Memorias IX Cumbre INCP

7:00 a.m. - 8:00 a.m.

plenarias

de agosto

Sesiones paralelas

Registro y acreditación.

Apertura institucional. Luisa Fernanda Salcedo, presidenta del INCP8:00 a.m. - 8:20 a.m.

8:20 a.m. - 9:30 a.m.

paralelas

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Novedades y coyuntura económica. Conferencista: Hernando Jose Gómez Restrepo, presidente de Asobancaria

Conversemos acerca de las propuestas del proyecto de reforma a la revisoría fiscal. Panelistas: Luisa Fernanda Salcedo, Presidenta INCP Flor Stella Quiroga, Presidenta Tribunal Disciplinario Junta Central de Contadores Hernando Bermúdez, Universidad Javeriana

11:00 a.m. - 12:00 a.m.

12:00 p.m. - 1:00 p.m.

Las nuevas Normas Internacionales de Sostenibilidad, un recuento del trabajo liderado por la Fundación IFRS y el ISSB. Incidencia en la profesión contable. Conferencista: Arturo Rodríguez, líder senior de mercado para Iberoamérica en la Fundación IFRS

Informe ROSC 2021. Moderador: Claudia Cañas, Socia de Auditoría KPMG. Panelistas: Luisa Fernanda Salcedo, Presidenta INCP - Martha Cecilia Álvarez, Jefe del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia - Daniel Sarmiento Pavas, Asesor del Banco Mundial

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Tendencias globales del cibercrimen que afecta a las organizaciones.

Estudio de caso.

Conferencista: Fermín González, PWC México

Monitoreo y respuesta a incidentes de fraude en la preparación de la información contable y financiera.

Conferencista: Jorge Valencia, EY Perú

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

La importancia del gobierno corporativo para la sostenibilidad de las Pymes globales y locales.

Conferencista: Liliana García Restrepo, Superintendente Delegada de Asuntos Económicos y Societarios, Superintendencia de Sociedades de Colombia y Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras

Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 y 2.

Moderador: Antonio Mella, Socio Auditoría Deloitte Colombia Panelistas: Alexandra Peñuela Cuesto, Miembro SMPAG IFAC - José Orlando Ramírez Zuluaga, Director General Junta Central de Contadores

Por qué la ciberseguridad debe ser una prioridad en la agenda de los contadores públicos.

Conferencista: Fabio Rojas, socio de auditoría TI en KPMG

Características esenciales de las organizaciones de alto rendimiento.

Conferencista: Víctor Gómez, Socio de RSM Colombia

Track A Aseguradores

¿Informes de sostenibilidad para inversionistas o para una amplia gama de stakeholders?

El dilema de la doble materialidad.

Conferencista: Estefania Rubio, miembro de GRI

6:30 p.m.

Track B Preparadores

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Tendencias de transformación y estrategia digital.

La analítica de datos como habilitador de transformación.

Conferencista: Diego Quijano, CEO de BDO Colombia

Track C Innovación

Relevancia y calidad de la educación contable profesional.

Solo la educación asegurará el futuro de la profesión contable.

Conferencistas: Sylvia Meljem, miembro de IFAC y Maria Elena Escobar, decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia

Finalización de sesiones académicas

Acto de celebración: bodas de titanio del INCP - 70 años Club Naval8:00 p.m.

Track A Aseguradores

Track B Preparadores Track C Innovación

Nuestros Patrocinadores

Track A Aseguradores

de agosto

Sesiones paralelas

Transformación digital y datos que impulsan el cambio en el rol de los contadores públicos en los negocios.

Conferencista: Esteban Quiros, miembro de IFAC

plenarias

La ética y los retos para la profesión en Colombia.

Avances del país en la adopción del último CódigoInternacional de Ética emitido por el IESBA.

Conferencista: Flor Stella Quiroga, presidenta del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y Jimmy Jay Bolaño, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Nuevos retos en materia de intangibles, los criptoactivos. ¿Podría ser Colombia un hub de la innovación financiera en América Latina?

Conferencista: Ana María Zuluaga Tafur, coordinadora de la Oficina de Innovación de la Superintendencia Financiera y Luis Eduardo Olaya, gerente de Global Compliance Management Services y miembro del Comité de Criptoactivos del CTCP

9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Cómo gestionar los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluidos los informes de sostenibilidad.

Retos y oportunidades.

Casos de éxito de empresas colombianas lideres en sostenibilidad.

Conferencista: Oscar Rodrigo Rubio Cortés, gerente corporativo de contabilidad en Cementos Argos S.A.

Innovación

Problemática y desafios de la academia en la formación de los futuros contadores.

Conferencista: Carlos Arturo Gómez Restrepo, Miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduria Pública (ASFACOP)

Retos del nuevo mundo laboral.

Conferencistas: Fátima Reims, directora regional de BakerTilly LATAM

¿Cómo

Novedades y coyuntura económica

Hernando José Gómez Restrepo, presidente de Asoban carias

En el panel “Novedades y coyuntura económica” llevada a cabo por el conferencista Hernando José Gómez Restrepo, se dieron datos acerca del crecimiento económico de Colombia este 2022. Después de la pandemia del COVID-19, el crecimiento económico del país ha mostrado un incremento gracias a la adecuada reactivación económica y a las relaciones internacionales establecidas.

Para el segundo trimestre de este año, el crecimiento general de los diversos sectores económicos del país tuvo un incremento del 12.6 %, algunos crecieron más que otros, pero todos estuvieron incrementando sus ingresos. Tanto así que, según las cifras proporcionadas por el conferencista, ya se recuperó todo lo perdido en el año 2020 que fue el año más difícil por la coyuntura social. Sin embargo, el conferencista aclara que la línea de incremento no seguirá en ascenso porque la tasa de crecimiento potencial de la economía colombiana, para este segundo semestre de 2022, se ubica en un 3 % dada la baja productividad. Por ello, uno de los grandes retos que se enfrentará en el país está relacionado con hacer que la economía nacional mejore y la productividad crezca. Las empresas, organizaciones, el Gobierno Nacional y los mismos contadores deberán preguntarse ¿cómo lograr un mejor manejo gerencial en las empresas?, ¿cómo mejorar el manejo de la logística, de los inventarios y de los libros contables para tomar mejores decisiones organizacionales? Y esto podrá ayudar a forjar puntos clave para el fortalecimiento de la economía nacional.

Actualmente, el crecimiento económico ha sido impulsado por las exportaciones, claramente favorecidas por el incremento del precio del petróleo, llegando a un índice del 31,8 % de sustentabilidad; y la inversión, gracias a la reactivación en el país y a que cada vez más empresas y empresarios le han apostado a la inversión de materias primas nacionales. Según las proyecciones del Banco Mundial, el 2022 en Colombia cerrará con buenos números, pero el tercer y cuarto ciclo va a presentar cifras más bajas, principalmente por la normalización o contracción del ciclo económico. Adicionalmente, la entidad proyecta que Colombia será el país con mayor incremento económico en Latinoamérica con un 7.7 % en 2022. Sin embargo, la proyección para el 2023 va a ser de un 2 o 3 % dada la contracción general en todas las economías internacionales.

Finalmente, se expone la importancia de que la reforma tributaria se tramite adecuadamente para generar los recursos requeridos para mantener el balance macroeconómico, ya que el país tendrá el siguiente año un incremento mucho menor y la economía deberá seguir combatiendo la inflación. Por lo cual, las políticas económicas a adoptar deben ser inequívocas y así evitar una recesión.

Redacción INCP

Luisa Fernanda Salcedo – presidenta INCP; Flor Stella Quiroga – presidenta Tribunal Disciplinario Junta Central de Contadores y Hernando Bermúdez – docente Universidad Javeriana

El pasado mes de julio el Comité Nacional para la Reforma de la Revisoría Fiscal presentó el borrador final del “Proyecto de Reforma a la Revisoría Fiscal” al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). Este documento contiene trece artículos que giran alrededor de cinco temáticas: (i) definiciones, (ii) funciones y atributos, (iii) nombramiento y remoción, (iv) entidades obligadas y (v) calidades para ser revisor fiscal.

Luisa Fernanda Salcedo señaló que este proyecto no cuenta con una exposición de motivos, lo cual da pie a múltiples interpretaciones. Sin embargo, considera como aciertos del articulado los siguientes asuntos:

• La mención al interés público en la definición de la revisoría fiscal, pues de alguna manera orienta la discusión sobre por qué se está reformando la revisoría fiscal, el para qué y por qué existe esta función.

• Con respecto a los derechos del revisor fiscal, se incluye en la propuesta que estos profesionales tienen derecho a obtener colaboración y respuesta oportuna de las entidades del Estado a las que consulte, así como de los organismos de inspección, vigilancia y control. El entorno legal colombiano impone al revisor fiscal un alto nivel de colaboración con las entidades de supervisión, vigilancia y control, ya que la revisoría fiscal es vista como el brazo extendido de estas. Lo cual, abre la puerta a una conversación -que es muy importante tener con las mencionadas entidades- acerca de cuáles son los límites y las expectativas de la colaboración en términos de naturaleza, alcance y oportunidad del trabajo a realizar por parte del revisor fiscal.

• Aunque de manera superficial, en el proyecto se mencionan los deberes de lealtad y honestidad de los usuarios del servicio del revisor fiscal. Las relaciones entre el revisor fiscal, las empresas y las personas que se benefician de sus servicios deberían estar sujetas a los postulados de buena fe. Por ejemplo, en el proyecto se menciona que el revisor fiscal tiene derecho a recibir información oportuna y detallada, así como toda la colaboración que sea necesaria. También se indica que la administración debe abstenerse de ocultarle información al revisor, el cual tiene derecho a ser informado oportunamente cuando sean requeridos sus servicios o certificaciones adicionales, además de estar al tanto de las decisiones o los eventos que están ocurriendo en el negocio que puedan llegar a afectar la calidad de la información o el desarrollo de las operaciones. Este punto se complementa con una propuesta realizada por el INCP con respecto a que los administradores deberían ser sujetos de sanciones civiles y penales cuando por medio de instrumentos fraudulentos conduzcan al contador público a conclusiones equivocadas.

Por su parte, Flor Stella Quiroga expresa que, sin duda, es necesaria una redefinición del concepto de revisoría fiscal. La presidenta del Tribunal Disciplinario de la JCC resalta que en el proyecto se privilegia de manera importante el tema de las calidades para ser revisor fiscal, siendo este uno de los problemas que predomina en la profesión contable. Los requisitos para ejercer la revisoría fiscal en Colombia son mínimos y sencillos, tan solo se requiere el título y la matrícula profesional, no hay un requisito que obligue al contador público a calificarse un poco más. Por lo tanto, en el proyecto se presenta por lo menos un paso de mejora en este aspecto, así no esté contemplado de la mejor manera.

Al respecto de este asunto, Luisa Salcedo menciona que el proyecto de alguna manera deja la puerta abierta a un desarrollo progresivo, pues no se establece diferencia -en términos de requisitos- entre un contador público que tiene

Conversemos acerca de las propuestas del proyecto de reforma a la revisoría fiscal

la posibilidad de prestar cualquiera de las actividades relacionadas con su profesión y un revisor fiscal. Si bien en el proyecto se modifican los años de experiencia, no se desarrolla el tema de especialización, lo cual ha generado muchas inquietudes, pues en el artículo 7 se menciona que el revisor fiscal debe tener una especialización en auditoría o revisoría fiscal. En ese sentido, ¿se puede entender como especialización la combinación de competencias y experiencias que el profesional contable ha acumulado durante su ejercicio profesional? En algunos campos en los que se desempeña el revisor fiscal, y en particular en el tema de aseguramiento para empresas del Grupo 1, se requiere que este cuente con un nivel de especialización mayor en comparación con otras actividades de la profesión, lo cual no se refleja en el proyecto. Así pues, el documento abre un espacio para que haya un requerimiento de mayor profundización de conocimientos, una renovación de la matricula profesional cada cierto tiempo o una demostración de conocimientos. Otro tema que no se contempla en el proyecto es el desarrollo profesional continuo de los contadores públicos.

Flor Stella Quiroga considera que en la reforma a la revisoría fiscal se plantea un desafío para la profesión contable que, sin duda, se tiene que asumir y concierne a establecer un órgano de gobernanza que se haga cargo de estructurar el desarrollo profesional continuo y el sistema de acreditación técnica que necesitan los profesionales contables para fungir no solamente como revisores fiscales, sino como contadores. Esto tiene que ser un proyecto de ley donde se le asigne autoridad legal a una organización que haga cumplir los requisitos y las exigencias sobre el desarrollo profesional que ha de tener un contador para ejercer como tal.

