Ideas de izquierda 29, mayo 2016

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29 MAYO 2016

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ideas izquierda Revista de Política y Cultura La ley de la infelicidad EL MACRISMO Y LOS RETAZOS DE UN NUEVO RELATO IMPOSIBLE Escriben: Christian Castillo, Eduardo Grüner y Paula Varela

Time Warp: Una trama de negociados criminal Patricio del Corro

GUERRA CONTRA LAS DROGAS: ¿GAME OVER? Celeste Murillo

LA PRIMAVERA FRANCESA Emmanuel Barot y Juan Chingo

FEMINISMO Y MARXISMO Diálogo con Ana de Miguel y Andrea D’Atri

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IDEAS DE IZQUIERDA

SUMARIO

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MANI PULITE Y “PUNTO FINAL”: EL MACRISMO Y LOS RETAZOS DE UN NUEVO RELATO IMPOSIBLE

GUERRA CONTRA LAS DROGAS: ¿GAME OVER?

LONDRES: EL PODER DE MANEJAR EL DINERO AJENO

Celeste Murillo

Esteban Mercatante

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BATALLAS CULTURALES (NO) ERAN LAS DE ANTES

LA PRIMAVERA FRANCESA

Eduardo Grüner

Emmanuel Barot y Juan Chingo

EL EFECTO FOUCAULT Y LA CRISIS DEL MARXISMO EN ARGENTINA

Christian Castillo

Gastón Gutiérrez

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LOS OBREROS Y LA LEY DE LA INFELICIDAD DE MACRI

EL GOLPE INSTITUCIONAL Y LA IZQUIERDA BRASILERA

EL CLASISMO Y EL MUNDO DEL TRABAJO

Paula Varela

Simone Ishibashi

Eduardo Castilla

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EL PICNIC DE LOS BUITRES

“CONTAR LA HISTORIA DE PALESTINA QUE ISRAEL QUIERE OCULTARLE AL MUNDO”

SUPERFICIES DE PLACER

Lucía Ortega y Martín Schapiro

Juan Duarte

Entrevista a Ilan Pappé

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VOCES DE RESISTENCIA ANTE EL DESPOJO DE AYER Y DE HOY

“EL FEMINISMO Y EL SOCIALISMO SON REBELIÓN”

RESEÑA DE HA VUELTO, DE DAVID WNENDT

Diálogo con Andrea D’ Atri y Ana de Miguel

Esteban Mercatante

Azul Picón

19 TIME WARP: UNA TRAMA DE NEGOCIADOS CRIMINAL Patricio del Corro

STAFF CONSEJO EDITORIAL Christian Castillo, Eduardo Grüner, Hernán Camarero, Fernando Aiziczon, Alejandro Schneider, Emmanuel Barot, Andrea D’Atri y Paula Varela.

COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Dal Maso, Ariane Díaz, Juan Duarte, Gastón Gutiérrez, Esteban Mercatante, Celeste Murillo, Lucía Ortega, Azul Picón y Fernando Rosso.

COLABORAN EN ESTE NÚMERO Ilan Pappé, Ana de Miguel, Martín Schapiro, Patricio Del Corro, Juan Chingo, Simone Ishibashi, Eduardo Castilla, Victoria Sánchez, Isabel Infanta, Rossana Cortez y Alejandra Ríos.

EQUIPO DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN Fernando Lendoiro, Anahí Rivera, Natalia Rizzo, Gloria Grinberg.

PRENSA Y DIFUSIÓN ideasdeizquierda@gmail.com / Facebook: ideas.deizquierda Twitter: @ideasizquierda

Ilustración de tapa: Natalia Rizzo

www.ideasdeizquierda.org Riobamba 144 - C.A.B.A. | CP: 1025 - 4951-5445 Distribuye en CABA y GBA Distriloberto - www.distriloberto.com.ar Sin Fin - distribuidorasinfin@gmail.com ISSN: 2344-9454 Los números anteriores se venden al precio del último número.

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mani pulite y punto final: el macrismo y los retazos de un nuevo relato imposible Ilustración: Natalia Rizzo

CHRISTIAN CASTILLO Consejo editorial.

Es casi un sentido común afirmar que el kirchnerismo se caracterizó por una saturación de “relato”. Para ello contó, particularmente a partir del conflicto con las patronales agrarias en 2008, con la intervención privilegiada de los intelectuales nucleados en Carta Abierta, que se fue desplazando de un apoyo crítico inicial al propagandismo liso y llano final de la acción gubernamental de los K. El “relato” sirvió sobre todo para amalgamar al sector progresista de la heterogénea coalición que conformó el gobierno anterior. Un relato que frecuentemente se chocaba con la realidad y que, para ese sector, se nutrió con la ilusión que el kirchnerismo podría trascender al aparato del PJ y no terminaría siendo un mero “avatar del peronismo”, como se lamentaba el cineasta Nicolás Prividera en un reportaje en la revista El Ojo Mocho1. En este sentido los intelectuales “carta abiertistas” terminaron en un lugar similar al de los “gramscianos argentinos” que se ilusionaron con que el alfonsinismo daría lugar a un “tercer movimiento histórico” que superase al peronismo y al radicalismo. Recordemos que después del famoso discurso de Parque Norte donde se planteó esta perspectiva la UCR solo logró aliarse en

las elecciones posteriores con el derechista Partido Federal de Francisco Manrique y pequeños partidos provinciales conservadores.

En el caso de Carta Abierta su intervención fue clave para legitimar un relato donde el kirchnerismo se presentaba con tintes refundacionales, mostrándose antagónico a las políticas neoliberales de los ‘90 cuando tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández fueron parte del elenco gubernamental menemista y no rompieron con el PJ ni cuando se realizaron las privatizaciones ni cuando se dieron los indultos a los genocidas.

En el caso del macrismo es sabido que Durán Barba se esmeró en hacer del PRO un producto presentado como “a-ideológico”, más allá de “izquierdas y derechas”, basado en la “gestión y la eficiencia”. Un perfil basado en el diagnóstico posmoderno sobre el debilitamiento de las identidades políticas que le permite a la vez encubrir los intereses sociales que expresa (los del gran capital) y permitirle giros políticos pragmáticos de ser necesario.

Esto último, por ejemplo, le permitió a Macri aggiornar su discurso en pleno proceso electoral cuando el PRO casi pierde la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a manos de Martín Lousteau, reivindicando la continuidad de las “políticas sociales” del kirchnerismo e incluso inaugurando un monumento a Perón junto a sectores de la burocracia sindical.

Este perfil, sin embargo, prácticamente se evaporó con la elección de un elenco gubernamental hegemonizado por gerentes y exgerentes de empresas multinacionales, y por las duras medidas de ajuste contra los trabajadores claramente contrastantes con los beneficios otorgados a diferentes grupos capitalistas (en particular a las patronales agrarias, mineras, petroleras, el sector financiero, los “fondos buitres”).

En este sentido el centro del discurso macrista a lo largo de estos meses ha estado apoyado en tres ideas: la necesidad de “volver al mundo” para justificar la entrega a los “fondos buitre” y el inicio del nuevo ciclo de endeudamiento; la obligación del ajuste a partir de la “herencia recibida” (incluyendo lo que se “robaron” por los casos de corrupción); y la ilusión de que luego de devaluar, los tarifazos en los servicios públicos y el transporte, y el pago a los “fondos buitre”, lloverán inversiones que terminarán como por arte de »

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magia con los padecimientos del presente. Si fuese por el núcleo del PRO, Macri y el propio Durán Barba incluidos, acá se acabaría la arquitectura del “relato M”, (si es que no es mucho darle ese estatus a planteos tan banales), reedición de la noventista “teoría del derrame” más algunas políticas de contención para los sectores más pauperizados como recomienda desde hace años el Banco Mundial, particularmente luego de la crisis latinoamericana del cambio de siglo. En los demás temas la norma es actuar pragmáticamente, con un discurso “técnico” que, como señalamos, encubre los intereses sociales y políticos a los que expresa el gobierno.

Las contradicciones del discurso “anticorrupción” Sin embargo, en la coalición gubernamental dominada por el PRO hay sectores que bregan por un relato más intenso, centrado en dar carácter fundacional a la intervención judicial en los casos de corrupción y metiéndose también en otros temas como el debate sobre lo ocurrido durante el ascenso revolucionario de los ’70, la dictadura y la política de juicio y castigo a los genocidas. En este campo militan tanto Elisa Carrió y sus seguidores como periodistas del grupo Clarín (con Jorge Lanata como portaestandarte) y el diario La Nación, que tratan de presentar al nuevo gobierno como lo opuesto de un “populismo” que históricamente ha sido “corrupto” a diferencia de quienes se conciben como defensores del “republicanismo”. Este sector cuestiona a Macri por “tener poco relato” y “poca épica”, enfrentando de hecho la estrategia duranbarbista que considera esto justamente una virtud.

El principal problema que enfrenta este bloque no es solo la “gobernabilidad” (ya que el avance de las causas sobre corrupción podría afectar los acuerdos de Cambiemos con sectores del PJ y del massismo) sino ante todo que gran parte del elenco gubernamental está salpicado por diversos hechos que muestran que estas prácticas son el pan de cada día de la burguesía.

Los Macri, por ejemplo, no hicieron su fortuna en forma muy diferente a como se enriqueció en la última década Lázaro Báez –de hecho el empresario está entrelazado con Ángelo Calcaterra, primo de Macri que está al frente de Iecsa SA, la constructora que

fuera de los Macri, con quien fue socio en varias obras–, con el agravante de que su crecimiento mayor se dio en la dictadura genocida, donde pasaron de controlar 7 a 47 empresas y estatizaron su deuda privada, como hizo el conjunto de la patronal gracias a todo tipo de maniobras ilícitas (como consta en el fallo del juez Ballesteros). El propio Mauricio fue acusado de contrabando y evasión impositiva cuando era presidente de SEVEL, causa en la que fue salvado por la Corte menemista en hechos que luego fundamentaron el juicio político que desplazó a dos de sus miembros. En otra causa por la que el año pasado durante la campaña Cambiemos denunció al gobierno de Cristina Fernández, la del dólar futuro, ahora fueron imputados funcionarios de la actual administración por un pedido presentado por la expresidenta. Entre los imputados está el director del Banco Central, Pablo Curat, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello y el amigo de Macri Nicolás Caputo. Los Panamá Papers dejaron en claro cómo el presidente y su familia comparten con distintos miembros del oficialismo la práctica de abrir cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos o blanquear capitales, algo que para la burguesía es muy natural pero que se choca con la idea de “honestidad” y “austeridad republicanas”. Por no hablar de la acción presidencial de pasar todo un fin de semana largo en la estancia del magnate británico Joe Lewis, quien es propietario de Edenor (una de las beneficiarias directas del brutal tarifazo en la provisión de energía eléctrica) y se encuentra en desacato con los fallos judiciales que lo intiman a abrir una senda en su propiedad que permita la llegada al Lago Escondido de quien quisiese hacerlo. A esto debemos agregar el nombramiento al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE) de un amigo personal del presidente dedicado a la compraventa de jugadores de fútbol, un negocio caracterizado por el lavado de dinero, y la vuelta de todo el personal ligado a Stiuso a la plana mayor del espionaje local2.

Macri, además, tiene la costumbre de forjar su sistema de alianzas con sectores de lo más corrompido de las burocracias políticas (tanto radicales como peronistas) y sindicales (véanse sus lazos con el “Momo” Venegas y Luis Barrionuevo), del poder judicial (con

Daniel Angelici como operador) y del aparato de seguridad (recordemos su relación con el “Fino” Palacios), un pragmatismo que también en este campo lo aleja de cualquier cruzada refundadora basada en el “honestismo”.

Por último, pero no menos importante, la repetición una y mil veces por TV de las causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo puede resultar eficaz durante un tiempo para reforzar las lealtades de quienes ya votaron por Macri pero con los escándalos mediáticos, dando vuelta lo que Alfonsín afirmaba de la democracia, “no se come, no se cura y no se educa”… A fuerza de tarifazos, despidos, caída del poder de compra del salario, una inflación que rondaría el 40 % anual y la economía estancada o directamente contrayéndose, no es posible construir épica alguna ni tampoco conseguir mera “legitimidad de gestión” a lo Durán Barba. Ya las encuestas registran un desplazamiento a la oposición de votantes de Massa en primera vuelta que habían optado por Macri en el balotaje, fenómeno que en parte estuvo presente en la movilización convocada por las centrales el 29 de abril.

Tanteando el terreno para un nuevo punto final En lo que hace a la década del ‘70 y la dictadura, Macri se viene moviendo a paso lento, tratando de evitar una confrontación directa con los organismos de derechos humanos a la vez que tanteando el terreno para avanzar en una suerte de nuevo punto final. En el marco de las visitas de los presidentes de Francia, Francois Hollande, y de Estados Unidos, Barack Obama, recorrió por primera vez el predio de la ex ESMA y el Parque de la Memoria, algo que no hizo durante sus ocho años al frente de la Jefatura de Gobierno de la CABA. En este terreno la estrategia gubernamental parece ser que Macri hable lo menos posible del tema y evada cualquier definición política fuerte, en un tema del que le conviene que no se discuta debido a los negocios realizados por su clan familiar durante el genocidio.

Esto no quita que, con Macri personalmente en un segundo plano, se vaya tanteando el terreno para tratar de volver a una visión basada en la teoría “de los dos demonios”, que fue discurso de Estado bajo el alfonsinismo. Luego de un editorial de La Nación3 al inicio del nuevo gobierno (con posiciones “a lo Cecilia

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“...la dirección del nuevo gobierno es avanzar en un nuevo punto final en lo que hace al castigo a los genocidas, cuya clave es que no se avance en la responsabilidad empresaria en el golpe.

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Pando”), que fue repudiado fuertemente por los propios trabajadores del diario, vinieron las declaraciones realizadas por el Secretario de Cultura del gobierno de CABA, Darío Lopérfido, quien alrededor de una discusión sobre el número de los desaparecidos mostraba no solo su ignorancia sobre un conjunto de temas (mencionando al Secretario General de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, como si fuera el presidente de Corea del Norte) sino que buscaba instalar un discurso basado en la versión más derechista de la teoría mencionada. Poco después, el Secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos, Claudio Avruj, a la vez que se separaba de los dichos de Lopérfido, recibió en el ámbito de la ex ESMA a familiares de militares que cayeron por acciones guerrilleras que clamaron por tener “memoria completa”, en un claro acto de provocación. Luego vimos una nueva oleada de artículos, declaraciones, intervenciones televisivas, editoriales, reportajes, etc., no casualmente con motivo de cumplirse el 40 aniversario del golpe genocida. La Nación publica en la misma edición un documento del Club Político Argentino4 (agrupamiento de intelectuales que apoyan al gobierno de Cambiemos aunque desde una posición “independiente”) y una larga entrevista a Graciela Fernández Meijide5, quien es a su vez integrante de dicho nucleamiento.

Hay dos ejes centrales en estos textos para entender adónde apunta el tanteo del oficialismo en este terreno. El primero, es lanzar la presión por la “autocrítica” de quienes fueron miembros de la guerrilla, bajo el argumento de que ya fue condenada la acción del terrorismo de Estado pero no lo fue la “violencia guerrillera”.

Incluso en una nota de Clarín firmada por Ricardo Roa6 a propósito de la promesa de Obama de desclasificar archivos estadounidenses sobre la dictadura, se llega insólitamente a pedir “que se abran los archivos de la guerrilla”, cuando los documentos de las organizaciones guerrilleras están publicados en numerosos libros y el Estado argentino, en oposición, no ha abierto archivo alguno (empezando por el de la ex SIDE) con excepción del de la disuelta DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Una operación destinada a transformar en victimarios a quienes fueron parte de las víctimas del terrorismo de Estado. El segundo es instalar la

idea que la estrategia de juicio y castigo fracasó, victimizar a los genocidas presos y sostener que hay que implementar una política similar a la de Sudáfrica de “verdad por perdón”, algo que viene planteando desde hace años Elisa Carrió y que sostiene Fernández Meijide en el reportaje mencionado7. Un objetivo que es parte de tratar de deslegitimar todo lo que huela a “setentismo”, que los miembros del Club Político Argentino comparten con periodistas vinculados al grupo Clarín que en algún momento de sus vidas pasaron por alguna variante del “progresismo”, como Alfredo Leuco (con su columna en “el gran diario argentino”8, alabada luego en un editorial de la “tribuna de doctrina”, planteando la necesidad de “nuevos organismos de Derechos Humanos” en función del nuevo gobierno) o Jorge Lanata9, este último pionero en la cruzada descalificatoria de toda militancia política y en particular de todo lo que huela a militancia de izquierda o revolucionaria.

En realidad, quien primero tanteó la posibilidad de una política de “verdad por perdón” fue Carlos Menem, a partir de la llamada “autocrítica” de quien era su Jefe del Ejército, Martín Balza. Implementando las reparaciones económicas a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado el menemismo buscó crear consenso, luego de haber implementado los indultos a los comandantes de las Juntas pero también a dirigentes y militantes Montoneros que estaban bajo proceso judicial, para esta política de “reconciliación”. Menem fracasó en ese intento y, por el contrario, al cumplirse los 20 años del golpe las multitudinarias marchas del 23 y el 24 de marzo de 1996 reforzaron la lucha contra los indultos y contra las leyes de impunidad que había dictado el gobierno de Alfonsín (las de “Punto final” y “Obediencia debida”), con el surgimiento de HIJOS y una reivindicación de la pertenencia política de los desaparecidos en una medida muy superior a lo que se planteaba anteriormente. Esta reivindicación se daba predominantemente en términos de lo que en un artículo de 200410 denominé un “tercer relato” sobre el proceso revolucionario de los ‘70 y la dictadura genocida, que ponía el centro en la militancia dentro de las organizaciones guerrilleras y subestimaba el proceso de ascenso de masas, obrero y juvenil, que caracterizó la etapa que va de mayo de 1969 (con

las semiinsurrecciones de Córdoba y Rosario y la huelga general contra el Onganiato) al 24 de marzo de 197611. En aquel artículo planteaba la necesidad de un “cuarto relato” que pusiera en el centro de la interpretación del período las tendencias a la insubordinación de masas entre los trabajadores y la juventud para poder interpretar más cabalmente el proceso histórico ocurrido12.

A su manera, el kirchnerismo impulsó una suerte de estatización del “tercer relato”. La institucionalización de los desaparecidos vino de la mano de edulcorar el contenido político de las confrontaciones políticas reales que se vivieron en los ‘70. Acompañando la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final y con gestos simbólicos como descolgar el cuadro de Videla del Colegio Militar, Néstor Kirchner logró el alineamiento prácticamente incondicional de la mayoría de los organismos de derechos humanos llamados “históricos”13, incluyendo a la Asociación Madres de Plaza de Mayo encabezada por Hebe de Bonafini, hasta entonces ubicada en el ala más contestataria de los distintos gobiernos y que había tildado de “traidores” a quienes habían aceptado cobrar las indemnizaciones estatales por haber sufrido el terrorismo de Estado. Desde entonces Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como parte de los H.I.J.O.S. se transformaron en asistentes más o menos permanentes de los actos gubernamentales y parte de ellos también en funcionarios estatales.

Si bien en los años previos al golpe tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández habían tenido militancia en la Juventud Peronista como estudiantes universitarios en la agrupación que encabezaba Carlos Kunkel en la UNLP, durante la dictadura se refugiaron en Río Gallegos sin militancia política conocida, amasando en cambio una cierta fortuna personal desde su estudio de abogacía, en parte gracias a la adquisición de departamentos producto de hipotecas incobrables gracias a la circular 1050 de la dictadura militar. En los tiempos de Néstor en la gobernación de Santa Cruz tampoco el matrimonio Kirchner dio muestra alguna de un interés particular en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas.

Como dijimos, cuando Carlos Menem dio los indultos no se les conocen pronunciamientos políticos en contrario y no renunciaron »

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por ello al Partido Justicialista ni rompieron con el menemismo. Pero, habiendo llegado al gobierno con solo un 22 % de los votos, hicieron una de sus jugadas políticas más audaces que les permitió cubrir parte importante del flanco izquierdo de las posibles críticas a su gestión, incorporando a su alianza de gobierno a parte central de los organismos de derechos humanos. Así lograron amortiguar los cuestionamientos por la actuación del gobierno frente a la desaparición de Jorge Julio López (cuando Aníbal Fernández dijo que se había “ido a la casa de su tía” en los cruciales primeros días de la desaparición), la sanción de la nefasta “Ley antiterrorista”, las represiones y muertes ocurridas en protestas populares o poner a un represor como Milani al frente del Ejército.

El emblocamiento prácticamente incondicional con el kirchnerismo llevó a un cierto deterioro del prestigio de los organismos de derechos humanos que siguieron este camino, pese a lo cual el reclamo del castigo a los genocidas y la condena al terrorismo de Estado siguen gozando de un apoyo popular muy importante, como mostró la masiva movilización del último 24 de marzo. Esto explica que Macri haya por el momento tratado de evitar toda confrontación directa, limitándose más bien desarmar o inutilizar los organismos estatales que tenían alguna vinculación con los juicios o con la investigación del rol de los empresarios en el genocidio y a vaciar de contenido social y político los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, como la ex ESMA. En este caso, incluso, la política de banalización y vaciamiento político del significado del predio había comenzado con la gestión kirchnerista, que realizó “asados” de campaña y ofertó la realización de actividades que incluían cursos de cocina entre otras, algo rechazado por los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sin que sea una prioridad para el nuevo gobierno, condicionado para avanzar en obtener logros en otros terrenos que le den más legitimidad, no hay que perder de vista que con el doble juego de mostrar a Macri prescindente mientras otros actúan buscando crear opinión pública favorable a sus intenciones, la dirección del nuevo gobierno es avanzar en un nuevo punto final en lo que hace al castigo a los genocidas, cuya clave es que no se avance en la responsabilidad empresaria en el golpe.

Conclusión Asesorado por un convencido de la política “posmoderna” como Jaime Durán Barba, no

tiene sentido esperar de Macri una relación con algún núcleo intelectual como la que tuvo Alfonsín con el “grupo Esmeralda” o el Club de Cultura Socialista, o los Kirchner con Carta Abierta. Lo suyo es más el discurso “aideológico” del “experto”, que justifica lo hecho en base a decisiones que son presentadas como “técnicas” y no en defensa de determinados intereses sociales (los de la gran burguesía en este caso), algo que caracteriza el discurso de los economistas neoliberales que tanta presencia tienen en el gobierno.

A la vez, coexisten en la coalición gubernamental sectores que bregan por un discurso más “fundacional”, donde la condena a la corrupción del gobierno anterior es puesta al servicio de favorecer y legitimar un giro político e ideológico a la derecha en toda América Latina, oponiendo al “populismo” en retroceso un supuesto “republicanismo”. La discusión sobre lo ocurrido en los setenta y en la dictadura es parte de esa confrontación, donde los pseudo “republicanos” aprovechan el bastardeo hecho también en este terreno por el kirchnerismo para tratar de hacer girar la situación a la derecha en este terreno, ir construyendo incluso las condiciones para avanzar en un nuevo punto final en los juicios a los genocidas.

Pero, como señalé en uno de los artículos de polémica con uno de los mediáticos preferidos del gobierno, Fernando Iglesias, ver … la historia nacional como una lucha entre ‘republicanos’ y ‘populistas’ no resiste el cotejo histórico. Los “republicanos” defendieron la proscripción política y dieron personal político a todas las dictaduras, incluyendo la de Videla que tuvo más de 400 intendentes radicales (y varios provenientes del peronismo).

Los “populistas” no vacilaron en entregar el país en la década de los ‘90 aliados a los liberales, y hoy los gobernadores del PJ defienden y aplican en sus provincias el ajuste macrista. Ambos sectores han sido responsables de la continuidad del atraso y la dependencia nacional14.

Poner en evidencia los objetivos de las distintas variantes de los discursos reaccionarios del nuevo gobierno derechista, como lo fue y lo sigue siendo la crítica a la impostura kirchnerista, es parte de la tarea por fortalecer una alternativa de izquierda obrera y socialista (como la que impulsamos desde el PTS y el Frente de Izquierda) en nuestro país y a nivel internacional.

1. “Conversación con Nicolás Prividera”, El Ojo Mocho, segunda época, número 2-3, verano 2012-2013.

2. Ver Diego Genoud, “¿Quién maneja la SIDE de Macri?”, La Izquierda Diario, 3/5/16.

3. “No más venganza”, La Nación, 23/11/15.

4. “Hacer de la memoria un patrimonio común”, La Nación, 24/3/16.

5. “Creo en la justicia y en los derechos humanos si puedo pedir el mismo nivel de justicia para mi hijo que para mi peor enemigo”, La Nación, 24/3/16.

6. “Que se abran todos los archivos”, Clarín, 24/03/16.

7. Vale recordar que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue implementada por el gobierno de Nelson Mandela a partir de la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación sancionada en 1995, de acuerdo al criterio “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La Comisión utilizó un mismo criterio para tratar las acciones realizadas por los sostenedores del régimen del Apartheid como las de quienes lo enfrentaron, los “dos demonios” a la sudafricana. A cambio de confesar sus actos, los asesinos y torturadores del Apartheid recibieron la más completa impunidad.

8. “Es necesario que haya nuevos organismos de Derechos Humanos”, Clarín, 26/3/16.

9. “Sobre la militancia”, Clarín, 7/2/16.

10. Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario de los ‘70 y la dictadura militar”, Lucha de Clases 4, noviembre 2004.

11. El estreno el 21 de marzo de 1996 de la película dirigida por David Blaustein sobre la izquierda peronista, Cazadores de utopías, y la edición del primer tomo de La voluntad, el libro de Eduardo Anguita y Martín Caparrós (donde los protagonistas, con pocas excepciones, son ante todo militantes juveniles provenientes de las clases medias, algunos de ellos proletarizados), fueron clara expresión de este clima de ideas.

12. Este punto de vista está presente en el libro de Ruth Werner y Facundo Aguirre: Insurgencia obrera en Argentina 1969-1976, Bs. As., Ediciones IPS, segunda edición ampliada, 2009. Entre otros temas, contiene la investigación más completa sobre el proceso de las Coordinadoras Interfabriles, desarrolladas al calor de la lucha contra el Plan Rodrigo en junio y julio de 1975.

13. La excepción fue la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, uno de los principales impulsores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, también integrado por partidos de izquierda y organizaciones sindicales y estudiantiles, que desde 2007 organiza las marchas del 24 de marzo en forma independiente del kirchnerismo y que encabezó la lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López.

14. “La vulgata liberal”, La Izquierda Diario, 17/3/16.

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BATALLAS CULTURALES (NO) ERAN LAS DE ANTES

Ilustración: Natalia Rizzo

Eduardo Grüner Ensayista, sociólogo, docente UBA.

1.

“El Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía”. Cuando, siendo muy jovenzuelo, leí por primera vez esta famosa definición de Marx, me pareció verdadera “en última instancia”, como se dice, pero exagerada en su formulación: ¿no hay acaso diversos y cambiantes niveles de mediación, relativa autonomía, brumosos intersticios institucionales, etcétera? Claro que sí. Pero sucede que la historia a veces brinda ocasiones en que la exageración se vuelve estricta normalidad. Estamos, no cabe duda, en uno de esos momentos. Nunca antes en la Argentina “democrática” –ni siquiera durante el menemato– se pudo aplicar tan literalmente la frase de marras a nuestro Estado. El tan difundido epíteto de “CEOcracia”, para calificar al elenco gobernante, es incluso excesivamente concesivo. A los CEO se les supone al menos cierto grado de flexibilidad, iniciativa, margen de maniobra o inventiva para beneficio de sus empresas. Pero estos señores (y señoras) son un bloque monolítico de servidores de tercera categoría de la clase dominante, incapacitados para “inventiva” alguna, o

para ver más allá de lo que les permiten las orejeras que –como a los pobres caballos de tiro– les han colocado sus amos extranjeros y nacionales. Este último señalamiento es importante: si los redujéramos a meros “agentes del imperialismo” (que por supuesto lo son también), recaeríamos en un simple patria sí / colonia no que pasaría por alto (es un sempiterno problema del “nacional-populismo”) la profunda, indisoluble comunidad de intereses entre el imperialismo y la deficientemente llamada “burguesía nacional”. El de Macri no es un gobierno off shore: es de aquí.

Como sea, permítaseme insistir: nunca antes en la Argentina se pudo ver tan nítidamente la línea demarcadora entre las clases en lucha. Hay que felicitar al macrismo, en efecto, por haberle otorgado a la expresión lucha de clases una transparencia cristalina, que no permite –no debería permitir– vacilación, componenda o frenteciudadanismo alguno a la hora de saber dónde ponerse. Hoy toda la política del Estado –la única política que parecen tener clara– es un ataque en toda la línea, frontal y brutal, contra la clase obrera y los sectores populares. El resto (la política macroeconómica o “institucional” en general) es una sumatoria

de bandazos –siempre sobre la banda derecha, claro, pero aún dentro de ese terreno acotado absurdamente caótica–, torpezas, dislates y despropósitos: para ser tan de diestra, hay que decir que carecen de la mínima destreza. Todos menos ellos –incluyendo a sus propios mandantes económicos, que ya empiezan a no poder disimular la preocupación– saben que van a fracasar: que no va a haber segundos semestres milagrosos desinflacionados ni inversiones productivas salvadoras, y que la revolución de la felicidad puede terminar con un coscorrón de (des)gracia. Esta dispersión carnavalesca se complementa, sin embargo, con una concentración inequívoca y sin dubitaciones: todos unidos contra los trabajadores y el pueblo.

Esa política económica y social es bien prístina: si hay un plan, es el de hacer el “máximo esfuerzo” (cada vez más los lapsus de diván forman parte del discurso político) para generar el máximo posible de desocupación y el mínimo no-imposible de salario para transferir el máximo de plusvalía para su bando: es la única manera de que cierre el presunto “modelo” que alguien podría tener in pectore.

No es cierto que haya desinterés o indiferencia hacia las necesidades populares, como »

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critican los progres moderados: hay mucho interés en hacer la máxima diferencia para las clases dominantes, liquidando no solamente las igualmente moderadas conquistas que las clases populares hayan podido lograr en el período anterior, sino intentando cortar de cuajo toda posibilidad de avance o profundización en nuevas conquistas, por modestas o insuficientes que fueran. De allí que la “nueva política” haya empezado sin vacilaciones por ahí: por los despidos, los márgenes estrechísimos para las paritarias (cuando las hay), el “Protocolo” bullrichista, y así siguiendo. También en eso, desde ya, van a fracasar: otro “inédito” argentino es que en cuatro meses de gobierno ya supieron conseguir un número similar de manifestaciones multitudinarias de rechazo, que desbordaron no solamente al gobierno sino a las burocracias (sindicales y políticas) que hubieran preferido no tener que convocarlas. Y la señora ministra, con todo respeto, tuvo que guardarse su Protocolo en… (completar la línea de puntos). La brutalidad de la ofensiva de clase, repitámoslo, ha sido tan extrema y vertiginosa que hasta la “mediocracia” más amiga empezó, asimismo, a insinuar llamados a la prudencia; no por súbita sensibilidad social, inexistente en su código genético, sino porque el miedo no es zonzo, y temen que se escape la tortuga popular a velocidad insólita para ese bicho. No por eso el gobierno va a cambiar sustancialmente de política, puesto que, ya lo dijimos, es la única que se imaginan para hacer caminar, aunque sea coyunturalmente, un “modelo” que a la larga igual va a colapsar.

