Versión XI Cátedra Democracia y Ciudadanía by Ipazud Udistrital

VERSIÓN XI CÁTEDRA DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA LAS VÍCTIMAS EN COLOMBIA DEBER ESTATAL, LUCHAS HISTÓRICAS Y DESAFÍOS SOCIALES Compilador jaime Wilches Tinjacá

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CONTENIDO Introducción Las víctimas en Colombia: deber estatal, luchas históricas y desafíos sociales Jaime Wilches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capítulo I Las víctimas: entre el reconocimiento legal y la reparación integral • El Derecho y las víctimas de crímenes atroces . . . . Nelson Camilo Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • Las víctimas en Colombia: una disputa entre . . . . . . la reparación y la impunidad . . . . . . . . . . . . . . . . Eduardo Carreño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Capítulo II Las víctimas en plural: un recorrido a las experiencias de los actores sociales • La mujer víctima del conflicto armado . . . . . . . . . . en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diana Esther Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

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• La subalternidad de la infancia en los laberintos . . . . de las víctimas y los victimarios: . . . . . . . . . . . . . el caso de los niños y niñas desvinculados . . . . . . . . de grupos armados en Colombia Juan Carlos Amador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 • La víctima y la construcción . . . . . . . . . . . . . . . . de comunidades emocionales Myriam Jimeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 • Violencia hacia personas gais, lesbianas . . . . . . . . y transgeneristas: experiencias de lucha contra la homofobia Erik Werner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 • El secuestro en Colombia: un campo . . . . . . . . . . . discursivo polarizado Vladimir Caraballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Capítulo III Para las víctimas, una sociedad movilizada: aportes de la memoria, el arte y la academia • Conocer la otra historia, para entender nuestras memorias Daniel Maestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 • Arte público comunitario y memoria de las víctimas Yolanda Arciniegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 • Hacia una pedagogía y una apropiación social de los derechos humanos Claudia Girón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

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Introducción Las víctimas en Colombia deber estatal, luchas históricas y desafíos sociales Jaime Wilches1

En el proceso de compilación de las ponencias de la versión XI de la Cátedra Democracia y Ciudadanía, uno de los conferencistas me comentaba su inquietud por la vigencia de los temas que se habían debatido en el segundo semestre de 2009, pues en ese momento el “proyecto” de Ley de Víctimas agonizaba por la desidia gubernamental y la indiferencia de buena parte de los congresistas, quienes invocaron razones financieras para declarar inviable una iniciativa, que ha tenido entre muchos otros propósitos, el reconocimiento del impacto del conflicto armado interno, en colectivos e individuos que han sufrido sus causas y consecuencias.

1 Coordinador de la Línea de Investigación en Memoria y Conflicto. Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD).

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La inquietud de nuestro conferencista estaba fundamentada en el sorpresivo viraje, no solo de la sucesión del poder presidencial (de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos) sino del estilo de gobierno, situación que el dirigente político Luis Eduardo Garzón, resumió con ironía y melancolía “Santos está gobernando con la agenda de la oposición” (El Espectador, 2010, septiembre 1). Este viraje tuvo su punto más interesante, con el propósito del gobierno de apoyar la Ley de Víctimas, un marco jurídico, que a pesar de tropezar con obstáculos de todo tipo, no ha dejado de tener el apoyo y la presión de múltiples organizaciones, que intentan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de poner a las víctimas a jugar un papel protagónico, si se aspira a lograr un país más democrático, tolerante e incluyente. Esta lucha tuvo sus primeros frutos el 24 de mayo de 2011, cuando el Congreso de la República aprobó esta iniciativa legislativa y el 11 de de junio del mismo año, cuando el Presidente Juan Manuel Santos, firmó la ley, en un acto que tuvo la presencia de Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. Un paso histórico, sorpresivo y esperanzador, que seguramente contribuirá a cualificar los procesos de verdad, justicia y reparación. Entonces, la pregunta prudente de nuestro conferencista era: ¿No quedan desactualizados los debates sobre las víctimas en Colombia?, interrogante que los investigadores del IPAZUD complementaron: ¿Qué vigencia tienen los cuestionamientos a la falta de voluntad política para la aprobación de la Ley de Víctimas?, ¿tiene sentido hablar de recomendaciones jurídicas, económicas y culturales para una Ley de Víctimas viable y sostenible en el corto, mediano y largo plazo?, ¿qué papel deben jugar las organizaciones sociales, institutos de investigación y líderes políticos que han impulsado un reconocimiento integral de las víctimas en Colombia?

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Con mucha cautela y reflexión, el equipo investigativo del IPAZUD se dio a la tarea de descifrar una primera aproximación para responder a estas preguntas. Este proceso de discusión se sintetiza en los argumentos que se presentan a continuación, y que más que justificar la importancia de esta compilación o imponer una visión de mundo, se conciben como puntadas de un diálogo que hoy más que nunca necesita enriquecerse de múltiples perspectivas: 1. Sobre el deber estatal: la aprobación de la Ley de Víctimas es un paso fundamental en el tardío, pero siempre oportuno propósito del Estado por reconocer, pero sobre todo por comprender las raíces no solo ideológicas, sino políticas, económicas, sociales, culturales y jurídicas del conflicto armado en Colombia. - Sin embargo, el diseño de un marco jurídico es apenas un paso decisivo, pero no definitivo, para una real aplicación de los instrumentos de verdad, justicia y reparación que allí están reglamentados. En un país como Colombia, tenemos la tradición de escribir muy bien las leyes, pero nuestra institucionalidad es precaria, el apoyo del sector privado es discreto y muchas veces se ignoran estos instrumentos jurídicos, lo cual da margen y excusas propicias para que las ciudadanas y los ciudadanos desconfíen del aparato estatal y se encaminen a un espiral de denuncias constantes sin retroalimentación, o aún peor a solucionar los problemas por sus propios medios. En esta dirección, los aportes de los ponentes Nelson Camilo Sánchez y Eduardo Carreño, serán siempre un llamado de atención sobre las prácticas jurídicas que se ponen en juego en el momento de aplicar de una manera efectiva, pero cuidadosa marcos jurídicos, que no pueden olvidar que están dirigidos a personas que además de las pruebas, los expedientes y los diligencias judiciales, cargan con años de dolor y olvido.

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2. Sobre las luchas históricas: la ley cumple su papel regulador y reglamentador, pero tiene limitaciones en el momento de comprender la complejidad, diversidad y dinámicas del universo de víctimas en Colombia. No se puede asignar todas las responsabilidades a un instrumento jurídico, y aquí tienen un papel fundamental las organizaciones sociales, los institutos de investigación y los líderes políticos, quienes no pueden dejar (y no dejaran) de construir procesos de memoria, en especial en escenarios locales y regionales, que pueden verse desplazados por el afán de las élites políticas de mostrar resultados que impacten en la agenda mediática. Estamos acostumbrados a olvidar las cosas con facilidad, o a reducir los procesos sociales en liderazgos mesiánicos. Para evitar estos determinismos, es oportuno resaltar con frecuencia que la Ley de Víctimas no nació de la noche a la mañana, sino que hace parte de años de luchas de comunidades que no han tenido el apoyo estatal, económico y social, pero sí la constancia de trabajar en el día a día por evitar que el dolor y el olvido se transformen en conformismo y resignación. - Sin embargo, no se pueden desconocer las fuerzas que niegan la existencia del conflicto armado interno, la reparación de las víctimas y el papel que han jugado las fuerzas armadas y los actores estatales en la degradación del conflicto armado interno. Estas fuerzas, operan según, el presidente Santos como una “mano negra” que se resiste y tiene un capital simbólico y político al que difícilmente renunciaran. Con seguridad, los años venideros, estarán enmarcados por acciones en las que estos sectores se empeñaran en poner trabas a la aplicación de la Ley de Víctimas y en producir una imagen de desconfianza hacia los sectores sociales que de a poco vayan encontrando procesos de reconocimiento a los daños causados.

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El IPAZUD, como instituto de investigación, pero también como dinamizador de organizaciones sociales y líderes políticos presenta en esta compilación las perspectivas de análisis de cinco ponentes, que han hecho un trabajo honesto y riguroso en el objetivo de presentar a los distintos sectores sociales que han vivido las racionalidades e irracionalidades de esta guerra prolongada y desbordada, y que por consiguiente, necesitan una Ley de Víctimas de alcances generales, pero con políticas específicas que apunten a combinar eficiencia con pertinencia: • Diana Esther Guzmán, presenta un marco interpretativo para abordar los distintos roles de la mujer en el día a día del conflicto armado. Un aporte que contribuye a desplazar los estereotipos que han limitado a la mujer como instrumento o como una víctima secundaria de una guerra que “supuestamente se hace entre hombres”. • Juan Carlos Amador, expone un trabajo provocador sobre la capacidad de los dispositivos de poder para constituir políticas de control y protección de la niñez, condiciones, que en el caso colombiano, han brillado por su ausencia, y se constituyen en causas no lineales, pero sí comprensivas, para la dificultad de los niños y niñas combatientes en el momento de reincorporarse a una sociedad, que no ofrece mayores oportunidades para el desarrollo integral de la infancia. • Myriam Jimeno, elabora un relato sobre la importancia de poner límites a la tecnocracia y racionalidad para profundizar en las emociones y las narrativas que se deben involucrar para emprender procesos de verdad, justicia y reparación. • Erik Cantor, llama la atención sobre prácticas represivas, que no necesariamente se manifiestan en el campo de batalla, sino que están insertadas en el imaginario social y

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contribuyen a las lógicas represivas de los actores armados. Este es el caso de la exclusión y los prejuicios hacia la diversidad sexual, que desafortunadamente han contribuido a potenciar el rechazo social hacia la diferencia. • Por último, Vladimir Caraballo, analiza lo que el investigador Rodrigo Uprimny llamaría “nuestra asimetría moral” (El Espectador, julio 21 de 2008), expresada en el repudio de la opinión pública y los medios de comunicación por el secuestro y por las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), en contraste con la tolerancia y la relativización que genera las acciones de los grupos paramilitares y agentes del estado. 3. Sobre los desafíos sociales: la reflexión de Caraballo es una interesante invitación a pensar que la Ley de Víctimas será exitosa, si como lo dijera la revista Semana “una sociedad movilizada (pueda) hacerla realidad” (Semana, mayo 28 de 2011). Es hora que los años de luchas de múltiples actores sociales por el reconocimiento de víctimas, no sigan siendo un oasis en el desierto, y se conviertan en una manifestación general de repudio y acompañamiento de sectores sociales que no necesariamente tienen que haber sufrido los efectos directos del conflicto armado, para ponerse la camiseta y hacer parte de este momento histórico del país, en el que la indiferencia o la negación no son las más afortunadas consejeras. - Sin embargo, estamos lejos de lograr tal propósito, pues todavía gruesos sectores de la opinión pública insisten en poner a las FARC como las “únicas” causantes de nuestras debilidades como país y nación, o aún peor, el ciudadano y la ciudadana de a pie poco le interesan estos temas, situación que queda claramente evidenciada en la encuesta de Cultura Política 2010, realizada por el Observatorio de

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Democracia y que presenta cifras escalofriantes en torno al tema de participación ciudadana: el 60 por ciento de los encuestados no les interesa la política, cerca del 70 por ciento nunca han participado en una manifestación social (y eso que la cifra bajó con la participación en la marcha del 4 de febrero de 2008 contra las FARC) y entre el 80 y 90 por ciento desconocen o no tienen mayor interés en conocer los mecanismos de participación ciudadana. Pero quedarse en los lamentos no es suficiente. El IPAZUD, interesado en aportar un grano de arena en la búsqueda de alternativas, menos denuncistas y más propositivas, convocó a tres líderes sociales que desde sus trabajos expusieron ponencias para enfrentar la indiferencia social, desafiar los lugares comunes y darse a la tarea de concientizar a los conformes y sembrar semillas de reflexión en las nuevas generaciones. • Daniel Maestre, organiza un relato persuasivo sobre la manera cómo la historia ha sobredimensionado el papel de los ganadores frente a los excluidos. No hay duda, que si hay voluntad de reorganizar estos relatos, nuestra historia será más reflexiva y menos oficialista. • Yolanda Arciniegas, presenta la experiencia con organizaciones sociales de Ciudad Bolívar, quienes dejaron de responder a la violencia con venganza o silencio, y decidieron acudir a las actividades artísticas como un espacio liberador y reparador de resistencia ante el destino inevitable de la obediencia a la represión como una práctica posible para sobrevivir. • Claudia Girón, reconoce los retos de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de ver en los derechos humanos no solo como una discusión de víctimas y victimarios, sino como un espacio propicio para consolidar el significado real

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de lo que implica ser un ciudadano/ciudadana con deberes y derechos. Este panorama, creemos, nos permite decir que el debate permanece ayer, hoy y siempre, y que este no acaba con la aprobación de la ley, aunque sin duda representa un salto cualitativo. El IPAZUD seguirá aportando elementos de reflexión para que esta ley no sea vista como un espacio para la toma de decisiones tecnocráticas y eficientes, sino que se convierta en un auténtico laboratorio de prácticas democráticas en el que Estado-Víctimas-Sociedad Civil, vayan más allá de la sumatoria de resultados y comprendan la multiplicación de procesos como un paso fundamental para la aplicación exitosa de un marco jurídico, que se enmarca en un deber estatal, pero que necesita del reconocimiento de las luchas sociales y de la sensibilización ciudadana para convertirse en realidad(es).

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El Derecho y las víctimas de crímenes atroces Nelson Camilo Sánchez

Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia- y profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Es Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard. Ha sido becario del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Abo (Finlandia), y de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de American University (Washington DC). Durante el período 2004-2005 fue becario Rómulo Gallegos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington DC).

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Presentación En Colombia, a partir de la expedición del marco normativo desarrollado para facilitar el proceso de desmovilización de grupos armados, se ha vuelto común en los discursos públicos referirse al término de “justicia transicional” y reivindicar los derechos a la “verdad, la justicia y la reparación”. Sin embargo, excepto por algunos reducidos círculos de académicos, de organizaciones de derechos humanos de asistencia jurídica y de formuladores de política pública a nivel nacional, muy poco se conoce acerca del verdadero significado de estas expresiones. Peor aún, muy poca claridad existe respecto de quiénes serían los titulares de esos derechos y a través de cuáles mecanismos podrían hacerlos exigibles. Con la Ley 975 de 2005 (conocida como la Ley de Justicia y Paz) parecía haberse adoptado un discurso jurídico y político que reivindicaba la protección de las víctimas. Sin embargo, en paralelo a esta normativa subsiste una realidad de desprotección de la gran mayoría de personas que se auto identifican como víctimas de violaciones a derechos humanos, quienes constantemente tienen que perseguir a través de onerosas vías políticas y judiciales el reconocimiento efectivo de su estatus y sus derechos. El discurso jurídico es entonces tanto un instrumento de reivindicación como de invisibilización, pues mientras que este discurso reconoce algunas de las víctimas y algunos derechos, al mismo tiempo, descalifica a otras. De hecho, el derecho no es ajeno al poder y a las ideologías. Por ello, las definiciones jurídicas siempre llevan consigo una determinada posición política. Especialmente en una sociedad que ha padecido un conflicto armado de la crueldad, intensidad y duración del colombiano, las posiciones políticas respecto de quién tiene el derecho a su favor y quién será beneficiario de las prerrogativas que las normas jurídicas generan se convierten en un competido campo de disputa simbólica.

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En nuestro contexto, esta confrontación se ha traducido en situaciones que reflejan una aparente paradoja, pues a pesar de que se ha logrado un cierto consenso jurídico y político en torno a que las víctimas de violaciones a derechos humanos son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, existen sin embargo profundas discrepancias sobre el alcance de esos derechos. Especialmente, existe un intenso debate sobre quiénes deberían ser consideradas como las víctimas titulares de estos derechos, lo cual se ha visto reflejado, por ejemplo, en las discusiones sobre la Ley de Justicia y Paz y el fallido Estatuto de Víctimas. Es por esta razón que las definiciones jurídicas, sobre todo aquellas interpretaciones nacionales que se discuten en contextos políticos de conflicto o transición, pueden ser mejor entendidas si leen de cara al contexto social y político en el cual han sido dictadas. Así, la aplicación práctica de esos derechos a la verdad, la justicia y la reparación que a simple vista parecen universales puede verse, y de hecho es limitada por aquellas normas que en concreto definen quién es víctima, desde cuándo y para qué efectos, individuos o grupos son considerados como víctimas. Atendiendo a estas razones, el presente texto se orienta a presentar el marco jurídico de protección a las víctimas de crímenes atroces que opera en Colombia. Para ello el texto presenta, en un primer momento, un breve repaso de los estándares jurídicos que desarrollan los contenidos de los derechos de las víctimas, tal y como éstos han sido desarrollados por la legislación internacional y nacional. Es decir, la primera parte busca responder a la pregunta de cuáles son los derechos de las víctimas. La segunda sección se orienta a presentar un recuento sobre la legislación y las políticas públicas que han delimitado los titulares de estos derechos. En este sentido, la tercera parte hace un balance de la discusión víctimas-reparaciones en el segundo Gobierno de Álvaro Uribe. Finalmente, el texto cierra con unas conclusiones básicas.

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1. los derechos de las víctimas a violaciones graves de derechos humanos

La expresión “justicia transicional” refiere a un proceso en el que se realizan transformaciones radicales en una sociedad que pretende dar el paso de un orden social y político autocrático, dictatorial o violento, hacia un modelo democrático de sociedad (Uprimny, 2006, p.15). Un proceso de este tipo suscita importantes dilemas, pues busca balancear intereses opuestos: de un lado, el interés de pacificación, y por el otro, la expectativa de justicia por parte de quienes han sufrido ese régimen. En un primer momento histórico el dilema se resolvió con base en un pragmatismo político que negaba de plano el segundo de estos intereses. La idea subyacente a esta opción política era la siguiente: para garantizar la paz es necesario hacer concesiones, pues los dictadores o los poderosos grupos armados difícilmente se van a desmovilizar o entregar el poder si tienen la amenaza de que en el futuro serán condenados a penas de cárcel y a confiscación de sus bienes; por ello es necesario, en aras de garantizar la paz y la posibilidad de cambio de régimen, perdonar ciertas afrentas. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que este pragmatismo resulta inaceptable desde el punto de vista ético, jurídico e, incluso, práctico. Así, una sociedad que se considere justa y busque una transformación democrática de sus instituciones no puede basarse en una impunidad desafiante y la desatención de las garantías más básicas a buena parte de su población.

En segundo lugar, la falta de investigación y sanción de estas conductas deja abiertas heridas que pueden transformarse en consecuencias jurídicas a futuro. En tercer lugar, si el proceso de transición no garantiza una reconstrucción de los lazos sociales y de la confianza ciudadana en el Estado es muy probable

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que el proceso no sea exitoso y que las causas que originaron la violencia no sean removidas, lo cual puede llevar a que el régimen de terror o violencia se repita más temprano que tarde. Durante las últimas décadas, la comunidad internacional a través del derecho internacional de los derechos humanos, ha confrontado estas posiciones políticas que prefieren la búsqueda de la paz en detrimento de los derechos de las víctimas. Así, se ha desarrollado un robusto sistema normativo que pretende poner limitaciones a los acuerdos de paz y a los procesos transicionales para que estos, sin ser prohibidos por la normativa internacional, se ajusten a determinados mínimos de protección de las víctimas. En consecuencia, los Estados hoy día cuentan con mejores directrices y mayores restricciones para el diseño de su política de paz, de sus estrategias de guerra y de sus modelos de transición (Botero y Restrepo, 2006). Estos mínimos irreductibles de protección a las víctimas se han traducido en una triada de derechos interrelacionados: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En el marco del derecho internacional, estos derechos se han visto recientemente precisados por dos instrumentos jurídicos de gran importancia, a los cuales nos referiremos constantemente a lo largo de este capítulo: el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”2 (en adelante, Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad); y los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recur-

2 ONU, Asamblea General, Resolución sobre impunidad, número 2005/81 (por medio de la cual toma nota del Conjunto actualizado de principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, reconoce la

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sos y obtener reparaciones”3 (en adelante, Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones). A partir de la obligación general de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad estructuran tres obligaciones inderogables para los Estados, exigibles incluso en procesos de transición: (1) la satisfacción del derecho a la justicia, (2) la satisfacción del derecho a la verdad, (3) la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas y la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición. Veamos entonces cuales son los contenidos generales de cada uno de estos derechos, con base en las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

1.1 Derecho a la verdad El derecho a la verdad tiene una doble dimensión. De un lado, en su dimensión individual, es el derecho de las víctimas a conocer las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que acaecieron los crímenes atroces. Por otro lado, en su dimensión colectiva, es el derecho de la sociedad a acceder a un relato histórico sobre las razones por las cuales sucedieron tales crímenes atroces. Adicionalmente, la verdad es una condición básica para que los demás derechos de las víctimas puedan ser garantizados, pues sólo si se conoce la verdad podrán garantizarse los derechos a la justicia y a la reparación, en la medida en que se sabrá quiénes fueron los responsables de las atrocidades y a quiénes deben ser reparados por ellas.

aplicación regional y nacional de los Principios y adopta otras disposiciones al respecto), Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81. 3 ONU, Asamblea General, AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005.

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La verdad también resulta ser un presupuesto básico para garantizar la no repetición de los crímenes atroces, pues sólo conociendo el pasado es que una sociedad puede iniciar mecanismos que impidan la repetición de hechos violentos (Uprimny y Saffon, 2007, pp. 151-152). En este sentido, los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad establecen tres derechos relacionados: “derecho inalienable a la verdad”, el “deber de recordar” y el “derecho de las víctimas a saber”. El primero de estos derechos reconoce que “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes” (principio 2). En cuanto al deber de recordar, los principios subrayan que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado” (principio 3). Finalmente, el derecho de las víctimas a saber está ligado al hecho de que, “independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas así como sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima” (principio 4). Respecto de la dimensión individual del derecho a la verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a saber quiénes fueron los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los mismos, el destino de las personas, en

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los casos de desapariciones forzadas o asesinatos, y el estado de las investigaciones oficiales4. Adicionalmente, la Corte Interamericana ha establecido que, en su dimensión individual, el derecho a la verdad tiene, en esencia, una dimensión reparadora, que surge del deber del Estado de esclarecer los hechos relacionados con toda vulneración de los derechos humanos y de juzgar y castigar a los responsables de las mismas5. En cuanto a la dimensión colectiva de este derecho, el derecho internacional establece que el derecho a la verdad está dirigido a “preservar del olvido la memoria colectiva”, tal como lo establece el principio 3 de los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad. Con esta dimensión colectiva se busca que la sociedad en su conjunto “conozca la verdad de lo ocurrido así como las razones y circunstancias en las que los delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”6. Así las cosas, en virtud de la satisfacción de este derecho los Estados están obligados a adoptar medidas tendientes a evitar que las violaciones graves de los derechos humanos se vuelvan a repetir, motivo por el cual “las medidas preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del pasado. (...) La sociedad tiene el derecho a co-

4 Véase, entre otras sentencias: Corte IDH. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones. Sentencia de diciembre 3 de 2001. Serie C No. 88. Párr. 69; Corte IDH. Caso Paniagua Morales y otros. Reparaciones. Sentencia de mayo 25 de 2001. Serie C No. 76. Párr. 200; Corte IDH. Caso Villagrán Morales y otros. Reparaciones. Sentencia de mayo 26 de 2001. Serie C No. 77. Párr. 100. 5 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de noviembre 8 de 2000. Serie C No. 70. Párr. 201. 6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Doc. OEA/ Ser.L/V/II.120. Párr. 32.

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nocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga capacidad de prevenirlos en el futuro”7. Ahora bien, la experiencia demuestra que el derecho a la verdad puede garantizarse principalmente a través de tres mecanismos. De un lado, está la denominada “verdad judicial” que es aquella que se obtiene a través de procesos judiciales seguidos en contra de los victimarios de crímenes atroces. Esta verdad puede ser declarada expresamente por el juez o inferida del procedimiento y de la decisión judicial. Como ejemplos de este tipo de verdad podrían citarse los juicios de Núremberg y los denominados “juicios de la verdad” llevados a cabo en Argentina tras una solución amistosa lograda entre parientes de personas desaparecidas y el Gobierno argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte se encuentra la denominada “verdad extrajudicial institucionalizada” que se establece a través de espacios especialmente creados para la reconstrucción histórica de hechos y que son apoyados o reconocidos institucionalmente. Este tipo de verdad generalmente se asocia con las llamadas “Comisiones de la verdad” o “Comisiones de esclarecimiento histórico”. Según Hayner (2008), el término “Comisiones de la verdad” se usa para designar aquellos órganos que comparten las siguientes características: i) las comisiones de la verdad se centran en el pasado; ii) investigan un patrón de abusos en un período de tiempo, en vez de un acontecimiento concreto; iii) una comisión de la verdad es un órgano temporal que usualmente funciona de seis meses a dos años y termina su trabajo con la entrega de un informe; y iv) estas comisiones son aprobadas, autorizadas o facultadas oficialmente por el Estado (p. 51).

7 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia de febrero 27 de 2002. Serie C No. 92. Párr. 77.

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En tercer lugar, se identifican los ejercicios de verdad no oficiales provenientes de organizaciones de la sociedad civil con el fin de construir futuros más justos, estables y democráticos, a través del esclarecimiento de la verdad con respecto a atrocidades pasadas y otras violaciones de derechos humanos. De acuerdo con Bickford (2008), aunque estos esfuerzos comparten ciertas características, también son muy diversos entre sí (p. 77) En cuanto a sus características comunes, Bickford resalta las siguientes: i) están encaminados hacia la revelación de la verdad respecto a crímenes cometidos en el pasado, como parte de una estrategia más amplia de responsabilidad y de justicia; ii) en su esfuerzo por lograr dicho objetivo, se asemejan a comisiones oficiales de la verdad; iii) estos esfuerzos específicos se arraigan en la sociedad civil puesto que son liderados por ONGs de derechos humanos, grupos de víctimas, universidades y otras organizaciones sociales, y no son esfuerzos basados fundamentalmente en el Estado (Ídem). Dentro de los ejemplos de estos esfuerzos se encuentran el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de Guatemala y el Proyecto Brasil: Nunca Mais.

1.2 Derecho a la justicia La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y por esta vía, combatir la impunidad y garantizar la realización efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación8. Si el Esta-

8 En efecto, la Corte IDH ha sostenido que: “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia del 26 de septiembre de 2006 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Párr. 110.

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do actúa permitiendo que la violación quede impune y que no se restablezca la plenitud de los derechos de las víctimas, incumple con el deber de garantizar los derechos consagrados en la Convención. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile9, estableció que el incumplimiento de esta obligación hace que el Estado permita la prevalencia de la impunidad, la cual ha sido definida como: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”10. Para efectos analíticos, Botero y Restrepo (2006) sostienen que las obligaciones estatales contenidas en el principio antes transcrito pueden ser desglosadas en cinco grandes temas: (a) el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, (b) el deber de imponer penas adecuadas a los responsables, (c) el deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, (d) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo y (e) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. Así, en primer lugar, los Estados deben sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, lo cual les impone límites en materia de concesión de amnistías e indultos en procesos de paz. En este sentido, en períodos de transición no se pueden simplemente anular las obligaciones internacionales del Estado. En estos casos, ha señalado la Comisión Interamericana, lo que resulta prudente es “compatibilizar el recurso a la concesión de amnistías e indultos a favor de per-

9 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Párr. 110. 10 Corte IDH. Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998. Párr. 173.

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sonas que se han alzado en armas contra el Estado, con la obligación de éste de esclarecer, castigar y reparar violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”11. Al respecto, los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad señalan claramente que de las amnistías y demás medidas de clemencia no podrán ser beneficiarios los autores de delitos graves conforme al derecho internacional. Tampoco se pueden otorgar amnistías e indultos que afecten los derechos a la verdad o a la reparación de las víctimas [Principio 24. Restricciones y otras medidas relativas a la amnistía]. En segundo lugar, los Estados tienen la obligación de imponer a los responsables penas adecuadas y proporcionadas a la gravedad de sus conductas. Aun cuando no existe un concepto definitivo sobre la pena adecuada, el derecho penal internacional da algunas claves al respecto. Así, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional establece en su artículo 77 que la Corte podrá imponer una de las penas siguientes: a) la reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30, o b) la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer las siguientes penas accesorias: a) una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba; b) el decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. En tercer lugar, los Estados están obligados a investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de manera pronta, imparcial y exhaustiva. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado estándares sobre el tipo de investigación que los Estados deben 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Doc. OEA/ Ser.L/V/II.120. Párr. 25.

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emprender cuando ocurran violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Así, ha dicho la Corte que dicha investigación debe ser “seria”, no debe constituir una “mera formalidad” y debe ser asumida por las autoridades públicas “como un deber jurídico propio”. En cuarto lugar, los Estados tienen la obligación de permitir que las víctimas de violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario accedan a recursos judiciales adecuados y efectivos para denunciar estas violaciones y para solicitar las investigaciones, condenas y reparaciones pertinentes. En este sentido, los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad determinan que el derecho de las víctimas a recursos judiciales efectivos implica las siguientes obligaciones del Estado: (1) dar a conocer, a través de medios oficiales y privados, todos los recursos disponibles contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; (2) adoptar en cualquier tipo de proceso que afecte a las víctimas, las medidas necesarias para que éstas no sean incomodadas, se proteja su intimidad y se garantice su seguridad, la de su familia y la de los testigos; y (3) utilizar todos los medios diplomáticos y jurídicos apropiados para que las víctimas puedan iniciar las acciones pertinentes y puedan presentar las demandas de reparación que sean del caso. Finalmente, los Estados tienen el deber de respetar, en todos los procesos judiciales, las reglas del debido proceso. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), los derechos derivados del debido proceso incluyen: a) el derecho a ser representado legalmente y a ser interrogado en presencia de un abogado, a guardar silencio, y a contar con documentos traducidos; b) el derecho a ser adecuadamente informado de los cargos imputados; c) la legalidad en las condiciones de detención; e) el derecho a ser juzgado por magistrados o jueces imparciales; f) el derecho a la igualdad

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de armas; g) el derecho a un juicio expedito y a ser juzgado sin demoras; h) el derecho a estar presente durante el juicio; i) el derecho al juicio público; j) el derecho a interrogar, contra-interrogar a los testigos que declaren en su contra; k) el derecho a la presunción de inocencia; l) el derecho a la consistencia en el establecimiento de la pena; m) el derecho a apelar; y n) el derecho a tener recursos frente a las violaciones al debido proceso12. Por otra parte, Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad establecen que la regla general para el juzgamiento de presuntos responsables de crímenes atroces es la competencia territorial de los tribunales nacionales. Esto quiere decir que el principal obligado a investigar, juzgar y sancionar es el Estado a través de sus jueces nacionales. Sin embargo, estos principios prevén que puede admitirse la competencia concurrente de un tribunal penal internacional o de un tribunal penal internacionalizado cuando los tribunales nacionales no ofrezcan garantías satisfactorias de independencia e imparcialidad o cuando les resulte materialmente imposible desempeñar debidamente sus investigaciones o el seguimiento de una causa criminal, o no estén dispuestos a ello [Principio 20. Competencia de los tribunales penales internacionales e internacionalizados].

1.3 Derecho a la reparación integral La noción clásica del derecho a la reparación, desarrollada esencialmente en el derecho internacional, entiende que esta tiene lugar con el objeto de restituir a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de ocurrida la violación de sus derechos. En este sentido, los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones establecen al menos

12 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Iniciativas de enjuiciamiento. Doc. ONU HR/PUB/06/4, Ginebra, 2006.

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seis reglas generales respecto del derecho a la reparación: 1) la reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida para promover la justicia, y proporcionales a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. 2) los Estados deben resarcir a las víctimas de sus actos u omisiones que violen las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 3) Cuando la violación no sea imputable al Estado, quien la haya cometido deberá resarcir a la víctima, o al Estado si éste hubiera resarcido a la víctima. 4) Cuando el responsable de la violación no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones, los Estados deben esforzarse por resarcir a las víctimas que hubieran sufrido daños físicos o mentales y a sus familiares, en particular cuando dependan de personas que hayan muerto o hayan quedado incapacitadas física o mentalmente a causa de la violación de las normas. Con este propósito, los Estados deberían crear fondos nacionales para resarcir a las víctimas y buscar otras fuentes de financiación cuando fuera necesario para complementarlos. 5) El Estado debe garantizar la ejecución de las sentencias de sus tribunales que impongan una reparación a personas o entidades privadas responsables de violaciones, y debe ejecutar las sentencias extranjeras válidas que impongan reparaciones de esa clase. 6) Cuando el Estado o el gobierno bajo cuya autoridad se hubiera producido la violación hayan dejado de existir, el Estado o el gobierno sucesor deberían resarcir a las víctimas. Igualmente, en la actualidad existe un amplio consenso en la afirmación según la cual el derecho de las víctimas a la reparación integral comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido, a saber, la restitutio in integrum, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. La restitución completa (o restitutio in integrum) de los derechos afectados, consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación, por medio de medidas que permitan el restableci-

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miento de los derechos de la víctima, entre otros la ciudadanía, la libertad, la identidad, la restitución de bienes y propiedades, el retorno al lugar de origen y la reintegración a su empleo. La indemnización o compensación busca reparar a las víctimas por los daños y perjuicios físicos y morales sufridos, así como por la pérdida de oportunidades, los daños materiales, la pérdida de ingresos, los ataques a la reputación y costos médicos. La rehabilitación, que tiene por objeto reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, por medio de medidas dirigidas a brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica, que permitan el restablecimiento de la dignidad y la reputación de las víctimas. Las medidas de satisfacción que incorporan medidas de investigación y enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos, el conocimiento y la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la localización y entrega de los restos de los familiares muertos, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, así como la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, la realización de homenajes y conmemoraciones a las víctimas, la colocación de placas y/o monumentos y los actos de desagravio a la memoria de las víctimas. Por último, las garantías de no repetición, en las cuales se hayan medidas idóneas, de carácter administrativo, legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad. Sobre este particular, el principio 25 de los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones, establece una serie de garantías de no repetición y prevención, entre las que cabe destacar la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a los delitos de naturaleza militar, el fortalecimiento de la independencia de la rama judicial, el fortalecimiento de la capa-

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citación de todos los sectores sociales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y la revisión y reforma de las leyes que permitan o contribuyan a la violación de los derechos humanos. Estas medidas también se encuentran recogidas en los principios 37 a 42 del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, según los cuales las garantías de no repetición de las vulneraciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son de tres clases: (1) medidas encaminadas a disolver los grupos armados paraestatales; (2) medidas de derogación de las disposiciones de excepción, legislativas o de otra índole que favorezcan las violaciones; y (3) medidas administrativas o de otra índole que deben adoptarse frente a agentes del Estado implicados en las violaciones. Resulta fundamental rescatar en este punto la importancia de las reparaciones simbólicas. En efecto, la eficacia de las reparaciones materiales y la sostenibilidad de las medidas de no repetición pueden llegar a depender, en buena parte, de reparaciones simbólicas que restablezcan la dignidad de las víctimas, que impongan una sanción moral a los responsables y envíen el mensaje claro y contundente de que los hechos cometidos no pueden ser justificados y de que sus víctimas deben ser reconocidas y reparadas. Ahora bien, las reparaciones pueden adquirir diferentes formas. En particular, estas pueden ser individuales y colectivas o materiales y simbólicas. Las reparaciones materiales se refieren a todas aquellas medidas que se concretan en elementos materiales, como las indemnizaciones y la restitución de bienes, tierras y patrimonio. Por su parte, las reparaciones simbólicas incluyen las medidas cuyo contenido va más allá de aspectos materiales. Generalmente guardan una estrecha relación con actos de reconocimiento público. En cuanto a los mecanismos existentes para otorgar las reparaciones, generalmente dos ti-

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pos son los más aceptados: la reparación por vía judicial, y la reparación a través de programas administrativos. La reparación judicial es aquella que se otorga a las víctimas como resultado de un proceso judicial contra los responsables de las violaciones. Dadas sus características, la vía judicial tiene una gran importancia para la garantía del derecho a la reparación integral de las víctimas. En primer lugar, las órdenes de reparación resultantes de los procesos judiciales pueden referirse a los diversos componentes de la reparación integral, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, y no solo a su faceta indemnizatoria. En segundo lugar, el proceso penal permite que las víctimas satisfagan sus derechos a la justicia y a la verdad que en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contribuyen al componente de satisfacción del derecho a la reparación. En tercer lugar, la obtención de reparación a través del proceso penal o civil adelantado contra los victimarios aporta a garantizar la no repetición de las atrocidades por cuanto, al exigir a los propios victimarios que reparen a las víctimas con los bienes obtenidos tanto ilegal como legalmente, contribuye al desmonte de las estructuras económicas de poder que éstos han construido. No obstante, los procesos judiciales imponen algunas limitaciones a la satisfacción del derecho a la reparación integral de las víctimas de crímenes atroces. En primer lugar, dichos procesos suelen ser lentos, costosos y engorrosos. Además, pueden empeorar la situación de vulnerabilidad de la víctima o someterla a un segundo proceso de victimización, como sucede cuando existen exigentes estándares probatorios o contra interrogatorios que requieren que la víctima reviva los sucesos atroces. Igualmente, estos procedimientos implican el riesgo siempre presente de decisiones judiciales negativas, que pueden tener

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efectos devastadores e incluso insultantes para la víctima (Greiff y Wierda, 2005). De otra parte, las reparaciones judiciales tienden a individualizar y a fragmentar los reclamos de las víctimas, lo cual obstaculiza la consolidación de un movimiento social fuerte a favor de la reparación integral y de la garantía de no repetición. Adicionalmente, dado su enfoque eminentemente individual, las reparaciones judiciales no son tan adecuadas para enfrentar el daño social no individual que en muchos casos causan las atrocidades a las víctimas, y que consiste en la destrucción de las relaciones humanas y sociales. Por último, las reparaciones judiciales implican una desagregación de los efectos de las mismas, pues su enfoque basado en casos individuales y las necesidades de privacidad de muchos de ellos impiden que se ofrezca una visión comprehensiva de los esfuerzos de reparación. Por estas razones, muchas sociedades que han experimentado violaciones masivas han implementado mecanismos administrativos de reparaciones, que buscan aliviar algunos de estos obstáculos y llegar así a un mayor número de víctimas. Esta reparación en sede administrativa, presenta algunas similitudes con la reparación en sede judicial, aunque, al mismo tiempo tiene sus especificidades. Así, en principio, las reparaciones en sede administrativa son generalmente diseñadas en el marco de un programa más amplio, que a su vez tiene lugar en un contexto de políticas adoptadas por los gobiernos, en periodos de transición o postconflicto, para hacer frente a violaciones masivas a los derechos humanos. Como consecuencia de ello, el universo de destinatarios de estos programas es mucho mayor al que suele presentarse en sede judicial. El propósito esencial de estos programas es restituir los derechos de las víctimas, reconocer su condición de ciudadanos con plenos derechos (lo que implica necesariamente una transformación de

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su situación de vulneración), y de recuperar el tejido social. Por estas razones, los programas de reparación suelen poner mayor énfasis en los componentes de restitución, compensación y rehabilitación. En consecuencia, estos programas se alejan en la práctica de su propósito de restablecer el tejido social y de restaurar la confianza entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones del Estado, lo cual necesariamente requiere la implementación de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Finalmente, un programa administrativo de reparaciones puede permitir a las víctimas mayores posibilidades de acceder a una reparación por cuanto los procesos suelen ser más rápidos, económicos y con una menor carga probatoria exigida a las víctimas. Sin embargo, y debido a su carácter masivo, estos programas establecen tarifas considerablemente menores a las concedidas en sede judicial y no suelen ir acompañados de medidas de mayor alcance, que eviten la repetición de los hechos de violencia. Lo deseable entonces es diseñar estos programas de manera paralela al establecimiento de reformas institucionales y medidas de no repetición, tal y como ha sucedido en algunas experiencias, en las cuales tuvo lugar el adelantamiento de reformas constitucionales, reformas al sistema judicial, de policía, a las fuerzas militares, entre otras. A pesar de las diferencias de la reparación en sede judicial y administrativa, es posible señalar que ambas comparten una vocación de restitución de los derechos de las víctimas a fin de que retornen a su condición de ciudadanos o la adquieran por primera vez y por ende se reconozcan como individuos cuyos derechos fueron vulnerados.

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2. la construcción jurídica del concepto de “víctima” Los derechos que fueron reseñados en la primera parte de este artículo están reservados, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, a aquellas personas que han sufrido graves violaciones a derechos humanos. En tal sentido, para efectos del reconocimiento de estos derechos debe establecerse, antes que nada, si aquel que los reivindica ha sufrido una violación a derechos humanos. Es decir, debe dilucidarse si bajo el derecho internacional esa persona puede ser considerada como “víctima”13. La siguiente sección se concentrará entonces en los estándares normativos internacionales y nacionales que establecen quién y para qué supuestos se puede considerar a alguien como víctima de violaciones a derechos humanos.

2.1 Derecho internacional de los derechos humanos El derecho internacional de los derechos humanos no ha elaborado una definición consolidada de víctima. De hecho, los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas rara vez utilizan la palabra víctima y en ningún caso la definen. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solamente menciona la palabra víctima en el artículo 9 (derecho a la libertad y seguridad personales); la Convención Internacional sobre la

13 El concepto de “víctima” dista de ser pacífico en diversos campos entre los que se incluyen el jurídico, el político, el psicosocial y el filosófico. De hecho, muchas personas que han sufrido violaciones prefieren llamarse así mismas como sobrevivientes, personas afectadas o utilizar otras denominaciones, rechazando expresamente el concepto de víctima, al cual consideran impreciso o despreciativo. Sin desconocer este debate, en adelante se usará el término víctima por ser el que mayor consenso jurídico reviste.

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Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial menciona la palabra víctima solamente en el artículo 14; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención de derechos del niño no la mencionan; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes la menciona en los artículos 5, 14, 21 y 22. Probablemente el primer intento por definir el concepto de víctima fue hecho en la Declaración de las Naciones Unidas de 1985, sobre los principios básicos de justicia para las víctimas del crimen y de abuso de poder, la cual define a las víctimas como:

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización14.

14 UN General Assembly, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, res 40/34, 29 November 1985. Revisado el 10 de mayo de 2010. Disponible en: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp49.htm

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Recientemente, esta definición fue refrendada y ampliada, en diciembre de 2005, por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de los ya citados Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones, los cuales definen el concepto de víctima como:

…toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Así, el concepto de víctima se amplía al considerar no sólo a las “víctimas directas”, sino a otros individuos como los familiares inmediatos y los dependientes. En todo caso, la definición deja al derecho nacional la definición concreta de estos lazos familiares mediante la regulación nacional de “familia inmediata” y “dependientes”, los cuales varían de país a país. Un último documento a tener en cuenta en este aspecto es la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, adoptada en 2006.

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Esta convención hace mención a la palabra víctima en diferentes ocasiones. Además, define como víctima tanto a la persona desparecida, como a cualquier individuo que haya sufrido un daño como resultado directo de la desaparición.

2.2 Jurisprudencia constitucional colombiana Hasta principios de esta década, la jurisprudencia y la legislación colombiana le otorgaba un papel muy limitado a las víctimas, pues se les daba cabida en los procesos judiciales solamente cuando tuvieran el interés de acceder a una indemnización económica derivada de la comisión de un delito15. Posteriormente, la Corte Constitucional sentenció que debía permitirse la participación de las víctimas en los procesos penales más allá de los objetivos patrimoniales, pues su interés principal es la obtención de justicia y verdad. La Corte estableció entonces que aún cuando la víctima ya hubiere sido indemnizada, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de parte. Esta posición fue reforzada por la Corte en el momento que cambió el sistema de justicia penal, de uno de tipo inquisitivo a otro de tipo acusatorio. La cuestión que debía la Corte decidir era si debía o no garantizarse la participación de las víctimas en los nuevos procesos penales, pues en el nuevo sistema no existe la figura de “parte civil” a través de la cual se garantizaba su participación en el antiguo sistema de enjuiciamiento. La Corte aprovechó entonces para desarrollar su doctrina sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación (en los términos que han sido hasta ahora mencionados); hizo hincapié en el derecho de la víctima a un recurso efectivo para intervenir en la 15 Así, la persona afectada debía demostrar su calidad de víctima en el proceso, es decir que había sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera fuera la naturaleza de éste. Con ello quedaba legitimada para constituirse en “parte civil”, y podía orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia.

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investigación desde sus inicios; y definió cual es la “posición” de la víctima en el nuevo procedimiento. Esta sentencia resulta fundamental pues da un giro al reducido papel de la víctima en el proceso penal acusatorio16. Esta jurisprudencia fue luego reiterada cuando la Corte Constitucional estudió la llamada Ley de Justicia y Paz. En la sentencia respectiva la Corte indicó que debían ser consideradas víctimas tanto las personas directamente afectadas por los delitos, como sus herederos y todas aquellas personas que logren demostrar un daño indirecto pero concreto y específico a raíz del crimen cometido. Adicionalmente, indicó que todo proceso penal, incluso aquellos denominados de justicia transicional, debían respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Ahora bien, en determinados casos la ley y la jurisprudencia reconocen derechos especiales a víctimas específicas dependiendo de la particularidad de la violación que ha sido cometida. El mejor ejemplo para el caso colombiano, es el delito del desplazamiento forzado17. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que una persona sea víctima de desplazamiento forzado no necesita aportar plena prueba de que existen amenazas directas en su contra. Basta con que existan indicios serios o un temor fundado y razonable sobre el riesgo potencial. Adicionalmente, está en condición de desplazamiento no sólo quien debe abandonar su lugar de residencia para irse a otro municipio, sino

16 Corte Constitucional, Sentencia C– 454 de 2006. 17 De acuerdo con la Ley 387 de 1997, desplazada es “[t]oda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (artículo 1°).

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aquella persona que no puede regresar a su lugar de trabajo o residencia por causa de la violencia o quien incluso se ha desplazado dentro de un mismo municipio18.

2.3 Legislación colombiana En Colombia, además de las normas que establecen los derechos de las víctimas a participar en los procesos penales (ordinarios o extraordinarios, como los que establece la ley de Justicia y Paz), existen disposiciones especiales destinadas a asegurar algunos derechos especiales de ciertos grupos de víctimas (como las víctimas de minas antipersonales, de actos terroristas o de desplazamiento forzado). Asimismo, otras leyes establecen definiciones de víctimas dependiendo de la acción estatal que se pretenda (la obtención de justicia y verdad, la ayuda humanitaria, o la satisfacción del derecho a la reparación integral). En adelante veremos estas definiciones, para lo cual empezaremos por describir quienes son considerados como víctimas para efectos de acceso a la asistencia humanitaria. Luego abordaremos los debates sobre la definición de víctima en el fuero de la justicia transicional adoptada en Colombia mediante lo que se denomina como la Ley de Justicia y Paz. Finalmente, se presentarán los debates sobre el concepto de víctima para efectos de reparación, los cuales se han hecho públicos a partir de la discusión de la Ley de Víctimas y de la adopción del Decreto 1290 de 2008 sobre indemnizaciones solidarias.

2.3.1 Las víctimas y la asistencia humanitaria Desde principios de la década de los noventa, el Estado colombiano puso en marcha un marco institucional específico para la atención de población vulnerable (Lozano, 2009). Dicho mar18 Ver, en general: Corte Constitucional T-025 de 2004.

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co fue usado posteriormente para la atención a víctimas de la violencia política y el conflicto armado, fundamentalmente en virtud de la ley 368 de 1997. Estas disposiciones son conocidas como medidas de asistencia humanitaria19 y van desde la provisión de mercados por varios meses a personas desplazadas o el pago de subsidios para pago de arriendos, hasta el otorgamiento de sumas de dinero en casos de desapariciones y muerte de personas (Saffon y Uprimny, 2009). El concepto de víctima en la legislación, así como la interpretación de éste por parte de las autoridades encargadas de implementar las medidas, ha variado con el tiempo. En un primer momento, sólo se entendía por víctima a la persona afectada directamente por bombas y artefactos explosivos producto de los actos de lo que entonces se denominaba como narcoterrorismo (Decreto 444 de 1993). Posteriormente se añadieron las tomas guerrilleras como supuesto fáctico de la victimización (ley 104 de 1993). Por su parte, la ley 241 de 1995 eliminó el requisito de que los perjuicios fueran “directos” para la estructuración del concepto de víctima y adicionó como nuevos supuestos de hecho masacres y combates. Esta ley, no obstante, restringió la noción de víctima a personas de la población civil, y añadió las motivaciones políticas o ideológicas del perpetrador y la existencia de un conflicto armado como elementos que definen la condición de víctima. Luego, en 1997, se adoptó la ley 418, la cual delimitó los bienes jurídicos (vida, integridad personal y bienes) y las personas a proteger (individuos de la población civil) e incluyó una lista de 19 La asistencia humanitaria encuentra fundamento en el principio de solidaridad (art. 95, inciso 2 de la C.P.). Su propósito es ofrecer una ayuda temporal a las víctimas de desastres (derivados de catástrofes naturales o de conflictos armados), tendiente a garantizar su subsistencia, aliviar su sufrimiento y proteger su dignidad y derechos fundamentales en situaciones de crisis. Por ello, la atención humanitaria está encaminada a “paliar” o disminuir los efectos producidos por una crisis, con independencia de su origen o de los daños producidos por la misma.

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supuestos fácticos (atentados terroristas, combates, ataques y masacres) no taxativa, pues iba seguida de la expresión “entre otros”. Posteriormente, la ley 782 de 2002 agregó el secuestro como supuesto de hecho de la asistencia y calificó como víctimas a los menores de edad que tomen parte en las hostilidades y a los desplazados. Además, la ley 782 suprimió la expresión “entre otros”, dotando de especificidad a los hechos que dan origen a la reclamación. Ahora bien, una cuestión que debe resaltarse es que a pesar de los cambios de normas y las inclusiones y exclusiones sobre posibles víctimas, ninguna de las definiciones de las distintas leyes excluye a las víctimas de hechos dónde puedan estar involucrados agentes del Estado. No obstante, Acción Social –entidad encargada de administrar los recursos del programa– ha adoptado una interpretación restrictiva de las normas que ha dejado por fuera de la asistencia humanitaria a las víctimas de agentes estatales. En resumen, el desarrollo legislativo de la noción de víctima para efectos de la asistencia humanitaria muestra una serie de tensiones, avances y retrocesos. De una parte, se ha ido ampliando paulatinamente el universo de víctimas titulares del derecho a la asistencia humanitaria, a través de la inclusión sucesiva de supuestos fácticos y violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que dan lugar a la ayuda. Pero, por otra parte, la interpretación realizada por el ejecutivo ha limitado los alcances legislativos. Este es el caso de las víctimas de agentes del Estado, que en virtud de las definiciones legales bien pueden ser consideradas titulares de la ayuda humanitaria, pero que han sido excluidas por la interpretación del Ejecutivo.

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2.3.2 Las víctimas en la Ley 975 de 2005 o Ley de “Justicia y Paz” En 2005, el Estado colombiano expidió la Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Con ella se busca específicamente facilitar los procesos de paz y de reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos al margen de la Ley, la cual debe tener lugar “garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (artículo 1). Para los efectos de la aplicación de dicha Ley se consideran como víctima: 1) aquella persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. 2) El cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 3) Los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. 4) El cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio o

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en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de actos ejecutados por algún integrante o miembro de los grupos organizados al margen de la ley. Asimismo, como se reseñó anteriormente, en el año 2006 la Corte Constitucional se pronunció respecto de esta Ley ajustando sus contenidos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Específicamente respecto del concepto de víctima, la Corte resaltó que también otros familiares pueden hacerse valer como víctimas, aun cuando no guarden un vínculo de consanguinidad estrecho con la víctima directa. Según la Corte, es violatorio del derecho a la igualdad y los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo excluir a los familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa, de la posibilidad de que, a través de la demostración del daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la ley demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la Ley. Así las cosas, la calidad de víctima se adquiere siempre que se reúnan esas condiciones, “con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima” (Ley 975 de 2005, artículo 5). En todo caso, en la medida en que el objeto de la Ley se circunscribe a lograr la desmovilización de grupos armados organizados al margen de la ley, no son consideradas como víctimas aquellas que hayan sufrido violaciones atribuibles a miembros de la fuerza pública u otros agentes estatales20.

