La exigibilidad de los Derechos Sociales en los Planes de Desarrollo Municipales

LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES El plan de desarrollo alternativo en el municipio de María La Baja (Bolívar) como experiencia y aprendizaje para los procesos de incidencia política local.

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos

ILSA, 2014

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Esta publicación forma parte de un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de ILSA, y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES, El plan de desarrollo alternativo en el municipio de María La Baja (Bolívar) como experiencia y aprendizaje para los procesos de incidencia política local.

Coordinación editorial: Publicaciones ILSA Textos: Edwin De los Ríos Jaramillo Freddy Ordoñez Gómez Libardo Herreño Hernández Rosa Milena Ramírez Vargas Equipo ILSA: Abzalón de Jesús Torres Echavarría Patrick Lefkaditis Edwin de los Ríos Jaramillo Libardo Herreño Hernández Freddy Ordoñez Gómez Diseño: Diana Isabel Betancourt Arguelles.

Bogotá, junio de 2014

Este documento, está dedicado a todas y cada una de las personas de las comunidades y las organizaciones del municipio de Maria La Baja que participaron de principio a fin en este importante ejercicio de encuentro, de aprendizaje y de construcción de sueños compartidos; comunidades que a pesar de haber conocido los horrores y la tragedia con la que el desplazamiento forzado y el conflicto armado marcó sus vidas, lograron mantener admirablemente la entereza, la sensatez y la honestidad que las constituye; confirmándonos que solo con la fraternidad, la solidaridad y la humildad se construye el espacio para fertilizar la esperanza y la conquista de la dignidad humana.

Nuestro reconocimiento a

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El Cabildo indígena de la pista; El Cabildo indígena de Retiro Nuevo; La Red de Mujeres Afrocaribe; La Red de Mujeres Rurales del norte de Bolívar; La Red de mujeres de los Montes de María; El Grupo Jóvenes Buscando Conocimiento de la vereda Suprema, La Mesa Campesina de María La Baja; La Asociación de mujeres del barrio Montecarlo (Asomontes); La Asociación campesina del SENA; La Asociación campesina del Palo altico, La Asociación campesina de San José del Playón; La Asociación Campesina Primero los Niños (La suprema); La Asociación campesina mundo nuevo; El Colectivo de comunicaciones de los Montes de María (Colectivo de María La Baja); La Red de Niños, Niñas y Jóvenes “Antorchas”; La Comunidad del corregimiento de Mampujan; El Grupo Juventud Emprendedora de Paloaltico (JEPA); El Grupo Juvenil Amigos de la Paz Unidos del SENA (JAPUS); La Estructura Municipal Red Montes de María; El grupo de Jóvenes Por los Derechos de Asotrinidad.

La Asociación campesina de Pueblo Nuevo – Asopueblonuevo;

Finalmente, quisiéramos resaltar el respaldo, la fortaleza y el ejemplo de quien también fue partícipe de todos nuestros retos y aprendizajes; al padre “Pepe”, donde quiera que se encuentre, nuestro más grande aprecio, y este, nuestro más sencillo homenaje.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 6 1. LA CONFIGURACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y SOCIOECONÓMICA DEL CONTEXTO DE INCIDENCIA. ....................................................................................................................................... 9 1.1. La configuración socio-productiva del escenario.................................................................. 11 1.2. La configuración local de un desarrollo rural productivista y excluyente............................ 12 1.3. El clientelismo: la herencia de los políticos y los armados................................................... 13 1.4. Contexto de deficiencias de atención en salud en el municipio. ......................................... 14 1.5. El déficit habitacional de vivienda y las deficiencias en la gestión pública.......................... 15 2. LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DE LA INCIDENCIA............................................... 20 2.1. El proceso de desmonte de la exigibilidad de los derechos de las comunidades en contextos de desplazamiento forzado, asistencialismo y ayuda humanitaria.............. 21 2.2. La vulnerabilidad socioeconómica y las condiciones de desplazamiento como generadoras de adversidades para la potenciación de las subjetividades políticas en la localidad......................................................................................................................... 23 3. EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA INICIATIVA DE INCIDENCIA............................... 25 4. EL PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO COMO INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL ...............................................................................................................30 4.1. Cómo se entendió la incidencia política en la experiencia? .................................................... 30 4.2. ¿Cómo se diseñó la estrategia de incidencia política? ............................................................ 31 4.3. La planeación y el diseño de la incidencia para el caso del municipio de Marialabaja .........34 4.4. Calendario Electoral: Fases y periodos de la incidencia en el municipio...............................40 4.4.1. FASE 1: El Inicio del proceso ........................................................................................ 41 4.4.2. FASE 2: El primer documento y el primer acercamiento con las candidaturas. ....... 42 4.4.3. FASE 2: El segundo documento y el foro público con candidatos ............................ 52 4.4.4. FASE 2: La incidencia posterior a la fecha de elecciones .......................................... 60 4.4.5. FASE 3: El seguimiento, evaluación y de rendición de cuentas.................................. 64 4.4.6. Anotaciones finales sobre las dificultades del Proceso ..............................................73 5. LA EXPERIENCIA DE LA INCIDENCIA: La mirada, la percepción y la evaluación de los liderazgos intervinientes. ...................................................................................................... 75 ANEXOS ............................................................................................................................................... 80 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 87

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INTRODUCCIÓN Los ejercicios de sistematización de experiencias, han sido objeto de amplios debates y reflexiones entre facilitadores de procesos comunitarios, profesionales de las ciencias sociales así como de investigadores interesados en la acción, la participación colectiva, o la vinculación de los actores sociales en los diferentes procesos de incidencia y transformación social de su vida y su entorno. Desde diferentes enfoques se destaca la experiencia práctica concreta como un importante campo de reflexión. Perspectivas como la educación popular y la promoción de los procesos sociales y organizativos de la población para participar de la resolución de sus problemas, plantean que la riqueza y la complejidad de las experiencias mismas, demanda apropiarse de la experiencia vivida y dar cuenta de ella para compartir con otros lo aprendido; lo cual a su vez sirve para extraer de ella las enseñanzas y los aprendizajes que permitan comprenderla y en un momento futuro mejorar la propia práctica.1

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Salvando las diferencias respecto a lo que implica la implementación de la sistematización de experiencias como recurso metodológico eminentemente participativo en el diseño, la ejecución y la evaluación del instrumento, así como en la construcción y la validación del informe final, tomamos para la elaboración de este documento una de sus apuestas características: reflexionar sobre el ejercicio de incidencia política realizada con miembros de las organizaciones comunitarias del municipio de Marialabaja (Departamento de Bolívar), sobre el diseño y la definición de las POLÍTICAS PÚBLICAS que habrían de conformar el PLAN DE DESARROLLO municipal durante el periodo administrativo 2012 – 2015; reflexión que tiene como fin extraer las enseñanzas y los aprendizajes del proceso particular de la incidencia, y facilitar así, la comprensión de la experiencia inmediatamente realizada y mejorar las posibles prácticas futuras.

Es importante recordar que los PLANES DE DESARROLLO constituyen la bitácora que guía las políticas y las acciones del Estado en las administraciones municipales, Departamentales y Nacionales durante los respectivos periodos administrativos; así quedó establecido en el artículo 339 y 342 de la constitución política de Colombia, y en la ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica de los Planes de Desarrollo Nacional y territoriales en la cual también se plantea la participación efectiva de la ciudadanía, tanto en la discusión de los planes de desarrollo como en su diseño y modificaciones correspondientes.

1 Para una mayor aproximación a las metodologías y los enfoques de la sistematización de experiencias así como a los debates que en el contexto latinoamericano se han definido con los aportes de la educación popular para adultos y de la Investigación Acción Participativa véase: Jara, Óscar (Varios autores); Sistematización de experiencias: búsquedas recientes. Dimensión educativa, Santa Fé de Bogotá, Abril de 2000. Es en base a las sugerencias contenidas en esta publicación que se han tomado las decisiones que constituyen el ordenamiento y el arreglo metodológico que guiaron la estructura y la construcción del presente documento.

De cara a la coyuntura electoral del año 2011, en la que el día 30 de octubre se habrían de elegir los nuevos gobiernos territoriales en todo el país (alcaldías y gobernaciones), y ante la obligación de cada administración -una vez electa- de elaborar los PLANES DE DESARROLLO que se habrían de ejecutar según la ley entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2015, en el municipio de Marialabaja se puso en marcha a partir del mes de Febrero de 2011 (con casi 9 meses de anticipación a las elecciones de ese entonces), la iniciativa de implementar una estrategia de incidencia política con la cual las comunidades y las organizaciones campesinas del municipio pudiesen influir en el diseño y en el contenido delos planes de gobierno de los candidatos, así como en el futuro plan de desarrollo municipal que habría de adoptar y ejecutar la administración electa.

Reconociendo la posibilidad de que en esos contextos de coyuntura electorales la sociedad civil organizada puede jugar un papel activo en: la orientación de la democracia territorial, en la elaboración de diagnósticos sobre las problemáticas sociales más urgentes, en la creación de instrumentos de política pública acordes con la promoción de los derechos humanos integrales, así como en la definición de los énfasis del desarrollo local, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativo – ILSA, en equipo con los delegados y delegadas de las comunidades y las organizaciones del Municipio de Maria La Baja, la mayoría de ellas aún en condición de desplazamiento forzado y provenientes del sector rural, asumimos el reto y el compromiso de adelantar, como ejercicio de incidencia en la política pública local, la elaboración de un PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO para el municipio, con el fin de ponerlo a consideración del resto de organizaciones sociales y comunitarias locales, y de cada una de las campañas electorales, buscando con ello que tanto el diagnóstico como las propuestas contenidas en el PLAN ALTERNTIVO, fuesen tenidas en cuenta por parte de la administración que resultase electa, como un insumo significativo en el proceso de elaboración y de diseño del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL que habría de regir para los 4 años siguientes.2 Para las organizaciones comunitarias del municipio, este sería una valiosa oportunidad para ejercer una participación popular directa y sustancial, ya que se trataba no sólo de elegir nuevas administraciones locales, sino fundamentalmente de tener la oportunidad de planificar el territorio desde una perspectiva basada en la reivindicación y exigibilidad de los derechos sociales y colectivos que históricamente le han sido negados. Se trataba así, de imprimirle a la planeación del desarrollo municipal, un modelo de desarrollo ALTERNATIVO basado en los derechos de la población, al ya tradicional modelo de planeación productivista y neoliberal, altamente excluyente, negador de lo público, de lo colectivo y enemigo de los derechos sociales.

2 Organizaciones municipales participantes del proceso: Cabildo indígena de La Pista; Comunidad del corregimiento de Mampujan; Cabildo indígena de Retiro Nuevo; Red de mujeres Afrocaribe; Red de Mujeres Rurales del norte de Bolívar; Red de mujeres de los Montes de María; Mesa Campesina de María La Baja; Asociación de mujeres del barrio Montecarlo (Asomontes); Asociación campesina del SENA; Asociación campesina del Palo-altico, Asociación campesina de San José del Playón; Asociación Campesina Primero los Niños (La suprema); Asociación campesina Mundo Nuevo; Asociación Campesina de Pueblo Nuevo; Colectivo de comunicaciones de los Montes de María (Colectivo de María La Baja); Red de Niños, Niñas y Jóvenes “Antorchas”, Grupo Juventud Emprendedora de Palo-altico (JEPA) ; Grupo Juvenil Amigos de la Paz Unidos del SENA (JAPUS); Grupo Jóvenes buscando Conocimiento de la vereda Suprema; Jóvenes Por los Derechos de Asotrinidad.

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El presente documento constituye un ordenamiento y una reconstrucción del proceso y de las experiencias vividas en el marco de esta iniciativa. A partir de este ejercicio se pretende exponer algunas de las más significativas reflexiones que fueron emergiendo en el transcurso de las acciones y de las decisiones; con ello se pretende volver sobre el proceso para señalar los logros, las dificultades, las reacciones de los actores ante las acciones, los condicionantes del contexto, las situaciones enfrentadas, los resultados emergentes e inesperados, y la percepción final de algunos de sus protagonistas.

Podría decirse que este texto constituye el cierre y la finalización de un proceso; pero ello sería traicionar el ejercicio de registrar los aprendizajes de la experiencia tal y como aquí la concebimos; por ello, preferiríamos decir, que esta finalización es la potencialidad de comprender y mejorar para un volver a comenzar.

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LA CONFIGURACIÓN SOCIOPOLITICA Y SOCIOECONÓMICA DEL CONTEXTO DE INCIDENCIA

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l municipio de María La Baja, en el departamento de Bolívar, hace parte de los 15 municipios que conforman la subregión de los Montes de María. Limita al norte con el municipio de Arjona; al sur con los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar; al oriente con los municipios de Mahates y San Juan Nepomuceno; y al occidente con el municipio de San Onofre, perteneciente al departamento de Sucre. Esta ubicación lo convierte en un municipio estratégico para diversas actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas por estar en medio de la ruta que conduce a la zona costera del golfo de Morrosquillo, lugar de embarque del circuito de narcotráfico que permite la salida de alcaloides hacia Centroamérica y el Caribe.

Mapa Montes de María y María La Baja

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El municipio cuenta con importantes recursos hídricos representados en los embalses de Matuya y Playón y el estanque de El Viento, las aguas subterráneas, y las áreas pantanosas y cenagosas asociadas al complejo cenagoso del Canal del Dique.

La red hidrográfica está formada por el Canal del Dique y las ciénagas de Matuya y Zarzal -a las cuales confluyen los arroyos Matuya, Corral, Munguía, Pastón, Mampuján, Hondo, Mandinga y Pinguilla, entre otros, así como por la que se constituye en la más importante ciénaga del municipio: la ciénaga de María La Baja, una de las más grandes del país y rica en recursos piscícolas que surten de abastecimiento alimenticio a la población.

División política y administrativa del municipio

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Corregimientos

Caseríos

Veredas

Ñanguma,

El limón,

La Suprema,

Flamenco,

El Sena,

Cedrito,

Correa,

Marqués,

Santa Fe de Icotea,

El Níspero,

Majagua,

Cañas,

Retiro Nuevo,

Nuevo Retén,

Guarismo,

San José de Playón,

Nueva Esperanza,

Mundo Nuevo,

Nueva Florida,

Pueblo Nuevo,

Sucesión,

Los Bellos,

Colú,

Arroyo del Medio,

Manpujan,

Arroyo Grande,

Palo Altico,

Matuya

Munguía

El Guamo.

San Pablo.

Primero de Julio.

De los indicadores socioeconómicos de María la Baja, es importante destacar aquí algunos de ellos. Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población para María la Baja en 2005 estaba en 45.262 personas y el índice de NBI era del 60%.

En cuanto a etnia, el 97,3% de la población residente en María la Baja se auto reconoce como negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente (DANE, 2005). El número de sisbenizados en el Nivel 1 se sitúa en unas 43.537 personas, que se encuentran en un alto nivel de pobreza: los niños, niñas y adolescentes en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) se estiman en 24.480, perteneciendo 22.308 al Nivel 1. De estos datos se puede concluir que en María La Baja existe una situación de no garantía de los derechos fundamentales por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales.

1.1 La configuración socio productiva del escenario El municipio de María La Baja se hacaracterizado porsu vocación agropecuaria, fundamentándose su cultura y tradiciones -a pesar de las más de tres décadas de predominancia del monocultivo de arroz- en la producción campesina de maíz, yuca y ñame; la cría y levante del ganado de doble propósito -especies menores (avicultura, porcicultura); y la pesca artesanal, actividades en las que su población tiene gran experiencias y conocimientos.3 Sin embargo, desde finales de la década de los años 90, con la llegada y el progresivo aumento de las plantaciones de palma aceitera en el municipio, se ha dado un acelerado proceso de transformación productiva, el cual ha modificado sus tradiciones. El modelo de economía campesina y de producción de alimentos, del cual es característico el plátano, el maíz, el ñame, la yuca y el arroz (este último en modalidad de monocultivo), viene siendo desplazado año tras año y desde entonces por el modelo agrocomercial basado en el monocultivo de palma, cuya expansión en el municipio pasó de 1.300 hectáreas en 2003, a más de 10.000 hectáreas en 2013.

Asimismo, la concentración de la propiedad rural asociada a esta actividad económica y a la ganadería extensiva, ha ido cerrando mayores espacios y posibilidades al modelo productivo diversificado de pequeños productores que durante décadas caracterizó la economía y la cultura en el municipio.

Como lo señala el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de María La Baja expedido en 2001, el cultivo de palma aceitera se implementó en la zona a partir del 27 de febrero de 1998.

En ese día se reunieron los directivos de la Hacienda Las Flores, propiedad del empresario y exministro de Agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998 -2002) Carlos Murgas Guerrero; parceleros del corregimiento Nueva Florida; funcionariado de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) del municipio de María La Baja; y representantes de Prodesarrollo Ltda., empresa con sede en Cartagena promotora de alianzas productivas entre empresarios y pequeños productores rurales en la región. En esta reunión se proyectaría el cultivo de palma aceitera en la zona debido a las características del suelo en relación con el rendimiento y a las ventajas productivas que ofrecía el aprovechamiento de la adecuación del suelo realizada por el Estado desde hace más de 40 años con la construcción del distrito de riego que baña las tierras bajas del municipio.

Actualmente, son notorias las transformaciones en la geografía y el paisaje local que ha ocasionado la expansión acelerada del monocultivo de palma aceitera, así como en el tipo de actividades productivas desarrolladas por la población en el municipio. El cultivo de palma aceitera en María La Baja año tras año va modificando tanto las características agrícolas del territorio como la vocación productiva de la tierra y de la población local.

3 Portal WEB del municipio de Marialabaja, www.marialabaja-bolivar.gov.co

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En el año 2003 el municipio contaba con 1.400 hectáreas de palma sembradas por 200 palmicultores con una inversión de 14.000 millones de pesos de los cuales 700 millones fueron aportados por lo que fuera el Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI); Fondo que funcionó hasta ese año y que había sido creado por la Ley 47 de 1985 para ser administrado por el Ministerio de Agricultura con el objeto de financiar proyectos y programas de desarrollo económico y social de las áreas rurales de economía campesina y en zonas de minifundio definidas por el gobierno nacional.

Según el informe de la secretaría de agricultura de Bolívar, para el 2010 en el municipio de Marialabaja se dedicaban 5.300 hectáreas al cultivo de la palma aceitera, fecha para la cual se situaba como el municipio con mayor número de hectáreas dedicadas a esta actividad en todo el departamento de Bolívar. Dos años después, para finales de 2012, la cifra ya superaba las 8.300 hectáreas. Es decir, en solo 9 años hubo en el municipio un aumento del 590% el área de palma aceitera cultivada en el municipio. 4

1.2. La configuración local de un desarrollo rural productivista y excluyente

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El cultivo de la palma aceitera en el municipio de María La Baja, así como en el resto del país, se ha promocionado como una actividad generadora de desarrollo económico en las regiones productoras. No obstante, como se puede constatar en el caso del municipio de María La Baja, el segundo con mayor número de hectáreas cultivadas del Departamento de Bolívar (después de Simití), la expansión de las áreas de cultivo y los ingresos generados por los empresarios por la extracción del aceite de palma, no se ha traducido en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y socioculturales de la población en las zonas en las que se ha instalado la agroindustria de la palma aceitera.

Según la proyección del Censo del DANE, el municipio de María La Baja contaba para el 2010 con 46.477 habitantes. De ese total, 19.420 personas estarían ubicadas en la cabecera municipal, mientras un número 27.057 poblaban el área rural, siendo esta el área con mayor concentración poblacional. Además de ello, y según datos de lo que era la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), desde 1995 al 2009 el municipio de María La Baja recibió por efectos del conflicto armado y el desplazamiento forzado un total de 10.095 persona, equivalente aproximadamente a un 20% del total de familias del municipio, las cuales se encuentran aún en situación de desplazamiento. Esta población no ha podido resolver su condición de vulnerabilidad a la que fue abocada por las dinámicas propias de los actores del conflicto armado, que desde finales de los años 90 han marcado la historia reciente del municipio y del departamento. Actualmente este grupo de familias en situación de desplazamiento del municipio, demanda mayores esfuerzos e iniciativas institucionales en relación con sus derechos y con las obligaciones estatales.

4 Informe Secretaria de agricultura y de desarrollo rural de Bolívar (años 2010 y 2012).

La mayor parte de la población en el municipio de María La Baja no cuenta con agua potable ni tiene un sistema de alcantarillado; no acceden a servicios médicos y educativos de buena calidad; no tiene opciones para hacer estudios superiores después del bachillerato (sólo las tiene un 3%); no tienen vías de transporte adecuadas que los comunique de una manera segura, rápida y económica con los centros urbanos y con las otras comunidades vecinas; no tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades y anhelos de su familia (incluso esa parte de la población que tiene la posibilidad de trabajar). Esta situación de postración socioeconómica se ha mantenido así desde 1998, año de la llegada del cultivo de la palma aceitera al municipio

1.3.

El clientelismo: la herencia de los políticos y los armados

Otro de los aspectos que configuró el escenario de la incidencia política de las comunidades y de las organizaciones populares en el municipio lo constituye el hecho de que la clase política, los partidos tradicionales, hayan institucionalizado históricamente el clientelismo como ejercicio de la política en la región Caribe; zona en la que el “gamonalismo” se ha convertido en la forma clásica y poco moderna de control político con la que algunas de las familias más poderosas de la Costa Caribe han capitalizado el caudal electoral con el que mantienen un significativo poder de decisión sobre la administración de la política pública en los entes territoriales municipales y departamentales. Esto genera desconfianza en los procesos electorales e indiferencia por parte de la población frente a la participación política y a las coyunturas electorales, lo que es expresión a su vez del descontento de la población ante la incapacidad o desinterés por parte de las administraciones públicas en dar respuesta a los derechos colectivos que han sido sus reivindicaciones y demandas históricas.5 Aunque no solo el desinterés y el descontento explican la poca iniciativa hacia la participación política de la población en las coyunturas electorales en la región. Existe también como precedente la época en que los grupos paramilitares pertenecientes a las AUC ejercieron el control de los municipios que conforman la región de los montes de María. Durante esos años la clase política tradicional estableció desde las administraciones municipales y departamentales alianzas políticas que derivaron en cogobiernos territoriales entre estos sectores y las comandancias de estos grupos armados ilegales responsables de las masacres y del desplazamiento forzado que generó una crisis humanitaria sin precedentes en la región entre finales de los años 90 y mediados del 2005.

Prueba de ello son los 35 políticos del departamento de Sucre que han sido procesados por sus nexos con los paramilitares, 6 de ellos congresistas elegidos para el periodo 2006 -2010 entre quienes se cuenta el ex-senador Álvaro García Romero, uno de los más importantes “barones” políticos de la Costa Caribe colombiana y quien en el mes de febrero de 2010 fue condenado a 5 Una percepción similar del clientelismo político y del “gamonalismo rural” como característica del sistema político se puede encontrar también en: El contexto monte mariano: la gente se atreve a soñar otra vez, Instituto internacional de estudios del Caribe, Observatorio de Cultura política, Paz, convivencia y Desarrollo de los Montes de María, Universidad de Cartagena, Acción Social, Fundación desarrollo y paz de los montes de María, Cartagena, 2010. Pág 49

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40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de 15 campesinos que realizaron las AUC el 14 de octubre del año 2000 en el corregimiento de Macayepo (municipio de El Carmen de Bolívar).6 Además de Sucre, también en el departamento de Bolívar las alianzas por el control del territorio y de la administración pública entre dirigentes políticos y los grupos paramilitares de las AUC han sido evidenciadas; el caso más reciente es el de la senadora Piedad Zuccardi.