Por su parte, Hernando Bermúdez menciona que en la actualidad hay programas de contaduría pública en el país que no cuentan con una materia de revisoría fiscal y, en otros casos, esta materia es opcional, por lo que se puede decir que no todos los contadores tuvieron formación en este campo. Adicionalmente, existen materias de revisoría fiscal que, a consideración de Bermúdez, están dedicadas a otros asuntos que no son particularmente de este campo. En este punto, Flor Stella Quiroga manifiesta que es un tema peligroso para la profesión, ya que no solamente muchas universidades no tienen dentro de sus programas una materia de revisoría fiscal, sino que además estos son cada vez más cortos y dictados en la virtualidad. El Informe ROSC 2021 menciona que realmente la gran mayoría de los contadores no saben de estándares internacionales de contabilidad y auditoría, y podría inferirse que se refiere a los contadores que trabajan en las micro y pequeñas empresas. No obstante, el mismo informe señala que entre el año 2017 y 2021 la Superintendencia Financiera rechazó a 15 contadores para el cargo de revisor fiscal de bancos porque, entre otros requisitos, no cumplían con el dominio de los estándares. Así pues, el proyecto de reforma de la revisoría fiscal, tal cual como está planteado, no aborda esta problemática; pero, además, recordemos que el principio de autonomía de las universidades también dificulta su resolución.

Por otra parte, Quiroga menciona que durante mucho tiempo la profesión contable ha estado polarizada, un extremo nacionalista que no quiere absolutamente nada de estándares internacionales, otro extremo que los apoya, y la inmensa mayoría en el centro que no dice nada. Por lo tanto, esto convierte a la profesión en una población absolutamente reactiva, es decir, sólo se reacciona en el momento en el que ocurren las cosas. Así mismo, menciona que como está planteado el proyecto se está tratando de darle gusto a todo el mundo y no hay concentración en un único objetivo, además de que se desvía la problemática que realmente tiene la profesión contable.

En otro orden de ideas, Flor Stella Quiroga se refiere al numeral cuatro del artículo 2 del proyecto de reforma, el cual pretende establecer las funciones del revisor fiscal mencionando que este deberá evaluar el sistema de control interno y sus elementos, de tal manera que se verifique el desempeño de sus objetivos. La panelista considera que al contrarrestar esta disposición con el artículo 209 del Código del Comercio hay una discrepancia, ya que el artículo en mención establece que el revisor fiscal debe referirse con respecto a si existe y si es adecuado el control interno de la entidad. Así las cosas, debería haber claridad en el proyecto sobre lo que hace el administrador y cuáles son sus responsabilidades; y cuáles son las del revisor fiscal.

Para Bermúdez, el proyecto de reforma ignora muchos problemas de la vida real y en ese sentido resulta insuficiente. El proyecto está pensado para una parte del mundo y no para todo el campo en el que se mueven los contadores públicos colombianos. Otro punto mencionado por el profesor Bermúdez es que una verdadera reforma de la revisoría fiscal implicaría reformar la administración de las empresas y el sistema de inspección y vigilancia, no se puede permitir que

estos estamentos actúen a su parecer y después se termine señalando o cuestionando la responsabilidad del revisor fiscal. Se necesita un proyecto que establezca que el administrador es responsable del cumplimiento de la ley y el revisor fiscal el responsable de examinar si los administradores velan por dicho cumplimiento.

Por último, Hernando Bermúdez extendió una invitación a toda la comunidad contable a leer las propuestas del proyecto de reforma, a manifestar si se está o no de acuerdo con su propósito para así mejorarlo. Por su parte, Flor Stella Quiroga también se sumó a esta invitación mencionando que el compromiso con la profesión contable continúa y que los contadores públicos son los principales llamados a tomar un rol de participación activa en estos proyectos sumamente importantes para el futuro de la profesión.

Redacción INCP

Las nuevas Normas Internacionales de Sostenibilidad, un recuento del trabajo liderado por la Fundación IFRS y el ISSB. Incidencia en la profesión contable.

Arturo Rodríguez - líder senior de mercado para Iberoamérica en la Fundación IFRS

El panorama actual de la sostenibilidad está caracterizado por dos fuerzas: iniciativas voluntarias e iniciativas de regulación (obligatorias). Esto, unido a la multiplicidad de estándares y requerimientos de diferentes jurisdicciones crea un sistema dispar haciendo que las divulgaciones en materia de sostenibilidad sean costosas y complejas para las empresas. Por ello, la Fundación IFRS –a través de su recién creado Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés)- propone crear una arquitectura de sostenibilidad basada en tres tipos de requerimientos: los generales (proporcionan información material sobre los riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad y aplican a cualquier empresa), los temáticos (abordan temas específicos de la agenda ambiental, social y de gobernanza - ASG) y los industriales (se enfocan en temas ASG en el contexto de cada industria y sector). A su vez, estos requerimientos están englobados en cuatro ejes centrales que se construyeron con base en las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés): gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y, métricas y objetivos ligados a la sostenibilidad.

El Proyecto de Norma NIIF S1 es un documento de requerimientos generales que pretende que las organizaciones proporcionen información material sobre todos los riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad que sean necesarios para entender su valor. Este hace hincapié en la interconectividad del reporte de la información financiera y de sostenibilidad para dar al inversionista una visión completa respecto a los riesgos, además de definirse en los cuatro pilares del TCFD así:

• Gobernanza: solicita proporcionar información para comprender los procesos, controles y procedimientos dentro del gobierno corporativo.

• Estrategia: requiere información respecto a la estrategia con la que la organización abordará los riesgos que afectan su valor en el corto, mediano o largo plazo.

• Gestión de riesgos: solicita información sobre los procesos que la empresa utiliza para identificar, evaluar, administrar o gestionar riesgos y oportunidades.

• Métricas y objetivos: solicita información sobre cómo la organización mide, monitorea y gestiona sus riesgos, y se dirige hacia sus objetivos de sostenibilidad.

El Proyecto de Norma NIIF S2 es un borrador temático que busca que las organizaciones proporcionen información material sobre todos los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático que sean significativos y necesarios para evaluar el valor de la empresa, incluyendo riesgos físicos (impacto de cambios en el clima) y riesgos climáticos transicionales (desenvolvimiento ante diferentes escenarios climáticos y sus oportunidades). Este viene acompañado de anexos donde se incluyen indicadores basados en los estándares del Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés) y en los cuatro pilares de TCFD. También solicita a las organizaciones reportar la información sobre sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3, objetivos y plan de compensación e informar sus planes de transición hacia la neutralidad de carbono.

El trabajo de la Fundación IFRS y del ISSB en materia de sostenibilidad se basa en tres herramientas: las recomendaciones del TCFD, el Marco de Reporte Integrado y los estándares del SASB. Las prioridades futuras del ISSB son crear una taxonomía digital sobre sostenibilidad mediante la tecnología XBRL, mejorar el contenido y neutralizar el lenguaje de sostenibilidad.

Redacción INCP

Informe ROSC 2021

Luisa Fernanda Salcedo, presidenta del INCP – Jaime Alberto Guevara, profesor vinculado en la Universidad de Antioquia - Daniel Sarmiento Pavas, asesor del Banco Mundial

Moderador: Claudia Caña, socia de KPMG

El Informe ROSC es una herramienta diagnóstica que utiliza en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para verificar el cumplimiento de estándares, normas de contabilidad y de auditoría en un país. Con respecto al desempeño de Colombia en estos aspectos, el Informe ROSC 2021 reveló lo siguiente:

• Es muy fácil ser contador y llegar a ejercer la auditoría en Colombia. Se sugiere que se impongan barreras de entrada para la praxis: exámenes que sirvan como filtro para la obtención del título profesional, requerimiento de tres años como mínimo para llegar a ser auditor y certificación del desarrollo continuo educativo para ejercer tareas de auditoría y aseguramiento. Además, se debe hacer la diferenciación entre contador y contador público certificado.

• Se debe incentivar el desarrollo educativo y la educación continua de los contadores en aras de mejorar su competencia profesional y una adecuada adopción e interpretación de las normas internacionales. Daniel Sarmiento señaló que en Colombia solo el 10 % o 12 % de los programas de contaduría pública tienen acreditación de alta calidad, esto significa que el grueso de la profesión no tiene una formación de calidad aceptable y que la tendencia a convertir en un negocio la educación no permite que se establezcan barreras de entrada. También considera que hay poco compromiso por parte del Ministerio de Educación con la profesión contable y que en nuestro país es necesaria la movilidad en la educación terciaria, es decir, transferencia entre el bloque de educación técnico y la educación profesional. Por otro lado, Alberto Guevara manifiesta que la investigación contable es esencial para evaluar el estado de la calidad de la información contable, pero según el docente, al contador no le gusta la investigación y en este ámbito hay mucho por trabajar en la profesión.

• Los organismos de control como la Junta Central de Contadores (JCC) y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) carecen de herramientas para el cumplimiento efectivo de sus funciones. Daniel Sarmiento afirma que el CTCP no posee una estructura propia, pues no cuenta con un presupuesto propio y depende de los contratistas que proporciona el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esa dependencia ha motivado la falta de recursos necesarios para cumplir a cabalidad sus funciones, pues en los últimos años el presupuesto de este organismo ha ido disminuyendo sustancialmente. El asesor del Banco Mundial también menciona que la JCC tiene los fondos, pero no puede utilizarlos, por lo que no tiene efectos prácticos en la supervisión efectiva del ejercicio profesional. Por lo anterior, Sarmiento considera que se deben hacer cambios de fondo en ambos órganos y en el enfoque del gobierno de la profesión contable.

• Las agremiaciones y organizaciones de contabilidad deben desempeñar las funciones de supervisión de cumplimiento en materia de auditoría, ética y educación profesional continua. No obstante, Luisa Salcedo señala que hay un largo camino por recorrer, puesto que no hay obligación de agremiación en el país. Adicionalmente, expone que se debe definir -mediante el diálogo conjunto entre Ministerio de Educación Nacional, el empresariado y la agremiación- hasta dónde y qué dirección deben llevar los contadores en su desarrollo profesional continuo

Reevaluar los umbrales de los grupos (1,2,3) que se manejan en Colombia para garantizar que la clasificación corresponda a las necesidades de información de los principales usuarios de los estados financieros. Ante esto, Luisa Salcedo realza la importancia de tener en cuenta la definición de interés público de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) para tener certeza y claridad de quiénes deben aplicar las NIIF Plenas y la NIIF para Pymes.

Fermín Gonzáles de PWC México dirigió la sesión paralela “Tendencias globales del cibercrimen que afectan a las organizaciones” en la cual explicó que tras la coyuntura por el COVID-19 las organizaciones tuvieron que implementar nuevas formas de trabajo en sus espacios, lo cual puso en riesgo diversos aspectos de seguridad de la información. Los contadores públicos, hacen parte del anillo de seguridad, pues son guardianes de la información financiera y participan de la custodia de datos que se genera en torno a ella.

La ciberseguridad, desde finales del 2020, ha tenido una gran importancia en el desarrollo de un nuevo mundo empresarial orientado a la tecnología, lo cual ha desplegado nuevos riesgos. Según la encuesta Global CEO Survey 2022, los riesgos que pueden enfrentar las empresas son: los riesgos cibernéticos con un 71 %, los riesgos relacionados a la salud -derivados de la pandemia- con un 52 %, la volatilidad macroeconómica con un 53 %, el cambio climático con un 48 % y la desigualdad social con un 40 %.

Los riesgos cibernéticos incrementaron globalmente a medida que las empresas priorizaron una digitalización acelerada, pues, conforme incrementen las decisiones de desarrollo, más se expone la entidad a estos riegos. El 62 % de los empresarios buscan innovar en la forma como están trabajando y aprovechando la tecnología. Si bien, el riesgo cibernético genera problemas en la seguridad, estos están asociados en un 52 % al desarrollo y venta de nuevos productos y en un 46 % a la investigación previa a la comercialización.

Adicionalmente, el conferencista agregó que una de las formas de prevenir los nuevos riesgos que se presentan hacen parte de la planeación y organización de los servicios y productos prestados por la organización para darle dirección, fuerza y sentido a un plan de ciberseguridad. En Latinoamérica, las principales herramientas y metodologías usadas que conforman un modelo de acción son la inteligencia de amenazas en tiempo real, la detección autónoma de amenazas, en particular, la seguridad cognitiva y el uso de estándares y marcos aceptados en herramientas de evaluación y diagnóstico.

