Montes de María | Informe DDHH y DIH 2012-2013 by Ilsa En Red

MONTES DE MARÍA

Un escenario de riesgo para la exigibilidad de los Derechos de la población víctima del conflicto armado Informe sobre la situación de los Derechos Humanos (2012 – 2013)

MONTES DE MARÍA: Un escenario de riesgo para la exigibilidad de los Derechos de la población víctima del conflicto armado Informe sobre la situación de los Derechos Humanos (2012 – 2013) Autores EDWIN DE LOS RIOS – ILSA PATRICK LEFKADITIS - (ILSA – INTERTEAM) CRISTINA ALEJANDRA LUNA CAPA - ILSA ROSA MILENA RAMIREZ VARGAS - ILSA IRIA FOLGUEIRA CASTRO - Movimiento por la paz (MPDL) JULIA EVA COGOLLO CABARCAS – Movimiento por la paz (MPDL) Publicaciones ILSA Coordinadores EDWIN DE LOS RIOS CRISTINA ALEJANDRA LUNA CAPA Revisión de textos finales EDWIN DE LOS RIOS PATRICK LEFKADITIS ROSA MILENA RAMIREZ VARGAS IRIA FOLGUEIRA CASTRO Elaboración de mapas FRANCYS CÁRDENAS Fotografía de portada Autor: ILSA Imagen de la escuela que funcionaba en la parcelación de la finca “El Cucal” y que estaba ubicada en San José de Playón, corregimiento del municipio de Marialabaja (Bolívar), la cual dejó de funcionar luego de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraran, torturaran y asesinaran en Diciembre de 1997 al dirigente campesino Máximo Ariza Acosta, parcelero de “El Cucal”, quien fuera uno de los más importantes dirigentes y referentes organizativos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en la zona norte del departamento de Bolívar; este hecho asi como la orden de desalojo emitida por este grupo paramilitar al mando de alias “Juancho Dique”, generó el desplazamiento forzado de las 62 familias campesinas que desde entonces, se vieron obligadas a abandonar los predios que en 1993 les habían sido adjudicados por el Estado a través del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). Publicaciones ILSA Bogotá Junio de 2014

Esta publicación electrónica forma parte de un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y cuenta con el apoyo de INTERTEAM. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de ILSA, y no refleja necesariamente la opinión de la AECID ni de INTERTEAM.

CONTENIDO

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DEL CONTEXTO REGIONAL ACTUAL

LAS COMPRAS MASIVAS EN CONTEXTO DE ABANDONO Y/O DESPOJO

LA IMPUNIDAD: EXPRESIÓN PERMISIVA DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGION 28

ANÁLISIS DE ACTORES Y DE ACCIONES VIOLENTAS (PERIODO 2012 – 2013)

4.1

Acciones de violencia contra la población

4.2

Repartición temporal de acciones violentas y hechos atribuibles a grupos armados ilegales en la región 36

4.3

Tipo de víctimas de las acciones violentas

4.4

Ubicación de los hechos violentos o relacionados con grupos armados ilegales registrados por municipio durante los años 2012 - 2013 43

4.5

Acciones intimidatorias (amenazas) contra liderazgos y organizaciones sociales

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS MONTES DE MARÍA

CONCLUSIONES

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE MAPAS Mapa 1. Ubicación geográfica de la región de los Montes de María Mapa 2. Municipios y subregiones Mapa 3. Ubicación geoestratégica y rutas de tráfico de estupefacientes en los Montes de María Mapa 4. Presencia de grupos armados sucesores de las AUC (2012 – 2013) Mapa 5. Zonas en las que se registró presencia de grupos armados ilegales en Montes de María Mapa 6. Zonas de acceso al Golfo de Morrosquillo con sucesos violentos

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Presencia de grupos rearmados de paramilitares por municipios (2011) Tabla 2. Montes de María: Presencia de grupos armados sucesores de las AUC (2012 – 2013) Tabla 3. Personas que denunciaron amenazas en el marco de procesos de reclamación de tierras Tabla 4. Líderes reclamantes asesinados en Montes de María (2006 - 2013) Tabla 5. Víctimas de amenazas durante los años 2012 - 2013

ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Porcentaje de acciones y de hechos asociados a grupos armados sucesores de las AUC (Periodo 2012 – 2013) Figura 2. Porcentaje de hechos violentos registrados en la región y presuntos responsables (Periodos 2012 – 2013) Figura 3. Distribución de responsabilidades en la categoría “actores violentos vinculados a la restitución” Figura 4. Acciones violentas o hechos atribuibles a grupos armados ilegales Figura 5. Tipos de víctimas identificadas en las acciones violentas (Periodo 2012 – 2013) (Periodo 2012 – 2013) Figura 6. Hechos atribuibles o relacionados con grupos armados por municipio Figura 7. Tipo de acciones contra la población registradas entre el periodo 20012 - 2013 Figura 8. Acciones intimidatorias (amenazas) contra liderazgos y organizaciones sociales Figura 9. Víctimas de amenazas durante el periodo 2012 - 2013 Figura 10 Víctimas de violencia sexual por municipio Figura 11 Víctimas de violencia sexual por año

Página 13 14 15 21 45 48

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Página 22 34 35 36 43 43 49 51 52 54 55

PRÓLOGO El Grupo de Derechos para la Paz, instituto sin personalidad jurídica independiente, constituido en el seno de la ONG española Movimiento por la Paz, formado por juristas de distinta procedencia, (magistrados, abogados, notarios, profesores universitarios, y juristas en general) y actuando en el marco del Convenio suscrito entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, la Corporación de Desarrollo Solidario –CDS-, y el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María-CCMM-Línea 21- y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos-ILSA, ha podido analizar con detenimiento el informe elaborado por esta organización, relativo a los años 2012-2013 sobre el contexto de riesgo para la exigibilidad de los derechos de la población víctima del conflicto armado en la región Montes de María (departamentos de Bolívar y Sucre, Colombia), valorando la situación de los derechos humanos en dicha región durante los referidos años. A la vista de dicho informe, así como de los anteriores elaborados igualmente por ILSA sobre la misma área, hemos creído necesario apoyar plenamente el mismo, remarcando aquellas circunstancias que creemos más importantes y presentando, a modo de complemento, unas conclusiones que se derivan del análisis del citado documento. Como se pone de relieve en este informe de ILSA de valoración de la situación de los Derechos Humanos en los Montes de María de 2012-2013 y, sobre todo, teniendo a la vista el anterior sobre las mismas cuestiones del año 2011, la preocupación básica es la señalada en el capítulo III relativo a la impunidad como expresión permisiva de la violación de los Derechos Humanos en la región, que reitera lo ya indicado en el número 3 del informe de dicha entidad del año 2011 sobre desplazamientos forzados, homicidios asociados al conflicto armado, amenazas a líderes y lideresas, nuevas modalidades de despojo y nuevos actores en el territorio. El tema de la impunidad e indefensión ya ha sido abordado previamente desde la perspectiva jurídica; de hecho La Fundación del Consejo General de la Abogacía Española elaboró un minucioso estudio con las recomendaciones pertinentes que estaba centrado en el caso Fernández Ortega y Otros vs. México1, en el que se analizaba, además de la Constitución y Leyes Fundamentales de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siendo necesario remarcar la situación de impunidad de los delitos, especialmente graves, que puede llegar a más del 90% con una tasa de condena por delito inferior al 2%. Esta situación de impunidad se produce por el escaso número de denuncias presentadas por los agraviados; en este fenómeno inciden, entre otros factores, el que en muchos casos la investigación no alcance a identificar al responsable y, en otras ocasiones, no se consiga su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

FCGA, Impunidad e indefensión: caso Fernández Ortega y otros vs. México, octubre de 2010.

Por su parte, la Resolución de 30 de abril de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya acordó en su momento requerir al Estado que mantuviera las medidas que estuviere implementando así como también que adoptara de forma inmediata las medidas complementarias que fueran necesarias para proteger la vida e integridad de las personas afectadas, debiendo estas medidas planificarse con la participación de las víctimas amenazadas o sus representantes. Los casos contemplados en el Informe de ILSA 2012/2013 que aquí se prologa, manifiestan una serie de condiciones subjetivas, relevantes en víctimas y testigos, que por lo general no han sido tenidos en cuenta por el órgano investigador: el carácter de defensores de Derechos Humanos de algunos intervinientes, pero también su identidad como población vulnerable, desplazada o menores de edad, condiciones éstas que deben provocar el despliegue de una serie de medidas específicas y reforzadas de protección. Por ello debe criticarse que esas circunstancias no sean tenidas en cuenta debidamente en las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes. No corresponde a los estándares internacionalmente requeridos que las distintas Instituciones Públicas relacionadas sean testigos mudos de la inacción de dichos Órganos, recayendo únicamente la consecuencia de dicha pasividad en la víctima en todo momento, más aún cuando a esas Instituciones se les supone la posición de garante de la protección por parte del Estado que debe ser real y efectiva. Retomando las conclusiones y recomendaciones que efectúa el Informe de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española de octubre de 2010, y aplicándolas al estudio que aquí se presenta, podemos destacar las siguientes observaciones: 

El dato que pone de manifiesto este informe 2012-2013 de impunidad en los delitos y violaciones de Derechos Humanos es de gravedad extrema. Y ante el mismo debería existir un reflejo muy claro en las Autoridades de un país con los medios y el prestigio internacional que en este caso es Colombia.



El elevado índice de impunidad está gravado por la falta de coordinación y colaboración constatada entre Organismos Judiciales y el Ministerio Público.



En los casos que nos ocupan, la obligación Internacional de investigar, juzgar y en su caso sancionar, las violaciones de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico nacional, recae sobre el conjunto de operadores de la Administración de Justicia, entre los que destaca el Ministerio Público.



Es importante recalcar la relevancia de implantar un modelo de control judicial de convencionalidad, en virtud del cual todos los órganos del poder judicial asumen el compromiso de eliminar los obstáculos, de hecho y de derecho, que mantienen y sostienen la impunidad. De acuerdo a este modelo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana el control se debe ejercer, no solo sobre la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los hechos objeto de litigio, sino también sobre su conformidad con las disposiciones recogidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Deben implementarse, por encima de todo, mecanismos de protección y protocolos para los defensores de Derechos Humanos.



Es preciso reiterar que la impunidad es uno de los orígenes contrastados históricamente de aumento de delincuencia. A este respecto se puede concluir que la situación de vulnerabilidad jurídica que se deriva de la falta o de inadecuada aplicación de las medidas adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es incuestionable.



Por último, y de acuerdo con la propia legislación colombiana y sobre todo con la jurisprudencia de su Corte Constitucional que acoge criterios progresivos en materia de victimología, se debe incorporar la reparación del daño causado favoreciendo en definitiva el cumplimiento de mecanismos de reparación proporcionales a estos daños materiales y morales.

En esta línea, el informe del Centro de Memoria histórica relativo al año 2012 elaborado por Justicia y Paz recoge que: Lo anterior exige la puesta en marcha de una política criminal integral que no se reduzca a la determinación de la verdad judicial de uno de los socios de la empresa criminal: los postulados a la ley de justicia y paz. La magnitud, sistematicidad y masividad de los crímenes contra los pobladores del campo y la existencia de una empresa criminal de despojo y de su legalización, impone el deber de acabar y combatir los altos niveles de impunidad. Esto quiere decir que no es suficiente condenar a los miembros militares del paramilitarismo y a los servidores de elección popular con los que concertaron ni perseguir exclusivamente los bienes de paramilitares narcoparamilitares y narcotraficantes sin recuperar los bienes de los demás socios legales de la quíntuple alianza criminal. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012: 175).

En conclusión los informes de ILSA sobre los Montes de María, tanto este relativo a los años 2012 y 2013, como el anterior, proporcionan con un gran rigor y solvencia una cantidad de datos y circunstancias que resumen, por una parte, la labor desarrollada por las distintas instituciones participantes en el convenio: "Protección restablecimiento y reparación en los Montes de María" (convenio AECID 10-C01-054) y, por otra, que a pesar de los trabajos y esfuerzos para la protección de los derechos humanos en el territorio, es mucho lo que queda por hacer, pues no se ha desmontado, ni mucho menos, el aparato de represión contra los habitantes de esta área, ni se ha protegido debidamente a las víctimas del desplazamiento, ni a los líderes y lideresas de las comunidades campesinas.

Grupo de Derechos para la Paz, Movimiento por la Paz - MPDL Madrid, España.

INTRODUCCIÓN Montes de María, área geográfica conformada por la intersección de 15 municipios entre los departamentos de Bolívar y Sucre en la Costa Caribe colombiana, constituye una de las zonas del país en las que en años recientes y en el marco del conflicto armado, con acciones dirigidas principalmente contra la población rural, se produjeron numerosas violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) que configuraron una gran crisis humanitaria. Entre los crímenes más representativos cometidos contra la población campesina se encuentran hechos imborrables como las masacres de El Salado y Macayepo en el Carmen de Bolívar, Chengue en el municipio de Ovejas y la de Las Brisas en María La Baja, perpetradas por paramilitares pertenecientes al Bloque Montes de María –de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– quienes contaron con el apoyo de funcionarios públicos y de influyentes personalidades políticas regionales que actualmente se encuentran investigadas o condenadas, y quienes incluso, en ocasiones, llegaron a actuar en complicidad con miembros de la Fuerza Pública.2. En la región, la confluencia territorial en los años 90de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con la presencia de los grupos paramilitares vinculados a las AUC, generó la disputa y la confrontación armada por el dominio de su posición geoestratégica con sus corredores naturales, con fácil acceso a los centros agrícolas y ganaderos de la Costa Caribe, y a las vías que la comunican con el centro del país. Como lo señaló un informe publicado en el año 2003 por el observatorio de Derechos humanos de la vicepresidencia de la república, en los Montes de María antes de 1996 el conflicto armado “no registró un elevado número de hechos por año; [este] se caracterizó por la ocurrencia de unos pocos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las guerrillas, algunos actos de sabotaje y una que otra emboscada contra patrullas de la Infantería de Marina”; [Situación que cambiaría], “a partir del año 1997 cuando entra en una clara tendencia hacia el escalamiento.” 3 La primera sentencia de Justicia y Paz proferida el 29 de junio de 2010 conminó al Batallón de infantería de Malagana a pedir perdón público a la comunidad de Mampuján por su posible participación en estos hechos de violencia que constituyeron una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitarios, por haberse tratado de una agresión contra la población civil. Ver: a) “Miembros del Batallón Malagana fueron cómplices de 'paras' en Mampuján”, abril 29 de 2010, Recuperado el 10 de diciembre de 2013, en línea: http://www.verdadabierta.com/politicailegal/el-estado-y-los-paras/2419-miembros-del-batallon-malagana-fueron-complices-de-paras-en-mampujan; b) “Álvaro García Romero, el mecenas de los paras”, febrero 23 de 2010, Recuperado el 10 de diciembre de 2013, en línea: “http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso189473-alvaro-garcia-romero-el-mecenas-de-los-paras, y c) “Chengue, un pueblo sin justicia ni perdón” enero 22 de 2008, , Recuperado el 10 de diciembre de 2013, en línea: , http://www.semana.com/on-line/articulo/chengue-pueblo-justicia-ni-perdon/90620-3 2

OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DDHH Y DIH DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, "Panorama actual de la región de los montes de María y su entorno", Bogotá, agosto 2003, serie Geográfica N° 19. pág. 17. En línea, recuperado el 2 de Febrero del 2014. http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/mo ntes/montes.pdf. Este informe señala que de alrededor de 20 asesinatos fueron cometidos por los grupos armados en la región durante el año 1995, los cuales se incrementarían a más 150 en lo corrido de 1997 hasta llegar a su pico más alto 3

Durante los años 1996 y 1997, dos factores contribuyeron a la drástica intensificación de los crímenes y las violaciones de los Derechos Humanos de la población civil desarmada: la llegada desde Córdoba de los jefes paramilitares organizados bajo el nuevo modelo unificado de las Autodefensas Unidas De Colombia (AUC), por un lado, y la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada (CONVIVIR) con la autorización y el amparo del Gobierno Nacional, hecho que terminó por otorgarle un manto de legalidad al paramilitarismo en la región. Los crímenes cometidos por las AUC contra la población civil, fueron en su momento considerados como “acciones legítimas”, ocurridas en el marco de lo que consideraban un conflicto armado interno irregular que según su consideración, impedía una clara diferenciación entre civiles y combatientes; lo que a su juicio hacía inviable el que como actor parte del conflicto armado interno, se acogiese a las regulaciones dictaminadas por el Derecho Internacional Humanitario en el país. Es para esos años y movilizados con este argumento, que se registra para los Montes de María, un significativo número de masacres, violaciones y asesinatos selectivos de campesinos que fueron estigmatizados como guerrilleros.4 En el año 2002, durante el primer Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se determinó concentrar la Infantería de Marina en la zona para combatir y hacer retroceder a la guerrilla de sus áreas de control; hecho que se logró con grandes esfuerzos y con la ayuda no velada de los grupos paramilitares que hacían presencia principalmente en los cascos urbanos de los municipios (Molano, abril 13 de 2009). También en esta época el Gobierno creó la figura de Zona de Rehabilitación y Consolidación del orden público (Decreto 2009 de septiembre 9 de 2002) para los Montes de María y se decretó para esta misma zona el Estado de Conmoción Interior (Decreto 1837 de agosto 11 de 2002), figura polémica que sería declarada inexequible por la propia Corte Constitucional en el año 2003 y que mientras duró dio lugar a la restricción de derechos y libertades fundamentales, detenciones masivas de miembros de las comunidades rurales y a allanamientos a gran escala (OACNUDH, febrero de 2004); generándose además, durante su corto periodo de duración, un registro significativo de violaciones a los Derechos Humanos puestas en evidencia por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De la mayoría de ellas el país no tiene conocimiento y se mantienen en la impunidad. Para el año 2008 el gobierno del presidente Álvaro Uribe le anunció al país y a los empresarios nacionales que la región se encontraba pacificada y en situación de “postconflicto” invocando varios hechos: 1) la reducción ostensible en el poder de fuego y la influencia territorial del ELN; 2) la desmovilización del Bloque paramilitar Héroes de los Montes de María en 2005; 3) el golpe militar en el 2000, año durante el cual se registró un número de 250; tendencia que también seguiría esta evolución en el registro de la tasa de homicidios, al pasar estos de 273 en 1995 a 414 en el año siguiente, llegando a ser de 506 para el año 2000. (Ver: pág. 10 y 18.) 4“De

las 42 masacres perpetradas por ellos entre 1996 y 2003 en los Montes de María, 25 se convirtieron además en acciones de tierra arrasada en las que destruyeron bienes civiles, realizaron actos de pillaje, infligieron torturas, cometieron violaciones sexuales y llevaron a cabo desapariciones forzadas. De esas 25 masacres de tipo tierra arrasada, 16 fueron perpetradas entre 1999 y 2000”.Sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá del 29 de junio de 2010; citada en: “Cuadernos desplazamiento forzado, tierras y territorios, Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación", Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). pág. 80.

