La juntada. Microcrédito, tecnología y gestión asociada en la Agricultura Familiar

MICROCRÉDITO, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN ASOCIADA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR

PRÓLOGO Cuando iniciamos la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, en Mayo del 2003, asumimos el desafío de instalar Políticas Sociales que cambien la vida de la gente. Para ello hubo que transformar la acción del Estado en las recurrentes prácticas asistencialistas y clientelares, para pasar a una lógica que combinara protección de la persona con promoción social. En definitiva, dejar atrás los programas focalizados de contención de la pobreza que durante el neoliberalismo impulsaron los organismos internacionales de crédito, para implementar estrategias integrales de desarrollo territorial centradas en la persona, sus derechos y la construcción colectiva.

Por eso fue determinante reconocer a la persona como sujeto de derecho, superando la vieja concepción de beneficiario de las prácticas conservadoras, generando condiciones de acceso al desarrollo integral de los emprendimientos socioproductivos con la activa participación de un Estado presente y promotor, priorizando como ejes estructurales de la política social: la familia y el trabajo. Allí está el cambio de paradigma, en esa concepción encontramos lo que llamamos “la bisagra” en Políticas Sociales en la Argentina.

Centrar la política en la familia y el trabajo nos llevo a resignificar las herramientas programáticas del Ministerio y desarrollar nuevos instrumentos que consideraran la integralidad del sujeto que permitieran, a través del trabajo genuino, mejorar los ingresos familiares. Fue así como fuimos andando, aprendiendo de la propia tarea con la mirada del territorio.

Fuimos recorriendo el país con políticas activas de apoyo al trabajo popular y la organización comunitaria, implementamos el Plan Manos a la Obra para impulsar la economía social y desarrollar diferentes herramientas que nos permitieran brindar el acompañamiento adecuado a los emprendimientos de la economía social. Así que surgió la necesidad del Monotributo Social y la creación del Registro de Efectores Sociales, la ley 26117 de Promoción del Microcrédito y la Ley de Marcas Colectivas. Normativas, procedimientos administrativos, afectación presupuestaria, decisión política y mucho trabajo de campo que nos permitió integrar las políticas inclusivas del Gobierno Nacional.

En ese andar, encontramos en el INTA, con quien compartimos la dirección del ProHuerta a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, la creación de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológicos de la Agricultura Familiar, nacidos casi en conjunto con la Comisión Nacional de Microcréditos. Sin duda alguna, la apuesta del Gobierno de Nestor Kirchner fue y es este modelo de crecimiento con inclusión social. Por ello las políticas públicas se construyen con la mirada de cada lugar, articulando en este caso entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La mirada y el compromiso de todos hace posible este horizonte de argentinos y argentinas que se integran desde la producción y el trabajo.

La Feria Nacional de la Semilla “Sembrando Esperanza” es un fiel testimonio del trabajo conjunto que fuimos construyendo entre las organizaciones del campesinado y la acción del gobierno nacional.

Hoy presentamos “La Juntada”, una publicación que se propone recopilar desde la experiencia misma, el relato de una historia que recién comienza a escribirse y pretende potenciar el desarrollo de nuevas propuestas de trabajo conjunto entre distintos organismos nacionales, en gestión asociada con las organizaciones del campo popular. Deseamos que este trabajo conjunto en el Norte de Santa Fe con la producción de arroz agroecológico y de la Cooperativas de Mimbreros en el corazón del Tigre bonaerense, sirvan para fortalecer ambos emprendimientos, difundir estas iniciativas de desarrollo de la agricultura familiar y para impulsar el trabajo asociado en todo el territorio nacional, compartiendo la mirada positiva de la economía social, la solidaridad de nuestros productores, el trabajo de las familias productoras y el desarrollo de más tecnologías apropiadas para aquellos argentinos que apuestan al trabajo y la grandeza de nuestra Patria.

Dra. Alicia Kirchner

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PRESENTACIÓN El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) nació en 2005 y desde su creación, el principal objetivo que se fijó este nuevo Centro del INTA es trabajar en la generación, validación y rescate de tecnologías apropiadas que favorezcan las condiciones productivas, económicas y sociales de la agricultura familiar.

En estos años, a través de sus Institutos IPAFs -localizados en cada una de las grandes regiones de nuestro país- hemos intentado avanzar, con variadas estrategias y líneas de investigación, en este camino.

En primer lugar, procurando identificar y abordar las demandas más sentidas de las organizaciones de agricultores familiares. En este caso especial, problemas tecnológicos que de una u otra manera están vinculados al aporte de instrumentos crediticios.

En segundo lugar, hemos considerado imprescindible tomar una determinada problemática de la Agricultura familiar en forma articulada con otros organismos del estado. Es lo que hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI). El trabajo interinstitucional nos ha permitido avanzar en la búsqueda de soluciones tecnológicas concretas, nuevas herramientas de acceso al crédito y al desarrollo de la economía social y sobre todo, autonomía de los actores directos, los agricultores familiares, protagonistas de este proceso innovador.

De eso trata la gestión asociada que se presenta en esta publicación.

Lo que aquí exponemos son algunas de las experiencias compartidas junto a la CONAMI con productores de la Cooperativa de Mimbreros del Delta Bonaerense y agricultores familiares del norte de Santa Fe. El INTA, como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, responsable de la generación y transferencia de tecnología cuenta con, al menos, dos fortalezas destacadas: a.Una vasta presencia y acción territorial a través de sus 48 Estaciones Experimentales y más de 330 Agencias de Extensión Rural que cubren la totalidad del país. b.La conformación dentro de la misma institución de los pilares básicos que dan sentido a su organización y práctica: la investigación y la extensión como áreas sustantivas de su quehacer científico-tecnológico.

El trabajo interinstitucional que llevamos adelante nos otorga una fuerte potencialidad y un nuevo desafío: construir desde el Estado junto a la sociedad civil y en especial con los actores protagónicos de la agricultura familiar un modelo de desarrollo sostenible e incluyente.

Ing. Agr. Carlos Casamiquela Presidente - INTA

MICROCRÉDITO, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN ASOCIADA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR AUTORES Lizette, Aguirre1 Luis, Caballero2 Laura Cecilia, Deluca3 4 Sergio, Dumrauf Alberto, Gandulfo5 6 Marcos, Hall Sergio, Justianovich7 Ricardo, Laurnagaray8 Elisabet, Olmos9 Gustavo, Tito10

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Equipo técnico CONAMI. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. liaguirre@desarrollosocial.gov.ar Coordinación Nacional de ProHuerta. INTA-MDS. lcaballero@correo.inta.gov.ar Ingeniera Agrónoma (MsC). Investigador IPAF. Región Pampeana. INTA. lauradluca@yahoo.com 4 Médico Veterinario y T. Social. Investigador IPAF. Región Pampeana. INTA. sdumrauf@correo.inta.gov.ar 5 Sociólogo. Coordinador General Comisión Nacional de Microcrédito. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: agandulfo@desarrollosocial.gov.ar 6 Ingeniero Mecánico. Investigador IPAF. Región Pampeana. INTA. mhall@correo.inta.gov.ar 7 Diseñador Industrial. Investigador IPAF. Región Pampeana. INTA. sjustianovich@correo.inta.gov.ar 8 Economista. Equipo técnico CONAMI. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. rlaurna@gmail.com 9 T. Social. Equipo técnico CONAMI. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. eolmos@desarrollosocial.gov.ar 10 Doctor en Ciencias Naturales. Director del IPAF Región Pampeana. INTA: gtito@correo.inta.gov.ar 2 Economista.

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INDICE Introducción.

Capítulo 1. La Disputa de Modelos Político-Económicos Capítulo 2. ¿Quiénes Somos?

Capítulo 3. a) La experiencia del norte de Santa Fe: entre el microcrédito y el arroz agroecológico. b) La experiencia de los productores mimbreros de las Islas del bajo Delta del Río Paraná.

Capítulo 4. Gestión Asociada: un desafío constante.

Capítulo 5. Conclusiones y Aprendizaje.

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INTRODUCCIÓN El modelo de valorización financiera instalado en nuestro país a partir del golpe de Estado de 1976 y profundizado en la década de los 90 desencadenó en los años 2001-2002 una crisis económico-social de inusitada magnitud, al demostrar las consecuencias sociales que el neoliberalismo, a través de sus procesos de concentración económica y retiro del Estado, causaba sobre las mayorías populares.

A partir de esos años, el Estado comienza a tener un rol más activo en la resolución de los problemas económico-sociales de nuestro país. En consecuencia, se observa el diseño y ejecución de diversos programas y políticas públicas en los que su protagonismo y el sentido de su intervención son sensiblemente distintos al de las décadas anteriores.

En esta nueva etapa, se impone la necesidad de repensar la intervención estatal. Ya no es posible una implementación unidireccional, donde desde el programa público se plantean los objetivos, metodología y resultados a lograr en un territorio, sino que es necesario repensar las formas de implementación de la política pública.

El territorio es el escenario donde se confrontan los modelos o las disputas del mercado y de las políticas sociales. El desafío desde este Estado es apoyar o reivindicar al sujeto —que se organiza en forma colectiva para desarrollarse— y constituir actores que tengan capacidad de incidencia en el territorio, fundamentalmente para la transformación social.

Conformar ese sujeto en actor es un paso que, en términos de desarrollo local, habla de la trascendencia de un cambio estratégico en las situaciones del territorio.

En este sentido, la gestión asociada se visualiza como una manera apropiada de intervención. Esta modalidad hace referencia a un Estado que pueda vincularse con las organizaciones sociales, con mirada territorial, de desarrollo estratégico, que tenga la potestad de meterse en el territorio, inscribirse en su problemática y vincularse con otros actores. Esto implica una nueva institucionalidad. Y el propósito de establecer una nueva institucionalidad, a su vez, requiere de la voluntad y la decisión política, de concebir a un Estado presente y promotor, acompañado con presupuesto y recursos, con políticas.

Por otra parte, la gestión asociada compromete la complementariedad del Estado, la necesidad de que diferentes instituciones y/o programas trabajen juntos, integrando los procesos y acciones en el territorio. La articulación entre el Estado y las organizaciones es otra característica en la gestión asociada, ya que en esa dinámica las organizaciones ocupan un lugar central. Estos procesos necesitan organizaciones que, desde su experiencia y trayectoria, hayan construido autonomía, a partir de una perspectiva estratégica que las ubica en un rol protagónico en el sector y/o territorio.

La posibilidad de constituir espacios de trabajo entre referentes del sector público y organizaciones posibilita ampliar la mirada, planificar en el mediano plazo y afrontar los problemas sociales desde un abordaje más complejo.

En el presente trabajo, se describen dos experiencias de gestión asociada: la de los productores de arroz agroecológico del norte santafesino y la de los productores del mimbre en el Delta bonaerense, en conjunto con la Comisión Nacional de Microcrédito del MDS y el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana del INTA. En estas experiencias de trabajo, se observa que en el territorio la gestión asociada posibilita construir desarrollos tecnológicos en forma participativa entre las organizaciones y el Estado. De esta manera, a partir de los espacios de gestión asociada, se propicia la implementación de programas de acción pública, el desarrollo de tecnologías generadas con el enfoque de la investigación - acción participativa (IAP), y el fortalecimiento de los procesos organizativos de los productores familiares.

Al respecto, el referente de las luchas campesinas y de la producción de arroz agroecológico Remo Vénica plantea: El futuro de estas experiencias depende fuertemente de esta articulación entre gobiernos nacionales, provinciales, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, y de que pongamos en marcha el salto cualitativo, venimos de 50 años de castigo a los medianos y pequeños productores del país, de luchas, de represiones, de muertes, es necesario que un Estado fuerte juegue las fichas necesarias para este proceso de transformación.

Por otra parte, Adriana Alonso, referente de la Cooperativa de los Mimbreros del Delta, afirma: Esta experiencia de acción, interacción y articulación de los mimbreros con este modelo de intervención puede servir de inspiración para replicar en distintas actividades productivas en el ámbito de la Agricultura Familiar y la Economía Social.

En este contexto, la presente publicación tiene como finalidad describir y analizar estas dos experiencias con productores de la Agricultura Familiar y aportar a la construcción de la gestión asociada. Conocer sus desarrollos históricos, condicionantes, limitaciones, aportes y potencialidades permite mejorar dichas intervenciones.

Desde lo metodológico, escribir estás paginas se ha constituido en un proceso de aprendizaje en sí mismo, del que participamos técnicos y funcionarios de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana del INTA y del ProHuerta. Se han compartido espacios comunes en los que discutimos, hicimos entrevistas, escribimos y fuimos construyendo una síntesis. Somos conscientes de que la realidad es mucho más compleja de lo que dan cuenta estas páginas.

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CAPÍTULO 1 LA DISPUTA DE MODELOS POLÍTICOSECONÓMICOS Prof. Alejandro Rofman Universidad Nacional de San Martín - Asesor Comisión Nacional de Microcrédito - MDS El objetivo de este capítulo es presentar y discutir los contenidos básicos de los dos modelos económicos en pugna hoy en la Argentina.

En rigor a la verdad, dos modelos recorren los ejes de las políticas globales —tanto estatales como privadas— del proceso de acumulación de capital en nuestro país desde hace décadas. Pero con mucha mayor intensidad, desde el abandono del modelo de sustitución de importaciones, basado principalmente en la dinámica del mercado interno, en 1976, cuando la dictadura comienza a implantar el modelo que denominamos conservador o de sociedad de mercado.

La profunda transformación de la sociedad argentina, que entonces se plantea a punta de fusil, no culmina con la definitiva puesta en marcha de las estrategias contenidas en este modelo. De ello se encargará, a seis años de la vuelta a la democracia, el período menemista y, luego, el del gobierno radical de Fernando de la Rúa.

Tras el derrumbe de la política económica —basada en un tipo de cambio fijo atrasado para favorecer el desarrollo de una estrategia de pago viable de la Deuda Pública, de amparo a los capitales especulativos financieros y de apertura externa favorecedora de las importaciones sustitutivas de la producción y el trabajo nacional—, se abre un nuevo escenario. A partir del año 2003, y hasta nuestros días, la decisión es —con avances y retrocesos, aciertos y errores— desplegar una política económica y social basada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso. Los logros están a la vista y las asignaturas pendientes no son pocas. Lo más destacado de este período, aún abierto, es la valorización del trabajo como eje central del proceso de recuperación de la economía que en 2002 sufrió el más importante retroceso desde 1930.

La traslación del efecto del ciclo acelerado de crecimiento económico entre el año 2003 y 2010 (con el debilitamiento leve sufrido en el año 2009 por la crisis mundial) sobre el mundo del trabajo, se verifica, de modo positivo, en la creación de más de cuatro millones de empleos, la mayoría de ellos de carácter formal, en la reconocida reducción de las situaciones de privación social de millones de argentinos y en las mejoras obtenidas en las remuneraciones básicas de los trabajadores activos y pasivos. Esta misma lógica de la política económica se convirtió en la estrategia prioritaria para enfrentar el impacto altamente negativo de la crisis del capitalismo mundial que se desató, fuera de nuestras fronteras, en setiembre de 2008. La política de respuesta a esa crisis, que emanó del Gobierno nacional, consistió en la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo en todo el territorio de nuestro país.

Las decisiones que se adoptaron estuvieron vinculadas al estímulo al consumo, a la concesión de mejoras a activos y pasivos en proporción mayor que el incremento del costo de vida y a una política inflexible de control de los bienes externos subsidiados. La singular expansión económica del primer semestre de este año en la Argentina, que la coloca entre los tres o cuatro países del mundo con mayor crecimiento económico, y la disminución del desempleo que se verifica en el primer semestre de este año con respecto al periodo similar del año anterior, contrastan con la persistente destrucción de plazas laborales que se verifica en otras economías, tanto de países periféricos como centrales. Diariamente, las noticias que llegan desde tales países ilustran sobre el recurrente proceso de cierre de empresas y de expulsión de centenares de miles de trabajadores de sus empleos.

El futuro sendero de nuestra política económica y social va a transitarse entre las opciones que se ilustran en la tabla que 15

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acompaña este capítulo. Si se persiste en la defensa de una estrategia basada en la sociedad de trabajo, el proceso de recuperación de nuestra actividad productiva se va a extender en el tiempo por lo que cabe aguardar un renovado proceso de desarrollo con equidad social. El otro modelo, ya experimentado por los argentinos en los periodos iniciados en 1976 y en 1990, solo depararía un fuerte retroceso de carácter regresivo con efectos altamente destructores del tejido productivo y social.

En los tiempos por venir no hay opciones. O se sigue profundizando el modelo progresista de sociedad de trabajo, incorporando las rectificaciones que correspondan, o se recorre el camino inverso con todos sus costos sociales, ya perfectamente conocidos.

No hay espacio para la indiferencia, la neutralidad o la ausencia de compromiso. Simplemente, porque una actitud expectante no es viable en la realidad económico-social actual y debilita el esfuerzo de consolidar y ampliar el proyecto de transformación en marcha.

La profundización de la política de afianzamiento de la sociedad de trabajo, que más requiere atención en el presente y en el futuro, es la de la redistribución del ingreso y la riqueza.

En el amplio conjunto de iniciativas a adoptar figuran, en lugar destacado, decisiones relativas a la extensión de las difundidas y exitosas experiencias en emprendimientos de la Economía Social, solidarias y no atadas a fines de lucro, en el espacio de los sectores populares urbanos y rurales y la ampliación de la revolucionaria medida del establecimiento de la Asignación Universal por Hijo. Asimismo, renovadas estrategias de impulso a la formalización del empleo y a la extensión de las más avanzadas normas sobre derecho laboral a quienes se desempeñan como empleados en ayuda a las familias en su devenir cotidiano (proyecto de ley que ya está en el Congreso) tendrán que ocupar la agenda pública. Otro fundamental avance va a estar signado por la aprobación de la ley de distribución de las ganancias empresariales entre los trabajadores de las unidades productivas, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis.

Además, el fortalecimiento de las prácticas que, desde el punto de vista social y ambiental, constituyen el modo operativo tradicional de los agricultores familiares tendrá que asumir creciente presencia. Ello se torna más necesario en tanto tal modo de producción es absolutamente mayoritario en actores sociales del agro argentino, lo que ha llevado al Estado nacional, en épocas recientes, a tomar plena conciencia de su importancia y significación con la creación de organismos adecuados y la cesión de recursos a tal fin.

Las necesarias modificaciones al sistema tributario, la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras —cuyo proyecto ya fue presentado al Congreso—, normas de control ambiental sobre los numerosos emprendimientos mineros así como la aplicación total de la nueva ley de Medios Audiovisuales forman, también, parte esencial de este proceso en marcha de profundización del modelo de sociedad de trabajo. También está próximo a ingresar al Congreso un proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para que este organismo fundamental de nuestra arquitectura financiera se convierta en una herramienta estratégica para el desarrollo nacional con justicia social11.

11 Se ha presentado, con fecha 26-04-2010, un proyecto de ley denominado de “Servicios Financieros” para reemplazar la actual ley de “Entidades Financieras” sancionada el 14-11-1977. Esta ley de la dictadura ha sido uno de los pilares de la denominada “Patria Financiera” cuando era más rentable financiar especulativamente el consumo, sacar las ganancias al exterior y tomar deuda “cara”. Esto necesariamente generó que la industria nacional haya quebrado y que quedaran innumerables grupos de trabajadores desocupados. Otro mecanismo de muchos empresarios fue el endeudamiento en el exterior y la posterior “estatización” de la deuda en la gestión Cavallo durante la dictadura.

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Por supuesto, la oposición al intento de acentuar el proceso de redistribución progresiva del ingreso se acentuará y se volverá más enconada. Pero quienes creemos que un proyecto de sociedad de trabajo es la única opción para asegurar una creciente equidad en el reparto del ingreso —y una mayor capacidad de los que menos tienen de acceder a educación, salud, empleo, salario, seguridad, etc., bienes públicos indispensables para una mejor calidad de vida— deberemos consolidar un espacio unitario en marcha para asegurar su prosecución y fortalecimiento.

Para una comprensión integral de los dos modelos en pugna, mostramos en la siguiente tabla cuáles son los componentes básicos de las acciones políticas, los protagonistas singulares y sus beneficiarios en cada una de las dimensiones donde se manifiestan los procesos característicos de dichos modelos.

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Fuente: Elaboración sobre la base de materiales proporcionados por Sonia Durand y Alejandro Rofman.

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Los dos caminos citados precedentemente, a partir de las estrategias alternativas que se consignan, suponen dos opciones políticas distintas. Es que a cada modelo o régimen económico siempre le corresponde un sistema político que le da sustento, continuidad y certeza de cumplimiento.

Una sociedad que escoge por su voluntad, o porque se lo imponen (en caso de gobiernos militares), una estrategia de pura sociedad de mercado debe conllevar, tarde o temprano, restricciones importantes a la expresión libre de las ideas y formas de autoritarismo para que los detentadores del poder y los que captan beneficios extraordinarios con su accionar dentro de ella no vean afectados sus privilegios. Esta fue la razón por la cual se instauró la dictadura militar en 1976 y se limitó severamente la participación popular en la discusión de las medidas adoptadas en los 90. En este último tramo, pese a las reiteradas protestas populares, poco o nada se hizo para detener la vigencia de una estrategia destructora del trabajo nacional y del tejido social.

