Sexenio en perspectiva: análisis académico del gobierno de Felipe Calderón by IBERO Ciudad de México

Sexenio en perspectiva

Índice 6

Introducción Alberto Montoya Martín del Campo Académico de la Dirección de Investigación de la Ibero

¿Dónde estamos hoy? José Antonio Cerro Castiglione

Académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero

Comentarios sobre las políticas públicas relacionadas con la educación básica, que fueron implementadas durante el sexenio del presidente Calderón Carlos Muñoz Izquierdo

Investigador emérito adscrito al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación

Acciones para una nutrición adecuada: balance 2006-2012 Mireya Vilar Compte y Ana Bernal Stuart Académicas del Departamento de Salud de la Ibero

Las limitaciones de la política agrícola de la última década Isidro Soloaga Académico del Departamento de Economía de la Ibero

Un balance de la política económica en un contexto de globalización Pablo Cotler Ávalos Director del Departamento de Economía de la Ibero

Lo bueno, lo malo y lo feo ¿Cómo le fue al sector empresarial en el sexenio de Felipe Calderón? Roberto Sánchez de la Vara Coordinador de la Maestría en Administración Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero

La comunicación en el sexenio de Calderón Rubén Aguilar Valenzuela

Académico del Departamento de Comunicación de la Ibero

Balance del sexenio: ¿Político de tolerancia? Enrique Gutiérrez Márquez

Académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero

La situación de los pueblos indígenas durante el sexenio 20062012 Juan Pablo Vázquez Gutiérrez y Pablo Reyna Esteves

Académicos del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Ibero

La gestión de Felipe Calderón en materia de migración: sin comienzo y sin final Javier Urbano Reyes

Coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) y profesorinvestigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Ibero

Sombras nada más. Para un balance de las políticas sobre derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa

Miguel Rábago Dorbecker Departamento de Derecho de la Ibero

¿Cultura? a 4 escalas: Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio Mtro. y Arq. José María Wilford Nava Townsend

Coordinador de la Licenciatura en Arquitectura de la Ibero

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Introducción Alberto Montoya Martín del Campo Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C.

Perspectiva integral Si bien la responsabilidad del principal gobernante es decisiva, por tener acceso y conducir los poderes públicos de una Nación; la participación de la sociedad, los partidos políticos y los ciudadanos, son causas que explican también la evolución de un Pueblo en la historia. Más allá de las intenciones y dichos de los gobernantes, son sus actos y decisiones concretas, expresadas en las leyes que promueven y su conducción de los asuntos públicos, las que determinan el avance o retroceso, de la libertad, racionalidad y justicia en la sociedad. Siguiendo a Kant, el criterio absoluto de justicia es uno: todo humano es fin y no debe ser considerado como medio para ninguna otra cosa. Bajo este criterio, se puede entender y juzgar las distintas dimensiones de la vida social; así como las consecuencias y resultados alcanzados por un gobierno en lo particular. En ello es importante mantener una perspectiva integral, que permita explicar la naturaleza y funcionamiento de lo particular. Proyecto histórico subordinado Si se toma como contexto los largos ciclos históricos, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se puede entender como continuación y profundización de un proyecto histórico, que desde hace tres décadas, ha subordinado el desarrollo de México a la expansión de las corporaciones globales y a la integración dependiente de los Estados Unidos de América.

Introducción

Este proyecto histórico busca nulificar el pacto social resultado de la Revolución Mexicana y codificado jurídicamente en la Constitución de 1917; y sustituirlo por otro en el que se disminuye y subordina el poder nacional y al Estado nación, a las necesidades e intereses de la expansión de las corporaciones globales. La naturaleza de este proyecto histórico, que no corresponde al interés nacional, es la causa profunda que explica el semi estancamiento económico, con un crecimiento promedio del orden del 2.1% anual y un estancamiento del producto por habitante durante los últimos treinta años; independientemente de los partidos políticos gobernantes. Este desempeño contrasta con los cincuenta años, de 1932 a 1982, en que el producto creció a un promedio anual del 6.2% y el producto per cápita 3% anual, cuando se gobernó sobre la base del proyecto constitucional de desarrollo y el mercado interno. La actual economía política, subordinada a la acumulación global y no al desarrollo nacional, ha requerido la vulneración de la democracia para su imposición y su sostenimiento, pues ella contiene como su lógica interna dominante, la creciente desigualdad social, pérdida de cohesión social; todo lo cual resulta en una violencia multidimensional que afecta a la mayoría de la población, especialmente a los jóvenes, que no tienen acceso a la educación, empleo, seguridad social y, cada vez menos, a la seguridad de sus personas y comunidades. Hacia el futuro, es claro que si se mantiene este proyecto de subordinación, se tendrán de manera necesaria los mismos resultados. Por ello resulta relevante analizar en este contexto histórico, algunas dimensiones significativas del gobierno que acaba de terminar.

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Proyecto de Calderón El gobierno de Calderón dio continuidad a la tesis establecida desde el primer gobierno del Partido Acción Nacional: suponer que un gobierno autodefinido de empresarios y para empresarios, impulsaría a la Nación a un estadio superior de desarrollo. Este paradigma, por cierto impuesto a todos los gobiernos guiados por el liberalismo de las corporaciones globales, tiene como intención básica, nulificar y reducir las facultades de lo público, sus capacidades, recursos, poderes, instituciones y dimensiones específicas de funcionamiento en la sociedad. En lugar de ello, se ha supuesto que la incorporación directa de empresariosservidores públicos, de las agendas de las corporaciones globales y facilitar sus procesos de acumulación, en un contexto de “libre” mercado, permitiría que la riqueza social beneficie al conjunto de la sociedad. Este paradigma no solo es falso, sino irracional y profundamente injusto. En realidad, las facultades de lo público fueron ocupadas por los intereses particulares, y con ello se ha conducido a la sociedad mexicana a una pérdida de poder nacional, de dependencia económica multidimensional, de polarización y desigualdad social extrema, y a una irracionalidad económica que se manifiesta en la incapacidad de crecer al ritmo que requiere la demografía nacional, al mantenimiento de enormes potencialidades y capacidades ociosas, y a la progresiva vulneración del pacto social nacional. Esto explica la creciente violencia en la sociedad, misma que lejos de buscar ser superada mediante el desarrollo pleno de las personas, de la economía política, de la democracia y la justicia; se pretendió sofocar mediante la implantación de un estado policiaco-militar, resultado de la ejecución en nuestro país, de una estrategia de enfrentamiento militar a una actividad

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económica extraordinariamente lucrativa, dirigida y acumulada desde los Estados Unidos, cuya geopolítica de manera deliberada contribuye a su funcionamiento, expansión y carácter violento en nuestra sociedad. De esta manera, el gobierno de Calderón se desempeñó al amparo de paradigmas falsos y compromisos con hegemonías externas, que derivaron en un alto costo histórico de oportunidad para los mexicanos y en un costo humano, de sufrimiento, violencia, impunidad, muerte, desapariciones, violaciones de los derechos humanos y ruptura del Estado de derecho, como no se había observado en la historia contemporánea de México. Haber ordenado acciones a la fuerza armada permanente, para las que no está facultada por la Constitución, como investigar y perseguir delitos en sustitución de la policía, bajo la batuta de las instituciones militares, judiciales, policiacas y de inteligencia estadounidenses, ha dejado como legado un peligroso antecedente que acerca al país, más a un estado policiaco militar, que aleja al país de su camino hacia una mejor democracia, justicia y libertad. La falacia de prescindir de un proyecto histórico propio de desarrollo, que puede ser compartido con otras naciones en condiciones e intereses análogos; así como pervertir el carácter y facultades del Estado, como espacio de lo público, al transformarlas en instituciones para el beneficio de grupos e intereses particulares; ha postrado y debilitado de manera severa al país. La autodeterminación política de una Nación es imposible sin su autodeterminación económica. Sin soberanía económica –que no equivale a autarquía- es imposible adoptar de manera libre, las decisiones más racionales y justas para satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante procesos ética y políticamente pactados para crear y distribuir la riqueza en la sociedad.

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En los últimos seis años, lejos de revertir el deterioro de la economía nacional en todos sus sectores significativos, se profundizó el desmantelamiento de las capacidades productivas de México. Las denominadas “reformas estructurales”, propuestas por las corporaciones globales para aumentar sus beneficios, sólo buscan profundizar la total desincorporación del Estado nacional, del pacto social democrático, social, económico y político del Estado nación. Los resultados alcanzados durante el gobierno de Calderón, tienen una línea de continuidad con el proceso seguido los últimos doce años, durante los cuales se puede destacar lo siguiente: 1. Semi estancamiento económico e incapacidad de creación de los empleos formales que requiere la sociedad. 2. Desindustrialización y pérdida de capacidades tecnológico-industriales. Desde el año 2000, se perdieron 15,000 industrias manufactureras y un millón de empleos en las manufacturas. Este vacío productivo, resultado necesario del TLCAN y del sistema de tratados internacionales de libre comercio, inversión y de carácter fiscal; ha resultado en la sustitución de los agentes y productos económicos nacionales, por extranjeros. 3. Como consecuencia, México se convirtió en una potencia importadora y no exportadora. Se observa un déficit comercial sistémico de nuestra economía, el cual ha sido compensado –hasta ahora- y de manera insuficiente, por la exportación de crudo. 4. Se especializó a la economía nacional el mercado estadounidense, al que se destina del orden del 80% de las exportaciones; y bajo la premisa de exportar materias primas, maquila y productos de bajo valor agregado nacional e importar bienes y servicios de alto valor agregado.

Introducción

5. Las políticas monetaria, fiscal, de comercio exterior y de destino del gasto público, se han definido en función de las necesidades y funcionamiento de los procesos de acumulación de las corporaciones globales; que obtienen en México una parte significativa de sus utilidades, ya se trate de entidades financieras, industriales, comerciales o de servicios. 6. La dependencia agroalimentaria y nutricional de país es severa y creciente. La causa profunda de ello no sólo es interna, sino que está determinada de manera significativa por un tratado de “libre” comercio que permite el acceso a los alimentos importados –que constituyen el bien salario por excelencia- a nuestro mercado; al mismo tiempo que se mantiene la política de subsidios tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, que conducen a la falta de rentabilidad de nuestros productores, al abandono de la producción –siete millones de hectáreas sin cultivar, una más adicional durante el gobierno de Calderón-, la importación del 42% de los alimentos y seis millones de empleos perdidos desde que se firmó el TLCAN, todo lo cual impulsa la migración forzosa de la población rural a las ciudades y al extranjero, en condiciones graves de falta de respeto a sus derechos humanos. 7. Ante la dependencia agroalimentaria, el aumento de los precios internacionales de los alimentos es una causa directa para que durante los últimos cuatro años, se hayan sumado seis millones de personas a la condición de pobreza extrema. El gobierno de México no es responsable del aumento de los precios de los alimentos; pero sí es responsable del altísimo nivel de dependencia agroalimentaria, que fue resultado de las políticas aplicadas. 8. La falta de acceso universal a la educación básica, el rezago educativo y el creciente número de jóvenes con educación superior sin oportunidades de empleo, son consecuencias sociales necesarias de este paradigma. No es casualidad que sea la juventud, de todas las clases sociales, la que expresa un grado creciente de inconformidad con el status quo.

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9. La comunicación masiva electrónica permaneció y fortaleció su carácter oligopólico, pues más del 80% del espectro radioeléctrico ha sido concesionado a dos empresas dominantes. La concentración mediática y de telecomunicaciones es un problema no sólo económico, sino también político y ético; ante la necesidades de fortalecer el espacio público; como condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia, como vía política para superar la involución histórica del país. 10. El fortalecimiento de la democracia requiere de manera necesaria, establecer nuevos espacios e instituciones públicas que garanticen la deliberación, el debate, así como la argumentación racional y ética, sobre cuál debe ser el contenido de las decisiones que realmente corresponden al bien público y universal, y no al interés particular y egoísta, todo lo cual es necesario para la renovación del pacto social de los mexicanos. Estos resultados no fueron causados por el azar o por factores externos, sino por decisiones de Felipe Calderón, quien se empeñó en gobernar para los grupos económicos más concentrados, sean de capital nacional o extranjero; en desmantelar el proyecto constitucional de desarrollo; la persistente entrega, hasta donde le fue posible, de las riquezas de la Nación a los inversionistas globales, en el campo de la energía, las finanzas, la industria, el comercio o la alimentación. En relación con los trabajadores, se profundizaron estrategias que tienen como objetivo final la reducción del poder adquisitivo del salario. Esta persistente pauperización de la mayoría del Pueblo mexicano, por la vía de reducción del poder adquisitivo del salario, que culminó con la iniciativa de “Reforma laboral”, presentada y finalmente aprobada este año, es la base para la profundización de la precarización del trabajo y del derecho humano a la formación de sindicatos.

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Restringir el salario disponible de los ciudadanos y al mismo tiempo establecer programas compensatorios de apoyo alimentario, no eleva el nivel de vida de las personas, y lastima la dignidad de los mexicanos. Estas reformas supuestamente de “mercado”, han conducido a un mercado sin agentes y sin poder adquisitivo; y por otro lado, han vulnerado la ciudadanía de los grupos y sectores más pobres, quienes ven reducida de esta manera la dignidad de su propia ciudadanía. Si durante el pasado sexenio se buscó promover políticas públicas caracterizadas como humanistas por sus propios proponentes, se puede afirmar que en muchos espacios públicos, se buscó limitar la libertad, el pensamiento y la identidad histórica propia. La inmensa figura sin rostro ni identidad que desfiló en la conmemoración de la gesta del Bicentenario, y el monumento que dejaría testimonio de estas celebraciones para las generaciones futuras, pronto fue señalado por amplios sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, como símbolo de la corrupción y mal gobierno. Gobernar principalmente para la oligarquía interna y las corporaciones transnacionales, dejó un país con menores capacidades productivas y mayor desigualdad social. La violencia resultante de su estrategia militar contra el narcotráfico, dejó como herencia miles de mexicanos muertos, especialmente entre los jóvenes, así como trabajadores, campesinos y empresarios nacionales agraviados por las decisiones gubernamentales. El propósito de gobernar en beneficio de los grupos económicos con mayor poder económico, se acompañó por un blindaje que estableció una enorme barrera, incluso física, entre gobernantes y gobernados, que limitó el derecho ciudadano de petición y de participación en la vida pública.

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La subordinación a los intereses extranjeros fue extrema. En el caso de la minería, se concesionaron 51 millones de hectáreas a corporaciones, principalmente extranjeras, y se estableció un régimen de pago de derechos por hectárea, que llega a un máximo de 114 pesos por hectárea al año 50 de dicha concesión. En la política energética se buscó de manera obsesiva la entrega del control y la propiedad, de los recursos de la Nación, a intereses privados y extranjeros, todo lo cual se ha traducido en un grave daño económico y costo de oportunidad para el país. La desigualdad, la pobreza, la emigración precaria, la vulneración de la democracia, el aumento de la desnutrición y al mismo tiempo de la obesidad, como problemas de salud pública y de justicia social, signaron el sexenio que acaba de terminar. En los textos que integran este esfuerzo universitario para pensar, desde distintas dimensiones y perspectivas teóricas y éticas, la compleja realidad nacional, así como sus implicaciones hacia el futuro, se da cuenta de la relación que se establece entre ellas y de los enormes desafíos, no resueltos, que tiene la Nación hacia el futuro. La coyuntura histórica de México es una enorme interpelación a la actual generación de mexicanos. Es un recordatorio imperativo, de que no debe permitir degradar la vida humana a la condición de objeto, o de medio para propósitos de carácter económico o político. El costo de pérdida de vidas humanas, huérfanos, desaparecidos y proyectos truncos, durante los últimos seis años, es irreparable e incalculable. Este será sin duda, el signo que recordará el Pueblo de México, del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

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¿Dónde estamos hoy? José Antonio Cerro Castiglione Académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero

Ahora que el nuevo presidente de México asumió su cargo y ante la necesidad de que se efectúe un programa que permita atacar, de manera simultánea, una serie de factores que impiden la realización de los objetivos prioritarios para el desarrollo del país, corresponde hacer un breve recuento de dónde estamos hoy y qué podemos proponer para el sexenio que se inicia. La historia moderna de México nos muestra claramente una conjunción de acumulación de problemas no resueltos, aplicación de diferentes esquemas, los que, en el mejor de los casos, sólo han funcionado parcialmente, y una imposibilidad de asegurar un crecimiento sostenido que permita llenar las aspiraciones y necesidades del conjunto de sus habitantes. La evolución macroeconómica ha mejorado significativamente desde 1995, y hasta la crisis que comienza en 2008, y la podemos resumir con un comportamiento de los precios, las tasa de interés, el tipo de cambio, el nivel del déficit y de la deuda fiscal, generando una relativa estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la enseñanza del caso de México es que si bien la estabilidad macroeconómica es condición necesaria, no es suficiente para asegurar el crecimiento necesario. El sector externo se ha caracterizado por un gran crecimiento, tanto en exportaciones como importaciones, siendo el más dinámico de la economía, a lo que se agrega un sensible crecimiento en las reservas así como en inversión extranjera directa.

Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio

El sector externo muestra además de su fuerte crecimiento un cambio en la estructura de las exportaciones, el uso generalizado de tratados de libre comercio como elemento central de la política comercial y una fuerte dependencia del mismo de las compras por Estados Unidos Si bien México ha firmado un gran número de tratados hay tres de mucha importancia: el TLCAN con Canadá y Estados Unidos, que comienza en 1994, el TLCUE con la Unión Europea, a partir del año 2000, y el convenio con Japón (el Acuerdo de Cooperación Económica) desde 2004. El incremento de la dependencia con Estados Unidos y una fuerte emigración a dicho país aparecen asimismo como hechos importantes en ese período. El esquema utilizado resulta en un debilitamiento de las relaciones intersectoriales, lo que podemos definir como un debilitamiento en las cadenas productivas, con sensibles efectos en la generación indirecta de valor agregado, de producción y muy particularmente de empleo. El sector agropecuario muestra graves deficiencias en su desarrollo, con una combinación de financiamiento casi nulo y un esquema de intermediación que deja con muy pocos ingresos a los trabajadores rurales, a lo que se agregan los problemas de un minifundio creciente. El reemplazo del esquema de protección en el modelo de sustitución de importación no ha producido los resultados esperados mostrando un fuerte estancamiento en el sector, con sensible reducción de su importancia en el PIB y en el empleo.

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En cuanto a la situación del sector energético, el esquema aplicado por México ha sido el de ser exportador importante de petróleo crudo, principalmente a Estados Unidos, e importador de derivados, en particular la gasolina, unido a una constante reducción en la producción, que está resultando en un significativo estrechamiento del superávit de nuestra balanza comercial de combustibles, a la vez que plantea cuestiones importantes debido a la trascendencia de Pemex en los ingresos del gobierno. El empleo se nos muestra como uno de los problemas más graves de México, donde la economía no crece lo suficiente, particularmente a fin de crear la demanda por trabajo necesaria en cantidad y calidad, lo que unido a una reducción en el salario real, tiene efectos en la magnitud de la migración, la distribución del ingreso y la situación en relación con la pobreza. Por el lado de la oferta existe una necesidad de mejorar sensiblemente el grado de educación de la fuerza laboral, su nivel de capacitación y por lo tanto poder aumentar sensiblemente la productividad del trabajo. En un contexto de estancamiento de la demanda interna, la creación de empleo en cantidad y calidad suficiente es la solución efectiva a algunos problemas prioritarios de la economía mexicana, tales como la eliminación de la pobreza, la mejora sensible en la distribución del ingreso, la reducción sensible de la emigración y la creación de una capacidad de compra que se refleje en un aumento sensible de la demanda interna, a lo que hay que agregar el imperativo ético de toda sociedad de garantizar a todos y cada uno de sus habitantes un trabajo digno.

Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio

Como un modo de resumir el comportamiento de los principales factores que influyen tanto la demanda como la oferta agregada tenemos: Una economía dual con alto crecimiento en el sector externo y un estancamiento en el mercado interno. Un ejemplo de que la estabilidad macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento de la economía. Una baja capacidad de ahorro interno afectará negativamente la posibilidad de un crecimiento sostenido en la inversión y por ende condiciona los aumentos en el stock de capital, siendo una limitante al crecimiento sostenido de la producción. La generación de empleo del sector más dinámico, las exportaciones, se ve afectada negativamente por la menor absorción de empleo por unidad producida y alto contenido importado en la producción de dichos bienes. El dinamismo del mercado interno está directamente relacionado con la necesidad de generar mayor poder de compra, lo que a su vez depende de una mejor distribución del ingreso, y ésta a su vez de la capacidad de creación de empleos. La solución de los problemas de pobreza, migración y distribución del ingreso están directamente relacionados con la capacidad de crear empleo suficiente en cantidad y calidad.

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Una gran necesidad de aplicar políticas activas de creación de empleo, que al ayudar a resolver este problema, permitan alcanzar un elevado nivel de la demanda interna, que resulte en una mayor contribución de ésta al crecimiento de la economía, y como red de protección ante shocks externos adversos, como se da a partir de 2008 con una drástica caída en las compras de Estados Unidos. La crisis iniciada a finales de 2007 y que alcanza su mayor gravedad en el período 2008-2009, patentiza de la manera más dura las fallas del sistema y la necesidad de una profunda revisión. México era sin duda uno de los países más vulnerables a la crisis global por su fuerte dependencia de la economía de Estados Unidos, mostrando importantes caídas en las exportaciones, el PIB y en menor medida en el empleo, con significativos efectos negativos en la situación social. La crisis en México ha magnificado problemas ya existentes con fuertes efectos negativos y puesto en evidencia una escasa capacidad de respuesta ante diferentes tipos de situaciones globales adversas. Los mayores efectos y poco considerados a nivel global son siempre en los problemas sociales y también los que menos respuesta han tenido en las reuniones internacionales. El otro lado de la crisis es mostrarnos la necesidad de preguntarnos cuál debe ser el modelo poscrisis y la manera de implementarlo, constituyendo una oportunidad única para resolver los problemas estructurales vigentes y pensar en un nuevo esquema que tenga como visión el largo plazo y como condición necesaria la definición de un proyecto de país. 19

Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio

Una propuesta para implementarse en el caso de México, en una lista no exhaustiva, debería incluir: - Una política fiscal que priorice su acción como herramienta de política económica por sobre la función recaudatoria. - Una reforma fiscal que utilice impuestos que generen el necesario aumento en el ahorro, la inversión y el empleo. - Una política impositiva de combate a la evasión y la elusión, con énfasis en la eficiencia y la equidad, y que redefina el papel de Pemex en los ingresos. - La necesidad de instalar un sistema de presupuesto plurianual y la redirección del gasto, con énfasis en la inversión y la protección social. - Una política monetaria que reemplace la idea de un solo objetivo y una sola herramienta por el objetivo dual en precios y crecimiento económico. - Redefinir la política agropecuaria por una política de desarrollo rural, incluyendo temas como seguridad alimentaria (que no significa necesariamente autosuficiencia), alimentos vs energía, alimentos orgánicos, comercialización y financiamiento, infraestructura física, educación y salud para el sector rural. - Una política industrial que incluya desarrollo de tecnología, un sistema eficiente de financiamiento y comercialización, promoción de las Pymes y fortalecimiento de las cadenas productivas.

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- Una política energética que separe las funciones empresariales de las de política económica, promueva las fuentes alternativas de energía, mejore sensiblemente la eficiencia operativa de la empresa estatal y permita utilizar los recursos de la misma para los planes de desarrollo del país. - Superar las desigualdades regionales y considerar la creación de un ente dependiente de los estados para aplicar el principio de planificar regionalmente y coordinar nacionalmente. - Revisar nuestra política comercial y nuestra participación en organismos bilaterales y multilaterales, evaluando la participación en asociaciones como el BRIC y el TPP, y reflotar la idea de considerar esquemas de integración económica y no sólo integración comercial. - Cumplir cabalmente con la imprescindible obligación de crear una sólida red de protección social que incluya superar los rezagos en educación, salud, vivienda, seguridad social. - Considerar como prioritarios los temas de distribución del ingreso, eliminación de la pobreza y protección del medio ambiente en la búsqueda del bienestar presente sin dañar el de las generaciones futuras. - Implementar las políticas institucionales que incluyan el fortalecimiento de las instituciones, la reforma del Estado y el cumplimiento del Estado de derecho. La garantía para la ejecución y eficacia de estas acciones debe descansar en la necesaria participación de la sociedad civil, la búsqueda del consenso y la implementación de planes integrales y de largo plazo. 21

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Comentarios sobre las políticas públicas relacionadas con la educación básica, que fueron implementadas durante el sexenio del presidente Calderón Carlos Muñoz Izquierdo Investigador emérito adscrito al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación

El espacio disponible no nos permite comentar aquí los aspectos del sexenio del presidente Felipe Calderón que se relacionaron con la totalidad del sistema educativo del país. Por esto sólo nos referiremos a algunas políticas que fueron implementadas en el ámbito de la educación básica durante ese periodo. Por la importancia que les atribuimos, seleccionamos el programa Oportunidades, la Alianza por la Calidad de la Educación y la Reforma Integral de la Educación Básica.

Programa Oportunidades Este programa (anteriormente conocido con el nombre de Progresa) se propone crear las condiciones contextuales que son necesarias para que los estudiantes procedentes de familias de escasos recursos ingresen al sistema escolar y permanezcan en él al menos hasta la terminación de la enseñanza secundaria. Con este propósito, el programa distribuye becas en numerario y ofrece otros apoyos a sus beneficiarios. Es importante hacer notar que entre los requisitos que deben ser satisfechos para tener acceso a los apoyos del programa, se encuentra la exigencia de que las madres de familia acudan con determinada frecuencia a un centro de salud. Como estas instalaciones no están disponibles en todas las localidades alejadas de los centros urbanos, los niños y adolescentes que

Comentarios sobre las políticas públicas relacionadas con la educación básica, que fueron implementadas durante el sexenio del presidente Calderón

residen en ellas (quienes, obviamente, pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad) no pueden recibir las becas del propio programa (cabe señalar que este requisito fue establecido desde el sexenio 1988-1994). Diversas evaluaciones de la efectividad de ese programa han comprobado que ha generado importantes crecimientos de la matrícula en las escuelas donde se imparte la enseñanza básica. Sin embargo, esas escuelas a las que asisten los becarios, en lugar de aplicar métodos de enseñanza adecuados a las necesidades de esos alumnos, les ofrecen –en el mejor de los casos– el mismo trato que reciben los demás estudiantes inscritos en el mismo plantel. En consecuencia, los índices de rendimiento escolar de esos alumnos son inferiores a los de los demás que asisten a las mismas escuelas. También se ha comprobado que en casos excepcionales –en los cuales los beneficiarios de Oportunidades reciben una educación de alta calidad, aún si se imparte a niñas pertenecientes a familias de origen indígena– esa educación logra elevar las expectativas educativas y ocupacionales de quienes la reciben. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas que prevalecen en las localidades en que se encuentran esos estudiantes –y el hecho de que Oportunidades no sea acompañado de otras acciones que serían necesarias para que sus beneficiarios puedan desempeñar adecuadamente alguna ocupación remunerada al terminar su educación secundaria– dicho programa sólo contribuye a que sus beneficiarios emigren hacia otras localidades del país o del extranjero, o se vean obligados a mantenerse al margen de la población económicamente activa. Por tanto, mientras Oportunidades siga siendo implementado como lo ha sido hasta ahora, ese programa sólo podrá alcanzar medianamente los objetivos para los cuales fue diseñado.

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Alianza por la Calidad de la Educación Entre las acciones realizadas durante este sexenio por la SEP que sí fueron diseñadas en el mismo periodo, destaca notablemente la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo y la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La principal cualidad que –desde nuestro punto de vista– tuvo esa alianza, se encuentra en haber logrado orientar diversos programas, mediante un diseño coherente, hacia un conjunto de objetivos y metas que fueron definidos con toda precisión. En particular, diversos programas encaminados a mejorar la calidad de la educación –tales como la llamada Enciclomedia, el Programa de Escuelas de Calidad y un conjunto de acciones que se propusieron elevar la profesionalización del magisterio– estuvieron incluidos en la alianza. Sin embargo, la distribución de esos programas entre las escuelas no se basó en ninguno de los criterios que debieron orientarla (tales como la eficacia académica de cada programa, la eficiencia de los recursos destinados al mismo, o su contribución a la igualdad de oportunidades educativas). En consecuencia, los mejoramientos en los aprendizajes que se lograron durante el sexenio (además de haber sido bastante tenues) no se acumularon en escuelas que están ubicadas en localidades caracterizadas por sus altos índices de marginalidad (como lo pretendió el gobierno), sino en aquellas que se encuentran en la situación contraria. Por otra parte, el hecho de que la alianza haya sido el resultado de un acuerdo celebrado entre el presidente de la República y la cúpula del SNTE –sin el consentimiento de todas las secciones de ese gremio magisterial– trajo consigo un conjunto de efectos indeseables para la educación básica que se imparte en las escuelas cuyo financiamiento depende del Estado. Como se recordará, algunas secciones de ese sindicato decidieron suspender las 25

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clases durante varias semanas en las escuelas que se encontraban bajo su control, sin considerar el daño que esta medida causaba a los alumnos inscritos en esos establecimientos.

Reforma integral de la educación básica También merece una mención especial esta reforma, que fue gradualmente implementada en todos los grados de la educación básica. Como no nos es posible comentar todos los aspectos de ella, consideramos importante señalar que esa reforma –habiendo sido diseñada por el SNTE– fue propuesta directamente por la profesora Gordillo al presidente de la República. La experiencia ha demostrado que una reforma de ese calado –que pretendió sustituir los currículos vigentes por otros, orientados a que los alumnos desarrollen determinadas competencias– debió ser “incubada” en las escuelas normales. Como esto no se hizo, no se aseguró una implementación exitosa de la propia reforma.

Mirando hacia el futuro De este análisis se desprende la necesidad de incluir un conjunto de medidas, como las siguientes, en el programa de desarrollo educativo que sea diseñado para el sexenio que se iniciará el 1 de diciembre del año en curso: 1.- Eliminar el control sindical de las plazas de dirección-supervisión (las cuales, por su naturaleza deben ser de confianza) y crear sindicatos estatales de trabajadores de la educación, para asegurar que la asignación de los incrementos salariales se adecue a las condiciones socioeconómicas de cada entidad federativa. 26

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2.- Asignar invariablemente las plazas por concurso de oposición, y condicionar el ingreso de los nuevos maestros a las escuelas a la aprobación de los consejos escolares. No es justificable exigir a los directores de esos establecimientos que respondan por la calidad de la educación que se imparte en los planteles que se encuentran bajo su responsabilidad, si su voz no es escuchada al integrar la planta académica de la escuela respectiva. 3.- Reducir gradualmente la cantidad de plazas asignadas al sindicato (“comisionados”) para poder contratar, con esos mismos recursos, a los “maestros adjuntos” que son necesarios para combatir, desde las aulas, la gestación del rezago educativo. 4.- Completar gradualmente la descentralización, transfiriendo a los estados –y a las escuelas– algunas facultades de naturaleza pedagógica y administrativa que la Ley General de Educación reserva a la Federación. Esto exige, entre otras cosas, diseñar e implementar un nuevo Programa de Escuelas de Calidad (PEC) para asegurar efectivamente la participación de los consejos escolares (o de las asociaciones de padres) en la supervisión de los procesos pedagógicos y en la administración de las escuelas. 5.- Exigir a los estados una clara rendición de cuentas sobre el destino de los recursos federales destinados a la educación básica (evitando, por tanto, la desviación de los recursos hacia otros fines). 6.- Seleccionar rigurosamente a los aspirantes a ingresar a la docencia, y normar la formación y actualización de los docentes, con el propósito de que estos adquieran las destrezas que son necesarias para evitar que en las aulas se incuben los rezagos educativos que son atribuibles a una inadecuada interacción de los docentes con sus alumnos.

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7.- Asegurar una adecuada remuneración de los docentes y una asignación eficaz y equitativa de los incentivos destinados a ellos. Si se decidiera distribuir los incentivos con base en el rendimiento escolar de los alumnos atendidos por los docentes respectivos, sería indispensable comparar el rendimiento de cada grupo escolar con el de los demás que se encontrasen en situaciones socioeconómicas y geográficas semejantes. Si esto no se hiciera, los incentivos no se estarían asignando en forma equitativa. 8.- Distribuir los programas entre las escuelas, con base en una planeación racional y equitativa de ellos. Esto exige reconocer que, mientras no sea posible generalizar el uso de las tecnologías que permitan individualizar los aprendizajes, será necesario destinar recursos financieros adicionales a las escuelas ubicadas en las localidades que se caracterizan por sus altos niveles de marginalidad. 9.- Asegurar la eficaz utilización –con finalidades formativas– de los resultados de las evaluaciones de los maestros, directores y alumnos (a niveles nacional, regional e intraescolar). 10.- Fortalecer una comunicación fluida entre los investigadores y las autoridades educativas, ya que sólo así será posible asegurar que el diseño de las investigaciones, así como el aprovechamiento de sus resultados, contribuyan a mejorar la equidad, eficacia y eficiencia del sistema escolar.

