RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 3 Lima, 16 de agosto de 2018
Pablo Zavala Sarrio
Los audios y las noticias propaladas por los medios de comunicación, han estado abocados, principalmente, a hechos de corrupción ocurridos en el Sistema Nacional de Administración de Justicia. Por ahí hemos visto desfilar a Fiscales Supremos, Magistrados, Jueces, con sus consabidas cintas y medallones que, supuestamente, les conferían “autoridad y prestigio”. También aparecieron secretarias, abogados y otros agentes civiles del entorno. En otros espacios y otro tipo de actividad, han pasado frente a las pantallas de T.V: alcaldes, regidores, agentes municipales de seguridad que también habrían incurrido en hechos de corrupción y violencia, amparados por las amenazas y el miedo que imponían. Sobre el pasado reciente, no se puede dejar de mencionar a políticos (ex presidentes, ex ministros, congresistas) y empresarios, comprometidos en la red de corrupción “gestionada” por OdebrechtTodos estos personajes, de ayer y de hoy, junto a otros cientos (o tal vez ¿miles o más?), que podrían estar en “estado de alerta” por haber actuado de manera corrupta en múltiples espacios y actividades de la vida del país, debieron haber pasado por alguna institución educativa, (pública o privada), e inclusive obtenido grados y títulos universitarios. Es aquí que surge una grave y comprometedora interrogante: ¿Qué se hizo, o dejó de hacer, desde la educación, para que, tarde o temprano, cometieran los hechos ilegítimos que se han expuesto a la opinión pública? Ciertamente, pueden existir una serie de factores que hayan propiciado la realización de tales actos, como: a) Afán por la riqueza; b) Deseo de ostentación; c) Personalidad agresiva; d) Experiencias de vida donde las inconductas eran puestas en valor; etcétera. Sin embargo, es evidente que la educación, desde hace un buen tiempo, ha perdido perspectiva al centrar su atención, preferentemente, en la formación teórica/académica/técnica, (con criterio pragmático, utilitarista) dejando prácticamente de lado la apropiación y práctica de los elementos subjetivos vinculados a la formación moral y ética, fundada en el reconocimiento y respeto de la dignidad de los seres humanos, y de su condición de sujetos de derechos. Desafortunadamente, debemos reconocer que, sin ser los docentes los principales responsables de esta pérdida de perspectiva, existe un gran vacío en la educación y en el desempeño de los docentes, referidos a la formación de personas y ciudadanos con una sólida estructura de valores morales y éticos, que pueda incidir en sus conductas, garantizando la no ocurrencia de nuevos hechos de corrupción, tanto en el presente, como en el futuro. Pienso que sería sano analizar cómo estamos, los educadores y docentes, plasmando desde las aulas y en la vida diaria, nuestra responsabilidad ética y política en dicha formación, toda vez que el país necesita y reclama a gritos, ciudadanos íntegros, probos, intachables que, no solo puedan asumir responsabilidades en la función pública, sino que la expresen en sus relaciones de convivencia ciudadana cotidiana, pudiendo la población confiar en la transparencia y solidez MORAL y ÉTICA de sus conductas. ¿No es esta acaso la meritocracia por la que deberíamos trabajar prioritariamente?.