Por el contrario, todos los esfuerzos de este Gobierno nacional en avanzar, con los esperables tropiezos dada la férrea resistencia del poder económico-financiero, se realizaron con el auspicio, apoyo y colaboración de amplios sectores populares, en medio de una irrestricta libertad para opinar y proponer de los habitantes. El caso paradigmático fue la nueva ley de Comunicación Audiovisual, revolucionaria en su contenido de acentuada democratización de los medios de expresión de ideas, cultura y entretenimiento. Un número elevado de reuniones, mesas de discusión y debates públicos acompañó la necesaria reflexión colectiva que sirvió para perfeccionar su contenido y obtener decisivo apoyo en el Congreso de la Nación.

Avanzar en una estrategia económica de creciente reafirmación de la justicia social como recorrido inseparable de la satisfacción de las necesidades vitales de nuestra población solamente será posible si las acciones comentadas y todo el esfuerzo de profundizar la presencia de la economía solidaria como eje central del quehacer productivo está garantizada por la continuidad del modelo político hoy vigente.

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CAPÍTULO 2 ¿Quiénes somos?

Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (CONAMI) El desarrollo del microcrédito debe estar incluido en una política social integradora. Lo contrario es ofrecer una herramienta social, como un insumo más de la política social, innovadora pero sin impacto social. Nuestro desafío es lograr sociedades sostenibles, buscando el desarrollo humano desde un compromiso solidario.

Alicia Kirchner A partir de una concepción de Estado presente y promotor, que articula la política económica con el desarrollo social, crecen los niveles de consumo popular a través de una fuerte inversión fiscal en políticas de seguridad social y promoción del empleo. Esta bisagra en las políticas sociales iniciada en el 2003 pone el acento en el desarrollo humano, en la multiplicidad de necesidades, potencialidades e integralidad de la persona. Es una concepción que incorpora la mirada de desarrollo territorial, centrada en el protagonismo del sujeto en la construcción de la política pública, la participación ciudadana y la democratización de la economía.

Planteada como política pública, la Economía Social emerge con una diferente racionalidad desde el Estado, representada por numerosas experiencias de hacer economía (en sus diversas fases de producción, distribución, consumo y acumulación) que se caracterizan por movilizar recursos, relaciones económicas y factores productivos con un sistema de valores alternativos a los que son hegemónicos en nuestros mercados. Valores que representan la ayuda mutua, la solidaridad responsable, la cooperación, la equidad.

Estas experiencias que están en la búsqueda de un modelo donde lo colectivo y lo comunitario permitan el desarrollo de las personas por sobre la rentabilidad, requieren un conjunto de herramientas, legislaciones y regulaciones complementarias como las leyes de Promoción del Microcrédito, de Efectores Sociales/Monotributo Social y de Marca Colectiva; que sean efectivas, realistas y de alcance masivo.

Estas herramientas de una nueva institucionalidad reconocen al trabajador autogestivo como sujeto de la Economía Social que se organiza para poder desarrollarse como persona, como familia, como vecino, como productor. Cuando se hace referencia a lo autogestivo, se remite al proceso organizativo de mayor nivel de democratización, horizontalidad y cooperación.

Antecedentes de la ley 26.117 La política pública integral que recupera el trabajo como eje de inclusión de las personas, de las familias y de la comunidad promueve la participación de los sujetos organizados de la Economía Social para recuperar experiencias del territorio, mejorar procedimientos, implementar logística de acompañamiento, incorporar y transferir nuevas tecnologías de gestión, y fortalecer la toma de decisiones sobre el uso de fondos públicos.

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A partir de un proceso de formulación del proyecto de ley, en el que participaron organizaciones que venían trabajando con experiencias de microcrédito, se plantearon un conjunto de miradas, de experiencias diversas, que se consolidaron alrededor de un “paradigma”, de un “marco conceptual y metodológico”, de una mirada “política” sobre el rol del Estado y las organizaciones sociales, la Economía Social y el microcrédito como herramienta para el desarrollo de las organizaciones de la Economía Social.

En este contexto en el año 2006 se sancionó la ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, que “tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales” (Art. 1).

La ley crea, en su Art. 4, “La Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la que actuará como organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, dependiente de la Secretaría de Economía Social. En su Art. 15 la ley dispone de una línea presupuestaria específica con un fondo inicial de 100 millones de pesos.

En este punto cabe mencionar que a la ley 26.117 se han adherido 22 provincias de todo el territorio nacional (exceptuando a la provincia de San Luis y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Capital Federal–).

Estrategia de intervención12 Mediante el Decreto Reglamentario 1305/2006, la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) ha implementado hasta el momento una estrategia de promoción del microcrédito con vistas a crear capacidad instalada suficiente como para garantizarle al trabajador autogestionario el acceso al crédito desde un enfoque inclusivo y de acuerdo con sus necesidades y requerimiento.

Partiendo del principio de complementariedad y cooperación entre lo público y lo privado, se tomaron como referencia las actividades que en la temática de microcrédito venían desarrollando diversos actores de la sociedad en distintos lugares del país. Se asumió el modelo de gestión asociada como un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, de relación multiactoral, que genere una nueva institucionalidad en la relación Estado-organizaciones de la sociedad civil.

Las modalidades de gestión son tres: En los Consorcios de Gestión Local convergen en la administración (OA) instituciones públicas y privadas, tanto del sector social como del productivo, y en la órbita de aplicación concreta del microcrédito, las Organizaciones Sociales que actúan como Ejecutoras (OE). Este conjunto de actores discute la política crediticia local, administra conjuntamente el fondo de microcrédito y fortalece sus organizaciones. En efecto, el resultado concreto es la respuesta inmediata a las necesidades de los emprendedores y pequeños productores que representan.

Por su parte, las Redes de Gestión Asociada se conforman con entidades afines, que a la vez son ejecutoras de microcrédito en una o más provincias donde tienen pertenencia sectorial. En general, cada una de ellas tiene antecedentes en

12 Los datos corresponden a informes de gestión de la CONAMI a septiembre del 2010.

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la temática del microcrédito y cuenta con una estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por la elección de los destinatarios, por la rama de actividad en las que se concentran o por la localización de sus programas. La toma de decisiones es de mayor horizontalidad y busca incidir en la política pública local o sectorial para involucrar al Estado en el desarrollo de la Economía Social.

La tercera modalidad la constituye la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe, conformada por un entramado asociativo entre las organizaciones regionales (administradoras) y los bancos locales (organizaciones ejecutoras). De alcance nacional, la red de Bancos Populares nuclea a un importante número de emprendedores, promotores y organizaciones de base.

Estas tres modalidades reúnen más de 1400 organizaciones que ejecutan fondos de microcrédito, concibiéndolo como una herramienta más de la Economía Social y no como un fin en sí mismo; que entienden que el microcrédito no es simplemente un pequeño crédito, sino un procedimiento metodológico ordenado, que aplicado con seriedad, permite generar condiciones favorables tanto para los hombres y mujeres que son emprendedores-productores como para las entidades que lo promueven.

El trabajo generado desde las organizaciones de microcrédito ha permitido recuperar a la persona en su dimensión más integral, posicionarla en su medio ambiente familiar, reforzar su identidad comunitaria y solidaria, promover desde el territorio la visión más amplia y compleja del desarrollo local. Sólo los procesos impulsados desde la Economía Social enriquecen este entramado sustancial de valores, solidaridades y compromisos. Porque se parte de la fuerza propia, del recurso más genuino, de la voluntad transformadora y de la organización social como principio rector, económico y solidario.

Con el acceso al microcrédito, el sujeto de la Economía Social se posesiona como una fuerza social amplia, heterogénea, diversa, que debe agruparse para consolidar y profundizar el proyecto nacional y popular que lo reconoce como sujeto de cambio. En la medida en que estos emprendimientos se organicen y vinculen comercialmente y potencien su entramado social con procesos consolidados como el conjunto de cooperativas y mutuales, las fábricas recuperadas y las nuevas cooperativas de trabajo; además se encadenen productivamente con las PYMES, el movimiento sindical y demás actores de la transformación social; la fuerza políticas liberada por la Economía Social resulta sustancial para profundizar el proceso de distribución de la riqueza en la Argentina13.

Con relación a la metodología de microcrédito: los aspectos vinculados a la evaluación de la unidad económica, la visita de asistencia técnica, los esquemas de acompañamiento del emprendedor-productor y, además, en el procedimiento para formar los grupos solidarios o los bancos comunitarios (en el caso de metodologías más participativas o autogestionarias), hay un actor clave que es el asesor de crédito de cada una de las organizaciones. Es quien garantiza que se respete el espíritu de la ley de microcrédito, seleccionado la población destinataria de forma correcta y evaluando cada uno de los microcréditos que se otorgan. En la actualidad el Programa cuenta con más de cinco mil asesores de crédito distribuidos entre las más de mil cuatrocientas organizaciones.

A continuación, se presentan datos de gestión desde la implementación del Programa Nacional de Microcrédito en diciembre de 2006 a la actualidad:

13 Alberto Gandulfo, Revista COOPERAR, dic. 2009.

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Cuadro 1. Emprendedores/productores asistidos y cantidad de crédito otorgados

Fuente: CONAMI

La cantidad de créditos otorgados supera la cantidad de emprendedores asistidos puesto que muchos de ellos recibieron más de un microcrédito.

En el cuadro siguiente se expone el resultado del esfuerzo presupuestario que ha realizado el Ministerio de Desarrollo Social a partir de la implementación y promoción de esta política. En la primera columna se muestra la inversión total que resulta de la sumatoria de los fondos para microcrédito y los destinados a otros gastos. En este último concepto se incluye 24

el subsidio para cubrir los costos operativos de cada operatoria que posibilita el otorgamiento de microcrédito a solo el 6% de interés anual o menos, las instancias de capacitación y asistencia técnica permanente, como la puesta en marcha de cada una de las operatorias financiadas.

Cuadro 2. Inversión presupuestaria desde el inicio del Programa

Fuente: CONAMI

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¿Quiénes somos?

Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar de la Región Pampeana.

Marco Conceptual y Metodológico La investigación y el desarrollo de los sistemas de producción de alimentos fue orientado a la búsqueda de paquetes de tecnologías generales y universales, destinados a maximizar la producción por unidad de superficie, sin considerar la heterogeneidad ecológica y/o cultural de las regiones en donde se aplicaba (Altieri, 1985). La adopción del paquete tecnológico completo se adecua solo para los productores más capitalizados, de mayor y mejor dotación de tierras, con buena disponibilidad de agua y con la infraestructura necesaria para su ejecución. Esto ha demostrado que la generación de estas tecnologías no ha sido neutral. Los agricultores de bajos recursos y de zonas agroecológicas marginales que no cubrían los requisitos necesarios para el “éxito del paquete tecnológico” se beneficiaron muy poco del proceso de desarrollo y de transferencia tecnológica de la Revolución Verde y las desigualdades en los ingresos se acentuaron con respecto a aquellos productores capitalizados. No solo se promovieron tecnologías inapropiadas para los agricultores de menores recursos, sino que fueron excluidos también del acceso al crédito, a la información, al soporte técnico y otros servicios.

En muchas zonas agrícolas, como lo es en la región pampeana, la Revolución Verde propició la intensificación de la diferenciación social y de la concentración de la riqueza y no ha solucionado el problema de la pobreza rural. Este enfoque, lejos de resolver los problemas del hambre y la pobreza, ha comprometido seriamente la soberanía alimentaria de los pueblos.

Según los censos oficiales, desaparecieron como unidades productivas el 29% de las explotaciones agropecuarias pampeanas, que fueron absorbidas por otras firmas agropecuarias (Censo Nacional Agropecuario 1998-2002).

El modelo agropecuario general de tipo familiar, consolidado en los años 60, se transformó durante las últimas décadas en un modelo más concentrado, ya que durante los años 90 hubo una tendencia inequívoca a la contracción y desaparición de los pequeños y medianos productores (Sili, 2005).

Quizás aún más significativo sea el hecho de que se profundizó el abandono de aquellas áreas caracterizadas por una agricultura tradicional, desplazando muchas técnicas de cultivo propias de agricultores tradicionales por la tecnología “moderna” de aplicación universal (erosión cultural).

Hoy se reconoce que los avances tecnológicos de la Revolución Verde o la tecnología convencional y su metodología de aplicación asociada, no han constituido una respuesta eficiente a la heterogeneidad característica del sector rural, principalmente en Latinoamérica, ya que “sus recetas” no resultan apropiadas.

Este diagnóstico permitió al INTA reconocer que la tecnología generada no siempre ha satisfecho la demanda del sector de la Agricultura Familiar (Documento Base14).

El mantenimiento de niveles adecuados de producción de los sistemas agropecuarios, junto con la conservación de los recursos naturales y la inclusión de los sectores rurales excluidos por el actual sistema, es uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Se requiere desarrollar una agricultura que sea económicamente

14 http://www.inta.gov.ar/cipaf/noa/infoboletin/documentobase.pdf 26

viable, cultural y socialmente aceptable, suficientemente productiva, que conserve la base de recursos naturales y preserve la integridad del ambiente en el ámbito local, regional y global (Sarandón y Sarandón, 1993).

Se parte de la concepción de la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, y que estas sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. La soberanía alimentaria es la capacidad que tiene un pueblo en decidir qué alimentos producir, en qué parte de su territorio los produce, con quién los produce, para quién los produce y con qué tecnología los produce.

En este marco, se define a la Agricultura Familiar de la siguiente manera: Un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida de la familia, que aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado15.

A su vez, esta definición es ampliamente enriquecida si se toma en cuenta el aspecto sociocultural, puesto de relieve por productores y organizaciones de productores en el marco del Foro Nacional de la Agricultura Familiar. Para estos actores la PAF es una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”.

Ante el diagnóstico realizado sobre la realidad de la Agricultura Familiar y al vincular esta situación con la necesidad de crear nuevas formas de conocimiento y prácticas científicas, el IPAF se ha planteado la necesidad de hacerse preguntas que orienten y legitimen su accionar; en nuestro caso, la pregunta esencial es: ¿Como transformar el estado de exclusión de la AF en un rol protagónico en la construcción de la soberanía alimentaria?

Creemos que este interrogante debe ser entendido como parte de una realidad compleja que supone “una reformulación continua de una problemática que se irá definiendo y redefiniendo en el transcurso de la investigación” (García, R., 2006).

Esta realidad se define como un sistema complejo, al designar un conjunto de elementos heterogéneos e interdefinibles entre sí, que solo pueden abordarse desde un trabajo interdisciplinario. En nuestro caso, la Agricultura Familiar necesariamente debe ser abordada como un sistema en el que los procesos que determinan su funcionamiento son un resultado de la confluencia de múltiples factores, que interactúan de tal manera que el sistema no puede ser descripto por la simple adición de cada uno de sus componentes. Es en la definición de los problemas, vinculados a los distintos componentes que integran la realidad de la Agricultura Familiar, donde dialogan las diferentes disciplinas. Ello supone concebir cualquier problemática como un sistema cuyos elementos están interdefinidos y cuyo estudio requiere de la coordinación de enfoques disciplinarios que deben ser integrados en un enfoque común (García, 2006).

El INTA, basado en las experiencias de sus programas ProHuerta y de la Unidad de Minifundio, junto con la demanda de organizaciones de pequeños productores, reconoce las deficiencias del modelo tradicional de “Transferencia de Tecnologías” y establece una estrategia diferente para el trabajo con el sector de laAgricultura Familiar. Es así como en el año 2005 crea el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (PNPAF) con el objetivo de generar, adaptar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de la Pequeña Agricultura Familiar (PNPAF, 2005).

15 Incluye las diversas formas de intercambio de bienes, formales e informales. Ver: Documento Base del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar. INTA (2005).

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Las prácticas agronómicas que investigamos, en las que se incluye la innovación tecnológica, son una expresión del sujeto, en tanto sujeto social que materializa su cultura en objetos. En muchos casos estos a su vez son objeto de estudio colectivo (no necesariamente objeto-artefacto si no más bien objeto-problema). Desde los diversos ángulos en que abordamos la investigación, los productores no necesariamente son sujeto-objeto, sino que se suman a la investigación como sujetos que se “implican en la transformación del objeto de estudio” junto con extensionistas e investigadores. El desafío es la conjugación de epistemologías, comprensiones y construcciones de las múltiples realidades de estos diferentes sujetos en una construcción colectiva de conocimientos. En este sentido coincidimos con Kurt Lewin en que “la investigaciónacción es una forma de adquirir conocimientos sobre un problema social y, al mismo tiempo, inducir cambios orientados a resolver el problema que era objeto de estudio”16 (Ander-Egg, 2003).

En el marco de esta reflexión crítica sobre el enfoque transferencista que acompaña al modelo hegemónico de desarrollo, el INTA en los últimos años incorpora metodologías cualitativas y participativas al desarrollo de la investigación con la Agricultura Familiar. La diferencia con otras experiencias de IAP en el campo de la Agricultura es que no se pretende hacer investigación solo entre los investigadores y los campesinos o pequeños productores familiares. Esta forma también ha sido evaluada después de su relativo fracaso, señalando por qué es difícil que los investigadores y los campesinos trabajen juntos como lo proponen los promotores de la IAP. Bentley menciona algunas cuestiones, tales como que en general los investigadores no suelen estar cerca de donde están asentados los campesinos (y hay una gran dispersión espacial entre los que se supone forman el grupo de la IAP). Este autor también propone, para resolver este escollo, que los productores participen en la formulación de la agenda de investigación, dejando en manos de los investigadores el desarrollo de la misma. Esto demuestra las diferentes formas que ha habido de conceptualizar a la IAP. En cambio, la concepción de IAP que recreamos desde el IPAF Región Pampeana avanza hacia el establecimiento de diálogos entre extensionistas, productores e investigadores. La finalidad de esta instancia de investigación es el avance hacia una situación de autogestión por parte de los actores involucrados en la búsqueda de solución a sus problemas. En esta tarea, y a diferencia del modelo tradicional transferencista, el investigador ya deja de ser “enseñante” y se transforma en facilitador o catalizador, en tanto los problemas planteados se resuelven a partir de la integración o complementación de los conocimientos generados tanto por las ciencias clásicas, aquellos generados en el saber empírico y popular, así como los generados en procesos participativos colectivamente.

Cuando hablamos de las demandas que los agricultores familiares expresan, debemos tener en cuenta que este relevamiento de demandas es un proceso iterativo ya que “los pedidos inmediatos constituyen una ‘demanda aparente’, o sea una manifestación de deseos y voluntades de individuos atravesados por juicios de naturaleza diversa (política, ideológica, económica, científica, etc.)”. Es necesario mediar entre esas visiones a fin de llegar a una “demanda negociada” y definir así, un campo de posibilidades de acción-intervención, que se va redefiniendo en la práctica (Simöes, A., 2004).

Por lo tanto, se trata de problematizar/cuestionar esas demandas con el fin de dilucidar las diferentes definiciones de problemas y causas que los originan redefiniendo la demanda inicial. La definición de acciones en forma participativa tiene como objetivo lograr el involucramiento real de los productores y los investigadores en la búsqueda de soluciones a los problemas definidos por aquellos. De esta manera, la metodología pretende generar conocimientos que serán tanto más

16 Lo destacado en negrita es nuestro.

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internalizados cuanta más participación haya de los actores involucrados en el proceso.

Podemos decir en forma general que al iniciar nuestro trabajo de investigación con agricultores familiares partimos de ideas generales, muchas de ellas arraigadas en experiencias de investigación en el campo de las ciencias sociales, y que consideramos que podían ser adecuadas para un trabajo interdisciplinario en distintos aspectos de la vida de la Agricultura Familiar.

Investigación, gestión y desarrollo de artefactos Como resultado de los procesos de exclusión de la PAF citados previamente, además de no disponer de tecnologías apropiadas, del acceso al crédito, a la información, al soporte técnico y otros servicios, la Agricultura Familiar se encuentra ubicada en lugares geográficos donde existen tejidos industriales “débiles” o tejidos industriales “distanciados” de la realidad de los agricultores. En efecto, para garantizar que las investigaciones que realiza el IPAF se transformen en artefactos que terminen solucionando problemas (de vivienda y/o productivos), es indispensable construir-fortalecer-acercar dichos “tejidos” a las organizaciones de productores.

En este contexto, se diseña una forma emergente17 de gestión para el desarrollo de artefactos. Consiste en un modelo conceptual que permite relevar las situaciones particulares, estudiar la dinámica de cambio local (pasado), pero también estimularla mediante políticas específicas (presente), promoviendo condiciones para fortalecer a los agentes más débiles del territorio.

El modelo asienta sus bases en el enfoque socio-técnico de la tecnología18, ya que este hace foco tanto en los artefactos (aquí definidos como objetos) como en el sistema de relaciones que los posibilitan.

Una vez estudiadas estas relaciones con los conceptos socio-técnicos19, se pasa a la etapa de gestión. A diferencia de los modelos descriptivos estáticos de la Sociología, se trata de elaborar estrategias para la modificación de las situaciones problemáticas existentes.

