Eduardo Astorga

— Asesorías pre-proyectos:

- Prefactibilidades ambientales de proyectos - Estrategia para el desarrollo de proyectos - Levantamiento de líneas base para la caracterización ambiental de proyectos (flora, fauna, ruido, geología, edafología, hidrología, paisaje, medio humano, patrimonio cultural, arqueología, paleontología, entre otros).

— Gestión de proyectos ante el SEA:

- Consultas de pertinencia - Estudios y declaraciones de impacto ambiental - Estudios de línea base para complementar proyectos en tramitación - Planes de seguimiento - Auditorías ambientales

— Otros servicios:

- Auditorías de proceso y RCA - Auditorías de seguimiento ambiental - Desarrollo y seguimiento de planes de cumplimiento ambiental - Tercerización de la gestión ambiental de los proyectos

Ximena Bravo destaca la vasta experiencia del equipo de Equilibrio Triangular.

Aparte de los aspectos ya mencionados, Ximena Bravo resalta otras ventajas comparativas de ETC en materia de consultoría: “Creamos estrategias ambientales sólidas que permiten una tramitación eficiente y en menor tiempo de proyectos ante el SEIA, evaluando preliminarmente los resultados de las líneas base, ajustando polígonos y características de las obras y partes de los proyectos, de manera de descartar impactos ambientales significativos. Además, tenemos flexibilidad para adaptarnos a los requerimientos de nuestros clientes y velar por su negocio; trabajamos con costos a la medida; y mantenemos un trato único, personalizado y directo, así como una comunicación constante con nuestros clientes, aliados estratégicos y proveedores”.

PROYECCIONES

En relación a las proyecciones de Equilibrio Triangular en el área energética, la gerente de proyectos comenta: “Los tres últimos años ha habido un desarrollo exponencial de proyectos energéticos de energías renovables no convencionales, apalancado por políticas públicas del gobierno desde el Ministerio de Energía. Esto debiese seguir creciendo estos años, considerando las metas OCDE que sostiene Chile y la tendencia mundial hacia la descarbonización de la matriz energética, dando impulso a proyectos que no contaminen el medio ambiente y se basen en recursos renovables y en las mejoras tecnológicas que ofrece el mercado”.

En ese contexto, apuntan a aumentar en volumen sus servicios y metas de forma escalada, aprovechando las inversiones en nuevos proyectos no solo energéticos, sino también en otros rubros como la industria alimenticia, minería, industria manufacturera, química, y el sector inmobiliario, que cada vez van requiriendo ser más respetuosos con su entorno natural y humano para ser sustentables a largo plazo.

Por Eduardo Astorga Profesor de Derecho Ambiental

Medio ambiente en Chile: las transformaciones posibles

Entre lo deseable y lo posible –conforme a nuestra realidad económica, social y política–, las iniciativas ambientales que han evidenciado consensos razonables en el país apuntan al siguiente decálogo de desafíos, posibles de alcanzar en los próximos años: 1. Aumentar la dotación de la Superintendencia del Medio Ambiente, resguardándola y robusteciéndola para el cabal cumplimiento de sus roles. 2. Incorporar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) estándares internacionales, como la evaluación ambiental de alternativas y la negociación de términos de referencia. 3. Crear una Agencia Nacional del Agua, de carácter técnico y autónomo, que unifique y dirija las competencias del Estado. 4. Terminar de tramitar y poner en vigencia los proyectos de ley sobre glaciares y delitos ambientales, tal como lo ha demandado la OCDE. Y también, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, asegurando las condiciones laborales de los funcionarios de Conaf que serán traspasados a esta entidad. Y avanzar en normas de emisión y calidad aún pendientes, en particular, en materia de aguas. 5. Fortalecer y anticipar la participación ciudadana en el SEIA y establecer espacios formales y regulados de diálogo entre los proponentes de proyectos o actividades y las comunidades locales. 6. Legislar en materia de ordenamiento territorial ambiental, definiendo los valores ambientales de los territorios, la gestión integrada de cuencas, así como los corredores biológicos de flora y fauna (dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas). 7. Proteger y recuperar suelos degradados conforme a nuestros compromisos de mitigación en materia de cambio climático, actualizando y coordinando a los organismos competentes. 8. Fortalecer los sistemas de reúso de aguas tratadas y regular la propiedad, gestión, tarifas, servidumbres y concesiones que requiera el desarrollo de la industria de la desalación del agua de mar. En este contexto, además, se debe modernizar la institucionalidad pública para planificar e investigar la biodiversidad, y regular el borde costero y marítimo. 9. Establecer al sector energético como centro para una transición justa desde lo ambiental, social y económico. Esta nueva relación con la naturaleza debe estar marcada por la descarbonización e incluir democracia participativa, responsabilidad ambiental y democratización de la generación, producción y distribución de la energía. 10.Eliminar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para terminar con la tutela de otros ministerios sobre la cartera de Medio Ambiente. Esto permitirá, por ejemplo, actualizar e implementar efectivamente la evaluación ambiental estratégica.

