El juego o las palabras

EL JUEGO O LAS PALABRAs VACIAS EN MATERIA SOCIAL Y PENSIONAL

Víctor Hugo Saidiza¡ Formador INES

EL JUEGO O LAS PALABRAS VACIAS EN MATERIA SOCIAL Y PENSIONAL

En la cascada de reformas de las últimas tres décadas enmarcadas a su vez en el denominado “Consenso de Washington”, aunque específicamente en las dos recientes propuestas, tanto la de índole tributaria –ya aprobada- y la pensional (por aprobarse), se ha utilizado un denso léxico de alcance moralista, o quizás populista, como “universalidad, solidaridad, equidad, igualdad, integralidad”. En efecto, tales categorías axiológicas y jurídico-políticas, en tanto apuntan hacia la inclusión y la Justicia Social, son a la postre traicionadas por unas realidades y resultados completamente contrarias a su filosofía orientadora. Incluso, los impactos de estas dos reformas son antagónicos con respecto al verdadero sentido y significado de tan loables expresiones e ideas, las cuales no hacen nada distinto a generar expectativas falsas, ilusiones vanas y además, crean un mundo sin piso y un horizonte sin luz.

Es así como el actual equipo de gobierno para sortear el abismo fiscal creado por la guerra, la corrupción cínica y extrema, la dependencia pertinaz a centros de poder fo-

ráneo cuyo nuevo rostro es la expoliación financiarizadora o monetarista; y particularmente, semejante cráter fiscal ha tenido como determinante importante la inadmisible defenestración pensional cuyos protagonistas son grupúsculos que abusan de su poder y terminan legislando y confeccionando normas en favor de aberrantes privilegios pensionales.

Por ello, el ejecutivo en cabeza del ministerio del trabajo ha ofrecido para el debate una reforma aparentemente sustentada en los valores de equidad (Justicia), universalidad (igualdad) y sostenibilidad (eficiencia y respeto). Sin embargo, como se afirmó anteriormente, el “Nuevo Modelo de Protección Para La Vejez” (titulado así por la cartera ministerial), está montado sobre una gran falacia, a saber, el enfrentamiento entre trabajadores informales y formales. Paralelamente, trata de confundir o poner en la misma mochila, a los trabajadores formales o de las reducidas clases medias con el puñado de privilegiados indecentes o rayando en territorio penal (prevaricato, fraude, carruseles, abuso de poder, conflicto de intereses) pertenecientes a las cúpulas de los poderes en donde sobresalen la fuerza pública, los magistrados, los jefes de los entes de control, etc. y cuyas pensiones comprometen más de 21 billones anuales, siendo su reversibilidad una utopía.

A pesar de estos mandatos constitucionales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han desconocido los principios de igualdad y de universalidad, privilegiando a un pequeño grupo de funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial y a los congresistas.

Fallos expedidos por el Consejo de Estado han ahondado la crisis de las pensiones. Por ejemplo — dando mal ejemplo — Alejandro Ordóñez Maldonado, siendo magistrado de esa entidad, en varias decisiones reconoció el último salario devengado como base para liquidar algunas pensiones, en lugar del promedio de los últimos 10 años, además de incluir otros factores para su liquidación pensional.

Ya como jefe del Ministerio Público, Ordóñez expidió la Circular Nº 54 del 3 de noviembre del 2010 donde citó la jurisprudencia del Consejo de Estado — incluyendo sus propios fallos como consejero — y conminó a los funcionarios administradores de pensiones a que cumplan las sentencias que confirman esas onerosas pensiones de congresistas e integrantes de la Rama Judicial. Advirtió obviamente a los funcionarios públicos sobre las consecuencias disciplinarias que podría acarrearles el desconocimiento de tan egregias disposiciones. (Espitia, Libardo. En “Razón Pública .com, Febrero de 2013).

