Desarrollo de ejecutivos

GESTIÓN EMPRESARIAL

ECONOMÍAS FORMAL, INFORMAL Y SUBTERRÁNEA

ALGUNOS DE SUS EFECTOS EN LAS PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS

C.P. Jorge Arturo López Mátuz

Consultoría Integral para Alta Dirección e-mail: jalmatuz@hotmail.com

ucho se ha hablado acerca de la globalización de los mercados, pero poco se habla sobre la corrupción de los mismos y sus efectos en las empresas; sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), como son los negocios de óptica.

Al hacer análisis económicos de los entornos en que se desarrollan las MPYMES, por lo general se toman los datos duros referentes a las operaciones de las empresas debidamente registradas, lo que constituye la economía formal, pero se soslayan los datos (casi inexistentes) de los negocios que no están debidamente registrados, que integran la economía informal y la subterránea. Por esta razón, solamente podemos hacer aproximaciones y determinar tendencias para poder apreciar el futuro de los negocios en nuestro país, y cualquier sugerencia y opinión siempre será bien recibida.

Podemos entender que la economía informal está integrada por unidades económicas lícitas o negocios en pequeña escala, con bajo nivel de organización, tecnología obsoleta o artesanal, ausencia de relaciones laborales formales que incluye la baja calificación de los trabajadores y ausencia de conocimientos administrativos que impiden tener los registros necesarios para satisfacer todos los trámites y requisitos legales. Los elementos principales de calificación son que no

existe intencionalidad de registro y evadir en lo

posible el pago de impuestos.

La economía subterránea abarca a todo tipo de empresas y actividades, legales e ilegales, que son intencionalmente encubiertas a las autoridades para obtener ganancias ilícitas y

fuera de cualquier control gubernamental sin

pagar impuestos.

Para darnos una idea aproximada de la gran importancia económica que este fenómeno tiene para nuestro país, podemos citar varios hechos y datos publicados en instituciones oficiales y en la prensa nacional:

Este no es un problema nuevo, pues ya desde el mes de junio de 1996, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer cifras estimadas del importe de la economía subterránea en México, y no fueron señales de advertencia, sino de verdadera alarma, el saber la opinión oficial de las autoridades al respecto. El INEGI señaló que, en ese tiempo, de cada peso en circulación en nuestro país, 49 centavos correspondían a la economía informal y solamente 51 centavos se derivaban de la economía formal.

Sin embargo, la situación es más grave aún, pues ese Instituto no toma para sus cálculos el importe de dos factores que, dada su magnitud, son de gran significancia para cambiar estas proporciones. Estos elementos son el narcotráfico y la corrupción oficial. Acertados tratadistas estiman que si incorporamos las cifras que corresponden a estas actividades ilícitas, la proporción por cada peso en circulación con que contribuyen las economías informal y subterránea se

eleva a 70 centavos de cada peso, por tan sólo

30 centavos de la economía formal. Si esta cifra nos pareciera exagerada, añadiré que quien fuera Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), Francisco Barrio Terrazas, en octubre del año 2001, durante la firma de un convenio entre dicha Secretaría y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para elaborar un sistema de índices de percepción sobre la corrupción en nuestro país,

dijo que el costo de la corrupción en México es

de 30 mil millones de dólares al año, comentando, además, que esta cifra equivale al 15 % de la masa impositiva de la nación.

A mayor abundancia, el 10 de agosto del 2005 se publicó el resultado de una encuesta efectuada por la empresa C. E. I. Consulting & Research a más de 1.500 empresas, en la que se estimó que la corrupción en México alcanza el 12% del Producto Interno Bruto, esto es más de

43 mil millones de dólares. Asimismo, señaló que la gravedad del impacto social es de tal magnitud que la corrupción empieza con niños de 12 años de edad que ofrecen sobornos a sus maestros para pasar el año, y que de cada diez personas corruptas, 8 son hombres y 2 son mujeres.

