina de ACNUDH

A

lgunos representantes de las OSC participamos en uno de los “Seminarios” que expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH (OACNUDH) en México, abierta en el 20021 y encabezada por Anders Kompas, realizaron en diversas regiones del país para disponer del “Diagnóstico sobre la situación de los DH” en el plano nacional.

El Seminario para nuestra región tuvo lugar en el campus del ITESO (Tlaquepaque, 5-7 agosto 2003), donde las ONGs presentamos diversos informes y testimonios a manera de ponencia y fruto de nuestro trabajo en este conflictivo campo. Una Mesa trabajó los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC), y las dos restantes los Derechos Civiles y DH de las víctimas de delitos y abusos del poder (caso 22 de Abril de 1992 y motines 1995).

Las ponencias se referían a conflictos no resueltos por las instancias competentes respecto a amplios sectores sociales y culturales de las Regiones Costa y ZMG donde hemos realizado un importante trabajo en los pasados 15 años2.

[201]

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manual contra la tortura en jalisco

El 8 de diciembre de 2003, Kompas entregó al Presidente de la República, en la residencia de “Los Pinos”, el resultado del debatido trabajo de investigación y amplia consulta: el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, en cuyo capítulo 2 (“Derechos Civiles”) se consigna la debatida permanencia de la tortura en nuestro país (páginas 30 a 34). A continuación transcribimos partes medulares, pues aportan el marco estructural en que debemos situar los excesos ocurridos durante la “Cumbre” de Mayo/04, que de ninguna manera son hechos aislados atribuibles a “vándalos”, como han intentado hacer creer el Gobierno de Jalisco y sus incondicionales: 2.1.5.1 La tortura. La prevención y prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, han sido objeto de normas nacionales e internacionales, algunas de las cuales definen, de manera no siempre concordante, estas violaciones a los DH. Dentro de la legislación mexicana, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la tortura, que entró en vigor el 28 de diciembre de 1991, define a la tortura en sus artículos 3 y 5.

México ha ratificado instrumentos específicos en materia de tortura, como lo son la Convención contra la tortura y otros tratos o penal crueles, inhumanos y degradantes, de las Naciones Unidas, ratificada el 23 de enero de 1986, y la Convención Interamericana para prevenirla y sancionarla, ratificada el 22 de junio de 1987. Esta última ofrece una protección más amplia ante la tortura. A través de ambos instrumentos, México se obligó internacionalmente, entre otras cosas, a prevenir y sancionar la tortura y a tomas todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedirla dentro de su jurisdicción...

Otros instrumentos internacionales de los cuales México es parte, también prohíben expresamente la tortura. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, señala que ‘nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes’... La PGR ha adoptado dentro de la Comisión Política Gubernamental en Materia de DH un documento llamado 25 acciones para combatir la tortura, derivadas de las recomendaciones dirigidas a México por los mecanismos internacionales de

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DH. Si bien este programa establece medidas de orden positivo, las mismas no atienden algunas de las causas más importantes de la tortura como son la validez de la declaración ante el ministerio público y la existencia de los separos judiciales.

Ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales (o extralegales), sumarias o arbitrarias, de acuerdo con el mandato de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para este tema, comprenden: (...) ‘‘as violaciones del derecho a la vida relacionadas con la pena de muerte; las muertes ocurridas en detención preventiva; las causadas por el uso de la fuerza por agentes del orden público o personas que actúen directa o indirectamente con el consentimiento del Estado; las muertes causadas por atentados u homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas que cooperen con el Estado o son toleradas por éste; violaciones del derecho a la vida durante los conflictos armados; expulsión, devolución o retorno de personas a un país o lugar donde sus vidas corren peligro; genocidio; muertes causadas por actos de omisión por parte de las autoridades’3 (ver el cuadro que en este capitulo aparece enseguida sobre “ejecuciones” en ZMG).

Existen informes, tanto de organismos internacionales, como de ONG nacionales e internacionales que reportan la situación relativa a las ejecuciones extralegales en México, tales como el INFORME de la Relatora Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones sumarias o arbitrarias, presentado en 1999, y el informe La Impunidad en México. Informe que presentan las organizaciones mexicanas a la Comisión Interamericana de DH, dado a conocer en febrero de 2003. Estos informes muestran que si bien el problema a que se hace mención ha disminuido significativamente en los últimos años, no ha desaparecido. En este sentido, la Oficina del ACNUDH ha tenido conocimiento de casos recientes ocurridos incluso durante la elaboración del presente diagnóstico, en el que se denunciaron este tipo de ejecuciones.

La información disponible muestra la necesidad de reconocer que no solo existe una gran dificultad para probar estas denuncias, sino para conocer la existencia de otros casos. De aquí que se confirme lo expuesto en el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en el sentido de que `la falta de detección y de publicidad de esas ejecuciones (…) es el principal obstáculo para juzgar ejecucionespasadas y prevenir futuras´4

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manual contra la tortura en jalisco

Atinadamente, el Informe del ACNUDH reúne en el mismo capítulo la Tortura con otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, con las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, que describe objetiva y sucintamente en las páginas 33 a 42 del diagnóstico. Para los fines de establecer que esta espiral violatoria de DH que existe entre la tortura, los tratos crueles, las ejecuciones y la inseguridad pública, debido al fracaso evidente de los programas de seguridad pública y procuración e impartición de la justicia penal-civil y militar, las OSC presentamos el siguiente cuadro o cronograma de la estadística de las ejecuciones en la ZMG y la entidad, que realizamos con la sola lectura frecuente de la prensa escrita: Año(s) Núm. cadáveres con huellas tortura Comentario(s) 1993...

25 Ejecutados al estilo mafioso 1994...

487 Incluye algunos homicidios 1995...

356 Informe de Leobardo Larios G. 1996...

70 47 “ajusticiados” eran de ZMG. 1997...

78 Según investigación de la AJDH 1998...

25 Zapopan, “zona preferida...”

1999...

131 39 con tintes de “ejecución” dir.

2000...

36 En el primer semestre del año.

2001, 02, 03 y 04 no precisado (100) Si es cierto mínimo de 25 en 93_ 11 años 1500 ejecutados aproxima-

damente5 Al no atraer la PGR ni la PGJE las investigaciones= Impunidad NOTA: Estas informaciones se sustentan en una investigación periodística realizada por varios dirigentes de las OSC preocupados por la espiral de violencia extrema que conllevan las ejecuciones, que privan al que la padece a la peor de las violaciones individuales de DH: la pérdida del supremo derecho humano a la vida.

En su diagnóstico sobre nuestra Patria, la OACNUDH reseña la parte medular de los “Informes de organismos internacionales sobre la tortura en México”, incluyendo tanto los organismos nacionales oficiales como las OSC internacionales:

control internacional

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su informe especial emitido en 1998 sobre la tortura en México, la Comisión Interamericana de DH señala: La CIDH sigue preocupada por la práctica de la tortura en México por agentes del Estado. Durante su visita in loco (1996), la Comisión pudo analizar información de numerosas fuentes, acerca de dicha practica cometida con diferentes fines. Por la gravedad que revisten estos aberrantes actos, la CIDH considera oportuno analizar en el presente informe la situación del derecho a la integridad personal en México, específicamente en cuanto a la tortura.

Numerosas denuncias han sido presentadas por ONG y particulares, en las cuales se señala que la tortura se sigue practicando no solo en escenarios extrajudiciales, sino incluso en el marco de las investigaciones judiciales, con el fin de intimidar a los detenidos, autoincriminarlos y obtener sus confesiones. Esta situación ha sido constatada igualmente por otras organizaciones internacionales.

Durante su visita a México, la CIDH recibió información sobre la existencia de una gran desconfianza hacia los policías y recibió quejas sobre si ineficiencia, corrupción, aprehensiones arbitrarias y torturas6.

La CIDH da la mayor importancia a los reclamos que ha recibido sobre la tortura en México. Sobre la base de su rica experiencia continental, la CIDH desea señalar que en el combate permanente contra un flagelo de la tortura, es esencial que los tribunales no den ningún valor probatorio a confesiones extraídas bajo tortura, y que sancionen penalmente a los culpables. La CIDH tiene conocimiento que la CNDH ha efectuado numerosas recomendaciones en caso de tortura, de las cuales sólo algunas han sido cumplidas.

La CIDH investigará las quejas que han sido formuladas en esta materia...´7 Relator Especial para la Tortura de las Naciones Unidas.

Por otra parte, el Informe del Relator para la Tortura de las Naciones Unidas, Sr. Nigel Rodney, concluye que es una práctica generalizada en México mas no sistemática8.

Amnistía Internacional.

El Informe 2003 de AI: El pasado dice cosas que interesan al futuro, en el apartado relativo a México, expresa: Seguía siendo generalizada la práctica de al detención arbitraria, la tortura y los malos tratos por parte de los agentes de la policía, el Ejército y el Ministerio público en los ámbitos estatal y federal.

Se recibieron informes sobre varios casos de detenidos que habían

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manual contra la tortura en jalisco

muerto como consecuencia de la tortura sufrida. Los jueces no analizaron debidamente las denuncias sobre confesiones obtenidas mediante coacción, perpetuando así el uso de la tortura como medio de investigación (…) No se procesó a ningún funcionario público por cometer tortura9

Añadimos nosotros que en el reciente Informe anual 2004 de Amnistía (AI) respecto al estado de los DH en todos los países, México aparece –de nuevo- como un “caso grave y preocupante” dadas las ejecuciones y feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde “han perdido la vida cientos de mujeres, jovencitas y niñas en los últimos 10 años” (refiere el año 2003 como límite de la investigación realizada). En la página 223 del Informe denominado “Resonaron las voces de los jamás escuchados”, presentado en Guadalajara apenas el pasado 4 de noviembre se consigna la evaluación siguiente: El gobierno mexicano mantuvo su compromiso de proteger y promover los DH. No obstante, sus iniciativas no fueron suficientes para frenar las frecuentes y generalizadas violaciones de estos derechos. Los fallos estructurales del sistema de justicia penal siguieron siendo una de las causas clave de las violaciones de DH y la impunidad. Las autoridades se comprometieron a acabar con los asesinatos y desapariciones de mujeres en Cd. Juárez y Chihuahua.

Al menos una defensora de los DH fue asesinada, y otros defensores recibieron amenazas. Varios activistas sociales se enfrentaron a cargos penales que obedecían, según los informes, a motivos políticos. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia abrió una vía para el posible procesamiento de altos cargos responsables de ‘desapariciones’ ocurridas en el pasado. Muchas comunidades indígenas siguieron sufriendo marginación y actos de violencia. La ONU hizo público un diagnóstico sobre la situación de los DH en México, que debía servir de base al gobierno para elaborar un Programa Nacional de DH”, que no se ha concretizado en el 2004.

Amnistía dedica un párrafo del Informe 2004 a la detención arbitraria y la tortura, en los siguientes términos:

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En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó un informe sobre una investigación de 5 años en torno a la práctica de la tortura en México. El informe informaba que en los casos de tortura ‘no se trata de situaciones excepcionales o de ocasionales excesos en que han incurrido algunos agentes policiales, sino –por el contrario- que el empleo de la tortura por parte de éstos tiene un carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales’.

Con frecuencia, sobre todo en el ámbito estatal, los defensores de oficio, los agentes del MP y los jueces no hicieron nada por impedir que se admitiera como prueba en procesos penales información obtenida mediante tortura. Un amplio estudio sobre la tortura a escala estatal y federal realizado por los ONG Physians for Human Rights demostraba que el problema seguía siendo de una magnitud mucho mayor de lo que sugerían las estadísticas oficiales. La PGR adoptó formalmente las normas internacionales relativas a la documentación de pruebas médicas en casos de tortura, pero la independencia del organismo investigador en tales casos no estaba garantizada.

En septiembre, 4 hombres de la comunidad indígena totonaca del municipio de Huehuetla, Puebla, fueron detenidos y torturados, según informes por la policía judicial del estado para que confesaran un asesinato. Las autoridades, según los informes, abrieron una investigación sobre las denuncias de tortura.

Hubo varios informes sobre homicidios ilegítimos cometidos por la policía, y también sobre –al menos- una posible desaparición10

El Diagnóstico del ACNUDH sobre la tortura en el país, concluye con los apartados, que transcribimos y tienen un especial sentido para los efectos del presente documento e investigación: 2.1.5.4 Torturas durante el proceso, por parte de la Policía Judicial o Ministerio Público En el capítulo de este diagnóstico denominado Derecho a un Proceso Debido, se ha definido a la tortura practicada durante el interrogatorio, dentro del procedimiento inquisitorial, como la ´coacción sobre la conciencia de la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad para obtener una ventaja procesal en detrimento del derecho de defensa del torturado o de un tercero´.

Se expresa en dicho capítulo:

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La tortura es una forma extrema de al agresión que invade el cuerpo y la mente de una persona con la finalidad de matar en ella su dignidad, sus símbolos, sus objetos, su palabra. Se desvanece su identidad, el Yo, que es la instancia de la personalidad que constituye su propia individualidad, su manera de ser y de sentir únicas y autónomas. Esta invasión al mundo interno del individuo, a su subjetividad, a lo que lo hace único, le produce la sensación de degradación total de su persona.

2.1.5.5 Torturas y otros tratos degradanes en el sistema pnitenciario La CNDH es una fuente privilegiada de información, en razón de que es el único organismo que tiene acceso a todos los centros de reclusión del país, gracias a que su competencia en la materia es concurrente con la que tiene cada una de la CEDH en su respectiva entidad federativa. Por otra parte, y pese a que las ONG de DH se les hace difícil el acceso a todos los reclusorios, algunas apreciaciones de éstas se confirman con las diversas recomendaciones e informes especiales emitidos por la CNDH. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha manifestado: La tortura es utilizada por la autoridad en la prisión, no sólo como <una rutina de investigación e inteligencia preventiva interior, sino como un método para la preservación del orden y la disciplina en los establecimientos. Escudadas en ausencia de controles externos, las autoridades intimidan a la población penitenciaria aplicando castigos ilícitos que constituyen formas de tortura, aún contra internos cuya responsabilidad en la comisión de infracciones no puede ser acreditada plenamente´11.

La situación anterior se ve agravada en los CEFERESOS, debido a que estos no sólo están exentos del escrutinio público, como del resto de las prisiones mexicanas, sino que incluso la CNDH tiene dificultades para llevar a cabo su tarea de supervisión12.

La vulnerabilidad frente a la tortura se constata principalmente en los centros para varones: en el medio carcelario es frecuente que la tortura sea ejercida no por servidores públicos, sino por internos instigados por las propias autoridades o con el consentimiento o la tolerancia de éstas.

La existencia de formas ilegítimas de gobierno por parte de internos, custodios, o ambos –conocidas como autogobierno- deriva en formas de sometimiento y control de la población penitenciaria de regímenes disciplinarios arbitrarios, cuyos ejecutores –los denominados jefes o capataces, así como los llamados golpeadoresconstituyen una amenaza continua para los internos (…)13

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Por otra parte, las revisiones a las personas que visitan los centros de reclusión estatales o federales de la República, llegan a constituir formas de tortura, como lo ha acreditado la misma CNDH en la Recomendación General 1/2001 del 19 de junio de 200114.

8.2 Informes Anuales de Amnistía Internacional y Human Rights Watch Ya hablamos previamente de los Informes 2001 a 2004 de Amnistía sobre la tortura en México, y hemos citado otros anuales a partir de 1989, año en que las OSC comenzamos a dar seguimiento a la prestigiada ONG. Sólo faltaría añadir el último balance que realizó el ONG internacional de DH el 2 de diciembre del 2004, al dar a conocer el “Informe Especial sobre los arrestos en la Cumbre ALCUE”, en cuya presentación Rupert Knox, uno de los responsables del Informe, declaró -en entrevista telefónica desde Londres- que el caso 28 de mayo ha causado “vergüenza a escala internacional”: Ha permitido mostrar que no ha cambiado la situación en México, que las violaciones de DH siguen y que las autoridades siguen actuando del mismo modo (…) Los cambios que se anunciaron a escala nacional e internacional no se han reflejado a nivel de los estados… Lo más preocupante es que las autoridades de Jalisco se han negado a investigar los graves señalamientos sobre estas violaciones… Los actos de propaganda del gobernador Ramírez Acuña, con que ha estigmatizado a lo detenidos y los ha presentado como delincuentes, son reprobables… Cuando el gobernador se niega a investigar, está dando un mensaje de ´protección´a los funcionarios que se extralimitaron; favorece la impunidad (…)

Sin embargo, el gobierno federal es el responsable ante la comunidad internacional de la situación de los DH en el país…

Las recomendaciones de la CNDH han quedado en el aire, como si rechazar el Informe fuera simplemente una opción del gobierno.

El gobierno federal debe insistir con las autoridades de Jalisco en que cumplan el informe y se abra una investigación…15

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manual contra la tortura en jalisco

Al gobernador –como en otras ocasiones- “no le preocupa el informe ni las peticiones de AI sobre los hechos”16, pues como veremos enseguida es un abogado corrupto y contrario a la ética que en el marco de la política, como es el caso de su breve pero tormentoso paso por la administración municipal de GDL17 y de Jalisco, plataformas en las que demostró en la última década su abierto y sonoro rechazo a las recomendaciones de la CEDHJ en medio del escándalo y la ignorancia.

No se le pueden pedir “peras al olmo”, reza un refrán mexicano aplicable a él.

Otra importante postura de las ONG internacionales, corrió por cuenta de la oficina en América –con sede en Washigton- de Human Rigths Watch (HRWA) respecto a los excesos de las autoridades en la Cumbre de ALCUE, cuyo presidente José Miguel Vivanco se constriñe a lamentar y demostrar por qué en México la tortura es “crónica” y criminal. sin embargo debemos citar un Informe valioso que dio a conocer respecto a la responsabilidad oficial por la violencia rural en nuestro país, luego de las elecciones federales de julio de 1997, que expone decenas de casos de tortura, la “desaparición” y la detención arbitraria, pese a que estas transgresiones están estrictamente prohibidas por las leyes internacionales: Algunos de estos abusos se produjeron durante incidentes de violencia rural en los que participaron tanto funcionarios del gobierno como ciudadanos particulares. En algunos casos ocurrieron dentro del contexto de la lucha del gobierno contra los guerrilleros izquierdistas.

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de ONU expone las violaciones cometidas por gobiernos que practican ´desapariciones´. Dice: ´Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes´.

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Con frecuencia, las ´desapariciones´ facilitan otras violaciones de los DH, como la tortura o la ejecución extrajudicial..”18.

Al referirse a inminente “colapso del sistema de justicia mexicano”, el Informe refiere a manera de ejemplo al caso de las violaciones que las autoridades cometen –con frecuencia- al disponer la expulsión de extranjeros, como fue el caso de tres sacerdotes católicos en Chiapas en 1995, luego de la represión militar y paramilitar utilizada para sofocar el levantamiento zapatista del 1º de Enero de 1994, y que volverá a repetirse en el caso de Guadalajara, Jalisco, al expulsar a otro grupo de extranjeros: El gobierno federal de México ha incorporado a su discurso oficial la retórica de DH. Sin embargo, hasta ahora no se ha evidenciado un compromiso real para solucionar o, al menos, mitigar este grave problema (…)

El gobierno mexicano planteó reservas a ciertas disposiciones de tres tratados que garantizan el debido proceso a los extranjeros antes de su expulsión, señalando de este modo que su cumplimiento de las normas en materia de DH a las cuales formuló reservas sería ilimitado. En relación a los casos de este informe (Loren Riebe, de EU; Rodolfo Iza Elorzal, de España; Jorge A. Barón Guitein, de Argentina; etc), el gobierno mexicano planteó reservas al PIDCP, la Convención Americana para los DH y la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros de 1928.

Las reservas a estos tratados contemplan que la expulsión de extranjeros se producirá de cuerdo a las leyes nacionales, refiriéndose al artículo 33 de la Constitución Federal, que permite al ejecutivo federal hacer ´abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente´. Al hacerlo, el gobierno retiene el poder de expulsar sumariamente a extranjeros, que fue lo que hizo en el caso de tres curas extranjeros en 1995…

La CNDH ha alegado categóricamente que deberían retirarse estas reservas, pues chocan con principios de la más elemental justicia (…). El gobierno da preferencia al interés político por encima de la garantía del debido proceso”…19

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8.3 Informes del Centro PRODH y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, A.C. Finalmente, mencionaremos dos de los informes o reportes anuales que lagunas de las ONG más prestigiadas en esta materia a nivel nacional han realizado en la década pasada.

Comenzaremos con el Centro de DH “Miguel A. PRO Juárez”, A.C. (PRODH) –fundado en 1989 por la Compañía de Jesús en México-, que ofreció en el 2002 con una radiografía de tales violaciones en México. En las 54 cuartillas del Informe correspondiente a ese año, Jalisco aparece mencionado en varios casos donde se exponen agravios al derecho a la salud, a los DH laborales y al de libertad e integridad personal. Específicamente, de los 25 casos de tortura cometidos por agentes policíacos y militares, tres son de nuestra entidad. El periodista y exconsejero ciudadano propietario de la CEDHJ, los reseña: Uno se refiere a los cadáveres de dos personas que con indicios de tortura fueron hallados el 27 de marzo (2002) en un canal de aguas pluviales, en la Colonia Camino Real. Ambas personas estuvieron detenidas en celdas de la Procuraduría de Justicia del Estado, en la calle 14 de la Zona Industrial. Los dos cuerpos presentaban huellas de tortura, golpes en el abdomen y tórax. La causa de la muerte del primero, indica el Centro PRODH fue asfixia por sofocación coadyuvada por contusión difusa de cráneo; el más joven pereció por asfixia ´por broncoaspiración de contenido gástrico alimenticio secundario´, a consecuencia de los golpes que le infirieron.

Otro caso que expone el informe anual ocurrió a Francisco ´C´, de 23 años, que fue detenido por dos policías en Zapopan, el 3 de abril, alrededor de las 22 horas, ´para una revisión de rutina´. El joven se dirigía de compras a una tienda de la colonia. Los agentes preventivos le marcaron el alto, le ordenaron que colocara las manos sobre el cofre de la patrulla para catearlo. Ahí los policías le sacaron dinero de la cartera y, al reclamar, lo subieron a la patrulla y lo condujeron a un sitio oscuro, donde lo violaron con un tolete y lo amenazaron.

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El tercer caso ocurrió el 31 de enero, en La Barca. Ese día, agentes de la Policía Federal Preventiva le marcaron el alto a tres personas, quienes dispararon contra un oficial (no consigna el informe, pero lo mataron) y golpearon a otro. Se inició una persecución y los agentes alcanzaron a los tres hombres en San Antonio de Rivas, en La Barca. Los tres estaban con vida. Una hora después, cuando el Ministerio Público llegó al lugar, lo tres presentaban disparos n el cuerpo y tiros de gracia en la nuca, con salida por la frente. Testigos de la comunidad afirman que uno de los jóvenes fue ´ejecutado´ en ese lugar y que los otros dos fueron subidos a una camioneta en la que viajaban, los esposaron y 10 minutos después los regresaron muertos. La versión oficial es que se registró un enfrentamiento20

A continuación hacemos una breve reseña del reporte que la Comisión Mexicana de defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. –fundada en 1990, con estatuto consultivo en la OEA y la ONU- hizo en 1997, hizo respecto de esta práctica prohibida internacional y constitucionalmente, aún enquistada en las estructuras y modus operandi del servicio público. Esta ONG es una de las pocas instituciones mexicanas que tienen acceso a las sesiones de los órganos de la ONU y OEA especializados en casos controvertidos de DH, y por ende este privilegio le ha permitido desmentir y contradecir los informes “a conveniencia” que el Gobierno Mexicano presenta sobre la situación interno, rasurando datos.

Veamos cómo la CMDPDH puso en evidencia la parcialidad del Segundo Informe del Gobierno zedillista a la ONU en relación con la puesta en práctica de la Convención contra la Tortura (1984): El 30 de enero de 1997 la CMDPDH solicitó al Secretario de Relaciones Exteriores copia del Tercer Informe acerca de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta solicitud fue desatendida en virtud de que el informe que nos fue proporcionado por dicha dependencia fue el correspondiente al Segundo Informe periódico sobre la materia en cuestión, fechado en junio de 1996, que comprende datos de 1992 a mayo de 1996.

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A continuación se presenta el texto del contrainforme expuesto por nuestra Comisión ante el Comité contra la Tortura de la ONU en sus sesiones del 30 de abril del presente año.

México como Estado parte de la Convención ha presentado ante el Comité contra la Tortura sus segundo y tercer informes sobre la puesta en práctica de dicha Convención, compromiso con el que se encuentra obligado internacionalmente.

La tortura ha sido un mal persistente en nuestro país desde hace varias décadas. Su aplicación tiene por objeto obtener confesiones, información o castigar a una persona. Las formas en que se presenta son diversas: desde amenazas y presión psicológica, hasta golpes y choques eléctricos que llegan a ocasionar la muerte de la víctima.

Como principales actores de la tortura se encuentran los elementos de las policías judiciales tanto federales como locales, aunque un fenómeno relativamente reciente, y muy preocupante, es la intervención de las Fuerzas Armadas en los procesos de investigación del delito y contrainsurgencia, lo que ha propiciado que ahora también los elementos del Ejército practiquen la tortura.

Los sujetos más vulnerables de sufrir esta práctica son los miembros de organizaciones sociales y la población social y económicamente más desprotegida, obre todo campesina e indígena… (…) En 1985 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual significó el reconocimiento implícito a una grave costumbre entre las autoridades encargadas de la persecución del delito. La aplicación de la Ley sólo se ha concretado en dos sentencias firmes por tortura, contrastando con las numerosas denuncias recibidas por las organizaciones de DH, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, especialmente la CNDH. La autoridad encargada de hacer cumplir la Ley es la PGR, sin embargo, ésta ha resultado particularmente ineficaz toda vez que en un lapso de 12 años sólo ha consignado a 50 personas por ese delito, de las cuales sólo 8 han recibido sentencia condenatoria.

La reforma del 10 de enero de 1994 hecha al artículo 134 bis, párrafos tercero y cuarto del Código de Procedimientos Penales para el DF, dispone que el MP debe evitar que el probable responsable de un delito sea incomunicado, intimidado o torturado.

En varios estados de la República no existe tal disposición en su legislación penal. Por otro lado, en la legislación mexicana se establece que el recurso de amparo es el medio idóneo para proteger a las personas contra la tortura; sin embargo, su ineficacia se ha

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puesto de manifiesto en diversos casos de los cuales, entre otras, dan fe las ONG HRW/Américas, en su Informe anual sobre la situación de los DH en el mundo en 1997, y Amnistía Internacionales en el suyo Violaciones de los DH en México, el reto de los noventa (1995, pág. 16) La reforma que se hizo al artículo 16 constitucional en 1994, la cual concede al MP la ampliación del término de detención hasta por 96 horas para delitos calificados como de ‘delincuencia organizada´, se encuentra reglamentada en la reciente Ley Federal para combatir la Delincuencia Organizada publicada desde julio de 1996. El establecimiento formal de la detención prolongada hasta por 96 horas propicia las condiciones para que la autoridad ministerial y la policía judicial que la auxilia puedan realizar la práctica de la tortura, pues el MP consigna a los culpables con su propia confesión, la cual se acompaña por algún otro elemento inculpatorio como prueba suficiente…

El gobierno mexicano refiere que la Ley orgánica de la CNDH sienta un precedente en cuanto a la imprescriptibilidad de presentar una queja. Desgraciadamente, la experiencia nos demuestra que los procedimientos empleados por la CNDH para comprobar la tortura dejan mucho qué desear: carecen de celeridad, se basan en documentos oficiales expedidos por presuntos responsables y tienden a desestimar el dicho del quejoso21

La CMDPDH ha manejado y defendido ante las autoridades nacionales y, ante su negativa, llevó los casos a la CIDH de dos militares oriundos de Jalisco que han padecido, en sus vidas, personas y derechos humanos, graves ultrajes a su integridad, libertad, honra humana y dignidad castrense. Nos referimos a José Francisco Gallardo Rodríguez, nacido en Atotonilco, Jalisco, uno de los militares más jóvenes con el rango de general brigadier en México, por haber prestado servicio en el ejército durante más de 30 años y adoptado como preso de conciencia por AI en 1994. Gallardo fue injusta e indebidamente puesto a disposición de la justicia militar en noviembre de 1993. Su detención tuvo qué ver con la publicación en la revista capitalina Forum de un artículo suyo en el que

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criticaba las violaciones de DH cometidas por miembros del ejército nacional contra civiles y soldados22, abogando por la creación de un ombudsman militar23.

El general Gallardo estuvo privado de su libertad en el Campo Militar número Uno en las afueras de la ciudad de México, mediante “Consejo de Guerra” fue acusado formalmente de varios delitos, incluído el de difamación, por el entonces Procurador de la Justicia Militar (PGJM) y actual titular de la PGR, el también general Rafael Macedo de la Concha.

Ante el rechazo de estos cargos por la justicia civil, el ejército y la PGJM presentaron otros cargos con el objeto de prevenir su puesta en libertad (“injurias, calumnias contra el ejército y las instituciones que de él depende (…) enriquecimiento ilícito”, etc. Gallardo, con el auxilio de la CMDPDH, se amparó y el 7 de octubre de 1994 fue absuelto de los cargos por el 4º Tribunal Colegiado en Materia Penal del D.F. (tribunal de apelaciones). Enseguida, el Juez 1º Militar dictó auto de formal prisión por presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación. Durante su detención y confinamiento militar Gallardo fue víctima de múltiples amenazas, atentados y descalificaciones24.

En enero de 1995, ante la falta de resolución del caso en el fuero militar, ONGs de DH nacionales e internacionales encabezadas por la CMDPDH se dirigieron a la CIDH para exponer el caso y pedir la intervención del organismo. En febrero de 1996 se celebró una audiencia sobre el caso en Washington, D.C. y la CIDH visitó México en julio del mismo año para conocer detalles de ésta y otras denuncias recibidas.

En octubre de 1996, en aplicación del artículo 51 de la Convención Americana sobre DH, la CIDH envió su informe sobre el caso al gobierno, fijando un plazo de 2 meses para que respondiera a sus recomendaciones. Ante el desacato del gobierno, la CIDH decidió hacer público el Informe Nº 43/96 (Caso 11,430), pidiendo la libertad inmediata y absoluta de

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nuestro paisano, cesar la campaña de persecución y hostigamiento en su contra, investigar y sancionar a los responsables de la campaña difamatoria (Macedo), adoptar las medidas necesarias para resolver lo antes posible las causas pendientes y pagarle una justa indemnización como reparación del daño por las violaciones de que fue objeto25. Pese a lo anterior, la PGJM sentenció a Gallardo a purgar 28 años de prisión por los delitos de destrucción de documentos oficiales y daño al equipo militar. La CMDPDH y los familiares de Gallardo interpusieron más de 30 amparos a su favor, la mayoría ganados, contra la fabricación de delitos en su contra (vgr. “asonada”).

En Jalisco, el 4 de noviembre de 1997, enterada del caso la AJDH presentó ante la Comisión de DH de la LVIª Legislatura una petición para que el Congreso jalisciense se pronunciase a su favor, con copia a la CEDHJ, dependencias que jamás contestaron la misiva.

Una vez que V. Fox fue presidente, y luego de una intensa campaña por su libertad promovida por las ONGs del país y diversos colegios y barras de abogados, con el apoyo de sus hijos José Francisco y Marco Vinicio Gallardo Enríquez, Gallardo fue finalmente puesto en libertad en el 2002, sin que las demás recomendaciones de la CIDH hubiesen sido atendidas por el “Gobierno del Cambio”.

Era la primera vez, en el caso de nuestro país, en que la CIDH se pronuncia sobre violaciones de DH en un caso individual.

Otro caso que la CMDPDH ha planteado ante la PGJM, la PGR, la CNDH y la CIDH, pero sin resultado alguno hasta la fecha es el de la desaparición del Teniente de Infantería Orlando Muñoz Guzmán, oriundo de San Julián, Jalisco, quien fue visto con vida por última vez el 8 de mayo de 1993 (25 años) cuando se encontraba adscrito al 26º Batallón de Infantería, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía apenas seis meses

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de haber sido asignado, luego de una breve estancia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego de haber pasado vacaciones con su familia alteña, desapareció –en circunstancias sumamente extrañas- sin dejar rastro. La SEDENA y la PGJM aducen una “deserción” para justificar lo ocurrido, pero las pesquisas conducen a otros vértices26. En su Diagnóstico sobre la situación de los DH en México, la Oficina del ACNUDH manifestó su interés y preocupación porque el caso de este militar jalisciense se resuelva conforme a derecho.

9. Interpretación sobre el incumplimiento de las resoluciones de la CNDH y CEDH

E

s obvio que los titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Carlos Rivera, Alberto Cárdenas y Fco. Ramírez A.) en conjunto con el primero de los presidentes de la CEDHJ (Carlos Hidalgo Riestra), son las autoridades que más recomendaciones han recibido en el pasado decenio del “Ombudsman Nacional”, por estar envueltos –con distintas modalidades y responsabilidades- en decenas de violaciones y delitos o encubrirlos. El Gobierno estatal es “puntero”, al desacatar un alto porcentaje de las recomendaciones e Informes de la CNDH, en tanto que la CEDHJ ha dado un cumplimiento aparente a las suyas, pues ni las quejas son adecuadamente atendidas y menos aún resueltas. Tales datos coinciden con las estadísticas que sobre el estado de cumplimiento o transgresión a los DH consignan los diez últimos Informes Anuales de la CEDHJ (ver anexo al final), donde se destaca entre agosto de1994 y el mes de febrero de 2004, que son precisamente dependencias adscritas al Poder Ejecutivo del Estado, como: [219]

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Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social del Estado, Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado,

Las que más abusos y atropellos a los DH han cometido en este último decenio en Jalisco y varios municipios.

En el ámbito municipal o local, las dependencias que más excesos han cometido son -desde luego- las Direcciones de Seguridad Pública de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Tlaquepaque, las que se distinguen respectivamente en tan funesto récord de ilícitos y vejaciones, pletóricas de intolerancia, corrupción e inhumanidad.

Respecto a la tortura, los titulares de la CEDHJ han tenido y fijado –en su momento- su propia postura personal e institucional (sociopolítica), por lo general tibia en su planteamiento. En el período de Hidalgo Riestra (1993-97) fueron pocas e ineficientes las recomendaciones para erradicar este abuso de poder. En el de Guadalupe Morfín (1997-2001), la CEDH tuvo un leve repunte, sin ruptura con el pasado (reformas en la “continuidad institucional”)1.

Hoy todavía la CEDHJ está colocada a nivel nacional como el organismo público de DH que ha violado las garantías de los quejosos, ya sea no defendiéndolos, o haciéndolo mal, o bien favorecer a las autoridades en “recomendaciones negociadas”. En la primera semana de agosto del 2003, la Cuarta Visitadora General, Guadalupe Ramos Ponce, renunció en medio de un escándalo público, en una abierta diferencia sobre tales recomendaciones “negociadas” (dilación en resolverlas, pese a estar concluirlas), cuya responsabilidad mayor caía sobre el actual titular de la CEDHJ, Carlos M. Barba García (2001-2007) con las autoridades involucradas.

Las contradicciones entre el discurso, la estadística y su actuación son abundantes. Por ejemplo, durante su campaña por el cargo (15 meses entre 2001-02), compareció a las

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instalaciones de la Procuraduría de Justicia –principal transgresora de DH, según los diez informes anuales- y declaró a la corrupta dependencia “libre de tortura” (sic). Tal postura sufre un brusco giro a partir de los actos represivos que se evidencian a raíz de la “Cumbre de Guadalajara” (Mayo 2004), donde establece un criterio contrario2.

9.1 Panismo, ultraderecha y fabricación de delitos ¿Por qué el actual gobernador de Jalisco y antes alcalde tapatío tiene tanto conflicto con los organismos públicos y privados, locales, nacionales e internacionales involucrados en la promoción y/o defensa de los DH?. Ello es congruente con su vida, pensamiento y trayectoria político-jurídica personal, donde hay una serie de hechos que ponen en claro el fondo de sus limitaciones conceptuales y prácticas, políticas e ideológicas con esta cultura universal.

El hecho de haber cursado su carrera en una universidad donde no se daba ni se ha dado a los DH el rango –siquiera- de materia, pues en sus aulas y programas académicos predomina más el aprecio por los valores políticos comunes (corporativos y clientelares) que por los del pueblo o los desposeídos, entre los que destaca el aprecio de la legalidad por encima de la justicia (postura “juspositivista”); y el de haber formado parte de una generación de abogados y políticos funcionales al sistema (ajenos a la crítica jurídica y a la indignación ética ante las injusticias) y al modelo de desarrollo capitalista, con un bagaje fuertemente conservador, está en el sustrato de su conducta y la de buena parte de sus correligionarios del PAN (Municipio, Jalisco y CEN). Vayamos a los hechos y a las influencias que permearon al señor gobernador como abogado y político, convirtiéndolo en una persona caprichosa, introvertida y dócil a las seducciones del poder y del dinero:

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Luego de haber cursado su carrera al lado de decenas de políticos priístas de la línea tradicional (Alvarez del Castillo, Cosío Vidaurri, Rivera Aceves, son algunos), diversas circunstancias lo llevaron a vincularse con despachos de abogados corporativos (elitistas) y políticamente cercanos al PAN histórico, como es el caso del Lic. Ignacio González Morfín (hijo del cofundador) y el Lic. Garcilita Padilla, donde comenzó a litigar, y a posicionarse política y económicamente, llegando a ser diputado local y dirigente del PAN local.