“La seguridad social así concebida es el derecho irrenunciable a unas condiciones de vida dignas y así lo corroboran otras disposiciones internacionales como los Convenios y Recomendaciones de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y sociales (1966), el Protocolo de San Salvador (1988), la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (OIT 2008) y la Resolución sobre los pisos de protección social (OIT 2012), entre otros.” (CGT; CPC y CUT; febrero de 2013)

Sostenibilidad?: entiéndase por tal principio la eficiencia como optimización y gestión transparente de los recursos. No es rigurosa la gestión y asignación de los recursos cuando la inmensa mayoría de la sociedad aportante tiene que pagar pensiones fraudulentas, ilegítimas, pese a su

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Equitativo es darle a cada cual según su necesidad y de acuerdo con su esfuerzo o condición de vida concreta. Alcanzar un equilibrio de mínimos físicos, morales y espirituales.

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barniz legal. Del mismo modo, no hay eficiencia si los dineros de la seguridad social se desvían hacia proyectos especulativos o hacia objetivos movedizos. Comprometer los recursos futuros y a las generaciones del mañana sin responsabilidad es un obstáculo inexpugnable para obtener la sostenibilidad. En el actual Modelo de Protección Para La Vejez la sostenibilidad es fiel y leal al modelo monetarista neoliberal y a su criterio fiscalista

que vuelve las pensiones un negocio, les inocula el agresivo virus de la ganancia, la intermediación, el ánimo de lucro voraz a las aseguradoras. Aquí no es el futuro de las nuevas generaciones lo que está en juego, es el futuro del mercado bursátil, la fluidez de las bolsas y el caos de la economía papel del mercado accionario. En suma, la reforma pensional subsidia no al trabajador sino al capital y en especial al capital transnacionalizado que se hace sentir ante gobiernos débiles o dispuestos a seguir en la ruleta del aperturismo, el desmonte del “Estado Social de Derecho” y la tolerancia con los desmanes de un modelo banquero o especulativo (Paraísos Fiscales) cuya quiebra se constata desde 2008, siendo su origen, las hipotecas tóxicas en los EU, el manejo mafioso de lo público y un agobiante y pasmoso desmoronamiento “ÉticoPolítico”, (léase sobre la ruina de Grecia, España, Islandia, Italia, Dinamarca).

El balance no podía ser más absurdo. El sistema público se quedó con los pensionados y los afiliados se desplazaron a los fondos privados. A tiempo que el ISS quedó desfinanciado porque subió la relación pensionados-cotizantes, las AFP recibieron cuantiosos recursos, y como no tenían clientes, los movilizaron al sector financiero. Los beneficios del sistema privado resultaron tres veces menos que el público. Como en los últimos años aparecieron liquidaciones de los primeros pensionados que lo confirmaron en carne propia, se desató un regreso masivo a la prima media.

De mantenerse la tendencia, el sistema público terminaría recuperando a los afiliados y los fondos privados se extinguirían. La reforma propuesta por el Gobierno consiste en pasar las cotizaciones correspondientes al salario mínimo al ISS, extender un subsidio a los cotizantes de los fondos privados y someter los ingresos por encima del salario mínimo al régimen de capitalización. La mayoría de la población quedaría con pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y traería consigo el empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad.

Lo grave es que no guarda relación con la realidad nacional. El país está en la fase en que los cotizantes crecen por encima de los pensionados. La relación pensionados-cotizantes es de 1 a 7,

Equitativo es darle a cada cual según su necesidad y de acuerdo con su esfuerzo o condición de vida concreta. Alcanzar un equilibrio de mínimos físicos, morales y espirituales.lo que permitiría operar con la cotización actual de 13% y reconocer el 75% del salario promedio. En Europa es de 1 a 3 y tiende de 1 a 2. (Sarmiento, E. “El Espectador”, 17 de febrero de 2013).

¿Equidad?: solamente se entiende la equidad cuando se la sujeta a la Justicia Social y las formas superiores de vida ancladas en la solidaridad porque de lo contrario, se cae en un reduccionismo simplista, según el cual, las cifras y las estadísticas frías, sustituyen el derecho por el negocio, la obligación y el compromiso por la arbitrariedad, y la cooperación por una burda competencia. Equitativo es darle a cada cual según su necesidad y de acuerdo con su esfuerzo o condición de vida concreta.

Alcanzar un equilibrio de mínimos físicos, morales y espirituales. Ahora bien, en la propuesta de reforma pensional lo que se observa es un nuevo ataque, un zarpazo inadmisible e irrespetuoso con derechos adquiridos y con la “Libre Elección” para con los trabajadores más humildes que son el 75%, esto es, los que están por debajo de los tres salarios mínimos legales, y bajo el ardid o la trampa falaz de atacar a los privilegiados.