perpetrado por la Fuerza Pública contra los Frentes 35 y 37 de las FARC que en 2007 terminó con la vida de “Martin Caballero”, uno de sus más importantes comandantes, y el desmantelamiento de ambas estructuras guerrilleras mediante la captura de sus sucesores; 4) la puesta en marcha del Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática en cuatro de los 15 municipios de la subregión desde el 2007, con un fuerte incremento de Fuerza Pública; 5) la reciente implementación de los programas de asistencia social para el desarrollo financiados con recursos de cooperación internacional en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Socialy la Cooperación Internacional (Acción Social). Desde entonces Montes de María es considerada por los distintos funcionarios de gobierno y Estado como una zona en “postconflicto”, sin presencia de actores armados ilegales y sobre la que el Estado ha consolidado su presencia cívico-militar y ha recuperado pleno control de la seguridad para la promoción de la inversión en el desarrollo productivo. Del Plan de Consolidación de los Montes de María pueden plantearse dos hechos significativos: a. Solo tiene presencia en 4 de los 15 municipios que conforman la subregión (Ovejas, Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Onofre); municipios en los que actualmente los grupos herederos de las AUC, hacen presencia armada y ejercen controles locales. b. En estos cuatro municipios en los que se despliega el Plan de Consolidación en el marco de la estrategia de seguridad y de control del territorio por parte del Estado, se han producido desde el 2007 - año desde el cual el plan inició sus acciones-, diez (10) asesinatos contra reclamantes de tierra, y el desplazamiento forzado de al menos 10.156 personas durante el periodo 2007-2013;5 situación que pone en cuestión la consolidación misma y deja en evidencia el contexto actual de riesgo para la exigibilidad de derechos por parte de la mayoría de población rural, así como las dificultades y las limitaciones propias que el contexto de nuevas violaciones a los derechos de las víctimas le imprimen a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en estos municipios. Desde el 2005 la compra de tierras en Montes de María se ha incrementado considerablemente con la llegada de un buen número de empresas e inversionistas del interior del país; esto es lo que señala el más reciente informe de la Superintendencia de Notariado y registro (SNR), según el cual entre el año 2005 y agosto del 2010 en los Montes de María se trasfirieron a un reducido grupo de empresas y particulares más de 37 mil hectáreas, de las cuales el 41% de ellas, habían sido producto de adjudicaciones realizadas años anteriores por el Estado a campesinos pobres y sin tierra.6 En esta región el aumento en la concentración y en el acaparamiento de la propiedad de la tierra –una constante histórica de la desigualdad y la exclusión en el campo colombiano– es agravado por la relación entre el aumento de la presencia de empresarios y la compra masiva de predios con el contexto de las violaciones realizadas por los grupos de narcotraficantes, primero, y de paramilitares

Los datos de desplazamiento forzado (expulsión) discriminados para los municipios de Ovejas, Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Onofre para este periodo se encuentran en la Red Nacional de Información de la Unidad Nacional de Víctimas, los cuales se pueden consultar en: http://www.unidadvictimas.gov.co/ , y los del registro de asesinatos de líderes se encuentran relacionados en la Tabla N° 4 del presente informe (pág. 29). 6 Superintendencia de Notariado y Registro (2011, abril). Pág 46. 5

después, dirigido principalmente contra las comunidades campesinas por más de dos décadas (León, noviembre 23 de 2009)7. Los Montes de María se caracterizaron durante las décadas de los 70, 80 y 90 por las fuertes movilizaciones de las organizaciones campesinas que confluían alrededor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) -Línea Sincelejo, las cuales exigieron el derecho de los campesinos de acceso a la tierra, e incidieron en la promoción de políticas de reforma agraria en el país, por medio de las cuales se logró que en tres décadas el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) distribuyera y adjudicara más de 200 mil hectáreas entre los campesinos sin tierra de la región. De estas adjudicaciones, en la actualidad se estima que 74 mil hectáreas se encuentran en manos de empresarios y grandes propietarios, lo que constituye un retroceso de décadas de políticas públicas de redistribución y de democratización de la propiedad rural en la región; proceso ocurrido en muy pocos años, y que evidencia no ya una contrarreforma agraria a manos de grupos de paramilitares y narcotraficantes, sino una nueva versión de ella, expresada en el acaparamiento de tierras a manos de empresarios e inversionistas por medio la compra de predios rurales a campesinos en condición de desplazamiento y con una alta vulnerabilidad social (ILSA, 2012). Este informe, como el anterior, interpela el interés de concebir los Montes de María como zona en “postconflicto” de la que se presume existen avances importantes hacia la “consolidación de la seguridad en el territorio”. Los asesinatos selectivos de líderes campesinos, las amenazas a las organizaciones y a sus dirigentes, la continuidad de los desplazamientos forzados, las extorsiones, y la presencia actual de actores armados ilegales en la región desmienten esta tesis. El presente informe sobre el contexto de riesgo para la exigibilidad de los derechos de la población rural víctima del conflicto armado en los Montes de María, da continuidad a un informe anterior titulado “Montes de María: entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras”, que constituyó un esfuerzo previo de aproximación a la situación de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario para el periodo 2006-2010 y fue publicado por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) en el año 2012. Al igual que el anterior, este trabajo se inscribe en la ejecución del proyecto “Protección a la población afectada por el conflicto armado interno colombiano y consolidación de los procesos de restablecimiento y reparación de las víctimas y sus asociaciones desde un enfoque basado en derechos”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este documento hace parte así de la estrategia de apoyo de este programa al monitoreo permanente de la situación de Derechos Humanos en los Montes de María. El informe cubre hechos asociados al periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2013 y guarda continuidad y sostiene las tesis estructurantes del informe anterior; algunas de las cuales ya fueron previamente expuestas en esta introducción. Su estructura consta de 4 capítulos. El primero de ellos busca encuadrarse en el análisis de los hechos más significativos registrados en el anterior informe, con la situación de riesgo que define en la actualidad la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, así como la exigibilidad de los derechos en la región. 7

Para ampliar el tema leer en La Silla Vacía a Osorio, julio 4 de 2009 y León, noviembre 23 de 2009.

El segundo capítulo constituye un esfuerzo interpretativo adicional del fenómeno de compras masivas de tierras que caracteriza a los Montes de María desde el año 2005, y del eventual contexto de riesgo que puede generar la reclamación de tierras, a la luz del fallo emitido en la primera sentencia de restitución de tierras para el Carmen de Bolívar, que desde el pasado mes de julio de 2013 generó un precedente jurídico significativo frente al fenómeno de compras masivas, al ordenar la restitución de un predio afectado por una transacción realizada entre una víctima de desplazamiento forzado y un particular que aprovechó la oportunidad para invertir. El tercer capítulo es un balance de los riegos que la cultura de la impunidad de los crímenes cometidos contra la población civil, implican en un contexto en el que la mayoría de los hechos que constituyeron daños, afectaciones y violaciones no han sido esclarecidos, ni sus responsables judicializados o sancionados; impunidad que por permisiva podría conducir a la institucionalización social de la violación de Derechos Humanos, al disciplinamiento y control de la población por la acción del miedo y la desconfianza, y a imposibilitar acciones de construcción de ciudadanía y de exigibilidad de derechos en una zona en la que el Estado de Derecho también fue socavado por las acciones de los actores armados. En el cuarto capítulo se describen los hechos violentos cometidos por grupos armados ilegales que durante el 2012 y el 2013 hicieron presencia en los 15 municipios; en total se estudian 225 hechos, algunos de ellos violentos pero también otros que no hicieron victimas sino que representan índices de una presencia armada ilegal. A partir de estos hechos, se propone un análisis que los relaciona con el contexto actual de la exigibilidad de derechos de las víctimas del conflicto y de la implementación de la Ley 1448 en la región. En el quinto capítulo, se describen hechos violentos relacionados con violencia sexual contra mujeres y niñas en los Montes de María, ejercidos de manera regular y sistemática por grupos ilegales organizados desde el año 2009. A partir de los casos, se analiza la respuesta institucional y se evalúa la implementación de la ruta de atención, protección y reparación a estas víctimas. Para finalizar, es importante señalar que, a pesar del exhaustivo esfuerzo por analizar el contexto de riesgo para la exigibilidad y la defensa de los Derechos Humanos en los Montes de María, así como de los factores que lo configuran, este trabajo no deja de ser una interpretación aproximada inconclusa de la situación; interpretación que constituye nuestro aporte al difícil trabajo de monitoreo constante que permita alertar sobre las necesidades de protección de los derechos de la población víctima del conflicto armado, con quienes el Estado colombiano asumió un reto reciente: garantizar la no repetición de las agresiones y de la violación de los derechos, de las que por más de dos décadas esta población ha sido objeto.

1. ANTECEDENTES DEL CONTEXTO REGIONAL ACTUAL Montes de María es una región de 6.466 Km2, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, en la región Caribe de Colombia. Está integrada por 15 municipios, siete del departamento de Bolívar (Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano) y ocho del departamento de Sucre (Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo). Está atravesada por dos de las más importantes vías de comunicación terrestre de la región Caribe: a) la Troncal de Occidente, carretera nacional que la comunica con el sur del país (y quecon su construcción convirtió al municipio de El Carmen de Bolívar en el más central de los Montes de maría), y b) la Transversal del Caribe, vía que conecta los municipios de María La Baja con Sincelejo, pasando a su vez por los de San Onofre y Tolú Viejo, y que conecta los Montes de María con el Mar Caribe con salida por el Golfo de Morrosquillo. Su zona oriental es bordeada por el Río Magdalena, importante vía fluvial que comunica el sur del departamento de Bolívar (Magdalena Medio) con el Caribe, pasando por los municipios de Córdoba, Zambrano y El Guamo; vía que además es la de mayor importancia para el tráfico de estupefacientes entre el sur del Bolívar y la cosa Caribe. Mapa 1. Ubicación geográfica de la región de los Montes de María

Además de estas tres importantes vías de transporte que la atraviesan y por las que en conjunto pasa el 80% de la carga que se transporta desde el interior y el sur del país hasta la Costa Atlántica, Montes de María tiene un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más largo del país, que conecta el yacimiento petrolero de Caño Limón en el departamento de Arauca, con el puerto y la terminal de embarque de petróleo del municipio costero de Coveñas (Sucre), en el Golfo de Morrosquillo. La región a su vez se divide en tres subregiones: 

 

Zona de montaña. Localizada en el departamento de Sucre entre la Transversal del Caribe y la Troncal de Occidente. Son parte de ella los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos. Esta zona está propiamente en los Montes de María o Serranía de San Jacinto, prolongación de la Serranía de San Jerónimo en la Cordillera Occidental, comprendiendo un área de 1.053 km². Zona Troncal del Río Magdalena (zona baja). Ubicada al nororiente de los Montes de María, en el departamento de Bolívar. Son parte de ella los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, y ocupa un área de 3.262 km². Zona pie de monte occidental (zona costera). Localizada entre la carretera Transversal de Caribe y el mar. Son parte de ella los municipios de María La Baja (Bolívar); San Antonio de Palmito, Tolú Viejo y San Onofre (Sucre), con un área total de 2.151 km². Mapa 2. Municipios y subregiones

Desde inicios de la década de los ochenta Montes de María se constituyó en una región de gran importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que las principales vías de comunicación que la bordean y la atraviesan (el Río Magdalena, la Troncal del Caribe y la Troncal de Occidente), la convirtieron en el principal corredor por el que tiene lugar el envío de cocaína desde el Sur de Bolívar hacia Centroamérica y el Caribe, por medio de las islas de Tierra Bomba, el Rosario, el archipiélago de San Bernardo y la Isla Tesoro, donde se acopia y embarca la droga (CNRR Regional Bolívar, 2010); privilegio geográfico que en esos años atrajo grandes compras de tierra por parte de grupos de narcotraficantes, ocurridas principalmente en la zona del Golfo de Morrosquillo (San Onofre en Sucre) y en la zona baja cercana al rio Magdalena (Zambrano y Córdoba en Bolívar), con el fin de asegurar el control de las ruta del narcotráfico.8 Actualmente, sobre estas rutas y corredores hacen presencia las organizaciones armadas ilegales sucesoras de los grupos paramilitares que tras la desmovilización de las AUC en el 2005 se reestructuraron y continuaron ejerciendo control de estas y de las zonas que anteriormente eran controladas por el Bloque Montes de María antes de la formalización de su desarme. Mapa 3. Ubicación geoestratégica y rutas de tráfico de estupefacientes en los Montes de María

Ver: REVISTA RAZÓN PÚBLICA, El reordenamiento violento de territorios: el caso de Montes de María, Octubre 9 de 2011,eb línea, consultado el 8 de diciembre de 2013; http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas29/%202457-el-reordenamiento-violento-de-territorios-el-caso-de-mont%20es-de-maria.html 8

La localización estratégica para el tráfico de armas y estupefacientes, debido a las características geográficas de la región que permite comunicar la serranía de San Lucas (sur del departamento de Bolívar) con el Golfo de Morrosquillo en Sucre, explica en parte la presencia y la disputa histórica por el control territorial en la que los diferentes actores armados ilegales se han enfrentado. Montes de María continuó siendo una región con presencia de actores armados ilegales incluso después de la desmovilización en Junio de 2005 del Bloque Montes de María de las AUC, grupo paramilitar que hasta entonces ejerció el control de rutas de narcotráfico y de amplias zonas de transito de estupefacientes que posteriormente fueron ocupadas por nuevos grupos armados en la etapa de postdesmovilización. Este hecho fue advertido en el año 2007 por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en el marco de sus funciones de seguimiento y verificación del proceso de desmovilización de las AUC en todo el país, en un informe en el que puso en evidencia el rearme o la restructuración de grupos armados ilegales en los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Meta luego de que en ellos se adelantaran procesos de desmovilización formal.9 Para el 2011 también el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ, señaló la presencia y posterior expansión de los grupos rearmados a partir de las estructuras paramilitares de las AUC; advirtiendo los casos de los departamento de Bolívar y Sucre, en los cuales identificó que entre 2008 y 2011, estos “nuevos” grupos lograron fortalecer sus estructuras y aumentar su presencia en 51 municipios de los 71 que componen ambos departamentos.10 Tabla 1.Montes de María: Presencia de grupos rearmados de paramilitares por municipios (2011) DEPARTAMENTO Sucre

Bolívar

MUNICIPIOS GRUPO San Onofre Urabeños, Águilas Negras , Los Paisas El Guamo Los Paisas San Antonio de los Palmitos Urabeños, Los Paisas Tolú Viejo Los Paisas, Urabeños Ovejas Águilas Negras San Juan Nepomuceno Urabeños, Los Paisas San Jacinto Urabeños, Los Paisas Zambrano Urabeños, Los Paisas Carmen de Bolívar Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, Los Paisas María La Baja Los Paisas, Rastrojos Córdoba Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, Los Paisas Fuente: INDEPAZ. VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares, 2011.