20 Se consideran “grupos armados organizados al margen de la ley”, de acuerdo con el artículo 1, “el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002” (artículo 1).

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3. Las víctimas y las reparaciones. el balance del segundo gobierno de álvaro uribe Una política pública seria en materia de reparaciones debería saber, con un grado de certeza razonable, el tamaño de la población víctima, el tipo de las violaciones sufridas y sus consecuencias inmediatas (Cfr. Correa, Guillerot y Magarrell, 2008). Solo a partir de esta valoración del daño y de la población afectada es posible formular políticas públicas comprensivas que busquen corregir las violaciones e injusticias que se pretenden superar. Posteriormente, con base en esta información, se debe dar el paso adicional de definición del tipo de medidas, diseñadas ante las distintas categorías de víctimas, y las prioridades y formas como éstas serán distribuidas. Así pues, este ejercicio combina un componente de información con otro de definición política. Este último componente es fundamental en cuanto a las posibilidades reales de implementación de un programa de reparaciones y del mensaje político que un Estado envía en materia de superación de las violaciones e inequidades del pasado. Es así como el proceso de definición crea realidades y estimula mensajes políticos importantes. Por ello, la definición de quiénes son víctimas en una sociedad concita en sí misma un mensaje público de fundamental trascendencia. De allí que no resulte extraño que distintos Gobiernos hayan intentado ajustar o condicionar esta definición de víctimas con dos objetivos. De un lado, para limitar o restringir el universo de reparaciones a otorgar, por el otro, para excluir de la categoría de víctima a los enemigos políticos de un régimen específico. Legalmente, la situación parecería ser clara, dada la existencia de instrumentos internacionales que sientan pautas y parámetros para que en virtud del bloque de constitucionalidad éstos sean integrados al ordenamiento local; además, de la extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema.

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En esta dirección, las discusiones durante el segundo mandato del gobierno Uribe, se podrían esquematizar en dos posiciones. De un lado, una posición que propendió por la adopción de la definición de víctima promulgada bajo los estándares internacionales mencionados en la primera sección de este artículo, la cual fue defendida por las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los observadores internacionales y los redactores del proyecto. Por el otro lado, una posición que buscaba restringir el término de víctima a aquellas personas que hubieran sido victimizadas por acciones directamente cometidas por “grupos armados al margen de la ley”, con arreglo a las definiciones establecidas por la Ley 975 de 2005. Esta fue la posición promovida por el Gobierno, su bancada en el Congreso y por algunos académicos y columnistas de opinión. Ahora bien, aun adhiriendo a una u otra postura general, quedan abiertas algunas interpretaciones en materia de definición de víctimas. En primer lugar, una aproximación inicial al tema está dada por el hecho histórico que se pretende enfrentar y superar. El conflicto armado en Colombia tiene tantas ramificaciones en virtud del tiempo, de los actores, de las dinámicas de guerra, y de las motivaciones políticas y económicas, que en muchas ocasiones no es sencillo establecer qué hace parte o no de ese concepto de conflicto armado. Por ejemplo, el conflicto va más allá de la típica confrontación insurgencia/Estado. La delgada línea entre violencia motivada políticamente y las acciones armadas producto de intereses de enriquecimiento ilícito, con base en el narcotráfico, complejiza el panorama. Tradicionalmente se ha entendido que las víctimas del conflicto son las personas afectadas por los actos violentos cometidos dentro del contexto de la confrontación política. Sin embargo, hay quienes argumentan que esta conceptualización en la práctica resulta injusta frente a las víctimas de lógicas de terror y violencias similares, como

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aquellas ejercidas por los carteles de las drogas o las actuales “bandas emergentes” que se formaron después de las desmovilizaciones de grupos paramilitares promovidas por el Gobierno. Un segundo tipo de aproximación, derivada del punto anterior, es el momento desde el cual se empieza a contar un conflicto o violencia. Sobre este tema no se presentaron debates, ni siquiera se había definido de manera precisa desde cuándo correría ese período histórico. Colombia ha vivido una situación de confrontación armada o de ciclos de violencia casi ininterrumpidos, prácticamente desde los orígenes de su era republicana. Décadas antes de la conformación de los grupos guerrilleros de orientación comunista, a finales de los años sesenta, ya existía una fuerte confrontación armada denominada como “La Violencia”. Al no haberse dado un debate claro al respecto, existió consenso tácito en que abril de 1948 (que comúnmente se relaciona como el inicio de la época de “La Violencia”) sería el punto de partida para delimitar el concepto de víctima. Un tercer punto de aproximación tiene que ver con aquel momento en el pasado, presente o futuro hasta donde se extenderá ese hecho histórico. Generalmente, los programas de reparación fijan ese punto en el pasado, pues el proceso de reparaciones se hace en una fase de post-conflicto. Pero esto no aplica a la situación colombiana. En este sentido se presentaron tres propuestas. Una de ellas, defendida por las víctimas, estaba dirigida a dejar abierta la posibilidad de reparar a “las víctimas del futuro”. Esta posición fue rechazada por el Gobierno, el cual propuso que las medidas y beneficios de la ley fueran solo aplicables a aquellas personas cuyos derechos hubieran sido menoscabados con anterioridad a la sanción de la norma. Es decir, el punto de referencia estaría al arbitrio de la fecha de publicación de la norma sin consideración a factores externos. Esta propuesta fue fuertemente

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criticada por organizaciones de víctimas21, lo cual motivó un pronunciamiento por parte de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos22. Como respuesta a estos cuestionamientos, el Gobierno y su bancada morigeraron su posición y redactaron una nueva proporción que incluía a las víctimas presentes y a aquellas cuya victimización se produjera hasta dos años después de la sanción de la norma. Por último, pero no por ello menos importante, otra característica definitoria, que de hecho fue la que más debate suscitó en Colombia, se basa en la distinción de las víctimas de acuerdo con la categoría del victimario. Según los estándares internacionales, se es víctima tras el daño sufrido, con independencia del autor que haya provocado tal daño23. Sin embargo, el Gobierno colombiano se opuso férreamente a reconocer como víctimas a aquellas personas que han sido victimizadas por actos imputables a actores estatales. Con este propósito, el Gobierno intentó eliminar toda posibilidad de que las víctimas de agentes del Estado se beneficiaran de las medidas contempladas en el estatuto. Para ello consiguió limitar el ámbito de la ley exclusivamente a las víctimas de grupos armados ilegales. La formulación del articulado incluso se hizo de tal forma que restringía aún más el universo de víctimas, pues establecía que el menoscabo de los derechos de las víctimas de grupos armados al margen de 21 Ver: Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Otra burla más. Comunicado de prensa. 18 de noviembre de 2008. 22 Cfr. OACNUDH. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia deplora un proyecto de “ley de víctimas” discriminatorio. Comunicado de Prensa. 14 de noviembre de 2008. 23 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adherido a este concepto. Así, en la Sentencia T-1001 de 2008 (en relación con ayuda humanitaria), al igual que en la Sentencia C-1199 de 2008 (en relación con reparación), la Corte Constitucional reiteró que para que la persona sea considerada víctima, no es necesaria la identificación, la aprehensión, el enjuiciamiento y mucho menos la condena del sujeto responsable del ilícito.

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la ley, debía ser como consecuencia de la acción de miembros de estos grupos con ocasión de su pertenencia a los mismos. Con esta formulación se excluyeron a todas las víctimas de las “bandas emergentes”. Así, no sólo se limitó el número de beneficiarios de la ley, sino además se promovió el mensaje político de que el paramilitarismo en Colombia ya no existía. No obstante, la discriminación a las víctimas producidas por agentes del Estado era tan evidente que nacional e internacionalmente se hizo insostenible. En consecuencia, el Gobierno tuvo que variar su estrategia. Por ello, una propuesta subsiguiente incluyó a las víctimas de “acciones dolosas o gravemente culposas de individuos, que durante y con ocasión de su pertenencia a la fuerza pública, hayan transgredido la legislación penal o constituya una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos, judicialmente declarada”. Este lenguaje tiene varias implicaciones. Para empezar, reduce el universo de víctimas de los agentes del Estado a los de la fuerza pública, siempre y cuando los hechos hayan ocurrido durante y con ocasión de su pertenencia a estas instituciones. Por consiguiente, quedarían excluidas las víctimas de agentes del estado diferentes a la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejercito Nacional en servicio activo. Por lo tanto, no podrían ser reparadas ni recibir los beneficios de la ley, las víctimas de funcionarios de agencias de inteligencia del Estado como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), de militares retirados, de miembros de la Fiscalía y de congresistas, entre otros. Además, la norma señaló que la victimización debe resultar como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de individuos de la fuerza pública “judicialmente declarada”, lo que conlleva a que las víctimas estarían obligadas a esperar que en un proceso penal se determinara la modalidad de la con-

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ducta del agente para poder iniciar los trámites de reparación. Este estándar probatorio tan alto, ni siquiera es exigido en la actualidad para adelantar acciones ante la justicia administrativa, pues teniendo en cuenta el grado de impunidad existente en el país, hace imposible que las víctimas de agentes estatales puedan ser beneficiarias de cualquier tipo de medida. Además, es un contrasentido exigir a las víctimas que acudan a la justicia como pre-requisito para el acceso a un programa administrativo de reparaciones, pues es precisamente por la insuficiencia de los sistemas de justicia que dichos programas son establecidos. Si las víctimas ya han acudido a la justicia en donde pueden obtener una reparación integral ¿Cuál interés les quedaría para acudir a un procedimiento administrativo? La propuesta del Gobierno Uribe contenía disposiciones que hacían más engorrosa la búsqueda de reparaciones para víctimas de agentes del Estado. En el caso de las reparaciones administrativas, por ejemplo, el proyecto de ley estipulaba que su indemnización se realizaría mediante la acción contenciosa administrativa ya existente, a través de procesos que se llevarían a cabo en un término de 18 meses. Sin embargo, como se reseñó anteriormente, el proyecto de ley que dio objeto a estas discusiones fue finalmente abortado por el Congreso (Sánchez, 2009). Así las cosas, el único mecanismo de reparación masiva extrajudicial disponible a las víctimas quedó en ese momento establecido en el Decreto 1290 de 2008, el cual repite la definición de víctima ya establecida por la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Esto quería decir que las víctimas de agentes de Estado no podían acceder a un mecanismo administrativo de reparaciones como sí pueden hacerlo las víctimas de otros actores armados.

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Conclusión En Colombia existe un relativo consenso entre élites políticas acerca de la necesidad de reconocer (al menos desde lo normativo), los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, existen distintas controversias sobre el alcance y contenido de estos derechos. En la práctica subsisten distintas interpretaciones acerca de qué significan esos derechos, hasta dónde generan obligaciones a cargo del Estado y, especialmente, sobre a quiénes y de qué forma se les debe garantizar ese derecho. Si bien Colombia se ha adherido a instrumentos internacionales que establecen directrices sobre a quién debe considerarse como víctima de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, hoy en día subsisten distintas concepciones de víctimas de acuerdo con el derecho interno. Estas definiciones locales no siempre son consonantes con las definiciones dadas por el derecho internacional, pues se ha buscado hacer una diferenciación entre las víctimas de los “grupos armados al margen de la ley” y las víctimas de agentes del Estado, la cual resulta ajena al concepto de víctimas de derechos humanos. Así, aun cuando frente al derecho internacional se es víctima sin importar quién ha cometido el acto de la violación de derecho, en Colombia legalmente está establecida una diferenciación entre víctimas de grupos armados y de agentes del Estado para efectos de acceso a la justicia (vía ley de justicia y paz) y para efectos de reparación por vía administrativa (Decreto 1290 de 2008). Asimismo, pese a que la ley no hace esa distinción, para efectos de acceder a asistencia humanitaria, muchos funcionarios hacen la misma diferenciación, negando tal asistencia a las víctimas de agentes del Estado. Esta distinción se hace, a pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha señalado la inconstitucionalidad de esta práctica.

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A pesar de que esta situación encarna una discriminación directa en contra de las víctimas de agentes del Estado, el Gobierno Uribe defendió esta diferenciación, tal como sucedió en el 2009 con la discusión del fallido estatuto de víctimas discutido por el Congreso de la República. Lamentablemente la visión política de amigo/enemigo ha prevalecido a la hora de crear mecanismos de protección y satisfacción de derechos de las víctimas, negándole así a un grupo de ellas (las víctimas de agentes del Estado), las garantías básicas que les son reconocidas por las normas internacionales y constitucionales.

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LAS VÍCTIMAS EN COLOMBIA: UNA DISPUTA ENTRE LA REPARACIÓN Y LA IMPUNIDAD Eduardo Carreño

Abogado. Magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Especializado en Derecho Procesal, Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad. Actualmente se desempeña como investigador y abogado defensor de detenidos políticos y de Derechos Humanos en la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Legión de honor del gobierno francés).

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Presentación Colombia enfrenta una grave crisis humanitaria y un panorama político devastador para los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, perpetrados de manera continua por más de cuarenta años por las estructuras paramilitares creadas y fortalecidas bajo el amparo estatal, y que hoy se benefician de una serie de disposiciones e instituciones ilegítimas, descritas a lo largo de las páginas del presente documento. En el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se dio inicio a un proceso de desmovilización, dirigido principalmente a las estructuras paramilitares, caracterizadas no sólo por su origen contrainsurgente sino por ser una estrategia de defensa, seguridad, control social y político, diseñada desde los más altos estamentos del Estado, y responsable de numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos en Colombia. Ese proceso de aparente desmovilización, estuvo acompañado por la construcción de un andamiaje jurídico que otorgaba una serie de beneficios tanto jurídicos como económicos, que hicieran posible y atractiva la desmovilización de actores armados, y que categorizara las circunstancias en las que esos desmovilizados serían reincorporados a la vida civil, para que por lo menos de manera ilusoria, se pudiera reflejar un cierto ajuste a los parámetros internacionales en la materia. Así, la Administración Uribe Vélez impulsó y consolidó dos marcos normativos que le dieron vida a la gran impunidad que hoy presenciamos: uno, el que sustenta las desmovilizaciones colectivas e individuales, y dos, aquel que hoy se denomina de ‘Justicia y Paz’ (en adelante también, Ley 975 de 2005 ó simplemente Ley 975).

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Ambos se construyen sobre discursos e instituciones que los proveen de una aparente sujeción a los estándares fijados internacionalmente en materia de verdad, justicia y reparación; pero ambos, a la vez, cuentan con una serie de mecanismos que, al ser estudiados en detalle, ponen en evidencia su clara orientación al desconocimiento y desprecio de los derechos de las víctimas, así como a la consolidación de la impunidad de los crímenes atroces perpetrados en Colombia, que se verifica en los enormes beneficios otorgados a quienes son responsables de esa barbarie, acompañados del mantenimiento incólume del poder político, militar, económico y territorial que patrocinó y se benefició con esas estructuras. Con el diseño de esos cuerpos normativos sobrevino el discurso oficial, protagonizado por el Gobierno de Uribe Vélez, de superación del conflicto y de advenimiento de la paz, y con ello, el inicio de su cruzada de negación tanto de la confrontación armada, social, política y económica, existente desde hace más de cincuenta años y cada vez más aguda, como de la evidente ausencia de condiciones para generar el tan anhelado proceso de transición. El presente documento se ha trazado tres objetivos (1) demostrar la incompatibilidad de esos marcos jurídicos, particularmente con la Ley de ‘Justicia y Paz’, respecto de los estándares internacionales fijados en la materia y demás fuentes jurídicas que exaltan la protección de los derechos humanos y condenan su violación, especialmente si ésta obedece a la sistematicidad y generalidad propias de los crímenes de lesa humanidad; (2) demostrar que no existen en Colombia las circunstancias de post-conflicto aludidas tan insistentemente por el Gobierno Nacional ni las condiciones para una justicia transicional; y (3) poner en evidencia la necesidad de exigir la vigencia de los derechos humanos en nuestro territorio y con ello el destierro de la impunidad que genera la aplicación de las normas y procedimientos especiales de ‘Justicia y Paz’.

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1. el paramilitarismo en colombia y los crímenes de lesa humanidad el paramilitarismo en Colombia se afirmó como una política de Estado, creada y fortalecida bajo el amparo de la ley nacional24. Mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968, que fuera emitida en el marco de la lucha contra grupos guerrilleros (por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”), se fijó el fundamento jurídico para la creación de los autodenominados “grupos de autodefensa”, hoy conocidos en las regiones como grupos paramilitares. En el artículo 25 de la ya mencionada Ley 48 se estipuló que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podían ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el parágrafo 3 del artículo 33 de la misma normatividad se dispuso que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podría amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Sobre esas disposiciones se edificaron y fortalecieron en Colombia las estructuras que pese a su participación y responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, fueron posteriormente desmovilizadas y beneficiadas con privilegios jurídico-penales y económicos.

24 Esta circunstancia fue constatada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias dictadas contra Colombia por los hechos de las masacres de Los 19 Comerciantes, Ituango, Mapiripán y Rochela, en las que encontró probada la creación legal del paramilitarismo y, con éste, la introducción de un riesgo a toda la sociedad colombiana, fuente de responsabilidad internacional para el Estado en los hechos de los que esas estructuras tomaron parte.

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Para finalizar digamos que, en este sentido las palabras del máximo vocero del paramilitarismo señor Salvatore Mancuso en una de sus versiones ante la unidad de Justicia y Paz ilustra y concluyentemente, cuando dijo: “LA PRUEBA FEHACIENTE DE QUE EL PARAMILITARISMO DE ESTADO EXISTE SOY YO”.

2. El paramilitarismo y su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad este acápite, donde solo nos detendremos brevemente a caracterizar los delitos de los que son responsables los actores paraestatales como crímenes de lesa humanidad, debe estar antecedido por unas aproximaciones conceptuales, que nos permitirán demostrar posteriormente que los grupos paramilitares no pueden ser sometidos a ninguna clase de amnistía, perdón o tratamiento flexible y tolerante, en virtud de la gravedad que revisten. La noción de crímenes de lesa humanidad y la configuración de sus elementos constitutivos, emerge como resultado de un proceso histórico caracterizado por la necesidad de implantar fórmulas jurídicas de alcance internacional que proscriban y condenen la comisión de ciertos actos graves y altamente reprochables, que afectan la existencia misma de la humanidad. Por ello la positivización de ese concepto, así como las múltiples experiencias internacionales25 para lograr su imputación y sanción ejemplar, se enmarcan primordialmente en procesos que comparten el propósito y esfuerzo de obtener la declaración de responsabilidad penal de individuos dentro del ámbito del Derecho Penal Internacional. 25 Dentro de tales experiencias se encuentra la creación y funcionamiento de los tribuales ad –hoc, estos son el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, de igual forma se encuentran los tribunales mixtos, entre ellos el Tribunal Especial para Sierra Leona, el Tribunal Internacional Especial de Camboya y Tribunal para Timor Oriental, así como la constitución de una Corte Penal Internacional.

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Sin embargo, el concepto de crímenes de lesa humanidad trascendió al escenario del Derecho Internacional de los Derechos Humanos26, donde ha sido utilizado por la naturaleza de las obligaciones al que éste se contrae, para obtener la declaración de la responsabilidad internacional de los Estados. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (a la que también nos referiremos como Corte IDH), en su condición de máximo órgano guardián de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en esa medida de la protección y garantía de los derechos en la región, ha sido fundamental y ha cimentado bases sólidas de este notorio avance. Así, la Corte IDH, ha incorporado en su jurisprudencia el concepto de crímenes de lesa humanidad, para reputar y declarar la responsabilidad internacional de los Estados por participar directamente en su comisión ó por permitir y tolerar su ejecución, incluso por no investigar y sancionar en debida forma a los responsables. La Corte IDH sostiene que los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos, que responden a un ataque generalizado y sistemático dirigido contra población civil. Igualmente afirma de manera categórica que la prohibición de perpetrarlos es una norma de ius cogens, y que su penalización es obligatoria conforme al derecho internacional general27 . 26 La categoría de crímenes de lesa humanidad ha adquirido una connotada relevancia en el ámbito del derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos. Al respecto resultan relevantes las apreciaciones de Cansado Tridande, contenidas en el Voto Razonado presentado a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, Almonacid Arellano Vrs Chile, en el que sostuvo lo siguiente: “La tipificación de los crímenes contra la humanidad es una gran conquista contemporánea, abarcando en mi entender no sólo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también el Derecho Penal Internacional, al reflejar la condenación universal de violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales e inderogables, o sea, de violaciones del jus cogens. […] La configuración de los crímenes contra la humanidad es, a mi juicio, una manifestación más de la conciencia jurídica universal, de su pronta reacción contra crímenes que afectan la humanidad como un todo.” 27 Caso Almonacid Arellana contra Chile.

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Los crímenes de lesa humanidad, son concebidos por la doctrina internacional, como aquellos que agreden profundamente la dignidad humana y la conciencia misma de la humanidad, por cometerse a través de actos crueles e inhumanos por motivos de diversa índole, sean éstos sociales, políticos, raciales, religiosos o, incluso, culturales. Son perpetrados de manera masiva, reiterada o continua contra la población civil, en acatamiento o desarrollo de una política o plan preconcebidos y pueden tener ocurrencia en tiempos de paz o durante el transcurso de un conflicto armado de carácter internacional o interno. En virtud de lo anterior, se ha considerado que se está ante un crimen de lesa humanidad, cuando se cumplen las siguientes condiciones28: i) se perpetra un acto inhumano que ocasiona un sufrimiento intenso en la víctima o que le genere daños en su integridad y/o salud física y/o mental; ii) cuando ese acto se ejecuta como parte de un ataque sistemático o generalizado; y iii) cuanto el ataque está dirigido contra población civil. Todas esas condiciones las reúnen los crímenes perpetrados por el paramilitarismo colombiano, los cuales ocasionaron (i) intensos sufrimientos a sus víctimas, de manera especial, en delitos como la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado, la violencia sexual (en todas sus formas), el hostigamiento y terror constante, y el exterminio; (ii) que a su vez fueron perpetrados como parte de

28 Esas condiciones fueron señaladas, entre otros pronunciamientos, por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) consideró en el caso Prosecutor vrs Duzco Tadic como elementos del crimen contra la humanidad, los siguientes: i) actos dirigidos contra la población civil; ii) actos con una ocurrencia sistemática o generalizada; iii) actos con un propósito discriminatorio o fundados en motivos discriminatorios, tratándose de la conducta de persecución política; iv) actos que respondan a una política o del Estado o de organizaciones; y v) que el perpetrador tenga conocimiento del contexto sistemático o generalizado en que el acto ocurre. Adicionalmente y atendiendo a la definición de competencias prevista en su Estatuto, debe tratarse de actos que se enmarquen en un conflicto armado interno o internacional.

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ataques sistemáticos y generalizados en el territorio nacional contra todos los sectores que se oponían al proyecto de control de esas estructuras ilegales y a la conservación de los intereses que se resguardaban tras ellas; y, (iii) los cuales fueron dirigidos contra la población civil, como se ha podido constatar en los mismos trámites de ‘Justicia y Paz’, ante los mares de víctimas identificadas en Colombia. Para tener una idea sobre la magnitud de la tragedia por la que atraviesan las víctimas presento a continuación una aproximación de las estadísticas recogidas en las bases de datos de las organizaciones de derechos humanos: • Desplazados internos. De 1982 al 2008 se calcula en 5 millones de personas. • Detenciones desapariciones. 15.000 según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, según la Fiscalía serían 50.000. • Ejecuciones extrajudiciales. 48.000 entre 1965 y 1998. Proyecto Colombia Nunca Más. Se calcula entre 7 y 8 mil muertos por año, a partir del año 98, esto indica un aproximado de 80.000 más. • Torturados. Es una práctica sistemática según el último reporte de la Relatora de la Organización de Naciones Unidas, ONU. • Violaciones de carácter sexual. Es una práctica común utilizada por los paramilitares, según información de las organizaciones especializadas, se han cometido también casos por parte de miembros de la fuerza pública y las guerrillas.

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• Robo de tierras y bienes en general a las víctimas. Se calcula en 7 millones de hectáreas, la Contraloría ha reconocido 4 millones. • En las peticiones que han hecho diferentes víctimas ante Justicia y Paz se han presentado aproximadamente unas 240 mil a reclamar sus derechos. • Los pocos paramilitares que han rendido sus versiones en esta instancia especializada han reconocido aproximadamente 20 mil homicidios y desapariciones. I. También es importante presentar a continuación las estadísticas de lo que ha representado el fenómeno paramilitar en el proceso de desmovilización: De los 35.353 paramilitares desmovilizados, individual o colectivamente, responsables de graves crímenes contra la humanidad, sólo 3.635 fueron postulados a la Ley 975 de 2005. De los mismos que deberían haber sido detenidos en los sitios de concentración, solamente capturan 55 luego de las denuncias de las víctimas y de las organizaciones internacionales, por lo cual se incumplió de manera flagrante el fallo de la Corte Constitucional 360 del 2006, por lo cual debían responder las autoridades militares, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía. II. Los 31.718 paramilitares no postulados a los procedimientos especiales de ‘Justicia y Paz’ recibieron amnistías de facto y otra serie de beneficios jurídicos que impidieron se les investigara y juzgara adecuadamente por su participación y responsabilidad en esa clase de violaciones. Lo anterior permanece incólume, pese a que el fundamento de esas decisiones fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de julio de 2007, obligando así a las autoridades nacionales a judicializar debidamente a los

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desmovilizados; deber que fue omitido por parte del Ejecutivo y del Legislador como otro mecanismo de impunidad al establecer el “principio de oportunidad” para crímenes de lesa humanidad. III. Los prisioneros paramilitares también se desmovilizaron conjuntamente con las estructuras que se encontraban en libertad. El Alto Comisionado presentó una lista de aproximadamente 3.800 presos. IV. De los 3.635 paramilitares postulados a los procedimientos especiales de ‘Justicia y Paz’, incluidos los 55 de Ralito y los que estaban presos; sólo 653 paramilitares, dentro de los que no se encuentran los altos mandos de esas estructuras, están siendo efectivamente procesados por esa jurisdicción extraordinaria, después de cuatro años de la vigencia de esos trámites. V. Además, no se ha producido una sola condena en firme dentro de las actuaciones de ‘Justicia y Paz’, ni se ha reparado a una sola víctima dentro de las mismas. VI. A ello se suma también que de los aproximadamente 240.000 crímenes reportados por las víctimas del paramilitarismo en Colombia, que corresponden tan solo a un subregistro, únicamente han sido reconocidos un promedio 20.000 casos por parte de los paramilitares postulados. VII. De las víctimas que han hecho peticiones, han asesinado 23 en este período, las cuales están inermes frente a los victimarios, los cuales conservan todo su poder político, económico, militar y social en las zonas en donde operaban. Ese balance estadístico revela la precaria protección que con ocasión de la aplicación de la Ley 975 se da a los derechos a la

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verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, en desarrollo de la política de legalización de las estructuras paramilitares que ha emprendido la última administración. Pese a lo anterior, los crímenes en los que participaron los paramilitares hoy son objeto de un trato diferenciado, tendiente a amparar a sus autores y partícipes con beneficios consistentes, principalmente en la ausencia de investigaciones, juzgamientos y sanciones, ó en procedimientos sui generis que prometen condenas irrisorias y desproporcionadas con la gravedad de los delitos que aparentemente se juzgan. Simultáneamente hay que presentar lo que ha sido la vinculación de altos funcionarios del Estado y del Congreso con las estructuras paramilitares y que ha representado en síntesis, la vinculación de por lo menos 133 congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, de los cuales 45 están detenidos y 20 de ellos ya han sido condenados o están pendientes de que se le dicte la misma por haberse sometido a los beneficios de sentencia anticipada; hecho sin precedentes en la historia del país y que demuestra que hay necesidad de revisar la legislación aprobada por estas estructuras criminales ya que ellos apoyaron la legislación del 2002 y 2005 que legaliza y legitima en paramilitarismo. Esto implica preguntarnos. ¿Cuando uno legisla en causa propia comete un delito o no y debe ser investigado por prevaricato?, ¿Se debe declarar la nulidad de estas leyes? Para nosotros la respuesta debe ser afirmativa en ambos casos, el problema es quién lo hace y qué garantías existen para hacerlo. En este contexto es de suma importancia conocer cuáles son los derechos de las víctimas reconocidos y conquistados a nivel internacional para que se comparta la conquista de los mismos a nivel de todas las organizaciones y no permitir que se desconozcan o que se negocie con ellos partiendo de su desconocimiento.

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Los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y las garantías de no repetición son un patrimonio innegociable de las víctimas, los pueblos y la humanidad, pero con el contenido real de los mismos y no con los simples enunciados, tal como lo han hecho con la ley de Justicia y Paz. Por esa razón desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), se ha propuesto una política de atención a las mujeres y hombres que han sufrido las consecuencias de la degradación del conflicto armado en Colombia, y que se resumen a continuación en tres puntos fundamentales:

I. Reparación integral Las víctimas de crímenes de Estado tienen el derecho a recibir, en el caso de haber sufrido un daño injusto, un conjunto de medidas que tiendan a restablecer la situación que existiría si estos daños no se hubieran producido. Implicando la proporcionalidad a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido a través de las siguientes políticas. • La reparación que permita el retorno y la devolución de las tierras a los desplazados y a las familias de los asesinados y desaparecidos. • La reparación para que se entrañe la compensación, indemnización y el restablecimiento de los daños causados a todo orden. • La reparación que implique la rehabilitación y las sanciones orientadas a proporcionar atención médica y psicosocial, que ayude a la recuperación de las pérdidas y disminuciones físicas y sicológicas sufridas.

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•

La reparación que incluya la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas.

• La reparación que disponga la realización de homenajes y la construcción de monumentos para restablecer su dignidad. • La reparación que abarque declaraciones públicas frente a las responsabilidades del Estado, en las que se reconozca el inmenso daño causado a las víctimas y a la sociedad en general. • La reparación que disponga la búsqueda y la identificación de cadáveres de las personas asesinadas y el esclarecimiento de los hechos relativos a los desaparecidos y las medidas de reparación que garanticen la no repetición de esas violaciones.

II. Papel protagónico de las víctimas y responsabilidad estatal Reparar significa no solo intentar aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades afectadas, sino que es perentorio añadir políticas de cambio que modifiquen sustancialmente las condiciones de vida en una sociedad. Por consiguiente, el plano de la reparación implica una acción social transformadora de las condiciones socioeconómicas, que han sido el caldo de cultivo para la victimización de sectores enteros de la población. La búsqueda de la reparación integral supone la democratización de la sociedad y sus instituciones, y la adopción de medidas preventivas para que no vuelvan a repetirse jamás hechos que producen la muerte y la destrucción.

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La responsabilidad jurídica y política por la ejecución efectiva de esas medidas de reparación suficiente y rápida es del Estado. Es un deber del poder estatal crear los mecanismos necesarios para que los autores de los crímenes devuelvan los bienes arrebatados por la fuerza a quienes fueron objeto de sus ultrajes. La reparación no es un acto que esté subordinado a la voluntad de los victimarios, sino un requisito para resarcir el daño moral y material causado a las víctimas. El resarcimiento tampoco depende de los acuerdos o normas que se adopten, desconociendo la reparación integral, pues las víctimas son titulares del derecho a la reparación, el cual es inderogable.

III. Presupuestos de la reparación integral Si bien contamos con unos estándares internacionales en términos de reparación integral, las particularidades del contexto colombiano invitan a reflexionar sobre los alcances y aspectos a contemplar en la construcción de medidas acordes con las demandas y necesidades de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Para adelantar esta reflexión es necesario tener en cuenta los siguientes presupuestos: • Antes de abordar el tema de la reparación integral es imprescindible conocer en detalle los daños materiales e inmateriales ocasionados a las personas y colectivos, identificando además los impactos que la violencia sistemática ha ocasionado en la sociedad. A partir de allí es que se pueden identificar los daños que son susceptibles de reparación y aquellos que no son reparables: esta distinción es fundamental para las víctimas. • La reparación integral implica el ejercicio de las dimensiones de satisfacción, indemnización, restitución, rehabilitación para las personas y colectivos victimizadas. Pero, adicionalmente, para que estas medidas sean sos-

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tenibles y evitar nuevos hechos violentos que atenten contra los Derechos Humanos de la población, es necesario contemplar las garantías de no repetición, las cuales se expresan en medidas de reparación política. Lo anterior permitiría la adopción de cambios estructurales con miras a evitar la repetición de estos crímenes y la construcción de un modelo de Estado y sociedad basado en la equidad y la justicia social, partiendo del reconocimiento de los daños ocasionados a las víctimas por las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, pero también del reconocimiento de la afectación de estos hechos al conjunto de la sociedad. • La reparación debe ser integral y conjugar medidas simbólicas, jurídicas, políticas, económicas y psicosociales que respondan a la multiplicidad de los daños ocasionados por las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales. • Las medidas de reparación deben aplicarse sin discriminación, protegiendo los derechos de todos los sectores afectados por los abusos y violaciones. Esta protección debe ser general y, al mismo tiempo, tomar en cuenta las modalidades específicas de la reparación. • Las víctimas deben estar en el centro de reparación. Deben ser tratadas con humanidad y recibir una atención especial para que los procedimientos destinados a generar el resarcimiento, no se conviertan nuevamente en fuente de victimización. • Las víctimas de la violencia sociopolítica son más que simples destinatarias de programas asistencialistas, focalizados, que no comprometen políticas públicas integrales. Estas personas son ciudadanos y ciudadanas a las

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que les fueron vulnerados sus derechos, son sujetos políticos y sujetos de derecho, son testigos históricos que representan la memoria viviente de los acontecimientos violentos y quienes conocen las causas que han dado lugar a las acciones de victimización. Su condición les debe otorgar un papel protagónico en la construcción de alternativas que conlleven a la superación de la impunidad. • La reparación de daños colectivos no se debe confundir con reparación colectiva a daños individuales, en la medida que esta última es una visión eficientista de los recursos y mecanismos para reparar, mientras que la reparación colectiva, en el marco del derecho a la reparación integral de las víctimas, se orienta hacia el restablecimiento de los derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las comunidades, grupos u organizaciones afectados por hechos de violencia sistemática o selectiva. Las medidas de reparación deben tener en cuenta un enfoque diferencial en los procesos y medidas que buscan reparar integralmente a las víctimas. La dinámica de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia ha afectado de maneras diversas a personas, comunidades, organizaciones y movimientos sociales, generando daños específicos respecto al género, la edad, las opciones políticas, la pertenencia étnica y cultural. • En este orden de ideas el reconocer y visibilizar los impactos y daños de manera diferenciada, conlleva a poner la mirada en las distintas formas en que también se vivencia y significan los daños, con lo cual es posible empezar a construir una respuesta adecuada acerca de por qué es importante reparar, quiénes deben ser reparados, y en qué forma hacerlo. Esto implica que no se puede reducir la reparación a una fórmula matemática que produce un valor monetario, o a acciones de inversión social que son

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responsabilidades que le competen al Estado como garante de los derechos económicos, sociales y culturales. Sólo cuando se esclarezcan las causas que generaron las violaciones a los Derechos Humanos, cuando se devele la intencionalidad buscada con esta violencia, cuando se identifique a los autores de estos hechos y se descubra quiénes se lucraron con el despojo y la represión para defender intereses relacionados con proyectos económicos y políticos, se pueden formular las sanciones y penas correspondientes a la gravedad de los daños. Es a partir del entendimiento de estos aspectos donde resulta posible elaborar propuestas que hagan de la reparación integral un proceso para crear las condiciones necesarias que permitan alcanzar la reconciliación, empezando por el reconocimiento público ante la sociedad, por parte de los responsables de los perjuicios ocasionados a las víctimas.

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La mujer víctima del conflicto armado en Colombia Diana Esther Guzmán

Abogada, especialista en derecho constitucional y Magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como investigadora principal de DeJuSticia en donde trabaja temas de género. Ha trabajado además en investigaciones sobre sistema judicial, derechos de las víctimas y educación legal.

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Presentación* Colombia ha vivido un conflicto armado interno por más de cinco décadas. Durante estos años, diversas formas de violencia han caracterizado el panorama nacional, dejando millones de víctimas y convirtiéndose en una constante en la vida de la sociedad colombiana (Fundación Social, 2009). Las mujeres han sufrido con especial rigor el conflicto y sus consecuencias. Han sido víctimas de diversas formas de violencia, algunas de las cuales se explican en razón al género, reproduciendo los roles que tradicionalmente les han sido asignados. Adicionalmente, los efectos de esas diversas formas de violencia que han sufrido en el contexto del conflicto armado son diferenciados y en algunas ocasiones desproporcionados, debido a las condiciones de discriminación y exclusión que enfrentan en sus vidas. Las mujeres se encuentran entonces en una situación de especial vulnerabilidad frente a los actores armados y el conflicto. La discriminación y exclusión que sufren en sus vidas cotidianas y que se reproducen con especial rigor en el contexto del conflicto armado se encuentran también presentes al momento de reclamar la satisfacción de sus derechos como mujeres y como víctimas. Los mecanismos creados hasta ahora para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto se caracterizan en general por permitir la doble exclusión de las mujeres y mantener la invisibilidad de las formas de violencia de las cuales han sido víctimas. Este documento pretende mostrar algunos elementos que permiten entender la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado, documentada en diversos informes de derechos humanos elaborados por instancias internacionales de protección * Este artículo retoma trabajos previamente publicados por la autora, y avances de investigaciones en las cuales ha participado.

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de los derechos humanos, así como por organizaciones nacionales que trabajan por los derechos de la mujer. Para esto, el artículo cuenta con tres partes. La primera da cuenta de la forma cómo el conflicto ha afectado a las mujeres, indicando; a) los roles que han desempeñado; b) las formas de violencia de las cuales han sido víctimas; y c) los efectos que dicha violencia han tenido en sus vidas. En la segunda se muestran las principales barreras que encuentran las mujeres para acceder a la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Finalmente, en la tercera parte, se presenta brevemente un balance general y algunas conclusiones.

1. el conflicto en la vida de las mujeres colombianas a. Los roles de las mujeres en el conflicto Las mujeres han desempeñado diversos roles en el contexto del conflicto armado colombiano. A pesar de tratarse de un fenómeno cambiante y dinámico, en el que intervienen diversos actores, heterogéneos entre sí, y a pesar también de los intereses económicos y políticos asociados a él, es posible agrupar los roles desempeñados por las mujeres en dos grupos: por su vinculación con grupos armados ilegales, y como parte de la población civil. Estos roles son, como el conflicto mismo, dinámicos y cambiantes. Resulta especialmente difícil por ejemplo, plantear una separación tajante entre perpetradora y víctima, pues en muchas ocasiones las mujeres que se han relacionado con los grupos armados han sido también víctimas de la violencia. Sin embargo, se presenta una propuesta de agrupación de carácter más analítico que descriptivo, con el fin de mostrar que el panorama de la violencia contra las mujeres es más complejo y generalizado de lo que a veces se puede creer.

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Pueden identificarse al menos tres roles fundamentales de las mujeres que han tenido vinculación con grupos armados ilegales: i) aquellas que ingresaron voluntariamente a la estructura militar, cumpliendo funciones de combate y/o inteligencia; ii) aquellas que forman parte de la estructura militar en virtud del reclutamiento forzado del cual fueron víctimas; y iii) quienes participan en actividades de apoyo logístico o como informantes (Barraza y Guzmán, 2008). Un común denominador entre las mujeres que cumplen alguno de los tres roles señalados es la imposición de pautas de conducta por los grupos armados, que tienden a reproducir los roles sociales asignados a la mujer en la sociedad. Estas reglas de comportamiento imponen lógicas jerárquicas y militaristas que han justificado la realización de actos que vulneran los derechos humanos y fundamentales de estas mujeres. Por ejemplo, algunas de ellas han sido obligadas a prestar servicios sexuales y domésticos, así como a practicarse abortos (Amnistía Internacional, 2004). El segundo grupo de roles agrupa los que han desempeñado aquellas mujeres que no han tenido vinculación con grupos armados. Desde la sociedad civil han tenido un rol especial como i) lideresas que promueven la reivindicación de derechos y ii) como parte de organizaciones sociales, no necesariamente víctimas del conflicto, que promueven la articulación de las comunidades, el trabajo conjunto, la consolidación de tejidos sociales y la construcción de paz, así como la satisfacción de sus derechos. Estas mujeres generalmente se convierten en blanco de hostigamientos de los grupos armados ilegales que tienen influencia en el territorio en el cual trabajan. Existen numerosos ejemplos de mujeres que han sido desplazadas, asesinadas, violadas, desaparecidas o amenazadas por el rol activo que desempeñan en su comunidad. Este es el caso de Yolanda Izquierdo, una lideresa que fue asesinada por impulsar un proceso de reivindicación de derechos y restitución de tierras (Sierra, 2007, Febrero 7).

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Además de los roles descritos hasta ahora, las mujeres han desempeñado otros que pueden considerarse más tradicionales, o propios de una sociedad patriarcal en la que persisten esquemas de discriminación que afectan a la mujer, en virtud de sus relaciones familiares y sociales, así como en función de sus actividades productivas. Estos roles, que en principio parecerían ser ajenos a las dinámicas del conflicto también se han convertido en objetos de diversas formas de violencia, en el que las mujeres han llegado a ser tanto víctimas directas como indirectas. b. Violencias contra la mujer en el contexto del conflicto Sin importar el rol que han desempeñado en el conflicto, las mujeres han sido víctimas de diversas formas de violencia. En este apartado se mostrará que algunas de dichas manifestaciones se dirigen contra la mujer por el hecho de serlo. Otras, aunque no tienen su origen directamente en el género de la persona, tienen efectos diferenciados en las vidas de las mujeres. Se trata entonces de manifestaciones de la violencia de género, que develan patrones de discriminación y exclusión. Muchas de ellas tienden a ser ignoradas, incluso por las propias mujeres que las padecen y por tanto, su impacto generalmente no es reconocido29. A continuación se presenta un panorama general de (i) las formas de violencia que han afectado a la mujer por el hecho de serlo, y (ii) de los efectos diferenciados y desproporcionados que han tenido en sus vidas diversas formas de violencia.

I. las formas de violencia y su magnitud informes producidos por instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos muestran que las mujeres en el conflicto colombiano están expuestas a ser víctimas de diversas formas de violencia física, psicológica y sexual, las cuales se 29 COMITÉ DE LA CEDAW. Recomendación general No. 19.

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concretan principalmente en abuso sexual, reclutamiento forzado, prostitución forzada y embarazos tempranos30. La violencia sexual, en sus diferentes manifestaciones, es la forma que parece afectar de manera más específica y extendida a las mujeres. En la encuesta realizada por Fundación Social (2009) se muestra que en “el nivel nacional, el 26% de la población afectada y el 15% de la población no afectada dijeron conocer casos de violencia sexual” (p. 29). Estas cifras permitirían afirmar, como lo hacen las autoras del estudio, que “el delito de violencia sexual es de ocurrencia más bien frecuente, pero desconocida” (p. 30). De acuerdo con estudios cualitativos recientes, la finalidad de esta forma de violencia trasciende el acto sexual en sí mismo. Como lo afirma un informe reciente de Oxfam Internacional (2009), las mujeres son atacadas en su sexualidad por los grupos armados por razones tan diversas como: “desafiar las prohibiciones impuestas por ellos, trasgredir los roles de género, ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo o bien por simpatizar con él. Su fin es la tortura, el castigo o la persecución social y política” (p.11). Esto ha llevado a organizaciones nacionales e instancias internacionales a reconocer que la violencia sexual contra la mujer ha sido usada en el conflicto colombiano como un arma de guerra. La Relatora de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer reconoció también la afectación particular de las mujeres en el contexto del conflicto armado. Ésta se concreta en la restricción de actividades de participación, la imposición de lazos afectivos con los combatientes, el reclutamiento forzado, la esclavitud sexual y doméstica, la violación y mutilación sexual y entre sus combatientes, las prácticas de anticoncepción y de aborto forzado. 30 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Las mujeres frente a la violencia y a la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. OEA/Ser.L/V/ II.Doc.67. 18 de octubre de 2006.

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Así mismo, se ha documentado que los diversos actores armados ilegales aplican sobre las mujeres, en las zonas bajo su control, normas de conducta y control social, así como restricciones a la libertad de circulación y a las actividades de participación. En este sentido, la Relatora de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer en su Informe sobre Colombia, señaló modalidades de la violencia que afectan a las mujeres y que tienen por finalidad la depuración social y la reafirmación de los valores y roles tradicionales impuestos a éstas: “por ejemplo, se ha hecho desfilar por todo el pueblo desnudas y montadas en camiones a prostitutas y mujeres acusadas de adulterio con un cartel colgado al cuello en que se las acusa de destrozar hogares”31. Lo anterior permitiría afirmar que en el contexto colombiano la violencia empleada contra las mujeres no es solamente una estrategia de aniquilamiento del enemigo, sino también un importante mecanismo de control, miedo y represalia directa, en la medida en que éstas desempeñan activos roles sociales y políticos en sus comunidades. La violencia dirigida contra la mujer, en muchas de sus manifestaciones es generalizada y sistemática. Así lo han reconocido y documentado diferentes instituciones. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana reconoció que: “la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y los abusos sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados por parte de agentes individuales de la fuerza pública”32.

31 RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Informe de la Misión a Colombia presentado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, Sra.Radhika Coomaraswamy, ante la Comisión de Derechos Humanos en su 58 periodo de Sesiones, 2002. Párr. 46 32 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092 de 2008.

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La existencia de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de las mujeres es sustentada a partir de la identificación de patrones específicos de abuso dirigidos en contra de las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, estableció que la violencia que afecta a la mujer en el conflicto armado colombiano sigue los siguientes patrones: (i) encaminada a atemorizar, lesionar, y atacar al enemigo; (ii) destinada a lograr el desplazamiento forzado; (iii) dirigida al reclutamiento forzado y a rendir servicios sexuales a los miembros de los grupos armados; y (iv) constatada a mantener pautas de control social33. Las anteriores son manifestaciones de las violencias contra las mujeres, por su condición de género, que exacerban el impacto de la discriminación histórica que sufren, y que además, tienen manifestaciones más complejas en relación con aquellas integrantes de comunidades indígenas y afro colombianas, quienes se ven más afectadas tanto por patrones de discriminación como por la violencia ejercida por los actores armados34. La violencia en contra de la mujer persiste. Su afectación no ha cesado con el proceso de negociación que inició el Gobierno con algunos grupos paramilitares a principios del 2002. Por el contrario, a partir de la desmovilización de algunos de estos frentes se ha observado un aumento de los riesgos en la seguridad para las mujeres. Estos se derivan tanto de la presencia misma de los actores armados y de su poder militar, como de los efectos de los procesos de reinserción y reintegración. En relación con los riesgos derivados de la presencia de actores armados, la Fundación Social (2009) muestra que “en todas las regiones analizadas la desmovilización de los grupos paramilitares no fue integral. En ellas siguen actuando grupos que con 33 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit., P. 46. 34 Ibíd., P. 12.

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fuerte influencia del narcotráfico atacan a la población civil y conservan una dinámica de persecución de líderes sociales, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos, entre otros” (p. 48) En este sentido, un estudio elaborado por Indepaz sobre los nuevos grupos narco paramilitares, muestra que para noviembre de 2007 había 67 grupos que están reemplazando a los desmovilizados en 23 departamentos. De esta forma, cada vez se ha hecho más palpable el aumento de riesgos que se derivan del rearme de algunos grupos. Esta situación, en particular, fue reconocida por algunos jefes paramilitares desmovilizados como Salvatore Mancuso, quien en una entrevista periodística hizo dos declaraciones importantes: en primer lugar, que algunos grupos se han rearmado y “han asumido el control de los territorios donde quedaron focos de cultivos ilícitos y narcotráfico”, y en segundo lugar, que hay un esquema paramilitar dentro del Estado que permanece vigente. (El Espectador, 2008, Abril 5) En un contexto de surgimiento, fortalecimiento e incluso expansión de estructuras armadas ilegales, la mayor afectación recae en “las poblaciones y comunidades más vulnerables. La violencia contra las mujeres continúa siendo utilizada como estrategia de guerra por los actores armados del conflicto en su lucha por controlar territorios. La vulneración del núcleo familiar en aquellas áreas en donde operan las estructuras rearmadas y reductos es evidente” (MAPP/OEA, 2008, párr. 28 y 29) En relación con los riesgos derivados de los procesos de reintegración y reinserción, algunas investigaciones han evidenciado la persistencia de la capacidad coercitiva del paramilitarismo (Caicedo, 2006; Barraza y Caicedo, 2007). Estudios sobre el impacto de la desmovilización en la vida de las mujeres identifican factores de riesgo a su seguridad y manifestaciones concretas de violación a sus derechos. Así, por ejemplo, se registraron varios testimonios

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que revelan un aumento en la violencia en contra de las compañeras, novias o esposas de los desmovilizados (Caicedo, 2009). Adicionalmente, los riesgos para las mujeres se han hecho cada vez más evidentes, en especial para aquellas que han decidido participar como víctimas dentro de los procesos penales que se adelantan contra miembros de grupos armados ilegales, e incluso para quienes han decidido solicitar reparación por vía administrativa. En este sentido, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) ha reportado un incremento de denuncias por la amenaza a víctimas y organizaciones que las acompañan (Otálora y Hernández, 2008). Estas amenazas se han concretado en nuevos desplazamientos y asesinatos, y en otros hechos especialmente preocupantes que evidencian la precaria situación de la mujer en el contexto del conflicto armado35. Así, la violencia contra la mujer persiste y en algunos casos se agudiza, empeorando su situación.

II. Los efectos de la violencia en las mujeres Aunque múltiples manifestaciones de la violencia no afectan exclusiva o principalmente a las mujeres, como el desplazamiento forzado, su impacto es diferenciado y en ocasiones resulta incluso desproporcionado. Estos efectos se generan por la existencia de patrones de discriminación política, social, económica y cultural, que están presentes en la vida cotidiana y en el imaginario social tradicional y patriarcal, en virtud del cual se les asignan ciertos roles y esquemas a las mujeres, que tienden a hacer que se intensifiquen los efectos de la violencia (Barraza y Guzmán, 2008).

35 Véase, MESA DE SEGUIMIENTO AL ANEXO RESERVADO DEL AUTO 092 DE 2008. Primer informe de seguimiento a la gestión de la Fiscalía General de la Nación en relación con los 183 hechos de violencia sexual contenidos en el anexo reservado del auto 092 de 2008. Bogotá, Mesa de seguimiento al anexo reservado del Auto 092 de 2008, 2009.

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Este impacto diferenciado en las mujeres ha sido reconocido por la Corte Constitucional colombiana en múltiples pronunciamientos. En el Auto 092 de 2008 se reconoce que la violencia ejercida por los actores armados en el contexto del conflicto interno ha tenido un impacto diferencial y agudizado para las mujeres, porque deben enfrentar riesgos específicos y cargas extraordinarias que en contraste, no suceden en el caso de los hombres. Es decir, están expuestas a factores de vulnerabilidad por el hecho mismo de ser mujeres. En concreto, para la Corte Constitucional los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en el contexto del conflicto incluyen: • el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado. • el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales. • el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia. •

los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales, voluntarias, accidentales o presuntas con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos.

• los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus la-

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bores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado. • el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional. • el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social • el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales • los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes. •

el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.