A tal efecto, una vez identificados los problemas a tratar y los actores con los cuales interactuar, se gestiona la estructura de sostén20 que incluirá a todos los agentes del territorio que sostienen los procesos de innovación. Estructuras que los investigadores colaborarán en construir con diversos actores e instituciones del lugar —o externos— a fin de gestionar los

17 La llamamos “emergente” porque hasta el momento se ha utilizado en pocos casos, y solo para trabajar en la promoción del acceso a artefactos y desarrollo de artefactos que mejorarán las condiciones de trabajo/calidad de vida. Estos artefactos “…actúan como un nexo entre el hombre y su entorno, tanto del medio natural como el sociocultural. Podemos decir que son la síntesis de la voluntad del hombre. Los artefactos son respuestas a […] la o las necesidades, muchas veces además de cumplir su preciso objetivo funcional deben brindar otras satisfacciones, psicológicamente tan importantes como lo funcional (ej.: el signo de pertenencia a un grupo social)”. Aquiles Gay y Roberto Bulla, La lectura del objeto, ED. TEC, Córdoba, Argentina, 2007, pp. 21-22.

18 Hernán Thomas, “Trayectorias socio-técnicas, estilos de innovación y cambio tecnológico, resignificación de tecnologías y conocimientos genéricos en países subdesarrollados”, UNQ-CONICET, 2008, p. 16.

19 Conceptos usados: Grupos sociales relevantes, marcos tecnológicos y estilos socio-técnicos, flexibilidad interpretativa, funcionamiento y nofuncionamiento de los artefactos, procesos de clausura, poder semiótico, entre otras. Ver H. Thomas y A. Buch, Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología. UNQuilmes. Argentina 2008 20 “Es necesario que las estructuras de sostén […] sustenten las acciones de los actores del (sistema) ofreciéndoles la posibilidad de responder a los cambios del nuevo contexto […] mirando adelante y valorizando los factores de éxito de las propias raíces locales…”, conceptos definidos por Lane & Maxfield, “Ontological Uncertainty and Innovation”, Journal of Evolutionary Economics, 2005 29

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objetivos a cumplir: escuelas técnicas, universidades, ministerios, municipios, organismos no gubernamentales, instituciones (INTI; INTA), empresas locales, entre otros.

Estas estructuras se piensan como plataformas de sustentabilidad colectiva (desde la dimensión ambiental, económica y social).

En este marco, la innovación es entendida como “un proceso social e interactivo que involucra la adopción productiva de nuevos saberes y sus avances incrementales, en el marco de un entorno específico y sistémico […] como un factor de mejora en la calidad de vida de las relaciones sociales y en unidades productivas”. Esta definición busca imponer una distancia con las definiciones schumpeterianas y neoschumpeterianas, donde la innovación “representa el principal motor del desarrollo en lugar de, o por encima de una distribución más equitativa de ganancias y beneficios”21.

Gráfica del modelo de la Estructura de sostén:

Como se observa, en el centro del modelo de la estructura de sostén, se ubican las relaciones entre los agentes del territorio. Para una gestión eficaz es preciso que estas relaciones sean de carácter generativo. Lane y Maxfield han individualizado cinco precondiciones22 que deben cumplir estas relaciones para que tengan un potencial generativo, de allí su

21 M. Bernatene y G. Canale, “Indicadores de impacto social para las gestiones de diseño y tecnología en unidades productivas de baja escala. Aportes para su construcción”, Jornadas de Diseño Industrial para el Desarrollo Local 2008, FADU - UBA - UNLP, Buenos Aires, 2008.

22 Precondición 1. Convergencia de ideas/visiones. “Los que participan de las relaciones deben orientar su actividad en una dirección común en el espacio de los agentes y de los artefactos. Es decir debe existir algún artefacto o agente que focalice su actividad”.

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nombre, relaciones generativas. Estas son “aquellas relaciones que pueden introducir cambios en el modo en el que los que participan de la relación, ven su mundo y actúan en él, dando origen a innovaciones. Las innovaciones se caracterizan en general como nuevas entidades (por ejemplo: nuevos agentes, artefactos, instituciones). Las relaciones generativas son el resultado de las interacciones entre los agentes y entre las instituciones” (Lane & Maxfield, 1997; 2005).

Para decidir qué agentes constituyen este gráfico, se tiene en cuenta la noción de cadena cognitiva. Según explica Rullani (2004): …es absurdo aislar la “punta del diamante” (el descubrimiento, la patente, el producto) de la cadena cognitiva ignorando todos los conocimientos complementarios que son necesarios para que el todo funcione. En términos de economía del conocimiento, todos los conocimientos requeridos para llegar al resultado son importantes […]. La unidad correcta de análisis, por lo tanto, no es la empresa o la fase de la cadena, sino la cadena cognitiva en su conjunto.

Las cinco precondiciones son una contribución particularmente útil en el análisis de los procesos de innovación y su gestión comunitaria.

En síntesis, los casos emergentes de la región pampeana admiten pensar que si en la formación de mesas de trabajo interinstitucionales se contempla la participación de todos los representantes de la estructura de sostén, existen mayores posibilidades de que las innovaciones se concreten y a su vez tengan efectos positivos sobre la mayoría de los que participan del proceso.

Ello abre paso a pensar en cómo construir otro tipo de tecnología, que no sea universal (en el sentido de que se piense para un actor “sin rostro”, anónimo), ni sea focalizada (que resuelva el problema específico de un individuo), sino que se ubique en el centro de ambas. Para situarla en ese lugar, consideramos que debe reunir, al menos, las siguientes características: a) ser cogestionada; b) involucrar a todos los agentes del territorio, no solo a los productores, sino a los pertenecientes a la estructura de sostén; c) ser sistémica (que el impacto tenga efectos positivos sobre todo el conjunto de agentes, evitando generar contradicciones, y en efecto, minimizando el surgimiento de procesos limitantes o resistentes al cambio que la misma propone impulsar).

Precondición 2. Heterogeneidad. “Los agentes deben ser distintos por sus competencias, sus atribuciones o por el acceso a agentes o artefactos particulares. Combinando competencias diferentes se puede contribuir a generar nuevas competencias que residen en la relación misma”.

Precondición 3. Reciprocidad en las ideas/visiones. “Los agentes deben también buscar de desarrollar un patrón recurrente de interacciones de donde puedan emerger relaciones. La voluntad de hacer esto depende de las atribuciones que cada uno asigna a la identidad del otro. En este contexto, la confianza reciproca ayuda, pero no es una precondición, más bien esa puede ser un resultado de la interacción”.

Precondición 4. Libertad de tener relaciones discursivas. “Es necesario que los que participan en la relación también hablen entre sí por fuera de los esquemas convencionales, que prevén en general solos los intercambios demandados, ordenes, declaraciones. Esta condición es favorecida por una estructura organizativa de la organización no jerárquica en donde no deben existir exclusiones de aquello que un agente puede hacer o decir”.

Precondición 5. Oportunidad de acciones comunes. “La discusión sobre problemas y entidades de intereses comunes puede resultar más incisiva si los agentes tienen la posibilidad de interactuar en acciones que los hagan trabajar en conjunto. Nuevas entidades o nuevos agentes pueden emerger de la relación”.

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Bibliografía - Altieri, M., Agroecología: bases científicas de la agricultura alternativa. CETEL Ediciones Valparaíso, Chile, 1985.

- Ander-Egg, Ezequiel, Repensando la Investigación - Acción Participativa. Editorial Humanitas, Buenos Aires, 2003.

- Bernatene, M. y Canale, G., “Indicadores de impacto social para las gestiones de diseño y tecnología en unidades productivas de baja escala. Aportes para su construcción”, Jornadas de Diseño Industrial para el Desarrollo Local 2008, FADU - UBA - UNLP, Buenos Aires, 2008.

- Documento Base del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar. INTA. (2005) -García, Rolando, Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Gedisa, Barcelona, 2006.

- Gay, Aquiles y Bulla, Roberto, La lectura del objeto, ED. TEC, Córdoba, 2007.

- Lane, D. & Maxfield, R., “Ontological Uncertainty and Innovation”, Journal of Evolutionary Economics, 2005.

-Sarandón S. J. y Sarandón, R., Un enfoque ecológico para una agricultura sustentable, 1993. En: Goin, F. y Goñi, C. (Eds.), Bases para una política ambiental de la R. Argentina, sección III, cap. 19:279-286, HC Diputados de la Pcia. de Buenos Aires.

-Simöes, Aquiles. Ensaio acerca da construçao de novas competenias para a Assitencia Tecnica e Extensao Rural (ATER): do agente ao mediador de desenvolvimento. Arcaju: VI Encontro da Sociedade Brasileira de Sistemas de Producto, Mimeo. 2004.

-Sili, Marcelo, La Argentina Rural. Ed INTA. 2005.

- Thomas, Hernán, “Trayectorias socio-técnicas, estilos de innovación y cambio tecnológico, resignificación de tecnologías y conocimientos genéricos en países subdesarrollados”, UNQ-CONICET, 2008 - Thomas, H. y Buch, A., Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología. UNQuilmes. Argentina 2008

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CAPÍTULO 3 La experiencia del norte de Santa Fe: entre el microcrédito y el arroz agroecológico El territorio donde se desarrolla la experiencia El denominado “norte de Santa Fe” es una región de casi 75 mil km2 que comprende seis departamentos: General Obligado, 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, San Javier y Garay, que representan casi el 57% de la superficie total provincial. En esta vasta extensión la población alcanza, según las proyecciones del último censo, a 390.000 habitantes, el 12% de la población total de la provincia. Esto indica una densidad poblacional para la región de 4,8 habitantes por km2, menor al promedio provincial, que es de 24,7 h/ km2.

La población rural representa casi el 20% de la población total de esta región. Considerando las personas que habitan en áreas netamente rurales (campo abierto), o en aglomeraciones de no más de 3.000 habitantes, la población suma 61.153 habitantes en los seis departamentos. De esta manera la densidad población es menor a 1 habitante por km2.

Las actividades productivas de la región tienen cierta diversificación por el lado de la actividad industrial, mientras que es mucho menor la diversidad desde el punto de vista de las actividades relacionadas con la producción primaria.

La mayor parte del territorio de los seis departamentos (Vera, 9 de Julio y San Cristóbal casi en su totalidad, y gran parte de General Obligado, San Javier y Garay) está ocupada por grandes propietarios, que poseen territorios antiguamente cubiertos de montes autóctonos, a los que han ido destruyendo para destinar el terreno sobre todo a la ganadería bovina.

El área que linda con el río Paraná y que tiene una extensión de 150 km de largo por unos 30 km de ancho es donde existen los asentamientos urbanos más importantes y donde se destaca la actividad agrícola.

Pero en la actualidad está orientada casi exclusivamente al monocultivo de girasol y soja para exportación, y en menor medida a la caña de azúcar. Actividades que, al haberse mecanizado por completo (en el caso del girasol y soja) y casi por completo (en el caso de la caña), han expulsado la mano de obra que antes se ocupaba en el transcurso del año en las actividades del algodón y la caña de azúcar con tecnología manual.

En los departamentos San Javier y Garay, en esta franja costera, tiene cada vez más importancia el monocultivo de arroz en gran escala, enteramente mecanizado, que también ha expulsado la mano de obra que antes se ocupaba en el cultivo del algodón.

En el departamento Garay, desde Helvecia hasta Los Zapallos, hay una fuerte proporción de horticultores volcados hacia la producción comercial de hortalizas de todo tipo.

En los asentamientos urbanos del departamento General Obligado, cerca del río Paraná, entre las localidades de Romang al sur y Las Toscas al norte, se encuentran las principales actividades industriales de la región: curtiembres (en Las Toscas, Villa Ocampo y Reconquista), frigoríficos (en Villa Ocampo y Reconquista), aceiteras (en Avellaneda), ingenios (Las Toscas y Villa Ocampo), de autopartes (en Guadalupe Norte), molinos harineros (en Villa Ocampo, Avellaneda y Reconquista), y una apreciable densidad de pequeñas industrias y talleres de todo tipo, principalmente en la localidad de Reconquista, que constituyen la principal fuente de mano de obra de la zona. Una mano de obra que en gran parte fue expulsada porque los propietarios de los campos se orientaron hacia la adopción de monocultivos enteramente mecanizados.

La actividad económica de las aglomeraciones de la región, tanto las de menos de 2.000 habitantes, consideradas rurales, 35

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como las de más de 2.000 habitantes, consideradas urbanas, y también de las industrias, talleres, comercios y artesanos de estas localidades, depende, en buena parte, de los resultados de las actividades productivas rurales de los alrededores de cada una de ellas, y del intercambio que pueda realizarse entre áreas rurales y urbanas de cada aglomeración, así como entre las de distintas localidades.

El 70% de la población rural de la zona corresponde a lo que se denomina agricultores familiares, o “gente que hace agricultura en su chacra o en su casa, y en familia”.

En la zona son unas 42.807 personas, equivalentes a 9.500 familias; a los que debe sumarse un 5% de la población que habita en áreas periféricas de los centros poblados de más de 2.000 habitantes y que también realizan actividades agropecuarias en familia (huerta, frutales, aves, cerdos, etc.) para su consumo y eventual venta, lo que totaliza unas 14.000 personas.

De esta manera este colectivo que se agrupa en lo que se denomina “Agricultura Familiar” totaliza 56.729 personas, o 12.606 familias, en todo el norte de Santa Fe. Un poco de historia del proceso de la actual realidad socioeconómica La realidad socioeconómica de la región es el resultado de diversos procesos históricos. A partir de la primera mitad del siglo XX, la provincia vivía un intenso proceso de colonización donde importantes extensiones de tierra, obtenidas mediante la expulsión y el genocidio de las poblaciones originarias de la zona, fueron entregadas a inmigrantes europeos en concesiones de 40 hectáreas, en promedio, por familia.

Esto dio lugar a la conformación de numerosas colonias rurales, pobladas por colonos dedicados a la agricultura diversificada y orientada a garantizar el autoabastecimiento de la familia en insumos básicos para la subsistencia como alimentos, fibra para vestido, calzado, productos medicinales, vivienda, etc.

A mediados del siglo XX, la fase de agroindustrialización que vivió el país, apuntalada sobre la base de precios sostén y subsidios a la producción, generó que en varias colonias de la provincia se instalaran fábricas de diverso origen (algunas estatales, pero la mayoría de capitales privados nacionales y extranjeros, y también cooperativas, fundadas por los mismos colonos), relacionadas con los productos dominantes en cada zona.

En el norte de Santa Fe predominaron, en la primera parte del periodo considerado, establecimientos forestales y aserraderos, relacionados con el trabajo de desmonte. La región fue objeto de una intensa explotación forestal que tuvo epicentro en la zona conocida como la Cuña Boscosa, siendo parte del área de explotación de la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda. La Forestal llegó a explotar 2.100.000 hectáreas de quebrachales en el país, más de 1.200.000 de ellas en el norte de la provincia de Santa Fe. Esta zona se caracterizaba por la presencia dominante de quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobos, guayacán, guarariná, espina de corona, ibirá pita í, chañar, tala, mistol, ñangá pirí y ñandubay. En su lugar, en la actualidad el quebracho se encuentra prácticamente agotado y priman zonas degradadas donde estos bosques han sido reemplazados por arbustales bajos, cerrados y espinosos.

En la década de los 30 se difundió la caña de azúcar y con ella hicieron su aparición los ingenios azucareros. Dos décadas más tarde, en 1950, con la expansión del algodón se desarrollan las desmotadoras de algodón e hilanderías. En el año 60, cuando además del algodón se extendieron los cultivos de lino y girasol, se instalan las aceiteras. También los frigoríficos y curtiembres, que por la misma época aprovechan la producción ganadera de la región.

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Este proceso provocó una fuerte concentración de pobladores y actividades alrededor de las fábricas. Y también el abandono progresivo, por parte de los colonos, de la tradición de producción diversificada y orientada al autoabastecimiento familiar que los distinguía. En su mayoría, se especializaron en el producto que la industria cercana les demandaba y para el cual les garantizaba un mercado seguro (aunque monopsónico) y precios estables.

Pasaron a ser “cañeros”, “algodoneros”, de acuerdo con el tipo de industria instalada en cada zona. Se impuso así la cultura del monocultivo, y perdió importancia el autoabastecimiento en cada chacra. Con el tiempo, adquirieron el hábito de comprar todo en el pueblo cercano, incluyendo alimentos que tradicionalmente eran producidos en la casa como lácteos, huevos, chacinados, frutas y verduras.

Entre los colonos se dio un proceso de diferenciación; por un lado los que se adaptaron mejor a las nuevas circunstancias se capitalizaron y pudieron agrandar sus chacras a expensas de los que no pudieron hacerlo, a quienes se las compraron o arrendaron.

También se produjo un intenso proceso de inmigración, inducido por las industrias instaladas en la zona que importaban trabajadores, y también por el proceso de diferenciación agraria asociado al monocultivo. Los colonos favorecidos fueron transformándose en empleadores de mano de obra proveniente tanto de los otros colonos de la zona (los “no capitalizados”) como de trabajadores inmigrantes, campesinos criollos y aborígenes, de las vecinas provincias de Corrientes y Santiago del Estero, que instalaron sus viviendas en campos de los colonos que los empleaban.

A partir del año 76 con el golpe de Estado y la instauración de políticas neoliberales, profundizadas fuertemente en los años 90, la especulación financiera también llegó al campo. Tanto los grandes propietarios de tierra como los sectores acaudalados urbanos advirtieron el atractivo negocio que podían representar las commodities y la propiedad de la tierra como reserva de valor. En los 90 se sumaron significativos ingresos de capital externo que persiguieron el mismo objeto.

Este proceso resultó acompañado desde el Estado con la construcción deliberada de vacíos legales en torno a la disponibilidad y utilización de recursos naturales, de los productos de la tierra y de la regulación de los beneficios financieros que se extrajeran de estos “negocios”.

Los campos de caña y algodón, también todos los campos de aptitud ganadera y todos los montes que fuera posible se transformaron en campos sembrados con soja y girasol, de altos precios internacionales, fácilmente manejables a distancia desde la ciudad, con tecnologías altamente mecanizadas y prescindentes casi por completo de mano de obra.

Estos hechos crearon condiciones muy difíciles de soportar para los colonos pequeños y para todo aquel poblador rural que no poseyera extensiones significativas de tierra, ya que tanto unos como otros obtenían la mayor parte de sus ingresos monetarios en el trabajo extrapredial que conseguían gracias a la existencia en las colonias de cultivos como el algodón y la caña y de rodeos para cuidar y trasladar. Tanto unos como otros debieron emigrar en busca de trabajo, dejando desiertos los campos.

Algunos emigraron a las grandes ciudades, pero la mayoría se instaló en los poblados de la zona, cerca de las fuentes de trabajo que encontraban en las fábricas allí existentes y en las fincas de sectores acaudalados a quienes les vendían servicios generales.

Diversificaron su estrategia de captación de ingresos combinando tareas asalariadas con oficios cuentapropistas, artesanales y/o comerciales, ofertas de servicios varios, caza, pesca, empleo doméstico, cirujeo, etc. Pero a la par, aprovecharon cada espacio de tierra que pudieron ocupar para la crianza de todo tipo de ganado, al tiempo que cultivaban todo lo que sea posible para su autoconsumo y eventual venta de excedentes, en forma intensiva y muy eficiente, manteniendo así su forma de vida rural, aun viviendo en centros poblados.

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Lo organizativo La práctica de explotación de la mano de obra por parte de los capitales extranjeros o locales fue la regla que tuvo expresiones salvajes como la de La Forestal, una empresa que contaba con ferrocarriles, puertos, policía y moneda propia y que dentro de sus feudos no reconocía las leyes vigentes23.

La historia de la explotación del campesino y del trabajador rural se entrelaza a partir de fines de la década de 1940 con la historia del Movimiento Rural de la Acción Católica y, posteriormente, las Ligas Agrarias. A partir de 1948, jóvenes católicos comienzan a formar en distintas diócesis del país grupos de campesinos con una misión principalmente evangelizadora. En el contacto directo de dichos jóvenes con la realidad de la población rural, surge una actitud más reivindicativa que lleva a la creación en 1958 del Movimiento Rural de la Acción Católica. Un aspecto determinante del Movimiento fue la sólida formación de sus miembros, que consideraban la educación como elemento central del proceso de liberación, y trabajaban desde mediados de la década de 1960 con la pedagogía de educación popular de Paulo Freire. Este movimiento evoluciona a la par de las problemáticas agrarias y progresivamente se aparta de lo eclesiástico, concentrándose en la lucha social.

Así, el Movimiento Rural representa la base de la primera experiencia de organización gremial independiente del campesinado: las Ligas Agrarias, que se crean en la provincia del Chaco en noviembre de 1970, y que se extienden en distintas provincias hasta finalmente ser exterminadas con violencia durante la última dictadura militar.

Gestadas por el Movimiento Rural, las Ligas Agrarias cuentan en su primera etapa con el apoyo de obispos, como el caso de Iriarte en Reconquista, que las sostienen y alientan. Más adelante, aunque algunos miembros de la Iglesia vinculados con la teología de la liberación continúan participando en las Ligas, progresivamente la jerarquía eclesiástica manifiesta su rechazo por considerar demasiado políticas sus acciones, excluyendo oficialmente al Movimiento Rural de la Acción Católica en 1972.