Ver: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? , Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración, agosto de 2007, en línea, file:///C:/Users/N4110/Downloads/COL%20190.pdf, consultado el 6 de enero de 2014. 9

Para el año 2010 las zonas de injerencia de “Paisas”, “Rastrojos”, “Urabeños” y “Águilas Negras” se correspondían con tres regiones distintas del departamento de Bolívar; teniendo cada una de estas zonas una especificidad determinante para los procesos de cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes. “En el sur del Bolívar donde se encuentran los cultivos de hoja de coca y los laboratorios para su procesamiento se encontraban los “Urabeños" ejerciento el control de las rutas; en la zona central del departamento de Bolívar, correspondiente a los Montes de María estratégica para establecer rutas de distribución de insumos y drogas, ejercían los “Urabeños”, los “Paisas”, y las “Águilas Negras”, mientras que en la zona norte, los “Urabeños, los “Paisas”, los “Rastrojos” y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista “ERPAC”, se disputaban en ese entonces operaciones en la ciudad de Cartagena” (INDEPAZ, 2011). 10

La denominación de estos grupos armados luego del proceso de desmovilización desarrollado en el marco de la Ley 975 de 2005, es punto de debate y de discordia en el escenario político nacional. Casi inmediatamente después de celebrarse los procesos de desmovilización formal de las AUC, el gobierno colombiano, a través de su Ministerio de Defensa, decidió considerar las estructuras armadas que no se desmovilizaron o que optaron por el rearme luego de la desmovilización y entrega de armas, como simples “bandas delincuenciales” asociadas al narcotráfico, a quienes denominó como BACRIM (bandas criminales). A estos grupos armados que anteriormente conformaban las estructuras paramilitares de las AUC, el Gobierno Nacional se refiere actualmente como delincuentes comunes; entendiendo con ello que los grupos paramilitares tal y como se conocían años atrás fueron desmovilizados durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con el proceso y los distintos actos de desmovilización de las AUC. De allí que ahora no se los trate como grupos paramilitares, sino como simples bandas criminales (BACRIM) mucho más parecidas a la delincuencia común vinculada con el negocio del narcotráfico; grupos que desde entonces se han reestructurado con nuevas comandancias, actualmente hacen presencia en casi todo el territorio nacional y estuvieron involucrados, según la Defensoría del Pueblo, “en los asesinatos de 71 líderes campesinos reclamantes de la restitución de sus tierras, ocurridos en 14 de los 32 departamentos del país entre los años 2006 y 2011”. (HRW, 2013, p. 8). Contrario a la denominación de estos grupos como BACRIM, varios centros de investigaciones y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Colombia emplean diversas denominaciones para referirse a ellas y, distanciándose de la denominación y la interpretación de los altos mandos militares y de los altos funcionarios del Gobierno, se debaten entre señalar la continuidad de los grupos paramilitares en Colombia o en definirlos como un nuevo tipo de organizaciones paramilitares sin conexiones claras con los grupos paramilitares anteriores. En este importante y nada insignificante debate entre las rupturas y las continuidades del paramilitarismo en Colombia se pueden encontrar interpretaciones que los definen como: grupos paramilitares (CODHES), grupos armados ilegales (Disidentes y Reincidentes-CNRR), nuevos grupos armados post desmovilización (Defensoría del Pueblo), grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización del paramilitarismo (ONU), narcoparamilitares o paramilitares dedicadas al narcotráfico (INDEPAZ y ACNUR), paramilitares activos (Amnistía Internacional), nuevos grupos paramilitares (OCHA), e incluso hay quienes plantean diferencias entre los anteriores grupos paramilitares y los que actualmente denominan como neoparamilitares, como es el caso del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), así como algunas de las publicaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris, siendo la más reciente denominación la establecida por Human RightsWatch en su informe, en el cual estos grupos son considerados como herederos del paramilitarismo. En definitiva, entre las organizaciones de DDHH cada vez se va instalando más la idea que relaciona la existencia de estos grupos armados ilegales con el fracaso del proceso de desmovilización y reinserción de las AUC adelantado durante los dos periodos de gobierno anteriores, así como su continuidad y estrecha relación con éstos, lo cual ha quedado en evidencia con el hecho de que gran parte de sus mandos medios provienen de los grupos paramilitares presuntamente desmovilizados durante la década anterior, así como por el hecho de que organizaciones armadas hacen presencia 17

en los mismos territorios en los que anteriormente hacían presencia los grupos paramilitares asociados con las AUC, operan de forma similar a como operaban los grupos paramilitares antes de las desmovilizaciones, siguen propendiendo por el control y su influencia en las elecciones y la política local en los municipios en que operan, y siguen asesinando a los líderes de las comunidades por sus actividades y a quienes hacen parte de organizaciones sociales. Y es que uno de los más importantes problemas para el tratamiento del paramilitarismo en Colombia es el diagnóstico del fenómeno mismo. Como lo señaló en su momento León Valencia, politólogo y analista del conflicto armado colombiano, el error más recurrente que definió la interpretación del paramilitarismo como fenómeno consistió en que gran parte de la sociedad y de la academia en Colombia creyó de manera ingenua y durante mucho tiempo en el carácter ideológico y antisubversivo de los grupos paramilitares, así como también en que su fin era el de combatir a las guerrillas; situación que llevó a que amplios sectores de la sociedad colombiana también legitimaran y apoyaran el accionar de estos grupos, pensando que eran enemigos de las guerrillas, percibiéndolos como sus aliados en la guerra contra el ELN y las FARC, y llegando incluso a tolerar política y socialmente sus crímenes, a pesar de las atrocidades cometidas. Incluso, -agrega – a pesar de que los grupos paramilitares de las AUC se escudaron en el discurso y desempeñaron tareas antisubversivas y de contraguerrilla, esa no fue nunca su actividad principal. Por el contrario, este objetivo siempre fue subsidiario del interés por controlar el territorio para garantizar el despliegue de actividades asociadas al narcotráfico, por capturar rentas privadas y del Estado, por construir una nueva fuente de riqueza en el país, por controlar regiones enteras y por infiltrar la política a nivel nacional y local para también controlar las instituciones estatales. Estos fueron el filo fundamental de las acciones de los grupos paramilitares de las AUC, como continúan siéndolo para las organizaciones armadas que han emergido como sus herederas. Organizaciones que incluso aún sostienen vínculos con actores legales (políticos, empresarios, ganaderos, miembros de la fuerza pública y funcionarios de Estado) con quienes en años anteriores establecieron alianzas operativas y estratégicas para garantizar el control territorial en extensas regiones del país. 11 La diferenciación que pretenden realizar el Gobierno Nacional y los altos mandos militares entre los presuntamente inexistentes grupos paramilitares de las AUC –a quienes consideran de naturaleza ideológica antisubversiva- y los actuales grupos paramilitares, considerados como desprovistos de esta ideología y a los que denominan como bandas delincuenciales, es también producto de este error en el diagnóstico del fenómeno. Diagnóstico que a su vez seguiría siendo débil de no tenerse en cuenta los fuertes nexos que aún se mantienen con la fuerza pública, los cuales se han evidenciado en el hecho mismo de que muchos de los comunicados de amenazas de las “Águilas Negras” han salido incluso de algunas de las brigadas de las Fuerzas Militares12. 11Intervención

de León Valencia, en el foro: Los desafíos del Estado frente a las bandas criminales. Viernes 1 de abril de 2010, Senado de la República. Para mayor ampliación sobre los antecedentes de la relación entre los grupos paramilitares de las AUC con sectores políticos regionales, empresarios, ganaderos, narcotraficantes, funcionarios civiles y miembros de fuerza pública en Colombia, así como sobre la intervención del Estado en el proceso de gestación y de expansión de estos grupos, y en específico, sobre cómo se tejió esta relación en los montes de maría ver: “JUSTICIA Y PAZ: TIERRAS Y TERRITORIOS EN LAS VERSIONES DE LOS PARAMILITARES”. Yamile Salinas Abdala y Juan Manuel Zarama Santacruz, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2012; y el de “LEY DE JUSTICIA Y PAZ, LOS SILENCIOS Y LOS OLVIDOS DE LA VERDAD”, Patricia Linares y Nubia herrera Ariza, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2012. 12Ibíd.

Estudios recientes han revelado que estas presuntas bandas están en las mismas zonas rurales que controlaban los paramilitares de las AUC; están comandados por quienes eran sus mandos medios; se dedican fundamentalmente al narcotráfico y a la seguridad privada de ganaderos, empresarios y terratenientes. Se legitiman con el miedo y la táctica de la mal llamada "limpieza social" ante la población como también lo hacían las AUC; y continúan amenazando y asesinando líderes y miembros de las comunidades que se atreven a denunciar las violaciones, los crímenes y el robo de tierras cometido por los paramilitares "desmovilizados" de las AUC, sus aliados y sus testaferros. Como lo señala Human Rights Watch en su último informe publicado en 2013, “si bien los sucesores del paramilitarismo en Colombia tienen diferencias importantes con las AUC, no se puede negar que éstos han asumido muchos de los mismos roles, como participar en narcotráfico y otras actividades mafiosas, y cometer abusos contra civiles que se interponen a sus intereses”; por lo cual cita lo señalado por el Alto Consejero para la Reintegración en Colombia, Alejandro Eder, quien reveló en entrevista que “para el año 2011 al menos la mitad de los líderes de grupos sucesores de los paramilitares fueron mandos medios de las AUC, así como la información según la cual de los doce principales líderes de grupos sucesores de los paramilitares que la Policía informó haber capturado entre enero y octubre de 2012, más de la mitad eran ex paramilitares” (HRW, 2013, p. 38). Como lo dejó en evidencia este informe, el Estado colombiano no ha podido contrarrestar significativamente el poder de lo que denomina los “sucesores del paramilitarismo”, lo que implica una amenaza directa tanto para la seguridad de las víctimas y de los reclamantes de tierras, como para la vigencia del Estado de Derecho en zonas como los Montes de María en las que estos grupos, activos y con evidente presencia, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública por tener el control de la región en el marco del Plan de Consolidación, se han constituido como herederos del control territorial y de las operaciones delictivas del Bloque de los Montes de María, grupo paramilitar articulado a las AUC que fuera el principal responsable de las masacres, los desplazamientos forzados, los abandonos forzados y los despojos de tierras ocurridos antes de su desmovilización, en 2005. A principios del año 2012, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), diseñó un instrumento de recopilación de hechos vinculados a la violencia organizada en los Montes de María, para monitorear los responsables de este tipo de acciones durante los años 2012 y 2013; instrumento que habría de permitir el seguimiento constante del contexto de riesgo para la exigibilidad de los derechos humanos en la región, y con el cual definir las estrategias de protección y autoprotección de las organizaciones y las comunidades vinculadas al proyecto de “Protección a la población afectada por el conflicto interno colombiano y consolidación de los procesos de restablecimiento y reparación de las víctimas y sus asociaciones desde el Enfoque Basado en Derechos” , el cual es financiado por la agencia española para la cooperación y el desarrollo (AECID y ejecutado por un grupo de 4 organizaciones no gubernamentales con presencia constante en la región. Con el instrumento de registro elaborado, se recopilaron para los años 2012 y 2013, casos en los que se consideraron los hechos que tendrían relación con la violencia organizada, obedeciendo a patrones

y apuntados a víctimas o grupos de víctimas específicas. Se identificó en cada caso la fecha y lugar de los hechos, el tipo de hecho, la/las víctima(s), y en cada caso donde fuera posible el/los autor(es). La información de primera mano se obtuvo en entrevistas grupales o individuales en ambientes de confidencialidad y confianza con miembros de organizaciones sociales rurales de la región; simultáneamente, se cruzó la información testimonial con la información encontrada de publicaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en la región, noticias en los medios de comunicaciones, y en los informes realizados por grupos de ONG’s nacionales e internacionales. En el 2013, con la base de datos construida, se seleccionaron 225 hechos ocurridos entre enero de 2012 y diciembre de 2013 que se consideraron relacionados o atribuibles a la presencia de una forma organizada, reiterada y selectiva de violencia en los Montes de María. La información presentada tiene soporte en la matriz de hechos que fueron sistematizados por ILSA durante el procesos de monitoreo, registro de acciones que permitió asociar su presencia en la región durante el año 2012 y 2013. Tabla 2. Montes de María: Presencia de grupos armados sucesores de las AUC (2012 – 2013) DEPARTAMENTO

Sucre

Bolívar

MUNICIPIOS

GRUPO

San Onofre

Urabeños, Rastrojos, Águilas negras

Tolú Viejo

Urabeños, Rastrojos

Ovejas Colosó Los palmitos San Jacinto

Urabeños Rastrojos Águilas negras Urabeños, Los Paisas

San Juan de Nepomuceno Zambrano Carmen de Bolívar María La Baja

Urabeños Rastrojos Urabeños, Rastrojos Urabeños, Rastrojos, Paisas

Fuente: ILSA. Elaboración propia a partir delos hechos registrados durante el año 2012 y 2013 para la elaboración de este informe.

Mapa 4. Montes de María: Presencia de grupos armados sucesores de las AUC (2012 – 2013)

A partir del monitoreo de hechos asociados a la presencia de actores armados en la región de Montes de María que fue realizado por el equipo de ILSA durante los años 2012 y 2013, y mediante el cual se registraron 225 hechos que denotaron la presencia de grupos armados ilegales, se pudo identificar que de este total de hechos registrados, 63 de ellos están relacionados con la presencia de grupos sucesores de las AUC; no obstante, de estos 63 hechos, 23, a pesar de haber sido cometidas por un grupo sucesor de las AUC, no fue posible identificar el grupo específico responsable, razón por la cual estas acciones se indican con la categoría grupo armado “no identificado”, cifra que representa el 37% del total de acciones que fueron registradas atribuibles a sucesores de las AUC durante el periodo delimitado para este trabajo.13 13Se

destacaron, además la presencia de grupos armados sucesores de las AUC, hechos que denotaron la presencia de la guerrilla de las FARC-EP, grupo que luego de la desestructuración de su frente 37 en 2007 por las acciones de la Fuerza pública, se considera que no hacen presencia en los Montes de María, pero que por el registro levantado y aunque sea escaso el número de hechos relacionados (10 de 226), indica, -como también fue señalado en el informe anterior-, un eventual el intento de este por volver a hacer presencia en la región.

Figura 1. Porcentaje de acciones y de hechos asociados a grupos armados sucesores de las AUC (Periodo 2012 – 2013)

37%

44%

Rastrojos Urabeños Paisas

10%

Águilas Negras No identificado

Fuente: ILSA, Elaboración propia. Los porcentajes indican la proporción de hechos atribuibles a cada organización delictiva en relación con el universo total de 225 hechos atribuibles y recopilados. Se identificó los diferentes grupos a partir de indicios como acciones llevadas a cabo, tipo de víctimas, o autodeterminación por los mismos grupos.

La presencia de grupos armados ilegales en Los Montes de María, considerados en este informe como sucesores de los grupos paramilitares de las AUC también fue señalada por el Observatorio Internacional del Caribe de la Universidad de Cartagena, institución que en uno de sus informes de 2012 advirtió la característica de estos como grupos que “en su desarrollo y expansión, están ligados a la reconfiguración y el reacomodamiento de los actores de la guerra durante la desmovilización y el desarme, las que actualmente se encuentran articuladas en su operación a redes de poder local y regional que nunca se desarticularon y que avanzan en la reconstrucción de ese poder, el cual se encuentra fundamentado en el ejercicio de la violencia como mecanismo para imponer un orden paralelo en la región”(Universidad de Cartagena, 2012. Pág. 8); grupos de los que se puede explicar su presencia “no solo por su ubicación en un importante corredor del narcotráfico, sino también por la permeabilidad de la institucionalidad local que permite a estos grupos seguir con uno de sus objetivos fundamentales: la ampliación y el perfeccionamiento del control de mercados legales e ilegales y el acceso a las rentas públicas y privadas”. (Arias Ortiz, 2012, pág. 2 -6). Es un hecho que la gobernabilidad local en los municipios que conforman la región de los Montes de María en los años del conflicto y todavía hoy día ha sido disfuncional. A fecha de 2012, cuatro ex congresistas de la república elegidos por el departamento de Bolívar habían sido condenados por tener vínculos con los grupos paramilitares de las AUC y apoyarse en ellos en la promoción de sus campañas electorales en años anteriores, (Javier Cáceres, José María Imbeth, Vicente BlellSad y William Montes) mientras que dos ex gobernadores del departamento de Sucre (Salvador Arana y 22

Jorge Eliecer Anaya Hernández) y tres congresistas más por esedepartamento ya habían sido condenados por los mismos delitos (Alvaro García, Jorge Luis Feris Chadid, Eric Morris Taboada).Uno de ellos, Álvaro García, ex senador, dirigente político con gran influencia en Sucre y perteneciente a uno de los más importantes clanes políticos de la región, había sido condenado a 40 años de cárcel por su complicidad en la masacre de 15 campesinos en el corregimiento de “Macayepo (Carmen de Bolívar), hecho ocurrido el 14 de mayo de 2000 en el que miembros del grupo paramilitar de las AUC asesinaron a este grupo de campesinos en absoluto estado de indefensión. El caso más reciente en el que la justicia ha vinculado altas personalidades políticas con los grupos paramilitares de las AUC que operaron en la región en años anteriores es el de la senadora Piedad Zuccardi, actualmente privada de la libertad y vinculada al proceso de investigación que le adelanta la fiscalía por posibles vínculos con este grupo armado ilegal, con el que habría establecido contacto en el año 2003 en varias reuniones, una de las cuales ocurrió en el corregimiento de Ñanguma, jurisdicción del municipio de Marialabaja en el año 2003, a la que según el testimonio que la incrimina, asistió su esposo Juan José García Romero (Hermano del ex congresita condenado Álvaro García romero) para acordar el apoyo de las AUC a las aspiraciones electorales de Piedad Zuccardi, quien posteriormente resultase elegida como honorable Senadora de la república.14 Montes de María se caracteriza por ser una región en la que sobresale un sistema político/administrativo en el que se asume el gamonalismo rural como modelo de gestión, donde las instituciones encargadas de la provisión de los bienes y servicios terminan siendo permeadas por la práctica clientelista - electoral en detrimento del ejercicio de los derechos ciudadanos. (PNUD, 2010, pág. 9.) La relación entre el gamonalismo como este sistema político predominante en la región, asociado a fenómenos como la parapolítica generaron una mayor desconfianza de la población hacia las instituciones estatales; hoy día esta desconfianza perdura, dado que a pesar de la desmovilización, allí no se lograron desmantelar las estructuras criminales de los paramilitares, lo que llevó a que sus herederos conservaran poder político y económico e influencia en las administraciones locales de la región (Human Rights Watch, 2010, pág. 5). Lo anterior demanda de parte de las autoridades civiles y militares de la región no subestimar la presencia de estos grupos ni su capacidad de control territorial, como tampoco su poder de amedrentamiento y amenaza contra la población, sus organizaciones y sus procesos de exigibilidad de derechos, contra la implementación de la restitución de tierras así como contra la posibilidad de recuperación del Estado de Derecho en una región en la que la institucionalidad no ha podido restablecer ni los derechos de la población víctima del conflicto social armado ni los de la históricamente vulnerada. Más aún cuando en el marco del contexto de implementación de la Ley 1448 de 2011 y del gran despliegue de fuerza pública que ha caracterizado el Plan de Consolidación, fueron registrados entre 2012 y 2013, 135 acciones de amenaza dirigidas contra la población civil, de las cuales 100 tuvieron como objetivo personas afiliadas a procesos organizativos promotores de la implementación de la ley de víctimas en la región.15

14Revista

SEMANA, Los enredos de la senadora Piedad Zuccardi, 13 de febrero de 2013, En: línea, recuperado el 10 de Enero de 2014; http://www.semana.com/nacion/articulo/los-enredos-senadora-piedad-zuccardi/333286-3 15El

análisis de estos hallazgos se abordarán en el capítulo 4, presentado bajo el título: “Análisis de actores y de acciones violentas ocurridas durante el periodo comprendido entre 2012 – 2013”.

