¿Preparados para el Post- conflicto?

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Desaf铆os para la reparaci贸n, la reintegraci贸n y la transicionalidad en Colombia Juan Carlos Amador (Editor)

© Universidad Distrital Francisco José de Caldas © Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (Ipazud) © Juan Carlos Amador (Editor) Primera edición, octubre de 2015 ISBN: 978-958-8897-69-1 Dirección Sección de Publicaciones Rubén Eliécer Carvajalino C. Coordinación editorial Miguel Fernando Niño Roa Corrección de estilo Nathalia Salamanca Sarmiento Diagramación Diego Abello Rico Imagen de cubierta Rocío Neme Editorial UD Universidad Distrital Francisco José de Caldas Carrera 24 No. 34-37 Teléfono: 3239300 ext. 6202 Correo electrónico: publicaciones@udistrital.edu.co ¿Preparados para el post-conflicto? Desafíos para la reparación, la reintegración y la transicionalidad en Colombia / Juan Carlos Amador ... [et al.]. -- Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015.

144 páginas ; 24 cm. -- (Ciudadanía y democracia) ISBN 978-958-8897-69-1 1.Conflicto armado - Colombia 2. Víctimas de la violencia Colombia 3. Derechos humanos - Colombia 4. Reparación (Justicia penal) 5. Justicia transicional I. Amador, Juan Carlos, autor II. Serie.

303.6 cd 21 ed.

A1505279 CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango Todos los derechos reservados.

Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de la Sección de Publicaciones de la Universidad Distrital.

Hecho en Colombia

Contenido

Introducción

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Primera parte: Fin del conflicto armado, justicia transicional y reparación

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Terminación del conflicto armado en Colombia Alejo Vargas Velásquez

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La integralidad de la justicia transicional Gustavo Salazar

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La perspectiva de las mujeres que participaron en el proceso de la Comisión de la Verdad: conclusiones Alejandra Miller

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Tramas narrativas del mal y sentimientos morales: entre el deber y la resistencia al relato Marieta Quintero

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¿Escuelas reparadoras? Apuntes sobre la atención a niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en Bogotá Juan Carlos Amador

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La experiencia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Sandra Milena Santa Mora

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Segunda parte: Desarme, desmovilización y reintegración (DDR) Desafíos para el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) en Colombia Enzo Nussio

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Desafíos de la reintegración en Colombia Omar Alfonso Ochoa Maldonado

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Desmovilización y reinserción: una experiencia Enrique Flórez

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Introducción Juan Carlos Amador1

¿El futuro?

En la historia de la humanidad, las sociedades organizadas suelen pensar en el futuro con optimismo, a pesar de la existencia de problemas que amenazan su realización. Dichas sociedades asumen que las generaciones venideras o las recién llegadas al mundo, tal como lo expresa Hannah Arendt (1991), tendrán los conocimientos, habilidades y criterios éticos para continuar por la senda de la civilización. Por esta razón, la educación y la cultura se constituyen en algunos de los dispositivos más efectivos para orientar las prácticas sociales, garantizar el respeto a la ley y generar iniciativas que propendan por el desarrollo y el progreso. Sin embargo, no siempre el futuro es promisorio, ni es seguro que la educación y la cultura cumplan su función reguladora o reproductora.

A veces los recién llegados al mundo optan por otros caminos tras la desilusión que provocan las herencias morales que les dejan otras generaciones. Prueba de esto son las generaciones baby boomer (década de 1950), insurrecta (década de 1960) y punk (década de 1970) (González y Feixa, 2014), las cuales promovieron el ideal de una sociedad distinta en tiempos de posguerra, alrededor de lo que se denominó en su tiempo contracultura. No obstante, los herederos 1

Profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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Juan Carlos Amador

de estas generaciones, llamados “hijos de la libertad” por algunos autores, no comparten este modo de ver la vida, prefieren actuar con sigilo y acomodarse al orden social, quizás de manera estratégica.

Al respecto, es posible considerar que, en Colombia, el optimismo sobre el futuro no ha sido palpable casi en ninguna generación. El futuro, los escenarios posibles y la opción de una sociedad distinta suelen ser parte de los discursos justificatorios de campañas políticas, de firmas de tratados de libre comercio (TLC), de proyectos de reforma constitucional y hasta de concesiones al capital transnacional. Parte de este no futuro, tal como lo plasmó Víctor Gaviria en un filme en la década de 1990, está asociado con el sostenimiento de un conflicto armado interno que no solo ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes, sino que ha roto lazos sociales, ha sembrado la desconfianza entre congéneres y ha obstaculizado, en muchas poblaciones, la posibilidad de ver la vida con ilusión.

Aunque las iniciativas de las nuevas generaciones han sido fundamentales en la conquista de derechos y en el reconocimiento de otras opciones de vida (por ejemplo en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), o en la vindicación de los derechos de las víctimas), los colombianos estamos anclados en una desesperanza colectiva que no nos deja ver futuros posibles.

Esta desesperanza tiene varias consecuencias, entre ellas la naturalización de la violencia, la desigualdad y la exclusión, asumiendo que este es el mundo que nos correspondió vivir, algo así como un castigo original. Asimismo, al presumir que es algo inmodificable, aceptamos con cierta indiferencia o complicidad otras formas de violencia que progresivamente complejizan el conflicto social (por ejemplo, a través del racismo, el sexismo, el clasismo y el patriarcado), esto es, un patrón de poder colonial que se vuelve forma de vida, tal como lo expresa Aníbal Quijano (2005). ¿Conflicto y post-conflicto?

De acuerdo con el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013), a lo largo de las últimas cinco décadas el conflicto armado colombiano ha traído consigo 220.000 muertos, 5.700.000 víctimas por desplazamiento forzado, cerca de 250.000 desaparecidos y alrededor de 30.000 secuestrados. Aunque estas cifras son objeto de debates entre investigadores, uno de sus aspectos más llamativos es que durante este mismo periodo murieron 177.000 civiles y apenas 40.000 combatientes de los diferentes bandos. Estos números sugieren entonces que las consecuencias de la guerra se centran, principalmente, en la población civil.

Asimismo, este conflicto ha incluido formas deplorables de combate que contradicen los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), tales como el reclutamiento de personas menores de edad, la siembra de minas antipersona y la perpetuación de condiciones de absoluta indefensión de la 10

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población, sucesos todos reflejados en las cerca de dos mil masacres ocurridas en Colombia entre 1998 y 2012. Para la Comisión Histórica sobre el Conflicto Armado y sus Víctimas (2015) existen múltiples causas que no solo originaron sino que han prolongado las confrontaciones.

Para Sergio de Zubiría, la genealogía de esta confrontación armada está en el fracaso o aplazamiento indefinido de reformas sociales. Para Darío Fajardo, las disputas por tierras y la ausencia de una reforma agraria efectiva constituyen parte de los factores que profundizan el conflicto. Francisco Gutiérrez resalta la presencia de nuevos actores armados que reclutan a personas que han sido parte de ciclos armados anteriores. Otros, como Víctor Moncayo y Jairo Estrada insisten en la asociación entre conflicto armado y modelo de desarrollo capitalista. Otros académicos destacan el papel pasivo y hasta cómplice de la clase dirigente colombiana, al no adoptar las medidas que se requerían para prevenir el recrudecimiento del conflicto. En algunos casos, incluso, dichos sectores aprovecharon estas condiciones, tal como ocurrió con la permisividad frente al narcotráfico y la parapolítica.

Finalmente, otros analistas coinciden en una evidente deficiencia del Estado colombiano para detentar con legitimidad el monopolio de la fuerza, lo cual, entre otros factores, contribuyó al surgimiento de grupos paramilitares.

Un ejemplo de esta debilidad la presenta el aparato judicial, el cual, de alguna manera, ha contribuido al crecimiento de modalidades complejas de justicia privada. A esto se suman variables como las diferencias regionales y la vulnerabilidad de las poblaciones rurales, las cuales han sufrido mayoritariamente los actos de guerra (masacres, asesinatos selectivos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso de minas antipersona, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito, delitos sexuales, ataques contra bienes civiles y públicos, y daños ambientales).

En medio de esta desesperanza, particularmente asociada con la existencia de un conflicto armado interno y un modelo de desarrollo que precariza la vida, desde el año 2010 se ha abierto paso a la posibilidad de iniciar una etapa de post-conflicto. Esta perspectiva de futuro ha empezado a tener resonancia en algunos sectores de la sociedad, tras los avances de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes han decidido dialogar en medio de las hostilidades2. La experiencia histórica de otros países muestra que 2

En el momento de cerrar esta edición se presentaron tres antecedentes importantes al respecto.

En primer lugar, hacia el mes de diciembre de 2014, las FARC-EP declararon el cese unilateral del fuego. Luego, iniciando el mes de marzo de 2015, el gobierno del presidente Santos declaró el cese de bombardeos por parte del Ejército Nacional hacia este grupo armado. Finalmente, en hechos confusos, el 15 de abril de 2015 una columna de este grupo guerrillero atacó un puesto militar en el departamento del Cauca, dejando once militares muertos. Esto hizo que el presi11

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los diálogos prosperan una vez se da un alto al fuego, sin embargo en Colombia nos hemos acostumbrado a escuchar cómo se avanza, lentamente, en la agenda de conversación, mientras continúan las operaciones militares en varias regiones de la geografía nacional.

Diversas iniciativas desarrolladas por la sociedad civil, el Estado y las organizaciones, en medio de sus aciertos y debilidades, constatan la necesidad de emprender acciones que contribuyan a restituir los derechos de las víctimas, que posibiliten reparaciones integrales y que faciliten condiciones jurídico-políticas para lograr procesos exitosos de desmovilización y reintegración de los integrantes de los grupos armados. Estos aspectos, que se configuran en herramientas y condiciones concretas para superar los conflictos armado y social, están antecedidos por cuatro iniciativas, así: • Ley de víctimas y restitución de tierras (1448 de 2011): tiene por objeto establecer un conjunto de medidas (judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas) a favor de las víctimas del conflicto armado, dentro de un marco de justicia transicional. Este ha de posibilitar el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición. Apunta, además, a la materialización de sus derechos constitucionales mediante acciones precisas, tales como la definición de montos de indemnizaciones por vía administrativa, la conformación de mesas de participación de las víctimas, el proceso de restitución de tierras y la creación del Sistema de Registro Único de Víctimas.

• Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas: es una entidad que busca acercar al Estado con las víctimas mediante acciones transformadoras que promuevan su participación efectiva en el proceso de reparación. Dentro de sus objetivos están: brindar una respuesta integral a las víctimas para que sean y se sientan reparadas; fortalecer la capacidad del Estado para dar respuesta a las emergencias humanitarias y evitar nuevas violaciones a los derechos humanos; poner en marcha conjuntamente con las entidades (nacionales y territoriales) una estrategia integral para la movilización del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv); coordinar que la oferta institucional esté implementada en el territorio; visibilizar a las víctimas y garantizar su participación efectiva.

• Grupo de Memoria Histórica (GMH) y Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): se trata de un grupo de investigación perteneciente a la entonces llamada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación dente Santos, hacia el 17 de abril, anunciara la reanudación de los bombardeos. Tras la crisis, el Gobierno nacional ha manifestado la necesidad de definir plazos para cerrar el proceso de negociación. Ver http://www.elespectador.com/noticias/paz/hay-ponerle-un-plazo-al-procesode-paz-santos-articulo-555647 12

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(CNRR), que tiene como propósito principal producir y divulgar narrativas sobre el conflicto armado en Colombia, capaces de identificar las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales (conforme a la Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y memorias de la violencia. El grupo trabaja a través del enfoque diferencial y una opción preferencial por las voces de las víctimas. También formula propuestas de política pública que fomenten el goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

• Marco jurídico para la paz: es un Acto Legislativo (014/11S-094/11C) que busca facilitar la terminación del conflicto armado. Se encarga de implementar mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos, la suspensión de la ejecución de la sanción y la renuncia a la persecución penal para los hechos no seleccionados, como herramientas para las personas desmovilizadas de grupos armados ilegales.

Estas iniciativas constatan que no se trata únicamente de lograr un acuerdo entre las dos partes, cesar hostilidades e incorporar al grupo armado respectivo a la vida social y política, sino de generar condiciones de reconciliación que permitan avanzar en justicia, no solo como equidad (tal como lo propuso tempranamente John Rawls (2006), a propósito de su idea de instituciones justas), sino como reconocimiento (Fraser, 1997; Honneth, 2009). Esto significa transitar hacia otro estado de existencia colectiva, producir un giro en la vida moral con arreglo a pactos legales y legítimos y construir un proyecto ético que favorezca la compasión, esto es, reconocer que somos extremadamente vulnerables y adquirir capacidades para responder al dolor del otro. Se trata de no eludir la demanda del otro frente a la experiencia del mal (Mélich, 2010).

Es por esta razón que el término post-conflicto se convierte en una mediación narrativa que contribuye a explicitar esta necesaria transición-transformación.

Por tanto, no se trata de negar el conflicto como un elemento constitutivo de la condición humana, ni mucho menos banalizar la complejidad que posee la superación plena de un conflicto armado y social. Desde nuestro punto de vista, el post-conflicto (con el guion), comprendido como las nuevas condiciones de vida social que se ponen en escena una vez se surten las etapas de resolución de un conflicto armado, sirve para propiciar tres niveles de reflexión colectiva en el país, que contribuyan a la reconciliación y correspondiente reconstrucción societal: la memoria (¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron afectados?); nuestro presente (¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los compromisos?); y la utopía (¿Qué futuros posibles? ¿Qué planes? ¿A través de qué herramientas? ¿En qué condiciones?).

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Asumir la posibilidad de transitar del conflicto hacia el post-conflicto en Colombia, según tradiciones socio-antropológicas y jurídicas, exige trabajar al menos sobre cuatro aspectos concretos: (1) el fin del conflicto armado, (2) la reparación a las víctimas, (3) la justicia transicional y (4) la reintegración.

El primero, como se ha mencionado, tiene que ver con procesos de diálogo y negociación, tal como se adelanta desde 2012 a la fecha de publicación de este libro (2015) entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana (Cuba). Lo extraño del actual proceso, a diferencia de lo ocurrido en otras experiencias, es que los diálogos y acuerdos se están produciendo en medio de periodos de confrontación y de cese de hostilidades parciales.

El segundo comprende un conjunto de condiciones y procedimientos que pasan por el reconocimiento de las víctimas, la memoria de los hechos victimizantes, la difusión de la verdad histórica y jurídica de lo ocurrido, la reparación integral y la generación de condiciones sostenibles para que nunca más vuelvan a ocurrir estos actos de violencia y negación de humanidad.

El tercero alude a las medidas judiciales excepcionales, extraordinarias y provisionales que pueden favorecer los procesos de tránsito, asunto que contempla reparación a las víctimas y reintegración de los excombatientes. La justicia transicional no es amnistía ni impunidad, sino un conjunto de herramientas que posibilitan el tránsito hacia el post-conflicto.

Finalmente, la reintegración, que en términos más amplios hace parte del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), incluye un conjunto de disposiciones y estrategias para que se cierre un ciclo de violencia armada, lo cual implica la entrega de armas, la desmovilización individual y colectiva de los grupos insurgentes así como las garantías jurídicas, sociales y políticas para que las personas excombatientes se reintegren a la vida civil.

Vale señalar que esta transición no solo es de tipo jurídico, sino también de carácter ético y político. En tal sentido, a propósito de los cuatro aspectos antes señalados, construir el post-conflicto exige ir más allá, es decir, se deben generar las condiciones necesarias para construir culturas de paz. Este proceso de transición hacia la paz contempla: • El conocimiento de la verdad de los hechos sobre el conflicto armado: en el camino hacia las justicias transicional y social, la sociedad colombiana debe tener acceso a los hechos y a la polifonía de versiones sobre lo ocurrido. Es necesario entender cómo, a lo largo de las últimas cinco décadas, hemos llegado a 220.000 muertos, 5,7 millones de víctimas por desplazamiento forzado, 25.000 desaparecidos y 30.000 secuestrados (GMH, 2013).

• La reparación a las víctimas: además de la reparación material, las víctimas del conflicto armado en Colombia deben ser apoyadas y restituidas 14

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en torno a cuatro tipos de daños: emocional, moral, cultural y político. Se requiere de un conjunto de iniciativas por parte del Estado y de la sociedad civil para que, más allá del asistencialismo predominante en el país desde hace varios años, se avance en la generación de herramientas de empoderamiento para facilitar el ejercicio ciudadano de estas personas, familias y grupos.

• La construcción de planes y programas en los ámbitos familiar, comunitario e institucional, centrados en el respeto a la vida, el cuidado y el ejercicio ciudadano. Esta tarea implica un esfuerzo sostenido para transformar creencias y prácticas que naturalizan la desigualdad y la exclusión, alrededor de las etnias, los géneros, las sexualidades, las edades y las situaciones de discapacidad.

• Diseño de planes y programas para el DDR de combatientes: más allá de los debates sobre la implementación de mecanismos como la amnistía o la rebaja de penas, el Estado y la sociedad civil deben considerar alternativas para que estas personas se incorporen con garantías plenas a la vida social y política de la Colombia del post-conflicto.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2005), la cultura de paz alude a una manera de entender y vivir el mundo en el que sea posible: superar el flagelo de la guerra, dar protección a las poblaciones en peligro, lograr desarrollo de forma armoniosa, tener plena capacidad de disfrute de los derechos humanos, vivir bajo el desarme y con sostenibilidad ambiental. Si bien es posible identificar limitaciones en este concepto, los principios planteados por la Unesco no están lejos de los principales desafíos que tiene la sociedad colombiana luego de que se firme el fin del conflicto armado con grupos guerrilleros (incluyendo aquí al Ejército de Liberación Nacional, ELN) y, quizás, con otras organizaciones que operan en muchos lugares de la geografía nacional.

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El libro En este contexto, el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas –IPAZUD– organizó el 14 de mayo de 2014 el seminario nacional Preparando el futuro: entornos y límites del post-conflicto en Colombia, el cual tuvo lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. A través de la pregunta: ¿Cómo nos estamos preparando para el post-conflicto? se encontraron distintos actores sociales, involucrados en la idea de generar las condiciones sociales, políticas e institucionales necesarias para transitar hacia el post-conflicto en Colombia. Por esta razón, estuvieron presentes víctimas del conflicto armado; personas desmovilizadas de grupos armados; representantes de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, y académicos.

Este encuentro tuvo como propósito construir colectivamente marcos comprehensivos, críticos y propositivos, acerca de las lógicas del conflicto armado interno así como de los aspectos que pueden viabilizar la reconstrucción societal, ética y política de la sociedad colombiana. En consecuencia, y dada la coyuntura de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana (Cuba), la pregunta descrita guió el desarrollo de dos grandes ejes de reflexión. El primer eje abarcó aspectos como el fin del conflicto armado, la justicia transicional y la reparación a las víctimas. Y el segundo abordó los elementos y variables que configuran el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En ambos se combinan tres lecturas: la de la sociedad civil (incluyendo a las víctimas), la de los investigadores y la del Estado.

Primera parte: Fin del conflicto, justicia transicional y reparación La apertura de la primera parte del libro estuvo a cargo de Alejo Vargas (Universidad Nacional de Colombia), a través de un texto titulado Terminación del conflicto armado en Colombia. Sobre la base de una lectura optimista del actual proceso de diálogo de La Habana, como él mismo la señala, el profesor Vargas parte de asumir que construir la paz es, a la vez, avanzar de manera significativa hacia una sociedad más equitativa, donde los derechos sean realidad en la vida cotidiana y no simples enunciados. Luego de un recorrido por los actores, temas y condiciones que configuran el actual proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, concluye que, luego de la terminación del conflicto armado, viene un reto “apasionante” para la sociedad colombiana. Este consiste fundamentalmente en impulsar trasformaciones en democracia, desarrollo y bienestar para los colombianos.

El segundo capítulo fue desarrollado por Gustavo Salazar, quien al momento de la presentación de su ponencia en el seminario ocupaba el cargo de coor16

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dinador programático para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional –ICTJ–. En el texto La integralidad de la justicia transicional, Salazar analiza la importancia conjunta de aspectos como la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en la construcción del post-conflicto.

Justamente, la idea de integralidad está relacionada con la articulación de estos aspectos mediante herramientas jurídicas, pero también a través de una perspectiva estratégica de intersectorialidad. Para el profesor Salazar, por ejemplo, si solo se implementan tribunales legales para la sanción al victimario y no se trata a la víctima en otros escenarios, se pueden generar efectos materiales y morales nocivos que impidan la aplicación de justicia.

El tercer capítulo, titulado La perspectiva de las mujeres que participaron en el proceso de la Comisión de la Verdad, fue una contribución de Alejandra Miller, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Comisión de la Verdad de las Mujeres ha sido reconocida como un aporte a la construcción de paz en Colombia, dado que hace públicas las voces de mujeres víctimas del conflicto armado.

En este escrito, Miller describe las acciones de las mujeres por la defensa de la vida y la dignidad de las personas cercanas a su situación de afectación por la violencia. Finalmente, expone cómo la Comisión reivindica a las mujeres como agentes políticos y sujetos de derechos para exigir verdad, justicia, reparación y la no repetición de violencias contra sus cuerpos.

El capítulo cuatro estuvo a cargo de Marieta Quintero, profesora e investigadora de la Universidad Distrital. El texto titulado Tramas narrativas del mal y sentimientos morales: Entre el deber y la resistencia al relato problematiza los hechos atroces de la guerra a través de los sentimientos y la sensibilidad moral.

Basada en sus investigaciones, la profesora Quintero plantea que esta perspectiva contribuye al fortalecimiento de juicios colectivos, acerca de la justicia ante la injusticia; demanda normas e instituciones jurídicas para restablecer los derechos vulnerados; y le da un lugar distinto a las emociones en la construcción de cultura política. Precisamente, esta dimensión humana permitiría una apertura para construir en Colombia una ética relacional en el contexto del mal de la guerra.

En el quinto capítulo, Juan Carlos Amador propone un texto titulado Escuelas reparadoras: niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto en el sistema educativo de Bogotá. Con base en la existencia de más de 20.000 niños, niñas y jóvenes en los colegios oficiales de Bogotá, presenta dos preguntas iniciales: ¿El tipo de escuela que predomina hoy en Colombia, específicamente en Bogotá, favorece la reparación de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado? ¿Qué claves pedagógicas, epistemológicas y culturales contribuirían a consolidar este proceso de reparación? Para tal efecto, el trabajo recorre tres grandes temas de discusión: en primer lugar, analiza algunas particularidades de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en Bogotá; en segundo, aborda el concepto de 17

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reparación, no solo desde una perspectiva jurídica sino especialmente ética y política; y por último presenta tres estrategias pedagógicas para trabajar con las comunidades educativas en Bogotá, específicamente mediante los derechos, la interculturalidad y las narrativas y memorias.

Finalmente, Sandra Milena Santa, integrante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cierra esta primera parte del libro a través de un capítulo titulado La experiencia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Guiada por la pregunta del seminario, Sandra Santa plantea como punto de partida que la prioridad en la construcción del post-conflicto es la reparación integral a las víctimas. Además de exponer los objetivos y acciones de esta entidad, el texto explora el concepto de reparación integral con vocación transformadora: esto implica eliminar las condiciones de exclusión que facilitaron y permitieron que muchas personas fueran victimizadas. Una de las consecuencias de esta reflexión es, según Santa, reconocer que el sostenimiento de esas condiciones pone en riesgo cualquier proyecto orientado hacia la paz, o cualquier proyecto de adecuación hacia el post-conflicto.

Segunda parte: Desarme, desmovilización y reintegración (DDR) La segunda parte del libro, dedicada al DDR, inicia con el trabajo del investigador Enzo Nussio (Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes), titulado Desafíos para el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) en Colombia. El séptimo capítulo parte de la pregunta “¿Qué desafíos podemos esperar de un proceso de DDR con las FARC-EP?”, para desarrollar tres ideas claves. En primer lugar, experiencias previas investigadas por Nussio, como la desmovilización de las Autodefensas con la Ley 975 (de Justicia y Paz), muestran que hay posibilidades reales de rearme por parte de estos grupos. En segundo lugar, es necesario anticiparse a estos hechos para sostener la transicionalidad (post-conflicto). Y, en tercer lugar, es necesario aprovechar el conocimiento y cohesión de estos grupos para amortiguar la transición, lo que no significa entregar territorios. Se trata de darles a esas estructuras en proceso de DDR otras oportunidades diferentes, por ejemplo en el desminado humanitario y en las actividades de reparación.

