Documento secreto de la CICIG

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Anexo 3

Los documentos secretos de la cicig Los hallazgos en las investigaciones

Todos los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig) debían entregar, mensualmente, al comisionado de esa organización, Carlos Castresana, un informe sobre los avances de los diferentes casos que investigaban. Normalmente, los informes iban precedidos de un diagnóstico de situación, relaciones de hechos, futuras tareas a realizar, análisis de situación y hasta resúmenes de las pruebas que recolectaban. Giséle Rivera, la fiscal costarricense que laboró en la cicig, también debía elaborar esos informes. Principalmente porque era la jefa de un grupo multidisciplinario de investigadores, y de varias nacionalidades, que tenía a su cargo algunos de los casos más relevantes de la misión internacional. Este libro incluye copia de algunos de los informes. Deliberadamente borramos los nombres de algunos testigos claves en las pesquisas que realizaron esos profesionales para no poner en peligro sus vidas. Hasta ahora han muerto, asesinados en Guatemala, al menos 15 personajes que, directa o indirectamente, se relacionaron con el asesinato de los tres diputados salvadoreños y su conductor.

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Otras investigaciones en las que participó Giséle y sus colaboradores, como las ejecuciones extrajudiciales de presidiarios de las penitenciarías de Pavón y El Infiernito, también están rodeadas de misteriosas muertes. Es evidente la necesidad de proteger los testigos en los documentos que publicamos ahora. Giséle Rivera nunca quiso cederle a este autor copias de estos documentos, a pesar de repetidas solicitudes. Siempre alegó que únicamente podían ser vistas por autoridades judiciales guatemaltecas. Los pliegos llegaron a nuestro poder hasta el día en que la fiscal supo que no podría manifestar su verdad ante un tribunal guatemalteco, porque si ponía un pie en ese país, sería capturada y, como presumimos algunos, quizá aniquilada. El plan para acallar a Giséle fue bien planeado por unas pocas mentes. Todo comenzó con una acusación penal en la que se emplearon grabaciones telefónicas brutalmente ilegales, interpretadas al antojo de unos pocos, descontextualizadas, alejadas de la verdad y manoseadas. Después se decretó en contra suya, de forma instantánea, un levantamiento de su inmunidad ante tribunales, con lo que contribuyó la cicig. Después, una tormentosa tarde de sábado, un juez de ese país le pidió a la interpol que detuviera a la abogada costarricense en cualquier frontera o aeropuerto del mundo. ¡Todo eso sucedió, para vergüenza de algunos, en solo 4 días! Los documentos que publicamos son fundamentales para probar que el trabajo del grupo de investigadores que comandaba Giséle fue clave para aclarar casos tan complejos como los crímenes extrajudiciales cometidos en las cárceles de Pavón y El Infiernito, o el propio asesinato del oscuro Víctor Rivera, un hombre que influyó, durante mucho tiempo, en las principales decisiones en materia de seguridad que se tomaron en Guatemala. El papel de Giséle Rivera era encontrar la verdad jurídica en los casos. Por eso se incluyen documentos en los que se trasluce, sin rodeos, las malas artes que se aplicaban en la Fiscalía de Guatemala para evitar que se descubriera esa verdad. Se alteraron escenas del crimen, se omitió hacer investigaciones elementales dentro de los manuales de criminología moderna, se ajustaban los testimonios para ocultar los hechos, no para aclararlos. En fin, se incumplieron todos los mandatos legales para que ese país tuviese una justicia transparente y certera. Los documentos recogen, con avanzado rigor, las participaciones irregulares de personajes como Víctor Rivera, Soto Diéguez y Matus en diversos hechos criminales. A pesar de eso, fueron ellos quienes le dieron la dirección que quisieron a las investigaciones sobre el asesinato de los tres legisladores salvadoreños ante el Parlamento Centroamericano y su conductor.


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