Aunque conoció en su juventud al connotado político y jurista jalisciense Efraín González Luna, éste no tuvo un influjo decisivo en su vida ni su filosofía (del humanismo político: desprecio al autoritarismo criollo, respeto a la dignidad y militancia en la no violencia activa, como medios idóneos para la construcción de un partido demócrata no confesional, laico, pero integrado por católicos).

Su participación como relevo del albacea testamentario de la sucesión a bienes del señor Francisco Corvera del Castillo (viudo de Luz Sanromán), que dispuso en su testamento legar un alto porcentaje de sus bienes a la Asociación de Niñas Ciegas de Jalisco, AC., encabezada por Guadalupe Saborío, con quien tuvo múltiples desavenencias, por su manejo indebido del juicio, sus honorarios y la tardía entrega (y regateo) de los beneficios de la herencia que buena falta le hacían a los menores limitados, deja constancia de su carencia de principios sólidos de ética profesional y social.

Saborío debió acudir en 1997 en queja a una ONG debido a los “turbios manejos” del albacea Ramírez Acuña; que obviamente se declaró incompetente para mediar.

Aunque ubicado en el sector ortodoxo o “tradicional” de Acción Nacional, no supo tomar distancia del fenómeno de la infiltración empresarial, política y financiera de las estructuras dirigentes del PAN, que llevaron en 1988-89 a una devastadora concertacesión con el presidente Salinas y al desmembramiento

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de sus líderes y militantes más congruentes en la lucha contra el régimen de partido único (1929-1989), del que terminó por volverse un apéndice. Los centavos pesaron más que los principios y su intransigencia democrática (su mayor capital político).

Cuando el sector ortodoxo congruente con la ideología y programa histórico del PAN abandonó sus filas, encabezado por los excandidatos presidenciales José González Torres y Pablo Emlio Madero, Jesús González Schmall, Bernardo Bátiz, Mauro González Luna Mendoza, etc. Constituyendo el efímero Partido del Foro Democrático3, Ramírez Acuña optó por el pragmatismo de la alianza con Salinas y el presupuesto federal y mantenerse a la espera de una “oportunidad” para subir en el status partidario local y nacional.

En el libro “Los Panistas”, Mireya Cuéllar, describe su trayectoria política en la siguiente reseña biográfica: Ramírez A., Francisco Javier. Gobernador de Jalisco 2001-07 y consejero nacional del PAN. Nació el 22 de abril de 1952 en Jamay. Es abogado por la UdeG. Ingresó al PAN en 1969, Participó en la campaña presidencial de Efraín González Morfín (1970) y fue secretario de Organización del grupo juvenil jalisciense (1971).

Diputado local de 1974 a 77 y de 1980 a 83. Regidor en el ayuntamiento de Zapopan; director del SISTECOZOME (1995-97) y jefe del ayuntamiento capitalino (1998-2000). Forma parte del grupo tradicional panista, antagónico a quienes tienen su origen en el DHIAC y otras agrupaciones de ese corte4.

Respecto a los grupos de ultraderecha (los clandestinos Muro y Yunque), Ramírez Acuña si bien tomó distancia, tampoco desenmascaró sus oscuros intereses y fines antidemocráticos y populares, lo que habla de una posición tibia ante la infiltración y cooptación contraria a los fundadores y principios partidarios5.

De tal suerte ha sido desafortunada su actitud y participación política, que su gobierno –pese a un intransigente discurso de apego a la ley y a los jaliscienses- se ha vuelto parte del proceso de “colombianización” que vive el país con Fox en la presi-

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dencia de la Republica. El narcoestado6 muy a su pesar, sigue avanzando y la lucha contra la droga y sus traficantes es –como afirma el francés Jean-Fracois Boyer- “una batalla perdida”7.

Si bien hasta los círculos mas conspicuos de Europa muestran su preocupación no solo por las violaciones a los DH, sino por el ascenso vertiginoso de la criminalidad a nivel nacional, a Ramírez Acuña y su gabinete no le genera reacción ni preocupación sustantiva8.

Bajo los spots que exaltan los logros del 4º año de gobierno panista –“dime de que presumes y te dire de que careces”-, se oculta una de las actitudes políticas más constantes: La represión de sus opositores mediante la fabricación de delitos y el uso corrupto del estado de derecho. Y ello ocurre no solo en Jalisco, como ha quedado expuesto aquí, sino en otras entidades como en Morelos, donde el gobierno de Sergio Estrada Cajigal (neopanista n. 1961, dueño de una empresa automotriz en Cuernavaca), que el año pasado fue puesto por Fox como modelo, ha sido uno de los mas tenaces en esa actividad. Casos abundan, pero estudie usted el de los 33 miembros del “Frente Pro-Defensa del Casino de la Selva”, del que Javier Sicilia (editorialista de “Proceso”) se ha ocupado muchas veces, como un asunto emblemático para que comprobemos la actitud delictuosa del panismo morelense9, y el deterioro irreversible del PAN como opción política para los mexicanos. Tal es el derrotero análogo que sigue en Jalisco “Paco” Ramírez, como cariñosamente lo saludan sus correligionarios en la entrega de la nación al extranjero y los recursos públicos a sus allegados10.

9.2 POSTURA ERRONEA DE LA JERARQUIA CATOLICA LOCAL ANTE LOS D.H. A este respecto solo basta que sepamos que en la historia reciente del catolicismo europeo y latinoamericano (incluimos el nuestro) la tortura es un grave pecado y delito, punible en

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el magisterio de la Iglesia y en el derecho canónico (causa de excomunión), para que nos percatemos que la postura del cardenal Sandoval, pese a su jerarquía, es atípica y rebatible desde un sano punto de vista ético, moral e incluso pastoral, para no decir teológico o filosófico. Sin embargo, al empatar con el carácter caprichoso y “moralista” (fijarse en lo externo más que en lo interior, en las palabras más que en los hechos) de Ramírez Acuña, el cardenal de nuestro Estado no ha encontrado empacho en identificarse con su política anti-organismos de DH, desde hace tiempo y ello a su conveniencia. Su legitimo interes en el esclarecimiento del Caso Posadas (predecesor asesinado: Mayo 24 de 1993)1, lo ha llevado a involucrarse –indebidamente- en las pugnas del politico “Grupo Jalisco”, y a chocar públicamente en diversas ocasiones con el exrector de la UNAM, y extitular de la CNDH, IFE y PGR, Jorge Carpizo MacGregor, funcionario que inicio las investigaciones por los asesinatos.

No se equivoca el periodista Rubén Martín al mencionar, luego de la reanudación del cíclico conflicto entre Sandoval y Carpizo (septiembre-noviembre 2003), que llevo inclusive a la congelación de los fondos del Arzobispado12, debido a que la PGR abrió una serie de indagatorias relativas a la investigación de presunto lavado de dinero en que estarían involucrados el prelado y 15 sospechosos mas, desde 199613, entre quienes destacan su abogado (José A. Ortega Sánchez) y el “zar del juego” en Tijuana (José Ma. Guardia López), que el “conflicto ha rebasado todas las dimensiones imaginables que tuvo en el origen. De ser una discrepancia entre el funcionario que tuvo a su cargo las investigaciones, se torno en una confrontación entre grupos políticos y religiosos… parece una reedición de la confrontación entre la Iglesia católica y el Estado, entre jacobinos y clérigos”...14 En la ultima trifulca, que conmovió a la clase política, empresarial y a importantes sectores sociales, el Cardenal decidió

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acudir -contra su dicho y costumbre- primeramente ante la CIDH solicitando “medidas cautelares urgentes”, para que el Procurador General de la Republica “cese el hostigamiento y la presión hacia las personas” (Grupo Jalisco) y su abogado”15; luego, interpuso una queja ante el Alto Comisionado de ONU para los DH, en conjunto con el diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, el empresario y su abogado16; y finalmente ante el obvio desconocimiento de que los procedimientos internacionales de DH no funcionan si antes no se agotan los recursos internos, el 23 de septiembre de 2003 acudieron ante la CNDH por la “persecución” de que era objeto el prelado por la PGR17. Carlos Barba, titular de la CEDHJ declino su competencia en un conflicto con tantas puntas18.

Entre todos ellos, destaca –por sus antecedentes y nexos políticos- el diputado plurinominal del PAN, Guzmán Pérez, ultimo secretario general de Gobierno del Ing. A. Cárdenas (luego de la “salida” del Lic. Octavio Espinoza Martínez, impulsor del AIDRE), principal asesor politico del prelado, cuyo proyecto politico y legislativo ha sido “resolver el magnicidio de Posadas”19 (no el caso 22 de Abril, respecto al que el PAN Jalisco hizo un compromiso publico en 1994), y de quien Alvaro Delgado, autor de “El Yunke. La ultraderecha en el Poder”, refiere:

fue uno de los instructores de esta organización, que recluta jóvenes para adoctrinarlos y adiestrarlos en el combate fisico e ideologico para avanzar políticamente en la conquista del poder publico y terrenal, en el nombre de Dios”. Delgado ubica tambien como miembro del organismo clandestino al actual Alcalde tapatio, presuncion negada por el aludido20.

Como diputado local (1995-1997), Guzman impulso la creación de la Comision Especial para el seguimiento de las investigaciones del homicidio de Posadas, y posteriormente se sumo al “Grupo Interinstitucional” que coadyuvo con la

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PGR en la revision del expediente (julio 1998-2000). Diputado federal para el periodo 2003-2006, promovio otra comision para el Caso Posadas (mayo-noviembre 2004). Coincide con Sandoval en que hay bases suficientes para presumir que el asesinato “fue un crimen de Estado”. Lo cierto es que Guzman esta dispuesto a participar en una consulta abierta a todos los ciudadanos, para que sea la sociedad quien decida al que representara al PAN en los comicios para gobernador de Jalisco, en julio del 2006. Y si tal postulacion se hiciera en una consulta abierta, asegura el periodista Pedro Mellado, “tendria grandes posibilidades de éxito, pues seguramente contaria con el abrigo y el respaldo de la Divina Providencia. Su angel guardian es el cardenal Arzobispo de GDL”…21 El problema de todo esto es que pese a su costumbre de denostar a los organismos de DH, Sandoval y su “Grupo” politico participan –hace tiempo- en las lides entre los ONGs de DH y los organismos de fachada que en esta materia utilizan organismos politicos nacionales como “El Yunke” para politizar un escenario de por si complejo. Tal es el caso de la denominada “Comision Mexicana de DH” (CMDH), de la que el abogado de Sandoval y cuñado de Jorge Serrano Guzman –presidente del controvertido Comité Nacional ProVida-, J.A. Ortega, fue fundador en los noventa22 y tiene registro en el Consejo Tecnico de ONGs de Jalisco, A.C. hasta la fecha.

En abierta contradicción con la clara postura social y pastoral, de los Cardenales Jose Garibi Rivera y Miguel Dario Miranda, que en 1964 hicieron publica su reprobación a la creación y funcionamiento de “organizaciones secretas” dentro de la Iglesia catolica23, Sandoval prefiere los metodos del “Yunke” y sus “Jefes”, connotados “feligreses”, amigos y “asesores” suyos, que pregonan: “A nosotros nos llamo Dios a la politica”24. Ya en noviembre de 1963, el primado de Mexico hizo una advertencia publica a los universitarios catolicos

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que en la UNAM y en La Salle colaboraban con el ultraderechista MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), brazo estudiantil del Yunke -fundado en 1961 en Puebla- para “combatir a los rojos”: Recientemente vienen siendo objeto de la atracción de algunas organizaciones estudiantiles, que si bien se han fijado metas, algunas en cierto sentido justas, en la elección de los medios se apartan de las directrices de la Iglesia y de la ley moral que deben guiar todas las acciones humanas para que sean licitas. Y a quienes así obran no vacilan en el secreto, exigir juramentos o promesas y recurrir a la religión como uno de sus medios mas eficaces para atraer adeptos, precisamente entre quienes profesan la religión católica.

Como los muristas ignorasen el mensaje cardenalicio manteniendo su actitud intolerante y provocadora, Darío tuvo que ser mas explicito en su condena. El 28 de septiembre de 1964, emitio una circular, que se distribuyo ampliamente en la UNAM, los colegios católicos (Cristóbal Colón y Simón Bolivar) y las parroquias capitalinas: Muy honda preocupación nos ha causado hace tiempo la actitud de una organización estudiantil que animada por ideales en que se mezcla lo noble y lo menos plausible, y encaminada hacia metas algunas de ellas justas, en la eleccion de los medios se aparta de las directrices de la Iglesia y a veces de la misma ley moral, que deben normar todas las acciones para que sean licitas y bendecidas por Dios. Y como atractivo y acicate espaciosos para los jóvenes, no han vacilado en crear la mistica poco ortodoxa, amparandose en el secreto, exigir juramentos o promesas y recurrir a la religión como uno de los medios mas eficaces para atraer adeptos entre quienes profesan la verdad de Cristo, que en ningun momento y por ninguna razon valida puede prescindir de la caridad como de su esencial e imprescindible caracteristica. Por eso nos dirigimos a los responsables de las instituciones educativas de esta Arquidiócesis de Mexico para comunicarles: Que desaprobamos el que se promueva entre los alumnos de los colegios catolicos la afiliación a la organización actualmente denominada MURO.

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Que se debe disuadir tanto a los maestros cuanto a los alumnos filiarse o continuar afiliados al MURO. Que no se debe permitir la formación de celulas de MURO en los planteles.

Sobran ejemplos entre los jerarcas, ministros, laicos y comunidades eclesiales del catolicismo en occidente, para que entendamos por que no es evangélica la tolerancia y, menos aun, la práctica de la tortura. Solo nos detendremos a mirar a dos pontífices catolicos –entrelazados uno y otro, pese a la distancia del tiempo-, para que caigamos en la cuenta de cual debería ser la postura ética y actual de la Iglesia metropolitana frente a las aberrantes prácticas delictivas que ocurrieron a dos cuadras de la Catedral, sede del arzobispado más grande del Occidente mexicano: Papa Pío XII (año 1953): En septiembre de ese año recibió a los miembros del VIº Congreso Internacional de Derecho Penal en Roma, y expresaba el camino por el que debe andar la humanidad (incluyendo la mexicana y latinoamericana), en estos términos impresionantes y forjados con energía profética: La instrucción judicial ha de excluir la tortura física y psíquica y el narcoanálisis, en primer lugar porque lesionan un derecho natural, incluso si el acusado es realmente culpable, y en segundo lugar porque frecuentemente dan resultados erróneos. No es extraño que logren, precisamente la confesión deseada por el tribunal y perjudicial para el acusado, no porque este ‘sea de hecho culpable, sino porque han agotado sus energías físicas y psíquicas, y en consecuencia esta predispuesto a declarar todo lo que se quiera de el. Antes la cárcel y la misma muerte, que semejante tortura física y psíquica. Puestos en este terreno, hallamos abundantes pruebas en los procesos espectaculares tan conocidos, con sus confesiones, sus auto-acusaciones, y sus demandas de un castigo cruel”25.

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Evocando la carta escrita en el 866 por su predecesor el Papa Nicolás 1º a Boris, príncipe de los búlgaros, sacaba una conclusión pontificia de enorme trascendencia y valor jurídico, moral, pastoral y civilizatorio: ¿Quién no desearía que durante el largo espacio de tiempo transcurrido desde entonces, la justicia no hubiera salido nunca de tal regla?. Que sea preciso en nuestros días recordar esta advertencia dada hace ya 1,100 años, en una triste señal de los extravíos de la tiránica judicial en el siglo XX

Por dos veces, en 1960 y en 1961, el Episcopado francés ha condenado -a su vez- la tortura, con idéntica indignación y energía.

9.3 Postura correcta del cristianismo ante el desafío de los DH. La relación entre derechos humanos y cristianismo desde el enfoque hermenéutico es compleja e incluso contradictoria.

Por un lado, las declaraciones de DH aparecen en un contexto cultural al que no se le pueden negar, bajo múltiples aspectos, raíces judeo-cristianas muy relevantes, además de las grecoromanas. Por otro lado, cuando se declaran en el siglo XVIII, tanto las propias declaraciones, como la ideología que las sustenta –la Ilustración-, como la dinámica política que pretende encarnarlas –revoluciones francesa y norteamericana- entran en relación polémica con ese mismo cristianismo, hasta llegar en significativos momentos y casos (“Guerra de Reforma” y “Revolución Mexicana”) a una franca y dura oposición que se mantiene hasta la última década del pasado siglo y milenio.

La tradición occidental tiene como pilares decisivos las aportaciones bíblicas, greco-romanas y judeo-cristianas, pues en el texto fundador del Éxodo, constructor de la identidad narrativa de los DH de un pueblo de esclavos que es llamado

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a la libertad, así como en los relatos de los Profetas de Israel, del “buen Samaritano” y de la propia vida de Jesús de Nazaret, encontramos cadenas hermenéuticas que abren a cuestiones decisivas para los DH como: a). La Universalidad y la Dignidad: “Hijos todos de un mismo Padre y por tanto hermanos”, “en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer” (Gálatas 3,28). Toda realidad proviene de una sola fuente y todo ser humano es creado por el mismo Dios, siendo juzgado por las mismas reglas éticas. b). La Liberación y la Libertad: Relatos de liberación de la opresión; el Exodo como historia de la liberación, continúa con la denuncia profética de los opresores de todo tipo (políticos, económicos, religiosos), vivencias de “sumisión” al Padre como experiencia de libertad ante los poderes temporales de todo tipo. c). La Fraternidad y la Solidaridad: Relatos que destacan que el amor a todos pasa por la parcialidad hacia los pobres, los necesitados, los débiles y pequeños, aunque no sean “de los nuestros” –el Samaritano como relato paradigmático (Lucas 10, 30-37)- en los que hay que ver más manifiesta la presencia de Dios; relatos de reconciliación y perdón que incitan a romper desde el amor las fronteras más firmes y dolorosas entre los humanos para que sea posible la fraternidad universal: la de amigos-enemigos y la de víctimas-victimarios.

Todos éstos son símbolos y relatos que ocupan un lugar relevante, sin que deba pretenderse exclusivo, en lo que antes hemos denominado las “raíces” de los acontecimientos fundadores de los DH26 Pasados los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los DH adquieren carta de ciudadanía en la Iglesia católica, a partir de la celebración del Concilio Vaticano II (1963-1965), en

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que las exigencias de la humanidad y la resultante “Guerra Fría” (el armamentismo, grave amenaza para la paz y sobrevivencia), las abismales desigualdades entre naciones industrializadas y subdesarrolladas, impulsado por el carisma renovador de un Papa sensible y dialogante (Juan XXIII), provocaron un “aggiornamento” eclesial (apertura al mundo) y un cambio radical de actitud ante la ciencia, la pobreza y la política como gestión del bien común. El cardenal arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera, estuvo presente y recibió el positivo influjo del Concilio. E. González Luna, invitado a asistir como representante y consejero laical del Episcopado Mexicano, no pudo asistir al Concilio Ecuménico.

Varios documentos conciliares se refieren a los DH con inusitada coherencia y convicción: Es (…) necesario que se facilite al hombre todo lo que necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como lo son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, ala buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa… (…) es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona o de los grupos sociales… Les es lícito, (a los ciudadanos…) defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica… (..) Las instituciones humanas respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos fundamentales del hombre…27

En Latinoamérica, se ha producido la misma protesta de la jerarquía con ocasión de tantos actos incalificables. Basta con que nos asomemos un instante a las paginas de las ponencias y conclusiones de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (CELAM): de Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo28 (1992) para que caigamos la misma

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conclusión29. La más reciente CELAM destaca los DH como el primero de “Los nuevos signos de los tiempos en el campo de la promoción humana”, destacando su obligatoriedad y relevancia incuestionable: 164. Derechos humanos. La igualdad entre los seres humanos en su dignidad, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, se afianza y perfecciona en Cristo. Desde la encarnación, al asumir el Verbo nuestra naturaleza y sobre todo su acción redentora en la cruz, muestra el valor de cada persona. Por lo mismo Cristo, Dios y hombre, es la fuente más profunda de la dignidad de la persona humana y de sus derechos. Toda violación de los DH contradice el Plan de Dios y es pecado30 (subrayado es nuestro).

En su más reciente y significativa Carta Pastoral “Del Encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos” (marzo de 2000), la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), refrendó los compromisos ineludibles de la Iglesia Católica (jerarquía, laicos y organismos intermedios) con los DH integralmente concebidos, a la luz de las elecciones de julio del 2000 y de las crisis recurrentes del papel social del Estado, el deterioro de la economía interna y la globalización, evaluando como superada (con la derrota electoral del PRIGobierno) la etapa de la “simulación forzada”: 247-248. Dentro de los principios morales –fundados en la dignidad inalienable de la persona- están fundamentalmente la verdad, el bien, la justicia, el respeto y la promoción de la dignidad del ser humano y de sus DH, tanto los que nos corresponden como seres individuales, como aquellos que nos corresponden por ser miembros de una sociedad y una cultura determinadas…31

Sin ser “altermundistas”, los obispos mexicanos hacen una crítica abierta y franca al modelo de desarrollo neo-liberal y a la “globalización”, en los números 49 a 58, pues han generado una situación de pobreza y violencia lacerantes32.

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No solamente los Episcopados regional y nacional, a los que a conveniencia acude y rehúye el cardenal Sandoval, se han pronunciado abiertamente contra el citado modelo y su lógica idolátrica, antievangélica y deshumanizante. A título personal algunos prelados donde este modelo causa mayores estragos sociales, han hecho desde su presencia y participación en ONG de DH, críticas frontales al carácter pecaminoso de tal proceso mundial excluyente, en la búsqueda de otro modelo de Nación y Desarrollo sustentado en esa dignidad eminente de la persona humana y, en particular, de los pobres como “predilectos del Señor” y de la Iglesia auténtica. Para no ir muy lejos, están los casos de las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y Tehuantepec, Oaxaca, con el Centro de DH “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C33 (1988) y el Centro de DH “Tepeyac”, A.C. (1990) en el Sureste mexicano; de la Comision de Solidaridad y Defensa de los DH, A.C. (Cosydhac)34 en el Norte (1988); y de la Oficina de DH del Arzobispado de Guatemala35 (1989), cuyo primer coordinador general fuera monseñor Juan Gerardi Conedera (1922), obispo auxiliar de la mayor arquidiócesis centroamericana asesinado en abril de 1998 por su trabajo pastoral y humanitario a favor del esclarecimiento de una cruentísima guerra civil y la memoria de las víctimas de la dictadura militar36 (19541989), para no hablar de otras diócesis y prelaturas del país y su región natural.

En nuestra arquidiócesis, no pasan desapercibidos para nosotros tres hechos significativos en la misma dirección apuntada, esto es, de que la misión de la Iglesia es una misión de servicio a la sociedad, y por ende, su trabajo pastoral no puede prescindir del compromiso con los DH concretos, de seres humanos y grupos sociales concretos: La creación de la Sección Pastoral de Derechos Humanos (199394) y del Centro de DH “Anacleto González Flores”, A.C. con un

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bajo perfil en la defensa de casos concretos, pues sus integrantes han reducido su trabajo a la solidaridad elemental y la capacitación a través del “Diplomado en DH” (único en su género en nuestra entidad, por su carácter permanente).

Algunas valientes, pero aisladas denuncias del sacerdote encargado de ambas instancias y actual responsable de la Comisión Diocesana de Pastoral Social, Eduardo Mendoza Medina, quien en diciembre de 1994 dejó atónitos a muchos creyentes y no al manifestar, con ocasión de su participación en el 184º aniversario de la abolición de la esclavitud decretada en GDL por el padre Hidalgo, a un reportero del diario “Siglo 21”: De acuerdo con las quejas que recibe la Sección Pastoral de DH de la arquidiócesis, los abusos y allanamientos de morada cometidos por elementos de los cuerpos de seguridad (policías), son la principal causa de violación de garantías individuales en la Diócesis… La tarea de la Sección a mi cargo se intensificó a partir de la tragedia del 22 de abril de 1992”. Según la versión –resultado de una entrevista- “la labor de la Sección de DH (no existía el CDH “Anacleto González”) se sintetiza(ba) en tres acciones: A) ofrecer asesoría legal a quien lo solicite;B) formar cuadros preparados para la defensa y promoción de los DH; y C) pronunciarse en coordinación con otros organismos no gubernamentales que trabajan esta área”. Eran los tiempos posteriores al asesinato del cardenal Juan J. Posadas (no presidía aún la diócesis vacante el actual arzobispo), pero el presbítero Mendoza reconoce sin el menor rubor haber “participado en marchas para denunciar la falta de apoyo a los damnificados…37

Finalmente, rescatamos la postura abiertamente solidaria y comprometida de las Comunidades Eclesiales de Base (por sus siglas CEBs) del país y esta jurisdicción diocesana, que en el pasado Encuentro Nacional de CEBs verificado los días 21 a 25 de noviembre de 2004, en la diócesis de León, Guanajuato, consensaron un “Pronunciamiento sobre las graves violaciones a los DH ocurridas en la Cumbre de Guadalajara (28-

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30 de Mayo 2004)”, que hicieron llegar al Doctor Soberanes (CNDH), al Gobernador Ramírez, al Alcalde tapatío, al “Foro Permanente de DH” del Congreso local y a la Coordinadora “28 de Mayo”, manifestando su preocupación por la espiral de violencia desatada, su solidaridad con el Informe Especial de la CNDH, las víctimas de la represión orquestada y el “plantón” de apoyo a los detenidos y procesados en Puente Grande, y su interés por el esclarecimiento de lo sucedido y la sanción legal a los responsables (del lado que fuere)38.

En conclusión, basta examinar la historia para darse cuenta que alrededor de las grandes coyunturas políticas, los miembros de la Iglesia Católica tomaron siempre posiciones distintas y hasta contradictorias. Si somos francos, veríamos con buenos ojos una Iglesia que sin prejuicios, con madurez y responsabilidad trabaje en el esfuerzo común por desarrollar cada vez más caminos de diálogo y participación a favor de los DH de las mayorías, como el que se inició con el parteaguas del 22 de Abril de 1992 en nuestra entidad en todos los órdenes, aunque algunos grupos interesados apuesten al olvido y la impunidad.

Disentimos públicamente de la postura rígida, nada cristiana ni edificante adoptada por el cardenal Sandoval ante los hechos del 28 de Mayo de 2004 (“que rueden mejor las cabezas de los de Derechos Humanos”), pues se aparta radicalmente del contenido del Evangelio, del testimonio de los mártires y profetas, así como del Magisterio reciente y antiguo del catolicismo social y pontificio; así como la postura abiertamente política de: Apoyar la reelección de los Alcaldes, Regidores y Síndicos de todo el país” (12 septiembre/04)39, y –peor aún- de “aplaudir” y/o ver “con buenos ojos la reelección del presidente George W. Bush… porque el otro señor (su rival demócrata, John Kerry) es partidario de la inmoralidad, el aborto y de otras cosas parecidas y eso no le conviene a nadie” (Aguascalientes, 4 noviembre/04)40.

10.- Postura común ante la III Cumbre de ALCUE (Mayo 2004).

C

ompartimos el informe evaluativo preliminar que respecto a los sucesos elaboró la Liga Mexicana para la Defensa de los DH, donde se exponen los momentos y aspectos jurídicamente relevantes:

10.1 Contexto general El gobierno del Licenciado Ramírez Acuña se ha caracterizado por el autoritarismo en la toma de decisiones de interés colectivo, ignorando las demandas de la población y las voces de expertos que demuestran la inviabilidad de ciertos proyectos. Los casos de la construcción del Centro de Convenciones El Salado y la presa de Arcediano son un claro ejemplo de ello. En el trienio previo, en que fue Alcalde del Municipio de Guadalajara, la costosísima construcción de los “Arcos del Tercer Milenio”, en la intersección de las colonias Jardínes del Bosque, del Fresno y Abastos, generó una ríspida controversia entre las autoridades y los tapatíos (Colegios de Arquitectos e Ingenieros y Asociaciones de Vecinos, disintieron del monto y carácter ornamental de la obra).

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Cabe mencionar que ya en el Gobierno de Jalisco, destinó más de 300 millones de pesos para los arreglos tanto del Instituto Cultural Cabañas, el Teatro Degollado y el “Teatro de la Ciudad”, y otras áreas del centro histórico de la ciudad, hechos claramente ofensivos dadas las grandes necesidades que enfrentan tanto el estado como el país, pero sobre todo el pueblo.

Ante la pobre información sobre los temas a tratar al interior de la cumbre ALCUE, la gran mayoría de espacios mediáticos se dedicaron a darle seguimiento a cuestiones de seguridad de los Jefes de Estado y de Gobierno. En ellas se documentaron los preparativos que las corporaciones de policía, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el ejército realizaban para resguardar la seguridad durante la Cumbre. La ciudad y zona conurbada tuvieron un remozamiento nunca antes visto.

Asimismo, desde meses antes de iniciada la Cumbre se llevó a cabo una campaña mediática en donde se advertía a la población de los “posibles actos violentos” perpetrados por “hordas de globalifóbicos” que “rompen vitrinas de negocios y bancos, destruyen coches, avientan piedras y bombas, intentan derribar cercos policíacos, golpean e incendian”. Se hacía especial énfasis en la peligrosidad de la gente que llegaría de fuera del estado o del país, para promover enconos.

En este contexto, mientras que por un lado, el presidente municipal de Guadalajara, Emilio González Márquez, aparentaba una buena disposición para apoyar las actividades alternas a la cumbre, declarando que era “obligación del Ayuntamiento dar a los organizadores (…) o a cualquier ciudadano, seguridad para manifestarse y servicios de salud”, por otro, no aceptó negociar el respeto a los trabajadores y transeúntes del centro. Desde aproximadamente quince días antes de la cumbre, se desalojaron a todos los vendedores ambulantes de la zona centro.

El despliegue policíaco fue inusual y visible desde semanas previas a la cumbre ALCUE. El EMP tomó a su cargo la seguridad en el Instituto Cultural Cabañas -sede-, un mes antes del

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evento y se retiró quince días después de su culminación.

A partir del 24 de mayo el despliegue policiaco fue aparatoso y excesivo. Desde el lunes previo a la cumbre se instalaron retenes en toda la zona centro de la ciudad que impedía el paso de los transeúntes a las áreas restringidas y se pedía selectivamente la presentación de una credencial de elector que acreditara la residencia dentro de ese círculo de seguridad. Asimismo, se llevaron a cabo operativos policíacos que hostigaban a los ciudadanos que tuvieran una apariencia “sospechosa” y se les interrogaba sobre su procedencia, filiación política, preguntándoles si participarían en las actividades alternas a la cumbre. Dos días antes del inicio de la Cumbre, las actividades normales del Poder Judicial del Estado en la ciudad fueron suspendidas por “órdenes superiores”. Los juicios y procedimientos se alteraron en perjuicio de miles de casos y cientos de litigantes.

Se sobrevolaba con helicópteros toda la ciudad y con mayor intensidad la zona centro, especialmente y de manera hostigante el Centro de Medios Independientes y de Convergencia.

El jueves 27 de mayo los cuerpos policíacos levantaron violentamente a los jóvenes altermundistas que intentaban acampar en el Parque Revolución; se les escoltó hasta el parque Juárez, y por la noche se les impidió participar en la batucada-cacerolazo que estaba previsto. Su campamento permaneció cercado hasta las 3 de la mañana.

10.2 Declaraciones de las autoridades después de la marcha del 28 de mayo El gobernador del Estado declaró con especial énfasis que la violencia fue perpetrada por gente del Distrito Federal: “No vamos a permitir que se convierta a Guadalajara ni a Jalisco en un lugar donde vengan a hacer desbarajustes. Si están acostumbrados a hacerlo en el Distrito Federal, sabrán que en Jalisco es diferente (...) que dejen de inmediato el estado de Jalisco

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quienes cometieron desmanes en Guadalajara”. Igualmente señaló: “Guadalajara no es el Zócalo del DF”1. Felicitó a los policías que resistieron de “forma heroica el vandalismo” y les otorgó un bono económico de compensación en un acto público, dos días después del operativo del 28 de mayo, en la “Plaza de la Liberación”. Estas declaraciones denotan una clara actitud xenófoba, intolerante y autoritaria, y una consigna semejante a “Jalisco para los jaliscienses”.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos del Interior del Gobierno estatal, Leobardo Treviño Marroquín –conocido en la pasada Legislatura como “Diputado de las maquinistas”- aseguró, en declaraciones a varios medios de comunicación, que “está cancelada toda posibilidad de libertad para los detenidos”. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, Luis Carlos Nájera Gutiérrez enfatizó que “no hubo tortura” y que los que digan lo contrario “mienten porque: casi todas las detenciones, si no es que todas, fueron hechas en el marco de la legalidad y en defensa de la integridad de los elementos”. Nájera señaló que “cuando él estuvo presente en la Secretaría de Seguridad Pública para identificar a unos detenidos nunca vio que se violaran los derechos humanos. Sin embargo, la policía de Guadalajara sancionará a los elementos que se les compruebe que obraron con prepotencia y violaron los derechos humanos de los detenidos”. Indicó, además, que “los señalamientos de las organizaciones civiles y los propios detenidos no son otra cosa que un intento por demeritar la labor de los policías con el fin de empañar la primera vez que en México se combatió el vandalismo de estos grupos... Ellos de lo que tienen temor es que este ejemplo cunda y que ya no puedan tener el mismo libertinaje y la anarquía que han tenido en todas las convenciones; entonces, ellos van a tratar de atacar a toda costa la acción de la autoridad” (...) “Si ven que todo sale bien, si ven que la ley triunfa sobre la anarquía, pues las autoridades ya no van a tener el temor que se tuvo en otros lados, y se va actuar y se van a hacer detenciones de la gente que actúe mal en otros lados”.

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En contraste con las declaraciones del secretario de Seguridad Pública estatal, ”el procurador de Justicia del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez y el secretario de Seguridad de Guadalajara, Luis C. Nájera, atestiguaron la golpiza que recibieron los detenidos el 28 de mayo en el sótano de la Secretaría de Seguridad... según el testimonio de un abogado que fue detenido tras la marcha de altermundistas en contra de la III Cumbre ALCUE...” Al respecto, dicho profesionista “narró a la CEDHJ que un comandante de la Policía Municipal de Guadalajara golpeó violentamente en dos ocasiones con los puños cerrados y por la espalda a un joven como de 19 años, que se encontraba delante de mí, diciéndole ‘tú fuiste cabrón el que rompiste los vidrios del banco, aquí te voy a chingar’ . Nájera, a su lado, con una leve sonrisa en sus labios, permaneció callado aprobando la actitud de su comandante, y el procurador desesperadamente buscando a ver a quién podía identificar como líderes”2. Esta afirmación tiene respaldo en los testimonios de otros detenidos.

10.3 Responsabilidad de un gobierno Quienes presentamos este informe, organizaciones civiles y sociales, de familiares y amigos de los detenidos, así como los amplios sectores de la sociedad civil que se ven reflejados en él, creemos en un mundo más justo, digno, equitativo, solidario, humano y para ello hemos generado propuestas de acciones alternativas ante la violencia estructural que se vive en el mundo y en especial en nuestro país, por eso mismo, apoyamos a los afectados y víctimas en sus denuncias por las violaciones a los derechos humanos y libertades políticas de las que fueron objeto. Muchas ONG’s participamos en las expresiones alternativas de la IIIª Cumbre de América Latina el Caribe- Unión Europea.

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En estas expresiones, convergieron sectores: sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, de mujeres, ciudadanos, ONG’s con proyectos alternativos, entre muchos otros sectores representativos de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional. Quienes luchamos por la defensa efectiva de los derechos humanos, denunciamos las contradicciones entre los compromisos constitucionales y formales del gobierno mexicano, a todos sus niveles, para proteger los derechos humanos, tanto de los connacionales como de los extranjeros.

El gran espectro social reunido en torno a la III Cumbre, mexicanos en su mayoría, intenta –con entera razón, oportunidad y justeza- construir un proyecto nacional que vaya más allá de los periodos sexenales y de los Partidos Políticos del cambiante escenario público. Este proyecto político se define mediante mandatos de fines y medios: los primeros señalan objetivos, rumbos y caminos con un sentido de finalidad, dividido en fin último y fines intermedios. Todos ellos se sustentan en valores sociales-morales y en los compromisos políticos consensuados en el pacto social. Por su parte, los medios se refieren a las acciones colectivas y públicas que decide el pueblo para ejercer su soberanía, para alcanzar el propósito social. Se refieren a las acciones que no puede o no quiere hacer por sí mismo y se las encomienda a mandatarios escogidos por la vía electoral y pagados con recursos del mismo pueblo.

Es este mandato de medios el que nos interesa resaltar, del mandato conferido a estos mandatarios (autoridades) se extraen los objetivos comunes de una sociedad determinada y es a ésta justamente a quien debe rendirle cuentas sobre sus actuaciones y sobre su toma de decisiones. El mandato del pueblo entendido como la libre decisión de su voluntad sobre sus preferencias, para su beneficio dentro del bien común, puede ser entendido también como un compromiso de ciertos valores para alcanzar fines determinados dentro del orden concreto de acciones de la función pública. El mandatario por su parte

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debe de cumplir con una serie de acciones enmarcadas dentro del sistema de funciones públicas tendientes a servir a este conjunto de valores consagrados en el mandato, adquiriendo en todo momento una responsabilidad ineludible frente a los mandantes originales, es decir, frente al pueblo.