Además de los riesgos mencionados, el Auto 092 reconoce que las mujeres enfrentan cargas extraordinarias, debido a que se ven obligadas a asumir nuevos roles sociales, económicos y familiares que les imponen responsabilidades materiales y psicológicas de manera abrupta, en condición de víctimas sobrevivientes del conflicto. Tanto los riesgos específicos, como las cargas extraordinarias y en general la afectación diferenciada y desproporcionada del conflicto en la vida de las mujeres, se explican en general por la “persistencia y prevalencia de patrones sociales estructurales que fomen-

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tan la discriminación, exclusión y marginalización que de por sí experimentan las mujeres colombianas en sus vidas diarias”36. Estos elementos estructurales de la sociedad colombiana han sido documentados y reconocidos por instancias internacionales de protección de los derechos humanos, enfatizando en que las mujeres “sufren situaciones de discriminación y violencia por el hecho de ser mujeres desde su nacimiento”37 y en todos los ámbitos de su vida diaria, especialmente acentuadas en los espacios laborales, educativos y de participación política38. Estas formas de discriminación, en sí mismas complejas, se ven exacerbadas en el marco del conflicto armado, debido a la crueldad del mismo, generando un contexto propicio para las afectaciones diferenciales. La existencia de impactos diferenciados de la violencia ha sido también constatada por informes producidos sobre la situación de la mujer en el marco del conflicto para el caso colombiano, en los que se refleja de manera directa la experiencia de las mujeres que han sido víctimas de diversas formas de violencia. Dichos informes coinciden en señalar, de manera específica, que aunque hombres y mujeres sean afectados por la violencia, “en el caso de las mujeres, la subsistencia crónica de situaciones de discriminación y violencia por el sólo hecho de ser mujeres se exacerba durante el conflicto armado como un elemento que hace más grave y perpetúa esta historia” (Corporación Sisma y Mujer, 2007, p. 22). En un intento por recapitular lo dicho hasta ahora, puede afirmarse que las mujeres son afectadas por la violencia que se deriva del conflicto armado de forma diferenciada, porque sufren modalidades de violencia dirigidas en su contra en razón a su gé-

36 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092 de 2008, Num. III 37 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit., Párr. 45 38 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ibíd..., Párr 44.

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nero, y porque, aun cuando las formas de violación no se asocian directamente a éste o cuando son víctimas indirectas (en condición de sobrevivientes), deben enfrentar efectos diferenciados que llegan a ser desproporcionados. Tanto las formas de la violencia, como los impactos diferenciados se explican por la existencia de patrones de discriminación y exclusión en la sociedad que mantienen a las mujeres en posiciones subordinadas y que les imponen roles determinados que permiten la reproducción de estereotipos y situación que a su vez reafirma la violencia.

2. la mujer y la garantía de los derechos de las víctimas con ocasión del proceso de sometimiento a la justicia de algunos grupos paramilitares, se creó un marco jurídico específico con la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) y sus decretos reglamentarios vigentes, así como por la Sentencia C- 370 del 2006, en virtud de la cual se analizó la constitucionalidad de la ley. Con el que se pretendía de manera simultánea alcanzar la paz y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Los mecanismos de la justicia de transición adoptados en virtud de dicho marco normativo son básicamente la justicia penal y las reparaciones. Estas últimas adquieren especial relevancia para las víctimas del conflicto, por cuanto tienen un impacto directo en sus vidas (De Greiff, 2006). En este apartado se intenta mostrar las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Se hará especial énfasis en dos escenarios: i) las barreras de acceso a la justicia en el caso de la Ley de Justicia y Paz, y los juicios penales que se desarrollan en virtud de la Ley 975 de 2005 y sus desarrollos normativos y jurisprudenciales posteriores; y ii) las barreras para alcanzar una reparación integral en los escenarios creados a partir de 2005 para garantizar este derecho a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

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El punto de partida para la reflexión sobre barreras de acceso a la satisfacción de derechos es el escaso reconocimiento de las formas específicas de violencia en contra de las mujeres y de los efectos diferenciados y desproporcionados que tienen las violaciones a los derechos humanos en sus vidas. En efecto, aunque las mujeres constituyen el porcentaje más alto de las víctimas sobrevivientes del conflicto y conforman un número significativo de las víctimas que han decidido acceder a los mecanismos creados para la satisfacción del derecho a la reparación, son pocas las demandas que se dirigen específicamente a poner en conocimiento la violencia en su contra. De acuerdo con el más reciente informe de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), el 70.6% de las víctimas denunciantes/sobrevivientes son mujeres y solo el 29.1% son hombres. En contraste, el porcentaje de víctimas directas mujeres es solo del 15.8%, mientras que el de hombres es del 83.5% (IMP, 2009). Estas cifras podrían ser mal interpretadas al asumir que las mujeres, representando la mayoría de víctimas sobrevivientes, han padecido en menor porcentaje que los hombres de formas de violencia directa. Sin embargo, una interpretación más adecuada permitiría reconocer que el conflicto ha afectado a las mujeres y en particular a su cuerpo, en una magnitud que las cifras no resaltan, pero que el trabajo de las organizaciones de mujeres ha permitido ilustrar. Si se analizan las cifras a la luz de la experiencia comparada y de lo que se conoce sobre las características específicas de la violencia de género en la literatura nacional e internacional, se podrá afirmar que el fenómeno no es la baja victimización directa de las mujeres, sino la alta invisibilidad de su ocurrencia. En efecto, como se ha reconocido a partir de dicha experiencia, las mujeres tienden a hablar más por los otros que a reconocer las formas de violencia de las cuales han sido víctimas (Rubio, 2006).

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La literatura disponible en la materia señala además, que esto resulta ser una consecuencia de las formas de discriminación que las afectan, de los roles que tradicionalmente desempeñan en la sociedad y de los esquemas patriarcales que están presentes en su entorno cultural, económico y social. Así, por ejemplo, una mujer víctima de alguna forma de violencia sexual generalmente no se reconoce a sí misma como víctima39, y aún cuando lo hace, prefiere no poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido, por temor a la reacción que esto generaría en su entorno. Las cifras pueden entonces contribuir a la invisibilidad de las formas de violencia de las cuales son víctimas las mujeres, e incluso, a los efectos diferenciados que éstas deben enfrentar en sus vidas. No obstante, esto no debe ser impedimento para reconocer el “impacto desproporcionado en términos cuantitativos y cualitativos del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas”40, y menos aún para mantener su invisibilidad ante las medidas creadas para la satisfacción de sus derechos.

I. Barreras de acceso a la justicia Como se dijo en líneas anteriores, este documento hará énfasis en las barreras que encuentran las mujeres para acceder a los procesos penales que se adelantan en virtud de la Ley de Justicia y Paz. El propósito no es desconocer que existen otras instancias a través de las cuales las mujeres pueden acceder a la justicia, como la justicia ordinaria. Sin embargo, explorar esta vía resulta importante por cuanto enfrenta retos similares a las otras vías judiciales y algunos particulares. En esa medida, sirve como un referente interesante para dar cuenta de las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a la justicia en general. 39 Comunicación Personal, equipo psicojurídico, IMP: 2009. 40 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092 de 2008, Num. 0

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En este apartado se presentará un panorama general sobre las barreras de acceso a la justicia, sin hacer mayor énfasis en cada una de ellas (Saffon y Guzmán, 2008) Para esto, se dividirán en tres grandes grupos. El primero corresponde a las limitaciones que se derivan del contexto general y que funcionan a su vez como barreras para el acceso a la satisfacción de todos los derechos de las víctimas. El segundo, agrupa las barreras formales de acceso a la justicia, que son aquellas que afectan la posibilidad de que las víctimas lleguen al sistema judicial. El tercer grupo incluye las principales barreras materiales, entendidas en este documento como aquellas que evitan la realización efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los factores del contexto que funcionan como limitaciones generales al acceso a la justicia son: la persistencia del conflicto armado y la existencia de patrones de discriminación y exclusión que afectan a las mujeres. En efecto, los riesgos de seguridad y las limitaciones a la movilidad que impone la persistencia del conflicto armado, hacen que las víctimas encuentren grandes dificultades para: concurrir ante las autoridades, poner en su conocimiento los hechos de los cuales han sido víctimas y participar en los procesos. Como se señaló anteriormente en este, los actores armados continúan ejerciendo una presión permanente que en algunos casos se materializa en nuevas violaciones a los derechos humanos. Esta situación desestimula y en algunos casos impide que las víctimas acudan ante las autoridades. La situación resulta aún más compleja por cuanto las garantías de seguridad que ofrece el Estado son insuficientes y en algunos casos no son adecuadas para enfrentar los riesgos existentes41. Los patrones de discriminación y exclusión que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de su vida también juegan como factores que limitan su acceso a la justicia. Estos tienden a mi41 Véase: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-496 de 2008.

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nimizar e invisibilizar la verdadera magnitud de la violencia sufrida por las mujeres. En muchas ocasiones las mujeres no se reconocen a sí mismas como víctimas de una violación a sus derechos, y en otras, aunque reconocen el daño sufrido, consideran más importantes las afectaciones sufridas por sus seres queridos. Esto las lleva a no denunciar. Así, el subregistro de las conductas que deberían ser investigadas se convierte en un aspecto asociado que dificulta o impide el acceso a la justicia. En cuanto a las barreras formales de acceso a la justicia, resulta importante señalar varios aspectos que dificultan que la víctima recurra al sistema judicial. En primer lugar, la falta de información clara y suficiente sobre los derechos que tienen las víctimas y los mecanismos que tienen a su disposición para hacerlos efectivos. En el caso de la Ley de Justicia y Paz, aunque se han llevado a cabo campañas masivas, las víctimas en las regiones siguen sin tener un conocimiento suficiente sobre los procedimientos que deberían seguirse frente a sus casos. En segundo lugar, en ocasiones la información suministrada por los funcionarios públicos a los que recurre la víctima es poco comprensible o fragmentaria. La falta de una orientación integral y adecuada se convierte así en una barrera para el acceso formal a la justicia. En tercer lugar, las condiciones económicas y geográficas de las víctimas, que les dificultan su acceso a los procesos penales de justicia y paz, son un factor de gran importancia. Las dificultades económicas y las barreras geográficas tienen además una afectación diferenciada para las mujeres, por los roles sociales que desempeñan. Como generalmente son las encargadas del cuidado de los niños, el asistir a las audiencias les representan dificultades adicionales. Finalmente, aún cuando las víctimas puedan acceder al sistema judicial, existen barreras que pueden afectar el acceso material a la

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justicia, porque impiden la satisfacción efectiva de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estas incluyen: la insuficiencia de recursos financieros y humanos para aplicar adecuadamente la Ley de Justicia y Paz. Aunque este proceso cuenta con un apoyo importante de la comunidad y en especial de la cooperación internacional, los recursos siguen siendo limitados para afrontar investigaciones de la envergadura requerida. Esto puede verse reflejado en procesos que no tienen la profundidad investigativa que requerirían, así como en la ausencia de investigaciones de oficio serias y exitosas. Un ejemplo puede resultar especialmente ilustrativo. De acuerdo con la Fundación Social (2009), “No existen condiciones materiales para una adecuada atención a víctimas de violencia sexual” (p. 123). Así, la falta de recursos puede también desalentar la participación de las víctimas en los procesos. Resulta importante resaltar la limitada capacitación de los funcionarios encargados de aplicar dicha ley. Aunque se han hecho esfuerzos importantes con el fin de asegurar el mejoramiento de la capacitación, las víctimas siguen denunciado tratos inadecuados y falta de investigaciones que den cuenta de manera adecuada de la existencia de violencia de género, y violencia sexual, en el contexto del conflicto armado colombiano. También persisten las dudas sobre los estándares probatorios y procedimientos que deberían emplearse en las investigaciones, a fin de salvaguardar adecuadamente los derechos de las víctimas.

II. Barreras de acceso a la reparación Colombia cuenta con un marco normativo relativamente amplio en materia de reparaciones, que incluye vías judiciales y administrativas a las que pueden recurrir las víctimas del conflicto armado que aspiran a ser reparadas42. A pesar de que desde el

42 Existen dos vías principales para acceder a la reparación en Colombia: i) judicial y ii) administrativa -la cual ha sido desarrollada específicamente para víctimas de violaciones

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2005 se han venido creando mecanismos por medio de los cuales las víctimas podrían acceder de forma más adecuada y expedita a la reparación, son aún muchas las limitaciones que tiene el marco jurídico, en particular frente a las víctimas de violencia de género y violencia sexual Del análisis de los distintos mecanismos existentes para acceder a la reparación, un primer elemento que resulta claro es que existen víctimas excluidas de los mecanismos diseñados para hacer efectivo el derecho a la reparación (como las víctimas de agentes del Estado). Aunque ellas pueden recurrir a otras instancias o procedimientos (como la jurisdicción contencioso administrativa) éstos en general constituyen procedimientos más complicados y largos, por lo cual no necesariamente son recursos judiciales efectivos. Un segundo elemento es que las vías no siempre van acompañadas de mecanismos que permitan superar las barreras de acceso a

a los derechos humanos, mediante el decreto 1290 de 2008-. Estas vías difieren entre sí en cuanto a las instancias encargadas de procesar y decidir sobre el otorgamiento de la reparación, así como por los procedimientos empleados y las lógicas particulares que las orientan. La primera vía cuenta con cuatro escenarios principales frente a los cuales las personas que han sufrido un daño antijurídico pueden reclamar una reparación: la justicia civil, la penal, la administrativa, y el procedimiento especial creado mediante la Ley de Justicia y Paz. Ante la jurisdicción civil pueden recurrir todas aquellas personas que hayan sufrido un daño antijurídico por la acción u omisión de un particular. Frente a la justicia penal, las víctimas de delitos –incluidas las violaciones a los derechos humanos tipificadas en la legislación penal colombiana- pueden obtener una orden judicial para que la persona que sea encontrada responsable otorgue una reparación. La jurisdicción contencioso administrativa, por su parte, puede ordenar la reparación de aquellas personas que hayan sufrido un daño por la acción u omisión de agentes del Estado. Finalmente, las víctimas de las personas procesadas en virtud de la Ley 975 de 2005, pueden participar en los procesos con el fin de activar el incidente de reparación integral, después de aceptada por el Tribunal la declaración de responsabilidad realizada por parte del desmovilizado. Adicionalmente, las víctimas pueden recurrir ante instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos. La segunda vía, como se mencionó, ha sido desarrollada específicamente para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En efecto, la vía administrativa, y en particular el programa de reparación individual creado mediante el decreto 1290 de 2008, tiene como finalidad principal reparar a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Para esto, el decreto crea un mecanismo administrativo por medio del cual se pretende otorgar reparación a un número elevado de personas, con relativa prontitud. (Cfr., Guzmán, 2009).

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las reparaciones. Dichos mecanismos son especialmente complejos en el caso de las vías judiciales, pues en éstas las víctimas deben enfrentar múltiples barreras de acceso a la justicia que hacen más complejo y lento el acceso a la reparación. Sin embargo, aún los mecanismos administrativos y en particular el programa de reparaciones individuales administrativas, no permiten enfrentar algunos de los problemas específicos que pueden afrontar las víctimas de violencia de género para decidirse a solicitar la reparación. En efecto, aunque este programa en general facilita el acceso desde el punto de vista geográfico espacial, pues la víctima puede entregar el formulario diligenciado en las personerías y alcaldías, no promueve ninguna estrategia diferenciada para la visibilización de la violencia de género y en particular de la violencia sexual, que permita a las víctimas sentirse cómodas y seguras para recurrir a esta vía. Tampoco prevé mecanismos que garanticen la seguridad personal de las víctimas, ni que les permitan enfrentar los riesgos ante los cuales se pueden ver expuestas por contar lo ocurrido. Un tercer elemento que caracteriza las vías de reparación es que ninguna ha adoptado con claridad mecanismos, herramientas y enfoques que les permitan ser sensibles a las diferencias de género y en particular a las condiciones y necesidades específicas de las víctimas de violencia de género. En este sentido, por ejemplo, no prevén el acompañamiento psicosocial, que resulta especialmente importante para las víctimas de violencia de género y violencia sexual, por cuanto les permitiría enfrentar mejor las consecuencias de las atrocidades sufridas a lo largo del proceso, generando mejores condiciones para el acceso a la reparación.

3. balance general y conclusiones Las mujeres han desempeñado diversos roles en el contexto del conflicto armado colombiano. Todos ellos dinámicos y cam-

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biantes. Sin embargo, a pesar de las diferencias, un común denominador es la victimización. En efecto, las mujeres han sido víctimas de múltiples formas de violencia y específicamente de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto. Algunas de estas formas de violencia se dirigen en contra de las mujeres por el hecho de serlo. Otras, aunque no se deban a su género, les producen efectos diferenciados y algunas veces desproporcionados. Es decir, en el conflicto armado se han producido múltiples formas de violencia de género que tienen una estrecha relación con la existencia de patrones de discriminación y exclusión que afectan a las mujeres. Aunque se ha avanzado en el conocimiento de la magnitud de la violencia y de sus efectos, es mucho lo que queda por saber. Las diferentes formas de violencia de género, y en particular la violencia sexual, se caracterizan por no ser ampliamente reconocidas, ni por sus propias víctimas, ni por su entorno. El subregistro, la invisibilidad y las violaciones a los derechos humanos siguen siendo entonces una constante en la caracterización del conflicto armado en Colombia La exclusión e invisibilidad que caracteriza la situación de las mujeres en el conflicto, se hacen también presentes en los mecanismos creados para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Son múltiples las barreras de acceso que enfrentan las mujeres para asegurar la realización efectiva de sus derechos. La persistencia de estas barreras se debe en buena medida a que Colombia carece de una política pública de carácter estatal que les brinde atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas del conflicto para garantizar la realización plena de sus derechos. La ausencia de una política clara en este sentido, ha hecho que, por ejemplo, el Estado no haya avanzado consisten-

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temente en la investigación de los casos registrados sobre violencias de género en el marco del conflicto. Por lo tanto, el Estado no ha determinado las circunstancias alrededor del incidente, los perpetradores, los métodos usados, y las conexiones entre los incidentes y las víctimas, ni ha investigado los patrones de violencia que permitan avanzar en la documentación de casos en virtud de los cuales se podría verificar si la violencia de género en Colombia ha sido sistemática o generalizada (Barraza y Caicedo, 2007) En efecto, el sistema legal y judicial carece de derroteros suficientes que ayuden a la efectiva investigación de los hechos constitutivos de violencia contra las mujeres y de estrategias al momento de recoger información para comprobar que dicha violencia, en el marco del conflicto, no obedece a un hecho aislado sino a una arma de guerra que puede responder a patrones de sistematicidad o generalidad. Esto constituye una barrera importante para que las mujeres puedan: acceder a la justicia, conocer la verdad sobre los hechos de los cuales fueron víctimas y obtener una reparación integral por los daños sufridos. Investigar y documentar los casos de violencias de género en el marco del conflicto, se constituye en un principio básico hacia la verdad, la justicia y la reparación sin lo cual no es posible que los derechos de las mujeres víctimas se realicen efectivamente. La ausencia de una política estatal de este tipo se ve reflejada también en el tema de las reparaciones. Éstas no han tomado en consideración ni las afectaciones específicas de las mujeres, ni los efectos diferenciados de la violencia en sus vidas, menos aún las relaciones de desigualdad y exclusión presentes en la sociedad que afectan a las mujeres. De nuevo, aunque hay avances interesantes en la materia, son aún múltiples los factores que impiden que en Colombia se pueda asegurar una reparación integral y adecuada para las mujeres víctimas.

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LA SUBALTERNIDAD DE LA INFANCIA EN LOS LABERINTOS DE LAS VÍCTIMAS Y LOS VICTIMARIOS: EL CASO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESVINCULADOS DE GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA* Juan Carlos Amador

Docente e investigador de la Facultad de Ciencias y Educación Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y de la Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo. * Este texto es resultado de la investigación titulada: Memoria y conflicto en Colombia: una aproximación desde sus actores infantiles y juveniles, financiada por el IPAZUD; Universidad Distrital, y dirigida por el profesor Carlos Jilmar Díaz.

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Presentación Existe un consenso académico desde hace unas tres décadas, especialmente motivado por el trabajo de Ariés (1987), en el que se ha admitido que la noción de infancia es una construcción social que partió del siglo XVI en Europa occidental, cuya base fue la introducción de un conjunto de enunciados referidos al carácter inocente y frágil de estos sujetos pequeños, así como el diseño de una serie de intervenciones como su cuidado y escolarización43, con el propósito de garantizar su preparación para el futuro, acorde con el proyecto civilizatorio del humanismo, punto de arranque de la modernidad44. Sin embargo, mientras que la experiencia infantil en Europa estuvo ligada a su incorporación en la escolarización, el juego, el cuidado de las nodrizas, e incluso, su institucionalización en los hospicios, los niños de las colonias de América Latina fueron piezas fundamentales en los circuitos productivos de las plantaciones, las actividades de servidumbre y su vinculación a los grupos armados en disputa por la cristalización de proyectos nacionales hegemónicos.

43 El estudio de Ariés conocido como El niño y la vida familiar en el antiguo régimen (1987), responde a un análisis de la sociedad que disloca las concepciones de la historia política y económica predominantes en su tiempo, promoviendo así un diálogo entre las oscilaciones psíquicas de la individualidad con las prácticas sociales que se fijan, tanto institucionalmente como a través de los imaginarios. En este caso, pese a las críticas suscitadas por este desplazamiento en los objetos de estudio de la disciplina y las dificultades originas por la apuesta de las mentalidades, este historiador inicia una línea de trabajo de gran valor que abrirá un entramado de amplios debates, tales como los problemas metodológicos que implica analizar las dimensiones sociales y psíquicas dentro de los estudios histórico- sociales, y los desafíos que contiene investigar las particularidades de los sujetos, por ejemplo a través de la historia de la vida privada, para comprender también, otras esferas de los procesos societales más amplios. 44 El trabajo del sociólogo alemán Norbert Elías titulado El Proceso de la civilización (1997), puede ser analizado como otra perspectiva que también se ocupa de comprender el surgimiento de la infancia en el marco del proyecto moderno. En este caso, lo que le interesa a Elías es identificar el conjunto de mecanismos que fueron depositados en los niños en el tránsito de la sociedad cortesana a la sociedad burguesa. Al respecto, no habría un despliegue tan fecundo a la relación infancia- Escuela como el que le concede Ariés u otros, como Cunningham o De Mause, al advenimiento de esta noción y sus procesos asociados. Sin embargo, es importante reconocer en el trabajo de Elías un

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Aunque el siglo XX fue declarado el siglo del niño por la presencia de un conjunto de disposiciones jurídicas, que pretendieron responder a los abusos y la negación de su desventaja e inferioridad etárea ante los adultos, la subordinación de la infancia, sosteniéndose como un fenómeno generalizado en el mundo debido a los diversos procesos de constitución adscritos a las estructuras discursivas de los expertos- psiquiatría, medicina, educación-, y a sus respectivas intervenciones, los niños de América Latina y, en particular los de Colombia, progresivamente fueron introducidos en una matriz de poder que se caracterizó por su ambigüedad. Esta circunstancia ambivalente se expresó, de una parte, al presentar a estos sujetos como el referente y la esperanza de la civilización, el progreso y el desarrollo del pueblo colombiano, asunto que se fue consolidando en el marco de los enunciados y prácticas emanados de los proyectos modernizadores implementados entre las décadas del treinta y sesenta, cuya base fue la figura del niño como parámetro biopolítico. Y de otra, naturalizando su carácter anormal, salvaje y carente, triada sobre la cual, se desplegó un conjunto de experimentaciones conducentes a su corrección (implementar la ortopedia social, atenuar sus impulsos e instintos, intervenir su cataclismo psíquico y biológico)45. Aunque la vida de estos sujetos fue declarada prioridad nacional, atendiendo a los preceptos de la Sociedad de Naciones

esfuerzo por imbricar, junto a la construcción del Estado moderno y la emergencia de las formas sociales, una construcción que aunque sea colectiva – la adopción de las costumbres cortesanas explicitadas en la figura del niño- redunda en la mutación de las normas que alteran las conductas individuales. 45 Esta hipótesis la he desarrollado en el trabajo titulado: La subordinación de la infancia como parámetro biopolítico y diferencia colonial en Colombia,1920-1968, en el cual se explicita el funcionamiento de un conjunto de discursos e intervenciones en torno a la anormalidad fisiológica y sociocultural del pueblo colombiano que, especialmente, se depositaba en la figura del niño. A lo largo del siglo XX se observa que éste adquirió indistintamente una doble condición: como el representante naturalizado de la civilización y el progreso, y a la vez, como inferior y salvaje. (Amador, 2009).

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(1913) y el Congreso Panamericano del Niño en sus diferentes versiones, así como a las manifestaciones planteadas en la Declaración de Ginebra -ONU- (1948), la Convención de Ginebra – ONU- (1949), el Protocolo II Adicional a las Convenciones –DIH(1959), la Convención de los Derechos del Niño –CDN- (1989), y el Estatuto de Roma (1998), es evidente que hasta el presente, los niños y niñas combatientes y excombatientes de los grupos armados particularmente, comprendidos como parte de lo que en este trabajo se denominará las infancias46, han sido asumidos como cuerpos vivientes diferenciados, anormales, confinados a la inferiorización en sí mismos. Al estar fuera del orden instituido que representa la familia y el Estado, su proceso de subjetivación ya no está dado por las instituciones de encierro y sus operaciones correspondientes, normalización, clasificación, individuación, según Foucault, (2005), sino por una diferencia ontológica en la que su propensión al maltrato y/o la muerte, impone una estigma que los ubica en la abyección que circula en el imaginario social y que se interioriza en lo real (Lacan, 2009), aspecto éste que será profundizado más adelante. En particular, esta diferencia ontológica que se objetiva en la combinación de la minoridad y la estigmatización con la que se ha observado a los niños y niñas colombianos vinculados a los grupos armados desde el siglo XIX, a la vez que ha cuestionado la incapacidad del Estado, la sociedad y la familia para evitar este flagelo, ha naturalizado

46 La condición de niños en condición de calle, vinculados a grupos armados, introducidos en los circuitos productivos asociados al modelo económico predominante, pero también, niños que construyen sus formas de ser y estar en el mundo bajo los referentes de las cosmogonías indígenas o, a través de las prácticas y representaciones del mundo rural, así como, aquellos que producen creaciones mediante experiencias estéticas, o que tramitan sus mundos de vida, mediante la comunicación y/o los dispositivos infocomunicacionales, sugieren que es necesario proponer un campo emergente denominado Infancias, que permita avanzar en la comprensión de los fenómenos sociales adscritos a las experiencias, formas de socialización, de sensibilización, de creación y de producción de saberes, propias de estos sujetos. De manera preliminar, el campo es propuesto en tres vías: a) como forma y experiencia subjetiva; b) como categoría de estudio; c) como fenómeno histórico-cultural analizador de la sociedad. (Díaz y Amador, 2009).

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su presencia en el conflicto y su propensión inevitable a ser utilizados como recurso eficaz en el desenfreno de las tecnologías de la guerra. Naturalización que para el presente trabajo se explica en dos direcciones: debido a un proceso de subalternidad inscrito en el carácter moderno-colonial del pueblo colombiano, aspecto que implica comprender las formas de constitución sociocultural y psíquica de estos sujetos en el contexto del orden difuso expresado en las complejas cartografías histórico-culturales en las que se instalan desde el nacimiento. Y en segundo lugar, en virtud de su incorporación en una zona de vacío que los atrapa en el laberinto de su condición de víctimas y victimarios, de modo que su existencia, al circular por las fronteras de la vida y la muerte, los introduce en la nuda vida, una vida aparentemente sagrada, pero susceptible de ser interrumpida apelando a la violencia (Agamben, 2003). Con el propósito de continuar el desglose de estas dos plataformas de discusión, las cuales discurren alrededor de la investigación social y de la interdisciplinariedad, es importante identificar al menos cuatro características sustanciales de este fenómeno en las actuales circunstancias47. En primer lugar, atendiendo a informes de los organismos internacionales, organismos de control nacionales y organizaciones no gubernamentales, se calcula que actualmente están vinculados cerca de 14.000 niños y niñas a grupos armados ilegales48. En segundo lugar, el uso de niños en el conflicto colombiano se centra pre-

47 Varias de estas revelaciones fueron obtenidas del Primer informe exploratorio sobre el uso de niños, niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado en Colombia (Springer, 2008). [Versión electrónica]. Consultado el 18 de octubre de 2008. Disponible en http://www.colombiasoyyo.org/noticias-de-colombia-soy-yo/ También del documento denominado: Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos. (Defensoría del Pueblo Bogotá, 2006). [Versión electrónica]. Consultado el 18 de octubre de 2008. Disponible en: http://www.defensoria.org.co/pdf/informe_enero16/capt_tres.pdf 48 Países como Liberia con cerca de 21.000 niños soldados o República Democrática del Congo con 30.000, son tan sólo una muestra de este dramático fenómeno, que en el mundo

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feriblemente en funciones como ser informantes, ser auxiliares en las logísticas del combate, manejar transporte de minas y explosivos y transportar alimentos y combatientes. Como tercera característica, varios trabajos coinciden en admitir que la mayoría de los que componen estos grupos armados son niños y niñas rurales, quienes desde temprana edad se familiarizan con la acción de éstos. Para muchos, su proyecto de vida está en su vinculación a alguno de los frentes o cuadrillas que opera en la región y que ofrece, no sólo posibilidades para obtener ingresos económicos, sino que es depositario de un conjunto de aspiraciones sociales ligadas a la dominación a través de las armas, el control de la voluntad de los otros mediante el uso de la fuerza y la intimidación, el acceso a bienes materiales como manifestación de poder adquisitivo, y en general, vivir una vida extrema. Las matrices culturales en las que se instalan desde el nacimiento promueven este estilo de vida, asunto que una vez llegado el momento, los atrapará. Finalmente, las causas de su vinculación, generalmente interpretadas por la opinión pública, como un proceso que ocurre a la fuerza y que representa el carácter salvaje y terrorista de los reclutadores, son rebatidas por los propios protagonistas en algunos informes e investigaciones. La mayoría ha afirmado que se vincularon voluntariamente y que aunque se encontraban con su familia, estudiaban en la Escuela del municipio o la vereda y no tenían carencias profundas, se sintieron persuadidos por lo que allí les ofrecían. Incluso, en varias ocasiones, compañeros de la Escuela o vecinos de la localidad que se incorporaron previamente, les convencieron para que se enrolaran. Sin embargo, también es importante precisar que se presentan prácticas de reclullega a 300.000. Sin embargo, aunque en Colombia se habla de un rango de 6.000 a 14.000 niños reclutados, siendo menor a los dos casos anteriores, se estima que mientras en estos dos países la proporción de niños en relación al número total de combatientes está entre un 20% y 40%, en Colombia esta proporción se encuentra entre 16% y 34%, con tendencia a su incremento. (Amnistía Internacional, 2008). [Versión electrónica]. Consultado el 18 de octubre de 2008. Disponible en http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/

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tamiento a la fuerza, especialmente de niñas, quienes además de ser combatientes, son utilizadas como esclavas sexuales. Estas manifestaciones, las cuales pueden resultar precariamente tratadas ante la avalancha de trabajos al respecto, corroboran que el análisis de este fenómeno debe encuadrarse más allá de la descripción detallada del conjunto de situaciones que rodean esta devastadora realidad, pues se avizora la presencia de lugares comunes que no permiten comprender otras dimensiones del problema, generalmente difundidas alrededor de las lamentables condiciones de vida de estos sujetos. Los niños de la guerra, combatientes y excombatientes, son parte constitutiva en la configuración de un orden moderno-colonial en el que machismo, sexismo, racismo y clasismo han operado como insumos en la construcción de subjetividades que al ser tramitadas alrededor de la diferencia colonial y el control biopolítico, han anclado una brecha ontológica que los subsume y los condena a su propio infierno (Fanon, 2003). De otra parte, es evidente que en la esfera del imaginario social, circula un conjunto de discursos e intervenciones en los que su ubicación como víctimas y victimarios de la guerra, va más allá de la voluntad social y política para atenuar el fenómeno o buscar su reincorporación a la vida social y productiva49. Se trata más bien, de instituir dos particulares maneras de asumir a estos sujetos: como estrategia de deslegitimación de los actores legales del conflicto hacia los otros que son ilegales, y como una realidad en la cual, la subalternidad de la infancia es naturaliza49 El Estado colombiano ha dispuesto dos iniciativas para atender a esta población. Para los menores de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha implementado un programa de protección a través de operadores, quienes realizan un trabajo de reincorporación mediante intervención psicosocial y el desarrollo de programas educativos formales y no formales. En el caso de los mayores de edad, quienes se han acogido a las condiciones de la ley 975 de 2005, también conocida como ley de Justicia y Paz, la Alta Consejería para la Reintegración Social, ofrece programas de reinserción social y productiva y, en algunos casos, programas educativos formales y no formales. Como se observa el propósito es, además de superar las experiencias traumáticas, introducir a estos sujetos en proyectos productivos.

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da como parte de una historia irremediable. Sin desconocer las singularidades que rodean la experiencia de los niños en la guerra en condición de combatientes y desvinculados, es importante comprender cómo se ha producido este modo de subalternidad en América Latina, cuya experiencia colonial, ha de situarse en los planos ontológico, epistemológico y sociocultural de la modernidad, los cuales están ampliamente atravesados por la racialización y la violencia, engendradas en el escepticismo misantrópico y la no ética de la guerra (Maldonado-Torres, 2007), condición constitutiva de las sociedades occidentalizadas50.

1. la subalternidad de la infancia en américa latina: apuntes de un balance se puede señalar de manera breve que, a pesar de una escasa investigación en el campo de la infancia en América Latina, existen al menos tres tipologías de indagación académica que han explorado posibilidades teóricas y metodológicas para comprender la constitución de estos sujetos, las cuales bordean disciplinas y campos como la Historia, la Sociología, la Antropología y, recientemente, los Estudios Culturales. En primer lugar, hay un conjunto de trabajos que han analizado las representaciones de la infancia y su relación con la familia, la sociedad y el Estado (Alcubierre y Carreño, 1996; Cosse, 2008; Del Castillo 2006; Jiménez e Infante 2009; Muñoz y Pachón 1996), atendiendo al interés de situar los discursos e intervenciones procedentes de éste, vía políticas macrosociales. La identificación de

50 Según Maldonado-Torres el escepticismo misantrópico alude a un modo de escepticismo distinto al del cogito promovido por Descartes, el cual se basaba en la duda sobre los sentidos, el sueño y un genio maligno que le engañaba. En la perspectiva modernocolonial, el escepticismo se desplaza hacia la duda por la humanidad del otro y por su carácter trascendente, en este caso de los colonizados, razón por la cual, era justificable emplear la violencia. De otra parte, la no ética de la guerra, al ser una tradición profunda en el proyecto euromoderno, en la que se admite esclavizar al caído en combate, fue un modelo implementado con los colonizados de América, a quienes se les naturalizó como objeto de violencia y desaparición.

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marcas, signos y representaciones, especialmente depositadas en los niños desprotegidos y en riesgo, corroboran la existencia de un flujo de prescripciones en las que el Estado ha actuado como el “padre ausente”, mediante disposiciones orientadas a atenuar la pobreza de estos sujetos, circunstancia que demostraría el éxito de los procesos de modernización. En segundo lugar y, tal vez, con mayor difusión, aparece un grupo de investigaciones sobre la constitución de la infancia a través de su incorporación en la Escuela (Carli, 2005; Echeverry, 1997; Narodowski, 1998; Quiceno, 1989; Saldarriaga, Sáenz y Ospina, 1997; Zuluaga, 1997), las cuales utilizan la arqueología posestructuralista, las herramientas metodológicas de la historia social, y/o las formulaciones neomarxistas de Althusser, Gramsci y Laclau, entre otros, para indagar los procesos de objetivación y subjetivación de la infancia a partir de la escolarización. Estos trabajos han contribuido a la identificación de enunciados, prácticas, intervenciones que corroboran el lugar estratégico ocupado por los discursos expertos para delimitar un campo de presencia en el cual es posible identificar permanencias, rupturas, mutaciones en los procesos de configuración de la infancia y su relación con la sociedad. Conceptos centrales de la discusión posestructuralista como disciplinamiento, operaciones sobre el cuerpo individual y social, modelación, biopolítica, serán centrales en la construcción de los objetos de estudio sobre la infancia en regímenes de saber/verdad. Sin embargo, hallazgos que vislumbran la incorporación de estos sujetos en los propósitos de la división internacional del trabajo y su vinculación a las lógicas de las teorías del desarrollo capitalista, así como su ubicación estratégica en los proyectos higienistas, cívicos y progresistas del Estado, en relación con la vida privada y con la familia, también serán parte de las inquietudes de estos investigadores.

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Finalmente, se encuentran los estudios referidos a la anormalidad de la infancia, las intervenciones del Estado y al niño ideal (Amador, 2009; Golte, 2007; Lorenzo, 2007; Maffla, 2007; Mannarelli, 2007; Ríos y Marcilio, 1994; Pedraza, 2007; Rodríguez, 2007; Speckman, 2005; Stern, 2005; Talak, 1999; Zapiola, 2008). Estos trabajos se han dedicado a identificar cómo se ha configurado la infancia a partir de dos dimensiones fundamentales. La primera ha sido adelantada a través del mapeo de las imágenes de niños y niñas en condición de abandono y vulneración, especialmente rastreado entre los siglos XVIII y XX, lo cual ha sido indagado mediante análisis rigurosos de fuentes, dentro de las cuales sobresalen los registros notariales, las partidas de bautizo, las bitácoras de las comunidades religiosas y conventos, y algunos estudios estadísticos institucionales referidos a la población. En la segunda dimensión de estos trabajos se encuentra un grupo de estudios en los que, además de inferir las imágenes, concepciones y representaciones de esta infancia desarraigada, esclava, ilegítima, abandonada, trabajadora, guerrera, en un periodo específico se ahonda en los efectos de las intervenciones adelantadas por el Estado, la Iglesia, los saberes expertos y los modelos económicos. Además de utilizar la tipología de fuentes del primer grupo, este segundo grupo de trabajos acude a los documentos de los expertos de la época, médicos, psiquiatras, sociólogos y psicólogos, a los documentos orientadores de la macropolítica social y a manuales dirigidos a niños y adultos, católicos, higiénicos y cívicos. En Colombia no se evidencia una trayectoria concreta de trabajos que aborden la ambigüedad entre la anormalidad naturalizada de la infancia y los intentos estatales y científicos por alcanzar un niño ideal, salvo los aportes del grupo de la práctica pedagógica, el cual, como se señaló anteriorment, a través de las inquietudes por la escolarización se ha aproximado a la historia de la infancia, sin que ésta haya sido su objeto de estudio

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específico. Sin embargo, en una exploración reciente, planteada en el trabajo: La subordinación de la infancia como parámetro biopolítico y diferencia colonial en Colombia, 1920-1968 (Amador, 2009), se ha considerado que la subordinación de la infancia fue utilizada como mecanismo biopolítico, no sólo para la gestión del cuerpo social, sino para ejercer la gubernamentalidad en Colombia a través de la diferencia colonial. Basado en referentes epistemológicos y metodológicos que articulan la arqueología posestructuralista y algunas posturas del Giro Decolonial, se proponen dos momentos en los que se producen particulares formas de subjetivación del niño. El primer momento (1920-1936), se caracteriza por los discursos y dispositivos asociados a la degeneración orgánica del niño. El segundo momento (1936-1968), introduce la degeneración sociocultural, el progreso y los derechos como sustrato discursivo y estratégico sobre el que se tramita la gestión del cuerpo social a través del niño. Al final, se sugieren criterios de análisis para continuar indagando estas formas de gubernamentalidad a través de la infancia. Finalmente es importante destacar dos trabajos con grandes aportes al respecto: la reflexión sobre los niños trabajadores en una mirada histórico-antropológica (Pedraza, 2007) y la compilación de varias investigaciones sobre la historia de la infancia en América Latina a partir de diversas perspectivas y enfoques, tanto de historiadores propiamente dichos, como de antropólogos, sociólogos, abogados y psicólogos, (Rodríguez, 2007). Acudiendo a la Antropología y los Estudios Culturales, Pedraza (2007) coloca en el centro del debate la reflexión sobre la configuración del sujeto niño en América Latina y, especialmente, en Colombia, en el contexto de lo que algunos denominan sociedades modernocoloniales. En particular, el estudio hace una interpelación de la política referida a los niños trabajadores, a propósito de un análisis en el que evidencia que desde el siglo XIX, estos sujetos fueron introducidos en los circuitos productivos del sistema capitalista,

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haciendo que sus modos de constitución hayan estado ligados a la sobrevivencia, el desarraigo y la exclusión. Por su parte, Rodríguez (2007) compila tanto las concepciones, imágenes y representaciones de la infancia en los países de la región, como las experiencias de estos sujetos en el marco del mundo indígena, la conquista, la colonia, bajo una variedad de escenarios y condiciones que muestran la complejidad del campo. Con el riesgo de caer en una simplificación extrema, se puede señalar que el trabajo en mención recoge tres grandes perspectivas sobre la infancia en América Latina: una, la que vive la experiencia colonial en condición de esclavitud; dos, aquella que es introducida en las instituciones originadas especialmente por la ilegitimidad racial y el abandono bajo el presupuesto de la normalización, asunto que será adelantado con notables demarcaciones de género; y tres, la profusión de prolijas tipologías de infancias en función de actividades como el trabajo doméstico, la participación en los grupos armados y su incorporación laboral en los circuitos de la producción capitalista. Uno de los grandes bloques reflexivos de esta obra se ubica en el fenómeno de la anormalidad y su correspondiente corrección. Asuntos como la infancia esclava en Brasil, documentada por Florentino y Pinto (2007), el pasaje del abandono a la adopción, planteado por Fonseca (2007) desde Brasil y, bajo otras consideraciones contextuales, por Salinas (2007) desde Chile, los procesos instalados por la asistencia pública en México, planteada por Lorenzo (2007), coinciden en el ejercicio de una violencia ejercida permanentemente contra estos sujetos, la cual ha sido introducida por la experiencia colonial, bajo sus tipologías y singularidades. Además de ser considerados anormales y estar en desventaja desde el nacimiento, al ser contrastados con un modelo ideal eurocéntrico, los niños que han sido constituidos como parte

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de la herencia colonial, han tenido que enfrentar las más recias formas de desarraigo. Aparte de las casas de expósitos, los conventos y los hospicios, será la Escuela51 el lugar mejor diseñado para el logro de estos procesos de normalización, corrección y buen encausamiento al desviado. Sin que así lo declare el compilador de esta obra, los anteriores presupuestos explican en parte, la manera como niños y niñas han sido incorporados en experiencias como el trabajo asalariado, a destajo y esclavo, en sus diversas manifestaciones (Manarelli, 2007; Rosas, 2007) y en las guerras (Ancha, 2007; Jaramillo, 2007; Maffla, 2007). En suma, la experiencia colonial marca de manera contundente los modos de constitución de la infancia en las Américas. Por eso resulta difícil seguir transfiriendo la noción de la infancia moderna a un contexto atravesado por diversas formas de violencia que se concentran en lo que Dussel (2006) llama la heterarquía, entendida como un conjunto de formas de poder que va más allá de las clases sociales y el dominio de unos sectores hegemónicos. La heterarquía formada en América Latina ha depositado de manera violenta en los niños y niñas el racismo, el sexismo y el patriarcalismo. Por eso, el análisis de la historia reciente de la infancia no puede permanecer ajeno a estos acontecimientos y procesos de subalternidad. La tarea que continúa es identificar qué está pasando con la infancia en el tiempo presente, tratando de comprender marcas, signos y registros que posiblemente sostienen parte de esta diferencia colonial, que pueden haberse reconfigurado bajo las complejidades del cambio de época, o 51 En esta misma compilación, Sáenz y Saldarriaga (En Lorenzo, 2007) incorporan la expresión: construcción escolar de la infancia, lo cual recoge en buena medida, los planteamientos realizados anteriormente en Mirar la infancia (Sáenz y Saldarriaga, 1997). Sin embargo, bajo el recorrido que proponen, es mucho más explícito el conjunto de continuidades y discontinuidades en la construcción de la subjetividad de la infancia en Colombia, en el pasaje de la escolarización de la colonia a la escolarización republicana, instalada en los proyectos modernizadores del siglo XX.

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que quizás, estén orientando nuevas maneras de constitución del sujeto-niño, de modo que pueda estar ejerciendo prácticas que se insubordinen o se desvíen de la corrección y la normalización, y que puedan estar encarnando transformaciones ontológicas profundas, configurando así nuevos procesos de subjetivación. Basados en las investigaciones realizadas en la región y vislumbrando cómo se produjo la construcción de la noción de infancia en Colombia, se puede constatar que, en medio de estas tecnologías tendientes a la subordinación de los niños (subalternización, inferiorización y abyección), es imposible seguir manteniendo la concepción de infancia en singular, en tanto predominio de la imagen prototípica de la geopolítica del sistema mundo, sino que es necesario reconocer la existencia de infancias otras, que no necesariamente coinciden con la noción hegemónica de la que se han valido los sistemas escolares, y en general los dispositivos para su gobierno tanto en las sociedades occidentales como en las occidentalizadas. Como se observa en los diferentes trabajos de la región, pese a los enormes esfuerzos por introducir mediante diversos mecanismos las nociones de lo moderno, las experiencias de niños trabajadores en condición de calle, pero especialmente, aquellos que han estado vinculados al conflicto armado, son la expresión de la existencia de un orden moderno-colonial en el que la condena demarca una brecha ontológica que los dispone como inferiores dominados en sí mismos, aspecto que se comprende en el marco de su participación sistemática en la guerra a lo largo de los últimos doscientos años.

2. la subalternidad en el espectro de la colonialidad el estudio de la subalternidad como referente para estudiar los procesos de subjetivación de la infancia incorporada y/o desvinculada de los grupos armados en Colombia, plantea en primer

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lugar, la necesidad de identificar perspectivas teórico–metodológicas que hayan abordado esta categoría en diversas experiencias histórico-culturales o fenómenos sociales particulares. En tal sentido, teorías tan prolíficas como las derivadas del neomarxismo de Althusser y Gramsci, los estudios poscoloniales de Said y Bhaba, los Estudios Culturales de Hall y Thompson, o las cartografías arqueológicas introducidas por las apuestas posestructuralistas de Foucault, ofrecen múltiples posibilidades interpretativas para avanzar en esta lectura. Experiencias recientes de investigaciones colombianas, ligadas a corpus en clave histórico-cultural, antropológico y arqueológico, indican que ha sido esta última línea la que en las últimas dos décadas ha evidenciado la necesidad de reconstruir campos de acción en los que discursos y prácticas, en este caso los asociados a la subalternidad, se han sedimentado a lo largo de la vida republicana del país, mediante diversas estrategias. Sin embargo, debido a la condición situada y contingente de estos sujetos de la guerra, no es suficiente el uso de las categorías del posestructuralismo francés52 para identificar cómo se ha producido estos modos de subjetivación a partir de la subalternidad en el país. Al parecer, en Colombia los procesos que han confluido alrededor de la subalternidad están inextricablemente vinculados a las estrategias modernizadoras del siglo XX, tramitadas mediante discursos y dispositivos biopolíticos y corpopolíticos, asociados a la subordinación y la naturalización del atraso genético y cultural de los colombianos (Castro- Gómez, 2007; Díaz, 2008). 52 La línea de pensamiento registrada por Foucault, Deleuze y Guattari, inicia con un claro distanciamiento de los planteamientos del estructuralismo de la lingüística de Saussure, el psicoanálisis de Lacan y el marxismo de Althusser y Gramsci, reconfigurando nociones centrales como sujeto, historia, saber y poder, además de interpelar las definiciones de método y epistemología, al rechazar los principios de la hermenéutica. Como se ha difundido ampliamente, la primera etapa de la obra de Foucault esgrime una nueva manera de asumir al sujeto en la que no es dado definitivamente, pues su historia emerge de la historia de los dominios de saber y su relación con las prácticas. Luego, estas definiciones se complejizan al colocar en el centro de sus estudios al sujeto moderno. En tal sentido, el estudio del sujeto implicó levantar amplias arqueologías de las localizaciones discursivas y/o proceder con una

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En consecuencia, se debe apelar a otros referentes que permitan comprender cómo, en el marco de la composición de las sociedades occidentalizadas, la infancia desarraigada, especialmente aquella vinculada al conflicto como protagonista, se convirtió en un sustrato efectivo para instalar la diferencia colonial, articulando subalternidad, diferencia y territorio. La subalternidad alude a un proceso de constitución de la subjetividad en la que ciertos sujetos son introducidos en dos procesos que aparentemente se oponen, pero que en el fondo se complementan: su captura dentro de las esencias universales (ciudadano, trabajador, heterosexual, blanco, racional) a través de mecanismos de integración por subordinación; y su exclusión diferencial como forma de inferiorización. El primero es producido a través de la incorporación en los sistemas de regulación y en las instituciones que organizan la vida social, de aquellos individuos que por algún motivo han sido desarraigados, anormales, delincuentes, desviados. Sin embargo, se trata de una integración en la cual, las relaciones de poder se mantienen intactas, esto es, una estrategia para vincular al sujeto a un proyecto hegemónico en el que su lugar se supedita a la subordinación. El segundo proceso implica reafirmar su diferencia, marcar su condición de desigual, imponer un modo de segregación frente a un modelo ideal y desde allí, proceder a su inferiorización para genealogía de las prácticas de saber/poder, vía discursos e intervenciones como modos de subjetivación. Por su parte, Deleuze y Guattari incorporan un metalenguaje que les permite descentrarse de la tradición psicoanalítica y del estructuralismo lógico, de modo que logrando posicionar un horizonte antideterminista del sujeto y la sociedad, proceden a explicitar un conjunto de opciones de agencia que son promulgados, apelando a recursos semióticos como la figura del rizoma. Sólo bajo principios como la conexión, la heterogeneidad, la multiplicidad y la ruptura significante, será posible avanzar en otras formas de creación que ya no se disponen como esencias o universales, sino más bien como una pragmática que recompone las multiplicidades y el conjunto de las intensidades conducentes a nuevas creaciones en medio de las diferencias.