A medida que se generan y comparten más datos, estos se convierten en el elemento vital del ecosistema empresarial haciéndolos cada vez más valiosos para las organizaciones y los actores de amenazas. Uno de los grandes retos de las organizaciones es innovar a la misma rapidez con la que se presentan las oportunidades, por lo cual, la digitalización plantea un riesgo cada vez mayor de amenazas y vulnerabilidades de seguridad cibernética. Por lo anterior, es fundamental que las empresas adopten la transformación y desarrollen un enfoque eficaz y ágil de la ciberseguridad.

Tendencias globales del cibercrimen que afectan a las organizaciones

Fermín González, PWC México

Jorge Valencia, EY Perú

Fraude es cualquier acto intencional con el que una persona busca apropiarse de la propiedad o dinero de otros haciendo uso de engaños u otro medio injusto. El fraude ocurre por presión (estímulo), oportunidad y/o racionalización (justificación).

La pérdida promedio anual a nivel mundial por fraude desde la acción de los altos mandos, directivos y ejecutivos es de 337.000 dólares; a nivel de gerencia es de 125.000; y a nivel de empleados es de 50.000.

Existen mecanismos de prevención de fraude como el control interno que actúa preventivamente sobre la alta dirección o gobierno corporativo de la organización, este evalúa el ambiente de control, realiza validación de controles e investigación y promueve el monitoreo continuo. No obstante, pese a la aplicación del control interno y la auditoría externa, el fraude se puede dar por la ausencia de controles adecuados o por su elusión. Ante esto, se pueden realizar las siguientes acciones: implementación de canales de denuncia, contratación de personal capacitado, aplicación de tecnología y sistemas financiero contables automáticos.

Los fraudes en Latinoamérica se pueden detectar por:

• Accidente: hallar un caso de fraude de manera accidental toma un periodo de 23 meses desde la realización del acto.

• Auditoría externa: el periodo de detección es de 20 meses.

• Línea ética-canal de denuncia: posee un periodo de detección del fraude de 12 meses.

• Conciliación de cuentas: tiene un periodo de detección de 8 meses.

• Monitoreo de cuentas: periodo de detección de 6 meses.

Como se evidencia, los tiempos de detección de los fraudes son largos, sin embargo, dicho tiempo puede disminuirse significativamente si se hace uso de las nuevas tecnologías -como el machine learning-y se define cuál es el actuar debido para posteriormente realizar la analítica predictiva, como, por ejemplo, identificar cuál es el proceso para analizar, cuáles son las reglas para validar y cuáles son las fuentes de información. Estas últimas pueden ser la información transaccional estructurada y la data no estructurada (correos electrónicos, imágenes, redes sociales, etc.). Una vez se cuenta con las fuentes de información, se hace la extracción de los datos y se procede a analizarlos, el cual puede hacerse de manera comparativa a partir de la identificación del preparador, la fecha de contabilización vs la fecha de registro, la cantidad de registros o el número de facturas del proveedor vs el número de facturas del proveedor a otros clientes.

Ante posibles casos de fraude y tras la obtención de la evidencia contundente, la respuesta es, primero, salvaguardar la información que sirva de evidencia, no alertar a los involucrados y acudir a los organismos correspondientes para que se tomen las medidas legales contra los sujetos generadores del fraude.

Monitoreo y respuesta a incidentes de fraude en la preparación de la información contable y financiera

Liliana García Restrepo, superintendente delegada de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras

En Colombia más del 90 % del empresariado está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), lo que permite entrever la importancia que tiene para la economía del país que estas puedan crecer, fortalecerse y estar en marcha. No obstante, las MiPymes cuentan con un alto grado de informalidad en lo que respecta a su estructura de gobernanza, puesto que más de la mitad de estas empresas son familiares, no tienen plan de sucesión o de retiro, y no cuentan con un consejo de familia, por lo que todas las decisiones están sujetas a una sola persona y la mayoría de las juntas están compuestas por sus propios accionistas. En otras palabras, las MiPymes en Colombia carecen de una estructura de gobernanza que limita los medios de gestión para promover su buen funcionamiento y perduración.

Para sobrevivir y crecer las empresas deben estar adecuadamente gobernadas, es decir, deben contar con un buen gobierno corporativo que responda a las complejidades de su naturaleza. En las MiPymes, el gobierno corporativo permite construir un marco de referencia de procesos y actitudes empresariales, agregar valor, construir reputación y garantizar su continuidad y éxito en el largo plazo, además, permite retener el talento humano y gestionar los riesgos de conflictos de interés; es decir, permite adquirir una sostenibilidad empresarial.

Para que las MiPymes lleguen a contar con un buen gobierno corporativo se debe hacer una identificación de las mejores prácticas y estándares; las acciones de cambio deben ser analizadas mediante un diagnóstico del estado de madurez de la empresa, asignación de plazos y prioridades; y se debe encaminar un plan de acción con objetivos bien definidos para el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, los temas prioritarios para el logro de cambios deben empezar por la sensibilización y compromiso de los propietarios, la definición de la junta directiva y la administración. Una vez esto se encuentre realizado, se puede continuar con el levantamiento del ambiente de control, una definición de políticas de gestión de talento humano y el relacionamiento con grupos de interés para la entidad y, por último, pero no menos importante, la construcción de información (revelación financiera e informes de gobierno corporativo).

La importancia del gobierno corporativo para la sostenibilidad de las Pymes globales y locales

Redacción INCP

Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 y 2

Alexandra Peñuela Cuesto – miembro SMPAG IFAC y José Orlando Ramírez Zuluaga – director general Junta Central de Contadores

Moderador: Antonio Mella - socio Auditoría Deloitte

José Orlando se refirió al ejercicio de inspección que adelantó la Junta Central de Contadores (JCC) en 2021 sobre la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) – Control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. En ese año, la JCC visitó a 1.002 personas naturales, de las cuales 31 contaban con el 100 % de avance en la implementación de esta norma, 471 personas presentaron un avance entre el 20 % y el 80 % y 500 personas tenían un avance menor al 20 %. Por otra parte, la JCC visitó a 821 sociedades, de las cuales 49 contaban con un avance del 100 %, 579 con un avance entre el 20 % y el 80 % y 193 sociedades con un avance menor al 20 %.

Con respecto a las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad, si bien aún no son obligatorias en Colombia -porque todavía no se ha emitido el decreto reglamentario-, José Orlando expresó su apoyo por estas buenas prácticas que son producto de los esfuerzos que hace la comunidad internacional, por ello invitó a las firmas a acoger las nuevas normas.

Por su parte, Alexandra Peñuela se refirió al concepto de gestión de calidad pues existen varias definiciones y menciona dos factores importantes en los nuevos estándares, el primero es la habilidad de detectar errores materiales y el segundo es la habilidad de reportar dichos errores materiales sobre encargos, específicamente donde la persona responsable es el socio de este. Dicho socio por lo general hace parte de una organización donde hay varios clientes y encargos, por lo cual el sistema de gestión de la calidad debe ser establecido y monitoreado de forma transversal para todos esos procesos.

Los procesos de calidad son importantes porque se relacionan directamente con la satisfacción, credibilidad y lealtad de los clientes a ciertos productos o servicios. Adicionalmente, la calidad reduce los riesgos de servicios que no están acordes con la oferta de valor que se ofrece. Contar con procesos de calidad mejora los procesos de un negocio, ya que estos se aplican de una forma rigurosa por quien ejecuta el servicio y por la alta dirección creando una cultura de calidad. Los procesos de calidad funcionan mucho mejor en un entorno en el que se cuenta con un fuerte apoyo de la dirección. En las firmas de auditores, la calidad es la columna vertebral en la prestación de servicios que son base para la toma de decisiones, no solamente de las compañías, sino también de sus partes interesadas. Desde el 2013, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés) determinó la necesidad de desarrollar unos nuevos estándares de calidad sobre las siguientes necesidades:

• Mejorar la gobernanza y el liderazgo de las firmas y la cultura de la dirección, específicamente sobre los temas de calidad.

• Abordar la aparición de nuevas tendencias, por ejemplo, la manera en que las firmas se comunican con las partes interesadas en su negocio.

• Abordar los desafíos que enfrentan las firmas más pequeñas en la aplicación de estos estándares.

• Fortalecer la responsabilidad del socio y el compromiso del encargo.

Cabe mencionar que las nuevas normas de gestión de calidad están compuestas por las siguientes normas:

• Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 (NIGC 1) –Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías o revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad o servicios relacionados

• Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2 (NIGC 2) –Revisiones de la calidad de los encargos.

• Norma Internacional de Auditoría 220 (NIA 220 - revisada) –Gestión de la calidad de la auditoría de estados financieros

Estas normas serán aplicables a nivel internacional desde el 15 de diciembre de 2022 con una revisión del sistema de gestión de calidad instaurado en diciembre de 2023. Los nuevos estándares también se han modernizado para tener en cuenta las tendencias y tecnologías emergentes y reflejar un enfoque más fresco para la gestión de la calidad. Estos tres estándares están interrelacionados, la NIGC 1 es el estándar que se ocupa de la responsabilidad de la firma de tener un sistema de gestión de calidad, la NIGC 2 es el estándar de revisiones de calidad del compromiso y aunque se trata de un nuevo estándar, muchos de los elementos de esta norma vienen de la NICC 1 y de la NIA 220; y por último, la NIA 220 (revisada), la cual aborda cómo la calidad es administrada a nivel del encargo de auditoría por el socio de compromiso y más específicamente, se ocupa de cómo el socio de compromiso aprovecha el sistema de gestión de la firma y gestiona la calidad a nivel del compromiso específicamente de auditoría o de aseguramiento. La firma de auditoría, independientemente de su tamaño, está obligada a cumplir con la NIGC 1, este estándar está diseñado para que se implemente en su totalidad, pero con escalabilidad.

Con relación a los componentes del sistema de gestión de calidad, la NIGC 1 hace claridad de ocho componentes, con dos nuevos elementos con respecto a la norma anterior: la evaluación de riesgos e información y comunicación. Estos componentes son muy similares a los de la norma anterior, sin embargo, hay una diferencia clave ya que el nuevo estándar contempla un enfoque más iterativo e integrado para gestionar la calidad. Así pues, la firma mira la gestión de calidad en su conjunto y piensa en lo que necesita, en lugar de centrarse en un elemento en específico; por lo cual, el nuevo estándar ha sido diseñado para identificar las interrelaciones entre los componentes y cómo se afectan entre sí.

A medida que la firma se prepara para la implementación de estos nuevos estándares, es posible que se deba considerar cuidadosamente cómo se gestionará el cambio y preguntar algunas cosas como, por ejemplo, si hay un compromiso por parte de los líderes de la firma. Alexandra Peñuela hace un llamado de atención en cuanto a que el compromiso de calidad debe darse específicamente desde la alta dirección. Adicionalmente, esta se debe preguntar acerca de si es necesaria una reestructuración organizacional, cómo se comunicará la nueva información y los cambios a realizar, y cuál será la inversión que se tendrá que ejecutar a nivel financiero, de recursos y personal, incluyendo recursos externos.

Con respecto a otros aspectos claves de la NIGC 1, se habló acerca de la gobernanza y liderazgo, y responsabilidad general del sistema. Este componente fue una de las cuestiones más críticas de interés público en las que el IAASB se centró para el desarrollo de la nueva norma, ya que ha habido una serie de fallos corporativos que han planteado cuestionamientos fundamentales sobre la pertinencia y calidad de las auditorías. Así pues, la nueva norma aborda con mayor solidez los roles y las responsabilidades de liderazgo como, por ejemplo, especificar quién es el último responsable del sistema de gestión de calidad y también algunos otros roles clave en el sistema que deben asignarse a las personas adecuadas. La norma también aclara quién deberá ejercer estos roles y exige que estos tengan la influencia y autoridad apropiada dentro de la firma.

Ahora bien, con respecto al porqué del cambio de un estándar de control de calidad a uno de gestión de calidad, esto se debe a los numerosos casos en donde se han cuestionado las prácticas de auditoría de muchas empresas. Este cambio responde a las nuevas tendencias donde se hace necesario replantear lo que impacta a una firma en particular. Así pues, el cambio hacia la gestión de calidad se logró mediante la incorporación de un enfoque basado en riesgos, es decir, la gestión del riesgo para la calidad. Esta nueva dirección se introdujo para facilitar la gestión proactiva de la calidad y para permitir que el sistema se adaptara en función de la naturaleza, las circunstancias de la firma y de los compromisos que realiza. Este enfoque se incorpora en el nuevo estándar a través de una serie de nuevos requisitos en el componente de evaluación de riesgos de la firma, el cual abarca los siguientes elementos esenciales:

• El establecimiento de los objetivos de calidad, lo que la firma necesita para lograr gestionar constantemente la calidad de sus compromisos.