2. LAS COMPRAS MASIVAS EN CONTEXTO DE ABANDONO Y/O DESPOJO Al igual que en otras regiones del país, en Montes de María el despojo de tierras estuvo asociado directamente al desplazamiento forzado generado por las amenazas, las torturas, las masacres, y demás acciones violentas cometidas principalmente por paramilitares de las AUC contra la población campesina. Con violencia y fraude lograron apropiarse de las tierras pertenecientes a pequeños propietarios bajo modalidades como: a) la transferencia forzada de títulos bajo amenaza, b) el corrimiento de cercas para englobar los predios de la población desplazada, c) el uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad de los predios despojados y d) la adjudicación de parcelas de campesinos desplazados entre los propios combatientes (Reyes, 2009); tierras que en años posteriores por medio de compras sucesivas terminaron en manos de particulares que las proyectaron para la implementación de cultivos agro comerciales como la palma aceitera (biocombustibles) y la teca (maderables), actividades económicas que junto con la ganadería extensiva son las más determinantes en la región. Actualmente no se conoce con exactitud el número de tierras abandonadas o despojadas en la región dado que no existe un inventario que permita dar cuenta de su magnitud ni de sus diferentes manifestaciones, respecto a las cuales la superintendencia delegada para la protección, la restitución y la formalización de tierras, de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha identificado por lo menos 63 tipos de problemas jurídicos que podrían estar relacionados con este tipo de delito, ampliamente documentado y descrito por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el año 2010, en uno de los primeros y más importantes estudios que sobre el despojo se haya realizado hasta el momento en el país (CNRR, 2010). Según la Unidad de Restitución de Tierras, a fecha de agosto de 2013, el número de solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas presentadas por reclamantes ante las oficinas de restitución del departamento de Sucre (1.332 solicitudes por 56.971 hectáreas) y del departamento de Bolívar (3.335 solicitudes por 136.926 hectáreas) comprenden unas 193.387 hectáreas, correspondientes a 3837 predios ; cifras que no necesariamente indica que este total de reclamaciones correspondan a predios despojados por cuanto no se ha adelantado la valoración total de las solicitudes, como tampoco este número corresponde al total de hectáreas despojadas en la región de Montes de María puesto que la información presentada por la Unidad de restitución corresponde a las solicitudes englobadas por departamento y no aparece discriminada para cada uno de los 15 municipios que conforman la región. Justamente por la falta de información sobre la magnitud del despojo en la región de los Montes de María, llaman la atención algunas consideraciones expresadas por funcionarios encargados de adelantar procesos de restitución en la región, según las cuales los Montes de María se caracterizan más por el abandono forzado que por el despojo de tierras, caso que podría ser cierto a juzgar por las solicitudes presentadas por el tipo de reclamantes quienes en su mayoría, según Óscar Mauricio Sarmiento, juez de restitución de tierras de Bolívar, son víctimas de abandono forzado más que por despojos (El Espectador, septiembre 30 de 2013).

Esta idea, según la cual en Montes de María hubo más abandono forzado que despojo difícilmente puede considerarse como una descripción generalizada del fenómeno en la región; consideración que puede llevar a confusiones y generar el ocultamiento de tipologías de despojo poco conocidas, entre las cuales estarían las ocultas en la compra-venta de tierras que particulares realizaron en la región durante los últimos años, y en las que fueron detectadas por la Superintendencia de Notariado y Registro un conjunto de irregulares que fueron reportadas en su informe de 2011. (Superintendencia de Notariado y Registro, 2011). Durante los últimos años, la compra de tierras en la región se ha incrementado considerablemente con la llegada de un buen número de empresas e inversionistas del interior del país. El aumento en la concentración y en el acaparamiento de la propiedad de la tierra en la región –una constante histórica de la desigualdad y la exclusión en el campo colombiano–, se encuentra agravado debido a la relación que tiene el aumento de la presencia de empresarios y de compra masiva de predios con el contexto de las violaciones realizadas por los grupos de narcotraficantes, primero, y de paramilitares después, dirigido principalmente contra las comunidades campesinas por más de dos décadas en la región 16.De ello también da cuenta la Corporación Nuevo Arco Iris al señalar la reversión, en menos de cinco años, de los pocos esfuerzos en redistribución de la tierra logrados por el Estado a lo largo de más de cuatro décadas en la región. Según sus datos, procesados con base en información del propio Ministerio de Agricultura, en los Montes de María desde la década de los 60 hasta el 2000, el antiguo INCORA distribuyó y adjudicó 212 mil hectáreas a parceleros de la región, de las cuales 74 mil aproximadamente se encuentran en la actualidad en manos de particulares y empresas, situación que se presentó desde 2007 en el contexto de implementación del Plan de Consolidación de los Montes de María (Corporación Nuevo Arco Iris, 2012). Es de conocimiento público el número y los tipos de irregularidades detectadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en los procesos de compra de tierras durante los años recientes en los Montes de María. En su informe de finales de 2011, luego de concluir la intervención de las entidades estatales encargadas de vigilar y adelantar estos procesos, señaló 1.600 irregularidades en la compra de tierras en la región sobre aproximadamente 40.000 hectáreas, en las cuales se cometieron: a. Infracciones a las normas de protección de tierras y a los bienes de la población víctima de desplazamiento forzado; inobservancia por parte de funcionarios de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria; y fraudes en los procesos de transferencia de bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario. b. Irregularidades de las que participaron registradores, notarios, funcionarios del INCODER, de las alcaldías, de los comités territoriales de atención integral a la población desplazada, intermediarios, particulares y las mismas empresas, y de las que la propia Superintendencia se ha comprometido a informar periódicamente en cuanto a casos resueltos, tierras recuperadas, errores corregidos, judicialización de responsables y restablecimiento de derechos de los afectados; informe del cual aún no se tiene conocimiento (Superintendencia de Notariado y Registro, octubre de 2011).

Para ampliar el tema ver: León, noviembre 23 de 2009, y Osorio, julio 4 de 2011.

El mismo informe de la Superintendencia señaló la compra irregular de tierras en los Montes de María durante este periodo, constatando la adquisición de predios por parte de particulares e intermediarios a precios inferiores de su valor real, o aprovechándose de la condición de vulnerabilidad e indefensión de los pequeños propietarios para adquirir sus predios, en un contexto de presunción de despojo que abiertamente incidió e incide en el mercado de tierras y en la desigualdad de condiciones entre las partes intervinientes. Estas irregularidades en el proceso reciente de adquisición de tierras en la región, la presión que el desplazamiento forzado ejerció sobre los pequeños propietarios y que finalmente los condujo a la venta de sus tierras, la presión que ejercieron los compradores a los campesinos por las deudas contraídas en la adjudicación estatal de tierras a través del INCORA ante su imposibilidad de retornar y retomar sus actividades productivas en sus tierras abandonadas, así como del miedo a la presencia de actores armados en las inmediaciones de sus predios, constituyeron en su conjunto el contexto de lo que la CNRR denominó como la cadena del despojo en la región de los Montes de María. Investigarlas y sancionar a los responsables cuando en cada una de ellas se tipifique delito, no solo es una necesidad imperiosa en regiones como esta en la que actualmente la institucionalidad estatal realiza esfuerzos para adelantar la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino que además constituye una acción fundamental de Estado con la cual sentaría precedente institucional que dé cuenta de su accionar, sancionando a los responsables de estos hechos, y enviando un mensaje a la población y a las víctimas que aún desconfían de la institucionalidad a razón de las complicidades que funcionarios y políticos pudieron haber tenido en estos y otros hechos. El fallo emitido el 18 de junio de 2013 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con el cual se emite la primera sentencia de restitución de tierras para el municipio de El Carmen de Bolívar (primera sentencia de restitución de tierras del departamento de Bolívar que cuenta con opositor), constituye un importante precedente judicial frente al acaparamiento y la compra de tierras por parte de particulares en contextos con un alto registro de víctimas de desplazamiento forzado y de abandono de tierras. En esta sentencia, se ordenó la restitución del predio “El Cocuelo”, ubicado en el Carmen de Bolívar, adjudicado a su reclamante en 1987 por el INCORA en el marco de la implementación de las políticas de reforma agraria que el Estado colombiano adelantaba en la región. La devolución del predio se ordena a pesar de que el reclamante lo vendiese a un particular en el año 2007, quien a su vez no pudo demostrar su acto de buena fe en la compra del bien, razón por la cual no le fue reconocida la indemnización a la que tendría derecho en caso contrario, tal y como lo establece la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, lo más llamativo e importante en cuanto a la argumentación del fallo, es que resuelve la restitución del predio a pesar de que el reclamante vendió por encima del valor catastral del inmueble y no por el bajo precio que contempla la ley (50% del valor catastral); venta que a su vez contó con la autorización previa del INCODER (requisito legal), y que se efectuó meses antes de que la Gobernación de Bolívar, en octubre de 2008, dictase medidas cautelares por declaración inminente de riesgo de desplazamiento en la localidad en la que se encontraba ubicada el predio. Según un informe realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris en el año 2012 y titulado, “Política y violencia en Colombia”, entre los años 60 y el 2000 el INCORA distribuyó y adjudicó 212 mil hectáreas a parceleros de la región de los Montes de María; de ese total, la Superintendencia de Notariado y 26

Registro, ha señalado que al menos 74 mil están actualmente en manos de particulares, respecto a las cuales ha encontrado irregularidades en la venta de 34 mil de ellas. Si bien la Superintendencia encontró irregularidades en 34 mil de las hectáreas que estarían eventualmente en manos de particulares asociados con el fenómeno de compras masivas, luego de la sentencia de restitución de El Carmen de Bolívar anteriormente referida, quedaría al menos planteada la duda sobre las condiciones de vulnerabilidad y de indefensión (estado de necesidad) de los propietarios al momento de la transacción de las 40 mil restantes; situación que por lo demás dejaría abierta la posibilidad de identificación de un mayor número de despojos asociados a la compra masiva de predios en la región, y que podría estar en relación con lo señalado por algunos líderes, quienes han indicado que actualmente, quienes han participado de la compra de tierras en la región (sean intermediarios y/o compradores finales), estarían intentando arreglos con los reclamantes para que estos no continúen con los procesos de restitución que adelantan y en los que son opositores, o para que incluso algunos campesinos que vendieron sus predios no contemplen siquiera solicitarla.

3. LA IMPUNIDAD: EXPRESIÓN PERMISIVA DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGION La implementación de la Ley de Víctimas en contextos como el de los Montes de María, en los que los grupos herederos del paramilitarismo aún hacen presencia y ejercen control, ha significado que la población campesina desplazada, cuando intenta volver a sus predios, reclamarlos o apoyar las reclamaciones, sea nuevamente víctima de amenazas, de nuevos desplazamientos forzados, de otras agresiones o incluso de asesinato. Así también lo ha puesto en evidencia el informe de Human Rights Watch de septiembre de 2013, en el que al hacer un balance sobre el proceso de restitución de tierras y sobre las garantías de las que goza la población desplazada y despojada de sus tierras, señala que tan solo entre enero de 2012 y julio de 2013, en apenas 18 meses y según información de la Unidad Nacional de Protección, en Colombia más de 500 líderes reclamantes han recibido amenazas por ejercer o promover el derecho a la restitución de sus predios. Situación que puede describirse de forma aún más dramática si se toma en cuenta el hecho que de los 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos entre 2006 y 2011 y que fueron reportados por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación solo ha avanzado en la investigación de 49 de ellos; con el agravante de no haber imputado cargos en ninguna de las investigaciones que actualmente adelanta por las denuncias de amenaza que han sido interpuestas tanto por líderes promotores de la implementación de la Ley de Víctimas, como por los propios reclamantes de la restitución de sus predios (HRW, 2013). Este mismo informe señala que a la ausencia de justicia por los abusos cometidos en el pasado contra la población víctima de despojo y de desplazamiento forzado en Colombia, se le une la falta de justicia por la totalidad de las amenazas y los asesinatos cometidos recientemente contra los lideres reclamantes de tierras en el país en contextos como el de Montes de María en el que, si bien la Ley de Justicia y Paz de 2005 significó un hecho importante, a pesar de ella y de la implementación de la Ley 1448 de 2011, no hay avances en la revelación de la verdad sobre el despojo y expolio de tierras por parte de agentes legales (“para-economía” y “paraempresarismo”), y mucho menos por los ilegales (“narcoparamilitares” y “narcotraficantes”); en parte por el reiterado ocultamiento del crimen de desplazamiento y su relación con la apropiación y atesoramiento de tierras, territorios y recursos naturales, y pese a las declaraciones realizadas por comandantes paramilitares que se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz en las que han señalado que detrás del vaciamiento y el control de territorios, subyacían intereses económicos de los socios de la alianza que caracterizó la expansión del fenómeno paramilitar, y que estuvo conformada por paramilitares, políticos y otros servidores públicos (“parapolítica” y “parainstitucionalidad civil”), militares (“parainstitucionalidad militar”), élites locales políticas, económicas y empresariales (“paraeconomía” y “paraempresarismo”) y narcotraficantes transformados en paramilitares o no (“narcoparamilitarismo” y “narcotraficantes”), quienes en conjunto reordenaron y reconfiguraron la región de Montes de María y su institucionalidad estatal bajo la retórica de la eliminación de la subversión, y con la cual pretendieron ocultar el enriquecimiento propio o ajeno y la refrendación de sus estatus sociales y políticos (Salinas, 2012, p. 81).

Tabla 3. Cifras de personas que denunciaron amenazas en el marco de procesos de reclamación de tierras por Departamento (enero de 2012 y septiembre de 2013)

Solicitudes de Departamento restitución (Agosto de 2013)

Número de personas Total de área amenazadas por reclamar Porcentaje sobre el total de solicitada o acompañar el proceso amenazas por departamento a (Agosto de 2013) de restitución de nivel nacional (Sept de 2013) tierras (Sept de 2013)

Bolívar 3.335 136.926 54 10% Sucre 1.771 56.971 16 3% Total 5.106 193.897 70 13% Fuente: Elaboración propia a partir de: Datos unidad de restitución de tierras y de Human Rigth Watch, Ibid. Pág. 34

La falta de verdad, la impunidad y ausencia de justicia para las víctimas del desplazamiento forzado, la ausencia de investigación y de resultados por las amenazas y de los asesinatos que han configurado los Montes de María durante las últimas dos décadas, la insignificante penalización de los perpetradores de estos hechos y la no contemplación en la Ley 1448 de judicialización y penas para los responsables del despojo de tierras en la región, constituye un peligroso escenario en el que los responsables de los crímenes y las violaciones cometidas contra la población no solo continúan legitimando sus acciones sino que incluso pueden tener la expectativa de que nunca van a ser sancionados por las ya cometidas o por las que puedan cometer; lo que expone a la población víctima del conflicto armado en la región al amedrentamiento, al miedo y a la restricción de la exigibilidad de sus derechos por el riesgo que para ellas representa la impunidad y el mantenimiento de las estructuras y las redes que permitieron la movilización de acciones de las que fueron víctimas y que impiden actualmente la materialización de un Estado Social de Derecho garante de su vida, dignidad e integridad. Prueba de la impunidad y la falta de justicia por los crímenes cometidos contra líderes reclamantes de tierras en los Montes de María, lo cual es un alarmante precedente por el impacto que ello genera en la población víctima por la violación de sus derechos, lo constituye el hecho de constatar que de los trece (13) asesinatos de campesinos reclamantes en la región, ocurridos entre 2006 y 2013, no existen en las investigaciones, resultados que sean acordes al impacto ocasionado por estos hechos en el contexto actual de violación de Derechos Humanos en la región; esto a pesar de conocerse una relación fundamental entre todos ellos: la reclamación de tierras. Tabla 4. Líderes reclamantes asesinados en Montes de María (2006 - 2013) Nombre

Perfil de liderazgo

Fecha del asesinato

Municipio

Hans Jiménez

Secretario de la Asociación de Campesinos Retornados (ASOCARES), organización que actualmente adelanta su proceso de reparación colectiva ante la Unidad de Víctimas de Sucre; en el marco de la cual también reclaman por el asesinato de seis más de sus líderes

Enero 28 de 2006

Ovejas (Sucre)

Víctor Olivera

Presidente de la Asociación de Retornados de la Vereda San Francisco - Nuevo Porvenir

Abril 4 de 2006

Ovejas (Sucre)