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lograr un sistema de protección a la vejez, la invalidez y la situación pensional que garantice un ingreso digno a los trabajadores, una asignación de subsidios hasta los 4 SMLV...

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Las pensiones de congresistas y magistrados se liquidan tomando como base gastos de representación, asignación básica, primas de vivienda, de navidad, de salud y servicios. Por eso algunas superan los 20 millones. Altos magistrados han ganado demandas que les incluyan, por ejemplo, las bonificaciones que reciben cada 4 años. La propuesta de gravar las pensiones altas, inicialmente incluida por el gobierno en la reforma tributaria, curiosamente tampoco prosperó…” (Razón Pública.com)

Afirmar que todos los afiliados tendrán subsidio del Estado es de hecho un despropósito y hasta un pésimo chiste porque lo esperado era una inversión de la pirámide, esto es, que los de mayores ingresos tuvieran menos subsidios y después de los 6 SML ningún subsidio. El Gobierno pinta la situación como loable al

afirmar que todos recibirán el subsidio hasta un salario mínimo legal. Aquí es donde lanza un salvavidas al Régimen Privado –RAP- o de capitalización, pues, los que ganan más de un salario mínimo tendrán que trasladarse a los Fondos privados de pensiones, dejando su primer salario con los subsidios prometidos. De hecho, los subsidios de los sectores medios pasarán a coadyuvar a los informales que se encuentran prácticamente en situación de indigencia y extrema pobreza. Se socializará la pobreza por lo bajo.

Más allá de la polémica jurídica, el pago de pensiones para congresistas y magistrados ha venido subiendo entre 2,4 y 3 billones de pesos en los dos últimos años. Para 2012, el presupuesto para pensiones será de 29,5 billones de pesos, mientras que el de educación será de 19 billones y el de salud, de 12,9 billones. Un monto desproporcionado, ante la desigualdad de los ingresos en Colombia: el 84 por ciento de los trabajadores devenga menos de 2 salarios mínimos y el 49 por ciento menos de 1 salario mínimo. Colombia tendrá que destinar al pago de estas pensiones vergonzosas entre 43 y 57,2 billones de pesos más a lo largo de los próximos 20 años. Un gasto descomunal para el Estado, además de lo que tendrá que consagrar cada año para el pago de mesadas pensionales ordinarias.

“Alrededor de 1.200 personas reciben mesadas de más de 15 millones de pesos, pese a que sus aportes están lejos de compensar esa suma. Cada una de esas pensiones resulta costando hasta 4.000 millones al erario público, pues la esperanza de vida promedio de una de esas pensiones es de 40 años.

(Razónpública.com.)

¿Cobertura?: cuando la ley 100 de 1993, la 789 y 790 de 2003 se adujo como anzuelo nuevamente el fortalecimiento del empleo y la “universalización” de los sistemas de protección, pero, el efecto fue contrario y antagónico. El anhelo bonachón de pasar del 27% al 75% u 80% en cobertura, de la mano de los “Beneficios Económicos Periódicos” –BEPS- es una fantasmagoría estadigráfica y matemática que riñe con la lógica real y también con el sentido común.

En efecto, para que tal maravilla se pudiera verificar en pocos años habría necesidad perentoria de erradicar el modelo excluyente, empobrecedor y violento implementado en Colombia con el nombre antipático de “Consenso de Washington”, desmantelar la tercerización, generar empleo formal y decente, modificar la instauración de una economía con énfasis mineroenergético, por una economía de vocación agrícola e industrializadora. La vocación extractiva no sólo es precaria en generación de empleo y fatal en los asuntos ecológicos, también produce esa enfermedad ruinosa y terminal conocida como “Enfermedad Holandesa”. Y lo más importante, urgente e ineludible es comprometerse con la paz atacando de raíz las mafias que han capturado y cooptado el estado, de lo contrario los BEPS no pasan de ser una medida populista que tendrá precaria cobertura, sostenibilidad ruinosa y equidad incipiente.