• La identificación y evaluación de los riesgos de calidad, relacionado con lo que podría salir mal en la consecución de los objetivos establecidos.

• El diseño e implementación de las respuestas, contempla los controles que la firma pone en marcha para abordar los riesgos de calidad.

En relación con el componente de recursos, la NICC 1 hablaba únicamente sobre los recursos humanos, mientras que la NIGC 1 incluye otros, como los recursos tecnológicos, intelectuales y financieros. A nivel de información y comunicación -uno de los nuevos componentes-, aborda temas de comunicación interna y externa y cómo los mismos deberían ser gestionados. Por otra parte, la NIGC 1 establece el requisito de que la firma desarrolle políticas o procedimientos que determinen cuáles encargos requieren de una revisión de calidad. Si hay compromisos donde se requiere una revisión de calidad, entonces se activa la necesidad de aplicación de la NIGC 2.

Con relación a la NIA 220 (revisada) se aclara que el socio del encargo tiene la responsabilidad general de administrar y lograr la calidad en el compromiso, esto incluye la creación de un ambiente dentro del equipo de trabajo que haga énfasis en la cultura de la firma y el comportamiento esperado de sus miembros. Al igual que la NIGC 1, la NIA 220 (revisada) cubre una amplia gama de recursos, no solamente humanos, sino todos los recursos tecnológicos y de proveedores de servicios e intelectuales. Asimismo, esta norma requiere que el socio del encargo asuma la responsabilidad de la dirección y supervisión del equipo y la revisión de su trabajo. Esta dirección, supervisión y revisión debe adaptarse a la naturaleza específica y a las circunstancias de la auditoría y los recursos que se tienen para esta.

Por último, Peñuela se refirió a la necesidad de concientizarse acerca de la importancia que tiene la credibilidad de la profesión contable y, en ese sentido, todos los esfuerzos de los contadores deben estar encaminados a recuperar y fortalecer esa confianza. En línea con esto, manifestó que no hay que tener temor a la implementación de estos nuevos estándares, es cuestión de hacer el ejercicio paso a paso y tener una ruta de lo que se va a hacer y con quién, ya que el resultado de la implementación de estas buenas prácticas hará crecer a las firmas de auditoría.

INCP

Fabio Rojas, socio de auditoría TI en KPMG

El riesgo cibernético es una amenaza persistente y sofisticada que ha sido calificada por los reguladores como el principal riesgo para la estabilidad financiera que pesa sobre los gobiernos y empresas de servicios financieros. Por lo cual, a mayor desarrollo de la tecnología, mayores riesgos en la ciberseguridad. Si bien este es un tema que hace parte de la agenda del área TICS de la organización, cada una de las personas que integra el equipo de trabajo tiene responsabilidad en el cuidado de la información, esta no solo se puede asignar a los sistemas informáticos.

Fabio Rojas, el conferencista de esta sesión paralela, asegura que el área contable debe estar informada y pendiente de la red y los sistemas digitales que son usados en sus labores para que en caso de un ataque pueda ayudar en la resolución de los problemas. Así pues, uno de los grandes retos que enfrentan los gerentes de las empresas es lograr el compromiso de los demás actores para tener una estrategia de prevención clara frente a los posibles riesgos asociados a la ciberseguridad. Entre más prácticas seguras se ejecuten, mayor precaución se tendrá en el uso de la información y los datos. Se trata de cerrar la brecha entre áreas organizacionales para que no solamente la parte de manejo de tecnología tenga la responsabilidad de ser cuidadores de la información, sino que las otras áreas participen de estrategias claras de ciberseguridad.

Agregado a esto, la parte contable de la organización también debe participar de la discusión de estrategias de ciberseguridad dado que las pérdidas de información pueden ser materiales. La normatividad en materia de ciberseguridad no define bien los términos de materialidad, por ello los contadores deben implementar sus conocimientos para saber qué información podría ser imprescindible y cuál no. De esta manera, Fabio Rojas estableció claridad frente a que en las organizaciones todas las actividades deben estar orientadas en la prevención, detección y minimización de los efectos de los ciber incidentes.

Las medidas de control frente a los riesgos cibernéticos deben ser lideradas no solo por la organización o el personal de tecnología, sino también por los contadores públicos, pues ellos son los que cuidan la información financiera. Por ello, a la hora de establecer planes de trabajo es fundamental preguntarse acerca de ¿qué debe hacer el contador público y cómo puede este participar de las exigencias de seguridad?

Redacción INCP

¿Por qué la ciberseguridad debe ser una prioridad en la agenda de los contadores públicos?

Una organización de alto rendimiento es aquella que obtiene resultados financieros y no financieros muy superiores a sus homólogas durante un periodo de tiempo de cinco años -o más-, en los cuales hizo hincapié en lo realmente importante para la organización. Estas empresas obtienen incrementos en las ventas del 4 % al 16 %, en la rentabilidad del 14 % al 44 %, un retorno de inversión del 15 % al 26 %, un retorno en el patrimonio del 9 % al 25 %, un retorno en ventas del 2 % al 18 %, un retorno al accionista del 4 % al 42 % y un retorno en activos del 1 % al 12 %.

Las características esenciales de las organizaciones de alto rendimiento son la innovación, la identificación de su esencia y el valor agregado a sus clientes, además de la integración de la tecnología en su actividad, el cambio y mejora continua, las estrategias a largo plazo y el involucramiento de las personas capaces en todos los procesos de la entidad.

Un ente que pretenda llegar a ser una empresa de alto desempeño debe contar con una buena calidad de gerencia, esto significa que los directivos tengan una relación cercana con los colaboradores y los hagan partícipes de los procesos y operación de la empresa, que valoren su fidelidad, que traten a las personas de manera justa, que mantengan el diálogo frecuente, que aprendan de sus errores y sean capaces de proponer y ejecutar mejoras tras identificar la causa raíz del error, y que posean poder de resolución ante la toma de decisiones. También deben tener la idea prevaleciente de que la rentabilidad a largo plazo es más importante que el beneficio a corto plazo; favorecer la creación de valor para los clientes y contribuir con la sostenibilidad social; levantar estrategias diferenciales que permitan que la empresa destaque y busque la mejora continua alineando sus procesos para responder con eficacia y eficiencia; y medir y analizar todo dentro de la empresa en aras de monitorear la consecución de los objetivos a partir de medidas de control.

Los equipos de trabajo dentro de las empresas de alto rendimiento también son un factor esencial. Estos no se manejan bajo el precepto de jefe – empleado o jefe – subordinado, pues tienen una visión de la empresa desde una perspectiva más integral. En esta clase de equipos prima el liderazgo abierto e integrador, la autonomía que se traduce a la no aplicación de sanciones y flexibilidad horaria, claridad y transparencia, motivación, iniciativa, responsabilidad compartida, comunicación, e innovación y progreso. Además, se promueve la no discriminación, la nulidad de las brechas salariales, igualdad de oportunidades, el ocio, el reconocimiento público y el respeto.

Redacción INCP

Características esenciales de las organizaciones de alto rendimiento

Víctor Gómez, socio de RSM Colombia

Estefanía Rubio, miembro de GRI

La necesidad de rendición de cuentas y medición de la información sobre sostenibilidad a través de indicadores llevó a la creación de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés) en 1997, cuyos estándares son de tres tipos: universales, sectoriales y sistemáticos.

Dado el contexto actual, se puede decir que el reporte sobre sostenibilidad va en camino a la obligatoriedad. Las empresas cada vez más ven la necesidad de reportar información sobre asuntos ambientales, sociales y de gobernanza para informar a las partes interesadas acerca de cómo la sostenibilidad se encuentra alineada con su visión y estrategia, los compromisos adquiridos en esta materia y la forma en como gestionan la mejora continua. Las empresas han entendido que la sostenibilidad impacta su rentabilidad.

Con el fin de crear una línea base global de estándares de sostenibilidad, en el 2020 los cinco organismos principales de emisión de estándares de sostenibilidad se unieron y, posteriormente, en mayo de 2022 el Consejo de Estándares Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) de la Fundación IFRS y GRI firmaron un memorando de entendimiento para trabajar juntos en este propósito. En este punto cobra vital importancia el concepto de la doble materialidad, entendiéndose esta como la de impacto y la financiera. La materialidad de impacto –hacia afuera- se refiere a las marcas que genera la empresa en el ecosistema donde opera: medio ambiente, las personas, el mercado, entre otros. La materialidad financiera -hacia adentro- se refiere a aquellos asuntos que afectan al desarrollo, rendimiento y posición de la empresa, y están relacionados con las causas externas que pueden afectar a su valor.

El trabajo desarrollado por el ISSB y GRI pretende que los reportes corporativos avancen hacia un enfoque de dos pilares. El primero, un reporte financiero más integral que complemente los reportes tradicionales con información sobre cómo la sostenibilidad tiene implicaciones directas en el desempeño financiero de la entidad; este pilar se desarrollará a través de las NIIF de sostenibilidad del ISSB. Y el segundo pilar, un reporte de sostenibilidad con información sobre los impactos que genera la empresa en la economía, el medio ambiente y las personas (incluyendo los DD.HH.) y por lo tanto, su contribución al desarrollo sostenible; este pilar se está desarrollando a través de los estándares GRI. Es importante aclarar que ambos pilares deben desarrollarse y gobernarse por separado, pero reconociendo la interconectividad entre estos.

Por otra parte, Estefanía Rubio expresó que para dar mayor fiabilidad sobre la información que se reporta es importante la rigurosidad en la medición, recolección y reporte de información para reflejar una imagen objetiva de los asuntos de sostenibilidad de la organización. De igual forma, para generar confianza a las partes interesadas es necesario que esta información se asegure para verificar que esta corresponde a la realidad. La verificación de la información de sostenibilidad no es obligatoria actualmente salvo en requerimientos específicos, no obstante, es una práctica principalmente de las empresas grandes dados los costos asociados. Esta verificación debe tener un límite del alcance y realizarse en tres aspectos: estandarización (aplicación correcta de los estándares), veracidad (brindar información cierta y verificable) y relevancia (decidir qué tema es relevante para reportar dependiendo el tipo de empresa, sector, tamaño, ubicación y sus particularidades).

¿Informes de sostenibilidad para inversionistas o para una amplia gama de stakeholders? El dilema de la doble materialidad

En este panorama de sostenibilidad, los contadores del futuro necesitarán generar capacidades para: comprender mejor el ecosistema de medición, reporte y divulgación qué deberá cumplir la empresa; entender las discusiones de materialidad para adoptar un enfoque integrado en los informes y conocer los asuntos prioritarios de la empresa para una correcta divulgación, o verificación de la información.

Redacción INCP

Diego Quijano – CEO de BDO Colombia

El riesgo cibernético es una amenaza persistente y sofisticada, Diego Quijano señala que ante la transformación digital que viven las organizaciones debe haber un cambio de mentalidad por parte de los contadores públicos, pues así lo está requiriendo el mercado. Era una costumbre pensar que el mundo real era el tangible, el que podía ser palpable, pero resulta que no es así. En el ámbito contable, la contabilidad de los intangibles y del capital intangible es real, ya que hoy en día se realizan numerosas compras de bienes intangibles que luego se registran en la contabilidad de muchas organizaciones.

Así pues, el mundo está pidiendo del rol del contador público algo diferente, no porque la contaduría pública vaya a desaparecer, sino porque los mercados están cambiando la forma como se realizan las operaciones y, en ese sentido, los contadores deben responder a las nuevas expectativas que incluyen el dominio de la analítica de datos. No es un secreto que la cuarta revolución industrial ha llegado, el camino a esta requirió tres revoluciones industriales, en las cuales siempre hubo algo en común y es la percepción de que la humanidad está amenazada y las máquinas van a desplazar al ser humano; sin embargo, lo que termina demostrando la realidad es todo lo contrario. Si bien el Foro Económico Mundial establece que la contaduría pública en general está amenazada en sus funciones por la llegada de la cuarta revolución industrial, esto no significa que los contadores públicos vayan a desaparecer, sino que hay nuevas oportunidades para estos profesionales, pero hay que cambiar la manera de hacer las cosas.

El contador público es un actor clave en las organizaciones ya que proporciona información para la toma de decisiones. Entre otras cosas, la analítica de datos ayudará a los contadores a agregar valor a sus labores, puesto que esta tecnología permite visualizar y analizar cifras y datos de una forma gráfica para luego tomar decisiones sobre puntos que llamen la atención.