Esta es esposa de Juan José García Romero, hermano del senador Álvaro García Romero. La justicia colombiana ha emitido orden de captura contra esta senadora por vínculos con el grupo paramilitar Héroes de los Montes de María de las AUC, con quienes, según el testigo que la incrimina, su propio esposo Juan José García Romero habría adelantado reuniones por medio del comandante paramilitar alias “Juancho Dique” en el corregimiento de Ñanguma, jurisdicción del municipio de María La Baja, en el año 2003; según investigaciones parciales, la senadora habría asistido a otra reunión por la misma época para entrevistarse en el municipio de Arjona (Bolívar) con “Diego Vecino”, máximo comandante del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, con quien al parecer buscaba acuerdos preelectorales que garantizasen su elección al congreso de la República, hechos que son actualmente investigados por la Corte Suprema de Justicia.7

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En estas difíciles condiciones sociopolíticas y de crisis de los derechos humanos en la región cobra mayor relevancia la experiencia de incidencia política llevada a cabo en María La Baja durante la coyuntura electoral que caracterizó el municipio a lo largo del 2011. Es en este contexto de marginalidad histórico-estructural, de clientelismo político de tradición, y de alianzas entre políticos locales y regionales con los grupos paramilitares, en el que se desarrolló el ejercicio de incidencia a partir del cual, incluso a pesar de las adversidades, se justificó la necesidad de que las comunidades y las organizaciones sociales más vulnerables del municipio elaboraran su propio diagnóstico de la problemática y su propia agenda de propuestas para presentarlas ante las personas aspirantes a la alcaldía con el objetivo de que estas se incorporan tanto en los debates de la campaña como en el diseño y la definición de la política pública del municipio, en particular en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

El contexto mismo de la problemática social local y de vulnerabilidad socioeconómica de la población y de sus organizaciones sociales comunitarias generaría dificultades propias que condicionarían el proceso mismo de incidencia, de participación política y de activación de la ciudadanía que fue necesario sortear durante la experiencia; sobre todo, cuando la mayor parte de las personas delegadas participantes en el proceso de incidencia estuvo compuesto por población desplazada víctima del conflicto armado aún amenazada por el miedo y las agresiones armadas de las que fueron objeto, y condicionada a convivir con la influencia

6 Portal Web VERDAD ABIERTA, La parapolítica en Sucre, Julio 17 de 2010, En: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/38desplazados/2573-parapolitica-en-sucre 7 Revista SEMANA, Los enredos de la senadora Piedad Zuccardi, 13 de febrero de 2013, En: http://www.semana.com/nacion/ articulo/los-enredos-senadora-piedad-zuccardi/333286-3

permanente de sus victimarios.8

1.4.

Contexto de deficiencias de atención en Salud en el municipio.9

El de la salud, constituía en el 2010, uno de los temas más apremiantes en materia de política pública en María La Baja, no solo por el funcionamiento como sistema público a nivel local, sino además por las características mismas de su población beneficiaria.

En el mapa epidemiológico elaborado por la Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar en el 2007, el municipio de María La Baja se encontraba en un nivel medio-alto de riesgo a contraer enfermedades, nivel cercano al que se encontraba aproximadamente el 64% de los 45 municipios que conforman el departamento. El sarampión, la rubeola, el dengue, la leishmaniasis, la tuberculosis, la lepra, la leptospirosis y la rabia animal se encontraban entre las enfermedades que más influían sobre la tasa de morbilidad o de riesgo de contraer enfermedades en la región.10 La falta de personal constituía uno de los factores que más afectaba la prestación del servicio.

Su desmotivación a raíz de las condiciones de trabajo y del incumplimiento del pagos de sus salarios inducía al equipo médico y de atención hospitalaria del municipio a buscar mejores ofertas y condiciones laborales en otras instituciones. Este panorama se evidenciaba más problemático aún si se tiene en cuenta que el municipio de María La Baja en su totalidad contaba solo con 14 médicos (entre funcionarios públicos y privados) y 11 promotoras de salud para atender el conjunto de población local, que es de 46.477 habitantes. Es decir, el municipio en mediados del año 2011 tenía 1 médico por cada 3.300 habitantes, y 1 promotora de salud por cada 4.225 personas. Lo que denotaba para el diagnóstico comunitario una deficiencia explícita y grave de la salud en función de la falta de personal médico y de enfermería para la atención medica en el municipio.

La atención de la población rural en los corregimientos se hace a través del Centro de Salud de San Pablo y del Puesto de Salud existente en cada uno de los corregimientos de Ñanguma, Flamenco, Correa, El Níspero, Retiro Nuevo, San José de Playón, Nueva Florida, Los Bellos, Mampuján y Matuya. Allí, la situación de la atención médica y de la salud de la población es más grave. Solo el Centro de Salud de San Pablo contaba a finales de 2011 con atención

8 Ejemplo de ello fueron las consideraciones de Alexis Mancilla, ex comandante desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María en 2005, hermano de la actual alcaldesa de María La Baja Diana Mancilla y quien, a pesar de permanecer aún en la cárcel, evidenció su interés en la administración de su hermana al afirmar a manera de advertencia en un encuentro de víctimas con victimarios convocado por la CNRR-Bolívar en diciembre de 2011: “…estaré pendiente para que los corruptos ni los grupos al margen de la ley se entrometan en su administración”. VER: EL UNIVERSAL, Cartagena, 17 Diciembre 2011, “Sí se puede perdonar”. Reencuentro de víctimas con ex paramilitares, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ bolivar/%E2%80%9Csi-se-puede-perdonar-reencuentro-de-victimas-con-exparamilitares-57776 9 Diagnóstico tomado del Plan de Desarrollo Municipal elaborado por el equipo coordinador de la incidencia y los líderes y las lideresas del municipio que participaron del proceso de incidencia.

10 Diagnóstico Socio-Económico (Zodes) Montes De María Año 2007. Gobernación de Bolívar, Departamento administrativo de planeación, Cartagena, 2008.

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permanente las 24 horas, sin embargo, ante la escasez de personal médico la administración del hospital se vio obligada a reducir la atención a tan solo 8 horas diarias.

En los corregimientos la atención médica se prestaba en esas mismas fechas solo una vez por semana para 30 pacientes en cada visita, la cual se prolonga desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, dejándose las decisiones de atender un mayor número de pacientes (más de los 30 correspondientes) y/o de horas por visita (más de 7 horas), a discreción del personal médico.

El caso del corregimiento de San José del Playón tal vez refleje el abandono de la atención médica de la población rural del municipio. Al igual que en los demás, en este corregimiento el servicio médico solo se realiza una vez por semana. Sin embargo, esta no se lleva a cabo en el Puesto de Salud asignado para el corregimiento: actualmente, a inicios del 2014 aún se presta el servicio en uno de los cuartos de la Casa de la Cultura ya que debido al riesgo para el personal médico y los pacientes en situaciones delicadas de orden público se decidió trasladar el puesto de salud desde 1999, abandonándose en ese entonces las antiguas instalaciones.

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Después de 12 años el Puesto de Salud de San José del Playón está abandonado y la atención a la población se hace en la Casa de la Cultura en precarias condiciones, en un espacio que no está diseñado ni ambientado para la atención en salud. Mientras los habitantes de las veredas aledañas reciben la atención en este espacio, la infraestructura del antiguo puesto de salud cada vez se deteriora más, perdiendo su funcionalidad como equipamiento colectivo y cambiando su uso al ser ocupado como vivienda por familias en situación de desplazamiento.

El improvisado puesto de salud no contaba para 2011 con servicio de celaduría ni de limpieza; e incluso el abandono presupuestal ha sido tal que en una ocasión el servicio eléctrico tuvo que ser restablecido, después de meses de desconexión, gracias a los recursos aportados por el propio personal médico.

El corregimiento de San José del Playón es uno de los más habitados del municipio. Si nos atenemos al informe de la Secretaría de Salud de la Gobernación realizado en 2007 en cuanto a refiere que la tasa de crecimiento de la población en el departamento entre 1997 y 2007 fue de 1,065% anual, y que el Plan de Ordenamiento Territorial de María La Baja de 2001 señalaba que el número de habitantes del corregimiento del Playón era de 5.122 habitantes, el número de personas que conformarían el corregimiento para mediados de 2011 (fecha del diagnóstico) sería de 5.667, cifra aproximada teniendo en cuenta que esta proyección no incluye los cambios demográficos generados en el corregimiento por el desplazamiento forzado. Es decir, que para el segundo corregimiento de María La Baja en cuanto a número de habitantes (después de San Pablo), la atención médica era reducida, ya que no solamente tenía un médico para atender aproximadamente 5.667 habitantes, sino que esa atención llegaba solo una vez por semana por un máximo de 8 horas. O lo que es lo mismo, estas 5.667 personas solo contaban con atención médica 32 horas al mes (8 cada semana).

Según señala funcionariado de sistema de salud de María La Baja, al corregimiento de San José del Playón, por el número de habitantes que lo conforman, le fue asignado desde 1988 una plaza rural de cinco días a la semana para atender el Puesto de Salud; sin embargo, 10 años después, en 1998, la atención fue disminuyendo a 3 veces por semana hasta que, aproximadamente

desde 2006, esta plaza fue trasladada completamente a la cabecera municipal por déficit del personal médico y la atención se hace un día por semana.

No solo la atención, la infraestructura y las instalaciones son verdaderamente dramáticas en el corregimiento de San José del Playón, sino que esta era también la realidad del resto de corregimientos. A pesar de los importantes esfuerzos por la vacunación infantil, lo cual es reconocido por el personal médico y la misma comunidad, esta población está constantemente está expuesta a la desnutrición, a enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, y a infecciones urinarias, frente a lo cual el Puesto de Salud carece de la dotación y los implementos básicos para la atención de urgencias.

El Plan de Desarrollo Municipal del gobierno municipal para el periodo 2009-2012 contemplaba el mejoramiento de la infraestructura del sistema de salud del municipio. Para el caso del Hospital, el Plan planteaba recursos para el mejoramiento de las salas de pediatría y de urgencias, así como de su sala de cirugía, mientras que para los Puestos de Salud, el compromiso manifiesto de la administración fue el de la adecuación de al menos 4 de los 10 Puestos de Salud existentes. A la fecha del levantamiento de esta información, en julio de 2011, no se conocía realmente el estado de avance de estos proyectos, motivo por el cual el funcionariado advertía pocos esfuerzos presupuestales y una deficiencia de parte del municipio respecto a la atención a la problemática que la salud demanda.

1.5 El déficit habitacional de vivienda en y las deficiencias en la gestión pública local11 17 Según la proyección del Censo del DANE, el municipio de María La Baja contaba para el 2010 con 46.477 habitantes. De ese total, 19. 420 personas estaban ubicadas en la cabecera municipal, mientras los 27.057 restantes se encontraban en el área rural. En síntesis, la mayoría de la población de María La Baja para 2010 se encontraba en la zona rural y estaba representada por un 58,2 de la población total, frente a un 41,8% que se encontraba en la cabecera municipal.

María La Baja es un municipio mayoritariamente rural conformado al final del 2010 por un número aproximado de 10.808 hogares si tenemos en cuenta que, según el DANE, cada hogar está conformado en promedio por 4,3 personas12. Cifras de Acción Social señalan que de esos 10.808 hogares aproximadamente 2.254 correspondían al número de los recepcionados por el municipio de 1995 a 2009 por causa del conflicto armado; 9.692 personas, en su mayoría provenientes de áreas rurales de los distintos municipios de Montes de María.13

11 Diagnóstico tomado del plan de desarrollo municipal elaborado por el equipo coordinador de la incidencia y los líderes y las lideresas del municipio que participaron dl proceso de incidencia.

12 Boletín del DANE, Censo general 2005, Municipio María La Baja (Bolívar).

13 Acción Social. Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Registro único de población desplazada. RUPD. 2010. DANE, Censo general 2005, Municipio María La Baja (Bolívar).

A finales de Junio de 2011 el grupo de familias en situación de desplazamiento del municipio constituía una parte importante del total de población local, quienes al igual que el resto de la población del municipio en condiciones de vulnerabilidad social, demandaban mayores esfuerzos e iniciativas institucionales en relación con sus derechos y las obligaciones estatales.

Estas familias desplazadas habían tenido que abandonar las viviendas en las que habían vivido hasta el momento del desplazamiento, y llegaron a los municipios de recepción careciendo totalmente de ellas. Esto requería, por parte de la administración municipal una atención especial de la situación misma así como la del resto de la población, un 60% de la cual, según datos del DANE, vivía en la franja de pobreza en el año 2005.

En el año 2005 el municipio contaba con 10.643 familias, que vivían en 9.613 viviendas, lo que indica que, como mínimo, el déficit de vivienda del municipio de María La Baja era de 1.030 unidades habitacionales. En el Plan de Desarrollo 2008-2011, la administración municipal proyectó la asignación de recursos del presupuesto público municipal como contrapartida para construir 1.302 soluciones de vivienda en el municipio, así como la adquisición de un terreno de 31 hectáreas para atender la demanda de vivienda de la población existente durante estos 4 años de gobierno.

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Debido a que los informes de gestión de la administración local no se habían realizado en 2009 y 2010 la ciudadanía de María La Baja no pudo obtener información para realizar el seguimiento a la asignación y manejo de los recursos públicos para este tema ni comprobar la ejecución y estado de los proyectos de solución de vivienda planteados en el Plan de Desarrollo 2008–2011. Lo único que se pudo confirmar es que el consejo municipal otorgó facultades a la alcaldía para comprar 4 hectáreas de tierra de las 31 proyectadas, pero se desconoce si realmente se compraron o si se estaban adelantado gestiones para comprar las 27 hectáreas restantes que faltarían, lo que denota una deficiencia en la rendición periódica de cuentas de parte de la administración local para dar a conocer a las comunidades y organizaciones sociales del municipio el fin y manejo de los dineros y las inversiones públicas.

Los criterios de selección de las personas beneficiarias de los proyectos de vivienda y de asignación de los recursos del municipio no son de dominio público en el municipio, lo que generaba desconfianza entre la población ante antecedentes como el del clientelismo y el de los favores políticos que han caracterizado las anteriores administraciones municipales. Al ser recursos públicos, la ciudadanía de María La Baja y aquellas personas potencialmente beneficiarias de los proyectos deben justamente conocer cómo se asignan esos recursos que les pertenecen y son administrados por el funcionario/a elegido/a para ello, así como tanto los criterios de elección de las personas beneficiadas como su número, las comunidades en las que se ejecutan los proyectos, y los montos que se invierten. Y, con ello, tal vez evitar que se repitan casos como los de la doble adjudicación de mejoras de vivienda asignadas a una sola familia, en medio de una escasez habitacional acentuada.

Algunas comunidades como las del corregimiento de San José del Playón, Pueblo Nuevo, El Sena, y el barrio Monte Carlos habían resultado en años anteriores beneficiadas con proyectos de mejoramiento de vivienda bajo la modalidad de autoconstrucción en el trascurso de la administración saliente. Sin embargo, estas mejoras de vivienda fueron suspendidas por incumplimiento de los contratistas o no se han terminado a satisfacción, sin tener el

municipio pleno conocimiento de la situación y sin haberse promovido las investigaciones correspondientes. Existen casos, como el del mismo corregimiento de Playón, de materiales como cemento y arena que se han echado a perder debido al estancamiento actual de las obras, lo que evidencia una falta de interventoría de parte del municipio de las construcciones que se empezaron a ejecutar y del poco interés de parte de la institucionalidad pública local para evaluar los proyectos ejecutados y para garantizar el cumplimiento de los mismos.

En comunidades como las de La Suprema, Palo Altico, y San José del Playón las unidades habitacionales construidas como “proyecto de mejoras” no cumplían con las condiciones mínimas de una vivienda digna. Las casas diseñadas y construidas para la atención de la población en situación de desplazamiento o en condiciones de vulnerabilidad económica tienen un espacio inadecuado para el número de habitantes que las ocupan. En estas tres localidades, las pocas viviendas de mejoramiento que han sido construidas cuentan con un solo ambiente para usar como dormitorio cuando, como en el caso de La Suprema, el hogar llega a estar conformado hasta por tres familias, o, como en el de San José del Playón, una sola familia llega a tener hasta 6 integrantes o más.

Esta situación contrasta con los datos presentados por el DANE en el 2005, en los que considera los hogares del municipio de María La Baja conformados por un promedio de 4,3 personas por hogar, cuando en por lo menos comunidades como las señaladas existen dos y tres familias por hogar (en una vivienda) y existen casos de hasta 6 habitantes en una sola unidad habitacional, en su mayoría sin la infraestructura básica para ocuparla. En síntesis, las mejoras de vivienda proyectadas por la administración municipal de María La Baja para el periodo 2008-2011 en su mayoría o bien no habían llegado a ser finalizadas o bien no habían cumplido con el criterio de solucionar el déficit habitacional de la población vulnerable a través de la construcción de viviendas dignas.

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2 LAS ORGANIZACIONES Y LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DE LA INCIDENCIA

E

n el apartado sobre el contexto sociopolítico de la incidencia planteamos que es de significativa importancia tener en cuenta las posibilidades, ventajas u oportunidades que puede permitir o no el contexto local, en cuanto configura las acciones de quienes han de participar en un proceso.

Además de los condicionantes del contexto, el ejercicio de incidencia política también demanda poner en juego las cualidades de liderazgo de las personas participantes y sus capacidades para interpretar los intereses y las necesidades de sus comunidades y sus organizaciones; su sensibilidad con los temas y los asuntos colectivos; su capacidad para la delegación de actividades y para la promoción de otros liderazgos; así como su iniciativa, capacidad de convocatoria y legitimidad entre la población.

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De estas características de los actores delegados por las organizaciones comunitarias para participar del proceso de incidencia en el plan de desarrollo municipal, así como de su constancia y permanencia durante un ejercicio de largo aliento también depende el logro de los objetivos. De ahí que contar con un acumulado importante de liderazgos legitimados y respetados por las comunidades y las organizaciones locales, con sensibilidad social, y con experiencias significativas de trabajo comunitario, constituye un ideal punto de partida en cuanto a las características del grupo impulsor y ejecutor de este tipo de experiencias se refiere, considerando además la constancia, la permanencia, y la escasa rotación de las personas delegadas y delegadas en el proceso de preparación y de realización de la incidencia.

En el caso de la incidencia política diseñada para el municipio de María La Baja el equipo base del proceso, en el cual recaería gran parte de la responsabilidad del proceso, estuvo conformado inicialmente por un grupo de aproximadamente 15 delegados y delegadas de organizaciones campesinas con más de 10 años en condición de desplazamiento forzado en el municipio de María La Baja a causa del conflicto armado que por décadas ha caracterizado la región. Los participantes pertenecían a organizaciones que habían tomado la decisión de articularse alrededor de una iniciativa organizacional de segundo orden denominada ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA DE LOS MONTES DE MARÍA-OPDs; posteriormente este grupo extendería la invitación a otras organizaciones y a otros liderazgos comunitarios del municipio, lo cual fortalecería la iniciativa, así como su confianza en el transcurrir del proceso.14 14 Las organizaciones del municipio de Marialabaja que participarían del proceso de incidencia en la política pública local a

La situación de desprotección y de vulnerabilidad socioeconómica de estas organizaciones campesinas, víctimas del conflicto armado, configuraría un escenario para la incidencia con algunas dificultades propias de su condición de población en situación de desplazamiento.

Dos son los aspectos más significativos a resaltar: 2.1. El proceso de desmonte de la exigibilidad de los derechos de las comunidades en contextos de desplazamiento forzado, asistencialismo y ayuda humanitaria.

• Décadas de conflicto armado en la región de los Montes de María de amenazas a las comunidades y a sus líderes y lideresas, de estigmatización, de persecuciones de carácter político, de homicidios, de masacres, de masivos desplazamientos forzados, y de violación de los derechos humanos a una población en su mayoría campesina que ya era vulnerable y a la que ya históricamente le habían negado o violado sus derechos, no podrían más que dejar como herencia y acumulado social la afectación, en unos casos, y el desmonte, en otros, de la disposición, la actitud y la cultura de reclamación y de exigibilidad de derechos que caracterizó desde los años 60 y hasta finales de la década de los 80 el campesinado en la región; años en los que la región fue tal vez el más importante escenario en el que surgiría uno de los movimientos campesinos más importantes en la historia de las luchas y las reivindicaciones populares del país cuyo énfasis era la exigibilidad de sus derechos a la tierra y al trabajo, la ANUC, organización campesina que durante las décadas de los años 70 y 80, y en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, se constituiría en el más importante patrimonio cultural de la población rural de la región. Como organización, no solo expresaba un importante proyecto de reivindicación de los derechos históricamente negados al campesinado de la región Caribe, sino que a su vez logró constituirse en la más importante escuela para la deliberación y la formación de la ciudadanía rural en función de la inclusión social y política de su población, así como la democracia en el campo. El daño que el conflicto armado ha realizado al legado cultural de la experiencia de la ANUC en la región y a su acumulado de formación para la democracia y la exigibilidad de los derechos, constituye hoy en día una de las más grandes afectaciones a la democracia, a la ciudadanía y a la cultura de control ciudadano sobre la administración pública. El conflicto armado en la región no solo afectó y permitió la masiva y aún sostenida violación de los derechos de la población víctima, también hizo lo propio con el acumulado y la capacidad instalada través de la construcción del plan de desarrollo alternativo y comunitario fueron: cabildo indígena de la pista; Comunidad del corregimiento de Mampujan; Cabildo indígena de Retiro Nuevo; Red de Mujeres Afrocaribe; Red de Mujeres Rurales del norte de Bolívar; Red de mujeres de los Montes de María; Mesa Campesina de María La Baja; Asociación de mujeres del barrio Montecarlo (Asomontes); Asociación campesina del SENA; Asociación campesina del Paloaltico, Asociación campesina de San José del Playón; Asociación Campesina Primero los Niños (La suprema); Asociación campesina mundo nuevo; Asociación campesina de Pueblo Nuevo; Colectivo de comunicaciones de los Montes de María (Colectivo de María La Baja); Red de Niños, Niñas y Jóvenes “Antorchas”; Grupo Juventud Emprendedora de Paloaltico (JEPA); Grupo Juvenil Amigos de la Paz Unidos del SENA (JAPUS); Estructura Municipal Red Montes de María; Grupo Jóvenes Buscando Conocimiento de la vereda Suprema, Jóvenes Por los Derechos de Asotrinidad.

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que para la reivindicación de los derechos y la dignidad humana del campesinado había logrado constituir la población rural durante décadas de experiencia organizativa.

• Montes de María, , en los años previos y más aún posteriores a la desmovilización formal de los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2005, se constituyó en una región objeto de una compleja y densa red de intervenciones sociales por medio de proyectos y programas de ayuda humanitaria o de asistencia.

El contexto de violaciones a los derechos de la población campesina en el marco del conflicto armado así lo demandó en ese entonces, la crisis humanitaria lo exigía. Tras un largo proceso de agresión de parte de los actores armados contra las comunidades, sus organizaciones y sus dirigencias, y que aún no cesa, la región sería configurada por un nuevo proceso de incidencia sobre el territorio y sobre sus comunidades: el de la asistencia social de emergencia y la ayuda humanitaria. Proceso de atención que a la vez que ayudaba a mejorar las condiciones más inmediatas de la población víctima y a cubrir parte de sus necesidades, con los años, y aunque no fuese su intención inicial, por efecto de la configuración del contexto y de la condición de vulnerabilidad que acompaña a la de desplazamiento contribuyó a que las nuevas organizaciones campesinas, herederas de la resistencia campesina de la ANUC, cambiaran la razón y el objeto de su conformación.