Los valores que el pueblo constituye en un mandato para que a su vez éste sea realizado y obedecido por los funcionarios públicos son muy amplios y muy variados, por el interés que nos motiva en esta ocasión sólo haremos mención a algunos de ellos, en el entendido que, las responsabilidad de los funcionarios al incumplir o cumplir de forma incorrecta estos valores mínimos y estos fines colectivos serán sancionados de muchas maneras, incluidas la propia revocación del mandato...

La libertad de tránsito, la libertad de expresión, libertad de manifestación de las ideas, libertad de asociación, libertad de organización colectiva, y la paz social como conjunto de éstos y otros valores, representan un mínimo de garantías que el pueblo al conferirle el mandato a las autoridades no esta dispuesto ni a permitir que le sean conculcados.

El pasado 28 de mayo en nuestra ciudad de Guadalajara, se realizó una manifestación pacífica convocada por miles de ciudadanos mexicanos, en estricto apego al ejercicio de sus garantías fundamentales y sus valores colectivos como sociedad. Caminaban por el primer cuadro de la capital jalisciense cuando en primera instancia tuvieron que frenar su avance ante una valla policial impuesta por parte de las autoridades estatales y federales con motivo de la Cumbre que se desarrollaba al interior del Instituto Cabañas, después de ser frenados por las vallas policiales impidiéndoles su derecho a la libertad de tránsito se inició un enfrentamiento entre las fuerzas policiales (apertrechadas y atrincheradas en el primer cuadro del centro de la metrópoli) y un grupo de personas aún desconocidas, quienes además de no ser parte de esta manifestación, se retiraron inmediatamente después de iniciar este enfrentamiento,

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en algunos casos. Ello consta en diversos reportajes y documentos periodísticos: las personas que comenzaron el enfrentamiento fueron minutos después protegidas por las propias fuerzas policiales para ser posteriormente desalojadas de la zona, donde instantes después se comenzaron a dar una serie de actos de represión –denominadas “razzias”-, donde el uso excesivo de la fuerza permitió decenas de detenciones arbitrarias y agresiones selectivas por parte de los agentes del estado en contra de los manifestantes pacíficos y en contra también de ciudadanos que nada tenían que ver con la manifestación.

Después de siete horas de haber sido reprimida la manifestación y de haber detenido arbitrariamente a decenas de personas, las fuerzas policiales, como agentes estatales, continuaban trasgrediendo la ley, la Constitución Federal y el mandato del pueblo, al detener indiscriminadamente a ciudadanos y al hacer uso excesivo de la fuerza.

Hemos recapitulado que el deber y el compromiso de las autoridades frente a la sociedad y frente al pueblo deviene de un mandato superior y de mayor alcance que el manifestado a través de las elecciones, por eso mismo podemos afirmar que al incumplir o cumplir de manera incorrecta estos valores superiores de la sociedad los funcionarios públicos de cualquier nivel y en cualquier orden pueden estar sujetos a la propia revocación del mandato original.

Por ello, tanto las autoridades estatales como las federales deben de rendir un informe detallado en relación a estos acontecimientos, particularmente por haber violentado no sólo el mandato conferido por el pueblo de México sino además y de manera sistemática las Normas Básicas de Derechos Humanos para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU, incluidos los criterios de Buen Gobierno, pues antes, durante y después de la manifestación pudimos constatar y así está documentado que se violentaron:

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El principio donde se indica que no debe utilizarse la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y en el menor grado posible que exijan las circunstancias.

Aquel donde se indica que no debe efectuarse nunca una detención sin la base legal para hacerlo o sin ajustarse a los procedimientos legales establecidos para ello.

La garantía para que a todos los detenidos se les permita comunicarse sin demora con sus familiares y su abogado prestándoles toda la asistencia médica que necesiten.

El principio de que todas las personas detenidas deben recibir un trato humano, donde no se infligirán instigarán ni tolerarán actos de tortura o malos tratos en ninguna circunstancia, teniendo que negarse a obedecer las órdenes de hacerlo.

Aquel donde debe de informarse al superior jerárquico sobre las violaciones y quebrantos a estos y otros principios.

Especial atención nos merece aquel donde se prohíbe bajo cualquier circunstancia el infligir a los detenidos malos tratos o actos de tortura, pues ambos actos fueron llevados a cabo por autoridades policiales desde el momento de la detención de los jóvenes y hasta el momento de la consignación ante el juez competente, por ello, y porque existen los documentos que respaldan estas aseveraciones desarrollamos el siguiente capítulo.

10.4 La marcha: antes, durante y después Los preparativos Una de las tareas que realizaron algunos grupos locales fue la de informar ante las autoridades de las distintas actividades que se realizarían a lo largo de la semana así como la solicitud de apoyo a las personas que llegarían de otras ciudades y que requerirían lugares para acampar o para algunos eventos callejeros, tal y como lo menciona una nota del periódico Mural:

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Organizadores (…) llamaron a una ‘megamarcha’ el 28 de mayo próximo contra la III Cumbre para América Latina, el Caribe y la Unión Europea(…). Federico Martínez, del sindicato de trabajadores de Euzkadi, dijo que esperan entre tres mil y cuatro mil participantes en la manifestación, cuya ruta todavía no está definida.

Ayer acudieron representantes de diversas organizaciones sociales al Ayuntamiento de Guadalajara para solicitar apoyo para las personas que llegarán de otras ciudades del país o del mundo para la “contracumbre”.

Solicitaron autorización para acampar (…)instalaciones sanitarias y agua potable para los manifestantes. …El alcalde (González Márquez) dijo que es ‘obligación’ del ayuntamiento dar a los organizadores de Otro Mayo en Guadalajara o cualquier ciudadano, seguridad para manifestarse y servicios de salud.

La víspera Cuerpos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco (SSP), cercaron a los jóvenes que acampaban en el parque contiguo a la Plaza Juárez desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Primeramente, se les impidió avanzar para sumarse a la actividad programada para esa noche, que era una batucada nocturna y luego se les cercó en el campamento. Durante este tiempo no se permitió salir del lugar. Se buscó una salida dialogada y no se ofreció interlocutor por parte de las autoridades hasta avanzada la noche.

Los acuerdos Se llevó a cabo una reunión general entre los grupos en la que se acordó: La marcha llegaría hasta donde se encuentre la primera valla. Ahí se detendría y leería de manera simbólica el o los pronunciamientos resolutivos de los foros de trabajo.

No se pretendería que una comisión ingresara a la Cumbre.

Una vez leído el pronunciamiento se retiraría de manera pacífica.

En caso de presentarse algún tipo de incidente la marcha se

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replegaría hacia la Plaza de las Sombrillas o hacia el Parque Revolución.

Se informó que en la plaza frente al templo Aranzazu se ubicaría un estrado en donde se llevaría a cabo la “Batalla Cultural contra el Neoliberalismo”, organizada por el Tianguis Cultural, A.C. Se informó que un contingente de socialistas, probablemente pequeño, que llevaban a cabo un foro en la plaza Juárez, marcharía de ese lugar hacia el centro.

La marcha Transcurre pacífica y festivamente. Los primeros contingentes estaban compuestos por grupos de sindicatos independientes, al final venían los contingentes de jóvenes, entre ellos los libertarios que se caracterizan por su vestimenta de color negro. Éste último, estaba rodeado por una valla humana (de ellos mismos) que evitaba la entrada de provocadores.

Al llegar a los cruces de las avenidas Vallarta y 16 de Septiembre, el contingente se acercó a una valla de policías que se encontraban sobre 16 de septiembre en dirección a Pedro Moreno (a la izquierda del cruce). La intención era, como estaba acordado, leer simbólicamente el pronunciamiento frente a la valla y retirarse hacia el Aranzazu donde se llevaría a cabo un evento cultural. Detrás de la primera línea de policías, se encontraban policías de la PFP. Un grupo de alrededor de 20 personas, desconocido por todos los participantes de las actividades alternas a la cumbre se aproxima por la banqueta izquierda se mete delante del primer contingente e inicia el jaloneo de la valla metálica que cubre a los policías. Tanto los medios normales como los independientes cubren este evento.

Los contingentes sindicalistas deciden avanzar hacia el Aranzazú (hacia la derecha del cruce); mientras, algunos manifestantes hacen una valla humana para evitar que la violencia arremeta contra el resto de contingentes y para permitir que éstos se dirijan hacia el Aranzazu. La marcha se tiene que

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adelgazar para pasar por el lugar, lo que genera que los contingentes se alejen unos de otros.

Cuando los últimos contingentes llegan hay confusión sobre el lugar donde se llevaría a cabo el mitin puesto que ya no se ven los primeros contingentes avanzando. La marcha queda dividida. Cuando llega el contingente de libertarios, realizan una segunda valla humana que protege a los otros manifestantes. Los policías comienzan a aventar espuma con vinagre y gases pimienta.

La valla metálica de la primera línea de policías es levantada. Los policías avanzan. Los manifestantes comienzan a retirarse hacia el Aranzazu.

Aparece otra línea de policías sobre Vallarta (detrás de la marcha) a la altura de la calle Colón y comienzan a lanzar gases lacrimógenos. El grupo que se enfrentaba a la primera línea de policías se vuelve contra el segundo. Los enfrentamientos se vuelven más directos.

Ambas líneas policíacas avanzan. La valla humana de los libertarios también se mueve.

Los policías avanzan golpeando sus escudos y la valla de libertarios se mantiene, replegándose, para seguir protegiendo a los manifestantes. Las mismas personas que se enfrentaban a la policía rompen algunos cristales de establecimientos.

Aproximadamente diez minutos después de estos últimos hechos, los policías arremeten contra los muchachos violentamente. La gente corre hacia el Aranzazu y por las calles aledañas. Líneas de policías avanzan por las calles laterales hacia la avenida 16 de Septiembre. Del edificio de Seguridad Pública, ubicado detrás del Aranzazu, sale otro contingente policíaco que avanza hacia la Calzada Independencia (delante de la marcha) y se cierra un cerco hasta aproximadamente la avenida Revolución.

Otros contingentes policíacos salen en patrullas del edificio de Seguridad Pública avanzan en dirección hacia la avenida

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Federalismo (detrás de la marcha). Un contingente de al menos 50 policías avanzan del Parque Revolución, por Vallarta hacia el lugar de los hechos. La policía montada avanza de Pedro Moreno por 16 de Septiembre. Se realizan diversas detenciones. A algunos se les lleva al palacio municipal.

Inician redadas en toda la zona desde la avenida Revolución y la Calzada hasta el edificio de la Universidad de Guadalajara hasta aproximadamente la una de la mañana. Se detiene a todo el que tenga una apariencia “sospechosa” (joven vestido con estilo hippie o punk) aunque vayan caminando pacíficamente o estén dentro de establecimientos comerciales. A otros más se les detiene en los hospitales de la Cruz Roja o Verde en donde habían ido a atenderse las heridas causadas momentos antes por los policías, de donde se les extrae sin realizar el parte médico y sin tomar en cuenta su estado de salud. Se detiene a más de 100 personas. A la gran mayoría (sólo a cuatro se les lleva directamente al MP) se les traslada al edificio de Seguridad Pública del Estado ubicado en Colón y Miguel Blanco.

Eventos posteriores a la marcha Se les retiene en el edificio de SSPJ sin ser presentados al Ministerio Público. Alrededor de las tres de la mañana se soltó al primer grupo de detenidos -todos de Guadalajara-, que se encontraban en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública.

El sábado por la tarde comenzaron a trasladar al resto de los detenidos a las oficinas de la PGJ. Ahí son consignados.

Después son llevados a la calle 14 donde son golpeados. Este mismo sábado por la noche, liberan a 10 detenidos que todavía se encontraban en el edificio de -Seguridad Pública. No fue hasta el sábado por la noche que se nos entregó una lista extraoficial de consignados, ya que las autoridades de la PGJ no hicieron público el listado con los nombres de los detenidos. A los ocho ciudadanos extranjeros (cuatro españoles, una

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canadiense, una australiana, un italiano y un estadounidense) se les envió a la Estación Migratoria de Iztapalapa en el DF; días después son deportados del país.

Se les extraen testimonios bajo tortura. El domingo son regresados a la PGJ y el lunes se les traslada a los reclusorios; a los menores se les traslada al Tutelar y a Liliana Galaviz se le traslada al Hospital Civil.

El miércoles 02 de junio unos 30 muchachos hacen un plantón frente a palacio de Gobierno. Dos de ellos son detenidos por parte de la policía municipal por pegar con cinta canela uno de los carteles que llevaban. Se los llevan a Palacio Municipal. El resto trata de rescatarlos, forcejean con la puerta y logran sacarlos. Se retiran rumbo a la plaza de armas.

Los policías piden refuerzos, llegan dos patrullas y detienen a ocho personas. Son liberados aproximadamente cuatro horas después. Uno de ellos fue fuertemente golpeado en la cara y en el tórax.

Posterior a las detenciones una patrulla se aposta afuera del Centro de Medios con la torreta encendida y varios policías cuestionan a todos los transeúntes, preguntándoles a dónde se dirigen. Los muchachos que estaban en el centro no pueden salir en varias horas.

El sábado 05 y el lunes 06 de junio se les dicta auto de formal prisión a los detenidos. Doce de ellos no alcanzan fianza por ser acusados de robo calificado, el cual es considerado un delito grave.

10.5 Información general sobre la tortura La siguiente información fue recabada de las primeras declaraciones y testimonios de los detenidos, algunas de ellas fueron presentadas en varios medios de comunicación o ante visitadores de las Comisiones Públicas (CNDH y CEDHJ) en los días subsecuentes:

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El viernes 28 de mayo por la tarde y noche en el primer cuadro de la Ciudad de Guadalajara se montó un despliegue policial sin precedentes, cuyo objetivo central era detener a toda aquella persona que pareciera “sospechoso” de haber participado en la movilización pacífica de altermundistas.

De este gran operativo se desprendieron 111 detenciones arbitrarias, derivando al final de la jornada en 44 detenciones formales, las personas detenidas por diversas acusaciones son: Daniel Alejandro Olvera Sule, Jesús Miguel Ramos Partida, José Miguel González López, Juan Salvador Lara Piña, Jorge Octavio Castilla Gutiérrez, Freddy Javier Carrillo Márquez, Ricardo Zaleta Colmenero, Jesús Jearim Fernández Sagrero, Elsa Hernández Argüello, Edgar Flores Murillo, Norberto Alejandro Ulloa Martínez, Miguel Ángel Ramírez López, Ricardo Medina Ramos, Juan Carlos Flores González, Juan Manuel Barrios González, Sergio Pérez Neufeld, José Martí García Espinosa, José Cruz Luján Sánchez, Manuel de Jesús Pereira Anguiano, Francisco Felipe García, Francisco de Jesús Becerra Vázquez, José Luis Alejo Vázquez, Gerardo Ernesto Treviño Olvera, Gerardo Alberto Corona Jiménez, Miguel Ángel Medina Hernández, Mauricio Uribe García, Oscar Chávez Castillo, Adrián Simón Chávez Hernández, Julio César González Martínez, Ramiro Daniel Flores Patricio, Haydeé Berenice García Rodríguez, Jaime Humberto Carrera Aceves, Eddy Marcelino García Gómez, Raúl Morales Caballero, Arturo Rosauv Fischer, Juan Manuel Flores Herrera, Salvador Aranda Ramírez, Miguel Ángel León, Dagoberto Rivera Servín, Leobardo Rosales Delgado, Osvaldo Montes Ascencio, Liliana Galaviz López, Liliana Aleida Torres Beldares y César Naranjo Velásquez.3

Una vez detenidos se les llevó al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, ubicado en Colón y Miguel Blanco en donde se les dividió por su lugar de origen, formándolos en varias filas para propinarles golpes A las mujeres se les desnudó y se les exigió que hicieran sentadillas. A los hombres se les golpeó y mantuvo por más de tres horas boca abajo y con las manos en la nuca. A algunos se les mostraron fotografías y se les pidió que identificaran gente, a otros se les comparaba con fotografías que tenían el título los “cabecillas” de distintos grupos. No se les permitió conciliar el sueño, el que intentaba dormir era despertado a patadas.

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Los padres que sí pudieron ver a sus hijos (los menos) atestiguan que se les había torturado, que les habían hecho firmar su declaración bajo amenaza, y que no les habían dado alimentos ni agua.

Después de permanecer en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco de manera ilegal, fueron presentados ante el Ministerio Público bajo amenazas para autoinculparse.

A los detenidos se les negó el alimento y el agua por aproximadamente 48 horas, lapso en el que tampoco les fue permitido dormir.

“A las mujeres nos desnudaron dentro de un cuarto y nos obligaron a hacer sentadillas. A cada rato, un judicial abría la puerta y se nos quedaba mirando y nos gritaba insultos”, dice una de las jóvenes detenidas “A los chavos los tuvieron cuatro horas acostados bocabajo con las manos en la nuca y les daban patadas”, agrega otra .

Otra muchacha detenida ratifica lo publicado por el diario La Jornada: “A todas las mujeres nos desnudaron y nos pusieron a hacer sentadillas en un cuarto de Seguridad Pública, pero de repente se abría la puerta y entraban granaderos y judiciales. Nos rodeaban y nos decían, ya sabrás, toda clase de groserías, sobre todo amenazaban con que nos iban a violar. Eso fue de las nueve de la noche del viernes hasta las tres de la tarde del sábado. A esa hora nos avisaron que nos iban a soltar y nos pasaron a un auditorio. Ahí nos tuvieron seis horas más. Los policías nos decían que nos íbamos a morir…”

Alcanzó a ver cómo detrás de un biombo “un policía ahogaba a un chavo poniéndole la mano en el cuello y cómo otro le bajaba los pantalones a un joven y le golpeaba los testículos.

Unos agentes policíacos traían a un joven “cubierto del cuerpo con una bolsa de plástico negro, las piernas desnudas y la cabeza cubierta con una camiseta con una pequeña rendija para que pudiera ver”, afirma.

A los hombres los mantuvieron boca abajo, en el suelo, a punta de patadas; a las mujeres las llevaron de dos en dos a un cuarto, donde fueron obligadas a desnudarse para luego hacer sentadillas.

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Al día siguiente, sábado 29 de mayo. cerca de las 11 de la mañana, “los policías nos condujeron a una habitación, que creo llamaron ‘el auditorio’, y allí nos fueron colocando a todos, cara a la pared” comenta otro de los jóvenes.

“Mientras estábamos allí, empezaron a entrar más policías y comenzaron a amenazarnos de muerte: ‘los vamos a poner en una cámara de gas’, ‘les vamos a echar tiros a todos”, comenta.

Durante toda la noche del viernes y la mañana del sábado tanto hombres como mujeres fueron obligados a permanecer en posiciones incómodas y vergonzantes, en muchas ocasiones desnudos, sufriendo durante todo este tiempo además insultos, amenazas y vejaciones.

Muchas de las detenciones que se realizaron el viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de mayo fueron realizadas varias horas después de los sucesos en el centro de la ciudad incluso en zonas alejadas del lugar de la manifestación.

La propia CEDH hizo constar en el Boletín 63/04 de fecha 3 de junio de 2004 algunas de las violaciones a las que hacemos referencia, a continuación se enuncian los puntos principales de ese boletín:4 Constatamos que los detenidos en las instalaciones de esa secretaría estuvieron incomunicados; no se les permitió hablar con sus familiares, abogados ni con personal de este organismo. Desde las 00:50 horas del 29 de mayo y durante la mañana, personal de la Comisión Estatal pidió en forma verbal a diversos funcionarios de la SSPPRS y del Gobierno del Estado se le permitiera el acceso con los detenidos.

Vejaciones sufridas por los detenidos y que estamos investigando: Los acostaron sobre el piso con las manos en la nuca apoyados con los codos y piernas cruzadas por espacio de varias horas.

A las mujeres se les desnudó y obligó a hacer sentadillas, mientras los policías varones las observaban.

Recibieron insultos verbales y palabras altisonantes.

A las mujeres las amenazaron con violarlas.

Los golpearon con pies y manos en diversas partes del cuerpo.

Los amenazaron con lanzarlos a la barranca.

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Les tiraron del pelo.

Cuando iban al baño, los golpeaban con pies y manos.

Se les obligó a lavarse las manos con los orines del excusado.

Cuando se les dio a beber agua, ésta fue tomada del escusado.

Se les amenazó de muerte, tortura, desaparición y de que se sembrarían pruebas en su contra.

De acuerdo con el dicho de los detenidos, algunos de estos maltratos también ocurrieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Tanto lo consignado por los medios de comunicación como por los familiares de los detenidos, por las organizaciones civiles, como lo que retoma la propia CEDH de Jalisco tiene una relevancia sustancial pues durante ese lapso de tiempo no hubo información oficial sobre el estado físico y psicológico de los detenidos, negándoles incluso se derechos a ser visitados por sus familiares y/o por sus abogados, por lo que para la sociedad en general sus testimonios son incuestionables.

10.6 Análisis en relación a la tortura: Casos particulares De acuerdo con información debidamente comprobada y disponible al que la pida, los detenidos fueron sometidos a vejaciones, maltrato y tortura psicológica. Los hombres fueron sometidos, además, a tortura física, ya que fueron golpeados constantemente por los policías quienes, por si fuera poco, caminaban encima de los detenidos a quienes se les obligó a acostarse en el suelo. Tanto los detenidos (44) como las detenidas (13), fueron obligadas a mantenerse durante muchas horas en una misma posición. Se les negó hacer una llamada telefónica pues se les dijo que no tenían derechos. A las mujeres se les amenazó varias veces de que serían violadas y se les desnudó completamente, siendo observadas por los guardias.

A todos se les amenazó de muerte en repetidas ocasiones, de

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que iban a ser desaparecidos, y que les iba a ir peor que a los presos de Irak. A golpes se les impidió dormir; no se les permitió tomar agua ni comer durante más de 48 horas.

Con declaraciones arrancadas bajo tortura, fueron consignadas 44 personas, entre ellas tres mujeres. Los consignados fueron amarrados y golpeados de nuevo; varios de ellos se reportaron seriamente lesionados por los golpes. Otras torturas y vejaciones se asientan en las relatorías de los detenidos. Éstos son algunos de los artículos y leyes que se violaron: De la Constitución General de la República Mexicana: Artículos 1, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, y 22. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículos 3 y 5: “Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche haya cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco: “La institución del Ministerio Público tiene la obligación de velar por la legalidad y por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia, así como promover la pronta, completa y debida procuración de justicia”.

Además se violaron convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es firmante, como la Convención Internacional Contra la Tortura de Naciones Unidas.

De acuerdo con los informes médicos elaborados por el Doctor Adrián Ramírez López, integrante de la Liga Mexicana de Defensa de los DH (por sus siglas: LIMEDDH): realizados a ocho personas, en cuatro casos se puede concluir de manera inequívoca que han sido víctimas de actos de tortura y los otros cuatro casos, no obstante que también existen lesiones y

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afecciones psicológicas compatibles con la tortura, requiere de un análisis más profundo, mismo que se está realizando, para acreditarla inobjetablemente”5.

Laloue Desperrier Roux: Ciudadana canadiense, 20 años (No consignada) Examen médico el 1 de junio de 2004.

Presenta en cabeza dos heridas suturadas en parietal derecho una de 6 cm. y otra región occipital lado izquierdo de 6 cm, sin datos de fractura. Excoriación dermoepidérmica en hombro derecho de 3 cm, dos equimosis verdosas en brazo izquierdo, en tercio distal cara posterior de 3 X 4 cm. , y porción interna de codo de 4 X 5 cm; excoriación dermoepidérmica en 4 X 3 cm con costra serohemática en fosa iliaca izquierda, dos equimosis de color amarillento en rodilla izquierda una en borde externo de 3 X 5 cm y otra infla rotuliana de 4 X 3 cm, equimosis verdosa en muslo derecho tercio distal cara externa 4 X 5 cm, equimosis verdosa en rodilla derecha 3 X 2 cm.

Alfonso Rodríguez Olvera o Dante Costa Costa: 20 años (No consignado). Examen realizado el 03 de junio de 2004.

Cabeza. En región craneana presenta tres heridas cortocuntundentes suturadas, limpias con bordes con costra serohemática, localizadas en: una de 5 cm en región biparietal y parietal izquierdo; dos de 6 cm, y 3 cm del lado derecho del occipital.

En Cara: equimosis verdosa en párpado inferior izquierdo.

En hombro derecho, equimosis varias de color parduzco con halo verdoso en una extensión de 12 X 8 cm que se extienden hasta región supraclavicular en la que se presentan tres excoriaciones dermoepidérmicas lineales de 6 cm. Hombro izquierdo excoriaciones dermoepidérmicas con descamación de costras y manchas hipercrómicas en una extensión de 5 X 2 cm y equimosis verdosa circundante. Tórax posterior, región interescapular equimosis verdosa de 3 cm, y en infraescapular , tres excoriaciones lineales de 4, 5 y 4 cm, respecti-

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vamente con costra serohemática; región infraescapular excoriación lineal con costra serohematica del 1 X 6 cm y a nivel tóraco lumbar otra excoriación de 6 X 2 cm. Extremidades superiores: Codo izquierdo excoriaciones dermoepidérmicas de 4 X 2 cm, y en antebrazo tercio superior tres excoriaciones lineales paralelas de 8 X 2 cm cada una. Brazo izquierdo, tercio medio cara lateral equimosis violácea a parduzca de 5 X 6 cm, con halo verdoso de 10 X 8 cm.

Jon Domínguez Achalandabaso: Ciudadano vasco del Estado Español. 27 años; Examen realizado el 02 de junio del 2004.

Equimosis verdosa e ínter ciliar de 2 X 2 cm; tórax anterior equimosis vinosa parduzca de 3 X 2 cm en sexto espacio intercostal línea media clavicular, equimosis amarillenta en reborde costal izquierdo de 8 X 5 cm; región lumbar derecha equimosis amarillenta de 8x5 cm; brazo izquierdo tercio medio presenta hematoma amarillento de 6 X 4 cm; pierna izquierda tercio medio equimosis amarillenta de 4 X 2 cm; dolor intenso a la digito prensión en masa muscular del cuadriceps izquierdo. Actualmente refiere, además de dolores en las zonas lesionadas, cefalea intensa de predominio occipital y en músculos del cuello.

Jesús Jearim Fernández Sagrero: 22 años. Examen realizado el 06 de junio de 2004.

Refiere dolor en los sitios de los golpes y piernas con parestesias y dolor evocado a la lesión; Brazo derecho tercio medio cara posterior presenta equimosis verdosa de 4 X 3 cm; Codo izquierdo presenta equimosis violácea con halo verdoso de 4 X 3 cm; Presenta dolor en región lumbosacra de ambos lados intensa a la digitopresión media con discreta equimosis coloración verdosa de 14 X 8 cm; Tórax anterior dolor moderado a la palpación media en séptima costilla línea media axilar;

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Abdomen cicatriz antigua quirúrgica paramedial derecha. A la exploración en fosa iliaca izquierda se palpa tumoración de 3 X 4 cm dolorosa a la palpación fluctuante no adherida a planos profundos que pudiera corresponder a un hematoma; Muslo derecho tercio superior región trocanterea presenta dolor intenso a la palpación; Muslo derecho tercio distal cara anterior se aprecian equimosis verdosas de 8 X 4 cm y en cara externa tercio distal dos equimosis verdosas de 2 X 2 cm; tercio distal borde interno rodilla derecha equimosis verdosa de 2 X 2 cm; Rodilla región infrarotuliana equimosis violácea con halo verdoso de 3 X 4 cm y excoriación de 1 cm de diámetro; Pierna tercio superior cara posterior equimosis violácea con halo verdoso de 10 X 4 cm dolorosa a la palpación; Rodilla izquierda región infrarrotuliana equimosis violácea con halo parduzco de 8 X 6 cm; Pierna izquierda tercio distal cara interna presenta equimosis verdosa de 4 X 5 cm.

Oscar Chávez Castillo: 25 años. Examen realizado el 06 de junio de 2004 Equimosis violácea supraciliar derecha de 3 X 1 cm; Brazo izquierdo tercio distal cara lateral equimosis verdosa de 2 X 1 cm; presenta dolor en región coccígea; Pierna izquierda tercio distal y el pie con predomino de primero y segundo ortejos sensación de parestesia ; Examen general de orina del 9 de junio presenta orina ligeramente turbia con escaso sedimento, escasas células epiteliales, leucocitos y escaso filamento mocoide. Resultado compatible con infección de vías urinarias que puede ser consecuencia de la privación de agua a la que fue sometido.

Mauricio Uribe García: 25 años. Examen el 06 de junio de 2004 Dolor a la digitopresión en región frontoparietal derecha e izquierda. En tórax posterior dolor a la palpación media en

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masas musculares del trapecio y músculos de la masa común de paravertebrales de predominio derecho.

Dolor a la palpación de músculos de la masa común a nivel toracolumbar, Giordano positivo derecho-izquierdo.

Dolor a la digitopresión exquisito localizado en novena costilla línea medio clavicular rodilla izquierda presenta en región rotuliana equimosis violácea de de 4 X 3 cm y excoriación dermoepidérmica con costra serohemática de 1 cm dolor a la digitopresión rotuliano y rodilla a tensión.

Interpretación de los hallazagos No obstante que los exámenes fueron practicados entre 5 y 8 días posteriores a la fecha de producción de las lesiones llama la atención que aún persistan de manera muy marcada, lo que habla de la intensidad con la que se produjeron. Se presentan lesiones cortocontundentes en cabeza en varios de los examinados. La mayoría de las equimosis y excoriaciones que presentan en el cuerpo por su número, extensión y localizaciones permiten evaluar que se ejerció una fuerza inusitada en la mayoría de los casos más allá de la esperable al uso de la fuerza que necesitó ejercer la policía para asegurar a los detenidos.

De los testimonios se desprende que incluso la inmensa mayoría no fue detenida en el lugar de los hechos sino horas después en redadas policiales.

La finalidad primordial no fue la detención, sino producir un sufrimiento grave como castigo.

Además de las lesiones presentes existen datos clínicos de secuelas derivadas de las presiones psicológicas que se les inflingieron.

En relación con los examinados, se manifiestan clínicamente estados de angustia, nerviosismo, insomnio, frustración, en varios de ellos hay renuencia a relatar los hechos y tendencia a la despersonalización. Algunos familiares rela-

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tan que sus hijos han cambiado en sus rasgos conductuales con tendencia a la retracción y aislamiento.

Se están integrando las valoraciones psicológicas de ocho casos y se ha iniciado la terapia en cinco de ellos.

Conclusiones:6 Las lesiones corto contundentes en la cabeza son correspondientes a la utilización de objetos de borde romo como puede ser un tolete o macana, mismas que por su localización, cantidad, distribución, forma y tamaño fueron producidas con la intención de producir sufrimientos graves, descartándose la posibilidad que pudieran ser auto infligidas o ser atribuidas a maniobras de sujeción o sometimiento.

Considerando que los examinados presentaron confusión mental transitoria, además de las lesiones cortocontundentes se produjo una conmoción cerebral, cuyo pronóstico a mediano y largo plazo, puede propiciar cefaleas recurrentes, e incluso pudiera desencadenar focos epileptógenos. Por lo que se recomienda una evaluación neurológica completa.

Las lesiones en la cabeza, no parecen tener relación con el sometimiento de la examinada, sino implican infligir dolor grave y llevan el riesgo de producir traumatismos graves cuyas consecuencias pueden ser desde una conmoción cerebral, hasta el edema y sus secuelas inmediatas y tardías, como la perdida del estado de conciencia, el coma e incluso la muerte.

Las lesiones que se aprecian en el cuerpo de los examinados tienen una datación contemporánea a la fecha en que se produjeron las mismas, de acuerdo a las coloraciones verdosas o amarillentas de las equimosis.

No podemos dejar de comentar que los policías se encuentran al parecer debidamente entrenados para contener y someter a personas y cuentan con equipo especial antimotines tales como casco, protectores, escudos, y por lo tanto se

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hace inverosímil que se requiriera tanta fuerza para someter a las personas en caso de una supuesta resistencia.

Además, el hecho de que no se hubiera detenido en ese momento a varios de los lesionados, se puede interpretar como que ellos no habían cometido conducta ilícita alguna.

Más aún, que algunos de ellos hayan sido detenidos en el hospital y destacando que no fueron consignados ante una autoridad judicial por ninguna conducta ilícita sino solo por participar en una manifestación, no justifican que haya sido lesionada.

Es sorprendente que en el caso de los ocho ciudadanos extranjeros se pretenda, considerando sus lesiones, justificar su detención ilegal, mediante una figura administrativa calificándola de aseguramiento administrativo ante la autoridad migratoria.

Del análisis de los elementos anteriores señalados, así como su interacción cronológica entre el testimonio de la examinada y las características de presentación de las lesiones descritas nos permite decir que hay una firme relación de las evidencias físicas y psicológicas que se correlacionan con su testimonio, que hacen suponer fuertemente que las lesiones que presentan los examinados, fueron causadas por los traumatismos descritos y por lo tanto concluir que el agresor(es), actua(ron) con la intención de infligir sufrimientos graves a la persona, lo que permite establecer que fueron objeto de tortura, tratos inhumanos y degradantes.

Asimismo, es menester precisar que no existe necesariamente una correlación entre: si las lesiones no son calificadas como graves según nuestra legislación y los sufrimientos graves que se producen durante la tortura.

10.7 Informe sobre los extranjeros detenidos y deportados De todos los detenidos 8 eran extranjeros: Laloue Desperrier Roux (Canadá), Jon Dominguez Achalandabaso (Estado Español), Silvia ORDAS AMOR (Estado Español), Maria Mar Ro-

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dríguez Jurado (Estado Español), Juan Francisco Mestre Morales (Estado Español), Matteo Zanotti (Italia), Patrick LEET (Estados Unidos), y Roxana Yanina Bestrin Fuentes (Australia).

Al menos 5 de ellos han declarado haber sido arrestados de manera arbitraria, puesto que su presencia en lo que ellos llaman disturbios fue circunstancial: Patrick Leet, Juan Francisco Mestre Morales, Silvia Ordas Amor, Laloue Desperrier-Roux, Matteo Zanotti.7 Fueron detenidos en las calles y llevados a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en esta ciudad, con los detenidos de nacionalidad mexicana. Han declarado haber sufrido las mismas vejaciones y violaciones al debido proceso que los otros detenidos. Ni siquiera les comunicaron los cargos. Además, los informes médicos de Laloue Desperrier-Roux y Jon Domínguez, realizados el 1° de junio en la estación migratoria de Iztapalapa8, demuestran las torturas físicas que han vivido los días anteriores. No obstante que ha sido observado que Maria Mar Rodríguez Jurado tenía lesiones no hubo tiempo para examinarla.

En referencia al artículo 33 de la Constitución Política Federal y a la Ley General de Población, el ejecutivo federal tomó la decisión de expulsarles por “actividades distintas a las que son permitidas con la calidad migratoria con la que ingresaron”. Sin embargo, llamamos la atención sobre el hecho que han sido detenidos en su mayoría varias horas después de la marcha sin ninguna prueba contra ellos y con acusaciones falsas: “haber cometido actos vandálicos con tendencia a amotinarse ante la presencia de las autoridades...”.

Las expulsiones empezaron el martes 1° de junio. 3 de los 4 españoles firmaron un amparo, sin embargo declararon haber sido presionados por autoridades del Instituto Nacional de Migración para que se desistieran. Fueron expulsados unas horas después, el jueves 3 de junio9.

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Los datos se fundamentan obviamente en una serie de documentos médico-legales, como viene a ser el caso de los siguientes: Informe médico de Laloue Desperrier-Roux (Canadá) Informe médico de Jon Dominguez Achalandabaso (España) Testimonio de Juan Francisco Mestre Morales(España) Testimonio de Silvia Ordaz Amor (España) Copia del Acta administrativa del INM n°798/2004 correspondiente a Matteo Zanotti Copia del Acta administrativa del INM n°800/2004 correspondiente a Patrick Craig Leet Copia del Acta administrativa del INM n°801/2004 correspondiente a Juan Francisco Mestre Morales Copia del Acta administrativa del INM n°802/2004 correspondiente a Jon Dominguez Achandabaso Copia del Acta administrativa del INM n°803/2004 correspondiente a Maria Mar Rodríguez Jurado Copia del Acta administrativa del INM n°804/2004 correspondiente a Roxana Yanina Bestrin Fuentes

10.8 Irregularidades en el debido proceso Son abundantes pero serán materia de un adendum posterior, dado que algunos organismos estamos en la fase de dictaminar una serie de pruebas y delitos prefabricados por las autoridades ministeriales, que indebidamente han pasado por alto los juzgados del fuero común que llevan la carga de los actuales detenidos y decenas de procesados, que han obtenido su “libertad provisional” con el pago de fianzas muy altas.