2.

Ahora bien: si se me disculpa una pequeña debilidad althusseriana, ¿qué pasa con “la lucha de clases en el nivel ideológico”? Es una definición un poco abrupta para lo que suele llamarse cultura, es cierto. Pero la brutalidad del ataque a la que aludí arriba no es menor en ese terreno que uno pensaría más difuso, y entonces autoriza una aplicación literal semejante a la de la definición “marxiana” del Estado. Con las especificidades del caso, la “ofensiva de clase” se las ha agarrado con llamativo ardor contra espacios como las bibliotecas (empezando por la Nacional), los museos, los teatros, los centros culturales, las universidades y la educación pública en general, replicando a gran escala lo que el gobierno Pro ya venía haciendo desde mucho antes en la CABA. Desde luego, la “cultura“ no se identifica totalmente con las instituciones

culturales, así como la “ideología” excede a los “aparatos ideológicos”. No hay razones estrechamente económicas que expliquen, por ejemplo, la ola de despidos en organismos donde el ahorro consiguiente es insignificante, aunque sí pueda haberlas para el congelamiento del presupuesto universitario (ya insuficiente) en un contexto de feroz ajuste de tarifas, etcétera. Pero aún en este último caso, el monto del supuesto ahorro no justificaría por sí mismo el riesgo de una reacción defensiva de masas por parte de la comunidad universitaria en su conjunto, ya puesta en guardia por el conflicto de las paritarias docentes y el reclamo del boleto estudiantil. Reacción que, como es sabido, ya se produjo, con una contundencia que no se había visto en más de una década. No obstante, para recordar una ya canónica fórmula de la teoría crítica de la ideología, “ellos no saben lo que hacen, pero lo hacen”. ¿Por qué? La cultura es un escenario más extenso y con más pliegues que el de la lucha de clases en su sentido económico y social, “material”, estricto. Los ataques directos contra ella afectan a segmentos sociales más amplios, no exclusivamente “populares”, incluyendo con toda probabilidad a votantes del actual gobierno. ¿Para qué asumir tanto riesgo (no hay que olvidar que en las elecciones de medio término del año próximo podría haber “sorpresas” desagradables)? Se me disculpará la simpleza mecanicista de la respuesta: No se les ocurre otra cosa. No es mero “revanchismo” –aunque una cuota de eso siempre es pensable, pero como elemento subordinado–. ¿Es una estrategia, si bien por ahora muy desordenada, para iniciar un camino decidido de privatización de la educación y la cultura, comenzando por ahogar presupuestariamente a las instituciones y así forzarlas a plegarse resignadamente a ese plan (en muchos casos, como es el de la UBA, con la sibilina complicidad de las autoridades “superiores”)? Es muy posible. Pero si ese es el plan, cada paso que dan de confrontación irracional con la comunidad educativa / cultural termina siendo una provocación que los aleja de la factibilidad de aquel objetivo.

Y no es que le estén oponiendo a lo existente otra idea de la cultura. Vamos a decir lo obvio: no hay una “cultura” macrista. No puede haberla. Saquemos del medio la parafernalia kitsch de globitos amarillos, cumbias y pasitos de hipopótamo en bazar del, con todo respeto, señor presidente, reservados para ya lejanas jornadas de celebración.

No nos detengamos en el cinismo grosero de

eufemismos como sinceramiento y semejantes: son cosas que no merecen ni el ejercicio de análisis de un estudiante de semiología del CBC. Me refiero a cultura: un conjunto de conceptos, de “ideologemas”, de mitos, de “relatos”, de iconografías o de aunque fuera crasas hipótesis de interpretación de la realidad. Esta “nueva derecha” posmo o como se la quiera llamar no tiene un solo intelectual “orgánico” –o siquiera “desorganizado”, pero capaz de pergeñar algún tipo de argumentación– que pueda darle “letra” a una construcción ideológica con cierta coherencia, a una módica “concepción del mundo” (o por lo menos del país). No existe en la Argentina, digamos, un equivalente de lo que pudo haber sido en su momento un Raymond Aron, capaz de pararse en la vereda de enfrente de Sartre y debatir de igual a igual. ¿Quién podría aspirar a ocupar ese lugar? ¿Romerito? ¿Sebreli? ¿Aguinis? Bullshit, como diría algún buen escritor norteamericano. Las declaraciones del Club Político Argentino oscilan –o más bien rebotan– entre las obsesiones puntuales con pequeñeces de coyuntura y los inverosímiles pininos retóricos para justificar lo injustificable. Toda la estrategia discursiva –perdón por darle ese alto estatuto, de alguna manera hay que llamarla– del gobierno continúa siendo, como durante la campaña, el inventario de la “pesada herencia” o las corruptelas de Lázaro “Levántate y Anda” Báez.

Cosas que existen, va de suyo, pero que difícilmente alcancen para generar una mitología consistente y aspirante a transformarse en “la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante”, de la que también hablaba Marx.

No es que estén fuera de la ideología, se entiende: nadie lo puede estar, aunque elija desconocer la propia (y por lo tanto estar realmente atrapado por ella). Es simplemente, de nuevo, que no les importa. No creen necesitarla. Los gerentes de tercera a los que aludíamos no actúan, en su conciencia al menos, ideológicamente, sino por mero, crudo y desnudo, “instinto de clase”. Su (iba a decir “su lógica”, pero es apenas una) técnica es el más crudo pragmatismo eficientista puesto al servicio de aquellos “instintos”. También van a fracasar por ese lado, por la obvia razón de que las complejidades del Estado burgués no son comparables a la relativa “sencillez” de incluso la más grande de las empresas capitalistas. En la campaña les fue bien con la promesa de mayor eficiencia, combinada con las esperanzas de clase media hacia un “cambio”

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más amable o menos “crispado”. ¿Cuánto pueden durar esas banalidades en el ejercicio puro y duro del gobierno? Dentro de todo, en este terreno, hay que decir que todavía no les ha llegado la plena noche: todavía hay una franja pequeñoburguesa de respetable anchura que quiere creer. O, mejor dicho: que no quiere creer que la drástica “cirugía de urgencia” de estos primeros meses sea todo lo que hay. Que sea, de veras lamentamos comunicárselo, el “modelo”.

3. ¿Y por casa cómo andamos? El elenco estable –como solía decir David Viñas– de la “intelectualidad crítica” nacional parece, por ahora, un tanto estupefacto. Más allá de las necesarias y obligadas firmas en declaraciones y solicitadas, de las columnas de opinión de intelectuales individualmente valiosos, no se ve (digo de nuevo “todavía”: no quiero apresurarme) un movimiento de conjunto, firme, decidido, plantado, no digamos ya a la ofensiva. Es llamativa, por ejemplo, la comparativa ausencia de lo que podría denominarse el cartaabiertismo ampliado (créaseme que lo digo fraternalmente: tengo allí buenos amigos, pero aquí estoy tratando de hablar de política; y la verdad es que, aunque es un fenómeno diferente, seguimos también nosotros arrastrando la languidez casi terminal de lo que fue la Asamblea de Intelectuales). Es cierto que en el contexto que venimos describiendo, en el ruedo estrictamente “intelectual” –quiero decir, el ruedo de una discursividad políticocultural crítica, más abarcadora que los análisis económicos técnicos, etcétera– la cosa no se presenta fácil: la “ideología” del macrismo, si se puede decir así para hablar rápido, es, aparte de su derechismo mineral, de un carácter tan inasible, o tan mediocre, o tan inconsistente, que ni siquiera da lugar a la refutación. Sería como tratar de polemizar con un árbol, o con una piedra: no es siquiera que hablen otro idioma, sino que no se sabe si hablan, en algún sentido aproximadamente humano del “ser parlante”.

Pero, justamente: ¿no sería esa afasia ideológica del enemigo un terreno propicio para que del otro lado se hable hasta por los codos? No me refiero solo a la denuncia política de la “guerra de clase” que se ha emprendido: de eso siempre hay, pero no basta. Me refiero, más bien, a la construcción de un discurso teórico-crítico sólido, lo suficientemente general como para tener un alcance intelectual-racional consistente, y lo suficientemente

empírico-concreto como para dar cuenta de los siempre cambiantes escenarios políticos inmediatos. Y, por supuesto, desde una perspectiva socialista radical con una estrategia de clase consecuentemente anti-capitalista.

Y aquí está, para decirlo vulgarmente, la proverbial “madre del borrego”. Porque esta perspectiva y este horizonte estratégico implicaría, más allá de los golpear-juntos-y-marchar-separados de cada instancia coyuntural (y que siempre es evaluable por el “análisis concreto de la situación concreta”), un posicionamiento que se haga cargo plenamente de la situación clase-contra-clase en la que estamos actualmente. Y eso es algo que le cuesta mucho al “progresismo K” o cualquier variante similar.

No es que muchos de ellos, individualmente, con buena formación intelectual y política, no “crean” en la lucha de clases (como decía un querido amigo poeta ya fallecido: “Yo soy peronista y nunca podría ser marxista. Pero creo firmemente en la lucha de clases”). Pero, en el mejor de los casos, lo “creen” como horizonte potencial, cuando llegue el siempre postergable (si contamos desde el primer peronismo, ya llevamos más de 70 años de postergación) “momento justo”. La diferencia con la izquierda anticapitalista radical es allí insalvable, porque para esta izquierda la lucha de clases no es un horizonte: es la premisa irrenunciable de la cual parten tanto sus análisis teórico-críticos como sus prácticas políticas, aún las más “tácticas”, para juzgar las cuales hay que evaluar si siguen respondiendo a las premisas iniciales, y no a un “horizonte” perpetuamente pateado hacia adelante.

Y este puede ser uno, aunque no el menor, motivo de aquella “estupefacción” –o, bueno, digamos “desconcierto”, para no ser tan agretas–. Durante la última década, aún entre los “creyentes horizontales” en la lucha de clases, ésta no figuró siquiera como horizonte visible. La batalla cultural, la grieta K / anti-K (la 125 contra el “campo”, la ley de medios contra la “corpo”, ese tipo de cosas) no fueron tomadas como pujas intraburguesas que “tácticamente” podían (no digo que fuera así, digo que era un pensamiento posible) solicitar un alineamiento en función de la premisa de la lucha de clases, sino como la batalla (y si era la única, ¿por qué no decir directamente la guerra?) ideológico-cultural que ocupaba todo el escenario. Se me dirá que para el peronismo de izquierda –el otro no entra en esta discusión: no piensa en ningún “horizonte”–, o el nacional-populismo, o el progresismo en general, siempre fue así. De

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acuerdo. Pero en otros momentos históricos – me refiero siempre a los “democráticos”, claro está: bajo las dictaduras hay otra clase de problemas– había situaciones relativamente más ambiguas que ante sus conciencias podían justificar el juego de las postergaciones: el alfonsinismo en la instancia de la recuperación de la democracia, el frepasismo en la instancia del menemismo, el kirchnerismo en la instancia post-2001, y así. Pero, ¿y ahora, cuando, como decíamos más arriba, y agotada la experiencia “K”, la nitidez de la ofensiva de la clase dominante en su conjunto (que incluye, de distintas maneras, la complicidad o al menos la “distracción” de toda la dirección del PJ y buena parte del FPV) no autoriza ambigüedad alguna respecto de, decíamos también, dónde ponerse? Ante un escenario en el cual la “batalla cultural” del pasado –y es un pasado muy inmediato, aunque parezca mentira– parece, por comparación, una batalla naval sobre el papel, el desconcierto tiene que ser muy grande. Y es comprensible.

Pero, ante ese desconcierto grande, ¿no es el momento de ponerse a pensar –y a actuar– también en grande? ¿No es el momento de ponerse a debatir en serio los lugares respectivos de la “premisa” y el “horizonte”?

En el notable libro publicado recientemente por el IPS, El Encuentro de Breton y Trotsky en Mexico, se puede encontrar un enunciado asombroso que dice que en última instancia una sociedad puede ser juzgada por la cultura y el arte que produce, ya que esas son las manifestaciones más altas de sus relaciones sociales. La afirmación puede parecer asombrosa, digo, porque no es de Breton: es de Trotsky. ¡Pero, cómo! ¿La última instancia para juzgar a una sociedad no es la economía, o el desarrollo de las fuerzas productivas, o las fuerzas políticas, o algo semejante? ¿Ni siquiera la lucha de clases? No: es la cultura, porque esa “manifestación más alta” de las relaciones sociales condensa la situación y la calidad de todas esas otras cosas. Y quien dice “cultura”, partiendo de las famosas “premisas irrenunciables”, está obligado a definir cuál es la verdadera batalla cultural, porque la cultura, en la sociedad de clases, es un campo de batalla permanente. Casi nos atreveríamos a decir, parafraseando otro enunciado clásico, que la cultura es sociedad concentrada. Si ese debe ser el criterio de juicio, pues, hay que decir que nuestra sociedad de hoy –y no solo la argentina, claro– es patética. Es tiempo (lo es siempre, pero hoy con nueva urgencia) de dejar de lagrimear por ella.

política

Los obreros y la Ley de la inFelicidad de Macri

Ilustración: Joaquín Bourdieu

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Paula Varela Politóloga, docente de la UBA.

Del mismo modo que yo soporto mi vida, no a través de robos o limosnas, sino a través de mi propio esfuerzo, tampoco busco derivar mi felicidad a través del perjuicio o el favor de otros, sino ganarla a través de mis propios logros.

Ayn Rand

Y llegó el día en que Macri dijo: “Y también, si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos”. Se hizo un silencio y un tibio inicio de aplausos recorrió la sala en la que Triaca junior sonrió como quien festeja el chiste fácil de un amigo con pocas luces, y Marquitos se olvidó por un instante de su postal de ministro políticamente correcto y dejó emerger un rostro entre el desconcierto y la vergüenza ajena.

Así respondía el presidente de la Nación Argentina a la primera estocada de una semana difícil para el gobierno nacional: la media sanción en Senadores de la Ley de prohibición de despidos que se demora en llegar a Diputados. Esa frase fue la decodificación (a nivel de Macri) de la “ley de la felicidad” de su gurú Ayn Rand que encabeza este artículo: la felicidad no se decreta, se conquista con esfuerzo individual. Traducido al contexto actual: “señor trabajador, si quiere mantener su empleo no le pida al Estado una ley antidespidos, vaya y logre por su propio esfuerzo que su empleador no lo despida”.

Más allá de que la retórica del esfuerzo individual queda ridícula en la boca de un tipo cuya fortuna la construyó su padre a través de robos o limosnas del Estado (aunque éstos sean “legales” como lo son las off shore), lo interesante es que, en el mismo momento en que el Presidente les hablaba a los presentes

con la racionalidad individual randiana, los trabajadores le respondían con la racionalidad colectiva de más 100 mil laburantes y activistas sindicales en la calle. Esa fue la segunda estocada de la semana que marcó el fin de la corta primavera macrista y señaló, sin ambages, que el problema de Macri y sus globos amarillos no es Cristina y sus globos albicelestes, sino los miles de trabajadores que “compraron” que con el trabajo no se jode. Ese problema no solo lo tiene Mauricio, sino también Hugo (que es Moyano), Antonio (que es Caló), incluso Pablito (que es Micheli).

Recorreré las calles Exactamente dos meses antes de la marcha del 29 de abril, las calles del centro emanaban cierto olor a década del ‘90: el agobiante 24 de febrero miles de trabajadores estatales y docentes, en conjunto con movimientos

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sociales, copaban la Avenida de Mayo hacia la Plaza en el esperadísimo paro nacional de ATE. La postal tenía un poco de sabor amargo (aunque alegraba la inmensa cantidad de gente) para aquellos que ya marchábamos en la década del ‘90 porque la composición semejaba a quienes fueron, esa década, la vanguardia de la lucha social en el país: estatales, docentes y pobres urbanos. Esa amargura al final de la boca era porque se volvía inevitable una pregunta que nadie quería hacer (aunque circulaba en los abrazos de quienes nos encontrábamos con viejos activistas que habían dejado de protestar durante el kirchnerismo): ¿volvieron los ‘90?

Dos meses después, las calles del centro dieron su respuesta: NO. Primera lección para los que se desaniman con facilidad y, en ese desánimo, encuentran la excusa de la pasividad. No volvieron los noventa porque la clase obrera es otra en dos sentidos: en fuerza social y en generación. Y eso es lo que se vio parcialmente el 29 de abril. Los sindicatos como expresión de una clase obrera fortalecida en número por la ampliación del mercado de trabajo en los años de crecimiento económico del kirchnerismo, y cuyo núcleo duro eran jóvenes que, por edad, no vivieron las derrotas de la década del ‘90, jóvenes de lo que hemos llamado una “nueva generación obrera”.

Para que vuelvan los ‘90, hay que neutralizar a esta nueva generación. Ese es el verdadero problema que tiene Macri, y junto con él, los dirigentes sindicales que estaban en el palco, porque su neutralización puede poner en peligro parte de los propios privilegios que conquistaron en estos años de empleo en alza.

Allí radica la disyuntiva de lo que Diego Genoud llamó “un león herbívoro”1.

La marcha del 29 puso de manifiesto el “límite” al retroceso que propone el macrismo, y ese límite no es el enjuiciamiento de Cristina ni la nostalgia de su baile en un balcón. Ese límite es el trabajo. Porque fue ahí que se forjó el pacto entre el kirchnerismo y las mayorías (y no en la honestidad republicana de un kirchnerismo que, por cierto, viene enriqueciéndose con el Estado desde su propio origen).

Fue sobre el trauma del desempleo masivo de la crisis del neoliberalismo que el kirchnerismo pudo articular un pacto que, con viento de cola, fue un gran negocio para burgueses y burócratas sindicales. La combinación entre despidos (que volvió a colocar a la pérdida del empleo entre las primeras preocupaciones según las encuestadoras), salarios en baja y tarifas en alza, corroen las murallas de ese pacto. La marcha del 29 abrió una oportunidad para que el malestar de esa corrosión se manifieste. Y lo hizo haciendo uso de algo que también es herencia de la crisis del neoliberalismo: la gimnasia de movilización, lucha y organización que el kirchnerismo (por mucho que intentó) no pudo meter del todo

en el palacio. Interesante tensión entre una Cristina que pide un “frente ciudadano” que dé “pelea” en las instituciones palaciegas, y miles de miles de trabajadores y trabajadoras que, ante la primera oportunidad salieron a dar pelea en la calle. Ese 2001 que no termina de morir… Pero más interesante aún es que los propios convocantes a la marcha usan la calle para desalentar la calle. No solo porque se hicieron esperar meses durante los que despidieron a miles, sino porque, al hacerlo sin paro, le dieron más el carácter de desfile que de demostración del poder de daño.

Un desfile cuyo único horizonte, hasta ahora, es presionar en el ámbito del palacio a que se sancione la ley antidespidos (dando tiempo, por su parte, a las negociaciones entre el macrismo y el massismo). Tanto Cristina como Moyano se encuentran ante la paradoja de tener una convocatoria que no quieren hacer jugar en la calle, y de no tener los porotos necesarios (ni en el congreso, ni en el PJ, ni entre los sindicalistas) para jugar en el terreno al que apuestan.

Pero hay una segunda lección del 29A: esa clase obrera no está hoy fidelizada a ningún partido político con claridad. Como dijeron Martín Rodríguez y Pablo Semán, La marcha del 29A tuvo un mérito: movilizar también la defraudación de quienes esperaban algo del gobierno hace unos meses.

Puso en escena la transversalidad en la que se distribuyó el voto popular. No era una marcha policlasista pero sí, tal vez, “poli-electoral”2.

Allí había votantes de Scioli, de Massa y de Macri, y (aunque en otra escala cuantitativa), también votantes del FIT que es, sin dudas, parte ineludible del escenario político nacional y que lo expresó con una columna diferenciada en la que marcharon distintos sectores antiburocráticos y clasistas, y de la que nadie pude dejar de tomar nota.

La foto de Wasiejko Si uno mira el palco del 29A, hacia el lado derecho encuentra a Pedro Wasiejko, secretario general del Sindicato del Neumático (SUTNA) en ese momento y Secretario Adjunto (¿hasta dentro de poco?) de la CTA kirchnerista. Mientras él se encontraba allí, estaba perdiendo su sindicato a manos de un frente antiburocrático con fuerte presencia de la izquierda, el Frente Unidad (compuesto por las listas Negra –PO–, Roja –PRC– y Granate –PTS–) que ganó las elecciones por el 56 % de los votos. Nunca sabremos si su presencia en el palco (y no ganando votos entre sus afiliados) fue una muestra de exceso de confianza o la confirmación de que ya sabía que perdía la dirección del sindicato, dirección que detentó durante 16 años. Lo que sí sabemos es que esa postal muestra que tampoco

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estamos en los ‘90 hacia el interior de los gremios.

Para entender el triunfo de este frente antiburocrático en el SUTNA (primer sindicato nacional industrial que gana la izquierda) hay que remontarse al año 2007 y el caso que dio inicio al sindicalismo de base fabril en la zona norte del conurbano bonaerense: el caso de Fate, que nosotros documentamos y analizamos en el libro La disputa por la dignidad obrera3. Dos años después, en 2009, la existencia de procesos de lucha y organización a nivel de fábrica y la presencia de la izquierda en ellos ocupaba las primeras planas de los diarios (y de la TV) con el conflicto de Kraft y la televisación del triunfo de la Lista Bordó en esa planta de la Alimentación.

Pero volvamos a Fate. En marzo de 2007 se desata una lucha por salario que, luego de 9 meses de intensa actividad, termina en la renovación del cuerpo de delegados y de la seccional del SUTNA San Fernando en manos del activismo obrero, desplazando a los viejos dirigentes sindicales. En el transcurso de ese proceso hubo cortes de Panamericana, marchas, asambleas e, incluso, una corrida a Wasiejko el 1 de junio de 2007, quien tuvo que esconderse en el edificio de la seccional hasta que lo pasó a buscar la combi del sindicato. Los protagonistas de esa lucha eran, mayoritariamente, jóvenes de entre 25 y 35 años (en ese momento) que conformaban la nueva generación de trabajadores, muchos de los cuales había ingresado a la planta post 2002. Jóvenes para quienes la defensa de sus derechos se había imbricado con la necesidad de cambiar a los dirigentes sindicales, para ocuparse ellos mismos de la representación de sus compañeros. Jóvenes que se volvieron militantes de sus derechos como colectivo obrero. Y, en esa experiencia, encarnaron una forma actualizada de sindicalismo antiburocrático con algunos rasgos clasistas.

Con la Lista Marrón4 hacemos una declaración de principios y un programa mínimo. En la declaración de principios figuran cosas como la rotación en los cargos, que un delegado puede durar en un cargo hasta dos mandatos (porque el mandado son dos años); los miembros de la Comisión Ejecutiva hasta un mandato; el delegado puede ser reelecto pero para un cargo más elevado, si se postula como miembro de la Comisión Ejecutiva; los de la Comisión Ejecutiva no pueden volver a elegirse como delegados, tiene que volver a la fábrica5.

Esto nos decía un activista en 2007. La declaración de principios a la que refiere incluía también: el método asambleario “para que se deje de decidir entre unos pocos y decidan todos”; que los delegados y representantes de la seccional trabajen “para no despegarse de la base” y “que no pase más que los dirigentes se queden »

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en la oficina de la seccional”; y que los dirigentes ganen igual que cualquier trabajador.

Luego de ese proceso, la fábrica pasó por ofensivas de la empresa y por algunas derrotas que fortalecieron alas más conservadoras que las surgidas de ese activismo y abrieron la puerta a que los rasgos más radicales y clasistas de esa experiencia, como los referidos en la entrevista, perdieran fuerza. Sin embargo, fue aquel sindicalismo de base el piso sobre el que se desarrollaron diversas agrupaciones que permiten identificar, dentro de la propia izquierda, programas diferenciados hacia la organización de fábrica y hacia los sindicatos.

El actual Frente Unidad es la combinación de esos sectores6 y su triunfo muestra que las contradicciones y retrocesos del sindicalismo de base surgido en la última década no es sinónimo de su clausura. Muy por el contrario, esa es la base sobre la que se desplegó una politización, o más precisamente una partidización, que puso sobre la mesa programas y estrategias que se disputan la orientación sindical y política de la nueva generación de trabajadores. Es esa experiencia la que, en un nuevo escenario de conflictividad, abre la posibilidad de fortalecer un sector clasista dentro de los sindicatos. En el ámbito fabril, al cierre de esta edición son las elecciones en el sindicato de la Alimentación (STIA) en el que se presenta la Lista Bordó encabezada por Javier “Poke” Hermosilla (Mondelez-Kraft) y Luis “Teto” Medina (Pepsico Snacks), surgidos del sindicalismo combativo y de izquierda en las principales fábricas alimenticias. Y unos días después, se eligen los dirigentes del sindicato de Jaboneros (SOJO) donde también se presenta la Lista Bordó con Franco Villalba (Alicorp, ex Jabón Federal) como principal referente. En cada uno de estos casos se juegan condiciones distintas signadas por la rama de producción a la que pertenecen (y la fortaleza o debilidad que eso imprime a las patronales), y por el peso relativo y las direcciones que están al frente de cada sindicato (es incomparable el poderoso STIA en manos de Daer, dirigente de la CGT en los ‘90, con la debilidad del SUTNA –único sindicato industrial de la CTA–, en manos de Wasiejko). Pero lo que los emparenta es que estas experiencias (a las que se suman las Comisiones Internas combativas que se conquistaron en la última década en distintos establecimientos), conforman un escenario al interior de los sindicatos que marca una diferencia sustancial con los ‘90, y se constituye como un piso mucho más favorable para el combate. Esto se combina con un paisaje variopinto que incluye a los SUTEBA, las juntas internas del Ministerio de Trabajo, de Economía y otras dependencias estatales, los

delegados antiburocráticos y clasistas de los hospitales como el Garrahan o el Posadas, el nuevo sindicato de prensa (SIPREBA), los aceiteros y decenas de agrupaciones clasistas con peso en sus lugares de trabajo.

Desigual y combinado Ese clima neo-neoliberal de los primeros meses del año, con su discurso de modernización del Estado, sinceramiento de la economía y reinserción en el mundo, se encontró con el calorcito de los cuerpos (y los choris) de fines de abril. Pero del mismo modo que es un error fatalista considerar que podían volver los ‘90 sin beneficio de inventario, sería un error negligente considerar que la imagen del 29 en el monumento al Trabajo es la foto completa de la Argentina beligerante. En realidad, la panorámica combina las dos marchas, la de febrero y la de abril. La de los trabajadores en blanco que ingresaron al sector privado en la última década larga y construyeron una “expectativa de ciudadanía fabril”, y la de los trabajadores estatales y pobres urbanos que dependen del presupuesto nacional, provincial y municipal para su salario o su subsidio de supervivencia. Las fronteras entre unos y otros son más permeables de lo que parece y de lo que dirigentes sindicales hacen parecer. Como dijo Ottoboni, en FATE hay 300 tercerizados que ganan entre 7.000 y 8.000 pesos por mes7. Esos trabajadores, no solo son trabajadores pobres a nivel estadístico (lejísimos del impuesto a las ganancias) sino que son obreros que orillan la frontera entre la marcha de los obreros sindicalizados de abril y la de los pobres urbanos organizados en movimientos sociales de febrero. La realidad de esos 300 se multiplica por miles en todas las fábricas (desde las grandes terminales autopartistas hasta las pequeñas alimenticias). La unificación de la lucha de esos trabajadores con la de las nutridas columnas de los camioneros, unificación expresamente rechazada por la burocracia sindical (recordarán la famosa frase “no hay despidos, se les terminó el contrato” del bueno de Moyano), es parte obligada del “programa mínimo” de cualquier sindicalismo que se precie de antiburocrático y clasista.

Pero hay más para unificar en una argentina cuyas luchas sociales (que son muchas y muy valientes) han sufrido la discordancia de los tiempos en las últimas décadas. En la misma semana de la marcha del 29, las universidades nacionales nos encontrábamos en pleno plan de lucha. Allí estábamos a pura clase pública ante la provocadora propuesta de 15 % de aumento salarial de aquí a diciembre y ante el escenario de recortes de todos los recursos de la universidad, desde la luz hasta

la investigación. Aunque un poco reacios a reconocerse como trabajadores, ese sector privilegiado en conocimiento y castigado en salario, también es parte de la argentina beligerante. Y en su ayuda viene un movimiento estudiantil que desde hace mes y medio protagoniza un in crescendo de movilizaciones y asambleas por boleto estudiantil y presupuesto que recorre todo el país, incorporando incluso a las universidades del conurbano cuyo estudiantado comienza a apropiarse de la tradición de lucha de los universitarios en Argentina.

En este contexto, que combina sectores privados con estatales, servicios con industrias, el sur del país hace gala de su combatividad.

Desde fines de febrero, cerca de treinta gremios de Tierra del Fuego entraron en huelga contra un paquete de leyes que incluye reducción salarial, aumento de edad jubilatoria y anulación de paritarias para 2016. Comenzó así una dura lucha que incluyó movilizaciones de 15.000 personas, cortes de ruta y un acampe frente a la Casa de Gobierno ante los que, dejando claro que el ajuste no es propiedad del macrismo, la gobernadora kirchnerista Rossana Bertone respondió con una ola de razzias, allanamientos y detenciones. Un poco más al norte, el paro de los petroleros de Chubut y Santa Cruz generó, el viernes 6 de mayo, una masiva marcha en Comodoro Rivadavia. El “Comodorazo”, como lo llamaron algunos, reunió a más de 50.000 trabajadores del petróleo, la UOCRA, bancarios, municipales, de ATE y ATE Salud, docentes, choferes de taxi, trabajadores del gas privado, de la UTA, el Smata, entre otros. Paralelamente a la concentración en la ciudad, hubo piquetes y cortes a lo largo de la Ruta Nacional N° 3.

En síntesis. Lo que falta no son las fuerzas ni las ganas de combatir, lo que falta es una política que las unifique y potencie. Un paro general es lo mínimo. Habrá que conquistarlo contra los muchachos del palco del 29 y para vetar la Ley de la Felicidad de Macri.