Hasta los años 70, con esfuerzos y luchas, la capacidad organizativa que había adquirido el sector de trabajadores, pequeños y medianos productores, les había permitido lograr no pocas mejoras, tanto de tipo productivo como tecnológico, comercial y también laboral (algunos ejemplos fueron la existencia de la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, precios sostén para producciones regionales, etc.).

Pero esta representación y organización del sector rural, de los pequeños y medianos productores, y de la denominada Agricultura Familiar sufrió fuertes cambios durante la década de los 70. Como sucedió con casi toda la representación social en nuestro país, fue socavada y debilitada primero por la estrategia de desarticulación social de la dictadura y después por la consolidación de las políticas neoliberales durante los 90.

La capacidad organizativa fue duramente golpeada a partir de 1976, y desde entonces es muy difícil encontrar alguna organización de base con suficiente representatividad y presencia a lo largo del territorio como para ser considerada referente del sector. Hubo alguna recuperación en los últimos 15 años, sobre todo a partir del trabajo de dirigentes de antiguas organizaciones que buscaban recuperar lo perdido en esos aspectos, y gracias también al trabajo de algunas ONGs,

23 Para mayor detalle de una historia tristemente apasionante, ver: Gastón Gori (1965), La Forestal. La tragedia del quebracho colorado, Yardín Ediciones, 2006.

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programas públicos como PSA, ProHuerta, INTA Minifundio, Cambio Rural, etc.

Pero hasta hoy solo se han logrado generar grupos y organizaciones locales, atomizadas, limitadas cada una a sus objetivos y zonas cercanas e inmediatas, y con notorias dificultades para articularse entre sí.

La experiencia más reciente No obstante, en los últimos cuatro años, se han creado espacios de articulación entre estos grupos y organizaciones locales en busca de poder recomponer la capacidad de acción del sector que permita luchar por un concepto de desarrollo del sector agropecuario, articulado con las necesidades de la sociedad argentina e inclusivo desde el punto de vista social para los productores rurales.

Por este motivo se constituye, en el año 2005, la Mesa de Representantes de Organizaciones de la Agricultura Familia del Norte de Santa Fe, que cuenta con unas 20 organizaciones de la región. El objetivo de este espacio fue enfrentar el modelo de desarrollo del área rural, basado en la valorización financiera de la propiedad y de la producción, y actuar de manera defensiva para desacelerar el proceso de expulsión del pequeño productor.

El modelo de desarrollo de la agricultura industrial y exportadora no puede abordar equilibradamente la problemática ecológica ni la cuestión social del ámbito rural. La práctica de la agricultura agroexportadora significa una lógica expulsiva de mano de obra, expulsiva de pequeños productores; su existencia y expansión produce un continuo proceso de expulsión de familias que son quitadas de sus entornos y de sus medios de vida y quedan a merced de su suerte. Por otra parte, ya son conocidos los problemas de salud de las personas que están vinculadas directa e indirectamente con la producción de la agricultura industrial debido al uso de agroquímicos y transgénicos. En todos los casos se trata de consecuencias negativas que son escasamente tenidas en cuenta, además hasta el momento se transfieren los costos a los sectores que no pueden defenderse de esta situación24.

Como contrapunto de esta lógica de producción y desarrollo agrícola, la Agricultura Familiar plantea la agroecología como un paradigma que permite afrontar los problemas y los desafíos actuales. En palabras de Miguel Altieri: …la agroecología es una ciencia que estudia los principios sobre los cuales se debe basar el diseño de una agricultura sustentable; es decir, una agricultura que sea ambientalmente sana, que sea diversificada y que rompa el monocultivo para que así no dependa de insumos agrotóxicos externos que son caros y ecológicamente peligrosos. Pero la construcción de esta nueva agricultura también busca la viabilidad económica y la justicia social. Por esta razón, la agroecología debe complementarse con políticas agrarias que busquen la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la eliminación de la pobreza rural; lo que nosotros denominamos una agricultura sustentable25.

Así, en el marco de las iniciativas de la Agricultura Familiar en el norte de Santa Fe, aparece el trabajo articulado de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social; el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar de la Región Pampeana (IPAF Región Pampeana) del INTA y la Subsecretaría de la Agricultura Familiar. Los objetivos de esta intervención apuntan, en primer lugar, a potenciar la

24 Walter Pengue, “El pez grande se come al chico… siempre?”, Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, mayo 2005.

25 Citado por Walter Pengue, en “Agricultura Industrial y Transnacionalización en América Latina”, Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental, Número 9, 2005.

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capacidad organizativa de los productores de la Agricultura Familiar y, en segundo lugar, a buscar la diversificación de las alternativas productivas de las pequeñas producciones familiares para mejorar su sustentabilidad económica productiva y social.

Con estos dos ejes como guía, se empezó a trabajar en la zona de Reconquista desde inicios del 2008. Las circunstancias históricas hicieron que este trabajo comenzara poco antes de que se produjera la “crisis del campo” en los albores del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un momento que marcó una línea divisoria entre los representantes en la dirigencia del sector rural.

La crisis del Gobierno nacional con las patronales del campo, en el marco del proyecto de fijación de las retenciones móviles que establece la resolución 12526, encuentra a estas instituciones trabajando con los sectores de la Agricultura Familiar que rechazan el modelo sojero porque son sus víctimas. Es en ese momento determinado de la relación del gobierno con el sector de la agricultura y en la situación particular de la Agricultura Familiar, cuando surge el proyecto del arroz en la zona de Reconquista, San Javier y Guadalupe Norte.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabajaba con anterioridad en la relación con el sector de la Agricultura Familiar. Se había lanzado la Feria de la Semilla, espacio de encuentro e intercambio de los pequeños productores y sus saberes; se había desarrollado la relación con algunas organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena; se venía trabajando con la experiencia de las Ferias Francas de Misiones, en Jujuy con la Cooperativa Cauqueva; y en la particularidad de esa situación, la CONAMI, a cargo de Alberto Gandulfo, estaba abocada de lleno a la implementación de la ley de Microcrédito.

Como lo define su nombre, la ley de Microcrédito concibe a este como una herramienta de fortalecimiento de la Economía Social; así que la CONAMI comenzó a incentivar a las organizaciones sociales de productores para incorporar esta herramienta y fortalecerse a través de la gestión de fondos públicos. En particular, en la zona norte de Santa Fe articulaba con una organización de la sociedad civil con antecedentes en el trabajo con microcrédito rural, la Fundación Nuevos Surcos, pero que carecía de desarrollos conjuntos con el viejo movimiento de las Ligas Agrarias.

Es decir que desde el punto de vista del microcrédito rural se había avanzado en la zona con una institución que tenía experiencia con esta herramienta, pero la búsqueda de la Comisión iba más allá; se buscaba incorporar el microcrédito en las organizaciones de productores.

El entonces presidente del INTA, Carlos Cheppi, en medio del contexto conflictivo por la situación que atravesaba la Secretaría de Agricultura y el Foro de la Agricultura Familiar, promueve que el IPAF intervenga con sus líneas de investigación y generación de tecnologías directamente en terreno.

Se produce así una fuerte vinculación en el territorio entre la CONAMI y el IPAF que va a estar dada sobre todo por dos aspectos; el primero, producto de decisiones políticas; y el segundo, debido a una forma de abordar el trabajo territorial.

Paralelamente en el ámbito de la Secretaría de Agricultura se avanzaba junto con el Foro de la Agricultura Familiar en un proceso de institucionalización del sector apuntando a abordar la problemática específica; como parte de esto se crea la

26 Resolución del Ministerio de Economía y Producción del 10 de marzo de 2008 que establecía un nuevo régimen de retenciones, pasando de un régimen fijo a uno móvil.

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Mesa de la Agricultura de la Zona Norte de Santa Fe27.

Se produce así una convergencia de iniciativas de estas instituciones del Estado con el denominador común de trabajar y fortalecer un segmento vulnerable de la población rural cuya existencia está, en el marco de las lógicas de concentración de la propiedad de la tierra y de producción productiva imperante en el sector, cada vez más debilitada.

El abordaje del proyecto que se gesta se construye desde una perspectiva distinta respecto de la forma de relacionar a los productores con el Estado: aparece una nueva institucionalidad dada por organizaciones sociales que trabajan con el Estado. Para Alberto Gandulfo, “los técnicos, incluso aquellos que se comprometieron con el proyecto estaban como enrarecidos porque mucho no se entendía la propuesta; costó que se percibiera lo que era un cambio tecnológico; de actores; y también de institucionalidad”.

El proceso de construcción organizativa entre los productores tuvo su epicentro en la Mesa de la Agricultura Familiar del Norte de Santa Fe, y si bien es destacable la participación de todas las organizaciones, cabe señalar la importancia del rol jugado en el impulso de la iniciativa por parte de Remo Vénica.

Y aquí aparece un elemento significativo de este proceso de construcción. Remo era un histórico personaje, luchador, líder y dirigente campesino, protagonista de la década de los 70; reconocido por sus pares por haberse refugiado en el monte e incluso haber tenido hijos en la clandestinidad. Organizador de las Ligas Agrarias, es en la actualidad un productor fuera de lo convencional, su granja Naturaleza Viva es un complejo biodinámico reconocido internacionalmente, una experiencia significativa que propone la biodinámica como eje de cosmovisión, de producir y de realizarse.

Cómo se gesta la iniciativa La definición del proyecto de arroz agroecológico se constituyó entonces a partir de una serie de situaciones y de personas que comienzan a confluir inicialmente en la búsqueda de complementariedades e iniciativas conjuntas en el marco de un esquema institucional y de políticas públicas en gestación.

Se produce lo que puede denominarse el hecho fundacional: la iniciativa de Carlos Cheppi, entonces presidente del INTA (y luego secretario de Agricultura), en el marco de una reunión con Alberto Gandulfo (presidente de la Comisión Nacional de Microcrédito) y José Catalano (director del CIPAF del INTA), señala la importancia de conocer la experiencia de Naturaleza Viva de Remo Vénica en Guadalupe Norte como una experiencia más acabada de un modelo agroecológico de desarrollo con la Agricultura Familiar, a fin de apoyarla y fortalecerla.

27 En abril del 2008 se crea la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SsDRyAF), en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA). La Subsecretaría tiene su origen en la definición política del Estado nacional de contener y hacer efectiva las demandas de las organizaciones de base de la Agricultura Familiar, proceso que implicó el reconocimiento formal del Foro Nacional de Agricultura Familiar como interlocutor del Estado para la elaboración y concreción de políticas para el sector. Luego, el 01 de octubre del 2009 se crea por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1366/09 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a cargo del Sr. Julián Domínguez. Dentro de su ámbito se crea la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar con la conducción de la Ing. Agr. Carla Campos Bilbao y al interior las Subsecretarías de Agricultura Familiar y Economías Regionales, a cargo la primera de Guillermo Martini y la segunda de Luciano Di Tella. De esta manera se jerarquiza la política pública para el sector rural en su conjunto y particularmente para la Agricultura Familiar, elevando el rango de Subsecretaría a Secretaría. Y al interior de la Secretaría, se expresa la voluntad política de confluir los ejes de trabajo como son la economía regional y la Agricultura Familiar, entendiendo la participación activa del sector en las economías regionales.

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Las autoridades antes mencionadas señalan, entonces, la importancia de la iniciativa de producción de arroz agroecológico y plantean que es un proyecto que en términos estratégicos va a permitir la recuperación de los humedales de la zona.

Agregan que es intensivo en mano de obra y que apunta a la diversificación de los productores de la zona. Destacan que es una experiencia innovadora no solo en lo técnico-productivo, sino como una construcción que debe involucrar a los productores mismos. Se conviene en trabajar con un número de 20 productores para llevar adelante la iniciativa.

El segundo hecho importante se da en el marco de la Expoagro 2008 en Armstrong, donde convergen, en el stand del IPAF, el productor Remo Vénica como representante de las Organizaciones Sociales, Alberto Gandulfo por parte del Estado, y Gustavo Tito como director del IPAF Región Pampeana. En la exposición el IPAF presentó 10 experiencias con productores, en su mayoría que habían sido o estaban apoyadas por la CONAMI, y que desarrollaban la herramienta de microcrédito, entre ellas las Ferias Francas de Misiones, Cañuelas, Mimbreros del Tigre como las más destacadas. La cogestión ya estaba en marcha.

De implementar una experiencia a trabajar la apropiación Se plantea en este marco la articulación conjunta de la CONAMI y del IPAF, en términos de un trabajo más profundo con las organizaciones y los productores en el territorio, apuntando a trabajar en el fortalecimiento del sector.

El proyecto que toma forma es desarrollar una experiencia piloto de producción de arroz agroecológico, para lo cual eran necesarios el saber, las experiencias y las capacidades del IPAF y el fortalecimiento organizacional con el microcrédito llevado adelante por la CONAMI. Como se señaló anteriormente, la CONAMI venía trabajando en la zona con la ONG Nuevos Surcos, a la cual se le otorgaron fondos para ampliar su operatoria de microcrédito. Se convocó entonces a actores locales, buscando una primera apoyatura en un grupo de 20 productores. En esa convocatoria se da la particularidad de que quien representaba a la Fundación Nuevos Surcos es otra persona que va a tener un rol destacado en el desarrollo y el desenvolvimiento de este proceso, Héctor “Pato” Aprile, que ya venía trabajando en la zona con microcrédito.

La herramienta de microcrédito en esta experiencia implicó asumir la integralidad del productor en su territorio, no solo como productor de arroz, el arroz es experimental. Los productores tienen actividades diversas y en la región encontramos quienes se dedican principalmente a la actividad agrícola y también pescadores. Los productores venían vinculados al Foro de la Agricultura Familiar de la Zona Norte, al Programa Social Agropecuario (PSA) o vinculados a la experiencia de Naturaleza Viva. Es decir, existe una heterogeneidad de procedencias, de actividades que hacen a la constitución del grupo y al instrumento.

Se constituye así un espacio de vinculación entre el Estado y los productores, quienes se transforman en el sujeto del proyecto. Así lo plantea Remo Vénica: A este proceso generado habrá que ajustarle muchas cosas, pero es imprescindible, no hay proceso de desarrollo profundo si no se unen los campesinos con el gobierno, los distintos estamentos, que deben cumplir el rol que históricamente les compete, de reordenar los procesos productivos y la producción a favor de la soberanía alimentaria […] todo se debe reconvertir o ‘reciclar’: la actitud de los gobiernos, los servicios de extensión y los objetivos de la investigación […] nuestra tarea como campesinos es la de garantizar poner en marcha los sistemas productivos que tengan que ver con nuestros ecosistemas, los recursos culturales, la relación con lo cultural de los pueblos, la relación con los elementos del sistemas, 42

las fuerzas de la creación…

Los productores ya tenían una aproximación al manejo de la herramienta de microcrédito, tanto por la experiencia de Nuevos Surcos como también por un fondo rotatorio del PSA. Lo significativo del proyecto es la idea de que, a medida que se va avanzando, los productores puedan ir manejando su propio fondo de crédito. El objetivo es generar un doble salto tecnológico, tanto la posibilidad de productores desarrollando y apropiándose de la producción experimental de arroz agroecológico y al mismo tiempo incorporando una herramienta propia de gestión de recursos financieros.

Al principio se empezó con créditos que entregaba Nuevos Surcos a los productores, pero el objetivo fue que las mismas organizaciones de productores pudieran apropiarse de la metodología, del proceso organizativo de la operatoria y desarrollar su experiencia de microcrédito.

Así es como, en un primer momento, los 20 productores que inicialmente participan de la experiencia piloto del arroz agroecológico utilizan la herramienta de microcrédito operando desde la ONG Nuevos Surcos. Dicha operatoria la coordinaba Héctor Aprile, quien luego se haría cargo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en la provincia de Santa Fe. Más adelante, se pone en marcha el proyecto de la operatoria de microcrédito de los productores con la participación activa tanto de la CONAMI como de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Este proyecto contempló en una primera etapa una transferencia metodológica que fue realizada por Cauqueva28, una cooperativa de productores de Jujuy con experiencia en microcrédito rural, para promover la transferencia y el intercambio de conocimientos entre los actores del sector, así como también su vinculación.

De esta manera se cimientan las condiciones para una operatoria específica de microcrédito en manos de las organizaciones de los productores.

Desde el punto de vista de la construcción del microcrédito, hay que señalar aspectos metodológicos de la experiencia.

Se configuró un proyecto que empieza a sumar a los productores y que está relacionado con el cambio tecnológico y con que los productores incorporen esta tecnología (microcrédito). Hay ahí una concepción integral de la problemática de los productores y el protagonismo de las organizaciones de productores trabajando con el Estado. Las organizaciones iban a usar una herramienta de gestión, como es el microcrédito, en función del desarrollo de los pequeños productores.

Esto se fue haciendo realidad al punto de que hoy se encuentra en un momento en que la estructura del proyecto que se financió se establece como una nueva institucionalidad dentro de lo que es esta relación/reunión de organizaciones.

Para poner en marcha la operatoria, fue necesario un proceso de discusión y consenso entre el conjunto de las 20 organizaciones de la región, nucleadas en la Mesa de la Agricultura Familiar del Norte de Santa Fe29. En primer lugar fue necesario un importante nivel de acuerdo para elegir a los miembros integrantes del Comité de Crédito30, que en el esquema de la

28 La Cooperativa Cauqueva es una organización autogestionaria integrada por 150 pequeños productores de la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, en su mayoría, pertenecientes a los Pueblos Originarios de la región y cuyo objetivo es elevar el nivel de vida de sus socios.

29 En el momento en que el proyecto se comienza a gestar las organizaciones integrantes de la Mesa fueron: Payucanos, Comunidad Aborigen Mocoví; Organización de la Brava; Vida en Libertad de Romang; Feria Franca de Villa Ocampo; Asociación de la Hortensia; Cooperativa El Quebracho Colorado; Bajos Submeridionales de Villa Guillermina; Unión de la Cuña Boscosa; Asociación de Pequeños Productores de San Javier (ASOPEPRO); Movimiento Rural Diocesano; Asociación de Pescadores de Helvecia; Asociación Nueva Vida, Guardianes de la Semilla, Fundación Vida y Libertad; Productores Agroecológicos; La Fortaleza.

30 Los integrantes del Comité de Crédito fueron Santiago Ortiz (coordinador), de la Unión de Organizaciones de la Cuña Boscosa; Cristian Davies, de ASOPEPRO; Eulogio Sellarés, Guardianes de la Semilla y Norma Papini, Asociación de Pescadores de Helvecia.

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operatoria cumple el rol fundamental de aprobar los microcréditos e instrumentar las decisiones de la Mesa respecto de la operatoria.

La conformación final del Comité se decidió con un criterio territorial, donde cada uno de los integrantes del Comité representa a uno de los cuatro departamentos en los que se definió trabajar con esta operatoria: en Vera, General Obligado, Garay y San Javier.

En otra instancia posterior a la conformación del proyecto, se hizo necesario que estas organizaciones acordaran con una ONG de la zona para que pudieran responder a las exigencias del MDS. Esta contraparte la conformó una organización local, la Fundación Crear para la Vida, con trabajo en la zona ligado más a la gestión de programas sociales destinados a niños y adolescentes, aunque con antecedentes de relación con grupos de productores. La Fundación Crear para la Vida se conformó así en la Organización Administradora de la operatoria, pero en el marco de un acuerdo en la cual se resaltaba que la Mesa de Productores era la titular del proyecto.

En la etapa de conformación de la estructura de la operatoria se realizó un taller de transferencia metodológica llevado adelante por el coordinador de la Cooperativa Cauqueva de Jujuy.

Como resultado de ese taller se definieron condiciones que permitieran un proceso de trabajo con microcrédito de menor a mayor; esto es, los montos y las condiciones fueron prudentes atendiendo la importancia de poder asimilar la herramienta y las organizaciones. Además plantearon la necesidad de respetar los roles establecidos por sobre las situaciones particulares que se pudieran presentar. Es decir, se reflejó desde un principio una gran apropiación del instrumento y la trascendecia de cuidar la operatoria para, como señalaron, demostrarse la posibilidad de llevar adelante la gestión de fondos públicos31.

El mayor nivel de concreción del trabajo aparece en el momento en que el recurso financiero llega a territorio. Hay una situación descompensada entre los tiempos en que se preveía la llegada del dinero, y los tiempos de producción y la expectativa de la gente. Por ejemplo, cuando finalmente llega el dinero para otorgar los fondos necesarios para el funcionamiento de la operatoria de microcrédito, las frustraciones producidas por las demoras recaen sobre la organización administradora (que había sido elegida por los propios productores), situación que se aclaró y solucionó inmediatamente.

De todos modos es importante destacar el hecho de que los procesos no son lineales y no están exentos de dificultades. Había voluntad política pero tenían que entender cuál era la lógica administrativa; hubo algunos errores puestos en público y aceptados como tal por la misma gente de la Fundación que se pudieron corregir sobre la marcha de manera rápida. Esto implicó un cambio en las personas que llevaban adelante los temas administrativos relacionados con la operatoria en la Fundación como producto de un nuevo consenso entre las Organizaciones de la Mesa y la Organización Administradora.