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lograr su dominación. La diferencia en sí mismo como inferior dominado lo condena y lo emplaza al lugar de la exclusión, de la desventaja, del déficit y la carencia. En este caso, no se procede a la construcción de una alteridad en la que su diferencia es valorada y reconocida en su singularidad, sino establecida como una distinción ligada a su diferencia ontológica, a su definición como colonizado, esto es, un sujeto que al ser racializado dentro de una escala, puede ser objeto de intervenciones inevitables, por ejemplo, aquellas que implican ser parte de un conflicto armado en el que su cuerpo es recurso estratégico. Las marcas, representaciones y concepciones que derivan de estos dos procesos, han logrado tal grado de cristalización en el horizonte enunciativo de lo colombiano que, el otro, por ser asumido como inferior y diferente, ha sido el receptáculo de diversas formas de dominación a través de su incorporación en el correlato de las fuerzas de la civilización, el progreso, el desarrollo y ahora, de la lucha contra el terrorismo. Planos discursivos que en diferente momentos se han valido de la subalternidad como un mecanismo conducente a la colonialidad del ser (MaldonadoTorres, 2007), dimensión fundamental de cualquier sociedad moderno-colonial, en la cual, la condena del otro se constituye en un medio sustancial para el posicionamiento de proyectos hegemónicos, ligados generalmente al ejercicio de la gubernamentalidad por parte de sujetos varones, maduros, blancos, racionales, heterosexuales. Con el ánimo de avanzar en la comprensión de la subalternidad a la que han sido confinados los niños y niñas combatientes y desvinculados de los grupos armados en Colombia, vale mencionar que la búsqueda de elementos conceptuales que permitan acercarse a la comprensión de los fenómenos relacionados con la colonialidad del ser, en tanto brecha ontológica inscrita en las sociedades occidentalizadas, implica un acercamiento, al menos panorámico, a las reflexiones instauradas por un grupo

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de investigadores, cuyos trabajos vienen siendo organizados bajo premisas como: pensar de otro modo, otros mundos posibles, pluriverso, transmodernidad y heterarquía53, los cuales promueven procesos de descentración histórico-cultural, que van más allá de las luchas dicotómicas entre capitalistas-obreros, negros-blancos, izquierda-derecha. El subalterno como Damné y el infierno de los condenados Como se indicó anteriormente, uno de los planteamientos nodales del programa de investigación Giro Decolonial, se basa en la expresión colonialidad del ser. Maldonado-Torres (2007) ha formulado dos ideas centrales para dar cuenta de esta formulación: una, tomando como referencia la metafísica moderna inaugurada por Descartes, señala que la colonialidad del ser opera a través de la transferencia del principio del ego solipsista cartesiano al del ego conquiro, que se tradujo en el escepticismo misantrópico y la no ética de la guerra, referentes orientadores en la gestión de la vida de los órdenes moderno-coloniales; y dos, partiendo de la existencia de una diferencia sub-ontológica en la que el otro subalternizado y subalterizado, es colocado por debajo del ser y el ente, emprende una interpelación profunda a la teoría de Heidegger sobre el Dasein, la cual, según el filósofo puertorriqueño, reconfigura al colonizado y lo vuelve Damné condenado, según Fanon (2003). En primer lugar, se puede señalar que hay en Maldonado-Torres un interés por escudriñar las referencias ontológicas de la filosofía moderna con el propósito de comprender cuáles fueron los principios que orientaron la diferencia ontológica que 53 Estas expresiones y neologismos son cuidadosamente analizados por Escobar (2005). Más allá de la búsqueda de nuevos conceptos para demarcar una exterioridad (Dussel, 1997), estos nuevos planteamientos se sitúan en apuestas interculturales capaces de negar la negatividad que ha potenciado la modernidad, desde sus narrativas eurocentradas y el anclaje de la diferencia colonial.

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promovió el exterminio y el desarraigo de los colonizados. Partiendo que la modernidad no es posible sin la colonialidad, se puede comprender por qué el primer paso del colonizador es demarcar identidades alrededor de jerarquías ligadas a la línea de color, en este caso, blanco, mestizo, indio, negro, cuyas condiciones existenciales están promovidas por la humanización y la deshumanización. Al parecer, hay unos grupos que son, otros que son menos, y otros que no son. Aunque Descartes no afirmó explícitamente estas distinciones, inspiró la gestión de esta heterogeneidad colonial (Mignolo, 2005). Como es sabido, Descartes plantea que el sujeto es algo en tanto que piensa. Esto significa que la existencia del sujeto es condicionada a un modo de pensar, de concebir la idea mediante la percepción clara y distinta, y de observar con precaución aquellas cosas que según él, lo engañan, tales como los sentidos, los sueños y un genio maligno. Este modelo constituye el umbral de la subjetividad moderna, la delimitación de un modo de ser en el que la racionalidad consolida la base de un ideal no cuestionado. Sin embargo, en el marco de la experiencia colonial, el europeo encuentra en el colonizado un modo de fijar su identidad, vía discursos y prácticas, de manera que el modelo ideal representado en su investidura de poder, es contrastado con figuras como la del indio y el negro, las cuales se distancian del ser como ego cogito, por lo tanto son instalados en una zona de deshumanización racial que, a la vez, contribuye a la reafirmación de la identidad moderna. Éste es según Maldonado-Torres el pasaje del ego cogito al ego conquiro. El ego conquiro es la puesta en escena de la identidad moderna encarnada en el conquistador, quien no sólo demarca la diferencia racial mediante su omnipotencia y el uso de la fuerza, sino que duda, no de los tres elementos que planteaba Descartes, sentidos, sueños y genio maligno, sino de la humanidad del otro y de su condición de sujeto racional. Una vez el colonizador se reafirma como blanco, racializándose en la parte supe-

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rior de la línea de color, colocando en duda al otro, procede a configurar el orden moderno-colonial a través del escepticismo misantrópico y la no ética de la guerra. Basado en el concepto de maniqueísmo de Fanon (2003) y misantropismo como maniqueísmo de Gordon (2000), Maldonado-Torres corrobora que ya no se trata de poner en duda la existencia del mundo o el estatuto de la lógica y la matemática, como lo refiere Descartes en sus Meditaciones Metafísicas, sino de cuestionar la humanidad, racional, biológica y crstiana de los colonizados. El escepticismo misantrópico es la puesta en escena de las dicotomías propias de la metafísica moderna, en relación con la racialización y la deshumanización. El sistema de dualismos sobre el cual descansa la modernidad (sujeto/objeto, universal/ particular, espíritu/cuerpo, idea/materia), impone en su versión práctica la dicotomía colonizador/colonizado, humano/deshumano, alrededor de la línea de color (Du Bois, 1999, citado por Maldonado- Torres, 2007) que demarca una relación profunda entre racismo, positivismo y naturalismo, elementos contundentes del proyecto moderno de los siglos XIX y XX. Doctrinas como el darwinismo social spenceriano, el eugenismo de Galton y la criminología de Lombroso, son claras manifestaciones de esta articulación racial, normativa y científica. Al respecto, es importante recordar que en Colombia el higienismo y la sociología, valiéndose de discursos e intervenciones ligadas a la medicalización, psiquiatrización, educalización y la judicialización, configuraron la subjetividad moderno-colonial del siglo XX (Castro-Gómez, 2007; Díaz, 2008). La no ética de la guerra, planteada como el segundo elemento que subyace del ego conquiro, surge del precepto sobre la guerra justa, la cual fue tramitada alrededor de la pregunta por la existencia del alma en indios y negros, tema ampliamente conocido en los debates entre Las Casas y Sepúlveda, producidos en el siglo XVI en España. Según Todorov (1992), una vez llegaron

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los conquistadores a América, no aplicaron el código ético que regulaba sus acciones en sus reinos, principados y ducados europeos, pues además de aplicar las prácticas sobre los vencidos en las guerras, configuraron una no ética de la guerra, la cual fue alimentada progresivamente, al estar delimitada por la condena. Según Maldonado- Torres (2007), este colonialismo que se mantiene hasta el tiempo presente puede entenderse como condena o vida en el infierno, caracterizada por la naturalización de la esclavitud, sólo que ahora es constituida en función de la condición biológica y ontológica de sujetos y pueblos. Este es el filón epistemológico, ontológico e histórico sobre el que los pueblos de las Américas y, en general, los no europeos, se vuelven constitutivamente inferiores, lo que significa aceptar el ejercicio de cualquier arbitrariedad, por ejemplo la esclavización, la tortura o la eliminación. Sin embargo, la condena del colonizado no sólo lo lleva a la muerte, también es posible que exista como un cuerpo viviente, sólo que racializado, sexualizado y emplazado espacialmente. En el funcionamiento de la no ética de la guerra como elemento fundamental del ego conquiro, surge la combinación de la sexualidad masculina como causa de la agresión y la feminización del cuerpo del enemigo, puesto en escena, para la dominación simbólica respectiva. La inferioridad naturalizada de los sujetos colonizados admite su violación, dominación y control como entes inscritos en las lógicas de la aparente confrontación. Esta manera de asumir la existencia del otro se convierte en un proceso de subjetivación que opera de dos maneras: como victimario y como víctima. En la guerra se es victimario a través de la naturalización del otro como objeto de la abyección, lo que admite cualquier exceso. Pero también se es víctima, una vez se asume la condición de cuerpo, objeto de agresión, a partir de la aceptación de una diferencia ontológica demarcada, no sólo por la línea de color racial, sino también por la condición de género, edad o de sexualidad.

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El segundo nivel interpretativo que explica la existencia de la colonialidad del ser en los órdenes moderno-coloniales está en la presencia de una diferencia sub-ontológica en la que el indio y el negro son colocados por debajo del ser y el ente, categorías protagónicas en la filosofía de Heidegger (1998). En este caso, el Dasein, comprendido como el ser que está ahí, es reconfigurado por el de Damné, formulación realizada por Fanon (2003) al dilucidar la ubicación del condenado en el espacio vacío que lo emplaza y lo racializa. No se trataría entonces del sujeto de Heidegger, que espera y se eleva al nivel de una ontología profunda, a través de su desprendimiento del nivel óntico de la vida, sino más bien, de algo que debe existir para reafirmar que el ser europeo, protagonista de este existencialismo profundo, no está ahí. Sin pretender producir aquí una exégesis de la obra de Heidegger54, se puede señalar que la ontología de este filósofo alemán se centra en la intención de colocar al ser, no como un ente o una cosa, sino como una entidad que se sitúa por encima de éstos, constituyéndose en la base de una ontología fundamental que pretende responder al ocultamiento del ser, originado por la filosofía moderna y, posiblemente, por la experiencia de la guerra. A partir de una seria crítica a la metafísica moderna y el positivismo, en la que según Heidegger, el ser quedó subsumido por las determinaciones de las estructuras sociales e, inclu-

54 Desde el punto de vista de los conocedores de la obra de Heidegger, hay tres momentos que caracterizan su pensamiento. El primero está vinculado a la discusión sobre el Ser y el estar en el mundo, problema, objeto de discusión del clásico trabajo Ser y Tiempo (1927). El segundo momento es aquel en que Heidegger se ocupa de reflexionar sobre la técnica y la modernidad, a propósito de la gran angustia que invade al mundo en el periodo de entreguerras; en este momento, es tal vez su conferencia sobre La pregunta por la técnica, el documento que revelará sus oposiciones a la concepción occidental de la tecné como progreso y civilización y su llamado a lo oculto, incluso desde el peligro, el horror y el desencanto. Al final de su vida intelectual, en tiempo de posguerra, la reflexión se centrará en la importancia de la serenidad al preguntarse ¿Qué significa pensar? Al parecer, se tratará más bien de soltarse y deshacerse, lo que le ubica, una vez más, en la idea del Ser en el mundo, no como finitud sino como nada. Estas inquietudes pueden detallarse en textos como Carta sobre el Humanismo (1947), Sendas pérdidas (1950) e Introducción a la metafísica (1953).

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so, por las consideraciones teológicas heredadas de la divinitas medieval hasta el siglo XX, recupera la idea de ser humano, para introducir los elementos que permitirían retornar al ser que está ahí –Dasein- y proceder así a llenar el vacío que ha dejado la instrumentalización de los nuevos tiempos. De otra parte, al referirse al Dasein como algo proyectado a futuro, en donde el ser puede lograr su verdadera realización, distanciándose de “el uno”, entendido como la composición de una masa colectiva que va llevando al sujeto al camino de la equivocación, plantea que la autenticidad del ser está en el encuentro con algo que es inevitable en cada quien, es decir, la muerte. Así, anticiparse a la muerte y dominar la ansiedad que ésta eventualmente produce, implica soltarse, liberarse y evadirse de “el uno”, de modo que sea posible gobernar la existencia en nuevos planos de presencia en el tiempo y el espacio. Esa relación entre el ser para la muerte y el concepto de autenticidad, aspiración explícita en su ontología, termina vinculada a la presencia del sujeto en la guerra55. En la teoría de Heidegger es posible que se articulen autenticidad individual y autenticidad colectiva, alrededor de aquel que va a la guerra, pero que regresa como vencedor. Esto significa que el Dasein, comprendido como aquel ser auténtico que gobierna y anticipa su propia muerte, es el acontecimiento en el que realmente se constituye el sujeto. Sin embargo, en la crítica de Maldonado-Torres (2007) a esta ontología que aspiraba a producir un quiebre frente a las perspectivas modernas que terminaron desplazando al ser, se evi-

55 Este planteamiento es registrado bajo otros matices por Levinas (2006), quien después de haber sido admirador de la filosofía de Heidegger, procede a agudas críticas, sobre todo después de 1934, año en el que el filósofo alemán da su discurso de asunción al rectorado de la Universidad de Friburgo, apoyando el lanzamiento del nacional- socialismo. Sin nombrarle en ninguna ocasión, Levinas le pregunta a Heidegger ¿Cómo pudo usted hacer eso? ¿Cómo pudo adherir a la obra de la muerte, a la barbarie del hitlerismo? ¿Qué comunica la obra de Heidegger con el nazismo? ¿Pudo su ontología posibilitar ese mal elemental? (Abensour, 2006).

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dencian dos aspectos contundentes. En primer lugar, el ser de Heidegger es un sujeto de la guerra que ratifica su existencia en el mundo si regresa de ésta, al haber vencido a otros, tal vez más indefensos, o menos preparados para el combate. Considerando la existencia de la guerra colonial, es evidente bajo esta perspectiva, que el ser colonizado no sea un ser, ni produzca resistencias ontológicas de ningún tipo, pues al ser irracional y objeto justificado de la dominación del otro, no está ahí, pues no vence ni demarca maneras de escindirse de “el uno”, el cual es su propio colonizador. En palabras más precisas: “El condenado es para la colonialidad del ser lo que el Dasein es para la ontología fundamental, pero, quizás podría decirse algo en reversa. El condenado –Damné- es para el Dasein (ser ahí) europeo un ser que ‘no está ahí’” (Maldonado-Torres, 2007, p. 146). De otra parte, tras el concepto de diferencia ontológica planteado por Heidegger como la diferencia entre el ser y los entes, subyace en Fanon (2003) y Maldonado-Torres (2006) dos nuevas diferencias en relación con los colonizados. La primera es la diferencia trans-ontológica, la cual supone una distinción profunda entre el ser y aquello que está más allá del ser, tema que no es profundizado por estos pensadores latinoamericanos, al no ser el nodo de sus interpelaciones. La otra es la diferencia sub-ontológica, en la que se ancla la diferencia colonial, comprendida como una vida en la que la lucha de un individuo –Damné- para no dejarse morir es el motivo de la gestión de su existencia. Su vida como anticipación a la muerte omnipresente, al estilo del Dasein europeo, no es un florecimiento o el desarrollo de una productividad esencial, sino una forma de corrosión de la existencia, ya que su vida es una muerte incompleta (Fanon, 2003). En Piel negra, máscaras blancas, Fanon (1968) planteaba que el negro no ha tenido la oportunidad de descender al infierno, en tanto la aparente excepcionalidad que representaría su muerte, en realidad se convierte en un asunto ordinario. Por eso, mien-

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tras el Dasein logra su autenticidad al desprenderse del “uno” y anticipar la muerte, el condenado –Damné- enfrenta su sustancialidad a través de la contingencia de su desaparición como un suceso cotidiano. El individuo colonizado es un sujeto emplazado a un territorio que hace las veces de infierno racializado al reafirmar en su finitud una línea de color, y sexualizado con el fin de introducir el mayor exceso de violencia posible en su cuerpo mediante la violación. En suma, el cuerpo del colonizado es el receptáculo de la negación de su propia existencia y la afirmación del ser colonizador como Dasein, pues la anticipación de la muerte es posible gracias a la abyección de este Damné, en tanto muerto viviente. Es por esto que en la guerra contra los condenados se naturalizan todos los excesos y se introduce un sistema de representaciones en el que estos tres niveles, racismo, sexismo y emplazamiento territorial,56 constituyen el principal proceso de constitución de la subjetividad de las víctimas y los victimarios, impregnando modelos de violencia sin límites y formas de estigmatización en las que el otro queda condenado a su propio infierno. En este contexto, es necesario comprender, no sólo la lógica de los conflictos contemporáneos alrededor de lo que hoy se enuncia como tercer mundo desde occidente o el norte, sino en este caso, el lugar de niños y niñas en la no ética de la guerra.

56 Así como se ha afirmado que existe una geopolítica del saber y el poder, hay también una geopolítica ejercida a través del territorio, la cual pretende instalar realidades sociales, apelando a particulares concepciones del espacio incorporadas mediante muchos escenarios posibles, entre ellos las nociones espaciales naturalizadas en el mundo globalizado. Nociones como centro - periferia, primer mundo - tercer mundo, ciudades globales, ciudadanos del mundo, sociedad red, son entre otros, lenguajes que se han puesto a circular como extensiones supremamente arbitrarias que han configurado dominios del pensamiento y de la acción en torno a la idea del desarrollo. Al respecto, Escobar argumenta que “…para algunos autores, esta voluntad de poder espacial es uno de los rasgos esenciales del desarrollo…, y está implícitamente en expresiones tales como primer y tercer mundo, norte y sur, centro y periferia. La producción social del espacio implícita en estos términos está ligada a la producción de diferencias, subjetividades y órdenes sociales” (1999, p. 42).

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3. los niños del conflicto armado colombiano y la no ética de la guerra Como se señaló al inicio de este trabajo, países como Liberia, República del Congo y Colombia son algunas de las sociedades que sostienen conflictos armados en el mundo con una participación protagónica de niños y niñas como combatientes. A este balance podrían incluirse otros pueblos como Afganistán, Irak y Palestina, los cuales, sin ser parte destacada de los registros de las organizaciones internacionales que velan por los derechos de la infancia, han colocado a los infantes como recurso indispensable en los frentes de batalla. En Colombia se ha naturalizado la opción de vincularse a un grupo armado desde la niñez. En particular, la presencia de autoridades no estatales y la imposición de reglas de juego adscritas a la presencia de enemigos, configura un modo particular de ser y estar en el mundo. Esto corrobora por qué, desde un momento temprano de la vida de los sujetos, la construcción de la imagen de la sociedad se cristaliza alrededor de la fuerza, las hegemonías, la viveza y la muerte. Es este el escenario en el que nacen y crecen los niños y niñas rurales, un orden social difuso en el que la vida es gestionada a través de las relaciones de fuerza que subyacen de un cuerpo social compuesto de víctimas y victimarios, aspecto que para la mayoría, más que un dilema, es resuelto volviéndose parte de los segundos. No sólo es un modo de sobrevivencia, sino que ser victimario se convierte en una aspiración social en medio de los marcos sociales de violencia, instalados por la condición moderno-colonial en la que se ha constituido el pueblo colombiano. Aquí es donde se cruzan las dos categorías planteadas al inicio del texto. De una parte, el orden social difuso en el que tiene presencia la guerra como un modo de subjetivación y vector en el que es configurado el cuerpo social, implica una gestión de la vida alre-

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dedor de la subalternidad que confirma el orden moderno-colonial colombiano. De otra, esta gestión del cuerpo social requiere la presencia de víctimas y victimarios, quienes, voluntariamente y/o a la fuerza, tramitan su existencia a través del conflicto y el sostenimiento de éste en territorios estratégicos. Para tal efecto, desinfantilizar a los niños rurales volviéndolos guerreros, pero a la vez, infantilizando el combate, introduciéndolos en las prácticas bélicas con los adultos, revela que además de recurso eficaz, es la infancia el principal referente del sostenimiento de la colonialidad del ser. Los niños y niñas encarnados como condenados, contribuyen así a la reafirmación de su contrario, esto es, un hombre no guerrero, blanco, civilizado, maduro, racional que habita los espacios opuestos al infierno de los condenados. Habitar los laberintos de las víctimas y los victimarios, implica entender cuál es el lugar de niños y niñas en este espacio asimétrico. De una parte, ser victimario implica tres procesos según Lacan57: un componente simbólico, uno que la materializa, y otro que la proyecta como efecto en lo real. En el primer caso, la violencia se engendra en significantes que pueden estar originados en la cultura, la historia y el devenir de los sujetos. Sin embargo, estos referentes que racionalizan la condición humana, también pueden convertirse en el punto de quiebre al lazo social, es más, pueden ser el promotor de su fracaso. De este modo, la violencia como materialización de un desenfreno que está latente en el individuo, puede llegar a los niveles más ilimitados del horror y el sufrimiento. La propensión hacia la muerte y la transgresión que el individuo incita a través de sus propios actos, no se detiene por la presencia de mecanismos que le amenacen o que, atendiendo a razones, pu57 No es este el espacio para profundizar las dimensiones psíquicas del fenómeno, ampliamente trabajadas durante más de dos décadas por Castro (2005). En un esfuerzo por avanzar en esta discusión se puede también revisar el artículo: Hacia la comprensión de universos psico- culturales. Las fuentes vivas, memoria y narración (Díaz y Amador, 2009).

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diesen limitarlo, pues tanto en la exaltación como en el silencio, la violencia halla una fuerza potenciada por la agresividad, la rivalidad y la acción de las pulsiones. En cuanto al acto como segundo aspecto del victimario, la violencia adquiere su componente social, produce alcances incalculables y desborda en diferentes ritmos temporales y espaciales el deseo, la agresividad y el goce. Castro (2005), refiriendo a su interpretación de Lacan, analiza el acto violento, coloca en el centro de su reflexión la problematización del cuerpo y la reducción del otro como objeto. Esto indica que el otro, se vuelve centro de la satisfacción pulsional, es el objeto que sirve de goce, lo que abre el camino, no sólo para destruirlo mediante la muerte, sino para implementar toda clase de acciones que lo ubican en una zona de humillación, sometimiento y abyección. Finalmente, la huella, planteada aquí como un tercer nivel en la producción de la violencia, es todo aquello que representa sus efectos y sus marcas. El poder de la violencia no sólo se evidencia en el acto, sino en las marcas perpetuas que deja, en los contenidos que deposita en el cuerpo y las estructuras sociales, y en los referentes imborrables que incorpora. Allí es donde se despliega otro elemento vivo en la constitución y en la subjetividad del victimario, pues cuando la palabra pierde su condición de mediación, al producir la referencia del otro, se convierte en pura violencia. De otra parte comprender la complejidad de la víctima no sólo implica introducirse en la vivencia de un suceso como parte de una contingencia de la vida en la que el sujeto le correspondió ser parte de una confrontación que le niega su humanidad. En la teoría psicoanalítica, la víctima es instancia de deseo y su cuerpo, el depositario de la acción del otro, quien lo vuelve objeto. No es sólo una transferencia del propio yo al otro en el registro de lo imaginario, señalará Lacan (2009), sino una demarcación en lo real que lo vuelve receptáculo de su propia voluntad. En

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una perspectiva antropológica, esto significa que la degradación de la humanidad del otro se naturaliza de entrada, a través del debilitamiento de la palabra, lo que conduce a su correspondiente reducción58. Para Levinas (2006), quien se acerca a este problema a través de un análisis cuidadoso a lo que denomina filosofía del hitlerismo, en el que incluso exhibe agudas críticas a Heidegger y su adherencia al proyecto de un Fuhrer y una ontología fundada en la anticipación de la muerte, la víctima es constituida en el dolor y en sus respectivas derivaciones. En tal sentido, más allá de la búsqueda de preguntarse por la emancipación como superación de la abyección ejercida sobre la víctima, la experiencia del holocausto revela que la constitución ontológica de la víctima está en la desesperanza, pero a la vez, en una resignificación particular entre su existencia y el cuerpo. Mientras que para el hombre occidental europeo, el cuerpo no representa el sentido del ser como algo que está ahí según Heidegger, para la víctima será la ratificación de su propia desgracia. Al respecto Levinas promulga: “El cuerpo no es sólo un accidente desgraciado o feliz que nos pone en relación con el mundo implacable de la materia: su adherencia al yo vale por sí misma. Es una adherencia de la cual no se escapa y que ninguna metáfora podría confundir con la presencia de un objeto exterior…” (2006, p.16) Finalmente esta relación entre la víctima y el victimario se vuelve mucho más ambigua cuando un sujeto habita el mundo en las dos circunstancias, tal como ocurre con los niños y niñas comba-

58 En términos de Uribe (2004), el sacrificio, la carnicería y la animalización promovida por los guerreros, a lo largo de las diferentes guerras del siglo XX, muestran que estos procedimientos violentos ubican al victimario en un estadio social presimbólico que, como exceso, se niega a ser simbolizado. El ensanchamiento del yo omnipotente que caracteriza al victimario obedece además, a la indiferencia social y a la impunidad que les acompaña, lo que les otorga, no sólo mayor confianza en su capacidad de maniobra, sino que les impulsa a continuar con su oficio y ejercer el poder que les es trágicamente cooptado por las prácticas militares, cuando no se está en el combate.

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tientes y excombatientes de grupos armados. Son víctimas, no sólo por haber sido parte de un proceso de desinfantilización en el momento de su reclutamiento ya sea voluntario o a la fuerza, como lo señala la mayoría de informes e investigaciones que han analizado el problema. Son víctimas porque al ser menores de edad y ser considerados niños en el grupo armado, se vuelven objetos de deseo por parte de los adultos combatientes, incluso su muerte es prioritaria y más probable, en medio de las lógicas de la vida en la guerra se esté o no en el combate con el enemigo. Sin embargo, el niño y niña combatiente también son victimarios ya que una vez transitan por las complejidades de la vida en su lugar de reclusión y se relaciona con su enemigo en el combate, adquieren el poder de convertir al otro en objeto de su propio deseo. Les es posible ensanchar el yo en el que pulsiones, pasiones, deseos, logran su ubicación en el cuerpo del contrario. El niño y la niña combatiente rápidamente asumen sus labores en el combate, adquieren destrezas para maniobrar sus tareas en las tácticas de dominación del otro, y se incorporan en el orden simbólico del grupo armado con cierta naturalización. Utilizando los términos de Uribe (2004), el victimario se instala en un estadio de presimbolización que le permite adherirse a la deshumanización del otro y depositar en su víctima su propia marca. Con lo señalado hasta el momento, es necesario acudir, al menos panorámicamente a la teoría de Agamben (2003) sobre la Nuda vida y el Homo Sacer, para comprender el tránsito de estos sujetos por los laberintos de las víctimas y los victimarios. Agamben manifiesta en su obra que es necesario preguntarse por qué la política moderna se constituye, sobre todo, por medio de diversas formas de exclusión las cuales a la vez, incursionan como implicación de la nuda vida, expresión que alude a la vida a quien cualquiera puede dar muerte, pero que es a la vez insacrificable. La pertinencia de esta referencia obedece a ese orden jurídico que coloca al sujeto afuera y adentro, lo somete

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a un campo de indistinción entre la vida y la muerte, el hecho y el derecho, la norma y la voluntad. El derecho positivo del niño encarnado en la política del siglo XX, especialmente en la CDN y en el Estatuto de Roma como víctima, es la zona de vacío en la que se reivindica el derecho infantil, pero que a la vez normaliza la proclividad del niño al maltrato y su desaparición, asunto que se agudiza al observar las circunstancias ambivalentes de los combatientes y desvinculados. El reconocimiento del sujeto-niño por parte del Estado, la familia y la sociedad, a través de una plataforma discursiva que es proclamada, apelando a enunciados que se centran en la compasión hacia estos seres humanos frágiles y víctimas, opera mediante el dispositivo jurídico del derecho, pero también, mediante el estado de excepción59, haciendo que la vida humana, bajo el halo de lo insacrificable, en realidad cobre importancia a través de la existencia del Estado social, el cual posee las atribuciones necesarias para negar este principio en el ejercicio de su soberanía (Agamben, 2003). El derecho, en este caso, aparece como excepción y como orden jurídico en el que la vida se vincula a la política y en el que estar adentro o afuera es expresión de la decisión soberana, no tanto para regular los excesos del poder del Estado, sino para garantizar que el ejercicio de la excepción actúe como localización y ordenamiento, según el concepto de lo político de Carl Schmitt, difundido desde 1928. Basada en las obras de Foucault y Agamben, De Castro manifestará: “Lo característico reside en el hecho de que la política contemporánea pretende establecer una irreductible indiferencia entre lo vivo y la vida humana…el

59 Agamben (2003) admite que los sujetos que constituyen el sistema social asumen la nuda vida como una vida a quien cualquiera puede dar muerte, pero que es a la vez, insacrificable. En una perspectiva biopolítica, Agamben señala que el Estado de derecho organiza un orden jurídico de tal magnitud que, incluso la vida humana, es organizada mediante diversas formas de exclusión. Esto es posible en el ejercicio de la soberanía que se aboga.

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discurso de los traumatismos no sólo trata por igual a todas las emergencias de lo real, sino también a todos los sujetos en su condición de víctimas” (2007, pp. 121-122).

A manera de cierre60 de manera parcial, se puede señalar que la condición de víctimas, adquirida por estos niños y niñas, comprende tres momentos: el de la incorporación al grupo armado, el concerniente al oficio, entendido como el conjunto de obligaciones y funciones dentro del grupo armado, y el relacionado con las consecuencias, una vez se adquiere la condición de desvinculado o excombatiente. En el primer momento, se es víctima cuando el individuo pierde el lazo social al cual estaba ligado (familia, Escuela, comunidad), es una ruptura que irrumpe la condición existencial del sujeto, es un acto que lo somete a la soledad, a la desprotección, a la incertidumbre de la muerte. El proceso de reclutamiento se convierte en la negación de la condición humana y civil del sujeto, es la eliminación del derecho positivo y la ubicación del cuerpo y el espíritu en el umbral de la excepcionalidad y de la fuerza. Supone la adhesión a un proyecto militar y político que altera su modo de vida y que, en adelante, lo obligará al uso de la violencia extrema, combinada con la sumisión que caracteriza la vida militar, especialmente, la de un grupo armado ilegal.

(…) Todo empezó cuando a mis 6 años me entraron a estudiar, entré, hice primero, segundo, tercero, cuarto, y estaba haciendo

60 Con el fin de articular algunas de las reflexiones realizadas hasta el momento con la voz de sus protagonistas, se presentarán algunas narrativas que surgieron en el marco de la investigación. Los nombres originales y algunos datos de lugares fueron modificados. Para un mayor acercamiento a las narraciones en su complejidad, se puede consultar el informe final de la investigación titulado: La tentación de inocencia. niños, niñas y jóvenes excombatientes, análisis de sus narraciones. Estudio exploratorio. (Díaz y otros, 2009)

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cuarto, cuando me llevaron para una finca, a donde unos tíos. Por allá la Escuela quedaba retirada, quedaba como a dos horas, o a hora y media. Mis primos y yo cuidábamos las bestias, las ensillábamos y nos íbamos. Bueno, yo ya estaba en cuarto cuando tenía 13 años, o como 12, iba a cumplir. En ese momento, se fueron yendo los chinos, los compañeros míos de la Escuela, se fueron yendo -tin, tin, tin- todos, y entonces nosotros dijimos ¿pa’ donde se irán todos? pues todos se fueron yendo con la guerrilla (…) (Luis Carlos, 16 años, excombatiente de las Farc) La propensión de estos sujetos a la actividad de la guerra y la naturalización de su reclutamiento corrobora que, al nacer y vivir en una zona vedada y emplazada para el combate, es posible que sean incorporados a las actividades del conflicto armado, asumiendo que son anormales y desviados. Excluirlos de la Escuela y la familia los vuelve objeto de un proceso de subjetivación que se basa, no sólo en su desinfantilización, sino en su condena como Damnés, al infierno de la guerra. Además de intervenir sus cuerpos para volverlos guerreros, aspecto que supone su ubicación en la parte inferior de la línea de demarcación racial y sexual, se les subalterniza para sostener el desenfreno del carácter mortífero del combate. La subalternización, en este caso, no sólo proviene de sus reclutadores, sino de la actitud pasiva y omisiva del Estado, la sociedad y la familia, quienes conociendo estos acontecimientos, le conceden la gestión de la vida de estos niños y niñas a un modelo de excepción en el que son recursos necesarios para sostener las formas de gubernamentalidad que predominan en el orden social. En un segundo momento, viven en un periodo en el que viven conminados a las prácticas de la vida militar y de la guerra ofrecida por el grupo armado, la condición de víctima es incuestionable. En primer lugar, porque los procesos de “formación” de guerreros constan de actividades sumamente arbitrarias y vio-

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lentas, sobre todo, frente a la alteración del estilo de vida que antes llevaban. La formación del guerrero supone aprender a comportarse, no sólo como un adulto pequeño, sino como un temerario combatiente. Implica aprender a sobrevivir, a matar, a usar las tecnologías de la muerte. Su cuerpo es el instrumento para aprender, la selva o el monte constituirán el laboratorio en el que practicarán cómo se elimina al enemigo. De otra parte, en medio de este desenfreno, viven como víctimas porque, una vez se vuelven guerreros y se dedican al oficio, las tareas delegadas son las más riesgosas y extremas.

(…) allá, el que no hace caso, o sea, si yo no hago caso, yo me porto mal, soy indisciplinado, si me gusta robar a los compañeros, ser grosero con los compañeros, pelear con los compañeros, a mí me dan consejo de guerra (…) En cualquier momento se reúne el consejo de guerra. Entonces, después de formar, dicen: le vamos a dar consejo de guerra al compañero porque últimamente se ha portado muy mal, ya cometió muchos errores, entonces necesito que me colaboren con el consejo de guerra. Si hay 50 personas en el consejo de guerra y si la mayoría dicen que sí lo maten, pues lo matan (…) Aunque a veces matan sin consejo de guerra (…) porque ya la han cagado mucho y no le dan ni consejo de guerra, sino que ya los comandantes los matan (Luis Carlos, 16 años, excombatiente de las Farc) En el marco de las lógicas de funcionamiento de los grupos armados, varios trabajos como el ampliamente difundido Aprenderás a no llorar de Human Rigth Watch (2002), Las niñas en el conflicto armado colombiano: un diagnóstico de la investigadora (Páez, 2001) y Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2006), coinciden en algunas descripciones sobre las diferentes actividades ejercidas por estos guerreros.

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Además de obligarles a estar en las primeras filas en los combates, los niños y niñas combatientes deben realizar inteligencia militar en pueblos y veredas, deben transportar víveres a grandes distancias, deben instalar minas antipersonales, pero además, deben servir de objetos sexuales. En particular las niñas, no sólo deben exponerse a estas actividades, sino que deben servir sexualmente a los comandantes o mandos medios, en otras ocasiones deben asumir comportamientos culturalmente masculinos o, en otros casos, deben escoger como pareja a un líder del grupo armado para blindarse de los abusos.

(…) el comandante se acuesta con la que quiera. Más que todo, con menores de edad, chinas que se van aficionadas, aficionadas a las armas, como me paso a mí, la afición a las armas, y se va uno (Luz Esperanza, 15 años, excombatiente de las Farc) Esta circunstancia muestra la gestión de la no ética de la guerra y el escepticismo misantrópico, al que alude Maldonado-Torres (2007). Tanto en las experiencias vividas en el proceso de reclutamiento, como en los acontecimientos que componen la vida del guerrero, es evidente la producción permanente de procesos de masculinización del victimario y de feminización de la víctima. Durante la etapa en la que son introducidos en una gestión de la vida que se basa en la fuerza, la intimidación y el daño, las figuras de la masculinización del victimario y la feminización de ellos como víctimas, es el principal proceso que los conmina a la subalternización y la subordinación. Es un punto de partida que se naturaliza progresivamente, al demarcar una línea racial y sexual en la que las niñas llevan la peor parte. En este momento el propósito de muchos es superar ese umbral de víctima y masculinizarse, volviéndose un victimario radical que ejerce dominio sobre el otro, reafirmando la relación binaria humano/deshumano.

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En el tercer momento, una vez se produce la desvinculación, la condición de víctima es tal vez la más difícil, pues en muchas ocasiones el guerrero añora estar en el grupo armado; no logra “adaptarse” a la vida civil y su presencia se convierte en un estigma que se evidencia en cualquiera de los escenarios que habita. La experiencia de la guerra así haya sido victimario es una huella imborrable, un proceso que les marca de por vida, una imagen de pasado que se ancla en el cuerpo y el pensamiento. El intento por hacer parte de algo y reconstruir un lazo social nuevo, le producirá unas angustias profundas, hasta el punto que algunos en el afán por ubicar sus experiencias violentas en los laberintos del olvido se opondrán a las intervenciones psicosociales ofrecidas por las instituciones de protección. La desvinculación produce un traslape de roles que les confunde y les genera vacíos existenciales, pues el conjunto de valores y referentes que hacen presencia en su dimensión ontológica, se desestabilizan. En consecuencia sus actuaciones no son espontáneas en tanto se les impone un deber ser que entra en confrontación con la omnipotencia y el poder que han ejercido en los contextos de la guerra y la muerte.

(…) Esta es una experiencia de vida que yo creo que no me va a volver a pasar. Ahorita, cuando yo cumpla los 18 años, voy a ver si mi mamá me ayuda a hacer los papeles para poder prestar servicio militar, porque según parece, yo no puedo prestar servicio. Quiero prestar servicio porque es que yo salí y aquí afuera es otra cosa, yo aquí recapacite de todo lo que me dijeron. Todo lo que le dicen allá, es pura mentira (…) Nunca me ha gustado estudiar. Algunas personas me dicen que uno, para llegar a ser sargento, cabo, o esas cosas, uno tiene que tener estudio, pero que allá le dan el estudio a uno. Entonces, yo digo que sí, voy a prestar servicio, según como me vaya, pues sigo estudiando allá mismo y hago una carrera de cualquier cosa y, sigo en el ejército, hasta que me den de baja o me pensione (…)

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(…) Espero llegar a viejo. Uno no sabe cuándo va a morir, pero yo tengo pensado estar en este mundo hasta cuando diosito me lleve, que va a hacer cuando yo esté viejo. Me preocupan las FARC, que se den cuenta de que yo estoy aquí en este lugar y que lleguen y me cojan por ahí, de sorpresa y, que me maten o algo así. Me da mucho miedo, pero no, yo creo que no se darán cuenta que yo estoy aquí, no me joderán más, porque yo voy a entrar al ejército. Menos mal que nunca salí por una emisora, diciendo que tal persona se voló o, dando dedo, como dicen ellos. Allá nada más busca uno envejecerse y esperar de que a cualquier hora lo maten sin saber, peleando por nada. (Luis Carlos, 16 años, excombatiente de las Farc) En el segundo nivel, entendido aquí como el de los victimarios, es importante afirmar que los combatientes cumplen un oficio, sean o no menores de edad. En las acciones de la guerra no hay delimitaciones etáreas asociadas al sentido y fin de ésta. Una vez se asumen como guerreros estos individuos entran en el umbral de la perpetración y la exacerbación. Hacerse guerrero exige asumir el rol de aquel que puede impartir la muerte, que se permite cometer los atropellos más infames en nombre de una causa que no es difícil de entender: eliminar al enemigo. Cumplir el oficio del guerrero es adentrarse en el uso y apropiación de las tecnologías de la muerte y la tortura. Comprometerse con el oficio es encarnar un estilo de vida que, no sólo comprende la acción de matar a otros, sino que está acompañado de la producción de concepciones particulares frente a la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo sacro y lo profano, lo masculino y lo femenino. El guerrero se instala en una matriz de poder en la que queda atrapado, no sólo porque su vida esté en riesgo como producto de su oficio, sino porque empieza a incardinar las fuerzas de la sumisión, pero a la vez, las de la omnipotencia.

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(…) El profesor le decía a uno: muchachos, ¡es mejor que ustedes vayan pasando la prueba, si no la pasan, se quedan y, ya saben cómo se quedan! Pues, se moría uno, y uno asustado con ese corazón y, de una vez, pasa uno y ya. Cogían a la gente, por ejemplo a los milicianos y a la guerrilla que cogían para eso, con esos era que se aprendía…Al principio, miraba cómo lo hacían, después, me decían hágale (…) También había mujeres en la “escuela”, sí claro, hasta un hombre le daba miedo, aunque había unos bien dañados y no les daba miedo. A veces, yo no podía ni dormir. Me decían que eso era pa’ los sapos, o sea los milicianos. Me decían que cuando uno cogiera a alguien para matarlo, que no le debería dar miedo de nada. Me enseñaron a camuflarme debajo de una mata o entre los árboles. ¿Qué voy a pensar de todo esto?…Estuve en el…, eso cada nadita lo movían a uno. Una vez, íbamos caminando, nos encontramos a una señora, tenía un niño, le pusieron una mina, a esa la cogimos (…) (Felipe, 15 años, excombatiente de un grupo paramilitar) Se es victimario cuando se construye una manera de comprender al enemigo, cuando el recurso para resolver la diferencia o la controversia es la eliminación del otro y cuando el atributo que impulsa el trato hacia el otro es el uso de la fuerza, como correlato de la omnipotencia que empuja su condición mortífera. El modo de ver el mundo entra entonces, en una nueva lógica, se adentra en una comprensión de las relaciones sociales, de las instituciones y de la ley, a través del arrebato y el poder de las armas. Los lenguajes y los referentes materiales y simbólicos que acompañan su existencia, se engranan con el deseo y el goce que se concretan en el combate. Su presencia en el laberinto de la anormalidad y la desviación serán asumidas como un designio, pues agredir primero siempre será mejor que intentar comprender al enemigo, a quien hay que tratar como débil y femenino. En la constitución del victimario, hay una definición del territorio y su vinculación a éste como un factor del que no se puede escapar para asumir este rol. Ser campesino y habitar el espacio rural, es encarnar la posibilidad mayúscula de volverse comba-

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tiente, es naturalizar que la gestión de su vida puede colocarse al servicio de la guerra desde temprana edad, un modo de emplazamiento territorial en el que una vez más quedan atrapados desde el nacimiento. Este emplazamiento los condena, no sólo como víctimas, sino como victimarios, tras las efectivas intervenciones del grupo armado respectivo.

(…) La vida mía siempre ha sido de campo, la verdad es que yo nunca he sido de la ciudad. He sido criado en el campo, por eso la vida mía es, o sea, ha sido distinta a la que otros han tenido. Yo me crié en el campo desde que tenía como unos 5 meses, nací aquí y, luego, me llevaron por allá pa’l lado de Puerto Lleras, más debajo de un lugar que se llama Puerto…, no sé. Es un sitio de zona roja sí, donde más frecuentan los paramilitares y la guerrilla (Ignacio, 16 años, excombatiente de las Farc) Finalmente, el paso por esta experiencia de estos niños y niñas corrobora su condición como Damnés, sujetos cuya existencia estará en función de administrar la vida y la muerte de otros, mediante las tecnologías de la guerra mientras que no se dejen matar. Aceptar pasivamente, como una realidad histórica y cultural irremediable, que existen muchos niños y niñas en Colombia bajo estas circunstancias, sin formular iniciativas específicas para eliminar este flagelo, es reconocer que éstos son necesarios no solo para la acción de los grupos armados sino para la gestión del actual orden social y el sostenimiento de la gubernamentalidad. Al parecer lo único seguro de toda esta constatación es la muerte, algo que para estos niños y niñas, ni siquiera se tramita alrededor del respeto y la sacralidad que ésta debería contener pues son conscientes que al estar condenados sus vidas no valen nada porque son recursos necesarios para el combate. Al analizar en detalle el tema de la vida y la muerte, reconocen que se encuentran en una condición existencial –ontológica-

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diferente a la de otros, quienes al parecer, son los civilizados “educados, varones, blancos“. Esta condición de inferioridad y de abyección naturalizada por ellos mismos, los coloca en la zona vedada de los colonizados, individuos que se consideran diferentes no como reconocimiento de su propia singularidad sino como inferiores dominados en sí mismos, asumiendo así que la vida es corta y que debe ser vivida al extremo. Es por esto que en Colombia, los procesos de intervención psico-social deben atender a la urgencia de la descolonización, resignificando la naturalización de la muerte como condena, tanto en las víctimas como en los victimarios, así como propender por una recomposición de la vida en función del otro, esto es, negando la negatividad del colonizador. Lo corrobora Luis Carlos:

(…) La muerte para mí es grave porque, bueno, que fuera que lo mataran a uno y se lo entregaran a la mamá de uno, pero la mamá queda como más contenta si le entregan al hijo y tiene la dicha de enterrarlo. Pero no, por ahí a los dos o tres años, se da cuenta que el hijo fue enterrado por ahí, que nunca le avisaron ni nada. Es como duro para una mamá (…) El campesino le ayuda a las FARC, pero hay algunos que no, que trabajan con el gobierno. El que le ayuda a las FARC, el que le ayuda al ejército, o el que le ayuda al gobierno se muere, y el que no le ayude a alguno de éstos, también, porque hay unos que sospechan de que también está trabajando con ellos (…) (Luis Carlos, 16 años, excombatiente de las Farc)

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LA VÍCTIMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EMOCIONALES Myriam Jimeno

Doctora en Antropología de la Universidad de Brasilia, Antropóloga de la Universidad de los Andes. Es profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del Centro de Estudios Sociales – CES de la misma universidad.

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Presentación61 En este texto me detengo en particular en la construcción cultural de la categoría de víctima como una forma de afirmar civilidad. En la actualidad la sociedad colombiana presencia la afirmación paulatina de un lenguaje con resonancia particular que acude a narrar experiencias personales de sufrimiento en forma de testimonio personal. Este lenguaje, eminentemente emocional, crea lazos entre personas muy diversas de lo que podemos llamar sociedad civil, en torno a compartir “la verdad” de los hechos de violencia en nuestro país. Argumento que este lenguaje del testimonio personal tiene efectos políticos en tanto construye una versión compartida de los sucesos de violencia de la última década y sirve de puntal para acciones de reclamo y reparación. La naturaleza emocional de esa categoría hace posible, como nunca antes, tejer vínculos de identidad y reconocimiento entre quienes han experimentado la violencia y el conjunto de la población que actúan de manera pública en la forma de movilizaciones e imágenes compartidas. El testimonio personal conforma comunidades en el sentimiento, comunidades emocionales, las llamo, que son comunidades morales, fundadas en una ética del reconocimiento. La categoría de víctima es el decantado simbólico y el punto de confluencia de este proceso de reconocimiento. Esta categoría permite ventilar, de una manera inédita en Colombia, los hechos de violencia desde la perspectiva de quienes los han sufrido. Las manifestaciones masivas de los últimos años, en especial las del año 2008, son expresión de ese

61 Ponencia central en la II Reuniao Equatorial de Antropologia- XI Reuniao de Antropólogos do Norte-Nordeste ABANNE, Natal, Brasil, 18-22 de agosto de 2009. Este texto fue escrito con la ayuda de los antropólogos Ángela Castillo y Daniel Varela, co investigadores del proyecto en curso Ciudadanías en el límite. El caso de la comunidad Kitek Kiwe que adelantamos en el Cauca con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y MSD\ USAID. Una versión preliminar fue presentada en el Seminario Odio y otras emociones en la política, Fundación Visionarios y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, junio 2009.

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movimiento que tiene arraigo en diversas organizaciones “de víctimas”. También lo veremos en la acción pública de una minoría étnica, la indígena, y en la lucha por la Ley de Víctimas. Examino en primer lugar un caso indígena, pues los indios, como lo afirma Ramos (1998), revelan lados ocultos de cada nación: sus sentimientos, contradicciones y valoraciones. Luego examinaré las manifestaciones públicas del año 2008 y finalmente, de manera breve, la discusión en torno a la Ley de Víctimas.

1. kitek kiwe, conmemoraciones en abril del año pasado asistí por primera vez a la conmemoración del aniversario de la masacre cometida por los llamados paramilitares en el Alto Río Naya en el año 2001. Me llamó la atención que durante las semanas anteriores a la conmemoración, una pequeña comunidad de desplazados de esa masacre en la cual realizamos investigación, estuviera febrilmente dedicada a preparar el evento. En realidad ellos serían allí apenas una de las tantas organizaciones participantes que irían hasta el pequeño poblado de Timba, puerta de entrada al Naya por el Valle del Cauca. Allí estarían, en primer lugar, el delegado de la Comisión Nacional de Reparación y representantes de la OEA, de las autoridades locales, del Proceso de Comunidades negras, de organizaciones comunitarias de los que retornaron al Naya, de organismos de derechos humanos, de la organización indígena CRIC, intelectuales, periodistas regionales y uno de los dos canales privados de TV. En fin, una variada muestra de gobierno y “sociedad civil”. Esta conmemoración, ya la séptima después de los sucesos de violencia, sería alrededor del compromiso del gobierno de tomar este poblado como uno de los ejemplos de reparación económica y simbólica por la masacre. Pese a su papel marginal, los de Kitek Kiwe, pues así se autodenomina la comunidad que estudiamos, seguían en su empeño

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de preparar el evento: Lisinia, la dirigente nasa que ha representado a las viudas de esa masacre en varias ocasiones, se apresuraba porque “no encuentro las fotos de las “víctimas”, “no sé dónde las guardé desde la marcha de Bogotá en marzo [2008]”. Los niños de la escuela y uno de los maestros ensayaban durante días la presentación de un sociodrama sobre su versión de los sucesos. Vimos cómo se corregían unos a otros: ¡“víctimas”!, no muertos, fue enfática una niña. Ya en la conmemoración, los Kitek Kiwe, abrieron el acto de manera sorpresiva con la entrada de los niños de la comunidad en medio de los asistentes, cantando el himno nacional en lengua nasa yuwe. Se tomaron el escenario y a una voz gritaron: “Se vive, se siente, el Naya está presente. Los familiares de las víctimas del Naya exigimos, justicia, verdad, reparación y derecho a la no repetición”. Cerca de mil asistentes, sorprendidos, se pusieron en pie y escucharon en silencio el himno nacional, entonado en las dos lenguas, español y nasa yuwe. Vieron sobrecogidos cómo los niños agitaban los bastones de mando que simbolizan la autoridad indígena de esa región. Los niños no bajaron más del escenario. Allí permanecieron horas, en el calor intenso de las llanuras del norte caucano, rodeados, literalmente, de pancartas y banderas que reclamaban justicia, verdad, y reparación para las víctimas del Naya, hasta que lograron ofrecer el sociodrama con su versión de los hechos y cómo se reconstruyeron después (Jimeno, Castillo y Varela, 2009, Junio). Fue así como el evento se desplazó desde su propósito inicial, acto encabezado por la comisión gubernamental de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, hasta la voz activa de organizaciones indígenas y negras. La reparación por la vía gubernamental pasó a un segundo plano. Los delegados del gobierno nacional y local se encontraron sometidos a una lógica escénica que colocó el clima emocional del evento alrededor de las “víctimas”

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de la masacre y convocó a la audiencia en torno de símbolos de fácil compresión para todos y de enorme eficacia emocional, tales como el himno en dos lenguas y la versión de lo ocurrido mediante el sociodrama actuado por los niños de Kitek Kiwe. ¿Cómo consiguen convocar, entusiasmar, a una audiencia tan heterogénea? ¿Es nativismo y añoranza? ¿Cómo es que estas puestas en escena apuntalan reclamos muy concretos ante el Estado que dejan atrás la supuesta pasividad de las víctimas? En abril de este año fuimos con mis compañeros de investigación Ángela Castillo y Daniel Varela a la nueva conmemoración. Pero el escenario era muy distinto: los Kitek Kiwe habían decido realizarla en la sede de la comunidad, en la finca que ganaron por medio de una acción jurídica de tutela. La finca está situada a pocos minutos de la capital regional, la ciudad de Popayán, por lo que su acceso es relativamente fácil. Invitaron también a delegados de quienes retornaron al Naya–negros, indígenas, campesinos y también a un grupo selecto de funcionarios de gobierno, organismos internacionales y no gubernamentales. Pero en esta ocasión los invitados centrales eran los fiscales regionales y el fiscal que tiene jurisdicción sobre el caso del Naya, así como los procuradores regionales. La entrada a la finca, bajo un arco de cintas verdes y bombas blanco y morado, estaba franqueada por la guardia indígena, institución creada hace unos diez años para hacer “resistencia civil” a los armados. Ataviados con chalecos nuevos, portaban las insignias rojas y verdes del CRIC: nos indicaron que debíamos inscribirnos a unos pocos metros de la entrada. En un improvisado escritorio de madera, cuatro niñas tomaban los datos de los asistentes en listas que el Cabildo Kitek Kiwe había diseñado. Nos colocaron dos pequeñas cintas, una morada y una blanca. Ascendimos hasta el salón principal de la escuela.