1. Véase el artículo, “Un león herbívoro” en Crisis online, mayo 2016.

2. Véase “La democracia y la meritocracia” en Panamá, mayo 2016.

3. Véase Paula Varela, La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte del Conurbano bonaerense 2004-2014, Buenos Aires, Imago Mundi, 2015.

4. Nombre con el que se presentaron en 2008 a las elecciones de la Seccional San Fernando del SUTNA. 5. Véase Paula Varela, ob. cit., p. 57.

6. El nuevo MAS, que fue parte del proceso de 2007-2008, no forma parte del Frente Unidad.

7. Ver La izquierda diario TV en www.laizquierdadiario.com.

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Ilustración: Greta Molas

El picnic de los buitres LUCÍA ORTEGA Comité de redacción.

MARTÍN SCHAPIRO Actuario, UBA. Entre panes de navidad y un país en llamas, el 23 de diciembre de 2001 el presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá era aplaudido en el Congreso por la declaración de la cesación parcial de pagos de los bonos de deuda pública externa. Hoy, kirchnerismo mediante, el mismo auditorio legislativo estuvo recorrido por otro festejo: el del acuerdo buitre para “poner fin al default” y culminar el proceso de “retorno” a los mercados financieros internacionales. La mayoría obtenida en Diputados para el proyecto impulsado por Macri y la mano alzada de los senadores provenientes del Frente Para la Victoria sellaron el consenso político burgués solicitado por el juez Thomas Griesa de Nueva York para que el gobierno se endeude por U$S 16.500 millones y desembolsar otros U$S 9.352 millones a los acreedores buitre. Este picnic de rapiña rompió el récord de la emisión más grande de deuda de los países llamados “emergentes”, ganancias siderales para los campeones de la usura mundial y el comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento a tasas promedio de 7,14 %.

Los entramados del acuerdo buitre En el año 2001 la deuda en default era de U$S 88.800 millones1, una parte de la cual fue luego renegociada en los canjes de los años 2005 y 2010 a los cuales accedieron el 92,4 % de los acreedores. El acuerdo actual corresponde entonces a la atención del 7,6 % restante de acreedores que no aceptaron las reestructuraciones realizadas en el gobierno de Néstor Kirchner. Los fondos buitre –benevolentemente llamados holdout por la prensa– rechazaron los canjes no porque no les redituara una enorme ganancia (para los que aceptaron fue del 300 % o más2), sino porque esperaban y apuntaban a obtener una rentabilidad aún mayor. A decir del economista premio Nobel Joseph Stiglitz, el acuerdo sienta un precedente de usura a nivel internacional e invierte el “riesgo moral” al premiar a los extorsionadores3.

A pesar de que la reestructuración de deuda fue aceptada por una mayoría de los tenedores de títulos en default, este grupo minoritario con gran poder de lobby en EE. UU. –por su vinculación con el establishment de

republicanos y demócratas–, pudo arrancarle a la justicia neoyorquina fallos favorables.

También consiguió que, para forzar el cumplimiento de los mismos, la justicia de Ghana retuviera la Fragata Libertad, y finalmente que el juez de Nueva York Thomas Griesa frenara el pago de la deuda regularizada en 2005 y 2010, decisión tomada en 2012 y respaldada por la Corte Suprema de los EE. UU. en junio de 2014. Que un puñado de fondos especulativos se transforme en un problema político nacional se explica por decisiones tomadas durante el kirchnerismo que crearon el terreno para la intervención buitre. De ellos se destacan principalmente: la prórroga de soberanía para la resolución de conflictos en los juzgados extranjeros y las cláusulas pari passu que implican igualdad de condiciones entre los acreedores. Es sobre esta base que los buitres desplegaron sus habilidades para hacerse un festín.

La prórroga de soberanía –existente desde la dictadura de 1976 y que volvió a incluirse en las reestructuraciones de 2005 y 2010– es la que explica que haya tomado »

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ECONOMía

tanto protagonismo el juzgado norteamericano, y específicamente el juez Thomas Griesa.

Tampoco debe reducirse el mérito del gobierno macrista que, en un enorme gesto de sumisión imperialista, ofreció lo que los buitres querían escuchar, y más. El acuerdo les significó embolsarse rentabilidades exorbitantes: 1.308 % para el fondo NML de Paul Singer (quien lideró las negociaciones por parte de los acreedores), 3.183 % para Bracebridge, 846 % para Aurelius, entre otros. Para todos ellos –los litigantes con fallo favorable de Griesa y los “me too”4–, el monto de deuda en default era cercana a U$S 3.000 millones y el monto a pagar según la sentencia es de U$S 9.000 millones. De los que tienen fallos me too, U$S 2.373 millones acordaron pagos por U$S 6.459 millones, esto implica casi una triplicación del capital desde 2001 a una tasa de interés implícita anual del 8 % aproximadamente. Pero además la mayoría de estos fondos, como veremos, compraron esos bonos a menos del 30 % del valor nominal. Por otra parte, para quienes no tuvieron el “beneficio” del fallo de Griesa, el gobierno los recompensó con un pago del 150 % del capital.

Los buitres también hicieron uso de otros mecanismos de presión como la cláusula pari-passu5, que es un recurso a la “equidad” en el trato de tenedores de bonos.

Las diferencias entre los que tenían o no cláusula producen un incentivo mayor a aceptar el acuerdo para quienes tenían sentencia debido a que estaban devengando intereses cercanos al 0,5 %. Es decir, el gobierno les pagó a unos acreedores que devengan intereses a la tasa norteamericana (menor al 1 %) emitiendo a una tasa superior al 6,8 %. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos de estos acreedores que se dedican a la especulación financiera encuentren la forma de transformar su capital que rendía al 1 % en un capital que rinda al 7,5 %: siendo ellos mismos los que le presten al país, sea en la última emisión de bonos realizada por Prat Gay o en nuevas bajo mismo pauta, para que el país les pague a ellos. Cambiar deuda vieja por deuda nueva. Un verdadero negocio.

Además, para quienes tienen cláusila paripassu se estima que cobraron un total de 3

Con sentencia

dólares por cada uno de valor nominal. Es decir, triplicarlo. Sin embargo, muchos de ellos compraron estos títulos después del default a un valor mucho menor. Un ejemplo de ellos, es el fondo NML de Paul Singer, que compró estos títulos a 25 centavos de dólar, obteniendo 12 veces la plata invertida. ¡Un ritmo de una tasa del 20 % anual!

Por último, el acuerdo incluye el pago de “gastos legales” y U$S 235 millones en honorarios por haber litigado contra la Argentina todo este tiempo, de los que se hace cargo el propio Estado Nacional. Y, en el ínterin, no debe olvidarse la ganancia de los bancos que participaron de la nueva emisión que se estima en más de U$S 300 millones, superiores a las del ya escandaloso “megacanje” del año 2001 en que los bancos apropiaron U$S 150 millones.

El gobierno celebra el acuerdo como un punto final en el default y el conflicto con los buitres. Pero el pago del 22 de abril firmado por Prat Gay no garantiza el fin de los problemas, ni aún referidos a los acreedores en cuestión. El 2 % que no aceptó el acuerdo podría seguir reclamando, aunque el gobierno confía en que las condiciones son menos favorables. Para peor, también existe un riesgo de un reclamo del 92,4 % que entró en canjes anteriores, ya que si bien venció ya la cláusula RUFO que les permitía pedir igualdad de condiciones para sus pagos, no hay jurisprudencia que descarte que, así como hicieron los buitres que entran al acuerdo, realicen nuevos reclamos en la justicia norteamericana y consigan un fallo a su favor6.

Desatando el ovillo Hace pocos días, el mediador de la negociación, Daniel Pollack, aseguraba una vez más lo que plantea todo el arco ideológico burgués: “la gente debe pagar sus deudas y los países deben pagar sus deudas”7. Sin embargo, lo primero que habría que preguntar a “la gente” es si estará dispuesta a pagar una deuda que no contrajo y, más aún, si la misma es una estafa.

Es necesario, en este sentido, retrotraerse más allá del 2001. Sin dudas, la dictadura militar de 1976-1983 marcó un punto de inflexión en el devenir de la deuda pública

Sin sentencia

Con pari passu

- U$D 6.100 millones - U$D 2.900 millones - El reclamo capitalliza - 6 6 % de los reclamos son intereses. El reclamo al 0,5 % capitaliza al 9 %

Sin pari passu

No representan una amenaza hoy, pero podrían Se les ofreció un 150 % serlo en el futuro. Podrían buscar el pari passu, de capital aunque les tomaría mucho tiempo.

externa, experimentándose un enorme salto cuantitativo y un fortalecimiento de los mecanismos ilegales y fraudulentos de colocación, así como su utilización en beneficio directo de un puñado de capitales privados en imbricación directa con el poder político. A pesar del “agujero negro” en la información disponible por el BCRA entre 1976 y 1983, las investigaciones demuestran que la deuda pública creció 5,5 veces, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones. En ese período se pagaron U$S 30.000 millones y la fuga de divisas se multiplicó por tres hasta alcanzar los U$S 79.912 millones8.

Pero además, habría unos U$S 10.000 millones de pagos inexistentes que desaparecieron, una operación totalmente delictiva. El mismo Martínez de Hoz señaló que U$S 4.000 millones que figuraban como adeudados en realidad ya habían sido pagados9.

Entre los mecanismos que explican tal salto en el stock de deuda pública externa, enmarcado en un plan general de ofensiva neoliberal de ataque a la clase trabajadora, se encuentra el endeudamiento de las empresas públicas y la estatización de las deudas privadas que habían sido generadas para aprovechar la rentabilidad de la “bicicleta financiera”.

Las empresas públicas fueron el canal para la atracción de deuda. La banca internacional jugaba a ambos lados del mostrador –cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia–, y el operador para realizar la malversación de fondos fue el Secretario de Coordinación y Programación Económica de Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, quien a su vez se garantizó sus propias “comisiones” con el estudio privado con el que asesoraba a la banca para la contratación de préstamos a empresas públicas. El gobierno dictó una resolución que le otorgaba al estudio de Klein el poder de elaborar trimestralmente márgenes de endeudamiento para las empresas públicas que no se tradujo en inversiones, sino que su fin era proveer de divisas el Banco Central para sostener el esquema de apertura económica. Éste recibía los dólares y entregaba a las empresas pesos argentinos, una maniobra lisa y llana de malversación de fondos.

En el dictamen del juicio de la deuda en la que analizaron a 15 empresas del sector público, entre ellas YPF, Agua y Energía y Ferrocarriles, señalan que casi el 82 % de la deuda pública externa proviene de préstamos financieros y básicamente no se destinó a inversión productiva en bienes de capital, sino a una renovación constante de préstamos a corto plazo para la provisión de divisas, que iban acumulándose.

Por su parte, el endeudamiento privado externo también aprovechó los beneficios del

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esquema económico y alcanzó los U$S 17.000 millones en 198110, entre quienes figuran importantes entidades bancarias, como el Citibank, Banco Tornquist, Banco Quilmes, Banco Francés, Banco Río de la Plata y hasta algunos aparecen en su doble condición de acreedores y de deudores al mismo tiempo. Este culminó con un episodio aún más escandaloso: la transformación de deuda externa privada a pública en 1982 de cerca de U$S 8.600 millones bajo la órbita del Banco Central presidido por Domingo Cavallo, es decir, una estatización del 55 % de la deuda privada. Pero ya en años previos se utilizaban fondos públicos para pagar deuda privada, el Estado se hacía cargo ya sea pagando, obteniendo la refinanciación o usando títulos públicos. Algunas de las empresas que manejaban los mayores niveles de endeudamiento con operaciones bajo garantía del Tesoro Nacional son: Acindar, Papel de Tucumán, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Cementos Noa. Posteriormente, durante el gobierno de Alfonsín, las empresas investigadas por el Banco Central por realizar “autopréstamos” durante la dictadura bajo el amparo del esquema vigente fueron beneficiadas con la “tolerancia” (una especie de condonación de deudas), como Renault, Cargill, Petrolera Pérez Companc, Fiat, Isin (vinculada al grupo Macri), entre otros, mientras que en el caso de las deudas privadas que habían sido “avaladas” por el Estado directamente pasaron a considerarse deuda pública sin trámite alguno.

¿Un sinfín de “herencias”?

Todavía se desconoce a ciencia cierta el completo accionar de las empresas privadas en connivencia con el Estado. Las operaciones ilegales ya fueron canceladas y reemplazadas por otras en los sucesivos canjes de papeles desde entonces11. En el año 2000, el juez Ballesteros dictó sentencia en la llamada Causa Olmos para declarar la ilicitud de la deuda externa pública. Si la deuda contraída en la dictadura fue delictiva, la que se pagó de 1983 en adelante también. Pero además, los gobiernos siguientes se encargaron de dejar su marca fraudulenta en cada nueva negociación.

Un breve repaso indica que la evolución fue catastrófica. Para fines del mandato de Alfonsín la deuda ya era de U$S 64.000 millones, ayudada también por la renegociación onerosa que se impuso para América latina con el Plan Baker que culminó a fines de 1988 en la cesación de pagos. Con Menem la deuda subió 123 %. El Plan Brady, que prometía terminar con el problema de la deuda, reemplazó

las acreencias de manos de bancos privados por bonos y fue la vía para un nuevo ciclo de endeudamiento. Se permitió asimismo que los compradores de empresas públicas pudieran abonar con títulos de deuda a precios de remate. Durante los mandatos de Menem se pagaron U$S 116.000 millones entre capital e intereses y entre 1992 y 2001 se fugaron más de U$S 60.000 millones.

Al comienzo del gobierno de De la Rúa la deuda era de U$S 146.000 millones, que trepó a U$S 180.000 millones en las puertas de su renuncia, y por los que afrontaron vencimientos por U$S 44.000 millones de capital e intereses. Operaciones como el “blindaje” y el “megacanje”, mantenidas para conseguir dólares que sostengan la ficticia convertibilidad cambiaria, significaron jugosos canjes de bonos, que en el caso de este último duplicaron el valor de la tasa de 6 a 12 %, que se utilizaron también para convalidar una exorbitante fuga de capitales. Solo en el año 2001 la burguesía fugó por esta vía U$S 14.977 millones, anticipándose a la devaluación, para resguardarlos en paraísos fiscales.

Así, al momento del default de 2001, al que hoy nos retrotrae el acuerdo buitre, la Argentina llevaba pagados desde comienzos de la dictadura unos U$S 225.000 millones. Esta suma abonada en concepto de capital e intereses fue igualada por los montos de los pagos que reconoció haber realizado el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno. A fines de 2015 la deuda ascendía a U$S 240.000 millones. Hoy, el macrismo le sumó sus propios porotos.

El debate público que recorrió el acuerdo buitre se centró en los términos de la negociación, sin reparar, en primera instancia, en los condicionamientos que hicieron posible semejante pago multiplicado a los fondos especulativos. Estos tienen mucho que agradecer al legado de las reestructuraciones kirchneristas pero, más especialmente, al cambio de sentido político en donde lo que se licuó con la política de “desendeudamiento” fue el repudio extendido que había a comienzos del milenio al pago de una deuda cuyo origen y trayectoria se reconocían ilegítimas e ilegales –llegando a plasmarse en una sentencia judicial–. Que “las deudas se pagan”, es algo que estableció el kirchnerismo, y ahora completa el macrismo.

La reciente emisión de deuda en moneda extranjera por el Estado nacional es solo un preámbulo de lo que vendrá, con nuevas emisiones nacionales y provinciales (en total estas últimas se estiman en 40 mil millones para 2016) y endeudamiento privado. Todo para asegurar un equilibrio precario de las cuentas públicas y financiar los giros de utilidades de las trasnacionales y la fuga de capitales. Es

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fundamental para el pueblo trabajador impulsar el no pago de ningún peso más de deuda externa, lo que debe estar estrechamente asociado a la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior, para evitar, de una vez por todas, que los trabajadores sean quienes padezcan los costos de un picnic del que solo comen unos pocos.

Colaboraron en esta nota: Victoria Sánchez (equipo de redacción de La Izquierda Diario) y Esteban Mercatante (Comité de redacción Ideas de Izquierda).

1. U$S 81.800 millones correspondían a títulos públicos y el resto al Club de París. La deuda con los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM) se mantuvo regularizada (Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina, “Default y reestructuración: ¿cuál fue la real quita de la deuda pública argentina?”, Documento de Trabajo 32, FCE-UBA, marzo de 2013).

2. Los cupones PBI, entre otros puntos, garantizaron altas rentabilidades para los acreedores. Sobre los beneficios obtenidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 véase Esteban Mercatante, La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo, Bs. As., Ediciones IPS, 2015.

3. Ver Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, “How Hedge Funds Held Argentina for Ransom”, New York Times, 1/04/2016.

4. Acreedores “yo también”, que se suman a lo que reclamó NML. Ahí están Aurelius, Blue Angel y otros.

5. Significa que a todos los tenedores de bonos se les tiene que dar las mismas condiciones. En el 2010, NML empezó el juicio alegando que Argentina estaba violando la cláusula porque como se le pagaba a los acredores del canje y no a ellos, no habría equidad en el trato a los acreedores.

6. El estudio de abogados Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, exrepresentante de la Argentina, entre otros, sostienen esta posibilidad. Ver “Deuda Externa: sigue abierto el riesgo de nuevas demandas”, La Voz, 15/04/2016.

7. “Pollack cuenta todos los secretos de la negociación con los fondos buitre”, Clarín, 30/04/2016.

8. Marcelo Bonelli, “Un país en deuda”, Bs. As., Planeta, 2004, p. 38.

9. Alejandro Olmos, Todo lo que quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron, Bs. As., Ediciones Continente, 1989.

10. Esteban Mercatante, ob. cit.

11. Marcelo Bonelli, ob. cit., p. 39.

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política

Ilustración: Anahí Rivera

Conflictos indígenas en tiempos de Macri

voces de resistencia ante el despojo de ayer y hoy AZUL PICÓN Comité de redacción.

Genocidio, despojo, usurpación. Los pueblos indígenas que habitaron estos territorios ancestralmente lo sufrieron una y otra vez desde la Conquista. Esclavización, negación, invisibilización y la imposición de una identidad hegemónica fue lo que siguió para construir el mito de la nación blanca y europea, descendida de los barcos.

Las campañas militares del siglo XIX diezmaron y esclavizaron a la población indígena. La falta de datos certeros dificulta hablar de cifras, sin embargo Diana Lenton afirma que según registros de la época, la llamada Conquista del Desierto comandada por el Gral. Julio Argentino Roca en la Patagonia había trasladado, hasta 1883, 20 mil prisioneros a Buenos Aires que luego serían asesinados, desaparecidos o esclavizados1. En la “conquista del Chaco” las cifras serían mayores. Allí se condenó a las poblaciones indígenas del Norte como mano de obra esclava en

plantaciones de caña de azúcar y algodón. El Estado argentino se funda sobre millares de muertos, culturas devastadas, despojo territorial y proletarización forzada.

Durante el siglo XX gobiernos peronistas y radicales fueron responsables de grandes matanzas, que lejos de ser aisladas, fueron prácticas recurrentes de los terratenientes y el poder político para privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia y así introducirlos en el sistema de producción capitalista, obligándolos a migrar a las ciudades y vender su fuerza de trabajo para subsistir, mientras se apropiaban de sus territorios2.

En la Argentina actual, a pesar de los amplios reconocimientos jurídicos, continúa la violación sistemática a los derechos de los pueblos originarios. Los mecanismos de dominación van desde el uso de la fuerza represiva estatal y paraestatal, a formas de dominación más sutiles, mientras el modelo

productivo agroexpotador y extractivista necesita de sus territorios para desarrollarse.

Los medios hacen su parte con la estigmatización cuando no la lisa y llana invisibilización.

Hoy las raíces económicas y sociales del “problema indígena”, siguen ligadas a la tierra, pero se articulan también con los problemas de una sociedad más intensivamente capitalista y predominantemente urbana, donde se produce una mayor imbricación de los problemas nacionales y culturales con los de clase al interior de los pueblos indígenas, ya que muchos originarios son parte del proletariado agrícola y urbano3.

Los conflictos del modelo En la actualidad cerca de 200 conflictos involucran a más de 250 comunidades originarias en 15 provincias. Un informe presentado en septiembre de 2015 por Amnistía Internacional4 realiza un mapeo que muestra 183

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conflictos por causas territoriales, ambientales y criminalización en las comunidades. A estos debemos sumarle los conflictos en barrios y comunidades indígenas por necesidades básicas como agua potable, trabajo, educación y vivienda, entre otros, que no están directamente ligadas a lo territorial, sino que forman parte de los problemas que sufre gran parte de la población trabajadora, desocupada y el pueblo pobre.

Las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Misiones y Formosa encabezan el ranking de conflictos, seguidas por Chubut, Salta y Río Negro, y luego por Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, San Juan, La Pampa y Mendoza. En todos los conflictos las comunidades exigen sus derechos vulnerados, enfrentándose a gobiernos municipales, provinciales y nacional, a jueces, terratenientes, empresas nacionales y multinacionales: mineras, petroleras, madereras, sojeras, empresarios turísticos, que cuentan con un sistema político y judicial que garantiza sus intereses.

El avance de la frontera agropecuaria e hidrocarburífera durante la última década fue descomunal y todo indica que continuará durante el nuevo gobierno. El crecimiento descomunal de la soja (pasó de 12 a 20 millones de hectáreas desde 2002 al 2016) y el monocultivo de árboles (pasó de 600 mil a 1,2 millones de hectáreas en 10 años), afecta a una docena de comunidades de Misiones, Chaco y Formosa. Las consecuencias: desalojos de campesinos e indígenas, desmontes, contaminación con agrotóxicos, concentración de la tierra, deforestación y derrumbes.

Algo similar ocurre con la expansión de la frontera hidrocarburífera en los últimos años.

Actualmente hay cerca de 20 conflictos relacionados con la extracción de petróleo y gas. Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut son las más afectadas, pero en menor medida, también afecta a Formosa, Salta y Jujuy. Estas comunidades sufren la contaminación de sus suelos y cauces de agua, el avance sobre sus territorios y los desalojos y la criminalización que de ahí se derivan. El caso más emblemático de criminalización fue el de Relmu Ñamku, enjuiciada durante el 2015 por tentativa de homicidio cuando la comunidad resistía un desalojo, cargo del que fue absuelta por un jurado popular5. Chevron, Texaco, Pioneer, Yacimientos del Sur, Petrobras, Energy Company, Apache Corporation, petrolera Piedra del Águila, Imau, Transportadora Gas del Sur y Orión del Sur, son algunas de las empresas en conflicto con las comunidades.

La minería también se desarrolló exponencialmente en los últimos años; según información de la Secretaría de Minería de la Nación en 2002 había 18 proyectos mineros, hoy en 2016 hay 435 prospectos mineros en desarrollo de 157 empresas, el 85 % de las cuales son

extranjeras. Catamarca, San Juan, Salta, Jujuy, Chubut y Neuquén son provincias donde se ubican explotaciones de megaminería a cielo abierto que extrae cobre, zinc, oro y plata, y utiliza grandes cantidades de agua, químicos y cianuro que contamina pueblos enteros. Imausa, Ambar, IMA Explorations Inc, Aquiline Resources, Meridian Gold, Barrick Gold, mineras Minarco, Piedra Grande y Sima, son algunas de las mineras con las que actualmente las comunidades mantienen una docena de conflictos. Recientemente la demanda de baterías de ion-litio reavivaron los proyectos exploratorios del litio en los salares de Jujuy y Salta, que forman parte del “triángulo del litio” formado por Argentina, Bolivia y Chile, y donde se encuentra el 80 % del depósito total del famoso “oro blanco”6.

Estos proyectos de exploración han entrado en conflicto con comunidades kolla y atacama que habitan allí ancestralmente ya que la extracción del mineral requiere abundantes cantidades de agua, un bien por demás escaso en esas áridas zonas. Dos procesos organizativos encabezan la resistencia a las mineras del litio (FMC, Orocobre, Jemse, entre otras, asociadas a automotrices como Nissan, Toyota, Mitsubishi), la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” y el “colectivo La Apacheta”, que en conjunto organizan a casi 40 comunidades.

La pérdida de la tierra trae aparejados otros problemas, como los altos grados de mortalidad infantil que según denuncian las comunidades está ligado a la pérdida de territorio a manos de empresas. La falta de alimento y medicinas naturales sumados al abandono de prácticas culturales y cambios en los hábitos alimenticios ligan inexorablemente la situación sanitaria a los desmontes y la desvinculación de la tierra.

La falta de títulos, el incumplimiento o irregularidades en el relevamiento territorial y la usurpación de territorios comunitarios por parte de privados, empresas e incluso el Estado, son los principales conflictos territoriales.

Casi todas las comunidades han sufrido intentos de desalojo en algún momento del conflicto y muchas de ellas ataques a los miembros de la comunidad (amenazas, ataques con armas blancas o de fuego, asesinatos, incendio de casas, etc.) cuando no directamente represión estatal.

Pasan los gobiernos, queda la criminalización En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios.

Más de mil hermanas y hermanos están siendo judicializados por defender sus territorios

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y la Naturaleza. Hay represión, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra (fragmento de la Declaración de la I Cumbre de Pueblos originarios, junio 2015).

No se puede garantizar el modelo y los intereses de estas empresas extractivas sin vulnerar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, fumigando sus territorios, contaminando su agua y su suelo, judicializándolos, persiguiendo y reprimiendo sus protestas, no solo con represión institucional, sino también a manos de patotas, guardias blancas y sicarios contratados por terratenientes. Llama la atención el alto número de causas penales contra miembros de las comunidades indígenas por delitos de usurpación o vinculadas a los reclamos territoriales. En el año 2013 había más de 900 originarios y campesinos judicializados y en 2014 la APDH denunció que el 70 % de las causas en Formosa eran contra pueblos originarios.

Existe un amplio abanico de normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las comunidades indígenas; el artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia de los pueblos y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, el Convenio 169 de la OIT que garantiza el derecho a la consulta libre previa e informada y la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, ordena frenar los desalojos y realizar un relevamiento de todos los territorios indígenas, son las más importantes. Sin embargo el grado de implementación de las mismas es muy bajo e irregular, las resoluciones judiciales rara vez reconocen estos derechos y la mayoría de estas normas son abiertamente violadas por todos los órganos y en todas instancias del Estado. En diciembre pasado, diputados y senadores de distintos bloques parlamentarios, entre ellos el Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de Propiedad Comunitaria Indígena elaborado conjuntamente con organizaciones de pueblos originarios, pero este avanzado proyecto nunca fue discutido ni tratado en el Congreso7.

Por el contrario, las normas que garantizan la implementación de actividades extractivas tienen cumplimiento rápido y efectivo.

El monocultivo de soja transgénica fue rápidamente aprobada por el gobierno de Carlos Menem sin realizar estudios sobre los efectos ambientales; actualmente está en tratativas un nuevo proyecto en el cual Monsanto busca aumentar los derechos y regalías. La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, impulsa el monocultivo de árboles, subsidiando y beneficiando a las empresas. La »

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política

minería cuenta con la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería y el Acuerdo Federal Minero al servicio de sus empresas. La Ley de Hidrocarburos beneficia a las empresas extranjeras, establece 25 años de concesiones para las explotaciones convencionales y 35 para las no convencionales ambas prorrogables por 10 años, y reducción de regalías. En los años ‘90 se creó la base para este entramado jurídico que fue sostenido y profundizado por los gobiernos posteriores, y que perjudica directamente a las comunidades originarias, razón por la que encuentra allí la mayor resistencia y obstáculo para su implementación.

Cinismo amarillo Leyes con las que hicieron bandera, fotos y promesas ocultaron durante el kirchnerismo la falta de respuesta a las problemáticas estructurales de los pueblos originarios.

Cooptación de algunos sectores por un lado, negativa rotunda a dar soluciones cuando los perjudicados eran sus aliados. Eso sucedió con la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en Formosa, el caso emblemático de represión a las comunidades durante su gobierno en el que la policía provincial junto a la gendarmería reprimieron asesinando a Roberto López. Tras un acampe de 5 meses en 2011 en Capital Federal reclamando justicia y respuestas en relación al territorio, volvieron a Formosa con un papel firmado pero las manos vacías, las promesas nunca se cumplieron. Cinco años después similares razones los llevaron a realizar un segundo acampe, esta vez de 10 meses y junto a 40 comunidades de Formosa. ¿Las respuestas? Nunca llegaron.

Macri siguió el mismo camino. En los 10 meses que el acampe se sostuvo en la ciudad, no se acercó a pesar de las apremiantes necesidades que sufrían quienes acampaban allí.

Sí lo hizo, de manera cínica y demagógica, en plena campaña: se sacó fotos e hizo promesas. A una semana de asumir recibió una delegación que entregó un petitorio con sus demandas y se sacó más fotos. El 6 de enero transfirió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) al Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos, una de sus promesas.

Pero 3 meses después de haberlos recibido, las respuestas seguían sin llegar, por lo que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas se declaró en estado de asamblea permanente y realizó una toma pacífica del INAI. La respuesta del macrismo fue intentar desalojarlos con una amenaza de bomba, sin darles ninguna respuesta.

El doble discurso no se hizo esperar: mientras en abril anunciaba en Misiones medidas para el cuidado del medio ambiente y hablaba de “ayudar a los pueblos originarios para que no tengan que abandonar su lugar y su cultura”, recortaba y hacía desaparecer las políticas públicas para los indígenas. En sintonía con los ajustes y recortes que llevó adelante en todas las áreas del Estado, despidió a 110 trabajadores del INAI, con el argumento del “sobredimensionamiento” del personal. Y en la reestructuración de las áreas de gobierno, la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y la Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Agroindustria fueron directamente desmanteladas.

La composición del gabinete del nuevo gobierno da cuenta de que “el reconocimiento de los pueblos originarios como política de Estado” son solo palabras bonitas. El Ministro de Energía Juan José Aranguren aclaró que “el desafío es lograr que la sociedad se enamore de la minería”. Nombró como secretario de Minas a Daniel Meilán –quien ya había ocupado el mismo cargo durante el menemismo– que como primer medida anunció la quita de retenciones a las mineras. El sanjuanino Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero y férreo defensor del modelo minero de San Juan, afirmó que la minería produce “cero contaminación”, cuando hace 7 meses en su provincia un inmenso derrame de cianuro de la Barrick Gold volcó más de un millón de litros de agua contaminada, contaminando 5 ríos y causando un desastre ambiental. Hace pocos meses salió a la luz que 3 derrames anteriores (en 2011 y 2012) donde se fugaron 1500, 1680 y 1494 litros de solución cianurada, no se habían hecho públicos.