Quijano menciona que algunas definiciones hacen referencia a que la analítica de datos es una ciencia, no obstante, él considera que esta es básicamente un enfoque o un proceso en el cual se analizan datos para tomar o apalancar la toma de decisiones de los órganos de control de las organizaciones. Las predicciones basadas en analítica de datos tienen mucha importancia en materia financiera, ya que rubros como los intangibles y el deterioro se basan en el futuro.

Al hablar de la analítica de datos como proceso se plantean los siguientes cinco pasos:

• Definir las preguntas que se quieren responder. Se tiene que definir el problema que se quiere analizar y el por qué.

• Establecer qué se va a medir y cómo se va a medir. Las variables dependerán de cada una de las organizaciones y de cada uno de los criterios que se tengan.

• Recolectar los datos. Los primeros dos pasos no sirven de nada si no se mira la calidad de la información y cómo se va a recopilar.

• Analizar los datos.

• Concluir qué decisiones se van a sugerir a la organización para apoyar su toma de decisiones.

Tendencias de transformación y estrategia digital. La analítica de datos como habilitador de transformación

Según Diego Quijano, implementar la analítica de datos ya no es algo optativo, es urgente. Su implementación apoyará mejor el proceso de toma de decisiones de los CEO, las juntas directivas, los encargados del gobierno corporativo y de los contadores públicos en la preparación de la información financiera. Adicionalmente, Quijano presentó una lista no exhaustiva de los roles que tienen los contadores públicos en los cuales se puede desarrollar la analítica de datos. por ejemplo, los contadores públicos que manejan los libros mayores con esta tecnología pueden saber a qué hora del día se hacen más ajustes contables y qué tipo de ajustes se realizan (manuales o automáticos).

Algunos de los retos en la analítica de datos incluyen:

◊ La accesibilidad de la información. Por ejemplo, cuando se adquiere una empresa se adquieren sus sistemas, los cuales, muchas veces, vienen con defectos en la información, por lo cual es muy difícil aplicar la analítica de datos ya que no se va a garantizar que toda la información se traslade adecuadamente.

◊ La confiabilidad y la exactitud de la información.

◊ La integridad de la información.

◊ La consistencia de la información.

Redacción INCP

Sylvia Meljem, miembro de IFAC y María Elena Escobar, decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia

Según Sylvia Meljem, la agenda de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) contempla cinco temas para la educación contable en 2022:

• Avanzar en el marco de sostenibilidad y en las Normas Internacionales de Educación (IES, por sus siglas en inglés). Los contadores profesionales están en el centro de los flujos de información y la toma de decisiones, lo cual les proporciona una posición única para capturar, analizar, transmitir y asegurar la información de sostenibilidad. Así pues, resulta fundamental para el liderazgo de estos profesionales el desarrollo de habilidades y competencias combinando comprensión del modelo de negocio de una empresa, riesgos y oportunidades, sistemas o procesos y rendimiento con el conocimiento de los factores de sostenibilidad y la capacidad de colaborar con expertos.

• Innovar y liderar desde la profesión contable en la era digital. Estamos en una era de complejidad y transformación digital que afecta a las organizaciones, por lo que se requiere un cambio de paradigma en las competencias profesionales. Así pues, el contador público debe encontrar interrelación entre la calificación y el desarrollo continuo (habilidades técnicas y éticas), aprendizaje continuo (habilidades digitales) y aprendizaje en el trabajo (habilidades para los negocios).

• Garantizar calidad e integridad mediante la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Educación (IES, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Educación Contable (IAESB, por sus siglas en inglés). Según IFAC, las universidades que imparten contaduría pública pueden contribuir a la calidad en la educación contable enfocándose en las siguientes normas IES: IES 1 - requisitos de acceso a los programas de formación profesional en contabilidad, IES 2 - desarrollo profesional inicial - competencia técnica, IES 3desarrollo profesional inicial - habilidades profesionales, IES 4 - desarrollo profesional inicial - valores profesionales, ética y actitudes, IES 5 - desarrollo profesional inicial - experiencia práctica, IES 6 - desarrollo profesional inicial - evaluación de la competencia profesional (obligatoriedad a nuevos contadores públicos de presentar exámenes de certificación para demostrar un nivel mínimo de competencias, los cuales operan bajo el modelo de las tres E: Educación, Evaluación y Experiencia) y la norma IES 7 - desarrollo profesional continuo.

• Apoyar a un sector público transparente y responsable a través del conocimiento de la gestión financiera pública en los planes de estudios universitarios y mediante la realización de prácticas de comunidad, como, por ejemplo, liderar y promover una cultura de integridad, integrar estrategias y políticas en las operaciones de la organización, identificar las dificultades que puede tener la organización para garantizar la aplicación de sus políticas y estrategias mediante sistemas y controles, garantizar que las personas que trabajan para la organización actúen con integridad, y demostrar a las partes externas que la organización habla con seriedad de la prevención de la corrupción.

• Salvaguardar la profesión contable a través de la adhesión a un organismo profesional.

Según María Elena Escobar, en Colombia los programas de contaduría son impartidos por 290 instituciones de educación superior, de estas, 37 son técnicas, 51 tecnólogas, 119 instituciones universitarias y sólo 83 son universidades (únicas

Relevancia y calidad de la educación contable profesional. Solo la educación asegurará el futuro de la profesión contable

habilitadas para impartir programas de posgrado). Asimismo, la normativa existente para obtener un registro calificado en los programas de contaduría pública tiene unos mínimos muy básicos y está desactualizada. En el país, hay 255 programas de contaduría pública de los diversos tipos de instituciones de educación superior, de los cuales solo 42 programas están acreditados. Ante este panorama, María Elena Escobar considera que nuestro país debe buscar el tránsito hacia una acreditación obligatoria de los planes de educación y aumentar los requisitos de la acreditación de alta calidad.

Los contadores del futuro serán los que conozcan de tecnología y los que desarrollen agilidad ante el cambio. Las universidades deben seguir trabajando en el ser humano, maximizar la función social de la contabilidad y trabajar por el interés público. La invitación es a trabajar conjuntamente – universidades, gobierno, organismos profesionales, empresarios, profesionales en ejercicio y reguladores - para lograr una educación contable de calidad.

Redacción INCP

Esteban Quiros, miembro de IFAC

Según Esteban Quiros, director de finanzas y administración en Procter & Gamble (P&G) Costa Rica (una empresa con más de 185 años de existencia en 180 países, dedicada a la producción y comercialización de productos de consumo masivo), los profesionales contables que aumenten su valor utilizando las herramientas de transformación, automatización y digitalización estarán preparados para la nueva era y no perderán relevancia. Quiros compartió algunas de sus experiencias:

1. En el año 2000, P&G decidió centralizar y digitalizar todos los procesos contables y financieros en Costa Rica, lo cual permitió la ejecución de estos de forma automática o calendarizada; la posibilidad de procesar grandes cantidades de datos de forma automática por planta, país, región e inclusive globalmente, con menos personas y en menos tiempo; y obtener más información disponible para la toma de decisiones. Sin embargo, el riesgo que se presentó fue la pérdida de la lógica contable en las nuevas personas encargadas la ejecución automática, dificultando así la implementación de nuevos cambios legales en los sistemas digitalizados. Por ello, los contadores públicos deben ser expertos conocedores de cómo funcionan los procesos contables y capaces de comunicar local y globalmente como afecta la inflación, el COVID-19 y otras variables a la organización en sus diferentes sedes.

2. P&G automatizó y digitalizó los procesos de depreciación y capitalización, lo cual trajo mayor productividad. Sin embargo, P&G no designó a un profesional contable para la verificación e interpretación de la información ingresada por los ingenieros informáticos, lo cual produjo diferencias en los estados financieros. Esto lleva a la reflexión de que los procesos digitales no se deben dejar en piloto automático, lo ideal sería designar a un profesional contable como garante de los controles diarios, semanales o mensuales sobre la información contable ingresada, así como de su interpretación.

3. P&G en pro de habilitar una cultura de transformación digital y de democratización de la tecnología capacitó a su personal de contabilidad en programación. Esto mejoró la productividad, pero la proliferación de herramientas informáticas causo vulnerabilidades de ciberseguridad. Esto dejó como aprendizaje que el rol de los contadores en procesos de automatización y digitalización no está en la programación, sino en evaluar el costo beneficio de implementar las nuevas herramientas de transformación y en asesorar acerca de la conveniencia de estas para invertir.

Según Esteban Quiros, los contadores públicos pueden ser el eslabón entre el negocio y los programadores, pues estos últimos necesitan la guía de personas expertas en materia de contabilidad, fiscalidad y regulaciones para saber cómo solucionar los requerimientos, y cambiar y mejorar las herramientas tecnológicas. Los contadores también deben ser maestros de las analíticas como insumo para la toma de decisiones, pues es el área de mayor crecimiento y demanda en la profesión, especialmente cuando se combina con conocimientos contables y evaluación de proyectos.

El camino hacia el futuro para los profesionales contables está en invertir en las habilidades de transformación, automatización y digitalización, pasar de tener conocimientos contables y fiscales regionales a tener conocimientos globales, profundizar en los conocimientos adquiridos para lograr un nivel experto, proteger la información contable de los negocios, aprender un nuevo idioma para comunicar a los desarrolladores el lenguaje de los negocios, influenciar con datos sólidos y asesorar para automatizar solo aquello que agregue valor. Según IFAC, los principales obstáculos para

Transformación digital y datos que impulsan el cambio en el rol de los contadores públicos en los negocios

la digitalización son: el alto costo de la tecnología, la falta de habilidades para el diseño de herramientas, la falta de la comprensión del potencial de la transformación y la resistencia cultural de la organización.

Redacción INCP

Ana María Zuluaga Tafur – coordinadora de la Oficina de Innovación de la Superintendencia Financiera y Luis Eduardo Olaya – gerente de Global Compliance Management Services y miembro del Comité de Criptoactivos del CTCP

La innovación hace referencia a hacer las cosas de una forma diferente a la tradicional, ya sea con procesos o combinaciones diferentes o con nuevas tecnologías. Según el Índice Global de Innovación, en 2021 Colombia avanzaba con una buena dinámica de innovación alineada con su nivel de crecimiento económico encontrándose cerca de sus pares regionales. Colombia cuenta con un mercado sofisticado, productos y servicios financieros, la posibilidad de acceso a financiación, canales, infraestructuras y un ambiente para hacer negocios. No obstante, se tienen muchas oportunidades de mejora, especialmente en el caso del sistema financiero, pues la confianza y apertura del supervisor financiero ha sido fundamental para trabajar en la transformación digital y en una estrategia digital que consolide esta innovación.

Se puede decir que Colombia es un centro de innovación, pues los sistemas financieros y en general, los modelos de negocio del país han cambiado llegando a evidenciar que los sectores tecnológicos y financieros se han vuelto transversales a cualquier tipo de actividad económica. Entonces, se tienen diferentes modelos de negocio innovadores y entidades financieras transformadas digitalmente, para lo cual ha sido clave la regulación habilitante y un marco normativo propicio para desarrollar nuevos modelos de negocios.

Los criptoactivos han venido a revolucionar la forma en cómo se entienden los negocios, pues estos no son propios del sistema financiero ya que también están presentes en el sector real. Alrededor del mundo ha habido diferentes posiciones sobre los criptoactivos y activos virtuales en el entorno del sistema financiero, desde 2014 las autoridades locales en Colombia tales como la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Superintendencia Financiera y el Banco de la República empezaron a dar alertas por este nuevo activo y sus riesgos asociados.

En Colombia, un criptoactivo no es una moneda de curso legal, pues la moneda legal es el peso colombiano, por lo cual no es tan apropiado llamarlo “criptomoneda”, y tampoco es una divisa porque estas son aceptadas por el Banco de la República, el cual solo acepta las divisas que están en un listado del Fondo Monetario Internacional que tienen un banco central de respaldo. Además, un criptoactivo no es un activo del mercado de valores.

Los criptoactivos, de acuerdo con los pronunciamientos de la SuperSociedades, no son un bien que sea propio del esquema multinivel, esto es clave pues muchas veces los criptoactivos son vendidos como modelos de negocio de altas rentabilidades. En Colombia, las únicas entidades que pueden ofrecer rentabilidades son aquellas que están constituidas como una entidad vigilada por la SuperFinanciera. Si bien el criptoactivo es un activo intangible de libre negociación en Colombia, hay que tener cuidado con las actividades que se desarrollen entorno a él porque pueden resultar en esquemas defraudatorios.