CON BATERÍAS DE LITIO

SQM y Jungheinrich lanzaron flota de 30 grúas horquilla eléctricas, las cuales permiten disminuir en un 47% las emisiones de CO2 al ambiente.

En la Planta Química Carmen, la faena más grande del mundo donde se produce carbonato e hidróxido de litio, SQM puso en operación 30 grúas horquilla con baterías de litio. Los equipos se unen a la flota eléctrica más grande y diversa de la minería nacional que lanzó recientemente la compañía, que en 2022 cumplió 25 años de producción de litio con alto valor agregado. Este hito de innovación, que contribuye a una cadena productiva sostenible, fue posible gracias a la alianza que estableció SQM con Jungheinrich, empresa líder de la industria electromecánica. Las 30 unidades eléctricas, que ya operan en el área de Productos Terminados de Litio, Envasado y Despacho de la Planta Carmen, forman parte del proyecto impulsado por la gerencia de Supply Chain de SQM denominado “Avances en Abastecimiento Responsable en Planta Química Carmen”, el cual en su primera etapa de ejecución permitirá la neutralización anual de emisiones de CO2 equivalentes a 51.480 árboles.

“Los equipos eléctricos, además de ser amigables con el medio ambiente, ayudan a reducir los riesgos y a mejorar la integridad de los trabajadores y trabajadoras del área. Su sistema ergonómico, una de las principales características de las grúas EFG 220 y EFG 320, beneficia el óptimo desarrollo de tareas efectuadas por sus operadores y operadoras, quienes fueron entrenados por Jungheinrich, siendo los pioneros en disponer de estos equipos con cero huella de carbono”, destaca Germán Pérez, gerente de planificación y estudios de SQM.

Entre otras ventajas, las grúas poseen una alta disponibilidad gracias a los tiempos de carga (en 45 minutos se logra el 50% de carga); el ahorro de costos, en base a una vida útil más larga; la ausencia de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido; la posibilidad de desactivación de las funciones hidráulicas en caso de que no esté ocupado el asiento de la grúa; la incorporación de freno de estacionamiento automático contra el retroceso en rampas y

La incorporación de las grúas se alinea con el Plan de Sostenibilidad de SQM, que aspira a ser carbono neutral en todas sus líneas de negocios en 2040.

pendientes; la utilización del “Curve Control” para la reducción de velocidad automática al realizar giros; y la implementación de la pulsera “Local Safe”, tecnología de detección de impulsos inalámbricos (RFID) que permite comunicar al equipo con tags, detectando la distancia entre “persona-máquina” y “máquina-máquina” con una precisión de 0,1 metros.