El octavo capítulo es desarrollado por Omar Alfonso Ochoa Maldonado, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), a través del título Desafíos de la reintegración en Colombia. El texto expone la transformación del proceso de reintegración, implementado en Colombia desde el año 2006. En su texto, Ochoa describe las fases que constituyen el proceso de reintegración tanto de tipo individual como colectivo. Uno de los aspectos más relevantes de la experiencia es la importancia que esta entidad le da al proceso de sostenibilidad legal, social, académica y política de la persona reintegrada, quien parti18

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cipa en la ruta establecida. Al final, se presentan algunos desafíos que tiene la institucionalidad para avanzar en estos propósitos.

Finalmente, el capítulo noveno, presentado por Enrique Flórez (representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT) titulado Desmovilización y reinserción: una experiencia, hace una reflexión a partir de las vivencias de alguien que ha transitado por la desmovilización y la reintegración, desde la década de 1990, para explicitar algunas lecciones aprendidas. Flórez, planteando como premisa que la reflexión sobre estas experiencias aporta claves importantes para entender qué puede pasar frente a un posible escenario de post-conflicto con las FARC-EP, identifica varios elementos para construir una transición sostenible, entre ellos el derecho a la vida de las personas desmovilizadas, las garantías de participación social y política, y la necesidad de hacer reformas sociales y económicas que prioricen a las regiones.

Agradecimientos Además de hacer un reconocimiento a los ponentes por su participación en el Seminario y su disposición para escribir y revisar la edición de su capítulo respectivo, vale expresar nuestro agradecimiento al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, bajo la dirección de Camilo González Posso, y a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital, a la cabeza del profesor Borys Bustamante. Asimismo, es importante destacar la labor del equipo del IPAZUD, un grupo pequeño pero con una persistente y comprometida labor en este tipo de actividades: a Mauricio Hernández y Leopoldo Prieto, ambos investigadores; a María Isabel Parra, asistente académica; y a Angie Sánchez, asistente administrativa.

Referencias bibliográficas Arendt, H. (1991). La crise de la culture. Paris: Editorial Gallimard.

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011. Gaceta oficial.

GMH y CNRR. (2013). Basta ya. Colombia memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Departamento de prosperidad social.

Fraser, N. (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición post-socialista. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

González, Y. y Feixa, C. (2014). Generación XX: teorías sobre la juventud contemporánea. En Feixa, C. (Ed.). De la generación @ a la # generación. Barcelona: Ediciones NED. Honneth, A. (2009). Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

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Mélich, J. (2010). Ética de la compasión. Barcelona: Editorial Herder.

Rawls, J. (2006). Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica.

Primera parte: Fin del conflicto armado, justicia transicional y reparaci贸n

Terminación del conflicto armado en Colombia1 Alejo Vargas Velásquez2

Introducción La terminación del conflicto armado y la construcción de paz es un tema sobre el cual, como decía el profesor Chucho Bejarano nuestro colega asesinado, no podemos darnos el lujo de ser pesimistas, siempre debemos ser optimistas.

En las conversaciones sobre el proceso de paz en Colombia que se vienen desarrollando en La Habana, Cuba, es necesario diferenciar entre la terminación del conflicto armado y la construcción de paz. La primera, le compete fundamentalmente a los actores armados: al Estado y a los grupos alzados en armas contra este. Mientras que la segunda es una tarea, a mediano y largo plazo, que les compete a los colombianos, es una responsabilidad de todos.

Construcción de paz es avanzar de manera significativa hacia una sociedad más equitativa, donde los derechos sean realidad en la vida cotidiana y no simples enunciados en un documento. Igualmente, es caminar hacia una democracia de mejor calidad, proceso que lleva múltiples cambios en los niveles macro y micro, en los que la sociedad colombiana tiene obligaciones sin distinción. Muy similar es la definición de construcción de paz, establecida en el documento 1

Agradecimiento a Pedro Enrique Espitia Zambrano por su apoyo en la edición de este capítulo.

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Doctor en Ciencia Política. Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.

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Juan Carlos Amador

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre los delegados del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y los delegados de las FARC-EP, que en su primera página afirma: “ (…) la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos sin distinción y hace un llamado a otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos unirse a este propósito”.

Elementos que viabilizan un proceso de paz El proceso de paz que se está haciendo en La Habana tiene algunos elementos a considerar, relacionados con la dinámica socio-política de Colombia: • El Estado colombiano nunca ha controlado totalmente los monopolios clásicos que todo Estado aspira a controlar: los monopolios de la cohesión física, del control territorial, de la justicia y de la tributación. El Estado colombiano ha avanzado, desde una perspectiva histórica, en el control de estos monopolios pero nunca los ha controlado.

• Ha habido una recurrente y persistente violencia con motivaciones políticas en nuestra historia. Este conflicto armado no es la única expresión de la violencia. Nada más, medio siglo atrás, terminamos la violencia entre partidos conservadores y liberales, la llamada violencia bipartidista, en la cual aproximadamente 300.000 colombianos fueron asesinados. Y más atrás, las violencias de la década de 1920 y las guerras civiles, la última de las cuales, la guerra de los Mil Días, con la que hicimos el tránsito del siglo XIX al XX, fue probablemente la más violenta de nuestra historia. Las investigaciones de Gonzalo Sánchez (2004) nos hablan de 100.000 muertos en esta guerra civil de tres años, en una Colombia que no llegaba a más de ocho millones de habitantes.

• Al mismo tiempo, hemos tenido una gran capacidad para resolver los enfrentamientos violentos por las vías negociadas y concertadas. La mayoría de las guerras del siglo XIX se resolvieron, con excepción de una, con alguna forma de acuerdo. Igual pasó con la llamada insurrección de los Bolcheviques del año 1928, mediante un tratamiento penal benigno. Luego la violencia liberal-conservadora, y particularmente el movimiento de las guerrillas liberales, que se va a resolver mediante un tratamiento especial similar a la amnistía, la desmovilización y la reinserción. Recientemente, en este nuevo ciclo de violencia, esto también se hizo con las guerrillas más pequeñas que negociaron con el Gobierno colombiano, a final de la década de 1980, como lo fue el caso del Movimiento 19 de abril (M-19), un sector mayoritario del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista.

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• Un intento pionero de negociación con las guerrillas lo hizo el presidente Belisario Betancourt (1982-1986). Luego Virgilio Barco (1986-1990) logró con éxito la desmovilización de algunas guerrillas. Posteriormente, César Gaviria (1990-1994) intentó con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que aglutinaba las guerrillas de la época. Igual se va a mantener en el Gobierno de Ernesto Samper, donde se logró establecer el Consejo Nacional de Paz mediante ley de la república, en cumplimiento del artículo 20 de la Constitución Nacional de Colombia, el derecho a la paz, y en el cual participó activamente para lograr su consolidación la Universidad Nacional de Colombia. Además participaron otras organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Red de Iniciativas de Paz, el Consejo Gremial, entre otras. Sin embargo, a pesar de ser ley de la república, en los gobiernos de Pastrana, el Consejo Nacional de Paz nunca se convocó, y en el Gobierno Uribe (2002-2010), de ocho años, mucho menos.

• En agosto de 2012, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, comunicaron cada uno por su lado que se daba inicio formal a las conversaciones de paz para buscar un cierre negociado del conflicto interno armado. Podemos decir que empezamos un nuevo esfuerzo como sociedad para finiquitar este conflicto.

Los objetivos generales trazados en este acuerdo de La Habana son: iniciar un proceso que proscriba el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas, es decir desterrar las armas de la política colombiana. De igual forma, proponen que un actor armado ilegal se transforme en un protagonista legal dentro de la política colombiana, lo cual no pretende modificar la manera de pensar ni los presupuestos ideológico-políticos de los actores, aunque sí redunda en la eliminación del uso de las armas para hacer política.

Contexto internacional e interno que viabilizan el proceso de paz en Colombia En el ámbito internacional, en la región latinoamericana existe una serie de gobiernos progresistas, de centroizquierda y de izquierda. Gobiernos que, sin duda, apuntan a buscar políticas de mayor inclusión social. Muchos de estos presidentes fueron miembros activos de los grupos insurgentes en sus países, como: Pepe Mojica, expresidente de Uruguay; Dilma Rousseff, presidenta de Brasil; Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador; y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Ninguno llegó al poder por la vía de las armas sino por la vía democrática.

Y esto se lo han dicho a la guerrilla colombiana varios mandatarios, como los expresidentes de Cuba, Fidel Castro y de Venezuela, Hugo Chávez, y los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales.

Asimismo, se dio una coincidencia atípica entre tres gobiernos disímiles: el del presidente Obama (Estados Unidos); el del presidente Raúl Castro (Cuba); 25

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y el del presidente Hugo Chávez, ahora liderado por el presidente Nicolás Maduro (Venezuela). Estos se alinearon para apoyar este esfuerzo de paz. Es decir que, en el contexto internacional, existe favorabilidad y no hay una sola voz que se oponga al proceso de paz.

En el ámbito nacional también hubo cambios en la última década con el fortalecimiento de la fuerza pública. Un cambio en la correlación militar, que no significa que la guerrilla esté al borde de la extinción. Estas guerrillas tendrían capacidad de mantenerse incluso decenios, haciendo algún tipo de daño, pero sí han recibido unos golpes muy contundentes. De tal manera que la hipótesis de triunfo militar que podría haberse dado a finales de la década de 1990 ya no existe. Cuando en un conflicto armado la hipótesis fundamental es que la posibilidad de triunfo desaparece, la opción de la salida negociada se constituye en una opción seria e importante.

Hoja de ruta El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tiene un gran aporte que lo diferencia de los del pasado porque hay una hoja de ruta, un documento de ocho páginas con las firmas de los delegados de las FARC-EP y del Gobierno. El documento define que la negociación se hará entre ambas partes durante un tiempo largo, de manera reservada, como es recomendable hacerlo en la terminación de conflictos armados, mecanismo que recibe el nombre de prenegociación. Además, la hoja de ruta acuerda una agenda en la que se estipula de qué se va a hablar. En este caso son seis temas muy precisos: 1. Desarrollo rural integral.

2. Participación política y social.

3. Terminación del conflicto.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas.

5. Víctimas y derechos humanos.

6. Implementación de los acuerdos.

El procedimiento y el equipo negociador Primero se define dónde se va a negociar, para lo cual se plantea que sea en un país exterior amigo. Para este caso se estableció Cuba y se partió de la base que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Este es un modelo de negociación global, diferente al utilizado en El Salvador y en Guatemala, el cual tuvo un carácter parcial, pues en la medida que se acordaba cada punto, se firmaba y se iniciaba su implementación inmediata.

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También se definió quiénes van a acompañar la negociación así: • Participación internacional. Conformada por dos países garantes (Cuba y Noruega), los cuales están en la mesa, sentados a manera de testigos mudos. Asimismo, dos países acompañantes: Venezuela y Chile.

• Participación de la sociedad. Los colombianos pueden participar en la mesa mediante tres mecanismos: primero, enviando sus propuestas a través de un sitio web, de las cuales ya han llegado más de 19.000; segundo, participando en los foros organizados por el equipo que integra la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

La tarea que hacen estas dos organizaciones delegadas por ambas partes negociadoras es una relatoría acerca de lo que dicen los participantes en los foros, los cuales se organizan con los criterios de pluralidad, representación, posiciones políticas y regiones. Hasta la fecha se han realizado cuatro foros, tres en Bogotá y uno en San José del Guaviare. Estas propuestas se han hecho llegar a la mesa de La Habana con un promedio de catorce libros por cada foro.3 • Participación de expertos4. Algo muy importante en una negociación son los equipos negociadores, quienes deben tener la capacidad para encontrar soluciones a las dificultades. Al tiempo deben representar muy bien la parte. En la Mesa están dos generales en retiro en representación de la fuerza pública. En representación del sector empresarial, el presidente de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI). Los funcionarios representantes del Gobierno, encabezados por un expresidente de la república.

Por otro lado, en representación de las FARC-EP, la mayoría con experiencia previa en diálogos de paz.

Temporalidad del proceso El punto de llegada está establecido también en la agenda. Se aspira a terminar el conflicto armado, a la dejación de las armas y a su trasformación en un movimiento político. La implementación de los acuerdos en el post-conflicto constituye un periodo muy complejo, que no se puede acelerar y que tomará un buen tiempo.

Recordemos que la terminación del conflicto en Nicaragua tomó seis años.

Salida jurídica Este es el tema más complejo y no está presente en la mesa. En la época de la guerra fría, este tipo de conflictos armados se resolvía acudiendo al derecho 3

Este mecanismo de participación de la sociedad concluye con la refrendación de los acuerdos a que se lleguen, mediante el mecanismo que establece la Constitución Nacional, en el que todos los colombianos podemos aceptar o rechazar lo acordado.

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Conformada por un grupo de expertos que ofrecen a la mesa negociadora conferencias y exposiciones sobre el tema.

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político: rebelión, sedición y asonada, y la salida obvia era amnistía e indulto.

Posteriormente, aparece en el ámbito internacional la llamada justicia transicional. Esta es una posibilidad para este caso, pero es muy compleja debido al tipo de salidas planteadas, pues hoy en día no se dan amnistías e indultos.

Partir de las experiencias previas es determinante El proceso de paz en desarrollo retoma lecciones aprendidas de los intentos previos. El único proceso de paz exitoso en Colombia fue el llevado a cabo por el Gobierno del expresidente Virgilio Barco. La experiencia muestra que un elemento destacado fue hacer las negociaciones en el marco de un cese de hostilidades. Pero para el conflicto actual no es viable porque los actores de violencia no son solo una organización, las FARC-EP; hay otras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las bandas criminales emergentes (Bacrim) y los neo-paramilitares. Además, porque la fuerza pública tiene un mandato constitucional.

No se puede hacer una negociación para terminar un conflicto armado a espaldas de la fuerza pública, la cual tiene que estar como actor central, porque ha sido un protagonista de la confrontación y es una institución del Estado que tiene el mandato del monopolio de la fuerza. Esta es una experiencia retomada del proceso de paz adelantado en el Gobierno del presidente Virgilio Barco, y es comparable con la experiencia internacional. Este factor de presencia de la fuerza pública también da tranquilidad al proceso. Es especial para la contraparte FARC-EP, porque sienten que los acuerdos también están siendo avalados por el componente de su adversario directo.

Las víctimas del conflicto armado Es un componente novedoso que no había sido tenido en cuenta por ningún proceso de negociación llevado a cabo antes en Colombia. Estos prácticamente hacían caso omiso a esta realidad. Hoy en día es la gran contribución, las víctimas de todos los lados del conflicto armado son centrales en el proceso de verdad, reparación y reconocimiento. Al respecto, es importante retomar lo expresado por el político colombiano Óscar Tulio Lizcano, secuestrado por las FARC-EP, por más de diez años, quien manifiesta “tenemos que prepararnos para perdonar lo imperdonable, no podemos continuar con la mirada hacia atrás, debemos seguir adelante”.

Avance de los acuerdos establecidos Dentro del primer punto de la agenda, Desarrollo rural integral, las dos delegaciones han planteado en los comunicados oficiales emitidos que esta reforma rural debe ser el inicio de las trasformaciones estructurales de las realidades 28

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rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto armado y a la construcción de una paz estable y duradera. La reforma rural integral está centrada en el bienestar y buen vivir de las gentes del campo, comunidades campesinas, afrodescendientes, negras, indígenas, palanqueras y raizales. Pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, la protección y el disfrute de los derechos, de la ciudadanía y la reactivación del campo.

Lo acordado, en relación con este punto, reconoce y se centra en: • El papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo.

• La promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo.

• La generación de ingresos y empleo.

• La dignificación y formalización del trabajo.

• La producción de alimentos.

• La preservación del medio ambiente.

Al respecto, se acuerda que la economía campesina debe estar articulada con otras formas de producción agropecuaria, como condición para garantizar el desarrollo rural. Además, señala que la reforma rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado. Indica que, con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos (sin tierra o con tierra insuficiente) y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado, se ha acordado la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita, el cual se alimentará de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas. Para ello se aplicará y fortalecerá la extinción judicial de dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente.

Asimismo, se acordó crear una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidad regional. Se fortalecerán distintos mecanismos de acceso a la tierra.

Se reconoce el papel de formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso. Se acuerda fortalecer mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos. El Gobierno pondrá en marcha un plan para formalizar y actualizar el catastro rural. El acuerdo reconoce que las zonas de reserva campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos.

En el campo de salud, se acuerda un modelo especial que atienda con enfoque diferencial las zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención. En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar cobertura, calidad y pertinencia de la educación.

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Se plantea un plan de vivienda, agua y saneamiento básico, que mejorará condiciones de salud y de habitabilidad en el campo. Planes para proveer bienes y servicios sociales, que busquen disminuir brechas entre el campo y la ciudad. Se plantea que, en materia de alimentación y nutrición, se asegure para todos los ciudadanos disponibilidad y acceso en oportunidad, cantidad, calidad y precio de alimentos. Se acuerda poner en marcha programas de desarrollo con enfoque territorial, que permitan implementar con celeridad y recursos, planes nacionales sobre la base de la transformación regional.

En relación con el segundo punto, participación política y social, se plantea que hay que garantizar derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. Y que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual se deben generar espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia. Esto requiere reconocer tanto la oposición que ejercen partidos y movimientos políticos como las formas de acción de organizaciones y movimientos sociales y populares.

Se plantea que partidos y movimientos políticos con personería jurídica van a ser convocados en una comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición. Se plantea un sistema integral de seguridad para garantizar derechos y libertades a estos nuevos movimientos políticos, el cual debe fundarse en el respeto a la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos.

Se adoptarán medidas para garantizar reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de los movimientos y organizaciones sociales. El Gobierno elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales. Se reconoce que la movilización y la protesta son formas de acción política en el ejercicio legítimo de los derechos: de reunión, de libre circulación, de libre expresión, de libertad de conciencia y de oposición en una democracia.

En lo que respecta a garantías específicas para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se acuerda que esto se discutirá en el punto tres: Fin del conflicto.

El documento señala que en un escenario de fin de conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Se propone crear un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, integrado por representantes del Gobierno, el ministerio público, los que designen los partidos y movimientos políticos. En los territorios se implementarán consejos de este tipo.

Se fortalecerá la participación en la elaboración, discusión y seguimiento de los planes territoriales, es decir, se estimulará la participación en los consejos 30

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territoriales de planeación. Para promover el pluralismo político, la igualdad de condiciones, la representatividad del sistema de partidos y la consolidación de la paz, se acuerda distinguir la obtención de curules de los partidos de su reconocimiento legal, independiente de si logra o no superar los umbrales.

Igualmente se plantea que, una vez se llegue al acuerdo final, se implementará una misión electoral especial, conformada por expertos de alto nivel, que en un plazo de hasta seis meses presentará recomendaciones con base en buenas prácticas nacionales e internacionales. Esto con el fin de reformar todo el sistema electoral.

Con el fin de promover una cultura política, democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos, a través de los mecanismos que brinda la política, descartando la violencia como método de acción política, se pondrán en marcha las siguientes medidas: • Promoción de los valores democráticos.

• Promoción de la participación política y sus mecanismos.

• Garantizar y fomentar el conocimiento y uso efectivo de los derechos.

• Circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un número, por definir, de representantes a la cámara de representantes.

• Se habilitará un canal institucional de televisión cerrada, orientado a los partidos y movimientos políticos, para la divulgación de sus plataformas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia.

En relación con el punto Solución al problema de las drogas ilícitas, se establece el compromiso de encontrar una solución definitiva a los cultivos de uso ilícito. En tal sentido, se determinó incluirlo en el punto de la reforma rural integral. La solución definitiva implica la construcción conjunta (incluyendo a las comunidades) en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes. Un elemento importante es el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en los territorios afectados, promoviendo el desarrollo integral, la satisfacción de los derechos de los ciudadanos, y garantizando la seguridad y convivencia.

Dada la diversidad que caracteriza las regiones de Colombia, cualquier intervención debe tener un enfoque diferencial, reflejado en los planes que se construyan con las comunidades, de tal forma que se reconozcan necesidades, características, particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando sostenibilidad socio ambiental.

Por último, se determina que es necesario contribuir al cierre de la frontera agrícola, a la recuperación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible. En consecuencia, se apoyarán planes de desarrollo de diferentes formas de organización y 31

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asociación, como las zonas de reserva campesina, constituidas o las que se constituyan cuando coincidan con los territorios afectados por cultivos ilícitos.

Conclusiones Colombia se encuentra en un periodo de construcción de paz. Actualmente se están adelantando diálogos con el ELN, en la denominada etapa de prenegociación, es decir en la construcción de una hoja de ruta. El fin del conflicto debe involucrar a las dos insurgencias, tanto al ELN como a las FARC-EP, y debe ser así para no repetir la historia de negociones a medias.

Si en esta ocasión realizamos la paz en Colombia, lograremos algo que para muchos pudiera ser imposible, incluso por encima de quienes se oponen a que se realice, porque están tan acostumbrados a vivir con el conflicto. Esto muestra que la violencia es casi una inercia nacional.

Luego de la terminación del conflicto armado entraremos en un periodo apasionante de construcción de paz, que no es otra cosa que impulsar cambios y trasformaciones en la sociedad colombiana.

Referencias bibliográficas Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2012). Recuperado de https://www.mesadeconversaciones.com. co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf Sánchez, G. (2004). La violencia y la supresión de la política. Bogotá: Colección Biblioteca Banco de la República.

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La integralidad de la justicia transicional Gustavo Salazar Arbeláez1

El siguiente escrito está estructurado a través de cinco puntos. El primero es básicamente introductorio, se centra en la pregunta ¿Qué es el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)? El segundo plantea una definición básica de justicia transicional. El tercero aborda los objetivos centrales de la justicia transicional. El cuarto punto desarrolla el concepto de integralidad de la justicia transicional, asunto de gran trascendencia para entender tanto los procesos reparación como las medidas de justicia, verdad y memoria. Al final, se expondrán algunos elementos sobre el sentido y los parámetros de la reparación.

En primer lugar, vale señalar que el ICTJ es una organización no gubernamental, de carácter internacional, con sede en Nueva York. Fue creada aproximadamente hace doce años y actualmente tiene oficinas en Colombia y participa en procesos en Latinoamérica, específicamente en países como Argentina, Perú y Guatemala. Esto en lo que atañe al hemisferio occidental, pues además cuenta con ocho oficinas a lo largo y ancho del mundo, a través de las cuales acompaña procesos de justicia transicional, tales como Sierra Leona, Kenia, Uganda, Nepal, Burundi, Birmania, Congo, Marruecos, Liberia y Sudán. También dispone de una oficina en el Líbano, aguardando los sucesos venideros en Siria.

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Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En el momento de producir este texto, se desempeñaba como Coordinador Programático para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

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El ICTJ tiene tres líneas de acción. La primera, llamada incidencia política, promueve una mirada específica de la justicia transicional para que se adopten y desarrollen las medidas y los mecanismos necesarios, tendientes a la implementación de la justicia transicional, bajo ciertos parámetros, en situaciones de posguerra. En segundo lugar, se concentra en la producción de conocimiento, actividad central para el Centro, dado que produce documentos, normalmente gratuitos y de consulta directa en PDF, los cuales se divulgan a través de su sitio web.2 La tercera, y última línea de trabajo, corresponde a la asistencia técnica tanto a los gobiernos como a ONG, así como a promotores o defensores de la paz y los derechos humanos y las organizaciones de víctimas.

El ICTJ lleva varios años en Colombia trabajando con el Gobierno nacional.

Con el actual gobierno, bajo la dirección del presidente Juan Manuel Santos, y con el anterior Congreso de la República, el Centro ha apoyado el diseño, consulta e intervención del proceso de estructuración de proyectos de ley, como la Ley de Víctimas, el Marco Jurídico para la Paz, la reforma a la Ley de Justicia y Paz y la Ley 1592. También ha intervenido en el proceso de reforma del fuero penal militar, oponiéndonos a este. Asimismo, asistió y acompañó técnicamente al Centro Nacional de Memoria Histórica. Tan amplio como ello es el espectro de trabajo del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Ahora, ¿qué es la justicia transicional? Lo primero es exponer qué no es la justicia transicional, a fin de evitar equívocos. En principio, es preciso aclarar que la justicia transicional no puede ser entendida como perdón y olvido, como amnistía total o como tolerancia y resignación. Este es, sin duda, el punto de partida, sobre todo porque en el escenario internacional existe una posición privilegiada para las víctimas, en la que la memoria y la verdad son absolutamente necesarias para la sociedad. Por más dolorosos que sean los acontecimientos de violencia, las sociedades no deben quedarse ancladas en el pasado, sino que deben ser capaces de utilizarlos con miras a corregir las instituciones, a transformar los valores y a proponer dinámicas de cambio social.