Por su parte, en el Ministerio de Agroindustria nombraron a Ignacio Garciarena, referente de Aapresidh y amigo de los pooles transgénicos que se refirió a los críticos del agronegocio como “ecoanarquistas y pseudo ambientalistas que siembran miedo en la sociedad”8. Defensor de la soja transgénica y el glisfosato de la mano de la siembra directa impulsada por Monsanto, salió a desmentir los análisis que vinculan el agronegocio a la deforestación e inundaciones.

Desde hace 524 años los pueblos originarios son blanco de ataques y represiones de gobiernos de todos los colores, es su tenaz resistencia las que los mantuvo en pie.

Hoy existe un gran número de organizaciones indígenas que, aunque con diferencias, son conscientes de que el modelo se profundizará y se preparan para un tiempo de movilización para lo que es necesario trabajar en conjunto. Los trabajadores y pueblo pobre tenemos el mismo enemigo: grandes terratenientes, empresarios, multinacionales, poder político y oposición patronal, que son los garantes de este sistema de explotación.

Por eso debemos tejer una sólida alianza entre todos los sectores oprimidos que ponga fin al avance capitalista.

1. Aranda, D., “El Estado se construyó sobre un genocidio”, entrevista a Diana Lenton, Página 12, 10/10/2011.

2. Ver Picón, A. y Santillán, L. “Los pueblos originarios frente a la barbarie capitalista”, IdZ 8, abril 2014.

3. Ferreira, J., Comunidad Indigenismo y marxismo, La Paz, Ediciones Palabra Obrera, 2014.

4. Disponible en www.territorioindigena.com.ar.

5. Picón, Azul, “Relmu Ñamku: criminalización y resistencia”, IdZ 26, diciembre 2015.

6. Ortega, Lucía, “La explotación del litio en Argentina: ¿nueva minería para el desarrollo?” y Picón, Azul, “Las comunidades originarias frente a la extracción de litio” en sitio de Ideas de Izquierda, febrero 2016.

7. “Se presentó el Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena”, La Izquierda Diario, 4/12/2015.

8. Aranda, D., “Un gabinete para hacer lobby”, Página 12, 1/2/16.

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Time Warp: una trama de negociados criminal

Ilustración: Juan Atacho

Patricio del Corro Diputado de la Ciudad de Buenos Aires (PTS-Frente de Izquierda) Lo sucedido en Time Warp rememora inevitablemente aquella terrible noche del 30 de diciembre de 2004 donde 194 jóvenes murieron calcinados. Desde ese día, miles al grito de “ni la bengala ni el rocanrol a nuestros pibes los mató la corrupción” ocuparon las calles para denunciar que la “fiesta” nunca había sido para ellos sino para los “empresarios de la noche” y su asociación corrupta con los funcionarios públicos que lucraron con la juventud destinándoles por todo futuro la muerte. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, no pudo evitar el juicio político, aunque sí –amparándose en su “jerarquía” (quienes debían controlar eran otros)– logró ser sobreseído en la causa penal que le iniciaron familiares de las víctimas. Pasaron más de once años y el nuevo crimen social ocurrido en Costa Salguero muestra que desde entonces poco y nada ha cambiado en lo esencial en la Ciudad PRO, donde gobierna el heredero del presidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno apela a su cinismo y esboza por toda respuesta a la tragedia la suspensión de las fiestas electrónicas en la ciudad hasta que no estén reguladas, envía un

proyecto de ley a la Legislatura que calca reglamentaciones ya existentes e impulsa “mesas de diálogo sobre adicciones” porque, si en tiempos de Aníbal Ibarra los culpables eran “la bengala y el rocanrol”, ahora lo son las drogas de diseño que acompañan el ritual de los jóvenes en las fiestas electrónicas. La hipocresía, como siempre, es lo que sobra. Más, cuando no hay dudas de que en Time Warp funcionó una asociación de funcionarios, empresarios y fuerzas de seguridad, públicas y privadas que actuaron de manera criminal para incrementar sus ganancias.

Los hechos que terminaron con la muerte de cinco jóvenes denotan toda una “cadena de responsabilidades”. Horacio Rodríguez Larreta, como antes Aníbal Ibarra, es responsable.

Entramado de una trampa mortal Sucintamente va una descripción de hechos de dominio público a fin de poder pasar a echar luz sobre mi anterior afirmación: la justicia ha apuntado hacia la empresa Dell Producciones, cuyo presidente Adrián Conci (hoy detenido) actuó, según el Ministerio Público Fiscal, de forma consciente en la sobreventa de entradas, hacinando el lugar,

cerrando el agua durante la madrugada, provocando altas temperaturas y falta de ventilación, además de haber sido parte necesaria en la venta de drogas durante el evento. En segundo lugar, los cañones se dirigen hacia la Prefectura Naval donde más de 30 miembros ya fueron convocados a indagatoria, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad por haberse hallado en sus manos una bolsa de estupefacientes recolectada entre los asistentes y no reportarla a tiempo. La bolsa habría sido entregada por el jefe encargado de la seguridad privada perteneciente a la empresa SISEG. Por último, abundan las noticias en los medios sobre la detención del abogado Víctor Stinfale, sindicado como la “cara oculta” detrás de la organización de la fiesta electrónica, ligado a Energy Group (al igual que Conci), la empresa que comercializa el agua Block, vendida forzadamente en Time Warp a 100 pesos la botella. El otro eslabón que falta es el de Martín Gontad, conocido como el “rey de las fiestas electrónicas”, quien figura como asesor de Dell, y es otra de las caras visibles del imperio que había creado Stinfale.

De lo que casi no se habla es de que estos ilícitos no hubieran podido suceder si no »

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estuvieran implicados los funcionarios políticos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, además de impulsar la interpelación política en la legislatura porteña y el juicio político al jefe de Gobierno he decidido presentar una denuncia penal contra Horacio Rodríguez Larreta y el director de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Alvarez Dorrego, por encontrarse ambos en comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La crisis política que merece lo sucedido en Costa Salguero está oculta en una olla a presión que no termina de estallar por la campaña cínica contra la juventud y un pacto tácito entre el macrismo y los grandes medios de comunicación para sostener en funciones al jefe de Gobierno y sus funcionarios involucrados, aunque no puede descartarse que deban deshacerse de algún “fusible” si las denuncias escalan.

Desde la masacre de Cromañon a la ciudad PRO solo cambió el tamaño del negocio y el esquema de “protección” para garantizar la impunidad del funcionario más alto. Si antes la corrupción, en lo que respecta a la recreación juvenil, se circunscribía fundamentalmente a los llamados “boliches de clase C”, y a un sistema de coimas y prebendas para garantizar la falta de inspecciones de funcionarios públicos con connivencia de la Policía Federal, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene la corrupción que el estilo empresarial del PRO merece.

Se trata de favorecer un entramado de grandes negociados entre el Estado y toda la gama de empresas asociadas a eventos masivos para la juventud de las capas medias y altas, más pudientes, e incorporando a la “fiesta” el lucrativo negocio de las drogas de diseño.

En ese marco, el sistema de control de la ciudad para los eventos nocturnos es tan deficiente que apenas tiene 79 inspectores para los más de 1.500 lugares entre pubs, quioscos, boliches (locales bailables de clase C), estadios y complejos. Orientado el sistema de inspección, en lo atinente a lo recreativo, a la clausura de centros culturales destinados a un público más popular y a la colaboración con los empresarios para abaratarle costos y aumentar exponencialmente ganancias compartidas, el “sistema de corrupción” privilegia el “nicho” de lo más rentable y recauda a lo grande. La Ley 2.624 votada en el año 2007 vino a cerrar el círculo. Mediante esta norma se creó la Agencia Gubernamental de Control, una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objetivo fundamental fue el de eximir de

responsabilidades a todos aquellos funcionarios políticos que debieran ser responsables por lo que sucede en la ciudad, incluido quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Sucesos como el de Time Warp no deben afectar al jefe de Gobierno a pesar de ser quien cuenta con las facultades de nombrar y remover al Director de la AGC. Tragedias evitables como el incendio del taller clandestino de la calle Luis Viale 1269 en 2006, los derrumbes del gimnasio de Villa Urquiza en la calle Mendoza 5042, el del boliche Beara en 2010, así como el incendio de otro taller clandestino en la calle Páez 2796 en 2015 son antecedentes trágicos de este sistema de desidia y corrupción que el pasado 15 de abril cargó impunemente contra la vida de Nicolás Becerra, Francisco Bertotti, Bruno Boni, Martín Bazzano y Andrés Valdez.

“Oportunidades de negocios” En Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar sus autores1 relatan que el partido creado por Mauricio Macri no reniega necesariamente del Estado, sino que uno de sus principales roles es la creación de “oportunidades de negocios”. Costa Salguero es solo un ejemplo de cómo funciona el “partido del hacer” y la “gestión” en este terreno, orientado a la venta, en general a precio vil, de lo público para favorecer a los emprendimientos privados. “‘Está bueno Buenos Aires’ –slogan de campaña del jefe de Gobierno (se refiere a Mauricio Macri NdR) – si se promueven manifestaciones culturales como espectáculos que son oportunidades de negocios, pero también si se ofrecen espacios de diversión y entretenimiento”, resumen en Mundo PRO. Buenos Aires es cada vez más una ciudad que pretende “venderse a los negocios” con centros de convenciones, hoteles y lugares de ocio para los viajeros VIP y atraer inversiones, dejando de lado las necesidades de sus propios habitantes. Esa “marca Buenos Aires”, que Gabriela Massuh en su libro El robo de Buenos Aires2 define como parte de una política que llama “city marketing”.

El predio público de 17 hectáreas concesionado a Costa Salguero S.A. data del gobierno de Menem y es completamente irregular.

Catalogado como Urbanización Parque, su uso debiera ser permitido solo para actividades deportivas. Sin embargo, hace años se lo dedica a boliches, negocios gastronómicos y a eventos masivos como Time Warp. En 2009, ante la denuncia de estas irregularidades, el juez Andrés Gallardo ordenó clausurar 19 de los 23 locales subconcesionados en Costa Salguero, que además invadían los 15 metros costeros que debían dejar libres para

uso público (camino de sirga). La empresa no cumplió el fallo y Martín Farrell, el director de Habilitaciones (el mismo que oficiaba en la ciudad cuando el derrumbe del boliche Beara donde murieron dos jóvenes) procedió a la habilitación en tiempo récord.

Desde 1988 la empresa “Telemetrix” está a cargo de la concesión de los pabellones donde se hizo la fiesta electrónica Time Warp.

En 1991 dicha concesión se extendió por 30 años, desde 2001 los terrenos pasaron al ámbito de la ciudad con la sanción de la Ley 25.436 y “Telemetrix” paga un canon ridículo de $ 263.576 por mes por todo el predio.

Es decir, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está cobrando $ 1,5 por m2 por mes.

Un precio irrisorio si comparamos que en la zona más cercana se paga el alquiler de 1 m2 de $ 160 a $ 250, cien veces menos según lo que el mercado establece. Según denuncia la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM).

Costa Salguero es además un lugar con históricas vinculaciones con el PRO. De hecho, en el directorio de Costa Salguero S.A. está Fernando Polledo Olivera, esposo de la vicepresidenta primera de la legislatura porteña, Carmen Polledo. Asimismo, es el lugar donde el partido amarillo instala su búnker después de cada elección y es donde también celebraron su casamiento Mauricio Macri y Juliana Awada. Allí también funciona una concesionaria de la familia del Ministro Guillermo Dietrich.

Ciertamente, el lucro capitalista de las empresas y la connivencia con el Gobierno de la ciudad volvió al centro de escena con la tragedia de Costa Salguero. Pero tampoco es novedad. Quien fuera el máximo responsable de la Dirección de Concesiones de la Ciudad, el Dr. Gabriel María Astarloa, está imputado en el marco de la causa N° 12.885/2014: a través de la serie de violaciones a sus deberes como funcionarios públicos, (que) provocaron un perjuicio para la administración pública nacional y local al omitir tomar las medidas necesarias para que los cánones sean actualizados, para que a los permisionarios o concesionarios incumplidores les sean revocados sus permisos o concesiones, y para optimizar el ingreso de fondos al erario público en tal concepto.

Así consta en el dictamen de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 39, María Paula Asaro, quien agrega que los sucesivos Directores de la Dirección de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, hoy

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Viceministro de Trabajo y Silvia Martha Imas, y quien los sucedió, el Dr. Astarloa, habrían actuado de común acuerdo entre sí conforme a un plan de tareas y a una metodología constante a través del tiempo.

Denuncia también que estos funcionarios “recurrían al otorgamiento de las concesiones, permisos o adjudicaciones por períodos menores a los cinco años establecidos, los que renovaban nuevamente previo a su vencimiento”.

Esto se constituyó en una práctica sistemática para eludir el procedimiento legal establecido en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires que requiere la aprobación por parte de dos tercios del total de los miembros de la legislatura porteña. La fiscal se refiere a 40 concesiones de la ciudad de Buenos Aires que fueran otorgadas y figuran en la denuncia.

Recientemente, se conoció además la denuncia contra el gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Claudio Alberto Iacobaccio, realizada por el diputado Gustavo Vera por haber incrementado su patrimonio de $ 128.000 a más de $ 8.000.000 en solo cuatro años.

y la empresa ya que está prohibido por normativa oficial efectuar la venta anticipada de entradas y ante los hechos consumados debería haber prohibido el evento denegando el permiso. También se supo que, ante la emergencia y la descompensación de los jóvenes ya en la fiesta electrónica, la respiración artificial que pudieron recibir no fue dada por médicos. No podía ser de otra manera. Era imposible que el equipo de socorristas existente (apenas 10 para las 13 mil personas que dijeron que había) pudiera llegar hasta donde estaban debido a la cantidad de gente que había en los pabellones.

“El Estado no estuvo ausente”, como suele decir la oposición kirchnerista en la Legislatura. Estuvieron presentes en el entramado de negocios corrupto. El jefe de Gobierno no ha hecho otra cosa que avalar y justificar mediante declaraciones públicas lo sucedido en Time Warp. Al director de la Agencia Gubernamental de Control no solo lo sigue sosteniendo en funciones, sino que hasta asumió como propio su discurso a sabiendas que sus explicaciones eran mentiras alevosas develadas por decenas

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de testigos. Ya está demostrado que los funcionarios del PRO han venido actuando como los principales voceros de los organizadores.

El sistema que actuó en Time Warp fue una trampa mortal. Como en Cromañon, como en la masacre de Once, los muertos no fueron producto del devenir lógico de la vida, del destino o de la mala suerte. Hubo un crimen social provocado por el afán de empresarios complotados con funcionarios públicos y fuerzas de seguridad estatales y privadas para satisfacer su adicción a las ganancias sin importar la seguridad y la vida de la juventud. No se trata solo de señalar la crueldad del sistema capitalista sino de castigar a todos los culpables.

1. Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar fue escrito por el sociólogo Gabriel Vommaro, el politólogo Sergio Morresi y el periodista Alejandro Bellotti. Editorial Planeta. 2015, p. 213.

2. El robo de Buenos Aires de la escritora Gabriela Massuh fue publicado por Editorial Sudamericana en 2014.

El Estado presente Con los antecedentes que enumera la historia reciente, ¿a quién puede asombrar que el Director de la Agencia Gubernamental de Control haya mentido a los diputados en la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura porteña diciendo que en Time Warp no hubo temperaturas de calor extremo, no hubo hacinamiento, que el aire acondicionado funcionaba correctamente, así como la ventilación y la circulación de aire. ¿A quién puede sorprender que Matías Alvarez Dorrego haya afirmado que no hubo sobreventa de entradas y que todos los controles se cumplieron eficientemente? Evidentemente, sus explicaciones solo buscan encubrir sus propias responsabilidades. Al día de hoy las denuncias de testigos asistentes a la fiesta son pruebas materiales que confirman que Time Warp se llevó a cabo sin las condiciones de seguridad, sanitarias y de infraestructura que exige la legislación local.

Posteriormente, se descubrió también que las localidades para la fiesta electrónica comenzaron a comercializarse el 10 de marzo, más de un mes antes de que se completara la presentación de los documentos. Respecto a la venta de entradas y la habilitación, el director de la AGC había declarado que los trámites empezaron el 23 de febrero y el 11 de abril la empresa había terminado de presentar la documentación. La denuncia vuelve a develar la connivencia entre el funcionario

Legalización: un debate abierto El cinismo que explotó como consecuencia de la tragedia en Time Warp volvió a abrir el debate sobre la legalización de las drogas. En la semana de la movilización por la legalización de la marihuana (cada año más masiva), los referentes del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, pusieron a disposición de diversas organizaciones cannabicas, médicas y juveniles un anteproyecto de ley que propone la legalización integral del uso de marihuana. El proyecto de la izquierda es el primero en la historia del país en proponer la legalización integral del uso de la marihuana para cualquier fin, sin excepción alguna, abarcando desde el cultivo a su comercialización y su consumo.

En el marco de un fuerte cuestionamiento al prohibicionismo de Estado y a su histórico lema de “guerra contra las drogas”, aplicada con herramientas y discursos propios en Argentina, los referentes del FIT sostienen que la prohibición de la planta, una de las más utilizadas en todo el mundo, generó las condiciones para el control social,

aumentando la inversión en fuerzas represivas y dando lugar a un “mercado negro”, ilegal, que rompió con la continuidad del uso milenario del cannabis y allanó el camino para criminalizar, perseguir y demonizar a quienes lo usan y cultivan. El proyecto señala que la legalización de la marihuana, como parte de una política que legalice y regule el conjunto de los estupefacientes, debe considerarse como una herramienta indispensable para combatir el narcotráfico y para terminar con la política de Estado que durante todos estos años garantizó la persecución, el abandono y el encarcelamiento de los cultivadores y usuarios del cannabis, al mismo tiempo que garantizar la atención a los usuarios medicinales”, y busca “la amnistía a todas las personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por consumir o autocultivar.

Puede consultarse el anteproyecto completo en “Bregman y Del Caño proponen la legalización integral del cannabis”, La Izquierda Diario, 7/05/2016.

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Guer contra las drog ¿game over?

Ilustración: Juan Atacho

Celeste Murillo Comité de redacción.

La última asamblea extraordinaria de la ONU sobre narcotráfico parece anunciar el principio del fin de la “guerra contra la drogas”. Presidentes y exmandatarios de Colombia y México llamaron a terminar con las políticas actuales, menos motivados por el evidente fracaso que por intereses y potenciales negocios, cuando se debilita la posición internacional de EE. UU. debido a la legalización o despenalización en varios de sus estados. ¿Cómo nació la “guerra contra las drogas”?

El sueño de Richard Nixon La “guerra contra las drogas” se transformó en una de las banderas de la administración republicana de Richard Nixon (1969-1974).

John Ehrlichman, asesor de Nixon y conocido por su participación en el Watergate, contó en una entrevista: …la Casa Blanca de Nixon tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros (…) Sabíamos que no podíamos ilegalizar estar contra la guerra o ser negro, pero podíamos hacer que la gente asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, criminalizarlos con dureza (...) Podíamos

arrestar a sus dirigentes, asaltar sus reuniones, denigrarlos en los medios todos los días. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto (“Legalize It All. How to win the war on drugs”, Harper’s, abril 2016).

Nixon llegó a la Casa Blanca en medio de levantamientos juveniles a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos venía de la Ofensiva del Tet en Vietnam, que cambiaría la relación de fuerzas en su contra. El descontento con la guerra seguía en alza, miles de jóvenes quemaban sus libretas de enrolamientos y otros quemaban la bandera. A la vez, se extendía el movimiento negro. Durante la campaña y el gobierno de Nixon, hubo más de diez revueltas negras de magnitud. Más allá de la precisión de las palabras del asesor, todo indica que conoce bien la génesis de la “guerra”. “El enemigo público número 1 en Estados Unidos es el abuso de drogas. Para pelear y derrotar a este enemigo es necesario emprender una nueva guerra sin cuartel”. Con esas palabras, Nixon desató una escalada en apariencia contra el narcotráfico, pero en esencia contra los “enemigos” de su gobierno, la juventud radicalizada y los afroamericanos.

Esto se tradujo en criminalización y encarcelamiento masivo de la comunidad negra.

La “guerra contra las drogas” se enmarcó en un sistema legal duro, reforzado en 1994 por la reforma penal del presidente demócrata Bill Clinton que resultó en el crecimiento de la población de las cárceles. EE. UU. tiene la población carcelaria más grande del mundo: según cifras oficiales, 1 millón 600 mil personas estaban privadas de su libertad en 2015, y 1 de cada 36 adultos se encontraba bajo supervisión correccional. La criminalización es racista: la tasa de detención de los afroamericanos es de 716 cada 100 mil habitantes, mientras entre los blancos, es de 192, a pesar de que las tasas de consumo son muy similares. En las cárceles federales, más de la mitad de las condenas son por delitos asociados a las drogas, y los arrestos crecieron un 53 % desde los años 1990.

Opio, marihuana y crack: estigma y persecución La prohibición y persecución del consumo de drogas tiene una larga historia en Estados Unidos, más relacionada con fines políticos que sanitarios, y funcionales a medidas de control social y político por parte del Estado.

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La “guerra contra las drogas” de Nixon tiene antecedentes en medidas que respondieron en su época a la condena y la persecución de diferentes conductas y grupos sociales. Uno de ellos es la Ley Seca, que prohibió el comercio y consumo de alcohol de 1919 a 19331, cuya consecuencia más importante fue el auge del crimen organizado y el mercado negro.

El opio estuvo asociado a la inmigración china en la Costa Oeste de Estados Unidos a finales del siglo XIX. La mano de obra china había sido esencial para la extensión de la red de ferrocarriles en la Costa Este. Desde su llegada en la segunda mitad de 1800, el hábito de fumar opio de los obreros chinos fue condenado y se mezcló con los miedos de los trabajadores blancos cuando los salarios empezaron a estancarse en plena crisis de fines del siglo XIX. La ciudad de San Francisco prohibió el consumo de opio, que funcionó en los hechos como herramienta persecutoria contra los trabajadores chinos. Esas medidas eran acompañadas por “relatos” de chinos depravados que drogaban a mujeres jóvenes para prostituirlas. El coctel de moralidad, seguridad y el mito de que el consumo de opio dañaba la cultura anglosajona, fue uno de los plafones para la primera ley que limitó la inmigración de un grupo étnico en EE. UU. La planta de cannabis se utilizaba ampliamente en EE. UU. durante la segunda mitad del siglo XIX en la fabricación de tejidos. El hábito de fumar marihuana se registró por primera vez en 1900 en los pueblos de frontera de Texas, que compartían costumbres con sus vecinos mexicanos acostumbrados a cultivar la planta para consumo médico y recreativo. Menos de 15 años después, la marihuana se comercializaba en almacenes y farmacias. La criminalización de su consumo estuvo ligada a que pertenecía a las costumbres de la comunidad mexicana. Su uso se asoció a conductas “inmorales”, pero se necesitó estimular el mito de la adicción (sin argumentos científicos) y una relación con el crimen para catapultarla a la categoría de droga peligrosa. La corporación médica jugó un papel importante, al colocarse como vocera de las “terribles” consecuencias del consumo. Una de las versiones que tuvo mayor impacto en la época fue la supuesta declaración de varios asesinos de haber fumado cannabis para “templarse” antes de cometer el crimen. Para los años ‘30, una treintena de estados había prohibido el consumo recreativo.

Algo similar sucedió con la cocaína y las comunidades negras, un estigma que no nació

con Nixon sino que data de comienzos del siglo XX. La ecuación racismo, crimen y drogas resultó en la persecución de los negros, especialmente de los pobres. Un artículo del New York Times de 1914 sirve como muestra del discurso de la época: “Los ‘demonios’ negros de la cocaína son una nueva amenaza en el Sur”. Así titularon el testimonio de un distinguido médico sureño: “[el demonio negro] imagina que oye gente burlándose y abusando de él, y esto lo incita a cometer ataques homicidas contra víctimas inocentes y desprevenidas” (blancas, por supuesto). Desde esa época, crimen, cocaína y comunidad negra fueron inseparables.

A partir de los años 1980, con la extensión de la cocaína, se asocia el polvo a un consumo de lujo entre la población blanca, mientras el crack se presenta como fuente de efectos impredecibles y mortales, y se asocia a las personas negras, por su bajo costo y menor calidad.

Se hablaba del problema del crack en zonas “problemáticas” o “guetos”, todos eufemismos para referirse a los barrios negros. Para mitad de la década del ‘80 el mensaje era inequívoco: el crack convierte a los negros pobres en personas locas y violentas. En 1986, el Congreso sancionó la Ley Contra el Abuso de Drogas, que establecía penas 100 veces más duras para el crack en comparación con las de cocaína en polvo, cerrando el círculo clasista que diferenciaba el consumo de un producto de calidad (para blancos de clase media y alta) y otro de menor calidad (para negros pobres) dotado de consecuencias sociales peligrosas. Esa división hizo que, aunque la mayoría de los consumidores de cocaína son blancos, el 85 % de las personas condenadas sean negras. Tuvieron que pasar más de 20 años para que se revisara ese “desequilibro” penal: en 2010, Barack Obama redujo la brecha entre las condenas por crack y cocaína en polvo de 100-1 a 18-1. Pero la medida no representó cambios en cuanto a la estigmatización del crack y las altas tasas de encarcelamiento negro.

Prohibicionismo y criminalización for export La “guerra contra las drogas” aplicada a América latina representó ante todo la posibilidad para EE. UU. de intervenir directamente en los asuntos internos de la región.

El enfoque de prohibición/represión aumentó de forma exponencial la militarización, la violencia asociada al narcotráfico y permitió el crecimiento de un mercado ilegal, que

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a nivel internacional es uno de los más rentables y alcanza los 500 mil millones de dólares.

El mercado regional crece controlado por organizaciones para-estatales, pero para existir necesita de la connivencia de porciones enteras de instituciones de los Estados nacionales (y hasta de la propia agencia estadounidense DEA2).

Aunque la criminalización del consumo personal no era un requisito de la “guerra”, se alentaron leyes que criminalizaban ese consumo y algunas de ellas luego declaradas inconstitucionales (como el fallo Arriola de la Corte Suprema en 2009 en Argentina sobre posesión para consumo personal en el ámbito privado). Esto significó el aumento de las figuras penales relacionadas con drogas de 67 a 3443. A esto se suma la dureza de las penas: en Colombia, en los años ‘50 la pena por tráfico era de entre 6 meses y 5 años, hoy es de entre 10 y 30 años; en México la pena mínima pasó de 6 meses en 1950 a 10 años en la actualidad. Comparado con otros delitos, el promedio de pena máxima por tráfico de drogas (25 años) es mayor que la pena por homicidio (20 años). Esto disparó las tasas de encarcelamiento más del 100 % durante los últimos 15 años (hasta 150 % en Brasil o 125 % en Colombia). En algunos países casi la mitad de la población carcelaria está relacionada con delitos de drogas, como sucede en Bolivia (45% de los detenidos). A su vez, la mayoría de los presos por drogas pertenecen a los escalafones más bajos del narcotráfico.

En Colombia, solo el 2 % de los detenidos por drogas pertenecen a mandos medios y altos, es decir, el 98 % no tiene una participación importante en el narcotráfico. En México, el 75 % de los presos por drogas solo poseía una cantidad mínima al ser detenidos.

Los dos modelos de la “guerra contra las drogas” aplicada a América latina fueron el Plan Colombia y la lucha contra el narco en México; y ambos son el retrato más acabado del fracaso de la “guerra”. Lejos de solucionar el problema del narcotráfico, habilitó una la injerencia directa estadounidense y una mayor presencia del Ejército en seguridad interior. En Colombia, el fracaso se evidenció en el tejido de instituciones, fuerzas de seguridad y narcotráfico que se formó durante el Plan Colombia. Uno de sus hitos fue el escándalo de la “parapolítica” que reveló los lazos de 68 congresistas (más de un 1/3 del Congreso), la mitad de ellos de la coalición de gobierno de Álvaro Uribe, con los paramilitares »

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y el narco. México es un caso paradigmático de la militarización, cuyo ejemplo más acabado fue la masacre de Ayotzinapa (2014), una acción conjunta del Ejército y el narco.

La violencia asociada al narcotráfico y la militarización es epidémica: las organizaciones sociales denuncian 200 mil muertos y 300 mil desplazados (además de las innumerables denuncias contra las fuerzas de seguridad por torturas y desapariciones forzadas). Por su parte, el conflicto entre la DEA y el gobierno de Evo Morales, que culminó en la expulsión de la agencia del país, ilustra la excusa de combatir al narcotráfico para interferir en la política boliviana. El consumo se mantiene penado y los cocaleros denuncian abusos del Ejército y la erradicación de la hoja de coca.

En varios países, la “lucha contra el narcotráfico” sirve como argumento para endurecer políticas de seguridad y habilitar la intervención militar. Un ejemplo es Argentina, que en 2013 reforzó el Operativo Escudo Norte, la radarización de la frontera e incluyó a Prefectura en la lucha contra el narcotráfico (cuestionada hoy en Time Warp). Para el CELS, estas iniciativas, transitan el límite de nuestro ordenamiento normativo. Además, transmiten a los mandos de las fuerzas un mensaje respecto de la posibilidad de la ampliación gradual de sus espacios de influencia y su intervención en el orden interno (CELS, 2015),

sin contar la participación de las fuerzas en actividades ilegales, algo que se repite en todos los países. Hoy, cuando el enfoque punitivo está en cuestión, la política argentina es ambivalente: discurso moderado hacia afuera (la canciller Susana Malcorra, haciéndose eco de los debates de la ONU) y duro hacia adentro (narcotráfico como “amenaza a la seguridad”, ley de derribo, compromisos con la DEA, etc.).

Después del prohibicionismo, ¿soluciones?

El fracaso del prohibicionismo generó un renovado interés en políticas regulatorias, reducción de daños y enfoques sanitarios.

Algunas experiencias de legalización o despenalización, como Uruguay, algunos estados de EE. UU. y algunos países europeos, trazan posibles puntos de partida. Sin embargo, todas ellas presentan límites o contradicciones que, en última instancia, se reducen al rol del Estado que mantiene mecanismos de control de social mediante su política sobre el consumo de drogas.

Portugal despenalizó el consumo de todas las drogas en 2001. Contra los prejuicios inciales, Portugal se transformó en el país con las tasas más bajas de consumo en la Unión Europea. José Queiroz, director ejecutivo de la ONG portuguesa APDES, explica que El modelo de despenalización introdujo la ‘moral de la libertad’ para la utilización de drogas, sin ser penalizado por ello. En segundo lugar, desde una perspectiva social, podemos decir que el estigma en relación con los usuarios de drogas ha disminuido significativamente desde la aplicación de la ley. En tercer lugar y desde un enfoque de salud pública, hay resultados eficaces, como por ejemplo la disminución de las infecciones por VIH en personas que usan drogas (“La salud por encima del delito”, Página/12, 25/04/2016).