Una de las invitadas a la ceremonia de lanzamiento de los equipos fue Ruth Rodríguez, gerente general de la Corporación Cluster Minero, quien destacó que “la incorporación de estas nuevas tecnologías hoy permite que las empresas proveedoras de SQM se alineen con la compañía y comiencen a pensar en utilizar estas energías para volvernos más sustentables como región. Me llena de alegría saber que vamos por un excelente camino”.

ARBORIZACIÓN EN LA PATAGONIA

Cada grúa eléctrica, además, contribuye a disminuir en un 47% las emisiones de CO2 al ambiente, alineándose esta iniciativa con el Plan de Sostenibilidad de SQM, que aspira a ser carbono neutral en todas sus líneas de negocios en 2040, y en el caso del litio en 2030.

De forma complementaria, Jungheinrich anunció durante el evento que gracias a esta alianza se podrán plantar 300 árboles nativos en la Patagonia chilena. Así lo ratificó la directora de la empresa, Silke Herrera: “Por cada equipo a combustión que reemplazamos por una máquina eléctrica, comprometemos 10 árboles, por lo tanto, serán 300 unidades nativas que se plantarán en la Patagonia chilena junto a SQM”.

En ese contexto, SQM recibió la certificación de Fundación Reforestemos que sella la contribución de la compañía a la reforestación del sur de Chile.

En la instancia, la productora de litio hizo un importante anuncio: duplicará la cantidad de árboles nativos a plantar en la Patagonia, comprometiendo 300 adicionales para llegar a un total 600 unidades.

PARA VIVIR MEJOR

Nuestro país suma avances en la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 11 sobre ciudades y comunidades sustentables. Los desafíos aún son numerosos al 2030.

Lograr el desarrollo sostenible, un objetivo ambicioso y muy anhelado que tiende a ser esquivo y, muchas veces, inalcanzable por distintos motivos. Tanto para países, empresas u otras organizaciones. Para corroborarlo, en julio pasado la ONU, en un informe titulado “Los ODS en la cuerda floja”, sostuvo que “las crisis en cascada que vivimos hoy impacta la alimentación, la salud, la educación, el medio ambiente, la paz y la seguridad, y alejan al mundo de la consecución de la Agenda 2030, el plan que busca sociedades más resilientes, justas, pacíficas e igualitarias para todos”. ¿A qué se refiere exactamente Naciones Unidas? A que la crisis climática, la pandemia por Covid-19 y un mayor número de conflictos en el mundo “ponen en peligro el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Haciendo historia, en 2015 los estados miembros de la ONU, en conjunto con ONGs y ciudadanos de todo el planeta, generaron una propuesta para lograr, al año 2030, dichas metas que apuntan a equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. En particular, el ODS Nº 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, busca que las urbes y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y, por supuesto, sustentables. Esto, considerando que desde el año 2007 más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, esperándose que esa cantidad se empine por sobre el 60% para fines de esta década. El último reporte sobre desarrollo sostenible de la ONU, que reveló un retroceso promedio en el mundo en el cumplimiento de las metas establecidas para los ODS, situó a Chile en el lugar 28º en este ranking entre 163 naciones. Nuestro país evidenció avances considerables en los ODS 1 (fin de la pobreza), 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 11 y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

ALGUNOS LOGROS

Respecto a los avances que exhibe Chile para lograr las metas del ODS 11, Ricardo Carvajal, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), comenta: “Estamos impulsando y desarrollando el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), estrategia urbano-habitacional que busca abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas que existe en el país. Entre sus principales metas contempla entregar 260 mil viviendas durante el actual periodo de gobierno, diversificar las formas en que las familias acceden a ellas, y recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional para avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada, así como hacia ciudades más justas y sostenibles”.

Destaca, además, que Chile prepara la presentación del III Informe Nacional Voluntario sobre los ODS para 2023. “Ahí se mostrará el avance que presenta el país en relación a estos objetivos, con sus metas e indicadores, y también una evaluación del impacto que ha tenido el contexto mundial actual y la crisis del Covid-19, los que indudablemente han tenido un efecto en el normal trabajo para alcanzar los ODS al 2030”, plantea.