La justicia transicional debe ser entendida no como un modelo específico de justicia, sino como un esquema de rendición de cuentas, plegado a las medidas que adopta un país para dar respuesta a un periodo de atrocidades masivas, derivadas de dos escenarios posibles: los conflictos armados o las dictaduras.

En el ámbito internacional-jurídico, hablar de conflictos armados implica entrever dos posibilidades. De un lado, conflictos armados internacionales. Y de otro, conflictos armados no internacionales, esto para dirimir cualquier discusión respecto al caso colombiano. En el escenario jurídico internacional solo 2

Gran parte de los documentos están para su consulta en inglés, pero en la página web se encuentra un link de la oficina en Colombia escritos en español y, para aquellos muy versados, algunos documentos en árabe, sobre trabajos realizados en la zona de la primavera árabe: www.ictj.org 34

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hay tres posibilidades de existencia para los estados: el estado de la paz; el estado de disturbios y tensiones internas; y el estado de conflicto armado. Sin embargo, en relación con el terrorismo, este no existe en términos jurídicos con total claridad, pues se limita a algunas conductas específicas, y la mayor parte de las conductas consideradas como tales son, en general, categorías más bien políticas o morales que adopta cada país, sociedad o gobierno, de acuerdo con sus intereses.

Los conflictos armados son internacionales cuando se involucran dos o más entidades del ámbito internacional, esto es Estado-Nación. Y contrario a esto, se trata de conflictos armados no internacionales cuando se dirimen o son determinados al interior de las fronteras de un Estado-Nación, reconocido en el ámbito internacional. Se trata de una situación que ha sido frecuentemente reconocida con el término “guerra civil”, en oposición a la guerra pública, como guerra de los ciudadanos.

Así, por el contrario, un estado de paz implica el control de algún tipo de violencia básica, de violencia más bien de carácter cotidiano, desorganizado, esporádico, común, esto es, un escenario de menor violencia posible. Por otro lado, disturbios y tensiones internas caracterizan la existencia de violencias significativas, de carácter desorganizado y esporádico. Finalmente, el conflicto armado, de carácter internacional o no internacional, se encuentra determinado por el desarrollo de una violencia organizada, como consecuencia de disputas por el poder.

La justicia transicional es la respuesta a atrocidades masivas, producto de conflictos armados o dictaduras. Distinción referida básicamente a quien engendra la violencia, pues mientras en las guerras civiles la violencia es producida por dos o más actores, en las dictaduras el escenario de la violencia está determinado, básicamente o de manera preponderante, por un actor: el Estado.

De esta manera, la justicia transicional busca responder a violaciones masivas de derechos humanos, término abarcante que comprende desprendimientos tanto del Sistema de Derecho Internacional de los Derechos Humanos como del Derecho Internacional Humanitario.

Mientras que el primero prevalece en situaciones de no guerra, el segundo ha de verificarse en situaciones de conflicto armado (sea este internacional o no internacional), de acuerdo con las diversas normas aplicables para cada uno de ellos, y conforme a los cuatro convenios de Ginebra. El artículo tercero, común a ellos, establece el protocolo mínimo frente a los actores armados. Y el segundo comprende los dos protocolos adicionales a los protocolos de Ginebra, los cuales regulan de manera específica los conflictos armados internacionales a partir del año 1977. Esto simplemente como reflejo de lo que ha sido la transformación de los conflictos en las últimas décadas.

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Volviendo a la justicia transicional, es importante afirmar que esta refleja cómo las sociedades dan respuestas a situaciones de atrocidades masivas, es decir, cómo las sociedades pasan de una situación de negación de democracia a una situación de democracia. Este proceso debe ser entendido como la transición hacia la consolidación o apertura democrática, porque la violencia, sea en un escenario de dictadura o de conflicto armado, implica básicamente el desconocimiento de la democracia. Aquí me acojo, básicamente, a los principios de Hannah Arendt (1970), para quien la violencia implica negación de democracia, en tanto negación de poder, entendido este como la posibilidad de actuar en forma consensuada.

La justicia transicional denota rendición de cuentas, en un escenario de atrocidades masivas, con el fin de pasar de una situación de violencia a una democrática. En tal sentido, solo se puede hablar de justicia transicional en términos ontológicos, si el efecto de las medidas y de los mecanismos adoptados implica, de alguna manera, mayores niveles de democracia.

Es necesario, en este estado de la disertación, dar cuenta del momento en que surge la justicia transicional. En el caso colombiano, se habló de ella a partir de la Ley 975 de 2005, una normatividad excepcional para dar respuesta a un proceso de paz, sin antecedentes. Al respecto, es importante señalar que “justicia transicional” es un término acuñado en la década de 1980, específicamente a raíz de discusiones sobre cómo dar respuesta a situaciones de violencia masiva, pregunta que se profundiza a partir de la década de 1990 cuando se empieza a hablar de justicia transicional en estrictos términos.

Solo a partir de la década de 1990 se desarrolla realmente la justicia transicional. Esta se forjó a partir de tres periodos o fases de evolución, según Ruti G. Teitel (2003), quien advierte un importante momento de partida en el año de 1945, tras la experiencia de los Tribunales de Núremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un hito, un punto de inicio del sistema de justicia transicional, dado que por primera vez los individuos responden, generalmente en escenarios públicos, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además de establecerlos fue la primera institución que terminó sancionando de manera efectiva a personas específicas por crímenes de guerra. Hay, en los Tribunales de Leipzig, luego de la Primera Guerra Mundial, un antecedente relevante relacionado con una experiencia más bien fracasada.

El Tribunal de Núremberg normalmente se asume como el punto de partida de lo que, autores como Teitel (2003) denominan justicia transicional. La autora propone tres periodos: uno de 1945 a 1990; el segundo de 1990 a 2000; y otro de 2000 en adelante. El primero constituye la fase de la justicia transicional de carácter retributivo, básicamente penal, centrada en la acción punitiva del Estado y en la sanción directa al victimario. La retribución se entiende aquí como la venganza mediada, a través de un organismo, un tercer organismo que, en 36

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lo posible, respeta y debe garantizar los derechos del acusado y las normas básicas del debido proceso.

Entonces, entre 1945 y 1990 tuvo lugar el primer momento de la naciente justicia transicional, pues como lo señala Teitel (2003), para entonces el tema no estaba del todo acuñado, pero surgió la pregunta sobre cómo se da respuesta a periodos de atrocidades masivas, a la que siguió una respuesta de carácter penal. Esto para entender que, en materia de justicia transicional, no es casualidad entenderla como un asunto jurídico, determinado por la responsabilidad penal de quien o quienes fueron responsables de dichas atrocidades. Sin embargo, esta mirada resulta muy restringida.

Con el paso del tiempo, esta perspectiva se fue transformando y, finalmente, cerrando la década de 1980, se acotó el término, convirtiéndose la justicia transicional en una justicia ampliada, no limitada a la de carácter penal o retributivo, sino focalizada en las víctimas. En este momento se empieza a hablar de justicia restaurativa, no centrada en la sanción del victimario, sino en la necesidad de recomponer un orden social y democrático, que implica construcción de ciudadanía, lo cual parece hipotético pero tiene bastante de realidad. Para señalar algunos puntos clásicos de justicia transicional, es preciso referir el Tribunal de Núremberg, el Tribunal de Eichman en Jerusalén en el año de 1961 y mecanismos importantísimos que van a plantear discusiones gruesas, por ejemplo la Comisión de la Verdad en Argentina.

Frente al objetivo de la justicia transicional, que constituye el tercer punto a abordar, es preciso señalar que solo es posible entender las medidas y mecanismos de la justicia transicional a partir de sus metas. Todos asimilamos la justicia transicional a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición, pero la pregunta clave es: ¿hacia dónde debe apuntar?

En tal sentido, esta ha de orientarse hacia dos tipos de objetivos: los mediatos y los finales. Cada medida, atinente a la reparación, la justicia, la verdad y la garantía de no repetición, debe dar respuesta a objetivos específicos, es decir la reparación debe reparar, la justicia debe aplicar justicia, la verdad debe llevar a la consecución de la verdad y la garantía de no repetición debe a garantizar que no se repita lo ocurrido. Pero además de todo ello, estos objetivos tienen que inclinarse hacia la satisfacción de objetivos mediatos, como lo son la dignidad, el reconocimiento y la confianza cívica, así como la reconciliación, la democracia y el Estado de Derecho, como objetivos finales (De Greiff, 2009).

Lo anterior constituye un rápido paso hacia conceptos complejos. Primero, la dignidad, por ejemplo, cuya noción presume que la violencia afecta la dignidad de los individuos, pues impone sistemas y categorías morales, jurídicas y psicológicas que disminuyen la capacidad del individuo. En esa medida, la afectación de la dignidad parte de un hecho central, que es el reconocimiento 37

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de la existencia de un acto violento, ejecutado por un sujeto activo que lo desarrolló de forma intencional y que generó en un sujeto pasivo un daño. Es un daño que se plasma no exclusivamente en el ámbito físico o psicológico, sino en dos escenarios bien complejos: el moral y el ciudadano (Walker, 2006). Aquí se disminuye la situación moral del individuo que sufre el daño, a quien como ciudadano se le disminuye o niega el ejercicio real de los derechos.

En el marco de una justicia restaurativa, de cara a la dignidad de las víctimas, las estrategias se centran en ellas, y buscan su dignificación, al reconocer que merecen una serie de medidas a su favor, como parte del camino para recomponer la situación previa, caracterizada por la existencia de un derecho posteriormente violado, vulnerado de manera injusta.3 Todas las medidas deben conducir a la dignidad (Minow, 1998) y deben partir del hecho de que la víctima merece una atención específica por la incapacidad del Estado de garantizar la protección a sus derechos, o incluso por el hecho de que algunos de sus miembros efectuaron, de manera activa, actos que fueron en desmedro de los derechos de las víctimas.

El segundo es el sentido de reconocimiento (Honneth, 2006), el cual se conjuga con la confianza en el concepto fundamental de ciudadanía, a la que debe llevar la justicia transicional. Ciudadanía deberá ser entendida como la capacidad de los individuos de tomar sus propias decisiones, de manera autónoma.

Y el reconocimiento como aquella actuación que implica reafirmar el valor del otro, que conlleva, en términos de la dignidad, a asumir la existencia de un acto injusto que disminuyó el valor del otro.

El tercero es la confianza cívica, la cual se ve seriamente afectada por la guerra, pues esta se teje entre los individuos y el Estado cuando ambos sienten que: por un lado, el otro no va a causar daño alguno en su perjuicio (en una versión negativa de la definición); y, por el otro, atendiendo a una dimensión positiva de la misma, que este puede generar el bien. Es importante reiterar que uno de los primeros lazos que se rompe en la guerra es la confianza, lo que implica la ruptura de la unidad social. Esto impide o limita las posibilidades de la acción colectiva, situación que va en menoscabo de los más pobres, a quienes más afecta la violencia en la medida en que disminuye su capacidad de actuar colectivamente al desvanecer la confianza.

La confianza entre los individuos, entre el individuo y las comunidades, entre diferentes comunidades, entre el individuo y las instituciones, conforme

3

La alusión a la injusticia aquí destacada obedece al hecho de que hay actos intencionales que generan daño, pero que pueden ser justos, como es el caso de aquellos permitidos por el Derecho Internacional Humanitario, cuyo ejemplo puede ser el siguiente: de dos combatientes en proceso de combate, uno de ellos muere a causa de un daño intencional, perpetrado por el otro, sin embargo tal daño se entiende justo, o por lo menos permitido.

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tan variados escenarios, condensa distintos niveles. Acerca del último es conveniente precisar que el individuo cree en las instituciones en la medida en que ellas respondan a sus necesidades y hagan valer sus derechos. En ese orden de ideas, la justicia transicional implica una respuesta de las instituciones o la implementación de ajustes institucionales para que el Estado pueda dar respuesta a las exigencias y necesidades de los individuos, de cara a sus derechos. La reparación se inscribe como parte de esa respuesta necesaria.

Frente al cuarto tema, relativo a qué son los derechos u objetivos finales, es preciso entender que la justicia transicional, en términos del Estado de derecho, implica una concepción normativa de la reafirmación de valores de convivencia básicos, lo que requiere: (i) Negar como válidos los actos de violencia, y (ii) Reafirmar la dignidad de las víctimas. Negar como válidos los actos de violencia implica poner en su sitio a los victimarios, quienes siempre tienen excusas, justificaciones o mitigaciones, cuyos actos siempre pretenden tildar como justos.

Actos que son, por definición, injustos o por lo menos no validados en términos de legalidad.

La democracia implica la posibilidad de actuar, de consumo y de poder.

También supone reconciliación, lo cual no sugiere el acuerdo de todos ni mucho menos la felicidad, sino que las diferencias puedan tramitarse a partir de mecanismos, pues la democracia implica el disenso mediado por un consenso procedimental, que en la arena política exige el tratamiento racional de las diferencias.

La integralidad que incluye la justicia transicional se refiere a la importancia conjunta de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, a las que debe orientarse. Es decir, que las medidas asociadas a la justicia transicional no pueden estar separadas entre sí. Por ejemplo, si solo se implementan tribunales legales para la sanción al victimario y no se trata a la víctima en otros escenarios, se generan efectos materiales y morales severos dado que se convierte en una respuesta incompleta.

Cuando se habla con las víctimas, ejercicio de gran relevancia para ellas, frecuentemente le dan mayor importancia a la verdad, queriendo saber qué pasó y por qué pasó. En orden descendente, luego posicionan la existencia de una condena. Y, por último, buscan las medidas consiguientes de reparación.

En términos de garantías de no repetición, entendidas como reformas institucionales, se destacan las atinentes a los servicios de inteligencia, la fuerza pública, el sistema judicial (permeado frecuentemente por actores armados), el sistema de vetting o de veto (prohibiendo el ejercicio de funciones públicas a quienes estén involucrados en violaciones o crímenes internacionales) y los sistemas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), entendidos como parte de las garantías de no repetición.

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Frente a la temática propia de la reparación, pueden referirse básicamente cuatro medidas, que implican restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción. La restitución se concibe como un principio de restablecimiento del statu quo4 que busca devolverse a la situación anterior. Se trata simplemente de un deber ser o de una norma que muchas veces no es posible dada la imposibilidad que representa. Con frecuencia, retornar a la situación anterior, dado un daño ya generado, verbigracia de un homicidio o una desaparición forzada, es meramente una ficción. Una ficción que sin embargo funge como guía de la acción estatal en términos de reparación.

Restitución entonces implica tratar de volver a la situación anterior, prevalente de derechos, cuando uno supone que la situación anterior contaba con vigencia de derechos, sin considerar qué otras condiciones preexistían en tal situación.

Como ejemplo de lo que precede, puede traerse a colación la siguiente situación: en algún lugar, como en Macayepo, en el departamento de Bolívar, donde no había acueducto, ni escuelas, ni alumbrado, no puede suponerse que antes de un daño existía una situación de valía de derechos. Esto para evidenciar que aquí hablamos de restitución y se asocia con la restitución de tierras y de bienes, pero es importante tener en cuenta que también debe haber restitución de derechos.

Otro ejemplo, en el caso colombiano, es la restitución de derechos que se está adelantando por parte de la Universidad de Córdoba. Con la importancia que ello tiene para su comunidad universitaria, en la medida que la apropiación paramilitar de dicha institución implicó la privación y la supresión de derechos de los educadores, del personal administrativo y de los estudiantes. Así, se está devolviendo la pretérita situación de valía o de vigencia de sus derechos.

De otro lado, la compensación (De Greiff, 2006) implica básicamente asignarle un valor al daño, subrogado a los bienes materiales específicos o a aquellos de carácter moral. En estos procesos se derivan pagos monetarios.

Por su parte, las medidas de reparación y rehabilitación contienen varios planos, entre ellos el moral, el psicológico, el físico y el jurídico. El psicológico y el físico son los más comunes, por ejemplo la atención psicosocial y un tratamiento de prótesis para víctimas de minas antipersona. El plano moral es mucho más complejo, y el legal se centra en la prestación de asistencia legal para que las víctimas ejerzan sus derechos. Finalmente, están las medidas satisfacción, las cuales implican la adopción de mecanismos de admisión de responsabilidades, ejercicios de memoria y verdad. Bajo esta perspectiva, inmediatamente se entiende que la reparación está conectada con la justicia.

El punto de partida para la reparación lo constituye el consenso internacional. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas, por tanto se encuentran 4

Para ilustrar esta discusión, ver Gómez (2006).

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haciendo ejercicio de derechos y no están a merced de la potestad o la benevolencia del Estado, pues resulta ser una de sus obligaciones, derivada de dos condiciones. De un lado, de la vulneración directa de derechos por parte de sus agentes. Y de otro, de la incapacidad o negligencia del aparato estatal para proteger esos derechos de la conducta de terceros. Ese es el corpus básico de los convenios en los sistemas interamericanos de protección, en los que está contenido el derecho a la reparación en una serie de normatividades.

El artículo octavo de la Declaración de los Derechos Humanos habla de recursos efectivos, y los artículos 10, 68 y 73 de la Convención Americana, que tratan de la adecuada compensación de los daños, contemplan la reparación, también contenida en la Convención contra la Tortura, en donde se habla de una adecuada compensación o de una rehabilitación lo más competa posible (artículo 14).

También se encuentra prevista en la Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 50), cuando habla de la justa satisfacción de las víctimas.

En este punto es preciso mencionar que ha habido desarrollo de carácter doctrinal y normativo, en términos de resoluciones de las Naciones Unidas, que ha llevado a establecer los cuatro puntos específicos de reparación –ya explicados–, a partir de los principios dados aproximadamente en el año de 1997 y de los principios vigentes del 2005. El concepto que normalmente se relaciona con la noción de reparación es restitutio in integrum, que traduce restitución total, como un deber ser, puesto que la reparación total es materialmente imposible. ¿A dónde apunta, o cuáles son los objetivos centrales de la reparación?

Señalaré tres: (i) La neutralización de los elementos del acto violento, porque hay un daño que tiene carácter material, psicológico y moral; (ii) El impedimento a los victimarios del goce de cualquier beneficio derivado del acto violento, como una reafirmación normativa; y (iii) La obligación, en cabeza del Estado, para asumir la responsabilidad por acción o por omisión, que trajo como consecuencia la ocurrencia de ciertas acciones.

Finalmente, es preciso destacar tres conceptos de extrema complejidad, relacionados con la reparación: la asistencia humanitaria, la reparación y el desarrollo. Esto teniendo en cuenta que cuando uno habla con las víctimas, estas sienten que su suerte ya está echada, tal como lo refería una de ellas en el departamento de Santander: “ (…) yo tengo 48 años, yo ya no pude estudiar, quiero por lo menos que mi hijo tenga la posibilidad de estudiar”. Así, normalmente las víctimas solicitan tres tipos de cosas: atención en vivienda y en salud, y acceso a educación. Estas tienen un traslape, en la medida en que hay una intersección entre la reparación y las medidas de desarrollo, siendo una tendencia de los gobiernos confundir la reparación con medidas que corresponden al desarrollo.

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Una pregunta final: ¿Hasta qué punto podemos considerar que estas medidas de desarrollo se derivan de la obligación del Estado, en tanto en el Estado social de derecho pueden ser asimiladas a reparación? Algo realmente complejo en el caso colombiano es que se han adelantado procesos de reparación en medio de un conflicto, lo que conduce a medidas de asistencia humanitaria que normalmente tienden a ser enfocadas por el Estado como reparación, cuando con ellas tan solo se pretende disminuir la afectación de un derecho específico, pero no reparar. La reparación implica una transformación de la situación o por lo menos un redireccionamiento de la vida en referencia a la vida anterior.

Referencias bibliográficas Arendt, H. (1970). Sobre la violencia. Trad. Miguel González. México: Cuadernos de Joaquín Mortiz.

De Greiff, P. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En Rangel, A. (Comp.). Justicia y paz ¿Cuál es el precio a pagar? Bogotá: Intermedio Editores.

De Greiff, P. (2008). Justice and reparation, Justice and reparations. Handbook of reparations, Oxford University Press, pp. 451-477.

Gómez Isa, F. (2006). El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. En El derecho a la memoria.

Bilbao: Deusto Honneth, A. (2006). El reconocimiento como ideología. Isegoria, Nº 35 julio-diciembre, 129-150.

Minow, M. (1998). Between vengeance and forgiveness. Beacon Press.

Teitel R. (2003). Genealogía de la Justicia Transicional. Harvard Human Rights Journal, Vol 16, Spring, pp. 69-94.

Walker, M. (2006). Moral Repair, What is moral repair? Cambridge University Press.

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La perspectiva de las mujeres que participaron en el proceso de la Comisión de la Verdad: conclusiones Alejandra Miller Restrepo1

La verdad de las mujeres La Comisión de la Verdad de las Mujeres supone un aporte a la necesidad de paz y a la construcción de la misma en Colombia, porque recoge y hace públicas las voces y las palabras de mujeres víctimas que han sufrido todo tipo de vejámenes y violaciones de derechos humanos en el conflicto armado y que, a su vez, han luchado por defender la vida y la dignidad de las personas cercanas reconstruyendo una y otra vez las relaciones y los espacios de vida. Mujeres y violencias que han sido históricamente calladas perpetuando y refrendando con este silencio el modelo patriarcal que impera en nuestra sociedad. Por tanto, esta Comisión es un proceso de visibilización y reconocimiento social de las mujeres como actoras políticas y sujetas de derechos para exigir verdad, justicia, reparación y la no repetición de las violencias contra el cuerpo y vida de ellas. Con estas voces femeninas, se comienza a quebrar el silencio de las mujeres víctimas que ha normalizado o naturalizado la violencia contra las mujeres y las consecuencias de la misma en sus vidas.

1

El texto hace parte del informe de la Comisión de la Verdad realizado por la Ruta Pacífica de las Mujeres y que lleva por título: La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia.

La presentación de este informe durante el seminario nacional: Preparando el futuro. Entornos y límites de posconflicto en Colombia estuvo a cargo de Alejandra Miller, investigadora del Informe y coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Cauca.

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Este Informe recoge la visión de numerosas mujeres de muy diferentes regiones del país, que han afrontado por años el conflicto armado. Es la narración del dolor y también la formulación de la esperanza de otro futuro de mil mujeres, que han dado testimonio acerca de lo que ha implicado la guerra y de sus sueños para una Colombia en paz. Es una narrativa femenina que constata los efectos del conflicto armado en el cuerpo y vida de las mujeres, en la que emergen repetidamente las preguntas: ¿por qué a mí?, ¿por qué sucedió esto?

Estas preguntas muestran a la vez el impacto y la necesidad de construir una memoria que ayude a rescatar los fragmentos del sentido en un conflicto y de una represión política que han sobrepasado todos los límites de la lógica o la proporcionalidad, y que han convertido a la población civil, y en particular a las mujeres, en objetivo militar.

La Comisión muestra las distintas violencias que los diferentes actores armados han ejercido sobre las mujeres, y cómo estas violaciones de los derechos humanos se han normalizado, y hasta consentido, por parte de las autoridades públicas a las que corresponde garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas. De ahí que sea indispensable que las mujeres víctimas reciban explicaciones sobre los hechos de barbarie cometidos por los victimarios y que el Estado las reparare por los graves daños que los actores armados ocasionaron en sus cuerpos y proyectos de vida. La Comisión es, en este sentido, una apuesta política para pensar y aportar a la reconstrucción del tejido social, y por ende, a la reconciliación nacional.

El proceso de la Comisión de la Verdad permitió conocer las experiencias de mujeres y sirvió para formalizar y sistematizar los efectos de las distintas violencias que sufren las mujeres en el marco del conflicto armado. Las mujeres hablaron de las violaciones a sí mismas y a otras mujeres, casi siempre sus propias hijas e hijos. Pero también decidieron confiar sus propias vivencias, los dramas y las violaciones sufridas rompiendo el silencio sobre ellas.

Las mujeres víctimas revelan en sus testimonios claves culturales que permiten comprender el silencio de muchas de las mujeres víctimas. Confirman que es necesario erradicar la respuesta de cuestionar la credibilidad de las mujeres cuando hablan del impacto de la violencia, y la insensibilidad social hacia ellas, para que se las pueda reconocer como víctimas que deben ser atendidas en sus derechos, reparadas y protegidas evitando su revictimización.

