Acuerdo de Escazú

ACUERDO DE ESCAZÚ Por: Martina Gómez

En América Lana y el Caribe contamos con una riqueza natural cada vez más amenazada. El 22% de los bosques del mundo están en esta región. Pero entre 1990 y 2015 casi un millón de kilómetros cuadrados de selva fue exnguido. Eso es como perder 142 mil canchas de fútbol. Más del 68% del suelo en Sudamérica sufre erosión por la deforestación y la ganadería excesiva.

Somos una de las regiones más biodiversas del planeta, pero actualmente más del 23% de nuestras especies están en peligro de exnción. El 70% del agua que usamos en las ciudades, en la industria y en la agricultura regresa a nuestros ríos sin tratamiento alguno. Exponiendo a 25 millones de personas a enfermedades, y poniendo en riesgo sus vidas y salud. Las personas y comunidades que denuncian esta devastación se enfrentan a asesinatos y ataques. En 2018, 83 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en Lanoamérica. El panorama parece desolador, pero podemos cambiarlo… El 4 de marzo de 2018, después de 6 años de arduas discusiones, 24 países de América Lana y el Caribe, en diálogo con representantes de la sociedad civil lograron una propuesta que de hacerse realidad, garanzaría el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano. Esa propuesta se llama: Acuerdo de Escazú.

Este acuerdo dice que las decisiones sobre cuesones que afectan al medio ambiente, deben tomarse de la mano con las y los ciudadanos.

Tu voz debe ser escuchada cuando se toman decisiones sobre el medio ambiente. Para lograr esto, el acuerdo dice que cualquier persona podrá solicitarle a su gobierno información sobre el medio ambiente en general. El estado sobre la contaminación del agua en el país, o el impacto sobre el medio ambiente sobre un proyecto en una mina, por ejemplo. Las autoridades tendrán un plazo de 30 días para responder de una forma que se enenda. El estado también tendrá que contar con un sistema donde cualquier persona pueda consultar fácilmente información actualizada relava al medio ambiente.

Las personas podrán parcipar en la toma de decisiones que impacten en el ambiente. Las autoridades estarán obligadas a consultar y a tomar en cuenta las opiniones de las personas afectadas.

La consulta dejará considerar la cultura y el idioma de las personas. Los pueblos indígenas no sólo deberán ser consultados, sino que se buscará su consenmiento, tal y como lo prevé el derecho internacional.

Las personas podrán recurrir a los tribunales o a los mecanismos alternavos de resolución de disputas si su derecho a solicitar información o a parcipar no es respetado. También podrán recibir reparaciones en caso de haber sido vícmas, si se causaran daños al medioambiente.

Las personas, grupos y organizaciones que defienden al medio ambiente podrán hacerlo de forma segura.

El acuerdo fortalece la obligación de los estados a reconocer, respetar y proteger todos los derechos de las personas y colecvos que defienden el ambiente, también a invesgar y sancionar a los ataques en su contra. Para que el acuerdo de Escazú se implemente de forma efecva, los países tendrán que capacitar a sus autoridades y funcionarios, sensibilizar a sus poblaciones a través de campañas informavas o programas educavos en las escuelas, y fortalecer los registros y sistemas de información ambiental.

Para lograr esto, el acuerdo invita a que los países cooperen entre ellos a través de talleres, encuentros y también en alianza con estados de otras regiones.

Este Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de Negociación. Durante las negociaciones, lideradas por Chile y Costa Rica en su calidad de Copresidentes y por otros cinco integrantes de la Mesa Direcva (Argenna, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago), se reunieron delegados gubernamentales, representantes del público y del sector académico, expertos y otras partes interesadas, que parciparon acvamente, de manera colaborava y en pie de igualdad.

El resultado de este proceso tan innovador no podría ser más inspirador. En un momento de creciente incerdumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, en que, precisamente, el mullateralismo se encuentra somedo a un intenso escrunio, los países de América Lana y el Caribe han demostrado el valor de la acción regional. Para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y más derechos ambientales en el plano local, los países han decidido actuar de manera coordinada a nivel regional, poniendo la creación de capacidades y la cooperación al servicio de bienes e interese colecvos superiores.

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en parcular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objevo es garanzar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a parcipar de manera significava en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la juscia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.

Se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Lana y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las parcularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gesón y la protección ambientales desde una perspecva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la parcipación pública y la juscia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las erras y el cambio climáco y el aumento de la resiliencia ante los desastres. También se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e inmidaciones.

Desde un enfoque basado en los derechos, se reconocen principios democrácos fundamentales y se procura abordar uno de los desaos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada. A través de la transparencia, la apertura y la parcipación, el Acuerdo Regional contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región. En ese sendo, en el Acuerdo se plasma el compromiso de incluir a aquellos y aquellas que tradicionalmente hayan sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados y de dar voz a quienes no la enen, sin dejar a nadie atrás.

Con este Acuerdo, nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Asegurando la parcipación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gesonarse el medio ambiente ignorando a los pueblos y las economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instuciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible. En el Acuerdo se reconocen esta interrelación e interdependencia, lo que convierte este primer tratado regional de la CEPAL en un instrumento invaluable para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para que el acuerdo se ponga en vigor se necesita, como mínimo, que 11 países lo rafiquen. Al momento, de los 33 países, 22 lo han firmado y 9 raficado. Por la relevancia del acuerdo en asuntos ambientales, las organizaciones y agrupaciones reclaman al gobierno argenno la pronta raficación.

El 13 de agosto obtuvimos media sanción en el Senado. Ahora necesitamos la aprobación en la cámara de Diputados.

La crisis climáca y ecológica es un asunto de derechos humanos. Por eso como pueblo

queremos una reacvación parcipava, democráca y justa: ¡Acuerdo De Escazú Ahora!