Intenciones y Acciones

Los megaincendios forestales que han azotado a la zona centro sur del país este verano vuelven a poner en la agenda pública una serie de temas muy relevantes sobre los cuales es necesario reflexionar para luego tomar decisiones y adoptar acciones de manera urgente y prioritaria.

Buena parte, por cierto, tiene que ver con las causas de los siniestros que, de acuerdo a los datos entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre el 1 de julio de 2022 y el 22 de febrero de 2023 habían arrasado más de 458 mil hectáreas de bosques, ecosistemas y suelos, y provocado el lamentable fallecimiento de 25 personas además de miles de heridos y damnificados. Los especialistas en estas materias coinciden en señalar que en el 99% de los casos, el origen de los incendios forestales está asociado a la acción humana, ya sea negligente o intencional. Las cifras en torno a la intencionalidad son variadas y durante los últimos días han causado controversia: mientras la Conaf ha informado que el 24% de los incendios investigados a nivel nacional durante este periodo han sido generados de manera dolosa y que ese porcentaje se eleva a un 42% en La Araucanía y a un 37% en el Biobío, desde la Corporación Chilena de la Madera han sostenido que sería de un 60% y 70% respectivamente en dichas regiones y que, incluso, alcanzaría un 90% en algunas comunas.

Más allá de estas diferencias y de los motivos que puede haber detrás los incendios intencionales (conflictos territoriales, ociosidad u otros), lo relevante es concentrar los esfuerzos en realizar investigaciones policiales y judiciales rigurosas, con la mayor celeridad posible para aclarar los hechos y aplicar las sanciones debidas. Realizar acusaciones sin base y tratar de sacar provecho político –cualquiera sea la tendencia– frente a estas situaciones no es el camino adecuado.

Tan importante como eso, además, es fortalecer las acciones para evitar las negligencias que en diversas ocasiones provocan incendios. En ese sentido, se debiera reforzar, por ejemplo, la prohibición y fiscalización de las quemas agrícolas, como también la mantención permanente y adecuada de las fajas libres de vegetación en las zonas que ocupan los tendidos de transmisión eléctrica, por parte de las empresas propietarias o encargadas de esta infraestructura.

Las investigaciones sobre los incendios forestales también concuerdan en que son múltiples los factores que inciden en su desarrollo y expansión, partiendo por condiciones climáticas como la velocidad del viento, la poca humedad y las olas de calor extremo que son cada vez más frecuentes a raíz del calentamiento global. Acelerar y profundizar los esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático es, entonces, parte de la tarea, más aún cuando cada vez que se quema un bosque se pierden importantes sumideros naturales de carbono y se libera una cantidad relevante de contaminantes atmosféricos.

En línea con eso, se requiere que en el sector público y privado se redoblen las acciones y los recursos para enfrentar y, sobre todo, prevenir la ocurrencia de los incendios. Esto implica, por ejemplo, que las empresas forestales potencien la silvicultura preventiva que básicamente apunta a gestionar los elementos combustibles que hay en los bosques y en sus alrededores, aplicando distintas técnicas de ordenación y manejo forestal –como las fajas cortafuego, corta combustible y libres de vegetación– para minimizar la vulnerabilidad ante estos eventos y reducir sus eventuales impactos. Al respecto, se requiere trabajar en una política pública que lo fomente y crear mecanismos de financiamiento que permitan a los pequeños y medianos propietarios forestales y agrícolas asumir esta tarea.

En este escenario, también es menester generar regulaciones para que las empresas forestales, sobre todo de mayor tamaño, ejecuten sus actividades considerando los efectos que producen en su entorno natural. En ese sentido, parece del todo pertinente debatir con urgencia proyectos de ley como el que busca que las iniciativas de desarrollo o explotación forestal se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se presentó en 2018 y sigue en su primer trámite en el Senado.

Esas y otras ideas debieran ser parte de la discusión del “nuevo trato” con el mundo forestal que se tiene que dar una vez que se controlen las emergencias. Su avance –como siempre– dependerá en gran medida de las voluntades e intenciones públicas y privadas. Es de esperar que sean las mejores.