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Así, de la histórica reivindicación de los derechos de la década de los 70 y 80, las nuevas organizaciones pasarían a la formalización y la legalización de sus asociaciones para implementar la personería jurídica de sus organizaciones como instrumento y requisito para acceder a la oferta institucional y no gubernamental de proyectos dirigidos a ellas como población objeto de la atención y las ayudas, lo que tendría como efecto el aplazamiento de la exigibilidad de los derechos por la cultura de la gestión de las ayudas, en función de sus necesidades.

• Las organizaciones sociales y comunitarias que en un primer momento participaron del proceso y que serían la base sobre la cual se apoyaría la incidencia en la política con la construcción de un PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO, eran en su mayoría organizaciones de población desplazada que se habían constituido en formas asociativas con fines humanitarios más que de reivindicación de sus derechos. Si bien no todas tenían este mismo origen, y las pocas que no lo eran se convirtieron durante el proceso en un factor fundamental para promover un cambio de mentalidad en el resto, la predisposición de este tipo de organizaciones hacia el interés por la ayuda, a lo que de inmediato esperaban recibir como logro de sus acciones, dificultó la comprensión, así como también disminuyó su interés en el objetivo de la incidencia: desarrollar a través del ejercicio de la participación ciudadana un proceso que condujera a la exigibilidad y a la búsqueda de la garantía de los derechos colectivos y constitucionales de las comunidades y de las organizaciones sociales de María La Baja, utilizando para ello un estrategia de incidencia política ante la institucionalidad pública del municipio.

De ahí que desmontar la expectativa estrictamente asistencialista de las organizaciones y de las comunidades, o al menos de sus dirigentes, para configurar un ejercicio de ciudadanía basado en la reivindicación de los derechos así como del papel del Estado como garante y responsable de su cumplimiento, constituyó en su momento un reto adicional en un grupo de organizaciones a las que no solo el contexto de crisis humanitaria, de ruptura de tejidos sociales importantes, de agresión y de amenaza les había disminuido su capacidad de respuesta en medio de condiciones adversas, sino que además, el tipo de intervención humanitaria e institucional en medio de la crisis les había configurado una subjetividad pasiva en la que la reivindicación o la exigibilidad de su derechos había sido descentrada.

2.2. La vulnerabilidad socioeconómica y las condiciones de desplazamiento como generadoras de adversidades para la potenciación de las subjetividades políticas en la localidad.

• Para el año 2010, la población del municipio de María La Baja era de 46.500 habitantes, la mayoría de la cual se encontraba en la zona rural; solo un 42 % de ella se ubicada en la cabecera municipal. Según el DANE, del total de población del municipio un 60% se encontraba por debajo de la línea de pobreza, con graves deficiencias y problemáticas asociadas a la satisfacción de sus necesidades más básicas. Los altos niveles de pobreza en la que se encontraba la población del municipio en ese entonces se correspondía con los altos índices de analfabetismo de esta en la subregión de los Montes de María: en el año 2010 un 22,8 % de la población del municipio de María La Baja no sabía leer ni escribir, situación que a su vez les enfrentaba a discriminaciones en las condiciones de empleo e incluso en las transacciones comerciales que algunos pequeños propietarios de tierra harían con empresarios, particulares e intermediarios.15 • Cifras del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Acción Social señalan que en el 2010 del total de población del municipio un 20% se encontraba en situación de desplazamiento forzado, sufriendo las graves condiciones de vulnerabilidad que conlleva este fenómeno.16 En febrero de 2011 el 78% de la población del municipio estaba cubierta por el régimen subsidiado de salud, dato que refleja claramente que se trata de gente que no se encuentra disfrutando de trabajos formales que les permitan afiliarse al régimen contributivo y tener un nivel de vida adecuado, sino que, muy por el contrario, se trata de una población pobre beneficiaria del gasto social focalizado por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales.17 Para esta población, como lo señala el informe reciente del PNUD “Colombia rural, 15 Pardo Hoyos, Carlos Enrique. Estudio socioeconómico de la región Montes de María. PNUD. 2006.

16 Acción Social. Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Registro único de población desplazada. RUPD. 2010. DANE, Censo general 2005, Municipio María La Baja (Bolívar).

17 http://www.sisben.gov.co/Informaci%C3%B3n.aspx (visitado el 10 de julio de 2011)

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Razones para la esperanza”, el ejercicio de su libertad es muy restringido; su lucha por la subsistencia no les permite hacer lo que consideran bueno y la trampa de pobreza en la que viven obstaculiza el ejercicio de su libertad. Ello implica que el ejercicio de ciudadanía sea restringido a causa de la exclusión política, social y cultural que padece y la caracteriza18.

Estas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que también se encontraban afectando a las comunidades y las organizaciones sociales en el momento en que adelantaban el ejercicio de incidencia sobre la política pública local del municipio de María La Baja condicionaría el ejercicio de ciudadanía y de reivindicación de sus derechos.

Circunstancias incluso como la poca disposición del tiempo para el ejercicio de su ciudadanía y para la preparación de su participación en los escenarios de incidencia se vio constantemente afectada ante la necesidad de tener las personas delegadas y delegadas de sus organizaciones que dedicar una importante parte de sus días en continuar con sus labores cotidianas y resolver a su vez la adversa situación económica de sus comunidades y sus familias. Esto no dejó de ser un impedimento en el proceso y para el equipo de facilitadores y de acompañamiento constituyó un reto constante de cara al logro de los objetivos trazados.

Para la reflexión 24

La exclusión social la podemos definir como un proceso progresivo de aumento en la estigmatización, rechazo o discriminación de un grupo humano, esta práctica se da mediante cambios estructurales a las políticas económicas y genera dinámicas de expulsión o de obstaculización a espacios, recursos y derechos, lo que genera límites al grupo para que pueda vivir, actuar y desarrollarse.

La exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas, a los grupos de afro descendientes, a las mujeres, a los campesinos, a las personas en situación de desplazamiento forzado, a las personas con discapacidad, a las personas VIH positivas y a los adultos mayores. La exclusión dificulta el goce efectivo de derechos por parte de estos grupos poblacionales.

Casi siempre, la exclusión y la pobreza van de la mano, debido a las menores posibilidades que poseen las poblaciones excluidas para alcanzar un desarrollo integral que les permita acceder a las fuentes de bienestar. Además de la pobreza, la exclusión suele ir acompañada de la falta de “voz”, reconocimiento y poder político para definir aspectos importantes de sus propias vidas. También suele ir acompañada de vulnerabilidad, inestabilidad y afectaciones económicas, humanitarias y sociales.

18 Colombia rural, Razones para la esperanza, PNUD, 2011.

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EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA INICIATIVA DE INCIDENCIA: Conocimiento y contactos con organizaciones locales y presentación de la iniciativa

L

os primeros acercamientos con las organizaciones de población desplazada del municipio de María La Baja ocurrieron en sus lugares de reunión y de encuentro. Antes de llegar y presentar la iniciativa de incidencia, las comunidades ya contaban con una dinámica organizativa propia, se habían articulado como una “organización de organizaciones” con pretensiones de alcance regional en 5 de los 15 municipios de los Montes de María.

Si bien como organizaciones aún presentaban fuertes intereses en los programas de ayuda humanitaria y de asistencia social, ya habían iniciado un proceso de cualificación mayor de sus iniciativas y de sus alcances. En ese entonceWs se encontraban en un momento emergente de preocupaciones por realizar análisis de contexto sobre los conflictos por la tierra en la región, sobre los procesos de justicia transicional (Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz), sobre el despojo de tierra por parte de grupos paramilitares en alianza con políticos y empresarios en la región, y sobre el aprovechamiento de los empresarios para expandir las áreas de cultivo agrocomercial. Además de ello, su preocupación por la situación de la población campesina en condición de desplazamiento forzado y en situación de riesgo permanente por la presencia de los victimarios en sus territorios en calidad de desmovilizados, había empezado a ser, aunque de manera incipiente, parte de su agenda. Los temas que les preocupaban fundamentalmente continuaban girando en torno a su necesidad de agruparse como población desplazada, víctima del conflicto armado, para buscar la manera de resistir con sus iniciativas productivas de economía campesina y acceder a un mejoramiento de sus condiciones de vida a través de los programas y las ayudas de la institucionalidad pública estatal y de la cooperación internacional.

En el conjunto de organizaciones y de liderazgos existían quienes eran más proclives a la exigibilidad y el reclamo de sus derechos por la condición a la que habían sido llevados a causa del conflicto armado, de un lado, y quienes tenían un mayor interés en acceder a la ayuda humanitaria del Estado y ONGs y a la consecución de recursos para gestionar proyectos productivos basados en la economía campesina, siendo este último el grupo más numeroso y más característico del proceso organizativo con el cual se proyectaba realizar un ejercicio de incidencia política para la exigibilidad de sus derechos como población campesina desplazada.

Esta preponderancia en el grupo del interés por la asistencia y la ayuda humanitaria dificultó en un primer momento la presentación de la iniciativa, dado que ante la pregunta “¿Y ustedes

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que traen?” solo había una sola respuesta posible: “Acompañamiento para la exigibilidad de la dignidad y de sus derechos;” lo cual no dejaba de provocar incredulidad y poco interés en esa rara y extraña propuesta que en lo inmediato no tenía como hacerse manifiesta como una materialidad que diera respuesta a sus expectativas.

En las dos reuniones iniciales, realizadas en el mes de febrero de 2011, se presentó la iniciativa ante un grupo de aproximadamente 20 delegados, representantes de estas asociaciones de población desplazada con asiento en el municipio. La idea quiso ser lo más clara y sencilla: …se trata de elaborar con ustedes un diagnóstico de los problemas que más afectan a sus comunidades; pero hecho desde su propia visión y desde su propia experiencia; y a partir de ese diagnóstico construir propuestas que dejaríamos por escrito y luego presentaríamos a sus comunidades, a la población de María La Baja, a los próximos aspirantes a la alcaldía del municipio y después de eso a quien termine siendo elegido como Alcalde dentro de 8 meses para que incluya esas propuestas en el próximo Plan de Desarrollo Municipal con el que habrá de gobernar.19 Tras varias intervenciones de aceptación y/o de exposición de sus prevenciones contra la administración pública y la forma tradicional e irregular en que se habían hecho las elecciones anteriores en el municipio fue necesario comentar: 26

No se trata de hacer campaña por ningún candidato, aquel que quiere hacerlo de manera personal puede hacerlo, pero la propuesta es para que, independientemente del candidato que gane las elecciones, la nueva administración incluya las propuestas de las comunidades en el Plan de Desarrollo Municipal…. Como saben, toda vez que un candidato a la Alcaldía, a la Gobernación o a la Presidencia de la República gana unas elecciones, por ley, debe presentar y ser aprobado, en un plazo aproximado de 6 meses, un documento denominado PLAN DE DESARROLLO, en el cual el nuevo gobernante y su nueva administración presenta el conjunto de políticas, programas y proyectos que va a ejecutar durante su mandato en temas como la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos, el agua potable y otros tantos; ese documento de Plan de Desarrollo es la guía de las políticas públicas que va a implementar el gobernante; todo lo que esté en ese plan, debe ser ejecutado y se debe verificar que así sea; y todo lo que no esté incluido en él es muy difícil, por no decir casi imposible, que pueda ser hecho; por eso, se trata de que sus propuestas puedan ser presentadas al alcalde o a la 19 Reunión con delegados de las organizaciones miembros de OPDs de los Montes de María; Lugar: CEDECAMPO, Sede rural de la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS), corregimiento de Pava, municipio de Mahates; 5 de febrero de 2011. Notas de campo ampliadas.

alcaldesa próxima, para que un vez queden algunas de ellas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, podamos exigir su cumplimiento…20 A esa altura A esa altura de la conversación y en medio de la manifestación de voces de incredulidad fue necesario establecer nuestro compromiso, por ello se les plantearía: Es entendible que no crean en la clase política o en las administraciones públicas, llámense Alcaldes, Gobernadores o Presidentes; lo que queremos proponerles no es que crean en ellos, es que crean en la posibilidad de que en conjunto, ustedes y nosotros, identifiquemos los problemas que ustedes consideran que son los más graves del municipio, y que, luego, puedan ser dados a conocer al próximo alcalde de María La Baja. Que también puedan presentarse las propuestas que ustedes consideran que pueden darles solución a esos problemas... Miren, la mayor parte de los planes de desarrollo de los municipios del país, los hacen personas que no son del municipio, lo hacen expertos que no son de las comunidades y que no sienten los problemas que ustedes sienten y viven; se trata, entonces, que podamos hacer un Plan de Desarrollo Paralelo al del Alcalde y que cuando llegue el momento de que su administración haga el plan de desarrollo, tenga como uno de los insumos más importantes el documento que ustedes con el apoyo nuestro, ya han elaborado meses antes y que ya han dado a conocer al conjunto de las comunidades del municipio… Nadie nos asegura que las propuestas que ustedes construyan van a quedar incluidas en el plan de desarrollo municipal, pero justamente de lo que se trata es de intentarlo y de lograr comprometer a todos las personas candidatas en campaña ante la opinión pública, y que sus propuestas sean tenidas en cuenta por cada campaña; no hay como judicializar ninguna administración porque no las incluya, pero si no lo hace tendrá la administración que pagar el costo político de no haber tenido en cuenta las propuestas de las comunidades…21 La desconfianza de las comunidades y de sus organizaciones hacia las administraciones locales de los municipios de los Montes de María es entendible por el contexto de exclusión política en el que se enmarcan la participación y el ejercicio de ciudadanía de la población rural, por la falta de participación política de sus comunidades en las administraciones municipales, por la estigmatización y el señalamiento con el que funcionariado público y sectores políticos locales han sentenciado sus iniciativas, o por el clientelismo y la corrupción de la que han sido testigos durante años.

En síntesis, porque en Colombia, el sistema político se ha caracterizado por ser cerrado y excluyente, un sistema de élites partidistas con sus clientelas, y ello le ha restado o anulado espacios a la intervención ciudadana para defender lo público a la vez que ha debilitado la

20 Ibíd., Notas de campo ampliadas, 5 de febrero de 2011.

21 Ibíd., Notas de campo ampliadas, Febrero 5 de 2011.

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construcción de la ciudadanía y la participación política durante décadas22 De ahí que motivar a las comunidades a participar en ejercicios de incidencia política en medio de la desconfianza hacia los mecanismos establecidos para la participación, hacia la institucionalidad estatal y gubernamental, hacia el sistema político, y hacia la democracia como régimen político, es un trabajo de potenciación de la ciudadanía en las comunidades rurales que enfrenta limitaciones.

A pesar de las adversidades, del justo recelo, y de la desconfianza hacia “la política” local, las organizaciones comunitarias del municipio de María La Baja se atrevieron a encarar esta situación.

Para la reflexión ¿Qué es y qué no es incidencia política?23 Hablamos de incidencia política cuando:

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• Influimos en las políticas públicas a través de aquellas personas que toman decisiones sobre ellas. Muchas veces se piensa que la incidencia política es “confrontar”, “chocar” o “gritarle al gobierno”. Sin embargo, no necesariamente la incidencia política es sinónimo de choque. Existen múltiples opciones para incidir políticamente, por ejemplo, enfoques públicos o privados, enfoques que buscan el consenso y compromiso, enfoques confrontativos, opciones individuales o colectivas.

• Impulsamos un proceso deliberado que implica acciones intencionadas. Por lo tanto, antes de implementar estrategias de incidencia política debe estar claro a quién está tratando de influenciar y qué política quiere cambiar.

• Influimos en quienes toman las decisiones sobre políticas, ellos son personas y no instituciones, en ese sentido pueden integrar diversos sectores. El trabajo a desarrollar debe centrarse en influir sobre funcionarios de tal nivel, de manera que con esa influencia logremos que se mejoren las condiciones de vida de un número significativo de personas.

•

La incidencia política no se restringe a gestores de política del ámbito gubernamental, personas del sector privado también son partícipes de la creación, cambio e implementación de políticas públicas y muchas veces ejercen una enorme influencia sobre actores relevantes.

22 Los derechos Sociales en los planes de Desarrollo, Manual para la incidencia en las políticas públicas locales, Ángel Libardo herreño, ILSA, Bogotá, Enero de 2012.

23 Elaborado con base en Guías y Herramientas para la Incidencia Política, Sofía, Emily, Cooperative for Assitance and Relief Everywhere (CARE), 2001, Atlanta, EE.UU.

Y contrario a esto, tenemos que NO hablamos de incidencia política cuando24: • Se hace trabajo de extensión con hogares, enfocado a cambiar o mejorar hábitos o situaciones particulares de las familias (por ejemplo: implementar huertas orgánicas en las fincas y predios), ya que esto implica influir en las decisiones del hogar, pero no en las decisiones de los gestores de política.

• Adelantamos campañas públicas para cambiar prácticas específicas, cuyo énfasis sea la información, educación y comunicación (ejm. promover que las personas ahorren agua y practiquen el reciclaje). Una campaña de incidencia política busca cambiar la opinión pública sobre un tema relacionado con las políticas (ejm. promover el conocimiento y participación en las definiciones sobre acceso y regulación del agua potable y el tratamiento y recolección de basuras).

• Se informa al gobierno sobre el trabajo de nuestra organización. No es únicamente informar, sino principal y particularmente influir. El tener buenas relaciones con los gobernantes y dar a conocer nuestra organización no abarca toda la incidencia política, ni agota la incidencia.

Es necesario influir en ellos y en sus decisiones.

• Promovemos nuestra organización y sus actividades. A menudo nuestra corporación difunde información a través de los medios de comunicación para dar a conocer nuestro trabajo y visibilizarnos. Se pueden utilizar las mismas técnicas para la incidencia, pero los propósitos son distintos. En la incidencia política, se utilizan los medios para transmitir mensajes sobre políticas y alentar al público a tomar cierto punto de vista sobre un tema y, consecutivamente, comunicar estos puntos de vista a los gestores de políticas.

• Recaudación de fondos. El propósito de la incidencia política no es aumentar el presupuesto de la Corporación. Parte de la incidencia política podría implicar persuadir a gestores de políticas para que asignen más recursos para el desarrollo social y económico, y a veces esto podría beneficiar a nuestra organización.

En el caso de los sectores campesinos del país, como referíamos, se requieren elementos que permitan superar las condiciones de exclusión y de desigualdad existentes, aunque bien sabemos que la exclusión obedece a un problema estructural (fundamentado en la implementación de un modelo económico anticampesino en el campo), consideramos que a partir de la participación y de la incidencia se pueden lograr mejoras y reducciones significativas en los niveles de discriminación, que se traduzcan en aportes hacia la consecución de la igualdad real y material del campesinado y el reconocimiento de los campesinos como actores políticos y sujetos de derechos.

24 Reconociendo que estas prácticas se ubican como iniciativas políticas de las organizaciones en su accionar comunitario pero que no tipifica dentro de la incidencia política.

29

4

PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO COMO INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 25

4.1 Cómo se entendió la incidencia política en la experiencia?

30

L

a incidencia política es un proceso acumulativo. En este sentido, es más que una sola acción. Requiere de estrategias variadas implementadas en el tiempo con mucha creatividad y persistencia. Las victorias de la incidencia política, muchas veces, están precedidas por numerosos fracasos. Lo importante es aprender de los errores, no rendirse, e ir fortaleciendo la organización en términos de fuerza social y capacidad técnica.

25 Los criterios, las acciones y los tiempos a ser considerados para la planeación de este tipo de incidencia se pueden encontrar en el texto: Los derechos Sociales en los planes de Desarrollo, Manual para la incidencia en las políticas públicas locales, Angel Libardo herreño, ILSA, Bogotá, Enero de 2012. Documento que emergió de las 12 experiencias de incidencia en política pública local que el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativo – ILSA, logró coordinar con el acompañamiento de las organizaciones sociales y comunitarias de 12 municipios (incluida la experiencia en María La Baja) durante todo el 2011. El texto consigna las experiencias de incidencia desarrolladas durante el periodo electoral del ese año, en el cual se eligieron las administraciones de los entes territoriales municipales y departamentales en todo el territorio Nacional.

Consultar en: http://ilsa.org.co:81/node/518

Con frecuencia, la incidencia política requiere de varias iniciativas complementarias para lograr la propuesta estratégica. A través de los logros de menor envergadura sobre temas puntuales se va construyendo el poder social y la capacidad técnica necesaria para incidir en temas más complejos.

4.2 ¿Cómo se diseñó la estrategia de incidencia política?

Para la realización del ejercicio de incidencia política, la cual estaría enmarcada en el contexto electoral del año 2011 y que tendría como objetivo lograr que las organizaciones comunitarias influyeran en el diseño y la construcción de las políticas públicas que se ejecutarían durante los siguientes 4 años de gobierno local, se acordó la construcción de un documento de PLAN DE DESARROLLO que fuese alterno al que oficialmente sería construido meses después por la candidatura que resultaría electa el 30 de octubre de 2011 y que se posesionaría desde el 1 de enero del año 2012. Este documento denominado PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO sería el instrumento de trabajo fundamental que habría de guiar la estrategia de incidencia y que contendría los temas de política pública, el diagnóstico de la problemática característica del municipio y las propuestas de solución que fuesen priorizadas por las organizaciones comunitarias que serían partícipes y protagonistas centrales en el ejercicio.

Antes de establecer la estrategia de incidencia, se establecieron, a través de un taller participativo, lo que el equipo dinamizador consideró como las bases fundamentales para desarrollar experiencias de incidencia, lo cual implica básicamente discernir con conocimiento y sobre el escenario los actores, los temas y las condiciones para llevar la incidencia a cabo. Para ello se desarrolló un ejercicio de trabajo enmarcado en el siguiente esquema:

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BASES GENERALES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Pasos

Objetivos

a) Analizar las políticas públicas y las instituciones estatales locales.(Análisis del Plan de Desarrollo Municipal )

Preguntas para explorar ¿Qué sabemos sobre las políticas en los sectores que son de interés para las comunidades y las organizaciones que son participes del proceso de incidencia? ¿Que se ha cumplido y que no se ha cumplido del plan de desarrollo Municipal actual? ¿Qué temas han generado división y qué temas han generado consenso en el municipio?

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b) Comprender el entorno político.(Teniendo como referencia las dinámicas de 1) Reunir los partidos políticos, de las información personas influyentes en la sobre el política, de las comunidades, antecedente sus organizaciones y sus de las políticas liderazgos, e incluso de las públicas autoridades eclesiásticas en el locales en el municipio). municipio.

c) Comprender las preocupaciones de la comunidad. (Existen iniciativas emprendidas autonomamente por las comunidades con las que interactua nuestra organización, ese es un buen para impulsar un proceso de incidencia)

¿Quiénes son los grupos respetados o más influyentes en el escenario político local?

Quienes pueden ser nuestros aliados en la incidencia?

Que otros procesos o iniciativas de incidencia se adelantan entre las comunidades y las organizaciones del municipio que puedan estar interesados en aunar y coordinar esfuerzos? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de nuestras comunidades sobre sus necesidades, sus Derechos y sobre las políticas públicas? ¿Cuáles pueden ser los temas de mayor preocupación en las demás comunidades del municipio? ¿Existe un lugar para nuestra organización o nuestros aliados para apoyar a la comunidad en iniciativas de incidencia?

a) Emitir juicios informados. ¿Estas personas consideran que algún tema que (Para esto es bueno poder se plantee puede generar riesgos o que pueda crear interactuar previamente con violencia? personas que en el municipio tengan conocimiento y ¿A Estas personas se le percibirá como prejuiciados experiencia sobre los temas o como partidarios? a trabajar para que puedan 2) Evaluar apoyar el ejercicio de ¿Están al tanto de tendencias y cambios políticos los riesgos del consecución de información y en el municipio? escenario local de establecimiento de juicios en que se harà ¿Han identificado a priori riesgos que puedan o criterios bien informados. la incidencia afectar la incidencia política en la localidad?