Garibaldi Berrio Bautista Luis Miguel Pozo Porto José Dionisio Lozano

Alex Miguel Correa

Rogelio Martínez Mercado Óscar Manuel Mausa Contreras

Integrante del proceso de retorno a la finca La Alemania y del MOVICE - Sucre; asesinado a machete después de haber retornado al predio

Abril 13 de 2006

Presidente de SINDAGRICULTORES y de la Asociación de Juntas de Acción Mayo 3 de Comunal de las 2007 veredas de los Montes de María del municipio de Ovejas Líder de movilización municipal de campesinos desplazados, por medio de la cual Agosto 12 de buscaban acceder a un predio en el corregimiento de Pajonal para el desarrollo de 2007 sus proyectos productivos Líder comunitario miembro de la junta directiva de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de Sucre, asesinado en su vivienda; Correa era miembro de la comunidad campesina ubicada en la Finca la Europa y hacía parte 8 de diciembre de la comisión negociadora ante el INCODER en procura de la reclamación del de 2008 predio que fuese anteriormente utilizado como base militar de las AUC. Antes de su muerte, se había negado a ceder a las presiones que lo querían obligar a vender su predio. Líder de los desplazados de la finca La Alemania, a quienes la Corte Constitucional les concedió tutela a su favor y en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, la Caja Agraria en liquidación y el INCODER, por el no pago de un crédito Mayo 18 de a razón del desplazamiento forzado; situación a partir de la cual la entidad bancaria 2010 embargó y secuestró el inmueble previamente adquirido por la Asociación de Campesinos Productores de La Alemania Líder de restitución de tierras y directivo de la cooperativa COOTRAGLOBAN, quien reclamaba tierras desde 1997 en el municipio de Turbo (Urabá antioqueño), Noviembre 24 corregimiento Blanquicet, vereda La Esperanza, en el lugar desde el cual se había de 2010 desplazado para proteger su vida y la de su familia desde 2008, para asentarse finalmente en el municipio de San Juan de Nepomuceno

San Onofre (Sucre) Ovejas (Sucre) San Onofre (Sucre)

Ovejas (Sucre)

San Onofre (Sucre)

San Juan de Nepomuceno (Bolívar)

Antonio Luis Mendoza Morales

Concejal del Polo Democrático, presidente de la Asociación de Desplazados por la Violencia de los Montes de María (ADESMA) y líder del proceso de restitución de tierras en el municipio de San Onofre

Julio 2 de 2011

San Onofre (Sucre)

Eder Verbel Rocha

Miembro de la familia Verbel Rocha, la cual hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capitulo Sucre, desde el año 2006,organización que busca visibilizar la grave problemática de las víctimas del conflicto armado y la alarmante impunidad en las violaciones a los Derechos Humanos en la región

Marzo 23 de 2011

San Onofre (Sucre)

Carlos Alberto Paredes Ariña

Persona vinculada a la reclamación de predios en la subregión cuyo asesinato, fue vinculado a la restitución17

Marzo 17 de 2012

Zambrano (Bolívar)

Jeison Rivera Catalán

Hijo de reclamante de tierras por un predio ubicado en la vereda Las Pelotas (Carmen de Bolívar), quien hacía retornos laborales a este y del cual fue desplazado con su familia desde hacía casi 6 años. Luego de ser reportado como desaparecido, su cuerpo apareció sin vida, decapitado y con signos de tortura. A pesar de las investigaciones y las capturas, los líderes de la región aún sospechan de los móviles del crimen el cual las autoridades asociaron con un crimen pasional.

Mayo 27 de 2013

Carmen de Bolívar (Bolívar)

Carlos Eduardo Olmos

Representante de las víctimas ante la Mesa Municipal de Justicia Transicional de Los Palmitos, instancia creada por la Ley 1448 de 2011. Olmos fue asesinado luego de haber participado en una reunión con campesinos del municipio y con el representante a la cámara Iván Cepeda Castro, en un evento en el que denunció las actuaciones de la Unidad de Restitución de Tierras del departamento de Sucre y la relación de miembros de la Fuerza Pública con las actividades criminales de grupos herederos del paramilitarismo en la región

Octubre 6 de 2013

Los Palmitos (Sucre)

17El

Espectador en su edición del 15 de julio de 2012. En línea, consultado el 20 de Septiembre de 2013, http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-360068-el-drama-del-eterno-retorno

Por la impunidad que rodea a hechos graves como el asesinatos de estos 13 líderes entre el 2006 y el 2013, una de las tesis más fuertes del informe de Human Rights Watch de 2013, es justamente la de la permisibilidad de la violencia por parte del Estado colombiano al no haber adoptado medidas que logren desactivar el riesgo y la amenaza para la población víctima del conflicto armado, con el fin de lograr no solo la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino de ofrecer a las víctimas del conflicto su derecho a la justicia y a las garantías de no repetición. A propósito el informe señala sobre Colombia que: 

La rendición de cuentas por amenazas y ataques dirigidos contra reclamantes de tierras en respuesta a sus iniciativas de restitución ha sido escasa. Por lo tanto, la disuasión respecto a la comisión de tales delitos es escasa.



Las autoridades judiciales casi nunca juzgan a los responsables de los incidentes originales del desplazamiento forzado y despojo. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir ataques, en tanto implica que las personas, los grupos o las mafias delictivas interesadas en mantener el control de las tierras despojadas no estén bajo el escrutinio de las autoridades y pueden más fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.



El Estado colombiano no ha desarticulado eficazmente a grupos sucesores de paramilitares en distintas regiones del país, lo cual permite que esas organizaciones continúen cometiendo abusos contra reclamantes.

A pesar de que el informe de HRW hace énfasis en la situación de riesgo, vulnerabilidad y violación de los derechos de los reclamantes de tierras en Colombia, en el marco de la implementación de la Ley 1448, esta situación bien puede ser extensiva a territorios como el reconfigurado en los Montes de María por actores legales e ilegales responsables tanto de despojo como de otras violaciones, como lo fueron las masacres, las torturas, las amenazas, los desplazamientos forzados, la usurpación de bienes, el confinamiento y la violencia sexual; algunas de las cuales aún se registran en la región y ocurridas después de la desmovilización formal (año 2005) del Bloque Montes de María, grupo paramilitar vinculado a las AUC hasta ese entonces, y en el tiempo durante el cual el Ministerio de Defensa, los altos funcionarios de Gobierno y las Fuerzas Militares declararon que el Estado ya había recuperado la región y se encontraba consolidado el control de un territorio que en años anteriores estaba en manos de los grupos armados ilegales.

4. ANÁLISIS DE ACTORES Y DE ACCIONES VIOLENTAS (PERIODO 2012 – 2013)

A inicios del año 2012, como se indicó anteriormente, ILSA, en el marco de la acción de protección del convenio AECID, diseñó un instrumento de recopilación de hechos vinculados a la violencia organizada en la región de los Montes de María. Durante el transcurso de ese año y el siguiente se recopilaron casos en los que se consideraron los hechos que tendrían relación con la violencia organizada, obedeciendo a patrones y apuntando a víctimas o grupos de víctimas específicas. Se identificó en cada caso la fecha y lugar de los hechos, el tipo de hecho, la/las víctima(s), y en cada caso donde fuera posible el/los autor(es). La información de primera mano se obtuvo en entrevistas grupales o individuales en ambientes de confidencialidad y confianza con miembros de organizaciones sociales rurales de la región; simultáneamente se cruzó la información testimonial con la información encontrada de publicaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en la región, noticias en los medios de comunicaciones, y en los informes realizados por grupos de ONG’s nacionales e internacionales. Con la base de datos construida, se seleccionaron 225 hechos diferentes que se consideraron relacionados o atribuibles a la presencia de una forma organizada, reiterada y selectiva de violencia en los Montes de María durante los años 2012 y 2013. El registro de estos 225 hechos, evidenció que, a pesar de que en los Montes de María, las estadísticas sobre homicidios, desplazamiento forzado y demás violaciones a los derechos de la población han disminuido significativamente en relación con el periodo comprendido entre finales de los años 90 e inicios de la década del 2000, existen todavía grupos armados ejerciendo control social y atemorizando a la población civil en la región; destacándose nuevas formas de violencia que agrupan en su mayoría amenazas, asesinatos selectivos y acciones intimidantes que, si bien se distinguen de las formas características del periodo 1996-2006, constituyen una herencia directa del paramilitarismo e involucra a ex miembros de estas estructuras paramilitares anteriormente agrupadas en las AUC. 18 Situación que en el contexto actual de implementación de la Ley de Restitución de Tierras en los Montes de María, hace que el rearme de los grupos de desmovilizados o la presencia de los grupos armados herederos de las estructuras paramilitares de las AUC genere riesgos a los liderazgos de la Según información de la policía nacional, de las cerca de 12.100 capturas realizadas de miembros de estos grupos entre los años de 2006 y Junio de 2012, alrededor de 1.700 de ellas correspondió a desmovilizados. (Citado en: las Bacrim y el crimen organizado en Colombia, FES seguridad, Carlos Andrés prieto, Paper 47, Marzo de 2013, pág. 3). En este mismo informe se señala cómo un numeroso grupo de jefes de estas bandas "estuvieron vinculados o relacionaos de alguna manera con grupos paramilitares, como ha sido los casos de Don Mario, Los mellizos, Alberto guerrero, Alías "Cuchillo", "Martín Llanos", alias "Pablo", y los hermanos Úsuga entre otros. Según la fiscalía General de la nación, a Septiembre de 2012 el mayor número de desmovilizados capturados pertenecían a alguno de los siguientes Bloques de las AUC: Mineros, Nordeste antioqueño, Héroes de granada, Elmer cárdenas, Córdoba, cacique Nutibara, Tayrona, Norte, Héroes del llano, del Guaviare y del Catatumbo". (Ibíd. Página 3-4.) Ver también: "Bacrim, responsables de la mayoría de violaciones de DD.HH en Colombia: informó la ONU al indicar que los urabeños, La empresa y Los Rastrojos tienen en sus filas antiguos integrantes de las autodefensas". El espectador, Marzo 26 de 2014. En línea, revisado el 6 de Mayo de 2014. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/bacrim-responsables-de-mayoria-de-violaciones-de-ddhh-c-articulo-483096 18

reclamación y la restitución, ya que eventualmente podrían estar proporcionando la oferta de violencia intimidatoria que los contradictores de la restitución en la región demanden.19 4.1

Acciones de violencia contra la población

En este apartado se pretende dar cuenta de las acciones que evidenciaron hechos de violencia contra la población civil durante los años 2012 - 2013. Durante la recopilación de información sobre la presencia de Grupos Armados Ilegales en los Montes de María, mediante los insumos recogidos se buscó identificar a los grupos armados relacionados con los hechos recopilados. Los casos en los cuales no se identificó exactamente a los autores de las acciones correspondientes, fueron denominados como acciones cometidas por "actores de violencia desconocidos". Teniendo como criterio las actividades de los grupos armados al margen de la ley, el perfil de las víctimas y otros indicadores, se identificaron tres tipos de autores de violencia asociados a los 225 hechos recopilados en los Montes de María: 1) “Grupos armados sucesores del paramilitarismo”(Rastrojos, Urabeños, Paisas, y Águilas Negras); 2) “Guerrilla”,(haciéndose referencia única y exclusivamente a las FARC); y 3) Actores violentos vinculados a la restitución”, tipología adicional con la cual se agruparon varios actores identificados, que ejercieron violencia contra la población campesina, y cuyo móvil estuvo asociado al tema de restitución, pero de quienes se desconoce su vínculo o su relación directa o indirecta con los actores armados que hacen presencia en la región. Dentro del grupo conformado por la categoría “actores violentos vinculados a la restitución” se encuentran: a. Agentes intimidatorios privados: según testimonios de campesinos de los Montes de María, se identificó una modalidad recurrente, discreta y efectiva de intimidación a campesinos reclamantes de tierras. Consiste en la presencia física regular de personas identificadas en la comunidad por sus vínculos con familias históricamente relacionadas con el paramilitarismo o el crimen organizado, en las cercanías de espacios de reunión de víctimas o campesinos, a quienes con la sola presencia de este tipo de personas les basta para sentirse atemorizados. b. Grupos de seguridad privada: Estos grupos prestan servicios de seguridad privada patrullando en las grandes extensiones de tierras, propiedades de las empresas. Sin embargo, a estos grupos, también algunos líderes de la región entrevistados, les atribuyen acciones ilegales, por la extralimitación de su acciones, al llegar a la intimidación de pequeños productores generalmente desplazados retornados, cuyos Esta situación fue advertida por la Defensoría del Pueblo en los informes de riesgo N° 007-12 del 15 de Mayo de 2012, y en el N°009-12 del Junio 25 del mismo año. 19

intereses, a menudo ligados con restitución de tierras, son incompatibles con los anhelos económicos de las empresas. c. Otros actores violentos vinculados a la restitución: Esta denominación se refiere a los autores de acciones violentas contra reclamantes de tierras o indirectamente contra líderes, defensores o capacitadores de reclamantes de tierras, quienes tendrían como objetivo evitar la reclamación de tierras de las víctimas de despojo o abandono forzado. En esta tipología se incluyen las acciones que han sido reivindicadas por el autodenominado "Ejército Anti Restitución de Tierras".

A continuación se presenta la gráfica que muestra la proporción hechos recopilados y documentados, incluyendo además la proporción de acciones o hechos que estuvieron relacionadas durante los años 2012 -2013 con actores violentos que se han expresado en contra de la restitución pero que no se pudo identificar si formaban parte de la guerrilla de las FARC o de los grupos armados sucesores del paramilitarismo. Figura 2. Porcentaje de hechos registrados y presuntos grupos asociados (Periodos 2012 – 2013)

Sucesores de las AUC 22%

28% Actores violentos vinculados a la restitución

46%

Guerrilla Grupos no-identificado

Fuente: ILSA. Elaboración propia a partir delos 22520 hechos que fueron registrados durante el año 2012 y 2013 para la elaboración de este informe.

Es importante destacar que fuera de los 225 hechos relacionados o atribuibles a la presencia de una forma organizada, reiterada y selectiva de violencia en los Montes de María, se recopiló un caso de violencia sexual en contra de una mujer ocurrido en agosto del 2013 en la vereda “La Cansona”, jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar, no por parte de un grupo armado ilegal, sino por parte de miembro de la fuerza pública, integrante de la infantería de Marina, caso que actualmente está siendo investigado por las autoridades competentes. 20

Es importante destacar que de todos los hechos atribuibles a grupos armados en el transcurso de los años 2012- 2013, un 46% de ellos se pudieron atribuir a lo que en este informe se denomina actores violentos vinculados a la restitución, seguido del 28% de hechos en los que estuvieron vinculados los grupos armados sucesores del paramilitarismo (Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras y Paisas). Es decir, si bien los grupos herederos del paramilitarismo hacen presencia en la región, están involucrados en las acciones violentas ocurridas en este periodo y generan un riesgo inminente para la exigibilidad de derechos de la población víctima y para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución, la mayor parte de acciones violentas, parte de los 225 hechos registrados durante los años 2012 – 2013, involucran a otros actores de los cuales no se tiene un conocimiento claro sobre el tipo de vínculo que estos podrían tener con grupos armados sucesores o herederos de los grupos paramilitares de las AUC. Con un 46% de las acciones agrupadas en la categoría de actores violentos vinculados a la restitución, la sistematización de la información arrojó la distribución de responsabilidades en esta categoría que se presenta en la Figura 6. Figura 3. Distribución de responsabilidades en la categoría “actores violentos vinculados a la restitución”

13% 14% 73%

Agentes intmidatorios privados Grupos de seguridad privada Otros actores vinculados a la restitución

Fuente: ILSA. Elaboración propia. En la subcategoría “Otros actores vinculados a la restitución” se incluyeron 4 casos en los que se registraron amenazas a campesinos de la región cuya autoría fue reconocida por un grupo autodenominadocomo “Ejercito Anti Restitución” del cual aún no se tiene certeza de su existencia.