Esta Comisión de la Verdad es una muestra de la valiosa aportación de las mujeres a la construcción de la memoria, la verdad y credibilidad desde la sensibilidad y subjetividad femeninas, que hasta hoy han sido sistemáticamente canceladas por el modelo androcéntrico. Modelo que los actores armados pretenden perpetuar envileciendo las mujeres por medio de la violencia y la coacción de las armas.

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En sus testimonios las mujeres víctimas condenan el sinsentido de la guerra.

Denuncian la actuación sistemática de los diversos actores armados que se han ensañado al violar sus cuerpos, sus espacios de vida y sus derechos como una forma de desprecio y de intimidación. Muestran cómo algunos de esos actores han atacado a las mujeres en sus procesos organizativos para que no intervengan en la vida de sus comunidades y se sometan a la militarización de la vida cotidiana de quienes quieren controlar los movimientos o la protesta social, o están detrás de proyectos de despojo de la tierra que han formado parte del modus operandi de la violencia en Colombia, como parte de la construcción de una sociedad excluyente y de una desigualdad extrema.

Según las mujeres testimoniantes, en el proceso de militarización los actores armados, legales o ilegales, han quebrantado el valor y cohesión de la familia como el núcleo social que permite la más cercana protección y confianza, al incursionar en la vida privada por medio de las armas para exigir y apropiarse de los territorios o para obligar a las poblaciones a acatar sus órdenes y a cumplir sus demandas.

Las mujeres víctimas señalan la responsabilidad de todos los actores armados en la guerra y reclaman la terminación del conflicto armado, porque las dinámicas del mismo son las responsables de los impactos sobre sus vidas, las de sus familias y sus comunidades, de la ruptura del tejido social y del cierre de las posibilidades de una vida más justa y en paz.

Las mujeres víctimas que decidieron confiar su testimonio a esta Comisión esperan que sus palabras y sus historias más íntimas contribuyan a que en Colombia el derecho a la paz y a una vida libre de violencias se haga realidad. Que esta memoria de la verdad de las mujeres sea parte de los acuerdos sociales y políticos relativos a la prevención de la violencia, y a una política de reconstrucción del tejido social y de reparaciones que el Estado debe garantizar.

Las recomendaciones que se incluyen en la sistematización de los mil testimonios deberán tenerse en cuenta como aporte a la paz, al respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres, en cualquier proceso hacia la paz que se construya en el futuro. Entre los desafíos se encuentra la posibilidad de que las voces de las mujeres sean escuchadas en el país, uniendo el apoyo a las víctimas con la investigación de los hechos y la búsqueda de salidas políticas al conflicto.

Una futura Comisión de la Verdad en el país debe considerar la experiencia de las víctimas como un elemento central de su trabajo. La experiencia de esta comisión es una experiencia relevante de la que se desprenden aprendizajes que deben ser tenidos en cuenta.

Una mirada feminista La lógica de la guerra exacerba el control y la dominación patriarcal sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y lo hace no solo en los escenarios propios del 45

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conflicto, sino en todos los espacios donde las mujeres viven y se movilizan. Y son los cuerpos, sobre todo los cuerpos de mujeres jóvenes, campesinas, negras e indígenas, los que operan como lugares de intersección y encuentro de identidades discriminadas que caracterizan los fundamentos de la exclusión.

Las mujeres víctimas del conflicto armado, de diversas etnias, territorios y edades se han visto afectadas por esta guerra a lo largo y ancho del país. Ellas han experimentado inenarrables sufrimientos, múltiples y recurrentes abusos a su integridad física, sexual y psicológica. La intersección entre el género, la etnia, la edad y la localización en el territorio de conflicto opera profundizando las discriminaciones contra las mujeres. La profunda articulación del género con otras dimensiones de la identidad o situaciones vinculadas al conflicto, como el desplazamiento o la militarización de la vida, generan formas particulares de desigualdad y discriminación.

La vida de innumerables mujeres que habitan zonas de conflicto armado en Colombia, se ha visto profundamente impactada por la guerra y sus prácticas inhumanas y ha sido modificada, profundizando su opresión, subordinación y discriminación, a través del incremento de las múltiples violencias ejercidas contra ellas, a través de las experiencias de pérdida y desplazamiento, así como de la exacerbación del control masculino sobre sus cuerpos y sus sexualidades.

Esta dimensión de pérdida, de sufrimiento, y de control de la vida caracteriza la experiencia de las mujeres víctimas en Colombia.

Este informe incorpora el discurso y la práctica feminista puesto que parte del análisis de una sociedad patriarcal en la que la relación de dominación de los hombres sobre las mujeres cancela la palabra femenina y legitima la violencia contra sus cuerpos. Este análisis permite vincular las violencias vividas en el ámbito de lo privado y en la esfera pública, con diferentes impactos y responsabilidades, como una continuidad. El patriarcado es un sistema de dominación e injusticia que se traduce asimismo en marginación social, económica y política y converge en todos los contextos del conflicto armado empeorando las condiciones de vida de las mujeres.

Identificar el significado práctico de la perspectiva feminista para este trabajo y para las mujeres que participaron en él, ha conllevado desentrañar y vivenciar el sentido profundo de escuchar la voz de las mujeres. Este proceso ha supuesto conocer, caracterizar y entender el conflicto armado desde el sentir de ellas, visibilizar las afectaciones en sus cuerpos –principal lugar de expresión de las violencias sufridas–, reconocer su contribución al esclarecimiento de la verdad y apoyar el fortalecimiento personal y social de las mujeres.

Para todas las mujeres participantes del proyecto de la Comisión de la Verdad, ya fueran coordinadoras, documentadoras, transcriptoras, digitadoras, codificadoras e investigadoras, este trabajo con las mujeres y sus testimonios 46

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ha supuesto confrontarse con un dolor y un sufrimiento inimaginables. Ha desencadenado una toma de conciencia de la profundidad y la extensión de la violencia contra las mujeres más allá de cualquier discurso. Tanto en los talleres de análisis como en el proceso de sistematización, los relatos del impacto de las experiencias de las mujeres en aquellas que las escucharon con calidez y profesionalidad fueron a su vez duros y conmovedores.

La Ruta Pacífica como organización se ha fortalecido a fuerza de marcar un derrotero constante y vigilante de los horrores de la guerra, en los medios de comunicación y en las mismas mujeres victimizadas. Ruta que canaliza desde el interior de cada mujer la constancia no solo para movilizarse y salir una y otra vez, un día y otro, durante años, a denunciar en silencio como el mayor grito de resistencia posible, que las mujeres no se resignan a callar, que son fuertes en la denuncia y capaces de acciones increíbles de sobrevivencia. Esa Ruta que moviliza a cientos y miles de mujeres por los caminos de Colombia para alertar, teatralizar, denunciar, apoyar, resistir, insistir, persistir, cantar, bailar, marchar por la justicia, la dignidad y el apoyo a las mujeres que en cualquier rincón sufren la victimización de todos los grupos armados.

Por una construcción de paz La Comisión de la Verdad desde las mujeres aporta a la construcción de la paz en cuanto es una iniciativa que abre nuevos canales de diálogo, puesto que permite romper el silencio de las mujeres que han sido quienes más han sufrido las consecuencias del conflicto armado colombiano, junto a las niñas y los niños.

La Comisión permite profundizar sobre lo que pasó, y sigue pasando en el país, abriendo un espacio a la memoria colectiva que recoja la experiencia de las víctimas, en una sociedad que ha normalizado la violencia o ha vivido en gran parte sin ser sensible a aquellas. También constituye una posibilidad para que más hombres y mujeres den un paso hacia la verdad compartida, lo que constituye un desafío a la realidad actual para construir una paz duradera. Una verdad que suponga un reconocimiento social de los hechos y de las víctimas.

Una memoria incluyente del sufrimiento y las violaciones de derechos humanos cometidas como primer paso para la justicia y la reparación.

Las mujeres le otorgan mucha importancia a la verdad porque brinda la posibilidad de restaurar la dignidad personal, borrando estigmas, y levanta las salvaguardas contra la impunidad, lo cual es esencial para abordar la construcción de la paz.

Este Informe Final evidencia lo acontecido a mil mujeres colombianas de todo el país durante el conflicto armado. Asimismo pone de manifiesto cómo las violencias ejercidas sobre ellas no son solo resultado de la guerra, sino que han sido cotidianas a lo largo de sus biografías. Los testimonios de las mujeres 47

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muestran prácticas feministas ancestrales que se reivindican hoy para exigir detener la guerra como imperativo para ir hacia la búsqueda de la paz.

El proceso de trabajo de la Comisión de la Verdad llevó a confrontarse con el horror que viven las mujeres, una dimensión desconocida incluso para muchas investigadoras y organizaciones que trabajan con mujeres. A su vez, supuso la confirmación de la opción por las víctimas como mujeres activas en el proceso de recuperación personal y colectiva, la reconstrucción del tejido social y la construcción de la paz en el país. Esta capacidad de resistencia y de sobreponerse al horror vivido, es parte del protagonismo de las mujeres en la resistencia a la guerra y en la lucha por la paz. El Estado y la sociedad deben reconocer este valor y facilitar los espacios de participación por los que luchan las mujeres, removiendo los obstáculos que impiden que esta sea más efectiva. En este sentido, las mujeres no se presentan desde una posición victimizante, sino que emergen con sus capacidades para afrontar esa guerra que no eligieron, pero donde tuvieron que volver a empezar, seguir la vida, y constituirse como mujeres sujetas de derechos y con una dimensión más colectiva.

Las mujeres fueron protagonistas en la guerra sin quererlo, puesto que ellas han sufrido graves agresiones, han cargado con los muertos, siguen buscando a los desaparecidos y han asumido responsabilidades que en otras circunstancias no les hubieran correspondido. Esta experiencia de las mujeres hace que tengan sus propias visiones y conceptos sobre la construcción de la paz enfocada en las condiciones para tener un buen vivir y la prevención de la violencia contra las mujeres.

La Comisión de la Verdad puede incidir en el actual proceso de paz rescatando la presencia de las mujeres, como sujetas políticas, para contar la verdad desde su propia vivencia. El empoderamiento de las mujeres, con la visibilización de los hechos ocurridos, contribuye a la transformación social desde el reconocimiento de sus derechos, a partir de la elaboración de los impactos sufridos y las formas de afrontamiento desarrolladas.

Las mujeres como víctimas y sobrevivientes La mitad de las mujeres se identifican a sí mismas como mestizas, una de cada cuatro son afroamericanas y una minoría se reconoció indígena. La media de edad de las mujeres que dieron sus testimonios fue de 45 años, oscilando entre los 17 y los 83. Una de cada dos tenía pareja estable y tres de cada cuatro tenía hijos o hijas (con una media de tres). Algo más de la mitad de las mujeres entrevistadas participa en alguna organización de la sociedad civil. Las mujeres que dieron su testimonio sufrieron entre cuatro y cinco violaciones de derechos humanos, muchas veces en distintos momentos. Además de su propio testimonio, refirieron la existencia de entre una y dos víctimas más como media en sus familias.

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Entre las violaciones que las mujeres refirieron haber vivido en primera persona predomina el desplazamiento, que se dio en tres de cada cuatro casos.

También tres de cada cuatro mujeres denunciaron tener familiares que sufrieron ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Ocho de cada diez mujeres entrevistadas reporta haber sido víctima de alguna forma de tortura, tratos cueles, inhumanos o degradantes. Más de la mitad de las mujeres sufrieron diferentes formas de tortura y maltrato psicológico como amenazas de muerte, hostigamientos o ser obligadas a presenciar torturas de otras personas Además, una de cada siete mujeres reportó haber sufrido torturas físicas y una de cada ocho sufrió tortura o violencia sexual. Por otra parte, la violencia contra las mujeres también conllevó pérdidas materiales en cuatro de cada diez casos.

De forma menos frecuente se describieron distintas violaciones a la libertad personal en una de cada ocho víctimas tales como haber sido detenidas de forma arbitraria, confinamiento o toma de rehenes o reclutamiento forzado.

Violaciones de derechos humanos contra las mujeres Hostigamiento y destrucción

Tortura física, psicológica y sexual

Violaciones a la libertad personal

•Requisas

• Tortura psicológica

•Detenciones arbitrarias

•Tortura física

•Reclutamiento forzado

•Allanamientos •Amenazas •Seguimiento y vigilancia

•Tortura sexual

•Desplazamiento individual, familiar y colectivo •Rural-urbano

•Confinamiento

•Destrucción de bienes

64%

•Toma de rehenes

Desplazamiento forzado

59,3%

10%

Violaciones al derecho a la vida •Ejecuciones extrajudiciales •Desapariciones forzadas •Atentados y heridas

73,77%

72,6%

Fuente: Informe final Ruta Pacífica de las Mujeres.

Los impactos del conflicto armado en las mujeres Los impactos individuales y colectivos de la acción indiscriminada de los actores armados sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, han devenido en la destrucción de proyectos de vida individuales y comunitarios. El conflicto armado ha configurado resentimiento, confusión y desconfianza hacia el Estado como el garante de los derechos humanos. Las mujeres víctimas sienten que el Estado y los grupos paramilitares que han estado coludidos con él y las organizaciones guerrilleras, ignoran la destrucción emocional y social que han generado, banalizando el dolor y la impunidad.

Se destaca un fuerte impacto afectivo en ocho de cada diez mujeres entrevistadas, así como un severo impacto en sus condiciones económicas y de vida, en la 49

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misma medida. También tres de cada cuatro mujeres señalaron quiebre y pérdida de su proyecto vital por los hechos de violencia. Por otra parte, la violencia contra las mujeres también conllevó pérdidas materiales en más de cuatro de cada diez casos. El desplazamiento conlleva la mayor parte de las veces la soledad de la pérdida de una red de relaciones sociales en la que construimos nuestra identidad como personas. Este sentimiento de soledad y abandono estuvo presente en tres de cada cuatro mujeres entrevistadas. En el caso de Colombia, hay que tener en cuenta que además los hechos de violencia han seguido produciéndose y muchas mujeres han vivido diferentes episodios de terror y violencia que potencian sus efectos. Seis de cada diez mujeres entrevistadas señalaron tener problemas de sueño como pesadillas o insomnio, y no poder dejar de pensar en los hechos vividos, sus seres queridos o el impacto de la pérdida. La percepción de estar todavía en la actualidad emocionalmente muy afectadas se da más en las mujeres que tienen familiares asesinados o desaparecidos. En todas las áreas de la vida de las mujeres, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas son las violaciones de derechos humanos con mayor impacto.

Los datos sobre responsabilidad La mayoría de las mujeres hace referencia a la autoría material, es decir, a las fuerzas o grupos armados o las personas que de manera directa perpetraron los hechos. Algunas indican simplemente la parte en conflicto, otras identifican con mayor precisión la unidad de la fuerza o grupo armado específico, y otras aún más, aunque en un porcentaje menor, dicen los nombres, apodos o alias de las personas involucradas en los hechos. También otras mencionan las diferentes relaciones o alianzas entre los diversos grupos.

Por ejemplo, un 52 por ciento de las mujeres consultadas no señaló ningún responsable (n=486) directamente de los hechos; mientras que una de cada tres, el 35,9 por ciento (n=336), señaló a una fuerza responsable; pero en otros casos las mujeres sufrieron hechos por parte de diferentes “lados” del conflicto armado, un 11 por ciento (n=103) sufrió hechos de los que señaló como responsables a dos fuerzas y un 1,1 por ciento (n=10) fue víctima de las tres fuerzas señaladas.

De los casos en que se pudo obtener información (48 por ciento del total de mujeres entrevistadas), las víctimas identificaron como responsables a los grupos paramilitares en el 32,6 por ciento (n=305), siendo señalada la guerrilla –aunque se trata de varias– como responsable en el 18,2 por ciento (n=170) de las violaciones; y a las fuerzas públicas o agentes del Estado en el 10,4 por ciento de los casos (n=97).

Fuente: Informe final Ruta Pacífica de las Mujeres.

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Las mujeres víctimas destacan que los impactos del conflicto armado prolongado han dejado graves e imborrables secuelas emocionales en las familias y los hijos. Secuelas afrontadas casi siempre por las mujeres, que muchas veces no se han logrado superar. En relación a esta situación, muchas mujeres aspiran a que en la reconstrucción del tejido social roto por la guerra, sea posible quebrar la frontera invisible entre lo privado y lo público. Eso supone reconocer y facilitar la participación social de las mujeres a partir de sus propias organizaciones y liderazgos. También que la responsabilidad compartida del cuidado familiar sea parte constitutiva de la transformación cultural que haga posible la justicia y la equidad desde la casa, desde lo personal hasta lo colectivo y público, desde lo micro a lo macro. Para que las mujeres no sigan sacrificando las posibilidades de actuar en lo público, ni los hombres renuncien o inhiban sus sentimientos para criar y brindar afecto. Las mujeres en sus procesos de fortalecimiento personal y social de empoderamiento, han descubierto y puesto en cuestión los estereotipos sobre los roles, que lo privado no es solo asunto de mujeres, así como lo público no concierne solo a los hombres.

Algunas mujeres expresan que la violencia contra los hijos, en el contexto del conflicto armado, es una forma de represalia contra los liderazgos femeninos. Liderazgos que las mujeres han asumido en los procesos de resistencia social frente a la arremetida constante de los actores armados, la continua violación de los derechos humanos y, en particular, la violencia contra las mujeres.

En el Informe final se constata que cada familia se ha visto afectada por violaciones de derechos humanos sistemáticas a varios de sus integrantes. Estas experiencias han conllevado fuertes impactos personales y colectivos como la fragmentación familiar. En muchos casos, el desplazamiento forzado ha sido la única alternativa para huir de los actores armados, persistiendo a pesar de ello las amenazas a las mujeres también como madres, hermanas o hijas de defensoras o defensores de derechos humanos. En la gran mayoría de los casos de los testimonios recogidos por esta comisión, los hechos no habían ocurrido en el lugar en el que viven actualmente las mujeres. Se demuestra así que el conflicto armado traspasa las fronteras territoriales.

Las renuncias y pérdidas experimentadas por las mujeres, que ellas definen como pérdida de una “vida buena”, tejida por múltiples dimensiones como la vinculación a las raíces, el trabajo familiar compartido, la posesión de bienes, la posibilidad de auto-sostenimiento, el hogar y los afectos, la tranquilidad y los proyectos comunitarios de vida, han impactado profundamente sus vidas, quebrando su ser mujeres e incrementando su sufrimiento, sus dificultades y su vulnerabilidad en los nuevos contextos.

Este Informe Final ratifica que la violencia sexual ha sido un arma de guerra utilizada contra las mujeres convertidas en objetivo militar. El cuerpo de 51

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las mujeres ha sido así mismo botín de guerra y territorio en disputa entre los actores armados. Esta práctica lesiva y denigrante de la sexualidad obligada y no consentida ha sido un ejercicio de poder de los actores armados en cualquier tiempo y lugar durante el conflicto. La experiencia de la violencia sexual o la amenaza de sufrir una agresión de carácter sexual han producido una distorsión en la sexualidad de las mujeres, en la relación con su propio cuerpo y en la relación con los hombres. Esta violencia no ha sido reconocida ni investigada, muestra cómo las estrategias de control de la población civil han pasado por el territorio del cuerpo y la vida de las mujeres.

La experiencia de la maternidad se traduce como fuerza vital y emocional de las mujeres en los contextos de guerra, en los que ellas responden por los hijos y las hijas en constante amenaza o asedio por parte los actores armados.

Esta fuerza interior de las mujeres relacionada con dar la vida y sentirse responsables de protegerla, emerge de manera contundente en los testimonios e invita a repensar la maternidad en contextos de guerra, como raigambre emocional para vencer el miedo y afrontar la barbarie. Además, la maternidad ha sido utilizada en el conflicto armado como una forma de golpear a las mujeres, utilizando a sus hijos e hijas como amenazas contra las mujeres, sus acciones o su liderazgo. El terror del impacto en los hijos e hijas ha sido utilizado como un mecanismo de control social.

Impactos de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres Consecuencias socio-afectivas y proyectos de vida

Impactos específicos como mujer

Consecuencias en la salud y el cuerpo

Condiciones afectivas

Estigmatización social

Hospitalizaciones

Condiciones económicas

Identidad como mujer

Discapacidad física o sensorial

Se trunca el proyecto de vida

Sexualidad

Heridas

Deterioro en las condiciones de vida

Separación familiar aban- Fracturas dono

Deterioro en las condiciones sociales

Dolores crónicos

Consecuencias en vida pública o privada

Adicciones Enfermedades

91,6%

74%

79,3%

Fuente: Informe final Ruta Pacífica de las Mujeres.

La maternidad forzada, como consecuencia de la violación sexual, vulnera la libertad y la autonomía de las mujeres, al obligarlas a enfrentar una maternidad no consentida ni planeada. Conlleva numerosos dilemas éticos y un profundo 52

¿Preparados para el post-conflicto?

cuestionamiento de las mujeres fruto de la violencia ejercida contra ellas. El embarazo forzado constituye una expropiación a las mujeres de la capacidad de ser madres y de su libertad, al vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos y a su propia capacidad de decisión e integridad física y psicológica.

Existen impactos graves en la salud de las mujeres, tanto físicos como psicológicos. Dichos impactos propios de una guerra de varias décadas no se superan por el mero paso del tiempo, sino que se agravan como consecuencia del impacto emocional, el estrés, las consecuencias negativas en sus condiciones de vida o el envejecimiento prematuro, y requieren de tratamientos integrales que ayuden a su superación. Las secuelas personales más importantes son las consecuencias en la salud que se señalaron de forma grave en cinco de cada diez mujeres que dieron su testimonio. Además una de cada tres tuvo dolores físicos inmediatos como consecuencia de las violaciones sufridas y a largo plazo las secuelas en la salud fueron señaladas por cuatro de cada diez mujeres.

Los programas de reparación deben poner énfasis en la atención a la salud de las mujeres víctimas, incluyendo la atención psicosocial.

Un impacto cultural del conflicto armado está relacionado con las pérdidas del territorio y el desplazamiento, así como la imposición de prácticas asociadas a la militarización. La pérdida de confianza en los otros forma parte de los impactos en las creencias básicas, el sentido de seguridad y de que el mundo y la vida tienen un propósito compartido. Muchas mujeres afrontan los impactos de la violencia centrándose en las prácticas religiosas promoviendo un sentido de protección y de delegación, o expresión de confianza, en que habrá una justicia divina dado que el derecho a la justicia en el Estado social de derecho consagrado en la Constitución Política no ha llegado a sus vidas, manteniéndose la mayor parte de los casos en total impunidad. Este descreimiento y pérdida de confianza en las instituciones es una muestra la responsabilidad del Estado, así como que la fractura con las víctimas que debe ser considerada en las políticas de reconocimiento y reparación.

Después de haber sufrido graves violaciones de derechos humanos, numerosas formas de nueva victimización fueron relatadas por las mujeres a la Comisión. Esta situación de riesgo permanente, de sufrir de nuevo violaciones por no atender al mandato del terror o por seguir llevando adelante su liderazgo, ha llevado a sufrir nuevas violencias. La capacidad de las mujeres víctimas para intentar desde su cotidianeidad restaurar la “vida buena” queda rota cuando son revictimizadas tanto por los actores armados, como por las instituciones del Estado al no garantizarles acompañamiento psicosocial y protección.

El impacto cultural ha sido especialmente relevante entre las mujeres afrodescendientes e indígenas. Ser negra o indígena, ser pobre y mujer, han sido 53

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condiciones que han llevado a sufrir una mayor victimización. Las violencias son transversales a las condiciones de marginación y pobreza de diferentes grupos étnicos. Por otra parte, los impactos culturales como la pérdida de la relación con la naturaleza y el territorio o los ríos, o la conversión de lugares de respeto y vida comunitaria en cementerios o espacios del horror, han tenido un enorme impacto en las mujeres de dichas comunidades. Las relaciones con los ancestros, el territorio, la sabiduría tradicional y las autoridades propias se ha visto afectada por la violencia y ha supuesto un impacto añadido en las mujeres, sus procesos de duelo y la confianza en los demás.

El continuum de las violencias Las mujeres sitúan la violencia que trastorna sus vidas en un continuum de violencias en la historia de Colombia, que ha comportado toda suerte de violaciones y atentados contra su dignidad y sobre sus cuerpos. Ellas descubren este continuum de violencias no solo en sus propias trayectorias de vida, sino en la misma historia del país.