Otra iniciativa que resalta el especialista es el trabajo del Minvu y la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable para elaborar un instrumento en torno a esta materia. “Establecerá los principios, ejes y lineamientos estratégicos, metas e indicadores que permitan acelerar la incorporación de criterios de sustentabilidad en el ciclo completo de la construcción y la infraestructura nacional”, afirma.

Una doble mirada tiene Carolina Rojas, investigadora asociada del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), sobre el trabajo realizado por Chile para implementar los ODS y, en especial, el ODS 11. Por una parte, pone de relieve que “cada año se publica un informe mundial de la ONU sobre logros en desarrollo sostenible y Chile se encuentra muy bien posicionado, siendo el primer país de Latinoamérica en ese y otros rankings. El ODS 11 aparece como un objetivo en proceso de cumplimiento, destacándose avances como que el 90% de la población urbana cuenta con acceso a agua potable y que un 58% de la misma está satisfecha con el transporte público, quedando en deuda en los indicadores sobre concentración de material particulado 2,5 y pérdidas económicas por desastres”.

Su segunda lectura es más bien crítica, “debido a que las metas y, en especial, los indicadores del objetivo ODS 11 son muy limitados para evaluar en plenitud la sustentabilidad de nuestras ciudades. Son a escala nacional y tienen una mirada muy reducida, no abarcando todos los ámbitos de la sustentabilidad de las urbes chilenas. Por ejemplo, no están diferenciados por lugares geográficos: podríamos tener indicadores más específicos para las ciudades costeras que están más afectas a riesgos naturales, para las ciudades con zonas

El Minvu impulsa la certificación energética de viviendas y la entrega de subsidios de acondicionamiento térmico y eficiencia energética. Entre los avances en el cumplimiento del ODS 11 en Chile destaca que la gran mayoría de la población urbana tiene acceso a agua potable. Una de las brechas a superar es la contaminación atmosférica de muchas ciudades en nuestro país.

de sacrificios y contaminadas, o sobre el porcentaje de población que solo tiene acceso a agua desalada. Por otra parte, aún existe una brecha importante de información para realizar estas evaluaciones a escala nacional. Entonces, las metas e indicadores del ODS 11 son insuficientes para superar las inequidades y desigualdades evidentes de nuestras ciudades, aunque sí nos ayudan a tener un objetivo común”.

BRECHAS Y DESAFÍOS

Otra de las brechas a superar, a su juicio, es la contaminación atmosférica de las ciudades en Chile, “que es el indicador peor evaluado del ODS 11. Aunque los planes de descontaminación han tenido efectos regulares, en la práctica no se ha reducido el consumo de leña y sus impactos nocivos como la contaminación intradomiciliaria. Si bien se ha logrado el recambio de un porcentaje de estufas, se está lejos de las metas. Y en aislación de las viviendas y áreas verdes en regiones los avances siguen siendo débiles. Tampoco se han implementado medidas estrictas y de envergadura para reducir la contaminación de los vehículos en las ciudades, como sí se ha hecho en Europa”.

Añade que estamos muy lejos de aplicar políticas como las implementadas en Paris, donde se removió el 72% de los estacionamientos en superficie y se han hecho inversiones importantes para incentivar las caminatas y el uso de la bicicleta.

Ricardo Carvajal, por su parte, deja en claro que Chile tiene aún un largo camino que recorrer para tener centros urbanos más justos y sostenibles, en los cuales “todos sus habitantes tengan igualdad de acceso a los distintos servicios y equipamientos necesarios para una buena calidad de vida en ciudad”.

En esa línea, subraya que el Plan de Emergencia Habitacional “representa la oportunidad para intervenir con acciones integrales, combinando diversos instrumentos y múltiples actores en distintas escalas de trabajo que resulten en un estándar de buen vivir para toda la población. De esa manera podremos contribuir a la reducción del déficit habitacional cuantitativo; diversificar y aumentar la oferta habitacional acorde a diversas necesidades, ciclos de vida y tipos de soluciones; y crear entornos de vida adecuados, con equipamiento y calidad urbana, entre otros objetivos”.

