Trabajo decente

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¿Hay trabajo decente en Colombia?

Germán González Formador INES

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¿Hay trabajo decente en Colombia?

No, no hay trabajo decente ni digno en nuestro país según un estudio de la organización DeJusticia, auspiciado por la Procuraduría General de la Nación y por la agencia laboral de la embajada americana, USAID. A continuación presentamos una síntesis de sus análisis y conclusiones.

El trabajo es un elemento esencial para definir la identidad propia, es un mecanismo de integración social y es además una de las actividades mediante las cuales los individuos realizan sus aspiraciones personales y hacen su aporte productivo a la sociedad.

En Colombia, la persistencia de tasas de desempleo superiores al 10%; la existencia de un sector informal que genera alrededor de la mitad de los empleos; la discriminación que el mercado laboral efectúa contra las mujeres, los jóvenes, las personas en situación de discapacidad, los desplazados, entre otros; el incumplimiento de los estándares laborales; el abuso de figuras como las 01

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cooperativas de trabajo asociado; las bajas tasas de sindicalización; la precariedad de los mecanismos de negociación colectiva y la baja proporción de cotizantes en el sistema de seguridad social, revelan la complejidad de los problemas asociados al mundo del trabajo y ponen de presente la insuficiencia de los esfuerzos que el Estado ha invertido para superarlos.

En nuestro país los ingresos laborales representan el 78,8% de los ingresos totales de los hogares, lo cual indica que el mercado de trabajo es el principal mecanismo a través del cual se reproducen los fenómenos de pobreza y exclusión que ubican al país como el segundo más desigual del continente. Pero por esta misma razón, el mercado laboral es también el medio a través del cual es posible lograr mejoras sustanciales en las condiciones de vida y el ingreso real de la población colombiana. Es el canal de transmisión mediante el cual el crecimiento económico se convierte en desarrollo social.

En la medida en que se perpetúe este panorama desolador en materia laboral, el trabajo continuará siendo un motivo de frustración y no una fuente de realización personal de los trabajadores y trabajadoras colombianos.

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El diagnóstico que atribuye los problemas del mercado laboral al exceso de garantías que tienen los trabajadores formales, no solo es débil desde el punto de vista explicativo, sino que además es incompatible con un enfoque de derechos. Esta investigación pretende destacar que aún existen muchos caminos que explorar para combatir el déficit de trabajo digno en el país, antes que resignarse a aceptar que solo se puede generar empleo recortando garantías laborales.

El diagnóstico que atribuye los problemas del mercado laboral al exceso de garantías que tienen los trabajadores formales, no solo es débil desde el punto de vista explicativo, sino que además es incompatible con un enfoque de derechos. Esta investigación pretende destacar que aún existen muchos caminos que explorar para combatir el déficit de trabajo digno en el país, antes que resignarse a aceptar que solo se puede 03

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generar empleo recortando garantías laborales.

El enfoque de trabajo decente ha sido desarrollado ampliamente por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a partir de 1999 y la noción de trabajo digno constituye el referente constitucional del ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral. Según el Director General de la OIT, su objetivo principal y de los actores del mundo del trabajo debería ser la promoción del trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana y para cumplir con ese propósito es necesario trabajar sobre cuatro objetivos estratégicos: 1. Las oportunidades de empleo e ingresos 2. La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo 3. La protección social 4. El diálogo social

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A su vez, los componentes del trabajo digno consignados en las normas colombianas incluyen: Igualdad de oportunidades para los trabajadores • Remuneración mínima vital y móvil • Estabilidad en el empleo • Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales • Debe optarse por la interpretación más favorable al trabajador • Primacía de la realidad sobre las formas • Garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso

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En las dos últimas décadas las relaciones de trabajo en Colombia se han transformado significativamente. El contrato de trabajo clásico, a término indefinido, amparado de forma especial por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, ha cedido paso a los contratos temporales y las relaciones de trabajo de tipo civil o comercial, a la prestación de servicios a través de cooperativas de trabajo asociado, a la utilización recurrente de figuras de intermediación laboral o de mecanismos de triangulación en las formas de contratación en los que el beneficiario del trabajo no asume directamente las obligaciones en lo relativo a las prestaciones, la seguridad social y los riesgos profesionales del trabajador.

La mayor flexibilidad inherente a estas formas de vinculación laboral reduce el grado de estabilidad en el empleo, aumentando así la incertidumbre de los trabajadores y sus familias, particularmente de la población que presenta dificultades para adaptarse a las nuevas realidades o de aquellos grupos que el mercado laboral tiende a discriminar o a excluir. Además, puesto que en Colombia existe una estrecha conexión entre la seguridad social y el mercado laboral, la alta rotación entre el empleo y el desempleo que estas formas de contratación suscitan, determina una suspensión frecuente de las cotizaciones que garantizan a los trabajadores el acceso a la salud o la posibilidad de obtener una pensión en la vejez.

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La dimensión que más se ha visto afectada con el auge de las formas de inserción laboral señaladas, es la del diálogo social. Con la reestructuración de empresas públicas se desmontaron muchas de las conquistas logradas por los trabajadores a través de convenciones colectivas. El reemplazo del personal de planta por formas contractuales donde el vínculo laboral es de fácil terminación, deshabilita a los trabajadores para crear nuevos espacios de negociación. Además, la dispersión dificulta el surgimiento de lazos solidarios entre los trabajadores.

Las relaciones de trabajo se han individualizado, la tasa de sindicalización ha descendido continuamente y la disminución de la representatividad de los sindicatos ha cedido paso al protagonismo de otros actores en la defensa de los derechos de los trabajadores. Ante este panorama, el trabajo, cualquiera sea su forma, debe volver a convertirse en un factor de integración social. El reconocimiento de nuevos perfiles de trabajador y de nuevas subjetividades en el mundo del trabajo debe guiar la reconstrucción de un sindicalismo más incluyente, y menos hostigado por el entorno social y político.