“El actual modelo de desarrollo que atenta contra la equidad en seguridad social, distribución de la riqueza y condiciones de vida de la población, nos convirtió en uno de los países más inequitativos del planeta con cifras alarmantes en pobreza y en pobreza extrema. Los privilegios de los sectores financiero y mineroenergético, los tratados de libre comercio, la privatización de los servicios públicos, la venta de las empresas estatales y una legislación tributaria regresiva, por ejemplo, no favorecen el empleo, la formalización, ni el contexto para una seguridad social digna.” (Cut; Cgt; Cpc; 2013).

HACIA UNA MIRADA PROPOSITIVA Y CONCERTADORA:

La Confederación General del Trabajo, CGT, considerando la coyuntura nacional, por virtud de la cual se vienen haciendo propuestas de reforma a los grandes problemas sociales del país y bajo el criterio de generar mayores mecanismos de Prosperidad Social, entre ellas la de una posible reforma a las pensiones, se interesa en aportar a este debate, con el fin de enriquecerlo, pero, ante todo, de lograr que dichas propuestas cumplan con el verdadero objetivo, como es el de lograr un sistema de protección a la vejez, la invalidez y la situación pensional que

garantice un ingreso digno a los trabajadores, una asignación de subsidios hasta los 4 SMLV, simplemente trasladándolos de las exenciones y gabelas que petroleras y empresas extractivas reciben y que, sólo en la última década, recibieron una cifra cercana a los 9 billones de pesos.

En la actualidad y a manera de diagnóstico inicial, cerca de 5,4 millones de colombianos se encuentran en edad de pensionarse, de los cuales solo cuentan con pensión 1.600.000 personas, distribuidas en los distintos regímenes existentes, como Régimen de Prima Media, el Régimen de Ahorro Individual y otros de carácter especial. De estos pensionados, vale resaltar, que en su gran mayoría se encuentran ubicados en el rango correspondiente a menos de dos salarios mínimos legales vigentes. Lo anterior, en razón por una parte a la prohibición constitucional de la existencia de pensiones inferiores al SMLV, así como por el grave deterioro de los ingresos de los trabajadores a lo largo de sus vidas laborales. Entre este rango, se encuentran más del 68% del total de pensionados del país. Esto demuestra una gran paradoja, la cruda precariedad de la política en protección de la vejez, así como la deficiencia en la promoción de mecanismos idóneos que permitan avanzar en la construcción de escenarios más favorables para los adultos mayores.

Por otro lado, esto se ve contrastado, con la honda problemática de desempleo padecida en los últimos 30 años, a pesar de que todas las reformas laborales se han acometido pronosticando una reducción significativa en las altísimas y explosivas tasas de desocupación y, concomitante con ello, la informalidad, las cuales nos ponen en el puesto número uno entre los países de América Latina con mayor nivel de trabajadores informales, aproximándose a tasas del 70%, con niveles de desigualdad (Coeficiente de Gini) abismales y entre los tres últimos del hemisferio americano. Las cifras de afiliados al sistema general de pensiones no sobrepasan los 17,2 millones de trabajadores, con un agravante impulsado por el desempleo y la intermitencia o radical temporalidad del mismo, al punto que más del 70% se encuentran inactivos.

Actualmente, el gobierno nacional cuenta con dos estrategias, adicionales al sistema pensional, con las cuales considera viable reducir de manera sustancial la desprotección al adulto mayor, por un lado los BEPS o Beneficios Económicos Periódicos y el programa Colombia Mayor. Esas dos estrategias tienen intención loable, pero carecen de combustible y se pretende mantener su irrigación de los anémicos ingresos de las clases medias y allí está el desatino y, además, la sumisión al modelo pro-rico que da identidad plena al esquema neoliberal.

Frente a tales iniciativas, que juzgamos inconvenientez e inviables, la CGT se permite recomendar: 1. El fortalecimiento al Régimen de Prima Media -RPM-, a través de un sistema de pilares y de afiliación obligatoria para los trabajadores con menos de 10 SMLV y en la perspectiva de recuperar el “Reparto Simple” e intergeneracional, vale decir, la recuperación de un derecho y el abandono del concepto de negocio e incluso del de servicio.