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Acciones para una nutrición adecuada: balance 2006-2012 Mireya Vilar Compte y Ana Bernal Stuart Académicas del Departamento de Salud de la Ibero

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2006) revelaron el problema de sobrepeso y obesidad que existe en el país. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años se incrementó de 18.6% en 1999 a 26% en 2006. Por otra parte, un tercio de la población adolescente de 12 a 19 años presentó sobrepeso u obesidad. Respecto a la población adulta, 71.9% de las mujeres y 66.7% de los hombres mayores de 20 años mostraron sobrepeso u obesidad. Estas tasas sitúan a México en los primeros lugares a nivel mundial en prevalencia de sobrepeso y obesidad. La preocupación fundamental de la foto que emanó de la Ensanut 2006 radica en que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de diabetes, hipertensión arterial, aterosclerosis, dislipidemia, síndrome metabólico y varias afecciones psicosociales (Daniels, 2006), entre otras. México ocupa uno de los primeros lugares en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (14.4%), padecimiento que es la principal causa de muerte en el país. Ello implica retos sustantivos desde la perspectiva de la sustentabilidad de los sistemas de salud, los potenciales efectos demográficos y las proyecciones de crecientes efectos económicos. En México, la obesidad y el sobrepeso fueron reconocidos como problemas públicos hasta el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012): a través de la presentación del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA-2010) se reconoce formalmente el problema y se presentan estrategias de control y prevención. Si bien las acciones derivadas del ANSA aún son insuficientes y posiblemente ineficaces, representa un gran logro como mecanismo de inserción del tema en la agenda pública. 29

Acciones para una nutrición adecuada: balance 2006 - 2012

A continuación presentamos un balance descriptivo de las fortalezas y debilidades de los programas y acciones más importantes del gobierno federal en materia de control y prevención de la obesidad durante el sexenio 2006-2012. Asimismo, se plantean algunas áreas de oportunidad para mejorar a futuro el actuar del gobierno en este tema.

Políticas de gobierno El ANSA es la principal política de gobierno para combatir el sobrepeso y la obesidad; de éste se desprenden varios programas y políticas de acción sexenales en torno a la obesidad y el sobrepeso. El ANSA tiene tres objetivos: revertir, en niños de 2 a 5 años, el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad a niveles menores de los existentes en 2006; detener, en la población de 5 a 19 años, el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad; y desacelerar el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta (Secretaría de Salud 2010). Uno de los logros del ANSA fue obtener el compromiso entre los representantes del gobierno, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto. Una de las debilidades del ANSA, y de las políticas desprendidas de éste, es que carece de implicaciones normativas. Esto dificulta el cumplimiento de los programas y acciones. Se sugiere revisar el sustento jurídico. De manera paralela al ANSA, en 2010 instauró el Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Conacro). Entre sus funciones destacan: formular propuestas de programas transversales y anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas en los aspectos relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo; proponer contenidos en los programas educativos sobre prevención y control de sobrepeso y obesidad así como sobre la alimentación adecuada; y promover la coordinación entre diferentes dependencias federales para la implementación de las acciones 30

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correspondientes para el combate del sobrepeso y la obesidad. Debido a que la obesidad es un problema multifactorial, uno de los aspectos más favorables de este consejo es su naturaleza intersectorial. No obstante, en la práctica el papel coordinador del Conacro ha sido limitado. Se recomienda revisar y reactivar su funcionamiento.

Programas enfocados a la niñez Los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas en Establecimientos de Consumo Escolar en Planteles de Educación Básica (en adelante, Lineamientos) fue una política derivada del ANSA, cuyo objetivo principal fue mejorar la oferta de alimentos que consumen los niños dentro de las escuelas. La idea original de los Lineamientos yacía en mejorar el ambiente alimentario a nivel escolar –en donde los niños pasan un número sustantivo de horas. Su propuesta causó gran polémica: las empresas de la industria de alimentos y bebidas argumentaban que les generaría enormes pérdidas económicas, mientras que las organizaciones de la asociación civil y de padres de familia sostenían la necesidad de eliminar los productos chatarra. Esta discusión posicionó por primera vez en México el tema de la obesidad como asunto de la opinión pública. A pesar de ello, el descontento y cabildeo de la industria frente a esta medida, resultó en una versión final limitada de los Lineamientos donde no se establecen alimentos permitidos y prohibidos, sino que se establecen solamente los criterios de energía, proteínas, grasas totales, ácidos grasos saturados, sodio y ácidos grasos trans que pueden contener los alimentos, tanto preparados como procesados, que son expendidos dentro de los planteles escolares. Una de las principales deficiencias de esta política es la falta de monitoreo y supervisión, que se deja en manos de los padres de familia. Es fundamental revisar y evaluar el impacto de los Lineamientos y, con base en ello, revisar los mecanismos de monitoreo y mejorar su cumplimiento. 31

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También se recomienda garantizar la provisión de agua simple potable de modo gratuito en todas las escuelas. Otra acción derivada del ANSA, fue la modificación de los desayunos escolares del DIF. Esta modificación consistió en sustituir la leche entera por descremada e incluir una fruta o verdura en el desayuno. Por otra parte, en el currículo educativo de la Secretaría de Educación Pública se incluyeron contenidos sobre nutrición a partir del Plan de Educación Básica 2011. Destaca la mención del problema de la obesidad y la inclusión del Plato del Bien Comer.

Promoción de hábitos saludables y actividad física El Programa 5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor fue implementado poco tiempo antes de la firma del ANSA y posteriormente vinculado al Acuerdo. Este es un programa integral que se basa en la promoción de cinco acciones básicas: muévete, toma agua, come frutas y verduras, mídete y comparte estilos de vida saludables con otros. Se difunden mensajes en la radio. Actívate, por una Cultura Saludable es otro programa de promoción orientado a incluir rutinas sencillas de actividad física en el entorno laboral y escolar. Por ejemplo, en el ámbito escolar se busca que los escolares realicen una actividad física de al menos 30 minutos al día. Por otra parte, el Programa Actívate, Vive Mejor de la Comisión Nacional del Deporte tiene como objetivo promover el deporte y la actividad física en espacios públicos. A pesar del diseño de varios programas de promoción, estos no cuentan con evaluaciones del desempeño ni con indicadores sobre su efecto en el sobrepeso y obesidad, ambas tareas importantes para la continuación y mejora de las intervenciones. 32

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Cambios en la normatividad de bienes de consumo En el año 2010 se modificaron algunas normas de etiquetados de alimentos y bebidas, no obstante, ésta fue una reforma limitada; no es claro el impacto que tiene en el aumento de la información requerida para tomar mejores decisiones alimentarias. En diciembre de 2011 se acordó con la industria de alimentos y bebidas elimina el uso de grasas trans de origen industrial; sin embargo, todavía no hay normatividad al respecto. El etiquetado de los alimentos y bebidas exhibe carencias. El aporte energético, grasas, azúcar, sodio, etc., está referenciado a una dieta de adulto de dos mil calorías. Se propone crear un etiquetado vinculado a la población infantil. Asimismo, se sugiere que los restaurantes, especialmente aquellos de comida rápida, divulguen el contenido de energía, grasas, azúcar, sodio, etc., de sus alimentos.

Programas de prevención y atención para derechohabientes IMSS/ISSSTE El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el programa Prevenimss, cuyo objetivo es brindar orientación alimentaria a sus derechohabientes así como campañas para prevenir el sobrepeso y obesidad. Asimismo creó grupos de autoayuda Sodhi (sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión) que buscan aumentar la información para que sus afiliados reconozcan las causas, consecuencias y formas de prevenir el sobrepeso y la obesidad. Paralelamente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementó el programa Prevenissste, a través del cual se instauraron clínicas para atender la obesidad y grupos de ayuda para prevenirla y controlarla.

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Al igual que en otros aspectos, se desconoce el impacto de estas acciones.

Cambios en programas federales Existen tres programas federales de desarrollo social que cuentan con elementos sobre nutrición relevantes en el marco de una política de obesidad y sobrepeso: (i) el Programa de Apoyo Alimentario (Diconsa) que distribuye suplementos alimenticios para combatir la desnutrición y cuenta con tiendas de ahorro familiar, (ii) el Programa de Desarrollo Humando Oportunidades, que incluye pláticas sobre nutrición dentro de su paquete de servicios de salud, y (iii) el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa). No existen acciones coordinadas que vinculen estos programas al ANSA. Una de las excepciones es la sustitución de la leche de entera por descremada y semidescremada distribuida por Liconsa. Consideramos que estos programas sociales ofrecen una ventana de oportunidad para acciones futuras. Consideramos que las acciones revisadas se beneficiarían de contar con un marco de política de salud alimentaria que toque también aspectos sobre el derecho a una nutrición adecuada, la cual está fuera del alcance de muchos hogares dadas las restricciones presupuestales que enfrentan. Deben repensarse los mecanismos y canales para asegurar la seguridad alimentaria.

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Bibliografía Daniels, Stephen. 2006. “The Consequences of Childhood Overweight and Obesity”. The Future of Children. 16.1: 47-67. Accesado en línea 3101-2012. http://jstor.org/stable/3556550 INSP Instituto Nacional de Salud Pública. 2006. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública. Disponible en: http://www.insp.mx/ensanut/ensanut2006.pdf Secretaría de Salud. 2010. Acuerdo Nacional Para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. México, DF: Secretaría de Salud. Disponible en: http://activate.gob.mx/Documentos/ACUERDO%20NACIONAL%20 POR%20LA%20SALUD%20ALIMENTARIA.pdf

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Las limitaciones de la política agrícola de la última década Isidro Soloaga Académico del Departamento de Economía de la Ibero

Desde mediados de la década de los ochenta, la economía mexicana ha experimentado importantes reformas encaminadas en general a lograr un mejor funcionamiento de los mercados. En el caso del sector agrícola estas reformas se reflejaron entre otras cosas, en: • Un importante incremento del comercio con Estados Unidos. • Un aumento en la productividad de las tierras de riego. • Un aumento en la producción de vegetales y frutas con destino al comercio internacional. • Un aumento en la producción de maíz (a pesar de todos los pronósticos contrarios al inicio de la liberalización comercial de fines de los ochenta y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte efectivo desde 1994). • Una disminución de la importancia de los ingresos agrícolas en la población rural (ante un aumento de la importancia de ingresos laborales provenientes de otras fuentes). Sin embargo, llama la atención que luego de más de 20 años de reformas las principales características del sector agrícola sean prácticamente las mismas. Tanto a principios de 1990 como a principios de la década de 2010 el sector se caracteriza por tener: • Una producción de estructura polarizada con: – Productores comerciales con orientación al mercado. – Productores de autosuficiencia (maíz y frijol, principalmente). • Niveles de polarización regional, con diferencias marcadas entre las regiones: – Sur (producción de subsistencia con bajo nivel tecnológico) . – Norte (productores comerciales con alta tecnología de punta).

Las limitaciones de la política agrícola de la última década

• Niveles de pobreza mucho más altos en zonas rurales: • Pobreza rural era 32% en 1992 y fue 29.3% en 2010 • Pobreza urbana era 13% en 1992 y fue 12.6% en 2010 • Prevalencia de fuertes corrientes emigratorias. – Rural-urbano dentro de México. – Rural-Estados Unidos en la migración internacional. • Prevalencia de altas tasas de deforestación. • Escasos cambios en los regímenes de la propiedad de la tierra a pesar del avance del Procede (al año 2007 sólo 4.4% de la propiedad social total y 7% de la certificada por el Procede habían adoptado el dominio pleno). ¿Cómo explicar esto? El siguiente gráfico muestra el muy bajo crecimiento tanto del producto interno bruto (PIB) total como del PIB del sector agrícola. Entre 1993 y 2012, mientras que el PIB total creció 2.5% promedio anual, el PIB agrícola lo hizo 1.3% anual, en tanto que en los últimos seis años, mientras que el PIB total experimentó un crecimiento anual de 1.7%, el PIB agrícola permaneció prácticamente estancado. Este desigual crecimiento implicó una continuación de la tendencia secular a la disminución de la importancia de la producción agrícola en el nivel de actividad total (de 2.4% en 1993 pasó a 1.9% en 2012).

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Gráfico. PIB total y PIB agrícola 1993-2012. En miles de millones de pesos de 2003. Fuente: Banco de México. Nota: para 2012 es el promedio de los tres primeros trimestres. En este escenario de bajo crecimiento, la estructura productiva del sector agrícola mexicano sigue siendo muy similar a la que existía hace 20 años. El siguiente cuadro muestra cuáles fueron los cinco principales cultivos considerando ya sea el área plantada o bien el valor bruto de la producción como promedio para el período 1990-1992 y para el período 2009-2011. Se observa claramente que el maíz sigue siendo el principal cultivo en México, tanto en su participación en el área plantada (alrededor de 50% del total agrícola) como en el valor de la producción (34% del total agrícola). Este conjunto de sólo siete cultivos representó en ambos períodos más de 85% del total del área dedicada a la agricultura y alrededor de 75% del valor bruto de la producción agrícola total.

Cuadro 1. Principales cinco cultivos para años 1990-1993 y para 20092011, por área sembrada o por valor de la producción. Fuente: elaboración propia con base en datos de SIACOM (Sagarpa)

Las limitaciones de la política agrícola de la última década

Claramente esta situación de estancamiento relativo sin cambio estructural no parece haber sido lo que se esperaba al momento del inicio de las reformas. Se buscaba que con la apertura económica y el repliegue de la injerencia del sector público en el sector, con un mercado de tierras impulsado por la reforma ejidal, con crecimiento en el tamaño de los predios agrícolas y con créditos dirigidos al sector, las decisiones de producción se guiaran por las señales del mercado internacional. Esto llevaría a un uso eficiente de los recursos transformando la oferta agropecuaria e impulsando el crecimiento del sector (Yunez-Naude, 2010). Quizás el elemento más importante detrás de esta situación de no-cambio estructural en el sector es el remarcable hecho de que, luego de las importantes reformas enfocadas a lograr una agricultura más orientada a la producción para el mercado, las políticas aplicadas en el sector rural en los hechos tuvieron el efecto de aislar de la competencia internacional a los grandes productores comerciales sin cambiar mayormente el sistema de incentivos para los productores de subsistencia. Así es como el principal problema de la política agrícola de los últimos años es que ésta se caracterizó por una alta inequidad en el acceso a los programas públicos y por una escasa o nula incidencia efectiva para el mejoramiento de las condiciones de los pequeños productores. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en el hecho de que 10% de los productores más grandes obtuvieran entre 50% y 80% de los subsidios agrícolas, situación aún más marcada en el caso del subprograma Ingreso Objetivo de Aserca (uno de los más importantes en términos de gasto público en el sector agrícola) en el que 10% de los productores más grandes obtuvieron 80% del total de los subsidios disponibles (Scott, 2009a y 2009b). En coincidencia con otros autores (Yunez-Naude, 2011; Scott, 2009a y 2009b; Fox y Haigh, 2009), resulta claro que es necesario cambiar el enfoque de la política agrícola mexicana. Ésta debería reenfocarse hacia la provisión de bienes públicos, tales como la inversión en infraestructura y la investigación, hacia un criterio de equidad en los apoyos desmantelando 40

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el actual sistema que favorece principalmente a los grandes productores y cuidando la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales revisando los actuales subsidios a los recursos energéticos utilizados en el sector. Contemplar este cambio de política, y su aplicación en conjunto con políticas sociales (no necesariamente agrícolas) que protejan los niveles de ingreso de los productores más pobres debería estar dentro de las prioridades del nuevo gobierno. Referencias Fox J., y Libby Haight (2010) Subsidizing inequality: Mexican Corn Policy since NAFTA, Eds. Woodrow Wilson International Center for Scholars & CIDE. www.wilsoncenter.org/MexicanRuralDevelopment Scott, J. (2009a) “Redistributive Constraints under High Inequality: The Case of Mexico”, Research for Public Policy, Inclusive Development, ID07-2009, RBLAC-UNDP, New York Scott, J. (2009b) Gasto público para la equidad: del estado excluyente hacia un estado de bienestar universal. Programa Presupuesto y Gasto Público en México Serie: ¿Gastamos para Mejorar? México Evalúa. http:// www.mexicoevalua.org/descargables/cc9720_Gasto-Publico-para-LaEquidad-27-Oct-2010rev.pdf Yunez-Naude, A. (2010) Los grandes problemas de México: Tomo XIEconomía rural. El Colegio de México. México DF. http://2010.colmex. mx/16tomos/XI.pdf Páginas electrónicas: SIACON (Sagarpa) http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_con tent&view=article&id=181&Itemid=426, consultada el 20 de noviembre, 2012 INEGI, Banco de Información Económica. http://www.inegi.org.mx/ sistemas/bie/, consultada el 21 de noviembre, 2012. 41

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Un balance de la política económica en un contexto de globalización Pablo Cotler Ávalos Director del Departamento de Economía de la Ibero

Seis años después de haber empezado labores, la administración del presidente Felipe Calderón puede presumir que no estamos viviendo una crisis económica, social y política como la que experimentan –por ejemplo– los españoles o los griegos. Nosotros, en cambio, hemos logrado crecer a una tasa anual relativamente alta en los últimos tres años (4%) y, sin embargo, la población no percibe un mayor bienestar económico. Cómo logramos crecer y por qué es probable que el mismo sea efímero, son parte necesaria de un balance de los resultados obtenidos en materia económica. Para realizar un balance de la política económica del gobierno que encabezó el presidente Calderón es necesario considerar qué medidas tomó, qué medidas debieron haberse tomado y qué resultados se obtuvieron. Ahora bien, dado que toda política económica implica asignar recursos y generar incentivos, al evaluar los resultados deben considerarse los riesgos y oportunidades que abrió el entorno internacional, pues éste condiciona los recursos con que contará el Estado y los retos que enfrentaron trabajadores, productores y consumidores. Por otro lado, dado que las decisiones de política económica acarrean redistribuciones de la riqueza y el poder, el entorno político ofrece oportunidades e impone restricciones al tipo de medidas que puedan sugerirse.