La figura anterior indica que la mayor parte de las acciones recopiladas contra la restitución de tierras o contra la promoción de la restitución de tierras en la región de los Montes de María durante el 2012 y 2013 involucraron a otros grupos o actores diferentes a los que hemos denominado como grupos sucesores del paramilitarismo; grupos (opositores a la restitución) de los que no existe una clara identificación más allá de la auto reivindicación de acciones (solo en cuatro hechos) del grupo autodenominado "Ejército Anti Restitución de Tierras", y del cual las autoridades responsables de la seguridad en la región niegan la existencia de su estructura de “ejército” con mando unificado, acciones sostenidas y capacidad de fuego. 35

4.2

Repartición temporal de acciones violentas y hechos atribuibles a grupos armados ilegales en la región

Como se ha mencionado anteriormente, se recopilaron 225 hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley en los Montes de María. La siguiente figura presenta la distribución anual de estos hechos: Figura 4. Acciones violentas o hechos atribuibles a grupos armados ilegales (Periodo 2012 – 2013)

dic.-13

nov.-13

oct.-13

sep.-13

ago.-13

jul.-13

jun.-13

may.-13

abr.-13

mar.-13

feb.-13

ene.-13

dic.-12

nov.-12

oct.-12

sep.-12

ago.-12

jul.-12

jun.-12

may.-12

abr.-12

mar.-12

feb.-12

ene.-12

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Acciones violentas o hechos atribuibles a opositores a la restitución Acciones violentas o hechos atribuibles a sucesores de las AUC Acciones violentas o hechos atribuibles a la Guerrilla Acciones violentas o hechos atribuibles a grupos no identificados Fuente: ILSA. Elaboración propia

En la figura se destaca que grupos ejerciendo violencia vinculada a la tenencia de tierras, ilustrados por la curva de color azul, han llevado acciones o mostrado su presencia en los Montes de María de manera constante durante el año 2012 y el 2013, con picos en su accionar, registrados en los meses de febrero, julio y en el último trimestre del año 2012. El pico de febrero 2012 coincide con acciones intimidatorias llevadas a cabo en contra de campesinos desplazados ubicados en predios sobre los cuales han defendido sus derechos. Las organizaciones o campesinos víctimas de estas intimidaciones se presentarán más adelante, mencionando las tierras relacionadas con las acciones intimidatorias. 36

Esta intensificación de ataques en contra de campesinos en febrero no constituye una mera casualidad. Se dieron justamente poco después de enero de 2012, mes en el cual se puso en marcha la Ley 1448 de Víctimas y de Restitución de Tierras. Además, la Unidad de Restitución de tierras para los Montes de María que tiene a cargo recibir las demandas de restitución de tierras, abrió sus puertas en el Carmen de Bolívar el 24 de febrero 201221. Es muy probable que las acciones intimidatorias en contra de campesinos potencialmente beneficiarios de la Ley 1448, estén relacionados con las primeras señales concretas de la implementación de esta Ley en la región. En cuanto al pico de julio 2012, consiste en varios ataques directos o amenazas22 a organizaciones de base ubicadas en San Juan de Nepomuceno (Bolívar) como “Narrar para vivir”, o en Ovejas (Sucre) como “ASOCARE”, la Asociación de campesinos de La Europa, y el “MOVICE Capítulo Sucre”. Este periodo coincide con las resoluciones de la Unidad de restitución de tierras determinando las zonas de micro-focalización en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas. En estas resoluciones, se les pidió a los campesinos despojados de sus tierras en dichos municipios, que compareciesen frente a la Unidad de Restitución23, y de nuevo se incrementó el número de acciones en contra de campesinos, simultaneas a las actividades de implementación de la Ley 1448 en los Montes de María por parte del Estado. Por último, en la gráfica se evidencia un aumento alarmante de hechos atribuibles a GAML a finales del año 2012. Esto se debe principalmente al registro, de múltiples mensajes intimidatorios dirigidos a la “Mesa de víctimas de El Carmen de Bolívar”, organización activa en el seguimiento a las disposiciones de la Ley 1448 de 2011. Esta campaña de hostigamientos coincidió con la intensificación de actividades concretas de apoyo a campesinos de la Mesa después de su conformación 24 y también estuvo aparentemente ligada con el objetivo de poner trabas al proceso de restitución de tierras en los Montes de María.

El Universal, publicado el 24.02.2012, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/abren-oficina-de-restitucion-detierras-para-los-montes-de-maria-66307 21

22Una

de las acciones consistió en una violenta misivafirmada “Ejercito anti-restitución” en la que se declaraba objetivo militar a líderes del MOVICE de los cuales uno que es abogado, lleva el caso de la finca La Europa en Ovejas. El contenido del mensaje hacía claramente referencia al proceso de restitución de tierras. 23Micro

focalización Departamento de Sucre. Ver portal Unidad de http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=107. Visitado el 13 de Febrero de 2014. 24

restitución

tierras.

El 13 de abril del 2012 se llevó a cabo la instalación oficial de la mesa de víctima de El Carmen de Bolívar.

4.3

Tipo de víctimas de las acciones violentas

A continuación se presenta las diferentes organizaciones campesinas de los Montes de María víctimas de hostigamientosincluyendo las acciones intimidatorias que se llevaron a cabo en su contra: Campesinos desplazados retornados de El Salado (en jurisdicción de El Carmen de Bolívar). Esta comunidad, que tiene derechos sobre algunas tierras del mismo corregimiento, sufrió en el mes de febrero de 2012 varias incursiones de hombres armados, que mediante intimidaciones les advirtieron no vincularse al proceso de restitución de tierras. 

Campesinos desplazados reclamantes de tierras ubicados en el predio “Caño Negro”. Estos campesinos están en litigio con un terrateniente de la región, sobre la propiedad del predio Caño Negro en el Carmen de Bolívar. Uno de los líderes de Caño Negro recibió varias amenazas en el mes de febrero 2012 (Defensoría del Pueblo, mayo de 2012, p. 18).



Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar. Con sede en el municipio de El Carmen de Bolívar, está constituida por miembros de organizaciones de víctimas de la región y por líderes locales. Desde su instalación oficial, el 13 de abril del 2012, en el marco de la implementación de la ley 1448 del 2011ha sido muy activa en le defensa de víctimas; a razón de ello, algunos de sus liderazgos más visibles fueron intensamente, durante este periodo, objeto de constantes acciones de hostigamiento y amenazas. De todas las organizaciones que están asumiendo la vocería por la exigibilidad de derechos del campesinado en la región esta Mesa fue la más hostigada en el transcurso de 2012 y 2013. Esto se puede explicar por el hecho que se creó aproximadamente en el mismo periodo que el arranque de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en los Montes de María, es decir, principios de 2012.



Asociación Campesina de la Vereda La Europa. Como su nombre lo indica, está organización reúne campesinos del predio La Europa ubicado en el municipio de Ovejas. Se trata de una parte de los campesinos que fueron desplazados del predio por una masacre paramilitar en el año 1994 (Amnistía Internacional, marzo 19 de 2012), y que empezaron a retornar en 2006. Desde el retorno están confrontados a constantes hostigamientos (El Universal, marzo 18 de 2012). Es importante notar que esta violencia se está desarrollando en un contexto de litigio sobre el predio con los representantes legales de una empresa llamada "Arepas Don Juancho" que aseguran ser los dueños de estas tierras. En febrero, marzo y octubre de 2012 integrantes de esta asociación sufrieron varios ataques a bienes materiales que consistieron en el incendio de ranchos donde solían depositar sus cosechas. Además de estos ataques, identificaron presencias sospechosas en la zona, en algunos momentos de hombres armados merodeando en camionetas con vidrios oscuros. En el 2013 siguieron los hostigamientos pero a través de amenazas. Como se registró en el informe de Derechos Humanos publicado por ILSA en el 2012, los campesinos de la zona han señalado que tras esta amenaza estarían probablemente personas cercanas a la empresa “Arepas Don Juancho” con quien las comunidades de la vereda se 38

encuentran en conflicto. Este inició cuando algunos campesinos beneficiarios de predios otorgados por el INCORA (antiguo INCODER), durante la administración del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), decidieron vender desde 2008 parte de los predios que les fueron adjudicados (ILSA, 2012). Con el visto bueno de la Alcaldía de Ovejas, algunas familias beneficiarias le vendieron en 2008 a la empresa “Arepas Don Juancho” aproximadamente 800 hectáreas de tierra, a precios muy bajos. Campesinos desplazados que no vendieron y que desean retornar al territorio que hace años tuvieron que abandonar por causa del conflicto armado, se oponen a esta transferencia ya que desean vivir en las tierras que son de su propiedad y de las que alguna vez fueron desalojados violentamente por los grupos paramilitares. La empresa compró las tierras a los campesinos que no quieren regresar, compra irregular ya que tenía información y las listas de cada uno de los propietarios, de los lugares en los que se encontraban y donde finalmente fueron contactados; información difícil de obtener incluso para los propios propietarios. El conflicto aún no se ha resuelto ni a favor de la empresa ni de los campesinos demandantes, sin embargo la empresa se niega a permitir el retorno de las comunidades a los predios que ya considera de su propiedad. Entre tanto, y a pese a que el Ministerio de Agricultura ha prometido la devolución de las tierras que fueron adjudicadas a los campesinos que un día las perdieron, siguen las amenazas contra miembros y dirigentes que exigen el derecho a retornar a sus territorio (Boletín de la CNRR, mayo de 2010). 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, Capítulo Sucre. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es una organización activa a nivel nacional. Sin embargo para el presente estudio solo se recopiló información de ataques o intimidaciones en contra del capítulo Sucre. Sus actividades son principalmente de denuncia de violaciones de los Derechos Humanos por parte de agentes vinculados al poder político, y de lucha contra la impunidad relacionada con la violencia estatal. También trabaja para ayudar y organizar a las víctimas. En los Montes de María el MOVICE, capítulo Sucre, ha sido objeto de múltiples ataques, incluso se ha presentado el asesinato de algunos de sus miembros en los años recientes. Apoya procesos campesinos de la región y también el proceso de restitución de tierras. Cuenta en su membrecía a nivel nacional con Iván Cepeda, quien fue su vocero nacional y hoy es Representante a la Cámara, quien ha sido citado en varios panfletos o amenazas recopilados en Sucre. También cuenta a nivel local con la membrecía de Juan David Díaz Chamorra, líder amenazado en múltiples acciones intimidatorias registradas en este estudio e hijo del Alcalde de El Roble, Tito Díaz. Es importante resaltar algunos apartados del comunicado que ilustren la ideología del llamado “Ejército Anti Restitución”. El comunicado empieza decretando el “rearme y conformación del Ejército Anti Restitución” a causa de “la debilidad” del gobierno Santos. Sigue explicando que su objetivo es aniquilar a los guerrilleros de la región y relaciona las organizaciones de campesinos con guerrilleros. También toca el tema de la restitución de tierras definiendo este proceso como un “robo de tierras a las personas honradas de estas regiones”. Siguen explicando que después de investigar la situación de los Montes de María, han decidido comenzar a limpiar la región de la “intentona de las FARC” y retomarla, comenzando con el exterminio de “los auxiliadores de estos grupos que se disfrazan de defensores de Derechos 39

Humanos y que no son más que defensores de guerrilleros disfrazados de víctimas y campesinos despojados”. El comunicado termina con un listado de personas integrantes de la Mesa de Víctimas y del MOVICE, decretándolos como objetivos militares. En resumen el comunicado anuncia la conformación de un grupo armado al margen de la ley, dedicado a estorbar al proceso de restitución de tierras y estigmatiza a los reclamantes de tierras y sus defensores como guerrilleros. El comunicado no permite aclarar si se trata de un grupo armado al margen de la ley conformado de la misma manera que los otros conocidos. 

Asociación de campesinos de Palmitos. Es una organización de campesinos desplazados en el año 2000 de la vereda Palmitos, corregimiento El Salado en el Carmen de Bolívar. Aproximadamente cuarenta de las sesenta familias desplazadas retornaron al predio 2003 y 2006. En el 2009, ante las presiones ejercidas por dos personas que decían ser los nuevos propietarios del predio, la comunidad se organizó en la Asociación de Campesinos de Palmitos con el fin de solicitar al INCODER la adjudicación del predio. No obstante el reconocimiento de calidad de poseedores por parte del INCODER, a principios de febrero 2012, los campesinos de la organización empezaron a sufrir acciones de hostigamientos por parte de agentes intimidatorios25 para desalojar el predio (Defensoría del Pueblo, mayo de 2012, p. 19).



Asociación de Pequeños Productores Víctimas de la Vereda Las Brisas – ASOPROVIB. Organización de campesinos retornados y en proceso de retorno de Las Brisas, vereda perteneciente al corregimiento de San Cayetano, en San Juan de Nepomuceno. Doce de los habitantes de Las Brisas fueron masacrados por paramilitares (aunque la sentencia emitida por Justicia y Paz solo reconoció a 11) en el mes de marzo de 2000, incidente que llevó al desplazamiento de toda la comunidad. Hacen parte de los campesinos relacionados junto con la comunidad de Mampuján (corregimiento de María La Baja, Bolívar), de la primera sentencia en firme basada en la Ley de Justicia y Paz. A pesar de que la sentencia les ofrece garantías de no repetición, en la realidad la seguridad, ante todo de los líderes de la organización, no está dada. Dos de sus líderes que ya habían sido desplazados en Cartagena por hechos ocurridos en los años anteriores, fueron nuevamente víctimas de graves amenazas probablemente vinculadas con el interés suscitado por la tenencia de sus tierras por actores potentes de la región. Según el informe de sistemas de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Bolívar, las amenazas impactan “directamente sobre el proceso organizativo que reclama el cumplimiento de las medidas de reparación integral dictadas por la Corte y hace resistencia al modelo agroindustrial (Defensoría del Pueblo, mayo de 2012, p. 27).

Uno de los agentes intimidatorios que entró al predio Palmitos para intimidar a los campesinos fue citado por el Representante a la Cámara Iván Cepeda, en la sesión de debate de control político sobre tierras, frente a la plenaria del Senado de la República, en el mes de mayo 2012. El Representante lo definió como miembro de un clan o familia que es identificada con los gérmenes del paramilitarismo en la región, quién ha buscado a varios campesinos que están reclamando tierra atemorizándolos. 25



Red de Mujeres Narrar Para Vivir. Esta organización nació en la época fuerte del conflicto en los Montes de María como un espacio seguro de desahogo para mujeres víctimas del conflicto. Tenía una función terapéutica a través del compartir oral de las atrocidades vividas. Desde entonces sus actividades han evolucionado, disponiendo hoy día de lideresas muy capacitadas que trabajan con mujeres pero desde una perspectiva de apoyo, lo que incluye también ayuda a reclamantes de tierras. Al parecer esta faceta del trabajo de "Narrar Para Vivir" ha disparado una cruzada de amenazas en contra de una de sus lideresas quien fuè víctima de varias acciones intimidantes dentro de las cuales se encuentran un caso de intento de homicidio llevado a cabo el 28 de agosto 2012. Anteriormente, la lideresa había sufrido dos llamadas intimidatorias en el mes de julio 2012 y un episodio intimidatorio en el sector “Gambotico”, en el Carmen de Bolívar.



Asociación de Campesinos Retornados de Ovejas – ASOCARES. La Asociación reúne a campesinos desplazados y retornados de las veredas de Borrachera, Medellín, Villa Colombia, El Palmar y otras, todas en jurisdicción del municipio de Ovejas. Desde el retorno muchos miembros de ASOCARE han sido víctimas de hostigamiento y algunos de homicidio. En el 2012 y 2013, las acciones intimidantes han seguido. Hay que destacar que la organización ha tenido problemas de convivencia con los compradores de tierras en la zona. Los miembros de ASOCARE, dejaron claro en varias ocasiones que se oponen a los deseos expansionistas de esta reforestadora que pertenece a una empresa antioqueña muy conocida. Los campesinos sospechan que muchas acciones intimidantes o de hostigamientos, como la cerca de predios o el cierre de caminos reales, son obra de agentes de seguridad privada que pertenecen o actúan bajo órdenes de la empresa. También han compartido preocupaciones sobre la presencia cada vez más frecuente de grupos de hombres armados, que transitan por las veredas Medellín y Palmar, contiguas a la vereda Villa Colombia, en el municipio de Ovejas (ILSA, 2012, p. 33). Por otra parte, la hija de un líder de ASOCARE, en tres oportunidades fue víctima de acciones intimidantes, dos de ellas a través de llamadas telefónicas amenazantes y un incidente de gravedad, donde hombres armados llegaron en altas horas de la noche con el presunto propósito de atentar en contra de su vida.



Asociación de Víctimas Tierra y Vida. Esta asociación apoya líderes y organizaciones de víctimas en todo el país, trabajando también para el desarrollo y la implementación de la Ley de Víctimas. La entonces directora de la asociación, expresó en una entrevista a finales de 2012su preocupación por la seguridad de los reclamantes de tierras. Denunció que 18 personas, del capítulo Montes de María de la Asociación, tuvieron que salir huyendo por amenazas contra sus vidas. Además uno de sus líderes en San Jacinto (Bolívar), conocido por su apoyo a campesinos para que reclamen sus tierras en lo que van de la implementación de la Ley 1448, ha sido incluido en 14 mensajes de texto intimidatorios recibidos por un miembro de la Mesa y ha recibido intimidaciones telefónicas, escritas y personales entre septiembre y octubre 2012 y a principios de 2013.

Resta también destacar el impacto psicológico que generaron estas acciones ilegales en toda la región y hasta a nivel nacional. Los Montes de María, por ser una zona focalizada y por lo tanto una de las 41

primeras regiones de Colombia donde se implementa la Ley 1448, constituye un “laboratorio” en la implementación de la Ley. Más allá de los receptores directos de las acciones intimidatorias, todos los reclamantes de tierras potenciales entendieron que actores violentos están buscando estorbar al proceso de restitución de tierras. Es importante señalar que no todos los hechos atribuibles a Grupos Armados Ilegales recopilados en este informe provocaron víctimas. Los testimonios de presencia de Grupos Armados Ilegales, las capturas realizadas por las autoridades o los decomisos de material, que constituyen el 22% de todos los hechos recopilados, no se pueden tipificar como hechos victimizantes, aunque indican la presencia de estos grupos; no obstante, el 78% corresponden a hechos que sí generaron víctimas directas o indirectas. En el proceso de registro de estos casos se presentaron varias situaciones relacionadas con víctimas que permiten clasificarlas en cuatro grupos: 

En las situaciones donde la víctima es miembro o líder de una organización de campesinos o de defensa de los derechos de campesinos, se clasificaron bajo el término “integrantes de organizaciones campesinas”. Hay que destacar que todas estas organizaciones están vinculadas de alguna manera con el proceso de restitución de tierras.



En los casos donde, la víctima no era parte de una organización en el momento de los hechos, se clasificó bajo el término “Víctimas individuales”. Es importante aclarar que entre estas víctimas la casi totalidad pertenecen al mundo del campesinado y algunos son reclamantes de tierras.