Desde la CONAMI esto fue seguido desde cerca. En dicho proceso se pudo observar algo clave: la apropiación de parte de los productores del proyecto, del recurso público; esto permitió superar sencillamente lo que tenía que ver con la desconfianza, el mal manejo de información, con lo nuevo y hasta con las aprensiones que existen en cuanto al manejo del dinero. Alberto Gandulfo señala: Hubo un salto cualitativo los grupos crecen cuando superan conflictos, acá se superó un conflicto de entrada, acá hubo un buen seguimiento de la parte técnica, pero hubo también mucha responsabilidad de las organizaciones, de la Fundación

31 Se definieron dos líneas de crédito: Línea 1 - Capital de Trabajo; Línea 2 - Bienes de Capital. Era obligatorio pasar por la Línea 1 en crecimiento progresivo, y como mínimo tres créditos para poder acceder a la Línea 2.

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Crear para la Vida, de los productores y yo diría nuestra, porque al estar encima de la operatoria nos permitió verificar estos problemas.

Fue posible construir la experiencia en el marco de, por un lado, organizaciones que se comprometen, involucran y adquieren nuevos conocimientos, y se potencian en su relacionamiento, incluso con países lindantes, y por lo tanto se amplían sus redes de acción. Y por el otro, organizaciones que toman instrumentos nuevos para ellas, sin duda con fuerte presencia del Gobierno nacional, y que asumen esta dinámica con gran compromiso. Por supuesto que debe entenderse esto como un proceso que va direccionado a empoderar a las organizaciones, a fortalecerlas, a fortalecer el Estado y a desarrollar la Economía Social.

Como proceso está en construcción permanente y deben todos estar dispuestos a enfrentar las dificultades que puedan aparecer como así también a cosechar los frutos del trabajo, el cual tiene que ver con ir por más, con consolidar y ampliar la experiencia.

El camino del arroz agroecológico Este proceso de gestación de la operatoria de microcrédito se articuló con una experiencia de desarrollo de un cultivo, el arroz, bajo la perspectiva de un enfoque agroecológico, que por supuesto también implica una incorporación de tecnología, construida también con y para los productores; lo que cambia sustantivamente la forma de concebir la construcción del conocimiento y la asistencia técnica.

Se buscó incorporar un nuevo paradigma de producción en la zona. Primero, porque si bien esa zona era arrocera, los productores tenían idea de la producción arrocera desde el enfoque de producción agroindustrial, paradigma dominante.

En este paradigma la viabilidad de la producción está puesta exclusivamente en la escala de producción, los costes y los rindes en términos industriales. En un momento de este proceso se produce una reunión entre algunos técnicos del INTA y los productores donde se presentó la distancia entre las visiones y las dificultades de incorporar la perspectiva de la producción en pequeña escala donde las condiciones de producción, los cálculos de los costos y los rindes no son los planteados desde la producción industrializada.

En este caso en particular las diferencias estaban ampliadas por la perspectiva de la producción agroecológica que incorpora elementos de las condiciones de vida de los productores e impacto ambiental de la actividad, y la producción agroindustrial que externaliza o transfiere a “los otros”, a la sociedad las consecuencias negativas de la actividad sobre la tierra, el agua y la salud de las personas y sobre la posibilidad de otras actividades económicas y productivas.

Para que los productores de la zona de Reconquista accedieran a este enfoque agroecológico de la producción de arroz, por iniciativa de Remo, se tomó contacto con productores y técnicos de Brasil32. Esto dio lugar a una jornada de trabajo

32 Campesinos de la zona de Porto Alegre que cultivan sin agroquímicos ni transgénicos desde hace casi 10 años demostraron que es posible una agricultura sustentable sin el auspicio de las multinacionales. Este dato no es menor si se tiene en cuenta el gigantesco avance del modelo agrotécnico en Brasil, donde las multinacionales han copado las tierras del sur con soja transgénica. Al mismo tiempo, las grandes empresas del agro invierten millones de dólares al año en cabildeos, y en un sistema propagandístico que ubica a sus productos como la única vía para una agricultura sustentable en términos económicos.

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en la Granja Naturaleza Viva con un productor agroecológico y un técnico de Brasil y los productores y técnicos locales involucrados en la experiencia.

Dicho encuentro fue muy significativo desde el punto de vista de la transferencia metodológica y el conocimiento de toda esta dinámica; incluso hubo un intercambio muy fuerte en cuanto a criterios de trabajo, cálculos, fundamentalmente la cosmovisión de la naturaleza. Una cosmovisión distinta donde los productores locales pudieron acceder a la experiencia y conocimiento de parte de los dos brasileños para poder explicar desde los principios básicos y fundamentales de la agroecología hasta las cuestiones netamente operativas que hacían a factores específicos que siempre están presentes en la producción y que forman parte de la problemática de los productores (plagas, agua, el grano, sol y todas las dificultades).

En el marco de este encuentro hubo un punto de inflexión en términos de la apropiación del proyecto. Después de una jornada intensa de trabajo con vista a terreno a uno de los campos donde se podía desarrollar la experiencia, el técnico brasileño, con muy buen criterio, señala: “Bueno, acá está la tecnología, acá están ustedes como productores con sus organizaciones de productores, acá está el Estado en sus distintas vertientes (porque allí ya participaba el Estado provincial). ¿Quién va invertir?”. En esa ronda de la que participaban productores, técnicos, representantes de organizaciones se produjo un largo silencio, la pregunta descolocó a todos. Para Alberto Gandulfo esta “fue una pregunta disparadora porque tiene que ver con la concepción metodológica, tiene que ver con esa cosmovisión, la forma de encarar el trabajo de la Economía Social que los brasileños lo han experimentado con un mayor desarrollo que nosotros”.

Para Gustavo Tito, director del IPAF Región Pampeana, el tomar contacto con la exitosa experiencia de agricultores del sur de Brasil fue un primer factor importante para lograr el entusiasmo de los productores santafesinos; “los productores se entusiasmaron inmediatamente, muchos, la mayoría, ni sabían nada del cultivo, pero el arroz es un cultivo que te cambia la cabeza, es el punto máximo de la diversidad y se ajusta muy bien al manejo biodinámico”.

Las reuniones se fueron sucediendo con las estaciones, en un seguimiento de las etapas de crecimiento del cultivo. Las experiencias de los productores fueron diversas, aunque hubo un denominador común: se aprendió de los errores y de los aciertos.

Se comenzó desde el principio, desde la preparación del terreno, con reuniones y talleres en el campo con demostraciones y discusiones en terreno, con el intercambio de opiniones en función de la experiencia de cada uno. Las primeras semillas permitieron al grupo inicial de 10 productores volcarse a todos los aspectos relacionados con el manejo productivo del cultivo.

Se realizaron reuniones en las que productores, técnicos y representantes de las instituciones involucradas tuvieron el rol de compartir los avances de la experiencia de arroz agroecológico en la zona y, al mismo tiempo, acordar los pasos que debían seguirse.

La experiencia demostró que el sueño se hizo realidad. Se pudo obtener la primera cosecha en el primer año de trabajo con lo cual se logró la validación en el Ministerio de la Producción de Santa Fe y en campos de productores de cinco variedades de arroz agroecológico de forma participativa, tanto de secano como por inundación33.

La Subsecretaría de Agricultura Familiar delegación Santa Fe fue realizando un seguimiento de la evolución de la experiencia de cada productor con visita a los lotes sembrados. Entre los técnicos se debe destacar el rol del Ing. Agr. Rodolfo

33 Las variedades fueron dos de secano, una aromática, uno japonés y otro denominado “Formosa”.

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Vicino, quien se constituyó en director técnico de la experiencia y es titular de la delegación local del Ministerio de la Producción. Con una larguísima trayectoria y profundo conocimiento especializado en el arroz, consultor de empresas arroceras, se involucró con el desafío superando barreras que en otros casos no se lograron. Se apropió del proyecto desde su lugar diferenciándose de otros técnicos que no pudieron salir de los estándares dados por los tradicionales esquemas de producción y de pensamiento, lo cual plantea el gran desafío que significa construir una experiencia desde el pequeño productor, desde la Agricultura Familiar, cuando todo está preparado para funcionar desde otra visión.

Los buenos resultados de la primera cosecha trajeron nuevos desafíos. La cosecha de arroz permitió contar con el grano para la próxima siembra, pero al mismo tiempo existió un excedente que, para poder consumirlo, es necesario descascarar.

Por este motivo, planificaron las próximas etapas: la posibilidad de realizar el descascarado y también ya empezar a hablar sobre lo que significa la comercialización. Para esto, nuevamente se articularon esfuerzos y desde la Subsecretaría se promovió la realización de un proyecto que permitiera la compra de un centro beneficiador.

Se acordó instalar este centro beneficiador de arroz en la zona de San Javier, donde existía mayor cantidad de productores y la superficie destinada al arroz agroecológico también era mayor. Así se realizó la compra del Centro Beneficiador en Brasil, para contar de este modo con una maquinaria que permitirá descascarar el arroz, quitarle las piedras como parte de un acondicionamiento necesario para dejar el producto apto para el envasado y el consumo.

El IPAF Región Pampeana del INTA emprendió el desarrollo de un modelo de plantadora de arroz adecuada a la producción familiar, para lo cual se llevó a cabo una investigación para identificar plantadoras disponibles en el mundo y luego trabajar en la adaptación a las necesidades particulares; y además, trabajó en la recuperación de una descascaradora usada por productores en la provincia de Misiones, la que fue reparada y regulada por la experimental del INTA Reconquista.

A través de Gustavo Tito, director del IPAF Región Pampeana, el INTA diseñó un modelo de silo bolsa, al que denominaron SILOPAF (Silos para la Agricultura Familiar), del que se está ya en etapa de realizar ensayos. En un encuentro participó el Ing. Agr. Ramón Hidalgo, de la cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE).

Si bien el objetivo de su charla fue aclarar en forma práctica el uso de los silos bolsas para almacenar granos de arroz, también como productor arrocero que es y de larga tradición familiar en el cultivo, aclaró varios puntos del manejo del cultivo. Los productores quedaron muy satisfechos al ver despejadas varias de las dudas que surgieron de la práctica del cultivo.

De esta manera y a partir de las prioridades que se fueron fijando en las reuniones conjuntas que se realizaron, fueron apareciendo recursos y voluntades que permiten que la producción de arroz agroecológico en la zona norte de Santa Fe sea hoy una realidad en las manos de productores familiares.

Algunos testimonios de productores que están involucrados en la producción dan cuenta de las huellas que está dejando la experiencia.

La productora Eduarda Bugñon señala que “la primera experiencia la hicimos en grupo y luego cada uno por su lado. Hoy queremos seguir sumando productores. Es un arroz sano, fácil de cultivar y fácil de conservar”. Eduarda explica, además, entusiasmada, que su abuelo sembraba arroz yamaní, “pero después los hijos y sobrinos no cultivaron arroz, y eso que en San Javier hay alrededor de 60 mil hectáreas sembradas de arroz convencional con agroquímicos. Y yo no conocía las plantas hasta que comencé a participar de estos encuentros. Pero esas 60 mil hectáreas de arroz en esa zona son arroz antipájaro, antiyuyo y antihumano también”.

Algunos otros productores sostienen que, por ejemplo, “podemos cultivar arroz sin todos esos agroquímicos. Claro, hacemos a una menor escala, yo todos los días me siento con el mate cerca del arroz a cuidar, para espantar los pájaros.

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Igual que mi abuelo”. “Con el tiempo queremos llegar a gran escala pero con muchas familias productores cada uno una pequeña parcela en diferentes chacras”. En la actualidad, las familias productoras involucradas en esta experiencia han rescatado 10 variedades diferentes de arroz, que pudieron apreciarse e intercambiarse en la Fiesta Nacional de la Semilla.

En el caso de San Javier, un grupo de familias campesinas ya cosecharon sus primeros granos en lotes experimentales y así se garantizaron semilla para encarar con todo la campaña 2009/2010. Cada uno piensa arrancar con media hectárea, con mano de obra propia y costo cero de insumos, con lo que aspiran no solo a producir para el autoconsumo, sino a generar un excedente que pueda comercializarse.

Néstor José Leones, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Las Tres Colonias (ASOPEPRO), que agrupa a unas 40 familias de Colonia Francesa, Colonia Indígena y Colonia Criolla, es un ejemplo de un productor recién iniciado: “Es la primera vez que hago arroz y la verdad que me gustó muchísimo; sobre todo porque se adapta a mi modo de trabajar”. Durante meses, él y otros cuatro pequeños productores, junto con sus esposas e hijos, se arremangaron los pantalones para meterse en el barro una y otra vez. Primero para preparar el terreno; luego para sembrar los plantines y finalmente para levantar la cosecha. Y todo en forma artesanal, con palas de punta, plantando a mano y segando las plantas con una hoz.

Igual que Leones, Lucía Gaitán no sabía nada de arroz. Si hasta se sorprendió cuando vio que donde había sembrado un grano crecieron muchas plantas juntas, por lo que pensó “a alguien se le escapó un puñado de semillas acá”. Más tarde aprendió que las plantas macollan, generando varios tallos de un mismo ejemplar.

Lucía vive junto con su madre, cinco hijos y tres nietos en dos hectáreas ubicadas en Colonia Criolla. Los ingresos y la comida surgen de su huerta, de la venta de pan casero y de los dulces que elabora con frutas autóctonas como el ñangapirí (también conocida como pitanga o cereza de Cayena). Además cría tres lecheras y un toro, pero piensa en reducir el rodeo para agrandar el espacio de los frutales “porque el dulce se vende bien, principalmente a los turistas”.

Lucía ya se asoció con una compañera que le ofreció trabajar media hectárea de arroz entre las dos. “Este año sembramos para semilla, pero estamos viendo —por los resultados— que vamos a tener que elaborar algo; además tiene muy buen precio, así que vamos a sacar nuestro dinerillo”, se entusiasma, mientras deposita las espigas recién cortadas en camas de lona para que se sequen al sol antes de trillarlas.

A la iniciativa de “arroz agroecológico”, Leones prefiere denominarlo “biodinámico” porque así se comprende mejor que el objetivo es producir en armonía con el medio ambiente. Como la idea es no utilizar agroquímicos, la fertilización se resolvió utilizando un fermento de melilotus y aromo. Y para controlar las malezas, basta con un adecuado manejo de la inundación.

Asimismo, la genética también hace su aporte. El ingeniero Vicino señala que “esos genes antiguos le están dando una sanidad que no la tenemos en las variedades modernas”.

En términos de producción la experiencia también tiene datos significativos. De los 6.000 o 7.000 kilos que puede rendir una hectárea, se obtienen 4.000 kilos de arroz elaborado, suficiente para abastecer a varias familias durante el año, ya que el consumo promedio per cápita en el país oscila entre 7 y 8 kilos anuales. Vicino señala que “si podemos elaborar ese arroz con molinos propios, o con una descascaradora casera, se lo puede tener acopiado en cáscara para ir elaborándolo a medida que lo necesitan para el consumo”. A su vez, como los pequeños productores hacen feria, podrían trocar el excedente por otros productos o bien comercializarlo en forma tradicional como arroz integral.

Ya que la propuesta es producir a pequeña escala, con la premisa del autoconsumo, al momento de buscar mercados el especialista resalta las características diferenciales del producto: la no utilización de agroquímicos e incluso las propiedades 48

de algunas variedades, como la aromática, que se distingue por la fragancia a canela que despide el grano una vez cocido.

Sin embargo, los pequeños productores tienen otra forma de pensar el concepto de “valor agregado”. Entre las familias campesinas de ASOPEPRO, todas las actividades se hacen para consumo propio y se comercializan solo si hay excedentes. “Por lo tanto vendemos cosas de alto valor, porque lo hacemos para comer nosotros”, se enorgullecen.

Todos testimonios de una experiencia en construcción que crece tan vigorosa como la planta y que con seguridad también brinda un nutritivo alimento para construir una mejor economía, una mejor sociedad.

La experiencia de los productores mimbreros de las Islas del bajo Delta del río Paraná El Delta34 El denominado Delta del Paraná tiene una extensión total aproximada de 1.750.000 hectáreas. La jurisdicción políticoadministrativa está compartida por las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Se encuentra ubicado en el trayecto final del río Paraná y se extiende hasta la desembocadura de este en el Río de La Plata, donde también hace lo propio el río Uruguay. Es así que hace de nexo entre el océano Atlántico y una de las redes pluviales más grandes del mundo formando la cuenca del Plata. Esta cuenca recoge las aguas de la mayoría de los ríos del sur del subcontinente, como el Paraná, el Paraguay, el Uruguay y sus afluentes. De manera tal que se convierte en la segunda cuenca más extensa de Sudamérica (solo superada por la del río Amazonas), siendo además una de las reservas de especies animales y vegetales más importantes del mundo, donde viven 355 especies de peces.

34 Datos extraídos de Guido Galafassi, “Explotaciones familiares, división del trabajo y producción en el delta del Paraná, Argentina”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 11, nº 1, 2000, Tel Aviv, Israel; y Guido Galafassi, “Reestructuración productiva, organización del proceso de trabajo y manejo de tecnologías: Un estudio de caso en la producción frutícola y forestal”, Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, vol. 2, nº 4, 2002.

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Fig.1. Mapa de la Red Fluvial donde se resalta el río Paraná

A la desembocadura en el Río de la Plata llega con un caudal medio de 17.000 m3/s, solo comparable con los 18.000 m3/s del río Misisipi. Esto le proporciona, por un lado, un gran potencial en cuanto a navegabilidad y aprovechamiento energético y, por el otro, una preocupación por las eventuales crecidas fundamentalmente provocadas por las precipitaciones y los aportes del río Paraguay. El mayor registro de 60.000 m3/s se produjo en los años 1982 y 1983.

Según características del relieve terrestre se puede dividir en cuatro sectores, haciendo foco en particular en el sector llamado Bajo Delta, que tiene diferencias socioeconómicas y ecológicas con el resto. Está compuesto por tierras planas e inundables, pero también hay albardones que son terrenos más elevados y de una gran fertilidad. Por su ubicación, constituye un área atípica puesto que se encuentra inmersa en la región pampeana en la cual se practica una intensa actividad económica basada en la agricultura y la ganadería, mientras que en el Bajo Delta la actividad económica desarrollada casi con exclusividad es la explotación forestal, entre otros factores, a causa del drenaje deficiente y las inundaciones periódicas.

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Los pobladores Antes del proceso de colonización, la región sirvió de refugio a gauchos perseguidos y a algunos bandidos rurales a los que llamaban matreros, por eso, la zona recibió el nombre de “La Matrería” o “País de los matreros”. Esos pobladores de origen criollo estaban distribuidos de manera dispersa y lo hacían en asentamientos precarios, lo que le daba al territorio un rasgo marginal y de tránsito. Pero a partir de mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se incrementó la población a causa de una importante inmigración europea sobre todo procedente de Italia aunque también se asentaron polacos, ucranianos, húngaros, rusos, vascos, españoles, franceses, etc. Estos se dedicaron especialmente a la producción frutihortícola, sobre todo de cítricos y duraznos, que luego eran comercializados casi en su totalidad a través del Puerto de Frutos de Tigre35.

Este proceso de continuo crecimiento poblacional se extiende hasta el año 1930, momento en que el Delta alcanza la mayor población (20.000 habitantes), más adelante a partir de la década de los 40 se inicia la declinación por razones fundamentalmente de mercado y climáticas (CEAL, 1979).

La población comenzó a emigrar, proceso que se acentuó en las décadas de los 60 y 70.

Hacia 1980, el sector bonaerense solo contaba con 12.323 habitantes, y según el Censo de Población y Vivienda, se llega en 1991 a 9.369 habitantes (Gentile y Natenzon, 1998).

El proceso socioeconómico de la región Diversos estudios explican el cambio de paradigma productivo sucedido en el agro argentino36, específicamente en la región pampeana, y destacan que los principales factores de cambio fueron la interacción de tres elementos: “i) nuevas demandas internacionales, ii) nuevas formas de organización de la producción y el comercio e iii) innovaciones radicales” (Bisang, Anlló, Campi, 2008).

En efecto, partiendo de la heterogeneidad de productores, estos elementos se tradujeron de diversas maneras, pudiéndose advertir en la actualidad, al menos, la convivencia de dos modelos de organización de la producción.

Los autores destacan, por un lado, “la existencia de producciones donde la propiedad de la tierra coincide con quien desarrolla la actividad y lo hace en base a sus propias máquinas y equipos; por otro, parte creciente de la producción es desarrollada por empresas que no posen tierras ni equipos, pero que operan como coordinadoras de factores productivos, corren con el riesgo de las operaciones y se convierten en epicentros de múltiples contratos en el marco de redes productivas”.

Si bien la región del Delta se encuentra dentro de la zona pampeana, estos elementos descriptos previamente han motivado cambios en su interior que se traducen a través de otras particularidades, producto de la propia especificidad de la región.

Trabajos de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes explican que “tanto desde sus atributos naturales, como

35 “La ley 2072 de Colonización de la Provincia de Buenos Aires, del año 1888 da comienzo a las mediciones y ventas y promueve fuertemente la colonización regular del Delta. Los primeros habitantes provenientes de Europa se instalaron en las zonas del Paycarabí, Paraná Miní y Carabela (Benecia et. al., 1994)” (Galafassi, 2000).

36 Roberto Bisang, Guillermo Anlló, Mercedes Campi, “Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina”, Desarrollo Económico, Vol. Nº 189-190, Buenos Aires, 2008.