Un balance de la política económica en un contexto de globalización

La evolución que registró el entorno internacional no generó un ambiente propicio para empezar a resolver los grandes problemas que heredó el gobierno de Calderón. Dos eventos externos incidieron negativamente en la posibilidad de alcanzar un mayor bienestar. En primer lugar, el incesante aumento en la demanda internacional por alimentos y el uso de granos para la producción de etanol condujeron a que el precio internacional de los cereales, aceites, grasas y azúcar subieran en promedio –según la FAO– más de 80% durante el período 2006-2011. Un segundo factor es la crisis económica que se desató en los países desarrollados a mediados de 2008 y que aún no se resuelve. Iniciada como una crisis estrictamente financiera, la respuesta de los gobiernos y la reacción del sector privado condujeron a que muchos países europeos tengan bancos débiles y gobiernos con graves problemas fiscales, características poco propicias para generar un contexto poco propicio para el crecimiento. El mundo desarrollado está en problemas y las soluciones que se plantean son dolorosas económicamente y difíciles políticamente. Una combinación que ayuda a explicar por qué el Fondo Monetario Internacional considera en la actualidad que “los riesgos de una grave desaceleración mundial son alarmantemente altos”. Estos dos factores han tenido importantes secuelas en la economía mexicana. Por un lado, el fuerte incremento en el precio de los alimentos empobreció aún más a los jornaleros agrícolas y a los pobres urbanos, y es uno de los factores explicativos del incremento en la pobreza que se registró entre 2006 y 2011. Por otro lado, la crisis internacional, ha llevado a que el dinamismo de nuestro sector exportador se haya reducido, a que las inversiones extranjeras hayan seguido similar curso y que incluso, la entrada de remesas y turistas también haya menguado. Este menor dinamismo y la incertidumbre que existe respecto de qué medidas tomará 44

Sexenio en perspectiva

el gobierno de Estados Unidos para reducir su deuda imponen un freno a nuestra economía y limita la generación de empleos. Sin embargo, la continua búsqueda de nuestras autoridades por contar con un sistema financiero bien capitalizado y debidamente regulado, y unas finanzas públicas que no fueran una fuente de inestabilidad, pareciera haber rendido algunos frutos. Así, a diferencia de lo que acontece en países como Estados Unidos, Japón o Grecia en los que la tasa acumulada de crecimiento del producto interno bruto –en los últimos cuatro años– es de 0.6% y -3.0 y -25% respectivamente, o en España donde la tasa de desempleo se triplicó en tres años –para alcanzar 25%– y la deuda pública –como porcentaje del PIB– se duplicó en cuatro años, la economía mexicana ha experimentado un importante repunte. Luego de una paulatina reducción en el crecimiento económico del país entre los años 2007 y 2008 (3.3% y 1.2% respectivamente), y una severa contracción económica en 2009 (-6.9%) debido a las primeras manifestaciones de la crisis internacional y a la aparición del virus AH1N1, durante los siguientes tres años la economía mexicana ha crecido a una tasa anual promedio de 4%. Esta cifra es relativamente alta para los estándares de nuestro país y sorprende porque se da en un contexto en el que no hubo una política monetaria ni fiscal relativamente expansiva, porque supone un relativo divorcio –por lo menos en el corto plazo– del ciclo económico de Estados Unidos y porque sucede en un contexto de mucha inseguridad pública como consecuencia de la batalla que se libra contra el narcotráfico. A este respecto, una banca bien capitalizada, unas finanzas públicas que no son fuente de inestabilidad y unas autoridades monetarias listas para usar las ingentes reservas internacionales en caso de problemas de liquidez, contribuyeron a sembrar un terreno fértil para alcanzar tal 45

Un balance de la política económica en un contexto de globalización

crecimiento económico. Además de ello, el relativo encarecimiento de la mano de obra china elevó –en términos relativos– la competitividad de nuestra economía. Aun cuando en la segunda mitad del gobierno del presidente Calderón se ha reportado una tasa de crecimiento económica muy superior a la registrada en los últimos tres sexenios, quedan sin embargo muchos pendientes por resolver que dificultan la posibilidad de continuar creciendo a tasas del orden de 4%. Por una restricción de espacio sólo nos referimos a tres. En primer lugar, la menor migración a Estados Unidos –fruto de los mayores costos de migrar y la menor probabilidad de conseguir un buen empleo– y un crecimiento económico esperado para México en los siguientes años del orden de 3% (que implicaría que en 25 años tendríamos un producto per cápita similar al que tiene hoy Chile) sugieren que el empleo en el sector informal no perderá importancia. Ello implica que continuará la merma a los derechos de propiedad, la evasión tributaria y una productividad menguante. Un contexto poco propicio para un crecimiento alto y estable y poco compatible para alcanzar una reducción sostenida de la pobreza. En segundo lugar, contamos con una estructura productiva y financiera sumamente concentrada que acarrea altos costos para los consumidores y que limita la aparición de nuevos productores, factores poco propicios para generar una economía que posibilite la movilidad económica. La competencia es uno de los factores que más potencian a una economía y tal faceta dista de ser propia de nuestra economía. En tercer lugar tenemos un sector público que recibe ingentes recursos pero que peca muchas veces de opacidad, corrupción y simple ineficiencia en el diseño y operación de sus múltiples programas públicos. Estas características difícilmente permiten que el gasto público tenga un efecto dinamizador en la economía y sean una pieza para reducir la pobreza y combatir la desigualdad. 46

Sexenio en perspectiva

Los mares en que navegó la política económica de la segunda mitad del sexenio fueron turbulentos y aun cuando se cometieron errores en la travesía, parece haberse llegado a buen puerto. Sin embargo, el navío sigue siendo igual de endeble y sus pasajeros sujetos a prácticamente los mismos riesgos que un sexenio atrás. Ciertamente, la falta de resolución de los grandes problemas que caracteriza a nuestra estructura económica es responsabilidad de la actual administración, pero también es de los diputados y senadores del Poder Legislativo y de la dirigencia de los principales partidos políticos. En este sentido, nuestras autoridades se van debiéndonos mucho a los ciudadanos.

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Después de una campaña presidencial intensa y con adversidades y de una toma de protesta como presidente de la República que se puede calificar hasta de surrealista, Felipe Calderón Hinojosa comenzó sus seis años de gobierno entre expectativas, dudas, supuestos y como siempre con promesas que giraron en torno al sector productivo. “El presidente del empleo” no tomó en cuenta muchos factores para que el incremento de puestos de trabajo se dé y así dentro de una de las más profundas crisis financieras internacionales de los tiempos modernos podemos, hoy, concentrar en varios rubros lo que ha sido uno de los gobiernos si bien más seguros en cuanto al manejo de la economía, más inseguros en cuanto a hechos violentos perturbadores de la paz social. Hace seis años en este mismo espacio de análisis y dentro de uno de los dos tomos publicados por la Universidad Iberoamericana como Sexenio en perspectiva: la herencia del foxismo, escribía yo que lo que se heredaba de un sexenio a otro era: “No se creció a 7% como se había prometido, tuvimos una fuerte caída en la competitividad del país por falta de reformas estructurales, hubo un impulso casi nulo a la creación de nuevas empresas nacionales y de apoyo a las

¿Cómo le fue al sector empresarial en el sexenio de Felipe Calderón?

Pymes, se notó un incremento de trámites (y por tanto corrupción), una peligrosa dependencia del petróleo. La economía informal se incrementó, persistieron los monopolios estatales y privados y falta de certeza jurídica en la mayor parte de las áreas y ramas industriales” (“De activos y pasivos a asignaturas pendientes”, páginas 47-51). Hoy a seis años de distancia casi podemos decir que subsisten los mismos problemas a los cuales habrá que añadir algunos otros, así proponemos el siguiente análisis: Al inicio del período presidencial y dentro de especulaciones generales despertó una sensación de confianza prudente y además recatada entre el sector empresarial, al ser el presidente Calderón una persona joven, cercana a los ámbitos políticos de su partido, bien relacionado con militantes de otras fuerzas políticas, no habiendo sido el candidato oficial del devaluado presidente Fox y haberle ganado por poco margen al candidato antiempresarial lo hacían un claro prospecto a cumplir muchas de las promesas que en campaña había ofrecido al sector productivo. México se vio afectado de una manera importante por la crisis internacional vislumbrada ya desde mediados de 2007 ya que al formar parte muy activa del mundo global de hoy cualquier acontecimiento modifica para bien o para mal el desempeño nacional; en esta ocasión podemos afirmar que a diferencia de otras crisis financieras mexicanas (1976, 1982, 1988, 1994 y 1997), ésta provino más bien de fuera y tiene aún hoy implicaciones globales, aspecto que ha hecho que los gobiernos, todos, estén buscando mecanismos para restablecer un intangible: la confianza. En lo interno nuestro país enfrentó desde el año 2009 aspectos muy locales pero de gran trascendencia para quienes vivimos a diario la problemática derivada de ellos: índices crecientes de inseguridad privada; baja en los ingresos por concepto de exportaciones de petróleo (hay que considerar que la demanda de petróleo sigue en aumento en los mercados internacionales, y que la tan rebatida y anunciada reforma energética 50

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se quedó en una simple miscelánea energética), baja en la inversión extranjera directa e indirecta (bursátil), regreso de mexicanos que habían ido a trabajar (legal e ilegalmente) a Estados Unidos y Canadá; incremento de la población tanto por nacimientos como por el incremento de las expectativas de vida; incremento por tanto en los índices de pobreza que derivaran en un mayor número de “pobres alimentarios”, “pobres de capacidades” y “pobres de patrimonio”, pero tal vez uno de los aspectos más sensibles es el referente a las elecciones intermedias para elegir a los representantes populares mediante el voto directo, amén de las elecciones de gobernadores que se realizaron en todos los estados de la Federación. La inflación se mantuvo en niveles similares a la de nuestros principales socios comerciales e incluso ha sido menor a la de nuestro principal cliente y proveedor, Estados Unidos, esto según datos constatados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que nuestro país es miembro de pleno derecho desde marzo de 1994. Con datos publicados por el Banco de México (Banxico) y por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), las reservas internacionales del país subieron en casi 80 mil millones de pesos al establecerse cercanas a los 175 mil millones de dólares, por supuesto las más altas de la historia. Además se cuenta con una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) superior a los 72 mil millones de dólares para hacer frente a cualquier contingencia (además se incrementó en 10 mil dólares la participación de México en las aportaciones al FMI). El promedio de vencimiento de la deuda total del sector público es de 7.7 años, la deuda externa neta del gobierno federal, esta como relación al Producto Interno Bruto (PIB) en el comienzo de los gobiernos emanados del Partido de Acción Nacional (PAN) en el año 2000 (heredado del último gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) era de 7.3%, en 2012 esta alcanza 5.6% y el calendario de pagos de la misma pasó de un plazo promedio de 10 años a 16 años, un aspecto de 51

¿Cómo le fue al sector empresarial en el sexenio de Felipe Calderón?

materia prima común para los empresarios es el capital, su costo impacta de manera directa en sus costos de operación, así la TIIE que registraba una tasa ponderada de 7.8% al comienzo del sexenio, está ahora en un nivel de 4.8%, casi 40% menos. Otro dato importante en los aspectos de crédito es que la inversión denominada como institucional, esto es la custodiada por las Afore, sociedades de inversión y fondos de las compañías de seguro subió de 16% a 25% del PIB. El PIB per cápita que al inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada era de 6,858.00 dólares ascendió casi 42% al establecerse en un monto de 10,514.00 dólares. En cuanto a inversión extranjera directa (IED) total acumulada es de alrededor de los 140 mil millones de dólares, cifra también récord en la historia del país, que si bien pudieron ser mayores si se hubieran dado las reformas en el sector energético se pueden considerar una muestra de la confianza que las empresas multinacionales han tenido en el desempeño económico de México, mismo que se ha visto reflejado en el factor de riesgo país que ha pasado del nivel de “riesgo” al de “inversión”, esto se refleja también en las colocaciones muy exitosas que ha hecho el país en el mercado de deuda pública internacional con montos superiores a los mil millones de dólares y lo más importante con bonos a 30 años y dos bonos a un plazo de cien años. México entró al índice Global de Bonos Gubernamentales (WGBI, por sus siglas en inglés) siendo el único país de América Latina que se incluye en dicho indicador y sólo el segundo país emergente en participar. Ante la problemática de la crisis financiera internacional y en previsión de impactos fuertes en el sistema bancario mexicano fue creado el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, con el propósito de identificar de manera oportuna y previa aquellos riesgos que puedan llegar a interrumpir o alterar el funcionamiento adecuado del sistema financiero. México fue el primer país integrante del Grupo de los Veinte en asumir las recomendaciones de dicho grupo para contar con este mecanismo, en este renglón el sistema 52

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Saldo de la administración foxista en el tema migratorio

bancario mexicano también ha cumplido con las normas del Acuerdo de Basilea III respecto al incremento de las reservas para contingencias financieras por parte del sistema bancario nacional. Sin embargo, hasta este punto podemos ver que la estabilidad mantenida en las finanzas públicas y los niveles macroeconómicos quedan opacados por asuntos que no se han podido resolver y que están manifiestos bajo cualquier ángulo que se mire al balance sexenal, estos son el desempleo y la inseguridad. Si bien México logró mantenerse entre las 15 principales economías del mundo, esto no fue suficiente para que se crearan los empleos necesarios para una población joven que se añade al mercado de trabajo y una población vieja que se niega a dejarlo. El millón de empleos por año que son necesarios no se cumplieron y así ese déficit es uno de los puntos malos del gobierno saliente y que había sido uno de los puntos clave de la plataforma económica con que se ganó la Presidencia de la República. Así la brecha entre clases sociales se ha hecho cada vez más amplia y difícil de acercar, si bien tenemos un bono demográfico muy amplio (y envidiable sobre todo por ciertas economías europeas) éste al no tener una preparación adecuada se puede llegar a convertir en un “pagaré demográfico” para el año 2025 cuando la población joven (en decrecimiento) alcance en número a la población vieja (en crecimiento). Esto ha agudizado más la pobreza en sus tres clasificaciones: alimentaria, de capacidades y patrimonial. Como balance en este renglón, según datos de la OCDE en México las clases económicamente altas ganan 30 veces más que las clases en situación de pobreza, es por ello también que el crédito al consumo se ha visto incrementado de una manera geométrica y que los bancos emisores de tarjetas de crédito han desviado recursos a esos productos más redituables, que la de otorgar crédito al sector productivo y así generar a su vez altas utilidades.