La Comisión ha constatado que numerosas mujeres que dieron testimonio como víctimas en el escenario de la guerra, habían estado expuestas a todo tipo de violencias en el lugar debería ser seguro para ellas, sus propios hogares, por parte de hombres que formaban parte del entramado familiar. Un 26,1 por ciento (n = 243) de las mujeres declara haber sufrido violencia en sus hogares siendo aun niñas. Una de cada siete mujeres había sufrido también violencia sexual y otras violencias, en el ámbito familiar durante algún periodo de su vida. Se confirma así la existencia de un continuum de violencias que recorre las biografías femeninas, los espacios de vida y de relación de las mujeres en el patriarcado. Los actores armados refrendan y perpetúan la misoginia y la violencia contra las mujeres propias de la cultura patriarcal. En el conflicto armado las violencias contra las mujeres han cobrado el carácter de estrategia que busca aterrorizar a las poblaciones, destruir el tejido social y arrasar los espacios de vida para reducir al enemigo o contradictor. La lucha contra la violencia contra las mujeres debe llevar a logros que erradiquen el fondo de esta práctica que continua en contextos post-conflicto aunque se logren acuerdos de paz.

La discriminación es uno de los fundamentos básicos de las violencias contra las mujeres. Estas adquieren formas precisas en los vínculos familiares, laborales, académicos, sociales y políticos. Excluir la voz de las mujeres, su opinión, no considerar sus necesidades singulares, ejercer poder sobre ellas mediante la imposición de la propia voluntad haciendo caso omiso de sus requerimientos particulares, son situaciones que habitualmente viven niñas y mujeres en el contexto 54

¿Preparados para el post-conflicto?

de las relaciones familiares y sociales. Además de las descritas, existen formas extremas de imponer el poder, y estas se exacerban en el contexto del conflicto armado.

Al vulnerar el cuerpo se viola la dignidad de las mujeres. Cualquier agresión y afectación al cuerpo y vida de las mujeres, es una afrenta a la dignidad, y en consecuencia, a la capacidad de optar de las mujeres al decidir sobre su cuerpo y sus proyectos de vida. Las violencias contra las mujeres atentan contra la autonomía y el empoderamiento femenino como derechos y prácticas de libertad y de participación.

El Informe Final destaca cómo el continuum de las violencias también recorre las instituciones del Estado cuando se banalizan las reivindicaciones históricas de las mujeres, al no considerarlas como actoras políticas en la construcción de la paz, cuando no se las protege y repara de las agresiones sufridas, dejando en la impunidad los crímenes que los actores armados legales o ilegales han cometido contra ellas.

La violencia sexual en el conflicto armado Los testimonios de mujeres recogidos por esta Comisión refieren numerosos hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Narran esta experiencia como una arbitrariedad y un ejercicio brutal de poder por parte de los perpetradores, hombres, que causa un gran dolor y aterroriza a las mujeres.

De los testimonios se desprende que la violencia sexual ha sido una práctica frecuente, y que ha sido parte, aún con diferentes modus operandi, de la coacción sistemática por parte de los actores armados utilizándose como arma de guerra.

En el Informe Final se señala que la militarización con el fin de controlar el territorio y la población que habita en este es un contexto favorecedor de la violencia sexual contra las mujeres. La relación que se establece entre hombres armados y mujeres civiles incorpora la violencia sin solución de continuidad, convirtiendo la relación entre los sexos en una imposición de condiciones y poder que puede convertirse, en ausencia de garantías para las mujeres, en una relación de victimario a víctima.

En el conflicto armado colombiano todos los actores armados que actúan ejerciendo control sobre las poblaciones que habitan el territorio, han perpetrado violencia sexual contra las mujeres. Una de cada ocho mujeres entrevistadas denunció violencia sexual. En particular la violación y la amenaza de violación, han tenido como objetivo el sometimiento, la expulsión o la eliminación de mujeres en las zonas que pretendían dominar o mantener bajo control.

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Juan Carlos Amador

La tortura y violencia sexual Una de cada ocho mujeres entrevistadas reportó haber sufrido violencia sexual (13,2 por ciento n=123), con una media de entre dos y tres formas de esta violencia por cada mujer que las denunció (M=2,33; s.d.=1,75). La tortura sexual fue más frecuente en los testimonios de mujeres afrodescendientes y mestizas, así como de las regiones de Antioquia, Bogotá, Chocó y Valle del Cauca.

Casi seis de cada diez mujeres que denunciaron violencia sexual sufrieron violación sexual (56,10 por ciento; n=69). También manoseos en el cuerpo (26,83 por ciento; n=33), la amenaza de violación sexual (25,20 por ciento; n=31), agresión o burla con contenido sexual (24,39 por ciento; n=30) y el control afectivo familiar (21,14 por ciento; n=26), seducción o insinuaciones a mujeres como ataques sexuales a personas menores de edad (15,45 por ciento; n=19).

Por otra parte, se refirieron formas de tortura sexual contra las mujeres como el desnudo forzado (14,63 por ciento; n=18), los golpes en senos y/o genitales (8,94 por ciento; n=11), las marcas como símbolos de dominio en el cuerpo de las mujeres (8,13 por ciento; n=10) e impedimentos para usar determinadas ropas (3,25 por ciento; n=4) como parte del control sobre las mujeres, o la obligación a presenciar violencia sexual (7,32 por ciento; n=9).

También esclavitud sexual (5,69 por ciento; n=7), embarazo forzado (4,07 por ciento; n=5), tortura durante el embarazo (2,44 por ciento; n=3), aborto forzado (2,44 por ciento; n=3), y algunos casos de esclavitud sexual, prostitución forzada, mutilación sexual o trata de personas para explotación sexual.

Fuente: Informe final Ruta Pacífica de las Mujeres.

La escucha de los testimonios permite afirmar que las agresiones sexuales son expresión del continuum de las violencias, por una parte, en cuanto a la relación entre los sexos y, por otra, como modus operandi de los actores armados que apunta a las mujeres en su calidad de objetivos militares.

Los patrones de violencia sexual más frecuentes fueron la violación sexual, la amenaza de violación sexual y las agresiones corporales, así como la seducción forzada o la insinuación sexual, particularmente a mujeres menores de edad. Cabe destacar la extrema gravedad de algunos casos que incluyen atrocidades que muestran el desprecio por la dignidad humana y el nivel de terror ejemplificante asociado a la violencia sexual por parte de algunos actores armados, especialmente los grupos paramilitares.

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¿Preparados para el post-conflicto?

La fuerza de las mujeres enfrentando la violencia El afrontamiento a través de la solidaridad y el apoyo mutuo ha puesto de relieve el protagonismo de las mujeres víctimas del conflicto armado en los ámbitos familiar, comunitario y social. En estos procesos se han construido liderazgos femeninos muy valiosos, en especial entre mujeres en situación de desplazamiento forzado. A su vez, la experiencia acumulada en el trabajo comunitario ha dado lugar a importantes cambios de roles de las mujeres implicadas en él.

Seis de cada diez mujeres optaron por centrarse en su familia para proteger su vida y la de los suyos, pero también transformando sus roles al interior de sus familias, siendo su principal sostenimiento económico y afectivo. Este afrontamiento muestra los esfuerzos de las mujeres por apoyar a los suyos y el fuerte sentir de deber colectivo, unido a la necesidad de afrontar cambios dramáticos en su vida, como la pérdida de seres queridos y el desplazamiento.

Pero que también la mayor parte de las mujeres entrevistadas transformó su propio rol e identidad, como una forma de afrontar las consecuencias de la violencia.

La capacidad de las mujeres de afrontar, y superar las adversidades e inenarrables sufrimientos producidos por los actores de esta guerra, se ha revelado como sorprendente a través de los testimonios dados a la Comisión. Las mujeres muestran una actitud activa en defensa de la vida y de manejo del dolor y sufrimiento. Dicha actitud no se queda en la resistencia a la destrucción y en la capacidad de protegerse y cuidar a sus familias, sino que se manifiesta en la fuerza para rehacerse, para empezar de nuevo, después de tantas pérdidas sufridas.

Las mujeres víctimas del conflicto armado, se revelan a través de los testimonios como mujeres fuertes, creativas y recursivas. Frente a la inercia y desprotección del Estado, ellas han afrontado, con los escasos recursos disponibles, estrategias de seguridad y cuidado. Un tercio de las mujeres entrevistadas decidió no hablar sobre lo que había pasado como una forma de protección, debido al contexto de peligro y hostilidad de los perpetradores. En la mayoría de los casos, han tenido que tomar la difícil decisión de esconderse, huir, invisibilizarse, ocultar su identidad. Han logrado así salvar sus propias vidas y las de sus familiares. Han conseguido proteger asimismo organizaciones creadas para la defensa de las comunidades y de los derechos humanos.

A través de los testimonios se percibe cómo, en este proceso, se han sacrificado cosas muy valiosas en función de la seguridad. Por ejemplo, la confianza mutua y los lazos de convivencia tejidos durante largos años de construcción colectiva de proyectos de vida. El conflicto armado ha herido de muerte relaciones y afectos, y ha sembrado la semilla de la desconfianza entre personas vecinas y comunidades humanas asentadas en territorios asolados por los actores 57

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armados, tanto legales como ilegales. El miedo se ha instalado no solo en lo más profundo de cada persona afectada por este conflicto, sino en las relaciones con las demás.

Los contextos en que las mujeres han tratado de rehacer sus vidas han sido en la mayor parte de las ocasiones hostiles. En un contexto de respuestas fragmentadas centradas en la ayuda humanitaria por parte del Estado, para las mujeres, la ayuda más importante y lo que cuenta sobre todo, es la fuerza que proviene de los lazos familiares y comunitarios que han tratado de fortalecer como parte de la reconstrucción de sus vidas.

La mayoría de las mujeres denunció los hechos, ante diferentes instancias, especialmente ante las instancias de control del Estado o la sociedad civil, pero muy escasamente ante las fuerzas de seguridad del Estado o militares lo que muestra su escasa confianza y en otros casos la participación de dichas fuerzas en las violaciones sufridas. Sin embargo, solo una de cada seis denuncias presentadas por las violaciones sufridas estaban siendo investigadas según las mujeres entrevistadas, aunque, en la práctica, la totalidad de los casos, estas investigaciones no habían sido efectivas, ni habían llevado a procesos judiciales con sentencias condenatorias.

En general, los afrontamientos religiosos vividos por las mujeres remiten a situaciones de ausencia de poder, desprotección, y un sentimiento generalizado de falta de sentido y de futuro. Casi cuatro de cada diez mujeres refirieron haber realizado un afrontamiento de tipo religioso. Pero también expresan experiencias que generan sólidas formas de resistencia y reconstruyen la capacidad de las mujeres para enfrentar situaciones de pérdida. En general, el afrontamiento religioso actúa como un poderoso mecanismo para la superación inmediata de los impactos de la guerra, proporcionando consuelo, protección y seguridad.

Las mujeres deben ser reconocidas en todos los niveles como protagonistas de una nueva historia en sus territorios. La esperanza de las mujeres se enmarca en el anhelo de seguir tejiendo la vida. Su capacidad de sobrevivir se manifiesta en expresiones como esta: “Como que no podía, pero sacaba la fuerza para salir adelante”.

Cuando las mujeres víctimas confrontaron a los actores armados, ejercieron y exigieron, de cierta manera, el derecho a la paz y se auto-legitimaron como sujetas de derechos para construir condiciones de reconciliación y paz. Esta confrontación noviolenta desubica y quiebra las estructuras de poder impuestas por los actores armados.

El heroísmo femenino frente a los grupos armados se puso de manifiesto cuando algunas mujeres, en medio de la confrontación armada, se interpusieron para salvar a sus hijas e hijos o exigieron directamente el rescate de los mismos.

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¿Preparados para el post-conflicto?

La confrontación directa con los perpetradores produjo alivio y ayudó a salvar a seres queridos. Esta es una demostración de la valentía de las mujeres para actuar en el riesgo, por lo general con la palabra, aunque con ello expusieran su vida.

En el Informe Final se destaca y se hace conciencia sobre las distintas formas de afrontamiento de las mujeres y de cómo se han valido para tratar de recomponer sus vidas y para resistir la confrontación armada. Resalta las formas en que las mujeres han afrontado las violencias y sus impactos acompañados a veces por organizaciones sociales o por otras mujeres lideresas.

Enfrentando la violencia Apoyo en organización de mujeres

Cambio de rol y sostenimiento familiar

• Hace parte de organización de mujeres.

• Transformación rol dentro de la familia.

• Acudió a organizaciones de mujeres.

• Sostenimiento económico y afectivo de la familia.

• Apoyo mutuo y

Protección y búsqueda de sentido

Organización, denuncia y apoyo psicosocial

• No hablar.

• Hizo denuncia.

• Afrontamiento religioso.

• Buscar apoyo psicosocial.

• Centrarse en su familia.

• Organizarse para defender sus derechos.

• Darle un sentido.

solidaridad.

40%

66%

78,2%

70,6%

Fuente: Informe final Ruta Pacífica de las Mujeres.

Los procesos organizativos de las mujeres como forma de afrontamiento En muchos de los testimonios, las mujeres víctimas narran cómo después de ser violentadas o violadas por los actores armados y por la desatención estatal, ellas en su afán por no dejarse abatir por la guerra, llegan a procesos organizativos de mujeres, organizaciones de víctimas o derechos humanos. Más de una de cada tres mujeres se organizaron para defender sus derechos o hacen parte de alguna organización de mujeres. Algunas ya antes habían sido parte de procesos organizativos en sus comunidades, otras parte del movimiento de la Unión Patriótica (partido político colombiano de izquierda fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros). Encontraron en otras mujeres el ejemplo y la invitación a trabajar en grupo, para pensar en los derechos que tienen como mujeres y como víctimas. Es así como por la sororidad (solidaridad entre mujeres) muchas víctimas se convierten en lideresas y defensoras de derechos humanos, y entretejen sus vidas para valorarse y reconocerse como sujetas de derecho, para exigir atención estatal y contribuir a construir caminos que conduzcan a la paz.

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Los vínculos solidarios que se establecen entre mujeres víctimas del conflicto armado, en su mayoría en situación de desplazamiento, parecen estar fortaleciendo la construcción de una identidad de mujeres, en la medida que ellas se reconocen en sus experiencias de desarraigo, pérdidas y violencias padecidas, pero sobre todo en sus luchas presentes por una mejor calidad de vida en nuevos y adversos contextos. Estos espacios donde las mujeres víctimas se encuentran, dialogan y establecen acuerdos, son una fuente muy importante de empoderamiento.

En la organización como un espacio de empoderamiento y exigibilidad, las víctimas forjan y proyectan escenarios en los que aprenden a reivindicar sus derechos. Otras llegan a estos espacios organizativos con el afán de sanar los dolores que les han causado los distintos actores armados y para buscar apoyo para afrontar las consecuencias de la violencia en sus propias vidas o las de sus hijos e hijas. Un tercio de las mujeres entrevistadas buscó apoyo de tipo psicosocial y acudió a organizaciones de mujeres o de derechos humanos para solicitar ayuda. Además, una cuarta parte trató de afrontar los hechos encontrando un sentido a lo ocurrido, a través de mecanismos como el análisis de la realidad o la conciencia política de lo sucedido. La organización es un espacio de protección desde las mujeres, desde la conciencia y la identidad del “nosotras”.

Como mujeres en general, y como víctimas en particular, logran unirse para construir acciones en barrios, comunidades indígenas o afrodescendientes, grupos de estudio, organizaciones sociales femeninas o mixtas, para apoyar en la alimentación y protección de sus hijos e hijas, promover su propio cuidado personal y colectivo, y para evitar ser de nuevo violentadas. La búsqueda de protección, apoyo y orientación forman parte del sentido de estas organizaciones. Intentan de diversas maneras, retejer o remendar los proyectos de vida que la guerra les rompió. Proyectos que, por pequeños que fueran, estaban por fuera de sentirse amenazadas o ultrajadas hasta en su propio hogar o comunidad.

En los procesos de organización y de empoderamiento, las víctimas, a través de la palabra femenina con sus historias y con otras mujeres, hacen conciencia de las múltiples y continuas discriminaciones y violencias que han sufrido no solo en el conflicto armado sino en la vida familiar. Las mujeres sienten que la organización es la posibilidad de construir o reconstruir memoria individual y colectiva para comprender por qué el conflicto armado las ha afectado y cómo pueden ser constructoras de paz. Lo organizativo se vuelve un lugar de comprensión mínima donde se entablan nuevas relaciones con otras mujeres, y muchas se atreven a denunciar su caso.

Muchas mujeres se han convertido en estos procesos en lideresas mostrando su implicación y compromiso solidario con la reconstrucción de la vida colectiva. También por ello algunas de ellas han sufrido amenazas que han tratado 60

¿Preparados para el post-conflicto?

de paralizar sus acciones de denuncia o su trabajo de retejer un tejido social que quiere ser nuevamente controlado por actores armados en los lugares de desplazamiento donde las mujeres tratan de rehacer sus vidas.

Las mujeres están transformando sus vidas y las de sus comunidades a través de la participación en espacios que les permitan plantear alternativas de carácter productivo o empresarial como estrategia de reconocimiento de que otro país es posible desde el trabajo y no desde la mendicidad o la ayuda humanitaria concebida como donaciones o subsidios, sin un planteamiento integral orientado al apoyo en sus necesidades y el respeto a sus derechos.

El compromiso de reparar lo irreparable Las mujeres señalaron la conciencia de lo irreparable del impacto de la violencia en sus vidas, como el primer paso para acercarse a las víctimas cuando se habla de reparación. También le dijeron a esta Comisión de la Verdad, que la reparación es un derecho de las víctimas y un deber estatal, es uno de los caminos para garantizar el derecho a la paz en general, y los derechos de las mujeres en particular. Así lo consideran cuando afirman que no hay nada que les devuelva la dignidad pisoteada, y conciben la reparación como un ejercicio de reconocimiento y de condiciones sociales para “empezar de nuevo” en muchos casos.

El sentido de una compensación económica suficiente que les ayude a salir del impacto de la violencia sufrida, y alternativa social para hacerle frente al dolor y la impunidad. Antes que nada las mujeres víctimas, con sus familias y comunidades, refieren la necesidad de atención en salud y atención psicosocial para mitigar las heridas que el conflicto armado les ha dejado. La minimización de la reparación como “un cheque”, es criticada por las mujeres con expresiones como que “la plata no nos devuelve lo que la guerra nos quitó”.

Casi seis de cada diez mujeres mencionaron la necesidad de compensaciones de tipo económico. Con frecuencia demandaron medidas educativas para ellas y especialmente para sus hijos e hijas, y medidas de salud y atención psicosocial. Cinco de cada diez refieren la importancia del apoyo laboral para las mujeres. Es decir estas medidas tienen que ver sobre todo con la reconstrucción de sus proyectos y condiciones de vida, así como a la atención a impactos producidos por las violaciones. Las compensaciones económicas, muchas veces totalmente escasas o absolutamente insuficiente, no pueden ser el sustituto de este conjunto de medidas de reparación.

Las mujeres saben que los actores armados nunca podrán resarcir el daño que les hicieron. Sin embargo, la totalidad de las mujeres que tienen familiares desaparecidos, exige la investigación del paradero o destino de las víctimas desaparecidas o ejecutadas. Más de una de cada cuatro víctimas hizo referencia a medidas de reconocimiento de la responsabilidad como una forma de restitución de la 61

Juan Carlos Amador

memoria de las víctimas, y una de cada seis víctimas hizo referencia a la necesidad de peticiones de perdón por parte de los responsables de la violencia.

A pesar de la fuerte demanda de justicia en un contexto de impunidad, las mujeres tienen una dimensión diferente de la justicia punible, son más amplias que la mera legalidad, porque antes que exigir que los victimarios vayan a la cárcel, piden ante todo la verdad y la reparación como opciones de ganar autonomía física, emocional y económica para salir de la pobreza, como la vía a la libertad y tranquilidad de no ser nunca más vulneradas. En otras palabras, proponen transformar las reparaciones económicas y escasas, basadas en un enfoque paternalista que casi nunca contempla a las mujeres como actoras de desarrollo y paz, para emprender procesos productivos y de crecimiento personal o familiar de largo alcance, y no de mera subsistencia o simple rebusque para el diario vivir.

Otro conjunto de medidas señaladas por las mujeres hacen referencia a las condiciones políticas para la reparación. Así por ejemplo más de la mitad señala como condición imprescindible la desmilitarización del conflicto. Casi cinco de cada diez exigen medidas dirigidas a investigar y conocer la verdad de lo ocurrido, así como medidas de justicia para establecer la responsabilidad de los hechos. En una medida similar las mujeres reclaman la necesidad de cambios en el Estado. Las mujeres señalan la relevancia no solo de terminar con la violencia y hacer justicia a las víctimas, sino también en la necesidad de superar la enorme iniquidad existente y que las priva de las posibilidades de mejorar su vida.

Las mujeres víctimas sienten que el conflicto armado les ha arrebatado su dignidad. Por ello se proponen reconstruir sus proyectos de vida y recuperar su ser personal, familiar y comunitario, pero en muchas ocasiones las condiciones no se los permiten. Los programas asistencialistas implementados por el Estado las mantienen en una situación de mayor vulnerabilidad, puesto que no les garantizan una adecuada continuidad, sino que las mantienen en una inestabilidad y dependencia que no contribuye a la construcción de autonomía. La reparación debe conllevar una energía de transformación de sus vidas y no solo medidas aisladas o fragmentadas consideradas como un donativo y no como una manera de retomar el control de su vida en sus manos.

Las mujeres víctimas entrevistadas por esta Comisión, aspiran a que el Estado con sus instituciones gubernamentales las proteja y les permita recuperar sus procesos identitarios y organizativos en los que participaban cuando fueron atacadas y desplazadas por los actores armados. En este sentido, mantienen la esperanza de retornar a sus lugares de origen pero con la garantía de poder reforzar su relación y visión de territorio más allá de querer un pedazo de tierra para sobrevivir. Conciben la reparación como la oportunidad para 62

¿Preparados para el post-conflicto?

hacer o rehacer proyectos de sostenibilidad económica y cultural. Las medidas de rehabilitación legal respecto la titularidad de las tierras o documentación y arreglo de la situación legal, fueron citadas por una cuarta parte de la población, así como la devolución de los bienes sustraídos y la devolución de las tierras apropiadas.

Nada repara las consecuencias de la guerra, pero las mujeres quieren contribuir a la resignificación de sus casos colectivos o individuales frente a un nuevo proyecto de vida. Exigen que el Estado les satisfaga los estándares mínimos de los derechos sociales, el derecho a la vivienda como el territorio de sus casas que fueron destruidas y los espacios de retejer sus relaciones afectivas y sentimiento de seguridad para ellas y sus hijos e hijas. Una reparación que les ofrezca oportunidades para crear proyectos desde las mujeres y las organizaciones.

La reparación desde la escucha es una forma de alivianar las dolencias de la guerra. El silencio de las mujeres ahora tiene una voz colectiva que se une a otras muchas voces de las mujeres y sus organizaciones amigas para los procesos de formación e incidencia que pueden generarse a partir del Informe Final y los esfuerzos crecientes de las víctimas y las mujeres de Colombia por participar en un proceso de paz y reconstrucción del tejido social que transforme sus vidas y el país.

Hablar de reparación significa también hablar de resistencia, de re-insistencia, de persistencia, de construcción de masa crítica para que, como un ave fénix de la mitología, en medio de la destrucción volver a levantar vuelo. Así como dice una de las mujeres documentadas: “... están volviendo a crecer mis alas... y esto me repara”. Así cada una debe volverse colectivo, volverse movimiento, volverse cuerpo político para la denuncia, para la reivindicación de derechos, para la exigibilidad, para alzar la voz y construir memoria. Una memoria de la verdad vivida por las mujeres.

Las mujeres víctimas entienden y piden que la no repetición signifique que el Estado les garantice protección para una vida digna, sin violencias físicas, emocionales, patrimoniales. Es decir, que la negociación del conflicto armado permita desmontar el sistema militar que asume la seguridad como el aumento de la militarización y de presupuesto para la confrontación armada. Dados los problemas de seguridad y amenazas que siguen viviendo en diferentes regiones del país, más de cuatro de cada diez mujeres demandan medidas para proteger a las víctimas, y medidas de protección contra la violencia, así como una de cada tres refiere la necesidad de cambios legales e institucionales para la transformación del Estado.

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Juan Carlos Amador

Medidas de reparación Cambios en el Estado y medidas legales

Verdad, justicia y protección

Medidas distributivas y desmilitarización

Devolución de tierras y bienes

Lugares de memoria

Cambios en el Estado

Investigar paradero víctimas

Compensación económica

Devolver la tierra

Formas de memoria colectiva

Cambios legales

Conocimiento verdad

Medidas educati- Devolver los vas para ella o bienes sus hijos

Perdón público

Medidas rehabilitación legal

Medidas de Apoyo laboral prevención de la violencia

Memoria y perdón

30,3%

51,6%

Protección a víctimas

Desmilitarización

Juzgar a los responsables

Salud y atención psicosocial

68,5%

86,2%

32,2%

Fuente: Informe final Ruta Pacífica de las Mujeres.