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La OIT ha demostrado que mayores tasas de sindicalización tienen el efecto de garantizar que los aumentos en la productividad laboral se traduzcan en aumentos proporcionales en los salarios. Esto implica que la existencia de sindicatos fuertes es un elemento crucial para que el crecimiento económico realmente se traduzca en aumentos de la demanda efectiva de los hogares, y con ello se generen círculos virtuosos que propicien nuevos y continuos aumentos en la producción.

Mayores garantías del derecho de asociación y libertad sindical son requeridas con urgencia en contextos en los cuales el poder de negociación de los trabajadores es muy reducido, buscando mecanismos para integrar a los trabajadores que no tienen canales de representación y a los desempleados.

Ampliar las facilidades para la formación de sindicatos y el alcance de la negociación colectiva en países donde ha habido un contexto hostil contra las iniciativas de organización de los trabajadores, constituye un deber político de reconocimiento y una forma eficaz de reducir las desigualdades.

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Recomendaciones El enfoque aquí asumido parte de reconocer que una política de trabajo decente debe diseñarse a partir de la interacción de tres elementos: el enfoque de derechos, la solidez técnica y la deliberación democrática. Para lograrlo se ofrecen las siguientes recomendaciones: • la recuperación institucional • la reforma al emprendimiento • el replanteamiento de la política salarial como política de la productividad En relación con el fortalecimiento institucional, el proceso de creación del Ministerio del Trabajo constituye una oportunidad para sentar las bases institucionales de una política de generación de empleo exitosa, que incluya: • Generar los espacios de coordinación institucional pertinentes • Crear los instrumentos de planeación necesarios • Lograr un balance adecuado entre el gobierno nacional y las entidades territoriales en el diseño e implementación de la política de empleo

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• Disponer de centros de diagnóstico con la información existente sobre el mercado laboral • Asumir como bandera la promoción del trabajo decente o trabajo digno • Facilitar el aporte de los actores sociales a la formulación de la política de empleo en los espacios de concertación.

Para lograr estos objetivos, se sugiere que el Ministerio de Trabajo tenga un viceministerio de empleo, que debe formular la política de generación de empleo digno y centralizar la información de distintas fuentes del mercado laboral, conformar una división encargada de diseñar e implementar la política de empleo a nivel nacional y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para generar políticas de empleo regionales.

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En cuanto a los cambios del emprendimiento, el objetivo fundamental de las políticas de empleo debe ser el de impulsar la demanda de trabajo en el sector formal, para poner el objetivo de generación de empleo digno en el centro de la política macroeconómica y sectorial. En este sentido, los programas de emprendimiento del SENA no deben concebirse como un desesperado plan B orientado a buscarles una pequeña fuente de ingresos a las personas que no logren conseguir un empleo formal, sino que deben entenderse como un mecanismo mediante el cual se amplíe la base empresarial del país capaz de generar empleo formal y convertirse más bien en estrategias de creación y promoción de empresas asociativas para la generación de empleo de calidad.

En la relación de salarios y productividad, la manera más efectiva de garantizar que los trabajadores poco calificados obtengan un empleo formal no es la de ajustar su salario a la productividad, sino más bien incrementar su productividad al menos hasta el nivel del salario mínimo.

Por supuesto que esta solución requiere de una ambiciosa política que sustente la competitividad del país no en bajos salarios sino en trabajadores con altos niveles de capacitación.

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En la regulación de las relaciones laborales la acción prioritaria consiste en la consolidación de un sistema de inspección, vigilancia y control con los recursos humanos y técnicos disponibles para prevenir las vulneraciones a los derechos de los trabajadores. En tal sentido, se sugiere que el Ministerio de Trabajo tenga un viceministerio de inspección vigilancia y control, encargado de formular políticas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores.

Además de la división de diálogo social, se sugiere que el Viceministerio de Relaciones Laborales tenga una división de protección laboral. Las funciones de esta división deberían ser las de diseñar programas para reforzar los derechos fundamentales en el trabajo, canalizar recursos de cooperación para el financiamiento de estos programas, gestionar las relaciones con la OIT en asuntos laborales, promover estudios antidiscriminación y medidas para garantizar la inserción laboral de grupos vulnerables.

Finalmente, se recomienda promover el sindicalismo, pues a nivel internacional existe una sólida evidencia sobre la conexión existente entre altas tasas de sindicalización y menores niveles de desigualdad.

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Por consiguiente, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del continente, una política de promoción activa de la sindicalización se constituye en un elemento necesario para una repartición más equitativa de los beneficios del progreso social.

La política de promoción de la sindicalización debe contemplar la remoción de los obstáculos existentes para que los trabajadores con formas de vinculación atípicas conformen sindicatos. En este caso, el gobierno nacional puede iniciar un programa para que en coordinación con las centrales sindicales se promueva la conformación de sindicatos de trabajadores independientes, trabajadores de los servicios temporales, de cooperativas, o vendedores ambulantes.

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De igual forma, deben iniciarse agendas participativas para reglamentar la negociación colectiva en sectores donde no hay claridad sobre su alcance, como es el caso de los empleados públicos. Dentro de la regulación de la negociación colectiva debería contemplarse adicionalmente la posibilidad de que en los convenios colectivos se establezcan disposiciones que protejan las garantías de los trabajadores vinculados por las empresas a través de modalidades de tercerización laboral. Pero también resulta imprescindible que se emprendan acciones para consolidar una cultura empresarial y ciudadana que reconozca el aporte de las organizaciones sindicales al desarrollo. Así será posible eliminar las prácticas que coartan los derechos de asociación y negociación colectiva.

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