Cabe señalar que al respecto también regidores del Ayuntamiento de Guadalajara, además de hacer una serie de observaciones sobre la participación de las fuerzas policíacas en la III Cumbre, dentro de ellas las del propio Municipio capitalino, tenemos conocimiento que antes de que termine Enero 2005 los regidores que integran las Comisiones Edilicias de DH y de Seguridad Pública harán públicos los resultados de sus

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investigaciones, particularmente las referentes a la fabricación de pruebas y delitos por consigna política de las autoridades estatales y locales involucradas. No es el primer caso ni será el último en nuestro país, en que los órganos de impartición de justicia son avasallados por abusos con fines políticos específicos. El caso 68 es un claro ejemplo de ello a nivel federal.

Al respecto recomendamos los trabajos e informes rigurosos y jurídicamente impecables (por imparciales y objetivos) de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en La Haya (Holanda)10, con abundantes ejemplos de ello.

10.9 Conclusiones y recomendaciones Con base en lo expuesto, se concluye que: 1. Los actos de intimidación y represión realizados por los cuerpos policíacos sucedieron en medio de una campaña de acoso continuo y de desprestigio de las expresiones de protesta social. Una vez más se impuso el esquema de criminalización de tales protestas.

2. Las detenciones fueron arbitrarias y con uso de violencia inusitada. Las corporaciones policíacas en lugar de actuar conforme a derecho, hicieron gala de abuso de autoridad golpeando como forma de castigo a los manifestantes, persiguiéndolos, inmovilizándolos y golpeándolos aún cuando éstos ya se encontraban sometidos en el piso, como lo demuestran las fotografías y videos dados a conocer en medios de comunicación.

3. Horas después de sucedida la provocación y el enfrentamiento el aparato de seguridad pública inició una redada en la que aprehendió de manera arbitraria e ilegal a quienes por su vestimenta o apariencia le parecían sospechosos. Todo esto sin darse la flagrancia y, por tanto, violando garantías constitucionales.

postura común ante la

III cumbre alcue

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4. Los detenidos arbitrariamente no fueron presentados de inmediato ante el Ministerio Público sino que fueron incomunicados, golpeados y amenazados de muerte constantemente; en el caso de las mujeres, obligadas a desnudarse completamente y hacer sentadillas, siendo observadas por los guardias.

Es decir, todos ellos fueron víctimas de tortura.

5. Además, se les impidió ejercer el derecho del debido proceso, en aspectos como: negarles toda información a sus familiares; no permitirles el inmediato y adecuado acceso a sus abogados, además todos fueron coaccionados mediante tortura física y psicológica para firmar una declaración falsa, etc.

En suma, los hechos violentos en Guadalajara no son locales ni aislados. Tampoco son extraordinarios, sino que representan un eslabón más de la larga y dura cadena represiva que en la lógica de Estado, y en un contexto mundial belicista, se aplica ordinariamente para frenar el creciente descontento social propiciado por las medidas económicas y políticas del Gobierno Federal.

En el marco de un evento internacional, cuya agenda está alejada de las auténticas problemáticas de los pueblos latinoamericanos, los hechos violentos en Guadalajara son responsabilidad del Ejecutivo Federal, que constitucionalmente debería cuidar las condiciones de participación y manifestación públicas en todo el país, propiciando la interlocución y el diálogo en lugar de los vacíos de poder que ocupan las fuerzas duras en los procesos de transición democrática. Guadalajara no es un problema jurídico local, sino un problema político de carácter nacional.

Sin embargo, es también cierto que la represión en Guadalajara es responsabilidad del Gobierno del estado de Jalisco, que muestra su carácter autoritario con la actitud del garrote y la tortura, actuando con total cerrazón y maña jurídica ante los retos y necesidades del accionar político del país y del propio Jalisco.

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Por todo lo anterior, y sumándonos al “Informe Preliminar” que sobre el caso ha elaborado la LIMEDDH, desde luego exigimos: 1. Se otorgue la libertad inmediata e incondicional de los consignados y la reparación de los daños por la violación de sus derechos humanos.

2. Se investigue a fondo y de encontrarse responsabilidades se sancione, conforme a derecho, al Gobernador del Estado de Jalisco, así como al Procurador General de Justicia, al Secretario de Seguridad Pública y demás funcionarios estatales y municipales de esa entidad implicados en la aprehensión ilegal y en las posteriores violaciones a los Derechos Humanos a raíz de los sucesos del 28 de mayo pasado, incluyendo al Director del Penal de Puente Grande.

3. Se investigue y de encontrarse responsabilidades se castigue, a los mandos y miembros de los cuerpos policíacos que ordenaron y participaron tanto en la represión a la manifestación como en los actos de tortura.

4. Se investigue y de encontrarse responsabilidades se castigue, conforme a derecho, a los agentes del ministerio público y los jueces a cargo de los casos por haber cometido un sin fin de violaciones al debido proceso.

5. Se asuma la responsabilidad política tanto del Gobierno Estatal como del Gobierno Federal y que ambos faciliten los medios para darle salida a este asunto.

6. El Gobierno Mexicano demuestre el compromiso que dice tener respecto a la defensa y respeto a los Derechos Humanos a nivel internacional investigando a fondo lo que aquí se documenta.

11. El caso Nájera Ineficiencia en la procuración e impartición de justicia y la tutela efectiva de los Derechos Humanos individuales y comunes Para hacer el mal cualquiera es poderoso Fray Luis de León.

11.1 Origen, dimensión y fundamentos de la inseguridad pública y la represión Ya hemos visto algunos antecedentes del actual Secretario de Seguridad Publica de Guadalajara en los capítulos 6 y 7 de este Informe. En la disolución del AIDRE tuvieron mucho que ver no solamente la indolencia del Gobierno del Estado respecto al problema penitenciario y los DH, sino la acción de la “Delincuencia Organizada” sobre determinadas autoridades y programas. Nada nuevo dice con su declaración del 1º de octubre de 2004, Macedonio Tamez Guardado, expresidente municipal de Zapopan, y pasará a la historia política del PAN y de los DH en Jalisco, al denunciar –ante gran número de autoridades públicas y partidarias, reporteros y curiososque “hay políticos asociados con el crímen organizado, a quienes se debería investigar”. El exalcalde zapopano lanzó como [267]

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un dardo su denuncia durante el homenaje que la dirigencia estatal del PAN rindió “a la memoria de Manuel J. Clouthier del Rincón”, quien ese día cumplía 15 años de su muerte.

El ritual luctuoso se celebró en Zapopan, en el cruce de las avenidas Cordilleras y la que lleva el nombre del conocido “Maquío”. En la ceremonia junto al monumento a su padre estuvo presente su hija Cristina –diputada federal del PAN- y posteriormente se ofició una misa. La denuncia de Tamez fue categórica y la reproducimos enseguida: Los mexicanos seguimos agraviados por el delito de la IMPUNIDAD y hay políticos que se asocian con el crimen organizado para medrar, y la gente muere en las calles y nuestra juventud se envenena con las drogas. Es preciso que estas circunstancias se investiguen a profundidad y se persigan, para salvaguardar a la gente que tanto espera de nosotros, para cuidar a nuestros hijos, nuestro tesoro”1.

La única respuesta que las autoridades aludidas han dado al cuestionamiento directo, provino días después del Comité Directivo Estatal del PAN, que decidió abrir una “oficina anti-corrupción” para recibir quejas y datos específicos.

Si tomamos con la seriedad debida la denuncia de Tamez, no es difícil encontrar evidencias sobre la responsabilidad concreta del jefe policíaco y licenciado Luis Carlos Nájera y su supervisor general en la Dirección o Secretaría de Seguridad Pública de GDL, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, pues la prensa escrita está plagada de notas sobre el abusivo desempeño de sus elementos o subordinados, así como de los demás mandos y cuerpos represores (antimotines o no) coordinados por ambos.

Para ser rigurosos, haremos un somero repaso a la trayectoria y participación de Nájera Gutiérrez de Velasco en la dos últimas administraciones municipales, encabezadas respectivamente por los neo-panistas Fernando Garza Martínez (2001-2003) y Emilio González Márquez (2004-2006), donde

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encontraremos pistas relevantes que esclarecen no sólo su participación central en los actos represivos del 28 de Mayo de 2004, sino en otros eventos delictivos y violatorios de DH (y por ende, punibles). En todos ellos Nájera estará involucrado, si tomamos en cuenta que previamente a ser Director y actual Secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, ocupó –visiblemente desde 1993- el cargo de Jefe de Seguridad del Complejo Penitenciario de Puente Grande, donde dejó una “escuela” y una oscura secuela de intereses y complicidades. a) Periodo de Fernando Garza M. Enero 2001-Diciembre 2003: El 15 de Enero de 2001, la DIGPRES de Jalisco levantó un acta administrativa tras una indagación de la CEDHJ en la que se revelan irregularidades y mal funcionamiento del complejo penitenciario y judicial de Puente Grande. Guadalupe Morfín, a escasos tres meses de su salida del cargo en la CEDHJ, da seguimiento al caso.

El 19 de Enero, las autoridades del CEFERESO Nº 2 de Puente Grande, encabezadas por el Lic. Leonardo Beltrán Santana, entonces Director, acuerdan mejorar la seguridad.

Horas después, Joaquín “Chapo” Guzmán Loera escapa del penal de máxima seguridad, suscitándose una serie de persecuciones y controversias administrativas y penales, que involucran a la CNDH y a la propia CEDHJ. El día 20, Beltrán informa de la fuga, ese día es relevado y 33 personas son retenidas. El 21, quince mil policías buscan al “Chapo”. El 22, la CEDHJ revela privilegios del “Chapo” dentro del penal. El 27, la PGR catea seis domicilios en Guadalajara en busca del “Chapo” y 71 trabajadores del penal federal son trasladados al DF. El 29, la PGR pide arraigo de 40 días contra los detenidos en el DF, entre ellos Beltrán. El 30, Enrique González Mondragón, quien tenía nexos con el “Chapo”, se fuga del penal de Santiaguito.

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Tras la fuga que pusieron al descubierto más de dos años de impunidad y control de esta cárcel federal por parte de tres narcotraficantes que incluso llegaron a pagar la nómina del personal, 73 funcionarios, entre los que estaba Beltrán, fueron consignadas por la PGR ante un juez penal federal. Nájera y Beltrán tienen nexos pues ambos trabajaron en el DESCOPRES del Gobierno Interino de Jalisco, y luego de la caída del PRI-Gobierno en febrero de 1995, en DIGPRES nueva dirección que el Gobierno panista del Ing. A. Cárdenas establecerá luego de los trágicos motines de mayo se ese año en el CERESO Nº 1 de Puente Grande.

El 10 de febrero/01, funcionarios del CEFERESO Nº 2 y del Complejo de Puente Grande (DIGPRES) revelan que los abogados del “Chapo” y el “Texas” entregaban sobornos de 10 mil dólares mensuales a algunos comandantes de custodios.

Un mes después de la fuga, la PGR difundió la reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron y cuál era la situación jurídica de los involucrados. “A la evasión ayudaron directamente unos 12 empleados del penal y de acuerdo con las investigaciones el control del personal del CEFERESO lo tenían el propio ´Chapo´, Héctor ‘Güero’ Palma y Arturo Martínez Herrera, alias el ‘Texas´… se giraron órdenes de aprehensión contra el ´Chapo’ por la comisión de delitos en violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cohecho, contra Palma, Martínez y Francisco Javier Camberos Rivera, principal participante en la evasión del jefe del cártel de Sinaloa… Entre los consignados también está L. Beltrán Santana, exdirector del penal, y 50 personas más por su probable responsabilidad en los delitos… La PGR identificó a un grupo conocido como `Los Bateadores’, cuya misión era precisamente golpear con bats a los elementos de seguridad y custodia del CEFERESO que no se sujetaran a las decisiones de los tres reos adueñados del penal, luego de instrumentar una eficiente estrategia de captación de personal basada en sobornos e intimidación”2.

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Aunque Nájera no fue involucrado en los hechos, por obvias razones, sin embargo al pasar de la seguridad interna en Puente Grande a la Seguridad Pública del Municipio de Zapopan en el trienio 1998-2000, donde funge como Subdirector Operativo, y de allí al municipio de Guadalajara en la administración Garza (2001-2003), para luego coordinar la seguridad pública de toda la Zona Metropolitana, trajo consigo una amplia experiencia y un vasto bagaje de recursos para poner en práctica su perfil delictivo en beneficio del interés propio y de su grupo político (del Alcalde de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez, último exdirector del DESCOPRES).

A su llegada a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalajara, a invitación del corrupto alcalde Garza Martínez (3º del PAN), Nájera trabajará a sus anchas para re-estructurar a la corporación de elementos potencialmente peligrosos a su “política” facciosa y encubridora de la delincuencia organizada en que coparticipa. El 24 de febrero de 2001, el policía Fernando Salazar García (policía primero adscrito a la Zona VI), fue detenido por elementos de su misma corporación, del agrupamiento “Lobos”, quienes le encontraron una subametralladora que no era la de cargo, y porque además en el auto –remarcado- que conducía el elemento viajaba un reconocido vendedor de cocaína. Salazar y los detenidos fueron puestos a disposición del M.P. federal, pues ninguno pudo demostrar la posesión legal del auto remarcado y el armamento de “uso exclusivo de las fuerzas armadas”. Nájera informa que Salazar enfrentará un proceso administrativo para ser retirado del servicio público, enfatizando que ésa “”es una muestra de que en su administración no solapará irregularidades de sus elementos”. Trascendió que algunos comandantes se mostraron reacios ante la decisión de hacer público el “incidente”, pero “fueron apercibidos por su director para que cambiaran de actitud”3. Así comenzará la depuración de la corporación.

El último día de febrero de 2001 se dará la primera transi-

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ción de poder entre dos gobiernos panistas, en ceremonia escenificada en el patio central del Palacio de Gobierno, donde Alberto Cárdenas entregó tres discos compactos con información de todas las áreas, así como la estafeta de la Administración estatal a su sucesor, el Lic. Francisco Ramírez Acuña, quien emocionado dijo que hay condiciones para convertir a Jalisco en un “estado líder de la república”, y en efecto en el ámbito de la tortura alcanzará ese liderazgo4.

El 29 de marzo/01, la mancuerna Garza-Nájera comenzará a actuar más enérgicamente en el municipio, al realizar el Ayuntamiento un vasto “Operativo” en que las Direcciones de Seguridad Pública y Reglamentos, en conjunto con elementos de la PGR, caen y revisan 40 lugares, de los cuales 4 fueron clausurados y 8 sancionados con multas. Garza sostendrá que los operativos se hacen “como debemos hacerlos, en apego a la legalidad y sin violentar los DH de la población”, normatividad que vulnerarán continuamente como veremos en seguida. Nájera informa que se incrementarán los recorridos en colonias del Oriente de la ciudad para “inhibir adicciones y pandillerismo. Aparte del patrullaje queremos implementar programas preventivos encaminados al ataque de las adicciones, pues hay muchas colonias con el problema de la venta de drogas”, recalcó el jefe policíaco5 y experto torturador. Lejos de reducirse, las adiciones y el pandillerismo en esa zona urbana y en otras de la metrópoli se han mantenido e incrementarán.

En apoyo a la política represiva en marcha, el nuevo procurador del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, en lugar de concitar la “despistolización” y el uso restringido de las armas de fuego en los hogares jaliscienses, se declarará partidario de “la iniciativa para legalizar la posesión de armas en los hogares, pues esto permitirá defender el patrimonio y la integridad familiar y tener un verdadero registro de armas en manos de la ciudadanía6”. Según un reportaje del periodista Víctor

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Manuel Chávez Ogazón sobre la tortura en Jalisco, dado a conocer a mediados del 2002, la investigación consigna datos del presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas, y refiere que “a golpes se ´investigan’ 6 de cada 10 averiguaciones previas… y se aplica para obtener la confesión de los detenidos, lo que denota un evidente retroceso en la investigación científica, se violan garantías (…) Los separos de la Procuraduría en la calle 14 de la Zona Industrial son sólo un adorno pues no funcionan. Las ´investigaciones’ se realizan en sitios externos e incluso ´a la vuelta de la manzana´…” Chávez Ogazón, especialista del área del periodismo criminal, relata que la CEDH, colegios y barras “comparten una preocupación por lo que está sucediendo: los abogados ven que a sus defensos, cuando son detenidos por la Procuraduría del Estado les aplican mecanismos de tortura, técnicas que ellos saben manejar como son golpes en los oídos y en los bajos, para lograr sus confesiones”. Los profesionales del derecho piden que se frenen esas actividades: “Es hora de que el procurador haga un llamado a sus elementos para que las investigaciones sean más técnicas y no se utilicen las reprobadas por la ley. Estos métodos deben quedar en el pasado…”7 Llama la atención aquí la absoluta inaplicación de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece que si el detenido solicita se le haga un examen médico, o su abogado o familiares, inmediatamente el médico legista deberá dar fe de las lesiones en su economía corporal y hacer la denuncia ante el Agente del Ministerio Público, pues si no lo hace incurre en el delito punible del encubrimiento.

Decenas de visitadores de la CEDHJ han incurrido en este inveterado delito, toda vez que el artículo 7º fracción XX de su Ley Orgánica consigna entre sus facultades: “Interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público cuando, a raíz de una investigación practicada, se presuma la comisión de un delito”8.

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Por desgracia, esto no ocurre normalmente en la CEDHJ. A varios miembros de las ONG’s que suscribimos este Informe nos consta que a la hora de investigar algunas quejas interpuestas por nuestros activistas, los visitadores de la CEDHJ ven con malos ojos nuestra presencia en las audiencias y diligencias probatorias, pues es obvio que prefieren darle entrada a las instalaciones del supuesto “ombudsman” local, al funesto “Supervisor de DH de la Procuraduría General del Estado”, Manuel Dávila Flores, conocido apologeta y encubridor de la tortura y de sus operarios, para que intervenga aportando las “pruebas” dilatorias y excusatorias de los servidores públicos involucrados, en lugar de permitir que los médicos, abogados o familiares de las víctimas puedan intervenir y hacer valer las propias. Así muestra la CEDHJ su verdadero rostro, al inclinarse más a la defensa de los delincuentes que a la de las víctimas de éstos.

El 4 de Mayo de 2002, una Fiesta juvenil animada con música “Rap” en Tlajomulco de Zúñiga, a la que asistían cientos de jóvenes de 18 a 25 años, para bailar y descansar el fin de semana, fue violentamente suspendida por un inesperado operativo policíaco intermunicipal, que mostró la capacidad represiva o coactiva con que puede llegar a actuar la corporación, pues no sólo detuvo ilegal y arbitrariamente la reunión, sino que privó ilegalmente de su libertad a decenas de jóvenes, y maltrató injustificadamente a otros tantos, cuyos padres y familiares padecieron horas de zozobra al desconocer el paradero de sus hijos luego de la “intervención preventiva” de los uniformados. Aunque Nájera no apareció personalmente en escena, sin duda estuvo detrás del operativo, pues ninguna corporación de la ZMG actúa sin su consentimiento. En su “Informe Anual de actividades”, la CEDHJ guardó un despectivo silencio hacia este burdo atropello a la dignidad humana y libertad de nuestra juventud9. Al año siguiente, más de 2 mil personas respondieron al llamado de la agrupación

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“Basta de silenciarte”, manifestándose en la Plaza de Armas del centro de GDL, para conmemorar un año de la irrupción violenta de la policía municipal y estatal. Según el periodista Víctor González, y estamos de acuerdo con su análisis, se trata de “un movimiento con identidad y conciencia social y que no se resignó a quedarse callado ante los atropellos de la autoridad ni olvidarán lo que les hicieron el 4 de mayo del año pasado. El movimiento de música electrónica en Europa está vinculado a movimientos pacifistas ”10. Guadalupe Morfín, presente en la conmemoración, manifestó indignada: “No es justo generalizar, discriminando, etiquetando como si fuese un movimiento de drogas y desorden. El consumo de drogas se da en restaurantes, en tiendas, en plazas comerciales y en todos los estratos de la sociedad. Una política eminentemente represiva no es el camino para combatir el consumo de las mismas, sino que debe darse información a la población de los graves riesgos de consumirlas”. Por su parte, Christopher Dehmlow, productor de eventos electrónicos, consideró –y no se equivocó, como lo evidenciará el 28 de mayo/04- que el “gobierno está cerrado a expresiones nuevas de la juventud.

La música electrónica es simplemente otro género de música.

Les asusta el hecho de ser algo nuevo y tener características específicas”11. El problema no estuvo en un concierto hecho con instrumentos electrónicos, sino en que corporaciones preventivas como la Seguridad Pública han caído en manos de personajes siniestros y de una mentalidad estrecha e intolerante como es la de los expertos torturadores, en cuyas nerviosas manos el panismo puso esta tarea decisiva, sin medir consecuencias ni antecedentes.

En abril del 2003, al aproximarse las elecciones que relevarían a Garza y demás regidores “boneros” del Ayuntamiento tapatío, Nájera no siendo miembro ni partidario del PAN, pues se formó en la escuela autoritaria del régimen priísta relevado por el pueblo de Jalisco en las históricas elecciones de

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febrero de 1995, pero habiéndose podido enquistar en el “panismo” gobernante, decidió emprender su propia campaña para continuar otro trienio al mando de la Policía de Guadalajara. Para ello decidió reunirse privadamente con cada uno de los candidatos de los partidos tradicionales (PAN y PRI), a fin de ganarse su “confianza” y “ratificación”, algo inusual en la historia electoral y policíaca de Jalisco12.

A su conveniencia, obviamente Nájera oculta su pasado, sus crímenes y sus métodos crueles, inhumanos y degradantes utilizados en Puente Grande y otras “casas de seguridad” contra diferentes personas, y trata de sacar partido a la mezcla de miopía, ingenuidad y falta de memoria de los dirigentes de los partidos tradicionales (cogobernantes: PRI-PAN). Los capos o jefes de la delincuencia organizada en Jalisco y el Occidente del país requieren de una corporación de seguridad pública funcional a sus nefandos intereses, negocios, tráfico de influencias, a sus poderosas mafias, por lo que a través de Nájera evalúan y disputan la permanencia de sus cotos de poder dentro de la administración pública que se avecina. Las razones y “argumentos” del jefe policíaco, un dócil y risueño vocero, no esconden sus aviesos propósitos: “De gustarme sí me gustaría (quedarme en la Policía de GDL), porque yo creo que han sido tres años de trabajo arduo, se ha conformado un equipo interesante, que ha dado buenos resultados y yo creo que la continuidad es parte de los resultados importantes que pudiera haber en el futuro” 13.

Con el entonces candidato y actual alcalde, Nájera no tuvo que lidiar mucho para convencerlo. La nota de Leticia Castro y Omar Cruz, reporteros de “Mural”, refiere que sólo bastó una breve pero sustanciosa reunión de 20 minutos el día 24 de abril de 2003, en el Restaurante “La Antigua” –frente al edificio de la comuna tapatía-, en compañía de Felipe de Jesús Gallo, Supervisor General de la Policía, para disipar dudas y aceptarle el “desinteresado” ofrecimiento. La nota reporteril

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asevera un dato significativo: “…al menos en dos ocasiones escuchó (Nájera) las palabras continuidad y ´empresarios’ de boca de González Márquez. A las 10:20 ya estaban fuera”.

Ante la suspicacia de los reporteros, Nájera fue lacónico: “Platicamos algunos puntos durante 10 ó 15 minutos, y yo creo que algunas de las dudas que pudiera tener en materia de seguridad pública se aclararon y fue todo…” Avieso y mentiroso a conveniencia, dijo algo que resulta cuestionable: “El candidato me pidió una cita para hablar del tema, después del debate realizado la semana pasada”.

En la continuidad de experto torturador al frente de la Seguridad Pública, al parecer las cúpulas empresariales “pesaron” políticamente, influyendo en los candidatos Jorge Arana y González Márquez y los partidos neoliberales de Jalisco (PRI y PAN). Sólo Arana manifestó “reservas” a la propuesta de la iniciativa privada para mantenerlo en el puesto. Por su parte, antes de ser electo Alcalde, González Márquez reconoció: “Algún grupo de empresarios se acercaron para pedirme que cuando llegue a la Presidencia Municipal no quieren borrón y cuenta nueva, y volver a empezar de cero en materia de seguridad pública. Que se le dé continuidad a los programas y se evalúe la posibilidad de que quien está al frente se le considere para que también tenga continuidad”14. Aunque Emilio descartó que los empresarios busquen intervenir y pedir posiciones en el Ayuntamiento a cambio de su apoyo al candidato, su postura conservadora pesó en que el grave yerro se consumara. Las consecuencias están a la vista en este Informe y fueron inmediatas.

De acuerdo a estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año previo se registraron 442,771 delitos violentos en el país, pero el 60.34% de los ilícitos de mayor impacto social se denunciaron en cinco entidades: Edomex, DF, Baja California, Jalisco y Veracruz. En su informe, el SNSP señala que en Jalisco 764 de cada 100 mil fueron víctimas de

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algún delito violento en el 2002; lo que representó el 48.69% de las denuncias totales. La tasa nacional de incidencia delictiva se estableció en 454 víctimas por cada 100 mil habitantes15.

La “continuidad” empresarial no coincide obviamente con la situación de las mayorías populares. En este caso, Nájera concentrará su exitosa “campaña” por mantenerse al frente de la SSP en una serie de charlas y entrevistas con representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (“chatarra”), en las que exagerando los riesgos y amenazas a sus negocios e inversiones ofreció “incrementar y reforzar sus medidas internas de seguridad para inhibir los asaltos a sus negocios, mediante la colocación de alarmas silenciosas, cámaras de video que nos permitan tener una imagen precisa de los sujetos que se dedican a cometer este tipo de delito”. El Jefe policíaco presentó su maravillosa “propuesta” (más apropiada para las prisiones de Puente Grande, que para una ciudad de hombres libres) en el restaurante “Tinto y Blanco”, donde dos hampones luego de encañonar al capitán de meseros y a otros empleados, robaron 2 mil 500 pesos, y escaparon a pie sin que las autoridades los hayan detenido. Nájera justifica las obvias deficiencias de su corporación, arguyendo que este asalto tenía similitud con el que cometieron dos detenidos el 26 de marzo, pues al actuar de manera análoga podría tratarse de integrantes “de la misma banda de malhechores”16. La confusión entre la seguridad pública y la gremial es total. Durante un mes y desatendiendo sus obligaciones en el cargo al frente de la SSP, Nájera llevará su perorata a diversos medios utilizando diversas dudas e inquietudes que provocará el silogismo capcioso, al grado que tendrá que aclarar a los medios informativos su propuesta: “..negó que la Policía de GDL ofreciera a los restauranteros el servicio, pues únicamente les sugirió la contratación de este sistema a una empresa privada que ellos elijan… nosotros nos estaremos coordinando con esa empresa para –a la brevedad-

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cuando ellos nos avisen de una alarma, acudir… es una alarma como en los bancos que cuentan con varios botones que se pueden encontrar en lugares diversos y al momento de una emergencia, no únicamente en asaltos, sino que puede ser una emergencia, se oprime el botón y se contacta a una central de alarmas con la policía para que sin usar el teléfono, sin tener que llamar propiamente a la policía al sonar la alarma acudan los uniformados”. El “servicio” según Nájera resultaría económico, pues se les cobraría “barato” a los restauranteros contectados al sistema17.

Los días 22 y 23 de julio de 2003, el expresidente de la Comisión de DH del Distrito Federal (CDHDF) y titular del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, al participar como conferencista en el “Foro Estatal sobre la Prevención Integral del Delito”, con la ponencia “La violencia social en México”, indicó que la cifra oculta de la delincuencia en México es del 75%, pues sólo se denuncian el 25% de los delitos cometidos, y abundó sobre el papel del Ministerio Público: “es una verdadera pesadilla acudir a él”. Se pronunció porque se le apliquen controles ya que su función la desempeñan, por lo general, con una amplia discresionalidad. Las víctimas del delito que denuncian se quejan por los trámites complejos o su dilación en integrar y resolver las averiguaciones previas. Lo más preocupante es que “45% de los que fueron al MP dijo que no hubo resultados… y 27% de las averiguaciones las dejan prescribir”18.

Para mitigar las críticas de De la Barreda, el procurador Solís manifestó durante el Foro que alrededor de “500 elementos de la PGJE están sujetos a procedimiento administrativo por diversas faltas u omisiones en su actuación”19 Entrevistado por separado, el procurador estatal Solís, luego de un violento fin de semana, en que se registraron 9 ataques con arma de fuego con un saldo trágico de 5 muertos y un baleado grave, explicó los incidentes criminales con absurda ironía:

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“De repente se desata el diablo”. En lugar de asentar el evidente fracaso del operativo “VICTOR”, encaminado a inhibir la presencia de personas armadas en las calles, manifestó que “está funcionando y pidió a la población informes sobre los sitios donde se venden”(sic)20.

En esa coyuntura, es de destacarse la denuncia que el detenido José de Jesús Huerta Flores, “sicario” acusado de la muerte del michoacano Víctor M. Torres Reynaga (+ 7 julio en un gimnasio del Sector Juárez), hizo pública al manifestar al reportero Jorge Zamora Fuentes que fue “torturado hasta confesar en instalaciones de la Calle 14” y obligado a involucrar en el crimen a un exagente judicial, tras mostrarle una fotografía de un album. La tortura fue avalada por el perito médico Juan Castellanos Maldonado, quien reconoció que el interno presenta “posible fractura del cráneo, entallamiento de vísceras, contusión profunda de ambos riñones y lesiones en cuello y testículos”21.

En Octubre de 2003, el Parque “Rubén Darío” de la Colonia Providencia en esta ciudad, fue escenario de una serie de detenciones arbitrarias y de excesos con un grupo de indígenas de los Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Uno de ellos puso “queja ante la CEDHJ”, pero este organismo sin embargo declinó la competencia y trivializó lo ocurrido (pese al expediente de la queja 2424/03. Las posturas contradictorias que asumió la DMSP de Guadalajara, la CEDHJ, los indígenas detenidos y maltratados, los vecinos de esa acomodada colonia, así como las ONGs solidarias diversos medios, no pudieron ocultar que –sin embargo- ahí hubo un trato inhumano, cruel y degradante a los trabajadores indígenas que realizan labores domésticas y de jardinería en tal sector de la ciudad. Su DH al descanso, al libre tránsito y a la reunión de personas, se vio restringido e inclusive conculcado con la actuación –notoriamente racista- de la corporación del “licenciado Nájera”22.

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El 24 de octubre de 2003, en un excelente reportaje de César Lara, el diario “Público” pone de manifiesto algo que todos sabemos, pero no se resuelve: “La Procuraduría (de Justicia) reconoce deuda con la sociedad”. Un análisis de las quejas que reciben las autoridades por parte de los ciudadanos que utilizan sus instalaciones para algún trámite, puso en evidencia que “corrupción, negligencia y malos tratos son las más frecuentes”. Su titular –el Procurador Octavio Solís Gómez-, como los avestruces, no niega los hechos, sólo señala que “se toman medidas al respecto”.

Ahí trabaja desde 1993 el Lic. Manuel Dávila Flores, como responsable de la Dirección Jurídica y “Supervisión en Derechos Humanos”, quien defiende en instalaciones de la CEDHJ o de la CNDH (si es preciso), a cuanto funcionario de la “Procu” se ve involucrado en cualquier atropello a la libertad, propiedad o dignidad humana. En la CEDHJ, los visitadores y el titular lo dejan actuar libremente, auxiliando a los funcionarios involucrados y gestionando –entre “sus amigos de la CEDH”- que se exonere de toda responsabilidad a los subordinados o a los altos mandos, a fin de mantener “límpia” la imagen de la corporación. El caso anterior lo hemos corroborado miembros de las ONG’s cuando acudimos a defender a víctimas de algun abuso de autoridad, y nos encontramos que la CEDHJ deja operar libremente, sin tener personalidad para intervenir en el trámite de las quejas, al pertinaz Dávila.

Con funcionarios como él, la Procuraduría de Justicia no podrá saldar la “deuda con la sociedad”, pues la Dirección a su cargo funciona para encubrir responsabilidades penales, civiles o administrativas de los trabajadores –no todos corruptos, pero sí un alto porcentaje-, y por ende, ahí la tortura es tolerada, aplaudida y permitida a discreción.

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11.2 Plausible organigrama de la tortura y la inseguridad pública en Jalisco a) Poder Ejecutivo del Estado (con todo y al alternancia PRI a PAN): Tiene responsabilidad por la actuación dolosa de decenas de funcionarios y agentes de la Procuraduría de Justicia, donde la Dirección de Supervisión en asuntos de DH” no es tal, pues se dedica a limpiar los expedientes de quejas que las víctimas o los quejosos solidarios con éstas presentan ante la CEDHJ respecto a cualquier tipo de abuso u omisión respecto a los casi 6 millones de habitantes de la entidad y sus municipios.

Igual carga conlleva al financiar con recursos del pueblo a una CEDHJ, que es más una oficina administrativa del propio gobierno, que un “Ombudsman” o un auténtico “Defensor del Pueblo” (en el sentido latinoamericano).

Poder Legislativo del Estado: El carácter bipartidista de las comisiones permanentes y especiales les resta validez, credibilidad y eficacia a su trabajo, por más que hablan “bonito”, pero resultan costosísimos a nuestra sociedad, más bien decepcionada que contenta con los 40 diputados, que mes a mes cobran más de $ 75 mil pesos por aparentar o legislar y controlar casi nada o a medias.

El “Foro Permanente de Derechos Humanos” inaugurado por los actuales integrantes de la Comisión legislativa de DH, ha sido bien aceptada por nosotros y otras personas y gremios, el asunto que preocupa es la dispensión de declaraciones e iniciativas, para quedar “bien” con todos y con nadie, al no entrar al fondo de las quejas y graves violaciones que –año tras año- se acumulan.

No ha entrado a su tarea más urgente: revisar y actualizar la legislación preventiva de violaciones como la tortura (cuya ley es obsoleta e ineficiente) y para evaluar y optimizar el fun-

el caso nájera

283

cionamiento errático, vacilante y contradictorio de la CEDHJ y las comisiones edilicias de DH y otros entes públicos que tanta falta hacen para consoilidar los escasos e incipientes logros de la última década. ¿Cuándo y cómo se instituirá y pondrá en servicio a la promulgada y tan necesaria Procuraduría Social?.

El Crimen organizado al interior y exterior de la Administración Pública federal, estatal y municipal en el territorio de Jalisco, que sigue haciendo – a sus anchas- de las suyas, pese al inverosímil y acartonado discurso “oficial” del gobernador y el alcalde de GDL. La CNDH tiene una responsabilidad ineludible respecto a sus recomendaciones e informes especiales y anuales, en todo lo que se refiere a la situación de los DH, pues no ha atado “cabos” sueltos y no ha exhibido a la CEDHJ en su falta de coayuvancia para esclarecer los casos más graves y frecuentes, por lo que habrá que estar atentos a su capacidad de respuesta y a la “honorabilidad” de su ratificado titular, el Dr. Soberanes, cuya actuación en el caso 28 de mayo no termina de ser clarividente y eficaz (su cancelada “visita” a Guadalajara, por la campaña de reelección, así lo indica).



12. Propuestas y conclusiones finales

E

l respeto de los Derechos Humanos (DH) es un proceso participativo y actuante de los diferentes sectores de la sociedad, y por ello la reivindicación de los derechos de las víctimas de delitos y grupos vulnerables depende en gran medida de nuestra propia actuación. Nada exime del respeto a los DH en el Estado y Municipios de Jalisco, y pese al discurso demagógico y encubridor de la realidad histórica de la tortura crónica, ésta existe como método de investigación y represión, y atenta contra los DH individuales y civiles.

El gobierno federal de nuestro país ha incorporado a su discurso oficial la retórica de DH. Sin embargo, hasta ahora no se ha evidenciado un compromiso real para solucionar o, al menos mitigar este grave problema. El caso de los atropellos cometidos por las autoridades estatales y municipales de Guadalajara, así lo patentizan. La aplicación de los derechos fundamentales será viable en la medida en que la propia sociedad civil, no los partidos políticos, tome en sus manos esa responsabilidad y haga que los órganos de gobierno apliquen las formalidades y los reglamentos, para que los DH realmente se concreten en la realidad.

[285]

286

manual contra la tortura en jalisco

Hacemos nuestras las propuestas normativas que para sancionar, prevenir y erradicar la tortura y sus practicas análogas hizo la Oficina del ACNUDH en su más reciente “Diagnostico sobre la situación de los DH” en México, pues todas ellas son viables y urgentes de aplicar para que en Jalisco podamos retornar a la senda positiva del autentico Estado de Derecho, que los torturadores y las autoridades que los encubren y financian han abandonado en mayo de 2004 e incluso desde 1992, luego de las atroces y todavía impunes explosiones del Sector Reforma en Guadalajara.

A 40 años del fallecimiento de Efraín González Luna (18981964)1, precursor de los DH políticos y civiles en Jalisco, por su congruencia y su legado (Humanismo político), en la capital del panismo mexicano se falsea la verdad, se tortura a inocentes y a detenidos impunemente, lo que es una afrenta a su filosofía, a la democracia y al partido que fundó hace 66 años, hoy tan corrupto y distante del pueblo, como aquel régimen autoritario que las mayorías nacionales sepultaron en julio del 2000.