Las mujeres demandan la desmilitarización del territorio puesto que ha sido la presencia y la actuación impune de actores armados la que ha trastocado sus vidas, expulsándolas del territorio, desposeyéndolas de sus bienes y controlando y torturando sus cuerpos. Una vida libre del acoso de grupos armados es una aspiración prioritaria para reconstruir la vida, la actividad económica y el tejido de relaciones afectivas y sociales que la sostienen.

La responsabilidad del Estado El Estado debe asumir responsabilidad frente a las víctimas no como un favor, sino como una obligación y una forma de reconocer los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Un Estado que debe proteger y ser garante de los derechos de las mujeres, si se convierte en violador de esos derechos, comete un doble delito. El Estado debe reconocer que también es victimario y que es responsable tanto por acción como por omisión de muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres.

Las mujeres víctimas del conflicto armado no confían en la justicia colombiana, porque esta ni les cree, ni les garantiza protección y seguridad. Sienten que el aparato judicial está más al servicio de los violentos, pues cuando una mujer víctima decide poner su caso en manos de la justicia, superando el miedo y la situación de inseguridad, frecuentemente es después perseguida sin que haya medidas efectivas de protección frente a quienes la amenazan, que son quienes se ven señalados en su denuncia o pueden verse afectados por ella.

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¿Preparados para el post-conflicto?

La verdad sobre lo que ha significado la guerra para las mujeres, no parece ser de interés para las instituciones obligadas a garantizar justicia. Para la reconstrucción de la historia, de la memoria y del tejido social es indispensable que las voces de las mujeres víctimas se escuchen y sean creídas. “Se pasan horas escuchando a los victimarios y nosotras dónde estamos”, es una pregunta continua de las mujeres. Sienten que son mejor atendidos y acompañados los victimarios que las víctimas, y reclaman una respuesta a sus demandas y que sus voces sean tenidas en cuenta. Las mujeres víctimas no son solo portadoras de dolor, también tienen ideas de cómo reconstruir sus vidas que deben ser la base de la reparación.

Las mujeres víctimas del conflicto armado hacen un llamado al Estado y a la sociedad en su conjunto frente a la indiferencia, la inoperancia de la justicia y la impunidad ante sucesos como los denunciados en este Informe Final.

El Estado es responsable de la reparación de las afectaciones psicosociales que ha causado el conflicto armado a las mujeres. Responsabilidad que debe reflejarse en vencer la indiferencia social hacia las mujeres víctimas y darles acceso a servicios de atención y acompañamiento psicosocial que se basen en un enfoque de derechos humanos, se den con la necesaria continuidad, se base en estructuras y profesionales de confianza y que se oriente a la reconstrucción de sus lazos, afrontar el sufrimiento y fortalecerse como mujer en relación con otras, potenciando las experiencias de resistencia.

El compromiso del Estado de asumir sus responsabilidades se debe reflejar en el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, así como de las leyes nacionales para erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres, como deber indeclinable para la garantizar el derecho a la paz y a un país sin violencias.

La metodología y las voces de las mujeres El proyecto de Comisión de Verdad, que ha dado lugar a este Informe Final, es una apuesta metodológica para visibilizar las violencias y hacer audibles las voces de las mujeres silenciadas por muchos años en el conflicto armado.

Al hablar de sus historias de infamia, las mujeres están tratando de entender y dar sentido a lo que pasó y porqué pasó; buscan asimismo el porqué del ensañamiento de los actores armados contra ellas.

Las mujeres víctimas también interrogan al modelo de Estado que permite las violencias contra las mujeres, que ha excluido a las mujeres de los espacios de toma de decisiones, y que ha legitimado el androcentrismo en las políticas públicas.

La riqueza de esta Comisión de Verdad es que tuvo la confianza de mujeres que han padecido en carne propia un sinnúmero de violencias en el marco del 65

Juan Carlos Amador

conflicto armado. Las voces de mujeres víctimas son una radiografía del horror del conflicto armado. Voces y radiografía que claman por la visibilización de las afectaciones de la guerra. Y por el urgente reconocimiento y acompañamiento psicosocial que debe brindar el Estado a las víctimas, para enfrentar el dolor y el miedo y contribuir a la reparación integral tanto en medio del conflicto armado, como en el buscado post-conflicto. Esta política de atención y reconocimiento debe ser una prioridad y de largo aliento, en un país con víctimas masivas. Una dimensión que no cabe en los números que la describen.

La Comisión de la Verdad fue una apuesta por los diálogos de saberes como esperanza para hacer de la palabra el dispositivo por excelencia de la inventiva humana. Se puso en alto la palabra de las mujeres, a partir de la confianza que tejió la entrevistada con la entrevistadora, y las organizaciones de mujeres con las víctimas y la Ruta Pacífica.

La metodología de investigación permitió el acercamiento con las mujeres víctimas del conflicto armado de una forma ética, sin provocar formas de nueva victimización de sus violencias, gracias al apoyo emocional ofrecido, el ajuste de las expectativas, y al pertinente manejo de la información obtenida en cada testimonio. Dar su testimonio fue un ofrecimiento para las mujeres que tuvo sentido para ellas. La definición del guión y las características de la entrevista constituyeron el centro del proceso y fueron elementos clave para establecer confianza y acogida a las mujeres que participaron en el proyecto. Además, en muchas ocasiones se logró profundizar en las motivaciones y expectativas de las mujeres para tener en cuenta su situación y necesidades, lo que permitió tener una mejor claridad sobre las posibilidades y límites del proyecto.

El equipo de trabajo logró evidenciar una articulación entre lo profesional y lo humano. El compromiso de cada una logró hacer significativos aportes en términos logísticos, investigativos y de aprendizaje.

La relación de la Ruta de Pacífica de las Mujeres con otras organizaciones, sobre todo de mujeres, fue un elemento facilitador del proyecto y a su vez es un desafío de cara a tener una mayor incidencia y trabajo colectivo en el país.

Se hizo una investigación que además de cumplir con ciertos criterios metodológicos, ha tenido un profundo rigor ético, político desde una postura feminista, que permitió generar estrategias de investigación y acompañamiento psicosocial, a pesar de los escasos recursos para tan ingente tarea.

La metodología adoptada permitió que se les creyera a las mujeres víctimas porque la memoria colectiva permite romper con el estigma y la duda sobre cada una de ellas. Confirma la construcción de memoria desde la base, desde sus vivencias y no desde análisis teóricos o distantes de su experiencia. Ha sido parte de un proceso de ponerse cerca del lugar de las víctimas y entender 66

¿Preparados para el post-conflicto?

profundamente sus miedos y admirar sus fortalezas para superar el horror de la guerra. Esta experiencia constituye una contribución a romper el silencio con una perspectiva de dignificación y reparación integral y un aporte para el fortalecimiento de redes de apoyo mutuo.

La voz de las mujeres víctimas debe ser escuchada en el país. Debe ser tenida en cuenta por la sociedad, una buena parte de la cual ha vivido al margen de esta problemática y ha estado condicionada por el miedo o la representación de una realidad que no ha permitido dar sentido a esta experiencia masiva, de la que el Informe da una pequeña cuenta. Las violaciones de derechos humanos cometidas y la dignidad de las mujeres deben ser reconocidas por el Estado.

Esta memoria también supone también una sanción moral a los perpetradores que han causado tanto dolor y destrucción, y una exigencia de compromiso en la prevención. La paz no es a estas alturas del conflicto armado un deseo bien intencionado e ingenuo, sino una exigencia social, moral y política. Una propuesta también de las mujeres, de la que este proceso y este informe dan cuenta, y forman parte.

Recomendaciones En estas páginas se sintetizan las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres colombianas. Forman parte de la reflexión compartida de la Ruta con los testimonios de las víctimas y otras organizaciones y sectores cercanos. Recogen algunas propuestas para la transformación del conflicto armado colombiano que surgen de este trabajo, y que quieren alimentar el debate y la acción política a favor de la verdad, la justicia, la reparación y la paz.

La Verdad para Colombia • Colombia requiere una Comisión de la Verdad que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido y a poner las bases de un proceso de transformación del conflicto incluyendo la perspectiva de las víctimas, como instrumento de reconstrucción del tejido social que ayude a generar una memoria colectiva incluyente, que debe recoger la voz y la participación de las mujeres.

Esta Comisión debe ser realizada como un proceso desde la base, desde las narraciones de las víctimas, y contribuir a la reconstrucción comunitaria y con un profundo respeto a su dignidad. Esta Comisión de la Verdad y Memoria de Mujeres Víctimas llevada a cabo por mujeres con el liderazgo de la Ruta Pacífica es un aporte a este propósito, y debe ser tenida en cuenta para las iniciativas que se construyan en el país como parte de un verdadero proceso de paz.

• Una Comisión de la Verdad debe contemplar en su composición la participación de mujeres de manera paritaria, que deben de tener conocimiento 67

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de la situación de las mujeres como consecuencia del conflicto armado y destrezas para acoger y propiciar la inclusión de las mujeres en el desarrollo de la misma.

• Una Comisión de la Verdad no es solamente un informe que describa lo sucedido o investigue sus causas en el país con independencia y legitimidad, sino que debe enfatizar la dimensión de proceso, estableciendo mecanismos eficaces de escucha y empatía, incorporando los testimonios de las mujeres víctimas y con acompañamiento psicosocial. Además, una Comisión también es un proceso social, por lo que esta verdad tiene que ser difundida y escuchada por otros sectores de la sociedad, mediante audiencias públicas y otros recursos que permitan no solo investigar los hechos sino difundir sus resultados.

• El derecho a la verdad es parte del sentido de justicia y reparación. Las víctimas necesitan que su experiencia sea reconocida y validada, que las víctimas sobrevivientes y las personas muertas y desaparecidas, así como las comunidades afectadas, sean reconocidas en su dignidad.

• Los enfoques sobre las víctimas deben poner énfasis en la situación de las mujeres que han cargado con el impacto del dolor y la reconstrucción de sus vidas, sus familias y comunidades en contextos precarios y en medio de una enorme sobrecarga afectiva y social. Se deben reconocer las graves discriminaciones en todos los ámbitos, las vulnerabilidades e injusticias promovidas por el mismo Estado que se expresan en la marginación, la violencia, la negación y la exclusión social que han padecido a lo largo de sus vidas y en el conflicto armado.

• Una Comisión de la Verdad oficial debe tener espacios propicios y condiciones adecuadas para que las mujeres cuenten sus historias y las violaciones de derechos humanos sufridas, en un contexto de confianza y teniendo en cuenta la confidencialidad cuando sea necesario. Especialmente la formación de las personas que entrevistan o investigan sobre los casos debe incluir herramientas de investigación propicias y ser sensibles respecto hechos frecuentemente estigmatizantes de los que las mujeres han sido objeto como la violencia sexual o el reclutamiento forzado.

Políticas de reparación • Las demandas de las mujeres deben ser acogidas para ajustar y complementar la Ley de Víctimas y Tierras que hoy se está aplicando en Colombia.

Para una adecuada reparación se debe crear una estructura institucional transitoria con toda la capacidad política y operativa para lograr la reparación integral, que debe tener el poder de coordinación de ministerios e instituciones de acuerdo al nivel de la catástrofe social vivida por el país 68

¿Preparados para el post-conflicto?

con la guerra, dada la dimensión del impacto individual y comunitario en grandes áreas del territorio, la mentalidad y la cultura. Esto trasciende la actual Unidad de Víctimas y Tierras.

• Las políticas de reparación que tienen que ver con la memoria y la verdad para la no repetición de la violencia, deben develar los imaginarios y representaciones que circulan alrededor de las mujeres en la confrontación armada, señalando las atrocidades, el dolor y las particulares formas de ensañamiento contra sus cuerpos, en tanto territorios reales y simbólicos en los cuales se ha llevado a cabo la guerra. Las políticas de memoria deben orientarse a transformar los enfoques de masculinidades militaristas que suponen una condición necesaria y una práctica de la violencia contra las mujeres en el país.

• El Estado y la institucionalidad pública y privada deben contribuir a la desestigmatización de la condición de las mujeres víctimas, con reconocimientos y políticas públicas que muestren no solo su respeto y empatía, sino reconociendo sus capacidades de afrontamiento, resistencia y la acción transformadora de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia para Colombia.

• Las medidas de reparación y reconocimiento deben poner énfasis en la situación de las mujeres víctimas. Entre las condiciones a superar están la exclusión y la discriminación histórica de las mujeres. Desde el enfoque de la interseccionalidad se debe tener en cuenta la triple discriminación de las mujeres, promoviendo cambios en las condiciones que faciliten una participación efectiva y que eviten la frecuente victimización de que son objeto las mujeres al no tener en cuenta las implicaciones subjetivas, familiares o sociales de muchos de estos procesos.

• Las políticas públicas sobre las víctimas deben considerar las experiencias organizativas y los liderazgos femeninos, tener en cuenta sus percepciones, conocimiento de la realidad y confianza de las mujeres como energía de transformación. Las mujeres tienen percepciones propias sobre la reparación, el derecho a la paz y a una seguridad ciudadana no militarizada que deben ser escuchadas por las instituciones. Estas políticas y programas que deben contar con las asignaciones presupuestales específicas orientadas a atender las necesidades económicas, sociales y culturales de las que las mujeres son portadoras y portavoces.

• Proporcionar a las mujeres ingresos para la sostenibilidad de sus proyectos productivos como parte de una política económica que les garantice una reparación integral. Se necesita que esos recursos no sean tramitados como una política de subsidios de programas como el de Familias en Acción y otros similares que han fomentado el clientelismo político y la 69

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pauperización de las economías propias. Ofrecer amplias posibilidades de fuentes de empleo digno o proyectos de generación de ingresos para las mujeres víctimas por parte del Estado y la empresa privada.

• Las mujeres deben de tener acceso a la restitución de la tierra en condiciones dignas y de seguridad, con un marco legal adecuado que ayuda a superar las dificultades de acceso a la propiedad o reconocimiento. Los programas de retorno o reactivación económica en el medio rural, deben proporcionar garantías para la producción agropecuaria que las inserte en el mercado productivo y a la vez se generen condiciones para la soberanía alimentaria. La restitución de las pérdidas debe ser independiente de la posibilidad de retornar, dado que muchas mujeres se hayan ya integradas en su nuevo medio y eso no puede ir en contra de su derecho la reparación.

• Las instituciones del Estado en sus diferentes niveles deben abrir espacios para reformar las políticas de desarrollo haciendo énfasis en las necesidades y liderazgos de las mujeres, promoviendo la participación de las mujeres víctimas en dicha reformulación.

• Muchas mujeres han tenido una contribución clave en la construcción de la paz y la superación de las fracturas producidas por la guerra, sin embargo estas acciones han tenido en general un escaso reconocimiento. Se necesita promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, social y económica, especialmente en la construcción de paz, dado que las mujeres y sus movimientos han mostrado ser un motor esencial para enfrentar las secuelas de la guerra y por tanto lo son para la consecución de una paz estable y duradera.

• Incrementar la divulgación de la Ley de víctimas y los decretos reglamentarios de la misma. Ley que en su aplicación debe tener la perspectiva de las necesidades y derechos de las mujeres y debe ser diferencial a su vez con las mujeres aplicando el principio de igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta las diferencias étnicas, los sistemas de consulta y auto-organización propios de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

• El Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y la no repetición de los hechos victimizantes, incluso después de que finalice el conflicto armado y en el contexto de la construcción de la paz. La existencia de mecanismos de participación de las mujeres en esa fase del proceso es muy importante para consolidar los logros de la paz, y para que no se privaticen las violencias contra las mujeres. Para ello el Estado debe aplicar a fondo la debida diligencia en cuanto a prevención, investigación, sanción y protección a las mujeres en todos los ámbitos de su vida 70

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• Garantizar la satisfacción de los derechos sociales como son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, las fuentes de empleo y el acceso a la tierra, de las mujeres. Las garantías legales y la igualdad de derechos deben hacerse efectiva. La puesta en marcha de políticas para la igualdad y la discriminación positiva de las mujeres deben contar con mecanismos institucionales que puedan evaluar estas políticas, observar la evolución de la violencia contra las mujeres y promover cambios legales o institucionales para su erradicación.

Atención a mujeres y rutas de atención • Fortalecer las rutas de acceso para las mujeres con el fin de erradicar las barreras que les impiden a ellas el consentimiento libre e informado para la reparación y restitución de tierras, tal como lo establece la Ley de víctimas.

• Garantizar que las y los servidores públicos tengan las condiciones para una adecuada atención a las mujeres víctimas en su acceso a sus derechos, lo que se hace a través de la capacitación y de medidas disciplinarias por el no cumplimiento de estándares calidad en la atención a las mujeres víctimas. Se debe brindar una atención con respeto y sensibilidad hacia las mujeres y dando cabal cumplimiento a sus derechos.

• Las mujeres demandan medidas de atención en salud accesibles y que tengan una perspectiva de reparación con acceso a servicios de calidad. Así mismo se deben promover programas nacionales de atención psicosocial de calidad y confianza, que no revictimicen a las mujeres ni afiancen actitudes sumisas o dependiente, sino que se constituyan en procesos que permitan hacer el tránsito de la “condición de víctima” a la “posición de sujeta” y garanticen que las mujeres sean actoras, protagonistas, en los procesos de reparación y restitución de derechos.

• Promover la creación de clínicas o centros especializados para la atención integral a las mujeres víctimas de violencias sexuales, que ofrezcan servicios desde la atención psicosocial y jurídica que les garanticen sus derechos sexuales y reproductivos con una política de cero barreras para estas situaciones.

• Este informe muestra cómo el afrontamiento de las víctimas ha resultado clave para las mujeres y la sobrevivencia colectiva. Las políticas de reparación deben ayudar a abrir espacios colectivos para las mujeres, y utilizar las experiencias positivas de apoyo mutuo que se han dado en el país para generalizar esas experiencias y favorecer el inter- cambio entre iguales, que tan importante es en el caso de las mujeres. Se necesita hacer un banco de estas experiencias y dotarlo de medios para el intercambio, la formación y la generalización de las mismas, teniendo en cuenta la voluntad de las mujeres y los contextos locales y culturales.

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• Se necesita que la violencia sexual sea reconocida como actos de tortura y se proporcione a sus víctimas un estatus de legitimidad y de respeto del que han carecido hasta la actualidad. Un reconocimiento público de esas violencias contribuiría a que las mujeres sientan reconocida esa violencia y legitimado un dolor que llevan dentro y por el que muchas veces son estigmatizadas o culpabilizadas.

Educación y difusión • Requerir al Ministerio de Educación Nacional para que promueva y diseñe una cátedra abierta en la que se analice, desde la diversidad de Colombia, cómo el conflicto armado ha impactado en cada región, en el cuerpo y la vida de las mujeres.

• Garantizar el derecho a la educación propia, donde no se normalicen las violencias contra las mujeres y se visibilicen los aportes de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

• Asegurar a las mujeres víctimas el acceso a la educación formal y no formal, que impulse el libre pensamiento desde una visión laica no dogmática, y que visibilice la situación y el valor como mujeres y la construcción de una identidad autónoma y propia con capacidad de decisión de las mujeres sobre sus roles y sus vidas.

• La educación es una demanda recurrente de las mujeres víctimas. Proporcionar los recursos públicos necesarios para que las hijas e hijos de las mujeres víctimas puedan tener becas que les permitan acceder a estudios normalizados, sin que las pérdidas o el sufrimiento padecido sean un obstáculo añadido para su acceso.

• Utilizar los medios radiales y televisivos para impulsar programas de sensibilización y de memoria sobre los impactos del conflicto armado, la guerra y las violencias en el cuerpo y la vida de las mujeres de todas las edades, clases sociales y grupos étnicos.

• Solicitar a la Comisión Nacional de Televisión que realice una serie de programas y documentales donde se reconstruyan las historias de mujeres víctimas del conflicto armado que las redignifiquen.

• Visibilizar los casos colectivos incluidos en este Informe Final para que el país conozca, desde las voces de las mujeres víctimas, lo que le ocurrió a las mujeres en esos hechos, y que son solo una muestra de lo ocurrido a lo largo y ancho del país. Cuidar en las políticas con las víctimas la necesaria consulta, la no exposición pública o utilización sin tener en cuenta sus criterios, abordando sus expectativas de una forma constructiva y siendo coherente con el comportamiento y la acción.

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Satisfacción, acceso a la justicia, protección y derecho a la paz • Los necesarios Acuerdos de Paz y su implementación deben abordar el sufrimiento de las mujeres víctimas, sus necesidades deben ser escuchadas y tenidas en cuenta desde un enfoque humanista que tenga a las mujeres y a las comunidades como parte del necesario cambio social para la superación del pasado y la transformación del presente.

• La justicia para las mujeres víctimas debe tener un enfoque reparador que se trabaje desde la transformación de los factores del contexto, las condiciones y los aspectos subjetivos que las oprimen. Debe pasar porque los perpetradores reconozcan sus crímenes y expresen su reconocimiento hacia las víctimas.

• Los procesos de memoria no deberían focalizarse solo en el horror vivido sino también en recordar, visibilizar y dignificar la capacidad y creatividad de las mujeres víctimas del conflicto para resistir, y los costos físicos y psicológicos que ha supuesto para ellas. Esto merece un reconocimiento especial y hace parte de la Verdad que debe ser contada al país y a las generaciones venideras.

• Las formas de memoria deben estar relacionadas con el sentir de las víctimas y activar su participación en esos procesos y no ser vistas como un elemento simbólico o estético construido desde fuera. La participación de las mujeres en la construcción de esas expresiones simbólicas es parte del sentido de la memoria como elemento de reconstrucción para las víctimas y la sociedad.

• Se deben hacer reformas institucionales del sistema de justicia, policía, fuerzas militares, reformas de propiedad de la tierra y hacia la erradicación de las grandes brechas de desigualdad que tiene el país. Esta desigualdad es mayor aún en el caso de las mujeres. El gobierno y las instituciones del Estado deben tener como un indicador de sus políticas económicas y de desarrollo el índice de desigualdad y de la posición de las mujeres en ella, como un elemento central y del que se debe proporcionar información pública periódica.

• Instar a las autoridades públicas y militares que reconozcan de forma oficial la responsabilidad estatal, tanto por acción como por omisión, de la violencia política en el país y ofrezcan disculpas públicas a las mujeres víctimas del conflicto.

• Garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres que ofrecieron su testimonio a esta Comisión de Verdad, siempre que ellas quieran llevar adelante dichos procesos. Las mujeres víctimas deben contar con atención, acompañamiento jurídico y la activación de acciones de litigio para el 73

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cabal acceso al derecho a la justicia por los hechos ocurridos y derivados del conflicto armado.

• Exigir que los programas de protección garanticen de manera real los derechos de las mujeres amenazadas que tengan en cuenta su situación personal y familiar. Además brindar un entorno protector a las mujeres víctimas del conflicto armado, que posibilite agenciar sus demandas y las de sus organizaciones con relación a la reparación integral.

• En los Acuerdos de Paz y la refrendación de estos acuerdos se debe contemplar los derechos de las mujeres de manera independiente, específica y con fuerza vinculante.

• El Estado debe garantizar que hacia el futuro los perpetradores privados o públicos no van a seguir actuando con impunidad.

• El Estado debe promover en los procesos de negociación con los actores armados no estatales y los mismos estatales, la rendición de cuentas y la verdad que pueden aportar, como un elemento central del proceso que contribuye a la reparación para las mujeres y las víctimas en general.

• Lograr el pacto de paz con las insurgencias y cumplir cabalmente los acuerdos como una garantía hacia la reconstrucción de la convivencia y crear las condiciones para la no repetición. Respaldar el proceso de negociación de paz que se desarrolla en la actualidad y alentar a que se pueda dar más globalmente para buscar una paz efectiva.

Desmilitarización de la vida y los territorios • Desmovilizar y desarmar a los diferentes grupos armados no estatales, incluidas las denominadas “bandas criminales”. Con políticas de sometimiento a la justicia y desactivando los mecanismos de los que se alimentan de orden económico (tráfico de armas o narcotráfico) y político como la impunidad.

• Las insurgencias en los procesos de negociación deben garantizar la dejación de las armas y una clara voluntad de reincorporarse a la vida civil que posibilite una reconciliación en el post-conflicto.