¿Cómo le fue al sector empresarial en el sexenio de Felipe Calderón?

Del año 2000 a la fecha el país ha crecido a un promedio entre 2% y 3% en cuanto a su PIB, el desempleo lo ha hecho –según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)– entre 4% y 5% promedio en los 12 años, estamos en lo que los analistas de las principales calificadoras denominan la “trampa de los países de renta media”, término aplicado a aquellas economías que han fortalecido sus variables macroeconómicas pero que no han podido trasladar esos beneficios al desarrollo de sus variables microeconómicas, no se ha podido pues romper el círculo vicioso de la desigualdad y la pobreza, en muy pocas palabras seguir siendo un país emergente y nunca lograr diseñar una estrategia para pasar a ser una nación emergida. La economía registró un crecimiento de aproximadamente 4.3% en el primer semestre del año 2012, la expectativa es cerrar el año con una expansión del PIB cercana a 4%, esto según apreciaciones del Comité de Indicadores del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en su publicación de octubre del mismo año. A criterio de esta asociación la tasa de desempleo con un crecimiento entre 4% y 5% se va a estancar y no se va a poder reducir a menos que se llegue a crecer de 5% a 6% en un futuro y esto sólo para poder cubrir el desempleo, no para llegar a ofrecer más fuentes de trabajo, para ello habría que hacerlo a 7% u 8%. En cuanto al gasto en infraestructura (parte muy importante para el desarrollo económico de toda economía), el gobierno federal si bien promovió el mismo fue un observador pasivo al respecto, la mayor parte de las obras realizadas fueron concesionadas y por tanto financiadas con recursos exógenos como por ejemplo los CKD (certificados de capital para el desarrollo), instrumento financiero estructurado dentro del mercado de capitales nacional que fue lanzado en el año 2009 y que ha auxiliado con cantidades importantes a las principales empresas constructoras que obtuvieron dichas concesiones.

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Saldo de la administración foxista en el tema migratorio

La estrategia que marcó el sexenio de 2006 a 2012 en cuanto a política de promoción industrial fue sustancialmente la misma, a saber: garantías para la inversión extranjera en primer término y un “dejar hacer, dejar pasar” como trato a las inversiones de origen nacional; correcto pero, como un país va a tener desarrollo económico (consideramos aquí la variable “crecimiento económico” como un aspecto de la macroeconomía y la de “desarrollo económico” como uno en la microeconomía) si no se crean empleos en el sector que más incide que es el de las medianas, pequeñas y micro empresas (Pymes) que son las que generan casi 85% del empleo nacional, si bien es justo reconocer que la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a cuyo frente estuvo un ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se estructuraron una serie de medidas y apoyos para este sector (desde programas para la incubación y aceleración de empresas hasta Fondos preferenciales de financiamiento a través del instrumento denominado Fondo Pyme), estos no alcanzaron a permear hacia la economía dada la complejidad de los trámites que había que cumplir y la falta de oportunidad en la asignación de los recursos a que se había accedido. Es deseable pues que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sepa evaluar y ponderar bien estos distintos factores en su agenda gubernamental, y que no al sentirse presionado por cuestiones adversas de la oposición de derecha y sobre todo de izquierda vaya a perder la plataforma política que derivó en su triunfo electoral de julio de 2012 y su perspectiva de proyecto gubernamental, él había anunciado y puesto por escrito en su libro México, la gran esperanza (Editorial Grijalbo, México, DF, diciembre de 2011) el cual considero que sentaría las bases de una política de Estado más que de gobierno, es de esperarse que ponga el ejemplo con medidas congruentes y no desesperadas ya que estas últimas traerían consecuencias que perjudicarían a toda la población.

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La comunicación en el sexenio de Calderón Rubén Aguilar Valenzuela Académico del Departamento de Comunicación de la Ibero

El 1 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) asumió su mandato. Él, en el esfuerzo de dar identidad propia a su gestión, se deslinda de la estrategia y el modelo de comunicación utilizado por el presidente Vicente Fox (2000-2006). A continuación se ofrece un análisis de cómo su gobierno entendió la comunicación gubernamental y de las estrategias e instrumentos que utilizó. Se valoran también los resultados de la comunicación en el sexenio de Calderón. I) La concepción A lo largo del sexenio nunca quedó claro cuál era la concepción de comunicación gubernamental que guiaba la política en esa materia. Lo que sí quedó claro al inicio del gobierno, como en los viejos tiempos, es que sólo iba a existir una voz, la del presidente. A los integrantes del gabinete, por decisión de Los Pinos, se les prohibió salir a los medios. Cuando se dio la orden contraria ya era muy tarde y los secretarios siempre estuvieron ausentes de los medios. El presidente mantuvo a lo largo del sexenio un bajo perfil mediático y cambió de estrategia al final de su mandato, sobre todo después de los resultados de la elección presidencial de 2012 donde perdió su partido. En los años del sexenio nunca se hizo presente el esfuerzo de influir en la construcción de la agenda mediática vía la razón y los argumentos, que son los elementos centrales de la comunicación gubernamental.

La comunicación en el sexenio de Calderón

El presidente se mantuvo alejado de las declaraciones y los medios en la búsqueda –éste pareció ser el propósito– de que no se le criticara o “pegara”. Por algunos años lo lograron, pero al costo de no influir en la agenda mediática. Al final no se libraron de la crítica dura e incluso despiadada. El gobierno hizo a un lado la comunicación gubernamental y optó por privilegiar las posibilidades del marketing. Desde el comienzo del gobierno se optó por publicitar un solo tema: la guerra contra los cárteles de la droga. A través de los spots en radio y televisión, verdaderos partes de guerra, se dedicó a anunciar las acciones que señalaban su victoria en esa contienda. Al sólo elegir un tema, de por suyo “atractivo”, éste se posicionó en los medios. Estos, a las pocas semanas de haber iniciado el gobierno, le arrebataron el tema y lo convirtieron en el suyo. En estos seis años fue el único punto en la agenda mediática del gobierno, pero también de la agenda propia de los medios y de las agencias de prensa internacionales en su cobertura sobre México. Cuando el gobierno quiso posicionar otros temas por la vía del marketing fracasó. La importancia que el presidente dio al tema de la llamada guerra hizo imposible que “subieran” otros. El gobierno construyó su propia “cárcel” y no puede salir de ahí. Logró ocasionalmente proponer algún tema, pero al haberse quedado sólo al nivel del marketing y no haber sido acompañarlo por el presidente nunca impactaron la agenda mediática. Estos temas después de dos o tres días desaparecían de los medios. Subieron sólo cuando la oposición los hizo suyos. II) La estrategia La estrategia de Calderón resultó ser la contraria a la de Fox. Al no estar el presidente en la disputa por la agenda mediática su persona e imagen estuvieron, es cierto, menos expuestas a la crítica en los medios, pero no necesariamente en la sociedad. El resultado de esta estrategia trajo 58

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dos consecuencias: el presidente en la mayor parte de su sexenio tuvo poca presencia en medios y también lo hecho por el gobierno. Durante el mandato de Calderón hubo poca información sobre lo que hizo su administración. Lo único que mostraron los medios son las acciones y resultados, buenos o malos, de la guerra contra el narco. Esa es la acción que identifica la sociedad y por ella será recordado este gobierno. La estrategia previó también que los secretarios, para no hacer ruido en los medios, mantuvieran un perfil comunicacional muy bajo. La sociedad, por lo mismo, no conoció lo que hacían los secretarios y sus dependencias. Son contadas las ocasiones en que los integrantes del gabinete salieron a los medios. Al principio, para poder hacerlo, tenían que pedir permiso a Los Pinos. Ellos pudieron haber sido un poderoso instrumento para insertar sus temas en la agenda de los medios, pero estuvieron al margen. No influyeron en nada. Sólo tuvieron presencia, aunque limitada, los secretarios relacionados en la lucha contra el narco. III) Los instrumentos En su esfuerzo por deslindarse de manera sistemática del gobierno de Fox, sobre todo en aquellas cosas que fueron creadas por él, y en coherencia con la posición de no dar la batalla por la agenda mediática se optó por eliminar la figura del portavoz. En la persona de Calderón se concentró lo poco que se hizo en materia de comunicación gubernamental. La Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, un instrumento poderoso para la comunicación gubernamental, se concentró en tareas que eran propias de la dependencia en los últimos gobiernos del PRI (hablar con las mesas de redacción, protestar notas, solicitar cierto tipo de cobertura…), pero en un contexto político claramente distinto. Los mecanismos propios del marketing fueron los únicos instrumentos de comunicación que utilizó el gobierno. Privilegió la publicidad más que otras administraciones. Es el gobierno que más recursos ha gastado en 59

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ella. Más del doble de lo utilizado por Fox. En todo caso el instrumento central y tal vez único de comunicación gubernamental propiamente tal fueron los discursos del presidente. Los medios sólo en contadas ocasiones, en eventos o intervenciones muy especiales, tomaron como tema central lo dicho por él. Calderón sólo ocasionalmente concedió entrevistas. No resultó, por lo tanto, un mecanismo para hacerse presente en la construcción de la agenda mediática. Los medios, es cierto, no comentaron las maneras de ser del presidente y su esposa, cosa común en el gobierno de Fox. Es un tema que no estuvo más que ocasionalmente presente en la agenda. Si esto se buscó fue exitoso. La vida personal, no íntima, de los personajes públicos forma hoy parte de la agenda mediática y puede ser un buen instrumento para colocar temas. A esto también se ha renunciado. El gran logro de la estrategia de bajo perfil es que los medios por lo general no atacaron al presidente, sí a su gobierno. El gobierno, con todo, jugó un papel marginal en la construcción de la agenda mediática. IV) El impacto de las distintas estrategias A pesar del tipo de comunicación que realizó el presidente en los primeros cinco años, mantuvo niveles de aceptación que resultaron muy semejantes a los de Fox. Si Calderón con su estrategia pretendió que eso iba a darle mejores calificaciones que el presidente anterior no lo logró. El cambio de estrategia, pues, no influyó de manera visible en los años a los que se hace mención. Al final de su mandato el presidente tiene las peores calificaciones, por abajo de Fox. Termina con la peor calificación de un presidente en la historia reciente del país. ¿Es el reclamo de los resultados de la estrategia de la guerra? ¿Es la percepción de inseguridad? Hay que investigar con detención este comportamiento. Lo único evidente es que durante cinco

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años en la imagen pública la estrategia de comunicación parece que no influyó, pero al final de su gestión el presidente obtiene malas valoraciones. Lo que sí fue distinto fue el impacto de las distintas estrategias de comunicación en los resultados electorales. A Fox le fue mejor que a Calderón en las elecciones de gobernadores y presidentes municipales que se hicieron en su mandato. Al parecer sí cuenta que el gobierno esté en la disputa de todos los días, para que el electorado se decida a votar por ese partido y sus candidatos. Si el gobierno está ausente no concita el voto a favor de la opción que él representa. Es un tema que hay que investigar y ofrecer pruebas duras. Ahora es sólo una constatación y posible hipótesis. V) El discurso de la guerra El tema de la guerra y la comunicación de ella, al que ya se ha hecho referencia, merece un mayor desarrollo. La guerra no fue tema en la campaña y tampoco estuvo presente en la etapa de transición administrativa. Calderón ganó legal y legítimamente la elección de 2006, pero se sintió obligado, también lo hicieron sus antecesores, a realizar un acto fundacional de su mandato que lo distinguiera de su predecesor y lo legitimara frente al movimiento que en las calles encabezaba el candidato Andrés Manuel López Obrador que había perdido la elección, pero no lo reconocía. Las acciones que para legitimarse tomaron los presidentes anteriores fueron puntales y fáciles de controlar, pero Calderón asumió una decisión particularmente difícil de manejar. La guerra, de la nada, se convierte en el tema central once días después de haber tomado el poder. Siempre se sabe cuándo se entra a la guerra, pero no cuándo se sale. El presidente y los que con él tomaron esta decisión no midieron lo que iba a implicar y tampoco visualizaron el problema en el que se iban a meter. Hoy ellos y la sociedad pagan las consecuencias.

La comunicación en el sexenio de Calderón

El tema se posicionó de inmediato, como ocurre con todas las guerras, por la fuerza dramática que tiene en sí mismo y porque ningún otro de los que se habían publicitado en la campaña, como el empleo, podía obtener la misma importancia y visibilidad. Al convertirse en “el” tema inicia, entonces, la disputa por la agenda mediática entre el gobierno y los medios. Estos, en semanas, “arrebatan” el tema al gobierno y lo manejaron como ellos quisieron. Es cierto que el Ejecutivo lo quería posicionar, pero son los medios los que establecen la frecuencia y la manera como se va a tratar. El presidente un día sí y el otro también habló del tema a lo largo de su sexenio e incluso al final todavía le dio mayor cobertura. Al final, con todo, fueron los medios los que construyen el discurso. Estos, no la Presidencia, fueron quienes siempre tuvieron “el sartén por el mango” y en la disputa por la agenda el gobierno perdió y quedó a merced de estos. Los medios son, en estos seis años, los que frasearon y regularon el discurso. Esto se facilitó porque no existía en el país un código de ética de cobertura de casos de violencia y en particular de la producida por el narcotráfico. Es cuando aparecen entonces, en las primeras páginas, las cabezas de los decapitados, las mantas, los cadáveres. Queda claro, por si alguien tenía dudas, que los medios tienen el control de la agenda, que traducen en clave sensacionalista y escándalo. VI) A manera de conclusión A lo largo de estos seis años se dio siempre la impresión, y en los últimos meses se hizo todavía más evidente, que Calderón se sintió cómodo con la estrategia de guerra y con la manera que él utilizó para comunicarla. Todos recordamos las fotos del presidente vestido con uniforme militar, que le quedaba grande, cuando ningún mandatario de corte civilista se

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prestaría a eso en ninguna parte del mundo. Todos tratan de no utilizar la retórica y la simbología que los aleje de la estrategia militar por las implicaciones que ésta tiene. “Lo que no se comunica no existe” y “gobernar es comunicar” son dos afirmaciones que valen por sí mismas. El gobierno de Calderón concentró sus esfuerzos comunicativos en el tema de la guerra contra el narco. Los otros temas no se comunicaron y como tal no existieron. Al gobierno, pues, se le identifica y asocia sólo a ese tema. El no comunicarse más allá de los spots comerciales, más cercanos a la propaganda que a la publicidad, explican en buena medida la baja aceptación con la que termina el presidente.

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Balance del sexenio: ¿Político de tolerancia? Enrique Gutiérrez Márquez Académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero

La gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa se vislumbra como un periodo que a través del tamiz de la historia será identificado como de claroscuros, contradicciones, errores, equívocos, torpezas, injusticias e incluso desmesuras. Sin duda, uno de los problemas principales que se recordará aún después de años, será la “famosa” “guerra” que “no fue guerra” pero que al final del periodo se identificó como una verdadera batalla que el Poder Ejecutivo federal inició de manera unilateral, ahora sabemos, sin una estrategia que definiera las líneas de acción para contener y combatir al crimen organizado. Probablemente la idea que quedará en el aire al cierre de la administración, es la de un estilo personal obstinado, “firme de convicciones” y poco sensible a escuchar voces contrarias a la propia. Pero que además, en el terreno de lo público, dejará pendiente la resolución de problemas centrales para la vida nacional, que por incapacidad o falta de pericia no se pudieron resolver en los espacios institucionales como el Congreso de la Unión, en el que no se pudo aprobar la “reforma del Estado” y el conjunto de reformas estructurales en el ámbito político, judicial, educativo, de salud, trabajo, sector energético, comunicaciones, en materia de coordinación fiscal y presupuestal, o en el avance de transparencia y rendición de cuentas, así como en los procesos de descentralización, por mencionar algunos.

Balance del sexenio: ¿Político de tolerancia?