[Funcionarios, maestros, jerarquías eclesiásticas directores de escuelas y colegios, ¿Han revisado lecciones aprendidas de otras profesionales de la salud, iniciativas de incidencia? liderazgos históricos, médicos, trabajadores sociales, etc..]

3) Forjar o identificar relaciones estratégicas con demás actores, organizaciones y comunidades locales.

a) Establecer relaciones con gestores de políticas. (como experiencia ha resultado exitoso interactuar con los técnicos y funcionarios de las dependencias estatales para municipales para acceder a información). b) Formar redes o articularse con otras organizaciones.(Es importante saber hay múltiples comunidades que pueden vivir problematicas similares a la nuestra en el municipio; esto se constituye en fuente de experiencia, articulación y fuerza para lograr los objetivos del proceso de incidencia)

¿Qué funcionarios están a cargo de ejecutar las de las políticas públicas locales? ¿Qué lectura tienen los ex funcionarios de la entidad territorial que han trabajado en años anteriores y que puedan ser de confianza para los participantes del proceso de incidencia? ¿Quién aconseja a los gestores de políticas públicas en el municipio? ¿Quiénes tienen o han tenido éxito con iniciativas de incidencia en el municipio? ¿Quiénes podrían ser socios para nuestro ejercicio de incidencia? ¿Cómo hacer uso de relaciones establecidas a través de otros trabajos de nuestras organizaciones?; ¿de qué manera estas relaciones pueden ser útiles al proceso de incidencia?

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4) Establecer la credibilidad de las organizaciones participantes para incidir en los escenarios de definición y diseño de las políticas públicas locales.

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a) Desarrollar conocimiento y experiencia para aumentar su credibilidad con los gestores de políticas

¿Se tiene entre las organizaciones y comunidades participantes información importante para compartir? ¿Tienen las organizaciones participantes y sus delegaciones facilidades para acceder a personas o fuentes que puedan proveernos información confiable para diagnosticar la problemática del contexto de intervenciòn?

b) Establecer la credibilidad con el público en base a las relaciones con las comunidades.

¿Cuál es el grado de legitimidad con el que cuentan las organizaciones y las comunidades participantes para convocar a la ciudadanía y a otras organizaciones locales a participar del proceso de incidencia ?

a) Establecer conexiones entre los temas de Derechos 5) Enlazar sociales con las políticas la incidencia públicas locales, para establecer con prioridades su exigibilidad en el marco de programáticas la justificación de la incidencia. para las (Educación, salud, Servicios organizaciones públicos, agua potable, vivienda, etc.…)

6) Mantener un foco claro y específico en el trabajo

a) Elegir temas prioritarios para adelantar el trabajo de incidencia

¿Cómo puede el trabajo de incidencia política relacionarse con la experiencia y las expectativas de las comunidades y las organizaciones ? ¿Con que tipo de apoyo se cuenta en las organizaciones y comunidades intrevinientes ? ¿Qué otros miembros de las comunidades pueden convocarse para que aporten a la realización de una mejor y mas efectiva experiencia de incidencia política ?

¿Cuáles son los temas más importantes y con probabilidad de éxito?

Adaptación de Sprechmann y Pelton (2001).

4.3 La planeación y el diseño de la incidencia para el caso del municipio de

Marialabaja.

EEl proceso de incidencia de las organizaciones comunitarias de María La Baja en la definición de la política pública municipal se desarrolló finalmente a partir de la construcción de un PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado y validado por y con el concurso de las comunidades, el cual tuvo como fin que su diagnóstico de la problemática social del municipio así como sus respectivas propuestas fuesen tenidas en cuenta tanto por las candidaturas a la alcaldía como por la administración municipal que resultase del triunfo de las elecciones territoriales. Dicha iniciativa se desarrolló en medio del contexto local de elecciones del 2011 y de acuerdo a los

tiempos y las fechas establecidas por el calendario electoral de ese año. 26 Como Como se sabía de antemano, la nueva administración municipal de María La Baja que resultase elegida el 30 de octubre de 2011, día de elecciones territoriales, habría de ejercer su gestión desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre de 2015. Por ello, se apostó por que la iniciativa de incidencia en el plan de desarrollo para el periodo 2012 -2015 fuese realizada desde inicios del 2011, exactamente desde la primera semana del mes de febrero de ese año.

Ello con el fin de incidir tanto en las campañas de las futuras candidaturas, que para esa fecha aún no estaban definidas, como en el contenido de los Programas de Gobierno que pondrían a consideración de la ciudadanía y con los que aspirarían a su elección, documentos que tendrían que estar elaborados e inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a más tardar el 10 de agosto, y que deberían presentar las personas aspirantes en el momento de formalizar sus candidaturas.

Es decir, si bien el plan de desarrollo territorial (municipal) solo empezaría a diseñarse a partir del 30 de octubre de 2011, fecha en la que se conocería la candidatura elegida para ejercer las funciones de la administración pública local entre el 2012 y el 2015, el ejercicio de incidencia sobre las políticas públicas de las comunidades y las organizaciones sociales y comunitarias del municipio se inició desde principios del 2011, buscando con ello que pudiera realizarse la socialización de la iniciativa tanto a personas candidatas como al resto de comunidades con antelación a la fecha programada para elecciones. Así, el proceso de incidencia en la definición de la política pública local podría realizarse desde que comenzara el proceso de elaboración de los Programas de Gobierno de cada una de las candidaturas, puesto que son estos los documentos que se someten a consideración de la ciudadanía en las jornadas electorales y que finalmente se constituyen para la administración electa en el primer instrumento de planificación de la política pública local, un insumo base a partir del cual el candidato o la candidata electa diseña el Plan de Desarrollo que contiene los programas y los proyectos con los cuales desarrolla la política pública durante su periodo de gobierno.

A partir de este conocimiento previo se definió por parte del equipo coordinador, con el aval y aprobación de las organizaciones comunitarias participantes, realizar inicialmente las siguientes actividades de incidencia política: a) Incidencia política sobre la construcción de los PROGRAMAS DE GOBIERNO de las personas aspirantes para tratar de incorporar en estos las iniciativas de las comunidades con anterioridad a que las candidaturas y sus respectivos programas fuesen inscritos el 10 26 Durante todo el año 2011 los pasos y el diseño de la incidencia que se adelantaría con las comunidades desde el primer mes fueron definidos en relación al calendario electoral legalmente establecido para la realización de las elecciones locales en Colombia. Ver Anexo 1: Precalendario electoral para elecciones locales (asamblea departamental, gobernador, concejos municipales, alcaldes y juntas administradoras locales), 2011.

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de agosto; fecha última de inscripción de las candidaturas y de sus respectivos Programas de Gobierno ante el Consejo Nacional Electoral en 2011; b) Incidencia política sobre el diseño del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, documento que se elaboraría entre el 30 de octubre de 2011, día de elecciones, y el 31 de Mayo de 2012, fecha para la cual la nueva administración elegida debería tener aprobado, luego de un proceso previo de revisión, socialización, consultas y ajustes, el nuevo Plan de Desarrollo Municipal que contendría las políticas públicas a ejecutar durante el periodo 2012-2015. c) Una tercera actividad de incidencia sobre la GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA se realizaría con las personas delegadas de las organizaciones comunitarias del municipio a partir de la fecha de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal: la de VEEDURÍA Y CONTROL CIUDADANO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Dicha acción se orientaría a hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento por parte de la administración municipal de las políticas públicas definidas en el Plan de Desarrollo en su siguiente periodo de vigencia, así como el buen uso de los recursos públicos durante su gestión.

Al inicio del proceso de incidencia fue necesario aclarar el tipo de desarrollo que se habría de promover durante la incidencia y el tipo de enfoque sobre el desarrollo con el que se elaboraría el PLAN ALTERNATIVO participativo y comunitario.

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Para ello se coordinó la realización de talleres en los cuales se expusieran los diferentes enfoques sobre el desarrollo, considerando desde los enfoques más dominantes como el Enfoque neoliberal y el Enfoque de las necesidades, hasta enfoques más alternativos como el Enfoque neokeynesiano, el del Endodesarrollo, el del Etnodesarrollo y el enfoque del Desarrollo como Derecho; haciendo énfasis en este último ya que sería el que habría de direccionar el proceso de incidencia por cuanto esta se realizaría en el marco de un contexto de amplias y significativas violaciones a los derechos civiles y políticos, así como de violaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales generados no solo por la presencia de actores armados que ejercieron control sobre la administración pública local sino por los años de abandono y de marginación social en que la mayor parte de la población había permanecido debido a las décadas de deficiencia en la atención y la garantía de derechos por parte de la institucionalidad pública local, regional y nacional; situación agravada durante años por la presencia de actores en disputa por el control del territorio de la región de los Montes de María y del municipio de María La Baja.

El DERECHO AL DESARROLLO fue consagrado el 4 de Diciembre de 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo” tras un importante proceso de incidencia logrado por organizaciones de la sociedad civil y por un significativo grupo de países del tercer mundo entre los que se encontraba Colombia. En esta

declaración se concretó el derecho humano inalienable al desarrollo, entendido este como un proceso multidimensional (económico, social, cultural y político) que tiende al mejoramiento constante de la vida de toda la población y de los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en la distribución de los beneficios que de él se derivan. En esta concepción establecida en la declaración se define a la persona como el centro y el fin del desarrollo, así como una relación de interdependencia y de indivisibilidad de los Derechos civiles y políticos, con los Derechos económicos, sociales y culturales; además de ello, se sientan las bases del principio de cooperación internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y se le atribuye al Estado la principal responsabilidad del derecho al desarrollo y como el que debe crear las condiciones favorables para el desenvolvimiento de los individuos y los pueblos.27 Con esta concepción del Desarrollo como DERECHO, según la cual en elaboraciones más recientes se subrayó como derecho inalienable, como un proceso particular de desarrollo (económico, social, cultural y político) en el que pueden realizarse plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar y disfrutar de él28, se definió el enfoque para la elaboración del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO como instrumento base para la incidencia en la política pública en el municipio de María La Baja de cara a las elecciones territoriales que definirían la coyuntura política del año 2011 y 2012, y cuyo objetivo era la exigibilidad de derechos sociales y la concreción de sus contenidos para la superación de las injusticias y discriminaciones sociales históricas y coyunturales que caracterizan el municipio de María La Baja, a partir de una perspectiva de desarrollo alternativo y comunitario que planteara la necesidad de reconfiguración del territorio, pasando desde un enfoque productivista y reduccionista de la planeación hacia un enfoque garantista de los derechos y de la dignidad humana, enfoque más amplio y más ambicioso para la constitución de una verdadera democracia, bajo el entendido de que no es significativamente valioso que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al sufragio cuando esta no puede tener garantizados sus derechos al trabajo, a la educación, o a la alimentación, hecho que expresa las limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía cuando no tiene garantizados sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales (DESCA).

27 Herreño, Ángel Libardo, DESC y Desarrollo: visiones hegemónicas y alternativas, ILSA, Colección útiles para conocer y actuar N° 8, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 54. Este documento constituyó uno de los más importantes referentes que guiaron el diseño y la acción de incidencia durante todas sus etapas.

28 Consideraciones del experto indio Arjun Sengupta sobre el derecho al desarrollo, sus características y naturaleza; citado Herreño Ángel Libardo, ibíd., Pág. 54.

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Para la reflexión LAS NECESIDADES EN EL MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL (El papel pasivo de la ciudadanía)

El enfoque de las necesidades básicas se originó en los pasados años setenta, y ha prevalecido en los programas públicos de los países latinoamericanos, con algunas modificaciones.

Durante la década de los años noventa ha resurgido como consecuencia de las transformaciones del Estado bajo los principios del neoliberalismo según los cuales son los mercados totalmente liberalizados los que adjudican con mayor eficacia las oportunidades para que todas las personas accedan a los bienes y servicios que necesitan para vivir. Según estos, el Estado sólo debe cumplir funciones de regulación mínima de los mercados, de manera que haya garantías para la libertad de competencia al generarse estabilidad normativa y asegurarse la propiedad.

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... el enfoque propone centrar la actividad pública en atender a grupos concretos con características concretas, ya se trate de necesidades básicas materiales (nutrición, salud, alojamiento, agua, saneamiento básico, educación, etc.) o no materiales (autodeterminación, confianza en sí mismo, seguridad, participación ciudadana, identidad nacional y cultural).

“Atender lo necesario se traduce en estabilidad de los estados y reduce el riesgo político de la rebelión”, escribió Robert McNamara, director del Banco Mundial, en los años setenta.

En los años noventa resurgió el enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas bajo el concepto de políticas de focalización, de carácter minimalista. Estas políticas fueron la respuesta paliativa dada por los neoliberales pata atender la emergencia social causada por los programas de ajuste estructural aplicados en América Latina, que llevaron a profundos procesos de reestructuración institucional y a respuestas asistencialistas hacia las poblaciones damnificadas por estos procesos.

DEL LAS NECESIDADES A LOS DERECHOS (El papel activo de la ciudadanía) ... La causa de la mayor parte de los conflictos sociales se encuentra en las necesidades no satisfechas, y su resolución o regulación pasa necesariamente por la satisfacción de estas.

Entre más alto sea el nivel de insatisfacción de una necesidad fundamental, también lo es el de la opresión que afecta a los individuos, y más imperiosas se vuelven sus soluciones.

De ahí que la reflexión de las necesidades se encuentre estrechamente vinculada a los temas de desarrollo y a los temas de derechos sociales. No obstante, se considera que la concepción de las necesidades es muy limitada y se sugiere dar el paso hacia la concepción de los derechos.

Las necesidades no generan obligaciones para los estados y no son exigibles. Los derechos sí, y los hacen en función de la dignidad humana. Por esto poseen un valor político y jurídico que no se encuentran en la perspectiva de las necesidades.

...La perspectiva de las necesidades hace desvanecer la fuerza de las obligaciones jurídicas y políticas del Estado al reforzar un papel asistencialista frente a los problemas sociales. Con ello también se resta vigor a la idea de ciudadanía amparada en los derechos, mientras cobran importancia las redes de clientelas dependientes de dádivas generosas de los gobernantes. El concepto de la dignidad humana que se realiza mediante el ejercicio de los derechos, pone claros los términos de la relación entre las personas y el Estado; este, como poder organizado de la sociedad, está instituido para respetar, cumplir y proteger los derechos.

Tomado de: HERREÑO, Ángel Libardo, DESC y Desarrollo: visiones hegemónicas y alternativas, ILSA, Colección útiles para conocer y actuar N° 8, Bogotá, Colombia, 2008.

Unidad 1: Las necesidades y las visiones del desarrollo.

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4.4 Calendario Electoral: Fases y periodos de la incidencia en el municipio de Marialabaja.

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FASE 1

FASE 2

FASE 3

INCIDENCIA EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

INCIDENCIA EN LOS PLANES DE DESARROLLO

CONTROL CIUDADANO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Del 10 de Enero al 10 de Agosto de 2011

Del 10 de Agosto de 2011 al 30 de Octubre de 2011

Del 31 de Octubre de 2011 al 31 de Marzo de 2012

Del 31 de Marzo de 2012 al 31 de Diciembre de 2015

Periodo de calendario Electoral:

Periodo de calendario Electoral:

Periodo de formulación del PLAN DE DESARROLLO:

Periodo de ejecución del PLAN DE DESARROLLO:

Desde el 10 de Agosto y hasta una semana antes del 30 de Octubre las candidaturas promueven encuentros, reuniones y actividades públicas de promoción de sus campañas y sus PROGRAMAS DE GOBIERNO con diferentes sectores de la población.

Desde el 31 de Octubre de 2011, día después de elecciones, y hasta el 31 de Mayo de 2012, la candidatura elegida debe iniciar el proceso de elaboración, consulta con la comunidad y con el Concejo municipal recientemente electo, la socialización y aprobación final del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

a) Enero/Julio de 2011: Periodo de elaboración de LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO de los candidatos. b) 30 de Julio de 2011: Fecha de apertura de la propaganda electoral.

c) Agosto 10 de 2011: Fecha límite para la inscripción de candidatos y de PROGRAMAS DE GOBIERNO ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Desde el 31 de Mayo, fecha límite en la que debe estar aprobado el NUEVO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, inicia el periodo de ejecución de la política pública por parte de la administración municipal; periodo que se prolongará hasta el 31 de Diciembre de 2015: periodo durante el cual la comunidad, a través de la participación y del ejercicio de VEEDURÍA CIUDADANA, puede jugar un papel importante en la evaluación y el seguimiento de la gestión pública con la que se ha comprometido la administración municipal electa en el PLAN DE DESARROLLO.

Desde principios del 2011, cuando se inició al ejercicio de incidencia en la política pública local, se determinó que serían las Fase 1 y 2 las más determinantes para que las comunidades

pudiesen influir tanto en el contenido de cada uno de los programas de gobierno de las personas candidatas a la Alcaldía de María La Baja como en el documento final del Plan de Desarrollo Municipal.

4.4.1. FASE 1: El Inicio del proceso Con dos ideas fuertes agenciadas con las comunidades y sus organizaciones se dio inicio al ejercicio de incidencia: • La primera, fue la consideración de los PROGRAMAS DE GOBIERNO de las candidaturas como el primer instrumento del proceso de planificación de la política territorial, ya que el programa de la candidata o candidato que resulte elegida se convierte en la principal herramienta a partir de la cual se diseña el PLAN DE DESARROLLO de cualquiera de las entidades territoriales (municipio y departamentos). De ahí que se planteó como decisivo “tener la capacidad de incidir en los programas de gobierno de las personas candidatas/as, pues lo que no se logra incluir en ellos, tanto en enfoques, ejes y programas estratégicos, difícilmente se logra después, ya que el programa que es elegido el día de las elecciones es prácticamente el que marca la pauta del futuro PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL”. Por esta razón, la incidencia de las comunidades iniciaría buscando incluir su diagnóstico de las problemáticas y sus propuestas en los programas de gobierno de las diferentes candidaturas, a través de la elaboración del documento de diagnóstico de las problemáticas del municipio de interés para las comunidades, que a su vez constituiría la base para la elaboración del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO que habría de ser propuesto a la ciudadanía y a las personas candidatas a la administración municipal antes del día de elecciones.

• La segunda idea fue la de elaborar de forma participativa un primer documento de insumo en el cual se establecieran las bases para la construcción del Plan de Desarrollo Alternativo; es decir, si las personas candidatas tendrían un Programa de Gobierno como documento base para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, las comunidades tendrían su propio documento base para la construcción del Plan de Desarrollo Alternativo.

Este documento se denominaría DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO: DOCUMENTO BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO, y en él se consignarían las consideraciones iniciales y propuestas que de forma participativa construirían las organizaciones participantes y sus personas delegadas frente a la problemática social del municipio para presentarlo a las personas aspirantes antes del día de las elecciones y en el transcurso del periodo de campaña.

El primer paso entonces, luego de presentar ante las comunidades y sus organizaciones la iniciativa y que estas la acogieran como estrategia para lograr ser escuchadas y tenidas en cuenta en la planeación de la política pública del municipio de María La Baja, sería trabajar con las personas delegadas de las comunidades en la construcción de un DOCUMENTO DE

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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO sobre las problemáticas más sentidas por la población municipal, lo suficientemente consistente en argumentos y en propuestas como para iniciar un proceso de legitimación de su contenido ante LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES y ante la CIUDADANÍA MUNICIPAL EN GENERAL. Teniendo en cuenta la inmediatez de las elecciones y el interés de cada una de las candidaturas y de sus seguidores en involucrar en sus equipos de trabajo a los líderes de las comunidades que participarían de la incidencia, fue necesario advertir que diseñar y tener una estrategia de incidencia política sobre las personas candidatas no era adscribirse o comprometerse con una campaña en particular o hacer política partidista para alguna de las organizaciones de la contienda; por el contrario, por encima de las candidaturas, de lo que se trataría sería de poner en el escenario de sus programas de gobierno los asuntos de interés público más sentidos por la ciudadanía de María La Baja, lo cual no implicaba que las personas delegadas de las organizaciones que adelantaban la acción de incidencia no participasen de los diferentes equipos de campaña que fueran de su elección y agrado, pero sí que su participación en ellos no habría de comprometer el trabajo colectivo de incidencia con un solo candidato, sino que debería ser un compromiso de todas y cada una de las personas aspirantes y lograr así que las candidaturas y las campañas centraran su interés en el proceso adelantado por el conjunto de las organizaciones comunitarias y sus alianzas.

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El DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO que se elaboró permitió que las personas delegadas de las organizaciones sociales y comunitarias desde sus perspectivas pudieran identificar las causas de sus problemas y dar a conocer su realidad local, haciendo énfasis y dando especial relevancia al punto de vista de quienes la viven y la sienten; a su vez, posibilitó que las propias comunidades, a través de un proceso de priorización de los problemas sociales del municipio, construyeran sus propuestas de soluciones viables susceptibles de ser puestas a consideración de otras personas de las comunidades que no hubiesen participado en el proceso, así como de la institucionalidad pública local.29 Este documento constituiría la base de lo que, en un momento posterior de mayor elaboración y legitimación, sería la propuesta de PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO que las propias organizaciones, como actores principales durante todo su proceso de elaboración, presentarían ante la nueva administración que resultase electa como aporte para el diseño y la construcción de la política pública local y para la mejora de la situación de la población general del municipio de María La Baja mediante su incorporación al PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

29 Plan De Desarrollo Municipal Alternativo (Insumos Preliminares), Inédito, Organizaciones sociales y comunitarias del municipio de María La Baja, Corporación Desarrollo Solidario (CDS), Movimiento Por La Paz (MPDL), Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA; María La Baja, Bolívar, Julio de 2011.

4.4.2. FASE 1 : El primer documento y el primer acercamiento a las candidaturas Cada una de las actividades y de los encuentros realizados para el ejercicio de incidencia se planeó de acuerdo al calendario electoral del 2011, año en que se desarrollaron las elecciones.

Sabiendo de antemano que el día 10 de agosto sería la fecha límite para que las personas candidatas inscribiesen sus nombres para aspirar a la alcaldía y sus PLANES DE GOBIERNO, era necesario que el documento de diagnóstico participativo inicial estuviese listo para antes de esa fecha para poder presentarlo a las personas candidatas con el fin de que las comunidades y sus organizaciones les hicieran recomendaciones de política y que su diagnóstico y propuestas se incluyesen en los planes de gobierno durante la campaña electoral; ya fuese a través de un acto de presentación pública y formal ante las personas candidatas o a través de un serie de reuniones con cada una de ellos y sus equipos de campaña.

Así, el 10 DE AGOSTO, se convirtió en la primera fecha de referencia de mayor importancia para la incidencia frente a la cual se definirían el conjunto de actividades para lograr levantar en menos de 6 meses un documento PRELIMINAR de diagnóstico participativo y comunitario para ser presentado ante las personas aspirantes a la administración municipal de María La Baja.30 Los Los meses previos a la fecha del 10 de Agosto fueron dedicados a encuentros de formación para la incidencia y a talleres de trabajo sobre lo que significan las políticas públicas, cómo estas deben responder a un enfoque cercano a las comunidades y que garanticen sus Derechos Económicos Sociales y Culturales, y cómo las comunidades y sus organizaciones -caracterizadas por la exclusión, la vulnerabilidad, la inestabilidad socioeconómica, el desplazamiento forzado en contextos de conflicto armado- pueden lograr que a través de la participación y la incidencia política se incorpore su enfoque, más cercano a sus problemáticas particulares y a sus necesidades que los enfoques estrictamente productivistas con los que suelen diseñarse las políticas públicas en el país.