Los ejes del modelo portugués son la eliminación del enfoque penal y el reconocimiento del derecho a la información para que el consumo se de en condiciones adecuadas. El punto débil, señalado por el mismo Queiroz, es una excesiva medicalización del consumidor de drogas. Sabemos de hecho que un gran espectro de la población no tiene un uso problemático de drogas. Los servicios de salud tienden a crear una actitud paternalista sobre la persona que usa drogas (Ídem).

Además, no existe monopolio productivo, lo que mantiene una gran presencia del narcotráfico en producción y comercialización.

Uruguay (que legalizó la marihuana en 2013) optó por otro modelo con monopolio productivo y distributivo del Estado. Una de las mayores críticas que recibió el modelo uruguayo es el registro obligatorio para acceder a la compra legal, un requisito que no es necesario para comprar tabaco, e incluso para el autocultivo.

En EE. UU., 14 estados despenalizaron parcialmente la marihuana (consumo recreativo y/o medicinal). Las variantes de producción y comercialización apuntan a reducir la participación del narcotráfico, mayoritario en la producción y comercialización en comparación con el autocultivo. Estas soluciones no carecen de contradicciones. En un mercado capitalista surgen problemas de competencia y precios que tienen más que ver con el margen de ganancia que con la calidad del producto (vital para minimizar problemas relacionados con la salud). Esto genera un sinfín de regulaciones y potenciales impuestos

que abre un universo de debates (y superan este artículo).

Quién paga la guerra Contra todos los estigmas y prejuicios, el problema de la adicción a las drogas es un problema minoritario, en comparación con el enorme problema de adicciones a sustancias de venta legal y por las cuales los Estados recaudan millones de dólares, como el tabaco y el alcohol. La hipocresía de la narrativa contra las drogas que el Estado ilegaliza queda al descubierto con los negocios millonarios de las farmacéuticas y las tabacaleras con la venia (y recaudación impositiva) estatal. Solo en EE. UU., en 2014 la adicción al tabaco provocó 437.400 muertes, al alcohol 30.772, los analgésicos de venta legal 18.893, la heroína (10.574), las benzodiacepinas (7.945), la cocaína (5.415) y la marihuana (0, cero), según el Centro de Control de Enfermedades. Estas cifras cuestionan el enfoque de “guerra” con el que los Estados (empezando por EE. UU.) lidian con el “problema” de las drogas, que a su vez limita las herramientas sanitarias y anula cualquier debate sobre las causas y potenciales soluciones de las adicciones. La legalización de las drogas no empuja al consumo, una decisión personal igual a la de consumir alcohol o cualquier otra sustancia hoy legal, pero sí elimina la criminalización y los tabúes relacionados. Es una medida elemental para garantizar los derechos individuales frente al control del Estado, y a la vez apunta a desarticular las mafias estatales y para-estatales que controlan el gran negocio del narcotráfico.

El lema de un “mundo sin drogas” se tradujo en una guerra que militarizó regiones enteras, violó la soberanía de países independientes y produjo niveles de violencia y barbarie sin precedentes. Las cárceles se poblaron de jóvenes, negros, y mujeres pobres, que a la vez fueron la mayoría entre los desplazados y los muertos. Si el asesor de Nixon hubiera participado de la asamblea de la ONU en 2016, seguramente hubiera sido el más “sincero” (40 años después, claro) en una reunión que, más allá de las declamaciones, mantuvo intacta la guerra fallida contras las drogas.

1. F. D. Roosevelt derogó la ley, consigna que había incluido en su plataforma electoral.

2. “La DEA de ‘fiesta’: cocaína, prostitución y redes de trata”, La Izquierda Diario, 28/03/2015.

3. Los datos pertenecen a “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos La experiencia del continente americano”, CELS, 2014.

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Fotografía: Jean Segura y Alhil Villalba

Un regreso diferente de la lucha de clases

La primavera francesa Emmanuel Barot Profesor de Filosofía en Toulouse II-Le Mirail.

Juan Chingo Staff revista Estrategia Internacional.

Luego de los atentados del 13 de noviembre en París, la instauración prolongada del estado de emergencia en nombre de la lucha contra el terrorismo ha dado alas a la política neoconservadora de Hollande y del gobierno de Valls. Creyeron que podían acelerar y atacar sin riesgo el resto de las conquistas históricas del movimiento obrero en el terreno del Código de Trabajo, para beneficio de una patronal que desde hace mucho tiempo espera una contrarrevolución thatcheriana como es debido. El proyecto de ley de trabajo denominado “El Khomri”, por el apellido de la ministra que lo redactó, se hizo público en la prensa a fines de febrero. En las antípodas de lo que anticipaba, ha suscitado desde principios de marzo una vasta movilización nacional.

Marzo, el punto de partida: redes sociales y presión de la juventud sobre las direcciones sindicales Debutando con un petitorio contra la ley que contó con 1.200.000 firmas, con un verdadero efecto contagio en las redes sociales, el rápido inicio de la movilización en las universidades y escuelas secundarias con un fuerte llamado a una primera jornada de manifestación, el 9 de marzo, obligó a las direcciones sindicales a convocar también a esta jornada. La ley cristalizó años de bronca acumulada en todos los sectores de la sociedad golpeados de lleno por una lógica de precarización brutal y de destrucción de numerosas conquistas históricas del movimiento obrero en materia de derechos laborales; las condiciones estaban potencialmente reunidas para

que renazca el “tous ensemble” (todos juntos) que había ganado en 1995 contra la reforma de la seguridad social, y en 2006 contra el CPE. El gobierno supo destejer en parte esta posibilidad, apoyándose en una intersindical que no ha preparado seriamente más que una sola jornada desde el inicio del movimiento (el 31 de marzo), todavía batallando por que nada supere una jornada de acción de 24 horas, e incluso evitando a toda costa convocar a la huelga. En primer lugar, el gobierno ha recuperado el apoyo de la CFDT, sindicato con una política de colaboración de clases poderosamente implantado en el sector privado, con mucha disposición a traicionar a cambio de la eliminación o de la reformulación de algunos puntos sensibles, pero sin tocar el eje »

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central de la ley que consiste en dar preeminencia a los acuerdos locales por empresas, en oposición a la supremacía de la ley del Código de Trabajo. Luego hizo una concesión salarial a los empleados públicos cuyo salario está congelado hace varios años, y finalmente dio respuesta a algunas reivindicaciones de larga data de la UNEF, principal sindicato reformista estudiantil, logrando que, en los hechos, desaparezca de la lucha contra la ley que se desarrolló en las universidades.

Por su parte, después de la fuerte huelga de ferroviarios del 9 de marzo, las direcciones sindicales del sector han hecho de todo para no unir su pelea por la reforma del estatuto de los ferroviarios a la lucha contra la ley trabajo, y esto pese a las convocatorias del movimiento estudiantil y a la voluntad de un sector de vanguardia entre los ferroviarios.

Para terminar, el gobierno aceleró las negociaciones sobre el modo de indemnización de los trabajadores temporales del espectáculo: aun cuando falta que el acuerdo sea validado, en particular por el Medef, la operación ya ha logrado desmovilizar a una parte de ese sector combativo muy proclive a las dinámicas unitarias, cuya consigna “¡Lo que defendemos, lo defendemos para todos!”, lo atestigua.

El giro del 31 de marzo y la irrupción de Nuit Debout El 31 de marzo, sin embargo, el pico de la movilización se queda en las calles, abriendo una nueva secuencia sobre todo por el fenómeno político Nuit Debout (Noche de pie) que, a partir de ese día, expresó a su manera el deseo de ir más allá del marco rutinario de las jornadas de manifestación aisladas de militantes o de personas comprometidas en el movimiento: desde entonces, se abrió una dinámica de ocupación de plazas y, en primer lugar, la Plaza de la República en París. El carácter inédito de este fenómeno en Francia ha enriquecido y complejizado la situación, desde ahora caracterizada por la existencia de tres “actores” o centros de gravedad que luego buscaron, sin lograrlo, converger concretamente y optimizar sus fuerzas mutuas.

Estos son: el naciente Nuit Debout, el mundo del trabajo, organizado y canalizado ante todo por la intersindical nacional y pautado por jornadas de movilización muy espaciadas, y el movimiento de la juventud (universitaria y secundaria), que después de largas semanas de lucha pasa actualmente, fruto de su aislamiento y de la represión que este ha facilitado, por una fase de reflujo difícil de revertir en el contexto del final de clases.

Una fracción destacable, sobre todo en las bases más combativas, pero aún minoritaria en los trabajadores, la juventud y Nuit Debout, acuerdan de hecho en la necesidad de la “convergencia de las luchas”, pero esta concreción no se ha conseguido verdaderamente hasta ahora, especialmente por la falta de

dirigentes capaces de constituirse como alternativas de dirección frente a las centrales sindicales, que quedaron muy débiles y minoritarias, en gran parte por la ausencia de una dinámica suficiente de huelga como forma de acción durante el movimiento.

Entre la “ocupación de las plazas” y la “huelga general” Aun cuando la inspiración proveniente de los Indignados en el Estado español y de Occupy en EE. UU. constituyen un background sin el cual Nuit Debout no puede entenderse, los episodios propiamente franceses de la lucha de clases, las derrotas de 2003 y de 2010 sobre las jubilaciones en particular, con ese sentimiento de que las manifestaciones incluso masivas (3.500.000 en lo más alto en 2010) son insuficientes, juegan un rol clave en su nacimiento. ¿Qué expresa este fenómeno (que conoce a su vez una fase de estancamiento relativo), que desde hace más de un mes, mediante un conjunto de contrastes y de contradicciones, y sobre todo, una tensión entre las dinámicas “ciudadanas” interclasistas que buscan experimentar nuevas formas de discusión democrática y la lógica lucha de clases-convergencia de las luchas, se esfuerza desde su inicio en crear un puente con el movimiento obrero? Una amplia voluntad de recrear un “nous populaire” (nosotros popular) capaz de volver a tejer lazos de solidaridad y unidad contra la tiranía del capital, basada en un acuerdo compartido mayoritariamente, a pesar de existir mucha confusión política, sobre la necesidad de superar la dispersión en las luchas. Esta voluntad es una variante evidente del “tous ensemble” que busca reconstruirse con consciencia de sus fracasos anteriores: no es casualidad que Nuit Debout se haya lanzado a las calles inmediatamente después del 31 de marzo, la jornada de movilización más importante desde el comienzo del movimiento.

Pero esta “indignación a la francesa” de Nuit Debout tampoco ha logrado hasta ahora ser la fuerza centrífuga de la movilización actual, capaz de romper la rutina de las movilizaciones fragmentadas en sectores y organizaciones, y convocadas por jornadas aisladas, mientras constituye una caja de resonancia y una extensión que sirva para el enfrentamiento con el gobierno. Las discusiones sin fin sobre el bloqueo de los flujos de circulación, por un lado, y de la producción, por el otro, han ilustrado la incapacidad de elevarse conscientemente hasta el final para construir las condiciones en las que estos nuevos dirigentes podrían contribuir al fortalecimiento de la dinámica de autoorganización y de construcción, en empresas y oficinas, de un proceso de huelga indefinida capaz de generalizarse que, cuesta mucho arraigar por falta, sobre todo, de un sector capaz de estar a la vanguardia (como los trabajadores de refinerías

en 2010, o los ferroviarios en 1995) además de no pocas veleidades en diferentes sectores obreros.

Nuit Debout encarna un creciente proceso político de reapropiación de un espacio-tiempo estructuralmente capturado por los poderes instituidos. Proceso tanto más progresivo dado que la calle y el espacio público han sido objeto de una militarización en aumento y de una represión histórica –y no hablemos de todo lo que Nuit Debout cristaliza y expresa sobre las aspiraciones a cambiar la sociedad, a reinventar y reconstruir una existencia colectiva solidaria y popular, contra el aislamiento, el repliegue y finalmente la invisibilización de su existencia y de sus combates–.

Lo que también debemos destacar de las “indignaciones” de 2011 es su fracaso total en desestabilizar realmente el poder capitalista y sus instituciones políticas. Ocupar las plazas, sí. Pero con la condición de unir a los trabajadores en lucha, de combatir toda lógica de dilución “ciudadana” del rol específico de la clase trabajadora, obrera o proletarizada bajo los efectos de la crisis (lo que amplía aún más el perímetro), por lo tanto, de articular ese proceso de ocupación del espacio público con la perspectiva de la huelga general: un “¡Bloqueemos todo!” esta vez podría tener un sentido íntegramente progresivo, como lo han mostrado una parte importante de los sectores más avanzados. Pero si Nuit Debout ha expresado claramente esta lucidez sobre los límites de las experiencias de 2011, fue hasta ahora sin poder hacer germinar esa dirección alternativa clara en su hipótesis estratégica, debilidad alimentada, por otro lado, por el hecho de que la CGT, principal sindicato del movimiento, nunca propuso otra cosa que perspectivas puramente reformistas a la movilización actual, posicionándose incluso como un freno al pasaje al acto de la huelga indefinida. Es entonces una doble batalla, a la vez contra las direcciones burocráticas “clásicamente” reformistas, y las perspectivas “indignadas-neorreformistas”, que intentaron emprender los sectores más conscientes para evitar que esta “indignación a la francesa” quede en punto muerto. Pero esta doble batalla, que continúa, no ha logrado alcanzar sus objetivos por el momento.

Represión y violencia de Estado: la experiencia de toda una juventud El giro más bonapartista del régimen comenzó en 2014 con la llegada de Valls al gobierno, inaugurando una estrategia de la tensión1 y de guerra contra el enemigo interior, con prohibiciones de manifestarse en apoyo del pueblo palestino. Este giro no hizo más que intensificarse desde entonces. Aprovechando los atentados terroristas y la instauración del estado de emergencia, el régimen de dominación policial que se extiende hace decenas de años en las banlieues, sostenido

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sobre un poderoso racismo de Estado heredado de la era colonial, y que ya se había instaurado de manera localizada durante la revuelta de 2005, se extendió al conjunto de los movimientos de lucha y protesta, especialmente alrededor de la ZAD (Zona a Defender)2, pero también sobre las luchas obreras y las acciones sindicales. La muerte de un joven ecologista de 21 años en noviembre de 2014 en Sivens, cerca de Toulouse, cristalizó esta situación, suscitando en particular el desarrollo de corrientes autonomistas animadas por un odio profundo a la policía.

La primavera de 2016 no ha hecho más que exacerbar este cóctel explosivo: no hay manifestación, protesta o acción de la juventud que pueda hacerse sin la presencia de un dispositivo policial desproporcionado que, a paso cuasi-militar (con policías de civil, brigadas especiales, helicópteros) busca cercar, provocar, gasear, golpear y detener a cortejos totalmente pacíficos –donde la existencia de pequeños grupos de black blocks o similares son utilizados como espantapájaros por los medios, para dividir y desacreditar las movilizaciones, y especialmente separar a las centrales sindicales de la juventud–. La juventud, en este contexto, ha experimentado la arbitrariedad de la violencia del Estado, y de hecho cómo esta violencia está integralmente al servicio de mantener el orden estable: no hay dudas de que esto ha jugado un rol en el hecho de que no se llegó a una verdadera masificación de esta vanguardia amplia. Al mismo tiempo, la radicalización y la politización acelerada de esta franja de la juventud que ha entrado a la batalla no es comprensible sin esta experiencia repetida de la represión, que por otra parte es objeto de una creciente condena entre los universitarios, sectores de la sociedad civil, artistas, profesionales de la salud, etc., y que pegó un salto luego de la manifestación parisina del 1 de mayo.

El retorno ideológico de un anticapitalismo de vanguardia Después de años en los que prevaleció el proverbio thatcherista según el cual “no hay alternativa al capitalismo”, el movimiento actual contra la ley del trabajo, amplificado por el fenómeno Nuit Debout y alimentado por esta experiencia contra la represión, comienza a golpear este pensamiento único, y más aún cuando la crisis económica, la pérdida de competitividad y la declinación industrial francesa, obligan a los contendientes de derecha por el palacio Eliseo para 2017, a identificarse más abiertamente (y no de manera oculta como Hollande) con Thatcher. La ausencia de perspectivas y de esperanza en las clases explotadas y oprimidas, que prevaleció hasta ahora, incluso en los sectores más avanzados, y que fue el caldo de cultivo para el partido de la desesperanza que es el Frente Nacional, puede ahora comenzar a declinar.

Entre la mitad de los años ‘90 y el primer decenio del siglo XXI, Francia, como Italia, estuvo a la vanguardia de la lucha de clases. En el caso francés, la huelga de noviembre-diciembre de 1995 cambió el clima, entonces favorable al neoliberalismo, dando nacimiento a un pensamiento político antiliberal así como a corrientes ligadas al mismo, que posteriormente mostraron su impotencia y su capitulación frente a las guerras imperialistas y las políticas de austeridad capitalista, reforzadas con la crisis de 2007-2008. Pero como muestran la juventud y los debates de Nuit Debout, la reflexión sobre una sociedad alternativa, otro mundo distinto de “la ley El Khomri y su mundo”, como dice el slogan diseminado ampliamente, han penetrado de manera profunda y las aspiraciones utópicas tienen ahora una nueva escala. La definición burguesa de lo posible o imposible comenzó a moverse.

Hoy, el movimiento de la lucha de clases en Francia todavía está peleando por superar las dificultades relacionadas con la concreción y preparación de una vanguardia obrera y estudiantil que luche por la huelga general.

Sin embargo, los trabajadores y los jóvenes se muestran extremadamente audaces, al nivel de las ideas, mostrando las particularidades que tiene el movimiento en comparación con el movimiento de los Indignados español e incluso con Ocuppy Wall Street. A diferencia de estos dos ejemplos, lo que está en tren de nacer es un anticapitalismo compartido por una amplia vanguardia que podría convertirse en una bandera alrededor de la cual agruparse y luchar. Esto es, estratégicamente, mucho más peligroso para la burguesía francesa que una simple victoria reivindicativa, aunque es cierto que el resultado de la lucha contra la ley del trabajo podría acelerar o retrasar esta cristalización política. Es por esto que este espectro naciente del anticapitalismo preocupa y es duramente atacado por los intelectuales reaccionarios, los medios dominantes y la mayor parte de los sectores políticos, particularmente los de la derecha.

Perspectivas Por los límites que ya mencionamos anteriormente, y que por el momento no han podido superarse, y mientras el sector más explosivo, los estudiantes, llega al final de las cursadas y los exámenes finales, lo más probable, en la relación de fuerzas actual, es que movimiento no consiga obtener la retirada total de la ley en este período. Sin embargo, esta situación podría cambiar si en los próximos días un sector estratégico o significativo de los trabajadores entra en huelga indefinida y da un nuevo impulso al movimiento. En un contexto en el que la política de las direcciones de los sindicatos ferroviarios es muy corporativa, la huelga convocada por los camioneros para reclamar el retiro de la ley del trabajo es prometedora y puede conducir a

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un nuevo enfrentamiento con el gobierno.

Por ahora esta perspectiva sigue siendo incierta, pero podría materializarse. Sin embargo, esto no significa que el gobierno tenga un camino totalmente libre para imponer el voto de la ley: en ausencia de apoyo de la derecha, que denuncia algunos retrocesos de Hollande del proyecto original en respuesta a la movilización, y las contradicciones de su propia mayoría parlamentaria, podría verse obligado a imponer la ley por decreto. Entonces, con una bronca creciente contra el autoritarismo y contra la represión policial, ¿podemos descartar que esta sea la chispa que encienda una nueva etapa de la confrontación? Imposible saberlo por ahora, pero es seguro que tendría un costo político enorme.

Sea cual sea su resultado, la lucha actual representa un hecho político importante: por primera vez desde 1981 y la llegada al poder de Mitterand, un gobierno oficialmente de “izquierda” es confrontado por una lucha masiva proveniente de su propia base electoral y social. Esta ruptura definitiva del “pueblo de izquierda” con el PS podría abrir una serie de fenómenos políticos rompiendo las válvulas de seguridad que el apoyo de la izquierda otorga en el corazón de la estabilidad del régimen bonapartista reaccionario de la Quinta República. Desde este punto de vista histórico, y a pesar de todos sus límites, la movilización actual representa la apertura de un nuevo ciclo de lucha de clases cuyas consecuencias exigen de todos aquellos que luchan, y en particular de los revolucionarios, armarse teórica y políticamente a la altura de los obstáculos a superar, así como desplegar todas las potencialidades y energías que se expresaron en estos meses en el mal llamado país de los “derechos humanos”.

Traducción: Rossana Cortés y Gastón Gutiérrez 1. La estrategia de la tensión surge en Italia como una política del Estado de manipulación y atemorizamiento de la opinión pública a través de la falsa atribución de atentados a “organizaciones terroristas” (como el de la Piazza Fontana de 1969 perpetrado como parte de la Operación Gladio y que fue atribuido a las Brigadas Rojas). El objetivo de la estrategia de tensión era crear una situación de alarma y tensión durante la Guerra Fría, que justificara la instalación de un estado policial.

2. Las ZAD (Zonas A Defender o Zonas de Autonomía Definitiva) son una forma de resistencia desarrollada en Francia en las últimas décadas, consistente en la ocupación de territorios urbanos (casas, predios, negocios abandonados) con el fin de “sustraerlos” de la lógica capitalista. Toma su nombre de las 1.200 hectáreas originariamente destinadas a la construcción del tercer aeropuerto más grande de Francia (Zone d’Aménagement Différé) que, al quedar deshabitadas y abandonadas, se transformaron en un ecosistema de reproducción de especies amenazadas. En 2003, el proyecto del aeropuerto volvió a cobrar fuerza generado la resistencia de ecologistas, anarquistas y autonomistas, autodenominados “ZADistas”.

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Ilustración: Anahí Rivera

El golpe institucional y la izquierda brasilera SIMONE ISHIBASHI Movimiento Revolucionario de Trabajadores, Brasil.

El golpe institucional en curso en Brasil, orquestado por la derecha y detonado por la Operación “Lava Jato”, que investiga los esquemas de corrupción del PT y del conjunto del sistema de partidos involucrado en Petrobras, fue aprobado en la Cámara de Diputados el 16 de abril y se constituyó en una verdadera divisoria de aguas para la izquierda1. Su resultado tendrá consecuencias en el equilibrio de fuerzas de América del Sur, al darse en medio del giro a la derecha de la superestructura sudamericana por el fin de los gobiernos posneoliberales y el ascenso de Mauricio Macri en Argentina. Su consolidación significará el traspaso del poder a sectores más ajustadores, que buscan en medio de la grave crisis económica que arrasa al país, acelerar los ataques sobre los trabajadores y la juventud. Pero, a diferencia de Argentina, ese traspaso se daría mediante un golpe institucional, contra la voluntad

de 54 millones de votantes que se pronunciaron en las últimas elecciones. Luchar contra ese golpe debería ser un punto de partida no solo para la izquierda brasilera sino para la izquierda internacional, en especial para la latinoamericana.

Antes de la votación del impeachment en la Cámara de Diputados, aprobado por 367 votos contra 137, era poco claro el carácter reaccionario de la ofensiva de la derecha. Sectores de los trabajadores y las masas que, desilusionadas con el PT, eran engañadas con la idea de que la Operación Lava Jato y el impeachment serían una respuesta a la corrupción. Sin embargo, luego de la transmisión en vivo de la sesión que aprobó la medida, esa imagen se debilitó.

En una sesión presidida por Eduardo Cunha (hoy separado de su cargo por un dictamen del Supremo Tribunal Federal), del PMDB, un partido compuesto por oligarcas, y acusado en una infinidad de escándalos que involucran dinero

público, la votación que decidió el impeachment de Dilma Rousseff transportó a todos los que la vieron a un clima marcado por aires similares al macartismo.

Las declaraciones de voto de los diputados de la bancada BBB (por “Buey, bala y biblia”), que iban de exaltaciones de Dios o sus familias, a homenajes explícitos a asesinos y torturadores de la dictadura militar, desnudaron el carácter golpista del impeachment. Un ejemplo fue el discurso del ultraderechista diputado Jair Bolsonaro del Partido Progresista, quien dedicó su voto “a la memoria del general Brilhante Ustra”. Para aquellos que no lo saben, el general Brilhante Ustra fue uno de los torturadores más sanguinarios de la dictadura militar, exjefe del Destacamento de Operaciones de Información –Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI) del II Ejército—, responsable de la muerte de incontables personas y de torturar a la propia Dilma Rousseff.

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Después de la votación en la Cámara, el proceso de impeachment sigue la votación en el Senado. Su aceptación es casi segura, y consumará el golpe institucional. Una variable posible es que dé lugar a un gobierno comandado por el actual vicepresidente Michel Temer del PMDB. Éste, a su vez, comenzó a dar los primeros pasos para nombrar al gabinete de un gobierno basado en una alianza PMDB-PSDB, y anunció el aceleramiento de los ajustes contra los trabajadores.

Entre las primeras medidas se encuentran la reforma previsional, que aumentará a 65 años la edad mínima de jubilación, y la flexibilización de las leyes laborales contenidas en el CLT (equivalente al Convenio Colectivo de Trabajo), que permitirá a la patronal fijar acuerdos de despido que se sobrepongan a la legislación. Las dos medidas son ejes centrales del plan de ajuste, lo que demuestra que la clase trabajadora y la juventud de ninguna manera son favorecidas por el impeachment.

Por eso no fueron ellos los protagonistas de las movilizaciones en defensa del impeachment, sino la clase media alta de las principales capitales del país.

Pero ni siquiera las votaciones reaccionarias abiertamente golpistas de la votación en la Cámara de Diputados logró hacer que sectores de la izquierda revean sus posiciones en relación al golpe institucional. Entre las distintas variantes que emergieron, la más grave, que adoptó una posición que en la práctica equivalía al apoyo al golpe institucional, fue la LIT-PSTU. El MES, corriente interna del PSOL liderada por Luciana Genro, una de las principales figuras públicas del PSOL y aliada al MST en Argentina, a pesar de haber defendido a último momento una posición contraria al impeachment, mantuvo la línea de exigencia de una “Lava Jato hasta el final”, como una vía de castigo a los partidos de derecha; una solución utópica y reaccionaria al problema de la corrupción, intrínseca del sistema capitalista. Esas posiciones representan mucho más que problemas tácticos menores, y son una demostración de la deriva estratégica de varias organizaciones de izquierda en el país, que las marcarán por mucho tiempo.

La desorientación de sectores de la izquierda Entre las organizaciones de la izquierda brasilera, la LIT-PSTU y la Corriente Socialista de Trabajadores (parte del PSOL y aliada a Izquierda Socialista en Argentina) fueron las que, con su orientación política de “Que

se vayan todos” y la exigencia de “Elecciones generales” (aun antes de la votación del impeachment en la Cámara de Diputados) se negaron a reconocer la existencia del golpe institucional. Como resultado, formularon políticas que los ubican en los hechos en la misma posición que la derecha con relación al golpe.

Después de la reaccionaria votación de los diputados, la figura pública más importante del PSTU, Zé Maria de Almeida, publicó un video en el que defendió que Dilma debía renunciar inmediatamente, lo que en la práctica equivalía a reivindicar el golpe institucional en curso. Como parte de su orientación, acuñaron una especie de “Que se vayan todos”. Luciana Genro del PSOL también defendió la misma lectura en relación a las manifestaciones que la derecha organizó por el impeachment. Pero lo que ocurre en Brasil no tiene nada que ver con las movilizaciones argentinas posteriores a la crisis de 2001.

En aquel proceso, las clases medias tomaron las calles de las principales ciudades argentinas junto a los movimientos de desocupados, combinando la bronca contra los bancos y el descontento social, desembocó en una movilización contra el gobierno y el régimen. En Brasil quienes salieron a las calles por el impeachment no defienden que todos los políticos tienen que irse. Al contrario, en el auge de ese movimiento no era poco común ver reivindicaciones de los representantes más derechistas de la política brasilera, como el ya nombrado Jair Bolsonaro, o incluso más ampliamente, figuras como el juez Sérgio Moro, ligado al PSDB y vocero de los intereses de los grandes monopolios imperialistas. De esta forma, al no existir ninguna movilización independiente de los trabajadores que apunte en ese sentido, terminan siendo la quinta rueda de las únicas movilizaciones realmente existentes por el “Que se vaya Dilma”: las organizadas por la derecha basadas en la clase media alta.

La deriva estratégica que hace que una organización de izquierda no solo se niegue a combatir un golpe institucional en su propio país, sino que incluso prácticamente lo celebre cuando afirma que “cualquier gobierno que asuma será más débil que el de Dilma para atacar a los trabajadores”, tiene bases profundas. Una de las más importantes es el objetivismo históricamente adoptado por la LIT-PSTU, que está dando un nuevo salto. Está en curso una derechización práctica de la teoría de la revolución democrática2,

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que reunió originalmente a todas las corrientes que hoy se niegan a combatir el golpe, como el PSTU y la CST, o las que se niegan a ver que la Operación Lava Jato es parte de una profundización de medidas bonapartistas, que se volverán en contra de los sindicatos y el movimiento obrero, como el MES. Tanto el PSTU como la CST en Brasil defienden que las manifestaciones de la derecha expresan una “ruptura de masas” con el gobierno y el PT. Además de embellecer ese proceso, consideran que esa ruptura solo puede ser progresista, darse por izquierda. De esta forma, estos sectores mezclan las críticas de la derecha con las de la izquierda a un gobierno, en este caso el del PT, y justamente por eso en varias oportunidades terminan de hecho mezclándose con el campo de la derecha o de sectores que no tienen nada de revolucionarios.

La absurda reivindicación de medidas bonapartistas Todo el proceso que culminó en que el impeachment contra Dilma Rousseff se basa en ataques a derechos democráticos elementales. Eso abarca tanto los métodos de delación premiada (la ley del “arrepentido”), que son la espina dorsal de la Operación Lava Jato, como las escuchas telefónicas obtenidas solo en base de indicios y las filtraciones de información a los grandes medios (calculadas para generar una opinión pública favorable a los intereses de los sectores golpistas y que desean la aceleración de los ajustes económicos). Desde el comienzo el show mediático generado alrededor de las delaciones premiadas fueron fundamentales para que el golpe ganara fuerza. Pero el problema fundamental reside en el hecho de que esas medidas, que terminaron haciendo que el poder judicial obtuviese una mayor fuerza y autonomía, eleva ese poder a una verdadera posición de árbitro, al que se recurre para resolver las crisis nacionales. En pocas palabras, el poder judicial condensa la profundización de medidas bonapartistas.