• La desmilitarización también debe darse en el desmonte programado de la hipertrofia que ha traído el militarismo en las fuerzas armadas y de seguridad privadas y los mecanismos que enaltecen los hombres armados y refuerza las mentalidades militaristas.

• Las condiciones de desmilitarización deben verificarse de forma efectiva con mecanismos de observación en los que puedan participar las mujeres con condiciones de seguridad.

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• Generar las condiciones para el desminado de los territorios con minas antipersona u otros artefactos, como parte de las tareas conjuntas entre la insurgencia y las fuerzas armadas, dado que ambos actores han instalado minas en los territorios. La contribución de la población civil debe ser tenida en cuenta en la localización y la prevención de nuevas víctimas. Estas víctimas deben ser atendidas como corresponde teniendo en cuenta sus frecuentes discapacidades.

• Cumplir con el mandato de que los hijos de las mujeres víctimas del conflicto armado, no presten el servicio militar obligatorio. Promover una ley que respete el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y promueva la cultura de la paz despenalizando la negativa a contribuir a la guerra y considerándola como un valor positivo para la paz.

Memoria histórica y reconstrucción del tejido social • Incluir en la historia de los textos escolares, la educación sobre el conflicto armado y los valores de construcción de la paz de forma que se destaque el papel de las mujeres como actoras y protagonistas de la reconstrucción social y política de Colombia.

• Impulsar en las diferentes regionales del país, casas de la memoria para las mujeres víctimas y desde las voces de las mujeres, como lugares de diálogos de saberes interculturales y de recreación artística en memoria a las víctimas y el respeto a los derechos humanos.

• Las medidas de reparación colectiva que beneficien el desarrollo de las comunidades deben tener un enfoque de reconocimiento del daño y la responsabilidad del Estado, así como un reconocimiento a las víctimas.

• El Estado debe promover procesos de reconciliación ligados a la justicia transicional que no revictimicen y nieguen el dolor de las víctimas. Las percepciones de las víctimas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de las alternativas de justicia transicional, siendo la prevención de la violencia y el compromiso en la paz su primera condición.

• La paz y la reconstrucción de la convivencia son tareas largas y suponen también un cambio cultural. Debe crearse y promover una cultura de resolución de conflictos desde la no violencia con programas, con los medios de comunicación masiva, basándose en la creatividad de las comunidades y con políticas públicas que promuevan la cultura de paz.

• Dar apoyo a las iniciativas de mujeres surgidas de la sociedad civil relacionadas con la visibilidad de las experiencias de mujeres durante el conflicto armado y, en general, con la recuperación de la memoria.

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• El Estado y la sociedad deben cuidar que la memoria pueda elaborarse de manera activa y positiva para que esta cumpla un papel social y político sanador para la misma sociedad, evitando que se convierta en fuente de polarización que en una sociedad marcada por el conflicto armado basándose en los valores de los derechos humanos.

• Las mujeres instan a las insurgencias a aceptar que han cometido graves violencias contra las mujeres y deben disponerse a la verdad para el país como una forma de justicia y de no repetición.

• El Estado debe reconocer que los procesos de desmilitarización de grupos paramilitares ha vuelto a dejar a las mujeres y comunidades a merced de nuevos grupos paramilitares, y debe poner en marcha una política efectiva para su desmantelamiento de forma que se puedan dar condiciones reales para la paz y la seguridad de las comunidades y en los procesos de reintegración.

• Generar espacios de debate y deliberaciones públicas para afrontar el pasado, como un camino para llegar a la reconciliación que se dará si se atienden adecuadamente las demandas de las víctimas. El proceso realizado por estas más de mil mujeres es un ejercicio colectivo de mirar de frente al dolor y tratar de darle un sentido. Un proceso que trata de contribuir con su testimonio a la reconstrucción de las relaciones fracturadas por la violencia. Esta es también una lección moral para la sociedad y los perpetradores, y supone una pequeña pero decisiva semilla que esperamos pueda germinar en otras muchas en el país. Escuchar y dejarse tocar por esta historia es parte de nuestro compromiso y de lo que nosotras hemos aprendido de la experiencia y del valor de estas mujeres. Este informe es una forma de reconocimiento hacia ellas.

Referencias bibliográficas Ruta Pacífica de las Mujeres, (2013). La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Creative Commons.

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Tramas narrativas del mal y sentimientos morales: entre el deber y la resistencia al relato Marieta Quintero Mejía1

Desde 1962, cuando los investigadores Guzmán, Fals Borda y Umaña asumieron la responsabilidad, y, por qué no, el coraje de realizar el primer estudio social e interdisciplinario acerca de la Violencia en Colombia,2 hasta hoy encontramos que esta tragedia colectiva no cesa. Estos hechos atroces no solo se han ido acumulando y repitiendo, sino que, con el paso del tiempo, han mostrado la rapidez con que vuelven a suceder, su simultaneidad, la aparición de otros eventos, e incluso su internacionalización, más allá de la complicidad que este fenómeno ha tenido en las fronteras geográficas. Sumado a ello, encontramos el exceso de la violencia, lo siniestro de los actos atroces, la crueldad y el ensañamiento contra la población civil atrapada entre los enemigos, especialmente, grupos de campesinos, indígenas, y afrodescendientes en su condición de infantes, jóvenes y mujeres. En otras palabras, han sido objeto de vulneración, particularmente ciudadanos, cuyas experiencias convocan y demandan por la distinción, la diferencia y la diversidad.

1

Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Doctora y Post-doctora de Ciencias Sociales Niñez y Juventud Cinde-Universidad de Manizales. Co-directora del grupo investigación Moralia.

2

Aunque sitúo los tomos uno y dos de “La violencia en Colombia” de Guzmán, Fals Borda y Umaña como uno de los primeros estudios del discurrir de la violencia entre 1930 a 1958, considero que el informe “La violencia en el Tolima”, publicado en 1959 por la gobernación de dicho departamento es una de las historias narrativas en las que se constata con cifras, las víctimas, pérdidas materiales y modalidades del despojo de tierra sucedidas en los periodos entre 1949 y 1957.

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En el prólogo de la segunda edición de este estudio, publicado en el 2005, Fals Borda indica que la protesta y la esperanza motivaron esta nueva edición, pues trascurridos cuarenta años, “la violencia y el terror” aún están presentes como “copia fiel de lo ocurrido antes” (2005, p. 13). También señala que hoy encontramos “suficiente ilustración” y poca “práctica eficaz”. Por ello, sostiene que si bien tenemos un importante cúmulo de producción por parte de académicos, investigadores, productores de cine y ficción literaria, son pocas las acciones encaminadas a su solución.

Siguiendo al sociólogo, no requerimos de ninguna teoría compleja o de abstracciones intelectuales para señalar que somos una sociedad que ha perdido el rumbo y que está agrietada en sus estructuras e instituciones (Fals, 2005, p.

16). Esta postura, no debe ser entendida como resistencia a la comprensión, sino como demanda por acciones para el restablecimiento de derechos. Para los colombianos es conocido y valorado el compromiso político de este pensador, precisamente, con la protesta civil y con el ethos de la resistencia ante la violencia.

Sin embargo, considero que, justamente, la comprensión de estos hechos atroces no ha sido, no es, ni será suficiente. Agrego que dicha comprensión permitirá fortalecer juicios colectivos acerca de la justicia ante la injusticia, demandar normas e instituciones jurídicas para restablecer los derechos vulnerados y, en especial, situar los sentimientos o la sensibilidad moral en la cultura política (Nussbaum, 2014).3 Creo que a esto último, objeto central de reflexión en esta ponencia, no se le ha otorgado un valor ético-político, a pesar de que las víctimas han imputado, a lo largo de este conflicto armado, reconocimiento de sus congéneres por sus sufrimientos, lo que podría traducirse como activación de todos aquellos sentimientos que convoquen a la solidaridad. No me estoy refiriendo a la solidaridad fría y ciega como acto de caridad ante el sufrimiento, sino como acción política. ¿Cómo entender esta demanda o imputación? Valdría la pena preguntarse si los sentimientos asociados al sufrimiento producido por la deshumanización en actos bélicos pueden tener un papel constructivo en las luchas por el reco-

3

Tomo esta idea de emociones y cultura política de la obra de Nussbaum (2014), en la cual se busca mostrar que el carácter de vulnerabilidad como seres humanos está directamente relacionado con la idea de emociones, pues estas registran los prejuicios que sufrimos y que podríamos sufrir. Adicionalmente con esta noción, la autora busca mostrar que las emociones tienen un vínculo con el derecho, en la medida en que las leyes penales responden a los sufrimientos de la violación, el asesinato, el secuestro y los delitos contra la humanidad. Paralelamente, indica que las emociones contienen creencias, modos de razonar y de apreciar la magnitud de las cualidades con las cuales se producen los procesos de interacción. Destaco el lugar preponderante de las emociones como proclives en la vida pública, pues la cultura política debe estar atenta al egoísmo, la codicia y la agresividad con las cuales se rompe la confianza, pero también la posibilidad de generar instituciones decentes.

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nocimiento, en la protección ante la presencia del mal y en el restablecimiento de derechos. A mi juicio, los sentimientos ante el sufrimiento hacen parte de una cultura política en la medida en que estos permiten la vinculación entre emociones con normas morales y jurídicas.

Al anterior interrogante le agregaría el valor que tiene que dicha imputación provenga de sentimientos de niños y niñas, pues pareciera ser que los hechos de violencia con los cuales se escenifica el mal en Colombia como masacres, minas antipersonales, desplazamiento, entre otros, son tan atroces que la infancia queda invisibilizada y oculta, perdiendo con ello la singularidad del daño cometido.

Dicha singularidad, en el caso de los niños y niñas radica en la aparición del mal, asociada con los sentimientos de dolor, miedo o temor, no por la oscuridad, tal como lo analizan los psicólogos y psicoanalistas, sino como expresión de los momentos de oscuridad, siguiendo a Arendt, que representan el riesgo y la amenaza a perder la vida, a ser víctima de las minas antipersonales ubicadas por los criminales, intencionalmente, en los caminos que conducen a la escuela y, a sufrir reclutamientos forzados en sus espacios de socialización más preciados: familia, escuela, barrio, vereda, entre otros. Singularidad del daño que puede ser, también, ilustrada en el peligro que representa ser niña (mujer) y estar atrapada en medio de la guerra, pues su cuerpo y sexualidad infantil serán heridas y mancilladas (violencia sexual).

Precisamente, estas imputaciones de las víctimas y, en particular de la infancia, me permiten encontrar en los relatos de los crímenes del conflicto colombiano una vía ético-política para responder a sus demandas de sensibilidad moral y para hacer posible una cultura pública ante el sufrimiento. En esta propuesta del relato como vía ética y política, no desconozco, tal como se señaló anteriormente, que en Colombia existe una importante producción teórica en el tema del conflicto armado, acompañada de novedosas e inéditas metodologías de análisis, así como algunas normativas legales, las cuales siguen siendo absolutamente insuficientes.

El propósito es complementar la producción teórica y metodológica con narrativas de víctimas, como vía de comprensión y restauración del mal, contemplando las emociones que en esta subyacen y, con ello, dar cuenta de la singularidad del mal, de manera que las víctimas no queden atrapadas en una universalidad del daño. Adicionalmente, estos relatos permitirían revelar que el mal no radica en el fracaso para adoptar las máximas buenas. Este tiene que ver, con la crueldad humana, con la ausencia de facultad de representación y, especialmente, con la incapacidad de afectación o sensibilidad moral y política. Incapacidad de sensibilidad tanto de los victimarios como de los mismos miembros de la sociedad colombiana. En otras palabras, el mal también implica incapacidad para sentir o de afectación.

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¿Por qué tramas narrativas como fuente de indagación del mal?

La teoría narrativa tiene su trayectoria en el campo de la lingüística y en la filosofía. A pesar de que estos fundamentos tienen sus inicios en el periodo de entreguerras, en su estudio predominó más la preocupación por sus componentes estructurales que por sus dimensiones ético-políticas. Precisamente, en este periodo de entreguerras, Bajtín en oposición a la búsqueda de cientificidad del estructuralismo lingüístico, denunció que las relaciones dicotómicas y formales, como objeto de estudio del lenguaje, despojan a las narrativas de su capacidad para la comprensión y, con ello, de la preocupación por el Ser. Por ello, en 1924 inaugura, a mi juicio, una de las primeras teorías en la cual se vincula la narrativa con la ética. El autor denomina esta conexión como filosofía del acto ético.

Para este teórico, las éticas formales se centraron en el deber ser, desconociendo que la acción humana no se debe restringir a una ley a priori, ni a la razón práctica limitada a su naturaleza cognitiva. Para Bajtín, el acto ético está constituido por dos aspectos: responsabilidad y participación. El primero de estos exige al sujeto reconocerse en comunidad, lo cual significa abandonar el uso de actos comunicativos en los que se incorpore la indiferencia ante los otros, nuestros congéneres. Actos comunicativos en cuyo sustrato encontramos vivencias, sentimientos y pensamientos que surgen en correspondencia con los otros.

Respecto al segundo aspecto del acto ético, la participación, Bajtín lo relaciona con una concepción volitiva del Ser “… El otro tiene un lugar en mi conciencia emocionalmente volitiva y participativa, puesto que lo amo como a otro y no como a mí mismo” (Bajtín, 1997, p. 53). La participación con el otro es el aspecto ético que ratifica la idea de Bajtín de un “ser concreto” con emociones, distinto al sujeto abstracto del ser teórico kantiano, en palabras del autor.

El acto ético en el campo de la narrativa, también se acompaña de la noción de polifonía, con la cual el autor busca señalar que relatar, de un lado, hace parte de la vida vivida, y, del otro, configura la memoria social, en la cual encontramos un mundo poblado con distintas y diversas palabras; voces “ajenas” que configuran el tesoro de la comunicación dialógica presente en una cultura. Así, las narrativas hacen parte constitutiva de una vida vivida con, por y para los otros. Tesis que se relaciona con los postulados del mismo Ricoeur (2006) en La vida: un relato en busca de narrador, en donde sostiene la relación entre vida y relato.

Aunque la propuesta del acto ético en la narrativa de Bajtín queda atrapada en medio de la persecución y las políticas del terror impuestas por Stalin, sus postulados fueron adoptados por los seguidores del estructuralismo francés.

Precisamente, Todorov señala que las narrativas fungen como correas de transmisión de la historia ética y política de una sociedad, lo cual da lugar a la ins80

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titucionalización de géneros discursivos con los cuales cada sociedad expresa sus vínculos con el sistema normativo y sus correspondientes ideologías: (…) una sociedad elige y codifica los actos que corresponden más o menos a su ideología; es por esto que la existencia de ciertos géneros en una sociedad, o su ausencia en otra, son reveladores de ésta ideología y nos permiten establecerla más o menos con una gran certeza. No es un azar el hecho de que la epopeya sea posible en una época, la novela en otra, el héroe individual de ésta se oponga al héroe colectivo de aquella: cada una de esas elecciones depende del cuadro ideológico en el cual se llevan a cabo. (Todorov, 2001, p. 54)

Para Todorov, el papel más importante de las narrativas está vinculado con el relato en situaciones de límites extremos, término que adoptó de Arendt para referirse a la “encarnación del mal” en los campos de concentración.

Con este breve recorrido he querido mostrar algunos de los fundamentos que nos permiten señalar, siguiendo a Todorov, el por qué no debemos resistirnos a abrir los expedientes del mal y a escuchar las narrativas de los infortunios (ética de la escucha). Ante los relatos del dolor, señala el autor, preferimos resistirnos a su escucha, pues, en buena medida, tenemos la tendencia a dividir la experiencia del mal entre: a) los otros, los culpables que cometieron las atrocidades; b) los otros que la vivieron –víctimas–; c) nosotros los espectadores o testigos morales; d) los expertos. A continuación expongo algunos riesgos que tiene para el caso colombiano, estas discontinuidades actanciales.

Un primer riesgo lo expone Todorov cuando nos invita, justamente, a rechazar las anteriores discontinuidades actanciales –participantes– porque estas hacen suponer que existen grupos humanos homogéneos (buenos y malos), sin darnos cuenta o advertir que, con dicha clasificación, no solo desdibujamos la esfera de la praxis humana, sino que despojamos de responsabilidad a quienes realizan actos atroces y, a los mismos miembros de la sociedad (responsabilidad colectiva). Asimismo, esto llevaría, en palabras de Todorov, a que asumiéramos una indignación fácil frente a los perpetradores, ignorando con ello la complejidad del mal (Todorov, 2002). Esta distinción actancial, efectivamente, atenúa lo corrosivo del mal, convirtiéndolo en un asunto bastante simple y ajeno para aquellos que no lo padecen.

Otro riesgo de estas distinciones artificiales entre personajes con sus acciones (modelo actancial) es suponer que en la sociedad hay elegidos a padecer la experiencia de la crueldad, y, por supuesto, en este reino del mal no estamos incluidos, ni tampoco hacen parte quienes integran nuestros círculos éticos cercanos. Entonces, ¿por qué incomodarnos? Esta horrenda simplicidad se asocia con la indiferencia o mal consentido, siguiendo al filósofo Arteta (2010), que 81

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sería una especie de “mal extendido”,4 en el que predomina, de un lado, la insensibilidad frente a lo acontecido y, del otro, la resistencia a escuchar los relatos de las víctimas, aunque incluyamos sus sufrimientos dentro de nuestra agenda televisiva o del espectáculo ficcional del mal.

Como consecuencia del anterior riesgo, el “mal extendido” ha permitido por muchos años convivir en una atmósfera del mal y, con ello, legitimar los excesos de la guerra, perder la capacidad de imaginar la muerte de nuestros congéneres en actos atroces e invisibilizar, insisto, la singularidad del daño causado (incapacidad de singularidad y de representación del mal). En Colombia, consignas como “no dejar ni la semilla”, es decir, matar a los niños y a las mujeres próximas al alumbramiento por tener la semilla del enemigo, cercenar los órganos de las víctimas y colocarlos en la boca, practicar orgías sexuales en cuerpos de las mujeres, así como realizar cortes sobre los cuerpos masacrados (bragueta, florero, franela, corbata, entre otros) representan los excesos, la singularidad del daño y dan lugar a la aparición del término tanatomanía, propuesto por Guzmán, Fals Borda y Umaña.

La noción de tanatomanía da cuenta de las atrocidades expresadas en las consignas y en los cortes a los cuerpos de las víctimas, da luces para revelar que los sentimientos negativos como el odio y el rencor han sido el sustrato de justificación de los actos criminales, pero también han sido los motores para generar en la sociedad, por parte de los perpetradores, el asco y la repugnancia. Con ello, construir este fortín de la indiferencia. La repugnancia y el asco han sido utilizados para ejemplificar la destrucción de la humanidad al convertir un cuerpo en objeto (florero, cierre, corbata, entre otros). Esto resulta de la destrucción y ubicación de los distintos miembros en otras partes del cuerpo, comunicando suciedad, contaminación y destrucción de la comunicación simbólica del cuerpo.

Estos sentimientos nos han hecho paralizar y enmudecer, y por qué no, extender el mal, es decir, volvernos cómplices y espectadores indiferentes, siguiendo a Arteta (2010). En oposición a ello, no hemos logrado el florecimiento de otras emociones que promuevan la resistencia y la restauración. Quizás, los relatos de las víctimas permitirían comprender que la insolidaridad allana el camino para que el verdugo haga uso de la tortura, como señal de grandeza y como estrategia de extirpación de cualquier sentimiento de piedad colectiva.

Podríamos decir, entonces, que los sentimientos negativos hacen parte de las distinciones actanciales señaladas anteriormente, en las cuales hacemos tipologías del mal a partir de los hechos, lo que lleva a una homogenización y universalización del mal.

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A juicio de Arteta (2010) en la sociedad se habla del daño que otros hacen o sufren, pero casi nunca de cómo y cuánto nosotros lo hemos dejado hacer y sufrir. Este autor señala que el espectador queda por fuera del relato, como si el mal tuviera tan solo dos protagonistas (víctimas y victimarios).

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¿Preparados para el post-conflicto?

Otro de los riesgos que, con mayor frecuencia se extienden entre los miembros de la sociedad, es la revictimización. No solo se padece el sufrimiento en manos de los perpetradores, sino que los estigmas y estereotipos de raza, etnia, ruralidad, orientación sexual, pobreza, condiciones sociales, entre otros, llevan a que se considere que existen ciudadanos receptores o cautivos de la violencia.

Dichos estigmas naturalizan y justifican la existencia de víctimas destinadas a padecer la crueldad: los elegidos.

Insistiría en que los relatos de las víctimas pondrían obstáculos a estas naturalizaciones y, con ello, podríamos evitar o minimizar la extensión del mal. A manera de ilustración, en Colombia tenemos el mal llamado “falsos positivos” que comprometen al aparato militar y policivo del país. En esta estrategia del mal, la victoria bélica es lograda mediante la muerte de infantes y, especialmente, de jóvenes inocentes a quienes se les hace pasar como miembros de grupos armados. Estos hechos se justifican con los estigmas de que es posible dar muerte niños y jóvenes por su condición de miseria y porque su ubicación en contextos frágiles y precarios, geográfica y socialmente, impediría el conocimiento de la verdad y, con ello, la justicia.

En oposición a esta organización planeada y sistemática del mal, justamente, las narrativas y los relatos de sus familiares –madres–, y no las cifras presentadas en la prensa de muertos caídos en combate, han permitido mostrar la estructura, modo de organización y exacerbación con la que se realizan estos actos.

¿Por qué en tramas narrativas del mal las emociones?

La propuesta de Ricoeur acerca de las tramas narrativas ha sido empleada en Colombia en los estudios de las guerras civiles del siglo XX por la socióloga María Teresa Uribe. El propósito de este estudio es dar cuenta de la incidencia de las palabras de la guerra en los procesos de configuración de la nación imaginada. Para esta autora, los eventos bélicos narrados no se tornan “…mudos, son guerras con palabras, con relatos, con narraciones, con discursos y metáforas…”

(Uribe, 2006, sp).

Siguiendo a esta autora, en las guerras civiles, a lo que agregaría, en el mismo conflicto armado, encontramos que los hechos trágicos y violentos se revelan en el espacio de lo público por medio de tramas narrativas. Estas últimas han sido construidas por ONG defensoras de los derechos humanos, colectivos, pero, también, por instituciones políticas y jurídicas, medios de comunicación e, incluso, por los mismos perpetradores. También hay que contemplar que hay narrativas del mal que aún no han sido situadas en la esfera de lo público, bien sea porque las víctimas prefirieron callar o porque las han silenciado.

En estas tramas narrativas encontramos, entre otros, agentes, circunstancias, interacciones que develan el horror del mal y la crueldad. Con ello, no solo 83

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aprendemos de lo que son capaces los perpetradores, la incapacidad del Estado para proteger nuestros derechos, su complicidad, en algunos momentos, sino, en especial, a ser indiferentes y carentes de sensibilidad, bien sea para protegernos o para no incomodarnos.

En nuestro país, las tramas narrativas tienen una mayor complejidad, pues dada la simultaneidad de los hechos atroces y la permanencia de los mismos en nuestra historia colectiva, no podríamos construir una narrativa resultado de la síntesis de lo heterogéneo, como lo propone Ricoeur, pues dadas nuestras circunstancias del mal, no sería ética, jurídica y políticamente conveniente. Tendríamos una narrativa en la cual los acontecimientos se superpondrían unos a otros, dando lugar a la construcción de una narrativa genérica sin las distinciones y particularidades del mal. Adicionalmente, las víctimas, victimarios, testigos y perpetrados quedarían solapados unos con otros, como si en los eventos del mal el daño no fuera diferencial. Incluso se correría el riesgo de quedar reducidos los actores a la asignación de un rol o, en su defecto, a una simple nominación con escasos atributos o no atributos personales. Con estos modos del narrar universal, quedan en las tinieblas los sentimientos asociados al sufrimiento y a la búsqueda de imputación y responsabilidad jurídica, moral y política (emociones y ley).

Por ello, las tramas narrativas del mal en Colombia no pueden ser entendidas como simples descripciones de hechos o sucesos, estas tiene unas implicaciones en las luchas por el reconocimiento, en nuestros modos de obrar, desear, pensar e imaginar, entre otros. En estas están presentes los acontecimientos que sucesivas generaciones han padecido, los cuales, a mi juicio, han ido configurando nuestras aspiraciones democráticas y, con ello, nuestras pretensiones a una vida justa, digna o del buen vivir. Asimismo, estas tramas narrativas han ido creando nuestros modos de subjetivación y de vínculos con los otros. En buena medida, nos compartamos, emocionamos e imaginamos a través de los anteojos del mal.