A la par que se realizaba un proceso de formación con las personas delegadas de las comunidades y organizaciones, este fue también un periodo en que se expandía la propuesta de incidencia en el PLAN DE DESARROLLO y se daba a conocer a otras organizaciones y comunidades y a figuras y personalidades 30 Ver ANEXO 2: Ruta metodológica y cronograma de trabajo para la incidencia en el plan de desarrollo del municipio de María La Baja.

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del municipio afectas a las comunidades y sensibilizadas con sus problemáticas e iniciativas, así como a la mayoría de los habitantes del municipio31; ello con el fin de invitar a una mayor participación de sectores afines a la construcción participativa del documento de diagnóstico y ganar legitimidad y apoyo en la acción iniciada. Este documento sería la base para la elaboración del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO que sería presentado ante la población de María La Baja en un gran acto político al final del mes de Septiembre, días previos al cierre de campaña, denominado FORO DE DEBATE ENTRE PERSONAS CANDIDATAS. A este evento se convocaría a cada una de las personas aspirantes a la Alcaldía del Municipio de María La Baja para que deliberasen alrededor tanto de sus iniciativas como de las presentadas por las comunidades en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO, que les sería entregado previamente para su conocimiento y estudio.

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Para la construcción del documento diagnóstico y la preparación de este importante evento se conformaron dos amplios grupos sociales de discusión en los que participaron las personas delegadas de las organizaciones y las comunidades partícipes del proceso y se invitaron a otros actores significativos en los procesos comunitarios. Los grandes espacios asamblearios en los que participaron las personas delegadas de las organizaciones partícipes de la incidencia, la organizaciones aliadas, y los liderazgos comunitarios amigos del proceso, se denominaron MESAS AMPLIAS DE TRABAJO, las cuales sesionaron hasta el mes de marzo de 2012 alrededor de 4 ejes temáticos: 1) Tierra, territorio y producción agrícola; 2) Salud; 3) Educación; y 4) Vivienda, agua y servicios públicos domiciliarios, abordando de forma transversal los ejes de mujeres, grupos étnicos, juventud, infancia y adultos mayores.

Posteriormente, en relación a estos cuatro ejes temáticos se conformarían 4 subgrupos de trabajo permanente conformados por las capacidades, la experiencia y las expectativas de los participantes frente a cada eje temático, con el objetivo de que entre abril y junio de 2011 cada grupo tratara de construir un documento sobre el tema que le correspondiese, elaborando inicialmente y con acompañamiento del equipo coordinador de ILSA un documento con el diagnóstico de las problemáticas que las organizaciones y sus personas delegadas identificaran en el municipio, así como las posibles propuestas de política pública que considerasen que deberían ser incluidas en el DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO; con ello, los cuatro documentos elaborados por las mesas temáticas podrían proyectarse como bases para la elaboración del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO. La elaboración de informes escritos por miembros de comunidades representó una dificultad en cuanto se trataba de grupos sociales no habituados a la escritura y en los cuales predomina una cultura basada en la oralidad. Por esta razón, se optó por la elaboración de relatorías de las discusiones que se llevaron a cabo en las mesas temáticas, a partir de las cuales se construyó el documento final de síntesis. Este documento, a su vez, se cruzó y se soportó con 31 Autoridades eclesiásticas, Docentes, líderes comunitarios, trabajadores de la salud, grupos de jóvenes, redes y organizaciones de mujeres, miembros del consejo territorial de planeación, organizaciones étnicas, campesinas y de adultos mayores.

otras fuentes de documentación tanto institucional como académica y de diagnóstico con el fin de construir información susceptible de ser constatada y soportada, también se utilizaron entrevistas a funcionarios/as y referentes comunitarios que aportaron su conocimiento y su propia experiencia biográfica asociada a las problemáticas del municipio.

El resultado final que se obtuvo fue un importante documento de diagnóstico temático elaborado con la participación de las organizaciones comunitarias y populares del municipio; un trabajo no solo nunca antes realizado y sin antecedente alguno a nivel local, sino también un trabajo que dio cuenta del punto de vista de quienes más padecen las problemáticas sociales en el municipio y que por lo general no son protagónicos o solo cumplen un papel marginal y de consulta fugaz en los diagnósticos y las propuestas de política pública elaborada por los técnicos y los expertos en gobernanza. Este documento fue socializado en cada uno de los cuatro subgrupos conformados así como en las comunidades de las cuales provinieron las organizaciones y las delegaciones participantes, lo que no solo legitimó el documento final que sería la base para la construcción del PLAN DE DESARRROLLO ALTERNATIVO, sino que además se permitió la refrendación y aprobación misma de su contenido por parte de las comunidades al considerarse identificadas tanto con el diagnóstico como con las propuestas allí planteadas.32 El 26 de julio, dos semanas antes de la fecha límite para la inscripción de las seis personas candidatas a la Alcaldía y sus programas de gobierno (posteriormente dos personas renunciarían a su aspiración), se hizo entrega del documento elaborado por las comunidades en un acto público realizado en la Casa de la Cultura de María La Baja y se presentó públicamente la iniciativa gestada desde hacía 6 meses por sus organizaciones. La presentación del documento decía:

32 Plan De Desarrollo Municipal Alternativo (Insumos Preliminares), Inédito.

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““SEÑORES CANDIDATOS y CANDIDATAS A LA ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA Les extendemos nuestro cordial y respetuoso saludo.

Como ustedes bien conocen, se aproxima la coyuntura de elección del nuevo gobierno local del municipio de María La Baja en el año 2011 y la elaboración por parte del candidato elegido del Plan de Desarrollo Municipal que se ejecutará entre 2012 y 2015. En este contexto la sociedad civil organizada del municipio desea jugar un papel activo en la orientación de la democracia territorial, en la creación de instrumentos de política pública acordes con el ejercicio de los derechos humanos integrales de las poblaciones, e influir en los énfasis del desarrollo local deseado para el futuro próximo.

Las organizaciones sociales a las que pertenecemos adelantan actualmente la elaboración de un PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ALTERNATIVO Y COMUNITARIO para el Municipio de María La Baja (Bolívar).

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Esta iniciativa tiene como propósito el fortalecimiento de los procesos organizativos con un enfoque de derechos, así como la implementación de una metodología de trabajo conjunto que permita realizar un diagnóstico de las problemáticas territoriales más sentidas por las organizaciones comunitarias y campesinas del Municipio. Ello con el fin de diseñar un plan de desarrollo que contemple las necesidades de mayor urgencia para las comunidades, y que pueda ser puesto a consideración ante los próximos aspirantes a la administración Municipal para el periodo 2012–2015. Nuestro objetivo, aportar desde las comunidades a la elaboración del próximo Plan de Desarrollo Municipal de María La Baja.”

Propuestas contendidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado por las personas delegadas de las comunidades y las organizaciones sociales participantes y presentadas a las candidaturas.

SOBRE EL DERECHO A LA SALUD a) Garantizar que los recursos que provienen del departamento para el pago del personal realmente lleguen y que lo hagan a tiempo. Con ello se evitan traumas en la atención y descontentos en el personal médico por meses de pago adeudados. El cumplimiento con las garantías salariales del personal médico del hospital repercuten en la prestación de un mejor servicio de salud para la población. b) Mayor vigilancia a las EPS del municipio para que paguen al hospital la prestación de los servicios en los tiempos y montos correspondientes, dado que se han presentado casos frecuentes en que sus pagos por compromisos contractuales se han retrasado, y esta mora acrecienta el déficit de recursos para el funcionamiento del hospital. Es urgente una inmediata revisión jurídica y técnica de los contratos con las EPS para verificar qué incumplimientos existen con las cláusulas pactadas y en la metas de prestación de los servicios, procurando las sanciones correspondientes. c) Adecuación inmediata de infraestructura y de equipos adecuados para el hospital y los centros y puestos de salud del Municipio. Se requiere de un diagnóstico con veeduría de las organizaciones sociales sobre la infraestructura y la dotación en cada institución de la red pública de salud del municipio, adoptando un plan de inversiones que garantice un adecuado funcionamiento de las mismas, de acuerdo con las necesidades de la salud de las poblaciones. d) Gestión de recursos en el nivel departamental para la contratación de más personal médico profesional para prestar atención en salud en el hospital local, los puestos y los centros de salud de los corregimientos. Asegurar en los contratos con las EPS la disponibilidad de personal y de recursos físicos para suplir la atención en salud que no pueda ser prestada por la red pública. e) Reactivación inmediata del puesto de salud de San José de Playón y un plan de reconstrucción, rehabilitación y puesta en funcionamiento de los puestos de salud del municipio. Se debe garantizar más atención médica en los corregimientos, que es donde se concentra la mayor cantidad de población del municipio. Para ello podría plantearse la reconstrucción del originario Puesto de Salud del corregimiento de San José del Playón, dotándolo de los equipamientos necesarios para atender citas médicas ordinarias y los casos de emergencias, mientras se traslada el paciente al Hospital municipal. Igualmente se requiere tomar medidas para que existan los medicamentos necesarios en los días de prestación del servicio de salud a los pacientes, y para los casos de emergencia

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Propuestas contendidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado por las delegadas de las comunidades y las organizaciones sociales participantes y presentadas a las candidaturas.

SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN a) Cumplimiento con la destinación de los recursos para educación en el municipio.

Es necesario que la administración municipal gestione y destine la asignación completa y oportuna de los recursos que por transferencias tienen como objetivo financiar el funcionamiento y la dotación de los establecimientos educativos de María La Baja, pues los recursos destinados a la calidad de la educación y para el mejoramiento del inmobiliario escolar no fueron plenamente desembolsados por la anterior administración. Se demanda al gobierno departamental y municipal cumplir con la destinación de los recursos que para educación pública local provienen de la Ley 715 de 2001, del Decreto 4791 de 2008 y de Directiva Ministerial del 21 de julio de 2010.

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b) Inversión en infraestructura. Es necesaria la asignación de recursos por parte de la próxima administración para resolver el problema de infraestructura del sistema escolar del municipio, representada en: construcción de aulas escolares, construcción de aulas informáticas, reparación y ampliación de las unidades sanitarias de los establecimientos educativos, adecuación y reparación de aulas escolares, e instalación de abanicos, en coherencia con los datos suministrados en este diagnóstico. c) De manera inmediata hacer un diagnóstico de necesidades de infraestructura y dotación de las instituciones educativas en el municipio. Mejoramiento total de las 30 baterías sanitarias existentes en el primer año, y construcción en el periodo de gobierno de las 28 baterías faltantes. d) Dotación del mobiliario escolar faltante en cada una de las instituciones educativas (sillas y mesas para preescolar y pupitres unipersonales).Hacer un plan de inversiones de ejecución inmediata para la compra de los 2.690 pupitres faltantes. e) Cobertura educativa. En la actualidad al menos 2.000 habitantes del municipio en la franja de edades entre los 5 y 19 años no están en el sistema escolar local y tan solo el 3% de la población total accede al nivel de educación superior. Es necesario por lo mismo: (i) realizar campañas para informar a las comunidades sobre la oferta educativa del municipio (en especial en los corregimientos) y para prevenir la deserción escolar; y (ii) crear un programa de becas de carácter progresivo y meritocrático para el acceso a la educación tecnológica y superior.

Propuestas contendidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado por las personas delegadas de las comunidades y las organizaciones sociales participantes y presentadas a las candidaturas.

SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS a) Adecuación y construcción de viviendas de interés social en el municipio para las familias desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad. Se requiere revisar los proyectos aprobados y las metas proyectadas para ajustar la política pública en esta materia. Un principio rector que debe cumplirse en todo el proceso de decisiones, convocatoria para los subsidios, adjudicación, ejecución y evaluación de los proyectos de vivienda debe ser el de la transparencia. Para ello, la administración debe: (i) elaborar inmediatamente un diagnóstico técnico y sociológico para conocer el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de las familias vulnerables y en situación de desplazamiento; (ii) garantizar la participación de las familias y las comunidades beneficiarias para concertar los diseños de los programas de vivienda de acuerdo a sus necesidades y en función de los recursos disponibles, de las costumbres y cultura; (iii) favorecer procesos de veeduría sobre las inversiones públicas en programas de vivienda, y (iv) entregar periódicamente informes a la comunidad sobre el desarrollo de los proyectos. b) Construcción de 1.030 viviendas en condiciones adecuadas en el área urbana y en el área rural de María la Baja, con un programa de compra de tierras para los campesinos pobres. c) Diseño y ejecución de un proyecto de legalización de predios para las áreas urbana y rural. d) Culminar los proyectos de ampliación de redes y optimización del servicio de agua para el consumo humano. Fijar metas al respecto acordes con las dinámicas de crecimiento de la población. e) Recuperación y re-constitución de los acueductos rurales, fortaleciendo a las organizaciones comunitarias que los gestionan con capacitación técnica y administrativa y mejorando las infraestructuras para su adecuado funcionamiento. Se necesita un diagnóstico participativo que permita conocer la realidad de los acueductos veredales y tomar decisiones sobre mejoramiento o construcción de otros. Evitar todo proceso de privatización de los mismos. f) Construcción de un drenaje en el corregimiento de Retiro Nuevo para evitar inundaciones de las viviendas aledañas al canal. g) Reubicación de las viviendas de Puerto Santander que se encuentran en riesgo de inundación. h) Implementación de programas generales de provisión de letrinas y redes de alcantarillado. i) Implementación y ejecución de un plan de arreglos de las vías de acceso a los barrios, corregimientos y veredas del municipio.

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Propuestas contendidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado por las personas delegadas de las comunidades y las organizaciones sociales participantes y presentadas a las candidaturas.

SOBRE LOS DERECHOS A LA TIERRA Y AL TERRITORIO

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a) Gestionar la implementación del Consejo de Desarrollo Rural Municipal. Actualmente para el campesino del municipio producir alimentos ofrece más pérdidas que ganancias, pudiéndole resultar más rentable dedicarse a cultivos comerciales debido a los pocos incentivos dados a la producción campesina, frente a los ingentes beneficios que rodea al mercado de los agrocombustibles en el país. El INCODER y la Gobernación de Bolívar han expresado interés en la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (creados por la Ley 101 de 1993) que propenden por la concertación de las políticas y los programas municipales para el desarrollo de las zonas rurales del país. Constituyen además un espacio de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan los intereses de la ruralidad y sobre las orientaciones del desarrollo de las localidades. Este escenario debería servir para abordar justamente las problemáticas rurales asociadas a la actividad agrícola y pecuaria en nuestro territorio, haciendo visibles a las comunidades campesinas y a sus organizaciones. b) Fortalecimiento de la UMATA. La asistencia técnica a la producción y al desarrollo rural ofrecida por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de María La Baja debe ser entendida como un servicio público dirigido a los pequeños y medianos productores rurales. La UMATA demanda en nuestro municipio una mayor atención y relevancia a nivel local e institucional. La UMATA, a pesar de tener por ley la obligación de prestar el servicio de asistencia técnica en el municipio (Ley 607 de 2000), se ha quedado corta en sus funciones y en su mandato debido a la falta de presupuesto y personal técnico. Por ello, el fortalecimiento de esta Unidad es fundamental para la protección de la economía campesina y como estrategia de promoción de la seguridad alimentaria. La economía campesina requiere asesoría calificada tanto con respecto a la producción como con respecto a la comercialización y transformación de los cultivos y de los recursos pecuarios y pesqueros.

c) Fortalecimiento de las empresas campesinas. La economía campesina local se encuentra vulnerable ante los pocos incentivos institucionales y el marchitamiento de los mecanismos de asistencia técnica y de crédito agropecuario. Su debilidad se agravó con los negativos efectos que tuvo la ola invernal del 2010 y con los drásticos cambios climáticos que se presentan, y llevan a pérdidas de las cosechas y a problemas de endeudamiento. Es indispensable una línea de inversiones municipales en programas y proyectos productivos que hagan viable la producción campesina de cultivos tradicionales y una política de seguridad alimentaria para la población. d) Realizar jornadas de capacitación al campesino. Para el aprovechamiento de sus tierras y para recuperar la identidad cultural a través de las prácticas agroecológicas. e) Implementar programas de atención y apoyo a la población desplazada.

Que permitan aminorar la situación de desprotección y de vulnerabilidad de las 2.254 familias desplazadas por la violencia que ha recepcionado el municipio en los últimos años. Aunque las administraciones locales han adoptado acciones de apoyo para la población desplazada, éstas siguen siendo paliativas y temporales, lo que preserva el círculo de la pobreza de estas familias. Otra falencia en las políticas locales para la población desplazada es que han originado la asignación inequitativa o clientelar de recursos para proyectos muy focalizados, hecho que genera a su vez conflictos y divisiones en las comunidades. Es imperioso tener una política transparente para el apoyo a la población desplazada que haga públicos los criterios de selección de los beneficiarios y garantice una evaluación final sobre la viabilidad y la sostenibilidad de los proyectos realizados

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Esta entrega del documento a los (as) aspirantes a la alcaldía no solo visibilizó a las comunidades ante el resto de habitantes del municipio, sino que además se les reconoció el esfuerzo por elaborar un diagnóstico superando las limitaciones y generando un importante precedente ampliamente admirado.33 Es necesario resaltar que, si bien el documento estuvo listo antes de la fecha límite de inscripción de personas candidatas (10 de agosto), cuando se hizo entrega del documento diagnóstico ya todos los candidatos y la candidata tenían elaborada la versión final de sus planes de gobierno, los cuales además ya estaban inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como la normativa electoral demanda; es decir, mientras las comunidades avanzaban en la construcción del documento preliminar de diagnóstico para el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO, las campañas avanzaban a su vez entre enero y julio de ese mismo año en la elaboración de sus PROGRAMAS DE GOBIERNO, periodo durante el cual los tiempos sociales de las comunidades rurales no permitieron que fuese posible diseñar de forma paralela una estrategia más eficiente de incidencia sobre las campañas y sobre esos documentos antes de que avanzaran hacia sus versiones finales y que los equipos de campaña se prepararan para registrarlos ante la autoridad nacional electoral; a 15 días del cierre de fecha para la inscripción de los programas, con apenas dos semanas resultaba difícil influir en sus contenidos.34 4.4.3. FASE 2: El segundo documento y el foro público con personas candidatas 52

Desde el 10 de agosto y hasta una semana antes del 30 de octubre35 las candidaturas, de acuerdo al calendario electoral, promueven encuentros, reuniones y actividades públicas de promoción de sus campañas y de sus PROGRAMAS DE GOBIERNO con diferentes sectores de la población.

Durante Durante estas fechas la realización de reuniones con las personas candidatas es difícil debido a su agenda de compromisos y encuentros de campaña y consecución de recursos, alianzas y electores. A pesar de ello, fue posible realizar reuniones previas con cada persona candidata por separado, aprovechando la cercanía de los liderazgos que fueron partícipes del proceso de incidencia con cada una de las campañas; no obstante, se ha aprendido a través de 33 Haber entregado el documento preliminar a las candidaturas en el mes de julio, antes de la realización del Foro de Debate que se organizaría dos meses más tarde (el 1 de octubre), disminuyó el interés y la expectativa de las personas candidatas por el documento de diagnóstico comunitario, que a esa fecha ya no constituía para sus candidaturas una gran novedad más allá del interés por los votos que los más de 500 asistentes a ese evento les pudiera significar. Hubiese sido preferible mantener el interés de las personas aspirantes a la alcaldía más en el proceso y el documento que en los votantes, ello hubiera permitido liberar de tiempo al equipo dinamizador, y realizar un mayor cabildeo durante los meses previos al 10 de agosto para tratar de incidir sobre los PLANES DE GOBIERNO de todas las candidaturas.

34 35 Día de elecciones: 31 de Octubre.

esta experiencia que este tipo de encuentros y reuniones han de tratar de ser más formales, mas vinculantes, y que en ellos no solo se intervenga de acuerdo a la cercanía de los liderazgos con las campañas, si no que estas cercanías permitan que la interlocución formal con las campañas cuenten con la participación de todo el equipo de gestión, e incluso con las autoridades eclesiásticas de la localidad como un referente moral garante de las conversaciones y de los acuerdos que puedan establecerse en los encuentros, para así lograr mayores disposiciones de las personas candidatas hacia las comunidades y sus iniciativas.

Pese a las dificultades señaladas, el acto público central de la incidencia sería la realización del FORO CON PERSONAS CANDIDATAS, espacio que contó con la participación de 700 personas delegadas de organizaciones sociales y con la presencia de tres de las cuatro aspirantes a la Alcaldía de María La Baja. El foro fue ampliamente promovido y difundido en el municipio, llegando incluso a ser un acontecimiento esperado por la población, la cual estaba a la expectativa de ver el debate entre personas candidatas y de conocer quién planteaba mejores propuestas o cómo se defendían de las intervenciones de sus competidores.

La invitación al foro se hizo por medio de carteles, perifoneo y afiches en lugares públicos, en los edificios municipales y en las sedes de campaña de cada candidatura. El contenido de la invitación decía: “Foro público: “Durante estas fechas la realización de reuniones con las personas candidatas es difícil debido a su agenda de compromisos y encuentros de campaña y consecución de recursos, alianzas y electores. A pesar de ello, fue posible realizar reuniones previas con cada persona candidata por separado, aprovechando la cercanía de los liderazgos que fueron partícipes del proceso de incidencia con cada una de las campañas; no obstante, se ha aprendido a través de esta experiencia que este tipo de encuentros y reuniones han de tratar de ser más formales, mas vinculantes, y que en ellos no solo se intervenga de acuerdo a la cercanía de los liderazgos con las campañas, si no que estas cercanías permitan que la interlocución formal con las campañas cuenten con la participación de todo el equipo de gestión, e incluso con las autoridades eclesiásticas de la localidad como un referente moral garante de las conversaciones y de los acuerdos que puedan establecerse en los encuentros, para así lograr mayores disposiciones de las personas candidatas hacia las comunidades y sus iniciativas.

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Pese a las dificultades señaladas, el acto público central de la incidencia sería la realización del FORO CON PERSONAS CANDIDATAS, espacio que contó con la participación de 700 personas delegadas de organizaciones sociales y con la presencia de tres de las cuatro aspirantes a la Alcaldía de María La Baja. El foro fue ampliamente promovido y difundido en el municipio, llegando incluso a ser un acontecimiento esperado por la población, la cual estaba a la expectativa de ver el debate entre personas candidatas y de conocer quién planteaba mejores propuestas o cómo se defendían de las intervenciones de sus competidores.

La invitación al foro se hizo por medio de carteles, perifoneo y afiches en lugares públicos, en los edificios municipales y en las sedes de campaña de cada candidatura. El contenido de la invitación decía: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe Marialabaja, Bolívar - 1 de octubre de 2011 8: a.m. – 12:00 m.

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En el foro, el equipo de personas delegadas de las organizaciones comunitarias que participaron en la elaboración del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO presentaron públicamente su iniciativa, hicieron entrega del documento final, e invitaron a las personas candidatas a comentar el documento elaborado por las comunidades, el cual había sido entregado días antes a la fecha de realización del foro para que tuviesen tiempo de preparación para sus intervenciones.

En el Foro, la presentación de las personas candidatas, la coordinación del acto y la organización y el control de las intervenciones fue realizado por las personas delegadas de las organizaciones asistentes, las cuales a su vez se encargaron de convocar e invitar a las y los participantes, así como a demás organizaciones no gubernamentales que hacían presencia en el municipio.

Durante el evento fue necesario controlar las intervenciones del público e incluso las de las propios personas candidatas antes de su asistencia. El equipo de gestión del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO se reunió previamente con cada persona candidata y con sus equipos de campaña para exponer las condiciones de participación en el evento: respeto mutuo, no llevar barras, no aplaudir intervenciones, no llevar propaganda, y respetar al público.