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desde sus características socioeconómicas, [el Delta es] una zona atípica dentro de la región de entorno, con procesos internos particulares y bien definidos, pero que ha existido siempre en referencia al sector externo con el que interactúa. De tal manera, se conjugan en el área legalidades propias del funcionamiento del sistema particular Delta, y al mismo tiempo interacciones con macroprocesos regionales y hasta nacionales” (Galafassi, 2000).

Para explicar la situación actual, Galafassi analiza el proceso histórico desde una época más temprana, que resumiremos brevemente a los fines de encuadrar la actual situación (económica-política-social) en que se desarrolla el grupo de productores con los que se trabaja desde las diversas instituciones (Ministerio de Desarrollo Social, INTA).

Existió un proceso histórico de asentamiento, colonización y producción: La permanencia y formas de asentamiento han estado directamente vinculadas a los tipos de utilización de la tierra. De esta manera distingue tres etapas en la historia del Delta: un primer período (siglos XVIII y XIX) caracterizado por la extracción directa de los recursos naturales, sin asentamientos permanentes de importancia. Un segundo período (fines del siglo XIX y comienzos del XX) en donde comienza el gran proceso de transformación del medio natural, con asentamientos permanentes y el cultivo intensivo de frutales por parte de pequeñas unidades familiares. Y un tercer período que comienza a mediados de este siglo, donde lo que varía sobre todo es el tipo de producto primario que sustenta su economía, que se sostiene actualmente en la explotación predominante de forestales. Esto promueve una mayor transformación del ecosistema y un gran proceso de emigración de población, consecuencia del cambio productivo37, y la aparición de unidades productivas de tipo “empresa”. En esta etapa se producen cambios en el contexto con el cual el sistema Delta interacciona, lo que repercute en el tipo y forma de las producciones y, consecuentemente, en la manera en que se utiliza e interviene sobre el medio natural.

Tal como sucedió en el resto de la región pampeana, estos cambios favorecieron, por un lado, la concentración de la tierrapoder (debido a que la “unidad económica forestal” se estima en 150 hectáreas y el promedio de las quintas frutícolas era de 10-20 hectáreas) y directamente asociado a ello la migración campo-ciudad, así como también, por otro lado, la simplificación de los sistemas productivos (monocultivos).

La actividad productiva En este contexto, de ser una región donde se desarrollaba la fruticultura en convivencia con la forestación, la explotación de mimbre, la ganadería y la agricultura para consumo doméstico; pasó a ser en las últimas décadas una región donde se desarrolla predominantemente la forestación, desplazando las actividades complementarias.

La producción de mimbre y de manufacturas de mimbre estaba directamente asociada a la producción de fruta, se complementaban en varios sentidos: todos los canastos para la recolección y transporte se desarrollaban en la isla, ambas activi-

37 En esta línea, Galafassi también destaca momentos de grandes inundaciones que alimentan este proceso y la aparición de otras zonas productivas (tales como el Alto Valle de Río Negro y San Pedro, en la provincia de Buenos Aires). Según los datos censales de la época, “para 1954, 41.600 ha de superficie forestada con un 15% del área total; y para 1969, 53.470 ha con un 19,6% (INDEC, 1954, 1969). Posteriormente se detiene este crecimiento, e incluso se registra un retroceso. Según datos del IFONA, en el año 1980 existían algo más de 42.000 ha forestadas. Pero la gran inundación de 1982-83 produjo pérdidas muy importantes de tal manera que para el Censo Agropecuario 1988 la superficie forestada solo alcanza las 35.000 ha (CFI, 1985). De esta superficie el 74% corresponde a sauces y el 21% a álamo” (Galafassi, 2000).

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dades eran estacionarias (con lo cual la familia dejaba de hacer un trabajo y empezaba el otro), e implicaban una alta utilización de la mano de obra familiar, ya que, en ambos casos, la presencia de equipamiento (mecanización) era muy baja.

En este sentido, señala Adriana Alonso, actual directiva de la Cooperativa Los Mimbreros: “Paralelamente al auge de la actividad frutícola, aunque en menor medida, comenzaba la explotación forestal y los mimbreros tejían canastos para transportar frutas y verduras a la ciudad. En esos años la producción de mimbre alcanzó las 1.200 hectáreas, exportándose parte de la producción a Europa”38.

A este proceso se suma un dato no menor, la aparición en escena de la industria química. A partir de la década de los 70, aproximadamente, la industria química se introduce de manera transversal en diversos campos de la producción (industrial, agrícola). Este factor fue un elemento más que alimentó la crisis del sector productivo del mimbre, ya que fue reemplazado por la aparición de diversos plásticos que, sumada a políticas macroeconómicas de la época (apertura de importaciones), hicieron que el productor familiar tuviera que competir (en costo) con productos extranjeros fabricados en serie.

Hoy, si bien el sector está atravesado por problemas estructurales, como la falta de mano de obra39, la tendencia a volver a lo natural hace que el mimbre tenga una nueva oportunidad. La ecología, el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de productos naturales están revalorizando al mimbre como material. A ello se suman varias características que muestran su potencial: Es una producción con muy baja inversión de capital, y de rotación rápida, y una muy alta utilización de mano de obra, y un factor tierra que no necesita gran extensión para que una familia pueda obtener ingresos medios. Entonces la eficaz utilización de fuerza de trabajo es central en esta actividad (Galafassi, 2002).

El rol de la Cooperativa dentro del sector En 1989, un grupo de 40 pequeños y medianos productores crea la Cooperativa Los Mimbreros, con el objeto de comercializar su propia producción, buscando acotar el accionar de los intermediarios, quienes se apropiaban de la renta intersectorial de la cadena.

Siendo la única entidad en el rubro, en la actualidad nuclea al 75% de productores de mimbre y comercializa mimbre y artesanías desde el Puerto de Frutos, Tigre. Tiene un padrón de 150 socios que se ubican en la segunda sección del Delta Bonaerense, y trabaja con 70 artesanos, a quienes les vende la materia prima y les compra los productos manufacturados.

En total posee un plantel de nueve empleados e impacta en forma directa e indirecta en 750 personas.

38 Adriana Alonso, “Los Mimbreros”, 9ª Edición del Premio Dow AgroSciences, Buenos Aires, 2010.

39 “En época de cosecha, cada productor contrata mano de obra adicional, generalmente proveniente de Chaco, Misiones y Entre Ríos. Se calcula que la cosecha anual de mimbre emplea 175 jornales por hectárea, lo que totaliza 21.000 jornales por año en toda la producción isleña” (Alonso, 2010).

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Hoy se calculan 120 hectáreas de mimbre en producción, que representan un mercado de materia prima de un millón de dólares al año.

Según explica Adriana Alonso, directiva de la Cooperativa, los logros más destacados de la institución (en relación con el impacto que genera en la calidad de vida de los socios) son40: Cambiar la forma de comercializar el mimbre, lo que significó un gran beneficio para los productores. Los intermediarios compraban “de corrido” todas las medidas a un mismo precio y la Cooperativa tipificó 14 productos distintos, pagando por ellos diferente precio de acuerdo con el costo de producción.

Tener una fuerte intervención en la cadena productiva, balanceando los intereses y los factores de poder de manera tal que se garantiza la aplicación del comercio justo en la cadena.

Lograr la integración del primer y último eslabón de la cadena, los más sensibles, como son el productor y el artesano.

Posicionarse como referente indiscutido del mercado, siendo formadora de precios, defendiendo la rentabilidad del productor.

Establecer un patrón de calidad para la industria nacional del mimbre, que actúa como herramienta de justicia entre los

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Adriana Alonso, op. cit.

productores, bonificando con mejor precio a quienes logran mejor calidad.

Incorporar infraestructura de uso comunitario, adquiriendo un predio de 16 hectáreas, donde funciona un importante galpón de acopio y se construirá la sede social y talleres para capacitación en oficios.

Ser entidad administradora de microcréditos, otorgando financiación a los socios y a la comunidad.

En los 22 años de trayectoria, la institución ha vivido diferentes etapas incluyendo épocas de crisis y de bonanza y ha sabido capitalizar errores, vinculados en su mayoría a la falta de profesionalismo en la gestión. En estos últimos años, sin descuidar la producción, la Cooperativa se ha focalizado en la importancia del capital humano, como eje de gestión, no solo en los productores, sino también en los artesanos, los empleados y en las familias de todos los socios.

La Cooperativa trabaja permanentemente en un abanico de temas tales como: producción, comercialización, mejora de variedades, calidad, diversificación, mejora continua, medio ambiente, investigación y desarrollo, nuevos diseños, identidad y pertenencia, trabajo en equipo, capacitación, banca social, área artística, etc. La institución fue creciendo y con su sola presencia garantiza la existencia del sector mimbrero en la economía regional.

Una de las principales limitantes es la falta de capital de giro y de inversión.

Relación entre el sector y el Estado El vínculo entre el IPAF Región Pampeana y el sector mimbrero se inicia en el año 2005, cuando se crea el CIPAF y sus institutos. Por ese entonces, la gestión de la Cooperativa Los Mimbreros se contacta con el director del IPAF Región Pampeana para trabajar en el “mejoramiento participativo de mimbre”, propuesta de trabajo que se realiza en sintonía con la Agencia INTA Delta.

Producto del trabajo planificado para ese año por parte del Instituto (relevamiento regional de problemas en la Agricultura Familiar, definición de líneas de investigación-trabajo), es que no se puede dar una respuesta inmediata a dicha demanda.

Al año siguiente, terminado el diagnóstico regional, y ya con una nueva gestión en la dirección del CIPAF y del IPAF Región Pampeana, se retoma la demanda y junto con la Agencia INTA Delta se deciden hacer las gestiones para incorporar recursos humanos dedicados específicamente a realizar ensayos de mejoramiento (probando distintas variedades de mimbre). Inicialmente, una investigadora específica en la temática comienza a trabajar a través de un contrato de la Cooperativa y en un segundo momento, ingresa a la Agencia INTA Delta, donde además del tema mimbre también incorpora el sauce. Este trabajo toma su propio curso y continúa hasta la actualidad.

En paralelo, la Agencia INTA Delta y el IPAF acuerdan buscar apoyo en el Ministerio de Desarrollo Social para apuntalar cuestiones operativas de la Cooperativa, de las que esta no podía salir. Esto tenía que ver, por un lado, con buscar fondos (microcréditos o fondos rotatorios) para salir del saldo negativo de sus balances, y, por el otro, conseguir recursos para terminar de construir el galpón (espacio destinado para fines múltiples: lugar de encuentro, de capacitación, de almacenamiento de mimbre, etc.) ubicado en una de las islas.

En este transcurso es importante destacar dos aspectos. Por un lado, que “el encuentro” entre todos los actores del territorio no se dio de un momento para otro, es decir, existió un proceso de encuentros y desencuentros dentro del mismo espacio de trabajo que conectó a las diferentes instituciones. Por otro, que cada nueva gestión (sea de la Cooperativa o de las reparticiones del Estado), implicó un cambio en la mirada acerca de los problemas presentes en el territorio, de la importancia relativa de dichos problemas, y en efecto, de las decisiones que posteriormente se transformaron en acciones.

Asimismo, podemos decir que esa instancia de encuentros/desencuentros que tiene que ver con la construcción de acuer55

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dos de trabajo que no estaban dados y que recién ahora podemos visualizarlos e identificarlos como parte de un proceso, constituyen un primer momento en la vinculación IPAF, Ministerio de Desarrollo Social y Cooperativa.

En esta etapa, 2007/2008, antes del cambio de conducción de la Cooperativa, desde el Ministerio de Desarrollo Social se avanza con la organización y la Agencia INTA Delta en la formulación del Proyecto de Microcrédito de la Cooperativa, sabiendo que no era la respuesta requerida por la Cooperativa en relación con la inyección financiera para salir del saldo negativo al que se hiciera mención. Pero que venía a dar respuesta a una problemática social de las familias del Delta, pues la Cooperativa plantea la necesidad de contar con una línea de crédito para sostener la fuerza de trabajo necesaria para dar continuidad a la producción, de otra manera los productores debían hacer trabajos extraprediales, con la consecuente interrupción de la producción del mimbre y el consecuente desarraigo y migración, lo que haría más compleja la situación económica, social y cultural de las estas familias.

En el año 2008, los fondos destinados para el galpón y para iniciar el programa de microcrédito llegan a la Cooperativa junto con un cambio de gestión, y es el nuevo presidente el responsable de administrarlos. En esta instancia, la Agencia INTA Delta intenta explicar todo el proceso a la nueva administración, pero termina distanciada con la Cooperativa por dificultades en la interacción.

La nueva conducción asume el nuevo proyecto y transita su ejecución en forma satisfactoria, flexibilizando las condiciones de acceso al crédito para los productores y generando una nueva línea crediticia, que afianzaría aún más los vínculos en el territorio puesto que no es requisito ser socio de la organización. Así lo definía la Cooperativa: Crear una nueva línea de crédito que tenga como destinatarios a todos aquellos emprendimientos del quehacer isleño, especialmente los vinculados a la producción (tornero, mecánico, electricista, etc.) o a los servicios que hacen a la calidad de vida de los asociados (panaderos, almaceneros, etc.). Abrir el abanico de asistencia financiera a potenciales beneficiarios, no significaría dejar sin crédito a los productores, sino muy por el contrario, contribuiría al desarrollo general de la zona, dado que todos los emprendimientos interactúan entre ellos, teniendo en cuenta la poca cantidad de pobladores isleños que habitan actualmente en el Delta.

Proponemos que el microcrédito sea una herramienta de sostén y crecimiento para la mayoría de las actividades isleñas ya que todas se vinculan de una manera u otra a los productores mimbreros. La necesidad se puso de manifiesto al comprobar que el tornero (único tornero en toda la zona) no puede realizar determinada reparación a las máquinas esterilladoras, que usan los mimbreros, porque le falta una herramienta de precisión. Luego se detectó una situación similar en el soldador que debía reparar una caldera para que el productor hierva el mimbre. Y por último la cooperativa recibe la consulta de una de las panaderías (hay solo tres) si podía tomar un crédito para acondicionar el horno41.

Ello fue la resultante de un proceso que tuvo el acompañamiento de la Red Mesa Abierta, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo no solo de transferir conocimientos y metodología vinculada a la operatoria de microcrédito, sino con el objeto de establecer articulaciones entre redes como línea de trabajo de la Comisión Nacional de Microcrédito - CONAMI. En este proceso de acompañamiento por parte de la Mesa Abierta, que jugó un rol importante en el fortalecimiento de la nueva conducción de la Cooperativa, se abordaron aspectos vinculados a los procesos históricos de la organización en

41 Sobre la base del Informe de Gestión elaborado por la Cooperativa de Productores Forestales, Hortícolas, Agrícolas y Frutícolas Limitada Los Mimbreros, 2009.

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cuanto al papel de la organización en el sector mimbrero, el estado de situación interno en lo referente a la producción y organización y el mapa de actores con los que se vinculaban.

Al mismo tiempo la CONAMI evaluaba la necesidad de reforzar y retomar las articulaciones iniciales con el IPAF con el fin de establecer una estrategia de trabajo para consolidar a la nueva comisión directiva. Ya que había que reconstruir el capital de relacionamientos y alianzas que se adquiere en la experiencia de la gestión y definición de estrategias.

Gustavo Tito ilustra este momento con las siguientes palabras: Luego del primer acercamiento, nos encontramos con que el tema de las variedades y el mejoramiento genético del mimbre era uno de los problemas que tenían los productores, solo uno, pero que también había otros que requerían ser abordados, como el de la comercialización y las herramientas42.

Paralelamente la CONAMI inicia un proceso de desarrollo de una tecnología vinculada con Fondos Rotatorios para la Comercialización, con vista a abordar el problema financiero de la Cooperativa.

Se puede afirmar que esta instancia constituye la segunda etapa, pues a partir de allí, de ese encuentro, la Cooperativa, el IPAF y el Ministerio de Desarrollo Social comienzan a trabajar en el armado de una mesa interinstitucional, sumando a otros actores capaces de colaborar en la solución a dichos problemas. Inicialmente se convoca a la Fundación ArgenINTA, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Dirección de Desarrollo y Posicionamiento de Marca Colectiva del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, al Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Agricultura Familiar.

Haciendo referencia a la relación entre las instituciones de apoyo y el sector productivo del mimbre, Alonso destaca lo siguiente: En todos estos años, las entidades que han tenido alguna intervención técnica carecieron de planificación, programación y sobre todo de continuidad. Hasta este momento, el mimbrero descreyó del ámbito técnico-académico y opina que posee conocimientos teóricos pero no cuenta con la experiencia, ni la perseverancia necesarias para lograr una asistencia significativa. El productor siente que continuamente transfiere metodologías, explica y muestra todo su trabajo y sus necesidades, sin arribar a algún resultado concreto, hecho que se repite con la aparición de cada ingeniero.

El aparente desinterés de las entidades con capacidad de asistencia, expuesto en intervenciones esporádicas —sin obedecer a un objetivo real y planificado, sino más bien justificando alguna acción inconexa— y la esquiva participación del productor, han dejado como consecuencia una actividad mimbrera desprovista de mecanismos de mejora43.

Desarrollo de Tecnologías Fondos Rotatorios para la Comercialización (FRC). Diagnóstico y acción En el año 2009 se desarrolla esta línea de trabajo ante la necesidad de avanzar en una “solución de fondo” en el requerimiento inicial de la Cooperativa, esto es obtener liquidez para poder contar con stock y ocupar la posición fundante de la organización en cuanto a ser ente fijador de precio, defendiendo de este modo los intereses del sector.

42 Gustavo Tito, desgrabación entrevista, Villa Elisa, septiembre de 2010.

43 Adriana Alonso, desgrabación entrevista, Tigre, septiembre de 2010.

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Conceptualmente, desde la perspectiva de la Economía Social, denominamos “Fondo Rotatorio” al capital financiero disponible en una organización cuyo objetivo es reactivar procesos de comercialización, ya sea en la etapa misma de la comercialización o en eslabones previos del circuito productivo en los que se encuentren trabas que entorpezcan el proceso. Entendido así, el Fondo podrá constituirse tanto en el inicio de la cadena, asegurando el ciclo productivo, como en el momento de su distribución e incluso del consumo44 de esa “mercancía” socialmente producida.

La Ley Nacional de Microcrédito Nº 26.117, en su Art. 3, plantea los objetivos del Programa Nacional de Microcrédito entre los cuales se menciona en el inc. 8: “Promover acciones a favor del desarrollo de la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los Emprendimientos de la Economía Social”.

A cuya consideración debe agregarse el Art. 13, que establece entre las aplicaciones del Fondo: “1. Capitalizar a las Instituciones De Microcrédito adheridas, mediante la asignación de fondos no reembolsables, préstamos dinerarios y avales, previa evaluación técnica y operativa de las propuestas o proyectos institucionales”.

A partir de lo expuesto en el párrafo precedente, se considera que los Fondos Rotatorios son una herramienta que contribuye a la capitalización —con fondos no reembolsables— de instituciones que aportan a la sustentabilidad del sector de la Economía Social.

Estas organizaciones se encuentran conformadas por productores con participación activa y directa, que se asocian para acopiar la producción con vistas a generar volumen y obtener mejores resultados en términos económicos e incluso, poder incidir en la fijación de precios. Siendo el acopio una de las características centrales de este eslabón, el fondo debe operar dotando de liquidez a la organización para comprar la producción a los productores asociados o no, de manera no solo de obtener mejores precios en un paso posterior, sino también de proporcionar el ingreso monetario inmediato para el productor organizado a través de la cooperativa.

Este mecanismo puede ser viabilizado a través de préstamos al productor que luego serán saldados con la producción por el monto financiado, dando lugar de esta manera al acopio de la producción. A este mecanismo lo llamaremos prefinanciamiento.

Por lo tanto, la organización además de garantizar la producción y reproducción de las familias productoras, también se estará fortaleciendo como cooperativa al entender a ese productor como un actor activo y parte de la organización y como el sujeto que con su trabajo contribuye a la valoración económica y social de la mercancía.

Luego el fondo se recupera cuando la organización vende el volumen acopiado en el mercado, que queda disponible para ser utilizado en el ciclo siguiente.

El FRC está destinado a organizaciones sectoriales (cooperativas, asociaciones de productores) de la Economía Social con alto grado de organización y complejidad socioproductiva pero que, sin embargo, no cuentan con la liquidez necesaria para comprar la producción al eslabón más débil de la cadena (el pequeño productor, el artesano) y así poder mantener el stock y el precio justo al momento de la comercialización.

En primer lugar beneficia el productor o artesano a través del prefinanciamiento para la comercialización. Pues de otro modo, este productor tiene que esperar la venta de su producción durante meses, ya que por falta de liquidez de la comercializadora y/o por el ciclo de comercialización, el centro de acopio de su organización tarda en pagarle. Esto da lugar a

44 Dicho así, el consumo no es un término genérico sino que se atribuye exclusivamente al consumo vinculado a la cadena enmarcada en procesos de la Economía Social. Ej: de este tipo es el trabajo de la Red Tacurú que apunta a la organización de los consumidores.

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que los intermediarios45 le compren la producción en pie a un precio muy bajo aprovechando la necesidad del productor.