Las autoridades estatales y municipales involucradas en los violentos sucesos de la fallida “Cumbre” de Mayo nos han acostumbrado –desde entonces- a olvidar lo que merece memoria y a recordar lo que merece olvido, pero nos hemos reunido y unido a partir de la certeza de que el mundo no es este mundo, mutilada plenitud, humillada dignidad ni el derecho es “este derecho”, coartada de un sistema que jamás dice lo que hace ni hace lo que dice. El orden que predica la Justicia se funda en la injusticia y de ella depende. No es por casualidad que la industria del miedo ofrece los negocios más lucrativos del mundo actual: La venta de armas y el tráfico de drogas. Las armas producto del miedo de morir, y las drogas, producto del miedo de vivir.

propuestas y conclusiones finales

287

Tiempo del miedo; graves agujeros en la capa de ozono y más graves en el alma. Hace más de cinco siglos nació este sistema qure universalizó el intercambio desigual y puso precio al planeta y al género humano. Desde entonces convierte en hambre o dinero todo lo que toca.

La cultura de los DH en Jalisco está amenazada por ese sistema, donde la mentira, el desprecio y la soberbia de malos o mediocres servidores públicos, cuyos nombres todos conocen, pero nadie aprecia. La no aceptación (rechazo) por las autoridades de Jalisco de 7 recomendaciones de la CNDH y, especialmente, el status de incumplimiento de las 104/94 y 98/95, nos llevan a pensar que los responsables seguirán “impunes”, en tanto no se investiguen y sancionen –conforme a derecho interno e internacional obligatorio- sus excesos y de sus subalternos, como es el caso de los motines y ejecuciones de octubre de 1993 y mayo de 1995 en Puente Grande, y los atropellos indignantes escenificados al término de la fracasada “Cumbre de Guadalajara” (Mayo 2004), cuya manipulación política es recurrente, torpe y desactivable.

El Informe Especial de la CNDH es merecedora de mejor suerte y respuesta que la que ha tenido en los últimos 8 meses de controversia ineficaz y encubridora de los responsables de TORTURA y otros tratos y penas crueles y degradantes. Nos resulta reprobable la obsecación y el desprecio que durante el último semestre han mostrado al mundo, a la Nación y a nuestro pueblo las autoridades involucradas en abusos de poder de la controvertida “Cumbre”, al negarse a obsequiar una respuesta puntual y digna a las peticiones, propuestas y recomendaciones que sucesivamente les han hecho llegar la CNDH, el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el representante en México del ACNUDH, partidos y parlamentarios de la Unión Europea y conno-

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manual contra la tortura en jalisco

tados escritores que estuvieron en la última FIL 2004, para no hablar de nuestras pequeñas Organizaciones de la Sociedad Civil, local y nacional.

A nuestro juicio la Tortura y los tratos o penas inhumanos que la acompañan para devastar el tejido social y la institucionalidad de las autoridades, en cualesquiera de sus formas es una gravísima e intolerable violación a los DH, tanto o más que la pena de muerte (pues en éste caso la víctima sabe a lo que va, y en el otro todo es incierto y doloroso).

Todas las evidencias y antecedentes a nuestro alcance apuntan inexorablemente a que el actual Secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, juntamente con el director de “Supervisión en Derechos Humanos” de la Procuraduría de Justicia (Lic. Manuel Dávila Flores) deben ser investigados y suspendidos por su grave y reiterada responsabilidad en la concepción, realización y encubrimiento de múltiples casos de tortura y malos tratos, acreditados por el “Ombudsman” mexicano desde 1994. El futuro de la seguridad pública y jurídica, la paz social y los DH de nuestro lastimado municipio están de por medio.

Con los DH no se juega, sin quedar en evidencia ante la justicia y ante la historia. El experto torturador y sus cómplices deben ser castigados y recluídos para su reconstrucción humana y su reintegración social (si son posibles), pues la justicia y la tolerancia así lo exigen.

Jalisco se ha ganado este año un récord más en las variadas y grotescas violaciones y faltas de respeto a la cultura universal y hemisférica de los DH: En sólo 48 horas y en una superficie que no rebasó el “primer cuadro” de la ciudad, otrora “Perla de Occidente”, se violentaron los DH de más de un centenar de personas, como es el caso de las 234 violaciones a los DH

propuestas y conclusiones finales

289

consistentes en: 15 detenciones arbitrarias, 73 de incomunicación y retención ilegal, 73 de trato cruel e inhumano, y los 19 casos de TORTURA comprobados por la CNDH. En su último Informe anual el “ombudsman” nacional reportó haber encontrado entre Enero y diciembre del 2003, en todo el país solamente 13 casos de tortura (derivados del 0.3% de las quejas registradas, que colocaron a dicho delito en el lugar 36º entre los hechos conculcatorios; mientras que en 1990 ocupó a nivel nacional el 2º puesto)2.

Jalisco ha batido con esta aberrante práctica un récord nacional en escasos días. Ya antes, en 1998, la CEDHJ obtuvo su “galardón” como el organismo público local más ineficiente del país, con 21 recomendaciones derivadas de inconformidades hechas valer por heróicos y desconocidos ciudadanos jaliscienses, no resignados a que se burlen de su vida, de su libertad, integridad, seguridad y dignidad humanas. Nuestro reconocimiento a los ciudadanos(as) que superando el miedo y guiados por el sentido común, participan en la nueva cultura de los DH donde tales engaños no tienen cabida.

La CEDHJ ha jugado –una vez más- un papel irrelevante en el caso 28 de Mayo de 2004. Ante la fragilidad de esta costosa, pero ineficiente Comisión Pública local –mediatizada política y legalmente, desde su nacimiento-, la CNDH no tuvo más remedio que intervenir para investigar la responsabilidad de la PFP, el EMP y las autoridades estatal y local, llegando a un Informe Especial correcto. La CEDHJ fue echada a un lado por la CNDH, pues como bien lo dijo el doctor Soberanes “es necesario investigar a pesar de algunas reacciones de inconformidad por la presencia de visitadores de la CNDH, como la del cardenal de Guadalajara” y otros grupos de poder3. La CEDHJ está cavando su propia tumba, pese a algunos buenos elementos que trabajan en la institución, pero carecen del respaldo superior (Presidente, Sindicato y Gobierno estatal).

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manual contra la tortura en jalisco

Pediremos en el primer trimestre del 2005 una entrevista con la COMISION DE PASTORAL SOCIAL y/o el TRIBUNAL ECLESIASTICO de la Arquidiócesis tapatía, a fin de solicitar la aplicación de penas severas como la excomunión para los funcionarios que al amparo de una fe errónea y un ejercicio indebido del servicio publico, en la esfera que sea del poder (ejecutivo, legislativo o judicial) practican, encubren, propician y/o toleran la antijurídica y antievangélica tortura y cualquier otro trato inhumano, cruel y degradante sobre cualquier persona o “disidente”. En el mundo del Tercer Milenio no caben tales prácticas inquisitoriales, pues la democracia y la preservación del derecho de la vida plantean nuevas demandas y actitudes.

Iniciar este año con el concurso del mayor número de ONGs, culturas, profesiones, disciplinas humanas y credos religiosos, una CAMPAÑA frontal contra la TORTURA y demás tratos inhumanos, pues estamos comprometidos a abolirla –en definitiva- de nuestra historia y vida cotidiana. La impulsaremos convencidos de que sin la erradicación de tan ultrajantes violaciones, los Derechos Humanos individuales seguirán siendo letra muerta motivo de sorna y debate estéril.

GUADALAJARA, JAL., 15 de Enero del 2005.

Organizaciones que suscriben este Informe Red Jalisciense de Derechos Humanos: Zona Metropolitana de Guadalajara: Hilda Beltrán D., Luisa de Marillac, Antonia Gómez L. y Oscar González G. Región Ciénega de Chapala: Lic. Gabriel Solís C., Edith González y Socorro García Aguilar.

Región Sur: Magdalena Delgado L., Prof. Abel Hernández y José Sánchez S. Región Costa: Eugenio González V., Guillermo Hernández V. y Ma. Rafaela Justo E.

Coordinadora “28 de Mayo” Guadalajara: Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD-Jalisco): José Luis Sánchez.

Coordinadora Intersindical Democrática Jalisciense: Carlos Sepúlveda Luna.

Liga Mexicana para la Defensa de los DD.HH.: Dr. Prof.

José A. Romero A. (Jalisco).

Red Insurgente Cultura con Justicia: Armando Bañuelos.

Otro Mayo en Guadalajara: L.C.P. Arcadia Lara González.

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Tianguis Cultural, A.C.: David de Anda.

Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores EUZKADI: Jesús Torres Nuño.

Red NO ALCA (Jalisco): Mtro. Jorge Gastón Gutiérrez.

Colectivo Ecologista de JALISCO (CEJ): María Esther Cortés García L. Movimiento Regional “EL BARZON”, A.C.: Jesús Duarte C. Promotora por la UNIDAD NACIONAL contra el Neoliberalismo: Taller de Comunicación “Cuatro Vientos”: Angeles Rosas Ramírez.

Secretaría DH/CEN del P.R.D.: Martha Sánchez S. y Jaime Hernández O.

Barra Mexicana de Colegios de Abogados, A.C.: Lic. Carlos G. Espinoza Tirado (Delegado Estatal).

Movimiento de Bases Magisteriales en Jalisco (SNTE): Prof. Alfredo Salmerón y Oscar Morales P.

Comité “Eureka” de Jalisco:

Sra. María Luisa Gutiérrez Viuda de Carrasco.

Colectivo “Rodolfo Reyes Crespo”: Antonio Orozco Michel.

Jóvenes en Comunidades Eclesiales de Base (JoCEBs): Roberto

Solano

M.

(Arquidiócesis

de

Guadalajara).

organizaciones que suscriben este infore

293

Colega Occidente, A.C.

Lic. Rodolfo Contreras Estrada.

Unión de Migrantes Indígenas en Jalisco: Juan E. Hernández Cruz.

Para cualquier información o contacto relativos a este Informe y denuncias sobre TORTURA y otros tratos crueles que conozca y necesite presentar, escriba o acuda a los siguientes Organismos Públicos y Ciudadanos a su alcance dentro del Estado y el país: Oficina Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Presidente Mazarik 29, Segundo piso, Colonia Chapultepec Morales, CP. 11570 México, DF Teléfono: (01-55) 52-63-98-92, y fax: 52-54-24-73.

Red Jalisciense de Derechos Humanos (ONG’s): Comité Promotor Estatal: Ocampo Sur Nº 47, Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Teléfono: (01-33) 37-98-04-55. Y Consejo de Asesores: 3614-92-26 y 36-58-15-80.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Av. Periférico Sur Nº 3469, esquina Luis Cabrera, Col. San Jerónimo Lídice, CP. 10200, México, D.F. Teléfono: (01-55) 56310040.

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manual contra la tortura en jalisco

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ): Oficina sede: Pedro Moreno Nº 1616, Colonia Americana, CP. 44160 Guadalajara, Jal.

Teléfono/fax: (01-33) 36-30-34-22 Oficina Región Altos: Lic. Primo de Verdad 285-2, Lagos de Moreno, Jalisco.

Teléfono: (474) 2-37-00 Oficina Región Sur: Calzada Madero y Carranza 348, Ciudad Guzmán, Jalisco.

Teléfono: (341) 3-43-96.

Oficina Región Costa Sur: Antonio Borbón Nº 36, Autlán de Navarro, Jalisco.

Teléfono (338) 2-02-31.

Oficina Región Costa Norte: Pípila 133, Puerto Vallarta, Jalisco.

Teléfono: (322) 3-26-76.

Oficina Región Norte: Independencia 23-B, Colotlán, Jalisco.

Teléfono: (499) 2-09-13.

Centro de Derechos Humanos “Anacleto González Flores”, A.C. Comisión de Pastoral Social: E. Zapata Nº 532, S. Libertad, CP. 44380 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (33) 3618-37-78 y Fax: 36-18-68-46.

Comité Municipal de DH “Manos Unidas”, A.C. Donato Guerra Nº 68, Zapotiltic, Jalisco.

Teléfono (0134) 141-40-193 y cel. O44341-88-62-839.

Asociación de Derechos Humanos de Ocotlán “Marcos Castellanos”, A.C. Leandro Valle 616, Ocotlán, Jalisco.

Teléfono/fax: (01-392) 922-15-13.

Notas Presentación 1 Judío alemán. Uno de los filósofos mayores de nuestro tiempo, más citado que leído o comprendido. No quiso abandonar Europa cuando el fascismo le pisaba los talones. Quiso mirar de frente a la barbarie para arrancarle el secreto de su poder, y detener el inveterado ciclo de sangre y horror que amenazaba a la humanidad. Su sueño era escribir una historia crítica de la sociedad moderna. El resultado lo dejó escrito en unos folios titulados <Sobre el concepto de historia> que le costaron la vida en la frontera de España. Decía que eran la “armazón teórica” para desentrañar el siglo XX: “No hay un documento de cultura que no lo sea también de barbarie” o “Para los oprimidos el estado de excepción es permanente”.

Su genialidad consistió en extraer de los desechos de la historia materiales con los que construir un futuro que no fuera prolongación del presente.

Esa lección sigue vigente porque la lógica de la historia (mundial, nacional o local), pese a la catástrofe, sigue siendo la misma. La consigna “que nada se pierda”, es un principio que preside la redacción de su obra y guió la de este manual sobre la tortura en Jalisco. No es fácil hacerles justicia a los torturados.

2 Para él la memoria es peligrosa; la historia convencional no lo es. La historia puede contar lo que pasó en Auschwitz y cómo llegó a suceder aquello. El exterminio de los judíos fue un proyecto de olvido: no debía quedar ni rastro para no dar pie a la memoria. La redención que trae el Mesías pasa por una batalla hermenéutica sobre la significación del pasado.

Cfr. R. Mate Rupérez. Memoria de Auschwitz (2003) y Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamín <Sobre el concepto de historia>, Ed. Trotta, Madrid, 2006, pág. 118, 119 y 298.

[295]

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3 En efecto, “cuando la sociedad produce más técnica que la que la sociedad puede asimilar, se convoca a la guerra para darle salida”, afirma Reyes Mate en Medianoche… pág. 13-14.

4 “Jaque a los órganos constitucionales autónomos”, en su columna “Interés Público” del semanario Proceso, Nº 1461, Ed. CISA, México, D.F., 31 de octubre 2004, pág. 70.

5 Segundo Forum de Deusto/Instituto de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un breve comentario en su 50 aniversario, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998, pág. 11.

6 Rossana González G. El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes, Universidad de Granada, Campus de la Cartuja, Granada, 1998, pág. 19.

7

Forum de Deusto, op. cit., pág. 18.

8 “Hubo tortura y maltrato contra detenidos, dice la CNDH”, en diario Público-Milenio edición 17 de Agosto de 2004, Guadalajara, Jalisco, pág.6.

9 Sobre la actuación y naturaleza de este y demás organismos públicos de derechos humanos en México, véanse los trabajos de Jorge Luis Sierra G.-Rafael Ruíz Harrell-José Barragán. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una visión no gubernamental, Ed. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., México, D.F., 1992; Luis Ernesto Salomón. El Ombudsman, Ed. Universidad de Guadalajara, 1992; y José de Jesús Gudiño Pelayo. El Estado contra sí mismo. Las comisiones gubernamentales de DH y la deslegitimación de lo Estatal, Ed. Noriega, México, D.F., 1998.

10 El Informe de la CNDH se difundió en dos versiones: La completa, de 417 páginas (incluye anexos), y la síntesis que Soberanes dio a conocer en rueda de prensa en la ciudad de México, el 16 de agosto 2004 (36 páginas). En ambos encontramos algunas inexactitudes geográficas, que en nada invalidan su contenido y alcance jurídico, social y político. Para efectos de mayor claridad, al referirnos al Informe, citamos las páginas de la segunda versión.

11 El Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de 1992, y ha tenido diversas reformas y adiciones des-

notas

297

de entonces. Cfr. Normatividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Decreto Constitucional, Ley y Reglamento Interno, CNDH, México, D.F., 2003, pág. 107.

12 La suma asombra pues en menos de 36 horas y en un área urbana relativamente acotada, se cometieron más torturas y atropellos, que en varios años y en toda la superficie del Estado de Jalisco.

13 Estos abusos de autoridad están documentados en las páginas 19 a 31 del Informe Especial.

14 El 19 de julio de 1991 tuvo lugar aquí la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica y el Caribe; y del 10 al 17 de octubre de 2004, se realizó el 48º Congreso Eucarístico Internacional, que congregó a medio millón de personas. Ambos transcurrieron pacíficamente, pero entonces ¿qué aspectos relevantes tuvo la Cumbre del 28-29 de mayo/04 que provocó tan grave desenlace?. La clave está a nuestro parecer en las decisiones y alternativas en juego.

15 “El gobernador de Jalisco no castigará la tortura. El trabajo de la CNDH, deficiente”, primera plana del rotativo Público, 18 Agosto 2004, Guadalajara, Jal., pp. 6-7; y “Descarta Gobernador castigo a funcionarios”, Mural, mismo día, Zapopan, Jal. El “Mensaje del Gobernador” fue publicado íntegro en el diario Ocho Columnas, de Zapopan, pág. 1B. 16 Datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, encabezado por el Dr. Luis de la Barreda Solórzano, al presentar los resultados de las 13 zonas metropolitanas más grandes del país. “Monterrey, la más segura; el DF y Tijuana, las peores: Encuesta”, Público, 11 de enero de 2006. Guadalajara aparece con el mayor porcentaje de delitos sexuales del país.

17 “Descalifican encuesta nacional sobre inseguridad”, Público, y “Alta criminalidad”, El Informador, 12 de Enero de 2006, entre diversos medios. Las palabras y los hechos se contradicen abiertamente.

18 Probablemente se refiere a la queja que Obed C. Sepúlveda Portillo, presentó el 14 de marzo anterior, como oficial tapatío golpeado en instalaciones de la DGSPG, ante la CEDHJ en el expediente 574/2006, hechos en que Nájera declaró ser inocente. Sepúlveda afirmó exactamente lo contrario. Cf. “Declara Nájera ser inocente”, Mural, 3 mayo/06.

19 “Policías denuncian `revisiones´”, Público, 4 de abril 2006, pág. 9.

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20 “Alcalde ofreció investigar las detenciones ilegales”, en Público, 5 abril de 2006, pág. 11.

21 “La CEDHJ recomendó a la policía tapatía no hacer más revisiones”, Público, 6 abril/06, pág. 15.

22 “La policía promete cooperar con CEDHJ”, nota de Dolores Reséndiz Mora, en Público, 7 abril/06, pág. 11.

23 “Policía que se quejó en Derechos Humanos denunció agresiones”, Público, 21 abril/06, pág. 12.

24 “20 detenciones arbitrarias al mes y quejas vs policías abusivos: CEDHJ”, nota de Maricarmen Rello, en Público, 11 abril/06, primera plana y pág. 8.

25

La Policía tapatía rechaza medidas cautelares, en cuadro adjunto, Ibidem.

26

Cf. Nota “Policía que se quejó…”, ibid, 21 abril/06, pág. 12.

27

“Se suicida policía en la calle”, nota de Mural, 21 de abril/06, pág.9-C.

28 “Policía cuestiona la agresión a un agente”, nota de Iván González Vega, Público, 22 abril/06, pág. 14.

29 “Jefe policíaco de Zapopan pidió licencia”, Público, Mural y El Informador, 28 de abril/06.

30 “A Nájera se le debe `reconocer´: Emilio”, en Público, 29 y 30 abril/06.

31 Datos del Primer Visitador General, Mauro Gallardo, dentro de la queja iniciada con motivo de las denuncias del Molina. Nota de Maricarmen Rello, en Público, edición 15 de mayo 2006, pág. 8: Sin mencionar por su nombre a Nájera, Gallardo refiere que hay “evidencia de que los elementos recurren a la siembra de droga o armas a los detenidos, en la revisiones de rutina con objeto de extorsionar a los detenidos. Y lo más grave es que exista una línea, una política desde los mandos superiores”.

32 “Zapopan pone alto al grupo policíaco”, en Público edición 17 de mayo 2006, primera y pág. 6.

33

“Guadalajara y la PGR no se hacen responsables”, ibid, pág. 7.

notas

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34 “La SSPG abre la puerta a derechos humanos”, nota de M. Rello, Público edición 23 mayo/06, pág. 12.

35

“Acuerdan reinstalar retenes”, en El Informador, 30 de mayo 2006.

36 “Consideran difícil metropolizar Policía” y “Tienen negro pasado”, en Mural, ediciones del 1 y 4 de diciembre de 2006.

37 “PGR aseguró dos casas de Zamora”, reportaje de Sonia Serrano en Público, 28 junio/06, pág. 6 y 7.

38 “Zamora admitió su derrota”, Público del 5 de julio/06, pág. 13. Ese día termina la “guerra sucia” (de lodo y más).

39

Notisistema, 26 de junio de 2006.

40 La Recomendación 6/2006 de la CEDHJ, lleva por título: “Asunto: Violación de los derechos a la libertad, a la integridad y seguridad personal (tortura), y a la legalidad y seguridad jurídica”, Guadalajara, Jal., 6 de septiembre 2006, con un total de 187 páginas y fue publicada en la revista Gaceta “6 de Diciembre”, No. 45, CEDHJ, julio-septiembre 2006, pp. 4 a 112.

41 Inusual término con que el matutino gratuito “El Nuevo Siglo de Guadalajara”, se refirio a la resolucion de la CEDHJ dada a conocer el 8 de septiembre de 2006. Cfr. ediciones 6, 7 y 8 del mismo mes y año.

42 Sobre este ilustre precursor de los DH civiles y políticos, recomendamos las obras biográficas y analíticas del investigador Jorge Alonso S.: Tras la emergencia de la ciudadanía. Un acercamiento a la personalidad política de Efraín González Luna (2 Tomos), Ed. ITESO, Tlaquepaque, Jal., 1ª y 2ª ed. 1998; y Miradas sobre la personalidad política de Efraín González Luna, Ed. CUCSH/Universidad de Guadalajara, 1ª ed. 2003.

43 Cfr. Fabián Acosta Rico. El pensamiento social de la Iglesia Católica sobre el Poder Político, Dirección de Publicaciones/Secretaría General de Gobierno/Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jal., 2000.

44 Reneé de la Torre. “La Iglesia católica y los derechos humanos en Guadalajara: de la confluencia al conflicto social”, ensayo publicado en la revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Nº 26, Volumen IX, Universidad de Guadalajara/Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Enero/Abril de 2003, pág. 141-150.

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45 Ver –entre otras notas-: “Lamentable la ‘descomposición interna’ en CEDHJ”, nota de Sergio René de Dios, Público, 7 Agosto 2003, pág.

8-9; “Renuncian 4 consejeros de la CEDH”, Público, 13 Agosto/03; y “Desdeñadas 50% de las recomendaciones de la CEDH... Diputados se deslindan”, notas Maricarmen Rello en Público, 14 Agosto/03, pág. 8.

46 En los meses previos, el debate sobre la vigencia de los DH se intensifica como resultado de una espiral de violencia derivada de graves errores por parte de autoridades federales, estatales y municipales: la presentacion de un promedio de 20 quejas al mes por detenciones arbitrarias derivadas de “revisiones de rutina” (marzo/06); la “guerra de lodo” suscitada en la campaña electoral para los comicios federales y locales concurrentes del 2 de julio de 2006; la disolución del grupo de combate al narcomenudeo en Zapopan que lleva a la captura de 14 elementos policiacos y de la AFI (PGR) el 16 de mayo de 2006, previa renuncia del director de seguridad publica, Rodolfo Ramirez Vargas, por vínculos con la “guerra sucia” en los 70s y el narcotráfico (27 abril); el 2º aniversario de la represión política del 28 de mayo y sus vicios judiciales (mayo/06); la reinstalación de los inconstitucionales filtros y retenes en la ZMG para “despistolizar”, avalada por COPARMEX (junio-julio); el asesinato de dos vecinas de la colonia Valle Real por 5 militares del 79 batallón de infantería en “La Mojonera”, con “negro historial”; la desarticulación del grupo “Sigmas” -servicio secreto de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado- por extorsión en Tamazula (julio); el altercado entre el secretario de seguridad pública de Guadalajara, Luis C. Nájera, y policías de Zapopan, al no pararse a una “revisión de rutina”, fue perseguido y -en represalia- maltrata, regaña y patea a los uniformados (31 julio/06); y la introducción de las pistolas eléctricas “no letales” en la policía de Guadalajara, a iniciativa del propio Nájera (agosto-sep/06).

47 Cf. Vanesa Robles: “Cardenal embiste otra vez a la CEDHJ: Albergue enfrenta al cardenal con la Comisión”, en Público-Milenio, Guadalajara, Jal., edición del 22 de febrero del 2007, primera plana y páginas 6-7, entre otros medios.

48 “Ramírez Acuña, culpable; veredicto del tribunal popular instaurado para juzgar al Secretario de Gobernación”, La Jornada Jalisco, 1º de marzo 2007, pág. 7; “Termina gobierno entre inconformidades” y “Simbólico juicio a administración saliente”, El Nuevo Siglo de Guadalajara, matutino de distribución gratuita, edición de la misma fecha, primera plana y pág. 2.

49 “Apoyan ley de no violencia”, entrevista con Alma Reynoso, publicada en Ocho Columnas, 20 de febrero de 2007.

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50 “El cardenal critica atención a los enfermos: cuidados médicos en México son de tercero, cuarto o quinto mundo”, (homilía durante misa de la XV Jornada Mundial del Enfermo en torre de especialidades del Antiguo Hospital Civil), en Público, 12 de febrero de 2007, pág. 12.

51 Interviene en defensa de la sor Bertha López Chávez, directora del Albergue Beata María de Jesús, “a como dé lugar”, con motivo de una investigación que un día antes la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ hizo pública (queja núm. 12/2007), con miras a esclarecer si se violaban los derechos de las personas recluidas. El albergue forma parte del Proyecto de Atención Integral para Personas Inmonudeprimidas (PAIPID), bajo su responsabilidad administrativa.

52 Véanse “Derechos Humanos” en el Diccionario del Vaticano II, Biblioteca de Autores Cristianos, serie BAC núm. 285, Madrid, 1969, pág.

152 a 158, que sintetiza la doctrina y postura más reciente. Tal vez, al no haber asistido Sandoval a las sesiones del Concilio (sino como acompañante del Cardenal José Salazar), a ello se deba la omisión.

53 “Reprueba gobierno estatal: Balance de Derechos Humanos”, El Nuevo Siglo, edición 1357 del 23 febrero/07, primera plana y pág.3; “El sexenio quedó a deber en derechos para niños: La realidad no cambia por decreto”, Público, 27 de febrero/07, pág. 6; “Estado de derecho no rige en Jalisco: CEDHJ”, mismo diario 28 febrero/07, pág. 8, sobre la presentación del sexto y último Informe del Lic. Barba García como “ombudsman”. Cfr. Informe Actividades 2006 de la CEDHJ, dado a conocer públicamente el 27 de febrero pasado, en el Centro de la Amistad Internacional, Guadalajara, Jal., pp. 2-15 y 177-193.

54 “Pura `gente honrada´ en el gabinete”, en Público, edición 2 de marzo/07.

55 “Alaba CCIJ a miembros del nuevo gabinete”, El Occidental, OEM, Guadalajara, Jalisco, 15 febrero 2007.

56 “El Cardenal no miente”, Julio Cesar Hernandez G., Ocho Columnas, Zapopan, Jal., 23 febrero 2007; “Un Gabinete ìnicial´”, en semanario Crítica, Publicaciones EL SERI S.C., Guadalajara, 19 a 25 de febrero/07, pág. 16-17; y “Empresarios dan beneficio de la duda al gabinete emilista”, ibid, pág. 20.

57 Avalan policías nombramiento de Nájera,en diario Mural, Zapopan, Jal., 12 feb/07.

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58 Del compadrazgo y su influencia decisiva para que Nájera fuera incluido por Emilio González M. en el Gobierno de Jalisco, nos enteramos gracias a un artículo de Bruno López: “Un Gabinete `inicial´”, en semanario Crítica, 19 a 25 de febrero 2007, pág. 17: “Es un policía las 24 horas del día. Colecciona gorras de otras corporaciones, pues siempre que va a capacitación al interior o exterior del país, lleva gorras de aquí y las intercambia. Nájera también colecciona pinturas de artistas de la localidad.

Ya desde que estaba en la Dirección de Seguridad Pública (de Guadalajara) se miraba como secretario de seguridad en el Estado. Es compadre de Emilio, lo cual no estorba”(sic).

59 Tal sistema no jurisdiccional de defensa de los DH, que está compuesto por 32 comisiones estatales y la CNDH, debe su origen y prestigio al Sistema del “Ombudsman Escandinavo”, institución estrechamente vinculada al Parlamento o poder legislativo. Tiene entre sus atribuciones básicas: atender e investigar quejas que recibe de particulares; promover los cambios necesarios para evitar su repetición, y mediar entre gobernantes y gobernados. Sus recomendaciones e informes –no vinculantes-, son una herramienta que –por medio de la opinión pública- puede contribuir a hacer efectivos los DH. Ver: LUIS E. SALOMON DELGADO. El Ombudsman, Universidad de Guadalajara, Dirección de Publicaciones, 1992.

Es costosa la CEDHJ pues en 10 años ejerció un presupuesto de casi $ 233 millones de pesos (1993-2003).

60 En la presente administración del Lic. Ramírez Acuña se pregonan como “innovadores” cuatro Programas “destinados al abatimiento de delitos que impactan directamente la Seguridad Pública”.: a) “Por un Jalisco libre de Drogas”; b) Jalisco Unido contra la Corrupción”; c) “La Familia, Fortaleza de los Jaliscienses”; y d) “Por un Jalisco más Seguro”, sin que las estadísticas delictivas y de inseguridad se hayan modificado substancialmente, pues la escalada delictiva en el país parece no tener freno y la capacidad de respuesta institucional se ve cada vez más disminuída ante su magnitud. Al respecto, véase el estudio científico del jurista e investigador Guillermo Zepeda Lecuona: Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y Ministerio Público en México, Ed. CIDAC/Fondo de Cultura Económica, 1ª ed. México, 2004. Recomendamos la lectura de las págs. 318-331 (donde se analiza la tortura como delito y violación a los derechos).

61 Nos referimos al período en que la abogada y escritora Guadalupe Morfín Otero la encabezó, en medio de positivos cuestionamientos.

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62 Las ONG no permanecimos calladas ante el fiasco urdido en las esferas del poder político y económico, véase al respecto nota de Cayetano Frías, corresponsal La Jornada en Jalisco: “Designa el Congreso de Jalisco ombudsman a Carlos M. Barba; protestan organizaciones sociales”, edición del 3 de Agosto de 2002, México, D.F., pág. 30.

63 Ver al respecto: Jesús A. de la Torre Rangel. “Sobre el origen de la tradición Hispanoamericana de los Derechos Humanos”, en la revista Christus, Centro de Reflexión Teológica, México, Marzo-Abril de 1996, pp. 31 a 39, y Juan Bautista Lassegué. La larga marcha de Las Casas, Ed. C.E.P., Lima, 1974; y destacadamente en el libro más reciente del jurista de Aguascalientes De la Torre: Derechos Humanos desde el Iusnaturalismo Histórico Analógico, Ed. Porrúa, México, 2001. Otras fuentes de esta tradición: Enrique Dussel. El Episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres 1504-1620, Ed. CRT, México, 1979; Juan Manuel Hurtado.

Don Vasco de Quiroga. Una visión histórica, teológica y pastoral, Ed. DABAR, México, 1999; y Silvio Zavala. La defensa de los Derechos del Hombre en América Latina: Siglos XVI y XVII, Ed. CNDH, México, 1982.

64 Lucía Luna Elek. “Los múltiples usos de la ley”, artículo editado en Público, 3 Agosto 2003, pág. 18.

65 Véase al respecto la recopilación: Derechos Humanos. Instrumentos Internacionales. Coed. Programa de Cooperación Unión Europea-México, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2004.

66 Establecida por el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, en sus artículos 17 y 24. Encubre, tolera, disimula y “vigila” las prácticas de tortura que anidan en la PGJJ. 67 De manera excepcional y ante su próxima salida de la CEDHJ, Barba se refirió a la Dirección de Supervisión en DH que encabeza desde 1993 el Lic. Manuel Dávila Flores (PRI), en términos inusualmente duros en la Recomendación 7/2006 a la que ya nos referimos. Gaceta…, pág. 111 (con las recomendaciones 17ª y 18ª al Procurador estatal).

68 Entre cientos, destacamos dos dados a conocer públicamente: “La tortura, vigente en México: CNDH”, donde Soberanes lamentó que dicha práctica prohibida prevalezca “en niveles similares a los que se presentan en los peores regímenes de América Latina, a la par de la permanencia de

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policías delincuentes”, nota que difundió desde Mérida, Yucatán, el diario local Público, 24 de agosto 2003, pág. 24; y la nota de la misma fecha y edición: “Los derechos humanos, en retirada: New York Times”, pág. 23.

Capítulo 1 1 Caso del último Informe de la ONG internacional de DH Human Rights Watch: “México: Tortura crónica”, suscrito por José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, reproducido en Proceso, Nº 1467, México, 12 diciembre 2004, pp. 30-34, que cuestiona los objetivos del “Programa Nacional de DH” -presentado por el presidente V. Fox el viernes 10 de diciembre- pues adolece de medidas concretas contra la tortura, “durante años un secreto a voces... práctica generalizada que el gobierno de México ha atacadop con medidas aisladas”. HRW refiere como los “dos escándalos más evidentes en materia de DH este año: la represión de manifestantes en Guadalajara y la continua impunidad por los asesinatos en Ciudad Juárez”. Para HRW como para los autores de este informe, los casos de Juárez y Jalisco “no son en absoluto incidentes aislados”, pues según el informe de la CNDH, hubo unos 588 de tortura (muchos de los cuales cuentan con más de una víctima) documentados por la CNDH o diversas CEDH entre 1999 y 2003 (pág. 31).

2 Felipe Cobian. “Insensibilidad, la marca panista en Jalisco”, en Proceso, 1268, Mexico, 18 febrero 2001, pag. 46-48.

3 Del compromiso signado en la DUDH, por los países miembros de la ONU, emergieron luego en diciembre de 1966 los denomoninados Pactos Internacionales de DESC (publicados en México el 12 de mayo de 1981) y DCIP (el 20 de mayo). Ambos tratados pueden consultarse en los apéndices del comprendio de Carlos F. Quintana R. y Norma D. Sabido P., DDHH, Ed. Porrúa, México, 2ª edición, pp. 279-301.

4 Hemos consultado al respecto el libro-Informe de la fundación Catholic Institute for International Relations (CIIR): Right to Survive-Human Rights in Nicaragua (El derecho a sobrevivir-DH en Nicaragua), Londres, 1987, comentado en la revista Envío Nº 76 del Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), Managua, Octubre 1987, pp. 15-18.

5 En septiembre de 2003, en Cancún, se realizó la 5ª Cumbre o Reunión Ministerial de la OMC (creada en 1947 como GATT), que contó con mi-

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nistros de 146 naciones sobre el sistema mundial de “libre comercio”, una quimera pues en lugar de construir un sistema real de apertura comercial, bajo su auspicio se ha erigido un intricado sistema proteccionista que privilegia a los países ricos y sus empresas trasnacionales. Los “compromisos con el desarrollo sustentable” y con la “necesidad de mejorar el nivel de vida en las regiones más pobres, establecidos en el Preámbulo del Acuerdo de Marrakesh y en la Declaración Ministerial de Doha (en que se lanzó la “ronda para el desarrollo”) quedaron como promesas incumplidas y palabras huecas, pues para los miles de millones de pobres, marginados y explotados del mundo, la vida cotidiana sigue arrastrándose en condiciones deplorables.

Nunca se han materializado los propósitos de mayor crecimiento y desarrollo para las economías que siguieron la “receta” de apertura comercial y financiera. Las ONGs y altermundistas realizaron diversas protestas, cuyo momento culminante fue la muerte por inmolación del líder campesino de Corea del Sur, Lee Kyung Hae, cuyo deceso fue “lamentado” por los asistentes (10 septiembre/03) y los duros términos en que en secretario general de la ONU, Kofi Annan fustigó la “hipócrita” retórica comercial de los países ricos (EU y UE= 40% del comercio mundial). Cfr. “Duplicidad de la OMC”, Alejandro Nadal, en La Jornada, 10 sept./03, pág. 23; y 11 sept./03, pág. 25 y 27. Las ONG, incluyentes de innmuerables grupos y redes de un amplio mosàico (anarquistas, ambientalistas y humanistas) de todas las latitudes, consideraron “una vergüenza” lo ocurrido.

6 El 3er. FSM de Porto Alegre reunió en 2003 a más de 100,000 personas, de entre quienes 20,700 eran delegadas de 5,717 ONG’s pertenecientes a 156 países, con 4.100 periodistas acreditados provenientes de 51 países, con 1,700 actividades programadas (tantas que –de hecho- sólo pudieron realizarse 1.200), y con un campamento juvenil de 25.000. “Algo nos está diciendo que estamos en otra época distinta de aquellos ‘terribles años 90’”, aseveró al término José Ma. Vigil (español radicado en Panamá).

7 Ferrari, Sergio. “Otro Mundo es Posible: 4º Foro Social Mundial, en India”, en la Agenda Latinoamericana 2004, Ed. Kiononía, Panamá, 2004, pág. 193.