A nivel mundial, las autoridades y jurisdicciones han empezado a entender un poco más sobre los criptoactivos, cómo estos pueden ser usados, cuál es la novedad y cómo pueden apalancar los servicios financieros actuales. En esta línea,

Nuevos retos en materia de intangibles, los criptoactivos. ¿Podría ser Colombia un hub de la innovación financiera en América Latina?

desde hace tres años, la estrategia del Gobierno Nacional para aproximarse a los criptoactivos ha sido a partir de la innovación regulatoria. Con este trabajo se ha podido comenzar a desmitificar algunas cosas como, por ejemplo, que los criptoactivos no son trazables. Asimismo, se ha cambiado la forma de entender la innovación, se han identificado y probado tendencias y activos alternativos y una vez estos se entienden se trabaja en el ajuste normativo respectivo, observando la experiencia y el trabajo adelantado por las demás jurisdicciones a nivel internacional.

Redacción INCP

Carlos Arturo Gómez Restrepo, miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública de (ASFACOP)

Las facultades de contaduría pública deben propender por la calidad, al mismo tiempo que garantizan la viabilidad y sostenibilidad económica, pero existe un problema, y es la falta de estudiantes. La viabilidad económica se resume en la siguiente fórmula:

EXCEDENTE=INGRESOS-COSTOS TOTALES

Los ingresos son iguales al precio de las matrículas por número de estudiantes matriculados y los costos son iguales a los costos fijos más los costos variables.

La calidad supone mayores costos fijos, lo que a su vez se traduce en mayores costos totales, así pues, si el número de estudiantes matriculados no son suficientes para que los ingresos cubran los costos totales, no habrá una sostenibilidad económica. La calidad requiere mayores costos fijos ya que se necesitan instalaciones e infraestructura adecuada para impartir las clases, cuerpo profesorado de planta con competencias altas y docentes de cátedras suficientes. Dado lo anterior, ante la falta de estudiantes interesados en estudiar contaduría pública, las universidades se enfrentan a un gran problema.

Ante esto, el conferencista Carlos Gómez sugiere que las facultades de contaduría pública vayan a las escuelas para conocer la percepción que tienen los jóvenes sobre la contabilidad, y con esta información poder entender sus expectativas y las características particulares de los relevos generacionales y, consecuentemente, proceder a realizar cambios e innovaciones para la atracción de estudiantes.

Por otro lado, las facultades de contaduría pública deben definir un objeto de estudio de la contabilidad. Los contadores deben transcender en la valoración de la transacción pues estos profesionales han dejado de lado los métodos de valoración. Según el conferencista, la educación ha fallado en la formación de los contadores respecto a este tema, pues se enseña cálculo avanzado, estadística y otras asignaturas de corte matemático sin profundizar en el cómo y cuándo aplicar este conocimiento. Además, son temas y asignaturas dictadas por profesionales que no hacen parte de la disciplina y que no conocen las necesidades de la profesión. Con un cambio en los procesos formativos, se enseñaría al estudiante métodos cuantitativos aplicados a la contaduría.

Los estudiantes de contabilidad necesitan espacios, por obligatoriedad, donde puedan aplicar el conocimiento adquirido. En consecuencia, la consultoría debería aplicarse como práctica de las universidades para que los profesionales en desarrollo puedan aplicar la investigación y sus conocimientos técnicos sobre la contabilidad. Por otro lado, también es necesario realizar relevos generacionales en el cuerpo docente, de modo que estos entiendan a los estudiantes y puedan identificar métodos que se ajusten a sus necesidades.

Por último, Carlos Arturo Gómez considera que la definición de los contenidos académicos debería ser definido por los mismos profesionales contables y no por el Estado. Adicionalmente, las agremiaciones profesionales como el INCP, deberían ser los entes que lideren el tema de educación profesional continua en la profesión contable.

Problemática y desafíos de la academia en la formación de los futuros contadores

La ética y los retos para la profesión en Colombia. Avances del país en la adopción del último Código Internacional de Ética

emitido por el IESBA

Flor Stella Quiroga, presidenta del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y Jimmy Jay Bolaño, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Flor Stella Quiroga expresó que en nuestro país los contadores públicos deben aplicar en sus actuaciones el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), incorporado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, anexo 4, versión 2014, en concordancia con la Ley 43 de 1990.

Según Quiroga, el mayor reto para la profesión contable en Colombia es la falta de consenso entre la comunidad contable para entender la necesidad de la revisión y actualización los códigos de ética. Al respecto, se requiere actualizar la Ley 43 de 1990 pues es insuficiente como guía de toda la profesión y genera vacíos en el procedimiento disciplinario. Asimismo, se debe actualizar el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del IESBA a la versión del 2018.

Otros de los retos principales de la profesión, según Quiroga, tiene que ver con la formación ética de los contadores y el reconocimiento de las entidades. Los nuevos egresados al solicitar el registro profesional deberían calificarse en temas de ética profesional y presentar un examen en el que demuestren escepticismo profesional con pensamiento crítico. Asimismo, se debería tener un reconocimiento para la organización profesional (gremio) por el Estado mediante ley, a manera de monitorear a los contadores e impartir una exigencia de desarrollo profesional continuo.

Según Jimmy Jay Bolaño, tanto en el artículo tercero como en el artículo quinto de la Ley 43 de 1990, se hace referencia a las normas de contabilidad y de información financiera y a las normas de aseguramiento de la información como un sistema (conjunto de normas, leyes y principios que interactúan). Este sistema, en lo que respecta a las normas de aseguramiento, está compuesto por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de Encargos de Revisión (NIER), las Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento (ISAE, por sus siglas en inglés) y las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR). A su vez, estas normas se sustentan en las normas de calidad y el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del IESBA. Luego de explicar este antecedente, Jimmy Jay Bolaño se refirió al Concepto No. 2292 de 2017 del Consejo de Estado, en el cual se respondió a una consulta de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de ese momento, respecto al conflicto normativo de los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 con las normas legales correspondientes al régimen legal mercantil, entre ellas, la Ley 222 de 1995, el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990. El Consejo de Estado aclaró que mediante tales decretos reglamentarios no podrían modificarse, derogarse, ni subrogarse las disposiciones legales con fuerza de ley de carácter tributario, ni aquellas que conformen el código de ética de los contadores públicos. Esto último sustentado en que los Códigos de Ética son un asunto reservado al legislador y las normas que limitan un derecho fundamental deben tener el rango de ley. Así las cosas, esta disposición representa un vacío legal que solo posibilita actualizar la versión 2018 del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del IESBA mediante la expedición de una ley.

Jimmy Jay Bolaño -referenciando a Hernando Bermúdez- rememoró que los vacíos legales en materia ética en la profesión contable existen desde 1960 cuando se expidió la Ley 145, la cual en su numeral séptimo estableció un código de ética que fue declarado inconstitucional en 1981 dejando un vacío legal que solo fue cubierto hasta la expedición de la Ley 43 de 1990.

Según el informe ROSC, el horizonte ético de la profesión contable colombiana es el siguiente: en virtud de la Ley 1314 de 2009, la profesión contable de nuestro país está obligada a seguir el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del IESBA. Si bien Colombia adoptó la versión 2014 de dicho código, esta se encuentra desactualizada porque no incorpora las modificaciones realizadas por el IESBA en el 2018. Al respecto Jimmy Jay Bolaño expresó que se ha avanzado poco en la garantía del cumplimiento del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales.

Al respecto, el CTCP, en pro de dirimir el conflicto normativo que se presenta en Colombia frente a las normas éticas, está construyendo un proyecto de ley para presentar al Gobierno Nacional en el que pretende incluir la versión 2018 del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del IESBA y de esta forma, actualizar la versión 2014 mediante una ley para ir en consonancia con el Concepto No. 2292 de 2017 del Consejo de Estado y las recomendaciones del Informe ROSC 2021.

Redacción INCP

Cómo gestionar los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluidos los informes de sostenibilidad. Retos y oportunidades

Oscar Rodrigo Rubio Cortés – gerente corporativo de contabilidad en Cementos Argos S.A.

El término ESG hace referencia a los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, los tres pilares fundamentales de la generación de valor en las organizaciones. El medio ambiente tiene que ver y se fundamenta en los análisis sobre los niveles de contaminación generados por la producción y todo lo que ello implica, los posibles cambios climáticos que pueda generar el desarrollo del objeto social de la organización, el uso de combustibles fósiles, la gestión de residuos, el uso de energía renovable como la hidroeléctrica y la solar y todo lo que tiene que ver con la huella de carbono.

El pilar social está enfocado en los derechos humanos, la privacidad de datos, la capacidad y el desarrollo del personal de la empresa, los clientes, proveedores u otros ámbitos de interés social como, por ejemplo, las comunidades en las cuales tenga influencia la organización. Asimismo, tiene que ver con el tema de seguridad industrial, la salud y el bienestar de los trabajadores (físico y mental) y también de todos aquellos con los que la organización se interrelaciona como, por ejemplo, los proveedores. A su vez en ese tema social se encuentra lo referente a la cadena de suministro y el impacto en todos los ámbitos en los que la organización tenga alcance.

Por último, el pilar de gobernanza corporativa tiene que ver con los temas de diversidad del liderazgo y el respeto mutuo en la implementación de ese liderazgo en las organizaciones, los derechos de los accionistas dentro de las estructuras societarias, una estrategia fiscal, una evaluación apropiada de riesgos y la adecuada aplicación de las normas contables de acuerdo con todos los criterios. Asimismo, tiene que ver con unas posturas muy claras sobre temas de soborno, corrupción y fraude, y cómo la organización tiene dentro de su ADN permeado todos los temas de ética y valores, la transparencia y las políticas de remuneración de los colaboradores y directivos de la organización.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) empezó con tres pilares fundamentales para el desarrollo de las conversaciones sobre sostenibilidad, el primero basado en la lucha contra la pobreza, el segundo sobre el cuidado del planeta y el último, en torno a la búsqueda por la disminución de las desigualdades. Para esto, se utilizan elementos fundamentales como las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Así pues, en septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible surgieron los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente, estos objetivos se integran en cualquiera de los modelos de sostenibilidad de las organizaciones.

Para comprender la forma en que se deben gestionar los asuntos ESG, el conferencista expone el camino que ha venido recorriendo Cementos Argos desde el momento en que esta empresa comenzó a tener las primeras conversaciones en torno a la sostenibilidad preguntándose cómo iba a desenvolverse en este nuevo mundo. En primer lugar, se pensó en cómo se iba a habilitar el propósito de la organización, por lo que se revisó la estrategia corporativa para el desarrollo del negocio en el corto, mediano y largo plazo. Posteriormente, se pensó en la forma en que se podrían integrar los ODS en la organización, trabajo que requirió del apoyo de un equipo de especialistas y expertos en la materia y se desarrolló en varios ciclos de análisis que arrancaron desde la junta directiva. Teniendo en cuenta lo anterior, Argos decidió iniciar centrándose en sus clientes para después desarrollar toda su estrategia de sostenibilidad. Así pues, se empezó a evaluar el crecimiento inteligente de la empresa y la neutralidad del carbono, siendo la industria en la que opera Argos una de las más cuestionadas por el alto consumo de carbono en el mundo. En este sentido, Argos ha ido encaminando todos

sus esfuerzos para que su discurso de sostenibilidad sea una realidad y pueda presentarse efectivamente como una organización responsable en estos aspectos.

La estrategia de Argos se basa en un crecimiento rentable, es decir, se utiliza el apalancamiento de la rentabilidad de la empresa para poder desarrollar los pilares sobre los cuales se está trabajando. Las actividades que se desarrollan están orientadas a crear valor tanto para la sociedad como para la empresa. Ahí se puede ver cómo se entrelaza la estrategia de la compañía y la estrategia de sostenibilidad. En cuanto al pilar ambiental, en Argos se manejó como tema prioritario el cambio climático, dentro del cual se identificaron como temas relevantes los ecosistemas y las emisiones atmosféricas. Sobre estos puntos se busca realizar un trabajo en el corto y mediano plazo que esté completamente en línea con la estrategia de la organización. Una vez la responsabilidad social corporativa se encuentra alineada con la estrategia de la organización, se empieza a buscar la normatividad a la cual la organización quiere integrarse para empezar a medirse y realizar los primeros comparativos que den cuenta de su gestión en asuntos ESG.

En síntesis, las conversaciones alrededor de la sostenibilidad empiezan a volverse cada vez más importantes en las organizaciones, pero hay que darse cuenta de que esto no hace referencia únicamente a los aportes que se hagan para ayudar a una comunidad o mejorar el medioambiente, es la integralidad de una empresa entendiendo como esta hace su papel en el mundo e interactúa con las demás partes interesadas, alineando la sostenibilidad completamente con su estrategia corporativa.