En segundo lugar beneficia a la cooperativa o asociación de productores, es decir a su organización, en tanto se fortalece institucionalmente, garantizando al productor el pago de un precio justo por su trabajo.

A partir del desarrollo de esta nueva línea de CONAMI, se inicia la formulación del proyecto bajo esta modalidad, tornándose en una experiencia cuya evaluación permitirá establecer su aplicación regular. En este momento el proyecto se encuentra próximo a su financiamiento.

Artefactos del proceso de producción de mimbre. Diagnóstico y acción En 155 años se observan muy pocos cambios en el proceso de producción. Solo se destacan dos grandes innovaciones.

Por un lado, la máquina peladora que comienza a usarse a fines de la década de los 50 (hoy la posee solo un 25% de los productores, Agencia INTA Delta); y por el otro, la incorporación de la caldera, que posibilita acortar los tiempos de cosecha, obteniéndose mimbre rosado o tostado claro. En el resto de las actividades del proceso (corte, selección, secado, atado) no se registran cambios. Inclusive se destaca que tanto la caldera como la peladora, una vez ingresadas al sistema, no han sido mejoradas en lo que respecta a seguridad, ergonomía y productividad.

En esta línea, uno de los factores que destaca Alonso es el perfil conservador del productor mimbrero: Este se caracteriza por realizar un trabajo tradicional, con un proceso de cosecha casi artesanal con mucho insumo de mano de obra, en general del ámbito familiar. La transferencia de conocimientos tanto en el cultivo como en la elaboración de artesanías, se transmite de generación en generación de forma más práctica que teórica.

Es un sector productivo que históricamente no ha incorporado tecnología ni innovación, obedeciendo posiblemente al perfil conservador del trabajador. Sin embargo, el mimbre cosechado ha ido desmejorando en su calidad, sanidad y rentabilidad, y eso hace necesaria una revisión de procesos, costos y sustentabilidad de la actividad46.

A lo descripto (relación histórica entre las instituciones de apoyo y el sector, y el perfil del productor), se suma la dificultad de los mismos para conseguir en el mercado los diferentes artefactos necesarios para el proceso de producción de mimbre (máquinas y herramientas). En general, las que se consiguen no satisfacen las necesidades o requerimientos sitio-específicos.

Por otro lado, dentro de las islas existen muy pocas capacidades disponibles para diseñar/fabricar este tipo de herramientas, es decir, hay muy pocos talleres (tejido industrial débil), y los existentes están dedicados a la actividad náutica, con lo cual, los tiempos de espera para la entrega de una máquina suelen ser de dos años.

En este contexto, desde noviembre de 2009 el IPAF Región Pampeana empieza a hacer operativas dos líneas de trabajo, una centrada en el desarrollo de tecnologías para el proceso de producción de mimbre, y la otra en el uso de energías renovables para la unidad doméstica. Ambas líneas se definen en función de un taller de diagnóstico que se realiza durante

45 En la zona de la línea sur de Río Negro, por ejemplo, los intermediarios o “mercachifles” llegan a los predios de los productores generalmente en los momentos de mayor necesidad económica (invierno), y ofrecen adelantos de dinero o mercaderías contra compromisos de venta de la producción.

Una vez que se verifica la zafra, retiran del campo la producción y establecen tanto los precios del producto como los de las mercaderías entregadas, siempre en condiciones de desventaja para las familias rurales.

46 Ídem Adriana Alonso, 2010.

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ese mes con directivos de la Cooperativa, productores, investigadores del IIR Castelar y del IPAF. Para identificar los temas, durante febrero-marzo de 2010, se efectuó un análisis integral de todos los artefactos necesarios para el proceso de producción de mimbre (desde que se planta la estaca hasta que se entrega el paquete de mimbre al artesano). Dentro del proceso se identificaron los problemas más urgentes y se estableció-consensuó una agenda de trabajo anual con los productores y organizaciones participantes del proceso.

Utilizando la misma lógica previamente descripta, desde la gestión se invitó a diferentes socios a participar de la mesa de trabajo interinstitucional, con el objeto de fomentar “relaciones generativas” (Lane & Maxfield, 1997), es decir, que estos socios colaboren en el abordaje específico a dichas líneas de trabajo, buscando sostener los procesos de cambio que en conjunto se habían decidido promover.

Entre ellos se destaca la presencia de INTA ProHuerta, INTI ProDiseño, Fundación Ala Plástica, Subsecretaría de Empleo y Producción de Tigre, todos ellos pertenecientes a la “estructura de sostén” de territorio (Lane & Maxfield, 1997; 2005).

A continuación se grafica el modelo:

En la actualidad, existen problemas ya resueltos (fabricación de herramientas que se están utilizando durante la cosecha 2010), problemas resueltos que falta implementar (taller de construcción de calefones solares), problemas que se encuentran en la instancia de diseño-proyecto (máquina para atar los paquetes de mimbre; sistema de pelado —calderas, piletas y peladora—), y problemas más complejos que se encuentran en la instancia de análisis (evaluación ergonómica de los artefactos implicados en la instancia de cosecha). A continuación se explicitan algunos elementos salientes del trabajo.

El problema más urgente fue la fabricación de la “hoz”, que es la herramienta que se utiliza para la instancia de cosecha.

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Debido a la ausencia de estas herramientas en el mercado (y a la necesidad de tenerlas disponibles para la cosecha 2010), se contactó a técnicos de INTA ProHuerta (Sres. Castro, Varga y Miranda), especialistas en el dictado de cursos de autoconstrucción. Se realizaron varias reuniones para el armado del taller de autoconstrucción de herramientas (pensando en la posibilidad de que los productores lo puedan replicar en el propio patio de sus quintas) y se visitó a productores de mimbre de la costa de Berisso, los cuales poseen problemas similares a los del Delta47. A partir de ello, se estableció el contacto con la Fundación Ala Plástica, nuevos socios para el desarrollo de las máquinas-herramientas.

En el mes de abril, en las islas, se realizó el taller de fabricación de herramientas de cosecha, donde un grupo de productores construyó sus propias hoces. Durante el curso, investigadores del IIR Castelar registraron el proceso de construcción y desarrollaron un “manual guía” que describe todos los pasos, con el objetivo de que sirva como apoyo en el momento en que los mismos productores decidan replicar el curso hacia el interior de los socios de la Cooperativa.

47 El 20 de agosto de 2010, en el marco de las diferentes líneas de trabajo del IPAF, se convocó a distintas organizaciones al “1º Encuentro de Productores de La Costa” (Cooperativa de Mimbreros del Delta; Cooperativa de la Costa de Berisso y Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST) de Avellaneda; Asociación Productores Ribereños de Berisso; Asociación Productores y Propietarios de las Islas de Berisso; Asociación Productores Frutihortícolas de Berisso) con el objeto de: a) Generar un espacio para el encuentro, presentación e intercambio entre diferentes organizaciones que se encuentran desarrollando tareas de producción en la zona ribereña; b) Intercambiar experiencias productivas y organizacionales; c) Socializar los primeros avances de investigación acción participativa; y c) Evaluar posibles líneas de trabajo conjuntas. Al momento en que se escribe este trabajo, se organiza el 2º Encuentro junto con las diferentes instituciones participantes y con las organizadoras (estas últimas son: INTA IPAF Región Pampeana; Subsecretaría de Agricultura Familiar Delegación AMBA; Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Dirección Provincial de Desarrollo Rural; Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP); EEA AMBA UCT Sur de INTA; Secretaría de Producción - Municipalidad de Berisso).

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Paralelamente, y como es muy dificultoso el encuentro entre los productores (debido a las distancias que deben transitar entre islas) en la misma jornada se avanzó en el diseño participativo del equipo para atar mimbre. Se realizó un taller simultáneo donde se definieron los requerimientos de diseño de este equipo.

Si bien esta tarea no es la más compleja ni la más pesada del proceso, fue calificada como aburrida por casi el 80% de los productores. Según Alonso, “esto es porque se necesitan condiciones para la observación minuciosa, detallada, quietud y los productores carecen en su mayoría de paciencia para hacerla. Ahora bien, es una de las etapas más importantes del proceso por las siguientes razones: a) el atado es el packaging (y tiene mucha incidencia a la hora de definir si será calificado como primera calidad, mala o especial, es decir, determina el precio que el productor cobrará por él); b) es una etapa que tiene mucho costo de mano de obra (producto que insume mucho tiempo por cada paquete atado)” 48.

A partir de estos datos, sumados a un relevamiento de antecedentes de equipos para atar mimbre (y principios de funcionamiento similares), se comenzó el diseño de una alternativa que permita reducir la cantidad de operaciones/tiempo de atado de cada paquete. Este proceso se realizó desde el IPAF en conjunto con IIR Castelar, manteniendo contactos esporádicos con algunos productores. En el momento en que se escribe este documento, se realizan pruebas sobre el principio de funcionamiento (en condiciones de laboratorio) y se diseña un próximo taller para el mes de noviembre, donde se presentarán los avances a un grupo ampliado (en el marco del curso de autoconstrucción de calefones solares).

48 Justianovich, Alonso, Hall, Venturelli, “Artefactos del proceso de producción de mimbre. Relaciones que los propician y condiciones que los posibilitan”, Jornadas Latinoamericanas de Posgrado e Investigación en Artes y Diseño, Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 13 y 14 de mayo de 2010.

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El objetivo de ese encuentro es que cada productor realice una evaluación sobre el estado del proyecto atadora, lo cuestione, genere aportes, para finalmente poder establecer un nuevo grupo de pautas/conclusiones para terminar de diseñar el equipo.

En simultáneo, y abordando el problema del “débil tejido industrial” en el que se encuentran inmersos los productores, se han realizado gestiones con el director de la Subsecretaría de Empleo y Producción de Tigre, con el objetivo de conectar escuelas industriales locales y/o talleres metalmecánicos para que puedan fabricar parte de los equipos (las piezas metálicas), ya que gran parte de los atadores está planteada en madera, por lo que se podría construir en los aserraderos/ carpinterías de las islas, poniendo en uso sus propias capacidades.

En efecto, a través de estas últimas gestiones (sumar a la mesa socios para sostener el proceso de cambio), se busca que una vez terminado el diseño y elaborado su material técnico para la construcción, haya alguien que fabrique los prototipos experimentales en una primera etapa y, en serie, en una posterior. Esto por un lado aporta elementos para la apropiación del artefacto, ya que lo termina fabricando un actor local, lo que genera recursos para su posterior mantenimiento (es decir que en el mismo proceso de desarrollo de la tecnología se crean capacidades), y por el otro, promueve dinámicas económicas locales.

Otro problema que se trabaja desde la mesa interinstitucional, y que también se encuentra en la etapa de diseño-proyecto, 63

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es el “sistema de pelado” (calderas, piletas y peladora). Este proyecto lo desarrolla la futura diseñadora industrial Virginia Gallo (alumna de 5º año) en el marco de un Convenio de Comisión de Estudios entre la Cátedra (A) de Taller de Diseño Industrial (II a V), Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, y el IPAF Región Pampeana. El proyecto comenzó en marzo de 2010 y se espera que para fines de diciembre se presenten los resultados49. En relación con el problema antes citado (la dificultad de reunir a todos los productores), Virginia Gallo ha asistido a la mayoría de los encuentros (talleres-reuniones) donde se trataron los temas hoz, atadora, etc., con el objeto de capitalizar las discusiones que se dieron en esos espacios, comprender el contexto en el que se inscribe su proyecto, intercambiar ideas con los productores, entre otros.

Finalmente, junto con el equipo de trabajo de Raquel Ariza, coordinadora del Programa de Diseño del INTI, se realiza un estudio ergonómico de herramientas de cosecha. Este material tiene dos fines: primero, será un insumo para la realización de trabajos prácticos dentro del ámbito académico (cátedras de Diseño Industrial de la UNLP y de la UBA durante el ciclo lectivo 2011). Segundo, quedará a disposición de la Cooperativa para evitar que cada institución de apoyo que se acerque a trabajar con el sector tenga que hacer su diagnóstico, siendo para los productores, siempre, un nuevo punto de partida.

Refiriéndose al proceso hasta aquí descripto, Alonso cuenta: ápidamente la mesa se consolidó y multiplicó la cantidad de técnicos participantes: ingenieros agrónomos, industriales, mecánicos, diseñadores, etc., que se maneja en un ámbito interdisciplinario de cordialidad.

Una o varias instituciones se hicieron cargo de abordar cada área a mejorar. Hasta tres de ellas trabajan en un mismo tópico, dejando de lado el protagonismo de cada una, en pos de un verdadero trabajo en equipo. Luego de un año, hay avances importantes para mostrar, pero hay uno especialmente destacable.

Es esta experiencia la que, con un profundo intercambio, nos ha demostrado que hay una articulación que fortalece la actividad del productor, y es la conjunción de la herramienta técnica con la financiera.

El IPAF Pampeana está trabajando con los mimbreros en la autoconstrucción y mejora de artefactos para la cosecha y la CONAMI, con la adjudicación de microcréditos que permiten costear las mejoras y/o la adquisición de máquinas/herramientas rediseñadas.

Esa interacción activa y refuerza el proceso de mejora, dando por sentado que disponer de ambas herramientas en simultáneo es lo que consolida el circuito. Una y la otra, juntas, es lo que suma.

El productor percibe una asistencia estatal donde antes no la había, un cambio esencial en la forma de intervención y también —y no menos importante—, un acompañamiento de las instituciones en el campo. Esto creó un vínculo sólido entre productor y asistente, un nuevo lazo alimentado por la confianza, el conocimiento y la continuidad.

Esta experiencia de acción, interacción y articulación de los mimbreros con este modelo de intervención puede servir de inspiración para replicar en distintas actividades productivas en el ámbito de la Agricultura Familiar y la Economía Social50.

En este breve período transitado, es importante destacar el rol que ha tenido hasta el momento la Coopera-

49 En octubre de 2010, se seleccionó a dos alumnos de la UNLP (uno de ellos, Virginia Gallo) para que se postulen a las Becas de Estudio 2011 de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, CIC. El objetivo es que a través de estas becas puedan continuar trabajando en sus proyectos por un año más, para llegar a la instancia de prototipos y así, estos puedan ser probados en campo de productores.

50 Ídem Adriana Alonso, 2010.

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tiva, como actor clave de la estructura que sostuvo y sostiene los actuales procesos de cambio y de innovación. En este sentido es central la función que se ha adoptado desde su gestión, ya que cumple el “rol de interlocutora”, esto es, decodificar las necesidades de los productores, generar y sostener un espacio de encuentro entre múltiples actores51, y transmitir las necesidades a quienes pueden aportar elementos para construir las soluciones.

Bibliografía Alonso, Adriana, “Los Mimbreros”, 9ª Edición del Premio Dow AgroSciences, Buenos Aires, 2010.

Alonso, Adriana, Desgrabación entrevista, Tigre, septiembre de 2010.

Bisang, Roberto, Anlló, Guillermo y Campi, Mercedes, “Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina”, Desarrollo Económico, Vol. Nº 189-190, Buenos Aires, 2008.

Galafassi, Guido, “Explotaciones familiares, división del trabajo y producción en el delta del Paraná, Argentina”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 11, nº 1, 2000, Tel Aviv, Israel.

Galafassi, Guido, “Reestructuración productiva, organización del proceso de trabajo y manejo de tecnologías: Un estudio de caso en la producción frutícola y forestal”, Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, vol. 2 nº 4, 2002.

Justianovich, Alonso, Hall, Venturelli, “Artefactos del proceso de producción de mimbre. Relaciones que los propician y condiciones que los posibilitan”, Jornadas Latinoamericanas de Posgrado e Investigación en Artes y Diseño, Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 13 y 14 de mayo de 2010.

Tito, Gustavo, Desgrabación entrevista, Villa Elisa, septiembre de 2010.

No hay procesos de desarrollo profundo si no se unen los campesinos con los gobiernos que asuman el rol que les ha tocado trabajar fuertemente para reordenar los procesos productivos y la producción de alimentos.

Remo Vénica

51 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (CONAMI y Marcas Colectivas); Ministerio de Agricultura de la Nación (INTA, IPAF Región Pampeana, IIR Castelar, ProHuerta, Fundación ArgenINTA); INTI (Extensión y Desarrollo, ProDiseño); Universidad Nacional de La Plata; Universidad de Buenos Aires.

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CAPÍTULO 4 Gestión asociada: un desafío constante Las transformaciones estructurales que produjo la adopción de la estrategia genéricamente denominada neoliberal, se traducen en nuevas pautas de acumulación y competitividad en el marco de la globalización. Estos cambios remiten a una temática de fondo, que cuestiona al Estado como instancia privilegiada de representación y coordinación social. El “Estado mínimo” y el “Estado subsidiario” aparecen como paradigmas del pensamiento circulante, entroncados con la crisis del llamado Estado de Bienestar. El supuesto de la política social asociada a los modelos de economía abierta se refleja, entonces, en un enfoque ideal “mixto” de política social, que supere la concepción estatal-monopólica de servicios sociales y que articule y asigne funciones específicas a la sociedad civil, al sector no gubernamental, a las organizaciones comunitarias, a las propias familias y al sector público en todos los niveles.

En la década de los 90, los espacios multiactorales tenían por objeto evitar el conflicto. Podían tomar parte de las tensiones existentes en el territorio, establecer consensos por un tiempo determinado, pero con una lógica de causa efecto: ponerse de acuerdo y definir prioridades. Esas prioridades estaban vinculadas al poder en el territorio, reproducían viejas lógicas organizativas y aun aquellos que estaban de acuerdo no se sentían interpelados. Y esto era así porque había una convocatoria amplia y desnaturalizada del territorio. Por ejemplo: ¿quién se iba a negar al desarrollo turístico? Nadie, pero ninguno se iba a comprometer tampoco a llevarlo a cabo.

En principio resaltamos que la gestión asociada no se trata de un modelo o de un evento, sino de un proceso, en el que un conjunto de organizaciones y actores cooperan por una necesidad mutua y comparten los riesgos a fin de alcanzar un objetivo común.

Tal vez el problema de la gestión asociada hoy reside en tener que desandar esos caminos más desde la lógica consultora, desde la perspectiva de escribir manuales, que desde establecer acuerdos reales, o políticas de Estado como pretendemos hacerlo en la actualidad. Tal vez el elemento más contundente, más aglutinador, que da sentido a esta etapa, tiene que ver con el proyecto político nacional.

A qué hacemos referencia con gestión asociada Desde esta perspectiva histórica, el propósito hoy es buscar la forma de concebir una política pública estableciendo una nueva institucionalidad que fortalezca una lógica diferente en la relación Estado-sociedad, un Estado más cercano a la gente, a las organizaciones sociales.

El territorio se constituye en el escenario geográfico e histórico donde se confrontan los modelos o las disputas del mercado, de las políticas sociales. El desafío desde este Estado es apoyar, reivindicar al sujeto —que se organiza en forma colectiva para desarrollarse— y constituirse en actores que tengan capacidad de incidencia en el territorio, para la transformación social. Conformar ese sujeto en actor es un paso que en términos de desarrollo local habla de la trascendencia, de un cambio estratégico en las situaciones del territorio.

Con gestión asociada se hace referencia a un Estado que pueda vincularse con las organizaciones sociales, desde una perspectiva de desarrollo más estratégico, que tenga la potestad de meterse en el territorio, inscribirse en su problemática, tomarla y vincularse con otros actores. Esto implica una nueva institucionalidad. El propósito de establecer esta nueva institucionalidad requiere de la voluntad y la decisión política de concebir el Estado presente y promotor, acompañado con: presupuesto, recursos, con políticas.

La gestión asociada tiene dos elementos constitutivos: 69

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-La complementariedad del Estado. Complementariedad con sus distintas jurisdicciones, con sus distintas oficinas, con sus distintas dependencias, no solo en el ámbito nacional, sino también la complementariedad con la acción gubernamental en el ámbito provincial y por supuesto en el municipal. Tal complementariedad se hace aún más compleja con la mirada de estas distintas dependencias: salud, trabajo, educación, economía, desarrollo social. Esta complejidad trae aparejadas dificultades en lo político, lo presupuestario, lo administrativo, en los procedimientos, que se multiplican en cada jurisdicción y en las fragmentaciones presentes en cada jurisdicción. En síntesis, complementar esa mirada, cambiar el Estado, es parte del desafío de la gestión asociada.

-La articulación entre lo público y lo privado. Como parte definitoria del concepto de complementariedad del Estado se agrega la articulación entre lo público y lo privado, que es el otro elemento contundente de gestión asociada. No hay gestión asociada si no hay articulación entre lo público y privado, y en esa articulación, los problemas en términos de complementariedad se dimensionan, se multiplican, se escenifican, se potencian cuando se relacionan con el territorio y las organizaciones sociales.

Allí se dimensiona la conflictividad, con toda la historia del territorio, que es previo a cualquier mirada, a cualquier análisis, donde sobresalen las potencialidades, los conflictos, la armonía, las situaciones de fragmentación, situaciones contradictorias que siempre acarrea el territorio, en tanto espacio de disputa y espacio de construcción al mismo tiempo. En este contexto, en la relación del Estado con las organizaciones aparece la desconfianza, en primer lugar, porque no están acostumbradas, porque la historia reciente ha marcado otra lógica; en segundo lugar, porque la posición ante el Estado siempre está vinculada a una cuestión más gremial, al reclamo puntual o cuestiones sobre las cuales ponerse de acuerdo sobre determinadas dimensiones analíticas y valorar la palabra del otro también es muy difícil porque se parte de distintos lugares de análisis.