Desde mi óptica, el balance del sexenio nos proporciona una imagen en la cual la lista de asignaturas pendientes y el encono provocado por ello no es menor. En el terreno macroeconómico, la tarea consistía, en palabras de la administración en turno, en “mantener la estabilidad de las finanzas públicas y el equilibrio del déficit” que sin duda es un logro parcial; sobre el crimen organizado, afirmaban que “la expansión de las fuerzas federales no es parte del problema, sino parte de la solución” que tampoco parece una lectura certera; en lo que concierne al “combate” contra la delincuencia, afirmaron que las acciones emprendidas conformaron una “estrategia integral para enfrentar y someter a los criminales, y construir una nueva constitucionalidad en materia de seguridad y reconstruir el tejido social”, aseveración que parece poco precisa frente a los hechos; en lo que concierne al empleo aseguraron que a pesar de las cifras, “se ha generado una cantidad suficiente de ocupaciones formales netas”; respecto al rubro de las telecomunicaciones sostienen al día de hoy que “los consumidores han visto reducciones en sus pagos gracias a que hay mayor competencia en telefonía móvil e Internet”; sobre las inversiones afirman que “México es el país más sencillo para realzarlas en toda América Latina” (sic). Sumado a ello, podemos identificar problemas graves en seguridad pública –especialmente en la lucha contra el crimen organizado–; la baja calidad institucional y la rendición de cuentas; la ausencia de una jerarquía de los crímenes que preocupan más a las autoridades; la ausencia de una agenda de acción que aborde los problemas estructurales de los cuerpos policiacos, los jueces y el sistema penitenciario; la importancia de los gobiernos locales en el proceso; la necesidad de redefinir la relación con Estados Unidos; la urgente necesidad de recuperar la libertad y la seguridad de la prensa en el país; además de la necesidad de primer orden para construir los canales adecuados que exijan a los militares fomentar 66

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un mayor respeto por los derechos humanos. Esa realidad que describe el estilo personal de gobernar ¿será la misma realidad para todos?; ¿nos estaremos refiriendo a la misma realidad?; ¿estaremos observando y describiendo los mismos fenómenos? A unos meses de terminar su gestión, la actual administración federal no hace explícito que tuvo resultados magros incluso en rubros que han reportado oficialmente como sus fortalezas, como en el caso de la materia económica, ámbito en que se evidencian “logros” menores –incluso que los de sus dos antecesores–. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de 1.27% a lo largo del periodo -el más bajo de los dos mandatos que lo preceden–que desde la óptica de varios analistas es resultado de una inadecuada conducción y de que el crecimiento de la economía en el sexenio ha sido mediocre, sumado al hecho ya señalado de que en estos años no se logró negociar con el Congreso para elevar el crecimiento potencial de la economía con la aprobación de reformas, haciendo evidente la crisis en sectores como el agropecuario y el turístico que siguen luchando para mantener su viabilidad como áreas rentables dentro del país. Diversos analistas coinciden en que la mayor parte de los problemas que enfrentamos actualmente, son resultado de las prácticas, omisiones y políticas instrumentadas por el gobierno en turno, pero además, secuela de una disposición política poco abierta a la crítica. Las decisiones tomadas en los últimos años han acentuado por diferentes razones la erosión del tejido social y el país lleva ya más de 11 años de alternancia en el gobierno federal, que en su momento ofreció ventajas derivado de la promesa de sacar al “viejo régimen de Los Pinos”, que ahora sabemos era una conclusión prematura. A lo largo de la última década, los gobiernos apostaron por la cercanía “ciega” con Estados Unidos, en un contexto 67

Balance del sexenio: ¿Político de tolerancia?

en el que hubiera sido necesario encontrar contrapesos que atenuaran nuestra marcada dependencia respecto de ese país –hecho que se ha traducido incluso en la pérdida de liderazgo en la región latinoamericana. Los experimentos neoliberales “debilitaron” al Estado mexicano como institución, pero también en lo que concierne a su capacidad para evitar los conflictos sociales. Sin un Estado fuerte, nuestro país no podrá enfrentar los conflictos venideros. En el espacio internacional la figura del Estado ha recuperado responsabilidad económica y social, y se abandona paulatinamente al “Estado mínimo del fundamentalismo neoliberal” para resolver los problemas sociales, producto del mundo multilateral y policéntrico. Finalmente, me parece que como una percepción generalizada, somos testigos de los errores del Ejecutivo federal, y como dato que confirma la especulación –al menos hasta el momento– la tendencia de preferencias electorales sugiere que el Partido Acción Nacional no repetirá la titularidad del Ejecutivo, pero además, el hecho representa que perdió su oportunidad histórica para consolidarse como un proyecto alternativo, viable y duradero para el país. El posible triunfo de un “partido distinto” debe entenderse como un proceso positivo en la consolidación democrática, pero además, como una medida que puede, en la coyuntura actual, contribuir a detener el deterioro del tejido social producido por medidas instrumentadas desde el inicio del sexenio, cuando se sacó el Ejército a la calle para luchar contra los cárteles de la droga, en el que el balance, según algunas cifras conservadoras, supera los 40 mil mexicanos muertos, en algunos casos como “víctimas o daños colaterales”. Lo que exigirá para el país la articulación actual es romper con las “recetas”, para encontrar mecanismos novedosos, imaginativos e inteligentes que permitan encontrar caminos de salida. El combate a los problemas del país requerirá de un gobierno

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fuerte y medidas que permitan restablecer al Estado y sus mecanismos de operación y acción políticas. El próximo presidente deberá combatir a los políticos que apoyan al crimen organizado, pero también deberá darse tiempo para encontrar los caminos que reconstituyan el desgastado entramado social y romper con la inercia de las imposiciones, para transitar a la construcción de acuerdos que le permita funcionar como un eje de articulación de la clase política en el país.

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La situación de los pueblos indígenas durante el sexenio 2006-2012 Juan Pablo Vázquez Gutiérrez y Pablo Reyna Esteves Académicos del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Ibero

Cerca del fin del sexenio, la problemática de los pueblos indígenas sigue representando una asignatura pendiente de cara a las acciones realizadas por el Estado mexicano en materia de política social, justicia y respeto a los derechos colectivos. A continuación se señalan algunos elementos en apoyo a esta afirmación.

El incremento de la pobreza y los alcances de la política social en materia indígena Para inicios del sexenio 2006-2012 se contabilizaba en México un total de 12 millones 707 mil indígenas.1 Esta cifra se elevó al incluirse en el Censo Nacional 2010 la variable de pertenencia étnica: conforme a ella, si bien sólo 6.9 millones de personas son hablantes funcionales de una lengua originaria nacional, 15.7 millones (13.9% de la población total) se autorreconocen como indígenas.2 ¿En qué condiciones se encuentra esta población con respecto al conjunto del país? Los datos revelados por el estudio multidimensional de la pobreza en México realizado por Coneval en 2008,3 arrojan Esta cifra fue adoptada a partir del conteo INI-Conapo 2001 y mantenida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Cfr. Conapo. La población de México en el nuevo siglo. ORDPI-INI, México, 2002, p. 25. Zolla, Carlos y Zolla Márquez, Emiliano. Los pueblos indígenas en México. 100 preguntas. UNAM, México, 2004, p. 35. 2 Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y vivienda 2010. Extractos disponibles en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est 3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informe de pobreza multidimensional en México, 2008. México, 2010. 1

La situación de los pueblos indígenas durante el sexenio 2006-2012

datos contundentes sobre las asimetrías de la sociedad mexicana y la crítica situación de los pueblos indígenas. Comparados con el conjunto nacional, los grupos indígenas sufren por doble vía los efectos de la exclusión: son los más pobres y a la vez los más discriminados. De acuerdo con el estudio citado, 44.2% de la población total se sitúa en algún nivel de pobreza, en tanto 11.2% se encuentra en situación de pobreza multidimensional extrema. De entre estos últimos, 75% son indígenas.4 Los rostros de la pobreza tienen una clara ubicación geográfica, así como adscripción de género y de etnia. La presencia de estos contrastes constituye un factor que cuestiona la cohesión social, remarcando el alto grado de conflictividad de la problemática indígena, en el marco de una estructura que reproduce condiciones de inequidad y exclusión. A la grave condición de pobreza se une la situación de discriminación. Pese a los esfuerzos realizados para promover prácticas más tolerantes e inclusivas, México es todavía un país profundamente desigual y discriminativo. Al respecto resultan ilustrativos los resultados de la Encuesta nacional sobre la discriminación en México, 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).5 En esta encuesta se señalan las siguientes situaciones relevantes: 4 de 10 mexicanos consideran que no se respetan en el país los derechos de personas homosexuales, indígenas y migrantes. Sin embargo, al mismo tiempo 4 de 10 entrevistados manifiestan no estar dispuestos a cohabitar con personas de raza o cultura distintas. Por su parte, en encuestas dirigidas a miembros Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Indicadores de medición de pobreza. Origen étnico y nacional, 2008-2010”. http://web.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta nacional sobre la discriminación en México/ ENADIS 2010 http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

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de diversos grupos étnicos del país, los entrevistados identifican como principales problemas de su grupo étnico la discriminación, la pobreza y la escasez de acciones gubernamentales que les brinden apoyos efectivos.6 Ante esta compleja problemática, el período que concluye no ofrece diferencias fundamentales con respecto a gestiones anteriores en materia de políticas y acciones dirigidas hacia los pueblos indígenas. Más allá de diferencias de matiz y escasos incrementos en el presupuesto de algunos programas, puede hablarse de una lógica de continuidad en la política social desarrollada en este rubro. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el gobierno federal se refirió a los pueblos indígenas como “grupos prioritarios de atención”.7 No obstante, esta preocupación no se tradujo en políticas y acciones integrales dirigidas a promover una mejora significativa de sus condiciones de vida, ni a fortalecer el ejercicio de sus derechos. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2009-2012)8 – instrumento creado para cumplir las metas del PND en la materia– no se presentó oficialmente sino hasta la mitad del sexenio. Más allá de este significativo retraso, su aplicación, lejos de favorecer una acción transversal y estratégica de las instituciones, redundó en acciones atomizadas, asistenciales y con escaso impacto regional.9

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Op. cit., pp. 22, 36, 52-54. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Poder Ejecutivo Federal, México, 2007. Apartado 3.4 “Pueblos y comunidades indígenas”, pp. 199-209. 8 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2009-2012). México, 2010, 93 pp. 9 Gran parte de las acciones impulsadas por la CDI a lo largo de este sexenio se montó sobre la estructura y programas del Instituto Nacional Indigenista (INI). Todavía en el sexenio actual, dos de los históricos programas desarrollados por el INI a lo largo de la década de 1990, Albergues y Fondos Regionales para la Producción en Zonas Indígenas, aún son los de mayor presupuesto y alcance regional. 6 7

La situación de los pueblos indígenas durante el sexenio 2006-2012

El análisis de la operación de programas dirigidos a poblaciones indígenas indica que aunque el presupuesto destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas creció con respecto a la gestión anterior y la suma de recursos incorporados por programas federales se incrementó también (en algunos casos hasta en 30%), esto no representó un cambio radical en las políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas.10

Un breve balance sobre el ejercicio de derechos y la libre determinación de los pueblos Junto con estas evidentes limitaciones de la política pública, a lo largo del sexenio se incrementaron los signos de crisis económica, inseguridad y violencia en el país. Estas condiciones han adquirido mayor magnitud en el ya de por sí precario contexto de las comunidades indígenas. Los esquemas de relación económica impuestos por la globalización han minado la economía de los pueblos indígenas, colocándolos en condiciones de alta vulnerabilidad. En este contexto, los factores de riesgo son múltiples: la agresiva expansión de los mercados internacionales va unida al debilitamiento de fuentes de ingreso local; crecen las amenazas sobre territorios y recursos indígenas ante la expansión de proyectos de inversión privada que atentan contra el equilibrio ecológico regional. Este desolador panorama constituye un terreno fértil para la violación de derechos y la represión de demandas sostenidas históricamente por los pueblos indígenas.

10 Si bien el PNDPI 2009-2012 se propuso promover la transversalidad presupuestal, esta iniciativa se redujo a la mera suma aritmética de recursos de las diferentes dependencias que ya operaban en las regiones indígenas. Así, los programas de Desarrollo Humano-Oportunidades y Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas fueron integrados y operados desde IMSS-Oportunidades; los programa de Abasto Social, Diconsa y Desarrollo Regional Sustentable fueron articulados a los Fondos Regionales para la Producción en Regiones Indígenas y el Procampo.

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Ciertamente, el final de sexenio deja también algunos atisbos de esperanza. En ese sentido, cabe señalar el proceso que condujo en febrero de 2012 al reconocimiento, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las elecciones locales realizadas por el régimen de usos y costumbres en el municipio de Cherán, Michoacán. Otro elemento significativo lo constituye la incorporación de juicios orales, con derecho a la traducción en la propia lengua, como un mecanismo básico para garantizar el derecho a un juicio justo. Finalmente, cabe señalar dos hechos relevantes de orden jurídico: la aprobación en 2007 de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y, en junio de 2011, la reforma al artículo 1º de nuestra Constitución que eleva a rango constitucional los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Estas iniciativas constituyen importantes herramientas para la defensa de los derechos y territorios de los pueblos indígenas. Con todo, partiendo de una mirada de conjunto, sobra decir que nos encontramos todavía lejos de transitar hacia un proyecto de nación legítimamente pluriétnico y abierto al diálogo intercultural.

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La gestión de Felipe Calderón en materia de migración: sin comienzo y sin final Javier Urbano Reyes Coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) y profesor-investigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Ibero

La evaluación sobre las gestiones gubernamentales es un terreno bastante propicio para verter sobre éstas toda serie de adjetivos, sean estos de orden positivo o negativo. Gran parte de estos supuestos análisis tienden fácilmente a ubicarse en dos extremos opuestos, es decir, aquellos que llegan hasta el punto de endiosar las estrategias de la gestión en curso (“la más alta de la historia”, “las mayores inversiones”, “la más importante” y un largo etcétera). Del lado opuesto, existen quienes atribuyen al gobierno en cuestión la virtud del desastre, el origen de todos los males o la responsabilidad de agravar los existentes. En cualquier caso, parece que estas afirmaciones no aceptan puntos de vista intermedios que pudieran dar mayor solidez a un diagnóstico. Ahora bien, los gobiernos que finalizan su periodo se enfrentan a la responsabilidad de asumir sus palabras, a la necesidad de dar cuenta de lo que ofrecieron y lo que entregaron, de las promesas no realizadas o del reconocimiento social a lo cumplido. La gestión de Felipe Calderón Hinojosa en materia de migración deja, como en otros rubros, muchas palabras, muchas promesas y una deuda enorme en materia de derechos humanos de las personas migrantes. Tras de sí, la gestión que finaliza ha dejado un saldo de más de 60 mil muertos según los registros oficiales, un número indeterminado de casos de 77

La gestión de Felipe Calderón en materia de migración: sin comienzo y sin final

personas secuestradas y desaparecidas que desafían al entendimiento y un sumario interminable de agresiones, acciones de denegación de justicia y una larga lista de agravios. Los muertos no son el requisito indispensable para afirmar que se tomaron buenas decisiones. Felipe Calderón ha afirmado reiteradamente que tomó la decisión correcta al sacar al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado y ha cuestionado a quienes critican tal decisión. Sin embargo, muchos de los críticos, entre los cuales se encuentra el que suscribe, han afirmado que no es la decisión de sacar a las calles al Ejército lo que se rechaza, sino que pareciera ser que esa es la única acción de relevancia que se tomó, cuando sucede que el crimen organizado abreva de la pobreza y la exclusión para fortalecerse y que por tanto la primera acción no era la estrategia armada, sino la política social en la cual el Ejército era complementario de las acciones de lucha contra el crimen organizado. Esa es la crítica: el enfoque militarista cuando la orientación era por la vía del desarrollo. Esta decisión terminó por contaminar la mayor parte de las acciones de política pública, entre éstas la política migratoria. Al mismo ritmo y en la misma sincronía que Estados Unidos, México asumió a la migración como un asunto de la política de seguridad, dando un mensaje claro a los ciudadanos en el sentido de que la responsabilidad de la política pública en esta materia era competencia de los mismos sistemas que luchan contra el narcotráfico u otros delitos conexos. Este mensaje ha terminado por calar en la sociedad, en donde se ha incrementado el sentimiento de rechazo hacia estas poblaciones, con lo que ello supone en el incremento de sus condiciones de vulnerabilidad. Las cifras son evidentes. El sacerdote Pedro Pantoja, del albergue Belén en Saltillo, Coahuila, ha documentado que en los últimos 10 años han sido agredidos cerca de 40 mil migrantes por la delincuencia organizada, autoridades migratorias y las policías en el noreste del país. 78