8 Verificado del 20 al 25 de enero de 2007 en el Complejo Deportivo Moi de Karasani, reunió a cerca de 40 mil activistas de distintos movimientos de un centenar de países donde la sociedad civil se ha unido y organizado para impulsar actividades encaminadas al cambio. Cfr. Columna “La Aldea” de Humberto Márquez: “De Caracas a Nairobi”, en Público, 19 enero de 2007, pág. 40; y la de Eric Le Boucher y Alain Faujas: “Davos vs el foro de Africa”, misma fuente y página, 26 enero/07. Dr. Jorge Ceja M.

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“Dunia Mbadala Yawezakana. Otro mundo es posible”, La Gaceta, No. 474, Universidad de Guadalajara, 12 de marzo 2007, pág. 6.

9 Con ese título encabezó la revista Proceso, su número 1443, del propio 27 de junio de 2004: “A cuatro años del voto útil... La marcha del hartazgo”, pp. 13 a 21.

10 Entrevista concedida a José Gil Olmos, “Ultima llamada”, en la misma revista, pp. 9 a 12.

11 “Promesas incumplidas”, reportaje del periodista jalisciense Alvaro Delgado, autor del libro “El Yunque. La ultraderecha en el poder” (Plaza & Janés, 2003), en Proceso Nº1463, 14 de noviembre de 2004, pág. 20-22.

12 Sobre las implicaciones de dicho asesinato, véase: Víctor M. Ramos, Muerte de un príncipe, Ed. Conexión Gráfica, Guadalajara, Jal., 1993.

13 Al respecto pueden consultarse La Jornada, del domingo 15 de abril de 2001; o bien, el artículo de Etcheberri Adal, “Las cumbres y contracumbres, escenarios de decisiones y alternativas”, que publicó la revista Rémora de Guadalajara, Nº 15, Ed. Trampolín/Grupo Agata, Octubre 2004, sobre “Neoliberalismo”, pág. 14.

14 Basta un dato para comprender la magnitud del problema: “Menos del 10% delos más ricos del mundo, en el Norte del planeta, se han dado el derecho de adueñarse de todos los recursos, y los utilizan a su capricho. Si seguimos así, no habrá ‘otro mundo’ para nadie”. Joao Pedro Stédile (Sao Paulo, MST) en “Propuestas para ‘otro mundo posible’: Tierra, sociedad y agricultura”, en la citada Agenda Latinoamericana 2004, pág. 210.

15 En todo el país existen expresiones de esta Red de ONGs que consideran que el tratado ALCA (de cuño estaounidense) es la “Doctrina Monroe” actualizada y abobada con globalización. Cfr. Gregorio Iriarte. “Otro ALCA es posible”, en Agenda Latinoamericana 2004, Panamá, pág. 212.

Al respecto, recomendamos: ¡ALCArajo con el ALCA! ¡Otro mundo es Posible! Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (CIEPAC), San Cristóbal Las Casas, Chis., 2004; y la Memoria del II Encuentro Sur-Norte: Los pueblos de América construyendo alternativas frente al Neoliberalismo, Ed. Fray B. de Las Casas, A.C., San Cristóbal, Chis., octubre 2000.

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16 Un caso ejemplar de esa globalización excluyente, es el de Pakistan luego de la guerra preventiva de los E.U. contra el gobierno talibán de Afganistán. Esta nación asiática fue forzada a entrar en la guerra contra su vecino. Véanse las declaraciones del presidente Pervez Musharraf en Nueva York, para asistir a la LXI Asamblea General de la ONU: “EU amenazó con `regresar a la Edad de Piedra´a Pakistan”, en Público-Milenio, 22 de septiembre 2006, pág. 35.

17 Recomendamos al respecto el magnifico libro de Marion Laudy: Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ed. Siglo XXI, Madrid/Mexico, 1988, con la historica sentencia condenatoria del maximo tribunal mundial contra el Gobierno de los EU, del 27 de junio de 1986, por actos de terrorismo y agresión criminal (años 1983-1985). La sentencia condena a cesar la agresión y pagar una indemnización a Nicaragua por 17,500 millones de dolares.

18 Sobre la toma de conciencia que vive la opulenta sociedad norteamericana respecto a su papel en el mundo del Tercer Milenio, luego del trágico 11 de Septiembre de 2001, véase: Varios. ¿”Por qué nos odian”?, Cuadernos La Jornada, núm. 4, México, D.F. Septiembre de 2002.

19 José Ma. Vigil. “Otra militancia para el otro mundo posible”, Agenda Latinoamericana/Mundial, Ed. Servicios Kiononía, Panamá, 2004, pág.

219.

20 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2002). Hacia una Mundialización Humanista, Ed. Correo de la Unesco, coordinada por Edgar Montiel para la edición en México, 2004.

21 Luis Hernández Navarro. “Otro mundo es posible, ¿pero cuál?

Notas sobre el debate de la izquierda auspiciado por Chávez”, en el suplemento cultural “MaSiosare”, Nº 364, La Jornada, domingo 12 diciembre 2004, pp. 6-7.

22 Para todo lo relacionado al Encuentro puede consultarse en la página www.caracas2004.info/ 23 Ver al respecto, Steve Ellner/Daniel Hellinger (Editores): La politica venezolana en la epoca de Chavez: clases, polarizacion y conflicto, Ed. Nueva Sociedad/Consejo de Investigación ded la Universidad de Oriente, Caracas, 2003.

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24 “Entre polemicas, comienza el Foro Social de Caracas”, en Publico edicion del 24 de Enero 2006, pag. 30.

25 Jurista alemán que sustentó –en la época previa al nazismo y durante éste- la ecuación Derecho=Estado (Estado=Derecho), como doctrina del Estado formal. Se niega al estudios de los fines del Estado ya que caen fuera de su objeto, al igual que los fines del Derecho. Cf. J. A. de la Torre R., Apuntes para una Introducción filosófica al Derecho, ed. Jus, México, 1992, pág. 121.

26 Dos jóvenes jaliscienses emigrados a los EE.UU. han perdido ya la vida por reclutarse como integrantes del ejército ocupante. El caso más reciente es el del cabo Sergio Díaz Varela, oriundo de GDL, donde fue sepultado “con los honores militares”. Véase: “Sepultan en Jalisco a militar de origen mexicano caído en Irak hace 18 días”, La Jornada, 12 diciembre de 2004, pág. 11.

27 Ello ocurrió el 22 de mayo de 2003, en una de las jornadas más bochornosas de la historia de la ONU, en que el Consejo de Seguridad del organismo aprobó casi por unanimidad –con la honrosa excepción de Siria, cuyo representante se ausentó de la votación- el estatutro colonial impuesto a sangre y fuego a Irak por las tropas estadounidenses e inglesas. De esa forma, Francia, Rusia y China, las potencias que –junto con Alemania- se opusieron en su momento a la agresión militar desencadenada contra esa nación árabe por los gobiernos de Washington y Londres –apoyados por escuderos menores como la España de Aznar, Italia, Polonia y Nicaragua-, convalidaron el violento allanamiento y el sojuzgamiento ilegal e inaceptable de Irak. Así, la máxima instancia ejecutiva de la ONU dio su aval, a una serie de inmoralidades, crímenes de guerra y delitos comunes, perpetrados por miembros de la coalición que se apoderaron del país árabe y ahora disfrutan de la categoría oficial de ‘potencias ocupantes’. “La ONU legaliza el colonialismo”, intituló su página editorial el diario “La Jornada”, del 23 de mayo/03. Y el colmo de la abyección tuvo lugar en el mismo Consejo durante la sesión del 12 de junio/03, en que sus integrantes votaron (120) “por extender un año más la inmunidad a ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI), contra la voluntad de la gran mayoría de países miembros de la ONU. Así no podrán ser juzgados dentro de esa jurisdicción los autores de crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio de la potencia. A los ojos de EU, la CPI es “una institución fatalmente llena de errores”, por lo que decidió impulsar “una reforma radical de las estructuras de comando de la OTAN”, a fin de sancionar a

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Bélgica por su legislación sobre tales crímenes. Cf. “La ONU extiende la inmunidad de EU”, Público, 13 junio /03, pág. 33.

28 Opinión que tomamos y compartimos del artículo del maestro Pedro Olivares Dávalos: “Guadalajara, una ciudad fascista o...¿desinformada?”, publicado en el boletín de la Delegación Académica de la División de Gestión Empresarial del CUCEA El pochteca sindicalista, Nº 2, STAUdeG, Guadalajara, Jal., Diciembre 2004, pág. 6.

29 Stella Calloni. Operación Cóndor, pacto criminal, Ed. La Jornada, México, 2001.

30 R. Reguillo. “Mas alla del estereotipo”, articulo difundido en Publico, 21 octubre 1997, pag. 12.

31 Texto tomado del resumen que publicó la Gaceta Universitaria, Nº 373, de la Universidad de Guadalajara, el pasado 3 de Enero de 2005, pág.

18, bajo el encabezado: “Terrorismo, guerra, petróleo y negocios” 32 La aprobación en Washington de fondos por 1,200 millones de dolares para la construccion de un muro de barda doble en 1,226 kilometros de la frontera con Mexico, para la “Seguridad Interna” y la lucha antiterrorista de EU, el pasado 4 de octubre 2006, es prueba de ello. Cf. “Aprueba Bush fondos para el muro”, Publico, 5 octubre/06, pag. 24.

33 41 Colombia es el país latinoamericano con los más altos índices de violencia socio-política: 48 muertos al día. La espiral de la violencia social y estructural tiene como protagonistas a tres ejércitos en pugna por la hegemonía del territorio y la conciencia de las mayorías: el Nacional, la insurgencia (FARC y ELN) y los paramilitares, todos –en relación directa o no- con las bandas o cárteles del narcotráfico. Consultar : Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina, Ed. Siglo XXI, México/ Madrid, 1978.

34 Respecto a las regresiones en la historia política del PAN, véanse: Pablo Emilio Madero. La mentira del PAN, Ed. Partido Demócrata Mexicano, México, 1997; Mireya Cuellar. Los Panistas, Ed. La Jornada/DEMOS, México, 2003; y J. Eugenio Ortiz Gallegos. La mancha azul; del PAN al neopan, síntesis en Proceso 1556, 27 agosto 2006, pp. 48-52.

35 Respecto al origen, dimensión y previsible derrota de tales estratégicas de “baja intensidad”, particularmente aplicadas luego del conflicto de

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Chiapas (1994) y en Ciudad Juárez (1993-2004), consultar los trabajos de Lilia Bermúdez: Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica, Ed. Siglo XXI, México, 1987; y Martha Patricia López A. La Guerra de Baja Intensidad en México, ED. UIA/Plaza y Valdés, México, DF., 1996.

36 En el caso de México, la cláusula democrática se localiza en el Artículo 1 del Acuerdo Global, que dice: “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de DH, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

37 Artículo de Marco Appel, “Bajo escrutinio europeo”, en la edición Jalisco de la revista Proceso, Nº 1464, CISA, México, 21 Noviembre 2004, pág. IV-V. 38 Este ONG de derechos humanos tiene más de 15 años de existencia, unos 30 activistas (religiosos y laicos, mexicanos y extranjeros) y un prestigio social, académico y jurídico ganado a pulso. En Marzo del 2004 la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús designó un nuevo director, cargo que asumió el jesuita David Velasco Yáñez, en sustitución del saliente Edgar Cortés (3er. director). Cfr. artículo de Velasco: “¿Hacia dónde va el ProDh?”, en Mural, Zapopan, Jal., edición 12 de Marzo de 2004, pág. 5ª (que reproduce las palabras con que asumió el cargo los días previos).

39 Tomamos la lista del artículo redactado por el citado Dr. Velasco Yáñez, SJ. “La Tortura en Jalisco... y en todo México”, publicado en la revista de los jesuitas Xipe Totek, Nº 52, Filosofía y Humanidades del ITESO (antes ILFC), Guadalajara, 31 Diciembre de 2004, pág. 358.

40 Manuel Pérez Rocha. “La experiencia del espacio Ciudadan@s de México ante la Unión Europea” (1997-2001)”, México, DF. 2001, citado por Velasco, pág. 359.

41 Víctor Ballinas. “En 8 años México ha recibido unas 400 recomendaciones de instancias extranjeras de derechos humanos”, en La Jornada, 30 de Noviembre 2004, pp. 18 y 19 (se refiere a comités y mecanismos de la ONU y la OEA, entre 1997 y 2004). De las 400 propuestas y recomendaciones, 28 son por tortura y 16 sobre el combate a la impunidad.

42 Centro PRODH. “El Acuerdo México/Unión Europea, una oportunidad para mejorar la protección de los DH”, en Velasco, op. cit., pág. 360.

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43 Ver: “Recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Tecnología del Parlamento Alemán”, en Margarita Vargas y Andrés Peñalosa. El proceso de negociación y ratificación: DH y Tratado de Libre Comercio México-UE, México, Diciembre 2000; y también Pérez Rocha, L.M., op. cit.

44

Velasco Yáñez, D. ibid, pág. 361.

45 Se refiere al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno Mexicano y el Alto Comisionado de UN para los DH (por sus siglas ACT), “Informativo Nº 1”, CNUDH/CENCOS, suscrito el 2 de diciembre de 2002 por el presidente V. Fox, como resultado del trabajo de las ONG de DH del país que durante varios años habían denunciado a nivel foráneo la grave situación de los DH en México.

46 Para el caso de los obreros del sector de productos electrónicos en Jalisco, cuya capital es llamada del “Valle de Silicón”, véase el Informe de CAFOD: Limpie su computadora. Condiciones laborales en el sector de productos electrónicos (2004), coeditado por CAFOD y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), que forma parte de la ONG Fomento Cultural y Educativo de los jesuitas de esta provincia. Cereal cuenta con oficina en Guadalajara, sede de la investigación.

47 Cfr. al respecto Velasco Yáñez, D., op. cit., pág. 362-363. El director del PRODH ofrece una opinión lúcida.

48

Citado por Velasco, ibid, pág. 365-366.

49 En la “Introducción” del artículo redactado el pasado 4 de octubre, cuyo resumen publica la revista Xipe Totek, ya citada, así lo indica, pág. 357.

50

Ibid, pp. 367-369.

51 Acabo era neoliberal y colonial en Bolivia, entrevista con el vicepresidente electo, Alvaro García Linera, en Mural, Zapopan, Jal., 21 de diciembre 2005, pág. 18, donde destaca que “los principales ejes de nuestra política de corto plazo serán la descolonización del Estado y la desneoliberalización de la economía”. Morales asumió el poder del país mas pobre de América del Sur, el 22 de Enero de 2006, con la promesa de negociar la condonación de la deuda externa de 3,400 mdd, refundar la Nación, acabar con el analfabetismo y recuperar los recursos naturales y minerales del país. Morales promete una segunda independencia para Bolivia, en El Informador, Guadalajara, 23 de Enero 2006.

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52 Cfr. Rubén Martín. “La visita inadvertida de Evo Morales a Guadalajara”, en Público, Guadalajara, 25 Enero 2006, pág.14 (según la nota Morales estuvo aquí entre el 22 y 29 de mayo de 2004, participando en el Foro Social Alterno).

53 Para nosotros éste fue el mayor error, y lo que hizo vulnerables a los participantes a la hora de manifestarse en las avenidas del centro histórico tapatío.

54 A nuestro parecer, en esto consistió el segundo error mayor de los organizadores locales y nacionales, sobre todo.

55

D. Velasco, La Tortura en Jalisco... pág. 374-375.

56 “El 28 de mayo no es asunto olvidado: AI”, en Público edición del 24 de mayo 2006, pág. 12. Amnistía Internacional en el marco del informe anual sobre el estado que guardan los DH en el mundo, calificó al gobierno de México de sostener un doble discurso al no asumir las obligaciones que conlleva la firma de los convenios, y se mostró consternada pues “se ha criminalizado las protestas ciudadanas”, destacando por su similitud los casos 28 de mayo y el de Atenco, Estado de México (3-4 de mayo 2006), sobre el que la CNDH se pronunció en duros términos en octubre.

57 Ibid, pág. V.(*) “Sobre la tortura y otros males menores”, Sección Opinión, El País, Madrid, 3 de abril de 1995.

Capítulo 2 1 Tal instrumento es parte del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, y citamos la definición como aparece en el libro Derechos Humanos, de Carlos F. Quintana Roldán y Norma D. Sabido Peniche, Ed. Porrúa, México, D.F., 2001, pp. 330 y 331.

2 El Protocolo es conocido también por “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, y fue presentado a la Alta Comisionada de las N.U. para los Derechos Humanos (en adelante: ACNUDH) el 9 de Agosto de 1999, por 38 organismos especializados del mundo entero comprometidos en erradicarla. Fue publicada por la Oficina del ACNUDH en Ginebra, en la Serie de Capacitación Profesional N° 8, Ed. Naciones Unidas, Nueva York/Ginebra, 2001, pág. 1.

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3

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Ibidem.

4 Pese a la creación de comisiones públicas para prevenirla y sancionarla, México no ha logrado salir de la lista negra de los que la practican. Cfr. Amnistía Internacional. Informe 1999. EDAI, Londres, 1999; México: Tortura e impunidad, EDAI, 1991; Violaciones de los DH en México: El reto de los noventa, EDAI, 1995; y el informe más reciente sobre México: Juicios injustos: Tortura en la administración de Justicia, EDAI, 2003.

“Persiste la tortura en México: Comité contra la Tortura de la ONU”, La Jornada, México, D.F., 29 Mayo de 2003, pág. 5 5 “Critica AI escasos avances en materia de DH en México”, nota remitida desde Londres el 12 de noviembre 2003, publicada en México por el matutino La Jornada, 13 Noviembre/03, pág. 7.

6 Ver al respecto: Fundación para el Debido Proceso Legal. Iniciativas de la Sociedad Civil para la Transparencia en el Sector Judicial, Ed. Due Process of Law Foundation ((DPLF), Washington, DC., 2002; y las notas y reacciones que provocó en mayo del 2001 la última visita del Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Param Cumaraswamy: “El Poder Judicial también debe rendir cuentas, dice funcionario de la ONU”, Público, 15 mayo 2001, pág. 22.

7 “Un mundo sin tortura es posible”, Agenda Latinoamericana y Mundial..., pág. 41.

8 Consultar los Informes de las siguientes ONG’s nacionales e internacionales: ACAT México. La tortura en México 1996: Casos de tortura política, Ed. Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, México, D.F., Abril 1997; David Fernández (Compilador). Los derechos humanos en México durante la transición sexenal, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. Editado por la Universidad Iberoamericana (UIA), México, 1995, donde destaca el capítulo dedicado a “La represión en México”, cuya autora es Carmen Pedrazzini (pp. 13 a 45); y, finalmente, el recientísimo Informe de Amnistía Internacional, intitulado: Muertes intolerables. México: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, EDAI, Londres-Madrid, 2003, al que hizo amplia referencia Irene Khan, actual secretaria general de AI, durante su visita a nuestro país. Cf. “Fox debe dejar la retórica y combatir la impunidad”, entrevista con Víctor Ballinas publicada en La Jornada, 14 agosto 2003, pág. 7

314 9 10

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Alec Mellor. La Tortura, Editorial Estela, Barcelona, 2ª ed. Mayo de 1968.

Ibid, prólogo de la primera edición (Enero 1949), pág. 9.

11 “La ‘doctrina francesa’ de la tortura”, artículo de Anne Marie Mergier, se ocupa amplia y atinadamente de ambos, en Proceso, Nº 1465, México, 28 noviembre 2004, pp. 60-64.

12 Sobre esta Escuela dedicada a la represión y la contrainteligencia en nuestro subcontinente, ver: Gregorio Selser. Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, Tomo III, 1899-1945, Ed. UNAM/ Universidad Obrera de México, Cuadernos del CEIICH, serie Fuentes 15, México, 2001.

13 L. Lyons. Historia de la Tortura, Ed. Diana, México, 2005 (el texto original fue publicado en Londres, en el 2003, bajo el título: The History of Punishment, en la editorial Amber Books Ltd).

14 En su columna “Cuarto de guerra”, subtitulada “Crisis del arte de la mentira política”, publicada en El Financiero del 16 de diciembre/04, Ricardo Márquez, manifiesta –y no se equivoca- que a dos años de que concluya el actual sexenio, uno de los saldos más visibles es el deterioro del arte de la mentira política. “No es que sorprenda la mentira política, ni siquiera que se recurra a ella con inusitada frecuencia, sino que a principios del siglo XXI ese noble arte haya caído en niveles tan bajos que en no pocas ocasiones representa verdaderas agresiones a la razón”. Concluye su análisis de encuestas recientes, señalando que nuestro país “está entre los países con niveles más elevados de desconfianza social en la política, y es altamente probable que alcanzaría el primer sitio en el campo específico de la mentira política. No por sofisticación y capacidad para crear realidades alternativas, sino precisamente por carencia de imaginación argumentativa para darles credibilidad”, pág. 34

Capítulo 3 1 Concepto que tomamos de Arnoldo Kraus, en “Epidemiología y literatura”, La Jornada, México, D.F., 30 noviembre de 2005, pág. 30. Se refiere a epidemias como la malaria, la tuberculosis, el VIH, gripa aviar, influenza, ebola, que perjudican con mucho mayor frecuencia a los pobres y son producidas por agentes infecciosos.

notas

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2 Sobre las epidemias que han azotado a Jalisco, consultar: Lilia V. Olivier. Un verano mortal. Análisis demográfico y social de una epidemia de cólera: Guadalajara, 1833, UNED, Gobierno de Jalisco, México, 1986; y varios. Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia, Fray Antonio Alcalde, Ed. Dirección de Publicaciones del Gobierno de Jalisco, Guadalajara, marzo de 2004, pp. 56-58, sobre los estragos de la viruela: 1779-80.

3 O. Paz. El Laberinto de la soledad, Edición conmemorativa*50 aniversario, Fondo de Cultura Económica, México, única edición foliada, 2000.

4 “Tortura sujeto a sus hijastros”, en Mural, Zapopan, Jal., edicion 10 de febrero de 2006, pag. 7 (Sec. Comunidad).

5 “Policia que se quejo en Derechos Humanos denuncio agresiones”, en Publico edicion 21 de abril 2006, pag. 12.

6 Sobre los antecedentes y alcances criminógenos de las “palizas” y los “azotes” en la época porfirista (detonante de la revolución), léase el reportaje clásico de John Kenneth Turner: México bárbaro, Ed. Mexicanos Unidos, México, 5ª ed. 1985, los capítulos 1 y 2 sobre los “Esclavos de Yucatán” y el “Exterminio de los yaquis”, pp. 18-20 y 32-36.

7 Leer al respecto las paginas de la Recomendación 6/2006 de la CEDHJ, ya citada, pp. 2 a 115.

8 “Participa Luis Carlos Nájera en seminario en Estados Unidos”, nota del reportero Luis A. Fuentes, 21 de Junio 2006, para la radiodifusora “Notisistema.com”, publicada en la Síntesis Informativa del Congreso de Jalisco, 22 junio.

9 Véase al respecto el boletín Imagen de Abastos, Secretaría de Comunicación de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), núm.

5, mayo de 2006, primera plana: “Se aplicarán medidas contundentes”.

10

“Pistolas eléctricas ‘ sorpresa´”, en Público, edición 26 de julio 2006, pág. 16.

11 “Policías sí portaron pistolas eléctricas”, Público, Guadalajara, Jal., 21 de septiembre 2006, pág. 13.

12 Iniciativa de Ordenamiento Municipal para crear el Reglamento para

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manual contra la tortura en jalisco

el Uso de las Pistolas Eléctricas en Guadalajara, con 24 artículos, Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social, 28 de septiembre de 2006.

13 Copia de la Iniciativa de Acuerdo del Dip. Maldonado, con fecha 5 de octubre de 2006, que nos hizo llegar mediante oficio núm. 436/2006 del 9 de octubre siguiente.

14 “Seguirán utilizando las pistolas eléctricas”, entrevista en Público, 7 de octubre 2006, pág. 11.

15 “Las pistolas eléctricas se pagaron al doble. Costaron $ 32,430 pesos, cuando su precio rondaría los 15 mil pesos”, Público, 1º. de agosto de 2006, pág. 10.

16 “Elemento de tortura: Diputado. Utilizarlas equivale a un delito”, declaraciones del Dip. Maldonado Chavarín publicadas en El Informador, Guadalajara, Jal., 2 de agosto 2006.

17 “Seguiremos adelante con el proyecto piloto de armas eléctricas: Espinosa”, declaración que publica el diario La Jornada Jalisco, Morelia, Mich., edición 3 de agosto 2006.

18 “Guadalajara suspende el uso de armas eléctricas”, Público, 9 de agosto de 2006, pág. 13.

19 “Salen a la calle las 10 pistolas eléctricas. No son letales sino inhibidoras, dijo el Secretario de Seguridad Pública”, declaraciones de Carlos Nájera publicadas en El Nuevo Siglo de Guadalajara, edición 30 de agosto de 2006, pág. 5. “En cuanto tengamos la capacitación en unas semanas más, yo creo que ya estarán en la calle estas herramientas”, declaró al reportero Luis A. Fuente de Notisistema, el jefe policíaco, el mismo día.

20 “Aún hay dudas, pero usarán las armas eléctricas”, Público, 1 de septiembre 2006, pág. 10.

21 “Queja en la CEDHJ por las pistolas Taser”, presentada por Fernando Vázquez, víctima de las controvertidas armas, Público, 18 de octubre de 2006.

22 Sobre las modalidades de este tipo de tortura como forma de control social y sus perniciosas secuelas, ver: Miguel Matraj. “Efectos de la tortu-

notas

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ra sobre la dinámica familiar”, en la obra colectiva: Psiquiatría, Política y Derechos Humanos, Ed. Plaza y Valdes/UAM Xochimilco, México, D.F, 1987, pp. 125-129. Sobre el uso de la tortura psicológica en los actuales tiempos de intolerancia, de impunidad, de avaricia disfrazada de justicia, de renacimiento del fascismo y de racismo recalcitrante, impulsados desde Washington, Nueva York y Londres por las políticas neoliberales hegemónicas, consultar el “best-seller” de GORDEN THOMAS: Las torturas mentales de la CIA, Ediciones B Grupo Zeta, Madrid-México. 2002.

23 Ver al respecto el Informe de 1990, intitulado: México: Tortura e impunidad, Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Soria, España, 1991, pág. 28 a 30.

24 “Ahora es ‘científica’ la tortura en Jalisco”, entrevista del periodista Víctor M. Chávez Ogazón al Lic. Mauro Gallardo Pérez (CEDHJ), con motivo de la inasistencia de funcionarios de la Procuraduría al Curso-Taller “La investigación y Documentación de la Tortura, Aspectos Jurídicos y de Salud”, que en esa fecha llevó a cabo la CEDHJ en Guadalajara.

La cifra de quejas por tortura abarca el lapso Enero-Diciembre (primera semana). Cfr. El Occidental, OEM, Guadalajara, Jal., 8 de diciembre de 2004, artículo de primera plana.

25 “Detenciones que duelen”. Nota que publicó el matutino Mural, Zapopan, edición del 6 de diciembre de 2004, pág. IB. 26 Ante los mitos, errores y frecuentes motines que agravan la situación de las cárceles mexicanas, las autoridades han tomado diversas iniciativas.

En Jalisco, en 1999 arrancó el programa de los Centros Integrales de Justicia Regional, a fin reforzar la seguridad en los municipios. El entonces secretario de seguridad pública, Daniel Ituarte, dijo que para 2001 estarían listos 8 CEINJURES, aunque incluía la de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Comenzaron a operar en el 2004, cuando el Núcleo Penitenciario de Puente Grande reportaba una población de 9,629 internos y una capacidad real de 5,343 espacios. “CEINJURES: Soluciones a medias” (2 partes), en Mural, 15 y 16 de Noviembre 2004. Recomendamos el ensayo de Miguel Sarre I., Tercer Visitador de la CNDH: Diez mitos que agravan la situación de los DH en las cárceles mexicanas, inédito, México, DF., 1995.

27 “Autonomía de la CEDHJ, en entredicho”, nota de Rubén Alonso en Público, de la misma fecha.

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28 Ante el fracaso del AIDRE y la explosividad en las prisiones locales y regionales, las autoridades estatales establecieron –en 1999- el programa de los Centros Integrales de Justicia Regional en Jalisco 29 “Hay tortura: CEDHJ”, nota aparecida en El Informador, Guadalajara, Noviembre 4 de 2004.

30 “Asegura que no dan pruebas de tortura”, nota de Mural, 7 de diciembre/04, sección “Comunidad”, donde Ramírez Acuña desestima las cifras que maneja la CEDHJ en torno a la tortura, bajo el silogismo: “Como siempre. Son muchas las denuncias de tortura interpuestas contra los cuerpos policíacos en Jalisco, pero nadie prueba” (sic).

31 El “Comunicado” suscrito por el presidente de la CEDHJ, 3 de junio de 2004, consta de 4 páginas, y fue publicado ese día en gran parte de la prensa escrita, donde puede consultarse.

Capítulo 4 1

CNDH. Informe Especial ...., pág. 29.

2 R. Páramo Ortega. El Trauma que nos une. Reflexiones sobre la Conquista y la Identidad Latinoamericana, conferencia pronunciada el 28 de febrero de 1992 en el “Coloquio: América Latina, lo que nos une y nos separa”, en la Biblioteca Iberoamericana de la U. de G., publicado originalmente en la revista “Dialéctica” (Nueva época), Año 16, N° 23-24, Universidad Autónoma de Puebla (UAP), 1993, y en esta ciudad por el Centro para el Estudio y la Investigación Educativa (CEIE), Guadalajara, Mayo de 2003.

3 Según Tzvetan Todorov, México tenía en la víspera de la Conquista, una población de alrededor de 25 millones de habitantes (en el continente: 100), sin embargo, como resultado del proceso colonizador (pacificar, poblar y “cristianizar”) en el 1600 se redujo apenas a 1 millón. “Si alguna vez el término genocidio se ha aplicado con precisión a un caso, ciertamente es a éste. Es un récord, no sólo en términos relativos (una destrucción del orden del 90% y más), sino también en términos absolutos, pues se habla de una disminución estimada de la población de unos 70 millones de seres humanos. Ninguna de las masacres del siglo XX se puede comparar con esta hecatombe”. Cita tomada de Giulio Girardi: La conquista de América, ¿con qué derecho?, Ed. DEI/CAV, San José (C. Rica)- Managua, 1988, pág.

notas

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31. Sobre el impacto espiritual y cultural de la conquista, véanse: Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista (Introducción y selección de M. León-Portilla), Ed. UNAM, México, 1972; y Gabriel de la Asunción Michel P., Rapsodias de Anáhuac (Flor y canto de la destrucción de México-Tenochtitlán), Ed. Amate, Zapopan, Jalisco, 2002.

4 Tomado de Adalberto Gonzalez Morfin, S.J.-Jose A. Llaguno, S.J.Francisco X. Scheifler, S.J. Trilogía de Hispanidad, Editorial Jus, Mexico, 1948, pp. 196-203.

5 Manuel FALCON. La Conquista del Antiguo Oeste mexicano... o de cómo se conquistó Jalisco, Ed. Ayuntamiento de Guadalajara (19921995), Guadalajara, 1994, pp. 1 a 9.

6 Sobre la vida, obra pastoral y práctica jurídica del primer Obispo de Chiapas, pueden consultarse, entre otros autores: J. Carlos Muñóz.

Bartolomé de las Casas, una voz acusadora, Ed. REI México, 1992; Juan Friede. Bartolomé de las Casas, precursor del anticolonialismo, Ed. Siglo XXI, México, 1974; J. Oliva de Coll. La resistencia indígena ante la Conquista, Ed. Siglo XXI (con motivo del V Centenario de su nacimiento), mismo año y ciudad; y José Martí. El padre las Casas, Edición crítica, Ed. Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2001.

7 Fray Bartolomé de Las Casas. Doctrina (Prólogo y Selección de Agustín Yáñez), UNAM, México, D.F., 1973, Col. Biblioteca del Estudiante Universitario N° 22, pág. 103.

8 La version mas antigua y apegada a la realidad sobre la tortura y muerte de Caltzontzin, nos la proporciona el anonimo autor de la Relacion de Michoacán, Edicion de Leoncio Cabrero Fernandez, Dastin, Madrid, 2003, pp. 266-280, 284-293.

9 Sobre la vida y obra del ilustre prelado michoacano, integrante destacado de la Tradición Hispanoamericana de los DH por su incansable lucha por la dignidad de los indígenas y demás perseguidos por la conquista del catolicismo del Siglo XVI, ver la obra del jalisciense Juan Manuel Hurtado. Don Vasco de Quiroga. Una visión histórica, teológica y pastoral, Ed. DABAR, México, 1999.

10 Al respecto, véase la investigación del proceso realizado por Richard E. Greenleaf, en: La Inquisición en Nueva España. Siglo XVI, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1981, pág. 19.

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11 Sobre el uso del potro en la “tortura judicial” dentro de los procesos inquisitoriales, ver: R.E. Greenleaf, op. cit., pp. 213-215; Arthur Stanley Turberville. La Inquisición Española, Ed. Fondo de Cultura Económica/ Breviarios Nº 2, México, 1948; Solange Alberro. Inquisición y Sociedad en México (1571-1700), F.C.E., México, 1988. La Inquisición fue suprimida en 1819 por las Cortes de Cádiz; y, José Toribio Medina. Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, Ed. Fuente Cultural, México, 1952.

12

A.Stanley Turberville, op. cit., pp. 118-129.

13 M. León-Portilla. La flecha en el blanco. Francisco tenamaztle y Bartolomé de Las Casas en lucha por los derechos de los indígenas 15411556, Ed. Diana/El Colegio de Jalisco, México, 1995, pp. 43-44.

14 Sobre los episodios militares desde el punto de vista teologico y juridicopolitico en que participa Tenamaxtli, se recomiendan los trabajos de Pedro Trujillo Garcia, Tenamaztli (1505-1558), Gran Caudillo Cazcan, Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, Tenayuca, Zacatecas, 1988; y Alberto Carrillo Cazares: El debate sobre la Guerra Chichimeca, 1531-1585, El Colegio de Michoacán/El Colegio de San Luis, 2000, Volumen I, pp. 163-193.

15

Ibid, pág. 106-107.

16

Ibid, pág. 116-117.

17 Acertadamente así los denomina el citado jurista de Aguascalientes, J.A. de la Torre, en su libro Apuntes para... pág. 63 18 Al respecto la vasta obra del jurista y colega Jesús A. De la Torre Rangel. Apuntes para una Introducción Filosófica al Derecho, Ed. Jus, Colec.

Estudios Jurídicos N° 19, Aguascalientes, Ags., 1992, pp. 63 a 81.

19 Sobre las aportaciones juridicas de Tenamaxtli a la Tradición Hispanoamericana de los DH, consultar el trabajo inedito de Brigida del Carmen Botello A., Carlos Mercado C. y Oscar Gonzalez Gari: Francisco Tenamaxtli, Comienzo de una lucha sin conclusión, Guadalajara, Jal., Junio-Agosto 2005.

20

A. Carrillo Cazares, El debate…, pag. 163.

notas

321

21 Citado por la historiadora Lilia V. Oliver Sánchez, en su obra: El Hospital Real de San Miguel de Belén, 1581-1802, Ed. Universidad de Guadalajara, 1992, 1a. Ed., pág. 31.

22 Compartimos y citamos a José Joaquín Izquierdo. Montaña y los orígenes del movimiento social y científico de México, Ed. Ciencia, 1955, pág. 88.

23 Tal levantamiento es designado por los historiadores novohispanos y contemporáneos como la “Guerra” o “Rebelión del Miztón”. Ver al respecto el citado estudio de León-Portilla. La flecha en el blanco...; y de José Ma. Muriá. Sumario histórico de Jalisco (Prólogo M. León-Portilla), Ed. Gráfica Nueva/EDUG, 2a ed. 1999, Guadalajara, Jal., pp. 64-70.

24 J. B. Iguíniz. La Antigua Universidad de Guadalajara en “Lecturas históricas de Jalisco”. Antes de la Independencia, UNED, Guadalajara, Jal., 1982, vol. II, pág. 339.

25 Entrevista a Guillermo García Oropeza (escritor, cronista y periodista tapatío), difundida bajo ese título en Público, domingo 11 de Febrero de 2001, pág. 8-9.

26

Oliver cita obras y datos del padre Tello al respecto, op. cit., pág. 49.

27 Respecto a la criminogénesis y evolución de este par de transgresiones a los DH en Jalisco, ver: Gobierno del Estado de Jalisco. Testimonios de la esclavitud en la Nueva Galicia, Ed. UNED/Secretaría General, Guadalajara, 1985.

28 “La muerte en la cruz o la tortura en tiempos de Cristo”, artículo de Myriam López Blanco, publicado en los diarios El Mundo (España) y Siglo 21 de esta ciudad, Sección “Vida & Cultura”, 14 Abril 1995, pp.

2-3. Recomendamos ampliamente el reciente libro del historiador Juan Real Ledezma. El enjuiciamiento criminal de Cristo, Ed. ITESO/U. de G., Tlaquepaque, Jalisco, 2003.

29 Prueba fehaciente de tal actitud son las frecuentes declaraciones, controversias y “exabruptos” en que se ha involucrado el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, desde su retorno a esta sede en 1996, a partir de su postura en torno al “Caso Posadas” (su predecesor), donde han aflorado su animadversión al exprocurador Carpizo y el apoyo al Gobierno de Jalisco (PAN y sectores de ultraderecha, “Grupo Jalisco”). Su postura ha llevado al catolicismo oficial a chocar abiertamente con el “ombudsman” mexicano: “La CNDH en entredicho”, encabezado del Semanario Arqui-

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diocesano, N° 395, Guadalajara, Jal., 29 agosto 2004, a pronunciarse por el releccionismo y a frases tan desafortunadas como: “Dios quiere mucho a los pobres, por eso hay tantos” (cf. Público edición 27 septiembre 2004).