En cifras más recientes, el INEGI señala que en el 2021, y como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el número de ocupados en la llamada economía informal aumentó de 29.4 millones a 31.6 millones entre el cuarto trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, lo que implica un incremento de dos millones 159 mil personas en actividades relacionadas al ambulantaje.

Además, en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2021, el mismo Instituto señaló que, a la par del repunte en la informalidad, el empleo precario -en el que se gana un máximo de dos salarios mínimos- también avanzó durante la pandemia al pasar de 10.4 a 13.5 millones de personas, esto es, pasó del 18.8% a 24% de la población ocupada, entre 2019 y 2021. En otras palabras, ante la falta de creación de empleos formales y la carencia de certidumbre en las inversiones del sector privado, tres millones 118 mil mexicanos cayeron en espacios laborales donde ganan un salario precario y cubren jornadas de trabajo excesivas, fuera de lo marcado por la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), estimó que en el año 2019 la economía informal representó el 23% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Es decir que en este sector, por cada peso empleado en operaciones comerciales, 23 centavos no tuvieron control ni pagaron impuestos. A esto se deberá agregar el importe que representan las actividades ilícitas de la economía subterránea. Concluye que en materia de empleo, de cada 100 empleados 56 trabajan la informalidad y solamente 44 lo hacen en la economía formal.

En el mismo sentido, dentro del marco de la Conferencia Internacional México Unido Contra la Corrupción, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México con la participación de la SECODAM y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el director del Capítulo Nacional de Transparencia Mexicana, Sr. Eduardo Bohórquez, aseguró que de acuerdo con estadísticas de esa organización no gubernamental, el problema de la corrupción en México es muy grave, pues solamente en el

año 2001 se registraron un poco más de 214 millones de actos ilícitos por parte de servido-

res públicos. Si consideramos una estimación de tres y medio millones de burócratas en todo el país, por una simple proporción podría decirse que en ese año cada servidor público cometió un promedio de 70 actos ilícitos, cantidad que por las políticas de compras gubernamentales federales por asignación directa, ha ido en aumento hasta la fecha.

Por supuesto que esta última afirmación es muy generalizada, pues nos consta que, aunque en reducidas cantidades, sí hay servidores

públicos que reúnen los elementos de honestidad y eficiencia, quienes merecen nuestro más

alto reconocimiento y que serán la base del profundo cambio para fomentar la credibilidad en sus instituciones que nuestro país necesita.

Por si lo anterior fuera poco, el documento final de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el llamado “Consenso de Monterrey”, firmado en 2002, reconoce a la eliminación de la corrupción como un condicionante para poder tener acceso a los financiamientos destinados al desarrollo social, como pueden ser las áreas de educación, salud, cultura, vivienda, recursos naturales, y que efectivamente lleguen a esas áreas y no sean desviados para otros fines, ya sean de carácter partidista o simplemente para llenar las arcas particulares de unos pocos funcionarios públicos, y especifica:

“Para movilizar los recursos públicos y administrar su uso, es fundamental que los gobiernos cuenten con un sistema que se caracterice por su eficacia, transparencia y sentido de responsabilidad.”

Tomando en cuenta lo anterior y apoyados en el punto número 15 del Consenso de Monterrey, podríamos hacer las siguientes apreciaciones:  Si se registraran la totalidad de los importes de las actividades formales más las de la economía subterránea, el Producto Interno Bruto sería dos veces más del actualmente registrado.  La mayor parte de la carga fiscal del presupuesto de ingresos se deriva (o se podría decir que se exprime) únicamente de los

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participantes de la economía formal, que apenas son un poco más del 30% del total de los contribuyentes.

Principales causas

Podemos afirmar que las principales causas de la economía subterránea son cuatro: 1. Percepción de la confianza y moralidad fiscal: Se define como la actitud ciudadana

hacia el pago de los impuestos.

2. Exceso de reglamentaciones y trámites

burocráticos.

3. Prohibiciones: Existen actividades ilícitas o socialmente indeseables. 4. Necesidad económica real: El gobierno es

el único socio en todas las actividades económicas formales que retira utilidades sin haber contribuido con recursos y sin haber corrido ningún riesgo.