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Por su parte, en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro en los cuales se privó de la libertad a nueve mil 758 migrantes. La mayor incidencia de estos delitos fue en el sur del país (55%), en el norte (11%) y en el centro (1.2%) y un restante 32.5 que no pudo ser precisado. Sólo como dato complementario, la propia CNDH registró únicamente en agosto de 2010 a mil 211 víctimas de secuestro. Respecto del periodo de abril a septiembre de 2010, la CNDH documentó un total de 214 eventos de secuestro a partir del testimonio de las víctimas y testigos, lo que arrojó un total de 11 mil 333 víctimas, es decir, no sólo no hay una disminución, sino un aumento grave en este delito en un lapso muy corto, lo que representa una clara ausencia de capacidad de reacción de las estructuras de protección de los migrantes. En este sentido, la vulnerabilidad de los migrantes no sólo aumentó sino que se centralizó, ya que el informe da cuenta de que 67.4% de los secuestros tuvieron verificativo en el sureste de México, 29.2% en el norte y 2.2% en el centro del país. Esta situación concuerda con los informes emitidos por colectivos de la sociedad civil y de albergues, como es el caso de La 72, albergue para migrantes en Tenosique, Tabasco, que durante los últimos dos años ha venido denunciando el incremento de los operativos contra los migrantes centroamericanos, la colusión de diferentes funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con los traficantes de personas y de agresiones de miembros del Ejército y de la Armada, sin tomar en cuenta las agresiones de las diversas corporaciones policiacas locales en las zonas de tránsito. Sin embargo, tales cifras, que sólo son representativas del ambiente general de desprotección y vulnerabilidad que padecen los migrantes internacionales, también han tocado de frente a los defensores de derechos humanos de estos seres humanos. Un informe presentado en 2011 por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha contabilizado 79

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desde 2004 62 incidentes relacionados con agresiones a defensores de migrantes, que incluyen amenazas, golpes, hostigamiento, acusaciones penales, además de dos asesinatos (en Nuevo León y Chiapas). Tanto las agresiones hacia migrantes como a los defensores de estos, ha tenido como respuesta la demanda, entre otros, del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González Morales, quien ha demandado al Estado mexicano acabar con el círculo vicioso de la impunidad y las agresiones a estas personas. Respecto de las consecuencias de la vulnerabilidad en el tránsito de las personas migrantes, un informe de la delegada de migración del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Zueger, dio cuenta de que hasta julio de 2012, 25 migrantes centroamericanos habían sufrido algún tipo de mutilación tras caer del tren conocido como La Bestia. Sólo para 2011, la institución reportó que 50 migrantes sufrieron mutilaciones en sus extremidades en su paso por México hacia Estados Unidos, pero los dos datos no dan cuenta de los golpes, fracturas y heridas de diversa gravedad que sufren estas personas y que no son incluidas en el reporte. Hacia 2010 y 2011, el gobierno que está por terminar impulsó el debate para incluir una ley de migración, que dio como resultado la aprobación de esta norma el 25 de mayo de 2011. Esta iniciativa, que ha sido objeto de diversos debates sobre sus limitaciones y potencialidades para dar mayor protección a las personas migrantes y a sus familias, parte en teoría de principios inatacables. Por un lado, se invocan principios como el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes; el enfoque integral del fenómeno; la equidad entre nacionales y extranjeros; la unidad familiar y el interés superior de los niños; la promoción de la integración social y cultural de los inmigrados, entre otros. 80

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La ley (título segundo) indica que no es necesaria la demostración de la nacionalidad para acceder a los derechos y que sólo se debe comprobar la nacionalidad frente a una autoridad competente; que la inmigración, independientemente de sus circunstancias, no presupone la comisión de un delito por quien la asume, lo que elimina la idea de que la migración es un delito y lo reduce a una falta administrativa. Algunas consideraciones adicionales de la ley postulan que existe derecho de audiencia del migrante, en caso de que la autoridad migratoria ejerciera el derecho de deportación (artículo 33 de la Constitución), lo que da recursos jurídicos para una defensa más integral; se obliga a la prestación de servicios educativos, médicos, la obligatoriedad de los jueces a prestar ayuda a los migrantes para la realización de actos civiles y la preservación de la unidad familiar, entre otros. Sin embargo, a pesar de sus principios, que desde lejos parecen impecables, la Ley de Migración padece los mismos males que tienen las normativas de las naciones receptoras, esto es, concede una protagonismo desmesurado a las estructuras de seguridad y deja más que indefinida la capacidad de los organismos de la sociedad civil para influir en la definición u orientación de las estrategias de gestoría migratoria; concede poco espacio a las organizaciones no gubernamentales, que son en realidad las instancias de mayor capacidad y especialización sobre la realidad migratoria y que debieran ser fuente de consulta y colaboración del gobierno. De la misma forma, la ley ha copiado en forma lamentable el principio de Sistema de Puntos para la adquisición de la residencia permanente (artículo 57); esto es, tomando como referencia el nivel educativo, la experiencia laboral, las aptitudes relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los reconocimientos internacionales, entre otras, el gobierno puede conceder a los inmigrados el derecho de residencia. 81

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El Sistema de Puntos, a todos los efectos, es una práctica de piratería internacional de recursos humanos altamente calificados, lo que es una práctica generalizada que desarrollan sin el mayor pudor naciones como Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y otras más. De hecho, en muchas políticas migratorias de estas naciones se diseñan normas para impulsar al inmigrado que desarrolla estudios de posgrado, a buscar espacios laborales en el país receptor al término de sus estudios, lo que tiene un efecto grave en las perspectivas de desarrollo del país de origen, pues una política solidaria de las naciones ricas sería fomentar el retorno de recursos altamente calificados para aportar al desarrollo local o en su defecto, establecer un régimen de retribución bajo la figura de derechos de formación, en la medida en que los primeros grados de preparación se dan en el país de origen y eso tiene un costo que no recuperan las naciones pobres y que finalmente las rentabilizan otros países. Unos siembran y otros cosechan. Esta acción insolidaria de pirataje la replica México con el Sistema de Puntos. Ahora bien, esto no es lo más grave de todo, sino que un contingente muy amplio de los migrantes que pasan por México y que por diversas circunstancias terminan radicándose en el país, son centroamericanos que no tienen ninguna posibilidad de ser elegibles para el derecho de residencia en la medida en que son personas con niveles educativos muy bajos o inexistentes y cuya su labor la desarrollan en sectores primarios de la productividad. El Sistema de Puntos, por tanto, es un sistema excluyente con cierto tufo de racismo que no honra la tradición solidaria con los extranjeros, que en algún momento de su historia ha caracterizado a México. Derivado de estas consideraciones, hemos de indicar que: 1. No sólo no avanzó, sino que hubo un retroceso en la política de protección de las comunidades migratorias, especialmente las de origen 82

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centroamericano. Las cifras de secuestros, violaciones, asesinatos, extorsiones, colusión de ciertos funcionarios con el crimen organizado y la penetración del narcotráfico en el tráfico de personas, denota un evidente fracaso pues se incluyó a la migración en la agenda de seguridad, lo que inevitablemente terminó por hacerla coincidir con la lucha contra el narcotráfico. Los hechos vergonzosos como la masacre de San Fernando el 23 de agosto de 2010 y los asesinatos en Cadereyta en mayo de 2012, además de las fosas comunes descubiertas durante toda la administración que concluye, dan cuenta de ello. 2. La emisión de leyes no es signo de eficacia ni demostración de éxito en la política pública. En los diversos medios de comunicación el gobierno de Felipe Calderón ha insistido en que como nunca se ha apoyado a los migrantes a través de la ya enunciada Ley de Migración. Sin embargo, una ley que no tiene efectividad, que no se aplica y que no orienta comportamientos nuevos tiene la misma valía que si no se hubiera aprobado. El hecho real es que se promulga una norma para que la apliquen los mismos funcionarios ineficaces, corruptos, que se coluden con el crimen organizado, o que reciben salarios miserables y que ven en el migrante un complemento o incluso un sustituto a sus ingresos; la nula e inefectiva política de capacitación que se pretende justificar bajo la cada vez más cuestionada palabra de “certificación”, anula la posibilidad de que la Ley de Migración tenga mínimos grados de efectividad. Añadamos a esto la condición estructural que tiene México en términos de la impunidad: entre 97 y 98 por ciento de los delitos no son castigados. En resumen, la ley no tiene mayor relevancia si antes no se inaugura un sistema de capacitación expuesto a evaluaciones externas y bajo estándares internacionales y cuyos resultados se vean en plazos medios o largos, no influidos por prisas originadas a la necesidad de construir una imagen o por intereses político-electorales.

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3. La administración que concluye nunca consolidó la idea de una política integral en materia de migración. Nunca entendió que hablar de política migratoria integral es asumirla como una política transfronteras, que debe incluir la salida del migrante, el tránsito, la inmigración, el retorno y la reintegración, como un círculo perfecto. Además, no entendió que la mejor política migratoria es aquella en la cual las políticas de desarrollo, incluidas la cultura, la educación, la salud y la familia, entre otras áreas, deben ser dominantes en la gestoría de la movilidad internacional de personas, y en donde la política policiaca sólo debería ser complementaria a las acciones de bienestar. Esto nunca se instrumentalizó y las consecuencias saltan a la vista. 4. El gobierno mexicano nunca entendió que la política migratoria eficiente no se hace desde posiciones autistas. Pocas veces abordó la política de protección con las naciones de Centroamérica y si lo hizo fue siempre en una posición de superioridad o de exigencia de subordinación que ha caracterizado a muchas gestiones en México. Menos aún realizó este diálogo mediante los esquemas de corresponsabilidad, que sólo quedaron en un buen discurso pero con nulo sentido instrumental; de la misma forma, evidenció poca disposición a la construcción de posiciones comunes con Centroamérica, como un recurso invaluable en su diálogo con Estados Unidos, lo que hubiera tenido mejores resultados que el reclamo o las notas diplomáticas. ¿Cuáles serían los retos para la siguiente administración? Por un lado, reconocer la dimensión de la movilidad migratoria en el país; asumir con honestidad que la emergencia en una política integral es enfrentar la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito; evaluar con honestidad y decisión si el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido rebasado y si se requiere otra instancia con mayores capacidades, con independencia jurídica presupuestal y de recursos; realizar modificaciones legislativas 84

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a efecto de dar protagonismo a las organizaciones de la sociedad civil, que en buena medida están desarrollando funciones de asistencia, protección y seguimiento que por ley debería hacer el gobierno; revalorar la importancia de la descentralización administrativa para dar mayor capacidad de reacción a los gobiernos locales, dado que la movilidad migratoria afecta en forma diferenciada a los estados de la República Mexicana y que por tanto se requiere una política de apoyo diferente según sea el caso. De la misma forma, fortalecer los esquemas de cooperación para el desarrollo hacia las naciones centroamericanas bajo el rubro de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) con la etiqueta cooperación y gestión migratoria, y en donde la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (Amexcid) sería un socio estratégico. Finalmente, es más que urgente la inclusión de las universidades y centros de investigación en el diseño, organización, investigación y gestoría de la movilidad internacional de las personas. La academia ha demostrado que no quiere ser un espacio cerrado y elitista que sólo estudia la realidad desde la comodidad de una oficina, sino que se ha involucrado en la intervención directa, en la gestoría, en la colaboración con los defensores de sus derechos y en la formación de recursos humanos sensibles a esta problemática a través de su servicio social y de su sistema de voluntariado. La universidad es un espacio de solidaridad, de responsabilidad, de innovación y de capacidades que no ha sido explotado como recurso para la promoción del respeto de la dignidad del migrante. Para esto, para la realización de un cambio en las políticas migratorias de México, se requiere valentía, conocimiento y disposición a ver a la migración como un reflejo de la desigualdad que hay en el mundo. Por tanto, una política migratoria integral urge a no pensar desde la idea de 85

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fronteras y de contención de los migrantes, sino bajo la orientación de procurar dar gobernabilidad y de gestionar este flujo. No pararlo (cosa por demás imposible) sino gestionarlo. Bien dice el maestro Carlos Fuentes: la primera frontera está en la mente.

Bibliografía Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Febrero 2011, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, Amnistía Internacional, 2010. Recomendación no. 54/2012, sobre el caso de agresión sexual a la menor migrante v1, 28 de septiembre de 2011, Comisión Nacional de Derechos Humanos. La frontera olvidada. Informe sobre las condiciones de las personas migrantes, desplazadas y defensoras de derechos humanos en Tenosique. Misión de Observación Civil. Tenosique, “En la frontera, cruzar los límites”, Tabasco, México, octubre de 2011. Informe sobre la situación general de los derechos de los migrantes y sus familias, elaborado en ocasión de la visita a México del comisionado Felipe González, relator especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, julio de 2011.

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60% de mujeres migrantes, víctimas de agresión sexual, Amnistía Internacional presenta informe en la Iberoamericana, Milenio, viernes 19 de octubre de 2012. Agresión y hostigamiento a la casa del migrante San José en Huehuetoca, Estado de México, Boletín de Prensa, OSC pro Migrantes. Jueves, octubre 11, 2012. Secuestros a personas migrantes en tránsito por México. Documento entregado al Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), el 4 de marzo de 2011, en el marco de la evaluación del segundo informe periódico del Estado mexicano. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano frente a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Distrito Federal, marzo 2011. Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010. Ley de Migración, Texto Vigente, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, Nueva Ley DOF 25-05-2011.

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Sombras nada más. Para un balance de las políticas sobre derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa Miguel Rábago Dorbecker Departamento de Derecho de la Ibero

San Fernando, Pasta de Conchos y Villas de Salvárcar se suman a las geografías del terror de sexenios anteriores como Acteal, Atoyac de Juárez y San Salvador Atenco. Al renacer la violencia como forma de control de la inconformidad política se pone fin al mito de la pax priista, que ya sufría una larga agonía derivada de una nueva discusión, propiciada por la sociedad civil, respecto a la memoria de violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetuadas en el estado de Guerrero durante la década de los setenta, englobadas en el término de guerra sucia. ¿Estamos entonces ante una nueva guerra sucia? Diferentes informes de organizaciones de la sociedad civil demuestran no sólo el resurgimiento de la violencia como eje central de la política, sino una extraña continuidad entre los regímenes dentro del sistema del partido-gobierno populista y el de alternancia electoral neoliberal. Quizá el caso más ilustrativo es la actitud compartida de los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón respecto a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac de Álvarez en 1974, por el cual el Estado mexicano fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La política de la continuidad en dicho caso es una

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muestra de la precariedad de la “transición democrática” mexicana, en la que los gobiernos emergidos del Partido Acción Nacional se adjudicaron el mismo talante autoritario que sus antecesores, en especial en su instrumentalización de las fuerzas armadas y de seguridad pública en la represión de movimientos sociales y sectores marginalizados. Incluso el uso de la violencia se convirtió en el centro de las acciones de gobierno durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa al concentrarse todos los esfuerzos en mantener un status quo de desigualdad. Dicha desigualdad, principalmente económica pero también de profundas raíces étnicas, raciales, de clase y género, difícilmente se podría mantener sin el uso de la violencia del Estado. Lo paradójico es que a la par de un recrudecimiento del uso represivo de las fuerzas de seguridad del Estado, durante el gobierno de Calderón Hinojosa se aprobaban reformas constitucionales que ampliaban derechos y sus sistemas de protección. Simultáneamente, el Ejecutivo a través de las Procuraduría de Justicia Militar, sugería que algunos defensores de derechos humanos eran financiados por la delincuencia organizada y por otro lado, los órganos de derechos humanos de la cancillería y de la Secretaría de Gobernación jugaban al diálogo con la sociedad civil. Por lo que respecta al Legislativo, el partido del presidente aprobaba incluir los derechos al agua, a la alimentación y a la cultura, además de la reforma en materia de derechos humanos en 2011, no sin oposición interna. Pero sin duda el lugar donde se centró la verdadera división de poderes fue en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde una mayoría de ministros y ministras frenaron algunas de las acciones de un expansivo sistema de Estado de excepción. Sin embargo, el método más eficaz para perpetuar la violencia fue la creación de un aparato discursivo, desde la Presidencia, pero también seguida por la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, pero sobre todo por la Secretaría de Seguridad Pública. Su nombre y estrategia es el de la Guerra contra la Delincuencia Organizada. Este concepto es lo suficientemente indefinido para pasar a un nivel espectral, 90