APORTES PARTICULARES

El profesional del Minvu puntualiza algunas iniciativas en ejecución y en etapa de planeamiento, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, que buscan aportar al cumplimiento del ODS 11: • Fortalecimiento de una agenda de medidas en torno a la sustentabilidad y cambio climático. Esto incluye aplicar estándares de sustentabilidad a la construcción y mejorar equipamiento comunitario, espacios públicos y áreas verdes. • Aplicación de un “Plan de Gestión de Residuos de Construcción y

Demolición” en todas las obras que financia. • Impulso de nuevos métodos industrializados de construcción de viviendas con participación de diversos actores. • Construcción de circuitos peatonales de alto estándar.

También destaca otros instrumentos liderados por el Minvu, como la calificación energética de viviendas y la implementación de subsidios de acondicionamiento térmico y eficiencia energética. “A lo anterior se suman manuales y guías de apoyo que buscan aportar a la transición de las ciudades chilenas hacia urbes más sostenibles. Esto, a través de la incorporación de criterios de construcción sustentable tanto en viviendas como en espacios públicos, con iniciativas como la primera norma a nivel nacional que establece requisitos y orientaciones para el diseño, ejecución y mantención de techos verdes, la Política Nacional de Parques Urbanos y la ya mencionada gestión de los residuos de construcción y demolición”, especifica.

Carolina Rojas, en tanto, resalta las distintas plataformas con que cuenta Cedeus para ayudar a reducir la brecha de información en sustentabilidad de las ciudades para el logro de todas las metas del ODS: papers científicos, observatorio, set de indicadores, una unidad de política y práctica, y documentos para la política pública, entre otras. “En particular, las investigaciones que hemos realizado apuntan a lograr el acceso de las personas a la vivienda (meta 11.1), proporcionar sistemas de transporte seguros y accesibles (11.2), redoblar los esfuerzos para proteger el patrimonio natural (11.4), reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades como la mala calidad del aire (11.6), y proporcionar acceso a las zonas verdes (meta 11.7)”, añade.

El Centro, además, ha hecho un aporte importante al Comité Científico de Cambio Climático, liderando toda la evidencia científica relacionada con los efectos de este fenómeno en ciudades para impulsar la Ley de Cambio Climático y para definir las medidas de adaptación y mitigación. De hecho, ya ha publicado dos documentos claves con recomendaciones: “Soluciones basadas en la naturaleza” y “Ciudades y cambio climático en Chile: recomendaciones desde la evidencia científica”.

Es muy probable que los sistemas colectivos de gestión para los neumáticos fuera de uso no empiecen a operar en el plazo decretado. Revisamos los avances y dificultades.

El 20 de enero de 2023 debieran comenzar a operar en Chile los primeros sistemas de gestión que se harán cargo de los productos priorizados en la Ley 20.920 sobre fomento al reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como Ley REP. El proceso se iniciará con los neumáticos fuera de uso (NFU) y, aunque persigue un objetivo que todo el país comparte –como es impulsar con fuerza la recuperación y valorización de materiales reciclables–, no ha estado exento de dificultades. De hecho, tanto autoridades como representantes del sector privado reconocen que muy probablemente no todos alcancen a cumplir con el plazo establecido en el Decreto Supremo (DS) Nº 8/2019, y ya se buscan algunas fórmulas para enfrentar el problema.