En las situaciones donde todos los habitantes de una región son víctimas, se les clasificó bajo el término “víctimas indeterminadas”, en el sentido de que la actividad violadora de derechos humanos no apunta a una víctima en particular sino a un número indeterminado de personas. Se trata por ejemplo de los casos de circulación de panfletos conteniendo amenazas indiscriminadas, ya que todas las personas que viven en la zona cubierta por el panfleto o la amenaza pueden ser consideradas como víctimas.



En las situaciones donde no se pudo comprobar la identidad de la víctima ni su pertenencia a alguno de los grupos citados arriba, se clasificó como víctima desconocida.

Figura 5. Tipos de víctimas identificadas en las acciones violentas (Periodo 2012 – 2013) 3% Integrantes de organizaciones campesinas

13%

Víctimas individuales 25%

59% Víctimas indeterminadas Víctimas desconocidas

Fuente: ILSA. Elaboración propia.

4.4

Ubicación de los hechos violentos o relacionados con grupos armados ilegales registrados por municipio durante los años 2012 - 2013

De los 15 municipios que componen los Montes de María, algunos de ellos se destacan por contar con un número mayor de hechos registrados relacionados con acciones violentas y con presencia de Grupos Armados Ilegales en sus jurisdicciones. A continuación se presenta una figura que ilustra cuales son los municipios o regiones de los Montes de María en las cuales se registraron acciones violentas, y se agregan los grupos a los cuales se les atribuyen estos hechos. Figura 6. Hechos atribuibles o relacionados con grupos armados por municipio 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Grupos no-identificados Acciones violentas o hechos registrado atribuibles a la guerrilla Acciones violentas o hechos registrado atribuibles a sucesores de las AUC Acciones violentas o hechos registrado atribuibles a opositores a la restitución Fuente: ILSA. Elaboración propia.

En la Figura se destaca que el municipio de El Carmen de Bolívar, donde se registraron más hechos atribuibles relacionados a la presencia de Grupos Armados Ilegales. Después le siguen los municipios de San Onofre, San Jacinto, Ovejas, los municipios ubicados en la zona de acceso alGolfo de Morrosquillo (Palmito y Tolú Viejo), San Juan de Nepomuceno, María La Baja y Zambrano. En Córdoba, El Guamo, Morroa, San Antonio de Palmitos, Colosó y Chalán se registraron también hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley, pero más escasos. Es relevante destacar que las acciones violentas de grupos opositores a la restitución, estuvieron relacionadas con hechos ocurridos en dos municipios de Sucre (San Onofre y Ovejas) y en todos los municipios de Bolívar exceptuando María La Baja. En lo que concierne a grupos sucesores del paramilitarismo, se les atribuyen hechos ante todo en María La Baja (Bolívar) y en los municipios sucreños de San Onofre, Palmito y Tolú Viejo; estos dos últimos caracterizados por tener las vías de acceso al Golfo de Morrosquillo, terminal marítima fundamental en la ruta del narcotráfico que comunica el sur del departamento de Bolívar con los países de Centroamérica. Se presume que la vía Tolú Viejo-San Onofre-María La Baja, comunicadas con la ciudad de Cartagena, sirve también para el tránsito de drogas en la región26. Inspirándose de la repartición por municipios de los hechos recopilados presentados en la precedente figura, se pueden deducir zonas de influencias atribuibles a cada grupo.

En efecto, a lo largo de la década de 1980 varios personajes asociados al narcotráfico compraron tierras en la zona costera de los Montes de María (Tolú, Tolú Viejo, Coveñas, Palmito y San Onofre), especialmente aquellas que se encuentran a lo largo de la carretera que comunica a Cartagena con el Golfo de Morrosquillo (Fundación Ideas Para la Paz, Análisis Regional de los Montes De María, Septiembre de 2011). 26

Mapa 5: Zonas en las que se registró presencia de grupos armados ilegales en Montes de María

Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que las zonas resaltadas en el mapa 6, que corresponden con escasas diferencias a las 3 subregiones (ver mapa 2) de los Montes de María, no pretenden demostrar con rigurosa exactitud la ubicación de los grupos armados al margen de la ley. En realidad la localización de estos grupos no suele ser tan sectorizada. Sin embargo, el mapa resalta de manera sintética las zonas donde ocurrieron más números de eventos relacionados con cada grupo armado. También, a la hora de ubicar estas zonas en el mapa, se tomó en cuenta testimonios de terreno según los cuales, pequeños grupos muy limitados de guerrilleros estaban ubicados en la “zona montaña” (ver mapa 2) de los Montes de María, y que numerosos grupos de seguridad privada, que llevaron a cabo acciones destinadas a estorbar el proceso de restitución de tierras, fueron vistos en las partes bajas de los Montes de María, es decir en zonas ubicadas a lo largo del Rio Magdalena.

Carmen de Bolívar El gran número de hechos atribuibles a actores “ejerciendo violencia vinculada a la tenencia de tierras” en el Carmen de Bolívar, se relaciona principalmente a una campaña de hostigamiento por mensajes de texto llevada a cabo por el auto-reivindicado grupo “Anti Restitución de Tierras” en contra de líderes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar. Para formular una hipótesis del por qué el Carmen de Bolívar constituyó en el 2012 y 2013 el escenario de estas acciones, es importante recordar que es el municipio del departamento de Bolívar con más reclamantes de tierras: 1.569 solicitudes que involucran 28.597 hectáreas según datos actualizados al a 31 de junio de 201327, y que fue focalizado 27

II Informe de seguimiento al proceso restitución de tierras, Contraloría general de la república, Octubre 2013, pág. 94.

a nivel nacional por la Unidad de Restitución de Tierras para comenzar los procesos de formalización y restitución. Las acciones llevadas a cabo en este municipio tienen, por tanto, un componente simbólico: se ataca a campesinos de uno de los municipios con más demandas de restitución para empezar este proceso, con el fin de intimidar a los campesinos de la región para que no sigan reclamando la restitución de sus tierras y porque podría existir un sector poderoso y probablemente bien organizado comprometido con estorbar estas reclamaciones a cualquier precio, incluido con el uso de la violencia. En las zonas rurales del municipio se registraron varios hechos atribuibles a grupos armados ilegales. En la parte baja del municipio, de relieve menos accidentado y que se extiende al oriente de la Troncal de Occidente hasta los municipios colindantes de Córdoba y Zambrano, se presentaron acciones violentas de grupos opositores a la restitución. Es importante destacar que esta misma zona ha sido priorizada por el Gobierno Nacional como zona de micro focalización, es decir como una de las primeras zonas a nivel nacional para iniciar los procesos de restitución de tierras28. En ella se han reportado, como se ha descrito anteriormente, varios ataques u hostigamientos a comunidades de campesinos en litigio con supuestos terratenientes sobre predios ubicados en veredas o corregimientos como Caño Negro (vereda ubicada en el corregimiento Jesús del Monte), Los Palmitos (vereda ubicada en el corregimiento El Salado) y Verdún (Corregimiento de El Carmen de Bolívar). También en relación con este tipo de acciones, no necesariamente relacionadas con grupos sucesores del paramilitarismo, pero que podrían estarlo, habitantes de la región denunciaron la presencia de un grupo armado29 patrullando generalmente de noche en la parte baja de El Carmen de Bolívar (en veredas como Aceituna o El Bálsamo), realizando actividades de intimidación a comunidades de campesinos retornados, algunas de ellas beneficiarias de pretensiones sobre predios. Según testimonios, este grupo está prestando un servicio de seguridad privada para empresas agroindustriales y grandes terratenientes. Su zona de actividades no se extiende solamente en la parte baja de El Carmen de Bolívar, sino también en toda la zona baja de los Montes de María a lo largo del Río Magdalena, lo que incluye Córdoba, Zambrano, las partes bajas de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y El Guamo. San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Zambrano y Córdoba Igual que en el Carmen de Bolívar, en San Jacinto se registró un alto número de hechos violentos atribuibles a grupos opositores a la restitución. Gran parte de ellos están vinculados con la campaña de hostigamientos dirigida a la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar y en contra de un líder de restitución de tierras domiciliado en San Jacinto y activo en la organización “Tierra y Vida”. Además de las amenazas conjuntas con la Mesa de víctimas, el líder mencionado también sufrió amenazas directas por parte de los mismos presuntos autores.

Ver mapas de micro focalización de Bolívar, publicadas en el sitio de internet oficial de la Unidad de Restitución de Tierras, disponible en http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=94. 28

Fuente propia: testimonio recopilado a través de entrevistas a líderes de la región.

En San Juan de Nepomuceno se registraron también hechos atribuibles a grupos opositores a la restitución en su casco urbano, sede de la organización “Narrar Para Vivir” que defiende a campesinos de la región. Se trata de ataques en contra de la directora de la organización. Incluyen un grave intento de homicidio, que fue objeto de rechazo por parte las Naciones Unidas en uno de sus comunicados (agosto 31 de 2012). Ya en la zona rural se destacaron, en el 2012, acciones atribuibles también a estos grupos en la vereda de Las Brisas, corregimiento de San Cayetano. También el mismo alcalde del municipio señaló la presencia de grupos armados sin identificar, en veredas o corregimientos como La Haya o San Cayetano (El Universal, marzo 13 de 2012). En relación con los municipios de Zambrano y Córdoba, ubicados a orillas del Río Magdalena, se identificaron patrullajes de Grupos Armados Ilegales (El Tiempo, junio 9 de 2012). En Zambrano se recopiló información sobre ataques e intimidaciones a campesinos, presuntamente relacionados con pretensiones sobre los predios Guacimal, anteriormente en manos de un narcotraficante poderoso, y Villa Graciela en la vereda Salitral. María La Baja En este municipio se identificaron varios hechos atribuibles a Grupos Armados Ilegales; las acciones se relacionan con grupos sucesores del paramilitarismo y que buscan estabilizar su control territorial, el cual se ha expresado en los comunicados y panfletos que han dirigido en varias ocasiones a la comunidad. Como se presentará en detalle más adelante en el presente informe, cabe señalar que este municipio ha sufrido también de una verdadera ola de casos de violencia sexual contra mujeres rurales. Ovejas También cuenta con presencia de grupos opositores a la restitución, puesto que empresas agroindustriales compraron tierras en la época de los desplazamientos y que son dueñas de grandes extensiones de tierras donde cultivan teca; en muchas veredas fronterizas al Carmen de Bolívar se han detectado patrullas de hombres armados, según los moradores contratados para la seguridad de las empresas mencionadas. También en el predio “La Europa”, donde campesinos están en litigio con empresarios sobre la tenencia de las tierras, se han detectado agresiones en contra de campesinos y sus bienes. San Onofre Este municipio constituye un caso de especial atención por reunir, en su jurisdicción y durante el año 2012, hechos recopilados por ILSA como atribuibles a grupos opositores a la restitución y otros hechos atribuibles a grupos sucesores del paramilitarismo. Prueba de esto último es el registro, a lo largo del año 2012, de gran número de capturas de integrantes de estos grupos y decomisos de materiales de guerra que eran de su pertenencia; en total, se registraron para este año (2012) 7 hechos de capturas y 5 casos de decomisos de materiales ilegales a estos grupos.30 30Fuente:

Los hechos fueron sistematización en la matriz de hechos elaborada para su registro y posterior elaboración de este informe. Es de aclarar que todos ellos aparecieron registrados por la prensa local a partir de la cual también se realizó el seguimiento entre 202 y 2013.

Municipios de acceso al Golfo de Morrosquillo Marialabaja, San Onofre, Palmito y Tolú Viejo constituyen zonas de acceso al Golfo de Morrosquillo. En estos municipios se recopilaron datos sobre múltiples hechos relacionados con actividades de grupos sucesores del paramilitarismo. Esto sugiere la hipótesis de que estos grupos son los que controlan el tráfico de drogas hacia el mar. Los hechos registrados se llevaron a cabo en las cabeceras y en sus veredas, tales como Varsovia (Palmito) y La Esperanza (Tolú Viejo), o en sus corregimientos como Macaján (Tolú Viejo). A continuación se presenta un mapa de las zonas de acceso al Golfo de Morrosquillo, ubicando los sucesos violentos llevados a cabo en el 2012, que tienden a comprobar la conformación de una zona de control territorial por parte de estos grupos. Mapa 6. Zonas de acceso al Golfo de Morrosquillo con sucesos violentos

Fuente: ILSA. Elaboración propia.

4.5

Acciones intimidatorias (amenazas) contra liderazgos y organizaciones sociales

Como se puede ver en la siguiente figura, de todas las acciones ilícitas llevadas a cabo por grupos al margen de la ley, recopiladas para el presente informe, y entre las cuales se registraron delitos como homicidios, desplazamientos, desapariciones, extorsiones, reclutamientos ilícitos, o violencia sexual31, el 77 % consistieron en acciones intimidatorias. Figura 7. Tipo de acciones contra la población registradas entre el periodo 20012 - 2013 1% 1% 1% 3% 2%

Acciones intimidantes

16%

Homicidios Extorsiones Reclutamientos ilícitos 76%

Violencia sexual Desaparición Desplazamiento

Fuente: ILSA. Elaboración propia.

Analizando los diferentes tipos de acciones intimidantes usadas por los actores violentos, se pudo identificar los siguientes modus operandi que demuestran cómo estas se llevaron a cabo en los hechos registrados para el periodo de estudio: 

Amenazas dirigidas: las que apuntaron exclusivamente a ciertas víctimas nombradas. Pueden ser orales (presenciales o a través de llamadas telefónicas anónimas), por escrito (en físico pero en la mayoría de los casos a través de soportes electrónicos como SMS o Email) o a través de soportes simbólicos relacionados con la muerte;



Comportamientos intimidantes: Por acción (a través de toma de fotografías, ingresos ilegales a predios, hostigamientos, golpes a puertas o ventanas en altas horas de la noche, seguimientos discretos, etc…); oralmente (preguntas insistentes, insultos); o

Es importante resaltar el registro de 2 hechos de violencia sexual que ocurrieron en jurisdicción del municipio de María La Baja. En primer caso que dejó 4 mujeres víctimas, ocurrió el 20 de enero en el corregimiento de “El Retiro Nuevo” y fue llevado a cabo por integrantes del grupo armado ilegal “Las Águilas Negras”. El segundo caso ocurrió en febrero del 2013 y fue dirigido en contra de una mujer en la vereda “El Reten” por parte de integrantes del grupo armado ilegal “Los Rastrojos”. 31

simplemente a través de presencias (por ejemplo, presencias de agentes intimidatorios, conocidos por toda la comunidad como actores violentos, en las cercanías de reuniones de víctimas). 

Atentados: Ataques o atentados de naturaleza meramente intimidatorios, en contra de la integridad física de la víctima o de sus bienes materiales;



Panfletos: Distribución o circulación de panfletos amenazando una comunidad entera, imponiendo comportamientos o toques de queda, o declarando objetivo militar a personas determinadas de la comunidad; e



Incursiones: Incursión de naturaleza meramente intimidatoria de hombres armados en una comunidad determinada.

Es importante resaltar que estas acciones intimidatorias fueron usadas en su gran mayoría en contra de liderazgos y organizaciones sociales, todos vinculados de alguna manera con el tema del proceso de restitución de tierras, como se indica a continuación. Tabla 5. Víctimas de amenazas durante los años 2012 - 2013 Tipos de víctimas

Nº de hechos registrados

Personas afiliadas a organizaciones promotoras de Derechos Humanos y restitución de tierras

100

Personas vinculadas al proceso de restitución de tierras o en litigio por un predio

Comunidades de población desplazada con pretensiones sobre predios

Víctimas indiscriminadas

A pesar de que el número de víctimas ha disminuido respecto a años anteriores, la situación actualmente es preocupante por la presencia que los grupos armados siguen teniendo registrada por el gran número de acciones intimidatorias que les pudieron ser atribuidas (135 entre 2012 y 2013).

Figura 8: Acciones intimidatorias (amenazas) contra liderazgos y organizaciones sociales

18%

Actores vinculados a la restitución

13%

Sucesores AUC 68%

Guerrilla Grupos no identificados

Fuente ILSA: elaboración propia

De las precedentes figura y tabla se puede deducir que las acciones intimidatorias registradas durante los años 2012 - 2013 fueron empleadas ante todo por los actores vinculados a la restitución de tierras para estorbar este proceso y dirigidas principalmente en contra de campesinos y sus organizaciones, respecto a las cuales, se pudo distinguir 5 categorías de víctimas que se presentan a continuación: 

Víctimas individuales afiliadas a organizaciones promotoras de Derechos Humanos y restitución de tierras: Esta clase de víctimas no solo reúne a los campesinos desplazados o retornados, cercanos o líderes de estas organizaciones, sino también a miembros de organizaciones de defensores de los derechos de estos campesinos. Hay que destacar que la gran mayoría de estas organizaciones apoyan reclamantes de tierras en sus solicitudes y trabajan o capacitan en temas de Derechos Humanos o restitución de tierras.



Víctimas individuales vinculadas al proceso de restitución de tierras o en litigio por un predio: Este subgrupo incluye personas víctimas de acciones intimidantes que están de alguna manera reclamando un derecho sobre un predio o encargadas de implementar el proceso de restitución de tierras, sin que sean miembros de alguna organización.



Víctimas individuales no vinculadas al proceso de Restitución de tierras ni en litigio por un predio



Víctimas colectivas proviniendo de comunidades de desplazados con pretensiones sobre predios: Son víctimas colectivas porque las acciones intimidantes son indiscriminadas, apuntan a la comunidad como grupo y no a individuos. Sin embargo, los grupos intimidados están bien definidos, todos son grupos de campesinos desplazados retornados y dentro de los cuales, muchos o la totalidad de ellos, tienen pretensiones sobre predios o son reclamantes de tierras. Los autores actúan de manera tal que toda la comunidad se sienta amenazada, por ejemplo a través de incursiones armadas nocturnas.