Como árbitro, en medio de una gran crisis económica que no cederá en lo inmediato, y mediante la presión de los sectores políticos que buscan profundizar los ajustes para responder a ella, está claro que el arbitraje del poder judicial no se inclinará a favor de los trabajadores, de la juventud y del pueblo. Menos aún en favor de los sectores más pobres y precarizados de los trabajadores, de los negros y de la juventud, que sobreviven en »

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medio de una intensa represión y asesinatos por parte de las fuerzas policiales en las favelas y las periferias; algo que caracteriza profundamente el carácter de democracia para ricos que sostiene el régimen político brasilero. Estos problemas y sus consecuencias también son absolutamente negadas por diversos sectores de la izquierda, pero encuentra su mayor expresión en el MES. Es cierto que los parlamentarios y figuras públicas del PSOL se negaron a votar a favor del impeachment en la Cámara de Diputados, separándose parcialmente de la unidad política que se expresaba entre sus posiciones y las del PSTU, que defendía la abstención, lo que favorecía directamente a los sectores golpistas, aunque esa misma unidad se mantenga con respecto a la agitación por elecciones generales.

El embellecimiento de figuras que de neutrales no tienen nada, como el juez federal Sérgio Moro al frente de la operación Lava Jato, concluyen en una adaptación al régimen democrático y sus instituciones, como el Poder Judicial y Policía Federal (dos instituciones con particular “popularidad” entre la opinión pública de clase media). Esa adaptación tiene su contrapartida en el profundo escepticismo con relación a los trabajadores, que suelen estar ausentes de cualquier llamado por parte de Luciana Genro. La lucha de los trabajadores, como la de los docentes de Río de Janeiro, estado en el que existe una enorme crisis generada por la explosión de la deuda pública, no es vista por estos sectores por la potencialidad que tendrían para imponer una salida independiente ante la crisis política y económica que golpea el país. Para corrientes como el MES, esa tarea está en manos de las instituciones como el poder judicial3.

Así, terminan cediendo también a la política del PT, al no defender cualquier cuestionamiento a la actuación de la dirección de la grandes centrales sindicales, en especial a la CUT, por

no superar las luchas de presión y su fragmentación, o directamente traicionarlas, impidiendo así que la clase obrera entre en escena con sus propios métodos para luchar contra el golpe y los ajustes.

Por su parte la Central Única de Trabajadores (CUT) y el propio PT fueron centrales para que la situación llegara a este punto. La CUT en todo momento actuó como freno de las movilizaciones de los trabajadores y les impidió entrar en escena con sus métodos de lucha para parar el golpe y los ajustes, que el propio gobierno de Dilma no dejó de aplicar. Mientras el pedido de impeachment estaba en trámite, el gobierno del PT recortó más de 4 mil millones de reales en Educación, entre otras medidas de ajuste. El PT, en su intento de parar el impeachment, también utilizó los mismos métodos que los partidos de negociados, incluso con prominentes miembros de los partidos burgueses que son parte activa del golpe. En el medio de esto, las organizaciones que orbitan en el espectro petista, como el Movimiento Sin Terra, se mantuvieron en silencio, o incluso apoyaron la aplicación de los ajustes, como hizo la CUT. Al contrario de las posiciones que apoyan de una u otra forma el impeachment y las organizaciones afines al petismo y la burocracia sindical, es urgente poner en acción a los trabajadores, de manera independiente, contra el golpe y los ajustes. Existe también un amplio sector de masas que está en contra del golpismo y el cinismo de la derecha, pero tampoco apoyan al PT. Saben que los ajustes, la inflación, el desempleo, los recortes en Salud y Educación los alcanzarán cada vez más. Por eso se están poniendo en movimiento, en diversas huelgas parciales, como las que toman algunos estados como Río de Janeiro. Necesitan dotarse de un plan de luchas serio, organizado desde las bases, para que a partir de eso superen la separación

entre lo sindical y lo político que imponen sus direcciones. Tendrían como aliados a la juventud, gran protagonista de las manifestaciones de junio de 2013, que se encuentra en medio de un importante resurgir, como se expresó en las ocupaciones de escuelas ocurridas el año pasado en la ciudad de San Pablo, y que ocurren ahora en Río de Janeiro y en Ceará. La perspectiva de la izquierda debe estar al servicio de abrir espacios para la conformación de una movilización capaz de derrotar al golpe, combatir los ajustes que no pararon en ningún momento, preparando el terreno para la imposición de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que instituya que todo político gane lo mismo que una maestra, que haya revocabilidad de todos los políticos y funcionarios de alto escalafón, y que se reviertan todos los ataques contenidos en los ajustes. Esa perspectiva fue la que desde el MRT, organización hermana del PTS en Brasil, hemos defendido, peleando contra el golpe pero también en contra de los ajustes y ataques del PT. Traducción: Isabel Infanta

1. L. Lanfredi, “Game of Thrones en Planalto”, IdZ 28, abril 2016.

2. Esta teoría, elaborada originalmente por el dirigente trotskista Nahuel Moreno, caracterizaba los cambios de régimen de una dictadura a una democracia como una “revolución democrática”, sin tener en cuenta ni la dirección ni el sujeto social que la llevaba adelante. El PSTU profundizó aún más esta teorización y llegó a caracterizar la caída mediante el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992 como una “revolución demócratica”.

3. “Sérgio Moro y Lava Jato: ¿la salida por izquierda de Luciana Genro?”, La Izquierda Diario, 22/03/2016.

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Entrevista al historiador israelí Ilan Pappé

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Fotografía: www.bliskiwschod.pl

“Contar la historia de Palestina que Israel quiere ocultarle al mundo” Conocido como un incasable luchador y activista por los derechos del pueblo palestino, Pappé es actualmente Profesor de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña. Es un representante de los nuevos historiadores israelíes que reescribió la narrativa del conflicto palestino-israelí. Juega un rol central en la campaña por el boicot, desinversiones y sanciones (conocida internacionalmente bajo la sigla BDS) en la que se convoca a la comunidad internacional a tomar medidas activas contra las políticas del estado de Israel.

Pappé nos concede una entrevista exclusiva que hacemos llegar a los lectores de Ideas de Izquierda.

IdZ: Usted hace referencia al concepto de patria como una justificación para destruir a la población nativa. ¿Podría explicarnos este concepto y darnos ejemplos de cómo se ha implementado en otros lugares? ¿En qué sentido en Palestina es distinto con respecto a otros países?

El contexto es el fenómeno del colonialismo de asentamiento sionista. El desplazamiento de europeos, ya sea porque se sentían inseguros o bajo peligro, a áreas no europeas en el continente americano, África, Australia y Palestina. Estos pueblos no solo buscaban un nuevo hogar, sino también una nueva

patria. En concreto, no tenían deseo alguno ni el plan de volver a Europa.

El único problema era que las tierras en las que se refugiaron ya se encontraban habitadas por otro pueblos. En la mayoría de los casos, su solución fue el genocidio de la población indígena. En dos casos solamente, la solución fue diferente: el apartheid en Sudáfrica y la limpieza étnica en Palestina.

IdZ: En su libro La limpieza étnica de Palestina, usted sugiere que los objetivos de Israel eran los mismos desde 1948. ¿Podría explayarse sobre este punto?

Como cualquier movimiento de asentamiento, el movimiento sionista está motivado por la lógica de eliminar a la población nativa. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la eliminación es más compleja y quizás menos inhumana, pero sigue siendo drástica. El deseo del movimiento sionista de crear un Estado judío y un Estado democrático a la vez, significa que siempre existirá el deseo de adueñarse de la mayor cantidad de territorio palestino que se pueda y dejar la menor cantidad de palestinos como sea posible.

Este es el contexto en el que se lleva adelante la operación de limpieza étnica israelí en 1948: una operación que resultó en la

expulsión de casi un millón de palestinos y una toma de posesión del 80 % del territorio por parte de la población judía.

No obstante, la limpieza étnica de 1948 fue un proyecto incompleto. Había un 20 % del territorio que no estaba en manos de Israel y, a la vez, había una minoría palestina dentro de Israel. La visión de una Palestina pura “desarabizada” ya estaba ahí, pero los medios son diferentes.

Estos medios incluían la imposición del dominio militar a los palestinos en Israel y negarles a los refugiados el derecho a retornar a sus tierras. Pero el espacio no era suficiente y la oportunidad para extenderlo se presentó en 1967, pero el problema demográfico volvió a emerger nuevamente. Esta vez los medios empleados fueron el apartheid, la ocupación militar y la fragmentación de los territorios en enclaves y Bantustanes.

IdZ: Usted ha definido las acciones israelíes en Gaza como un “genocidio gradual”. ¿Podría explicarnos este término?

El término gradual significa que no hay un asesinato en masa dramático de personas de cierta raza o nación. Sin embargo, una estrategia como la que Israel ha venido implementando desde 2006 ha llevado a lo que la ONU denominara “la transformación de la Franja »

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de Gaza en un lugar inhabitable”, es decir, no es solo la matanza continua de la población civil lo que lo hace un genocidio, sino que se trata también de la destrucción de la infraestructura.

IdZ: ¿Considera que Israel está llevando adelante en Cisjordania y en Jerusalén Este una limpieza étnica de una escala similar a la que tuvo lugar en 1948?

Bueno, la realidad es que desde 1967, solamente en el área metropolitana de Jerusalén, cientos de miles de palestinos han sido desplazados por diferentes medios y perdieron sus hogares. Algunos mediante expulsiones masivas, otros mediante el traslado de sus barrios a Cisjordania, o bien al no permitirles regresar a sus hogares si habían salido del país. Después de 1967 la limpieza étnica tiene que ver más con el traslado de palestinos a enclaves que con desplazarlos fuera del país.

IdZ: Usted argumenta en contra de la solución de los dos Estados sobre la base de que no es una salida viable y aboga en su lugar por un estado binacional. ¿Nos podría explicar las razones por las cuales llega a esta conclusión?

La solución de los dos Estados no es viable debido a tres razones de gran importancia. La primera es que la solución de los dos Estados se aplicaría al 20 % de Palestina y a la mitad del pueblo palestino. No se puede reducir el problema de Palestina de esa

manera, a una cuestión simplemente geográfica o demográfica.

La segunda es que Israel creó en la región una situación tal, en términos de asentamiento y colonización, que resultará imposible crear un estado Palestino normal, aun cuando se acepte esta solución. En el mejor de los casos lo que se puede esperar es que haya dos Bantustanes, uno en Cisjordania y otro en la Franja de Gaza. Esto no es una solución.

Por último, no habrá solución al conflicto si no se respeta el derecho de los refugiados palestinos a retornar a su tierra y la solución de los dos Estados no respeta dicho derecho.

IdZ: ¿Cuál ha sido el efecto de una mayor crítica internacional a las acciones de Israel contra el pueblo palestino? ¿De qué manera ha afectado al movimiento pacifista en Israel?

En los últimos diez años, la sociedad civil en todo el mundo se ha cansado de la pasividad de sus propios gobiernos sobre la cuestión Palestina. Por eso llevaron adelante acciones independientes, apoyando el llamado de la población palestina por los derechos civiles a favor del boicot, la desinversión y las acciones (sanciones) contra Israel.

Los gobiernos de todo el mundo siguen sin presionar a Israel para que cambie su política y por consiguiente es difícil esperar que se dé un cambio desde adentro. No hay un campo pacifista en Israel. En la actualidad hay un pequeño grupo de activistas, animados por el

movimiento BDS que están tratando de educar a los israelíes sobre las violaciones a los derechos humanos y civiles cometidos en el pasado y en la actualidad. Estos grupos desde adentro no sobrevivirán a menos que haya mayor presión internacional sobre Israel.

IdZ: ¿Qué rol tienen los intelectuales y el trabajo académico en la lucha por la liberación de Palestina?

Tienen un rol muy importante, sin duda.

Pueden contar la historia de Palestina que Israel quiere ocultarle al mundo. Hay suficientes pruebas; y en la actualidad hay suficientes académicos que utilizan dichas pruebas para contar la historia como realmente ocurrió.

Necesitamos enfrentar esta historia valientemente si queremos que haya un proceso de conciliación genuino en Israel y Palestina.

IdZ: ¿Cuán importante es la campaña por el BDS? En su opinión, ¿qué se puede lograr con la misma?

Es muy importante. Cumple dos propósitos: uno, es enviar un mensaje doloroso pero necesario a Israel, de que tiene un precio que pagar por su constante política de desposesión y colonialismo. En segundo lugar, es motorizar en la acción a la opinión pública mundial y el activismo alrededor de una campaña que no dejará que la causa palestina quede en el olvido.

Entrevista y traducción: Alejandra Ríos.

¿Qué es la campaña internacional BDS? Alejandra Ríos

La campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel nace en 2005 con un llamado de más de 170 organizaciones palestinas a la comunidad internacional a aplicar medidas coercitivas “hasta que Israel cumpla con el Derecho Internacional y los principios universales de los Derechos Humanos”. Su objetivo es poner fin a las políticas que el régimen sionista implementa en Palestina desde 1948, cuyos tres rasgos principales son: ocupación, colonización y apartheid. La campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos del Estado judío, ni mucho menos contra los judíos del mundo (muchos judíos participan, también en Israel), sino contra las instituciones que sostienen y financian dicho régimen opresor.

Sus tres demandas centrales son: • fin de la ocupación y colonización de todas las tierras árabes tomadas en 1967 (Jerusalén Este, Cisjordania, Franja de Gaza y Altos del Golán sirios) y el desmantelamiento del Muro;

• otorgamiento de plenos derechos a los ciudadanos árabes-palestinos de Israel (que son un 20 % de la población del Estado judío); y • respeto, protección y promoción del derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus casas y propiedades, tal como lo estipuló la resolución 194 del Consejo de Seguridad de la ONU. El boicot adquiere diversas formas: comercial, con el rechazo a comprar productos israelíes; académico, con la ruptura de relaciones con las universidades israelíes; cultural, es el caso de artistas internacionales que se niegan a actuar en Israel y boicot de artistas israelíes que cuentan con apoyo institucional de su país; institucional, la ruptura de relaciones institucionales con las autoridades israelíes, entre otras. Las desinversiones se refieren al dinero que empresas internacionales retiran de aquellas empresas israelíes o internacionales que se benefician de la violación de los derechos del pueblo palestino.

En los últimos años, la campaña ha vivido un gran crecimiento; algunas de las victorias más relevantes de la BDS son: en el ámbito del boicot cultural, el compromiso público de los artistas británicos Roger Waters (exmiembro de Pink Floyd) y Elvis Costello o la actriz española Pilar Bardem, a no actuar en Israel. En el ámbito académico, destacan la decisión de la Universidad de Johannesburgo en 2011 de romper sus vínculos con la Universidad Ben Gurion de Israel, el anuncio del físico Stephen Hawking en 2013 de que cancelaba su presencia en una conferencia académica israelí “para respetar el llamado palestino al boicot”.

La campaña de BDS y otras iniciativas propalestinas han motorizado a miles de activistas y simpatizantes dispuestos a participar en piquetes, escraches, mesas de distribución de materiales y folletos en supermercados o tiendas que comercializan productos de Israel para sensibilizar sobre la necesidad de reforzarla.

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Fotografía: Ana Florin Christensen

Entrevista a Ana de Miguel y Andrea D’Atri

“El feminismo y el socialismo son rebelión” Luego de la conferencia “Sexualidades, géneros y neoliberalismo”, realizada en Buenos Aires en abril de este año, conversamos con la feminista española Ana de Miguel y la fundadora de la agrupación Pan y Rosas, Andrea D’ Atri. En el diálogo convergieron varios de los debates que siguen siendo clave en la relación entre feminismo y marxismo, y la perspectiva que une la lucha por la liberación femenina y el socialismo.

IdZ: Una de las ideas centrales de tu libro, Ana, es que la libre elección es un mito en las sociedades formalmente igualitarias, ¿en qué se basa ese mito?

Ana de Miguel: Se basa en que asume parte de una verdad que roza el propio sentido de la vida humana y la convierte en “libertad de mercado y libertad para venderse”. El feminismo y el socialismo han luchado por el derecho a la individualidad, por no vivir bajo relaciones de dominación, por poder elegir aunque nos equivoquemos. Pero justo para conseguir esto necesitamos un marco que regule –o impida directamente– las supuestas libres elecciones entre personas que parten de »

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“...si hay un sistema de dominación hay que reconocer que necesariamente se apoya también en la fuerza, la coacción y el miedo…

una desigualdad extrema. Poniéndolo en términos económicos se entiende mejor. ¿Qué pasa si yo digo que estoy en contra del salario mínimo porque “viola la libre elección de salario”? Si yo quiero trabajar por 1 euro la hora… ¿Quién eres tú prepotente feminista o prepotente socialista para negar mi derecho a hacer lo que me dé la p*** gana con mi cuerpo?, ¿mi derecho a trabajar 8 horas por 1 euro? ¿A que así no suena tan bien lo de la “libre elección” y preferimos un Estado que regule por ley el salario mínimo, en muchos más euros la hora? Pues esto es parte del mito: que solo nos quieren garantizar la parte de “libre elección” para vendernos o para hacer “libremente” lo que manda la normativa de género. Y se legitiman confundiéndolo con un lenguaje cercano a las luchas históricas por la igualdad y la libertad. En el feminismo, en concreto, mezclan el legítimo derecho a decidir sobre si se es madre o no y en qué momento de la vida, con el derecho a “mi cuerpo” como si fuera una propiedad privada más, una mercancía más de la que resulto ser la titular. Y tratan de legitimar así la sexualización de las jóvenes, la prostitución de mujeres y los vientres de alquiler.

Andrea D’Atri: Hay un artículo muy interesante de Verónica León Burch, donde se pregunta cómo volver a hacer del feminismo un proyecto emancipador, donde señala esto mismo del slogan “Mi cuerpo es mío”, y que yo mencioné en la conferencia que tuvimos con Ana en Buenos Aires. Es una metáfora que funciona muy distinto a lo que se pretende si se enuncia en el marco del neoliberalismo y la ideología de que somos responsables de todo lo que nos sucede, enalteciendo al individuo y su autocontrol y ocultando que esta igualdad de los individuos donde la diferencia la hace el propio esfuerzo, surge de relaciones estructurales de desigualdad. Como dice esta autora, esa frase refuerza la idea de que el cuerpo es una cosa –justamente en una sociedad que cosifica a las mujeres–; establece que tenemos un cuerpo, no que lo somos, es

”

decir que refuerza también la idea de la propiedad. Y claro está que cuando uno es propietario de algo, puede hacer lo que quiera con su propiedad, empezando por las transacciones comerciales. Lo mismo que los capitalistas dispuestos a privatizar, comprar y vender, incluso hasta lo que creíamos incapaz de ser mercantilizado, como el agua, el aire y otros seres humanos. Pero lo más perverso de este discurso de la libre elección es que si mi cuerpo es mío, puedo cuestionarme si soy responsable y hasta dónde de lo que le suceda a él, ¿soy responsable incluso de que ese cuerpo sea o no sea violentado?

IdZ: En el debate que realizamos en Buenos Aires, Ana señaló que existe una necesariedad del patriarcado, que no pervive casualmente en las democracias capitalistas sino que es una existencia necesaria, ¿cómo ven ambas esa relación?

AdM: Lo primero, pienso que el patriarcado es un sistema de dominación que se ha relacionado muy bien con todos los sistemas económicos. Incluso con los que se han denominado comunistas y socialistas. Pero la realidad es que en el capitalismo actual, globalizado y cada vez más prepotente, sin casi límites, la idea clave es que los nuevos seres humanos interioricen que “todo se puede comprar y vender”, que eso es la “libertad”.

Y la compraventa de los cuerpos de las mujeres, en trozos o en pieza completa ha estado y está tan legitimada a lo largo de la historia que funciona como un fuerte elemento de interiorización del mensaje. Es lo que les llega a las chicas jóvenes: “Véndete bien, pero no ya tu curriculum vitae, tu experiencia, sino tu propio cuerpo, ¿por qué no? Bien tonta serías si no lo hicieras… anda, no seas antigua o puritana”… hasta se escribe sobre “el capital erótico”. Solo deseo que a las y los profesores de universidad y otros profesionales que defienden estas ideas desde sus privilegiados puestos de trabajo, la vida les conceda la oportunidad de tener que prostituirse en una

esquina o tras un escaparate… para verificar sus propias posiciones teóricas. Qué bonito es poder verificar el conocimiento teórico.

AD: Contrariamente a las ideas que quiso imponer el estalinismo, que el socialismo ya estaba realizado en sus nueve décimas partes con la toma del poder en un Estado, el trotskismo sostiene las Tesis de la Revolución Permanente, precisamente porque considera –entre otras cosas– que subsisten problemas económicos, políticos, sociales y culturales que no se pueden resolver mecánicamente y que incluyen, entre otros, las relaciones entre varones y mujeres. Particularmente Trotsky fue quien denunció la situación de las mujeres en la Unión Soviética en su reconocido trabajo titulado La revolución traicionada, donde señalaba la persistencia del trabajo doméstico y la prohibición del derecho al aborto que se había conquistado en 1918, como algunos elementos que demostraban el retroceso de la revolución bajo la reacción estalinista. Lo que quiero decir es que no es mecánica la eliminación de la opresión patriarcal que data de milenios, con la revolución socialista. Pero que ningún Estado, ningún régimen político puede denominarse socialista si, al menos, no combate conscientemente contra todas las tradiciones patriarcales, fomentando la liberación de la mujer, sentando las bases materiales para su efectiva emancipación. El capitalismo no puede abolir completamente las cadenas que oprimen a las mujeres porque si bien necesitó aflojar algunos de sus más pesados eslabones para disponer de la fuerza de trabajo de las mujeres en la producción, también necesita seguir sosteniendo el trabajo gratuito de las mujeres en los hogares para garantizar la reproducción de la masa de trabajadoras y trabajadores, abaratando además, el precio de la fuerza de trabajo en su conjunto.

IdZ: Ana, en el mismo debate destacabas a Karl Marx y Federico Engels y decías que habían hecho un aporte como feministas,

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aunque eran varones. Y a propósito del debate abierto, decías que feminismo y socialismo van unidos. ¿A qué te referías?

AdM: El feminismo y el socialismo conciben el patriarcado y el capitalismo como estructuras de poder que casi determinan la vida de las personas. Y de forma injusta. Lo quieran o no unas personas –de clases y géneros concretos– nacen, crecen y enferman (por así decirlo) con muchos privilegios. Y los privilegios solo se obtienen a costa de que otros, muchos en general, contribuyan con sus propias manos y vidas a cultivar los bienes que los otros reciben, a menudo sin reciprocidad: más dinero, más formación, más tiempo libre, más cuidados, incluso más amor, como ya denunciara la gran feminista marxista Alejandra Kollontai…

Hay privilegios de clase, y los hay de género, en el sentido casi del diccionario, de “exención de una carga”: no hago nada del trabajo doméstico pero “me” tienen la casa como un sol, no cocino pero en mi casa se come de maravilla, no me despiden cuando tengo un hijo (de hecho ni falto al trabajo y allí lo celebro), no cuido a mi madre anciana, la cuidan mis hermanas… pregúntate ¿quién y por qué está asumiendo “tu carga”?… Y podríamos seguir así hasta revelar una estructura social más injusta y desigual de lo que imaginamos. El socialismo es rebelión frente a las injusticias y la lucha por un mundo en que todo, todo esté mejor repartido. También los cuidados, que humanizan mucho cuando son compartidos pero se transforman en una carga que puede llegar a aplastar cuando recaen sobre una sola persona, por obligación…

IdZ: Volviendo al tema de la libre elección, en un contexto de crecimiento de la violencia, vemos como contracara de ese “mito”, un aumento de la victimización de las mujeres (se nos presenta solo como víctimas pasibles de ser protegidas y nunca como sujetos).

AdM: Bueno, yo no veo que ser víctima y ser sujeto sean conceptos contradictorios. Creo

que esa disyuntiva es algo falsa y procede, en parte, de la visión posmoderna de la realidad, que cree que con jugar con las palabras y las representaciones en los medios podemos alterar estructuras de poder. El patriarcado, el capitalismo, las guerras… Millones de personas están siendo “víctimas” de la deshumanización que provoca esta organización de nuestro mundo. También la naturaleza está siendo “víctima” de la rapiña y la ambición…

Para mí víctima no es sinónimo de no-sujeto.

Al contrario, solo cuando eres sujeto, cuando puedes hablar denuncias un sistema de poder, elevas la voz para decir que esto no es una broma y que hay “víctimas” y que justamente no quieres serlo más. Las mujeres que no querían el voto en el siglo diecinueve no se consideraban “víctimas” del patriarcado: simplemente pensaban que las cosas eran como debían ser…

Por otro lado, ¿se está dando una imagen victimista de las mujeres por denunciar machaconamente el papel de una violencia que es estructural en nuestras vidas? Es posible plantearlo y discutirlo, como se está haciendo. Tiendo a pensar que no. Porque no solo denunciamos las injusticias, también estamos implicadas en rescatar nuestra genealogía, a todas las mujeres que han hecho tantas cosas y has sido sepultadas por la historia. Y, sobre todo, implicadas en transformar la realidad. Pero, la verdad, si hay un sistema de dominación hay que reconocer que necesariamente se apoya también en la fuerza, la coacción y el miedo… y del miedo, de alguna manera, como tan bien teorizó Susan Brownmiller cuando trató de explicar la cultura de la violación sexual, son-somos “víctimas” todas las mujeres. Si una mujer quiere decir “Yo no tengo miedo”, pues me alegro por ella, que lo diga, pero es como si se estuviera tratando el tema de los bajos salarios de las mujeres y una se levanta y grita “Yo no tengo salario bajo”. Pues nos alegramos, pero aquí estamos para analizar estructuras, no posiciones individuales. “Lo personal es político” no quiere

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decir que todas tus experiencias sean generalizables. Ahora bien, si se quiere se puede elegir otra palabra que no tenga connotaciones de “ser pasivas”. Pero que no se trate de maquillar o esconder la realidad.

AD: Creo que conviven dos grandes sentidos comunes sobre la situación de las mujeres. Por un lado, el de que vivimos en una sociedad donde ya hemos conquistado todos los derechos a la igualdad y entonces, lo que predomina es esta libre elección de la que habla Ana, es decir, yo puedo elegir quién ser, qué hacer, etc. Esta visión lleva a un sobredimensionamiento de los temas vinculados al cuerpo, el deseo, etc. y creo que Ana lo muestra bien en su libro. Es decir, es una visión teñida de la ideología del individualismo liberal burgués, donde no existen el Estado, ni las clases, ni nada. Por otro lado, en un sentido aparentemente opuesto, esta visión coexiste con la de las mujeres representadas solo como víctimas impotentes, que deben apelar a un tutor –en la mayoría de las ocasiones, el Estado– porque son inermes para enfrentar las condiciones de su opresión. Ambas visiones hacen un borramiento de que además de las mujeres, existe el movimiento de mujeres, es decir, que hubo mujeres que como colectivo, lucharon para conquistar los grados de igualdad o libertad de los que hoy gozamos.

Y que esos derechos democráticos elementales no fueron concesiones de las democracias capitalistas, sino conquistas de la lucha, de la pelea, de la movilización y de relaciones de fuerza establecidas en diferentes momentos de la lucha de clases. Por eso, entre otras cosas, no son eternos ni inamovibles, sino todo lo contrario. En tiempos de radicalización, las mujeres hemos avanzado; en tiempos de reacción, hemos retrocedido.

Entrevistó: Celeste Murillo.

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Debates sobre el imperialismo hoy (III)

Londres: el poder de manejar el dinero ajeno Continuando con la lectura de las elaboraciones actuales sobre el imperialismo, abordamos en esta oportunidad el reciente libro The City, de Tony Norfield, que estudia el rol de la plaza financiera londinense en el capitalismo global.

Ilustración: Sergio Cena

ESTEBAN MERCATANTE Comité de redacción.

El libro The City, de Tony Norfield1 invita a reevaluar la idea de que Gran Bretaña se ha convertido en un actor de segunda en el reparto de poder global después de haber sido la potencia indiscutida hasta la I Guerra Mundial. Por el contrario, este estudio muestra cómo la Corona británica logró sacar provecho de las fortalezas relativas (históricas, geográficas y geopolíticas) de la plaza financiera londinense para convertirla, desde los años ‘80, en la base de una renovación del poderío británico.

Los bancos y mercados de dinero de Londres poseen una preeminencia internacional que está bien por encima del peso global del capitalismo británico. Gran Bretaña ocupa el segundo lugar por la importancia de su sector financiero a nivel mundial, detrás de los EE. UU., mientras que en algunas áreas se ubica al tope del ranking, como es el caso de las transacciones de cambio de moneda. Cuenta

con 6 instituciones financieras entre las mayores 50, contra 10 que tiene EE. UU. El protagonismo mundial de su sector financiero se refleja también en el peso que muestra en su economía: los activos bancarios representan 4 veces el tamaño del Producto Interno Bruto de Gran Bretaña, el ratio más elevado en el mundo después de los de Suiza y Luxemburgo. En lo referido al stock de inversión extranjera directa, también el Reino Unido está segundo detrás de los EE. UU. Entre las 500 más grandes empresas, 28 son de origen británico según los datos más recientes de Fortune Global 500, lo que lo ubica compartiendo el tercer puesto con Alemania, detrás de los EE. UU. y China (este último favorecido por tener muchos “gigantes” nacionales pero que todavía se encuentran en etapas tempranas de despliegue internacional2).

El primer puesto ocupado por Gran Bretaña en lo que hace a activos y depósitos bancarios

internacionales, así como en lo que hace a transacciones de compra-venta de monedas, se realzan aún más teniendo en cuenta que su moneda nacional está lejos de ser dominante de las transacciones mundiales (la libra es ampliamente superada por el dólar, el euro y el yen).

Esta capacidad de Londres para mantenerse a la cabeza de las finanzas globales es explicada para Norfield por varios elementos.

En primer lugar, la ventaja horaria con la que cuenta la City respecto de Nueva York para lidiar con los mercados asiáticos y europeos. También juega desde mediados de los años ‘70 la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea (aunque haya sido tardía y no se haya incorporado a la unión monetaria), que fortaleció el rol su plaza financiera mediando los movimientos de capital entre las economías más poderosas, y entre éstas y el resto del mundo.

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Fue clave para el reajuste de Londres ante su pérdida de hegemonía el desarrollo de los llamados euromercados, que se habían desarrollado como medios para que los flujos financieros escaparan de las regulaciones establecidas desde la finalización de la II Guerra Mundial. Londres “tenía la experiencia para desarrollar un negocio en gran parte en base a la utilización de la nueva moneda internacional, el dólar estadounidense”.

Esto puso a Londres en una posición ventajosa respecto de los EE. UU., cuyo sistema financiero afrontaba regulaciones más severas.