“Las asociaciones gremiales ANAC, Chile Neumáticos y CINC, representantes de todo el sector de neumáticos y vehículos, actuarán en forma conjunta solicitando formalmente obtener del Ministerio del Medio Ambiente el acompañamiento necesario para tener éxito en la REP, dado que es un hecho que, al 20 de enero de 2023, ninguna empresa en Chile de la categoría A podrá estar registrada en un sistema de gestión”, señala por ejemplo Iván Villar, gerente de innovación y desarrollo de EcoNeu, una de las entidades colectivas que se está conformando para gestionar NFU con un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción de los de 45, 49 y 51 pulgadas. ¿Cuáles son las razones de este retraso?, ¿qué postura tiene la autoridad al respecto?, ¿cómo se vislumbra el panorama en el resto del sector? Son algunas de las interrogantes que respondemos a continuación.

PROBABLE INCUMPLIMIENTO

De acuerdo a lo establecido en la Ley REP y sus respectivos reglamentos, todos quienes co-

Sumar plantas de reciclaje de NFU es clave para alcanzar las metas de valorización. Iván Villar espera más acompañamiento de la autoridad para implementar la REP. Tomás Saieg señala que es poco probable que los SGC empiecen a operar el 20 de enero de 2023.

loquen por primera vez en el mercado nacional algún producto prioritario (neumáticos, envases y embalajes, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites lubricantes, pilas y baterías) deben financiar e integrar sistemas individuales o colectivos para recuperar y valorizar esos materiales una vez que se conviertan en residuos. Para operar, estos sistemas tienen que contar con planes de gestión aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Y en el caso de las entidades colectivas requieren, además, de la visa previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para asegurar que en su funcionamiento no existan reglas, hechos o actos que impidan, restrinjan o entorpezcan ese principio de mercado.

En ese contexto, desde el MMA informan que, hasta octubre, eran cinco los sistemas para NFU que habían presentado planes de gestión, todos ellos individuales. De éstos, cuatro se harán cargo de neumáticos categoría B (vale decir, con aros de 45, 49 y 51 pulgadas e iguales o mayores a 57 pulgadas, como los que se usan en la minería): Goodyear de Chile, que ya cuenta con la aprobación ministerial; Finning Chile, Michelin Chile y Bridgestone Off The Road Tire Latin America, que siguen en evaluación. En la misma situación estaba el plan de Epiroc Chile que gestionaría NFU categoría A. ¿Qué ocurre con los sistemas colectivos? Los dos que ingresaron al TDLC, todavía están a la espera de su informe favorable por parte de este organismo, por lo que aún no pueden presentar su plan de gestión.

Así lo comenta Tomás Saieg, jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. La autoridad comenta además que, de acuerdo a la revisión que han hecho de los planes de

gestión recibidos, “los puntos que más deben reforzarse son con respecto a los antecedentes que deben presentar las solicitantes”. Agrega que estos planes “deben contener el detalle y justificación sobre la data presentada, asegurando un relato lógico y coherente que garantice de forma razonable su eficacia para el cumplimiento de las obligaciones en el marco de la REP, de acuerdo con los requisitos y criterios descritos en el Decreto Supremo Nº 8/2019”. Al mismo tiempo, recomienda tomar como referencia la Guía para ejecutar esta tarea, publicada por el MMA en septiembre de 2021 (Resolución 1023, disponible en el sitio rechile.mma.gob.cl) y que el sistema de gestión explique punto por punto cada uno de los aspectos indicados en ese documento, “justificando tanto lo que les aplica como lo que no les aplica”.

Enseguida, afirma que los sistemas de gestión pueden comenzar a operar inmediatamente después de que sus planes sean aprobados. “Sin embargo, en el caso de los sistemas de gestión colectivos, la operación en terreno no podrá comenzar hasta que se hayan realizado y adjudicado las licitaciones para la contratación de los respectivos gestores, lo cual seguramente tomará algunos meses”, advierte.

En el escenario descrito, ¿los sujetos regulados por la Ley REP podrán empezar a cumplir las exigencias del DS 8 en el plazo establecido? Tomás Saieg responde: “Aquellos productores que han presentado planes de gestión individuales están en buen pie para poder comenzar su operación al 20 de enero de 2023. Sin embargo, aquellos que se han adherido o piensan adherirse a un sistema colectivo van atrasados y es poco probable que puedan comenzar en la fecha señalada”.