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Las cifras de afiliados al sistema general de pensiones no sobrepasan los 17,2 millones de trabajadores, con un agravante impulsado por el desempleo y la intermitencia o radical temporalidad del mismo, al punto que más del 70% se encuentran inactivos.

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2. En la actualidad existe un gran déficit en materia de recursos que funcionen como fondo de sostenibilidad del RPM, pues en el antiguo Instituto de los Seguros Sociales, los trabajadores aportaron, los empleadores aportaron y varios gobiernos ponían a quienes solían usufructuar, distorsionar o en no pocos casos apropiarse sus recursos. Por ello, una de las tareas pendientes es obtener recursos para fondear este régimen, recuperando o pagándole lo que le fue arrancado. Esto es, devolver al RPM sus dineros, como una manera de empezar a pagar la enorme deuda social que se tiene para

con los afiliados. Estos recursos provendrían de destinar 5 dólares por cada barril de petróleo producido en la actualidad, lo cual equivaldría a destinar recursos por cerca de 1.825 millones de dólares al año, recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema y reducir al mínimo la problemática en materia de cobertura. Respecto al Régimen de Ahorro Individual o RAIS: 3. Promover un papel mucho más efectivo en materia de regulación, vigilancia, control y democratización de las entidades aseguradoras del RAIS, para que sus dineros vayan a fortalecer el desarrollo y el crecimiento de la infraestructura del país, y no para que sean destinados a ruletas especulativas como el caso de INTERBOLSA, DMG, entre otros, que lo único que hacen es poner en alto riego los recursos de los trabajadores mas pobres del país.

4. Reducir los aportes destinados a administración, los cuales se encuentran en el 3% de la cotización y que podrían ser destinados a fortalecer los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima o FGPM, ampliando los niveles de cobertura y reduciendo los requisitos para su obtención. Por otro lado, se deberá igualmente desarrollar cambios del sistema en lo referente a la pensiones de alto valor existentes en la actualidad, y las cuales se vuelven una carga financiera no solo para el Estado, sino para

la sociedad en general, pues dichas pensiones son las que mayor subsidio reciben, degenerando en un grave proceso de profundización de la inequidad del país.

5. Nadie podrá tener pensión superior a los 15 SMLV en el Régimen Solidario de Prima Media, y lo que exceda tal monto deberá haber sido construido por medio del ahorro individual en el RAIS. 6. Todas las Pensiones superiores a 10 SMLV deberán pagar un aporte al RPM, partiendo con el 5% y, por cada dos SMLV adicionales, un 2% adicional, recursos que serán destinados al fortalecimiento del fondo de sostenibilidad del RPM. 7. Ningún país podrá hacerse financieramente sostenible en materia pensional si no se logra avanzar en acciones que amplíen de manera importante la formalidad, reduciendo fuertemente la informalidad y promoviendo mecanismos para la generación de empleo digno. Por ello proponemos Promover como iniciativa del ejecutivo, paralelo al proyecto de ley de reforma pensional, un proyecto de reforma de la ley 1429 de 2010, o mal llamada ley de primer empleo, la cual no ha cumplido con las expectativas proyectadas en materia de formalización y generación de empleo.

8. Reducir la ampliación dada en esta ley, para la con-

tratación de trabajadores extranjeros, destinándolos solo a actividades específicas y altamente calificadas, con el fin de no permitir el ingreso de altos flujos de trabajadores migrantes a ocupar trabajos que pueden ser destinados a la población colombiana.

9. Promover avances significativos en la concertación del proyecto de ley de reforma al Contrato de aprendizaje, el cual está cursando actualmente en el Congreso de la República y el cual puede generar resultados importantes en la reducción de la informalidad.

10. Finalmente, la CGT propone articular una política para fortalecer el fondo de solidaridad pensional destinando el equivalente a 5 dólares por cada barril de petróleo explotado en nuestro país, en esa dirección una parte debe destinarse a una especie de fondo rotatorio que permita hacer préstamos para completar las semanas que le hagan falta a quienes no alcanzan a completarlas, préstamo que le será descontado de la mesada pensional asignada en cuotas moderadas y otra parte de estos recursos debe estar destinada a dotar de una pensión a quienes nunca cotizaron al sistema y que se encuentren en situación de precariedad económica.