Y ello es así porque las organizaciones sociales vienen de resistir al neoliberalismo, a un Estado ausente, a un Estado que posibilitó el desarrollo de grupos concentrados, y como resultado obtuvo la desocupación, el hambre, la pobreza.

Así como se hizo con el Estado, también es necesario complejizar las prácticas sociales de las organizaciones, donde son recurrentes viejas prácticas clientelistas o liderazgos caudillescos, toda esta fragmentación y/o contradicción en el territorio, más que a responder a cuestiones ideológicas o de construcción, responde a disputas personales. Y cuando de relacionarse con el Estado se trata, también se juegan las propias internas sectoriales y territoriales.

Estas situaciones dejan su marca, y están presentes en toda acción que implique construir un imaginario diferente, construir una visión de conjunto, sentarse a dialogar con el Estado de otra manera.

En este contexto se considera que la mayor potencialidad de la gestión asociada debe traducirse de la siguiente manera: “como ejercicio de participación en forma igualitaria con socios con diferente capital (económico, cultural, social y simbólico)…” (Ruiz, 2004), y aquí no se está hablando de participación en términos abstractos. En este sentido, el asociativismo en la gestión asociada es una parte de la propuesta de cambio de prácticas que modifiquen la lógica instrumental de “maximización de recursos” estatales, Es necesario que se incremente el poder de negociación de las organizaciones, creando instancias de participación y discusión de un colectivo de colectivos con plena conciencia de los derechos que reclaman. “El gran paso adelante significa complementar la concientización y la protesta con propuestas y acciones dirigidas a meterse con la economía y avanzar a la autoorganización de formas de producción centradas en el trabajo” (Coraggio, 2005).

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Plantear la gestión asociada como un “punto de llegada”52, no como un punto de partida, es toda una definición metodológica, ideológica y de construcción de proceso, que no pone la gestión asociada como requisito, sino que es parte del proceso a construir. Ello implica construir una mirada conjunta, tener una mirada colectiva, conceptualizar, diagnosticar, poder acordar acciones, sentarse a negociar, cumplir con los acuerdos, gestionar en forma conjunta, administrar un recurso, resolver problemas y siempre con esta perspectiva que implica la tensión entre los actores, perfilados en determinado territorio y trayectoria histórica.

En la gestión asociada el Estado y las organizaciones sociales se relacionan en un proceso de aprendizaje. Un proceso pedagógico de conocimiento mutuo entre los distintos actores, espacios multiactorales que requieren socializar información, construir información relevante, tomar definiciones, generar procedimientos nuevos, e ir acompañando con nuevas institucionalidades que permitan ir construyendo y dándole sustento a esta nueva forma de vincular la política en el territorio, de construir la política pública. Se refiere a una construcción en constante movimiento, porque además el territorio es conflicto, es armonía, son intereses, son disputas, son políticas.

La práctica de la gestión asociada Hoy se habla de una institucionalidad en el marco de un proyecto político, que administra recursos, que genera nuevas redes, que genera nuevas vinculaciones y que da respuesta. Aún falta esa mirada más estratégica, levantar la cabeza, salir de la lógica propia de la gestión puntual del proyecto y tener una mirada más colectiva, más amplia, a largo plazo, en la búsqueda de respuestas entre todos los actores de estos espacios. Sin embargo, existe una responsabilidad primaria que reside en el Estado por sobre la de las organizaciones. De todas formas, estas también tienen que reclamar un lugar en el debate y la ejecución de propuestas.

En este contexto, las mesas de gestión asociada que se instalan en los territorios (nivel meso) desatan una serie de dispositivos, metodologías y resultados que es necesario explicar.

En primer lugar permiten generar espacios de encuentro e intercambio. Constituidos por referentes del espacio público y de organizaciones sociales, expresan los distintos enfoques, intereses y propuestas de acción de los actores sociales en territorio.

La CONAMI y el IPAF Región Pampeana - INTA participan en estos espacios multiactorales con distintas motivaciones.

La CONAMI promueve la conformación de consorcios y redes de organizaciones como espacios propicios para el desarrollo de determinada estrategia territorial y/o sectorial sobre la base de la herramienta de microcrédito, en tanto el IPAF plantea la necesidad de hacer investigación y desarrollo tecnológico a partir de los temas/problemas que surgen de los productores y sus organizaciones. Sin embargo, distintas experiencias de trabajo que se están llevando a cabo en la región pampeana ubican a estas dos instituciones confluyendo en el enfoque y en la intervención territorial.

Las misiones de estas instituciones, distintas en su intencionalidad, confluyen en la manera en que se piensan los instrumentos de política pública: como herramientas que promuevan y fortalezcan los procesos organizativos de los productores.

52 El proceso de gestión asociada asumido como “punto de llegada” es una expresión utilizada por Pedro Claverie en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 1998.

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En este sentido, el microcrédito permite que aspectos ligados a la comercialización, a lo tecnológico y a lo organizativo se pongan en juego y se entrelacen.

En algunos territorios, la formulación de una propuesta de microcrédito sienta las bases para que la organización de los productores se vea fortalecida y permita generar debates acerca del modelo tecnológico dominante y las consecuencias que dicho modelo genera en los productores familiares. Por lo tanto, es posible la conformación de “estructuras de sostén”, a partir de las cuales se obtengan las condiciones necesarias para diseñar y generar tecnologías apropiadas a la Agricultura Familiar.

Por otra parte, en algunas experiencias, la propuesta de financiamiento, más allá de profundizar la organización de los productores, crea el marco para avanzar en sistemas de comercialización que redunden en mejores condiciones e ingresos a los productores familiares.

En segundo lugar, la gestión asociada genera algunas condiciones para que la intervención en el territorio, ponga en cuestión un modelo económico-productivo que excluye a los sectores populares. Como ya advirtiéramos, en estos espacios hay intereses distintos, al decir de Mançano Fernández, territorialidades en disputa, por lo tanto el rol del Estado en apoyo de la Agricultura Familiar es central en la ejecución de propuestas que apunten al desarrollo. Construir con los actores sociales (el Estado en sus distintos niveles y las organizaciones de productores) es una manera de intervención que se inicia desde una problemática particular, pero que en la acción involucra problemáticas, miradas y propuestas integradoras, aporta en la apropiación y construcción de poder por parte de las organizaciones de la Agricultura Familiar.

Incorporación de la tecnología en procesos de gestión asociada La gestión asociada desarrollada por el IPAF Región Pampeana y la CONAMI muestra todo un proceso de aprendizaje, de crecimiento y apropiación, no solo de la tecnología vinculada a lo productivo, sino también de un proceso organizativo donde los sujetos organizados de la Economía Social son protagonistas y tienen la capacidad de administrar una herramienta como el microcrédito.

Es esta apropiación de lo tecnológico lo que da un marco de autonomía institucional, y pone de relieve el protagonismo de los sujetos, el protagonismo de las organizaciones, ya que el sujeto se ha tenido que organizar.

Está representado por organizaciones con historia, con identidad, con capacidades. Estas organizaciones se vinculan al Estado para poder desarrollar experiencias que pueden ser artesanales y/o con potencial de masificar. En la vinculación entra en juego la subsidiaridad del Estado, sino sería imposible que las organizaciones pudieran acceder a la tecnología.

De la misma manera que incorporar y desarrollar tecnología “dura” permite la vinculación y el desarrollo productivo (incluso experimental), que las organizaciones administren la herramienta de microcrédito y ganen en proceso organizativo tiene que ver con el cambio tecnológico. Desde el trabajo de la gestión asociada, tenemos una concepción integral de la problemática de los productores y el protagonismo de las organizaciones de productores trabajando con el Estado.

Así lo expresa el productor Remo Vénica: Este proceso generado es imprescindible, no hay procesos de desarrollo profundo si no se unen los campesinos con los gobiernos que asuman el rol que les ha tocado, de trabajar fuertemente para reordenar los procesos productivos y la producción de alimentos y de la soberanía alimentaria. Nuestra tarea como campesinos es la de garantizar poner en marcha esos ecosistemas productivos, que tengan que ver con la preservación de los recursos naturales, con la preservación de las 72

culturas de los pueblos, la relación del hombre con la naturaleza, de la relación del hombre con las fuerzas de la naturaleza… El futuro de estas experiencias depende fuertemente de esta articulación entre gobiernos nacionales, provinciales, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, y de que pongamos en marcha el salto cualitativo, venimos de 50 años de castigo a los medianos y pequeños productores del país, de luchas de represiones de muertes, es necesario que un Estado fuerte juegue las fichas necesarias para este proceso de transformación, porque es muy fácil producir, sacar el grano, pero ahí hay que pelarlo, clasificarlo y envasarlo para distribuir para el desarrollo local. …

Esta visión no podría ser concebida sin un Estado involucrado en los procesos, siendo el proyecto de país lo que le da sentido a la gestión asociada, lo contrario sería pensar, como en los 90, que localmente esto puede tener soluciones propias y entraríamos en un complejo de competitividades, de distintos territorios locales que competirían para ver a quién le va mejor en el desarrollo productivo y en su vinculación con el Estado.

Bibliografía -Aguirre, L. y García Colinas, M., “Empresas sociales territoriales”. Tercer encuentro, Foro Federal de Investigadores y Docentes: La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local. Buenos Aires, 2005.

-Coraggio, J., “Economía y Política. Es posible otra economía sin (otra) política”. Documento de debate para el eje 6 FSM, POA enero 2005. Porto Alegre, Brasil.

- Poggiese, Héctor A. y Francioni, María del Carmen, “El rediseño del perfil del Estado para el desarrollo socio-económico y el cambio”. Conferencia Internacional del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Toluca, México, 27 al 30 de julio de 1993.

-Ruiz, Violeta, Organizaciones comunitarias y Gestión asociada, Paidos, Buenos Aires, 2004

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CAPÍTULO 5 Conclusiones y aprendizaje En este trabajo, se resalta la vinculación directa de dos dependencias del Estado nacional como son el IPAF y la CONAMI, que se involucran con organizaciones sociales. En esta vinculación se observa que la gestión asociada implica una construcción de miradas conjuntas, una construcción de abordaje de la problemática, una visión compartida de cómo complementar recursos e incorporar tecnología en estos procesos multiactorales.

Estas experiencias de articulación fusionan equipos de investigación e intervención. El IPAF tiene experiencia en proyectos de investigación con universidades, en este caso particular, la posibilidad de trabajo excede la “academia” y permite sostener y profundizar procesos de desarrollo rural. No solo interesa el “ensayo validado”, sino que es imprescindible que los decisores políticos se involucren en el proceso y de esa forma se garantice la Acción en la IAP (Investigación Acción Participativa). Implica la posibilidad de integrar investigación-desarrollo y ya no desde un mismo espacio gubernamental, sino desde dos organismos muy distintos en sus misiones institucionales. Con estos objetivos compartidos, se transita en la misma intervención: con la integración metodológica de diagnóstico participativo de problemas, el desarrollo de tecnologías apropiadas y el aporte en la resolución de las necesidades de los productores familiares.

En el caso de la CONAMI, es importante remarcar los conceptos centrales que le dan una impronta particular al proceso: gradualidad, accesibilidad, adecuación, integralidad, institucionalidad. Se observa que en esta mirada, en este colectivo es donde se juega el modelo de gestión. Entonces es importante concebir el modelo de gestión con la herramienta, porque si no, sería simplemente pensar en ella, en todo caso el modelo de gestión es la caja de herramientas, donde tendrían que jugar distintas herramientas de acuerdo con el análisis situacional que se realice, para cada territorio en particular.

Es impensable avanzar en procesos de gestión asociada con intervención del Estado sin el involucramiento de las máximas autoridades, direccionando y marcando el rumbo de los acuerdos.

Ahora bien, ¿cuáles son los principales aspectos que caracterizan a la gestión asociada en los procesos llevados adelante por los actores involucrados en estas experiencias? ¿Cómo impactan dichos procesos en la construcción de poder por parte de las organizaciones sociales, y en la transformación social que mejoren sus condiciones de vida? ¿Cuál es la intencionalidad política del Estado en la intervención en el territorio?

En primer lugar, es necesario destacar el papel central que tienen las organizaciones involucradas en estos procesos de gestión asociada, lugar ganado a través de su rol protagónico caracterizado por su trayectoria, su capacidad de incidencia en el territorio e incluso por la capacidad de demandar desarrollo de tecnologías que se ajusten a su escala y proceso, cuestionando, en muchos casos, las formas industrializadas de producción, y poniendo en juego sus estrategias y luchas, en pos de otro modelo de desarrollo, más justo e inclusivo. Sin esta premisa difícilmente se puede construir un espacio sólido de trabajo, entre el Estado y la sociedad civil que apunte a la transformación social.

La autonomía de los actores en la toma de decisiones que encaran constituye uno de los pilares fundamentales que definen las prácticas de gestión asociada. Sobre este aspecto no se refiere solo a aquella autonomía adquirida al calor del ejercicio de la experiencia particular sino también aquella que se adquiere cuando en el marco de la construcción de acuerdos, el Estado transfiere herramientas para que las organizaciones amplíen esa capacidad de autonomía. En este sentido la transferencia metodológica sobre cómo “gestionar” (administrar) un fondo de microcrédito redunda en autonomía económica sobre en qué invertir, cómo y para qué. Lo que a su vez impacta en la estrategia territorial o sectorial que defina cada organización y que al mismo tiempo esa fortaleza la haga jugar en la mesa de acuerdos. Es el caso de los productores del norte de Reconquista que hasta el momento habían sido sujetos de créditos y que en esta oportunidad logran ampliar sus posibilidades de incidir en el sector al contar con una herramienta financiera como lo es el programa de microcrédito. Por otra parte, la autonomía también está relacionada con la cuestión tecnológica. Redefinir enfoques de producción como es 75

MICROCRÉDITO, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN ASOCIADA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR

el caso del arroz agroecológico, o diseñar y aplicar nuevas tecnologías de financiamiento y herramientas apropiadas para la producción, como en el caso de los mimbreros del Delta, aportan en la construcción de sistemas productivos que sean más autónomos del mercado y más sustentables en el largo plazo.

El espacio de tensión disputa-consenso no se circunscribe a la resolución en torno a un objetivo identificado por todos los actores. En este sentido, y en función de los principios y de las acciones de cada una de las instituciones, el acuerdo inicial es sobre propósitos institucionales comunes y generales pero donde determinado tema-problema sobre el que se va definiendo la práctica social es el objeto a construir. Esto quiere decir que “nadie se sienta sabiendo de antemano lo que va a salir”. Los actores van inscribiendo la base de necesidades, propuestas y alternativas en un diálogo de búsquedas. Es así como en el caso de la experiencia del norte santafesino por momentos prevalecen las intervenciones vinculadas al arroz agroecológico, sin vincularse incluso con el tema del microcrédito. Y ello es así y se sostiene institucionalmente porque hay una definición ideológica de entender los procesos organizativos desde su complejidad y de tener en cuenta que el mismo productor que hoy viene innovando en su diversidad incorporando un nuevo cereal, mañana puede necesitar financiamiento para dicha producción o para cualquier actividad productiva que viene realizando. Por lo tanto, se considera que la búsqueda de integralidad en la intervención en gestión asociada es un elemento clave y relevante, que permite sostener los procesos, y respetar los tiempos de las organizaciones sociales en la resolución de problemas complejos.

La intervención en el territorio, teniendo en cuenta las características sociohistóricas del contexto, permite la adecuación de instrumentos, y metodologías a las exigencias y oportunidades que se presentan. Se hace referencia a la permeabilidad en los procedimientos y pautas institucionales que exige cierta flexibilidad en el caso de los organismos públicos, y en el caso de las organizaciones exige a veces una instancia de readecuación de sus estrategias en pos de consensuar alternativas para viabilizar una determinada propuesta. Esta instancia de negociación desafía a todos los actores a pensar instrumentos que respondan a las necesidades de los procesos organizativos. Este es el caso de la Cooperativa Los Mimbreros, donde fue necesario introducir cambios en la línea de crédito de la CONAMI, originando un nuevo destino de los fondos, aquel orientado a cubrir el margen de espera del productor hasta que la Cooperativa venda la producción, ya que el mercado tradicional obliga al productor a vender a precio muy bajo el esfuerzo de su trabajo a intermediarios que se apropian del margen de comercialización. Por lo tanto, el Estado se ve obligado a adaptar sus instrumentos programáticos y sus metodologías de intervención, que impacten en las organizaciones sociales, con una finalidad clara de apropiación de herramientas por parte del campo popular y de transformación en sus condiciones de vida.

Este esfuerzo de articulación, iniciado por dos instituciones estatales, a las que se le han ido sumando otras, tales como escuelas, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, distintos municipios, necesita ser potenciado, replicado en muchas otras experiencias, que nos permitan abordar problemáticas y encontrar soluciones concretas a los actores involucrados.

Las instituciones estatales que tienen un proyecto político en común, que dinamizan la autonomía de los actores en la toma de decisiones, que generan mecanismos para la utilización de tecnologías apropiadas para el sector y favorecen las condiciones en la construcción y acumulación de poder de los sectores populares, cogestión de la política pública, teniendo una clara línea de trabajo y empatía en la intervención. En este sentido, reconocer a la Agricultura Familiar como un sector estratégico en la producción de alimentos está alineado a un proyecto político, distinto al de aquellos que consideran a la Agricultura Familiar como pequeños productores que, si realizaran ciertos cambios actitudinales, productivos y económicos, se podrían transformar en agricultores empresariales e integrarse a los mercados convencionales compitiendo en las mismas condiciones que el resto de los actores. De esta manera es posible afirmar que existe un proyecto político que subyace en la intervención del Estado y que dicho proyecto apunta a la autonomía de los agricultores familiares, a 76

viabilizar un rol estratégico como lo es la producción de alimentos y a brindar las herramientas para construir y fortalecer el poder del sector de la Agricultura Familiar.

Como ya se mencionó, en los primeros momentos de la experiencia del arroz agroecológico, los productores del norte santafesino fueron visitados por técnicos brasileros. Después de una jornada intensa de trabajo fueron al terreno a visitar uno de los campos donde se podía desarrollar la experiencia. El técnico brasileño con muy buen criterio, después de la jornada de trabajo, planteó: “Bueno, acá está la tecnología, acá están ustedes como productores con sus organizaciones de productores, acá está el Estado en sus distintas vertientes (porque allí ya participaba el Estado provincial)… ¿quién va a invertir?”. Y en la ronda de productores y técnicos representantes de organizaciones se produjo un largo silencio…

La pregunta fue esclarecedora… fue una pregunta dirigida a lo actitudinal, dirigida al involucramiento de la persona.

No dijo que había que invertir plata, no dijo que había que disponer de tierra, no dijo que había que comprar semillas…

Dijo “¿quién va a invertir?”… Se suscitó una situación algo extraña, el mismo Remo Vénica, quien al principio se puso molesto, rompió el silencio y asumió el compromiso de involucrarse en esto, los demás productores se animaron y se sumaron a la experiencia. De esta forma se observaba, en la experiencia de trabajo, la apropiación del proyecto definido en el espacio, y la consecuente puesta a disposición de los recursos tangibles y no tangibles que los actores invierten en pos de lo definido en el colectivo. Se visualizaba el necesario involucramiento y apropiación por parte de los productores en el proyecto de trabajo. Pero apropiación, no en el sentido de la transferencia, de la adopción de un paquete cerrado, sino en la posibilidad de “desarmar” la propuesta técnica y adecuarla a las características de los productores de Reconquista, teniendo en cuenta sus saberes, sus condiciones materiales, su historia y sus aportes a este nuevo enfoque productivo.

El proceso de gestión asociada es una propuesta metodológica de intervención, que reúne distintos actores del Estado y de las organizaciones sociales en un mismo espacio de trabajo, que articula instituciones estatales que tienen un proyecto político común y que permite la integración de las funciones de investigación-acción en el territorio.

En este sentido, Adriana Alonso, una de las referentes de este proceso, señala: Hoy se observa un cambio de paradigmas. Un Estado con una nueva actitud, tratando al productor como protagonista de una actividad, que motoriza el campo laboral, pero por sobre todas las cosas, como un actor social, mirando su actividad como un ‘escenario de potencial desarrollo’. Esta apreciación, si se quiere más totalizadora y más abarcativa, se pone de manifiesto con una intervención diferente, acercando, a la vez, distintos tipos de herramientas: técnica, financiera, redes, etc., sumando recursos de distintas instituciones.

El sector mimbrero recibió esa asistencia conjunta que hace la diferencia. Se convirtió en un interlocutor que supo reunirse con distintas instituciones en torno al producto, o distintas áreas de una misma institución.

El aporte a la constitución de un nuevo modelo económico más justo e inclusivo será posible si el Estado asume una clara intencionalidad política en dichos procesos, de construcción de poder popular por parte de las organizaciones sociales, acompañado de la necesidad de aportar estrategias, recursos y metodologías que permitan fortalecer las organizaciones sociales en general y las de los agricultores familiares en particular.

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