Igualmente a cada persona candidata le fue entregado un documento con la metodología y la forma en la que se realizarían tanto las intervenciones como las preguntas, lo cual permitió un ambiente de escucha y respeto y un sano ejercicio de ciudadanía y de participación política.

En el FORO DE DEBATE solo participaron tres de las cuatro candidaturas; hecho que marcaría el futuro de la incidencia en la política pública de las comunidades. Diana Mancilla, la actual Alcaldesa del municipio de María La Baja renunció hábilmente a última hora a participar del escenario de debate con las demás personas candidatas, así como al diálogo público con las comunidades y las organizaciones sociales convocantes; su excusa fue expresada en una carta dirigida al Foro en la que argumentaba “compromisos ineludibles”, así como su disposición a refrendar el acuerdo que surgiera como resultado del foro, al cual, a diferencia de su campaña, las otras candidaturas sí se comprometieron a respetar. Esta situación evidenció de manera particular cómo el favoritismo de las campañas políticas en las coyunturas electorales permite que entre los y las aspirantes con más opción se tienda a generar un cierto grado de prevención hacia los espacios públicos y la discusión con la ciudadanía a través de un suerte de “jugada” con la cual evitan exponer su imagen y su nivel de aceptación en la coyuntura; imagen y aceptación que cuidan celosamente, incluso a expensas de que se desconozcan sus ideas, así como el desarrollo en tribuna de sus programas, más allá de lo que el contenido de un simple escrito y la difusión de una gran fotografía con sus rostros en las calles permite al criterio de valoración de la ciudadanía.

En el FORO, luego de una importante sesión de cuatro horas de presentación de los temas por parte de las personas delegadas de las organizaciones, de los comentarios realizados por los tres candidatos, y de las preguntas realizadas por los asistentes a sus programas de gobierno, se presentó por parte de las organizaciones convocantes un documento de ACUERDO DE BUENA VOLUNTAD para que una vez leído y contemplado por las personas candidatas, estos aceptaran su contenido y lo refrendaran con sus firmas como un acto público de compromiso con la ciudadanía.36 El siguiente es el texto del Acuerdo:

36 Al Foro asistieron y firmaron compromisos con las comunidades asistentes RONAL OLAVE TRESPALACIOS (Movimiento de autoridades indígenas de Colombia. AICO), Alianza social indígena); GUILLERMO CORONEL VARELA (Partido Liberal Colombiano); ZAFIR IGLESIS CORREA (Partido Cambio Radical). La ausencia de DIANA MANCILLA DE GOZALEZ (Movimiento de Inclusión y Oportunidades – MIO) quedó registrada al ser la única firma ausente del documento de ACUERDO DE BUENA VOLUNTAD.

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Marialabaja - Bolívar, Octubre 1 de 2011

ACUERDO DE BUENA VOLUNTAD ENTRE LA CANDIDATA Y LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE MARIALABAJA CON LA COMUNIDAD Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL MUNICIPIO Las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Marialabaja, Departamento de Bolívar, reunidas el 1 de Octubre de 2011 en el FORO “La comunidad construyendo democracia y desarrollo local”, le presentamos a los Candidatos y a la Candidata a la Alcaldía Municipal -y a través de Ustedes a los Candidatos/as de sus respectivos Partidos o Movimientos Políticos al Concejo Municipal -, nuestras propuestas de política social campesina y de derechos humanos, que como ciudadanía activa y responsable esperamos que sean incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.

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Mediante este Foro la población campesina y comunitaria de este Municipio ejercita su legítimo y constitucional derecho a la participación política, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que faculta a la ciudadanía a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Hemos realizado un consciente proceso de capacitación en derechos humanos y políticas públicas, una lectura crítica sobre la realidad social, económica, política y del desarrollo proyectado para nuestra región. Este conocimiento colectivo de la realidad nos llena de serias preocupaciones sobre la vigencia de los derechos sociales en nuestro territorio, y nos impulsa a proponerles algunas políticas públicas locales para mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades.

Por ello hacemos presencia hoy ante ustedes, Señores y Señora Candidatos y candidata a la Alcaldía, con una serie de propuestas incluidas en cada uno de los diagnósticos que les hemos entregado antes y durante este Foro.

Estas propuestas las hemos construido desde lo razonable pero también desde nuestro irrenunciable papel de ciudadanos y ciudadanas con derechos, por eso deseamos que en su futura Administración Ustedes se comprometan con:

1. Ofrecer las garantías logísticas, técnicas y políticas para participación de las comunidades en el proceso de diseño del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, con el fin de incorporar las propuestas que sobre los derechos sociales y sobre el fortalecimiento de la economía campesina que incluidas en el “Diagnóstico Participativo Comunitario en el Municipio de Marialabaja”, entregado en este Foro.

2. Reconocer a las organizaciones convocantes y asistentes como actores e interlocutores válidos en los procesos de formulación, diseño, ejecución y seguimiento a las políticas sociales, económicas y ambientales, para el desarrollo de las comunidades.

3. Crear una línea específica de apoyo o plan de inversión para la economía campesina en su Plan de Desarrollo y el Presupuesto municipal y trabajar a favor de la concertación, diseño, implementación y seguimiento de políticas de inclusión para 4.

5.

6.

7.

8.

el campesinado en materia socio-económica, cultural y política.

Formular y promover de forma participativa la POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE GÉNERO, con el fin de generar mayores oportunidades para las mujeres en ámbitos como el social, económico, político, cultural y ambiental; en los cuales se reconozcan sus derechos bajo los principios de la equidad y el respeto.

Realizar la convocatoria para la activación de las instancias de PARTICIPACIÓN CIUDADANA como el Consejo Municipal de Juventudes del Municipio, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Juntas de Acción Comunal entre otras instancias con el fin de fortalecer la participación ciudadana.

Destinar la asignación completa y oportuna de los recursos de LAS TRANSFERENCIAS TERRITORIALES dirigidas a la educación de los jóvenes, así como asignar de forma oportuna y urgente recursos suficientes para resolver el problema de transporte, infraestructura y dotación escolar del municipio.

Invertir en la adecuación, optimización y puesta en funcionamiento de la INFRAESTRUCTURA hospitalaria dela cabecera municipal y recuperar de su avanzado deterioro y abandono, los puestos de salud de cada uno de los corregimientos del municipio.

Los Candidatos y candidata se comprometen de formalizar espacios DE RENDICIÓN DE CUENTAS semestrales de la gestión municipal a la ciudadanía, mejorar la gestión municipal y de estar dispuestos a buscar formas permanentes para articular los esfuerzos y activos comunitarios, y de organizaciones que hacen presencia en el territorio para armonizar la inversión social y el desarrollo municipal.

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En consecuencia, los y las estamos invitando a Ustedes a suscribir frente a la comunidad del Municipio de Marialabaja un acto de buena voluntad sobre las propuestas que les hemos presentado.

Sabemos que este acuerdo solo implica obligaciones éticas y políticas para que ustedes incorporen en el Plan de Desarrollo que van a gestionar estas propuestas como prioridades en la política pública municipal. Ya sabrá la ciudadanía elegir con independencia la mejor propuesta de gobierno para nuestra localidad y escoger al Candidato/a con más compromiso con los derechos dela comunidad.

Para constancia, se firman este acuerdo de buena voluntad ante la comunidad campesina, acompañantes y asistentes de Marialabaja, el día 1de Octubre de 2011, los siguientes Candidatos/tas:

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______________________________________

_____________________________________

DIANA MANCILLA DE GONZÁLEZ

GUILLERMO CORONEL VARELA

Partido Liberal Colombiano Movimiento de Inclusión y oportunidades – MIO

______________________________________ ____________________________________

RONAL OLAVE TRESPALACIOS

ZAFIR IGLESIAS CORREA

Movimiento de autoridades indígenas de Colombia - AICO

Partido Cambio Radical

Actúan como testigos de este acuerdo.

Fundación red desarrollo y paz de los montes de maría - FDPMM Instituto latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo – ILSA Corporación desarrollo solidario – CDS Movimiento por la paz – MPDL Colombia En este documento, las organizaciones convocantes en la presentación indicaban haber realizado un consciente proceso de capacitación en Derechos Humanos y políticas públicas, y una lectura crítica sobre la realidad social, política y del desarrollo del municipio; conocimiento colectivo que les impulsaba a proponerles como aspirantes a la alcaldía algunas

políticas públicas locales para mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio; algunos de los asuntos a los que se invitaba a las personas candidatas a comprometerse eran: ofrecer garantías logísticas, técnicas y políticas para la participación de las comunidades en el proceso de diseño del plan de desarrollo Municipal 2012-2015; reconocer a las organizaciones convocantes y asistentes como actores e interlocutores válidos en los procesos de formulación, diseño, ejecución y seguimiento a las políticas públicas para el desarrollo de las comunidades; e incluso, adoptar aportes del diagnóstico y de las propuestas contenidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado y avalado por las comunidades y las organizaciones sociales del municipio.

Una vez leído en público el acuerdo, los candidatos uno a uno firmaron el documento ante el aplauso y la celebración de los asistentes por su buen gesto y su buena disposición en el transcurso del evento; finalmente, los asistentes al foro, hicieron cierre del acto con una caminata desde el lugar de celebración del acto hasta la plaza central del municipio; lugar en el que ante la ciudadanía los candidatos refrendarían el acuerdo en un ritual de estampado de sus manos en una gran pancarta en la que los jóvenes que fueron partícipes del proceso habían dibujado casillas con sus nombres, alrededor de las cuales el resto de los asistentes estamparían las suyas como simbolización del cierre y el acuerdo; pancarta que sería expuesta en un lugar visible de la plaza para recordar el acto y los compromisos que fueron de buen recibo por parte de las tres (3) campañas que lo refrendaron.

El documento de PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO en su versión final y el FORO DEBATE CON LAS PERSONAS CANDIDATAS con la firma del acuerdo de buena voluntad firmado por los candidatos asistentes, se constituyeron en dos referentes importantes de la coyuntura electoral en el municipio; acumulado y reconocimiento que al día de hoy se mantienen como un gran precedente, a pesar que el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL que fuese elaborado posteriormente por la administración electa para el periodo que iría del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 no incluyera los significativos aportes realizados por la comunidad y sus organizaciones que incluso fueron reconocidos en su momento por funcionariado de la alcaldía y por el mismo equipo de técnicos y expertos encargados de elaborar el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL que actualmente es ejecutado por la Alcaldía municipal.

Sin embargo, para las comunidades participantes del proceso y las personas delegadas de sus organizaciones el documento de diagnóstico es valorado como el más importante documento que describe la problemática social en el municipio y es aún percibido por la delegación de las organizaciones comunitarias que fueron partícipes de su elaboración como un documento importante en cuanto contiene el grueso de sus reivindicaciones, razón por la cual fue distribuido posteriormente entre los diferentes presidentes de las 23 Juntas de Acción Comunal recientemente conformadas en el municipio.

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4.4.4. FASE 2: La incidencia posterior a la fecha de elecciones 2: La incidencia posterior a la fecha de elecciones 37 Como se había establecido desde el inicio del ejercicio de incidencia, este contemplaría 3 etapas fundamentales, siendo la fase 2 la que tendría por objeto incidir en la elaboración y diseño del plan de desarrollo municipal que debería ser adoptado por la administración entrante, elegida en el marco de la contienda electoral del 31 de octubre de 2011. Según lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 152 de 1994, un plan de desarrollo debería ser aprobado con fecha límite del 31 de mayo del año 2012, 5 meses después de iniciado el periodo de gobierno de la nueva administración, fecha límite a su vez para la realización de la incidencia antes de la elaboración final del plan.

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Para el desarrollo de la incidencia en esta etapa, una vez conocidos los resultados de las elecciones, se conformó entre el grupo de delegados y delegadas de las organizaciones sociales un equipo dinamizador denominado EQUIPO DE GESTIÓN del plan de desarrollo. Se decidió que este grupo fuese integrado por 10 personas que se habían convertido en referentes importantes en la conducción del proceso de elaboración del plan de desarrollo alternativo y en la interlocución con las campañas electorales, y quienes habían ganado visiblemente un mayor reconocimiento por la organización y éxito del Foro de debate entre las candidaturas a la alcaldía. El equipo se propuso una vez finalizadas las elecciones, continuar el proceso de incidencia; esta vez ante la Administración municipal elegida el 31 de octubre de 2011, ante el CONCEJO MUNICIPAL elegido en esa misma fecha, y finalmente ante el CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN municipal, espacio conformado por las organizaciones de la sociedad civil al que la Constitución Política de Colombia le otorga, entre otras funciones, un papel consultivo en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo municipales y departamentales en todo el país, y cuya conformación y renovación periódica es potestad de las alcaldías y las gobernaciones una vez estas son electas.38 • Más de tres reuniones con las Secretarías de Despacho, con la Alcaldesa y con su Secretaría de Gobierno fueron realizadas por el equipo de líderes y lideresas que operaron como gestores de la incidencia en el PLAN DE DESARROLLO durante esta etapa. En estos encuentros fueron expuestas las problemáticas identificadas en el diagnóstico, así como las propuestas contenidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO realizado por las comunidades, a las cuales fue reconocida su importancia por parte 37 El cronograma de incidencia posterior a la fecha de elecciones se definió en base al cronograma establecido para la elaboración por parte de la administración municipal del plan de desarrollo territorial cuya fecha límite de aprobación en el CONCEJO MUNICIPAL era el 31 de Mayo de 2012. Ver Anexo 3.

38 La naturaleza, el periodo, el carácter y las funciones de los consejos territoriales se encuentran establecidas en el artículo 340 de la Constitución Política de Colombia; ,y se precisan en la Ley 152 de 1994 la cual establece los procedimientos y los mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados en la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.

del funcionariado.

• La idea de realizar reuniones y encuentros con la administración local recientemente electa surgió de la responsabilidad que tenía la Alcaldesa de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en coordinación con sus Secretarías de Despacho y en especial su Oficina de Planeación Municipal antes del 31 de Mayo de 2012, previa consulta a la sociedad civil acerca de su plan de ejecución de política e incorporación de sus consideraciones y recomendaciones en el plan a ser elaborado y aprobado por el Consejo Municipal.

• Es importante resaltar la legitimidad del proceso de incidencia ante la administración municipal, gracias a lo cual los espacios de presentación del plan de desarrollo ante cada Secretaría de Despacho fueron posibles, permitiendo que el grupo de gestión de la incidencia expusiesen ante el funcionariado responsable las propuestas temáticas específicas contenidas en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO. • Desafortunadamente para las expectativas enmarcadas en el proceso de incidencia a través del PLAN DE DESARRROLLO ALTERNATIVO, la campaña a la alcaldía que resultó electa después del 31 de octubre fue la única que no había asistido al Foro público de discusión realizado en el marco de la iniciativa de incidencia y participación política de la ciudadanía local. Debido a esto, fue también la única que en el marco del evento no adquirió ningún tipo de compromiso moral, político y ético de atender e incluir las consideraciones y recomendaciones que en materia de política pública habían sido realizadas por las organizaciones y las comunidades convocantes y partícipes del ejercicio de incidencia como acto de ciudadanía. Por ello, podría considerarse que la atención y la aparentemente buena recepción de la iniciativa de las organizaciones sociales y del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO fue más bien producto de la presión por la legitimidad del proceso en el escenario local, que de una honesta y sensata apertura por parte de la administración local a las deliberaciones y recomendaciones de política pública elaboradas por las comunidades y sus organizaciones.

• Finalmente, EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, a pesar de abordar temas y problemáticas enunciadas y diagnosticadas por las comunidades en su documento de Plan de Desarrollo Alternativo, no contendría en su versión final las propuestas por ellas elaboradas aunque incluso compartieran el diagnóstico de las problemáticas socioeconómicas y sociopolíticas de la población del municipio.

• El CONCEJO MUNICIPAL de María La Baja que resultó elegido en la misma jornada electoral del 31 de octubre de 2011 fue otra de las instancias definidas por el equipo de gestión y de coordinación para continuar con la interlocución, la incidencia y la puesta en conocimiento de las iniciativas de política pública elaboradas por las organizaciones

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comunitarias del municipio.39 En este escenario, compuesto por 13 curules repartidos entre los diferentes partidos políticos de la localidad, también la iniciativa y las propuestas expuestas por las personas delegadas de las comunidades fueron bien recibidas y celebradas por las y los concejales, a quienes les fue entregada una copia del documento de PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO en un sesión extraordinaria realizada por el concejo para escuchar el diagnóstico y las propuestas del documento. Estas propuestas fueron presentadas al Concejo Municipal por el GRUPO DE GESTIÓN a inicios del mes de febrero de 2012 ya que en el proceso de definición del plan de desarrollo según cronograma del Departamento Nacional de Planeación, , le correspondería a esta instancia revisar durante el mes de Marzo del 2012 el contenido del plan de desarrollo enviado por la alcaldía para su consideración, así como emitir luego de ello un concepto con recomendaciones y ajustes que debería ser entregado a la alcaldía a más tardar el 31 de Marzo de ese año para, finalmente, tras los ajustes realizados por administración territorial y revisión, ser aprobado el contenido final del plan antes del 31 de Mayo. Por este motivo, el grupo de Gestión decidió presentar ante el Concejo municipal sus propuestas de política pública para que en base a estas, el Concejo realizase las recomendaciones correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal que en ese entonces se encontraba en proceso de elaboración por parte del funcionariado de la Alcaldía de María La Baja.

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Finalmente, y a pesar de las expectativas generadas por las y los concejales y de su celebración manifiesta del ejercicio realizado por las comunidades y las organizaciones que participaron en la elaboración del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO que les fue entregado por el Grupo de Gestión, el Concejo no realizó mayores esfuerzos por lograr la inclusión de las propuestas de las comunidades en el Plan de Desarrollo Municipal a pesar del apoyo manifiestado en reuniones anteriores; lo cual probablemente se debió a la incomprensión por parte del grupo de concejales/as de la importancia y dimensión de la iniciativa; al condicionamiento de sus funciones por sus acuerdos o los de sus propios partidos políticos durante la campaña de elecciones con la administración electa; o incluso al hecho de que no se hubiese programado, en el marco del proceso de incidencia, un efectivo ejercicio de acercamiento y puesta en conocimiento del PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO para acordar un compromiso ético y político con algunas de las candidaturas al concejo que hubiesen podido ser proclives a la iniciativa y a las propuestas de las comunidades y sus organizaciones.

• Además de reuniones y encuentros con la Alcaldía y con el Concejo del municipio de María La Baja para que estos avalasen e incorporasen las propuestas de las comunidades, el equipo de gestión, con el apoyo y acompañamiento del equipo de ILSA, realizó un nuevo 39 Partidos políticos que configuran el CONCEJO MUNICIPAL elegido el 31 de Octubre de 2011: Cambio Radical (4 curules); Partido Social de Unidad Nacional (2 curules); Movimiento de Inclusión y Oportunidades - MIO (2 curules); Partido Liberal colombiano (2 curules); Movimiento político Afrovides (1 curul); Partido Conservador Colombiano (1 curul ); Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (1 curul).

acto público dirigido a las comunidades en el cual se invitó también a la administración municipal, logrando contar con la presencia de tres de las Secretarías de Despacho del gobierno recientemente posesionado. El acto, cuya naturaleza fue la de Foro público, se tituló “Situación de los derechos colectivos en María La Baja: El AGUA, la SALUD y la VIVIENDA como DERECHOS colectivos”, y a él asistieron personal funcionario de la Alcaldía y alrededor de 150 personas de las comunidades. El Foro se realizó en la Casa de la Cultura de María La Baja dos semanas antes de la aprobación final que del plan de desarrollo realizase el concejo municipal.

Como el documento de convocatoria al foro lo señalaba, su intención era la de crear un nuevo escenario de interlocución entre las autoridades locales y el Concejo Municipal frente a las problemáticas y las propuestas planteadas por las comunidades en el PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO elaborado por las organizaciones sociales del Municipio y presentado ante la Administración en diversas oportunidades e instancias previas a la elaboración y aprobación del PMD; problemáticas que fueron expuestas por los miembros de las comunidades quienes ante la presencia del grupo de personal funcionario sustentaron sus iniciativas y sus expectativas frente a las políticas públicas que para ese entonces se encontraban en proceso de diseño y elaboración por parte del grupo de profesionales expertos que fueron contratados por la administración local.

• En un esfuerzo por establecer alianzas y aunar esfuerzos entre organizaciones y miembros de la sociedad civil local, el equipo de gestión de la incidencia en el plan de desarrollo acordó dos sesiones de encuentro con el CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN municipal (CTP) para valorar también la inclusión del contenido del Plan de Desarrollo Alternativo aprovechando el rol consultivo que la Constitución Política de Colombia en su artículo 340 le asigna a este organismo en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y en la gestión de la política pública local. No obstante, el interés y el compromiso político que los miembros del CTP asumieron con el equipo de gestión del Plan de Desarrollo Alternativo en un momento inicial, se fue diluyendo en los acercamientos que la administración municipal electa sostuvo posteriormente con la junta directiva del CTP y en las promesas y acuerdos que estableció con algunos de sus miembros con el fin de evitar obstáculos en las fechas de aprobación definitiva del Plan de Desarrollo Municipal; hecho que evidenció la facilidad con la que las administraciones municipales pueden hacer uso de las promesas y de las relaciones clientelares para proyectar sus intereses en escenarios de participación de la sociedad civil en un contexto en el que el ejercicio ciudadano no es lo suficientemente fuerte como para impedir este tipo de prácticas que erosionan estos de escenarios que así como de consulta también son de participación política, de construcción de ciudadanía y de promoción de una indispensable cultura de veeduría y acompañamiento a la buena gestión de la administración y al cuidado de los recursos públicos.

Al final del ejercicio de incidencia en la construcción del plan de desarrollo se logró que las personas delegadas de las comunidades se convirtieran en interlocutores válidos y de respeto

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para la administración municipal, potenciando con ello su imagen de referentes de liderazgo en las organizaciones comunitarias del municipio. No obstante, si bien algunos temas o puntos problemáticos del plan de desarrollo municipal fueron tomados del documento de plan de desarrollo alternativo (sobre todo en lo referente al agua potable y al saneamiento básico), la mayor parte de ellos no fueron incluidos en el documento de plan de desarrollo final. Este hecho no logró que se desmontaran las desconfianzas hacia la administración municipal que el equipo de gestión y los participantes del proceso de incidencia manifestaron desde un inicio por las practicas recurrentes y ya institucionalizadas de clientelismo; de negación de la importancia de la participación de la ciudadanía en escenarios de interlocución con las autoridades públicas; de estigmatización de la participación de la sociedad civil en espacios de veeduría ciudadana por parte de las administraciones locales; así como de reducción de la democracia al solo acto de votación en las fechas asignadas en el calendario electoral. Por ello, aunque valiosa por logar un significativo posicionamiento de los liderazgos comunitarios en los escenarios de interlocución con la administración local, el ejercicio de incidencia no logró descentrar en la cultura administrativa del municipio los malos hábitos de la gobernanza que son característicos del sistema político en Colombia y que impiden el buen diseño de instituciones democráticas modernas sobre todo en localidades rurales como las del municipio de María La Baja en la región de los montes de María, marcadas por la tradición clientelar de la administración pública y por la cooptación; la desestructuración; o el impedimento que los actores armados ejercieron sobre la institucionalidad estatal cuando durante años se disputaron y alcanzaron a ejercer visiblemente ante la mirada de una ciudadanía indefensa y desactivada un marcado control en la administración de los territorios.