Y no sólo esto, sino que actúa a contracorriente de otros obispos, como es el caso de Felipe Aguirre Franco, Arzobispo de Acapulco, quien el pasado 8 de noviembre de 2003, elogió la labor investigadora del Fiscal Ignacio Carrillo Prieto (Femospp) para castigar a represores guerrerenses (cf. La Jornada, 9 Diciembre 2003, pág. 13).

30 La Red comparte la solvente opinión y diagnóstico de Amnistía Internacional (AI), en su Informe México: Tortura e Impunidad, EDAI, Londres-Madrid, Mayo de 1991, pág. 5.

31 Organo desconcentrado de la SEGOB, creado el 6 de Junio 1990, en un Acto encabezado por el presidente Salinas de Gortari en Palacio Nacional, donde dispuso colocar al frente del organismo al Dr. Jorge Carpizo M. (exrector de la UNAM).

32 CNDH. Decreto Constitucional, Ley y Reglamento Interno de la Comisión Nacional de DH, México, 1992, pp. 9 a 13.

33 “Algunas reflexiones sobre la tortura en México”, ensayo publicado en la Revista Jurídica Jalisciense, N° 6, Instituto de Investigaciones Juridicas/Universidad de Guadalajara, Agosto 1993, dedicado al tema: “Los Derechos Humanos (III)”, pp. 127ss. En gran parte, Barragán sustenta estas lúcidas reflexiones en sus obras previas: Temas del liberalismo gaditano, UNAM, México, 1978; Algunos documentos para el estudio del origen del Juicio de Amparo, UNAM, México, 1980, pp. 51, 134-141; y en El juicio de responsabilidad en la Constitución Mexicana de 1824: Antecedente inmediato del amparo, UNAM, México, 1978.

34 Ibid, pág. 140-141. Este problema también lo examina con amplitud Barragán en su libro: Los derechos humanos en México, EDUG, Guadalajara, Jal., 1993.

35 Ver al respecto: JEAN MEYER. Hidalgo, Ed. Clío (Serie “La antorcha encendida”), México, 1ª. Ed. 1996; ALFONSO GARCIA RUIZ. Ideario de Hidalgo, Ed. CONACULTA (Colección “Cien de México”), México, D.F, 1992; LUIS VILLORO. El proceso ideológico de la revolución de Independencia, Ed. Cien de México/Conaculta, México, DF., 1986; LUIS CASTILLO LEDON. Hidalgo. La vida del héroe, Ed. REI

notas

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México, 1992; CARLOS HIDALGO R. El humanismo de Miguel Hidalgo y Costilla, Ed. Comisión Estatal de DH Jalisco, Zapopan, Jal., 1994; y la reciente novela histórica de J. LUIS MAZOY CURI: ¿Hidalgo?... el bribón del cura, Ediciones P7, México, DF., 2003, difundida en Proceso, N° 1383, Ed. CISA, México, DF., 4 mayo 2003, pp. 10 a 14, con ocasión celebrarse el 8 de mayo el 250° aniversario de su nacimiento.

36 El texto íntegro de los bandos abolicionistas y un excelente análisis, podemos encontrarlo en el extraordinario ensayo y compilación de Carlos Herrejón Peredo: Hidalgo. Razones de la insurgencia y biografía documental, Ed. Cien de México/SEP/CONAFE, México, 1986. Respecto a los Bandos de abolición y restitución de tierras a los naturales de Hidalgo, compartimos el criterio positivo del segundo ombudsman nacional, Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, que considera esa proscripción como el fundamento mayor y primigenio del Constitucionalismo Mexicano. Cf. Derechos Humanos: el nuevo enfoque mexicano, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1993, pp. 28-37.

37 Carlos Fregoso Genis. El Despertador Americano. Primer periódico insurgente de América, Universidad de Guadalajara, 2001.

38

J. Madrazo, op. cit., pág. 28.

39 Obra del presbítero Fco. Severo Maldonado, quien se oculta bajo el título: “Por un ciudadano del Estado de Xalisco”, impresa en Guadalajara en la imprenta de la viuda de D. José Fruto Romero, en 1823, pág. 41.

40 En la lucha ininterrumpida por los DH en México, que despierta con Hidalgo y continúa hasta nuestros días, ocupa un lugar privilegiado el documento preparado por José María Morelos, conocido como “Los Sentimientos de la Nación”, y cuyo título real fue “23 puntos dados por Morelos para la Constitución”, proyecto que puso en manos del Congreso de Chilpancingo para que éste promulgase la primera Constitución dictada en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, con el nombre de “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”.

41

J. Madrazo, op. cit., pág. 38.

42 Opinión que sustentó el Dr. Jesús Zamora Pierce en su ponencia publicada en las Memorias de la Jornada Nacional contra la Tortura, realizada del 15 al 19 de octubre de 1990 por la CNDH en Ciudad de México.

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La CNDH publicó en 1991: Jornada Nacional Contra la Tortura. Memoria, Ed. CNDH, Serie 1991/4, México, pág. 102. En el Capítulo IV: “La tortura en el marco jurídico en México”, destacha dicha ponencia.

43 “Se aprobó la Ley contra la Tortura”, Siglo 21,, Guadalajara, Jal., 10 Diciembre 1993, primera plana y pág. 5, entre otros.

44 Esta afirmación tiene sustento en investigaciones científicamente respaldadas, como la del académico Jorge Regalado Santillán: Política y acciones colectivas en el occidente de México, Ed. Universidad de Guadalajara/CUCSH, 2000, quien destaca el papel y contribución de las ONGs de Jalisco, en el capítulo “Política, actores y movimientos sociales en la región centro-occidente”, pp. 269-278 (cuya lectura recomendamos).

45 Respecto al aporte de esa ONG precursora, véase la investigación de Laura O’Dogherty Madrazo: De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco, Ed. Conaculta/Dirección de Publicaciones UNAM, México, D.F., 2001, pág. 68ss.

46 Informes de la Red Nacional de Organismos Civiles de DH “Todos los Derechos para todos”. La impunidad persistente”, Ed. IMDEC/Centro de DH “Miguel A. Pro”/Centro Potosino de DH y Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los DH, Guadalajara, Jal., Abril de 1993; y CNDH: Impunidad y tortura, México, D.F., 1997 47 Según reporte del consul norteamericano Samuel E. Magill, los informes sobre la identidad de los detenidos durante las manifestaciones antiyanquis del 10 y 11 de noviembre de 1910, y de los arrestados por motivo de la “revolución” que había de estallar días después, se archivaron juntos. Esto le impidió al cónsul –y a nosotros- determinar el número, origen y condición social de los implicados en cada incidente. Cfr. Carta de Magill al Secretario de Estado norteamericano, 24 de diciembre de 1910. “National Archives. Record Group 59 Estate Departament Records 812.00/615”, Washington, D.C. citada por los historiadores Servando Ortoll y Avital H. Bloch, en su ensayo “Xenofobia y nacionalismo revolucionario: Los tumultos de Guadalajara, México, en 1910”, publicado en la revista Cristianismo y Sociedad, Nº 86, Ed. ASEL/Tierra Nueva, Buenos Aires-México, 1985, Cuarta Entrega, pág. 63.

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48 Por ejemplo, véanse los trabajos: Frederick C. Turner, “Anti-Americanism in Mexico, 1910-1913”, en la Hispanic American Historical Review, Nº 47, pp. 502-518; y Servando Ortoll, “Turbas antiyanquis en vísperas de la revolución del diez”, Boletín del Archivo Histórico de Jalisco Nº 1, Guadalajara, 1983, pp. 2-15 y “¡Viva México! ¡Mueran los yanquis!: Un estudio en vísperas de la revolución”, trabajo presentado en la Primera Conferencia General de HISTORIA de la Iglesia en América Latina, CEHILA, México, D.F., octubre de 1984.

49 Según Magill, “Después de las once de la noche de cada 15 de septiembre, el elemento rudo de Guadalajara trata de dañar la propiedad americana, y a veces lo ha logrado”. Según el cónsul la “chusma” que se reunía a la celebración del “grito” tenía el hábito anual de caminar por las calles después de las 11 de la noche de cada 15 de septiembre gritando: “¡Viva México! y ¡Mueran los yanquis! o los “gachupines”, según fuera el caso, tras apedrear y romper las ventanas de casas y comercios extranjeros, como desahogo a sus sentimientos. No intuye que en la memoria popular todavía dolía la pérdida del 55% del territorio nacional en la injusta Guerra de 1847 del gobierno filibustero de EE.UU. contra México. Ibidem. También consultar: Gastón García Cantú. Las invasiones norteamericanas en México, Ed. FCE, 1ª ed. 1996, México, pp. 94 a 107.

50

S. Ortolll y A.H. Bloch, op. cit., pág. 65.

51 “Deplorables sucesos de anoche”, El Regional, Guadalajara, Jal., 24 mayo de 1911, pág. 2.

52 Laura O’Dogherty Madrazo. De urnas y sotanas. El PCN en Jalisco, Ed. CONACULTA, México, DF., 2001, pág. 119.

53 Versión de Demetrio Loza (1937), que transcribe el historiador de la Cristíada: JEAN MEYER, en Anacleto González Flores (1888-1927).

El hombre que quiso ser el Gandhi mexicano, Ed. Fundación Emmanuel Mounier/Imdosoc, México, 2002, pág. 85.

54 Cita tomada del impreso: Lic. Anacleto González Flores. “Martirio” 1 de abril de 1927, Ed. UNS/PDM, 1980, pág.23.

55 134 Al respecto es recomendable: María Alicia Puente Lutteroth. Movimiento Cristero: una pluralidad desconocida, Ed. Progreso, México, 1ª ed. 2002.

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56 Sobre los 25 años que González Luna dedicó a la “política alternativa” y a la democracia en México, a través del PAN, ver: JORGE ALONSO. Tras la emergencia de la ciudadanía. Un acercamiento a la personalidad política de Efraín González Luna (2 volúmenes), Tomo I: “El compromiso partidario”, Ed. ITESO, Tlaquepaque, Jalisco, 1998; y el libro editado por el Comité Directivo Estatal PAN Jalisco. Seminario Internacional del pensamiento de Don Efraín González Luna, Coed. PAN/Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C./Programa de Estudios Europeos de la U. de G./UNIVA e ITESO, Guadalajara, 1999. Ambas obras recogen diversas ponencias e investigaciones que se realizaron con motivo del primer centenario de su natalicio en 1898, en Autlán de la Grana, Jalisco.

57 Sergio René de Dios Corona. La historia que no pudieron borrar: La Guerra Sucia en Jalisco, 1970-1985, Ed. La Casa del Mago, Guadalajara, Abril 2004, pp. 185 a 190. Y el capítulo: “Detenciones ilegales y torturas en los años 70”, pp. 45-50.

58 Ver: Efraín González Luna. El fetiche de la estabilidad política, Centro Jalisciense de Productividad, A.C./Ediciones de Occidente, S.A., Guadalajara, Jal., 1965, pág. 6. Aquí el célebre jurista jalisciense profesa su adhesión a la “tradición católica de los teólogos juristas españoles”. Sobre la trascendencia de su vida y obra política humanista, véanse: JORGE ALONSO. Tras la emergencia de la ciudadanía.

Un acercamiento a la personalidad política de Efraín González Luna (Tomo I: El compromiso partidario), Ed. ITESO, Tlaquepaque, Jal., 1998; y Comité Directivo Estatal PAN Jalisco. Seminario Internacional del pensamiento de Don Efraín González Luna, Ed. PAN/Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C./Programa de Estudios Europeos de la U. de G./UNIVA e ITESO, Guadalajara, 1999 (el evento se realizó con motivo del primer centenario de su natalicio, en Autlán de la Grana, Jal. 1898).

59 “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 27 Noviembre de 2001.

60 Varios. “Guerra sucia: Memoria y justicia”, Revista Nexos, N° 319, Julio de 2004, pp. 15 a 45.

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61 Sobre su participación en la masacre de Tlatelolco, el “Jueves de Corpus” (Junio de 1971) y la “Guerra Sucia” ulterior, recomendamos los libros de Julio Sherer García y Carlos Monsiváis: Tiempo de saber. Prensa y poder en México, Ed. Aguilar Nuevo Siglo, México, 2003; y Los patriotas.

De Tlatelolco a la guerra sucia, misma editora, 2004, donde este evento es omitido por razones obvias.

62 Testimonio inédito del Lic. O. González Garí (1980), que se transcribe en sus partes esenciales.

63 I. Carrillo Prieto. Arcana Imperio. Apuntes sobre la tortura, Coed.

INACIPE/Themis, México, 2002, pág. 1.

64 Al concluir la “Guerra Fría” que enfrentó entre 1945 y 1990 a las potencias del Este (URSS) y el Oeste (EE.UU.) y dividió al mundo en tres mundos excluyentes (Primero: EU y Europa; segundo: países del “bloque socialista”; y el tercero: integrados por los países empobrecidos del Sur subdesarrollado y saqueado durante siglos por el feudalismo y el colonialismo europeo y norteamericano), flagelando en mundo con diversos tipos de guerra político-ideológica, ante la debacle del “socialismo histórico” surgió el Modelo Neoliberal que impulsa el desarrollo del mundo unipolar (conducido por el Gobierno de los EE.UU. y sus “socios”), sustentado en una competencia salvaje. A la par emergen cientos de movimientos sociales, étnicos, ecológicos, políticos y religiosos que impulsan y reivindican la creencia en que “otro mundo mejor es posible”. De ahí el concepto altermundismo. Ver al respecto: INGEMAR HEDSTRÖM. ¿Volverán las golondrinas?. La reintegración de la creación desde una perspectiva latinoamericana, Ed. DEI, San José –Costa Rica, 1988; FERNANDO MIRES. La revolución que nadie soñó o la otra Posmodernidad, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1996; y Fundación Amerindia (varios autores). Globalizar la Esperanza, Ed. DABAR, México, D.F., 1998.

La Agenda Latinoamericana-Mundial 2003-2004: ¿Cómo debería ser el ‘otro mundo posible’?, co-editada por José María Vigil y Pedro Casaldáliga, en Managua-Panamá; y en México, publicaciones como “En Defensa de la Utopía”, revista Ixtus.Espíritu y cultura, N° 45, Año XI, Ed. Jus/Arnión, A.C., Cuernavaca, Mor., 2004, son expresiones propias de esta cultura alternativa que se viene abriendo paso a contracorriente del modelo de desarrollo excluyente y ecocida.

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Capítilo 5 1 La CNDH nunca emitió una resolución para sancionar este grave atropello a los DH del señor delgado y su familia; pero la prestigiada Amnistía internacional (AI) difundió el caso en su ya citado informe de 1991, pág. 24.

2 El conflicto se suscitó porque el entonces procurador Enrique Alvarez del Castillo –exgobernador estatal- rechazó las recomendaciones 9/90 y 12/90 de la CNDH. En sus primeros meses de trabajo, la mayoría de las recomendaciones recibían respuestas negativas o parciales, aceptación sin pruebas de cumplimiento, dilación en las investigaciones y jamás se reportó la consignación de algún agente, comandante o agente del MPF. Las quejas por tortura del músico Rubén Oropeza motivaron la recomendación 11/90; Alvarez del Castillo declaró que Oropeza se habría golpeado a sí mismo; y la recomendación 29/90 sobre el alcalde de Aguililla, Michoacán, antecedieron a la remoción del subprocurador de Lucha contra Narcotráfico, Coello Trejo, el 15 de octubre de 1990. Su destitución produjo un abanico de respuestas: La DEA lamentó haber perdido ‘un gran comandante’. Teresa Jardí, asesora del COSYDHAC de Chihuahua dijo que la gestión de Coello fue ‘la más nefasta’ de cualquier jefe policíaco en la historia del país. El PAN exigió su consignación. La tensión entre la CNDH y la PGR culminó con la remoción de Alvarez del Castillo siete meses más tarde (21 mayo 1991). La medida se asoció con un intento de espionaje telefónico en las oficinas de Jorge Carpizo, aunque ninguna versión atribuyó el asunto a la PGR. Alvarez fue nombrado director del BANOBRAS. Entre junio de 1990 y junio de 1991, la CNDH registró 563 quejas contra la PGR, la mayoría por tortura y detenciones arbitrarias.

Cuando el Gral. Jorge Carrillo Olea relevó a Coello y disminuyó la tortura, pero no desapareció tal patrón de violaciones. Ver: “Antinarcotráfico y lucha contra la impunidad”, Este País, N° 11, Febrero 1992, pág. 2 a 4.

3

“Agentes Antinarcóticos y Derechos Humanos”, Este País, pág. 2-3, 6-7.

4 Del mismo autor, su artículo: “Del 1-VI-1992 al 28-V-2004”, en Público, 18 Agosto 2004, pág. 18 5 Esta información consta en la denuncia que Oscar González, Secretario y cofundador de la AJDH (1990) y esta RED (1993) presentó en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), en octubre de 1997, pág. 29-30. La CIDH estudió el asunto en el expedien-

notas

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te Caso 11.823 “Explosiones del Sector Reforma de Guadalajara, Mexico”, habiendo actuado durante 5 años en la investigación del magnicidio.

6 Cita tomada a manera de síntesis de la revista Proceso, num. 894, México, 20 de diciembre de 1993, pp. 16-17.

7 Sobre los funestos sucesos en este lugar de la remota Chihuahua, recomendamos el libro de Elva A. Gómez: Cosyddhaac: Inventario de vida.

Seis años de lucha por los DH, Comisión de Solidaridad y Defensa de los DH, AC/Fundación Tarahumara-José A. Llaguno, Chihuahua, Chih., 1994, que culminó en el primer juicio popular a militares involucrados en violaciones a los DH de los indígenas tepehuanos (año 1981), pp. 21-26, 48-49, y 143 a 149.

8 “El juicio al general Gallardo, por injurias, difamación y calumnias contra el Ejercito Mexicano”, articulo de Roberto Zamarripa, en el mismo Proceso núm. 894, pág. 14-15.

9 “Replica el Director de FORUM: violación evidente de la libertad de expresión”, op. cit., pp. 18-19.

10 Cf. A. Internacional. La disidencia silenciada-El encarcelamiento del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, Secretariado Internacional de AI, Londres, Mayo de 1997, Exp. AMR 41/31/97/s, pág. 1.

11 Resuelto en el Informe No. 43/96 de la CIDH, en la sesión 1322, celebrada el 15 de octubre de 1996, Secretaria General de la OEA, Washington, DC. 12 OEA. 93º período de sesiones: Informe Nº 43/96 Caso 11.430 México, CIDH, documento OEA/Ser/L/II.93, aprobado el 15 de octubre de 1996, pág. 13 a 20.

13 Entre cientos de volantes que fueron publicados y distribuidos por la CMDPDH y la familia Gallardo, llego a nuestras manos uno de 1997, cuyo encabezado es ilustrativo: “!Libertad incondicional e inmediata al general Gallardo!”, siendo firmada por Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Barra Nacional de Abogados AC, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro, AC., Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos y la Red nacional de Organismos Civiles de DH “Todos los Derechos para Todos”.

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14 Oficio núm. 88/97 AJDH, firmado por el Secretario General de la A.C., con copia a la presidenta de la CEDHJ, Ma. Guadalupe Morfín Otero (periodo 1997-2001). Cf. “Piden un pronunciamiento contra la detención del general Gallardo”, en El Informador, Guadalajara, Jal., lunes 17 de noviembre de 1997, pág. 4-B. 15 Sobre este caso la revista “Proceso” también ha informado a nivel nacional. Cfr. Proceso núm. 894, ya citado, pág. 21: “El 8 de mayo, el teniente Orlando Muñoz telefoneo a su familia, anuncio que lo iban a ascender y desapareció”.

16 Carta de “Madre desesperada al Director del diario Siglo 21”, con fecha 6 de diciembre de 1997, Siglo 21, Guadalajara, Jal., 14 febrero de 1998, con copias a AI, CNDH, Eureka, CMDPDH, PRODH, ACAT México y la AJDH. 17 Entre muchas, ver: “Pide desistimiento en los cargos contra Gallardo”, carta enviada al Presidente Ernesto Zedillo por la familia Gallardo Enríquez, publicada en Proceso, Nº 1107, México, D.F., 18 de enero 1998, pág. 80.

18 El exombudsman nacional, Jorge Madrazo Cuellar, los considera con justa razón el fundamento más remoto e importante del constitucionalismo mexicano, en el capítulo IV de su libro: Derechos Humanos: El nuevo enfoque mexicano, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1ª ed, 1993, pp. 28-31.

19 Sobre la realidad lacerante de la esclavitud actual y su génesis histórico-política, se recomienda: Ettore Ciccotti: La Esclavitud en Grecia, Roma y el Mundo Cristiano, Apogeo y ocaso de un sistema atroz, Ed. Círculo Latino, Barcelona-México, D.F., 2005.

20 Discurso del Gral. Brig. J. Francisco Gallardo R., preso en el Campo Militar Nº 1 del Distrito Federal desde el 9 de noviembre de 1993 por pedir la creación de un ombudsman militar en México, Diciembre 1997, archivo RJDH 21

Citado por J. Madrazo C., op.cit., pág. 29

22 Citada en el compendio de la Secretaría de Relaciones Exteriores: Derechos Humanos. Instrumentos de protección internacional, Ed. Programa de Cooperación sobre DH México-Comisión Europea, México,2004, pág. 34.

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23 Diputado local del PAN y miembro de la AJDH. Falleció con otras 4 personas en accidente automovilístico en el kilómetro 14.5 carretera Irapuato-Abasolo, el sábado 24 de julio de 1993. Cfr. Siglo 21. Libro del Año 1993, pág.126.

24 “Machado de sangre, de principio a fin, el sexenio de Salinas de Gortari”, Proceso, México, D.F., octubre 3 de 1994.

25 Al respecto recomendamos: Juan M. Ramírez Sáiz y Jorge Regalado. ¿Olvidar o recordar el 22 de Abril?,. La fuerza política de la Memoria Colectiva, Ed. CUCSH/DEMOS/Universidad de Guadalajara, 1995.

26 Víctor M. Ramos. Muerte de un príncipe, Ed. Conexión Gráfica, Guadalajara, Jal., 1993.

27 “Crece la presencia militar en la sierra de Guerrero”, nota de Siglo 21, Guadalajara, 11 de junio 1994, pág. 17.

28 Human Rights Watch/Americas. Deberes incumplidos. Responsabilidad oficial por la violencia rural en México, HRWA, Washington, 1997, 2ª ed. en castellano, pág. 27-28.

29 “Riviello niega que hayan aumentado las tropas en Guerrero”, Siglo 21, Guadalajara, 11 de junio de 1994, pág. 17.

30

Cfr. La Jornada, México, D.F., ediciones del 29 y 30 de noviembre de 1994.

31 Tomamos partes del Informe del DDHAM de la nota de Victor Ballinas: “Inocentes, los guerrerenses presos, declara judicial”, en La Jornada, México, DF, 12 de noviembre 1994, pág. 38.

32 Ibidem.

33 “Detenciones arbitrarias, en la cacería de supuestas bandas de delincuentes ven Guerrero”, Proceso, num. 928, 15 de agosto 1994, pp. 40-41.

34 Ibid, pág. 41.

35 Rosa Rojas. “Revelan la fabricación de zapatistas en Guerrero”, en La Jornada, 3 de diciembre 1994, pág. 56 y 39.

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36 “Revelan la fabricación de zapatistas en Guerrero. Nadie en la PGR atendió sus denuncias”, La Jornada, México D.F., 3 de diciembre 1994, pág. 56 y 39.

37 “Inocentes, los guerrerenses presos, declaró un judicial”, reportaje de Víctor Ballinas en La Jornada, 12 nov. 1994, pág. 60 y 38.

38

Ibid, pág. 38.

39 Estas valiosas declaraciones fueron publicada en Acapulco, por el diario El Sur, de fecha 17 de septiembre de 1994.

40 Maria Teresa Jardí. “Detener abusos policíacos”, La Jornada, 19 de julio 1994, pág. 14.

41 Misma autora: “La peor apuesta”, en La Jornada, 22 de noviembre 1994. Nota: Se refiere a los comicios federales en que resulto electo el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, ultimo presidente de la Republica emanado del PRI. 42 Oficio-comunicado firmado por Lilia Moreno, responsable de la oficina de la SDH del CEN del PRD, México, D.F., fecha 25 de noviembre de 1994, una pagina.

43 Oficio 004/069/Nov.94 del Poder Legislativo, Sala Dip. Esther Solano Zamora, Guadalajara, Jal., noviembre 27 de 1994, dirigido al Lic. Carlos A. Trejo, Visitador de la CNDH, 2 páginas.

44 “Fueron `fabricados´los falsos zapatistas, dice Orbellín Jaramillo, Párroco de Coyuca”, en La Jornada, México, edición 29 de noviembre de 1994, pág. 45.

45 “Piden a la PGR, desistirse de cargos contra 17 reos”, Rosa Rojas, La Jornada, 1º. Dic. 1994, pág. 14.

46 “Revelan la fabricación de zapatistas en Guerrero”, La Jornada, 3 de Diciembre 1994, pp. 56 y 39.

47 “Que se investigue la fabricación de culpables, pide el agente Bado”, La Jornada, parte II de R. Rojas, 4 diciembre 1994, pág. 12.

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48 Este código fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 26 de marzo de 1993, por el Presidente de la Republica, y la PGR lo publica con dicho titulo, en Mexico con fecha abril de 1993. p. 3.

49 Publicado en el mismo Diario Oficial en la misma fecha, y por la PGR bajo ese titulo, 1993. La cita se localiza en la pag. 12.

50 “Piden cesar al subdelegado de la PGR en Guerrero”, El Sur, Acapulco, y La Jornada, 17 diciembre 1994, pag. 20.

51 “Dice Reynoso que hay una campaña en su contra y que representa a la PGR”, El Sur, 14 de enero 1995, pag. 7.

52 “Liberan a uno de los 19 acusados de ser asaltantes, en Guerrero”, citando el diario acapulqueño El Sur, nota de La Jornada, edicion del 11 Enero de 1995, pag. 7.

53 “Destituir al comandante Reynoso, piden legisladores federales del PRI”, misma fuente, dia 12 de enero 1995.

54 “Secuestran por unas horas al judicial que acuso a Reynoso”, diario El Sur, 13 enero 1995.

55 Oficio num. 005/069/EN-95 del Congreso de Jalisco, remitido y presentado en la Delegación de la PGR, Guadalajara, 18 de Enero de 1995, en dos paginas.

56 “Pedirá el Congreso local liberar a 9 presuntos zapatistas”, en La Jornada, edición del 18 enero 1995, pág. 7.

57 Oficio num. 038/95 de la Subprocuradura de Control de Procesos de la PGR, México, D.F., trae una fecha errónea: “23 de enero de 1994”(sic).

58

Cfr. La Jornada, edición 14 de febrero de 1995, pág. 26.

59 La diputada Solano participa en los comicios como candidata del PRD al Ayuntamiento de Chapala, quedando en tercer lugar, pero la historia le dará la satisfacción de haber ganado una batalla previa mas importante que esa: Salvar a su hijo de la tortura y la “desaparición” forzada. Cfr. Tríptico: “Rescatemos Jalisco con Esther Solano, PRD Chapala”.

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60 Lo más importante de la recomendación es que da a conocer los nombres de los “Jefes de Seguridad” que destacan en la espiral de violencia institucionalizada: Nájera... Barrasa, El Charlie,.. y otros más que “con lujo de violencia atentaban contra la vida de los internos”…

61 Red de Organismos Civiles de DH del Estado. Comunicado: Lamentables condiciones de vida en Cárceles de Jalisco, Guadalajara, Jal., 1° junio de 1995. Lo suscriben los representantes de las ONG’s del “Area Penitenciaria”, a saber: Fundación de Reintegración Social del Estado, AJDH, Pastoral Penitenciaria, Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, Colegio Democrático de Juristas de Jalisco y Comité Pro-DH Morelos de Internos de Puente Grande.

62 Secretaría General de Gobierno de Jalisco. AIDRE, Ed. UNED, Guadalajara, Agosto de 1995.

63 El texto íntegro de la Recomendación 104/94 sobre el “Caso de golpes, maltratos y traslados injustificados en el RP de Guadalajara, de fecha 31 de agosto de 1994 y suscrita por el entonces “Presidente Interino” de la CNDH, Carlos Rodríguez Moreno, fue remitida en 29 páginas, el 13 de septiembre, mediante el Oficio 331, por el Encargado de la Dirección de Enlace con Organismos Nacionales e Internacionales No Gubernamentales, Francisco Lara Torres, a la Red de Organismos Civiles de DH del Estado y la AJDH, pues ambas interpusieron la queja 122/93/CNDH. El párrafo citado se localiza en las páginas 9 y 10 del original, fue publicado en la Gaceta de la CNDH correspondiente al mes.

64

Ibid, pág. 3.

65

Ibid, pág. 7.

66 “Programa para equidad de género”, nota difundida en el rotativo Público, edición del pasado 28 de septiembre 2004.

67

Recomendación 104/94...., pág. 19.

68

Ibid, pág. 18-19.

69 Ibidem, pp. 23-24. A tal conclusión se llegó luego que los visitadores de la CNDH comprobaron como cierta y congruente jurídicamente hablando, la versión del “Morelos” respecto a que su participación durante

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la riña que generó el amotinamiento “consistió en proteger a los familiares y visitantes que ese día se encontraban en la terraza ‘A’, de visita familiar... siendo agredidos y afectados por los gases lacrimógenos que disparó indiscriminadamente el Grupo Especial de seguridad” (último párrafo de la página 19).

70 “Integran a Guadalajara al Consejo Regional de Seguridad”, en El Informador, 9 febrero 2001 (Cabildo formalizó la integración de Guadalajara).

71 Ponencia presentada por M. Sarre en el Primer Panel de Procuración de Justicia, convocado por la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, Gto, el 19 de abril de 1996 (tiempos en que el actual presidente de la República era el primer gobernador panista de la vecina entidad), como Tercer Visitador General de la CNDH, bajo el título: Derechos Humanos y Procuración de Justicia, mimeo (inédito), México, D.F., 1999, pág. 5.

72 Durante los trabajos previos de noviembre y diciembre de 1993, brindamos asesoría a los escasos diputados opositores del PAN, PRD y PPJ, que coincidían en una legislación más severa y eficaz.

73 RJDH. Sugerencias y recomendaciones que con motivo de la expedición de la Legislación sobre la Tortura propone la Red de Organismos Civiles de DH en Jalisco, inédito, 11 de noviembre de 1993, y Crítica al proyecto de Decreto que crea la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la TORTURA, inédito, presentado al Congreso el 8 de Diciembre de 1993, a través del Lic. Juan Carlos Henríquez M., 3pp. Oficio Nº 032/94 del coordinador jurídico de la AJDH, oficina de enlace de la Red, presentado el 29 de Agosto de 1994 a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos de la LIIIª Legislatura del Estado con cuatro anexos.

74 BARRAGAN B., JOSE. “Algunas reflexiones sobre la tortura en México”, artículo publicado en la Revista Jurídica Jalisciense, Nº 6, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara, Agosto de 1993. Y GONZALEZ GARI, OSCAR. ¿Podrá terminar con la institución de la tortura en Jalisco una iniciativa de ley especial?”, inédito, RJDH, 24 Noviembre 1993, 11pp.

75 Instituto Interamericano de D.H. Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Un manual para la prevención, Coed. IIDH/ Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), San José, 2004.

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76 “Firmó México el protocolo contra la tortura y tratos crueles de la ONU””, cable proveniente de Nueva York, que publicaron La Jornada y el diario local El Informador en su edición del 24 septiembre de 2003, pp. 15 y 10-A respectivamente. Las notas dan cuenta del “compromiso del presidente Fox” para que la PGR disponga de una estrategia para la detección de casos de tortura.

77 Tomado del escrito manuscrito en 5 páginas de Oscar Morales P. al Presidente de la CEDHJ, 24 de febrero de 1994.

78 Esta recomendación nunca fue publicada en la Gaceta “6 de Diciembre” de la CEDHJ, violando las disposiciones de la Constitución, la Ley y el Reglamento del organismo público. En nuestro poder, obra una copia del Oficio RS1865/94 del 3 de mayo de 1994, en que el Director Operativo de la CEDHJ, Mario Lamas Guzmán, le remite a Morales copia de la resolución emitida (fallidamente, diríamos nosotros).

79 La recomendación 104/94 fue publicada en la Gaceta num. 49 de la CNDH, Mexico, D.F., Agosto de 1994, pp. 89-97.

80 Ver nota de Mireya Cuellar sobre recluso “ayunante” (Rafael Avila M., del mismo Comité “Morelos”), en La Jornada, Mexico, D.F., 11 septiembre 1994, pag. 21. octubre 81 Resultado de una investigación realizada por el Lic. Oscar Gonzalez G., consejero de la AJDH y la CEDHJ, secretario de la Red Jalisciense de DH. Cfr. Oficio 58/94, AJDH, Guadalajara, Jal., 20 de 1994.

82 Citas tomadas de las “evidencias” de la Recomendación 104/94 de la CNDH. 83 M. Sarre. Diez mitos que agravan la situación de los derechos humanos en las carceles mexicanas, mimeo, 1995, pag. 3 a 5.

Capítulo 6 1 Datos tomados de un boletín dedicado a los “revolucionarios caídos en la lucha”, que suscriben en Guadalajara el 29 de septiembre de 2003, sobrevivientes de la “Guerra Sucia”. El boletín refiere como organismos de aquel fallido intento de revolución al FER, a la Liga Comunista 23 de

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Septiembre (LC23S), a las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) y a la Unión del Pueblo (UP).

2 “Origen de la inseguridad”, artículo publicado por Zaid en Público, Guadalajara, 25 de enero 1998, pág. 15.

3 Tomado de la Guia del Taller de Capacitacion redactado por V. M. Ramos Cortes, Victor H. Avila B. y Eduardo Reyes L.: Manual de derechos humanos y seguridad publica, AJDH, A.C., Guadalajara, Jal., 1998, p. 1-19.

4 Sexta recomendación enviada por la CNDH al Estado de Jalisco, y primera donde se acredita un caso de tortura, precisamente ocurrida en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

5 Ver reportaje de Agustín del Castillo: “Generalizada, la violación de derechos por las corporaciones policíacas. Tortura, incomunicación, engaños y detenciones sin orden judicial, tácticas de policías jaliscienses”, Diario Siglo 21, Guadalajara, Jalisco, 2 febrero de 1993, primera plana y página 8. La AJDH fungió como mediador y testigo en la rueda de prensa.

6 RJDH. Memoria del I Coloquio Regional “Los Organismos Públicos de DH ante el problema penitenciario de Jalisco”, inédito, AJDH/Colegio Democrático de Juristas de Jalisco, A.C./Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Casa Loyola, Guadalajara, Jal. 28 de Enero de 1995. En este evento se hizo un riguroso diagnóstico de la situación de los DH de los reclusos y emergieron presagios de la violencia, que unas semanas más tarde envolvieron al Complejo Penitenciario en sus más trágicos y destructivos motines, a que ya nos referimos anteriormente.

7 Entree sus actividades se destacaban: Gestión de espacios públicos de trabajo; creación de un Centro de Medios Independientes y de Convergencia (CMIC); diseño de materiales educativos y de difusión; organización y coordinación de de foros regionales, etc. Cfr. Velasco, D. La Tortura en... pág. 375-376.

8 “Niegan 29 detenidos cargos por hechos violentos en Tláhuac”, en Público, 28 noviembre 2004, pág. 23; y “Ante la CNDH, 21 quejas por arrestos y cateos en Tláhuac. Agentes de PGR violaron derechos”, La Jornada, 30 nov. 04, pág. 43.

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manual contra la tortura en jalisco

9 Macías, Francisco. “Los efectos del linchamiento de San Juan Ixtayopan”, artículo publicado en la revista Nueva Síntesis Nº 82, Equipo Diocesano de Análisis y Discernimiento de la Realidad/Arquidiócesis de Guadalajara, 7 de Enero de 2005, pp. 23ss.

10 “La Cumbre de Guadalajara: Nuevamente afloran violencia y represión”, Nueva Síntesis, Nº 76, Ed. Comunicación Pro Guadalajara, A.C., viernes 2 de Julio de 2004, pág. 5.

11 “La CNDH en entredicho”, Semanario, N° 395, 29 agosto 2004, tema central: “¿Y dónde están todos los derechos humanos?”, pp. 1, 2, 8 y 9. Cf. Artículo del periodista CARLOS FAZIO: “Monseñor Sandoval, lo sucio y lo pulcro”, , publicado en La Jornada, México, D.F. edición del 30 agosto 2004, pág. 25.

12 “El gobernador de Jalisco no castigará la tortura. El trabajo de la CNDH, deficiente: Ramírez Acuña”, en Público y demás medios de prensa de Guadalajara, el 18 de agosto de 2004.

13 Ver desplegados publicados en “inserción pagada” en principales diarios de la metrópoli el ___ de agosto último.

14 Publicado en la revista Insurgencia, número 6, Red Insurgente Cultura con Justicia, intitulado: “NI la reclusión ni la tortura...”, Guadalajara, Jal., Agosto-Septiembre 2004, pp. 5-8.