Víctimas colectivas heterogéneas: Son víctimas que no han podido ser identificadas o determinadas bajo un término genérico. Por ejemplo en el caso de amenazas colectivas (como los panfletos), destinadas a la población entera de toda una región, las víctimas consisten en un grupo demasiado heterogéneo para analizarlo o calificarlo bajo un término genérico.



Víctimas desconocidas

Figura 9: Víctimas de amenazas durante el periodo 2012 – 2013 V.I. afiliadas a organizaciones de DDHH y Rest. de tierras

2% 4%

V.I. vinculadas a la rest. de tierras o en litigio por un predio

V.I. no vinculadas al proceso de rest. de tierras 74%

V.C. desplazadas V.C. heterogéneas Víctimas desconocidas

Fuente: ILSA: elaboración propia

5. VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS MONTES DE MARÍA (2009-20013) La magnitud de la violencia sexual contra las mujeres, relacionada con el conflicto en Colombia, no ha sido aún entendida completamente. Es un crimen con un alto nivel de sub-registro. Cuando es denunciado las mujeres encuentran grandes obstáculos para acceder a la ruta de atención, protección de sus derechos y de manera especial al derecho a la justicia, lo que da cuenta de los altísimos niveles de impunidad en este tipo de hechos. Además de ello, cuando las mujeres logran alzar su voz, se ven enfrentadas con amenazas y riesgos a su integridad física y la de sus familias, riesgos que a su vez se extienden a las defensoras que apoyan y acompañan a las sobrevivientes, que son quienes con su trabajo y el de las organizaciones que representan, hacen que algunos de estos casos puedan en algún momento ser juzgados32. En la región del Caribe colombiano, los paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” hicieron de la violencia sexual en todas sus formas un arma de conquista y de poder entre 1997 y 2005, según un informe titulado "Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano" y "Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política", por la politóloga María Emma Wills y el grupo de Memoria Histórica (MH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En las regiones de Montes de María y Magdalena, la violencia sexual se sumó al horror del despojo y las matanzas. Durante ese periodo, se identificó en esa región "un sistema de violencia sexual sistemático para castigar a las mujeres que eran consideradas transgresoras de los códigos de conducta que los paramilitares quisieron arraigar en esas comunidades”. Como se va a presentar a continuación, a pesar de que el conflicto abierto se ha terminado en los Montes de María, en el marco de la acción de protección del convenio AECID 10-C01-054, se ha identificado un posible resurgimiento desde el año 2009, intensificándose en el año 2011, de una violencia sexual ejercida de manera organizada por parte de actores armados postdesmovilización y, como lo señala La Defensoría del Pueblo en su informe de riesgo, No. 007-12AI Bolívar del 2012- que podría “ser parte de una ataque sistemático contra la población (si se considera su carácter organizado y la identificación de un patrón regular) que tiene como efecto la difusión de miedos que llevan al desplazamiento forzado (para cuidar la integridad de la familia) así como la inhibición de los procesos de reclamación de derechos, aunque no se haya podido establecer con claridad la finalidad de dicha conducta33”. En el contexto de su trabajo de campo con poblaciones víctimas de la violencia en los Montes de María, el personal de terreno de MPDL adscrito al convenio ha tenido conocimiento de varios hechos de violencia sexual en contra de mujeres obedeciendo a patrones de violencia organizada y sucediendo según un mismo “modus operandi” que se presenta a continuación.

Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto y el proceso de paz. ABColombia, Sisma Mujer y U.S. Office on Colombia. 2013 32

Informe de riesgo para el departamento de Bolívar del Sat (sistema de alertas tempranas) de la Defensoría del Pueblo, 15 de mayo de 2012 (N° 007-12A.I). 33

En efecto, en estos casos, siempre se trataba de incursiones en fincas y viviendas por parte de grupos reducidos de varios hombres armados, casi siempre uniformados (a veces con prendas privativas de la fuerza pública) y encapuchados, identificándose como miembros de las Águilas Negras en la mayoría de los casos, en el momento de los hechos delictivos, que actuaban con un mismo patrón de allanamiento y retención de los habitantes durante varias horas. Se registraba la vivienda en busca de dinero y otros objetos de valor (ropa, joyas, perfumes, celulares). En ocasiones los intrusos consumían alcohol o alimentos, u obligaban a las víctimas a cocinar y servirles y, en la gran mayoría de los casos reportados, agredían sexualmente (violaciones) a las mujeres y niñas presentes (se han reportado hasta cuatro víctimas en una misma vivienda) y en algunos casos agredieron físicamente tanto a hombres como a mujeres. Asimismo, en la mayoría de los casos, antes de huir, los autores amenazaban las personas que presenciaron los hechos para que no los denunciasen a la fuerza pública. Las víctimas pertenecían en su gran mayoría a poblaciones campesinas de muy bajos recursos y en ocasiones ya habían sido desplazadas previamente por la violencia que ha sufrido la región. Las numerosas repeticiones del modus operandi presentado sugieren un verdadero patrón de violencia. En efecto, MPDL registró los casos de 33 mujeres víctimas en las regiones de los Montes de María y La Línea (Bolívar), agredidas sexualmente en 25 hechos similares de allanamientos a viviendas rurales y urbanas, robo y violencia sexual por parte de una banda armada, entre los años 2009 y 2013, en los municipios de María La Baja, San Juan Nepomuceno, Mahates, Arjona y Turbaco34. Al respecto, es importante resaltar que más de la mitad de todos estos casos ocurrieron en jurisdicción del municipio de María La Baja. Figura 10: Víctimas de violencia sexual por municipio 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Maria La Baja

Arjona

San Juan

Mahates

Turbaco

A pesar de que Mahates, Arjona y Turbaco no hacen parte de la subregión de los Montes de María, es importante citar estos casos por su cercanía directa con los Montes de María y porque limitarse en los municipios de San Juan Nepomuceno y María La Baja, no lograría visibilizar la situación en su totalidad que traduce un patrón de violencia sexual que es regional desbordando las fronteras y teniendo un impacto directo en los Montes de María. 34

Fuente: MPDL elaboración propia

En cuanto a este municipio, a principios de 2012, el Sistema de alertas tempranas había registrado 14 víctimas en 10 incursiones ocurridas en Matuya, San José del Playón y Retiro Nuevo, corregimientos donde hay procesos de resistencia al monocultivo de la palma y procesos de defensa del territorio. Si bien es cierto que en el municipio el número de hechos de violencia sexual según el modus operandi expuesto anteriormente disminuyó después de la captura, en marzo 2012, de 8 miembros de la banda “Ley del Monte” presuntamente vinculados con los asaltos y la violación de 11 mujeres35, siguieron casos de mujeres agredidas en las mismas circunstancias en María La Baja y en los otros municipios citados como lo ilustra la siguiente figura. Figura 11: Víctimas de violencia sexual por año 12 10 8 6 4 2 0 2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: MPDL elaboración propia

De las 33 mujeres registradas por MPDL, se pudo documentar más precisamente 21 casos de los cuales 13 conciernen a mujeres víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales al menos 11 fueron desplazadas tras la agresión; para al menos 6 de ellas, ese fue su segundo desplazamiento por la violencia. De las 21 víctimas, aproximadamente 75% se reconocen como mujeres afrodescendientes; el promedio de edad en el momento de la agresión era de 26 años, siendo la mayor de 46 y la menor de 14 años; dos de ellas eran menores de edad en el momento de la agresión (14 y 17 años). Analizando varios de los elementos presentados anteriormente como son el perfil de las víctimas, de los victimarios, los tipos de delitos que se llevaron a cabo, y agregando que estas acciones violentas generaron terror entre una población campesina inserta en un conflicto renovado por el territorio, los hechos revelan un grado de coordinación, una experticia en el uso de violencia e intimidación y una sistematicidad que son características de grupos armados ilegales mas no de la delincuencia común. Como lo destaca el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, “estos hechos de violencia sexual contra las mujeres adultas produjo, por las características descritas, un ambiente de miedo y zozobra Ver más detalle de esta noticia en la web: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/cae-banda-que-violo-11mujeres-y-asalto-20-fincas-69067 35

entre los procesos organizativos (…) comprometidos en la exigibilidad de reparación integral y en la defensa del territorio y la economía campesina ante la expansión del monocultivo de la palma”. Es decir, que podrían ser una estrategia desplegada y subordinada a intereses comprometidos en el complejo antagonismo por el territorio y la tierra que allí tiene lugar36. Como lo identificó MPDL y lo resalta también el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, la situación presentada tuvo como agravante la ausencia de rutas de atención y protección que tenga perspectiva de género para los casos de violencia sexual y tome en consideración la condición campesina37. Muchas mujeres reportaron no haber tenido ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones del Estado e incluso estigmatización por parte de alguna de ellas (personal médico, fuerza pública, etc.). Se destacaron falencias graves en la atención a este tipo de víctimas y un gran vacío por parte de las autoridades civiles en la identificación, protección y atención de mujeres víctimas de violencia sexual en contexto de conflicto armado. Como consecuencias de los hechos victimizantes y la falta apoyo posterior, MPDL identificó que muchas de las víctimas sufrieron de fuertes impactos psicológicos como sufrimiento emocional, miedo, desespero y culpa, baja autoestima y problemas en sus relaciones interpersonales, especialmente las de pareja. Además, debido a la falta de acompañamiento y medidas de protección, ocurrieron varios hechos revictimizantes, como amenazas posteriores a los hechos o presencia de victimarios cerca de las residencias de las víctimas. Por otro lado, varios de los victimarios capturados, miembros de la banda de “la ley del Monte” o Águilas Negras, fueron puestos de nuevo en libertad (de los 8 integrantes detenidos, 5 fueron liberados por vencimiento de términos y bajo la orden de la fiscalía del municipio del Carmen de Bolívar) y otro, menor de edad, se beneficia del régimen de casa por cárcel. Estos escenarios de riesgo, agregados a otros elementos como el contexto histórico de altos índices de violencia en la región o el escepticismo con respecto a obtener una respuesta efectiva del Estado en materia de protección, han llevado las víctimas a adoptar conductas inhibitorias para evitar nuevos sufrimientos. Lamentablemente, este reflejo de “auto-protección” impide la reclamación de derechos y la denuncia de los hechos victimizantes.

Informe de riesgo para el departamento de Bolívar del Sat (sistema de alertas tempranas) de la Defensoría del Pueblo, 15 de mayo de 2012 (N° 007-12A.I). 37 Idem 36

CONCLUSIONES El contexto general de la región de los Montes de María, trae implícito un acumulado de hechos de violencia que dejaron en las comunidades múltiples huellas acentuadas por el horror, el miedo, la impotencia y el quebrantamiento de sus vínculos comunitarios, auspiciados por diferentes actores armados legales e ilegales, así como instituciones, organizaciones e individuos que debieron garantizar el respeto por la dignidad humana y los derechos de sus pobladores. Esta situación en la actualidad sirve de antesala a nuevas vulneraciones a los Derechos Humanos, en escenarios de amenaza, estigmatización, ausencia de garantías para la defensa y exigencia de los Derechos e incluso para la denuncia y acompañamiento de (re)victimizaciones (p.ej. víctimas de BACRIM). La política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la región, está evidenciando la carencia de mecanismos que permitan acceder a dichas políticas real y efectivamente, es más fácil ver las garantías en los discursos que en las acciones de la institucionalidad, ya que la seguridad como premisa para el acceso a los procesos (administrativos y judiciales) no es un elemento que este siendo valorado con el rigor que demanda, lo que se traduce en desistimiento de la población para participar en procesos de exigibilidad de derechos, reparación o restitución debido a las amenazas e incluso agresiones u homicidios a las y los líderes de la región. Las modalidades de despojo, el acaparamiento de tierras, los cambios en el uso del suelo y el control territorial en la región, requieren que la política de restitución de tierras (como parte de la reparación integral a las víctimas), sea un proceso que valore, la temporalidad, los actores, el desenvolvimiento de la institucionalidad, las políticas de gobierno, el acceso a los servicio básicos y las dinámicas organizativas (entre otros), como elementos que orientaron la configuración del conflicto armado en el territorio, respondiendo desde esa complejidad al propósito de la dignificación y la transformación de la realidad de las víctimas. Los hechos de violencia y violación de DDHH registrados como resultado de la implementación de la ley de víctimas en la región, son una alerta importante que si bien en algunos casos no constituye un hecho probado legalmente, da cuenta del estado de vulnerabilidad de la población y de las garantías que tiene el contexto para que se consoliden acciones en contra del proceso de restitución, volviéndose conducente en la construcción de imaginarios y discursos alrededor de la restitución, lo que recae en temor generalizado. La impunidad, entendida más allá de la ausencia de investigación y sanción, y con características que van desde la permisividad, el olvido y la adopción de medidas que restan relevancia a la verdad, juega un papel importante en la revictimización observando que parte de quienes comenten y cometieron violaciones gozan de garantías reforzadas para la protección de sus 57

derechos, en contraposición a quienes han sido receptores de múltiples afectaciones a su dignidad, libertad y autonomía, años de violencia y abandono Estatal. La impunidad se concreta como una deuda de la justicia con las iniciativas para la construcción de paz en la región, propósito que debería ser implícito en las políticas de la reparación integral a las víctimas. Durante el periodo de seguimiento, se ratifica la tesis de la reconfiguración de los grupos paramilitares en el territorio, manteniendo prácticas crueles ejercidas en los últimos periodos, generando temor y ruptura del tejido social, con el fin de posicionarse en el territorio y encaminar sus acciones hacia la satisfacción de intereses de ciertos sectores e individuos. Las autoridades militares han reiterado que el autodenominado “Ejército antirestitución de tierras” no correspondería a un ejército propiamente dicho, ya que en sentido estricto este implica una organización jerarquizada, con capacidad de fuego sostenido y cadena de mando al estilo de las guerrillas o de las AUC; a pesar de no encontrarse prueba alguna de la existencia de este, los hallazgos sugieren que detrás de las acciones de este “grupo emergente” podrían estar actores, grupos o sectores sociales beneficiarios del desplazamiento forzado, el despojo y la compra de tierras abandonadas por los campesinos de la región, y a quienes les afecta la restitución y el esclarecimiento de las irregularidades en la adquisición y compra de predios rurales en contextos de presunción de despojo como este. Las organizaciones sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos se han reinventado a partir de los daños sufridos, han resistido e incidido de diferentes maneras, lo que muestra la necesidad de responder a años de abandono, con medidas que evidencien las afectaciones y respondan con medias reparadoras a los daños perpetrados en la región. La capacidad organizativa y las acciones emprendidas por las organizaciones de campesinos retornados, población en situación de desplazamiento, mesas de víctimas, organizaciones defensoras de DDHH, y organizaciones productoras, en los diferentes escenarios locales, regionales departamentales y nacionales han visibilizado que el proceso debe buscar la construcción de medidas para la reparación desde las comunidades, en clave de garantizar que la respuesta institucional obedezca a la participación real y efectiva de las víctimas.

ANEXOS

Panfletos, pasquines, amenazas:

Amenaza recibida por un reclamante de tierras el 26 de octubre del 2012 en el Carmen de BolĂvar

ULTIMO COMUNICADO ORDEN DE BATALLA. El fracaso y deshonroso proceso de desmovilización de las AUC y la guerra decretada por el gobierno actual en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS y su sequito de traidores y los malditos guerrilleros , la perdida de la tranquilidad en zonas a causa de la debilidad de este gobierno, nos han llevado al rearme y conformación del ejercito ANTIRESTITUCION el cual mantiene unos principios de lucha, decisión y fidelidad, El extermino total de la guerrilla colombiana y la reorganización social, política y económica de nuestro país. Bolívar, sucre y córdoba ya conocen nuestro accionar en donde nuestro objetivo central es lograr la aniquilación total de todos los que son guerrilleros y tiene afinidades con estas organizaciones terroristas y evitar a toda costa el robo de tierras a las personas honradas de estas regiones que piden no dejarlas en esta lucha. La expansión de nuestra lucha ya es casi un hecho en Meta, putumayo y Antioquia nuestra fortaleza sin duda surge del debilitamiento de este gobierno frente a la lucha contra la guerrilla Después de meses de investigación hemos decidido comenzar a limpiar los montes de maría de la intentona de las FARC POR VOLVER A RETOMARLA y comenzaremos con los auxiliadores de estos grupos que se disfrazan de defensores de derechos humanos y que nos son mas que defensores de guerrilleros disfrazados de victimas y campesinos despojados, no crean estos personajes que se salvaran de que arreglemos cuentas con ellos en cualquier parte del país iremos a buscarlos y no importa si están protegidos los podrán proteger pero no alcanzaran los equemas para proteger a sus familias sapos hijueputas, esta no es una advertencia ya es una orden para nuestro ejercito. IVAN CEPEDA, (…Sigue la lista) Estos van a ser los primeros con los que ajustaremos cuentas y seguiremos con todos los que participan como auxiliadores, ideólogos, testaferros de la guerrilla. No permitiremos el retorno de la guerrilla a nuestros montes de maría. EJERCITO ANTIRESTITUCION. LLEGAMOS PARA QUEDARNOS

Panfleto firmado por el Ejercito anti restitución en contra del MOVICE; de miembros de la Mesa de víctimas y de otras organizaciones de defensa de los campesinos, distribuida el 24 de noviembre 2012 60

Amenaza del 11.02.13 en contra del MOVICE

Panfleto de “control social” distribuido en la región de María la Baja en octubre del 2012 62

Panfleto distribuido en San Juan Nepomuceno.

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