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El salón estaba colmado. De personas de la comunidad y de los invitados. El acto lo presidía la presidente del CRIC, la “Consejera mayor” Aida Quilcué. En los costados tomaron asiento los delegados de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el Defensor del Pueblo del Cauca, funcionarios de la Procuraduría y el fiscal que tiene a su cargo la investigación por la masacre del Naya, justo debajo de enormes pancartas: “Por la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos”. “No a la impunidad, ni perdón ni olvido, castigo a los responsables materiales intelectuales”. Al lado de las pancartas repetidas muchas veces, seis fotos amplificadas de algunos de quienes perecieron, fueron al menos 42 personas, hombres en su mayoría. Afiches realizados por los niños de la escuela rodeaban el salón. En el momento uno de los dirigentes hablaba “(…) Eso es lo que nosotros reclamamos como víctimas, [es saber] qué ha hecho la Fiscalía respecto a esto (…)”. En seguida intervino uno de los campesinos que retornó al Naya: “A mí me tocó ver como botaban los cuerpos a los ríos. ¡Si el río de La Balsa pudiera hablar…, que sería todo lo que diría! (…) ¡No entiendo por qué hoy, cuando las víctimas salen a reclamar sus derechos en escenarios nacionales e internacionales el gobierno se queja! Dicen que hablamos mucho, que exageramos (…) Quiero criticar mucho los derechos de las víctimas en las audiencias públicas [contra los jefes paramilitares]. Se nos debe garantizar mejor la defensa de nosotros, las víctimas (…)”. Continúan varios integrantes de asociaciones de víctimas y el evento desemboca en una representación de los “derechos de las víctimas: La señora Verdad, el señor Víctima, la señora Reparación y la señora Garantía de no Repetición, encarnados por tres mujeres y el joven gobernador del cabildo Kitek kiwe: hablan entre sí, preocupados por esclarecer la verdad de lo que pasó. El Sr. Víctima, quien además de gobernador es uno de los maestros de la escuela, se ubica de espaldas al público, de modo que habla cara a cara a “las señoras derechos de las víctimas”.

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El Sr. Víctima, dice, “señora Justicia, ¿cómo hago yo como víctima para acceder a la justicia?”. Pregunta uno por uno a cada derecho cómo se va a hacer para garantizar que les cumplan. Los derechos contestan que dudan que en el gobierno de Álvaro Uribe se les garanticen estos derechos. “¿Pero no se puede hacer nada?, ¿qué puedo hacer, ayúdenme?, exclama el Sr. Víctima. Los derechos responden: “Si hubiera alguien del gobierno que se comprometa… tal vez y la situación mejore”. “¿A quién acudimos?”, “¿Está por aquí la Fiscalía?”, exclama el Sr. Víctima. Sí, irrumpen los asistentes. Continúa el Sr Víctima, “¿Qué dicen?, ¿que hagamos minga62? Sí!!, el público. ¿Qué dicen, que la Fiscalía firme el documento?, Sí! grita el público. Los tres fiscales presentes se levantan de sus asientos un poco aturdidos por el repentino griterío. ¿Está por aquí la Defensoría [del Pueblo]? Sí¡!!, el público. Los defensores presentes se levantan en silencio. Y “¿hay alguien de la Procuraduría?”, continúa el Sr. Víctima, Sí!!!, el público. “!Vamos a hacer minga de esclarecimiento!, ¿Quién quiere hacer minga?”, continúa. “¿Señor Defensor del Pueblo, Señor fiscal, se comprometen a esclarecer la masacre del Naya y a garantizarles los derechos a las víctimas? Que se comprometan, grita el público “¿Firman esta acta de compromiso, lo juran ante las víctimas, los niños, las viudas?” Con los delegados de las tres instituciones en pie, que firmen, ¡que juren!, gritan los asistentes, ya todos en pie. El Sr. Víctima se vuelve hacia el público, “¿qué firmen, cierto?”. “¡Que firmen, que firmen!” atruena el recinto. El Defensor del Pueblo del Cauca, levanta su mano derecha y, se oye un entrecortado, “lo juro”. Y uno a uno, los demás funcionarios lo siguieron en el juramento y firma de un documento, “Acta” lo llaman. Aplausos, muchos asistentes se amontonan, rodean a los firmantes, gritan, otros toman fotos y videos. Es el clímax.

62 Palabra que usan los indígenas para referirse a conformar un grupo para emprender alguna tarea de interés común.

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Ahora, dice el gobernador del cabildo, “Voy a hacer un sencillo homenaje a una mujer que es modelo de resistencia, modelo de lucha, que recoge una palabra: ¡es posible! Es un homenaje muy sencillo, muy humilde, para que usted siga siendo la voz de este proceso, porque las víctimas necesitan voces como usted. Venga compañera, consejera Aída Quilque”. La consejera del CRIC recibe los regalos de manos de mujeres, un sombrero “con los colores patrios, una pulsera para que su ímpetu no caiga y un collar que simboliza a las víctimas del Alto Naya”. Ella responde en nasa yuwe y dice en español, “… quiero iniciar hoy haciendo memoria de la cacica Gaitana y su lucha con cinco mil nasas que murieron en Tierradentro [se refiere a lucha de conquista del dominio español el siglo diecisiete]. Después de esa primera masacre, han seguido más masacres. A razón de todo eso es que hoy caminamos la palabra. Caminamos la palabra en minga, para exigir respeto. Iniciamos la minga [el año pasado] con muchos asesinatos en el norte del Cauca. Surge [entonces] el atentado contra mi esposo63. ¡No pudieron desmentir el atentado! (…) que pretendía ser otro más de los falsos positivos! No basta la investigación, ¡si no que no haya más asesinatos de la comunidad! ¿Qué hacer para que nos dejen de matar? (…).Yo quisiera hacer un llamado a las comunidades afrocolombianas a seguir trabajando. Que nos reforcemos para pedir respeto a la dignidad de los pueblos. Esto hay que recogerlo y volverlo minga, para que se pueda gritar con más fuerza que la dignidad de todos los pueblos se debe respetar.” Finaliza con los pasos para acudir a la Corte Penal Internacional por crímenes de Estado. Nos preguntamos, ¿qué tipo de política es esta y cómo se enlaza con un movimiento nacional? Hasta aquí es claro que se acude a la etnicidad india y se obra en nombre de la profundidad histórica para interpelar a los no indios y al Estado. Los indios buscan un lugar más equitativo dentro de la sociedad nacional y para lograrlo crean símbolos y lenguajes nuevos y acuden a

63 Edwin Legarda fue muerto en diciembre del 2008 en un retén militar. Adujeron haberlo confundido con un guerrillero.

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puestas en escena -performance las llaman– basadas en una comunicación eminentemente emocional. Pero el elemento que ahora me perece importante de destacar, es que en el proceso de reafirmación étnica no se quedan encerrados dentro de su propio reclamo de otredad, sino que buscan interpelar a la sociedad nacional, incidir en la práctica institucional y encontrar compañeros de marcha. Es por esto que Lisinia, de la comunidad Kitek Kiwe, marchó en Bogotá al lado de miles de manifestantes en las grandes movilizaciones del año 2008 con una pancarta que recordó a las viudas de la masacre del Naya. Lisinia cuenta su caso en los congresos de víctimas y se indigna hasta las lágrimas por la extradición del jefe paramilitar Hebert Veloza (alias H.H). Cuando habla, no representa tan sólo a los indígenas del Cauca, sino de algo más general, compartido y compartible. Habla como víctima. Las encarna. Ella expresa a los sectores activos de quienes han sufrido la violencia reciente, a quienes toman la vocería y no aguardan a oficializar su presencia. Es una respuesta de hecho a la demanda de analistas y organismos internacionales que afirman que en Colombia no se le ha asignado representación a las víctimas y no se han promovido sus derechos (Informe del International Crisis Group, N. 29-30, 2008). Las movilizaciones nacionales y locales como la de Kitek Kiwe, son pues expresión de una lucha por el reconocimiento político en las que se mueven sin dudas intereses diferentes. Pero aún con su heterogeneidad y falta de unidad orgánica, me parece que su testimonio y acción públicos van más allá de ser meros depositarios de derechos y beneficios, incompletos, parciales e insuficientes y dejan atrás los recuentos incompletos de los sucesos, como lo han advertido muchos analistas (Uprimny y Saffon, 2006). Estos movimientos trascienden la idea establecida sobre la pasividad de las “víctimas” y agencian su propia participación en

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un intento por romper las barreras legales, institucionales, de intereses particulares, respecto de su reconocimiento y reparación. Me interesa subrayar en particular la dimensión políticocultural de provocar un proceso de apropiación compartida de los sucesos de violencia. Su mecanismo central es el uso de un lenguaje emocional que identifica historias personales, narra con detalle acontecimientos, señala agentes del crimen. El lenguaje emocional no es por supuesto, ajeno a la racionalidad o al razonamiento y tal vez pueda llegar mejor a la verdad social que tal vez no a la jurídica, todavía tan esquiva.

2. Marchas “El año en que Colombia marchó” tituló El Tiempo el 29 de diciembre del 2008 y se detuvo en lo que consideró hecho y personaje del año: “Cuatro marchas se convirtieron en el 2008 en el símbolo de una Colombia que dejó a un lado la indiferencia. A través de convocatorias civiles, cientos de miles de personas salieron a las calles a rechazar la violencia, el secuestro y la barbarie” (p. 1-8). 4 de febrero contra el secuestro y las FARC, 6 de marzo, “en homenaje a las víctimas de paramilitares y crímenes de Estado”, 20 de julio, por los secuestrados, a pocos días de la operación Jaque, y 28 de noviembre, “Unidos por la vida y por la libertad”. Continuó el diario, “Una Colombia que hace del dolor de algunos el dolor de muchos, es probablemente, el principal legado del 2008, el año en que la gente salió a las calles para repudiar la barbarie, venga de donde viniere”, continuó El Tiempo (p. 1-8). En columna al lado, Iván Cepeda agregó que pese a contradictores, e incluso amenazas para los organizadores de la macha del 6 de marzo, “Por primera vez el país habló de otras víctimas”. “Los rostros de los hijos, las madres y los hermanos estuvieron en la retina del país”. En el mismo diario, Abdón Espinosa Valderrama y Rafael Pardo Rueda (2008, Febrero 7) mostraron su entusiasmo con la prime-

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ra marcha, la del 4 de febrero: Pardo recalcó que “los partidos así fueran uribistas o no uribistas fueron superados por la gente (…) la gente salió sola, en la práctica autoconvocada (…) a esta manifestación sin precedentes de unidad de los colombianos” (p. 1-21). Espinosa habló de “la grandiosa marcha del 4 de febrero, fecha ya inscrita en los anales de la historia” y se pregunta por los elementos de la conciencia colectiva que se supo tocar para “suscitar tamaña movilización popular” (p. 1-21). Millones de personas, en efecto, sorprendieron a los escépticos y desafiaron el tan socorrido mote de la “indiferencia” del colombiano frente a la violencia. Los titulares de El Tiempo durante el año 2008 afirmaron que era “Algo jamás visto. Millones de personas marcharon ayer [4 de febrero-08] en el país y en el mundo contra las FARC” “Histórico. El país nunca había sido testigo de una manifestación de tal magnitud. Supera a la que encabezó Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y a las de “No más” a la violencia, en 1998 y 1999” (El Tiempo, 2008, Febrero 5). “No se sabe con certeza cuánta gente marchó, pero estas imágenes [plazas y calles colmadas en varias ciudades del país] evidencian un hito histórico. En las plazas no cabía un alma (…)”. “Más colombianos que nunca clamaron contra el secuestro y por la paz”; “Otro veinte de julio que pasará a la historia” (El Tiempo, 2008, Julio 21). En efecto, las marchas provocaron sentimientos de unidad frente la violencia y de esperanza en la acción cívica. Pero no sólo incitaron sentimientos, sino que también dieron lugar a discusiones sobre la violencia de las últimas décadas: de nuevo apareció el discurso de la autoflagelación en Colombia: el que habla de “una sociedad enferma”, “ausente”, “indiferente”, de una condición histórica repetitiva, de una entraña moral perversa del colombiano. Otros, en contraste, destacaron más bien “el despertar de la sociedad civil”, el que “la muestra de civismo fue ejemplar”. Aún algunos desestimaron una marcha y vieron en otra, la “verdadera”. Carlos Lozano, director del periódico

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Voz, declaró en El Tiempo que “La marcha [del 4 de febrero] mañana será historia antigua, no será punto de referencia para lo que debe ser el país” (2008, Febrero 5). Voces aún más radicales redujeron cada demostración a una manipulación, ora del gobierno y “los medios”, ora de la guerrilla o los paramilitares. Los mejores ejemplos fueron la descalificación de José Obdulio Gaviria a la marcha de marzo por ser “pro guerrilla” dado que hablaba de crímenes de Estado y por los graffiti en la Universidad Nacional que condenaron la del 4 de febrero por “paraca”. Pero en conjunto, fueron ocasión para que se planteara la pregunta de si las movilizaciones eran muestras de una ética civil en construcción. Al día siguiente de la marcha de febrero, Mauricio García escribió que se distanciaba de las apreciaciones de algunos de sus amigos contrarios a la marcha, pues “las marchas que señalan con nombre propio al victimario, en lugar de marchar contra “la violencia que nos afecta” fortalecen la sociedad civil, le dan autonomía, voz propia y, a la larga, pueden crear en ella un reducto ético capaz de movilizar a la gente contra todo tipo de violencia” (El Tiempo, 2008, Febrero 5). Álvaro Delgado hizo notar que, las marchas evidenciaban un cambio en las formas de la protesta social y dejaban atrás “el discurso insurgente de la vieja izquierda”: “Esa población en marcha le contó al país que estaba afectada por el conflicto y era víctima de todos sus promotores: paramilitares, guerrilleros, fuerzas armadas oficiales” (El Tiempo, 2008, Julio 27). Al lado del artículo, en toda la longitud de la página, una foto mostraba una larguísima bandera de Colombia sostenida por miles de marchistas. Las marchas de febrero, marzo, julio y noviembre del 2008 tuvieron como contraste la indígena de octubre y noviembre. En octubre del 2008 cuarenta mil indígenas caminaron de forma organizada desde el resguardo de La María, en el Cauca, hasta Cali. Veinte mil de ellos llegaron hasta Bogotá, con el fin de expresarle al presidente sus problemas: “Marcha por la dignidad

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de los pueblos” la llamaron. No fue una marcha que invocara a las “víctimas” ni los indígenas se presentaron como tales, pero consiguieron una vez más llamar la atención del país entorno a una nueva “Minga por la vida y contra la violencia”, como la que ya habían organizado en el año 2002. En años anteriores, los indígenas del Cauca se habían convertido en ejemplo de resistencia civil contra los armados. “Deciden resistir hasta el fin”. “Cauca/ ¨Así acaben nuestro pueblos, seguiremos en pie¨, dicen indígenas”. Los 700 mil indígenas del Cauca empezaron a abastecerse y a conseguir frazadas y medicinas para afrontar la arremetida de las FARC. Incluso revivieron la institución del trueque”, continuó el periódico, que incluyó un pronunciamiento, “[…] le decimos a Colombia que nuestros territorios están cansados de recibir tanta sangre injustamente derramada […]” (El Tiempo, 2008, Julio 26) Desde 1999, como lo registra Ricardo Peñaranda (2004), los indígenas del Cauca optaron por deslindar campo abiertamente con las organizaciones armadas ilegales. Fue tal la resonancia de aquella acción decidida contra una columna de las FARC que infiltró una movilización de reclamo indígena en ese año, que, dice Peñaranda, el periódico El Tiempo escribió, “Lo que no pudieron hacer los paramilitares ni el Estado, lo hicieron los indígenas del Cauca” (El Tiempo, 2008, Julio 26, citado por Peñaranda, 2004, p. 547): los expulsaron de la marcha. Pocos años más tarde, en mayo del 2001, treinta mil indígenas marcharon desde la ciudad de Popayán hasta la de Cali, en la una marcharon por la que llamaron “Minga por la vida y contra la violencia” en protesta contra la muerte de por lo menos 43 personas, campesinos indígenas, negros y comerciantes en el Alto Río Naya. En ese momento los indígenas invocaban de forma expresa la resistencia civil contra los armados y por varios años hicieron de este concepto su lema para numerosas movilizaciones masivas. Peñaranda lista algo más de veinte movili-

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zaciones entre el año 1999 y el 2004 en contra del secuestro de dirigentes y frente a intentos de toma de varios poblados del Cauca. Pero después de la masacre del Naya (2001) la resistencia civil le cedió el paso al reclamo como víctimas de la violencia. En la demarcación y el rechazo claro a la injerencia de los grupos armados en sus comunidades y organizaciones, los indígenas han sido pioneros. También en la adopción de la categoría de víctima como expresión simbólica de experiencias de sufrimiento y de reclamos por la verdad, la justicia y la reparación. Minoritarios en la sociedad colombiana, actúan a la manera de los emergentes en los grupos sociales, que expresan primero y más abiertamente el malestar del conjunto. Pese a más de cien muertes en esta década, los indígenas se niegan a ceder a la presión armada. En el año que corre hemos presenciado una novedad en las marchas: en vez de masivas movilizaciones, han surgido marchistas individuales, un niño y una mujer mayor, que como el profesor Moncayo, piden la liberación de sus hijos o padres. En una de ellas un niño de doce años pidió la liberación de su padre. En la última, en julio pasado, fue una pequeña mujer, “la mamá que caminó 570 kilómetros por su hijo”, secuestrado por las FARC desde hace diez años (El Tiempo, 2008, Julio 17). Oliva Solarte, con sesenta y un años y muchas dolencias, caminó desde Gamarra (Cesar) hasta Bogotá, como lo hiciera en el 2007 Gustavo Moncayo por su hijo, en situación similar. Grupos de espontáneos la alentaron en su caminata y recibió “la solidaridad de todos aquellos que salieron a ver su travesía” (El Tiempo, 2008, Julio 18). En breve, podemos decir que la sociedad colombiana se activó y se expresó frente a lo que le ha significado estas décadas de luchas armadas. Este conjunto de acciones sociales (marchas) se abrieron paso con un discurso que en vez de queja, autoinculpación o señalamiento, habló de un repudio abierto a los grupos armados de guerrilla y paramilitares y de reclamo al Es-

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tado. Quienes asistimos a las marchas fuimos sorprendidos por la heterogeneidad social de quienes participaron en términos de sector de ingresos, género, ocupación, sitio de habitación o raza. También por la creatividad de los recursos simbólicos y expresivos, que iban desde performance elaborados por grupos de teatro profesional, hasta pancartas rústicas montadas sobre palos, con las fotos de muertos, secuestrados y desaparecidos. Cantos, estribillo y rezos. Globos, flores, mariposas, estampas de la Virgen María, disfraces, palomas, y banderas, muchas y variadas banderas de Colombia. Incluso una que se arrastraba por kilómetros en un abrazo a miles de participantes. Parecen todos indicios de una ética civil contra la acción violenta. Pero no todo es propicio. Pese a las movilizaciones que se llamaron “históricas” no todos están convencidos. “¿Llegó, por fin, la hora de las víctimas?” se pregunta el artículo de Schultze-Kraft y Munévar (UN Periódico, 2008, noviembre 9). Para esa fecha, nos dicen los autores, los paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz del año 2006 habían confesado 2.700 crímenes y dado información sobre 8.700 más. Las autoridades habían exhumado 1.700 cadáveres y 155.000 personas, que denunciaban 123.000 crímenes, se habían inscrito como “víctimas” en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Schultze-Kraft y Munévar llaman la atención de la falta de garantías institucionales a los derechos de las víctimas, las posibilidades de repetición de actos de violencia y de que “la falta de representación y voz de las víctimas en Colombia es evidente” (p. 5). Advierten sobre la falta de interés del gobierno de Álvaro Uribe en el tema, lo que se hizo cada vez más evidente en relación con la Ley de Víctimas, como lo veremos.

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3. La ley de víctimas: lo que pasó en el 2009 en mayo 5 de 2009, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche desfilaron más de sesenta personas invitadas a la sesión especial del Senado de la República con ocasión del “Día de solidaridad del Senado de la República con las víctimas”. Esta acción pretendió apoyar la discusión en el Senado sobre el proyecto de ley 157 de 2007 “Por el cual se dictan medidas de protección a las víctimas de violaciones de la legislación penal, de normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario perpetradas por grupos armados al margen de la ley”. Este proyecto fue presentado por el senador Héctor Helí Rojas el 1° de octubre de 2007, “En nombre de la Bancada del Partido Liberal en el Senado de la República”, firmado por 18 senadore64. La presentación de la Ley de Víctimas estuvo precedida de una jornada llamada de “solidaridad con las víctimas” del conflicto colombiano organizada en julio de 20007 en conjunto entre senadores liberales y la Fundación Víctimas Visibles (Roldán, 2007). En las consideraciones sobre el Proyecto de Ley se lee que en esa sesión “Se escucharon testimonios de diferentes tragedias, masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desplazamientos forzosos, tomas de poblaciones (…)” contra “población civil, contra funcionarios públicos, contra organizaciones civiles, contra comunidades indígenas y afrocolombianas (…). El Proyecto de Ley tomó como definición de “víctima” a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida de la libertad, reclutamiento forzado de me64 Héctor Helí Rojas, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco, Jesús Ignacio García V., Cecilia López Montaño, Yolanda Pinto, Juan Manuel Galán, Luis Fernando Duque, Alvaro Asthon, Guillermo Gaviria, Carlos Julio González, Mauricio Jaramillo, Germán Aguirre, Víctor Renán Barco, Mario Salomón Náder, Camilo Sánchez, Hugo Serrano Gómez, Piedad Córdoba Ruiz, Senadores de la República.

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nores, pérdida financiera, desplazamiento forzado o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derechos internacional humanitario” (Artículo 8). El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes y terminó “hundido” por el gobierno Uribe arguyendo que era “impagable”. Empero, no se fue a pique, pues de inmediato fue presentado de nuevo al Congreso y miles de televidentes pudieron escuchar el testimonio personal de un variado grupo de “víctimas” invitadas, de nuevo, con el apoyo de la Fundación Víctimas Visibles. El día de la sesión testimonial el recinto del Senado no estaba colmado. Muchos senadores, en especial los “oficialistas”, estuvieron ausentes y otros repetían su habitual movimiento por el recinto o cuchicheaban con el vecino. No obstante, mujeres de Casanare, de Antioquia, una Embera-Katía, un joven que perdió su pierna en una mina antipersona, fueron desgranando su vivencia. Uno a una, relataron una muerte cruel de un padre, el rapto de una joven, la desaparición de un hijo, un secuestro de años y años, el abandono forzado de sus bienes. Usaron poemas, discursos elaborados, improvisaciones, refranes, increparon a las autoridades, lloraron, lloraron mucho. “Nosotros las víctimas” se escuchó sesenta y tantas veces, queremos saber la verdad y por eso contamos nuestra verdad a todos. La ley de Víctimas sufrió en el Congreso el arduo proceso de debates, ajustes, acuerdos y desacuerdos como lo registran más de treinta noticias y comentarios en El Tiempo. Pero lo interesante en este caso es que no fue un debate sólo entre políticos. La Ley de Víctimas es expresión de un fenómeno social en el que se mueven intereses encontrados, principalmente los de los victimarios por encubrir los sucesos, contra los de personas y organizaciones por todo el país que luchan por conocer la verdad, incluso con independencia de obtener justicia. Verdad, justicia y

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reparación, los tres lemas del proceso actual no sólo enfrentan a los defensores de las teorías de la justicia transicional (Orozco, 2009) con los de derechos humanos (Uprimny, 2006). Y ante todo este pedido de verdad está acompañado por el empoderamiento de cientos de las “víctimas”. Algunos estudiosos aducen que en encuesta a víctimas auspiciada por la Fiscalía General de la Nación y otros organismos (Rettberg, 2008) encontró que el interés principal de la víctimas está en la reparación material, algunas no quieren que se sepa la verdad en público y estarían satisfechas con acceder a la política social existente, sin ser priorizadas. Pero el problema es que reducen las víctimas a las variadas opiniones individuales, en donde aparecen como apocados, medrosos y resignados con el mínimo. ¿Dónde queda entonces la activa participación social de cientos de ellas en las movilizaciones, los congresos, las organizaciones locales, que dan testimonio público y contribuyen a conformar así una conciencia colectiva? ¿Si fueran tan pasivas y anodinas, matarían a sus dirigentes? Desde 2006 hasta febrero de 2009 habían asesinado a 20 líderes de víctimas. Lo que tenían en común Yolanda Izquierdo, Jaime Antonio Gaviria, Benigno Gil, Ana Isabel Gómez y los otros asesinados, es que reclamaban reparación en los procesos que les siguen a poderosos jefes “paras” y exigen lo que muchos ex AUC escondieron ante la Ley de Justicia y Paz. “Una vergüenza nacional”, escribió Enrique Santos (El Tiempo, 2009, Abril 19) que los hayan asesinado en impunidad, que muchos hayan sido mujeres porque son las sobrevivientes y que se hayan distribuido menos del 5 % de las tierras en manos de los usurpadores. Es por supuesto una vergüenza, pero el otro lado de esa incapacidad institucional de respuesta, está en la manera en que la sociedad se está enterando y asumiendo lo sucedido. El espectro de quienes participan del proceso de visibilización de las “víctimas” es bien amplio. Va desde la Fundación Víctimas Visibles que emplea recursos como invitar en junio de este año a los

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Príncipes de Asturias al último congreso en Medellín e invocar la imagen de “Santa María de la Paz”, a las Madres de la Candelaria, el Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia de Córdoba, el Cabildo Nasa Kitek Kiwe en el Cauca o la organización de Iván Cepeda contra los crímenes de Estado en Bogotá. Me parece que este proceso de los últimos tres o cuatro años es la confluencia de muy variadas agendas, tendencias y énfasis en torno a un mismo tema: ¿qué rostro tienen las víctimas, cuál es su voz? ¿Quién las atacó, por qué? ¿Tendremos, verdad, justicia, reparación? Es la diversidad, la que permite expresar el drama colombiano de las últimas décadas con sus múltiples rostros, es la categoría de víctima. Tejida a muchas manos, me parece que esta categoría ha resultado como constructo de una sociedad que se ha debatido en el silencio frente a la necesidad de hablar. De encontrar en el testimonio personal “un terreno común, compartido entre narrador y escucha, en el que no sólo se intercambia y pone en común un contenido simbólico (cognitivo) sino también, y sobre todo, se tiende un lazo emocional que apunta a reconstituir la subjetividad que ha sido herida: se crea una comunidad emocional” (Jimeno, 2008, p. 81). El lenguaje de la experiencia personal tiende el puente para acercarnos al dolor subjetivo y darle reconocimiento mediante la visibilidad y la acción públicas. Con ello apuntamos a cerrar una brecha conceptual persistente en el pensamiento social entre sujeto, subjetividad y hechos socioculturales y entre pensamiento y sentimiento. La categoría de víctima permite articular una narrativa en la cual ventilar sentimientos de dolor, rabia y compasión. ¿Lograremos esta vez, como no lo hicimos en la posviolencia de los años cincuenta, ventilar el sentimiento y darle cauce político? Me parece que por ahora se afianza la categoría de víctima como ese aglutinante. Y creo que lo permite porque es una categoría eminentemente emocional, que invoca la identidad en el sentimiento. Me dirán, ¿es que acaso el sentimiento o la emoción

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son categorías “naturales”? Claro que no: como lo expresa Le Bretón (2009), las lágrimas revelan un lenguaje y no son un reflejo del dolor; se insertan en las convenciones que modelan el sentimiento por medio de una sutil dialéctica. No adquirimos el vocabulario emocional por la consulta del diccionario, continúa Le Bretón, sino que éste impregna las relaciones sociales y hace eco en el niño que aprende su significado al verlas encarnadas en sus próximos (2009, pp. 172-173). Justamente la naturaleza emocional de la categoría de “víctima” hace posible que divisiones ideológicas y sociológicas puedan ser recogidas en un momento anti estructura (como diría Víctor Turner) y sobre todo, convertirse en instrumentos políticos para afianzar la débil institucionalidad, como es el caso de la Ley de Víctimas. La “víctima” se coloca en el plano de quien sufre, de quien siente rabia y aspira a que entiendan y compartan sus sentimientos. Cuando relata lo acontecido, sus palabras están sobresaltadas por el temblor de la voz, por el llanto, por silencios, de manera que los sucesos están impregnados por el clima emocional, que le habla de manera simultánea a cabeza y corazón. Me parece que esa categoría permite crear un sentimiento compartido de solidaridad frente al dolor de los que sufren y de indignación por lo ocurrido. Por esta vía se hace factible la generalización social y de la experiencia de violencia. Pero es decisivo un vínculo que una las emociones, que son un juicio sobre el mundo (Calhoun y Solomon, 1996), con la acción política. Un antropólogo que ya pocos leen, decía que las categorías emocionales, y él pensaba en la brujería entre los azande de Sudán (Evans-Pritchard, 1952), no sólo sirven para expresar el infortunio de las personas o el de las relaciones personales, sino que también envuelven juicios morales. La moral cristina, lo sabemos, está íntimamente ligada a la noción de dolor, de manera que podemos decir que la determina. Pero ¿Podremos construir juicios morales que instituyan una ética civil en la política colom-

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biana y trasciendan la matriz cristiana del dolor? Algunos estudiosos de nuevas orientaciones de estudio en la política señalan lo inadecuado de reducir la acción política a un tasado de costobeneficio y probabilidades de éxito. Más bien, la movilización política proporciona no sólo información, sino simpatía, confianza e identificación emocional (Wood, en Goodwin y otros, 2001, p. 306). Por esto es que la categoría de víctima, con un sentido público compartido, es una categoría de ética civil. Posee una alta expresividad que da lugar a comunidades emocionales, que son políticas, vale decir personas que en su radical individualidad, como diría Hannah Arendt (2005), se unen para actuar en torno a propósitos comunes. Este proceso aún puede ser temporal o efímero si no se ancla en organizaciones y en acciones civiles e institucionales. Pero es un medio para explorar lo sufrido por sectores de la sociedad en las dos últimas décadas, que apunta a curar heridas que aún no sanan en la memoria colectiva.

Conclusiones He escrito varias veces, con terca insistencia, que los colombianos solemos pensar que nos caracteriza el ser un pueblo violento con una historia ininterrumpida de violencia. Esta autopercepción está fuertemente enraizada, hasta el punto que se ha vuelto una identidad negativa que tiene repercusiones sobre la cultura política y por supuesto sobre la acción política (Jimeno, 1998). Este me parece un rasgo cultural, no en el sentido de que exista algo que podamos denominar “cultura de la violencia”, sino en el sentido de que hemos aprendido a reconocernos así y que lo damos por sentado sin ponerlo en cuestión, que muchas de nuestras apreciaciones sobre la vida social y muchos de nuestros comportamientos y prácticas cotidianas se orientan por este supuesto. Muchos discursos de la cotidianeidad, así como de los círculos de expertos, tienen en común el referirse una y otra vez a esa entraña malvada, y atribuirla a las más variadas razones y sinrazones. La creencia de que somos un

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pueblo violento hace pues parte de un repertorio compartido o lente mediante el cual miramos el entorno y en ese sentido es “cultural”. Como suele suceder con las creencias, estas se sostienen sobre una red de evidencias y supuestos tácitos que las retroalimentan y las confirman como conocimiento dado. Cada hecho de violencia que ocurre confirma la creencia, pero los que lo refuten, matizan o cuestionan, se desestiman o ignoran. Pues bien, esta creencia o supuesto cultural nos llevaría a negar la posibilidad de progreso en Colombia, pues la creencia sobre la violencia que nos acompañaría como sombra maligna, hace parte de un supuesto mayor según el cual las autoridades en especial las institucionales, no son de fiar y son temibles. Este supuesto tiene un largo arraigo, tal vez desde cuando los liberales radicales ayudaron a construir la idea de que toda forma de autoridad era una forma de traición a la libertad y lo plasmaron en una normatividad, que por su debilidad, le abrió paso a un modelo de estado nacional centralista. La categoría de “víctima” es un constructo emocional, producto de un proceso relativamente reciente en Colombia, por el cual decenas, centenas, de personas de las más variada condición relatan, hablan, testimonian sobre su experiencia personal frente a grupos armados, ilegales o legales, que les han infringido un enorme sufrimiento por la desaparición, rapto, violación, secuestro, tortura o muerte de sus familiares o por el desalojo violento de los lugares donde habitan. Estas personas hablan de lo que saben, preguntan por lo que quieren saber y sobre todo, exponen a los ojos públicos su dolor y lo recogen en la palabra “víctima”. La “víctima”, lo sabemos, se queja y puede quedar atrapada en el dolor experimentado. Puede callar y ensimismarse en el sufrimiento. En ese caso decimos que produce “lástima”. Pero estas “víctimas” que hemos visto, el profesor Moncayo o el niño Yohan Stiven Martínez, por ejemplo, convocan en torno a acciones, marchas, despliegues públicos, “caminan la palabra” a su modo.

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Tognato (2009) muestra que el profesor Moncayo obtiene con sus caminatas por el país una convocatoria amplia de “solidaridad” con los secuestrados y que logra fusionar en ese acto de solidaridad, al menos temporalmente, una sociedad civil fragmentada. Me parece que logran hacerlo porque la categoría de “víctima” que emplean de manera bastante explícita, es un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la generalización social. Lo peculiar e interesante de esa mediación es que se hace a través de la unidad en el sentimiento y no por medio de la invocación a principios abstractos de derechos violentados. Desde hace al menos una década existen denuncias sobre personas que han sufrido la violencia. Y sin embargo, sólo recientemente el discurso emocional se hace incluyente. ¿Cómo se produce esto? Agamben (2003) ha excavado en las profundidades del testimonio personal y cómo logra una verdad que no es la verdad jurídica pero de la que emerge una luz de entendimiento sobre lo incomprensible del terror. Quisiera radicalizar mucho más sobre el testimonio personal: el testimonio tiene fuerza porque permite la identificación entre personas disímiles. Mi propuesta es que la afirmación y el vigor de la categoría de “víctima” [del conflicto armado] hacen parte de un proceso social progresivo en el sentido de la afirmación de la sociedad civil frente al impacto de la violencia de las dos últimas décadas.Y que esta categoría permite expresar, de una manera inédita en Colombia, los hechos de violencia desde la perspectiva de quienes la han sufrido. Finalmente, que la naturaleza emocional de esa categoría permite, también como nunca antes en el país, tejer vínculos de identidad y reconocimiento entre quienes han experimentado la violencia y el conjunto de la población, que se expresan de manera pública en la forma de movilizaciones e imágenes compartidas ampliamente. Emociones como el dolor y la compasión, aglutinan a las víctimas sin importar su clase social, su raza, su color político o su nacionalidad.

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Creo también que las minorías étnicas, la indígena en particular por su peculiar simbolismo en la sociedad colombiana operan como metonimias de la sociedad civil, lo que significa que al adoptar la categoría de víctima, como minoría relegada, hablan sobre el conjunto de la sociedad. No es tampoco un azar la destacada participación de mujeres en el movimiento de víctimas, y mal podría esto reducirse a la circunstancia de viudez o pérdida de sus hijos. Más su protagonismo tiene que ver con la condición histórico cultural que les permite articular su experiencia en el lenguaje emocional, ahora en un escenario público. En breve, en Colombia ya no son más las pequeñas manifestaciones de activistas de los derechos humanos ni de los familiares reunidos de tarde en tarde en la Plaza de Bolívar con pancartas del rostro de sus familiares desaparecidos o muertos. Esta puesta en evidencia de tantos miles de crímenes de los últimos años, ahora tiene en las víctimas dolientes que podemos todos conocer y podemos escuchar de ellos el testimonio de su sufrimiento. Ya no son cifras anónimas amontonadas en los archivos judiciales o citados en los documentos de los expertos. Tienen un rostro con el cual identificarse y con el que nos podemos identificar. Se ha dado una puesta en evidencia pública de hechos de violencia por parte de guerrillas y paramilitares de una magnitud desconocida para esta generación de colombianas y colombianos que nacieron desde el medio siglo pasado en adelante y que ha sentado las bases de una comunidad emocional nacional en torno al sentimiento de dolor y el deseo de verdad y justicia. La puesta en la escena pública de hechos de violencia ocurridos en el último decenio no se ha dado tan sólo por las confesiones de los paramilitares (treinta mil) que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz en el 2005. Este ha sido un proceso que se prolonga hasta hoy con las discusiones sobre la Ley de Víctimas. Lo importante es que las confesiones de jefes paramilitares de miles de crímenes (cerca de tres mil) han estado contrastadas, debatida, encarada, por cen-

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tenares de personas que reclaman por su sufrimiento, cuya voz ha sido amplificada no sólo por los medios de comunicación, sino por acciones públicas de miles de ciudadanos. Así, hemos presenciado la progresiva generalización de la noción de “víctima” como noción icónica que aspira a sintetizar la magnitud de lo ocurrido y a simbolizar los sentimientos de dolor y rabia de miles de colombianos. Si este símbolo logra su generalización y obtiene la identificación con él de sectores amplios de la sociedad colombiana, habremos encontrado una forma de compartir y de actuar como sociedad en el marco de la civilidad. Si se obtiene ese proceso de generalización que caracteriza los procesos de identidad colectiva, no sólo se conocerá “la verdad” social de lo ocurrido por la vía del testimonio personal de dolientes y de agentes de violencia, sino que se hará posible exorcizar el dolor y compartirlo en una comunidad emocional cuya mayor aspiración es que esa verdad se traduzca en justicia. Argumento en el texto que la comunicación de las experiencias de sufrimiento, las de violencia entre éstas, permite crear una comunidad emocional que alienta la recuperación del sujeto y se convierte en un vehículo de recomposición cultural y política. Propongo que el proceso que permite sobrepasar la condición de víctima pasa por la recomposición del sujeto como ser emocional mediante la expresión manifiesta y compartida de su vivencia.

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VIOLENCIA HACIA PERSONAS GAYS, LESBIANAS Y TRANSGENERISTAS: EXPERIENCIAS DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Erik Werner

Antropólogo y Magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Director Ejecutivo de la Corporación Promover Ciudadanía.

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Presentación En el presente artículo reflexionó sobre la relación entre victimización y homofobia a partir del análisis cultural de las distintas formas de violencia que experimentan las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas) y las respuestas ofrecidas por este sector social ante las mismas. Argumento que las diversas formas de violencia social que experimentan las personas LGBT, en razón de su identidad de género u orientación sexual, se explican por el predominio del sistema cultural sexo/género/heteronormatividad. Este capital simbólico, construido históricamente, instaura un modelo hegemónico de sexualidad basado en un solo tipo de hombre y de mujer, una sola orientación sexual legítima: la heterosexual, y atribuye un sentido teleológico a la sexualidad humana: la reproducción de la especie. Dicho capital simbólico es un saber/poder que define los límites de la normalidad y la anormalidad, pretende normativizar y disciplinar los cuerpos, y excluye, margina y victimiza todas aquellas identidades y expresiones de género que le contradicen. De modo que el uso de la violencia contra las personas LGBT, como acción intencional, es inseparable de creencias, percepciones y valores de origen histórico y cultural (Jimeno, 2004, p. 123) y durante la interacción entre agresor y agredido, la violencia se actualiza mediante el juego entre la cotidianidad y los significados culturales de larga duración. Considerando esta premisa, en la primera parte del artículo realizó una caracterización de las formas de violencia que afectan a las personas LGBT, apoyado en datos estadísticos que evidencian la magnitud del problema. Las formas de violencia contra estas personas es relacional y contextual varían de acuerdo con el espacio social donde ocurre, el vínculo víctima-agresor y la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Estas formas de violencia, en

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tanto relaciones de poder, causan daño físico, emocional, moral y/o psicológico y vulneran la dignidad humana, el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, entre otros. En la segunda parte, más allá de las cifras, analizó algunas respuestas que ofrecen las personas y el sector LGBT, ante la violencia. Para desarrollar el análisis, asumo que aunque la violencia es un ejercicio de negación de la subjetividad y expresa la subjetividad que ha sido despreciada, no reconocida, las víctimas no son meros agentes pasivos que padecen la violencia o que reaccionan siempre de la misma manera ante esta. La manera como las personas LGBT experimentan la violencia, así como las respuestas que ofrecen a la misma, varía de un sujeto a otro. A partir de casos y testimonios analizó las siguientes situaciones posibles: i) Cuando la persona se identifica negativamente como humillada y destruida y la víctima permanecen paralizada y en conflicto; ii) La visibilización de la identidad sexual y de género como un acto de autonomía y confrontación del orden cultural que propicia las violencias; iii) Los grupos de auto apoyo como espacios sociales para reconocerse en la experiencia común de sufrimiento y constituirse como sujetos de derechos, especialmente en el caso de mujeres lesbianas. Finalmente reflexionó sobre el movimiento LGBT como un sujeto colectivo que promueve el reconocimiento de las personas de los sectores LGBT como sujeto de derechos mediante exigencia y demanda de igualdad y democracia.

1. Cultura, homofobia y violencia: el predominio del sistema sexo/género, heteronormatividad desde la perspectiva de Foucault (1981), la sexualidad es una construcción histórica, cultural y social. Las sociedades construyen sistemas históricos que generan formas de clasificación

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y categorización de las conductas sexuales, y por ende, formas de conocimiento y de poder sobre dichas conductas (p.53). En la sociedad occidental ha predominado el sistema sexo/género/ heteronormatividad, construido históricamente como un bloque de significados herméticos, rígidos, basados en una lógica aristotélica de binomios opuestos, correspondientes y jerarquizados: macho/hembra; masculino/femenino; procreador/gestante. El primer componente de tal sistema es el modelo binario del sexo macho/hembra que se sustenta, por un lado, en la tradición judeocristiana según la cual dios creó al hombre y a la mujer para procrearse; y por otro lado, en el discurso biológico que define el sexo como la diferenciación anatómica y fisiológica de los seres humanos como machos y hembras. Tanto el discurso religioso como el biológico atribuyen un sentido teleológico a la existencia del binarismo macho/hembra: la reproducción de la especie y la reproducción social de la familia monógama. No obstante estudios de etiología y biología recientes demuestran que el binarismo macho/hembra con fines reproductivos no es una ley universal. Por ejemplo los caracoles o las hienas africanas poseen de manera simultánea los sistemas reproductores del macho y de la hembra, y durante la actividad sexual pueden asumir una u otra posición. El caso de los caballos de mar demuestra que el proceso de gestación no siempre es labor de las hembras, ya miles de huevos son depositados en la bolsa que posee el macho en el vientre. Asimismo, el único fin de la sexualidad no siempre es la reproducción de las especies. Decenas de ejemplos en otras especies animales así lo demuestran. Muchos primates tienen prácticas autoeróticas, mientras que 9 de cada 10 relaciones sexuales de las jirafas africanas corren entre machos. El segundo componente del sistema sexo/género/heteronormatividad es la concepción según la cual el sexo biológico determina la identidad y los roles género. De manera que una persona que

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nace con la anatomía del hombre, culturalmente se le atribuye una identidad y un rol masculino, y un ser que nace con anatomía de la mujer se le atribuye una identidad y un rol social femenino. Desde esta perspectiva esencialista se plantea que el sexo, referido a la dotación biológica tangible con la cual nacemos los seres humanos, es la base desde la cual la sociedad define qué es ser hombre o qué es ser mujer. Desde esta perspectiva el género, masculino o femenino, sería determinado por el sexo y posterior a él (Stolcke, 1999). Este sistema binario, no solo es concebido como opuestos complementarios, sino que instaura un orden jerárquico y relaciones de poder en las que lo masculino subordina lo femenino. En oposición a esta idea, las posturas teóricas de tipo constructivista se oponen a la idea de “la biología como destino”. Desde allí se plantea que al igual que la sexualidad, la categoría género es una construcción social e histórica. Lamas (1994) usa el concepto de género como aquello referido al “conjunto de las ideas sociales sobre la diferencia sexual, que atribuye características “femeninas” y “masculinas” a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida. Mediante el proceso de construcción del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es propio de cada sexo” (p.8). O dicho de otro modo, la diferencia sexual, anatómica y fisiológica, existe como una base material de las ideas culturales sobre los que significa ser hombre o mujer. Desde esta postura se plantea que el significado social de los géneros varían histórica y culturalmente y que el género se interrelacionan con otras categorías y realidades como la adscripción étnico racial, la clase social, la generación, la religión o los estilos de vida. Por lo cual, es necesario hablar del género en plural, es decir, de masculinidades, feminidades, lo andrógeno y de otras categorías de género presentes en la vida social.

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El tercer componente del sistema es la heteronormatividad, que impone la heterosexualidad como una norma social obligatoria y a la vez como la institución social legítima. Como corolario está el heterosexismo, es decir, la creencia según la cual las personas heterosexuales son normales y superiores con respecto a la homosexuales La heteronormatividad hace parte de lo que Llamas (1988) denomina régimen de sexualidad, instaurado por la sociedad occidental65 que consiste en un sistema de criterios que organizan las relaciones afectivas entre las personas, y sus prácticas corporales y placenteras (p.11). Tal régimen establece la oposición entre heterosexualidad y homosexualidad, donde la primera está asociada a lo normal, lo sano y lo legítimo, mientras que la “homosexualidad” es definida como la sexualidad secreta por excelencia, situada en el campo de lo clandestino y lo prohibido, y como una amenaza a la descendencia legítima y a la norma socio sexual vigente. En el mismo sentido, Guasch plantea que la heterosexualidad:

Es un producto histórico y social: es el resultado de una época y de unas condiciones sociales determinadas. Durante más de un siglo, casarse y tener hijos, que a su vez se casen y los tengan, ha sido la opción socialmente prevista para el conjunto de la población. Para ser “normal” basta con ser esposo y esposa; pero el modelo establece además que la excelencia se alcanza siendo padre y madre. Un solo tipo de relación, la pareja estable y el matrimonio; un solo tipo de familia: la reproductora. Por eso a lo largo de la historia, solteros y solteras han sido una especie de minusválidos sociales (Guasch, 2000, citado en García, 2002, p. 66).

65 Occidente es una categoría que se refiere a un espacio geográfico que interrelaciona las tradiciones grecolatinas, germanas y anglosajonas, el modelo económico capitalista y el sistema democrático liberal. Aunque stricto sensu nuestra sociedad no se pueda denominar plenamente bajo esta categoría, es claro que hemos heredado unas representaciones sobre la homosexualidad derivadas de una tradición judeocristiana, que orienta las representaciones e interpretaciones sobre la misma.

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En contraste con el discurso heteronormativo, en la actualidad la atracción sexual, afectiva y erótica por personas del mismo sexo, del otro sexo o de ambos sexos se entiende como orientaciones sexuales tan válidas como cualquier otra. La interrelación entre sexo, género, identidad de género y orientación sexual evidencia las restricciones y la ortodoxia del sistema cultural predominante y nos ubica en el campo de la diversidad. No obstante, el sistema sexo/género/heteronormatividad históricamente se ha consolidado como un capital cultural que se reproduce y se trasmite a través de diversas instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, entre otras. Por ejemplo, en la familia estos significados sociales se transmiten a través del lenguaje; los hombres no lloran, del vestido; los bebés se visten de azul y las bebés de rosado o los hombres deben usar pantalón y las mujeres falda, de los juegos infantiles; los hombres juegan al futbol, a los carros o con armas, mientras las niñas juegan con la cocina y las muñecas. En la escuela, prácticas culturales como el uso del uniforme, la normatividad sobre el peinado, los deportes para hombres y mujeres reproducen estos binarismos. Las telenovelas, las canciones de amor, y un sin fin de prácticas culturales también reproducen las ideas sobre los roles masculino y femenino en las relaciones de pareja, en la familia y en la sociedad en general. A través de las diversas formas de reproducción social y cultural, acontece la naturalización de esta trama de sentidos y significados, que configura nuestra percepción de lo normal y lo anormal, en el campo de la sexualidad y del género. Este capital cultural sustenta la representación de la personas LGBT como un otro, anormal e inferior, propone una visión simplificada de la sexualidad y sustenta los procesos de exclusión y discriminación contra las personas de los sectores LGBT.

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2. la violencia contra personas lgbt: victimarios, espacios y prácticas predominantes En general, las personas LGBT son víctimas de violencia cuando hacen visible su identidad sexual o sus expresiones de género no normativas. Puesto que la violencia por homofobia se explica por la naturalización de una cultura que establece modelos hegemónicos de sexualidad y de género, los victimarios potenciales o reales están en todas partes, desde el sujeto desconocido hasta el padre, el hermano, el amigo, el policía o el compañero de estudio. Asimismo, estas formas de violencia ocurren en diferentes espacios sociales. Según el espacio social y la relación de la víctima con el agresor, la violencia puede ser ocasional o sistemática. En general, los victimarios son hombres lo cual indica el peso cultural del machismo, el patriarcado, el androcentrismo y las relaciones jerárquicas de género. En la mayoría de casos las víctimas permanecen en el anonimato y no existe acceso a la justicia o reparación. Las cifras demuestran que la violencia por homofobia no es un hecho extraordinario y patológico. Por el contrario, son prácticas múltiples y variadas, cotidianas y naturalizadas, ligadas con formas ortodoxas de comprender el género y la sexualidad y que se despliegan con el fin de disciplinar, normalizar, castigar, excluir o censurar aquello que los victimarios consideran por fuera de lo normal. a. Violencia física y verbal en espacios públicos Según la Corporación Promover Ciudadanía (Cantor, 2007), en Bogotá, el 20% de personas LGBT reportan experiencias de agresión física y el 60% situaciones de agresión verbal. Tales actos afectan a quienes visibilizan su orientación sexual o su identidad de género en espacios públicos como la calle, el

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transporte, los restaurantes, en los sitios de trabajo, o en la universidad. Estos actos de violencia, son hechos circunstanciales y en general los agresores son hombres sin vínculos laborales, familiares, de amistad o personales con las personas agredidas. Del universo de personas agredidas, el 37, % dijo haber recibido agresiones físicas por parte de desconocidos. El 17% de las personas encuestadas seleccionó la opción Otro describiendo agresores con los cuales no tienen vínculos personales, pero que son identificables, entre ellos los skinhead, punkeros, metaleros, algunos vecinos, jóvenes y empleados de restaurante o finca, entre otros. La inexistencia de vínculo social y afectivo entre el agresor y la víctima refuerza la idea según la cual el uso de la violencia está mediado por la representación del otro como un extraño, alguien anormal que debe ser anulado, negado y hasta eliminado. Se trata de preservar el orden socio sexual vigente y rechazar todo aquello que lo cuestione. Los agresores suponen la existencia de un nosotros (los normales y superiores) y los otros que son anormales, externos e inferiores. Desde la perspectiva del agresor, usar la violencia contra una persona LGBT en público supone un consenso social que justifica la agresión. “Por marica, por rara”. Son actos que implican una relación de poder en la que el agresor subordina a la persona agredida. En el caso de la violencia contra mujeres lesbianas por parte de desconocidos se presentan una doble subordinación por su orientación sexual y por ser mujeres. Mientras que los actos de violencia contra transgeneristas encarnan una construcción del otro como un ser anormal que atenta contra la lógica binaria macho/hembra y su correlato masculino/femenino.