15

Ibid, pág. 7 y 8.

16 Estas citas fueron publicadas en la Gaceta Universitaria, Nº 373, Universidad de Guadalajara, 3 de Enero 2005, pág. 8.

17

Pocas probabilidades que diputados apoyen amnistía, El Informador, 14 noviembre 2004.

18 “Amenaza de desalojo”, nota de Gloria Reza y Felipe Cobián, en el suplemento Jalisco del semanario nacional Proceso, Nº 1464, 21 noviembre 2004, pág. VI.

Capítulo 7 1 CNDH. Informe sobre la Actuación de la CNDH en el Estado de Jalisco (Mayo 1993-Nov. 1994), México, D.F., Marzo de 1995, 54pp.

notas

339

2 “Estado que guardan las Recomendaciones emitidas por la CNDH de junio de 1990 a Diciembre del 2002”, publicado en la Gaceta de la Comisión Nacional de DH, número 150, Ciudad de México, Enero 2003, pp.

47-131.

3 Informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de DH “Todos los derechos para Todos”. La CNDH: Impunidad y Tortura, México, D.F., 1997, pág. 1 del Anexo 7. Afectado: Phillip Edward Hastings. Autoridades responsables: 3 militares.

4 Primera y última que recibió Guillermo Cosío Vidaurri como Gobernador, antes de las fatídicas explosiones de 1992, causa de su debacle política.

5 Ibid, pág. 3 del Anexo 6. Responsables: 15 elementos PJF. Personas afectadas: Juan Antonio Alvarez-Tostado y 16 ciudadanos más.

6 Ibid, pág. 4 del mismo Anexo 6. Víctima: Antonio Zúñiga Urquieta.

Responsables: 3 militares.

7 Ibid, pág. 5 del mismo anexo. Víctimas: Regino Gómez Martín del Campo y 8 personas más. Autoridades responsables: 5 elementos PGR. 8 Primera que recibirá como “Gobernador Interino”, Carlos Rivera Aceves –último del PRI-, luego de la caída de Cosío.

9 Ibid, pág. 6 del Anexo 5. Víctima: Héctor Puente Lomelí. Responsables: 2 elementos de la Policía Judicial del Estado (PGJEJ).

10 Ibid, pág. 5 del Anexo 4. Víctima William Darío Kerguelen Pinilla.

Responsables: 9 elementos PJF en Guadalajara y México, D.F. 11 Esta interrogación y las subsecuentes se deben a que habiendo intervenido miembros de nuestra RED como quejosos en el procedimiento de la CNDH, carecen de evidencias para que –en efecto- pudieramos considerarlas “cumplidas” por parte de las autoridades.

12 Los antimotines del Estado realizaron detenciones ilegales, secuestro de bienes, actos de incomunicación y tortura psicológica contra estudiantes del ITESO, solidarios con los manifestantes agredidos y desalojados al amparo de la noche.

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manual contra la tortura en jalisco

13 Las recomendaciones que la CNDH remitió a la CEDHJ entre 1994-98 se derivan de recursos de impugnación interpuestos por quejosos inconformes con la actuación y/o resoluciòn de funcionarios de este organismo público, como es el caso –aquí- de Armando Barraza González, que impugnó la resolución del Tercer Comisionado, Héctor Hdez.

Andalón (10 Enero de 1994). Erróneamente determinó la conclusión del expediente de queja 93/090/JAL “por tratarse de asuntos jurisdiccionales “. En segunda instancia, la CNDH revirtió el error el 29 Junio 1994. La impugnación es un recurso contra la deficiente resolución –en primera instancia- de la CEDH. Artículos 147 a 171 del Reglamento Interno de la CNDH (12 de Nov. 1992).

14 Informe de la Red Nacional..., op. cit., pág. 4 del Anexo 2. En esta recomendación la CNDH acreditó la tortura, pero no la clasifica como tal en sus Informes Anuales de Actividades 1994 a 2003, ni en sus publicaciones: Lucha contra la Impunidad, Compilación de 5 años de trabajo: 1990-1995, Ed. CNDH, Abril de 1996. Víctimas: 5 internos del Reclusorio Preventivo de Guadalajara, que integraban el Comité ProD.H. “José María Morelos” de Internos en Puente Grande, ONG creada en 1993 con autorización del Lic. Arturo Zamora Jiménez, Director del DESCOPRES y asesoría de la AJDH. Sus familiares vincularon al Comité a la Red Jalisciense.

15

Informe de la Red Nacional..., op. cit., pág. 9 del Anexo 4. Víctimas

16 Informe de la Red Nacional..., op. cit., pág. 5 del Anexo 2. Víctima: 2 personas de Zapotlanejo, Jal. Responsables: 4 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

17 Ibid, pág. 23 del Anexo 7. Víctima: José Merced González Mariano.

Responsables: 4 militares.

18 195 CNDH. Sobre caso de la señora Nelly X. Montes Glez., en la Gaceta Nº 170, México, Septiembre 2004, pp. 203-211.

19 Es una Recomendación General –de nuevo tipo- que la CNDH emitió a los gobernadores de todas las entidades del país, al Gobierno del DF y a la SEP para evitar la discriminación de niños(as) que viven con el síndrome de VIH o Sida en las escuelas públicas y privadas. A muchos se les niega la inscripción por ello (Cf. Reforma, México, D.F., 20 Septiembre 2004).

notas

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20 Como botón de muestra, ver el artículo y recuadro que Mural publicó el pasado 12 de septiembre, bajo el encabezado: “Son desterrados por su religión” y “Recomendaciones a Jalisco”, que suscribe Wendy Selene Pérez (pág. 5B).

21 “Hay políticos asociados al crimen: Macedonio Taméz Guajardo”, declaraciones que virtió en el más reciente homenaje que la dirigencia estatal del PAN rindió a la memoria de Manuel J. Clouthier, en Público, 2 de octubre 2004, pág. 11.

22 Sus autores fueron José Barragán Barragán, Miguel Bazdresch Parada y Efraín González Morfín, y el libro fue editado por la Universidad de Guadalajara, en 1994 (1ª edición), 112 páginas.

23 El documento de corte positivista fue preparado y rubricado por los abogados priístas Jesús Villalobos Pérez (notario público) y Pedro Vargas Avalos (sempiterno director del “Instituto de Estudios del Federalismo”).

El Libro blanco… pág. 9 y 10.

24 Falleció a los 81 años en el CMNO, precisamente el día en que Soberanes daba a conocer el Informe Especial en México, D.F.: “Falleció Carlos Hidalgo Riestra”, en Público, 17 de agosto 2004, pág. 12.

25 Tales expresiones constan en las actas del primer Consejo Ciudadano de la CEDHJ, integrado por exfuncionarios, empresarios y periodistas de filiación priísta, y sólo dos representantes de las ONG’s involucradas en esta cultura desde la sociedad civil –no política- (Sesiones de junio de 1993 a mayo de 1997).

26 Ver al respecto los siguientes documentos oficiales: Ley y Reglamento Interior de Trabajo de la CEDH, Ed. UNED del Gobierno de Jalisco/ Secretaría General, Guadalajara, Jal., 1998, y Compilación de Derechos Humanos y sus Reglamentos, Ed. Paco (Francisco Peña Vega), Guadalajara, Mayo de 2002. La ilicitud está demostrada si comparamos los Decretos Nº 15031 y 17113 en ambas publicaciones, y más porque nunca fueron hechas las aclaraciones que la normatividad y transparencia exigían. Ni Hidalgo ni Morfín ni Barba hicieron algo para esclarecer el problema jurídico, trabajando sobre bases y fundamentos frágiles.

27 “La CEDH despierta apetitos de poder”, articulo de Alberto Perez Obeso en Ocho Columnas, Zapopan, 14 mayo 1996, pag. 5A

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28 Cifra que consigna el libro: CEDH Jalisco. Memorias 1993-1997, editado y coordinado bajo la responsabilidad de los Lic. José Francisco Franco Meza y César Romero Valenzuela (actualmente en la PGJE), Guadalajara, Jal., 1997, pág. 32. Según esta fuente los “Acuerdos de No Violación” concedidos por la CEDHJ a cientos de servidores públicos implicados en quejas ciudadanas llegó a un total de 1,643 (pág. 33).

29

Sobre el “Programa contra la tortura”, Ibid, pág. 36-37 y 40-42.

30 Léase el análisis de Carlos A. Peralta y Daniel Ponce. “Para entender el 2001. Los Derechos Humanos en Jalisco”, en la II Parte del libro: Escenarios de la Alternancia, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO, Tlaquepaque, Jal., 2001, pp. 175-190 y su anexo. Ponce trabajaba entonces en el IMDEC, A.C. 31 R. de la Torre. “La Iglesia católica y los DH en Guadalajara: de la confluencia al conflicto social”, en Espiral, Nº 26, CUCSH/U. de G., Enero/abril 2003, pág. 150.

32

R. de la Torre, op. cit., pág. 154.

33

Primera plana e interiores de Público, 7 Enero de 1999.

34

Ver notas del matutino Mural, Zapopan, Jal., 11 Enero de 1999.

35 155.

La cita se toma del articulo ya citado de Reneé de la Torre, pág.

36 Cabe señalar que los tres titulares de la CEDHJ laboraron o laboran impartiendo clases en esa institución.

37 Incluso el actual gobernador, además de ser egresado de dicha facultad, también imparte clases y es parte de la comunidad magisteral del “alma mater”.

38 “Jalisco, ejemplo en derechos humanos”, nota del 10° aniversario de la CEDHJ, aparecida en Ocho Columnas, Zapopan, edición 11 diciembre 2003.

39 Tal es el caso de la denuncia pública y posterior “despido” de la visitadora Guadalupe Ramos Ponce, en la primera semana de agosto de 2003, que generó un escándalo político y social, al grado que tres con-

notas

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sejeros ciudadanos de la CEDHJ debieron presentar su “renuncia” en protesta por tales hechos.

40 En sus pasados 10 años, el pueblo a través del Gobierno del Estado ha gastado en la infraestructura y operación de la CEDHJ la suma –nada despreciable- de 232 millones 100 mil 297 pesos. Cfr. RJDH, ibid, pág. 1.

41 Respecto a este tema, recomendamos la Tesis profesional que para obtener el título de abogado presentó Roberto Cerra Zavala, en el ITESO bajo el título: Los derechos humanos frente a los casos de Tortura de Jalisco, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos/Universidad ITESO, Tlaquepaque, Jal., Enero 2001, 78 páginas.

42 Guadalupe Morfín incluyó este caso como “relevante” para la CEDH, en su Informe Anual de actividades 1997, editado como “Boletín número extraordinario”, Guadalajara, Mayo de 1998, pp. 66-67.

43 “El GAFE, un lado oscuro de la historia militar en México”, reportaje de la Agencia ASIC del Distrito Federal, difundida aquí por Público en su edición del 19 de agosto 1998, pág. 26. Los militares de élite que integran el GAFE (Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales) del Ejército mexicano, fueron entrenados en escuelas contrainsurgentes del Gobierno de los EE.UU. para desarrollar una “visible agresividad y prepotencia” en su accionar.

44 Análisis de Roxana Reguillo, en su artículo “Cuántos muertos más?”, publicado en Público, 23 diciembre 1997, pág. 12.

45 Ibidem. “Una mujer en abandono”, recuadro donde ASIC resalta los “avances en el proceso penal que sigue el Juzgado castrense de la V Región Militar” contra los responsables de la muerte violenta de Salvador Jiménez, hijo de doña Victoria López Gómez, cuya indignación frente a lo ocurrido y decepción respecto a la actuación de los “ombudsman” es evidente.

46 La Secretaría Ejecutiva de la CEDHj, entonces a cargo de Fernando Coronado Franco (hoy en CDH del DF), tuvo a su cargo la convocatoria y difusión del magnífico foro itinerante. Contra la costumbre, miembros de la Red fueron invitados por Coronado, a nombre de la “Ombudswoman” Morfín. (Cfr. Oficio del 2 de junio de 2000, CEDHJ/Secretaría Ejecutiva).

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Capítulo 8 1 Oficina del ACNUDH en México. Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno Mexicano y el Alto Comisionado de la N.U. para los DH (ACT)), firmado por el presidente Vicente Fox el 2 de diciembre de 2002, y el titular de la Oficina, Anders Kompass, CENCOS “Informativo 1”. Contiene 5 áreas prioritarias de trabajo: “Iniciativas nacionales de DH; administración de justicia; pueblos indígenas; derechos económicos, sociales y culturales; y grupos vulnerables”. El ACT fue resultado del trabajo de las organizaciones civiles de DH que durante varios años han denunciado a nivel internacional la grave situación en nuestro país. La primera fase del ACT (2001) desarrolló actividades de capacitación; y la segunda culminó con la elaboración y presentación de un diagnóstico sobre la situación de los DH en México, del que se desprende un “Programa Nacional de DH” dirigido a atender las principales problemáticas de DH detectados en el diagnóstico, en que trabajaron 4 expertos: Clara Jusidman, Isidro Cisneros, Miguel Sarre y Sergio Aguayo (2002-2003).

2 Al respecto véase la publicación del actual Gobierno del Estado: Límites Territoriales, atribuido a la Secretaría General de Gobierno/Patrimonio Inmobiliario del Estado, editado por la Dirección de Publicaciones del citado Gobierno, Guadalajara, Octubre de 2002, pág. 54-55.

3 OACNUDH. Diagnóstico sobre la situación de los DH en México, Grupo Mundi-Prensa México, Julio 2004, pp. 30-34 4 Ver: Manual sobre la prevencion e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias,ONU, 1991, pag. 15: “Aun cuando los gobiernos decretan indagaciones,<los investigadores suelen tener dificultades para establecer los hechos en los casos de ejecuciones arbitrarias.

Puede resultar difícil obtener declaraciones de testigos oculares (por temor a represalias o porque solo vieron a quienes ejecutaron). Los asesinos suelen ocultar sus crímenes haciendo que sus victimas desaparezcan (…)”.

5 En noviembre de 1997, el entonces Subprocurador de Republica, Alfonso Navarrete Prida, confirma que por lo menos la mitad de los 70 asesinatos en Jalisco con sello de eliminación, “tenian sello inequivocpo de haber sido perpretados por militares, agentes federales y estatales o gente entrenada en esas filas y luego <incorporada a estos verdaderos escuadrones de la muerte”. Ademas de la PGR, los grupos de inteligencia

notas

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de la SEDENA y el “flamante senador chihuahuense por el PAN, Francisco Molina Ruiz, quien era coordinador del INCD y fue sustituido por el general Gutierrez Rebollo, podrian aportar pruebas del involucramiento”.

Declaraciones a El Financiero, 3 noviembre 1997, pag. 66.

6 Diversos informes y notas periodísticas de 2004 dieron cuenta de que la policía mexicana ocupa, según los resultados de una investigación efectuada por la ONG “Transparencia Internacional”, el 2º. lugar entre las más corruptas del planeta (después de Nigeria). Jalisco no es excepción a esta regla e imagen, pues en Guadalajara los policías son ´premiados´ por el Poder Ejecutivo por torturar y “reprimir“. Véanse: “Reúnen quejas contra 854 policías”, en Publico, 1’ de diciembre 2004; “A la baja,índices delictivos en GDL”, en El Informador y El Occidental, 6 Dic. 2004, pp.

1ªA y 14ª; y “Nájera Gutiérrez defendió su actuación”, en El Occidental, “La ciudad”, 14 Enero 2005.

7 CIDH. Informe sobre la situación de los DH en México, OEA, Doc. 7 rev. 1, Washington, DC., Septiembre 24 de 1998 (nota tomada del Capítulo IV dedicado al análisis del “Derecho a la integridad personal”).

8 Conclusión que el ACNUDH en México toma del citado Informe producto de su visita al país en 1998, presentado con arreglo a la Resolución 1997/38 de la Comisión de DH de ONU. E/CN.4/1998/38/Add.2, 14 de enero de 1998. Diagnóstico sobre… pág.31 y 41.

9

Oficina del ACNUDH en México, op. cit., pág. 31.

10 Informe 2004 “Resonaron las voces de los jamás escuchados”, EDAI, Sección México, pág. 225.

11 Amnistía Internacional/Universidad Iberoamericana-ITAM-Misión Civil por la Paz, Red Nacional Todos los Derechos para Todos: Tortura en México: Impunidad amparada en la Ley, México, 2000, pp. 34-35. Cita que reproduce el Diagnóstico del ACNUDH, pág. 41 12 Véase al respecto el apartado sobre CEFERESOS en el Diagnóstico del ACNUDH, pp. 21 a 23.

13

Amnistía Internacional et al., op. cit., pág. 34

14

OACNUDH en México, op. cit., pág. 32.

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15 Entrevista con el reportero tapatío José Miguel Tomasena: “Es una vergüenza mundial”, dada a conocer en Público, edición del 3 de diciembre 2004, Guadalajara, Jal. Sección “La región”.

16

“Al gobernador no le preocupa AI”, Ibidem

17 Esta actitud está demostrada en el libro-memoria denominado Foro El Municipio y los Derechos Humanos, editado en noviembre de 1999 por el Ayuntamiento Constitucional del trienio 1998-2000, donde aparecen diversas ponencias y posturas contradictorias entre los participantes de la sociedad civil, los gremios jurídicos, empresarios, la CEDHJ y el propio Ramírez Acuña, cuya ponencia “”El Municipio y los derechos humanos” (con minúscula), pág. 9 a 11, choca con la más elemental realidad y congruencia lógica.

18 Human Rights Watch/América. Deberes incumplidos. Responsabilidad oficial por la violencia rural en México, HRWA, Nueva York, Washington, Londres y Bruselas, 2ª edición en castellano, Washington, DC., Agosto 1997, pp. 22-23 19

HRWA. Op. cit, pág. 23 y 24.

20 “Jalisco en el Informe del Pro”, artículo publicado en Público de Guadalajara, Jal., 10 Diciembre 2002.

21 CMDPDH, A.C. Consideraciones al Segundo Informe del Gobierno Mexicano en relación con la puesta en Práctica de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, México, 1997, pp. 2-5.

22 El artículo de Gallardo intitulado “Las necesidades de un ombudsman militar en México”, se publicó en los números 22 y 23 de la revista Forum (“cuerpo del delito”), de octubre de 1993, dirigida por Eduardo Ibarra Aguirre. Los detalles de la averiguación previa militar, con que inició un largo proceso de casi diez años de privación ilegal de la libertad de Gallardo, fue ampliamente comentado en el semanario Proceso Nº 894, México, DF., 20 diciembre 1993, pp. 14-21.

23 Amnistía Internacional. La disidencia silenciada- El encarcelamiento del general brigadier José Fco. Gallardo Rodríguez (México), AMR 41/31/97/s, Londres, Mayo de 1997, pp. 2-3.

notas

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24 Ver al respecto: “El Ejército no tolera que se atente contra su decoro; la meta de Gallardo, un golpe de Estado (Riviello ordenó leer a los militares de todo el país una severa réplica al general encarcelado)”, reportaje de Roberto Zamarrita publicado en Proceso Nº 895, 27 diciembre 1993, pp. 6 a 11.

25

Ibid, pág. 8 y 9.

26 Sobre su caso, véase la nota de Roberto Zamarripa en Proceso Nº 894, 20 diciembre 1993, pág. 21; y el expediente que su familia entregó a la Red Jalisciense de DH, el 6 de diciembre de 1997, con toda la documentación de su desaparición, bajo el título: Caso Teniente de Infantería Miguel O. Muñoz Guzmán, desaparecido el 8 de Mayo de 1993, inédito que firma su hermana María Guadalupe Muñoz G. con 12 anexos.

Capítulo 9 1 Ver al respecto: Carlos A. Peralta y Daniel Ponce. “Para entender el 2001. Los Derechos Humanos en Jalisco”, en el libro colectivo, Escenarios de la Alternancia, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS)/ ITESO, Tlaquepaque, 2001, pp. 175 a 190; y de Marcos Pablo Moloeznik Gruer. “Estado de Jalisco. Diagnóstico y prospectiva de la política”, en el libro: Jalisco. Diagnóstico y prospectiva, Ed. ITESO, Tlaquepaque, Jal., 2000, pp. 120 a 135.

2 Ver desplegado que suscribe Barba en los diarios de Guadalajara del 3 y 4 de junio de 2004.

3 Cfr. Pablo Emilio Madero. La mentira del PAN, Ed. Partido Demócrata Mexicano/Area de comunicación, México, DF., 1ª edic. 1997.

4 Capítulo letra “R”. M. Cuellar. Los Panistas: Quiénes son, dónde están y qué representan, Ed. La Jornada, México, 1ª ed. 2003, pág. 182.

5 Al respecto, ver: Manuel Buendía. La ultraderecha en Mexico, Ed. Océano y Excelsior, México, 2ª Ed. 1984; y Alvaro Delgado. El Yunque.

La ultraderecha en el poder, Ed. Plaza& Janés, México y Barcelona, 1 ed.

2003; y El Ejercito de Dios, misma editora, 2004.

6

“”México, cabeza del narcotráfico”, articulo de Sandra Bibiana Flo-

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res, corresponsal de Proceso en Bogota, No 1462, México, 7 noviembre 2004, pp. 26-30; y “Preocupa a priístas los nexos de panistas con narcos”, Publico 28 octubre 2004.

7 Autor (vive en México desde 1993) de La batalla perdida contra la droga, Paris, 2000. Comentado en Proceso No 1257, 3 diciembre 2000, pp. 30-33.

8 Anne Marie Mergier. “Preocupa a Europa la criminalidad en México”, Proceso No 1457, 3 octubre 2004, pp. 28-34.

9 J. Sicilia. “El panismo y la fabricación de delitos”, en Proceso No. 1472, 16 enero 2005, pp. 51-52.

10 “El gobernador defiende los bonos a sus funcionarios”, nota de Rubén Alonso divulgada en Público 12 de Enero 2005, luego de que en las 127 observaciones que la Auditoria Superior del Estado (ASEJ) diera a conocer la primera semana de este año la Cuenta Pública del 2003 del Ejecutivo, y pidiera a la Comisión de Inspección del Congreso rechazarla y “fincar cargos a funcionarios de su administración por 236.8 millones de pesos. Cfr. “Premio a la corrupción”, articulo de Javier Hurtado en Mural, Zapopan, 5 Enero 2005 (“en verdad los pocos escrúpulos del Gobernador y su gabinete no tiene limites”).

11 Sobre las versiones contradictorias del caso Posadas, ver la investigación del expresidente de la AJDH, Víctor M. Ramos. Muerte de un príncipe, Ed. Conexión Gráfica, Guadalajara, Jal., 1993.

12 La versión provino del Semanario arquidiocesano, que asegura en su edición del 19 de septiembre de 2003, que “los bancos han impedido que la arquidiócesis haga movimiento financiero alguno… (Incluso) el dinero, resultado de la colecta denominada Obolo de San Pedro, que debía ser enviada al Vaticano para obras de caridad del Papa, no ha podido entregarse; los bancos lo detuvieron, manifestó el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado. “Congelan fondos al Arzobispado”, en El Occidental, OEM, 19 septiempre 2003, primera plana.

13 “Donativos de narcos, origen de la pesquisa”, en Público y otros diarios citadinos, 12 de septiembre 2003.

14 R. Martín “El proyecto histórico-político de Juan Sandoval”, en Público 25 septiembre 2003 (Sección editorial).

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notas

15 “Solicitud de medidas cautelares urgentes”, en el Semanario, Guadalajara, domingo 25 mayo 2003, pág. 8.

16 “Sandoval y coacusados acuden a la ONU para denunciar violación de garantías”, en La Jornada, 18 septiembre 2003, pág. 6.

17 “Ante la CNDH si presentaron queja”, en El Informador, 24 sept.

2003, pág. 7-A. 18

“La CEDHJ no conoce el caso”, misma edición y pagina.

19 “Pretende Guzman resolver magnicidios”, nota de Fernanda Carapia en Mural, 10 agosto 2003, pag. 2B. 20 A. Delgado. El Yunke…, en los capitulos 8 (”expansion nacional”) y 13 (“Jalisco: enclave regional”), pp. 87, 94-95, da cuenta de la incorporación de Guzman a traves del DHIAC, que presidio a partir de 1989 (pag.

93-94). Emilio Gonzalez M. aparece en “El Yunke” (desde 1983), pagina 149, junto a Herbert Taylor, Leonardo Garcia Camarena y otros. Durante la presentacion del libro el 27 de agosto de 2003 en el “Museo de las Artes” de la U. de G., niega cualquier nexo. No obstante, el autor del libro se sostuvo, aun después de que el panista le exigio públicamente mostrar pruebas: “El (Emilio) dice no pertenecer, pero yo cuento con evidencias en sentido contrario”. Cf. “Discuten por Yunque tapatio”, cronica de Francisco de Anda en Mural, Zapopan, 28 agosto 2003, pag. 3B. 21 “Reta a todos”, columna “Puntos y contrapuntos…” de P. Mellado, en Mural 28 de Enero 2005.

22

Version de Alvaro Delgado, ob. Cit., pp. 24-25.

23 Al respecto, Delgado cita la investigación de Patricia Valles: “La derecha jalisciense en el periodo de la consolidación del Estado mexicano (1929-1940)”. Valles cita una Carta Pastoral “leida en todas los templos de GDL, en la cual se exhortaba a los feligreses que se habian integrado a esta forma de lucha a abandonarla, ya que este tipo de agrupaciones estaban condenadas por el derecho canonico”, pp. 44-45.

24

Ibid, pag. 30.

25

Alec Mellor. La Tortura…, pág. 19.

350

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26 Xavier Etxeberria. Derechos humanos y cristianismo, Ed. Universidad de Deusto/Instituto de DH, Bilbao, 1999, pág.36ss.

27 “Constitución Pastoral sobre la IGLESIA en el MUNDO actual”, Núm.

26b, 29d, 74e y 75c, y “Declaración sobre la Libertad Religiosa”, 1c, 6a y 6b, en “Derechos Humanos”, Diccionario del Vaticano II (Miguel Angel Molina M.), Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Salamanca, 1969, pp. 152ss.

28 IVª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Santo Domingo (Vº Centenario de la Evangelización de AL), realizada del 12 al 28 de octubre de 1992 en República Dominicana, con la presencia y bendición del Papa Juan Pablo IIº, Ed. Nueva Librería Parroquial, México, D.F. 29 José Marins y Equipo. Praxis de los Padres de América Latina. Ed. Paulinas, Bogotá y México, 1978.

30

CELAM. Santo Domingo…, pág. 99-100.

31 CEM. Carta Pastoral “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, Ed. CEM, México, D.F., 25 de marzo de 2000, 6ª ed., pág. 106.

32

Ibid, pág.30 a 34.

33 Cfr. Las publicaciones del CDH “Fray Bartolomé”: Ni Paz ni Justicia (Octubre 1996), La legalidad de la Injusticia (Agosto 1998) y Acteal: entre el Duelo y la Lucha (1999) sobre la dramática situación de los DH en Chiapas antes, durante y después del levantamiento zapatista. El CDH lo presidió el obispo Samuel Ruíz García y, a su retiro (2000), diversos sacerdotes dominicos. Es integrante de la Red Nacional “Todos los Derechos para Todos” (ONGs).

34 Cfr. Elva A. Gomez. Cosydhac: Inventario de vida (Seis años de lucha por los DH), Ed. Fundacion Tarahumara=Jose A. Llaguno, Chihuahua, Chih., 1994.

35 ODHAG. Los Cristianos de América Latina frente al Neoliberalismo, Ed. Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad “Monseñor Oscar A. Romero” (SICSAL), Guatemala, 1996.

36 Según la Conferencia del Episcopado Guatemalteco (CEG), su asesinato (26 abril/98) estaba “vinculado a la entrega el pasado 24 de abril de los resultados obtenidos por el Proyecto de Recuperación de la Memo-

notas

351

ria Histórica (REMHI), un esfuerzo situado dentro de la Pastoral de los DH, que su vez es parte de la Pastoral Social”. Cita del Comunicado 27 de abril/98, en Equipo CRIE. Monseñor Juan Gerardo Conedera. Profetismo que compromete, Centro Regional de Informaciones Ecuménicas, Documento 152, México, 1998, pp. 15-16.

37 “Abusos de policías, principal violación a Derechos Humanos”, nota de Ignacio Pérez Vega, Siglo 21, Alda Editores, Guadalajara, Jal., 7 diciembre 1994, pág. 13.

38 “CEB’s piden al gobernador aceptar Informe CNDH”, nota de Rubén Martín en: Público edición 9 de octubre 2004, pág. 10.

39

“Apoya Cardenal reelegir Alcaldes”, en Mural 13 de septiembre de 2004.

40 “Sandoval aplaude a Bush”, en el recuadro del 5 de noviembre 2004, en Público pág. 14.

Capítulo 10 1 Consigna tal declaración el diario La Jornada, México, D.F. en su edición del 2 de junio de 2004.

2 Nota publicada en el periódico Público, de Guadalajara, edición del 21 de Junio del 2004.

3

Ver testimonios en los anexos.

4 Ver anexos Boletín 63/04 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalajara, Jal. Junio de 2004.

5 Cfr. Informe Preliminar/Documento de trabajo, LIMEDDH, México, D.F., septiembre de 2004.

6

Revisar en los anexos informes médicos completos y testimonios.

7

Ver anexos de los Extranjeros

8

Ver anexos de las Actas Administrativas levantadas por el INM.

9

Datos basados en las informaciones recopiladas durante las entrevis-

352

manual contra la tortura en jalisco

tas realizadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos el 1° de junio de 2004 en la estación migratoria de Iztapalapa, en México, D.F. 10 Comisión Internacional de Juristas (fundada en 1952). La Justicia avasallada (Colección de documentos relativos a abusos de la Justicia con fines políticos), Imprenta Trío, S.A., La Haya, 1955.

Capítulo 11 1 “Hay políticos asociados al crimen: Macedonio”, nota que apareció en Público en su edición del 2 de octubre último, pág. 11.

2

“Ante el Juez, 73 por la fuga”, en Público martes 20 Febrero de 2001, p. 32.

3 “Arrestan a gendarme tapatío que viajaba en auto remarcado”, mismo diario, edición 25 febrero 2001, pág. 34.

4 “Ramírez: ´Jalisco está para ser líder”, mismo diario, 1º de marzo de 2001, p. 3 5 “Operativo deja 4 clausuras y 8 multas a centros nocturnos”, mismo diario, edición 1º abril 2001, pág. 15.

6 “Poseer armas permitirá defender el patrimonio”, en el diario El Occidental, OEM, Guadalajara, 5 abril 2002, pág. 4A 7 “Impera aún la tortura”, primera plana de El Occidental, Guadalajara, Jal., 13 noviembre 2002, 1A. y 12A 8 Esta obligación la consigna la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, luego de la reforma publicada en el Decreto 18769 del Congreso del estado, el 13 de febrero de 2001 en el “Periódico Oficial del Estado”, y vigente a partir del día siguiente de su publicación.

9 CEDHJ. 2002 Informe anual Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, número extraordinario de la Gaceta “6 de Diciembre”, Febrero 2003.

10 “Danza colectiva por los derechos humanos”, artículo difundido en la Gaceta Universitaria, Universidad de Guadalajara, 19 mayo 2003, pág. 7.

notas

11

353

Ibidem.

12 “Pretende Nájera seguir en la Policía”, en el diario zapopano Mural, 25 abril 2003, pág. 2B. 13

Ibidem.

14 “Difieren sobre continuidad de Nájera”, nota de Omar Cruz en Mural, Zapopan, Jal., 26 abril 2003, 1B. 15 “La violencia se concentra en cinco entidades”, en Público del 28 de abril 2003, pág. 24.

16 “Solicitan apoyo a empresarios (PIde Nájera a restauranteros que incrementen medidas internas de seguridad)”, en Mural edición 29 abril 2003, p. 6B. 17 “Ofrecen sistema de alarma a restaurantes. Sería una empresa privada: Nájera”, nota publicada en El nuevo Siglo semanal, Nº 127, Guadalajara, Jal., 9 mayo 2003, pág. 28.

18 “Es urgente que el M.P. actúe con honestidad”, Público edición del 23 julio 2003, pág. 7 19 “500 empleados de la Procuraduría, en proceso administrativo”, entrevista con Esperanza Romero Díaz, en Público 23 de julio 2003, pág. 6.

20

Recuadro “El diablo se desata”, misma edición y página.

21

Sicario dice que fue torturado, en Público edición 23 julio 2003, p. 19.

22 “Para ‘poner orden´, 21 indígenas detenidos en Providencia” (20 octubre 2003); “Investigan detención de indígenas” (21 octubre/03); “No hay discriminación, pero van 32 indígenas detenidos” y “Niega la policía discriminación” (22 octubre/03); “”Extorsión en el Rubén Darío” (23 Oct./03); “No existe discriminación de indígenas: Garza” (24 octubre); “Esperan decisión de Derechos Humanos para sancionar” (25 octubre 2003), el artículo “Lecciones de racismo tapatío” de Juan Carlos Núñez B. (27 octubre); “Indígena pone queja ante CEDHJ” (7 noviembre/03), titulares en los diarios Público y El Informador, de Guadalajara, en esas fechas. Cfr. “El rechazo a los indígenas en Providencia, reflejo del país”, artículo de Mariana González, en la Gaceta Universitaria, U. de Guadalajara, 3 noviembre 2003, p. 7.

354

manual contra la tortura en jalisco

Capítulo 12 1 En nuestras organizaciones militan sobre todo personas vinculadas al pensamiento de centro-izquierda, o bien se identifican con el altermundismo. Es por ello que no dejamos de reconocer grandes contradicciones en la ideología panista y la actual estructura partidaria, entre sus fundadores y los dirigentes actuales, que –por ejemplo- aprueban un Código de Etica en que admiten que “no existe justificación para violar los derechos humanos”, y sin embargo, algunos de sus más conocidos dirigentes o exponentes locales, son quienes los ultrajan y restringen, permitiendo la IMPUNIDAD. Esa misma lacra que González Luna condenó toda su vida y por todos los medios a su alcance.

2 Datos tomados de la estadística que incluye el Informe de actividades de la CNDH (Enero-Diciembre de 2003), y sustentado por el Dr. José Luois Soberanes fernández, en la Ciudad de México, en junio del 2004, pág. 30 a 33, 337 y 624 a 626.

3

Cita de David Velasco. La Tortura en Jalisco… Pág. 386.

INDICE 11 Presentación 31

Introducción:

59

¿Qué es la Tortura?:

65

Métodos de TORTURA: Epidemiología y tecnología de los delitos de lesa

El contexto socio-político, económico y cultural en que los derechos humanos son promovidos o transgredidos.

Marco conceptual del derecho internacional de los Derechos Humanos. Tipos y modalidades.

humanidad.

81 Antecedentes históricos de la tortura

82 Orígenes remotos de la tortura: Cómo se

instaura y prevalece

90 La tortura en el sistema jurídico mexicano:

113 Casos emblemáticos de tortura en Jalisco

113 Ejecución arbitraria de empresario

116 Desalojo de damnificados inconformes

118 Disidencia silenciada del Gral. Francisco Ga- llardo [355]

127 La objeción de concienciadel judicial Jorge Bado Solano

149 Motines de Puente Grande 165 Experiencia de las Organizaciones No Gubernamentales

contra la tortura

165 Comité Pro-Defensa de los Presos y Desapa-

recidos Políticos (“Eureka”)

166 Academia Jalisciense de Derechos Humanos 174 Comité Pro-Derechos Humanos “José Ma.

Morelos”, Puente Grande y Red de Organis

mos Civiles de Derechos Humanos del Estado

175 Coordinadora “28 de Mayo” de Guadalajara 183 Aporte del Ombudsman mexicano 184 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 190 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 201 Control internacional de la prohibición de tortura

201 En el “Diagnóstico sobre la situación de los

Derechos Humanos en México” de la Ofici-

na del ACNUDH

209 En los Informes anuales de Amnistía Inter nacional y Human Rights Watch

212 Informes del Centro PRODH y de la Comi-

sión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH. 219

Interpretación sobre el incumplimiento de las resolu- ciones de la CNDH y la CEDHJ en Jalisco

221 Panismo, Ultraderecha y fabricación de delitos

224 Postura errónea de la jerarquía católica res-

pecto a los DH.

230 Postura correcta del cristianismo ante el

desafió de los DH 237 Postura común ante la III Cumbre de ALCUE

237 Contexto general

239 Declaración de las autoridades después de la

marcha del 28 de mayo

241 Responsabilidad de un Gobierno

245 La Marcha: Antes, durante y después

250 Información general sobre la tortura 254 Análisis con relación a la tortura: Casos par- ticulares

261 Informe sobre los extranjeros detenidos y deportados

263 Irregularidades en el debido proceso

264 Conclusiones y recomendaciones.

267 El caso Nájera

267 Origen y dimensiones de la inseguridad pú-

blica y la coacción.

282 Plausible organigrama de la tortura y la inse

guridad pública en Jalisco 285

Conclusiones y propuestas finales.

291 Notas

Manual contra la tortura en Jalisco de Oscar González Garí y Oscar Morales Pelayo Se terminó de imprimir y encuadenar en el mes de junio del 2009 en el restaurante Innonatura Arcos 310 col Arcos Sur. C.P. 44520