Añade que, a pesar de eso, es posible que en este último caso “lleguen a cumplir sus metas para el primer año, siempre y cuando el comienzo tardío no signifique un menor logro de recolección y valorización de NFU. Lo anterior es sin perjuicio del incumplimiento normativo que significa no estar adherido a un sistema de gestión para el 20 de enero del 2023”.

Luego asegura que en el Ministerio del Medio Ambiente están “conscientes del plazo próximo a la entrada de vigencia de las metas de recolección y valorización de neumáticos, por lo que se están tomando todas las medidas que se encuentran en nuestras manos para que los sistemas puedan comenzar a operar lo antes posible”.

SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO

Una visión más crítica de la situación tiene Iván Villar, quien lleva varios años impulsando la REP en el sector neumáticos y en el último tiempo se ha dedicado a concretar el futuro sistema de gestión colectivo (SGC) EcoNeu. Con esa experiencia advierte: “Los requerimientos de la ley REP y del DS 8 para la creación y autorización de los SGC, son muy exigentes y requieren de la intervención de distintos estamentos de la Administración Pública (TDLC, MMA, municipalidad), los cuales tienen plazos de respuesta fuera de nuestro control. Dado que la fecha de obtención del preceptivo informe favorable del TDLC es desconocida y que estamos ante un proceso que se realiza por primera vez en Chile, sin experiencia previa, creemos que los SGC para neumáticos fuera de uso no podrán estar operativos en la fecha señalada”.

Recuerda que desde un inicio se avizoró que el tiempo decretado no sería suficiente. “Sólo el proceso en el TDLC auguraba como mínimo plazos superiores a 8 meses y para la autorización del plan de gestión más de 4 meses. Es decir,

de los 24 meses que la autoridad dictamina para crear los SGC, el mismo Estado utiliza más del 60% del tiempo programado, donde el privado nada puede hacer para acelerar la tramitación”, acota. Añade que a esas diligencias se debe sumar el proceso para conformar una corporación, el cual puede demorar hasta 3 meses, y las licitaciones de los servicios de recolección y valorización con gestores autorizados, que como mínimo tardan 2 meses.

“Visto esto, hemos levantado la inquietud al MMA y nos preocupa su rigidez y falta de adaptación ocasionada por la misma normativa que ellos han generado”, dice Villar. Comenta que la autoridad les ha señalado “que es poco probable cambiar las resoluciones y menos aún un decreto supremo con el fin de aplazar la fecha de entrada en funcionamiento o permitir trámites provisionales en forma paralela, como sí lo contempla la resolución acerca de los planes de gestión de envases y embalajes”.

Así lo ratifica y explica Tomás Saieg: “Los plazos de los procesos de la REP están establecidos en la Ley, el DS 8/2017 (Reglamento REP) y los decretos de metas de neumáticos (DS 8/2021) y envases y embalajes (DS 12/2021). Al ser las resoluciones instrumentos de menor rango legal que los anteriores, no es posible utilizarlas para modificar los plazos establecidos”.

Más allá de la justificación regulatoria, Villar plantea que “para procesos inéditos como éste, con una amplia complejidad administrativa y estratégica, la autoridad debe ser más versátil, interactuar en forma más dinámica y comprender que incumplir en forma generalizada, también repercute en los resultados que la autoridad medioambiental cosecha”. En relación a eso, sostiene que esta situación afecta directamente la calidad de los planes y estrategias de cada SGC, como también su capacidad de innovación para cumplir las metas de una manera más sustentable.

Y luego insiste: “Como productores reconocemos que estamos aprendiendo a implementar la Ley REP en Chile, pero el regulador también está aprendiendo y debe ser más acompañante del proceso y no un regulador distante”.