“Los euromercados crecieron fuera del control de los gobiernos, pero las autoridades del Reino Unido fomentaron ese crecimiento como parte del sistema financiero británico”. Así, aunque EE. UU. supere ampliamente a Gran Bretaña como el proveedor mundial de capital, “no superó a Gran Bretaña como centro de la banca internacional”. En este terreno, Londres resulta un polo de atracción para la radicación de instituciones financieras de todo el mundo, incluyendo las estadounidenses. Desde 1979 en adelante los mercados financieros del Reino Unido se verían fortalecidos por un nuevo boom, con un salto luego de que las reformas “Big Bang” de 1986 abrieran el paso para nuevas firmas. “El volumen de transacciones creció dramáticamente y los bancos internacionales llegaron en bandada a la City de Londres”.

Imperialismo y finanzas Tony Norfield define al imperialismo como la “fase actual del desarrollo capitalista, en la que unas pocas grandes corporaciones de un reducido número de países dominan el mercado mundial”. El acceso privilegiado a los recursos financieros refleja el poder imperialista al mismo tiempo que es un medio para retenerlo.

Mientras que los países más pobres también tienen bancos, y mientras que sus compañías también pueden emitir bonos y acciones, su capacidad para obtener privilegios a través del mercado financiero global es igualmente pobre.

Uno se los puntos que se propone demostrar este libro es cómo el poderío financiero que Gran Bretaña logró conservar –adaptada a un sistema financiero internacional estructurado desde 1945 alrededor del dólar y con EE. UU.– le permitió seguir apropiándose de valor generado en el resto del mundo, y cómo

esto le permitió a su vez mitigar el desbalance comercial crónico sin tener que solventarlo enteramente con endeudamiento.

The City se propone explicar el “mecanismo financiero” integrador del capitalismo contemporáneo. Enfatiza que la producción y las finanzas resultan inseparables en el capitalismo del siglo XXI. Son “socios cercanos” en la explotación de la fuerza de trabajo. Esto está lejos de ser una novedad, pero la relación es hoy, en opinión de Norfield, mucho más estrecha. El autor apunta contra quienes pretenden establecer una distinción categórica entre las finanzas y el capital productivo, valorando negativamente a la primera y positivamente al segundo, y preconizando medidas que limiten la “hipertrofia” financiera.

Esto conllevaría un error que conduce a captar erróneamente la naturaleza del imperialismo y el rol de centros financieros como la City londinense.

El enfoque del libro sostiene que las finanzas son un aspecto de la economía mundial, y por lo tanto no pueden ser explicadas comenzando por desarrollos en países tomados individualmente o políticas implementadas en los mismos, sacadas del contexto global.

En esto marca un punto de partida diferente del que tomara uno de los trabajos marxistas más ambiciosos en este terreno, El capital financiero de Rudolph Hilferding. El autor además considera que el concepto de “capital financiero” de Hilferding resulta muy estrecho, y se basa en una extrapolación unilateral a partir del desarrollo alemán en el que los grandes bancos estaban estrechamente ligados con las grandes firmas industriales a través de la presencia en los directorios de las mismas. Norfield argumenta que es de mayor utilidad desarrollar el concepto de capital ficticio de Marx (que se refiere sobre todo a los valores financieros como acciones y bonos) para mostrar cómo estos constituyen un medio para ejercer poder económico, especialmente a escala global. El planteo de Hilferding supone, en la opinión de Norfield, una relación de control que va desde los bancos y otras instituciones financieras hacia el capital productivo, la que no siempre se verifica. Para Norfield, este énfasis de Hilferding en los bancos “exagera su rol y lleva a la visión política de que la economía capitalista puede ser domada mediante el control estatal de los bancos”; es decir en línea con el ensayo

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de “capitalismo organizado” que realizaría el propio Hilferding como ministro de finanzas en 1923 y 1928-29. Esta discusión con Hilferding no significa de ningún modo que Norfield vaya a negar una de las más importantes transformaciones que El capital financiero se proponía registrar, y que será tomada por Lenin y muchos otros marxistas: para ponerlo en palabras de The City, que el capitalismo moderno adquirió una “forma financiera” que “no está confinada a las instituciones financieras, incluye a todo tipo de empresas capitalistas, entrelazadas con el rol del Estado en el plano doméstico e internacional”.

Norfield realiza un tratamiento exhaustivo de las distintas dimensiones que hacen a la banca comercial y de inversión, los mercados de dinero y de cambio, las acciones y derivados. Destaca una dimensión que “usualmente está pobremente tratada por escritores marxistas”: los bancos crean dinero en sus operaciones. Así, puede parecer que el dinero genera dinero “de forma completamente independiente de la producción capitalista”. La conexión entre “lo que produce una economía y los fondos disponibles para comprar cosas” puede relajarse así durante períodos.

Esto permite que el capital se expanda más rápidamente, aunque también que se estrelle más violentamente cuando esta conexión entre el capital en acciones y bonos (lo que Marx definía como capital ficticio) y la producción de valor no puede seguir relajándose.

En su análisis, Norfield realiza una importante distinción: la banca comercial y los mercados de dinero son necesarios para el desenvolvimiento de la producción capitalista, lubrican las ruedas de la circulación de capital, y como tales no podrían caracterizarse de parasitarios (no más de lo que lo es el sistema tomado en su conjunto). Otra cosa es el capital que genera interés (el dinero que genere dinero): el interés es una deducción de las ganancias del capital productivo, y como tal sí es, para el autor, parasitario. “Los capitalistas que adelantan el capital dinerario de esta forma constituyen el estrato social de parásitos en el sentido de Marx”.

Sin embargo, para Norfield esta distinción resulta insuficiente para comprender la realidad de la economía mundial imperialista, “basada en una jerarquía de poder entre diferentes países”. Todas las formas de operación financiera pueden contribuir a transferencia de plusvalor de un país a otro y así contribuir a acrecentar el poder de los países dominan» tes, no solo el capital que genera interés.

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Yo consideraría que esto es una forma de parasitismo, que surge de considerar la estructura de la economía mundial, pero que involucra un uso del término distinto al de Marx.

Se emparenta más al uso del mismo que hacía Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo. Para este último, una característica distintiva de parasitismo es que las burguesías de los países imperialistas viven “cada día más de la exportación del capital y de ‘cortar el cupón’”3. En la economía global contemporánea, señala Norfield, hay “importantes ítems adicionales de ingreso extranjero para los países ricos y poderosos”. Además de la relocalización de la producción en los países pobres, están los ingresos derivados de las transacciones financieras.

Norfield señala además una importante conexión entre el poder del Estado y la expansión a escala internacional de los bancos: Ser más grande significa también estar en condiciones de proveer servicios de capital a un costo más bajo, o al menos tener una posición de mayor influencia en el mercado. La capacidad de asegurar una mayor escala de operaciones depende no solo del mercado nacional, sino también del internacional, y aquí la posición y poder del Estado nacional es un factor vital. A medida que se expande el capitalismo creando un mercado mundial, las operaciones de las compañías financieras se expanden junto con las del comercio y la industria. En esto, también, reciben apoyo de su base nacional –aunque solo sea en la moneda nacional a la que tienen acceso privilegiado a través del banco central de su país de origen.

Uno de los aspectos más interesantes de The City es que propone una serie de parámetros con los cuales evaluar el poder de los diferentes Estados. Estos incluyen el Producto Interno Bruto, el gasto militar, la inversión directa que tienen sus residentes en otros países, los activos bancarios, y mercado de divisas. Tomando este conjunto de dimensiones, Gran Bretaña llega a ocupar para Norfield un segundo lugar en el concierto mundial, detrás de EE. UU. Le siguen China, Japón, Alemania y Francia. Este segundo puesto sería impensable sin la primacía de la banca londinense y el stock de inversión extranjera directa. Más allá de lo discutible que pueda resultar la selección de criterios del autor, considerar el poder que otorgan estas dimensiones consideradas de conjunto, resulta relevante para entender que la jerarquía internacional es más compleja de lo que suelen pensar los que teorizan una

capacidad sin límites del Estado norteamericano para moldear el capitalismo global4.

Intereses eternos, aliados temporales Gran Bretaña pudo reinventarse gracias que logró reformular –para sostener– el rol internacional de Londres. Después de 1945, pasó de ser el banquero del mundo a convertirse en el bróker del mismo. De esta forma, a través de la intermediación financiera, la concentración de mercados de dinero y de transacciones de divisas, así como de la canalización de fondos provenientes de capitales de otros países, logra amasar una masa considerable de recursos (solo la exportación de servicios financieros le representó a Gran Bretaña en 2011 el 2 o 3 % del PIB, es decir 5 o 6 veces más que en los EE. UU., aunque el peso del sector de servicios financieros y seguros en ambas economías fuera la misma proporción, de 7,5 % del PIB en ese año).

La capacidad de mantener su posición privilegiada como bróker está condicionada por la medida en que Gran Bretaña pueda seguir ocupando un rol central en los canales de circulación del capital global. Y acá Norfield señala, como conclusión de su libro, algunos desarrollos recientes que representa un potencial desafío para el lugar ocupado por Londres, y por extensión para la futura posición del imperialismo británico. Entre estos menciona las amenazas de una mayor regulación o impuestos a las transacciones financieras, especialmente a nivel europeo; el creciente endeudamiento externo de Gran Bretaña, que se debe a que el excedente generado por el sector financiero apenas si llegó a cubrir la mitad de su déficit de cuenta corriente en años recientes, y también al endeudamiento privado; así como varios frentes de inestabilidad política. Entre estos Norfield destaca las amenazas que afronta el Estado británico por parte de los reclamos separatistas de Escocia, y la incertidumbre respecto del resultado que pueda arrojar el referéndum sobre la pertenencia a la UE, a realizarse en junio. “Lo último que desearían las grandes corporaciones británicas es dejar la UE, con el riesgo de que las relaciones de comercio e inversión se vean afectadas, y con un efecto de knock out para el negocio de la City”.

Por último, pero no por ello menos importante, The City considera el desafío que representa para el “sistema anglo-norteamericano” el ascenso de los BRICS, es decir esencialmente de China. Como no ha ocurrido desde que el dólar desafiara –y desplazara– a la libra, el Estado chino está buscando generar, de manera incipiente aún, pero con claras intenciones, canales financieros alternativos al sistema basado en el dólar. Se comprende la

amenaza que esto podría significar para Londres. Por eso, no sorprende que a diferencia de los EE. UU., el gobierno británico se esté mostrando mucho más dispuesto a acomodarse ante las pretensiones de China, como mostró al ser el primer Estado europeo dispuesto a participar del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB) en marzo de 2015, lo que le valió una reprimenda de la Casa Blanca. Mayor fue la inquietud de Washington cuando lo mismo hicieron días después Alemania, Francia, e Italia.

Esto muestra cómo el balance cambiante de fuerzas afecta los cálculos económicos y políticos, convirtiendo a un ‘frente único’ de la política occidental en un punto de vista más estudiado en cada país respecto de dónde reside su interés,

concluye Norfield. No mucho pasa en tiempos “normales”, pero ante una crisis severa, “cada gran potencia observa a las otras y alrededor del mundo para evaluar las nuevas oportunidades”. La nueva situación está empujando, en su opinión, a novedosos cambios en la relación entre el imperialismo británico y los EE. UU., planteando interrogantes sobre una firme alianza. El futuro del poderío británico podría jugarse en la corrección de las decisiones que adopte.

The City ofrece un marco teórico para comprender las finanzas contemporáneas, y el rol jugado por los grandes centros financieros en ellas, fundamental para entender el imperialismo contemporáneo, así como un documentado análisis de cómo el rol dominante en las finanzas globales permitió a Gran Bretaña mantener un rol preponderante en el capitalismo contemporáneo.

1. Tony Norfield, The city. London and the Global Power of Finance [La ciudad. Londres y el poder global de las finanzas], Londres, Verso, 2016. Las citas son traducción propia del original.

2. Esteban Mercatante, “Capitalismo del siglo XXI: un mundo menos plano que nunca”, IdZ 14, octubre 2014.

3. V. I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, en Obras Escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1948. “Cortar el cupón” se refiere a los tenedores de bonos y otros títulos similares que perciben intereses de forma regular.

La posesión de dichos activos estaba a comienzos del siglo XX mucho más concentrada en los sectores más ricos de lo que lo está hoy.

4. Ver al respecto Esteban Mercatante, “El capitalismo global como construcción imperial”, en IdZ 27, marzo 2016.

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A propósito de Los usos de Foucault en la Argentina: recepción y circulación desde los años cincuenta hasta nuestros días, de Mariana Canavese.

El efecto Foucault y la crisis del marxismo en Argentina

Fotomontaje: Anahí Rivera

Gastón Gutiérrez Comité de redacción

Este libro1 realiza la reconstrucción histórica y temática de las piezas dispersas que componen la genealogía local de la recepción de Foucault. A 50 años de la publicación de Las palabras y las cosas nos permite adentrarnos en los nombres, textos, modos de lectura y circulación de la presencia del filósofo francés en Argentina. Adaptando su tesis doctoral, Mariana Canavese expone los resultados de una vasta investigación de historia intelectual sobre las huellas de Foucault en nuestro campo cultural. El libro no trata sobre Foucault, sino de cómo fue leído, por lo tanto no se propone realizar ni una lectura sobre la amplia obra de éste, ni juzgar las lecturas correctas o incorrectas que se hicieron en nuestros pagos, sino de dar cuenta de las estrategias u operaciones de lectura y recepción. Y cómo

las adaptaciones al ámbito local permitieron posiciones teóricas y político-ideológicas tanto en la cultura como en las ciencias sociales y humanísticas. Para Canavese la recepción remite siempre a la actividad del que lee y recibe, y recuperando la noción de ‘uso’ (apelando al clásico de Portantiero Los usos de Gramsci) va dando cuenta de diferentes olas de recepción de Foucault. El estudio diferencia dos grandes periodos, aquel que va de su recepción temprana a fines de los ‘50 hasta la pos-dictadura, y desde los años ‘80 a la actualidad. Describe cómo las diferentes olas de recepción no se acumulan progresivamente, sino que cada una está sobredeterminada por cada coyuntura, lo que permite diferentes lecturas y usos de Foucault para cada una de estas (179). Esta modalidad de recepción

entronca con la consideración de Foucault sobre sus textos como cajas de herramientas que habilitan a lectores-usuarios a utilizarlas como mejor les plazca. Y los usuarios argentinos de Foucault lo hicieron en una heterogeneidad de ámbitos: discusiones entre psicoanálisis, fenomenología y marxismo, las querellas teóricas del estructuralismo en la lingüística, la epistemología, la filosofía, la sociología, la crítica literaria, el derecho y la arquitectura, y una importante presencia en medios de comunicación, espacios culturales alternativos e incluso de élite.

La entrada Foucault a la historia del campo intelectual argentino Una descripción del libro diría que tiene 4 capítulos que siguen cronológica y temáticamente »

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la recepción de Foucault en una trayectoria apegada a los avatares de sus elaboraciones hasta 1989 y un apartado final donde se esboza un balance y apuntes provisorios de su recepción hasta nuestros días.

El primero, “Entre la psicología, la filosofía y la experiencia política de masas...”, describe un Foucault que todavía no es el Foucault que más conocemos, sino una referencia más en los debates entre psicología, psicoanálisis y marxismo. De la mano de José Bleger y editado por editorial Paidós en un contexto modernizante de la cultura argentina, Foucault se inscribe en la búsqueda del marxismo por realizar una “psicología concreta” (aunque en Bleger la referencia principal sea Politzer (44)). Foucault arribó a la Argentina de la mano de la psicología marxista y la política, en tiempos de transición entre el kleinismo inglés y la hegemonía posterior de Lacan, e inscripto a su vez en los debates del comunismo local (40)2. En tiempos en que una nueva fracción intelectual accedía a la docencia universitaria con la creación de la carrera de psicología en Rosario (posteriormente en otras instituciones del país) y en el que el psicoanálisis conocía una acelerada difusión en la clase media (luego de que el peronismo lo hubiera marginado como “antinacional”). Como no podía ser de otro modo en un estudio de estas características la historia intelectual y biográfica de los lectores ocupa un importante espacio. Personalidades como Bleger operan como “casos” que dan cuenta de un “uso”, a veces generando un impacto teórico o práctico en colectivos

como el caso de Plataforma (46), y en otros tan solo se inscriben las personas que traducen, editan, publican o incorporan a Foucault en los ámbitos educativos, culturales o en la comunicación de masas.

Los ‘60 también conocerán otra vía de entrada de Foucault de la mano de las polémicas sobre Sartre y el estructuralismo. Es conocida la cita de Sartre en la revista L’Arc sobre Las palabras y las cosas, allí Foucault aparecía como el que sustituía “el cine por la linterna mágica, el movimiento por una sucesión de inmovilidades” que configuraban “una ideología nueva, la última barrera que la burguesía puede aún levantar contra Marx” (48). En un tono de marcado voluntarismo político, todavía dominado en Argentina por la fenomenología y el marxismo humanista mal podía ser recibido este Foucault cuyos temas eran el anti-humanismo y la “muerte del hombre”.

Incluso dentro del auge posterior del estructuralismo como “la” ciencia y su adopción por sectores intelectuales de la nueva izquierda tampoco gozaba de demasiado interés, ya que en contraposición con Althusser que buscó combinar estructuralismo y marxismo (y quién por otro lado lo honraría a pié de página en Para leer El Capital), Foucault realizaba una fuerte crítica a Marx como “alojado en la episteme del siglo XIX” (50). Sin embargo esto no impidió que el nombre de Foucault apareciera ligado al conjunto de la familia estructuralista (Levi-Strauss, Lacan o Barthes) en una inesperada reseña en la revista Criterio dirigida por el presbítero Jorge Mejía (51).

O que el diario La opinión (1971) diera cuenta de este estructuralista que empezaba a investigar las cárceles en Francia y conformaba el Grupo de Información sobre las Prisiones y un interesante documento publicado en el diario Clarín apelara a la figura del “Gran encierro” (de Historia de la Locura) para describir la exclusión y el exterminio del indio y el gaucho. Dentro de la cultura de izquierda también Foucault empezó a calar. En este lugar la posición de José Sazbón es otro “caso” en el que la autora se detiene, mostrando cómo este marxista sartreano y lukacsiano sitúa tempranamente a Foucault en su actividad editorial, académica y en sus textos que abarcan los cruces del marxismo occidental y el estructuralismo. Será el introductor de algunos textos estructuralistas nodales, pero también, ya en el exilio, intentará recuperar la veta crítica de Foucault hacia la historiografía tradicional marcada por la ideología del progreso mientras critica “el comienzo de un pensamiento histórico de la dispersión y las ruinas del sentido” (56). Entre otras muchas referencias se menciona cómo el filósofo Oscar del Barco lo incorpora a través de las lecturas de la revista francesa Tel Quel, en una confluencia con la vanguardia filosófica y literaria izquierdista que sumaba a Bataille, Kristeva o Deleuze y que aquí encontraba eco en la impronta cultural maoísta como en la revista Los libros y otras revistas del periodo.

Este panorama muestra para Canavese la polivalencia de los usos de Foucault, quiénes eran sus lectores en ese momento (psicoanalistas, psiquiatras, filósofos, escritores, críticos y artistas) y cómo se había instalado ya por canales públicos, aunque seguía fuera del sistema académico (66).

El capítulo 2 (“Lo real del encierro”) nos muestra quiénes leyeron a Foucault durante la dictadura genocida. Es ya un Foucault más reconocible, signado por el libro Vigilar y Castigar que permite un salto en su influencia. En un contexto de degradación cultural, con Ottalagano en la universidad y la censura y la quema de libros, Foucault apareció en varias instancias, y se leyó más de lo que a priori se podría creer. En empresas como la “universidad de las catacumbas” de Josefina Ludmer (72), pero también en otras de mayor publicidad e impacto, como la experiencia de APBA3 donde estaban Vezzetti y Tomás Abraham (74) o las elaboraciones de Vezzetti sobre la locura en la argentina publicadas en Punto de Vista (que continuó saliendo en plena dictadura aún después de la desaparición de los responsables de la organización de izquierda que impulsaba su publicación). E incluso su aparición en medios gráficos, como La opinión, o en lugares paquetes como la Alianza Francesa donde Enrique Marí dictó una conferencia sobre Vigilar y castigar. Hay páginas que describen cómo Marí leyó a Foucault para incidir en el campo jurídico. Y el interesante caso de “La escuelita” de arquitectura y estudios urbanos que produjo una renovación significativa del problema histórico del disciplinamiento de la población a través de la historia de la vivienda en Argentina y renovó la enseñanza de la disciplina con el retorno democrático (80). La heterogeneidad de esta presencia de Foucault en estos años es tal que puede aparecer sugerido en los suplementos culturales del diario masserista Convicción, como ser una de las influencias teóricas del libro La bemba con el que De Ípola reconstruye su experiencia de cómo circulan los rumores en las cárceles y centros de detención en los que el autor estuvo confinado. Aún así, había una afinidad evidente entre las temáticas de Foucault y el contexto de brutal represión, reclusión y asesinatos. Aunque Canavese se encarga correctamente de establecer las diferencias entre aquello que Foucault teorizaba y esta realidad. Invirtiendo los términos del clásico foucaultiano aquí los suplicios eran ocultos y se evitaba precisamente la ceremonia pública, mientras que el poder panóptico no tenía nada de secreto gradual ni oculto (98). Es el contexto el que determina aquí el peso de la interpretación. Pero también se vislumbra el problema de ver analogías posibles en casi cualquier fenómeno, que generará continua insatisfacción en los propios foucaultianos locales (Terán criticará la “maquinita Foucault” y Abraham señalará que “tampoco es una heladería Foucault”).

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En el capítulo 4 (el 3 lo retomaremos en el próximo apartado) aborda de lleno el problema de la recuperación democrática en la que Foucault se hace “parte del aire” (como titula el capítulo). Los tópicos de una agenda marcada por los derechos humanos son más compatibles con el giro humanista de Foucault y sus preocupaciones éticas. Al mismo tiempo, en momentos donde prima el balance del fracaso del asalto al cielo setentista se impone la politización sobre la vida cotidiana (como sustituto de la imposibilidad de toma del poder del Estado) y se expande una “rebelión del coro”, como la llamó José Nun, en la que movimientos de sectores oprimidos, minorías sexuales, nuevos movimientos sociales, feministas y minorías étnicas son leídos como transgresión y micro-resistencias. Es en este momento que Foucault ingresa en la academia, más por el lado de las ciencias sociales y la psicología que en filosofía (donde es ninguneado) e historia (donde su apropiación se circunscribe inicialmente a la historia intelectual nacional). Al mismo tiempo la veta nietzscheana del texto foucaultiano comienza a ser más leído, acompañado de Deleuze, y algunas personalidades académicas (como Abraham) codifican el ataque al marxismo.

La influencia de este Foucault, ciertamente nihilista, gana peso en revistas universitarias y estudiantiles basistas o anarquizantes, aunque también en figuras mucho más interesantes como Néstor Perlongher. La trayectoria del militante del Frente de Liberación Homosexual, ex militante trotskista, luego anarquista, poeta y sociólogo es otro “caso” productivo. Analizó la “prostitución viril” en San Pablo y los cambios en el mundo homosexual a partir del SIDA y el travestismo en oposición a los estereotipos binarios (169).

Considerada globalmente esta emergencia de Foucault encuentra su sitio privilegiado en los ‘90 acompañando un desarme político de la izquierda, de la que se quejaban incluso los peronistas de Unidos al decir que “pichones de arqueólogos” discurseaban acerca del poder dando lo mismo que circule “en una cancha de pelota-paleta a que se ejerza impunemente a través del Australazo” (160). La instalación de esta “moda” de la que los medios dieron cuenta y que se consolidó luego del ‘89 y la caída del muro, supuso la asimilación de Foucault al clima posmoderno de los ‘90 y su giro, ahora despolitizado, a lo privado.

Foucault y la crisis del marxismo local Para finalizar regresemos a un momento anterior situado en el centro del libro, y que es obviamente central para una revista de izquierda, como es el problema de la recepción particular o el ‘efecto Foucault’ en relación al marxismo, y especialmente a la “crisis del marxismo” que tiene lugar a comienzos de los ‘80 tanto en los exilios como en la producción local. En esta coyuntura específica en la que la revisión de los ‘70 y la crítica al

marxismo ocupan el centro de las reflexiones intelectuales, Foucault aparece como ruptura y a la vez como continuidad con Marx. La autora señala y repone cómo un mismo cuerpo de textos de Foucault es usado de modos divergentes, dando lugar a admisiones o impugnaciones de la relación Marx/Foucault.

Estas posibilidades están presentes ya en Foucault quién se presenta tanto como crítico (del marxismo, esencialmente, pero también de Marx) y como presunto apropiador.

Si esta ambigüedad ya estaba en el origen será el contexto el que defina su apropiación posible (107). Aparecen entonces 3 actitudes que dan cuenta de la relación de Foucault y el marxismo en el contexto local. Quienes lo ven como reemplazo al marxismo en crisis (usando el foucaultismo como un arma contra el economicismo teórico, el leninismo y la centralidad del Estado). Otros ven al contrario una articulación evidente entre Foucault y Marx y proponen articular la perspectiva clasista con la microfísica del poder. Y una tercera posibilidad es la que Canavese denomina un marxismo renovado, que propone realizar beneficio de inventario e incorporar los análisis críticos sobre las instituciones, pero señalando que carece de una articulación con un teoría del Estado que requiere los aportes de un marxismo enriquecido desde fines de los ‘70 al que ven ejemplificado en la relación de Poulantzas con Foucault. Esta posición está ejemplificada en la compilación Disparen sobre Foucault donde los compiladores solicitan incorporar a Foucault nada menos que los conceptos de clase o Estado que éste explícitamente rechaza.

La exposición de este problema se hace a partir de la polémica que tiene lugar en la revista Punto de Vista en 1983 donde Oscar Terán propone una “invitación al posmarxismo” a partir de reseñar favorablemente el libro El discurso jurídico (donde escribe entre otros Marí quién no ve rivalidades entre marxismo y foucaultismo) señalando que ya debería abandonarse la instancia materialista de la “última instancia” que nunca llega.

La respuesta la proveyó precisamente Sazbón señalando que los sintagmas “metafísica de la presencia”, “micropoderes” o “descentramiento del sujeto” no son menos enigmáticos que “última instancia”, pero que no se los cuestiona porque son célebres en el panteón posestructuralista (126). Para Sazbón se intentaba reemplazar una supuesta certeza anterior de la “última instancia” (que tenía un lugar central en el althusserianismo) por un “constitutivismo sin sujeto” que comprometía no solo una lectura determinista sino al marxismo en su conjunto (la argumentación tiene una afinidad inconfundible con Tras las huellas del materialismo histórico que Perry Anderson publicaba ese mismo año y con quién el filósofo argentino mantenía una amistad). La otra polémica que sirve para ejemplificar los usos es la que reproduce Juan Carlos Marín en La silla en la cabeza.

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Allí Marín responde a Abraham, entre otros, que los análisis de Foucault acerca de la dominación de los cuerpos son no solo compatibles con Marx, sino incomprensibles sin éste (este Foucault emparentado con el marxismo se instala en Sociología de la UBA con Marín y Susana Murillo). La temática del terror en Argentina como condición del disciplinamiento para instalar un nuevo modo de acumulación propone una continuidad sin quiebres entre Marx y Foucault y es un discurso que encuentra eco en los ‘80 en libros sobre la dictadura, en elaboraciones enmarcadas en organismos de derechos humanos y reflexiones teóricas sobre el poder y el análisis de las revoluciones como el libro de Roberto Jacoby.

Desde estas páginas tenemos más simpatía por la posición que señala que la ruptura de Foucault con Marx constituye una temática central. Esto no significa no considerar que el conjunto de la obra de Foucault tenga a Marx en la mira, de hecho lo tiene, pero en una perspectiva antagonista, contra el cual construye otra teoría del poder, de la historia y de la subjetividad. Ni tampoco dejar de reconocer los méritos que la politización de las disciplinas y las instituciones efectuada por Foucault tiene, sino ponderarlos en una valoración global.

En un contexto de “crisis del marxismo” los límites de un subjetivismo sin sujeto ni estrategia, que ve en la historia siempre “el conjunto aleatorio y singular del suceso” no podían dejarse de lado4. En una mirada retrospectiva Sazbón mostraba como ya en 1966 Foucault (y también Derrida) contraponían la herencia de Nietzsche con Marx abriendo la transición post-estructuralista (Sazbón, 2009)5. Evaluar la productividad o el eclecticismo de cada posición requiere un análisis más detenido del conjunto de obras producidas bajo el influjo de ellas, lo que a su vez requiere inmiscuirse en un análisis crítico del propio Foucault. La reconstrucción histórica propuesta es un marco promisorio que aporta elementos para una querella aún en curso ya que el contexto más reciente es uno en el que los conceptos foucaultianos de control social, biopolítica y gubernamentalidad (dominantes en los Cursos inéditos y otros materiales que siguen publicándose actualmente), siguen presentes generando usos y querellas metodológicas, teóricas y políticas.

1. Buenos Aires, Siglo XXI, 2015. Los números de página se indican entre paréntesis.

2. “Ecos de la Guerra fría en el campo psi”, Juan Duarte, IdZ 28, abril 2016.

3. Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

4. Foucault, Nietzsche, la genealogía y la historia, Valencia, Editorial Pre-textos, 2008.

5. “Razón y método: del estructuralismo al postestructuralismo” en Nietzsche en Francia, Bernal, UNQUI Editorial, 2009.

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Ilustración: Juan Atacho

A propósito de la reedición de El Cordobazo… de James Brennan

El clasismo y el mundo del trabajo EDUARDO CASTILLA Comité de redacción La Izquierda Diario.

La imagen de tapa impacta: dos perros intentan morderse furiosamentente. Se trata de dibujos. Por eso es posible ver en el interior de cada animal a seres humanos. Dentro de un perro, policías con escudos y armas; dentro del otro, obreros arrojándoles piedras.

Las bestias están sueltas, de Lidia Kalibatas, ilustra la nueva edición de El Cordobazo: Las guerras obreras en Córdoba1, clásico libro del investigador estadounidense James Brennan, que volvió a editarse a casi 20 años de su primera aparición en castellano.

El Cordobazo… se centra en el análisis de la dinámica de los acontecimientos políticos y sociales que recorrieron Córdoba desde mayo de 1969 hasta el golpe militar de 1976.

Un libro que, por su abundante información,

puede ser abordado desde diversos ángulos.

Aquí señalaremos solo algunos, pero que resultan fundamentales a nuestro entender.

Córdoba: cuna de luchas obreras Empecemos por el final. Brennan cierra su libro con una definición tajante: El programa económico y las políticas laborales castrenses lograron hacer lo que los peronistas, las empresas automotrices y los anteriores gobiernos militares no había podido hacer, es decir domar a Córdoba (p. 402).