4.4.5. FASE 3: El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Una Una vez aprobado el plan de desarrollo y teniendo conocimiento de su contenido, el GRUPO DE GESTIÓN, conformado por 10 líderes y lideresas que fueron partícipes del proceso de incidencia desde el inicio, decidió en conjunto con el equipo coordinador de la acción (ILSA) realizar para esta última fase de la incidencia un ejercicio de veeduría y seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo adoptado por la Alcaldía de María La Baja y finalmente aprobado por el Consejo Municipal con el fin de monitorear el cumplimiento de las acciones de política pública que en el documento del plan quedaron comprometidas para sus ejecución durante el periodo de gobierno local que recién iniciaba.

El Grupo de Gestión decidió pasar a conformarse en grupo de veeduría ciudadana de hecho, estableciendo tres (3) criterios importantes que habrían de definir su actuación: a) La veeduría no se realizaría sobre toda la política pública contenida en el plan de desarrollo municipal por las dificultades que los tiempos y los recursos podría generar al seguimiento del plan; esta se realizaría sobre una de las políticas del plan que fuese de inmediata solución en cuanto a sus expectativas. A partir

de esta determinación se decidió conformar la que se denominó como la Mesa de seguimiento a la política pública de agua potable del municipio de María La Baja.

Esto no implicaría desentenderse de reclamar la correspondiente rendición de cuentas que anualmente habría de ser presentada por alcaldía del municipio; solo era la forma de concentrar esfuerzos en hacer seguimiento al que fue considerado el más importante componente de política pública contenido en el Plan de Desarrollo del Municipio de María La Baja “Identidad y compromiso (2012 - 2015)”. b) Por el interés que el tema del agua representaba para los habitantes del municipio y para legitimarla ante la administración municipal, se decidió que la MESA debería ser ampliada. Para ello se convocó a las personas delegadas de las organizaciones participantes del ejercicio de incidencia previamente realizado, a los presidentes de las 23 Juntas de Acción Comunal que recientemente habían sido conformadas en el municipio, y a las organizaciones sociales amigas con las cuales se fueron estableciendo vínculos durante el proceso de incidencia y la elaboración y socialización del Plan de Desarrollo Alternativo. Como una de las decisiones adicionales, se definió convocar especialmente para la conformación de la MESA a las dos veedurías existentes en el municipio, las cuales se encontraban activasen ese momento, así como a las organizaciones sociales y a las Juntas de Acción Comunal de las veredas en las cuales se proyectaba según lo consignado en el PLAN DE DESARROLLO la ejecución de obras de infraestructura para el abastecimiento y el mejoramiento del servicio de agua potable. c) La conformación de la MESA a través de un acto público daría a conocer ante las organizaciones del municipio y el funcionariado responsable del tema su naturaleza y objeto, así como el trabajo que habría de proponerse. Este ejercicio de veeduría de hecho debía lograr suficiente legitimidad ante la población y la administración municipal para contrarrestar la estigmatización y el señalamiento con el que parte del funcionariado público y algunos sectores de la población habían desprestigiado este tipo de iniciativas ciudadanas en años anteriores.

Así, el 28 de julio de 2012, personal delegado de Juntas de acción comunal y de organizaciones sociales y comunitarias de María La Baja se reunieron en la casa de la cultura con el interés de conformarse en CIUDADANOS/AS VEEDORES/AS de los proyectos contemplados por la administración para mejorar el acceso, la distribución y la calidad del agua en el municipio; proyectos que contemplan obras e inversiones que habrán de beneficiar al conjunto de la población y que se encuentran incluidos en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL que inició su ejecución desde el 2012, hasta el 2015 .

Como uno de los acuerdos del encuentro se estableció la propuesta de promover y conformar, con la participación de un número mayor de Juntas de Acción Comunal así como de organizaciones

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sociales y comunitarias del municipio, un trabajo de SEGUIMIENTO Y DE VEEDURÍA CIUDADANA para el conjunto de las políticas públicas locales que en materia de agua potable están contempladas en el PLAN DE DESARROLLO para la zona rural y urbana del municipio durante los próximos tres años.

En un extenso documento y con el respaldo de las organizaciones a las que pertenecía el GRUPO DE GESTIÓN, se convocaría posteriormente una reunión en la cual el Grupo de Gestión daría a conocer ante las organizaciones amigas y ante las Juntas de Acción Comunal cercanas su interés en conformar la MESA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, extendiendo invitación a todos los presidentes de las 23 Juntas de Acción Comunal del municipio, en especial a los presidentes de las juntas en cuya localidad el Plan de Desarrollo Municipal contemplaba la ejecución de proyectos de mejoramiento de los acueductos veredales y de mejoramiento del acceso y la calidad del agua.

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El documento de convocatoria a la conformación de la MESA señalaba el interés de las organizaciones convocantes en el FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la PARTICIPACIÓN CIUDADANA, entendiendo a su vez el ejercicio de seguimiento a la política pública de agua como un acto de participación de la ciudadanía para vigilar y acompañar la administración de los escasos recursos públicos así como para apoyar y servir de garantes de su eficiente y correcta utilización. Acción que con el concurso de la ciudadanía organizada puede conducir a un mejor logro de los objetivos que por la administración municipal han sido propuestos, el cual además conduce tanto al fortalecimiento de la administración y de la gestión pública, como a la transparencia administrativa y la confianza ciudadana..40 El siguiente es el documento de convocatoria: Marialabaja (Bolívar), Septiembre de 2012

MESA DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICA DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARIALABAJA:

40 LA POLÍTICA PÚBLICA DE AGUA EN MARIALABAJA: Entre el derecho y la veeduría ciudadana, Marialabaja (Bolívar), septiembre de 2012. Documento elaborado con el concurso el Grupo de Gestión como espacio convocante a la conformación de la mesa de seguimiento a la implementación de la política de acueducto y agua potable en el municipio de Marialabaja.

María La Baja (Bolívar), Septiembre de 2012 MESA DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA: La veeduría: Un instrumento para la participación y para la construcción de la ciudadanía 1. JUSTIFICACIÓN El pasado viernes 4 de mayo hizo presencia en María La Baja el Presidente JUAN MANUEL SANTOS para la inauguración de la primera etapa del acueducto municipal de María La Baja, obra que de acuerdo con el informe de prensa del Gobierno beneficia actualmente a más del 70% de la población pero que, sin embargo, no estuvo exenta de irregularidades en su presupuesto, interventoría y ejecución, ya que no solo superó los 2.890 millones de pesos inicialmente aprobados en el contrato firmado el 19 de diciembre de 2008 entre la Gobernación de Bolívar y el consorcio CONSTRUCTORES DEL CARIBE sino que además fue entregada más de tres años después de haberse empezado su ejecución cuando desde un principio se proyectó a tan solo 6 meses.

La administración municipal anterior se comprometió en su plan de desarrollo a ampliar la cobertura del acueducto para la cabecera municipal y garantizar la prestación del servicio de agua las 24 horas del día, así como a la ampliación de la cobertura de abastecimiento de agua hasta llegar a un 70% de la población; es decir, a 3.161 hogares aproximadamente según última encuesta del DANE. También se estableció en el plan la ampliación de la cobertura a un 60% de la población campesina en la zona rural municipal, sin embargo, para infortunio de las comunidades, al final del periodo del gobierno anterior, estas promesas no se habían cumplido.

A pesar de que la inauguración de la segunda etapa del acueducto municipal sea una noticia alentadora para la población, la realidad del acceso de agua potable en el municipio es difícil, como lo describió el diagnóstico comunitario realizado por un grupo de organizaciones del municipio en el documento titulado “LA COMUNIDAD CONSTRUYENDO DEMOCRACIA Y DESARROLLO LOCAL: Propuestas para el plan de desarrollo elaboradas por las organizaciones sociales y comunidades de María La Baja”, y que fue entregado a la administración municipal actual como insumo para la elaboración del plan de desarrollo municipal.

En ese informe, elaborado con la participación de comunidades rurales del municipio, se señaló que el acceso a agua apta para el consumo humano ha sido durante años uno de los más grandes problemas de salubridad pública en el municipio. Estudios realizados en 2008 por los

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ingenieros consultores de PROES S.A en el embalse de “Pondaje del Viento” indicaron que esta fuente de agua, de la cual se surte el área urbana del municipio, presenta grandes deficiencias de calidad y requiere de un tratamiento completo de potabilización que la haga apta para el consumo humano; razón por la que en ese documento elaborado por la comunidad, se recordó que el de la SALUD, así como el de la SALUD PÚBLICA, son derechos asociados a DERECHOS FUNDAMENTALES como a la vida, al agua potable, al goce de un ambiente sano, a tener acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna, de conformidad con lo establecido en la Constitución, las leyes y sus disposiciones reglamentarias.

En el mismo informe se llamó la atención sobre como en años anteriores los ACUEDUCTOS RURALES hacían parte del sistema y de la estructura de abastecimiento de agua para la población del municipio, pero la falta de mantenimiento y el abandono de sus instalaciones generaron que gran parte de ellos hayan terminado disminuidos, a pesar de ser obras indispensables para la población rural.

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María La Baja está ubicada geográficamente en una zona privilegiada debido a la presencia permanente de agua, y gracias también a que hace parte del distrito de riego. Por lo mismo, es fundamental que exista una política municipal clara de fortalecimiento de los acueductos veredales como alternativa para el suministro de agua potable a las comunidades, ya que estos se han venido marchitando y las organizaciones comunitarias sin apoyo técnico, administrativo y financiero difícilmente pueden sostenerlos. Se conoce que corregimientos como Correa, Los Bellos, Matuya, Nueva Florida; los caseríos de Nuevo Retén, Márquez, Arroyo Grande, el Sena, Colú, Pueblo Nuevo; y veredas como Santa Fe de Hicotea, La Suprema, Guarismo, Mundo Nuevo, Sucesión y el Guamo no cuentan con acueducto rural en funcionamiento.

Otros corregimientos como Retiro Nuevo, San José del Playón y San Pablo y la vereda de Palo Altico tienen acueductos rurales en condiciones deficientes de funcionamiento. Esta situación requiere adelantar por parte de la Administración diagnósticos participativos sobre la situación de los acueductos rurales que les permita tomar decisiones sobre las zonas en las cuales los acueductos rurales pueden ser optimizados y otras donde se requiere su construcción; incorporando para ello el conocimiento, la experiencia y las necesidades de las propias comunidades beneficiarias.

2. POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y LA CALIDAD DEL AGUA EN MARIALABAJA Recientemente, a principios de año, el hoy MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE dentro de su planificación en materia de agua potable aprobó recursos para la rehabilitación de los acueductos veredales de cuatro caseríos y corregimientos del municipio de María La Baja. A día de hoy, estas obras han sido contratadas por la Gobernación de Bolívar con la constructora CONARCIL Ltda. desde el mes de marzo, las cuales una vez finalizadas al

parecer serán entregadas para que los acueductos sean administrados por la municipalidad.

Según la información de los proyectos del Ministerio, la rehabilitación de los acueductos veredales se hará con recursos del Fondo Nacional de Calamidades y contempla su rehabilitación en las siguientes localidades: a) El acueducto del corregimiento de SAN JOSÉ DEL PLAYÓN (que tiene una población de 5.000 habitantes aproximadamente), por un contrato de 150 millones de pesos, y que es el segundo corregimiento más poblado del municipio; b) Rehabilitación del acueducto del corregimiento de NUEVA FLORIDA (con una población de 4.000 habitantes aproximadamente) por un contrato de 138 millones de pesos, y en el que además funciona el único acueducto comunitario del municipio de María La Baja; c) Rehabilitación del acueducto del corregimiento de LOS BELLOS por un contrato de 1.060 millones; y d) la rehabilitación del acueducto del corregimiento de PUEBLO NUEVO por 87 millones de pesos.

Además de estas obras de rehabilitación, el recientemente aprobado Plan de Desarrollo Municipal de María La Baja 2012 -2015 “Identidad y compromiso social”, contempla actividades y acciones tendientes a mejorar el abastecimiento de agua potable para la población del municipio. Estas actividades comprenden: a) El estudio, diseño y la construcción de un sistema alternativo de acueducto con agua potable para el corregimiento de MATUYA y la vereda de LA SUPREMA; b) El estudio y el diseño de los acueductos veredales de los corregimientos de COLÚ y el de NUEVA ESPERANZA; y c) La construcción de la SEGUNDA ETAPA del acueducto municipal de María La Baja, en la que se incluye la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para la cabecera municipal (obra en la que el 4 de mayo pasado el presidente Juan Manuel Santos comprometió recursos de la Nación al momento de inaugurar la primera etapa del proyecto).

3.

ACCIONES A REALIZAR

Durante el 2011 y lo que va del 2012, diversas organizaciones sociales y comunidades de María

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La Baja han emprendido la tarea de participar de la gestión de la administración pública de los recursos en el municipio. Para ello, han contado con el acompañamiento de la Corporación para el Desarrollo Solidario (CDS), del Instituto Latinoamericano para un Derecho y una Sociedad Alternativos (ILSA), así como con el apoyo del Movimiento por la Paz (MPDLColombia) y han elaborado de manera participativa un importante documento de diagnóstico sobre las problemáticas más significativas para las comunidades del municipio, las cuales se encuentran recogidas en el documento de PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO: “LA COMUNIDAD CONSTRUYENDO DEMOCRACIA Y DESARROLLO LOCAL: Propuestas para el plan de desarrollo elaboradas por las organizaciones sociales y comunidades de María La Baja”.

Actualmente, y como parte de ese acompañamiento, se adelanta con las comunidades que participaron en este anterior proceso y con invitación a las JUNTAS DE ACCION COMUNAL de los corregimientos donde se van a llevar a cabo las obras de rehabilitación de los acueducto rurales la MESA DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, que se entiende como un instrumento de veeduría ciudadana realizado en conjunto por las comunidades donde se van a desarrollar las obras de construcción y de mejoramiento, en acompañamiento de demás organizaciones comunitarias interesadas.

Entre las acciones contempladas para la MESA se encuentran: 70

• Solicitar a la gobernación o a la administración municipal por vía de derecho de petición, copia de los diseños de los acueductos veredales que se van a construir y copia de los contratos firmados entre el municipio o la gobernación con la empresa constructora; ello con el fin de que las comunidades beneficiarias de los proyectos puedan tener información a su alcance, y a partir de la cual vigilar tanto su correcta ejecución como los informes entregados por quienes sean los responsables de realizar el trabajo de interventoría sobre las obras.

• Solicitar de parte de la administración municipal, que se instalen en los sitios de obra y a la vista del público las correspondientes vallas que contemplan la ejecución de los proyectos, su duración, su presupuesto, su responsable y su interventor.

• Solicitar de parte de la administración municipal, la presentación actualizada de los proyectos de acueducto municipales a implementar y del avance de las obras en un encuentro que los integrantes de la MESA DE SEGUIMIENTO defina y realice, haciendo invitación a las autoridades correspondientes para lograr ese fin.

• Solicitar de parte de la administración municipal actual, un balance sobre la situación actual de los conflictos y las dificultades, así como las potenciales

eventualidades que caracterizan el acueducto Regional que comprende los corregimientos de Flamenco, Ñanguma y Correa, y que en la actualidad es objeto de tensiones entre la administración local y los representantes legales de las comunidades, así como de gran interés para todos los involucrados.

• Solicitar de parte de la administración municipal que en conjunto con las comunidades, la constructora responsable de las obras realice a través de su equipo técnico, diagnósticos participativos sobre la situación de los acueductos rurales, para que esto permita que se tomen decisiones sobre las obras que se consideren, incorporando para ello el conocimiento, la experiencia y las necesidades de las propias comunidades beneficiarias.

• El pasado 7 de mayo el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico señaló que las obras de la PRIMERA ETAPA para la Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Urbano de María La Baja representaron una inversión superior a los $3.500 millones provenientes del Programa Agua para la Prosperidad, “con lo cual se pasó de una cobertura en la prestación de servicio del 27% al 70%”. Se plantea solicitar a la administración municipal y departamental, por vía de derecho de petición, el balance de estas obras, así como copia del informe técnico que corrobora el paso del 27% al 70% en la cobertura del servicio por las obras recientemente inauguradas.

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La Mesa de seguimiento a la implementación de las políticas de acueducto y agua potable en el municipio de María La Baja logró obtener copias de los contratos y de las obras de mejoramiento de los acueductos veredales que están contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, lo que le ha permitido acceder a la información y verificar los diseños, el presupuesto de ejecución y los tiempos de entrega de la obras a las comunidades beneficiarias, e incluso acceder a la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad que en su planificación en materia de agua potable aprobó desde el año 2012 recursos para la rehabilitación de cuatro acueductos veredales de cuatro caseríos y corregimientos del municipio de María La Baja. Se ha sabido que aquellas obras habían sido contratadas por la Gobernación de Bolívar con la constructora CONARCIL Ltda. desde el mes de marzo del mismo año y que fueron ejecutadas con recursos del Fondo Nacional de Calamidades. 41 No obstante, esta información fue obtenida por respuesta al derecho de petición enviado a la Gobernación del departamento de Bolívar, y no por respuesta al derecho de petición que también fue enviado a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Alcaldía de María La Baja, a la que se presentaron dos derechos de petición con el mismo contenido sin obtener respuesta alguna por parte del personal funcionario encargado, lo que denotó o una ausencia de información sobre las obras por parte de la administración local, o un acto de negligencia y desacato del derecho de petición como derecho constitucional por parte del funcionariado.

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A pesar de las dificultades que la escasez de recursos genera para un mejor funcionamiento del ejercicio de veeduría en un contexto como el del municipio de María La Baja donde la participación política y el ejercicio ciudadano son constreñidos por las condiciones socioeconómicas de la población, la MESA logró a través de la interposición de derechos de petición a la alcaldía y la gobernación, que las comunidades beneficiarias de los proyectos puedan tener información a su alcance a partir de la cual vigilar su correcta y trasparente ejecución; además de ello ha podido a través de su promoción en las comunidades y sus encuentros con el funcionariado de la administración municipal, indagar en lo relativo a la ejecución de las obras, el presupuesto ejecutado y el cumplimiento de los plazos de entrega, promoviendo con ello la participación de las comunidades beneficiarias de los proyectos en la corrección, los ajustes y el adelanto de las obras retrasadas.

Una de sus iniciativas pendientes está constituida por la posibilidad de adelantar acciones para que en el marco de la realización del informe de rendición de cuentas por parte de la administración municipal, esta pueda gestionar un encuentro en el cual el personal funcionario encargado de la ejecución de la política pública presente el informe del componente de agua 41 Las obras contemplan la rehabilitación de: a) El acueducto del corregimiento DE SAN JOSÉ DEL PLAYÓN (que tiene una población de 5000 habitantes aproximadamente), por un contrato de 150 millones de pesos, y que es el segundo corregimiento más poblado del municipio; b) Rehabilitación del acueducto del corregimiento de NUEVA FLORIDA (con una población de 4000 habitantes aproximadamente) por un contrato de 138 millones de pesos, y en el que además funciona el único un acueducto comunitario del municipio de Marialabaja; c) Rehabilitación del acueducto del corregimiento de LOS BELLOS por un contrato de 1060 millones; y d) la rehabilitación del acueducto del corregimiento de PUEBLO NUEVO por 87 millones de pesos.

potable y saneamiento básico del plan de desarrollo ante las comunidades beneficiarias de las ejecuciones con el fin también de promover la transparencia administrativa de la gestión pública en el municipio y corroborar los logros y las dificultades en las ejecuciones, a partir de las cuales las comunidades puedan valorar la corrección o el fortalecimiento futuro de la política pública en el municipio.

4.4.6. Anotaciones finales sobre las dificultades del Proceso Algunas de las más grandes dificultades que debe sortear de principio a fin un proceso de incidencia de este tipo son la falta de información sobre los municipios; la precariedad de los diagnósticos sobre la problemática social del municipio; la escasez de cifras y datos estadísticos que permitan identificar sus déficits en materia de políticas públicas; y la dispersión de la poca información existente.

En el caso del municipio de María La Baja, en este no se produce información confiable y de calidad, la información no es pública y de fácil acceso para la ciudadanía. Para la planeación de incidencia en la política pública, esto constituye para las organizaciones y las comunidades un gran obstáculo difícil de superar por sí mismas. Esta es una de las razones por las cuales su participación en los procesos de incidencia, o los de socialización de la política pública cuando son convocados por la administración municipal, se ve disminuida por el discurso y los informes técnicos de los expertos generalmente profesionales externos- que son contratados por las administraciones locales para el diseño de la política pública local.

Ante este hecho, la información también se convierte en un factor potenciador o no de la incidencia y de las acciones ciudadanas, dependiendo de la calidad y del tipo de acceso que se tenga a ella. Esto se agrava cuando la rendición de cuentas, que podría ser un punto de partida para la elaboración del diagnóstico sobre la previa implementación de la política pública en el municipio, no es llevada a cabo por los gobernantes. De ahí que la falta de cultura institucional de rendición de cuentas de la gestión pública sea un impedimento adicional para facilitar las acciones ciudadanas tanto de incidencia e interlocución con las administraciones públicas y sus funcionarios como de vigilancia por la gestión y el buen uso de los recursos públicos.

Ejemplo de ello es que, a pesar de que el Plan de Desarrollo Municipal en su contenido hace referencia a la rendición de cuentas y hace mención expresa a la legislación que la regula, a la fecha de elaboración de este documento de sistematización de la experiencia, Junio de 2014, no se ha emitido un solo informe escrito de rendición de cuentas dirigido a la ciudadanía ni mucho menos socializado sus logros y dificultades.42 42 El marco legal al que Plan de desarrollo del municipio de Marialabaja "Identidad y compromiso" (2012 - 2015)” hace referencia al siguiente grupo de leyes que hasta el momento ha incumplido: LEY 136 DE 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios. ; LEY 489 DE 1998. Rendición de cuentas. Regula el Sistema de Desarrollo Administrativo, al impulsar la rendición de cuentas, a través de la promoción de estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información de la gestión pública para la toma de decisiones y el diseño de mecanismos, procedimientos y soportes administrativos orientados a fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, la fiscalización y el óptimo

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Esta dificultad en el acceso público a la información de calidad que debe ser la base de la planeación de la política pública, solo pudo ser salvada en esta experiencia con la elaboración propia de la información por parte de las comunidades y las organizaciones con acompañamiento técnico e investigativo de ILSA como parte del equipo coordinador, lo que permitió un importante proceso de construcción del diagnóstico sobre las problemáticas del municipio producto de los encuentros y las lecturas compartidas entre miembros de las comunidades y el equipo técnico de acompañamiento. Si bien se destaca la relevancia del trabajo realizado, hay que señalar que este demandó esfuerzos adicionales para superar las dificultades en la consecución y en la validación de información, que finalmente se expresaron en el retraso de las acciones de incidencia programadas.

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funcionamiento de los servicios; LEY 962 DE 2005. Rendición de cuentas. La Ley Anti trámites busca facilitar las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía. En su artículo 3 establece los siguientes derechos directos a las personas: obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como de llevarlas a cabo; LEY 970 DE 2005. Rendición de cuentas. Ratifica la Convención de Naciones Unidas en la Lucha contra la Corrupción, así promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

5 LA EXPERIENCIA DE LA INCIDENCIA: La mirada, la percepción y la evaluación de los liderazgos intervinientes.

C

on el fin de evaluar la experiencia de incidencia política que se desarrolló durante el 2011 y el 2012 con el concurso de las personas delegadas de las organizaciones que fueron protagonistas y referentes fundamentales en este proceso, se realizaron, a principio del año 2013 cuatro entrevistas a los liderazgos que hicieron parte de este proceso, quienes además de conformar el equipo de elaboración del Plan de Desarrollo Alternativo y de planeación de la incidencia, también hicieron parte del EQUIPO DE GESTIÓN de la incidencia entre los años 2011 y 2012. Con el fin de conocer su percepción y evaluación de la experiencia, las entrevistas realizadas giraron alrededor de su reflexión sobre los logros, los aprendizajes, las dificultades y las limitaciones con las cuales caracterizaron el proceso de incidencia del cual hicieron parte.