Redacción INCP

Retos del nuevo mundo laboral

Fátima Reims, directora regional de BakerTilly LATAM

Es innegable que a partir de la pandemia por el COVID-19 el mundo laboral se transformó de tal manera que hubo una apertura de opciones en la forma y mecanismos de trabajo. Opciones como el trabajo remoto o teletrabajo han cambiado la mentalidad y han creado una nueva cultura dentro de las dinámicas laborales, tanto así, que los trabajadores aprecian más la flexibilidad, apertura de oportunidades y aprendizaje dentro de las organizaciones que la cantidad de dinero que se les puede ofrecer.

La cultura de trabajo no siempre es la misma, de hecho, según la conferencista Fátima Reims, esta depende de la organización y de las particularidades que tengan los empresarios para el desempeño de las labores. Ello implica que uno de los retos que enfrentan los gerentes de las empresas es participar de una cultura de trabajo sólida y ofrecer beneficios que estén alineados con los propósitos organizacionales.

Adicionalmente, Fátima explica que en Latinoamérica uno de los fenómenos sociales que se derivó de la pandemia por el COVID-19 fue que el 65 % de los trabajadores no querían volver presencialmente a los trabajos por las afectaciones a su comodidad y bienestar. Los trabajos ahora son muy diferentes y requieren cumplir con ciertas oportunidades muy claras que permitan flexibilidad en los horarios y las jornadas, y que, además, posibiliten realizar enfoques diferentes dentro de los campos laborales.

La innovación en los métodos de trabajo se encuentra en el aprendizaje de nuevas labores que estén alineadas con el liderazgo. Los líderes deberán aprender a realizar sus labores con propósito y gestión de los cambios específicos sin dejar de lado la estabilidad de su vida personal y laboral.

Además, otro de los retos que se encuentran alineados con las transformaciones sociales es la diversidad en el trabajo que incluye no solo cuestiones de género y sexualidad, sino también temas de inclusión.

Redacción INCP

Las tecnologías de la cuarta revolución industrial y la profesión contable. Avances del país en la adopción del último Código Internacional de Ética emitido por el IESBA

Erez Zaionce, director de C4IR Colombia, Centro para la Cuarta Revolución Industrial

La cuarta revolución es donde el espectro biológico, físico y digital convergen. En esta, prima el diálogo e interacción entre sistemas computacionales derivando en la creación de una inteligencia artificial capaz de procesar y analizar cantidades considerables de datos, cuyo objetivo es el ahorro de tiempo y recursos para aportar mayor precisión y automatización en los procesos.

El manejo de datos de manera transparente, segura y sin manipulaciones es una necesidad de los últimos tiempos, y la contabilidad es producción, manejo y análisis de datos. Las tecnologías derivadas de esta cuarta revolución, como lo es blockchain (cadena de bloques), permiten el manejo, almacenamiento y verificación datos de manera transparente y segura y sin manipulaciones.

El blockchain crea unas bases de datos a partir de hechos o transacciones que se distribuyen y replican en múltiples computadores (nodos) que se confirman y enlazan asegurando por medio de encriptación toda la información, de tal manera que esta se mantenga inalterable. Es un mecanismo de almacenamiento descentralizado, seguro y permanente de la información. Así pues, su aplicación en la contabilidad permitiría ejecutar un seguimiento de la trazabilidad de la transacción con toda la historia desde su creación, con la seguridad que los datos no se han podido alterar ni modificar, lo que se traduce en fiabilidad, además de permitir un análisis de la información con un alto grado de eficiencia y eficacia.

Redacción INCP

Pedro Enrique Sarmiento, socio de impuestos en Crowe Colombia; Jesús Orlando Corredor, socio fundador de Tributar Asesores; Juan Pablo Gosy, socio director de Godoy & Hoyos Abogados y Diego Cubillos, socio de impuestos de Deloitte

La reforma tributaria que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro se da en medio de un álgido contexto global y local donde diversos factores internos y externos han propiciado la siguiente coyuntura en nuestro país:

• Inflación: para finales de junio del 2022, la inflación se situaba en 10,2 % según los datos registrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

• Empleo femenino: el DANE reportó para el primer trimestre móvil marzo-mayo de 2022 que la tasa de desempleo femenina se ubicó en 13,7 %.

• Empleo masculino: para el primer trimestre móvil marzo-mayo de 2022, la tasa de desempleo masculina se ubicó en 8,4 % según el DANE.

• Tasa de cambio (TRM): en lo que va corrido del año, esta ha tenido tendencias al alza, llegando a ser de $4.627 el día 13 de julio de 2022.

• Incremento en las tasas de interés de política monetaria fijadas por el Banco de la República.

• Un recaudo tributario del 17 % del Producto Interno Bruto (PIB). En los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -a la cual pertenecemos- este porcentaje asciende al 34 %.

• Basándose en el PIB registrado en 2021, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el director de la DIAN Luis Carlos Reyes, estimaron que en Colombia existe una evasión de cerca de 80 billones de pesos y beneficios tributarios de más o menos la misma cantidad.

• Crecimiento sostenido del PIB. Colombia es el país que más crece en América Latina con una proyección aproximada del 7 % para finales del 2022, según el Fondo Monetario Internacional.

• Un profundo problema sobre el déficit del fondo de estabilidad de precios de la gasolina que muy seguramente agudizará la crisis de la inflación.

• Problemas de distribución de la riqueza y una pobreza multidimensional cercana al 38 % en 2021, porcentaje que se agudizó con la pandemia del COVID-19, según los datos suministrados por el DANE.

• Déficit fiscal del 5,5 %, cercano a los 60 billones de pesos colombianos.

• Tendencia a cumplir la regla fiscal pero con una tasa real de tributación del 14,9 %, según la información reportada por la OCDE.

• Tendencia al desarrollo y crecimiento empresarial.

• Innumerables retos de reindustrialización.

Según Pedro Sarmiento, dado que se pretende “adoptar una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”, es importante que las propuestas de dicho proyecto tengan en cuenta las disposiciones del artículo 95 de la Constitución

¿Cómo debería ser la próxima reforma tributaria?

Política de Colombia, el cual menciona que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. La Sentencia C - 203 del 2021 ratificó el principio de igualdad y equidad tributaria señalando que el legislador al imponer las obligaciones debe observar que se encuentren distribuidas justamente y, en consecuencia, abstenerse de instituir cargas tributarias excesivas o beneficios exagerados que no consulten la capacidad económica de los sujetos tributarios.

Sarmiento también se refirió a que la reforma tributaria que se adelanta en los Estados Unidos puede ser un referente interesante para Colombia, ya que según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, esta revela un cambio estratégico de la política tributaria, la cual se enfoca en gravar la renta de las grandes corporaciones como un impuesto mínimo basado en las ganancias financieras y contables, incluyendo gravar la recompra de acciones con un instrumento al consumo específico para evitar que se concentre su poder; protege el medioambiente y combate el cambio climático a través de medidas tributarias como créditos fiscales para la energía verde y aumento en los impuestos y tasas de los combustibles fósiles; aumenta los subsidios a la salud para los sectores de menores ingresos; aplica sanciones fiscales; y reserva un monto significativo de 224.000 millones de dólares para combatir el déficit fiscal.

Puntos claves del proyecto de reforma tributaria de Colombia:

1. Impuesto de renta - personas naturales

2. Impuesto de renta - personas jurídicas

3. Ganancias ocasionales

4. Impuesto al patrimonio

5. Impuesto sobre las ventas (IVA)

6. Compromisos internacionales

7. Impuesto a las importaciones de petróleo crudo y oro, e impuestos ambientales y saludables

1. Impuesto de renta - personas naturales

Según Jesús Orlando Corredor, en el proyecto existe una falta de técnica jurídica porque se observa una distorsión entre lo que se expone en la motivación y lo que se establece en las disposiciones, dando lugar a ciertas dificultades interpretativas. Corredor piensa que indudablemente en las personas naturales recae una buena parte de lo que se quiere lograr en términos de recaudo y que el mayor efecto previsto es para quienes obtengan más de $10 millones al mes. A diferencia de lo que se lee en la exposición de motivos, el experto considera que el sistema tributario en Colombia sí tiene en cuenta el principio de progresividad y que decir lo contrario va en contra de las sentencias de la Corte Constitucional, las cuales, durante muchos años, han realizado análisis relacionados con el tema llegando a conclusiones de que este es creciente, eficiente y equitativo. Sin embargo, esta visión puede resultar diferente para cada individuo.

Un sistema tributario es progresivo cuando cobra más a los que ganan más, pero ¿quién define los umbrales de tributación?, esto es algo que depende de las personas que construyen las propuestas normativas. Así las cosas, cabe preguntarnos: ¿a partir de cuál nivel óptimo de progresividad se considera que nuestro sistema tributario es progresivo? Es muy complicado dar respuesta a este interrogante porque no existe ningún lineamiento o estudio científico que analice la situación de nuestro país y no podemos medirnos con otros países del mundo porque somos totalmente distintos.

Renta líquida gravable

En la exposición de motivos se habla de unificar la base gravable del impuesto sobre la renta de las personas naturales, el cual está integrado por el impuesto de renta básico y el complementario de ganancias ocasionales. El artículo 5 del

Estatuto Tributario (E.T.) establece que el impuesto de renta y su complementario se consideran uno solo, pero se liquidan de manera separada porque es una forma de preservar la progresividad del sistema.

Según Jesús Orlando Corredor, el proyecto de reforma tributaria propone modificar el artículo 331 del E.T. y con ello, una nueva definición de la renta líquida gravable de las personas naturales al establecer que esta será la suma de las rentas laborales, de capital, no laborales, pensiones, dividendos y ganancias ocasionales. El problema es que se modifica también el artículo 336 del E.T. para señalar que la determinación de la renta y los niveles de rentas exentas se determinarán al sumar todos los ingresos de todas las fuentes, excepto ganancias ocasionales y dividendos. Así las cosas, se quiere mantener el impuesto de renta separado de las ganancias ocasionales e inclusive, con un impuesto de dividendos separado, pero con la tarifa del artículo 241 del E.T.

Si bien no se propone directamente modificar la tarifa del impuesto de renta de las personas naturales, realmente este sí se modificaría, ya que se está atacando la base gravable al establecer una limitación a los beneficios tributarios. De esta forma, al reducirse las rentas exentas, se aumenta la renta líquida y, por ende, el impuesto a cargo.

Mínimo vital como límite de la imposición

Corredor afirma que no se sabe con certeza si el actual mínimo vital de la imposición establecido para nuestro país es el acertado. Este se encuentra dividido en dos niveles: por las primeras 1.090 UVT (aplica para todos los contribuyentes) y, en el caso de las rentas de trabajo, por el 25 % exento, acompañado de la deducción de dependientes y la medicina prepagada. En todo caso, al proponer reducir las rentas exentas y las deducciones de 5.040 UVT a 1.210 UVT, obviamente se reduce la capacidad de mínimo vital y esto es algo que debe analizarse en función de cada tipo de contribuyente. A todo esto, se le añade otra cuestión, ¿cómo definir correctamente cuál es la clase media y la clase rica de Colombia? Al respecto, el país debe ponerse de acuerdo en lo que significa ser rico porque “una persona que obtenga mensualmente más de $10.000.000 en Colombia ya se le considera rica y por esa razón tiene que contribuir más, pero hablamos de $10.000.000 agregados”.

Gravamen a las pensiones

Jesús Orlando Corredor considera que las pensiones deberían gravarse porque estas vienen desgravadas desde el origen cuando se realiza el ahorro por la vía de ingreso no constitutivo de renta, de tal manera que cuando se recupera ese ahorro, así sea una “restitución de capital”, debería generar algún aporte al Estado.

2. Impuesto de renta - personas jurídicas

Según Diego Cubillos, pese a que el proyecto de reforma tributaria no toca la tasa de renta nominal, hay cerca de cinco o seis artículos que modifican la base gravable y que producen un efecto negativo para las personas jurídicas. A opinión del experto, de nada sirve tener una tarifa nominal baja o no modificada si la base gravable se está aumentando con unos efectos importantes, como por ejemplo:

1. Limitación de algunos descuentos y deducciones especiales al 3 % de la renta, los cuales permitían disminuir la tasa efectiva de tributación, por ejemplo, por concepto de ciencia y tecnología, medio ambiente, donaciones a las fundaciones y a la Corporación Gustavo Matamoros, entre otros. Esto hace que la base gravable aumente y se afecte la planeación tributaria de muchas entidades.

2. Las regalías de las empresas del sector extractivo no podrán ser deducibles, lo cual tendrá un impacto significativo ya que las regalías representan entre un 8 % y 25 % de la producción de estas empresas. Esto aumentaría la tasa efectiva de tributación para este sector por encima del 50 % en promedio.