La afirmación, sin embargo, es incorrecta. Lo que pudo “domar” a la clase trabajadora cordobesa –para ser precisos– fue el

genocidio de clase iniciado en marzo de 1976, mediante el uso de centros clandestinos de detención, secuestros y desapariciones a escala masiva. Las políticas de “desindustrialización” solo vendrían después.

La definición permite acusar una cuestión esencial para abordar una lectura del libro. El autor pone en el centro del análisis la fábrica y los procesos productivos correspondientes, el mundo del trabajo en un sentido restringido2.

Brennan presentará un panorama extenso y detallado del trasfondo económico y social de la provincia. Una rápida industrialización, el desarrollo de un joven proletariado vinculado a las zonas agrarias, normas laborales regidas por la disciplina militar, un enorme peso de las multinacionales imperialistas y la relación

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con el movimiento estudiantil –heredero de la tradición reformista de 1918–, son algunos de los elementos que aportan a catalogar las peculiaridades cordobesas.

El libro abordará además el desarrollo de las relaciones internas entre las distintas alas sindicales provinciales, tanto antes como después de Mayo del ‘69.

Parte sustancial del trabajo está dedicado al relato de los acontecimientos que se desplegarán hasta el momento mismo del golpe del ‘76. El autor no cejará en los detalles, la crónica de los hechos, las posiciones y la actuación de dirigentes y corrientes políticas. En particular, centrará su estudio en las distintas expresiones del clasismo cordobés.

El Cordobazo…resulta atractivo entonces como texto en función de indagar en el período más revolucionario de nuestra historia.

Pero encuentra sus límites a la hora de explicarlo en su dinámica general.

Determinaciones Brennan explicará el clasismo esencialmente por las determinaciones directas del proceso de trabajo en las plantas automotrices, en el marco del peso social de las mismas.

Señalará que los trabajadores mecánicos tenían una abundante experiencia compartida a partir de su vida laboral, experiencia que arrastró a algunos hacia el clasismo, una ideología que habría tenido menos peso si Córdoba hubiera experimentado un desarrollo industrial más diversificado y si la clase obrera hubiera estado menos concentrada en las industrias mecánicas (p. 75).

En el mismo sentido, más adelante agrega En las plantas automotrices se modelaron un nuevo conjunto de relaciones y una nueva visión del mundo. El boom industrial de Córdoba introdujo a una mano de obra joven, en gran medida inexperta y no calificada, en un ambiente laboral particular (…) La vida en la fábrica se convirtió en el principal vínculo social de los trabajadores, llegando a eclipsar la importancia de las instituciones obreras como la familia o la barriada (…) los trabajadores mecánicos cordobeses adquirieron una visión de la sociedad y de su propio lugar en ella, un complejo conjunto de actitudes formados por la experiencia del trabajo y al que daban significado la cultura política del país y la interpretación política e ideológica hecha

por el sindicato del status de los trabajadores como productores en un país agudamente dividido según líneas de clase (pp. 109-110).

La extensa cita pone de manifiesto una concepción donde las dimensiones política y social pierden jerarquía en el análisis o funcionan como un trasfondo general de la construcción de la experiencia obrera.

Sin embargo, a lo largo del libro se hará evidente que el autor está obligado a recurrir a la dinámica política “externa” a la fábrica para dar cuenta del desarrollo de los acontecimientos, poniendo en evidencia los límites de su concepción.

Clasismo y radicalización obrera Acorde a la lógica que ubica en el centro de la experiencia obrera al mundo del trabajo, Brennan buscará permanentemente poner límites al proceso de radicalización política de la clase trabajadora, oponiendo una conciencia revolucionaria o socialista a una conciencia esencialmente sindicalista.

En el caso del clasismo, buscará objetivarlo como un fenómeno sostenido en la representación sindical honesta que ejercían los dirigentes en relación a las bases. Afirmará, por ejemplo, que Más que como un movimiento de los trabajadores revolucionarios, el clasismo de estos primeros meses debe ser entendido como un movimiento de bases firmemente enraizado en los problemas de trabajo (p.208).

En el mismo sentido dirá que Si bien muchos de ellos buscarían ulteriormente explicaciones políticas para comprender las intensas luchas en las que estaban envueltos, ninguno se había sentido atraído a la rebelión (…) por lo que razonablemente podrían llamarse razones políticas (p.201).

Sobre el SMATA de Salamanca señalará que la Lista Marrón se presentó como “neoclasista”, en una suerte de continuidad con cambios en relación a sus predecesores en Fiat.

En ese marco, afirmará que entre los errores advertidos se contaba la miopía política, expresada en la forma de tácticas maximalistas que habían aislado a SITRAC-SITRAM (…) otro error había sido la precipitación del trabajo político (…) antes de que se hubieran consolidado los logros gremiales en el lugar de trabajo (p. 263).

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Es ampliamente conocido que el clasismo en Fiat significó un desafío al mando patronal al interior de las plantas. El SMATA de Salamanca repetiría esa experiencia.

Ese cuestionamiento al control del capital en la fábrica constituía, más allá de la conciencia de los propios trabajadores, un hecho revolucionario. Ponía en discusión la potestad capitalista de decidir los ritmos y los métodos de trabajo, es decir cuestionaba el control del proceso de producción de plusvalía3.

Esa creciente rebeldía obrera empujaba además el desarrollo de corrientes antiburocráticas en otros sectores del movimiento obrero.

Fue esto lo que motivó la decisión burguesa de barrer con esas experiencias. De allí que el autor se vea obligado a señalar que La rebelión de los trabajadores de Fiat no fracasó a causa de una justificada posición en política (…) sino porque desafió seriamente a una de las empresas extranjeras más poderosas e influyentes del país, y porque los sindicatos surgieron como la más grave amenaza obrera al Estado en el plano nacional. Esta amenaza se hizo tanto más real (…) tras el Viborazo (p. 231).

Lo mismo ocurrirá con el SMATA bajo conducción de Salamanca. Una huelga iniciada en junio de 1974 será la excusa para la intervención de la seccional cordobesa en el mes de agosto. Relata el autor que el 8 (…) el SMATA central expulsó del sindicato a Salamanca y al resto de los 22 miembros del comité ejecutivo cordobés y decretó la suspensión de la seccional (…) Siguiendo órdenes gubernamentales, el Banco Central congeló los fondos sindicales en todo el país, en tanto Simó y el Ministerio de Trabajo de Córdoba ignoraron las peticiones para que se impugnaran las medidas del SMATA central (p. 315).

Para derrotar estos procesos fue necesaria la intervención conjunta del gobierno, la burocracia sindical y la patronal, apelando a métodos abiertamente represivos. En el caso de SMATA, eso ocurrió a pesar de los intentos de moderación política por parte de la conducción de Salamanca y el PCR. Los ataques brutales sobre los sectores más combativos de la clase trabajadora se repetirán en relación a otras organizaciones obreras, como Luz y Fuerza o la UTA4, por citar » solo dos ejemplos.

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La creciente radicalización de amplias capas obreras –en la provincia y en el país– superaba el mero horizonte de la “representación sindical honesta”. Se tornaba cada vez más evidente que los sectores combativos del movimiento obrero cordobés desafiaban políticamente al gobierno peronista y su plan de orden al servicio del empresariado. Solo en ese marco es posible entender el Navarrazo, golpe militar que derrocó al gobierno de Obregón Cano y Atilio López para facilitar la represión generalizada en la provincia5.

El peronismo y la conciencia obrera Brennan, al atenuar las contradicciones y tensiones sociales en aras de hacer primar las determinaciones del proceso productivo, ve en las derrotas del clasismo un error de apreciación de fuerzas de los propios dirigentes, que subestimaron el peso de la conciencia peronista en las bases obreras.

Sin explicitarlo abiertamente, a la radicalización de los clasistas contrapondrá un supuesto carácter realista de la política sostenida por Agustín Tosco, de privilegiar una alianza duradera con el legalismo de Atilio López y la izquierda peronista.

Así, en el caso de Fiat, el autor censurará a los clasistas por sus críticas hacia el dirigente de la UTA6, mientras que en relación al SMATA de Salamanca criticará el llamado a votar en blanco en las elecciones presidenciales, proponiendo en su lugar una posición similar a la de Tosco7.

Brennan sostendrá una visión donde la conciencia peronista de la clase trabajadora aparece como inmutable. Como resulta lógico, el mundo del trabajo, por sí mismo, no podía alterar esa situación8.

Pero el carácter revolucionario del período abierto a partir del Cordobazo9 ponía en cuestión esa identidad. A partir del retorno del peronismo al poder, en marzo de 1973, se verá un creciente choque de éste con la clase trabajadora movilizada. Choque que alcanzará su punto más alto en las jornadas de junio y julio de 1975, proceso al que el autor le dedica escasas páginas.

En ese marco, toda política que no se propusiera la superación de la conciencia peronista

entre los trabajadores se tornaba utópica e impotente. La política de alianza entre Tosco y Atilio López10 se evidenciaba estéril ante el avance de la derecha peronista y el accionar contrarrevolucionario del orden burgués.

Un análisis así permite además, arribar a conclusiones políticas y estratégicas de las vías alternativas que podrían haber permitido, en aquellos años, el triunfo de la clase trabajadora sobre el poder de la clase capitalista.

Debates En su crítica de 1998, Nicolás Iñigo Carrera señalaba correctamente la casi nula conceptualización que recorre El Cordobazo….

Brennan, en su respuesta ratificó lo central de sus ideas, aunque introdujo aclaraciones que matizan las afirmaciones más categóricas del libro.

Sin compartir completamente las críticas de Iñigo Carrera, nos parece correcta aquella que indica lo limitado de las hipótesis explicativas desarrolladas por Brennan.

Los capítulos dedicados al mundo del trabajo, detallando milimétricamente el funcionamiento de los mecanismos de producción en el interior de las plantas, están lejos de permitir explicar la dinámica de las luchas que se dieron en el período.

El mismo Brennan afirmará, recién en las páginas finales de su libro, que la mera correlación entre las difíciles condiciones de trabajo y la militancia obrera tiene limitaciones evidentes como herramienta analítica y contribuye en poco a explicar las razones de la militancia de los trabajadores mecánicos en general y de los sindicatos cordobeses en particular. Las arduas condiciones laborales de la industria solo son relevantes cuando se las pone en su contexto social y de base fabril (p. 348).

La definición es contundente. Lo irónico es que la realice el propio autor del libro.

Solo un abordaje que ponga en el centro del análisis la dinámica revolucionaria del conjunto del período –en Córdoba y en todo el país– puede permitir una comprensión más cabal de la peligrosidad que procesos como el clasismo, significaron para la clase capitalista en su conjunto. Ahí deben buscarse las razones de la brutalidad desplegada a partir de marzo de 1976.

1. El Cordobazo: Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Ciudad de Buenos Aires, Waldhuter Editores, 2015. Las referencias a las páginas de esta edición se harán entre paréntesis.

2. “El argumento, resumiéndolo a lo básico, es que un cierto proceso de industrialización y las resultantes prácticas sindicales se combinaron para formar tradiciones sindicales que condujeron a una lucha por el control del lugar de trabajo (…) es un estudio del trabajo como un mundo en sí mismo”.

“Respuesta a Nicolás Iñigo Carrera”, Anuario IEHS 13, 1998. La respuesta de Iñigo Carrera, “La historia ¿Ciencia o Literatura? A propósito de la respuesta de James Brennan”, se encuentra en el mismo número.

3. Para un análisis profundo del clasismo en sus potencialidades y límites ver La experiencia del clasismo cordobés, Walter Moretti y Mónica Torraz. Anexo en Insurgencia obrera en la Argentina, Ediciones IPS-CEIP, Tercera edición en imprenta.

4. Atilio López, ex vicegobernador de la provincia y principal referente de los choferes de ómnibus, será brutalmente asesinado por la Triple A en setiembre de 1974.

5. Sobre el Navarrazo se puede consultar “El PST en la mira de las Tres A. Un debate con la política del ‘Frente democrático’” en IdZ 24. Octubre 2015.

6. “SITRAC y SITRAM no tenían una comprensión completamente justa de las realidades de la política laboral local (…) la posición de Atilio López y los legalistas en la CGT local seguía siendo vulnerable” (224) 7. “…los clasistas podrían haber adoptado una posición más fructífera, similar a la de Tosco, apoyando la aceptable fórmula del FREJULI cordobés y manteniendo al mismo tiempo una distancia crítica con respecto a Cámpora” (261).

8. Un desarrollo más profundo sobre la conciencia de la clase obrera argentina puede verse en “Apuntes sobre la ‘doble conciencia’”, IdZ 5, noviembre 2013.

9. Para un desarrollo profundo del conjunto del período ver Insurgencia Obrera en la Argentina 19691976, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2009.

10. Sobre esta discusión hemos escrito –polemizando con Iñigo Carrera y otros autores– en “Tosco y el peronismo en los ‘70”, IdZ 15, noviembre 2014.

I dZ Mayo

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A propósito de Energy Flash, de Simon Reynolds

superficieS de placer

JUAN DUARTE Comité de redacción.

El fenómeno de la música electrónica despierta pasiones encontradas. Desde el fervor de masas de cientos de miles de jóvenes que asisten en todo el mundo a las raves y los clubes donde se presentan sus DJ favoritos y las radios especializadas, hasta diferentes ángulos de rechazo e impugnación.

Ahora bien, cuando intentamos un primer acercamiento al fenómeno nos encontramos con la ausencia de literatura especializada que le otorgue un estatus cultural digno de análisis y aborde el tema en su complejidad. En este sentido, Energy Flash1 resulta una agradable excepción. Simon Reynolds, periodista musical inglés que ha abordado desde una perspectiva crítica otros géneros como el rock y el post punk, se propone en este libro publicado originalmente en 1998, ampliado y actualizado en 2013, historizar críticamente lo que denomina cultura rave y música dance. Lo hará desde una posición de “observador participante”.

El autor parte de varias tomas de posición.

Acaso la más llamativa resalte por el nivel de hipocresía que encontramos hoy al resepcto.

Se trata, del lugar que asigna a las drogas, en particular éxtasis, o MDMA (metilendioxietilamfetamina) en su análisis. Reynolds disecciona, a la largo de todo el libro, la relación de unidad indisociable entre la música y el baile bajo los efectos de aquellas, siempre situándola en contextos sociales, económicos y políticos determinados, y en relación a las “restricciones” técnicas de producción musical. Pero, al mismo tiempo, “el rave es más que música + drogas; es una suma de un estilo de vida, un comportamiento de tipo ritual y unas creencias” (p. 27).

“Todo empieza por M(DMA)”, titula Reynolds su prólogo y comienza por historizar el surgimiento del MDMA, sus usos militares y terapéuticos previos y sus efectos y

confluencia casual con la música house y techno que dieron lugar a la cultura rave a principios de los 1980. En el medio aparecerá la ilegalización de la droga (en 1988 en EE. UU., y en 1977 en Gran Bretaña). Al respecto, aún resaltando notablemente aspectos negativos, toma abierto partido por su legalización, denunciando al prohibicionismo estatal que perjudica sobre todo al consumidor y constituye un negocio para los narcos.

Autodefiniéndose como “de izquierda y liberal”, se pregunta si el uso recreacional de las drogas es algún tipo de base aceptable para una cultura, o incluso una contracultura: ¿El rave es, simplemente, una disipación de energías utópicas en el vacío o el idealismo que cataliza se derrama sobre la vida cotidiana y la transforma? Aprender a ‘perderse’ puede resultar revelador, pero también puede ser egoísta, aunque parezca extraño: una avaricia por vivir experiencias intensas y cautivadoras. (p. 28)

Al respecto, señala que A pesar de que en apariencia es de naturaleza escapista –dice–, en realidad el rave me

ha politizado y me ha hecho reflexionar sobre cuestiones de clase, raza, género y tecnología.

En su mayor parte carece de letra y casi nunca es abiertamente política, pero la música rave –como el dub reggae y el hip hop– utiliza el sonido y el ritmo para construir paisajes psíquicos de exilio y utopía. Uno de los tema de este libro es la dialéctica utópica/distópica que subyace en la cultura del éxtasis, la forma como el deseo de encontrar un cielo en la tierra casi siempre conduce a una fase ‘oscura’ de abuso de drogas y paranoia. (p. 29).

Esa tensión constante irá tomando forma concreta en los diferentes momentos históricos que recorre el libro, que van desde el auge neoliberal tatcherista-reaganiano (lo más detallado y acabado del análisis), hasta nuestros días.

El libro consta de 26 capítulos ordenados cronológicamente. La descripción profusa de cada género ubicado en su contexto hace que la densidad informativa sea alta y el autor pone especial acento en describir los efectos (físicos, psíquicos, etc.) de la música en los diferentes públicos. Aunque son inseparables, un error común en muchos críticos es el de desligar ambas cuestiones. En este punto »

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Cultura Música

Reynolds se apoya en el concepto de escenio (Brian Eno), que implica “música activada y potenciada cuando forma parte de una matriz subcultural.” (p. 627) En un primer bloque, Reynolds recorre el surgimiento en EE. UU. y las dos primeras oleadas en Gran Bretaña. Los tempranos 1980 ven surgir en Detroit a los “rebeldes del techno”2, jóvenes DJ negros de clase obrera industrial que, rebelandose contra la oleada anti música disco3 e influenciados por la música electropop alemana (Kraftwerk sobre todo, proveniente también de un medio industrial), crearon el techno con su banda Cybotrón en un intento por distanciarse del gueto. No hay drogas todavía. Sí las habrá pronto muy cerca, en Chicago, donde de un DJ negro, Frankie Knuckles, influenciado por el eurodisco alemán de Giorgio Moroder, comenzará a hacer estallar con su estilo The Warehouse, club de baile negro y gay, dando lugar al house, que pronto desarrolló un sub estilo, el deep house, en el cual el orgullo gay tomó el centro. Las cajas de ritmo, con sus bases percusivas y sus líneas de bajo, y el sintetizador Roland 303, obsoleto hasta entonces, encontrarán un nuevo uso, dando lugar al acid house. A su vez, ahora en Nueva York hacia fines de la década, Knuckles desarrollará un deep house orientado a la canción en el club The Paradise Garage, dando lugar al estilo garaje. Serán los centros más representativos de escenas mucho más extensas.

Mientras, en Londres, donde el house había entrado en pequeños clubes gay, un grupo de DJs encabezado por Paul Oakenfold, buscará emular el estilo “balear” de un DJ argentino emigrado a Ibiza durante la dictadura, Alfredo Fiorito. Junto con el sonido balear, llegará también el MDMA masivo, y la proliferación de clubs de baile. El público ya no era sólo gay, sino ahora también heterosexual y expandiendo esos códigos de conducta previos hacia una juventud más amplia proveniente de sectores obreros.

Gracias al éxtasis –señala el autor– todas las barreras de clase, de raza y de preferencias sexuales iban cayendo […] la rivalidad territorial –manifestada por las hinchadas de futbol– se disipó. (p. 86).

Reynolds traza puntos de contacto con el fanatismo futbolístico y señala que ...en los ochenta, con una tasa de paro elevadísima y la derrota de los sindicatos por parte de Thatcher, el partido de futbol y la

warehouse party ofrecían a la clase trabajadora una de las pocas oportunidades de experimentar una sensación de identidad colectiva: la pertenencia a un ‘nosotros’ en lugar de a un impotente y atomizado “yo”. (p. 91)

El subgénero acieed, “curiosamente apolítico” y rebosante de hedonismo, fue señalado por algunos como un producto más de la rendición que de la resistencia. Serán los tiempos del llamado segundo “verano del amor” (1988/89). Surge así el “raving” (palabra que venía de la cultura de baile negra en Gran Bretaña, y de Jamaica). Las fiestas en naves industriales se hicieron de masas, la prensa comenzó disparar contra la droga misma y criminalizar al consumidor y rápidamente la movida se mercantilizó, bajo regulación estatal, de la mano de empresarios y mafias.

Más adelante, el eje del análisis se traslada a Manchester, de gran población universitaria y la mayor comunidad gay después de Londres, donde el club The hacienda va a tomar el estilo balearic (incluido el MDMA) y el acid house, dando lugar a otros clubes en la zona norte, de composición obrera, extendiendo al acid house por todo el norte de Inglaterra. “Somos los hijos de Tatcher”, decía el cantante de Happy Mondays, parte de toda una generación de bandas plebeyas (punks blancos con éxtasis e ideología “positiva”) de “Madchester” como The Stone Roses.

A principios de los ‘90, Reynolds ubica la segunda oleada, que va a dar lugar al surgimiento de un house hardcore propiamente británico (ligado a otros “ritmos callejeros” como el hip hop), caracterizado por oscilaciones de baja frecuencia y un tempo cada vez más acelerado (llegando a extremos en el ’ardkore). Este será comparado con el surgimiento del punk y el heavy metal en los 1970, y tendrá incluso un costado politizado de la mano de DJ jóvenes negros, “hiphoperos desencantados inspirados por la justificadas ideas políticas de Public Enemy pero cansados de su producción musical, cada vez más formal.”(p. 159). Ya para 1993, el autor ubica el momento del “descenso a la oscuridad”, el “brusco final” de la luna de miel con el MDMA, traducido musicalmente en la proliferación del dark house. El bajón (social) relacionado a las drogas será un tópico recurrente en esta historia.

En un segundo bloque, el autor va a recorrer el desarrollo de la cultura rave en EE. UU. entre 1990 y 1997, desde el trip hop, el drum and bass, el sampleo y speed garage, hasta el trance. Y en un tercer bloque hurgará desarrollos

como en la “cultura dj” y el revival de los ochenta. Finalmente el autor se centra en la Electronic Dance Music y el “triunfo del rave en EE. UU.”. Sobre este último (la escena que emergió en nuestro país desde la llegada de las grandes fiestas como Creamfields, Reynolds es muy crítico. Las principales tendencias de la cultura rave original, a saber, la fe en el underground o un neo “hazlo tu mismo” que lo aproximaba al punk y evitaba el mainstream; la droga como fuerza potenciadora de la conciencia y socialmente curativa; y la idea de futuro, están ausentes.

A lo mejor –señala– los jóvenes están divirtiéndose como si no hubiera un mañana porque parece que no hay efectivamente un mañana. Cuando ni siquiera hay un trabajo de mierda o cuando (si logras ir a la universidad) acabas los estudios cargados de deudas sin siquiera poder llevar una vida convencional… es difícil construir una imagen del futuro. (p. 682)

Finalmente intenta una suerte de balance político del movimiento, señalando que “fueran cuales fueran los compromisos políticos de los ravers, en la vida del mundo exterior, el espacio del raving en sí mismo es un refugio de las luchas del mundo real.” (p. 636). No obstante se apoya en autores como Foucault, Bataille y el situacionismo, para resaltar aspectos opuestos a la normalización burguesa como el ocio improductivo de actividades que la sociedad burguesa considera que deben invertirse productivamente.

En definitiva, el vasto e infatigable recorrido de Reynolds cumple con su intento de aportar un tratamiento del fenómeno en toda su complejidad, y al ubicarlo desde una mirada más amplia permite captar bastante de su originalidad. Acaso se podría esperar un énfasis más detallado respecto a otros movimientos juveniles del período analizado, pero eso ya sería otro libro. Para quien se proponga entender la cultura rave, constituye un muy buen punto de partida.

1. Barcelona, Editorial Contra, 2014. Las notas al pie de esta edición se indicarán entre paréntesis.

2. Así se hacían llamar, en referencia al libro La tercera ola, de Alvin Toffler.

3. El fenómeno “disco sucks”, en el cual se llegó a organizar una quema de 100mil discos en un estadio de beisbol en Chicago en 1979.

IdZ Mayol

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Ha vuelto, de David Wnendt

Mythos Film/Claussen Wöbke Putz Filmproduktion/Constantin Film Produktion, Alemania, 2015.

Esteban Mercatante Comité de redacción.

¿Qué pasaría si por algún motivo Adolph Hitler despertara de un coma en la Berlín actual, con el encierro en su bunker, rodeado de tropas aliadas, como último recuerdo? Esa es la pregunta que dispara la trama de Ha vuelto, película de David Wnendt basada en el libro homónimo de Timur Wermes, que puede verse desde hace unas semanas en Netflix.

Hitler y la Segunda Guerra Mundial constituyen un terreno muy fecundo para la imaginación de realidades alternativas, y este tópico ha nutrido ampliamente la ciencia ficción. Hitler victorioso, de Gregory Benford, El hombre en el castillo de Philip K. Dick y Patria, de Robert Harris, son novelas cuyas tramas ocurren en un mundo donde se produjo una derrota de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. También están quienes se preguntan qué hubiera pasado si Hitler no hubiera llegado a ser el Führer: Norman Spinrad lo dibuja en El sueño de hierro como un escritor de ciencia ficción de segunda emigrado a Estados Unidos. También podríamos incluir dentro de este género de ucronías centradas en Hitler a Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino, en donde la Segunda Guerra Mundial la pierde el Eje, pero sin desembarco en Normandía: la conflagración termina con la muerte de Hitler en 1944 en un cine a causa de un comando especial infiltrado en la Francia ocupada por los alemanes.

La premisa del film de Wnendt, y de la novela en que se basa, es que la historia es tal como la conocemos, pero por algún motivo desconocido incluso por el propio Hitler, éste no murió como se piensa en su Bunker sino que viajó en el tiempo hasta el año 2011. El Führer derrotado, asediado por las fuerzas aliadas, se despierta para su sorpresa en una Berlín donde no hay rastros de la destrucción bélica ni del enemigo. “¡La gente parece haberse vuelto loca!”, reflexiona descolocado ante la ausencia de indicios de la guerra. “¿Caí en coma y me perdí la victoria?”, se pregunta mientras contempla el tránsito de brillosos autos último modelo y el apacible tránsito de la gente en las calles. En la puerta de Brandeburgo el otrora temido jefe del Tercer Reich

se verá confrontado, pero no con sus enemigos sino con multitudes que buscarán pararse a su lado para tomar capturas con unos extraños aparatos diminutos. “Hitler Kaput”, dirá alguno risueñamente. No faltará quien venga a repudiar la ocurrencia de este señor de adoptar el disfraz de tan ominosa figura para entretener a los turistas, pero más son los que celebran la ocurrencia de este bigotudo intérprete.

El personaje no pasa mucho rato en este estado de estupor. Se informa ávidamente de todo lo que ha ocurrido en los casi 70 años desde la derrota en la guerra, y traza un panorama de la actualidad. Los ácidos comentarios que realiza sobre los líderes actuales, empezando por la canciller Angela Merkel (“una torpe mujer con el carisma de un fideo mojado”), sobre los medios y los programas de entretenimiento, y sobre otros variados aspectos de la sociedad contemporánea, son uno de los puntos más jugosos que dan ritmo a la primer parte de este film políticamente incorrecto.

Hitler superstar

Como podemos imaginarnos, esta avidez del dictador para hacerse de un estado de situación está guiada por un interrogante: ¿cómo conquistar nuevamente a la sociedad alemana? La respuesta no será otra que mediante una blitzkrieg sobre los medios.

Ayudado por un reportero de TV desempleado y con aspiraciones de documentalista, que apostará a encarrilar su carrera de la mano de quien parece ser uno de los más fieles imitadores de Hitler (tanto que en ningún momento se sale del personaje), Adolph sale a la calle, habla con la gente, y lo sube a Youtube. Los videos, rápidamente viralizados en las redes, lo mostrarán conversando amenamente con jóvenes y viejos, trabajadores, amas de casa, comerciantes y borrachines, en plazas, calles, y tabernas. El presunto imitador del dictador conversa sobre los problemas de “la gente”: la crisis devastadora, la pérdida de identidad nacional, la oleada de inmigrantes y la amenaza del yihadismo. Un aspecto interesante del film es que estas entrevistas que forman parte de la ficción fueron realizadas utilizando el recurso del falso documental, y fueron grabadas casi sin guión, aunque sí partiendo de preguntas que apuntan –y logran con inquietante facilidad– que gran parte de sus interlocutores muestren empatía con las ideas del entrevistador. Oliver Masucci, el actor que interpreta a Hitler, comentará en una entrevista su sorpresa ante el hecho de que de las decenas de personas que interactuaron conmigo, solo dos mostraron una actitud realmente negativa. Un ciudadano de un barrio popular de votantes izquierdistas en Berlín, se acercó corriendo y me saludó quitándose el sombrero.

Otros muchos me saludaron con el saludo nazi o se hicieron selfies conmigo. Incluso muchas personas me confesaron su disgusto por los inmigrantes y se mostraron felices de mi vuelta. Una mujer llegó a confesarme que me amaba y me pidió un abrazo.

Hitler se convierte en una estrella mediática, las audiencias del programa que construyen a su medida se disparan, y las redes sociales arden de entusiasmo ante cada una de sus irreverencias. De esta forma la conquista del prime time y de la portada de todos los diarios se hace mucho más firme que el dominio que pudieran haber logrado alguna vez los ejércitos de su Tercer Reich sobre el continente Europeo.

La risa no es una cosa alegre

David Wnendt sostuvo que el principal objetivo de su película es hacer reír a los espectadores.

Los alemanes deben ser capaces de reírse de Hitler, en lugar de verlo como monstruo, porque esto los libera de la responsabilidad de sus actos y desvía la atención de su culpabilidad por el Holocausto.

Cuestión esta, de la “culpabilidad”, que daría para un largo debate1. Resulta sin embargo interesante cómo la película logra el objetivo de producir una risa inquietante, “el tipo de risa que te agarra de la garganta y casi te avergüenzas cuando te das cuenta de lo que estás haciendo”. En tiempos donde el recurso a la irreverencia y lo políticamente incorrecto es tan utilizado que ha perdido su filo revulsivo, el film se propone jugar al límite, mostrando cómo el recurso llevado al extremo permite producir una ácida crítica de la sociedad. Y la película gana más en los momentos en los que juega audazmente con el humor corrosivo.

Es un sentido común que la democracia está firmemente arraigada. Pero la facilidad con la que este Hitler retornado se encarama hacia las más altas jerarquías de celebrityland, diciendo sus verdades, que el público toma primero risueñamente como humoradas, y paulatinamente con más seriedad pero no por ello con desaprobación, representa un sacudón para estas certezas. Las mismas que vienen alicaídas por el auge de los partidos ultraderechistas en países como Hungría, Croacia, Polonia, Alemania y Francia.

1. Para una polémica con esta noción de culpabilidad del pueblo alemán, sostenida entre otros por la filósofa Hannah Arendt, puede leerse Andrea Robles y Gabriela Liszt, “El ‘totalitarismo’ y la ‘culpabilidad’ del pueblo alemán”, Lucha de clases 4, noviembre 2004.

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