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En ocasiones los agresores perciben a la persona transgenerista como un otro artificial, impostado, que no es natural. En ocasiones, el agresor justifica la violencia ejercida como un castigo merecido, una represión contra aquello que cuestiona la masculinidad y que atenta contra el orden sexual. Estos actos de violencia son actos de poder que generan intimidación, baja autoestima, pequeños traumatismos que dejan una huella permanente en la conciencia de las víctimas. b. Violencia policial. Estereotipos de género y mayor indefensión de las víctimas El 21% de las personas LGBT reportan haber sido víctimas de agresión por parte de la policía, en espacios públicos y ocasionalmente en espacios de homosocialización como bares y discotecas. Estas agresiones se expresan en burlas, requisas indebidas que implican acoso sexual velado, agresiones verbales, golpizas, abuso policial y detenciones arbitrarias. Del universo de personas que han experimentado la violencia policial, las más afectadas son las transgeneristas (45%), aunque es importante señalar gays y lesbianas de diferente condición económica y niveles de escolaridad que también han sido víctimas de la violencia policial. La victimización de las personas LGBT por parte de la policía expresa el predominio de concepciones de género ortodoxas y la reproducción de relaciones jerárquicas de género, en la que el agresor se percibe como macho y masculino con el poder para subordinar, humillar, someter a burla y ofender a las personas LGBT. Entre muchos policías persisten estereotipos sobre los gays, como considerar que son, seres anormales que quieren ser como las mujeres. Estos estereotipos se ven reforzados por la relación histórica y conflictiva de la policía con las transgeneristas dedicadas al trabajo sexual. La violencia policial implica una relación de poder, que ubica a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad puesto que el policía, en tanto agresor

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asume una posición de poder jerárquica que subordina a la víctima y a la vez está investido de la autoridad del Estado con la potestad de arrestar, reprimir o alegar desacato a la autoridad. c. Violencia intrafamiliar y el conflicto con el modelo heteronormativo La familia es una institución social que sintetiza los contenidos culturales del modelo heteronormativo. La homosexualidad y las expresiones de género no normativas representan una desestabilización de la concepción tradicional de familia basada en el matrimonio, la monogamia y la reproducción de la descendencia. A diferencia de la violencia ejercida por desconocidos o por agentes del estado, la violencia contra personas LGBT en la familia se caracterizan porque los agresores, los agredidos y los testigos conviven en un mismo espacio social y los efectos emocionales son mayores debido a que la familia comparte una misma historia y los vínculos sociales son más estrechos. Estas circunstancias hacen que la visibilización de la identidad de género y/o la orientación sexual en la familia, tenga efectos emocionales tanto para los potenciales agresores como para las víctimas. Inicialmente entre padres y madres se presenta la negación (esto no nos puede estar pasando a nosotros); la culpabilización (que fue lo que hice mal o esto es un castigo de Dios). Además los padres experimentan un sentimiento de frustración en tanto perciben que la homosexualidad pone en riesgo la descendencia y la continuidad de la familia. Ante la visibilización de la identidad sexual, las explicaciones más frecuentes que surgen en la familia son; que la homosexualidad es un problema psicológico, un problema del cual es responsable la madre por consentir demasiado al hijo varón, un problema espiritual o que las personas homosexuales son así por la inexistencia de relaciones sexuales con personas del sexo opuesto.

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En consecuencia los padres buscan “normalizar” la sexualidad del otro o la otra mediante prácticas como conseguirle al hijo o hija pareja del otro sexo, llevarle al psicólogo o buscarle ayuda espiritual, actos que afectan la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad del sujeto LGBT. De acuerdo con la segunda encuesta sobre Sexualidad y Derechos Humanos aplicada a 1.000 personas LGBT, el 10% de estas personas han experimentado uno o varios de estos tipos de violencia psicológica. Igualmente uno de cada diez personas LGBT ha sido víctima de agresión física o expulsión de la casa, hechos que implican la eliminación simbólica del otro y la ruptura del vínculo familiar (Cantor, 2007). En el caso de las transgeneristas, los padres asumieron una o varias de las siguientes reacciones: el 17% expulsaron a su hijo de la casa, el 14% le buscó ayuda espiritual, el 12% llevó a su hijo al psicólogo, el 5% le busco pareja del sexo opuesto, el 9% reaccionó agrediendo a su hijo. La violencia contra las mujeres lesbianas es más frecuente en la familia en comparación con la situación de los hombres gays. Además, ellas se encuentran en una situación de doble vulneración, por ser mujeres y lesbianas. Como en los demás tipos de violencia los agresores suelen ser el padre y los hermanos, incluso sus parejas pueden ser objeto de agresión física. En la familia también acontecen actos de violencia psicológica y sexual contra los gays, mediante prácticas como la intimidación, la extorsión y hasta el abuso sexual. En cierto caso, alguien descubrió la orientación sexual de su hermano, lo amenazó con delatarlo ante los padres y le extorsionó con guardar el secreto a cambio de dinero. En otro caso, un padrastro al descubrir que su hijastro era gay, lo amenazó con develar su orientación sexual ante la madre si no accedía a sostener relaciones sexuales con él.

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La violencia intrafamiliar genera en las víctimas baja autoestima, tristeza, depresión y ruptura temporal o definitiva con la red de apoyo social. En muchos casos las relaciones familiares se deterioran y en cerca del 30% dichas relaciones se recomponen, lo cual implica la elaboración del duelo por parte de los padres y el reconocimiento del hijo o hija como una persona integral y diferente. d. Violencia en las escuelas y la reproducción de la cultura homofóbica. De acuerdo con el estudio Homofobia y convivencia en la escuela (Cantor, 2008), en los colegios públicos de Bogotá persiste una cultura estudiantil que reproduce la representación social de los homosexuales y las lesbianas, como un otro antinatural, anormal y/o peligroso. El 31% de los y las estudiantes concibe la homosexualidad como algo antinatural, que contradice el orden natural de origen divinos según el cual dios creó al hombre y a la mujer para procrearse. Esta perspectiva explicaría por qué el 13,4% de los/las encuestados/as considera la homosexualidad como un pecado que atenta contra las leyes de dios y que, por lo tanto, no debería existir. Otra creencia persistente es que la homosexualidad y el lesbianismo son una anormalidad biológica o social. Durante la investigación se preguntó a los estudiantes, porque creían que las personas eran homosexuales o lesbianas. El 49% cree que esta orientación sexual es producto de problemas hormonales y el 35% que es el resultado de problemas genéticos. Es decir, un error, una malformación biológica que explicaría la existencia de estas personas consideradas equivocadamente como anormales. En la escuela también persisten estereotipos de género que sustentan el rechazo hacia los homosexuales: el 48% de los y las jóvenes considera que los homosexuales son afeminados y el 30%

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consideran que son débiles de carácter. Es decir, el joven es feminizado y simbólicamente se le ubica en una posición de inferioridad. Además, entre los estudiantes de secundaria persisten emociones negativas hacia las personas jóvenes LGBT, entre las que se destaca el asco, seguido del miedo, la rabia y el odio. Estas representaciones inciden en el uso de la violencia física y psicológica y en el bullying escolar que afecta a los y las estudiantes con una orientación sexual diferente. uno de cada diez jóvenes gays o lesbianas son o han sido agredidos en la escuela, o son víctimas de amenazas por parte de pandillas. Otras formas de violencia psicológica son las amenazas contra estudiantes transgeneristas. En una escuela del sur de Bogotá un joven asumió públicamente su identidad de género femenina y sus compañeros lo amenazaron con golpearlo, por lo cual las directivas debieron autorizar el ingreso de este joven al baño de mujeres para evitar una golpiza en el baño de hombres. La violencia psicológica también se expresa en burlas, rechazo y asilamiento físico del grupo de pares, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Los jóvenes gays viven con mayor frecuencia esta violencia que las jóvenes lesbianas. Y son los hombres quienes más ejercen este tipo de prácticas. El 65% de los estudiantes se burlan de

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sus compañeros gays mientras que el 30% lo hace de sus compañeras lesbianas. El 45% de los hombres rechaza a los gays y el 28% a las lesbianas, es decir, que existe más homofobia y menos lesbofobia en la escuela. Los y las jóvenes que son víctimas de estas formas de violencia presentan baja autoestima, depresión, conducta suicida, acceso al consumo de psicoactivos, incidencia en la vivencia de la sexualidad en condiciones de riesgo y deserción escolar.

3. Respuestas a las violencias por homofobia: una aproximación desde la experiencia de los sujetos LGBT. Una de las dificultades de la noción de víctima y de su traducción en cifras, es la exclusión de la singularidad, porque las cifras y la noción de víctima introduce el anonimato e invisibiliza la particularidad del sufrimiento. No todos los que han vivido un hecho violento lo inscriben del mismo modo, y por ende, pueden asumir diferentes posturas frente a estos eventos. Desde este punto de vista planteo que la víctima puede asumir una posición pasiva frente a la violencia, o asumir estrategias de resistencia, convivencia o transformación de las condiciones que determinan las violencias. Estas posturas varían de acuerdo con el ciclo vital, con el capital cultural de los sujetos y con el momento histórico y social en el que acontece la violencia, entre otros factores. A continuación describo la relación entre cultura y violencia desde algunas experiencias vividas por los sujetos. a. La homofobia internalizada: el poder de la cultura y la lucha interna y del sujeto De acuerdo con Rincón (2005) la homosexualidad es un proceso complejo que implica un largo proceso de aceptación e inter-

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nalización de una identidad sexual, ya que el sujeto teme a las represalias del entorno social. En efecto, la reproducción social del capital cultural propio del sistema sexo/género heterosexismo, opera como estructuras que moldean y dotan de sentido a las maneras de ver y concebir el mundo. Durante los procesos de socialización primaria y secundaria, las personas con orientación sexual distinta de la heterosexual, reproducen y naturalizan estos contenidos culturales que se constituyen en el marco de interpretación desde el cual evalúan su experiencia subjetiva. En muchos casos cuando la persona experimenta atracción erótica, afectiva y emocional hacia personas del mismo sexo e interioriza los contenidos de la cultura hegemónica, se produce en el sujeto la percepción de sí mismo como un ser anormal y se desata en él una lucha interna que marca su subjetividad. Entonces la persona se debate en un flujo de interrogantes, cuestionamientos, y confrontaciones. Sin saberlo lucha contra el peso de la cultura. Juzgarse, negarse, renegarse, odiarse, desestimarse, sentirse anormal, castigarse por desear a personas del mismo sexo. Es la lucha entre el ser y el poder disciplinar del deber ser, dictado por la norma cultural. En esta etapa las personas llevan una doble vida. Según Eribon (2001), para muchos homosexuales la división entre vida pública y vida privada la imponen la estructura de opresión que define los contornos de modos de vida basados en la disociación radical entre el uno mismo oculto y el uno mismo que se presenta a los otros. Para ilustrar esta lucha interna, apelo al testimonio de Jhon, joven gay, estudiante universitario, quien evoca situaciones placenteras de la infancia y en la pre adolescencia, relacionadas con la atracción erótica y emocional hacia jóvenes del mismo sexo.

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A eso de los 12 años más o menos yo empecé a relacionarme con los amigos de mi hermano mayor, entonces había un tipo que se llamaba Steven, teníamos la misma edad. Me gustaba mucho. Siempre que nos quedábamos solos en las tardes íbamos a la casa de él o a mi casa. Fueron como dos años del mismo ritual, nos tomábamos fotos, nos besábamos, luego mirábamos las fotos y nos parecía del putas. No obstante con el paso del tiempo, el poder de la cultura reproducida a través de instituciones como la familia, la iglesia y los medios de comunicación configuraron la percepción de sí mismo como un ser anormal:

En la televisión por ejemplo habían ciertos programas donde, bueno, que el marica, ¿sí?, es decir, me empecé a dar cuenta que la sociedad rechazaba ese tipo de comportamientos y además los veía como algo totalmente, eh, blasfemo, digamos, o prohibido. Y tal vez ahí tuvo un componente fuerte el dogma religioso y además, porque escuchaba programas de radio, por mi abuela, las misas por la radio, los programas eclesiásticos y demás. Los medios me dijeron que eso estaba mal. Ante el poder de la cultura el sujeto asume estrategias de ocultamiento de la orientación sexual:

Mis amigos de décimo y once eran tipos en plena pubertad, súper machistas, súper heterosexuales, claro eran vírgenes y se la pasaban pensando en sexo y demás. Entonces cuando entró a once y conozco a esta gente, me doy cuenta que no puedo, que tengo que adaptarme de alguna forma y no me puedo poner en evidencia, porque me di cuenta que mis comportamientos no eran normales…es decir, el contacto con otros hombres, besarme con otro hombre, tener sexo oral…

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En esta lucha interna la persona busca disciplinarse y mantenerse oculto para evitar agresiones externas o para impedir la exclusión del grupo de pares:

... yo me empecé a dar cuenta que no podía revelar ciertas actitudes de mi parte, entonces, me adapte. ¿Qué hacía yo, durante décimo y once, antes de salir de mi casa?, pues, después de leer mucho empecé a aplicar ciertas técnicas psicológicas de Programación Neurolingüística, entonces, me decía a mi mismo varias veces; “soy heterosexual, soy heterosexual”. Me encantan las mujeres”, y ya, salía. Entonces, yo tenía el miedo de que se me notara mucho. Porque yo no quería sentirme así…Yo empecé a buscar formas de adaptación, o sea, dije, ya voy a ocultar esta parte de mí, porque no voy a perder a mis amigos y mi círculo social por estos deseos tan…, además porque me daba asco. …todos mis gestos eran pensados, absolutamente todos, o sea, yo no hablaba sin antes pensar como me iba a mover y como lo iba a decir, y las manos tenían que estar firmes y mis piernas abiertas. Era un control, mental absurdo, todo era planeado. Tanto así que llegaba a la casa en la noche, además de soltar la maleta, yo decía; “jueputa, ya”, por fin, ya deje de actuar este día. Montaba una obra de teatro cada día. La victimización está asociada a sentimientos de frustración, dolor, culpa, ideaciones y conductas suicidas

Yo te lo decía alguna vez y es que la idea del suicidio está latente, o sea, nunca ha dejado de existir y la idea siempre ha rondando ahí en la cabeza y aunque ahora esté un poco más dormida, ella aún sigue ahí…pero sería como esa decisión, es decir, me generaría tanta libertad

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E: Si te suicidas ¿De qué te liberarías? J: Me libero de… me libero de todas estas putas frustraciones, me libero de todos estos putos dolores, de todas estas culpas que no sé en qué momento me las echaron encima, me libero de esta inconformidad absoluta, me libero de mi mismo y de todos estos pensamientos, me libero; me libero de Jhon. b. La visibilización de la identidad como acto de autonomía y confrontación Ante un contexto sociocultural opresivo las posturas de los sujetos son diversas. A diferencia del caso anterior en el que la persona se identifica negativamente como frustrada, sin que esa identidad aporte una exigencia para el futuro y parece permanecer paralizada y sujeta a la experiencia de la violencia vivida, el caso de Jasbleady evidencia posturas de resistencia y autonomía que le permitieron confrontar la cultura heterosexista y las nomas de género. Jerónimo nació con la dotación biológica de hombre, y mediante un proceso personal construyó su identidad de género femenina, adoptando el nombre de Jasbleady. Los fragmentos de su historia personal muestran algunas características de este proceso y la visibilización de la identidad como un acto de libertad que confronta las normas de género. El proceso identitario de Jerónimo se expresaba a temprana edad en los juegos de infancia y en los espacios de socialización en la escuela:

Desde primero de primaria hasta séptimo, mis amigos me decían: usted por qué juega con las niñas, usted por qué habla como una niña, usted por qué no juega fútbol con nosotros, y yo sacaba cualquier cosa como pretexto... cuando llegué a séptimo, empecé a tener amigos así como soy yo y... entonces dejé que saliera un poquito de mí y fue duro porque en el colegio me empezaron a decir care niña.

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Compartir con otros jóvenes en espacios de homosocialización motivó a Jerónimo a hacer cada vez más explícita su identidad:

Cuando tenía como 16 años, empecé a salir y a conocer el mundo gay, y yo llegué al colegio y quería empezar a vestir ajustado y empecé a dejar que la gente se enterara de que yo era gay, porque se lo conté a mi mamá y desde que mi mamá me apoyara a mí me valía el resto de gente. Al ingresar a décimo, su proceso de autoidentificación se intensificó y él se hizo más visible en el colegio:

…cuando entré a hacer décimo… todos los años era a formar, y yo llegué con el cabello un poco largo, llegué con lápiz en la ceja, me empecé a aplicar polvo. Entonces ya empecé a ser la persona que yo quería ser. Mas nunca me imaginé que el Jerónimo que yo era hace tres años se pudiera convertir en la Jasblady que soy ahora… empecé a maquillarme y a ser lo que yo quería ser. Los amigos tanto heterosexuales como homosexuales, se constituyeron en una red de apoyo social significativa que contribuyó a su empoderamiento y visibilización pública:

Me acuerdo tanto que un día me paré en el salón y les dije: Miren, muchachos, la verdad es que yo sí soy gay y el que me quiera retirar la amistad me la retira y el que no, conmigo siempre va a contar como la persona que he sido hasta hoy. Como al mes tuvimos una convivencia y fue muy chévere haberme integrado con mis amigos. Por eso es que yo empecé a cambiar más, porque me di cuenta que la mitad de la gente me volteó la espalda y la mitad de la gente que yo quería, no me la volteó.

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En ocasiones, la reacción violenta de Jasblady ante la injuria ejercida por algunos jóvenes heterosexuales era una forma de hacer respetar su forma de ser, estrategia que a mediano plazo resultó efectiva:

…yo sé que en once me gané el respeto de mucha gente del colegio. Cuando terminé décimo salí como la loca del colegio; cuando empecé once seguí siendo la loca del colegio y a mitad de once ya no era la loca, y a Jerónimo ya no se atrevían a decirle la loca ni nada, porque a mí me decían algo y me les devolvía. Yo me agarré con medio colegio en once, yo salía del colegio y me agarraba con los de once de la tarde…y a mí no me importaba: si me iban a joder, mis amigos estaban ahí… c. Construcciones y expresiones de género: transgresiones, tensiones y emancipaciones Tanto los movimientos de mujeres como de personas LGBT han tomado como campo de batalla el cuerpo, de modo que en el cuerpo y en sus usos se expresan las luchas de ambos grupos. En algunos casos, la masculinización es una estrategia de adaptación social, y una forma de resistencia a la injuria. Según Eribon (2001) la injuria es una agresión verbal que deja huella en la conciencia de los sujetos. “Son traumatismos más o menos violentos que se experimentan en el instante, pero que se inscriben en la memoria y en el cuerpo: la timidez, el malestar, la vergüenza, son actitudes y emociones producidas por la hostilidad del mundo exterior. Una consecuencia de la injuria es moldear las relaciones con los demás y con el mundo. Y por lo tanto, perfilar la personalidad, la subjetividad, el ser mismo del individuo” (p. 29). La injuria se fundamenta en la descalificación de los gays cuando hacen públicos rasgos de feminidad, la masculinización se constituye, para ellos, en una forma de adaptación a la norma de género y una manera de resistirse a la injuria y sus efectos. José, hombre gay procedente de la Costa Caribe, reflexiona so-

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bre la importancia de presentarse como un hombre masculino. Según él en Bogotá se crítica:

Cualquier forma de amaneramiento (...) entonces uno tiene que ser hombre, porque uno puede ser lo que sea en la cama... pero ante la sociedad uno tiene que mostrar su hombría. Porque no soporto los comentarios negativos (...) en esta sociedad capitalina es la burla, yo no soporto la burla, entonces me sentiría pues horrible. La posibilidad de ser objeto de agresión verbal o física es omnipresente. Por ende, los sujetos desarrollan una capacidad especial para percibir el peligro y aprenden a controlar muy estrictamente sus gestos y palabras. Así la subjetividad del homosexual se constituye en un proceso de educación de sí mismo mediante una severa autodisciplina que debe imponerse en cada instante, en cada gesto “para parecer tan normal como los demás” (Eribon, 2008, p. 139). En otros casos, la construcción de la corporalidad y el género adquieren el sentido de emancipación y trasgresión de la norma social. Por ejemplo, la representación social de género de algunas mujeres lesbianas tiene la connotación de un discurso contrahegemónico, ya que con la corporalidad asumen una posición transgresora que cuestiona los valores constitutivos de los modelos socialmente establecidos (Duquino, 2000). En el caso de los strippers, las drag queen y las transformistas66, Góngora (2003) considera que la presentación de si en público, 66 Los stripper son hombres jóvenes, acuerpados que generalmente hace presentaciones públicas en espacios de homosocialización representando personajes hipermasculinos como el obrero, el policía, o el bombero, con una lata carga de erotismo. La drag queen o reina de la noche se caracteriza por hacer una representación que exagera los rasgos de femeninos como grandes cejas, zapatos de tacón muy alto, busto de gran talla entro otros. Mientras que la transformista realiza un actuación de género que imita los rasgos femeninos e interpreta en espacios de homosocialización a mujeres cantantes reconocidas.

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son una teatralización del género y una posición subversiva de repetición de los discursos de género y sexualidad.

4. Emergencia del movimento social y el reconocimiento de las personas lgbt como sujetos de derechos la emergencia del movimiento social LGBT es otra forma de respuesta a la violencia y la discriminación que históricamente ha afectado a este sector de la población. La lucha del movimiento social implica transformar la idea de seres anormales o de víctimas para buscar el reconocimiento como sujetos de derechos. El accionar del movimiento social se ha desplegado desde la política de la identidad, la política de la reforma y la política de la incidencia. La política de la identidad se define como las acciones desplegadas para lograr el reconocimiento social y político de grupos sociales con identidades particulares en relación con la adscripción étnicoracial, el género o la orientación sexual. En este sentido, los grupos y organizaciones LGBT se han posicionado desde la identidad sexual y de género no normativas para exigir derechos tradicionalmente desconocidos a esta población y que son universales. La política de la identidad encierra tensiones entre la universalidad de los derechos y la particularidad de su aplicación. Por una parte, está la igualdad universalmente fundada que se consagra en la declaración universal de los Derechos Humanos y por otra parte, está la forma que toma esa igualdad en contratos políticos particulares. La política de la identidad es una estrategia que se ubica en un campo de lucha entre posiciones normativas y las contra normativas que sectores de la sociedad han construido en torno a las personas que son diferentes en razón a la orientación sexual y de género. Según Rodríguez (2006), cada una de estas posiciones se ha carac-

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terizado a sí misma como homogénea y ha construido a “un otro claramente identificable también homogéneo” y lo ha presentado “como un agente que puede ser definido con facilidad” (p. 107). Según la posición normativa, los agentes estarían compuestos por: •

La sociedad normal, que entiende la heterosexualidad como la única orientación sexual legítima, a la procreación como el fin último de relaciones sexuales, quien se opone al aborto y se manifiesta como seguidora de la “Ley moral natural”.

• El otro sexual peligroso: quien sería una “minoría” con ideas y comportamientos en contra de la “Ley moral natural”, unos seres que “invirtieron relaciones naturales por otras contra la naturaleza” y quienes constituyen amenaza para la especie humana, la sociedad y la cultura. Desde la posición contra normativa, dos serían los agentes: • La sociedad [homófoba], a quien se le acusa de considerar como patológica o perversa la homosexualidad y ser heredara de la ética juedeocristiana, a la que se expone como principal y más antigua fuente de homofobia. • ‘Nosotros los gay’, reivindicados inicialmente como sujetos de carácter cuasi-étnico pertenecientes a una comunidad con cultura propia; siendo posteriormente ‘sujetos de derechos’, quienes son ante todo ciudadanos. En este campo de lucha, la política de la identidad se evidencia en la adopción de la sigla LGBT por parte de algunos activistas y organizaciones, con el fin de construir un otro diferenciado que pueda ser visibilizado como tal por parte de la sociedad y el Estado. Construir un otro diferenciado y hacerlo socialmente visible como sujeto de derechos, es una estrategia para avanzar en la

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exigibilidad y garantía de los mismos, lo cual implica avanzar en la reducción de la homofobia, propiciar la formulación e implementación en políticas públicas y lograr la apertura de espacios de participación social. Rodríguez (2006) define la visibilización como “un sector de la sociedad que organiza y emplea distintas estrategias, para manifestarse ante la sociedad como un conjunto de personas que existen y deben ser reconocidas” (p. 120). Con esto se pretende expropiar la verdad que sobre el sector emiten agentes e instituciones distintas al mismo, “buscando ahora transformar el rol y el estatus que asumen y ocupan dichos individuos en una sociedad” (p. 123). Esto explica la importancia que tiene para la mayoría de grupos y organizaciones, la visibilidad social de las diferencias por orientación sexual y género. El movimiento social LGBT también ha desarrollado su accionar desde la política de la reforma. A través de demandas ante la Corte Constitucional se ha trabajado por reformas de la legislación en materia de derechos patrimoniales o derecho a la salud de las parejas del mismo sexo. Es decir, que en este caso la lucha de este movimiento contribuye a la construcción de una legislación emancipadora. Además la lucha se ha adelantado desde la política de la influencia. La incidencia en los medios masivos de comunicación ha sido usada en distintos momentos por el movimiento LGBT, incluso desde sus orígenes en los años 70. Los resultados de las investigaciones, los logros de la lucha legal, las manifestaciones públicas, las discusiones en el Congreso han gozado de un cubrimiento constante por parte de los medios masivos de información. De modo que la lucha del movimiento social LGBT, se ha desarrollado dentro del campo institucional propendiendo por una política de la inclusión. Esta lucha ha permitido visibilizar las distintas formas de violencia y desplegar estrategias para erradicarlas, y especialmente ha permitido trascender la victimización para lograr el reconocimiento de las personas LGBT como sujetos de derechos.

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Bibliografía Cantor, E. (2007). Los rostros de la Homofobia en Bogotá. Des-cifrando la situación de derechos humanos de homosexuales, lesbianas y transgeneristas. Bogotá: Corporación Promover Ciudadanía - Universidad Pedagógica Nacional. Cantor E. (2007). Segunda encuesta sobre sexualidad y derechos humanos de la población LGBT. Bogotá: Autor. Cantor, E. (2008). Homofobia y convivencia en la escuela. Bogotá: Corporación Promover Ciudadanía -Universidad Pedagógica Nacional. Duquino, C.M. (2000). Representación social de género en mujeres homosexuales. Bogotá: UNINCCA. Eribon, D. (2001). Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Anagrama. Foucault, M. (1981). Historia de la sexualidad: la voluntad del saber. Madrid: Siglo XXI Editores. García, D. (2004). Cruzando los umbrales del secreto: Acercamiento a una sociología de la sexualidad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

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Góngora, A. (2003). Estéticas del closet. Tesis para optar al título de antropólogo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Jimeno, M. (2003). Unos cuantos piquetitos. Violencia, mente y cultura. Palimpsestus, No. 3, 110125. Publicado también en: Jimeno, M. (2004). Unos cuantos piquetitos. Violencia, mente y cultura. Cahiers des Amériques Latines, IHEAL Editions, N° 45, 2004/1, 143-164. Lamas, M. (1994). Cuerpo: diferencia sexual y género. Debate feminista. Vol.10, 3-31 Llamas, R. (1988). La teoría torcida. Prejuicios y discursos en torno a la homosexualidad. Madrid: Siglo XXI Editores. Rincón, F. (2005). Factores contextuales e individuales que predicen el bienestar psicológico y la salud sexual de personas homosexuales. Bogotá: Departamento de Psicología, Centro de Estudios Socioculturales e internacionales CESO y Ediciones Uniandes. Stolcke, V. (1999). ¿Es el sexo para el género, como la raza para la etnicidad? Madrid: Obras y Horas Editorial.

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EL SECUESTRO EN COLOMBIA: UN CAMPO DISCURSIVO POLARIZADO Vladimir Caraballo

Soci贸logo y Mag铆ster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del proyecto Iniciativas de Paz del Centro de Investigaci贸n y Educaci贸n Popular, CINEP.

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Presentación Para 1950, el sociólogo funcionalista Talcott Parsons clasificaba en un mismo paquete la criminalidad y las acciones de protesta. En tanto conductas desviadas, ambas infringían las normas institucionalizadas y testimoniaban un desequilibrio en los procesos de interiorización de dichas normas en los agentes desviados, que aparecían entonces como “desadaptados sociales” (Melucci, 1999). Una década más tarde, en los años 60, otra serie de acercamientos convergían en una mirada más psicológica que resaltaba una doble irracionalidad en los actores colectivos, que les llevaba a asumir conductas contestatarias: la frustración como resultado del distanciamiento entre expectativas y posibilidades de satisfacción y las creencias generalizadas y desproporcionadas sobre la fuerza y potencial de las acciones colectivas (Múnera, 1998, p. 26). De otro lado, partiendo de interpretaciones erradas del marxismo, otra serie de autores veía en la existencia de situaciones estructurales injustas el origen de los procesos de movilización social. De esta y muchas otras maneras, algunos autores asumían una conexión mecánica entre estructura y acción que no permitía dar cuenta de las transacciones sociales, culturales, políticas que mediaban entre la una y la otra. Esto llevó entonces a que otras corrientes académicas centraran la atención en la construcción social de la protesta, haciendo énfasis en que los sistemas sociales no son absolutos, sino que resultan de la confrontación y de la negociación entre los diferentes agentes sociales. Estas últimas posturas coincidían en un punto central: los agravios e injusticias sociales, más o menos objetivos, no son suficientes por sí mismos para el inicio de la movilización o acción política; tiene que existir una conciencia de esas situaciones y un discurso social o una interpretación que los relacione con determinadas políticas ejercidas al interior de determinadas redes de poder.

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Las marchas contra el secuestro en Colombia nos sitúan en medio de las discusiones mencionadas en la presentación de este documento. La siguiente gráfica contrapone las cifras del secuestro y las marchas de rechazo entre 1998 y 2008, y la tabla compara los motivos de las marchas en dos períodos: 1990 – 1998 y 1999 – 200867.

Motivos de las marchas

Dos paradojas resultan de esta información: primero, que el descenso sostenido de los secuestros se haya correspondido con importantes aumentos (unos más sostenidos que otros) de las marchas. Segundo, que a pesar de las cifras, el secuestro haya pasado a ser el motivo principal de las movilizaciones por la paz, en comparación con otros que en el período anterior eran los privilegiados. ¿Cómo explicar estas distancias entre las cifras y las movilizaciones?

67 Las cifras de secuestro fueron tomadas de País Libre, y las de marchas del sistema Datapaz del Cinep.

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Lo que quiero mostrar es justamente la relevancia explicativa que en este caso deben tener esas formas de interpretar que se mencionaban arriba y que “median” entre la cantidad de secuestros como “realidad objetiva” y las motivaciones para que la gente decida manifestarse (a pesar de la clara disminución del objeto de la protesta). En este sentido, la hipótesis que pretendo sustentar a continuación, se refiere a la consolidación de un campo discursivo alrededor del tema del secuestro y a su disponibilidad para la definición de identidades sociales en amplios sectores del país. Remitiéndome a las formas en que la prensa cubrió la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC y del secuestro (También la denominaré 4F), y a la posición que el presidente Uribe adoptó en relación con la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, mostraré cómo al interior de dicho campo se han puesto en juego la formación de determinadas identidades políticas, el uso diferenciado de determinados recursos (simbólicos, económicos, etc.), la certificación oficial de algunos actores (y no de otros), y al final, las formas en que ello ha consolidado un espacio discursivo polarizado: el análisis de la prensa sobre el 4F mostrará el uso frecuente de repertorios emocionales, la alusión a divisiones claras entre un “nosotros” y un “ellos”, unas determinadas interpretaciones de lo que significa “político” y “social”, etc.; los debates sobre la liberación de Moncayo, y de otro lado, hará evidente el papel que ha tenido el lenguaje del presidente en la separación de un discurso fundamentado en lo moral y otro en lo político oficial, y en la definición misma de lo que ha contado como “político” y como “social” en esta particular coyuntura. ¿Quiénes han hablado desde uno y otro lugar? ¿Quiénes han estado autorizados oficialmente para hacerlo en uno o en otro? ¿Qué ha ocurrido cuando determinados actores rompen los guiones y transitan de los espacios morales a los políticos o viceversa? ¿Qué características comunes aparecen en el análisis de estos dos episodios? Estas son algunas de las preguntas que se irán resolviendo a continuación.

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1. representaciones melodramáticas de la movilización por la paz: la marcha del 4 de febrero en la prensa colombiana68 ese era el sueño quijotesco de los jóvenes horrorizados ante el dantesco mundo del secuestro” (El Colombiano, 2008, Febrero 5) Este epígrafe representa uno de los elementos más claros de la forma en que algunos periódicos colombianos cubrieron la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra del secuestro. En un texto dedicado al cubrimiento del conflicto armado por la prensa, Camilo Tamayo y Julián Bonilla (2003) hablan de

…cómo la fascinación que producen los ‘hechos de guerra’ en las agendas mediáticas obedece a que estos acontecimientos están asociados a valores-noticia que privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo. Narrativas frente a las cuales los ‘hechos de paz’ viven en un constante opacamiento debido a que no están relacionados con lo insólito, dramático e impactante (pp. 134-135) A pesar de esto último, los elementos mencionados parece cumplirse al pie de la letra en la cobertura del 4F, públicamente entendida como una movilización por la paz. Dicha cobertura estuvo llena, como veremos, del énfasis en la valentía y el heroísmo de quienes decidieron marchar en rechazo al engaño y la cobardía de los que siguen escondiéndose en el anonimato de las selvas de Colombia; estuvo llena de alusiones literales al sufrimiento, a las cadenas, a las lágrimas de los secuestrados; fue 68 Gran parte de la información y análisis en la que baso este apartado ha sido construida en conjunto por la Facultad de Lenguas de la Universidad Javeriana y el Cinep.

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insistente en el uso de adjetivos para describir a quienes marchaban como familia y a quienes cobarde e irresponsablemente se habían quedado en sus casas; etc. A través del análisis de estos discursos en la prensa (en los que se encuentran referencias a textos y testimonios de todo tipo de actores sociales gobierno, opinión pública, columnistas, políticos, etc.) mostraré las tendencias de varios elementos: los repertorios emocionales y la naturalización de los motivos de la marcha, el engaño como mediador entre la cobardía de las Farc y la valentía de los marchantes, la divisoria entre quienes marcharon y quienes no, y por último, la oposición hecha entre “lo político” y “lo social”. a. Cobardía, engaño, rabia y movilización: la naturalización de los motivos En su estudio acerca de los discursos de las Farc y las AUC, Ingrid Bolívar apunta su carácter emotivo partiendo de varios elementos. Por un lado, unos contenidos que fundamentan su legitimidad en “lo que se siente”: los discursos de los actores armados tienden a montarse sobre creencias acerca de las motivaciones y los comportamientos de los otros que recalcan la agresión, la ofensa, la traición y el daño. Suelen explicar su propio comportamiento en términos de defensa, respuesta y protección. Por otro lado, se refiere a los recursos retóricos utilizados que, como hemos dicho, acuden permanentemente a estrategias melodramáticas por medio de procesos de esquematización y polarización que facilitan la identificación de la trama narrativa y de sus personajes: el traidor, la víctima, el justiciero, el burlón. Por último, se refiere a las formas en que dichos discursos buscan construir una comunidad de sentimiento, partiendo de la construcción social y colectiva de dichas emociones (Bolívar, 2006). Para el caso de los discursos sobre la marcha del 4 de febrero de 2008, quiero llamar la atención sobre la muy evidente presencia de dichos elementos. Las frases que así lo muestran se hicieron presentes en toda la cobertura de la movilización,

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y de ellas nos interesa resaltar varios elementos. Por un lado, un grupo de enunciados dirigidos a enfatizar el engaño y la cobardía de las FARC: “Hay que creerles a quienes sean dignos de crédito y ellos no lo son”, “Las FARC lo afirman desde el anonimato de Internet”, “no tienen pueblo que las proteja y por eso se esconden en las montañas”, “se burlan constantemente, y usan la mentira como arma de lucha”, “abusaron de la buena fe y el patriotismo de estos mandatarios e hicieron evidente su intención de no llegar a acuerdos”. En segundo lugar, otra serie de pronunciamientos dirigidos a expresar la rabia e indignación producto de tantas mentiras: “El repudio de un pueblo que ahora se encuentra más unido”, “Hay tantos dolores, tantas rabias y gritos contenidos como equipos nacionales de fútbol”, etc. Y en tercer lugar, la forma que esas rabias toman forma en la valentía de la sociedad civil decidida a enfrentar a los cobardes de las FARC: “Hay que demostrar que el valor civil ha derrotado el miedo, el miedo que hace que los colombianos salgan del país y el miedo que derrotó la gente para salir a marchar”, “la marcha fue una fiesta para el espíritu”, “Se dice que las FARC son inderrotables…”. La cadena argumentativa es clara y nos remonta a los apuntes reseñados acerca del papel de la tragedia en las representaciones sociales: ha sido el engaño y la cobardía de las FARC lo que motiva que la gente venza el miedo, se llene de una valentía de la cual ellos carecen, y salga a enfrentarlos para demostrar que no son inderrotables. La distinción entre los traidores, las víctimas de sus mentiras, el punto de quiebre que lleva a la rebeldía, la furia desencadenada, y toda una sociedad que se levanta justiciera, marcan claramente eso que Tamayo identificaba en las representaciones sobre la guerra y que ahora cubren de espectacularidad y magnificencia a acciones como la marcha del 4F.

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Argumentos tan emotivos como éstos derivan en una polarización bastante peligrosa, en escenarios en los que las agresiones a la oposición se vuelven cada vez más frecuentes; resulta evidente entonces observar cómo estos elementos han derivado en una clara división entre determinados sectores sociales que se llenan de adjetivos ofensivos, con el objetivo de descalificarlos en medio de un escenario de poder en el que las instituciones oficiales han jugado un papel crucial a la hora de promover dicha polarización. De otro lado, quiero llamar la atención sobre la forma en que esta cadena de motivaciones y reacciones fue naturalizada y aislada de cualquier relación de poder que pudiera ensuciar su “limpieza”. Frases como “es la actitud que cualquier demócrata, que cualquier color partidista debe asumir”, “todo colombiano amante de la paz, enemigo de la violencia, más allá de diferencias políticas o ideológicas, debe manifestarse hoy”, “No cabe la indiferencia frente a un drama como el secuestro, que ha llevado tanto dolor a miles de familias de colombianos y que ninguna idea o programa puede justificar”, fueron claves no sólo para el posicionamiento de los motivos como naturalmente necesarios, sino para descalificar automáticamente a quienes por una u otra razón (eso no importaba) decidieran no marchar: monopolizando así “la forma correcta” de expresar el rechazo a la violencia, se entendía que si todos aquellos que coincidían en ese motivo marchaban, era evidente qué tipo de personas se negaban a hacerlo. Por ello, desde varios espacios, personas de éste último grupo insistieron en que salir a la marcha del 4F no tenía por qué ser la única manera de expresar indignación o rechazo por la situación de quienes se encontraban en poder de grupos armados. El ejemplo del Polo Democrático es clarificador: su decisión de no dejar de expresar el rechazo pero excluyéndose de la convocatoria general, dio pie a asegurar que con ello el partido no sólo se había ido “al despeñadero electoral”, sino más aún a que “al ir en contra de un sentimiento generalizado, terminaron ahoga-

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dos por las millones de voces en coro que decidieron marchar”. Este tono claramente pendenciero y descalificador, adquiere sentido si se entiende el fondo de la discusión: la lucha por la definición de quién tiene derecho a indignarse y sobre todo, de cuál debe ser “la manera correcta” para expresarlo, que en este caso como vimos, es única y no da pie para divergencia alguna. Estos asuntos nos llevan directamente a pensar en uno de los procesos clave para entender las consecuencias de estas dinámicas: se trata del lugar dado a quienes decidieron plegarse a la movilización general (que como hemos visto resulta siendo algo mucho más complejo que una simple serie de marchas) y a quienes por múltiples razones decidieron abstenerse. b. Una nociva divisoria: “nosotros” y “ellos” De las pistas más importantes que permiten hablar de la consolidación de un proceso de polarización alrededor de fenómenos determinados, es la distinción entre categorías pareadas de poblaciones determinadas, y la unión de ello con la competencia por recursos, la consolidación de redes sociales y el aprovechamiento de espirales de oportunidades y amenazas de parte de las categorías implicadas (Tilly, McAdam y Tarrow, 2005). Los casos en los cuales se basan estos tres autores, presentan distinciones que como los hutu y los tutsi en Ruanda, o los católicos y protestantes en Irlanda, representan grupos claramente diferenciados, con historias compartidas, y muchas veces anclados en distinciones de tipo racial religioso, de género, etc. A pesar de que para nuestros casos de estudio no sea posible hablar de distinciones de este tipo, sí quiero mostrar cómo muchos de los discursos que circulan en medios de comunicación, en la vida cotidiana de las personas, en declaraciones oficiales, etc., consolidaron un espacio discursivo oficial que se ha encargado de trazar claras fronteras entre determinados grupos sociales. Ya muchas pistas se han dado para el caso de las marchas del 4F,

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pero aún es posible profundizar en cómo dichas fronteras tomaron forma en figuras concretas dentro de lo citado en prensa: • “Ahogados por los millones de voces en coro, quedaron quienes pretendieron, como el Polo, ir en contra de un sentimiento generalizado” • “Colombia es una y todos somos parte de esa gran familia que marchó unida” • “Los buenos somos más” • “Vendrán acciones similares, siempre con el fin de rechazar las agresiones de las que somos víctimas” • “Se adhieren al Socialismo del siglo XXI, el de Chávez… la fauna de este grupo es variada” [refiriéndose al partido comunista] • “Ahí tenemos que recordar a Fruhlig, sus compañeros de la ONU, a Redepaz, ciertos padrecitos descarriados, colectivos de abogados, asociaciones de juristas, a ciertos y ciertas columnistas” • “Somos muchos más los buenos y queremos tranquilidad y progreso para el país” • “La colosal manifestación del cuatro de febrero ha servido para descubrir cómo y en dónde se agazapan los mamertos” • “Mamertería trasnochada caduca y rancia con miopía política y lenguaje cavernario” [refiriéndose al Polo Democrático]

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• “La marcha dividió la opinión entre los que condenaron radicalmente a las Farc y los que no” • “Quien no esté de acuerdo con ella puede quedarse en casa en vez de practicar el deporte favorito de los mamertos jurásicos: reventar las acciones del vecino” Como decimos, no se trata aquí del enfrentamiento de dos grupos consolidados y claramente distinguidos en medio de un escenario de poder particular. Pero sin duda, dichas frases sí dejan claro que para muchos sectores oficiales, sociales, políticos, militares, etc., tal división existe, funciona, y amenaza el progreso del país; y no sólo han sido insistentes en esta idea, sino sobre todo, han actuado en base a ella. El uso de estereotipos como “mamerto” (para tomar sólo un ejemplo) cuentan con una larga y reconocida historia capaz de encarnarse en personajes concretos y de inmensa utilidad para nombrar en una sola categoría a quienes como El Cinep, el Polo Democrático Alternativo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o Redepaz, representan para dichos sectores el polo opuesto. Por este camino (como anunciábamos una línea antes) el papel de los insultos como herramienta para deslegitimar automáticamente a la oposición en el escenario político, ha sido central en la consolidación de estas relaciones de poder:

El estudio de los insultos en el diálogo político cobra mayor valor en la polarización política porque los bandos opuestos tratan de legitimarse, especialmente a través de la estrategia de “nosotros” versus “ellos” (van Dijk, 2003). De acuerdo con Ilie (2001), los insultos en la política parlamentaria tienen tres grandes funciones: a) sacar ventaja silenciando, avergonzando o humillando a los adversarios políticos que tienen una ideología diferente; b) retar la autoridad y el papel institucional de los adversarios políticos, y c) revertir el equilibrio del poder político y fortalecer la cohesión de grupo (Ilie, 2001, pp. 253-255) (Bolívar, 2008, p. 6)

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Así, la manera en la que frases como las citadas han buscado trazar fronteras entre unos y otros, no se ha limitado a una simple división construida en el espacio discursivo; sino también ha estado dirigida explícitamente a deslegitimar actores determinados, a condenar sus acciones y a excluirlos del escenario político (“quedaron ahogados por los millones de voces en coro”): si quien marcha es Colombia unida, si quienes marchan “son las víctimas” ¿Cómo define esto a quienes no lo hicieron? y más aún ¿Cómo deben ser asumidas sus acciones de oposición? Por último, de manera más general, estos asuntos se enmarcan en la lucha por definir quiénes tienen derecho a hablar en nombre de quién, quiénes son víctimas y quiénes son victimarios, qué es lo deseable para el país69, y qué es lo que cuenta como político en nuestra sociedad. c. Una distinción entre lo político y lo social Si algo llamó nuestra atención mientras realizábamos la lectura de la prensa alrededor de la marcha, fue la insistencia en el carácter a-político de ella. Tanto los convocantes como los participantes hacían permanente énfasis en que la movilización no era un asunto político, sino que se trataba de “una iniciativa que surgió espontáneamente de gente joven que no obedece a consignas de partidos políticos, por lo que su iniciativa es una genuina manifestación del sentir de un grupo de colombianos rasos, que viven, sufren y entienden el país sin los lentes interesados y sesgados de los que leen la realidad colombiana en clave partidista e ideologizada”. “Esta marcha”, decía el periódico El Mundo tres días antes de la marcha, “no tiene dueño,

69 Mientras escribía este documento me enviaron por e-mail el video “¿...y tú, como te imaginas Colombia en el 2025?” que elaborado por el gobierno de Colombia, plasma no sólo la Colombia deseada en 2025, sino muchos de los planes para llegar a ella. http://www. youtube.com/watch?v=HB1aFYjzm6Q. Sólo un comentario al respecto: si no supiéramos la forma en que en el país suelen conseguirse las hectáreas necesarias para proyectos como la “Ecociudad sostenible en la alta Orinoquía” que se plantea en el video, lo que significan los “bonos de carbono” para países como el nuestro, o las condiciones laborales en las que grandes multinacionales suelen contratar mano de obra “talentosa” en el tercer mundo, nos comeríamos el cuento entero que nos plantean en el video.

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ni bandera política ni gobierno ni presidente. Es nuestra voz limpia gritando: ¡basta ya!” ¿Por qué la insistencia en el carácter joven de los convocantes? ¿Por qué el uso reiterativo de adjetivos como genuina, rasos, espontánea, limpia, etc.? Lo que quiero mostrar es la división discursiva entre lo político y lo social que se fue produciendo a lo largo de los debates alrededor de la marcha, y que ha guardado continuidad con fenómenos posteriores como la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo que veremos luego. Las críticas que desde un comienzo recibieron los convocantes de la marcha por excluir a otros grupos armados (paramilitares y fuerzas del estado) como objetos de su protesta, fueron generando una distinción en la que se buscó demostrar las diferencias entre la movilización y los intereses del gobierno; en este camino, la serie de marchas comenzó a cubrirse de adjetivos dirigidos a demostrar su limpieza y espontaneidad, y con ello, su carácter apolítico y por lo tanto, social. En Los patios interiores de la democracia, Norbert Lechner (1995) es enfático en demostrar el carácter siempre provisional de lo que se entiende como político en una sociedad, y en ese sentido, de aquellos aspectos que asumidos en ese círculo, deben ser entendidos como productos de determinadas relaciones de poder, en oposición a otros que como “lo sagrado” o “lo natural”, escapan a dichas explicaciones. Siguiendo a este autor “la lucha política es siempre también una lucha por definir la concepción predominante de lo que se entiende por política” (p. 103). Como hemos venido diciendo, las marchas del 4F terminaron completamente cubiertas de características que la hacían naturales, sociales, limpias, espontáneas, etc., y que de esta manera no permitían enmarcarlas en la historia política del país, en la lucha por determinados recursos a disposición, en los conflictos e intereses de actores particulares, etc.; así, cualquier comenta-

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rio que buscara ponerlas en un contexto de poder diferente al de “sociedad colombiana vs. FARC”, era automáticamente rechazado por la “naturaleza” misma de la movilización. Lo político, en conclusión, terminaba reducido a las piedras en el zapato que los “otros” quisieron poner a la expresión social de gente que, aislada de cualquier escenario de poder, quería sencilla y limpiamente expresar la rabia y la indignación ante el engaño de los victimarios. Para concluir este apartado, veremos cómo la gran mayoría de elementos presentes en las representaciones de la prensa a propósito de las marchas del 4 de febrero (que como dijimos, recogían opiniones de los más diversos sectores sociales), guardan una importante continuidad con nuestro segundo fenómeno: los debates alrededor de la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo y particularmente las posiciones que al respecto tuvo el Presidente Álvaro Uribe. Como veremos, sus palabras permiten dar cuenta nuevamente de la divisoria entre un “nosotros” y un “ellos”, de un discurso emocional basado en el engaño y la rabia, del uso de insultos para deslegitimar a los otros, y del consecuente papel que el gobierno en general ha tenido en la activación de este tipo de mecanismos discursivos fundamento de la polarización social.

2. debates alrededor de la liberación del cabo pablo emilio moncayo: entre lo moral y lo político70 cercanos a cumplir 12 años del ataque de las FARC a la estación de comunicaciones del ejército en el cerro de Patascoy (entre Nariño y Putumayo), la liberación unilateral del cabo Pablo Emilio Moncayo planteada por el grupo insurgente seguía en vilo. Como respuesta a la propuesta lanzada el 16 de abril de 2009, el presidente Uribe declaró: 70 La mayoría de ideas de este numeral las presenté en la revista “Cien Días” del Cinep: http://www.cinep.org.co/node/727

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No vamos a permitir que esa liberación se convierta en un festín politiquero del terrorismo, que por un lado tortura y arroja sangre, y por el otro lado quiere aprovecharse de los medios de comunicación para engañar a los colombianos […] La única institución que queda autorizada para avanzar en ese proceso es la Cruz Roja Internacional, que se puede ayudar, si a bien lo tiene, de la Iglesia Católica […] Compatriotas, firmeza. Resistimos todas las presiones. Que vengan esas presiones del país, de la comunidad internacional, de la crítica, de la oposición. Que se disfracen esas presiones como quieran. Pero, compatriotas, firmeza, firmeza, firmeza […] no nos van a coger a ablandarnos ahora”71. El llamado de Uribe cerraba entonces las puertas a la comisión encabezada por Piedad Córdoba y el Profesor Moncayo propuesta por las FARC. Tras la insistencia de importantes sectores de la población civil, el 8 de julio de 2009 el presidente Uribe decidió autorizar de nuevo a Piedad Córdoba como parte de la comisión, pero lo condicionó a que fueran liberados en forma simultánea los 24 secuestrados de la Fuerza Pública y devueltos los cuerpos de los tres prisioneros que murieron en cautiverio. Por último, ante la inviabilidad de este condicionamiento, y por la presión de sectores de la sociedad civil, el presidente “suavizó” su posición en comunicado del pasado 19 de septiembre de 2009: “Se facilita, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica, las liberaciones unilaterales ofrecidas por las FARC. Se reitera la autorización para que la senadora Piedad Córdoba participe en el acto de liberación. Todo lo anterior en un tiempo corto, para que no siga la tortura”. Afortunadamente, este tire y afloje tuvo un final feliz con la liberación del sargento Moncayo y del soldado José Daniel Calvo, el 30 de marzo de 2010. No obstante, aquí quiero llamar la atención sobre tres componentes de los argumentos que presentó el presidente para negar 71 Palabras del Presidente Álvaro Uribe durante el Consejo Comunal en Facatativá. Abril 25 de 2009 (Facatativá, Cundinamarca)

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la intervención de Colombianas y Colombianos por la Paz (CXP) en el proceso de liberación. Particularmente me refiero a las insistencias en que, primero, las liberaciones no se pueden convertir en un “festín politiquero”, segundo, en que las FARC quieren nuevamente “engañar a los colombianos” y tercero, en la consecuente “firmeza” frente a todas las críticas que puedan venir. Me interesa llamar la atención sobre ello porque considero que representa lo que he mencionado anteriormente acerca de la división entre dos espacios discursivos distintos: el primero de ellos acude a la evocación de “la tortura”, “la sangre arrojada”, las cadenas en los cuellos, la leishmaniasis, las lágrimas, etc.; posteriormente, de ello deriva el engaño del que han sido víctimas los colombianos, y concluye por último en la necesidad de la solidaridad y la firmeza frente a cualquiera que quiera romperla (las continuidades con los discursos de otros sectores sociales sobre la marcha del 4F no pueden ser más evidentes). Esta cadena argumentativa en la que se acude al engaño como principal motivo para mantener la firmeza frente a todos los que critiquen las decisiones presidenciales, que viene alimentándose desde la frustración colectiva producida por los diálogos fallidos en el Caguán en gobierno Pastrana (Uribe de hecho acude a este ejemplo como hito de sus argumentos) y que ha pasado por las pescas milagrosas hasta los golpes militares a las guerrillas, se ha convertido en un campo discursivo particular, dotado de palabras determinadas (patria, terroristas, etc.)72, medios de comunicación, imágenes, resonancia en las emociones de la población civil, etc. Allí, pues, han logrado acomodarse muchas de las expresiones que frente al tema de secuestro han aparecido en el último año, tal como lo mostraba nuestro análisis de las marchas del 4F.