3. Se pretende que los hoteles que hoy en día tienen una tarifa única de renta del 9 %, tributen a una tarifa plena del 35%. Según Cubillos, “aquí hay una discusión importante y es que muchas empresas de este sector firmaron un acuerdo para tener una tarifa especial por unos años, entonces yo considero, y lo da a entender un poco la norma, es que se va a respetar ese tiempo y, en teoría, empezarían a aplicar las tarifas solo para los nuevos hoteles”.

4. En términos generales, Diego Cubillos considera que todos aquellos tratamientos preferenciales que estén consolidados a 31 de diciembre se respetaran por el tiempo que inicialmente estableció la norma ya que es un tema constitucional.

5. Por su parte, las zonas francas que hoy tienen una tarifa especial del 20 % deberán demostrar una capacidad de internacionalización o de exportación para mantener el acceso a dicha tarifa. Según Diego Cubillos, “muchas empresas por no tener dicha capacidad de exportación han manifestado que, en caso de aprobarse la reforma tributaria, les conviene más salirse de la zona franca antes que comprometerse con este tipo de proyectos”.

Seguridad jurídica, situaciones jurídicas consolidadas y confianza legítima

En línea con lo anterior, según Juan Pablo Godoy, el inciso final del artículo 69 del proyecto de reforma tributaria establece que se respetarán las situaciones jurídicas consolidadas siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos de acceso por el tiempo que establece la norma que remueve o reduce el beneficio tributario. En opinión de Godoy, “en el caso de zonas francas, se cumple un requisito de acceso, pero no hay un beneficio que esté atado a un tiempo, de manera que, obviamente, no puede decirse que se haya consolidado una situación jurídica particular y concreta a favor del usuario industrial de bienes o servicios en una zona franca y eso me parece muy complicado. Hay otros casos difíciles como los del régimen de las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE) donde aparentemente el requisito se tiene que acreditar todos los años, de manera que no se puede decir que la situación se ha consolidado antes de la entrada en vigor de la ley”.

Según el experto, el tema de zonas francas en Colombia está mal planteado porque hasta el año 2004 estuvo orientado al fomento de las exportaciones. Sin embargo, dado que la Organización Mundial del Comercio (OMC) le notificó a nuestro país que esos incentivos a las exportaciones, a través del régimen de zonas francas configuraban un subsidio que daba lugar a sanciones y medidas compensatorias, Colombia decidió expedir en 2005 la Ley 1004 para reformular el régimen de zonas francas. Con las nuevas disposiciones normativas se establecieron que las zonas francas en nuestro país no son instrumentos de fomento a la competitividad, eliminando los requisitos de ventas a mercados externos y dejando simplemente requisitos de inversión y generación de empleo para estar en sintonía con la OMC, así las cosas, “con lo que propone el proyecto de reforma, vamos a tener medidas compensatorias o estar en situación de incumplimiento”. Asimismo, Godoy concluye diciendo: “a mí me parece que en materia de zonas francas el Gobierno está inventando una disculpa para decir que no puede mantener la tarifa o simplemente está desinformado, y quien no conoce la historia de su país está condenado a repetirla”.

Competitividad internacional

Según Diego Cubillos, si se llegaran a aprobar las disposiciones del proyecto de reforma tributaria, el país perdería competitividad internacional, “cuando uno suma la tarifa de renta en cabeza de la sociedad (35 %) más lo que tributan los accionistas sobre las utilidades distribuidas que puede llegar a una tarifa el 39 %, tenemos una tarifa combinada del más del 60 %. Entonces, ocuparíamos el primer puesto en el mundo de los países que más tributan sobre utilidades. Hoy en día está Canadá y tributa conjuntamente entre el binomio sociedad - accionista al 50 %”.

Por su lado, Jesús Orlando Corredor considera que en lo descrito anteriormente está presente una doble tributación económica, por lo cual, nuestro país debería tener un régimen transparente de sociedades, “donde la sociedad paga el impuesto, pero el socio luego lo liquida sobre esa utilidad y descuenta lo que pagó la sociedad”.

Efectos contables

Diego Cubillos considera que de aprobarse la reforma tributaria tal como está planteada, los siguientes serían algunos de los impactos contables directos:

• Las zonas francas, los hoteles y las entidades dedicadas al ecoturismo tendrán que ajustar su impuesto diferido del 9 % al 35 %. Este es un impacto importante y seguramente ameritará algún tipo de comentario en los estados financieros dada su magnitud.

• Los impuestos en general pasarán a tratarse como deducciones, dejarán de ser un descuento tributario lo cual generará impactos en la tasa efectiva de tributación.

3. Ganancias ocasionales

Ante la propuesta de aumentar la tarifa del impuesto complementario de ganancias ocasionales al 30 %, Juan Pablo Godoy considera que este cambio es “absolutamente inconveniente”. Según el experto, gracias a la reforma tributaria del 2012 que redujo la tarifa de este impuesto al 10 %, en 2013 fue posible incrementar siete veces más el recaudo, “me parece que el efecto en el recaudo lo vamos a sentir, me parece que el efecto en el índice de transparencia lo vamos a ver. Subir la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales que cobija, entre otras cosas, la utilidad de la enajenación de activos fijos poseídos por más de 2 años, las donaciones, herencias, legados y loterías tendrá impactos en el desempeño macroeconómico de Colombia, de manera que yo, francamente creo que está muy mal planteado. Me parece que los resultados los vamos a ver en el corto plazo si finalmente no logramos convencerlos de que ese no es el camino correcto”.

4. Impuesto al patrimonio

Según el proyecto de reforma tributaria, el impuesto al patrimonio se concibe como un instrumento para dotar de mayor progresividad al sistema tributario colombiano al proponer grabar las rentas de las personas naturales con mayor capacidad contributiva. Al respecto, Juan Pablo Godoy considera que:

• El impuesto al patrimonio es un instrumento abandonado por todos los sistemas tributarios contemporáneos porque ataca el ahorro, la inversión y la generación de riqueza.

• Después de la eliminación del impuesto al patrimonio en 1992 por los concurrentes abusos por inflación, la medida se ha vuelto a restablecer temporalmente al menos cuatro veces desde ese momento.

• Al realizar un análisis de constitucionalidad, en un impuesto de carácter temporal es distinto el rigor con el que se mira el cumplimiento o incumplimiento de los principios constitucionales, pero no sucede lo mismo con un impuesto de carácter permanente. Al establecer el impuesto al patrimonio como permanente se van a tener serios problemas de constitucionalidad.

• Con base en la Ley 2010 de 2019 se puede decir que, primero, no hay cosa juzgada absoluta y segundo, que la razonabilidad del impuesto al patrimonio debe mirarse en conjunto con el comportamiento de la economía para establecer si verdaderamente puede ser un impuesto de carácter confiscatorio. Adicionalmente, “yo no creo que la Corte Constitucional vaya a seguir diciendo que el impuesto al patrimonio no viola la prohibición constitucional del artículo 317, conforme a la cual, solamente los municipios pueden gravar la propiedad inmueble”.

Juan Pablo Godoy y Jesús Orlando Corredor coinciden en que una mejor herramienta para aumentar la progresividad del sistema tributario puede ser la renta presuntiva, y a consideración de los expertos, esta tiene mucho más sentido como castigo a la improductividad de los patrimonios. Jesús Orlando expresó: “yo lo que creo es que el proyecto está creando el impuesto al patrimonio como una forma de cobrar un impuesto presuntivo sobre el patrimonio, pero sin hacerlo comparativo contra renta. Ellos están queriendo gravar los patrimonios de las personas con un 1 % de forma graduada, pero separándolo de renta, o sea, no bajo el sistema operativo. Entonces yo pago el impuesto de renta a cargo, pero adicionalmente pago un 1 % sobre mi patrimonio que es exactamente igual a tener una renta presuntiva sobre posibles patrimonios”.

5. Impuesto a las ventas

Con respecto a la eliminación de los tres días sin IVA, Jesús Orlando Corredor comenta: “se propone eliminar los tres días del IVA derogando la norma. Actualmente la norma establece que el Gobierno tiene la facultad de determinar cuáles serán los días sin IVA en el país, razón por la cual, si el Gobierno no cumple esa función, pues no hay días sin IVA. Entonces no tiene sentido derogar una disposición que el mismo Gobierno tiene la posibilidad de desarrollar”.

En términos generales, con respecto a este impuesto, los expertos coinciden en que se debe tratar de solucionar con la próxima reforma tributaria el problema de la ineficiencia del impuesto a las ventas que azota a nuestro país. Juan Pablo Godoy expresó: “yo no entiendo el por qué el proyecto de ley, si se fundamenta en el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, deja de lado el capítulo del IVA. Todas las recomendaciones están basadas en el tema del desmonte de los beneficios y eso puede tener algún sentido; sin embargo, en la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios se dijo con claridad que más del 70 % del costo fiscal de los beneficios está en el sistema del IVA. Colombia tiene uno de los sistemas más regresivos e ineficientes del mundo, y eso es una cosa que uno no puede soslayar. Si se quiere dotar de mayor progresividad al sistema tributario colombiano, tenemos que atacar el problema central: la ineficiencia y la irregresividad del impuesto a las ventas”.

Por su parte, Jesús Orlando Corredor considera que “el IVA es donde está el mayor tema de la tributación en Colombia, no en el impuesto sobre la renta. La reforma debería hacerse centrada exclusivamente en el IVA”. Así pues, para Diego Cubillos, “las causas o razones de los altos niveles de evasión en el mundo se dan por las altas tasas de tributación y por complejidad de los sistemas; por ello, Colombia debe dejar de lado las diversas y dispersas disposiciones entorno al IVA y todas sus exclusiones. Me gusta la idea que se había planteado el año anterior sobre una tarifa general única que pudiera ser disminuida al 17 % o 18 %, teniendo en cuenta que las únicas excepciones deberían ser a la canasta familiar”.

Regresividad del IVA

Según Juan Pablo Godoy, los impuestos indirectos como el IVA son regresivos. “Sí, puede que intrínsecamente sean regresivos porque no distinguen las condiciones y la capacidad económica del sujeto pasivo que es el consumidor”. Sin embargo, a criterio del experto, existen mecanismos para dotar de progresividad un impuesto de esta naturaleza como, por ejemplo, buscar otros medios para poner a producir al sistema por la vía de las devoluciones, de los subsidios o del gasto directo.

6. Compromisos internacionales

En opinión de Juan Pablo Godoy, el proyecto de reforma tributaria se quedó corto en el análisis del panorama internacional ya que no tocó asuntos como las transacciones entre vinculados económicos, la aplicación de las acciones BEPS y el manejo de la tarifa del impuesto mínimo global. Según Godoy, “tenemos un problema de cumplimiento con los compromisos internacionales que adquirió Colombia con la OCDE, entre ellos, el país no ha definido como asumirá los retos de la economía digital”.

7. Impuesto a la exportación de petróleo, carbón y oro

El proyecto de reforma tributaria establece el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro como una medida que permitiría una redistribución de las ganancias extraordinarias que recibe el sector minero-energético en épocas de precios altos hacia las familias colombianas más vulnerables. Este impuesto se generaría por la exportación de los bienes identificados con algunas partidas arancelarias. Se propone establecer una tarifa del 10 % sobre un porcentaje del valor total de estas importaciones, siempre que el precio internacional supere un umbral en periodos de altos precios de estos commodities.

Al respecto, Jesús Orlando Corredor comentó, “esta es una medida que tendrá un impacto directo en el sector extractivo. Revisé un estudio realizado por expertos en materia energética donde estiman que el impuesto al carbón es de $200 por kilovatio de energía. Este efecto permeará en el consumo de toda la población. Muy probablemente, el impuesto al carbón que se está proponiendo genere un efecto de reacción al alza en los precios de la energía y como el consumo de esta es generalizado, el efecto será pernicioso”.

Al respecto, y como un cierre temático de la reforma, Diego Cubillos expresó: “hay bastantes temas por donde se pueden recaudar los 25 billones de pesos que necesita el Gobierno para el financiamiento fiscal, y no necesariamente

como se está planteando ahora. Los 25 billones de pesos se pueden lograr identificando aquellas personas que hoy no tributan, la economía escondida que realmente no está aportando. Si se hace un trabajo juicioso detallado, yo creo que sin necesidad de una reforma tributaria se pueden lograr los objetivos. Hay una gran preocupación en todas las personas frente a la inversión, ya es un pánico que cunde, entonces yo creo que, si esto sigue así, realmente los efectos que traería la reforma planteada sobre la economía serían poco positivos”.

Redacción INCP