Propuestas para la solución

Si el problema es complejo, las soluciones para su control o erradicación lo son todavía más. Por tanto, a continuación encontrarán algunas propuestas. Todas ellas deben empezar por analizar el sustento legal de los elementos que intervienen en su formación:  La tendencia de las economías informal y subterránea es hacia abajo, es decir, se espera que aumente en su volumen de operaciones e importe monetario. Esta es una consecuencia de las compras gubernamentales que en los últimos años, en vez de seguir procedimientos de licitación señalados por la ley, se están llevando a cabo en forma discrecional generando más corrupción.  Se espera un crecimiento inflacionario globalizado con los consabidos aumentos de precios. Según el INEGI, en México la tasa de inflación para 2021 fue de 7.36%. No se había tenido un aumento de precios tan alto desde hace 20 años, impactando, sobre todo, en el precio de los alimentos. Para el 2022 se estima un mínimo de 4%, pero también indica que durante el año podrían observarse nuevas presiones inflacionarias debido a la prolongación de los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, la volatilidad en los precios de las materias primas, principalmente petróleo y productos agropecuarios, y la reactivación económica del sector de servicios.  La cantidad de efectivo en los bolsillos de cada persona disminuirá en forma considerable.

La clientela será más selectiva y se enfocará en la compra de artículos básicos. Sin embargo, los giros de entretenimiento y de consumo de bebidas serán afectados en menor medida.  A nivel de empresas se debe procurar evitar las ventas a crédito a largo plazo. La recuperación de cartera se vuelve cada vez más importante.  Asimismo, se deben vigilar muy de cerca las existencias de inventarios para detectar productos obsoletos o de poca rotación y concentrarse en aquellos que le dan a la empresa un fuerte posicionamiento en el mercado.  Los sistemas de ventas y de promoción deben modernizarse y acudir directamente al cliente. Esto ahora es más fácil si se emplean sistemas digitales.  Debemos buscar nuevos nichos de mercado en donde podamos ser reconocidos por una habilidad o conocimiento. En esto debemos ser muy creativos.  Vigilar de cerca los compromisos fiscales.

Con las nuevas modificaciones y métodos digitales es muy fácil para las autoridades hacendarias verificar la transparencia y coherencia entre transacciones que impliquen un intercambio monetario, aún sea en efectivo.

El costo fiscal es muy caro.

La participación ciudadana es fundamental para que exista una sociedad organizada y ésta siempre debe vivir dentro de un estado de dere-

cho. Esto es, que debe basar sus resoluciones en un marco legal. Por otra parte, y en este caso más importante aún, no debemos olvidar que un

estado de derecho es un auxiliar de un estado

de justicia. O lo que es lo mismo, las leyes fueron hechas para contribuir a la impartición de la justicia, pero no quiere decir que necesariamente al aplicar el marco legal en forma estricta, se esté haciendo justicia. Algunos juristas se apoyan en la antigua frase “Dura lex, sed lex” (La ley es dura, pero es la ley), por lo que tratan de buscar los más pequeños resquicios en la ley para ganar los casos a su encargo, sin atender a los aspectos de justicia y equidad. A ellos se les podría pedir que atendieran al aforismo del derecho romano que indica “Summa lex, summa injuria”, que podría traducirse como: El exceso en la

aplicación de la ley provoca inequidad e injusticia.

De esta forma, y atendiendo a las cifras a las que ascienden las economías informal y subterránea, vemos que no es proporcional y menos

equitativo que la carga fiscal del 100% de los mexicanos únicamente recaiga en un escaso porcentaje de empresarios y otros contribuyentes cautivos.