A continuación se presentan las principales opiniones e ideas que surgieron de la conversación con los cuatro entrevistados y entrevistadas.43 Los Los participantes destacan como un aspecto clave del proceso que desde un inicio no se generaron falsas expectativas respecto a los objetivos de la construcción de un Plan Municipal de Desarrollo Alternativo (PMDA). Para comunidades y organizaciones a menudo la política local está asociada a “promesas que nunca se cumplen” o a “favores a cambio de votos”; por ello, consideran importante el haberse dejado claro desde un inicio que esta iniciativa no estaba asociada a ningún candidato/a o campaña electoral, sino que, por el contrario, esta consistía en elaborar conjuntamente con las comunidades el diagnóstico de las principales problemáticas de las comunidades a partir de las cuales se construirían las propuestas para presentar a cada uno de las personas aspirantes en las elecciones locales, corriendo el riesgo incluso de que estas no fuesen tenidas en cuenta por quien resultase finalmente electo.

A pesar de resultase como se temía, y más allá de que la nueva administración no acogiera el PMDA, este documento es considerado como una herramienta que queda a las comunidades y que incluso podría utilizarse en el futuro para incidir en nuevos procesos políticos en el municipio. Consideran la experiencia misma como un aprendizaje sobre cómo se construye la política pública y en particular los planes de desarrollo; sobre los derechos sociales y colectivos de las comunidades y las herramientas jurídicas para su exigibilidad; así como sobre las posibles estrategias de incidencia política y de ejercicio de la ciudadanía.

43 Las entrevistas se realizaron con 2 mujeres y 2 hombres (Adultos) que representaron un liderazgo protagónico y significativo durante todo el proceso; líderes y lideresas del municipio de Marialabaja, que fueron miembros del equipo de elaboración del plan de desarrollo alternativo del municipio de Marialabaja y del equipo de Gestión de la partícipe del proceso de incidencia política en la política pública local entre 2011- 2012.

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Igualmente valoran, que al documento final de diagnóstico de PMDA recoger los diagnósticos de las problemáticas y las propuestas elaboradas por las propias comunidades, este puede ser presentado en unas futuras elecciones a la alcaldía o en otros escenarios que permitan buscar solución a las problemáticas identificadas. A diferencia de otras iniciativas similares que se habían realizado con anterioridad, para los participantes en este caso no se trató sólo de un documento que “quedó solo en el papel”, sino que se trató de la elaboración de un Plan de Desarrollo Alternativo, denominado de esta forma precisamente porque jugó un papel clave la participación e injerencia de las comunidades y organizaciones locales tanto en la búsqueda de información y la elaboración del documento como durante el proceso de incidencia con las personas candidatas a la Alcaldía de María La Baja y las instituciones municipales. En palabras de uno de los entrevistados, “No es algo inventado, ni un informe con cifras que uno no sabe ni de donde las recogieron; la gente le cree más a estos diagnósticos porque participaron, sea aportando información o buscándola para aportar en la construcción del plan de desarrollo alternativo”. Este aspecto, para los participantes no es un asunto menor; por el contrario, se trata de algo a lo que dan gran importancia debido a que permitió dar un el papel protagónico a las comunidades y sus organizaciones desde sus sentires, opiniones y propuestas, las cuales se plasmaron en el documento final de PMDA. Esto supuso una diferencia significativa respecto a experiencias anteriores similares; cómo lo plantea una de las lideresas entrevistadas: “casi siempre en estas cosas lo invitan a uno a que haga de idiotas útiles, lo cogen a uno para sacarle información, las ONG la toman para sí, y luego, las comunidades quedan como relegadas”.

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En esa misma dirección, también destacan que el proceso de construcción del PMDA posibilitó un escenario de encuentro entre diferentes organizaciones del municipio que habitualmente no coinciden en sus objetivos y trabajan por separado. Es decir, el PMDA permitió que las organizaciones participantes construyeran una visión común sobre las problemáticas que viven en sus comunidades y realizaran de manera conjunta un proceso de incidencia.

Si bien no se logró el objetivo principal del PMDA de que las propuestas de las comunidades quedaran incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, la experiencia en sí misma produjo otros logros de importancia para las organizaciones que participaron del proceso. La materialización efectiva de su participación la consideran como el principal logro alcanzado por el proceso de incidencia, ya que perciben que en la mayor parte de los proyectos que las instituciones estatales y las organizaciones no gubernamentales llevan a cabo en la región, el rol que se les asigna a las comunidades es básicamente el de receptoras de programas y proyectos; en el caso de la experiencia de incidencia de la cual fueron protagonistas, asumieron un rol activo en el diseño, construcción y ejecución de la propuesta durante el proceso. Además, valoran la participación que tuvieron las organizaciones y sus comunidades en los escenarios de definición de la política pública local como en el caso de las sesiones del CONCEJO MUNICIPAL, lo que a su juicio se tradujo en el reconocimiento de sus liderazgos así como la legitimación de sus propias organizaciones en el municipio. Aunado a ello, consideran que los aprendizajes realizados y el trabajo conjunto de diferentes organizaciones de base, lograron generar una mayor confianza en la capacidad de las organizaciones mismas de llegar a los espacios institucionales y plantear sus opiniones y propuestas. En palabras de una de las participantes entrevistadas, “Nosotros les dimos a conocer a ellos que teníamos derechos y conocíamos nuestros derechos, y estábamos ahí para reclamarlos”. Es decir,

ejercicios como estos, según plantean, abren la posibilidad de pensarse desde las comunidades otro tipo de relación con la administración local distinta a la tradicional relación clientelar que ha predominado en el municipio y la región.

Ahora bien, a pesar de que para las organizaciones participantes la experiencia misma de construcción del PMDA representó logros significativos, no se pudo cumplir con el objetivo principal de dicha iniciativa, el cual estaba dirigido a que se incluyeran las propuestas elaboradas por las comunidades y organizaciones en el Plan de Desarrollo Municipal de la nueva administración. Las razones por las cuales no fue acogido el PMDA tienen que ver más con problemáticas relacionadas con la forma en que se desarrolla la política local y regional que con el desarrollo de la propuesta en sí misma y la incidencia política que se realizó durante el proceso electoral. Para los entrevistados y las entrevistadas, se trató de la falta de visión de las personas candidatas y de la administración electa, de su falta de voluntad política y del hecho de que no representan los intereses de las comunidades, “no tienen el corazón en la población”, ya que consideran que se guían por sus propios intereses personales y de los grupos que los apoyan y financian sus campañas, sumado ello a la corrupción y al clientelismo que, según señalan, caracteriza los partidos y las administraciones territoriales en toda le región de los Montes de María.

Durante el proceso electoral en el municipio se buscó hacer la mayor incidencia posible para que se incluyera el PMDA en los planes de gobierno de las personas candidatas, y una vez electa la alcaldesa se realizaron reuniones con ella y su equipo, las Secretarías de Despachos, el Concejo municipal y el Consejo Territorial de Planeación con miras a que se acogieran las propuestas elaboradas con las comunidades; según la misma entrevistada “La verdad, con el PMDA nosotros agotamos todos los recursos habidos y por haber para que las personas candidatas y el alcalde electo incluyera nuestras propuestas porque vimos que eran las necesidades básicas”.

Aun así, la administración electa no tuvo en cuenta lo planteado en el PMDA. Para otro entrevistado, “De nada nos sirve tener los conocimientos de cómo defendernos, cómo aplicarlos, qué herramientas jurídicas tenemos para pelear contra ellos, cuando no exista la voluntad política”. Ello se pudo evidenciar en diferentes momentos: cuando se realizó el Foro con las personas candidatas a la alcaldía para que conocieran las propuestas de las comunidades y se pudieran llegar a compromisos con cada uno de ellos, la actual alcaldesa no asistió y, por tanto, no llegó a ningún tipo de compromiso con las organizaciones que estaban desarrollando la iniciativa. Más tarde, tampoco fue posible que se tuviera en cuenta el PMDA o las opiniones y sentires de las comunidades y organizaciones participantes en las mesas temáticas que convocó la nueva alcaldesa para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. En cambio, se contrató a un consultor para que elaborara el Plan de Desarrollo del Municipio, el cual es considerado por los entrevistados como un desastre porque no resuelve las necesidades básicas de la población y presenta propuestas demasiado generales que difícilmente se convertirán en programas que resuelvan las problemáticas del municipio.

En opinión de uno de los participantes, a pesar de que hubo una buena aceptación y reconocimiento de la iniciativa de PMDA por parte de las personas candidatas y la administración municipal, hubo cierta ingenuidad por parte del grupo de organizaciones que realizó la incidencia en asumir que las propuestas o gran parte de ellas serían incluidas en el Plan de Desarrollo

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Municipal: “nosotros creíamos que el PMDA era un éxito porque las personas candidatas, la alcaldesa y el Concejo nos acogieron de tan buena manera y nos dieron participación en las sesiones del Concejo que nosotros estábamos confiados. Pero al final cuando ya sale el Plan de Desarrollo, nosotros vimos que no se había incluido ninguna propuesta de las comunidades, prácticamente nos utilizaron […] nos dormimos en los laureles, pensando que ya estaba el trabajo hecho, y yo creo que faltó movernos más adentro, más allá”. Ese trabajo que faltó, se refiere precisamente a que la incidencia durante el proceso electoral no debió concentrarse en tan solo lograr el reconocimiento de las personas candidatas, sino que también debió abarcar un mayor trabajo con las comunidades para dar a conocer la iniciativa del PMDA, sobre todo en las veredas a las cuales no pertenecen las organizaciones que participaron de la iniciativa. Esto hubiese permitido que, por ejemplo, en las mesas temáticas que convocó la alcaldía para hacer la consulta con la sociedad civil, las personas que participaron conocieran de antemano el PMDA y promovieran la inclusión de las propuestas de las comunidades. Retrospectivamente, según los entrevistados, también faltó más tiempo y recursos para reunirse con cada persona candidata para lograr que se comprometieran con las propuestas elaboradas.

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Pese a todas las limitaciones y dificultadas mencionadas, sin duda para los participantes el no haber logrado el objetivo del PMDA está asociado ante todo a la forma en la que se maneja la política local. Señalan que los alcaldes o alcaldesas no son escogidas por sus planes de gobierno, sino por los apoyos electorales que consiguen de personajes influyentes en la vida política local y/o con personas de las comunidades a cambios de “favores”. A manera de ejemplo indican que en el municipio de María La Baja se acostumbra a gobernar con las personas que aportaron a las campañas de la candidatura que resulta electo y no se tiene en cuenta a las organizaciones de base porque estas incluyen personas que votaron o no a diferentes candidaturas estuvieron en campaña: “ellos sólo tienen en cuentan los que lo votaron”.

Uno de los líderes señaló como otra de las grandes dificultades para la incidencia política local, la que considera como una falta de cultura ciudadana en lo relativo a la participación política en las elecciones locales; a esto hace referencia cuando para el caso de María La Baja señala: “se termina votando por el candidato que dio dinero o una bolsa de cemento, no por el plan de gobierno que vaya a solucionar los problemas que tienen las comunidades”.

Situación que llegó a representar dentro del grupo de organizaciones que participaron en el PMDA una limitación importante, pues, a pesar de que sus delegados participaron en la construcción del plan de desarrollo alternativo y en el proceso de presentación de las propuestas a los candidatos, muchos de los miembros de sus propias organizaciones y comunidades terminaron votando por la candidatura que menos interés manifestó en el procesos participativo del Plan de desarrollo Alternativo, llegando incluso a decidir su voto por el beneficio que las campañas ofrecieron a cada comunidad y organización por separado, y no por la valoración que conjuntamente habían realizado sobre la problemática del municipio durante los meses anteriores a las elecciones.

Un aspecto preocupante que resaltan las personas entrevistadas es que este tipo de relaciones se han acentuado en los últimos años con los programas asistencialistas y de ayuda humanitaria implementados por el gobierno y organizaciones no gubernamentales que, en palabras de uno de los entrevistados “convierten a la gente pobre en mendigos”. Dicho de otra forma, estos programas asistencialistas no han generado un mayor empoderamiento de las organizaciones

para la exigibilidad de sus derechos, sino que han fortalecido un perfil más caritativo afianzando a la población como “objetos de las políticas” y no como sujetos partícipes de lo político.

Esta situación se ve reforzada, según señalan, en el desarrollo de proyectos que ejecutan entidades gubernamentales, ONGs y empresas, las cuales tienen en común que en la mayoría de las ocasiones las comunidades y organizaciones locales son percibidas solo como receptoras, existiendo muy poca participación de estas en la toma de decisiones sobre el diseño y ejecución de los proyectos. En sus palabras, “se deberían sentar con nosotros, analicemos cómo debería hacerlo y nosotros seguimos, si ellos tienen la razón, nosotros lo aceptamos, pero como ellos son los que ponen el capital ellos imponen el criterio”.

Finalmente, el grupo con el que se realizaron las entrevistas considera que esta experiencia de incidencia política en el municipio a través de la construcción participativa de un PMDA constituye un aprendizaje acumulado en las comunidades y los procesos organizativos que participaron de ella que puede servir en el futuro para el desarrollo de iniciativas similares de empoderamiento de las comunidades y las organizaciones sociales rurales en el municipio, sobre todo porque consideran que ya existe un documento con el que se reconocen y en el que se encuentran incluidos y documentados los diagnósticos de las problemáticas más sentidas por la población en el municipio, así como las propuestas por esta contempladas y elaboradas para aportar a sus soluciones.

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ANEXOS 80

ANEXO 1 CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES LOCALES (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, GOBERNADOR, CONCEJOS MUNICIPALES, ALCALDES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES) En www.registraduria.gov.co FECHA

SOPORTE LEGAL

CONCEPTO

Del 2 de Marzo al 29 de Mayo de 2011

Art. 3 Ley 163 de 1994l

Se inicia la Inscripción de Cédulas en las Registraduría Especiales Municipales y Auxiliares.

El 30 de abril de 2011Sábado

Parágrafo único del Art. 99 C.E.

El 1 de Junio de 2011 - Miércoles

Numeral 11del articulo 5 del Decreto Ley 1010 de 2000

El 30 de Junio de 2011 - Jueves

Art. 66 Código Electoral. Mod. Art. 6 Ley 6 de 1990 Art. 8. Ley 6 de 1990 Art. 24, Ley 130 de 1994

El 30 de Julio de 2011 – Sábado Art. 86 del Código Electoral

El 1 de Agosto de 2011 Numeral 11del articulo 5 del Decreto Ley - Lunes 1010 de 2000 Art. 28 Inciso 2º. Ley 130 de 1994 El 3 de agosto de 2011- Miércoles Art. 10 Ley 6 de 1990

Fecha límite para incorporar mesas de votación en los Corregimientos creados hasta la fecha.

6 meses antes de la elección Solicitud listas de Jurados de Votación a las entidades públicas y privadas, Universidades, establecimientos educativos.

Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas: 4 meses antes de la elección Publicación de los listados del censo electoral 3 meses antes de la elección Inicia Propaganda Electoral 3 meses antes de la elección Vence el plazo para que los comandantes de las Fuerzas Armadas remitan el listado de cédulas de los miembros de las distintas armas, que se deben excluir del censo electoral.

3 meses antes de la elección Inicia designación de los jurados de votación Se inicia la publicidad política en la radio, a tarifa especial.

60 días antes de la elección Los Registradores de acuerdo con el Alcalde establecerán mediante Resolución, los lugares en que se instalaran mesas de votación 60 días antes de la elección.

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FECHA

SOPORTE LEGAL

El 10 de agosto de 2011- Miércoles

Art. 2 Ley 163 de 1994

El 18 de Agosto de 2011- Jueves

Art. 2 Ley 163 de 1994

El 19 de Agosto de 2011- Viernes

El 26 de Agosto de 2011 – Viernes

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El 31 de agosto de 2011 - Miércoles El 5 de septiembre de 2011- Lunes

Art. 98 del código Electoral

55 días antes de la elección Modificación de candidatos y listas inscritas 5 días siguientes al vencimiento de la inscripción Los Delegados y Registradores Distritales deben reportar los candidatos inscritos: El día Siguiente de las Modificaciones de listas

Numeral 1 del Art.277 de la Constitución Política.

Numeral 11 del Art .5 del Decreto Ley 1010 de 2000

Finaliza la designación de los Jurados de Votación

Numeral 11 del Art .5 del Decreto Ley 1010 de 2000

El 15 de septiembre de 2011 – Jueves Art. 25 Ley 130 de 1994

El 6 de Octubre de 2011 - Jueves

Vence Inscripción de candidatos

La Registraduría Nacional del Estado Civil, remite a la Procuraduría General de la Nación las listas de candidatos para confrontarlas con las bases de datos que contienen los nombres de los ciudadanos inhabilitados.

Art. 175 del Código Electoral mod. Art. 13 inciso 1 Ley 62 de 1988

El 3 de Octubre de 2011 - Lunes

CONCEPTO

Numeral 11 Art.5 Decreto Ley 1010/2000 y Art. 121 del Código Electoral.

Art. 175 Inciso 2o. del C.E.

Publicación de Listas de Jurados de Votación Conformación de listas Delegados del Consejo Nacional Electora 30 días antes de la elección Se inicia el acceso gratuito de los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica a los medios de comunicación del Estado: 30 días antes de la elección Los partidos políticos presentan a las respectivas Registraduria del Estado Civil listas de los ciudadanos que actuarán como Testigos Electorales.

Selección de Delegados del Consejo Nacional Electoral 15 días antes de la elección

FECHA El 13 de Octubre-2011- Jueves

SOPORTE LEGAL

Art. 148, 157 y 158 del Código Electoral.

El 26 de Octubre de 2011

Art. 31 Ley 78 de 1986

El 29 de Octubre de 2011- Sábado

Art. 206 Código Electoral

CONCEPTO Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales 10 días antes de la elección Reemplazo de candidatos a Alcalde por muerte Miércoles anterior a la elección Inicia la Ley Seca 6 de la tarde del día anterior a la elección Inmunidad de las Comisiones Escrutadoras

El 30 de Octubre de 2011- Domingo

Art. 127 Código Electoral

48 horas antes de iniciarse el escrutinio

EL 30 DE OCTUBRE DE 2011

Art. 1 de la Ley 163 de 1994 Código Electoral.

DIA DE LA ELECCION Ultimo domingo de octubre

Art. 161 Código Electoral El 31 de Octubre de 2011

Los miembros de la Comisión Escrutadora deben asistir a la sede de la Registraduria.

Lunes siguiente a la elección

Art. 206 del Código Electoral.

El 1 de Noviembre de 2011- martes

Art. 160 Código Electoral.

El 6 de Noviembre de 2011- Domingo

Art. 177 del Código Electoral

Finaliza la Ley Seca 6 a.m. del Lunes siguiente a la elección Se Inician los escrutinios Distritales Municipales y Auxiliares 9a.m. Martes siguiente a la elección

Inician los escrutinios Departamentales 9a.m Domingo Siguiente a la elección

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ANEXO 2 RUTA METODOLÓGICA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA INCIDENCIA EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MARIALABAJA Lograr este propósito de participación e incidencia estratégica en el Plan de Desarrollo Municipal de María la Baja, implicó organizar un proceso social y de acompañamiento que se desarrolle atendiendo a las diferentes etapas del ciclo de planeación local. Por esta razón, SE propuso una ruta crítica de trabajo construida con base en las fases de la planeación local, en cada una de las cuales describimos de manera general el conjunto de actividades básicas que serán impulsadas, de acuerdo a las siguientes estrategias políticas: (i) fortalecimiento organizativo y movilización; (ii) comunicación y multiplicación; (iii) investigación aplicada; (iv) formación y (v) incidencia.

FASES DEL PLAN DE DESARROLLO

ESTRATEGIAS

Fortalecimiento organizativo y movilización

84 Comunicación y multiplicación

ACTIVIDADES -Conocimiento y contactos con organizaciones locales.

- Reuniones de concertación (por organización social referente del proyecto) para presentar la propuesta y elaborar agendas de trabajo.

-Conformación de equipos locales de incidencia y gestión.

-Socialización de insumos conceptuales básicos sobre derechos y planeación local.

-Preparación de materiales pedagógicos básicos.

-Recolección

Fase de preparación

Investigación aplicada

Formación

Incidencia

de insumos (Plan de Desarrollo vigente, POT vigente y estudios socioeconómicos de la región.-- -Priorización de problemáticas para la incidencia en la política local.

- Elaboración de diagnósticos participativos sobre la situación de los derechos de cada actoría social referente del proyecto.

-Talleres (por cada organización social referente del proyecto) de formación en (i) enfoque DESCA, (ii) exigibilidad y políticas públicas, (iii) planes de desarrollo, (iv) participación ciudadana y metodologías de investigación participativa, (vi) intercambio de experiencias sobre participación local y (vii) justiciabilidad.

-Reuniones de construcción colectiva de los diagnósticos y propuestas hacía el plan de desarrollo.

-Reuniones de incidencia política con candidatos y candidatas a las alcaldías y concejo municipal.

-Foro sobre políticas públicas sociales y celebración de acuerdos de buena voluntad con candidatos/as.

Fortalecimiento organizativo y movilización

Fase de elaboración y aprobación.

Comunicación y multiplicación Investigación aplicada

Formación

Incidencia Fortalecimiento organizativo y movilización

Fase de aplicación o ejecución

Comunicación y multiplicación Investigación aplicada Formación Incidencia Fortalecimiento organizativo y movilización

Fase de Evaluación.

Comunicación y multiplicación Investigación aplicada

Formación Incidencia

-Reuniones con cada organización social para la implementación de agendas y acuerdos para la incidencia política.

-Elaboración de un boletín o programa de radio para el seguimiento al acuerdo de buena voluntad y para la formación en el Plan de Desarrollo Municipal.

-Publicación y divulgación de los diagnósticos participativos.

-Talleres sobre (i) desarrollo local y desarrollos alternativos, (ii) mecanismos de participación y veeduría social y (iii) planes de ordenamiento territorial.

-Participación en los Consejos Territoriales de Planeación y otras instancias locales de discusión y seguimiento de los planes de desarrollo.

-Socialización del Plan de desarrollo municipal y concertación de mecanismos para su seguimiento.

-Boletín local o programa de radio sobre información relacionada con la implementación de los programas sociales acordados en los planes de desarrollo.

-Elaboración de metodologías y herramientas sobre análisis presupuestario.

-Talleres sobre (i) presupuestos públicos, (ii) trabajo presupuestario y (iii) vigilancia social a las políticas públicas locales.

-Participación en los espacios locales de vigilancia y control ciudadano a nivel local.

-Participación y organización de asambleas de rendición de cuentas.

-Boletines locales o programa de radio con recomendaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de los programas sociales incluidos en los planes de desarrollo local.

-Producción de un documento que sistematiza la experiencia.

-Encuentros de socialización y multiplicación de las experiencias de participación y control ciudadano de las políticas públicas locales.

-Participación en los espacios locales de vigilancia y control ciudadano a nivel local.

85

ANEXO 3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DELOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES (año 2012)

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Tomado de: Los derechos Sociales en los planes de Desarrollo, Manual para la incidencia en las políticas públicas locales, Ángel Libardo herreño, ILSA, Bogotá, Enero de 2012. (Capitulo IV).

BIBLIOGRAFIA

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SPRECHMANN Sofía, PELTON Emily, Guías y Herramientas para la Incidencia Política, Cooperative for Assitance and Relief Everywhere, Inc. CARE) 2001, Atlanta, EE.UU.

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