En ese contexto, anuncia que las asociaciones gremiales ANAC, Chile Neumáticos y CINC –algunos de cuyos miembros han dado forma a EcoNeu– solicitarán de manera formal al MMA el acompañamiento necesario para tener éxito en la implementación de la REP.

El otro sistema de gestión colectivo para NFU que espera por un informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es el impulsado por los grupos Derco y Gildemeister. Alejandro Navech, gerente general Incentivar el uso de las materias primas que se obtienen del reciclaje de neumáticos es otro desafío para el éxito de la REP.

de esta entidad que se conformará como una corporación sin fines de lucro, comenta que en diciembre de 2021 iniciaron su tramitación ante el TDLC y en junio pasado “tuvimos la audiencia para exponer nuestros estatutos como las bases de licitación de recolección y de la valorización de los neumáticos fuera de uso. Creemos que en cualquier momento el Tribunal nos dará una muy buena noticia y podremos presentar el plan de gestión al MMA”.

Agrega que pretenden comenzar a operar, sí o sí, en el año 2023, pero también enfatiza en que mientras el TDLC no emita el informe no podrán concretar ese objetivo. “Por ahora, seguimos invitando a las empresas generadores de residuos de neumáticos que quieran que les retiremos sus NFU, sin costo para ellos, que nos contacten para entender su problemática y convenir un retiro planificado y bien pensado para cuando estemos en operación. Sabemos que esto será una realidad y estamos preparándonos”, concluye.

VALORIZACIÓN E INCENTIVOS

A la espera del visto bueno del TDLC, en EcoNeu también están contactando a todos los importadores de neumáticos del país para informarles de sus responsabilidades como productores según la ley REP, junto con las opciones que tienen para cumplir esas obligaciones. Al mismo tiempo, se están comunicando con las empresas generadoras de NFU, que incluye a aquellas donde los usuarios recambian sus neumáticos y las empresas de transporte. “Es vital que ellos conozcan su rol y los beneficios de acercarse a un SGC que programe el retiro gratuito y frecuente de los neumáticos usados que generan”, apunta Villar.

El ejecutivo comenta que las empresas fundadoras y las hoy interesadas en asociarse al sistema colectivo reúnen un poco más del 50% del mercado en la categoría A, cifra que muy pronto esperan que aumente considerablemente.

También destaca que la capacidad de valorización de NFU existente en Chile ha aumentado de manera importante en los dos últimos años “y creemos que nos va a permitir gestionar, como mínimo, las metas que nos exige el Decreto”.

No obstante, anticipándose a las exigencias graduales que contempla el DS 8, advierte que es imprescindible trabajar desde ya en dos temas cruciales: la instalación de más plantas de tratamiento y valorización, idealmente distribuidas en regiones; y la creación de incentivos en el uso de las materias primas secundarias que se obtienen del reciclaje de neumáticos. “El Estado debe ser uno de los actores principales en la compra de estos productos y, además, juega el rol de crear normativas” que permitan, por ejemplo, aprovechar los combustibles alternativos que se derivan de los NFU e incorporar el uso del caucho recuperado como insumo para la construcción de caminos o de espacios públicos.

En relación a esto, Tomás Saieg comenta: “Es de interés del MMA apoyar el desarrollo de normativa técnica que establezca estándares y procedimientos claros para el uso de materiales valorizados en distintas aplicaciones para el sector construcción, de forma de asegurar que éstas sean inocuas tanto para la salud humana como para el medio ambiente y hagan un uso realmente circular de los materiales”.

Agrega que actualmente se trabaja en varias de estas normas técnicas y se está buscando acelerar estos procesos, con apoyo del sector privado interesado. Por último, Saieg resalta que estas regulaciones ayudan a elevar los estándares de confianza para su aplicación y si se diseñan con participación estatal y luego son oficializadas por un ministerio, “pueden pasar a ser parte de reglamentos o manuales de compra del Estado, como el manual de carreteras, y ser incluidas en las compras derivadas de aplicación de subsidios estatales, como los que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.