El combate a la economía subterránea debe realizarse con base en un profundo análisis de las causas que la provocan e incentivan. Sería un error de las autoridades el pretender encontrar la solución a este gravísimo problema de forma unilateral y a conveniencia de ellas. Es necesa-

rio tomar en cuenta a todos los actores que se dedican tanto a la economía informal, es decir, a quienes realizan actividades que pueden ser lícitas pero evaden el pago de las contribuciones que les corresponden, así como también a los empresarios, empleados y otros sectores

que integran la economía formal, tomando en cuenta la opinión de las amas de casa y a los habitantes de las cercanías de los centros de estas actividades ,y a otros sectores ciudadanos que pudieran estar o ser afectados con estas actividades, para, en conjunto, encontrar un sistema eficaz, transparente y de responsabilidad compartida que proporcione a toda la sociedad un beneficio permanente.

En forma distinta, al resto de los participantes de la economía subterránea que se dedican a actividades fuera de la ley, a esos sí el gobierno debe aplicar en forma estricta, pero siempre justa, las disposiciones legales, para evitar que por el uso de las llamadas lagunas legales los malhechores evadan a la justicia.

Por otra parte, es urgente la concientización cívica de todos los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, para participar

activamente en la vigilancia del gasto público,

llevando a cabo en forma permanente auditorías sociales, aprovechando las oportunidades que nos brinda la reciente Ley de Transparencia, para promover firme y decididamente el empleo honesto y productivo de los dineros públicos. Esta es una actividad que apenas empieza a darse dentro del contexto social y será muy con-

veniente que el sector empresarial participe de forma activa para lograr que los dineros públicos sean canalizados de manera eficiente

y honesta de tal forma que sirvan para impulsar la planta productiva nacional, es decir, que exista presencia en forma verdadera y real en los consumos del sector gubernamental a las empresas de capital mexicano.

También queda mucha de esta culpa a las universidades del sistema educativo nacional que no han incorporado con la fortaleza debida

los conceptos de moralidad y ética en sus egre-

sados, sobre todo en aquellos de la carrera de abogacía, pues es dable fácilmente comprobar que la mayoría de ellos solamente se interesan en ganar los casos a favor de sus defendidos y, por supuesto, de sus bolsillos, tomando en cuenta solamente aspectos de derecho sin considerar para nada los aspectos de la justicia.

Esto no es solamente una opinión personal sino un eco de lo expresado por el filósofo Diderot que decía: “En todo caso, la Moral debe estar por encima del Derecho”. De igual manera, otros destacados juristas como Ángel Ossorio, en el séptimo mandamiento de su “Decálogo Ontológico” indica: “Pon la Moral por encima de las leyes”, lo que es confirmado por Eduardo Couture, que en el cuarto mandamiento de su también “Decálogo” señala: “Tu deber es luchar

por el Derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”.

En México se dan muchos casos prácticos de conflicto entre la Ética, la Moral y el Derecho, que no pueden solucionarse con la aplicación de una teoría superficial aprendida en los sistemas universitarios actuales, sino sólo con un sentido honesto, íntegro y profundamente reflexivo, que además de apuntar la solución adecuada de los problemas, perfeccione, mejore y ennoblezca al ser humano. Los empresarios, como uno de

los sectores principales del fortalecimiento de México, no deben quedar al margen de una participación activa, exigiendo para la erradicación de la economía subterránea y de la corrupción

y para el progreso de nuestro país, la conveniencia y la importancia de volver a establecer un sistema judicial que, apoyado en el Derecho, tenga como objetivo primario la impartición de la Justicia.

El C.P. y maestro Jorge Arturo López Mátuz es socio director de Consultoría Integral para Alta Dirección. Se ha especializado en Capital Humano, Administración y Mercadotecnia. Investigador e innovador, con conocimientos actualizados y más de 40 años de experiencia. Es asesor de organismos empresariales y en el sector público. Comentarista en medios de comunicación y columnista en diversos periódicos sobre temas empresariales.Tiene registrados 81 cursos de su autoría en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y, en forma adicional a las horas de academia, ha impartido más de 3,700 cursos y conferencias acerca de temas de su especialidad. Puede consultarle en el e-mail: jalmatuz@hotmail.com

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