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pero también brutalmente concreto cuando se utiliza como justificación para el asesinato. Un ejemplo es el homicidio de dos estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, la noche del viernes 19 de marzo de 2010. Al comienzo de las investigaciones, hubo un intento de las fuerzas armadas de involucrar a dichos estudiantes asesinados con grupos del crimen organizado, en un estilo similar al de las fuerzas armadas colombianas y los denominados falsos positivos; no obstante, dicho montaje fue desenmascarado. Estos hechos muestran el verdadero sujeto vulnerable ante la acción desmedida de la violencia estatal, al igual que en una guerra, no son los combatientes, sino los civiles quienes terminan siendo las víctimas. La dialéctica entre amigo-enemigo ha permitido nombrar vis a vis como criminales a la gran mayoría de los cuerpos sacrificados en sucesos que se acercan en algunas regiones de nuestro país a las de un conflicto armado interno. La indefinición del ente a perseguir (delincuencia organizada) permite ignorar la probada participación activa de fuerzas de seguridad irregulares en dichos acontecimientos (La Línea, los Zetas) y menos desenmascarar la compleja red de complicidades y entramados entre servidores públicos, federales, estatales y locales. ¿El enemigo es interno o externo a las estructuras de poder? El desborde en la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública (de imposible encuadre constitucional) no sólo ha monopolizado los discursos del presidente de la República, sino que igualmente ha conminado a la sociedad civil a la defensa de sus derechos. Ante una capacidad de violencia tan grande, las organizaciones han tenido que actuar con recursos económicos cada vez más limitados y con mucha imaginación. Los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dan muestra de ello y no sólo reducen a las víctimas a espacios necropolíticos, como Monterrey, San Fernando, Guerrero, Acapulco, Michoacán y Nuevo Laredo, sino que resaltan sus nombres: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura 91

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Berenice Ramos Monárrez, Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores. Estos nombres representan la amplitud de los grupos amenazados por la acción directa o por la falta de ella por parte del Estado. Ellas y ellos son campesinos de avanzada edad, líderes comunitarios, activistas, mujeres indígenas me ´pah, jóvenes mujeres obreras de maquiladoras, pero al final todas y todos potencialmente sujetos a la violación de sus derechos por el Estado, al igual que todas las personas de este país. Además de nombrar a las personas, por más doloroso que resulte, también hay que señalar los actos: violación, tortura, desaparición forzada y privación de la libertad y de la vida. Si de algo vale el discurso creado desde la Presidencia, es que sí estamos ante una guerra, pero una guerra sin reglas y en la que todos podemos ser categorizados como combatientes y por tanto nuestros cuerpos y vidas ser objeto de la ira de un Estado cooptado que actúa contra los sectores más amplios de su población. A estos hechos se le suman la muerte de mineros en condiciones de marginalidad intencional y la defensa vehemente de ese mismo gobierno de los intereses económicos de la empresa sobre la que recaía la responsabilidad. ¿En qué se diferencia esa defensa a ultranza a la realizada en otros periodos señalados como autoritarios por el partido que nos gobernó durante 12 años? La represión de mineros en Lázaro Cárdenas, Michoacán, parece ser una continuación del sofocamiento de la huelga de ferrocarrileros de 1959, si bien con una diferencia; en dicha huelga el partido único traicionaba a su base, mientras que en 2006 el gobierno mostraba su amplio compromiso con su base: la oligarquía políticoempresarial. Ante un país sumergido en las sombras, una parte importante de las victimas optó por dejar de tener dicha subjetividad y revertir el dolor en agenda política. Diferentes movimientos como el Movimiento por la Paz con Justica y Dignidad o la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, 92

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creaban complejas alianzas que resignificaban la pérdida en capacidad de organización política. Al igual diversas personas optaban por una vía difícil, la de la judicialización de sus demandas a través del complejo laberinto de la justicia mexicana y finalmente internacional. Las mujeres de Atenco, diversas personas detenidas arbitrariamente, familiares de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, mujeres a quienes se les negaban sus derechos sexuales y reproductivos, miembros de la comunidad LGTBI, afectados por los megaproyectos mineros e hidroeléctricos y comunidades indígenas transformaron sus legítimos reclamos de justicia en escritos adecuados al inaccesible lenguaje legalista del sistema de administración de justicia y del habitus del derecho en México. Ante tal empresa de protección de derechos, estas personas encontraron frustraciones, y sólo en contadas ocasiones, ciertas victorias después de un cansado ir y venir de testimonios, pruebas, peritos, escritos, intentos de negociación y finalmente negativas de cumplimiento de las decisiones. Nunca en nuestro país la tensión entre la justicia y la ley y Estado de derecho y legalidad parecía tan brutal. La lucha por el espacio simbólico no se refiere a quien actúa sometiéndose al derecho, sino quienes tenemos el derecho a tener derechos. Durante estos seis años el grupo de personas que mantiene el derecho a tener derechos se redujo considerablemente y no ha sido mayor esta reducción debido al trabajo arduo de quienes no han querido arrinconarse a la triste calidad de víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

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¿Cultura? a 4 escalas: Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio Mtro. y Arq. José María Wilford Nava Townsend Coordinador de la Licenciatura en Arquitectura de la Ibero

Hacer una reflexión crítica sobre los espacios propuestos para el desarrollo cultural en el último sexenio y la posibilidad de que estos trasciendan o no como iconos de identidad cultural en la sociedad, implica visualizar al espacio de actividad cultural en cuatro escalas, aunque en un momento dado puedan éstas entrecruzarse. A partir de ello, he seleccionado cuatro propuestas, una para cada escala, considerándolas como lo más representativo del período gubernamental de la administración que está por terminar. Las cuatro escalas a comentar son: el monumento urbano, el espacio arquitectónico, el espacio de gran escala urbana y el espacio regional.

El monumento urbano Considerando la evidente coyuntura que para este gobierno representó la presencia de dos siglos cumplidos por el movimiento que da inicio a la lucha por la Independencia de nuestro país, el monumento elegido para esta escala es aquél que se ha edificado con el fin de la bicentenaria conmemoración: la Estela de Luz. En su origen, la idea de realizar un monumento conmemorativo, sea cual fuere, era prácticamente una obligación, no tendría en sí misma una aportación particular. El hecho de que 95

Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio

se estructurara como un concurso abierto, en lugar de una asignación directa, debería ser una responsabilidad ineludible si hablamos de cultura en cualquier estructura democrática. El proyecto ganador, propuesta del arquitecto César Pérez Becerril y su equipo, tenía cualidades interesantes: confrontó la prefiguración del “arco”, palabra utilizada como definición del elemento dentro de las bases del concurso, para aportar una idea abstracta, con una búsqueda que renunciaba a la representación literal de hechos históricos, para aportar un elemento que universalmente se relaciona con lo positivo… la luz. Dos planos proyectantes de juegos lumínicos se colocaban con proporciones adecuadamente esbeltas, paralelos entre sí, y perpendiculares al eje de la avenida Reforma, en cuyo trazo original Maximiliano de Habsburgo pretendió ligar la glorieta que iniciaba el Paseo de Bucareli, conocida popularmente como El Caballito, con el Castillo de Chapultepec, edificación que utilizaría como palacio imperial. La separación entre los planos y su disposición en el entorno, además de enfatizar el eje, prácticamente hacían contar al nuevo monumento tan sólo como dos líneas que insinuaban su presencia, solamente evidenciada en horas nocturnas, por la emanación de la danza rítmica y luminosa que de ellas emana. Por el contrario, conforme el acercamiento al monumento se va separando radialmente del eje, los planos van apareciendo para hacer evidente su silueta vertical en el perfil urbano. El proyecto se remataba con un gran espacio público, que podía contener diversas actividades y que celebraba el énfasis del trazo original de la avenida, así como la liga peatonal entre los retazos que dan inicio al Bosque de Chapultepec, tasajeados por la circulación vehicular en el punto donde se cruza Reforma con Circuito Interior.

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Con todas estas cualidades, la idea ganadora tenía todos los elementos para facilitar la apropiación social, a nivel ciudadano y nacional, del espacio y de la edificación, como un símbolo cultural mucho más trascendente que un simple monumento conmemorativo. Sin embargo y como dice el dicho “del plato a la boca, se cae la sopa”, la materialización de la obra sufrió algunas modificaciones traumáticas, así como decisiones un tanto cuanto incomprensibles en su proceso de construcción, que inevitablemente le fueron quitando peso específico en lo conceptual, y en lo material le hicieron llegar cuando la fiesta ya había terminado. Dentro de las modificaciones con el pretexto de “tenerla a tiempo”, lo primero que desapareció fue el gran espacio público de carácter peatonal. El pretexto tenía sus razones, la obra implicada para hacer las modificaciones físicas a la avenida, permitiendo el flujo vehicular sobre Reforma por debajo del nivel del nuevo espacio, parecía de proporciones titánicas para el tiempo con el que se contaba. Al desaparecer el espacio público, la ubicación del monumento tuvo que modificarse para no interferir con el flujo vehicular actual, quedando desfasada unos pocos metros fuera del eje, por lo que el monumento pierde jerarquía en relación con el trazo de la avenida. Dentro de las decisiones incomprensibles, podemos mencionar la más inverosímil de todas: celebrando la idea de que la “piel” que recubre a los planos luminosos, fuera de una piedra translúcida como el ónix, más habiendo en nuestro país (y siendo un monumento que pretende celebrar 200 años de identidad nacionalista) excelentes canteras de ónix, como las de Tecali en Puebla, ¿era necesario comprar la piedra en Brasil y mandarla a cortar en Alemania? Ya no mencionaremos el costo en cuanto a huella de carbono de tan ridícula decisión, pero el hecho de que el costo final de la obra fuese 4 veces mayor al presupuesto original, en un momento de crisis económica mundial, en un país que no ha conseguido abatir la pobreza de millones de personas, propició en su momento una animadversión al objeto, que aún no termina de ser superada. 97

Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio

El tiempo sana heridas y nuestro pueblo es de tal nobleza, que no le podemos eliminar por completo al monumento principal del Bicentenario, la posibilidad de que llegue a ser un referente cultural, pero por lo pronto, parece muy difícil que logre desbancar como hito urbano de identidad, a la columna rematada por Nike en pleno vuelo, que tan cariñosamente llamamos El Ángel.

El espacio arquitectónico Para esta segunda escala, me parece que el referente de mayor trascendencia llega en el cierre de la administración gubernamental, me refiero a la propuesta de La Ciudadela: La Ciudad de los Libros. Aquí, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes apuesta no por una intervención nueva y sí por la recuperación de un edificio de valor histórico, en una zona con fuerte identidad para los habitantes de la capital y del país, como es el Centro Histórico de la ciudad de México. En este caso, el emblema del proyecto trasciende los festejos centenarios o bicentenarios, y apunta nuevamente por un gran recinto dedicado a los libros, al igual que en la administración encabezada por Vicente Fox. La propuesta de adecuación, en manos de los arquitectos Alejandro Sánchez y Bernardo Gómez Pimienta, reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad de los espacios habitables que proyectan, así como la atención que ponen en la ejecución de sus proyectos (el primero de ellos por cierto, ex alumno de nuestra querida institución), es extraordinariamente sutil y adecuada en la integración de elementos contemporáneos con la fábrica del recinto histórico. El hecho de que, en la plaza a la que da nombre la monumental construcción de finales del

Sexenio en perspectiva

virreinato, se ubique el mercado de artesanías (en donde podrá encontrar el amable lector artículos producidos en diversas partes del territorio nacional) y un tianguis permanente de venta de libros (no sabría decir qué tan formal o informal es ese comercio) le brinda amplias posibilidades de interacción cotidiana con distintos sectores de la sociedad (incluido el turístico), por lo que la iniciativa parece altamente adecuada para realmente convertir al edificio y a su entorno urbano en un nodo de interacción cultural. Ahora bien, la intervención está en proceso y se pretende inaugurar en parte, por ahí de diciembre, seguramente como cierre de la actividad gubernamental de Felipe Calderón y su equipo. No está exento entonces el proyecto de sufrir durante su materialización los estragos de las prisas que el interés político confiere, y de las consecuencias casi siempre negativas que este tipo de apresuramientos hereda en las construcciones (no olvidemos que el edificio de la Biblioteca Vasconcelos referente del foxismo, tuvo que ser cerrado para rehabilitarlo por la baja calidad de obra con la que fue terminado, para que lo pudiera inaugurar el entonces presidente saliente). Otra amenaza latente en la configuración final como nodo cultural que puede sufrir este proyecto, es que la nueva administración al estar regida por un partido diferente al que representa el aún presidente de la República, y ante la pobre imagen cultural que su candidato ganador ha dado durante su mandato como gobernador del Estado de México y durante su campaña por la Presidencia, lo minimice o condene a un olvido mediático durante los próximos seis años, práctica que no es ajena en nuestro país, y por cierto, en muchos otros.

Reflexión crítica sobre los espacios propuestos en el último sexenio

El espacio de gran escala urbana Para esta categoría, indudablemente el proyecto realizado, ya con éxito comprobado, al que debemos referirnos es la transformación de una buena parte de la antigua refinería Azcapotzalco en parque urbano. Como era de esperarse, el nombre refiere otra vez al Bicentenario, pero más allá de la alegoría mediática al hecho histórico, es altamente significativa la calidad paisajística y la interesante propuesta de pabellones que pueden albergar actividades culturales. El reconvertir un espacio industrial en un área verde de calidad, que intente promover nuevos paradigmas para generar una cultura más holística e integral, es en sí misma ya una acción altamente positiva. Pero no sólo eso, el espacio está funcionando, hay una constante actividad de visitantes que le aprovechan para realizar actividades de recreo o ejercicio físico, y continuamente se están realizando eventos en sus pabellones. Si bien aún no es un referente rotundo cultural, pues es necesario que sea comprobado por el paso del tiempo y por el cambio de estafeta generacional, no podemos negar que en este caso el inicio es alentador. Como remate de la propuesta, se ha convertido en un modelo replicable y ya tenemos la aparición de Parques Bicentenario en otras ciudades de la República, como grandes espacios urbanos de reconversión o protección a amplias zonas verdes. Esta replicación de un concepto podría, si los proyectos son realizados por encima de intereses políticos y compadrazgos locales, convertirse en un verdadero sistema de referencia cultural a nivel nacional, con la cualidad de trabajar cada espacio, en la diversidad de las características específicas de cada ciudad.

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El espacio regional En esta última categoría, que también trabaja un referente espacial, pero en una escala poco comprensible normalmente, la propuesta evidente, pero no por ello menos promisoria, es la famosa Ruta del Bicentenario. Si bien la idea fue conceptualizada para el festejo del evento histórico, es una gran oportunidad para utilizar el modelo y ampliarlo hacia una malla o tejido cultural que interconecte el territorio nacional, a partir de cuencas culturales y biorregiones, que trasciendan la actual división política (de configuración muy reciente a nivel histórico y sobrepasada ya muchas veces en diversos sentidos, como es el caso de las metrópolis y megalópolis, que normalmente abarcan varias demarcaciones administrativas). Aunque en realidad, como proyecto sólo existe la Ruta Bicentenario, dividida en recorridos referentes a la lucha de Independencia y a la Revolución, y hasta el momento su alcance no tiene otras visiones más allá de la celebración del momento, es una semilla que puede germinar en forma extraordinaria, para recuperar la diversidad cultural de nuestro territorio, tristemente reducida por políticas anteriores, al patético esquema de “tequila, tacos y mariachi” con el que nos hemos proyectado hacia el exterior.

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Conclusiones Para concluir la reflexión, podemos decir que en los últimos seis años el gobierno encabezado por Felipe Calderón ha dejado una sensación de focalizar su labor principal a actividades que tienden a alejarse del ámbito cultural. No es casual que precisamente en el cierre de su gestión, hayan comenzado a manifestarse mediáticamente distintos spots que ensalzan el apoyo al desarrollo cultural. La construcción que debió ser bandera de referencia cultural, por la obviedad del momento y el inevitable impulso mediático a que fue sujetada (sí, la Estela de Luz) dejó de entrada un mal sabor de boca y una cierta imagen de imposibilidad para crear verdaderos referentes culturales que vayan más allá de la pura imagen y trasciendan a los procesos que los generan. Sin embargo, sí hay esperanzas de encontrar verdaderos nodos urbanos culturales en proyectos que han sido poco publicitados y que, o ya han tenido un arranque positivo, o pueden tenerlo si son adecuadamente cobijados y, valga la referencia ontológica a la palabra, cultivados, cuyo alcance además puede ser mucho más trascendente que un mero monumento.

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