72 Recuérdese el “manual de redacción” que el gobierno quería donar a las facultades de comunicación del país, en el que se “sugería” entre otros, escribir Patria con P mayúscula.

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Las características del “otro” espacio discursivo son mucho más difíciles de rastrear. Sobre él podríamos decir que insiste en la existencia de un “conflicto social y armado”, que habla de la “insurgencia armada de las FARC”, que distingue entre “secuestrados” y “prisioneros de guerra” y que insiste en una salida política al conflicto. Las cartas del grupo Colombianas y Colombianos por la Paz (CXP) que derivaron en la propuesta de liberación del cabo Moncayo se incluyen en este segundo campo. Sin embargo, es mucho más difícil encontrar en él dispositivos discursivos dirigidos a trazar divisiones radicales entre “nosotros” y “ellos” (fundamento central de un proceso de polarización), como sí ocurre (y de manera reiterativa) en quienes se han apropiado de los recursos discursivos del primer campo; en este supuesto “otro polo”, es mucho más difícil dar cuenta de los elementos que se han descrito anteriormente para el caso de los discursos impulsados por las entidades oficiales. Inicialmente pensé que esta dificultad obedecía a la metodología misma que estaba utilizando para rastrear este “otro polo”; sin embargo, adelantando algo de las conclusiones, creo que de lo que se trata es de una polarización que como decíamos ya, no cuenta con dos polos consolidados enfrentados el uno al otro, sino más bien, de uno que se ha venido construyendo desde esos discursos oficiales y que discursivamente ha inventado una oposición que a pesar de ser mucho más compleja y matizada de lo que se plantea oficialmente, en medio del conflicto ha aparecido como unificada y absolutamente polarizada. En este sentido, al final podremos decir que en términos de agencia política, han sido los abanderados de ese primer campo quienes se han encargado de activar los mecanismos necesarios para la consolidación de un espacio discursivo tan polarizado como el que vivimos en este momento, razón por la cual sus repertorios suelen estar mucho más cargados de calificativos dirigidos a delimitar claramente quién está del lado de quién (Borja-Orozco, H. y otros, 2008).

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Recordando una pregunta mencionada al comienzo y continuando con el caso de Moncayo, ¿Qué ha ocurrido cuando determinados actores rompen los guiones y transitan del campo de lo moral al campo político o viceversa? El encuentro que tuvo lugar el 2 agosto de 2007 entre el Presidente y el profesor Moncayo, marcó para el segundo el tránsito más explícito entre el campo en el que las víctimas logran acceder a una mayor cantidad de recursos disponibles (por ser certificados oficialmente73) a otro en el que su dolor y sus palabras pierden legitimidad para una parte de la sociedad civil. Mientras el profesor Moncayo permaneció en el campo en el que se decía: “sus pies son una sola ampolla, pero él dice que más se le ampolla el alma cada vez que ve el puesto de su hijo vacío en la mesa del comedor” o en el que se cita a su hija diciendo “Mi papá pensaba ir y crucificarse en Bogotá” (El Tiempo, 2007, Junio 23), representó el dolor de un padre ante las inclemencias de un grupo terrorista al que había que derrotar; por este camino Moncayo logró despertar la solidaridad del pueblo colombiano74. Sin embargo, tras el encuentro con el Presidente, El profesor pasó a ser parte del grupo de los “estúpidos útiles”, tal como se refirió a él y a la madre de Ingrid Betancur el Coronel Luis Alberto Mallarín (El Tiempo, 2009, Abril 21) a propósito de la posible liberación de su hijo; en el mismo grupo seguramente entrarán Consuelo González de Perdomo, Oscar Tulio Lizcano o Luís Eladio Pérez quienes

73 Mc Adam y otros (2005) ,definen la certificación como “la validación de unos actores, de sus actuaciones y de sus reivindicaciones por autoridades externas”, y la descertificación como “la retirada de tal validación por parte de los agentes certificadores” (p. 133) 74 El diccionario de la Real Academia Española define solidaridad como: “Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”. Su uso en el tratamiento de las víctimas del conflicto armado ha implicado entonces una adhesión a sus causas y no una obligación originada en responsabilidades concretas: “En el Plan Nacional de Desarrollo se confunde el derecho a la reparación con los programas de atención a la población desplazada, pese a que tienen fuentes distintas: La reparación surge de la comisión de violaciones de los derechos humanos y el correspondiente deber de reparar los daños, mientras que la atención se deriva del principio de solidaridad” (Salinas, 2009, p. 10).

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terminaron haciendo parte de CXP, y con ello, renunciaron a los recursos culturales, sociales y políticos del otro lado. Pero ¿Qué fue lo que pasó en ese encuentro?: Moncayo fue enérgico en exigirle al Presidente el acuerdo humanitario; se refirió a la seguridad democrática y responsabilizó a esa estrategia de la muerte de los 11 diputados del Valle, frente a lo cual Uribe dijo que los responsables son las FARC porque ellos secuestraron a los diputados y los asesinaron; Moncayo manifestó que al enterarse de la muerte de los diputados del Valle pensó en apercollar al Presidente y a las FARC. Esto irritó a Uribe, quien señaló que no le aceptaba que se pusiera en el mismo nivel al Gobierno con las FARC. El Presidente comenzó su discurso ante los miles de manifestantes que se aglomeraron en el lugar, planteando dos propuestas de muy corto vuelo: excarcelar a los guerrilleros presos en Colombia (‘Sonia’ y ‘Simón Trinidad’ no entran) si las FARC liberaban a los secuestrados, y luego establecer una zona de encuentro por 90 días para pactar la paz. Moncayo le respondió: “esa propuesta no sirve para nada. Es una farsa. Aquí no se trata de lanzar propuestas por propuestas”. Moncayo, una y otra vez, quiso hacerle entender al Presidente que el acuerdo humanitario es sobre todo un gesto de humanidad, pero éste no quiso escucharlo. Fue entonces cuando silenciosamente, con lágrimas en los ojos salió de la tarima de la mano de su esposa y se dirigió a su carpa, mientras que Uribe continuaba su discurso (Valencia en Caja de Herramientas, 2009, Junio 14). Como dijimos, en resumidas cuentas, desde entonces y para muchos, Moncayo dejó de ser una víctima aguerrida que despertaba la solidaridad de los colombianos, para pasar a ser uno más de los “estúpidos útiles” del país. Así, en conclusión, planteo que los reclamos que hacía Uribe frente al “festín politiquero” que podría derivarse de las liberaciones “gota a gota” como la de Moncayo, esconde justamen-

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te su intención por mantener la división entre los campos de la moral y de la política, y los papeles que cada actor debe y puede asumir dependiendo de dónde se encuentre: las liberaciones (al igual que las víctimas) podrán y serán vistas y escuchadas siempre y cuando utilicen el lenguaje de la condena moral, nunca cuando se acerquen al campo político, y mucho menos a uno adverso al oficial (como según el Presidente, estaba ocurriendo con estas últimas propuestas de liberación). En consecuencia, las víctimas del secuestro cuyo lugar de enunciación sigue estando exclusivamente en un análisis moralista del conflicto, pueden terminar siendo la otra cara de la moneda de la propuesta militarista de Álvaro Uribe, esa otra cara le otorga el sustento emocional necesario para alimentar la cadena argumentativa y militar que ya todos conocemos.

3. un campo discursivo polarizado los dos segmentos anteriores dejan varios elementos sobre la mesa: de un lado, la fuerte presencia de repertorios emocionales en los discursos, que podríamos resumir en la reivindicación guerrerista de la valentía de la sociedad civil frente al engaño y la cobardía de las FARC (y de cualquier otra presión, venga de donde venga, como decía el presidente); de otro, la lucha por la definición de lo político, que en el primero de los dos casos buscó ser aislado de las reivindicaciones “apolíticas” de la movilización y en el segundo se monopolizó como espacio de dominio oficial; en tercer lugar, la definición de un lugar moral que, directamente conectado con los repertorios emocionales, ha buscado definirse como complemento de ese discurso guerrerista; en cuarto lugar, el uso de amplias herramientas discursivas para distinguir fronteras entre un “nosotros” y un “ellos” que en los dos eventos ha tomado la forma de “compatriotas”, “colombianos”, “los buenos”, “las víctimas del terrorismo” por un lado, y de “la oposición”, “las ONG’S”, “el Polo”, “los mamertos”, etc., por otro. Hasta aquí he querido describir las características que han to-

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mado los discursos alrededor del secuestro, buscando con ello demostrar la consolidación de un campo discursivo que explica las aparentes paradojas que se mencionaban al inicio del documento. Sin embargo, lo recogido hasta ahora nos ha permitido avanzar un paso más para plantear una segunda idea que ya ha venido siendo mencionada a lo largo del texto: la polarización que se ha consolidado alrededor de dicho espacio. Como fue mencionado anteriormente, Tilly, McAdam y Tarrow (2003) definen polarización como “la ampliación del espacio político y social entre los reivindicadores presentes en un episodio contencioso y la gravitación hacia uno, el otro o ambos de los extremos de determinados actores previamente no comprometidos o moderados” (p. 357). A pesar de que hemos dicho que no es posible hablar aquí de grupos tan claramente diferenciados y enfrentados como los que presentan los autores en su estudio, sí es posible dar cuenta, como hemos intentado hacerlo, de discursos que claramente han trazado divisiones entre sectores sociales, buscando con ello deslegitimar y excluir a unos, mientras se certifican los discursos y prácticas de otros75. A pesar de que para la marcha del 4 de febrero nos centramos en discursos emitidos por diversos sectores sociales, económicos, políticos, etc., mientras que para el caso de la liberación de Pablo Emilio Moncayo lo hicimos casi exclusivamente en el discurso del Presidente Uribe, las coincidencias entre los primeros y el segundo fueron incuestionables tal como lo vimos. ¿Por

75 Hoyos (2008) plantea que aquellos que piensan que actualmente existe una polarización en Colombia, están confundiendo “la percepción de polarización” con el hecho real de que haya o no tal cosa. Sin embargo, considero que si entendemos la polarización como un proceso complejo, y no como un momento del que se puede establecer un inicio y un final, veremos que la percepción de polarización no puede ser vista como una “ficción” (mucho menos si el dueño de ella es el propio presidente), contrapuesta a una “realidad” que muestra algo distinto (que no hay una posición unitaria opuesta a las instituciones democráticas). Creo al contrario que dicha percepción hace parte de “la realidad” y por lo tanto, es constituyente esencial de un proceso de polarización en el país.

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qué similitudes tan exactas? Por un lado, podríamos salir del paso repitiendo los reclamos hechos a la movilización de febrero que la acusaban de ser “realmente” una marcha en apoyo a Uribe; sin embargo, lo que me interesa mostrar para terminar, es que lo que denota todo esto es algo mucho más complejo y delicado que el simple apoyo a un personaje público, y que al contrario, sobre lo que debe llamarnos la atención es sobre la consolidación de una cultura política particular que sin duda ha sido impulsada (y aprovechada a la vez) por el gobierno nacional, pero que también implica pensar en la historia política y cultural del país que origina que el nivel de apropiación social haya sido de la magnitud que hemos visto aquí. La cercanía entre los discursos de la prensa, del gobierno y de gran parte de la sociedad civil no es entonces coincidencia, pero tampoco resultado de una manipulación que el gobierno haya ejercido sobre un montón de idiotas útiles. Lo que representan estas cercanías es lo que Sarmiento y Delgado (2008) han llamado un proceso de institucionalización de la movilización por los derechos humanos en el país, en el que se resalta la reinterpretación oficial del discurso de los DDHH que al institucionalizarse en contra de los grupos guerrilleros, se ha convertido en el marco interpretativo más dominante que coopta las demandas de otros actores sociales. Partiendo de la información del sistema Datapaz del Cinep, los autores llaman la atención sobre las afinidades que existen entre la movilización de los pobladores urbanos y los ejecutivos municipales, así como las diferencias entre éstos y las organizaciones defensoras de derechos humanos (ODH):

De ahí que no sea casualidad encontrar que los pobladores privilegien las marchas y las concentraciones y la definición de la guerrilla como adversario; mientras que las ODH acudan principalmente a la realización de foros, encuentros o seminarios al mismo tiempo que señalan a los paramilitares como el objeto de sus reivindicaciones (p. 94)

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Estas cercanías discursivas entre sectores del Estado y pobladores urbanos, representan la apropiación social de discursos que han sido básicamente activados desde sectores oficiales y que se han articulado con representaciones e imaginarios de la población (emociones, formas de comprensión, experiencias, etc.) otorgándole así fuertes sustentos sociales76. Al respecto resultan de infinita utilidad los apuntes de Tilly en “Violencia colectiva” en donde es insistente en el proceso por el cual categorías sociales que anteriormente convivían pacíficamente (o que ni siquiera determinaban las interpretaciones y acciones de las personas), resultan siendo activadas por determinados emprendedores políticos en el marco de confrontaciones armadas:

…los emprendedores políticos se especializan en activar (y a veces en desactivar) líneas divisorias, relatos y relaciones […]. Se especializan en conectar y coordinar (y a veces en desconectar) diferentes grupos y redes […]. Se especializan en la representación como cuando los líderes serbio-bosnios afirmaban hablar en nombre de todos los bosnios de ascendencia serbia al solicitar la ayuda de Serbia (Tilly, 2007, p. 33). Con esto quiero insistir en que la activación de dichas divisiones en un escenario de polarización ha sido directamente agenciado por emprendedores políticos que como el Presidente mismo, algunos medios de comunicación y otras personalidades de la vida pública (como es el caso de José Obdulio Gaviria) y privada (que lo hace más interesante aún), han utilizado todos los recursos a su disposición para dibujar claramente las fronteras entre los patriotas y los críticos, entre quienes valientemente salen a marchar y quienes no, etc. 76 Podría ser útil la distinción entre polarización política, referida a la polarización desarrollada en medio de escenarios políticos institucionales (entre partidos políticos, campañas presidenciales, etc.), como la presentada en el año 98 a propósito de las candidaturas de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, y la polarización social, en la que las divisiones nosotros/ ellos (con todos los componentes que hemos mostrado aquí) toman forma en los asuntos cotidianos del resto de la población.

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No se trata de plantear aquí un proceso unidireccional en el que los discursos y representaciones son diseñados “desde arriba” para luego irrigarse hacia el resto de la población, como tampoco de decir que estos personajes hayan desempeñado todas las funciones descritas por Tilly para el caso de los emprendedores políticos; tampoco quiero “reedificar” a quienes han estado “de uno u otro lado” de la línea (ni el uno ni el otro son campos completa y definitivamente consolidados; al interior de ellos, se dan múltiples variaciones y luchas que requerirían un estudio diferente a este). De hecho, he querido mostrar que uno de los elementos más importantes de estos fenómenos, es que construyen, y son construidos a la vez, por las representaciones, emociones, conocimiento y vida cotidiana de la población (en eso justamente consiste una perspectiva constructivista). Sin embargo, sí me parece importante dejar claro que dicha construcción social se ha llevado a cabo en medio de un escenario concreto de relaciones de poder (con accesos diferenciados a los recursos) en el que, analizando la información como lo hemos hecho, es evidente que han sido personajes e instituciones particulares (siempre certificadas por el Estado) quienes ha llevado la batuta al momento de trazar las directrices de la polarización que hemos descrito a lo largo de este texto.

para finalizar muchas preguntas quedan al final: cuáles son las relaciones de estos procesos de polarización discursiva con el escenario internacional (Septiembre 11 en Estados Unidos, la geopolítica en América Latina, etc.); qué país se está representando en medio de estas disputas discursivas; qué interpretaciones subyacen sobre el conflicto armado; cómo se ha consolidado el sector de víctimas en medio de estas disputas; qué redes sociales se han comenzado a tejer y cuáles a desactivar; cómo se han anclado estas representaciones en la vida cotidiana de la población; entre muchas otras.

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Para terminar, tal como ha reiterado Piedad Córdoba: “el asunto de las liberaciones es sin duda un asunto político, más no electoral”. Con ello, considero que uno de los retos más importantes de la sociedad civil en su conjunto (¡de toda!), está entonces en politizar el tema del secuestro y a todas y cada una de sus víctimas; en colocar al lado del dolor, las penurias, la solidaridad, las lágrimas y el espectáculo mediático, las relaciones de poder y las estructuras sociales, económicas y políticas que siguen reproduciendo un conflicto en el que prácticas como la retención de prisioneros o el secuestro siguen siendo aún posibles.

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Tilly, C. (2007). Violencia colectiva. Barcelona: Editorial Hacer. Valencia, R.L. (2003, Septiembre 14). Los pasos de libertad del profesor Moncayo. Caja de Herramientas. [Versión electrónica]. Consultado el 14 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0074/ Van Dijk, T. (2003). Ideología y Discurso. Barcelona: Ariel Lingüística. Prensa El Colombiano. (2008, Febrero, 3, 4 y 5) El Tiempo. (2008, Febrero, 3, 4 y 5) El profesor Gustavo Moncayo ya tiene ampollas de caminar por libertad de su hijo. (2007, Junio 23). El Tiempo, p. 24. Mallarín, L.A. (2009, Abril 21). Criminal manipulación para liberar al cabo Moncayo y los demás secuestrados. ElTiempo.com. [Versión electrónica]. Consultado el 3 de Junio de 2009. Disponible en: http://www.eltiempo.com/blogs/analisis_del_ conflicto_colombiano/2009/04/criminal-manipulacion-para-lib-1.php

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CONOCER LA OTRA HISTORIA PARA ENTENDER NUESTRAS MEMORIAS Daniel Maestre

Indígena Kankuamo y Secretario Técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

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Presentación Pienso que para comprender realmente el tema y/o conceptos de Memorias es primordial primero saber cómo hemos sido construidos culturalmente en la historia y más en la historia colombiana. Historia asida escrita solamente desde una visión, negando así las múltiples perspectivas que también hacen parte de nuestras herencias. A esas herencias nos han enseñado a mirarlas despectivamente, incluso nos han hecho que reneguemos de ellas. La historia de Colombia es una historia de conflictos sociales permanentes, que tienen sus orígenes en la invasión europea, y en la forma en que ésta cambio el rumbo de los pueblos indígenas, y posteriormente, el de muchas sociedades africanas, traídas como esclavos a este continente. El colonialismo implantado por Europa en América desde 1492, constituye el hecho violento, más significativo en la memoria de los pueblos amerindios. Lo anterior no cambia el hecho que antes de la llegada de Europa a América, se daban confrontaciones entre los pueblos habitantes en estos territorios, es así como el imperio Inca ya había avanzado hasta las fronteras de lo que hoy es Colombia hacia el norte y al igual se había posesionado de los territorios andinos del norte de Argentina al sur del continente; lo mismo pasaba con el imperio Azteca, en México quienes a la fecha de la llegada de los españoles se encontraban en un proceso de expansión y sometimiento de los pueblos que estaban alrededor de ellos, esa guerra de expansión trajo como consecuencia que las y los pueblos que tenían una guerra con los Aztecas se aliaran con los españoles para someter al gran imperio Azteca. Con estas expansiones tanto los incas como los aztecas sometían a los demás pueblos y los obligaban a asumir ciertos usos y costumbres de ellos. Lo mismo pasó con las guerras en otros continentes.

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La llegada de Europa a América, bien se sabe que no se hizo en términos pacíficos o amistosos, y con ello éste encuentro produjo un choque violento entre culturas totalmente diferentes y desde entonces en Colombia al igual que en todo el continente americano se ha desarrollado una imposición violenta de una cultura que se reconoce como civilizada sobre una cultura que estos denominan salvaje o insípida. La política colonialista consiste en dominar haciendo sentir inferior al dominado, despreciando su cultura, sus cosmovisiones, sus conocimientos, hábitos, costumbres y presentándose a sí mismos como los redentores y modelos civilizadores. Los españoles llevaron a cabo estas acciones tan exitosamente que hoy se aprecian sus rezagos hasta en los últimos rincones de nuestros territorios. Eduardo Galeano decía en una de sus conferencias dice: “Desde el punto de vista de los vencedores, que hasta ahora ha sido el punto de vista único, las costumbres de los indios han confirmado siempre su posesión demoníaca o su inferioridad biológica. Así fue desde los primeros tiempos de la vida colonial: • ¿Se suicidan los indios de las islas del mar Caribe, por negarse al trabajo esclavo? Porque son holgazanes. • ¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera su cara? Porque los salvajes no tienen vergüenza. • ¿Ignoran el derecho de propiedad, y comparten todo, y carecen de afán de riqueza? Porque son más parientes del mono que del hombre. • ¿Se bañan con sospechosa frecuencia? Porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición.

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• ¿Jamás golpean a los niños, y los dejan andar libres? Porque son incapaces de castigo ni doctrina. • ¿Creen en los sueños, y obedecen a sus voces? Por influencia de Satán o por pura estupidez. • ¿Comen cuando tienen hambre, y no cuando es hora de comer? Porque son incapaces de dominar sus instintos. • ¿Aman cuando sienten deseo? Porque el demonio los induce a repetir el pecado original. •

¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no tiene importancia alguna? Porque viven en la antesala del infierno.

En el caso de los negros traídos de África destaca “un médico argentino, el socialista José Ingenieros, escribió que los negros, oprobiosa escoria de la raza humana, están más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados. Y para demostrar su irremediable inferioridad, Ingenieros comprobaba: Los negros no tienen ideas religiosas, solo supersticiones”. Estas negaciones también pasaron por el tema de los alimentos y lo resumía magistralmente un anciano indígena peruano, dirigente del pueblo Kichua “Sabemos históricamente que con la invasión española, la mayoría de los alimentos autóctonos fueron satanizados por los españoles por que los relacionaron con ritos religiosos no cristianos: de ahí la prohibición del consumo de Kiwicha (amaranto-cereal) por bula del Papa; o porque tenía el color impuro de la sangre (tomate); o por que provenía del interior de la tierra (la papa y otros tubérculos). Hubo tal agresión alimentaria que antes del primer siglo de la invasión, se hizo sentir vergüenza por algo que era una sana costumbre: recoger yerbas naturales del campo. Esta misma

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realidad se prolongó durante el periodo de la república y sigue como practica actual por parte de los científicos que hoy apoyan la medicina ortodoxa la cual a pesar de estar en crisis sigue negando el valor curativo que tienen otras maneras de ver la salud y la medicina a pesar de ser comprobadas la eficacia de estas prácticas cotidianamente y cuya filosofía de salud no solo se queda en lo individual sino que abarca lo comunitario como fundamento para la salud de los individuos. El mismo anciano continúa más adelante “Recuerdo haber conocido la cañihua (cereal parecido a la quinua) como alimento para los canarios; la quinua para los pollos; los frijoles en todas su variedades sólo para pobres y alimento diario de cuarteles. Hay versiones parecidas que parecen haber salido de un cuento de terror: que la carne de auquénido (llamas, uanacos, vicuñas y alpacas) transmitía sífilis; que el cuy era una rata sin cola o podía cruzarse con ellas; que el llantén producía ceguera; que el tarwi (leguminosa) afectaba el cerebro; que la mayoría de nuestras hortalizas de tierra eran “hierba mala”; que el cushuro (algas de lagunas) era caca de sapo; el sauco era la uva del diablo; que nuestras hortalizas de agua de mar (cochayuyos) eran las hierbas malas del mar… también de las que embrutecían como la coca o volvían loco como el ayahuasca y ni qué decir de los alimentos que “apestaban” llámese tocosh (harina extraída de la papa a través de un proceso de descomposición), maca (tubérculo andino), chuño (producto extraído de la deshidratación de tubérculos andinos); o que repugnaban por ser insectos o por ser previamente masticados como el masato; y a muchos otros alimentos que ni siquiera tuvieron la suerte de ser recordados”. Incluso aún en estas sociedades se habla de: Alimentos de indios, negros y campesinos y de alimentos de civilizados. Como los mejores alimentos eran utilizados en ritos de pago a la pachamama, o Madre Tierra y a los espíritus protectores de los territorios o los que alejaban a las enfermedades y guerras

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a los europeos no les cabía en la cabeza que existieran alimentos con tanta potencia nutricional a los cuales los españoles los asociaban con creaciones diabólicas, aún hoy día se siguen mirando estos alimentos con cierta sospecha y lo que es peor su producción se ha hecho exclusiva para una elite que tiene recurso para adquirirlos. En el tema de lo religioso se propuso por todas las formas exterminar cualquier vestigio de las formas como los indígenas y negros se comunicaran con sus mundos invisibles y sus divinidades; en unas partes por la asimilación por parte de estas comunidades al cristianismo y haciéndoles negar sus propias creencias o por el exterminio total de la población como ocurrió en norte América. En este caso Galeano expone algunos fragmentos de esa historia “En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar todas las quenas y demás instrumentos de música de los indios, y había prohibido todas sus danzas, cantos y ceremonias para que el demonio no pueda continuar ejerciendo sus engaños. Y en 1625, el oidor de la Real Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas, cantos y ceremonias de los indios, bajo pena de cien azotes, porque en ellas tienen pacto con los demonios”… y continua diciendo: “En las colonias españolas y portuguesas y en todas las demás: en las islas inglesas del Caribe, después de la abolición de la esclavitud se siguió prohibiendo tocar tambores o sonar vientos al modo africano, y se siguió penando con cárcel la simple tenencia de una imagen de cualquier dios africano”. Otra parte que no logró ver Europa en América fueron los avances sociales, políticos y científicos desarrollados por los pueblos de esta parte del mundo, especialmente el avance filosófico de la relación del hombre con el mundo. En ello Galeano afirma: “Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, mil años antes de que los matemáticos europeos supieran que existía. Y habían conocido la edad del universo, con asombrosa precisión, mil años antes que los astrónomos de nuestro tiempo.

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Ellos ignoraban que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford. El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado, como sagrados son su hija, la tierra, y su hijo, el ser humano: como la tierra, como la gente, el tiempo no se puede comprar ni vender. La Civilización sigue haciendo lo posible por sacarlos del error”. En sus investigaciones históricas este mismo autor destaca el desarrollo de la democracia en lo siguiente: En 1523, el cacique Nicaragua preguntó a los conquistadores:

-Y al rey de ustedes, ¿quién lo eligió? El cacique había sido elegido por los ancianos de las comunidades. ¿Había sido el rey de Castilla elegido por los ancianos de sus comunidades?” La América precolombina era vasta y diversa, y contenía modos de democracia que Europa no supo ver, y que el mundo ignora todavía. Reducir la realidad indígena americana al despotismo de los emperadores incas, o a las prácticas sanguinarias de la dinastía azteca, equivale a reducir la realidad de la Europa renacentista a la tiranía de sus monarcas o a las siniestras ceremonias de la Inquisición. En la tradición guaraní, por ejemplo, los caciques se eligen en asambleas de hombres y mujeres y las asambleas los destituyen si no cumplen el mandato colectivo. En la tradición iroquesa, hombres y mujeres gobiernan en pie de igualdad. Los jefes son hombres, pero son las mujeres quienes los ponen y deponen y ellas tienen poder de decisión, desde el Consejo de Matronas, sobre muchos asuntos fundamentales de la confederación entera. Allá por el año 1600, cuando los hombres iroqueses se lanzaron a guerrear por su cuenta, las mujeres hicieron huelga de amores. Y al poco tiempo los hombres, obligados a dormir solos, se sometieron al gobierno compartido”.

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A pesar de la imposición violenta con la cual los españoles obligaron a los pueblos americanos y negros traídos de África la cultura traída de Europa, especialmente la religión que atravesó todas las instituciones sociales de estos pueblos, la mayoría se vieron en la obligación de crear formas para mantener partes de su cultura las cuales aún existen y hoy siguen buscando las formas de reivindicar y fortalecer. Los indígenas fusionaron en muchas partes el cristianismo con sus formas religiosas aprovechando el hecho que la iglesia utilizaba las fiestas principales de los pueblos indígenas para recrear e imponer las costumbres religiosas a los indígenas. Uno de esos ejemplos es la fiesta del Corpus Christi que concuerda con la Fiesta del Sol que todos los pueblos indígenas de América realizaban en el solsticio de verano. Esta fiesta era dedicada al sol por parte de los indios; en muchas comunidades el culto a la virgen Maria fue asumido como un culto a la Madre Tierra y a las deidades femeninas de los nativos americanos. En el caso de los negros, Galeano en otra de sus conferencias explicaba: “En realidad, las ideas religiosas habían atravesado el mar, junto a los esclavos, en los navíos negreros. Una prueba de obstinación de la dignidad humana: a las costas americanas solamente llegaron los dioses del amor y de la guerra. En cambio, los dioses de la fecundidad, que hubieran multiplicado las cosechas y los esclavos del amo, se cayeron al agua. Los dioses peleones y enamorados que completaron la travesía, tuvieron que disfrazarse de santos blancos, para sobrevivir y ayudar a sobrevivir a los millones de hombres y mujeres violentamente arrancados del África y vendidos como cosas. Ogum, dios del hierro, se hizo pasar por san Jorge o san Antonio o san Miguel, Shangó, con todos sus truenos y sus fuegos, se convirtió en santa Bárbara. Obatalá fue Jesucristo y Oshún, la divinidad de las aguas dulces, fue la Virgen de la Candelaria...

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La necesidad de no desaparecer como colectivo obligó a muchos pueblos indígenas a que se retiraran a lo más profundo de las selvas y a los sitios más inaccesibles de las montañas para seguir recreando sus culturas y seguir manteniendo sus instituciones sociales lo cual significó perder la mayor parte de sus territorios y reconfigurar sus mismas creencias religiosas puesto que tuvieron que crear nuevos sitios sagrados y acostumbrarse a vivir en sitios que ancestralmente no eran de ellos. Pero con la concepción que no perderían sus costumbres y no asumirían el cristianismo como práctica religiosa, muchos pueblos prefirieron morir en la guerras contra los conquistadores antes que someterse a ellos; con el pretexto de una nueva religión se legalizó el despojo territorial que sufrieron y los que se quedaron ganaron una nueva religión pero perdieron sus tierras y su autonomía. Para este caso vale recordar las palabras del arzobispo Desmond Tute, que se refiere al África, pero también vale para América:

Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: “Cierren los ojos y recen”. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Los negros que se negaron a ser esclavos huyeron también a las montañas y a las selvas y crearon pequeños poblados conocidos como Palenques en el caso de Colombia, en Brasil se llamaban Quilombos. Para mantener estas pequeñas poblaciones las mujeres jugaron un papel fundamental ya que ellas cuando se escapaban ocultaban las semillas en las cabelleras y con esto se pudo garantizar que los Palenques pudieran crear una cultura alimenticia de resistencia y poder así asegurar la supervivencia en estos lugares inhóspitos. Esto ocasionó una reconfiguración territorial, pues la creación de estos nuevos poblados por parte de los negros tuvieron dificultades por estar cerca de poblados indígenas que no querían que otras personas diferentes a ellos se ubicaran dentro de sus territorios, pero en otras partes se crearon alianzas

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entre negros e indios para defenderse de los colonos blancos, logrando de esta manera una pervivencia armónica. Todo lo anterior nos dice que la llegada de Europa a América originó una desarticulación del sistema social que tenían los nativos de este territorio como la de los negros traídos de África quienes se vieron obligados a crear otras formas de organización social, política, alimentaría y otras… Entre tanto, en los grandes poblados se crea un mestizaje racial no aceptando un mestizaje cultural del cual eran fruto, fue así como se impuso una sola forma de pensar el mundo, negando los otros. La sociedad colombiana en su mayoría está construida bajo el supuesto que solamente somos descendientes de españoles, negando los orígenes indígenas y negros. Esto trajo como consecuencia que se construyera socialmente la idea de que los indígenas y negros que se encontraban viviendo en las selvas y las montañas fueran considerados como salvajes, primitivos y brutos, en otras palabras eran animales y como eran animales incapaces de asumir la doctrina cristina no era delito exterminarlos de cualquier manera. Es así que aun en los años setenta se practicara la atroz costumbre de las guahiviadas que consistía, en cazar indígenas a tiros y con perros. El caso más claro de estas concepciones culturales y sociales fue el argumento de defensa que esgrimieron varios colonos que asesinaron en una fiesta a más de 20 indígenas Cuivas en lo conocido como la masacre de planas en el Casanare. Los colonos dijeron “es que nosotros no sabíamos que matar indios era un delito en Colombia”. Con esta carga cultural de negación del otro, de lo indígena y lo negro, seguimos en la actualidad. Sumado a esto, los conflictos sociales resueltos a través de la violencia a lo largo de cinco siglos ha creado en la mayoría de los colombianos una visión del otro de lo diferente como el enemigo al cual hay que exterminar o aceptar su exterminio por parte de los que dicen defender a la mayoría.

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En la actualidad el conflicto armado que vive Colombia ha ocasionado la desaparición de muchas poblaciones, no solamente indígenas y negras, sino también de campesinos y de sectores sociales que se oponen o reclaman mejores condiciones de vida o de poblaciones que viven en territorios donde hoy se libra el conflicto con el pretexto que son aliados de uno u otro bando. Pero a pesar de las prácticas de exterminio, comunidades y colectivos de todo tipo luchan por seguir manteniendo sus culturas y concepciones políticas o sociales, por lo cual recurren a la reconstrucción de sus memorias históricas como una forma de recuperar su dignidad de ser o pensar diferente y aun en medio del conflicto se reivindican y asumen el rol de reconstruirse y para lograrlo recurren a las estrategias y herramientas que están a su alrededor. Es así como las comunidades indígenas reivindican su autonomía territorial y el respeto a sus culturas; las comunidades negras se apoyan en los derechos obtenidos a través de años de lucha como es que el Estado reconozca y titule colectivamente los territorios que ancestralmente han ocupado y su inserción a las garantías contenidas en la constitución de 1991; las comunidades campesinas que han sido desplazadas solicitan garantías para regresar a sus territorios de origen o mantenerse en ellas de manera autónoma como lo vienen haciendo y solicitando la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a pesar de la violencia ejercida en contra de ellos por parte de todos los actores armados, ya sean legales o ilegales. Colectivos y poblaciones que se resisten a desaparecer tienen ciertas características que son importantes reconocerlas: se reivindica la memoria histórica no oficial que ha sido construida a través de sus luchas o permanencia en los territorios que han ocupado. En el caso de los indígenas se sigue reivindicando su autonomía dentro de los territorios ancestralmente ocupados y el respeto a su cultura y los espacios para rescatar, fortalecer y recrear los elementos culturales perdidos y sus propias formas de producción.

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Esto lo reclaman como una forma de garantizar su supervivencia, pero también como una forma de ver concretados los derechos de los cuales habla la constitución de 1991 y los acuerdos internacionales aceptados por el Estado colombiano. A pesar de esto no podemos olvidar un discurso que ha sido plasmado en el imaginario de la mayoría de los colombianos, y es que todas estas reivindicaciones son subversivas y que solo buscan la desestabilización de una supuesta democracia de las mayorías donde las minorías no tienen cabida y por eso se piensa que los indígenas son los culpables del subdesarrollo de nuestro país por oponerse a la explotación y venta de los recursos naturales que existen en sus territorios. Lo mismo se piensa de las comunidades negras que se oponen a los monocultivos que han sido implantados o quieren serlo en sus territorios o de las comunidades campesinas que se niegan a ser empresarios del campo o de los movimientos estudiantiles que quieren una educación de mejor calidad y con más facilidad de acceso o los sindicatos que reclaman unas mejores condiciones laborales y salariales. En este lugar de la historia estamos comprendiendo que la vía que nos queda es reconstruir o construir unas nuevas relaciones con el territorio que nos dé una identidad como colectivo, como ciudadanos y por último como colombianos para así no sentirnos excluidos ni tampoco parte de la periferia y junto con esto también reconstruyendo los relatos históricos desde sus propios procesos y recuperando las historias no contadas por la oficialidad y que muchas veces la academia deja a un lado. Estos nuevos relatos son producto de toda una historia escrita en la memoria de muchos ancianos y que se han ido pasando de generación en generación como formas alternativas de identidad y de conservación de los relatos propios. Creo que una manera de resolver los conflictos es el conocer la historia que cuenta cómo hemos sido construidos históricamente, prestando especial atención a los vacíos que encontramos en

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los relatos históricos oficiales, para que de esta manera dejemos de fundamentar toda nuestra historia en: conquistadores, generales, caudillos, presidentes, todos blancos. Perspectiva desde la cual se asume Colombia, es por esta razón que al mirarnos al espejo somos incapaces de reconocernos y reconocer al otro. Para terminar recojo un fragmento escrito por Eduardo Galeano en su libro PATAS ARRIBA, La Escuela del Mundo al Revés… que resume la historia y la cultura americana:

Bien lo sabemos, en América latina, donde los exterminadores de indios y los traficantes de esclavos tienen estatuas en las plazas de las ciudades, y donde las calles y las avenidas suelen llamarse con los nombres de los ladrones de tierras y los vaciadores de las arcas públicas.

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ARTE PÚBLICO COMUNITARIO Y MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS Yolanda Arciniegas

Líder de la Fundación Cultural Rayuela, organización que viene trabajando desde hace varios años en diferentes zonas del país, entre ellas, la zona conocida como Altos de Cazucá, límite entre la localidad de Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha, con el objetivo de incentivar prácticas artísticas y culturales, que de manera explícita y reflexiva invitan a la construcción de articulaciones socioculturales antagónicas que permiten la revisión, debate y objeción de las formas canónicas o dominantes y que cuestionan las condiciones de inequidad, injusticia, violencia y vulnerabilidad, en las que se encuentran los habitantes de estas zonas.

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Presentación “Nadie ha muerto, anuncian en la radio, pero cada gota de lluvia es un ataúd evaporado” Maríamatilde Rodríguez. Los hijos del paisaje. El cuerpo de Bogotá, y por supuesto el de todas y todos los que en ella vivimos, está plagado de cicatrices que aún no sanan. • El 14 de noviembre de 1817, en la Plaza de Bolívar, muere fusilada Policarpa Salavarrieta, destacada heroína de la época del terror impuesto en la Nueva Granada a principios del siglo XIX, durante la reconquista española. • El 15 de octubre de 1914, Rafael Uribe Uribe cae asesinado a golpes de hacha a la entrada del Capitolio Nacional. • El 8 de junio de 1929, un soldado del Batallón Guardia Presidencial terminó con la vida del estudiante de la Universidad Nacional, Gonzalo Bravo Pérez. • El 9 de abril de 1948 es asesinado a tiros en una de las esquinas de la Avenida Jiménez con Carrera 7ª Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo más popular del siglo XX. • El 6 de junio de 1957, el líder de las guerrillas del Llano, Guadalupe Salcedo, muere acribillado por agentes de la Policía Nacional, en la Avenida Caracas con Calle 22, luego de firmar un pacto de paz con el gobierno. •

El 9 de junio de 1965, tras un operativo transmitido en directo a todo el país, el mítico bandolero Efraín González, atrinche-

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rado en una casa del barrio San José, resistió la arremetida militar de dos batallones militares, centenares de policías y agentes de los cuerpos de inteligencia, equipados con armas de todo tipo, incluyendo tanques y ametralladoras, mientras que unas diez mil personas agolpadas en los alrededores le gritaban vivas, lo animaban a seguir su lucha y organizaban mítines de protesta en las calles del barrio Quiroga. • El 6 de noviembre de 1985, en el marco de la operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, un comando guerrillero del M-19 se tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar. La acción provocó la reacción de la Fuerza Pública y dejó como saldo cerca de un centenar de colombianas y colombianos muertos, entre los que se cuentan 11 magistrados de la alta corte, y una docena de desaparecidos. • El 22 de marzo de 1990, en el Puente Aéreo, es asesinado por un sicario de 16 años de edad Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y unos días después, en la mañana del 26 de abril, es asesinado a tiros en un avión que acababa de salir del aeropuerto El Dorado, el candidato presidencial de la AD-M19 Carlos Pizarro Leongómez. •

El 4 de abril de 1998 es asesinado en su casa el maestro y defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza.

• El 19 de Mayo de 1997 fueron abaleados por sicarios que entraron a las 2:00 a.m. a su apartamento ubicado en la Localidad de Chapinero los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado, acción en la que también perdió la vida don Carlos Alvarado, padre de la investigadora, y resultó herida de gravedad su señora madre, doña Elvira Chacón de Alvarado.

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•

El 13 de agosto de 1999 es asesinado en una concurrida calle del barrio Quinta Paredes el humorista Jaime Garzón.

• El 6 de mayo de 2005, luego de recibir una fuerte golpiza por parte de la Fuerza Pública en la Carrera 7 con Calle 19, muere el estudiante de secundaria Nicolás David Neira. Si continuáramos, la lista se haría interminable. Lo cierto es que las calles capitalinas han sido testigos mudos de la pérdida de varios centenares de vidas. Periodistas, abogados, maestros, artistas, líderes sindicales, sacerdotes, estudiantes, dirigentes políticos, miembros de juntas comunales, hombres y mujeres jóvenes, indigentes y un sinnúmero de ciudadanos y ciudadanas anónimas han perdido la vida en las mismas calles que nosotros y nosotras solemos recorrer a diario, sin que tengamos la más mínima conciencia de ello. ¿Cómo ha sido posible que la desmemoria se enseñoree por doquier? ¿Qué procesos se han operado para que ello sea posible? Y, ¿Qué implicaciones ha tenido este conjunto de olvidos en el proceso de construcción de la(s) memoria(s) colectiva(s), la definición de las identidades locales y el ejercicio pleno de la ciudadanía? La experiencia que a continuación compartiremos, al igual que las preguntas y las intuiciones que de ella han empezado a derivarse, surgen en el contexto de una experiencia de acompañamiento y educación popular realizada en el sector de Altos de Cazucá, en el vecino municipio de Soacha, la cual fue agenciada por la Fundación Cultural Rayuela, gracias al apoyo de organizaciones como Save the Children Canadá, Save the Children Suecia, y War Child Holanda, durante los años 2003 - 2006. Ante el alarmante incremento del autoritarismo y la violación de los derechos humanos, específicamente del derecho a la vida y la integridad de los hombres y las mujeres jóvenes, esta iniciativa de animación sociocultural asumió el reto de generar acción social en defensa de la vida, y cultivar en las y los jóvenes prin-

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cipios como la dignidad, la equidad, la corresponsabilidad y la participación, desde una perspectiva pedagógica que promueve su constitución como sujetos de derechos, la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, la configuración de memoria colectiva vista desde la perspectiva de los excluidos, la resistencia civil no violenta a través del arte y el despliegue de iniciativas de actuación pública ciudadana.

1. la memoria colectiva la configuración de la memoria colectiva ha sido y sigue siendo territorio de disputa. Ella se inscribe en un complejo sistema de pedagogía social y de transmisión cultural por medio del cual el legado del pasado se transmite de generación en generación; pero es claro que dicha disputa no gira solamente en torno a una determinada versión del pasado pues, lo que está verdaderamente en juego es el control de la memoria social, dado que es desde ella que se estructuran identidades sociales, se legitiman, impugnan y redefinen relaciones de poder, y se definen los campos de lo posible, es decir, las visiones de futuro (Torres, 2005). Baste solo un ejemplo. Luego de los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia por parte de la Compañía Iván Marino Ospina del M-19 y la contra-toma protagonizada por parte de tropas combinadas del Ejército y la Policía Nacional, se construyó una versión oficial de lo sucedido, la cual está inscrita en la piel de la ciudad, más exactamente en una de las columnas del Palacio Liévano, en la esquina nor-occidental de la Plaza de Bolívar y que dice: “durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia: el sacrificio por parte de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, maestros del derecho y defensores de la Ley. El palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes cuya destrucción buscaban los asaltantes”.

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Con base en esta visión de lo sucedido, se ha configurado el contenido político de dicha acción y este, ha sido transmitido de manera reiterativa a las generaciones jóvenes; sin embargo, gracias a la labor tesonera de las familias de las víctimas, en especial de los once desaparecidos de la cafetería del palacio, veinte años después empieza a esclarecerse que durante la contra-toma, la Fuerza Pública, realizó todo tipo de atropellos y violaciones de los derechos humanos, que utilizó lanzallamas y otro tipo de armas no convencionales, que uso desbordadamente la fuerza al entrar dando cañonazos y que realizó desapariciones forzadas, arrestos ilegales, torturas de prisioneros, y ejecuciones extrajudiciales de civiles, guerrilleros y magistrados de las altas cortes, sin que el Estado, ni el Ejército, hayan aceptado aún su responsabilidad en dichos hechos, sin pedir perdón, ni al país, ni a los familiares de las víctimas, y lo que es más grave aún, sin que se hayan adoptado ningún tipo de medidas para garantizar la no repetición de los excesos y las violaciones de los derechos ciudadanos que en dicha ocasión se sucedieron. La memoria opera como un gozne que permite articular pasado, presente y futuro. Más aún, ella determina el sentido político con que se asume el pasado social desde el presente y de cara al futuro. Dicho en palabras de Calveiro (2006) “la memoria no es un acto que arranca del pasado sino que se dispara desde el presente, lanzándose hacia el pasado” (p. 378). Pero son las premuras, los problemas y las búsquedas de hoy quienes convocan a la memoria, quienes traen el pasado como relámpago, como iluminación del instante actual, pero también, como una forma, a su vez, de abrirle paso al futuro, al proyecto, al por-venir. Pero en Colombia, al igual que en Macondo, pareciéramos haber sido contagiados con la “peste del olvido”. Aquí, esa dialéctica de recuerdo y olvido a partir de la cual los pueblos construyen sus propias narrativas, elaboran sus representaciones del pasado, descifran las claves de su devenir colectivo, delinean los trazos

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básicos de su identidad, construyen sus sentidos de pertenencia y organizan sus saberes, creencias y prácticas, pareciera haberse extraviado en medio del miedo, la desmemoria y el silenciamiento. Aquí, la historia y la memoria colectiva han sido raptadas, moldeadas, escritas y transmitidas por quienes históricamente se han abrogado como dueños y señores del poder. Claro que la memoria colectiva se teje a partir de la experiencia, de lo vivido, de la marca inscrita de manera directa sobre el cuerpo, ya sea individual o colectivo. De ahí deriva su riqueza y también su naturaleza compleja; por ello a pesar de que los sectores subalternos hayan sido vencidos a lo largo de la historia, a pesar de que los sectores dominantes hayan escrito y oficializado su visión sobre la memoria de lo que ha pasado en el país, tal y como lo han señalado Claudia Girón e Iván Cepeda, integrantes de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, es necesario defender la idea de que “nada de lo que alguna vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia” y de esta forma asumir que “las derrotas de los vencidos no son definitivas en sentido histórico” (Girón y Cepeda, 2005, p. 4).

2. la experiencia el municipio de Soacha se encuentra ubicado al sur occidente del Distrito Capital. Administrativamente está dividido en seis comunas y dos corregimientos rurales. La Comuna 4 (en la que se localiza el sector de Altos de Cazucá) es un asentamiento urbano levantado sobre la ladera de dos cerros, cuyas entrañas son diariamente devastadas por la maquinaria de empresas dedicadas a la extracción de materiales para la construcción (en especial piedra, arenas y gravilla) y en cuyas bases se aprecian los despojos de un antiguo embalse que surtía de agua a Bogotá al que ahora se le conoce como la “Laguna Terreros”.

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Siendo muchos los problemas que afectan a la comunidad, aunque no todos ellos son plenamente evidentes, ni para sus pobladores y pobladoras, ni para el gobierno local. Uno de dichos problemas tiene que ver con la precariedad en que se encuentra en la zona el derecho a la vida de los hombres y las mujeres jóvenes, un asunto que suele ser “naturalizado” por gran parte de la comunidad y ampliamente “minimizado” por la Policía Nacional y por las autoridades locales. Y es que en las zonas de alta exclusión, como Altos de Cazucá, los y las jóvenes suelen ser vistos por sus mismas comunidades como generadores de conflictos y desórdenes; así lo reconoce un líder de la zona al señalar: “Por aquí siempre se ha visto al joven como un problema, siempre se le ha visto como un delincuente, como un vicioso”. Desde estas representaciones sociales no es raro que muchas veces su muerte esté ampliamente “justificada”, aún antes de que acontezca. Con las autoridades el asunto suele ser similar pues, como lo resalta un estudio de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “con frecuencia, las autoridades de gobierno y la policía señalan que las olas de homicidios juveniles en los contextos urbanos se asocian principalmente a riñas y ajustes de cuentas” (De la Hoz y otros, 2004, p.1). En razón de lo anterior resulta entendible que ante la creciente oleada de homicidios de jóvenes, el argumento que más se haya esgrimido por parte de las autoridades para “explicar” dichos asesinatos sea el hecho de que las víctimas eran consumidores de drogas y/o que pertenecían a pandillas o a bandas delincuenciales. Ante dicha situación, desde la Fundación Cultural Rayuela nos dimos a la tarea de dimensionar el daño causado, comprender qué había detrás de todas aquellas muertes y construir elementos de juicio que nos permitieran evidenciar que la criminalización

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de las víctimas como argumento para “explicar” los asesinatos de hombres y mujeres jóvenes en el sector de Altos de Cazucá se torna por completo insostenible. De esta forma, nos propusimos: i) realizar un estudio sistemático del homicidio de jóvenes en el sector; ii) diseñar algunos dispositivos culturales para recordar a los muertos y conjurar el olvido; iii) explorar caminos posibles para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y; iv) diseñar una estrategia de educación que permitiera que la voz de las víctimas empezara a aparecer pues consideramos que sólo la voz de los excluidos, hablando desde sus propios territorios, puede dar cuenta de la realidad que se vive en los sectores populares (Cárdenas, 2004). Así, decidimos seguirle los pasos a la muerte que rondaba en las esquinas. Casi sin darnos cuenta, nos vimos revisando periódicos y revistas, reblujando expedientes en juzgados, conversando con las familias de las víctimas, y auscultando sus recuerdos y sus fotos familiares. En esa época, al igual que ahora, resonaban en nosotros las palabras de un joven de la ciudad de Medellín:

La muerte sola no es muerte completa. La muerte completa es el olvido. Así que no hay muertos más muertos que los que se olvidan. Esto lo debíamos saber mejor nosotros, que en los últimos años nos ha tocado aprender en suerte y al son de sálvese quien pueda, ese oficio atroz que es torear a la muerte, y que además nos tocó hacerlo con el capote más rojo, el más alegre, el más vivo y el más débil: nuestra juventud. Pero también y con el otro lado del mismo capote, aprendimos también el oficio del olvido (Riaño, 2005, p. 92). No es fácil seguirle el rastro a quienes asesinan en medio de la noche y, sobre todo, a quienes se valen del miedo para silenciar a la gente. Sin embargo, fuimos haciendo brecha y, poco a poco fuimos acopiando información para demostrar que durante el periodo 2000-2006 se han presentado no menos de 294 casos

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de homicidios de jóvenes en Altos de Cazucá (32 mujeres y 262 hombres); entonces fue el profesor Alfonso Torres quien habló a nuestros oídos diciendo:

…las luchas que se dan entre las diferentes versiones de la historia expresan y contribuyen a alimentar las batallas entre los diversos actores sociales por imponer, inventar, o defender su identidad. Desde los sectores dominantes, no solo negando o invisibilizando la historia de los dominados, sino especialmente, inventando identidades, o asignando identidades subordinadas como la de “paganos”, “indios” o “minorías”. Estas palabras, nos llevaron de lleno a preguntarnos por la identidad de los sujetos. ¿Quiénes eran aquellos que morían día a día en medio de la calle? ¿Eran en verdad los “delincuentes”, “drogadictos” y “pandilleros” que las autoridades sostenían que eran? Y, de ser así, ¿ello justificaba su muerte? La pista para aclarar un poco la cosa nos llegó a través de las actas de defunción diligenciadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pudimos comprobar que de los 294 jóvenes asesinados, sólo 51, es decir, tan solo el 17.3% habían resultado positivos en los exámenes practicados por dicha institución para detectar rastros de consumo de sustancias como la marihuana o la cocaína; que 55 contaban con un oficio estable; 46 se encontraban desempleados, 29 estaban estudiando, y que de los 113 restantes no se cuenta con información cualificada para establecer su ocupación, pero tampoco, para relacionarlos con el mundo de la delincuencia común. Como puede apreciarse, en la gran mayoría de los casos registrados de homicidio, las pruebas toxicológicas que se practican para detectar la presencia de sustancias psicoactivas arrojaron resultados negativos, situación que se hace aún más comple-

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ja si se tiene en cuenta que “en la gran mayoría de los casos, las autoridades tampoco tienen información certera acerca del posible móvil del asesinato”. Sin embargo, lo que sí cuenta con una base empírica sólida es que una gran parte de las y los jóvenes asesinados durante los últimos años han sido ultimados con arma de fuego y que muchos de ellos y ellas presentaban el famoso tiro de gracia; esto es, uno o más impactos de bala a nivel de la cabeza y/o el corazón, indicio inequívoco de que han sido “ajusticiados” en estado de indefensión (De la Hoz, 2004). - ¿Quiénes eran entonces dichos jóvenes? Eran hijos e hijas de familias humildes. El 91.8% eran varones entre los 14 y los 24 años de edad. Quienes estaban trabajando lo hacían en el mercado del rebusque, así que se ganaban la vida como vendedores en los semáforos, coteros en el mercado, albañiles, y empleadas domésticas por horas. Casi no tenían educación. Los que habían estudiado alguna vez contaban con la primaria incompleta y solo unos cuantos habían logrado acceder a la básica secundaria. - ¿Cómo explicar entonces dichas muertes? Digámoslo secamente. La mayoría de estos muchachos fueron asesinados en jornadas de “limpieza social” protagonizadas por el Frente Capital77 de las AUC, o por bandas de sicarios contratadas por ellos, quienes suelen recibir entre $400.000 y $600.000 por cada “trabajo” realizado. La razón: la instauración del modelo de control social y cultural que distintas facciones paramilitares

77 El Frente Capital es una unidad paramilitar creada por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en el año 2.000 y que, de acuerdo con los registros de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se desmovilizó con el Bloque Centauros en el 2005; sin embargo, para nadie es un secreto que dicha unidad nunca se desmovilizó y que, por el contrario, viene haciendo presencia en diversas localidades del Distrito Capital. Hasta ahora, ni el gobierno distrital, ni el gobierno nacional han hecho nada para que los jefes paramilitares que se han acogido a la llamada Ley de Justicia y Paz: i) aclaren quiénes han estado al mando de dicha estructura, ii) desmonten sus “oficinas de cobro”, sus bandas sicariales y sus estructuras de extorsión y; iii) respondan por los cientos de jóvenes y líderes populares asesinados en localidades como Ciudad Bolívar, Usaquén, Santafé, Bosa, Suba y, San Cristóbal, entre otras.

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vienen ejerciendo en los sectores populares urbanos y la necesidad de crear un ambiente de inseguridad que torne necesario el uso de los servicios de seguridad que ellos ofertan. Como puede verse, los paramilitares han aprendido bien la lección de los publicistas: para crear un mercado, hay que generar una necesidad.

3. teatro efímero y acción social En Colombia, hemos sido herederos de una tradición, según la cual, la lucha por los Derechos Humanos es un asunto ampliamente relacionado con el derecho, los abogados, los tribunales, los códigos, la jurisprudencia y las altas cortes. Aquí, se ha dado por hecho que actuar en el campo de los derechos humanos tiene que ver con los comunicados, la denuncia pública, las querellas jurídicas y el trámite ante instancias jurídicas internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero nosotros, tal vez por el hecho de no ser abogados hemos pensado que el campo de los derechos humanos, de la exigencia y la vigencia de los derechos humanos, es de manera fundamental el campo de la cultura. Nuestro razonamiento nos dice que no avanzaremos mucho metiendo en la cárcel a quienes hoy matan a los y las jóvenes en los barrios populares, mientras no logremos transformas los imaginarios y las prácticas culturales de quienes en esos mismos barrios aceptan, consideran conveniente y hasta “legitiman” dichas acciones, aunque somos plenamente conscientes, que la mejor garantía de no repetición es la búsqueda de la justicia y el destierro absoluto de la impunidad. Por ello, nos animamos a darle vida a una iniciativa de acción cultural y política a la que denominamos Teatro Efímero, la cual ha buscado de manera permanente: i) propiciar el surgimiento de prácticas culturales protectoras de la vida y la integridad entre los hombres y las mujeres jóvenes; ii) incentivar el surgimien-

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to de un movimiento de expresión juvenil que recurriendo a los lenguajes del arte y a los principios básicos de los movimientos de resistencia civil, configurara una voz colectiva con capacidad para: asumir la exigibilidad de sus derechos, visibilizar el asesinato permanente y sistemático de hombres y mujeres jóvenes en los barrios periféricos de Bogotá y el municipio de Soacha; iii) interpelar algunas representaciones sociales y prácticas culturales de la comunidad con el fin de revalorizar la vida y rechazar el asesinato de las mujeres y los hombres jóvenes. Al comenzar, trabajamos con unos trescientos hombres y mujeres jóvenes de Soacha y las Localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y San Cristóbal. En ese momento, dadas las condiciones del contexto en que nos estábamos moviendo, teníamos gran interés en apalabrar el asunto de la “limpieza social”. Al hacerlo partimos de tres hipótesis: i) la violencia, la guerra y el autoritarismo van inscribiendo sus historias en nuestros cuerpos; ii) el contenido político inmerso en dichas versiones de la historia, nos va llevando a configurar subjetividades silenciadas, reprimidas y temerosas y; iii) solo influiremos en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, en una perspectiva de derechos humanos, en la medida en que nos decidamos a tomar las riendas de nuestros destinos con nuestras propias manos. La primera de dichas hipótesis hizo que asignáramos gran importancia al trabajo corporal. La segunda nos llevo al terreno de la reflexividad. Y la tercera, hizo que entrara en escena la experiencia personal. El horizonte: ganar capacidad de decisión sobre la propia vida. En este camino nos topamos con Augusto Boal y su propuesta del Teatro del Oprimido. Para Boal (2004)

…el teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y, a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar. Descubre que puede verse en el acto de mirar, de obrar, de sentir y de pensar. Descubre que puede

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mirarse en acción, mirarse en situación. Y mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar a ser. Comprende donde está, dónde no está y a donde puede ir” (p. 25). El Teatro del Oprimido parte de la escenificación de una opresión y asume que los oprimidos tienen las claves para su propia liberación; por ello, busca que el espectador devenga en espect-actor, es decir, que luego de mirar, arriesgue su saber y su experiencia y se sume a la tarea de construir, junto con otros y otras, alternativas de acción que permitan quebrar la pauta de la victimización paralizante. Así, empezamos a desplegar una experiencia de formaciónacción fundamentada en la reflexividad, el diálogo de experiencias y saberes, y el trabajo colectivo y la actuación pública ciudadana. Así, empezaron a aflorar, además de los problemas sociales, sus propias narrativas y sus dramas vitales. Aparecieron historias de maltrato, de violaciones, de soledades, de tristezas y desamores, historias de esas que no suelen aflorar en los diálogos cotidianos, historias que generalmente permanecen ocultas y silenciadas. Entonces empezamos a explorar mediaciones que nos permitieran traducir en palabra nuestros dramas vitales, los de ellos y ellas y también los de nosotros y nosotras, comenzamos a incidir para que conjugaran sus esfuerzos con los de otros y otras, que empezaran a visualizar las formas en que el autoritarismo y la violencia “anidan” y se expresan en sus vidas, en las de sus familias y al interior de sus comunidades; que buscaran maneras de compartir sus planteamientos y sus puntos de vista con el fin de impactar con su accionar a las autoridades locales y a las ciudadanas y los ciudadanos del común. Así, avanzamos hacia uno de los planteamientos centrales de nuestra pedagogía: la transformación del mundo y la transformación personal son procesos que se encuentran dialécticamente vinculados. Dicho en palabras del maestro Paulo Freire (2006):

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No se puede pensar en objetividad sin subjetividad. No puede existir la una sin la otra. La actividad dicotomizada de la subjetividad, la negación de ésta, tanto en el análisis de la realidad como en la acción sobre ella es objetivismo. De la misma forma, la negación de la objetividad, tanto en el análisis como en la acción, conduce al subjetivismo, y este niega la acción desde el momento en que esta pasa a ser creación de la conciencia. Ni objetivismo, o subjetivismo. Subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad (p.17). De la misma manera, y buscando afectar el entorno de opresión en que viven las y los jóvenes en los sectores populares urbanos, empezamos a idear propuestas de intervención en el espacio público surgidas de los procesos de crecimiento personal agenciados con los talleres del recuerdo. Dichas intervenciones, que suponen el montaje de instalaciones tipo performance, son construidas colectivamente, suponen la utilización de un lenguaje simbólico y se orientan a propiciar la visualización de aspectos de la realidad que a pesar de ser evidentes pasan desapercibidos y/o permanecen invisibilizados por completo y a revalorizar la vida y movilizar transformaciones en las representaciones sociales y las prácticas culturales de quienes habitamos la ciudad. En esta búsqueda se inscribe también el Monumento por la Dignidad y la Memoria, dispositivo cultural que se solidariza en su esencia con la búsqueda y la voz del movimiento de víctimas, que a pesar de la violencia y el uso selectivo del terror se viene abriendo paso en el país y que se une a la voz de muchos otros y otras que “interrogan el olvido y el sentimiento de pérdida como expresiones de las heridas que las violencias extremas y múltiples han ocasionado en el mundo social de los colombianos” y las colombianas (Riaño, 2005, p. 92). Con este dispositivo, conformado por miles de ladrillos blancos que tienen inscritos los nombres de un sinnúmero de víctimas

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de la guerra sucia, el conflicto armado y la violencia sociopolítica, hemos empezado a generar diálogos comunitarios sobre nuestras maneras de vivir y de relacionarnos, a incentivar el surgimiento de otras versiones de la memoria, distintas a la memoria “oficial”, hemos empezado a movilizar acción social en defensa de la vida y sentimos que estamos empezando a incidir en la construcción de opinión pública a favor de la verdad, la justicia y la reparación integral, desde la perspectiva de las víctimas. El Monumento por la Dignidad y la Memoria, cuenta con más de cinco mil registros de colombianos y colombianas asesinados, desaparecidos y secuestrados muertos en cautiverio. Los días 10 de cada mes, es instalado frente al Congreso de la República durante una hora y en un sinnúmero de parques, colegios y universidades; y ha empezado a ser replicado en Medellín, Pereira, Barranquilla, El Líbano, Puerto Berrío, Ocaña, y Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo. Esta experiencia se ha constituido en un escenario activador de procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas; un pretexto para la construcción y la activación de la memoria (siempre que se instala se recogen nuevos datos suministrados por los familiares de las víctimas y últimamente estamos introduciendo reseñas que hablan de los proyectos de vida de las víctimas y/o de las distintas masacres que se han perpetrado en el país); un incentivo para resistirse individual y colectivamente a la desmemoria y el olvido; un ámbito propicio para la aparición de la palabra y la ensoñación de renovados proyectos de convivencia y de futuro; una mediación poderosa para empezar a descifrar colectivamente las narrativas y los sentidos políticos de todas aquellas historias que se encuentran talladas en nuestra piel y en la piel de la ciudad y; un pretexto propicio para la elaboración de duelos.

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Dicho esto, miro al papá del joven Jaime Pardo Hernández, asesinado el 16 de febrero de 2004 en el barrio La Nueva Unión en Altos de Cazucá, puedo verlo inclinado ante el ladrillo que tenía inscrito el nombre de su hijo, y lo miro llorando y escribiendo de manera sentida la siguiente frase: “hijo mío, creo en la paz del señor Jesús de Nazareth y espero que por fin haya paz en tu tumba. Señor Dios todo poderoso, pido clemencia para todos estos espíritus y por favor no dejes libres a los asesinos”. Lo veo adolorido, pero lo veo también reconfortado luego de dejar salir aquellas palabras que, de seguro, tenía atragantadas en la garganta. Al final, lo vi despedirse de su hijo, como si por fin hubiese podido darle sepultura. Somos conscientes de las limitaciones de este tipo de iniciativas, pero también de sus virtudes y sus fortalezas. Somos conscientes que para muchos y muchas la acción cultural es una acción de tercer grado, apta solamente para descansar y “rellenar” los espacios que deja el abordaje de lo verdaderamente importante; sin embargo, compartimos los planteamientos de Ospina (2009) cuando afirma que:

Hay quien dice que frente a los desafíos y los horrores de la guerra, es poco lo que pueden hacer el arte y la cultura. Muchos pensamos que, por el contrario, en una situación como la colombiana, casi todo tienen que hacerlo la cultura y la educación, porque hasta la guerra que vivimos es consecuencia de unos choques culturales, de unos procesos históricos en los cuales nuestra nación desdeñó su singularidad y se obstinó en copiar ideas, modelos y esquemas, creyendo ingenua o malintencionadamente que para una sociedad sirven las fórmulas que han sido descubiertas e implantadas en otras (p.27).

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4. dispositivos de formación Teatro Efímero otorga una importancia capital al hecho de construir escenarios dialógicos antes de movilizar conceptos, supuestos teóricos y conversaciones; para ello, se ha valido de un elemento que ha contado con una gran potencia para la generación de vínculos y una vitalidad impresionante para construir confianzas: el ritual. Para los indígenas paeces la resistencia, más que un acto de naturaleza física, es un acto de naturaleza espiritual. En su cosmovisión, la resistencia debe brotar de lo más profundo del ser y debe convocar al sujeto de manera vital desde su interioridad. Nosotros interiorizamos dicho planteamiento y lo trasladamos a la acción social y a la acción política. La fuerza de Teatro Efímero es la fuerza del afecto y este se va cultivando y se va nutriendo gracias al encuentro ritual y a la decisión de cargar de magia cada encuentro e intentar que cada momento de búsqueda, cada acción y cada aparición en lo público sea vivida como un acontecimiento. El ritual como mediador para el cultivo de relaciones incluyentes y el surgimiento de diálogos vitales ha logrado concitar el interés de las y los jóvenes a tal punto que casi todos lo han llevado a sus grupos de trabajo, a sus clases en la universidad, a sus casas, a sus grupos de amigos y a los ámbitos de relación con sus parejas. De igual forma, Teatro Efímero ha encontrado en la reflexividad un dispositivo para desplegar la capacidad de agencia de las y los jóvenes; para ello, moviliza recursos pedagógicos y metodológicos orientados a develar las formas en que el autoritarismo y la violencia se han instalado en sus cuerpos, llevándolos a reproducir las relaciones de dominación que ellos suelen cuestionar y/o a considerar como legítimas formas de interacción que minan significativamente su dignidad.

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Entendemos la agencia como la capacidad de un sujeto para construirse a sí mismo, aportar a la construcción de otros y de otras y operar transformaciones vitales que excluyan el autoritarismo y la violencia de su experiencia de vida y de su entorno social. Teatro Efímero revaloriza el principio de dignidad y siguiendo la orientación trazada por la Corte Constitucional, asume la dignidad humana como: i) la autonomía para diseñar y asumir un plan de vida particular y determinarse de acuerdo a sus características (vivir como quiera), ii) la garantía de unas mínimas condiciones materiales y concretas de existencia (vivir bien); iii) la garantía efectiva de su integridad física, psicológica y moral (vivir sin humillaciones) (Jiménez, 2005). Por otra parte, Teatro Efímero evidencia la gran riqueza que implica el hecho de asumir que las y los jóvenes, además de ser sujetos de/con saber, son sujetos de/con experiencia pues, este es un elemento que enriquece de manera radical el acto pedagógico y los procesos de construcción de conocimiento. Esta ha sido una decisión fundamental, pues introducir la experiencia personal en la “relación pedagógica” tuvo, entre otras, las siguientes implicaciones: I. Incluir la experiencia de las y los jóvenes como insumo fundamental del proceso de formación ha empezado a aparecer su voz y su palabra vital. II. A medida que los y las jóvenes ponen en juego su experiencia de vida y su palabra vital los talleres empiezan a ser asumidos a partir del diálogo de saberes y de experiencias. III. En el momento en que nuestros saberes (el de las y los jóvenes y el de nosotros como equipo de animación) empezaron a dialogar, las acciones emprendidas (la formación y las jornadas de actuación pública) comenzaron a ser asumidos desde el principio de la codirección y la corresponsabilidad.

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IV. Al poner en juego la experiencia vital, han empezado a entrar en escena, con mucha facilidad, la subjetividad y el cuerpo como territorio y escenario de resistencia. Teatro Efímero busca desentrañar la manera en que el poder y el autoritarismo han permeado los cuerpos y la forma en que dichos operadores actúan sobre las subjetividades produciendo un tipo de sujeto que no solo garantiza la reproducción de la dominación y la opresión sino que, además, no tiene conciencia de la forma en que endosa su dignidad al aceptar silenciosamente el maltrato y la opresión. Como la propuesta busca la descripción y la comprensión, pero sobre todo, la transformación y la emancipación, cobran gran importancia los momentos asumidos durante el despliegue de los dispositivos de formación: la interpelación y la resignificación. Gracias al primero, los y las jóvenes visibilizan las huellas, los nudos y los cierres que el autoritarismo ha dejado inscrito en su cuerpo y en su ser interior, y por medio del segundo empiezan a imaginar rutas posibles para escapar a la opresión, para exorcizar el poder ejercido sobre sí, para agenciar transformaciones en las representaciones sociales y las prácticas culturales que legitiman el menoscabo de su dignidad y para ganar capacidad de decisión sobre su subjetividad. Estos dos momentos están presentes tanto en el desarrollo de los talleres como en el diseño de las propuestas de creación con la que luego se intervienen los espacios públicos, así, la propuesta retoma uno de los postulados básicos formulados del Teatro del Oprimido: “cuando el sujeto que vive bajo el influjo del maltrato o el autoritarismo realiza una acción dramática de carácter emancipatorio, dicha acción, realizada en la ficción teatral, cultivará su capacidad para autoactivarse y lo incitará a realizarla luego en su vida diaria” (Boal, 2004, p. 68).

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5. la formación en derechos humanos Teatro Efímero retoma a Maldonado (2000) al asumir que los derechos humanos hacen parte de la vida humana, pero no de una vida cualquiera, sino de una vida cargada con múltiples perspectivas que apuntan a la dignidad. Dicho planteamiento, asume la experiencia a partir de la siguiente premisa: que las condiciones de vida de la gran mayoría de las mujeres y de los hombres jóvenes mejorará en una perspectiva de derechos humanos, en la medida en que ellos y ellas se autoricen para tomar las riendas de sus destinos con sus propias manos, producir transformaciones en los contextos personales y sociales en que transcurre su experiencia cotidiana e incidir en el diseño de dispositivos políticos y culturales que garanticen que las transformaciones por ellos y ellas agenciadas se amplíen, profundicen y se hagan sostenibles. En razón de lo anterior, Teatro Efímero agencia dispositivos metodológicos orientados a que los hombres y las mujeres jóvenes incorporaren la noción de derechos por una vía de apropiación; es decir, tratando de superar aquellas concepciones que privilegian una subjetividad reducida a lo mental e intentando actuar sobre sus cuerpos y no solo sobre sus mentes pues así, la experiencia asume que la dignificación del ser humano cruza, fundamentalmente, por el reencuentro del sujeto con su propio cuerpo, la resignificación de las representaciones sociales y las prácticas culturales que legitiman el autoritarismo y minan la dignidad y el restablecimiento del vínculo político, esto es, del contacto con los otros, las otras y lo otro en términos de equidad, solidaridad y corresponsabilidad.

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6. la experiencia en el putumayo y un poquito más “Somos ángeles de una sola ala y solamente podemos volar abrazándonos unos a otros” Luciano Crescenzo. Conversación con Libardo Valdés, líder de la organización Juvenil Semillas de Paz de Puerto Caicedo (Putumayo). Entrevistador (E): ¿En qué ha afectado al grupo el trabajo que han venido realizando con Teatro Efímero? Libardo Valdés: (L.V.): Gracias al trabajo que realizamos con Rayuela nos seguimos reuniendo sin tanto miedo, nos ha dado por volver a vivir después de caminar como muertos por nuestras calles. Hemos vuelto a compartir y nos ha dado por pensar en una nueva sociedad. Por supuesto que no toda la comunidad ha alistado sus maletas para acompañarnos en este viaje, pero lo importante es que ya empezamos. A mí, la esperanza me la mataron el día que mataron al padre Alcides Jiménez. Ese día tomé la decisión de irme con mi familia para Ecuador. No quería saber más de este país por que cuando pensaba en lo que estaba sucediendo me dolía más y más. Fue entonces cuando me encontré con el proceso de Teatro Efímero. Entonces no solo yo, sino muchos de los jóvenes del grupo, volvimos a juntar nuestros brazos, los convertimos en alas para volar, y empezamos a recobrar la esperanza. (E): Semillas de Paz es un grupo juvenil creado el 10 de abril de 2001 por los jóvenes de la comunidad de Puerto Caicedo y Puerto San Pedro, en el departamento del Putumayo. La organización pretende ser un espacio de encuentro para los jóvenes y se ha constituido en un espacio para expresar libremente sus pensa-

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mientos y proyectarlos en beneficio propio y de su comunidad. Entre sus principales logros se resaltan: pertenecer a la Red Nacional de Jóvenes Constructores de Paz y desarrollar el proyecto Teatro Efímero en Puerto Caicedo con el apoyo de otros grupos juveniles del municipio. El padre Alcides Jiménez, párroco de puerto Caicedo asesinado el 11 de septiembre de 1999, propuso enfrentar el conflicto y la miseria trabajando con los jóvenes. En su opinión, las propuestas de la juventud alumbrarían el surgimiento de una nueva sociedad. Por ello se propuso sembrar semillas de paz, de esperanza y reconciliación para que la vida fuera posible en el Putumayo. (L.V.): Nosotros hacemos parte de este proceso y pretendemos formar jóvenes enamorados de la vida; jóvenes para los cuales el arte, la cultura y la pachamama se constituyan en herramientas vitales. A pesar de tanta injusticia, nuestra gente siempre ha tenido su intención de cambiar lo ilícito por lícito. Lo malo es que el gobierno ha querido cambiar el pensamiento de la gente de manera drástica. Así, durante los últimos años, las fumigaciones aéreas con Glifosato han terminado con los sueños de muchos de nuestros campesinos”. (E): Semillas de paz acompaña a aquellas madres, hermanos, hijos, abuelos, abuelas etc., que se han visto afectados por la guerra por medio de los talleres, charlas, y acciones públicas que surgen de horas intensas de taller que les ayudan a tramitar en alguna medida aquellos dolores generados por la violencia. ¿Cómo lo han hecho? (L.V.): Hemos tratado de ayudar a que su voz salga. En un primer momento había mucho miedo de que los ladrillos llevaran los nombres de sus familiares asesinados pero, hoy en día, la gente se acerca a dar los nombres de quienes aman y hasta nos confían sus fotos. Gracias a este trabajo muchos jóvenes y adultos han empezado a encontrar en las prácticas artísticas y

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culturales una manera de enfrentar sus miedos y un medio para resistir las formas dominantes del poder. Teatro Efímero nos ha ofrecido nuevas posibilidades o alternativas de acción. Recuerdo claramente las palabras de la madre de un niño de tan solo 13 años que vivía en Sogamoso (Boyacá) con su mamá y dos hermanos menores. Sneider salió a compra algo y nunca volvió a su casa. Fue reportado como desaparecido. Días después, a su mamá le fue entregado un cuerpo de un joven de aproximadamente 18 años. Ella al igual que varias de las madres de jóvenes asesinados o desaparecidos, escuchó hablar de la Jornada por la Dignidad y la Memoria. Entonces caminó hacia la Plaza de la Villa en Sogamoso, nos confió su historia, inscribió en un ladrillo blanco el nombre de su hijo y rebuscó entre sus recuerdos una fotografía que nos permitió conocer su rostro. Al despedirnos, nos miró y nos dijo:

Hoy sé que mi dolor no es solo mío. Hoy sé que mi dolor es el dolor de quienes han adoptado a Sneider como se adopta un hijo. Cuando llegué, venía en busca de mi hijo pero ahora, siento que cada una de esas personas cuyos nombres están en esos ladrillos blancos, son también mis propios hijos. Los adopto a todos y cada uno de ellos. Esta noche elevaré al cielo una oración por ellos. Son muchas las experiencias que podríamos relatar. Todas ellas nos han sido confiadas en diversos lugares del país por gentes humildes que han sido fuertemente golpeadas por el autoritarismo, la violencia y la guerra. Son muchos los lugares a los que nuestros pasos nos han llevado y somos conscientes de que son muchas las historias atroces que siguen tiñendo de rojo nuestros ríos y nuestros territorios. Por eso hemos decidido seguir caminando, y creemos que ese andar será contundente cuando aprendamos a caminar juntos. Es eso lo que hemos aprendido y es eso lo que hemos querido decir con cada una de las acciones que hemos realizado. En esta brega no hay tiempo para el cansancio.

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Desde hace cinco años, los días 10 de cada mes, venimos instalando el Monumento por la Dignidad y la Memoria frente al Congreso de la República y nunca hemos visto a quienes dicen “representar al pueblo” acompañar este acto de solidaridad con las víctimas. El pasado 30 de julio, las plataformas de paz nos invitaron a participar en un Encuentro Nacional de Iniciativas de Paz en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y tuvimos cinco minutos para hablarle al país y a las Comisiones de Paz de Senado y Cámara. Ese día, un grupo de jóvenes venidos de Barranquilla, Putumayo, Boyacá, Medellín, La Dorada, Soacha y Bogotá le recordaron al Congreso de la República que está en deuda con las víctimas, que aún esperamos más allá de la expedición de leyes, un Congreso que se centre en las víctimas más que en los victimarios, y luego, con solemne irreverencia leyeron el siguiente texto:

VENIMOS A HABLAR DE PAZ En Colombia se nos ha pretendido imponer la Ley del Silencio pero los jóvenes nos negamos a acatarla. ¡Por eso estamos aquí! Venimos desde los distintos rincones de la patria para hablarle al corazón del país. Venimos cargados de sueños y de voces. Somos herederos de la Gaitana y de Quintín Lame, del grito comunero de Manuela Beltrán, de Galán y de Alcantúz, del ejemplo de Policarpa y José María Carbonell. De la voz y la palabra profunda de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán. Rompimos el silencio y nuestra voz resuena con muchas otras voces. Nuestra palabra, es la palabra de los niños mineros de Tópaga. Nuestra voz es la voz de los 10.000 niños y niñas que han sido reclutados de manera ilegal; la de los jóvenes que mueren diariamente en las calles de Ciudad Bolívar y Cazucá; en los barrios de Medellín, Barranquilla y Pereira; en las montañas del Putumayo y el Caquetá, del Santander y del Meta, del Tolima y el Cauca.

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Nuestra voz es la voz de cientos de jóvenes desaparecidos en San Andrés. Es la voz de los cuatro millones y medio de compatriotas que han sido arrancados a la fuerza de su tierra. Nuestra palabra en fin, es palabra que camina con la Minga Indígena. Venimos a hablar de paz porque al igual que muchos y muchas estamos cansados de la guerra, porque sabemos que en estos momentos son innumerables los fusiles activados por las manos de jóvenes soldados, guerrilleros, pandilleros y delincuentes y venimos a invitarlos a regresar a las esquinas, a disfrutar las plazas y los parques, a recuperar los caminos y los afectos, a conversar y a enredarse en la mirada cómplice de los vecinos, a defender el amor y la vida. Venimos a hablar de paz pero los invitamos a todos y a todas a declararnos guerreros. Que los comandantes sean los espíritus de nuestros ancestros. Que los campos de batalla sean los libros, las herramientas de trabajo y los escenarios. Que nuestras armas sean la cultura y el arte. Que nuestro adversario sea el autoritarismo y el miedo. Proponemos que el país se haga experto en secuestrar la violencia, desplazar el terror y desterrar el miedo. ¡Pongamos en jaque a la desmemoria y a quienes mienten la vida! Nosotros, hombres y mujeres habitantes de las calles, escampados en la lluvia, cobijados por el frío, habitantes de los puentes, nosotros desplazados por las balas, desplazados por la sangre, desplazados por la muerte, nosotros desalojados por los bancos, nosotros los indígenas, los campesinos, los gitanos, los raizales, los isleños y los afrodescendientes nos asumimos protectores de la vida. Declaramos nuestros cuerpos Territorios de Paz. Objetamos los militarismos todos y anunciamos que nos negamos a ser máquinas de muerte. Venimos a hablar de paz y convocamos al país a declararse en resistencia. Resistencia estratégica para defender nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestros territorios, nuestras vidas. Re-

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sistencia cultural para preservar nuestra identidad, para repensar lo que somos y lo que queremos ser. Resistencia económica para combatir el hambre, para activar circuitos productivos de carácter solidario, para salvar recursos naturales que, como la Laguna de Tota, vienen siendo asediados por el apetito capitalista. Resistencia ideológica para no dejarnos engañar de quienes acuden al malabarismo político para perpetuarse en el poder y para empeñarnos en la tarea de materializar por fin un proyecto de país incluyente y digno. Incitamos a Colombia a reinventarse a sí misma. Convocamos a las mayorías invisibles a caminar su dignidad y sus derechos. ¡No esperemos que la clase política construya el país que soñamos y al cual tenemos derecho! Venimos a hablar de paz y anunciamos el encuentro de los pueblos. ¡ESTE ES EL MOMENTO! ¡Es hora de redignificar la vida! ¡Es hora de releer y reescribir nuestra historia! ¡Es hora de desaprender las enseñanzas que nos han dejado estos cien años de soledad y de violencia a los que hasta ahora hemos estado sometidos! Es hora de reivindicar el valor entrañable de la vida. No toleremos más masacres. No dejemos borrar de la memoria colectiva lo sucedido en El Salado, en Mapiripán, en Machuca, en Tacueyó, en Ituango, en San José de Apartadó, en El Tigre, en El Naya, en Bojayá y en Trujillo. Apoyamos la realización del Censo Alternativo de Tierras para recuperar los territorios que los señores de la muerte han usurpado a punta de barbarie. Proponemos recuperar comunitariamente los cuerpos que permanecen olvidados en las fosas sin nombre. No cedamos en nuestro reclamo de verdad, justicia y reparación. Que cada desplazamiento, que cada ejecución extrajudicial, que cada falso positivo, que cada desaparecido, que cada espectáculo como el que protagonizaron el Gobierno y el Congreso con la Ley de Víctimas nos resulte intolerable. ¡No más indiferencia! ¡Hablemos juntos! ¡Gritemos juntos! Actuemos juntos para que ésta página de nuestra historia no vuelva a repetirse ¡NUNCA MÁS!

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(Sonia Abunza) Arriba el telón

Conclusión la experiencia de Teatro efímero y el monumento por la Dignidad y la memoria, así como muchas otras a lo largo del territorio colombiano, se realizan por diferentes grupos poblacionales, se establece como un ejemplo vivido por intentar construir un país mucho más democrático pese a todas las condiciones adversas a las cuales se enfrentan. Las posibilidades que a través del arte se entretejen no solo en la construcción de símbolos que hablen y que expresen lo que las palabras muchas veces no pueden sino que al mismo tiempo permita construir una expectativa de “otros mundos posibles”, es significativo a la hora de edificar practicas contra-hegemónicas capaces de dialogar con las canónicas o dominantes. A través de estas prácticas artísticas y sociales es que diariamente muchos grupos están construyendo y balanceando un país que trágicamente se aferra a la muerte y la desolación.

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Bibliografía Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI) y otros (2005). Jóvenes, conflictos urbanos y alternativas de inclusión. Bogotá: Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI). Boal, A. (2002). Teatro del oprimido. Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba Editorial. Boal, A. (2004). El arco iris del deseo. Del Teatro experimental a la terapia. Barcelona. Alba Editorial. Cárdenas, H. (2004). Movimientos en resistencia. Entre las identidades sin infancia y las infancias del porvenir. En: Memorias Encuentro Internacional “La resistencia civil: Estrategias de acción y protección en contextos de guerra y globalización” (pp. 289-300). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. De la Hoz, G. y otros (2004). La desprotección juvenil frente al homicidio en Soacha-Cundinamarca: ¿Puede hacerse algo? Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Defensoría del Pueblo. Resolución defensorial regional No. 003. Bogotá. Agosto 14 de 2002.

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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Censo experimental de población y vivienda. Soacha, Cundinamarca: Mayo 25 de 2003. Fundación Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Juventud (COLJUVENTUD) y otros (1993). Serie Educativa Confabulando presentes. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco. Fundación Cultural Rayuela (2005). De cómo la revolución educativa produce involución social. Estudio de caso: El mercado educativo en Altos de Cazucá. Bogotá: Autor. Herrera, J. (2000). Hacia una visión compleja de los Derechos Humanos. En Herrera, J. (Ed.), El vuelo de Anteo: Derechos Humanos y crítica de la razón liberal (pp. 19-78). Bilbao, España: Desclée de Brouwer. Jiménez, C. (2005). Pedagogía de la desobediencia. Bogotá: Defensoría del Pueblo. Jodorowsky, A. (2004). Psicomagia. México: Editorial Grijalbo. Maldonado, C. (2009). Hacia una fundamentación filosófica de los derechos humanos. Bogotá: Arango Editores. Maldonado, C. (2000). Filosofía de la sociedad civil. Bogotá: Siglo del Hombre Editores – Facultad de Filosofía Universidad Libre. Restrepo, A. (2003). El cuerpo roto de Colombia. Revista Número, 35, 18-25.

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HACIA UNA PEDAGOGÍA Y UNA APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA Claudia Girón

Psicóloga de la Universidad de Los Andes. Pre-doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Profesora-Investigadora de la Facultad de Psicología del Área de Psicología Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Defensora de los Derechos Humanos. Coordinadora de Proyectos Pedagógicos de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, ONG que hace parte del Comité Nacional de Impulso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

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Presentación George Orwell, el autor de 1984, ese visionario libro sobre la memoria y el olvido, decía a este respecto: “quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado”. Algunas sociedades latinoamericanas han sabido recrear en forma generosa su pasado con movimientos culturales y pedagógicos que han buscado la apropiación democrática de la historia, por medio de museos, monumentos, programas educativos, proyectos artísticos y cinematográficos de amplia envergadura social, que en el caso de Argentina, por sólo dar un ejemplo, han generado prácticas colectivas articuladoras de la reflexión Pedagógica en la academia y la escuela con las acciones civiles promovidas por los movimientos sociales. En Colombia por el contrario, en ésta, como en muchas otras esferas de la vida social, el acceso a la memoria, a su conservación e institucionalización ha sido eminentemente excluyente y antidemocrática, y esto se ha visto reflejado en las prácticas de represión que dificultan enormemente la emergencia y circulación pública de la alteridad de versiones, relatos y discursos sobre los acontecimientos pasados y presentes que se distancien críticamente de la versión oficial acerca de la realidad nacional. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las prácticas de control social que se desprenden de la política de Seguridad Democrática han afectado gravemente los derechos fundamentales de los colombianos, entre ellos la libertad de expresión, utilizado como mecanismo y herramienta de represión acciones que van desde el señalamiento público criminalizante hasta la judicialización arbitraria de personas, organizaciones y sectores sociales que representan la oposición política y el pensamiento crítico, entre los cuales se encuentran los defensores de los Derechos Humanos, los periodistas, los intelectuales, los profe-

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sionales que trabajan en el ámbito de la educación formal y no formal, y los movimientos estudiantiles78. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que en Colombia no estamos en un contexto que pueda definirse como transicional o de post-conflicto en la medida en que hoy más que nunca se ha exacerbado la dinámica sociocultural de polarización y fragmentación de los vínculos colectivos, que ha marcado a la sociedad colombiana desde hace más de medio siglo. En la actualidad las expresiones de dicha dinámica polarizante y fragmentadora se reflejan en la legitimación o justificación de prácticas de victimización enmarcadas en las lógicas de exterminio o “limpieza social” orientadas a estrechar el campo de la diversidad humana. En aras de abordar las diversas problemáticas sociales, políticas y culturales que se desprenden del contexto histórico de la violencia, organizaciones sociales como la Fundación Manuel Cepeda Vargas79 venimos desarrollando un proyecto de pedagogía social de los Derechos Humanos en el ámbito académico, cuyo objetivo es fortalecer el proceso de posicionamiento público de las víctimas más invisibles del conflicto sociopolítico en Colombia. (las víctimas de crímenes de Estado) como actores sociales y sujetos de derechos.

78 La actividad en cuyo marco presento esta ponencia es un homenaje a los profesores Miguel Ángel Beltrán y Luis Javier Robledo, que recientemente han sido víctimas de la Judicialización Arbitraria acusados injustamente por delitos conexos al delito de rebelión en razón de su compromiso social en el ámbito de la educación. Actualmente estos docentes permanecen en la cárcel en espera de que se resuelva su situación jurídica. 79 ONG que lleva el nombre del último Senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994, y desde hace 15 años viene trabajando en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la construcción de la memoria histórica de las víctimas y sus luchas sociales en Colombia. La Fundación hace parte de varias redes y movimientos sociales como el MOVICE, el movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, el grupo Pro-Reparación integral, Colombianas y Colombianos por la Paz, entre otros.

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El proyecto se centra en la visibilización y análisis, desde una perspectiva interdisciplinaria e intersubjetiva, de las implicaciones éticas, sociales, culturales y políticas de la violencia estatal en la sociedad colombiana, intentando comprender la relación entre victimización y exclusión política, económica y social, teniendo en cuenta que las prácticas de “limpieza” y “depuración” han afectado a sectores de la oposición política y a sectores marginales en Colombia. Para llevar a cabo el presente proyecto es necesario construir espacios democráticos en instituciones que cuentan con una gran legitimidad a nivel local, nacional e internacional, como es el caso de las universidades que son por excelencia centros de producción del conocimiento que está a la base de los valores y las prácticas sociales que se refuerzan y se difunden a través de los diferentes dispositivos mediáticos e institucionales. Por ello, a partir de este proyecto, se pretende diseñar una estrategia de pedagogía social desde un conjunto de universidades públicas y privadas de todo el país, con el fin de articular actividades académicas, informativas, pedagógicas y culturales, orientadas a propiciar el debate público, con el objetivo de contribuir a la despolarización de la sociedad colombiana a partir de la comprensión de las causas, intencionalidades, impactos y efectos particulares y generalizados de la violencia sociopolítica en nuestro país, y con ello, afianzar el reconocimiento de la legitimidad del reclamo de los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, que en últimas, es un reclamo de la sociedad colombiana en su conjunto. La importancia del presente proyecto radica en la necesidad de fortalecer el proceso colectivo de democratización de la sociedad colombiana a partir de la articulación de redes sociales entre la academia y los movimientos sociales.

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los desafíos de la educación en derechos humanos en Colombia la búsqueda de legitimidad política y social ha sido parte de la ardua tarea de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que desde la sociedad civil buscan posicionar a las víctimas del conflicto armado interno como sujetos de derechos frente a la opinión pública a nivel nacional e internacional. Esta tarea ha sido más difícil en el caso de las organizaciones que acompañan y apoyan los procesos organizativos de resistencia civil frente al olvido y la impunidad de los crímenes que comportan violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por agentes estatales. Dicha dificultad radica en el hecho de que las víctimas afectadas por este tipo de crímenes pertenecen a sectores sociales excluidos y/o estigmatizados social, económica y políticamente, y en esa medida, son invisibilizadas y sometidas a la marginalidad. A sabiendas de que la memoria histórica de toda sociedad inmersa en un conflicto armado no se agota ni se restringe a la evocación pasiva y estática del pasado violento, en el ámbito de nuestro trabajo nos hemos centrado en establecer, desde una perspectiva crítica y dinámica, la relación existente entre la memoria histórica y la memoria de las víctimas. El aspecto dinámico de la noción de memoria histórica, consiste en resaltar el sentido político y cultural con que los sectores afectados y la sociedad en su conjunto, asumen el pasado social desde el presente y de cara al futuro. Desde esta perspectiva, las víctimas de la violencia y sus luchas e ideales, representan un legado identitario y generacional, que debe ser defendido para poder construir de manera compleja la historia de las sociedades; esto es, para historizar los acontecimientos de violencia política y social, inscritos en un contexto determinado, liberándolos del pasado para actualizarlos en el presente.

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Las dificultades y desafíos de nuestro trabajo de construcción de la memoria histórica en medio del conflicto armado y la polarización social, implican que desde la academia y los movimientos sociales nos formulemos los siguientes interrogantes: • ¿Cuál debe ser el papel de la academia y los movimientos sociales en la construcción de procesos socioculturales orientados a desactivar los discursos y prácticas deshumanizantes que promueven la negación de la coexistencia de la diversidad política y social en Colombia? • ¿Qué tipo de acciones colectivas pueden promover la academia y los movimientos sociales para desactivar las prácticas sistemáticas de victimización relacionadas con la exclusión socioeconómica, política, étnica, cultural y sexual en el contexto colombiano? • ¿Cómo ir más allá de la sistematización, el diagnóstico y la constatación del horror que encarnan los múltiples daños que se desprenden de la violencia sociopolítica? •

¿Cómo desmarginalizar la defensa de los Derechos Humanos, y en particular, del derecho a la memoria de las víctimas?

•

¿Cómo promover una pedagogía de la memoria y los derechos humanos que no sea doctrinaria o descontextualizada?

• ¿Cómo extraer de la conflictividad que encierra la memoria dolorosa de la violencia, insumos para construir la paz y la democracia? • ¿Qué clase de sistemas de representaciones sociales, creencias, e imaginarios colectivos determinan el universo simbólico de la memoria colectiva en Colombia?

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• ¿Qué tipo de subjetividades, individuales y colectivas, se construyen en un país donde se violan los Derechos Humanos de manera sistemática y generalizada? •

¿Qué tipo de valores y prácticas sociales se construyen en el contexto del conflicto armado cuando la sociedad no se reconoce en su historia marcada por la violencia y la impunidad?

• ¿Cuál es la naturaleza socio-política y cultural del olvido y el recuerdo colectivos? •

¿Qué tipo de estructuras han sido dañadas o rotas para hacer posible una ruptura del lazo de identificación con el Otro; ruptura que se expresa en los altos índices de impunidad?

• ¿Cómo podemos reparar el tejido social roto por el terror y la impunidad que conllevan las prácticas de violencia sistemática y generalizada? • ¿Se puede generar una cultura de paz afianzada en la defensa de la dignidad y los Derechos Humanos si las condiciones que generaron la violencia siguen vigentes? •

¿Cómo y en qué se expresa el control del uso del espacio público y del patrimonio simbólico en el contexto colombiano?

• ¿Qué mecanismos pueden desplegarse en el espacio público por parte de la sociedad civil para vencer la impunidad y el olvido en el terreno de lo simbólico en un contexto marcado por la deshumanización y la polarización? • En las condiciones actuales que presenta el conflicto colombiano ¿Puede cumplir la memoria un papel preventivo, ejemplificante y aleccionador frente a los crímenes de Lesa Humanidad?

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Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, cabe destacar que en Colombia nos vemos enfrentados a varios problemas relacionados con la ideologización y la instrumentalización oficial del discurso de los Derechos Humanos en torno al conflicto armado interno, que lleva, en primer lugar, a relativizar, descontextualizar y despolitizar el concepto de víctima80, imponiendo paradigmas de perdón y olvido basados en argumentos que pretenden borrar las fronteras morales entre víctimas y victimarios; paradigmas que imponen a los colombianos una idea de “paz” a partir de la cual situar el problema de la verdad histórica, la justicia, y la reparación, no en el terreno de lo político-ético-jurídico, sino en el plano de lo afectivo-religioso, cuyo correlato es la reconciliación y el perdón entre víctimas y victimarios desde una tergiversación de la justicia que intenta contraponer la justicia retributiva a la justicia restaurativa, con la intención de relegar al ámbito privado los múltiples daños ocasionados por la violencia sociopolítica. Esta relativización, que no es inofensiva, conlleva no sólo la falta de voluntad política para transformar las condiciones que perpetúan el conflicto, sino el debilitamiento del sentido histórico de la violencia y del sentido social de la justicia, ya que propende al ocultamiento de la intencionalidad de los responsables directos e indirectos de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y en esa medida, atenta contra el sentido ético de la memoria histórica como fundamento de la paz. Las iniciativas de la sociedad civil, que propenden a la construcción de una memoria plural y diversa que permita dar cuenta

80 El asumir la condición de las víctimas de manera descontextualizada y ambigua, implica invertir el sentido del concepto de justicia, y en esa medida, hace posible que los victimarios terminen justificando colectivamente la venganza y la retaliación, aduciendo “que como ellos también fueron víctimas, se vieron obligados a hacer justicia por su propia mano”. Esto es precisamente lo que está pasando ahora en Colombia con los paramilitares, que cobijados por un proceso de “negociación” con el Estado colombiano, buscan legitimarse públicamente, presionando al gobierno sobre la base de que a “ellos les tocó armarse porque el Estado no hacía nada contra la guerrilla”.

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de una verdad histórica compleja, y que conduzca al ciudadano medio a ir más allá de la versión oficial, han sido permanentemente descalificadas o deslegitimadas, bajo el argumento de que las víctimas, rencorosas y resentidas, cuyo objetivo es generar el odio y la división social. Utilizan la memoria como vehículo para la venganza dirigida a desprestigiar al Estado con fines puramente ideológicos. Gonzalo Sánchez en su libro “Guerras, Memoria e Historia”, habla sobre la frecuencia con la que los medios de comunicación promueven un consenso social exclusivamente en torno a la condena de los actos atroces cuando los victimarios pertenecen al sector de los enemigos del Estado (las guerrillas, los narcotraficantes y la delincuencia común); consenso del que se desprende el reconocimiento y la identificación empática con las víctimas del secuestro, el asesinato y el desplazamiento forzado generado por los grupos insurgentes. Dicho consenso se expresa en acciones públicas de carácter simbólico, legitimadas por el Estado y las instituciones, para visibilizar el repudio a los victimarios y el apoyo a las víctimas, mientras que, paralelamente, se intenta ocultar, minimizar o justificar a toda costa, las acciones perpetradas por agentes estatales o paramilitares contra personas o grupos estigmatizados por razones sociales, económicas o políticas. En esa medida se “normalizan las prácticas de “limpieza“, validándose su intencionalidad de mantener el orden y la seguridad social, a partir del posicionamiento público de la idea de que “hay víctimas más culpables que otras“. En otras palabras: se construye la fragmentación social en torno a las nociones de justicia e injustica, promoviendo la ideologización de la verdad histórica, a partir del enfrentamiento y la rivalidad entre los sectores victimizados que asumen la defensa del legado de las víctimas pertenecientes a los sectores sociales que ellos representan de una manera acrítica, que no toma en consideración a los otros sectores afectados por la violencia. Cuando esto ocurre, la idealización a ultranza de la me-

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moria, conduce a formas de idealización de una sola versión de la historia que termina siendo similar a la versión oficial de la misma, y en casos extremos, jugando el mismo papel. En este sentido, la ideologización del discurso de los Derechos Humanos, producto de la polarización social, puede conducir a que los sectores victimizados que además son estigmatizados y marginados del acceso al espacio público, asuman la defensa del legado de las víctimas pertenecientes a los sectores sociales que ellos representan, de una manera acrítica, que no toma en consideración los actos de barbarie que en su nombre se han cometido. Tal consideración es especialmente necesaria cuando la “lucha de clases” se transforma en “guerra de clases”, y cuando en ese contexto, los fines son subordinados a los medios. Cuando esto ocurre, la idealización a ultranza de la memoria o la obsesividad del recuerdo doloroso, conlleva el desconocimiento absoluto de la utilidad de una relación dialéctica entre la memoria y un tipo de olvido que se distingue de la amnesia negadora en la medida en que permite sanar las heridas para poder seguir viviendo. Por ello, en el contexto de una sociedad polarizada y fragmentada por el terror, la estigmatización y la desinformación, donde los individuos de acuerdo a sus experiencias directas o indirectas con la violencia sociopolítica intentan recordar u olvidar para vivir o sobrevivir en medio del conflicto, la academia y los movimientos sociales deben dialogar permanentemente para que sus acciones colectivas en torno a la construcción de la memoria en el espacio público estén fundamentadas en una comprensión de las fuentes y los usos socioculturales tanto de la memoria como del olvido. Por otra parte, es necesario considerar que la desmarginalización del discurso y la defensa de los Derechos Humanos implica ganar legitimidad social con el fin de llegarle a todos los sectores de la sociedad colombiana donde las mayorías califican la

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para las víctimas, una sociedad movilizada: aportes de la memoria, el arte y la academia

reivindicación de los Derechos Humanos, como acciones panfletarias y dogmáticas de propaganda de los “Izquierdos Humanos” en un contexto que como hemos venido explicando a lo largo de este texto, está profundamente marcado por representaciones sociales polarizadas que perpetúan la estigmatización de la oposición política y el pensamiento crítico. Desde esta perspectiva, no sobra decir, que uno de los retos en Colombia es fortalecer los vínculos entre la universidad pública y la universidad privada, teniendo en cuenta que el divorcio entre estos dos sectores (que en algunos contextos regionales es más marcado) en parte se debe a estereotipos sociales basados en pre-juicios de clase, y en parte a que muchos de los intelectuales que han defendido y continúan defendiendo los Derechos Humanos generalmente han trabajado o trabajan en las universidades públicas y son asociados a los movimientos de izquierda; movimientos que no sólo han sido criminalizados desde la institucionalidad, sino victimizados históricamente, lo cual implica una memoria ejemplarizante del terror como correlato psicosocial de la violencia, que ha terminado por naturalizar la falta de posicionamiento crítico y responsable por parte de amplios sectores de la academia frente a la realidad nacional. Como defensores de los Derechos Humanos que hacemos parte de redes sociales de las cuales hacen parte sectores tanto de la academia como de los movimientos sociales, consideramos que el compromiso de las universidades frente a la problemática sociopolítica en Colombia, es el de ser instituciones formadoras de valores humanistas y generadoras de conocimiento crítico que permita comprender las dimensiones de los múltiples daños ocasionados por la violencia, que afectan a la sociedad en su conjunto. Dicha comprensión involucra una toma de consciencia por parte de la academia frente al tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; un tema que debe ser abor-

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dado y situado en un contexto marcado por el conflicto armado, cada vez más degradado, que fomenta la polarización y la deshumanización de la sociedad. Desde esta perspectiva, el papel de las universidades como entes de formación integral debería estar orientado a abordar activamente los problemas que engendra la grave crisis humanitaria que aqueja al país, buscando soluciones y salidas constructivas frente a los mismos. Es fundamental que en los ámbitos local, nacional e internacional, la academia se posicione, desde una perspectiva ética e interdisciplinaria, frente a la defensa de la vida, la dignidad y los Derechos Humanos de las víctimas directas e indirectas del conflicto. Este posicionamiento involucra una acción transformadora en el corto, mediano y largo plazo, encaminada a crear escenarios democráticos de reflexión, y encuentro entre diferentes actores y sectores sociales, a partir de actividades de diversa índole lideradas por los centros universitarios. Tales actividades deben estar enfocadas en primer lugar, a la visibilización de los efectos estructurales que se derivan de la normalización de prácticas sociales e institucionales que legitiman la impunidad frente a las diferentes modalidades de victimización, lo cual a su vez implica establecer la conexidad entre violencia y exclusión política, económica y social. Y en segundo lugar, a acompañar los procesos civiles que apuntan de manera legítima a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños que conlleva la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos y la infracción del Derecho Internacional Humanitario por parte de los diferentes actores armados, legales e ilegales en Colombia.

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