Lo anterior explica por qué algunos miembros de la sociedad son capaces de participar y construir otras narrativas del mal usando distintos artefactos que van desde actos bélicos hasta los de orden jurídico y político (parapolítica).

Otros, lo miran de refilo para no dejarse atrapar o sufrir vulneraciones, y otros lo hacen de frente para resistir y exigir justicia.

Por ello, podemos sostener que en su naturaleza pública, el relato de lo trágico algunas veces ha sido utilizado para dar argumentos y, con ello, justificar moral y políticamente una acción bélica o jurídica. Para ilustrar, en el conflicto armado los distintos actores enfrentados justifican acciones represivas que llevan al uso de torturas, desapariciones forzadas, masacres, entre otros. En otros casos, los victimarios justifican la creación de normas jurídicas para cooptar el 84

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Estado y, con ello, crear modos legítimos de organización del mal, sin el uso de armas o dispositivos bélicos, pues emplearlos los asimilaría al rango de sus soldados –ejecutores– cuando ellos son los intelectuales del mal (parapolítica).

En estos relatos del mal encontramos que los mecanismos de organización no solo se limitan al uso de instrumentos y herramientas que apoyen la puesta en marcha de los actos monstruosos, sino que emplean con intencionalidad las emociones para promover el miedo, es decir, hacer frágil la vida pública, de manera que pueda reinar la idea de que “en este pueblo no ha pasado nada”. Por la complejidad del uso de estas narrativas del mal en nuestra esfera pública considero de especial importancia seguir la máxima de Sócrates, retomada por Ricoeur, acerca de que una vida no examinada, no es digna de ser vivida.

Con esta tesis convoco a que reflexionemos acerca del fondo opaco de nuestro vivir, presente en las tramas narrativas del mal. Dicha reflexión permitiría, precisamente, que en lugar de la opacidad aparezca la luz del vivir y del estar juntos, pues el narrador que entrega su obra –sufrir– a un lector, confía que este cambie el obrar oscuro. En otras palabras, cuando se narra el sufrimiento se esperan sentimientos asociados a la solidaridad y la puesta en marcha de acciones de imputación y restauración (emociones y vida pública).

La comprensión del sufrir no es solo un acto intelectivo, se trataría, siguiendo a Ricoeur, de que la puesta a la luz pública de la trama narrativa del sufrir entre al encuentro con sus lectores, a quienes demanda representar el mal y, con ello, actuar. Recordemos que para Ricoeur toda acción es mediación entre el mundo de la experiencia con el mundo del oyente o lector, la cual no se reduce a ser el esqueleto de la enunciación. Con esta narrativa, en la que se reconocen las distinciones del daño, también podríamos desenraizar el leguaje generalizado con el cual se nombra este conflicto y ponerle rostro al mal. Asimismo, haríamos posible que, al lado de los sentimientos de terror instaurados en nuestra vida ética y política por los perpetradores, aparezca la solidaridad anamnésica.

Quisiera finalizar esta exposición con la cita que Nussbaum toma de Emilio de Rousseau para ilustrar cómo la insensibilidad es también el fortín para sentirnos invulnerables y, con ello, situar el mal por fuera de nuestra geografía de las emociones: (…) nuestra inseguridad es inseparable de nuestra sociabilidad y también de nuestra propensión a los vínculos emocionales; si nos vemos como dioses autosuficientes, no entendemos los vínculos que nos unen a nuestros congéneres.

Y esa falta de comprensión no es inocente. Engendra una perversión dañina de lo social, dado que las personas que se creen por encima de las vicisitudes de la vida tratan a los demás de modos que infligen, a través de la jerarquía, sufrimientos que culpablemente no comprenden. Rousseau se pregunta: ‘¿Por qué no tienen los reyes piedad de sus súbditos? Ello se debe a que cuentan con nunca ser humanos’. (Nussbaum, 2006, p. 20).

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Referencias bibliográficas Arteta, A. (2010). Mal consentido: la complicidad del espectador indiferente. Barcelona: Alianza.

Bajtin, M. (1997). Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos, T. Bubnova (trans.). Barcelona: Anthropos.

Guzmán, G., Fals, O. y Umaña, E. (2005). La Violencia en Colombia. Tomo II. Bogotá: Prisa Ediciones.

Guzmán, G., Fals, O. y Umaña, E. (1962). La Violencia en Colombia. Tomo I. Bogotá: Prisa Ediciones.

Nussbaum, M. (2014). Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Barcelona: Paidós.

Nussbaum, M. (2008). Paisajes del pensamiento: La inteligencia de las emociones.

España: Paidós ibérica S. A. Nussbaum, M. (2006). El ocultamiento de lo humano: Repugnancia, vergüenza y ley.

Buenos Aires: Katz.

Ricouer, P. (2006). La vida: Un relato en búsqueda de un narrador. Vol. 25, nro. 2, Ágora.

Ricouer, P. (2004). Tiempo y narración I: Configuración del tiempo en el relato histórico. Siglo XXI. Todorov, T. (2002). Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX. Barcelona: Ediciones Península.

Todorov, T. (2001). Las categorías del relato literario. En: Análisis estructural del relato. México: Ediciones Coyoacán.

Uribe, M. (2006). Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia. Bogotá: La Carreta histórica.

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¿Escuelas reparadoras?

Apuntes sobre la atención a niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en Bogotá Juan Carlos Amador1

Introducción A propósito de los diálogos adelantados entre el Gobierno y el grupo guerrillero FARC-EP desde el año 2012, así como la posibilidad de finalizar la guerra e introducir a la sociedad colombiana en una transición hacia el post-conflicto, uno de los desafíos más importantes para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia es la reparación a las víctimas, específicamente a los niños, niñas y jóvenes que actualmente viven en Bogotá.

Si bien, independientemente de un acuerdo de paz, el Estado y la sociedad están obligados a restituir los derechos que han sido afectados por las circunstancias de la guerra, orientados por los principios de prevalencia y corresponsabilidad, es importante reflexionar sobre los modos de reparación necesarios para los niños, niñas y jóvenes, a través de la escuela, en una transición política, cultural y ética que implica transformar representaciones y prácticas. Quizás, un camino posible para avanzar hacia esta transformación sea la pedagogía.

Estas reflexiones sugieren dos preguntas iniciales: ¿El tipo de escuela que predomina hoy en Colombia, específicamente en Bogotá, favorece la reparación de

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Exdirector del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD). Profesor e investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado? ¿Qué claves pedagógicas, epistemológicas y culturales contribuirían a consolidar este proceso de reparación?

Con estos propósitos iniciales, el presente trabajo recorre tres grandes temas de discusión. En primer lugar, analiza algunas particularidades de los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en Bogotá. En segundo lugar, aborda el concepto de reparación, no solo desde una perspectiva jurídica sino especialmente ética y política. Y, finalmente, presenta tres estrategias pedagógicas para trabajar con las comunidades educativas en Bogotá, específicamente mediante los derechos, la interculturalidad, las narrativas y las memorias.

1. Situación actual

Existen dos grandes argumentos que justifican actualmente el diseño e implementación de políticas, programas y estrategias para atender a las víctimas del conflicto armado y contribuir desde la escuela a la reparación integral. En primer lugar, de acuerdo con el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (GMH y CNRR, 2013), a lo largo de las últimas cinco décadas el conflicto armado colombiano ha traído consigo 220.000 muertos, 5,7 millones de víctimas por desplazamiento forzado, cerca de 25.000 desaparecidos y alrededor de 30.000 secuestrados. Aunque estas cifras generan varias interpretaciones, uno de sus aspectos más llamativos es que murieron, durante este mismo periodo, 177.307 civiles por apenas 40.787 combatientes de los diferentes bandos.

Esto indica que las consecuencias de la guerra se centran principalmente en la población civil y, de manera más específica, en mujeres, niños, niñas y jóvenes. Asimismo, este conflicto armado ha incluido formas deplorables de combate, las cuales contradicen los principios del Derecho Internacional Humanitario, tales como el reclutamiento de personas menores de edad, la implementación de minas antipersona y la destrucción de poblaciones bajo condiciones de absoluta indefensión, suceso que se refleja en las cerca de dos mil masacres que se produjeron en Colombia entre 1998 y 2012 según datos del informe del GMH y la CNRR. Otra consecuencia de este fenómeno es la concentración de personas víctimas del conflicto armado en cabeceras municipales y ciudades capitales. Además de vivir el despojo y el exilio, comprendido como un suceso que quebranta las condiciones de bienestar y seguridad de familias y comunidades, el asentamiento en territorios ajenos es una situación que produce incertidumbre y expone a las personas inmigrantes al rechazo, la estigmatización y la humillación.

Así los niños, las niñas y los jóvenes logren acceder a la escuela en los lugares de recepción, no están exentos de estas afectaciones. En consecuencia, son doblemente victimizados, dado que sufrieron hechos victimizantes en sus territorios originarios y, con frecuencia, se convierten en objeto de menosprecio, no solo por actos de rechazo sino también por ejercicios de violencia simbólica.

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Actualmente en Bogotá la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación atiende a esta población a través de los centros de atención Dignificar.2 Se trata de un espacio institucional encargado de proporcionar atención a las víctimas mediante procedimientos que permiten establecer su reconocimiento como víctimas y apoyarlas en aspectos como salud y vivienda y darles asesoría en proyectos productivos. Atendiendo a la diversidad de culturas, religiones, edades y géneros de las víctimas, esta Alta Consejería propone un enfoque diferencial, capaz de brindar de manera adecuada y pertinente la asistencia, atención y reparación integral de estas personas y comunidades.3 En relación con los niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con información de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (2014), durante la última década Bogotá ha recibido cerca de 400 mil víctimas, quienes han sido objeto de desplazamiento por actores armados como la guerrilla, los paramilitares o el Estado. De este universo, 21.599 niños, niñas, jóvenes y adultos están vinculados actualmente al sistema educativo de la ciudad. En el rango de 0 a 5 años había 785; en el de 6 a 13 años, 13.276; en el de 14 a 17 años, 6.794; en el de 18 a 26 años, 612; en el de 27 a 59 años 131, y en el de 60 años en adelante 1.

Esta misma dirección de la SED declara que los niños, niñas y jóvenes del conflicto reciben educación de calidad en más de 70 colegios de Bogotá y que la base de este tipo de educación es el enfoque diferencial. La mayoría de estas personas se concentra en colegios de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, Suba y San Cristóbal. Datos de esta misma entidad indican que existen colegios que concentran mayoritariamente a esta población en sus instalaciones. Finalmente, dentro de esta población se incluyen personas en situación de desplazamiento, desvinculadas de grupos armados y algunos hijos e hijas de desmovilizados.

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A la fecha de escritura de este artículo (junio de 2014) funcionaba un centro Dignificar ubicado en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar, y se esperaba la inauguración del segundo en Bosa, para así al final de la administración de Gustavo Petro contar con siete centros.

Además, la Consejería cuenta con cinco unidades de atención y orientación ubicados en Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Suba y Rafael Uribe Uribe y uno más en la Terminal de Transportes que orienta a los interesados de primera mano. Tomado de: http://www.bogota.gov.co/tag/ alta-consejer%C3%ADa-para-los-derechos-de-la-v%C3%ADctimas

3

Según el sitio web de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, para que una víctima sea reconocida como tal, debe solicitar una declaración ante la personería, después dirigirse a la Unidad de Víctimas, donde le reconocerán bajo la condición. Si la persona no tiene alojamiento en la ciudad, debe dirigirse al albergue indicado donde se le proveerá de alimento y alojamiento durante 60 días. Si consigue donde quedarse, como amigos o familiares, el Distrito le brinda bonos de alimentación y una ayuda humanitaria inmediata. En la ciudad hay tres alojamientos, dos de ellos para población indígena, dos unidades móviles que atienden a las víctimas en situación de emergencia, y por último cuentan con un centro de memoria histórico inaugurado en diciembre de 2012. Tomado de http://www.bogota.gov.co/tag/alta-consejer%C3%ADa-paralos-derechos-de-la-v%C3%ADctimas 89

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Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (2014).

Además de lo efectuado por la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, entidades oficiales como la Secretaría de Educación y organizaciones de la sociedad civil adelantan distintas acciones orientadas hacia la reparación integral. Particularmente, en los colegios oficiales de Bogotá se están llevando a cabo iniciativas asociadas con la protección y apoyo psicosocial a los niños y niñas víctimas. Se aspira a que los profesores y orientadores escolares cuenten con conocimientos, criterios y habilidades para responder a esta realidad.

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Según la SED, cerca de 260 orientadores escolares de colegios oficiales avanzan actualmente en la implementación de rutas de acogida y seguimiento para estudiantes víctimas del conflicto armado. Además de conocer su situación y buscar mecanismos de apoyo, la estrategia de formación contempla el desarrollo de capacidades para trazar medidas institucionales, en asocio con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría Distrital de Salud, para favorecer la permanencia de estos niños, niñas y jóvenes en los colegios y asegurar su bienestar.

Si bien, se puede concluir que la ciudad ha diseñado procedimientos valiosos para atender a los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto, por la vía del derecho a la educación, a través de su inclusión en el sistema educativo constituido por los colegios de las localidades de Bogotá, este panorama genera algunas preguntas. Entre ellas: además de ofrecer cupos, ¿qué prácticas pedagógicas diferenciales se implementan con esta población? ¿Qué implicaciones tiene la concentración de niños, niñas y jóvenes con esta situación en determinadas localidades y colegios? ¿Qué tipo de currículos deben ser diseñados para incluir a estas personas en las comunidades educativas? ¿Estas acciones hacen parte de la reparación integral o son parte de la asistencia que se le suele dar a las personas afectadas por la violencia armada?

En este trabajo no se resolverán plenamente estas preguntas. Tampoco se trata de demeritar las iniciativas del Gobierno de la ciudad en la materia o de demostrar su ineficacia. En lo que sigue del texto, se presentarán algunos presupuestos que contribuyan al debate y que aporten a la cualificación de las iniciativas de reparación integral, especialmente en los colegios de Bogotá. Por esta razón, se continuará con dos planteamientos: la reparación más allá de lo técnico-jurídico; y la reparación a través del currículo y la práctica pedagógica.

2. Reparación integral: más allá de los dispositivos técnico- jurídicos

Comprender el sentido de una reparación humana y social no es una tarea simple. Detrás de este concepto existe un conjunto de reflexiones éticas y políticas que implica comprender cómo la violencia, en sus múltiples dimensiones y modos de efectuación, puede llegar a debilitar la condición humana y despojar al sujeto de su dignidad. La violencia deshumaniza y convierte a la víctima en objeto de abyección. Esto hace que el daño lo paralice y hasta lo desactive social y políticamente. En una perspectiva sociológica, el daño moral también se vuelve social, pues en una sociedad donde muchas personas están enfrentadas a este vacío que deja la violencia en sus vidas, emerge la anomia social, esto es, un fenómeno que expresa las debilidades estructurales de una sociedad para vivir de manera relacional con arreglo a valores compartidos, pactos y prescripciones.

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La reparación integral en Colombia ha sido definida, desde el punto de vista técnico-jurídico, a través de la ley 1448 de 2011. Esta norma comprende un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas (individuales y colectivas), en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de esta misma ley. En un marco de justicia transicional, la norma plantea la necesidad de hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, de las víctimas del conflicto armado, así como la obligación de materializar sus derechos constitucionales.

De manera específica, el artículo 25 que se centra en el derecho a la reparación integral, plantea que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones que establece la ley (artículo 3).

La reparación comprende medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Según la ley, estas medidas deben ser implementadas a favor de la víctima, atendiendo al tipo de vulneración vivida así como a las características de los hechos victimizantes.4 Algunos de los hechos victimizantes más conocidos que han afectado a los niños, niñas y jóvenes que están ubicados en colegios de Bogotá, son el desplazamiento; el abandono o despojo forzado de tierras; las minas antipersonal; la vinculación a grupos armados; la violencia de género y a su integridad sexual; el secuestro; la desaparición forzada; la tortura; delitos contra su libertad, y actos terroristas (SED, 2014). Esto indica que, además de darles un cupo escolar y prestarles apoyo psicosocial, probablemente se requiere de iniciativas más contundentes que permitan definir e implementar acciones de reparación, atendiendo al tipo de daño sufrido. De acuerdo con el GMH y la CNRR: (…) es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de muertos y la destrucción material que estas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático (2013, p. 259).

En esta dirección, se pueden identificar cuatro tipos de daños hacia las víctimas del conflicto armado en Colombia: emocionales, morales, socioculturales y po4

La ley en mención asume que la ayuda humanitaria, definida en los términos de la norma, no constituye reparación y, en consecuencia, tampoco será descontada de la indemnización administrativa o judicial a la que tienen derecho las víctimas.

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líticos. Los emocionales son formas de deterioro personal que se caracterizan por afectar los criterios que le permiten al sujeto actuar, tomar decisiones y establecer lazos con otros. Generalmente, este tipo de daño se manifiesta en el miedo paralizante, la desconfianza, el odio, la rabia y el aislamiento. Según el GMH y la CNRR (2013), esta lesión produce deterioro físico y emocional, haciendo que en muchas ocasiones las víctimas se sientan frecuentemente amenazadas y sufran enfermedades dada su propensión a somatizar el padecimiento del exilio o la pérdida de seres queridos.

Los daños morales aluden al menoscabo de valores vitales para una persona o comunidad. Generalmente, se trata de actos de humillación, estigmatización y devaluación de la condición humana que denigran su identidad étnica, rural, de género, sexual o generacional. Además del deterioro de la identidad personal o colectiva, se trata de una forma de agravio que produce tristeza, aflicción y desánimo. Los perpetradores lo emplean para crear un vacío moral que no solo desactiva a la persona sino que la ubica en un lugar de vergüenza pública.

Por esta razón, las víctimas tienden a ocultar aspectos de su identidad y a operar de manera anónima.

Los daños culturales son alteraciones producidas en los vínculos y relaciones sociales (GMH y CNRR, 2013). Los relatos de las víctimas muestran que los victimarios suelen vulnerar las creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades. En tal sentido, se trata de un daño que, además de profanar las cosmogonías, saberes y prácticas que han sido instaladas en el tiempo por una colectividad, irrumpen en los sistemas simbólicos asociados con fiestas, celebraciones, conmemoraciones y otras actividades que configuran los universos de sentido comunitarios. Este tipo de daño deja sin recursos a las personas para afrontar la adversidad, además de desestructurar tejidos sociales y alterar la transmisión de sistemas de saberes y prácticas.

Por último, los daños políticos aluden a formas de deterioro de la práctica política. Generalmente, operan mediante la estigmatización, la instauración del terror, las amenazas, la criminalización, los atentados, el destierro y la eliminación física de personas. También se manifiesta en la persecución a organizaciones cívicas y políticas (GMH y CNRR, 2013). Esto hace que se acallen las expresiones de oposición o de resistencia y que se diluyan los valores democráticos.

Se trata de una estrategia de silenciamiento de los actores políticos, quienes terminan invirtiendo el sistema de valores democráticos, al asociarlos con ideas que afectan su propia existencia.

Si bien aún está pendiente por investigar el tipo de daños que ha afectado a niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado que actualmente se encuentran matriculados en colegios de Bogotá, se puede afirmar que la reparación 93

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integral a esta población pasa por el diseño e implementación de currículos y prácticas pedagógicas que contribuyan a su recuperación emocional, moral, cultural y política. Específicamente, para la reparación emocional se requieren ambientes educativos que permitan construir confianza, fortalecer la autoestima, favorecer el diálogo y valorar a las personas.

En relación con la reparación moral, es necesario trabajar en torno a la recuperación de las memorias individuales y colectivas, el desarrollo de capacidades para el reconocimiento de sí mismo y de los otros, el trabajo sobre la vergüenza y la valoración de sí, así como la generación de estrategias para recuperar la dignidad. Se trata, según Honneth (2009), de un modo de reconocimiento que diluye el agravio moral y dispone al sujeto hacia una apertura relacional que comprende al yo a partir del otro. Algunas claves pedagógicas para estas tareas son los derechos, la memoria y la narrativa.

Por su parte, la reparación cultural debería considerar formas de construcción de la identidad cultural a través de aspectos como: la recuperación de saberes y prácticas; la valoración del territorio, los rituales, las costumbres, las creencias y los valores; y el reconocimiento de la diversidad étnica, de géneros, de sexualidades y de capacidades para la acción social. En estos propósitos podría jugar un papel importante la interculturalidad crítica.

Finalmente, la reparación política demanda una educación en esa misma línea, capaz de generar praxis para la vida política. Esto implica asumir la tarea de repensar las instituciones para que se pongan al servicio de los ciudadanos. Exige recuperar la idea de una educación laica, orientada por principios democráticos. También supone un conjunto de prácticas pedagógicas que favorezcan una educación con, en y para los derechos. En suma, se trata de una educación que transforme su propia manera de formar e introduzca a las personas en la tarea de construir la dignidad humana a través de la participación y el ejercicio ciudadano.

Las herramientas jurídicas que proporciona la ley 1448 de 2011, e incluso el marco jurídico para la paz, tienen un valor muy importante para los propósitos de la reparación integral. Sin embargo, pueden resultar insuficientes para avanzar no solo en la recuperación de las personas y colectividades que han vivido la guerra, sino en la posibilidad de generar las condiciones para la paz, la reconciliación y la democracia en Colombia. Si se continúa asumiendo la reparación como un asunto instrumental, referido exclusivamente a cuantías, procedimientos de atención y subsidios, la sociedad colombiana perderá la oportunidad de transformar estructuralmente la cultura de violencia de los últimos sesenta años.

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¿Preparados para el post-conflicto?

Daños

Expresiones

Impactos

Emocionalpsicológico

Miedo paralizante, silencio, desconfianza, aislamiento, odio, rabia.

Encierro, desinterés, deterioro de autoestima, deterioro físico, enfermedades, persistencia de amenazas y riesgo.

Estigmatizar, devaluar y humillar.

Construcción de identidad Afectación de la identidad individual y individual y colectiva. Reconocimiento de sí mismo colectiva. y de otros.

Tristeza, aflicción, desánimo, vergüenza. Tramitación de la vergüenza.

Moral

Sacrilegio, profanación, humillación y discriminación.

Posibilidades pedagógicas Construir confianza Volver a hablar y expresar.

Fortalecer la autoestima.

Valoración de las potencialidades.

Alteridad.

Socio-cultural

Vulneración de creencias, prácticas sociales y modos de vivir.

Culto a figura de comandante autoritario.

Modelos de masculinidad y feminidad.

Daño político

Sin recursos para afrontar la adversidad. Desestructura tejidos sociales y altera la transmisión de saberes y prácticas.

Obstaculiza el trámite del dolor y el duelo.

Pérdidas materiales.

Despojo de viviendas.

Construcción de identidad cultural. Recuperación de saberes y prácticas.

Valoración del territorio, rituales, costumbres, creencias y valores.

Valoración de la diversidad étnica, de géneros, de sexualidades, generacional y de capacidades para la acción social.

Criminalización, Eliminación física de Participación, ejercicio destierro, estigma- personas, atentados y ciudadano. tización, instaura- amenazas.

Reinvención de las instición del terror. tuciones y de la sociedad Persecución a civil. organizaciones Educación en, con y para cívicas y políticas. los Derechos.

Fuente: elaboración propia con base en el Informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (GMH y CNRR, 2013).

Como se señaló al inicio, la transicionalidad no solo es jurídica y económica sino especialmente ética, política y cultural. La presencia de los cerca de 20.000 niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto matriculados en colegios de Bogotá, en lugar de ser un obstáculo para la paz y la convivencia, puede convertirse en una oportunidad única en la historia del país para transformar la cultura escolar que predomina en estas instituciones educativas. A continuación se 95

Juan Carlos Amador

presentarán tres propuestas pedagógicas que buscan convertirse en criterio y posibilidad para los tipos de reparación que se deben priorizar desde el espacio escolar. Estos son los derechos; las narrativas y la memoria, y la interculturalidad.

3. Propuestas pedagógicas

Educación en, con y para los derechos La educación y el cuidado impartidos a los niños, niñas y jóvenes constituyen un derecho humano fundamental que no solo debe responder a las necesidades de ellos y ellas sino que debe garantizar igualdad. Dicha igualdad no debe operar por la vía de la asistencia, la prevención o la compensación, sino mediante ambientes que favorezcan lo nuevo (conocimientos, habilidades, interacciones, formas de socialización, subjetividades) en un marco de justicia, reconocimiento y solidaridad.

Se trata de una educación que propende por el buen vivir y por la vida buena. Esto significa que las prácticas pedagógicas han de orientarse por la búsqueda de condiciones y posibilidades para garantizar en la praxis sujetos de derechos. Exige pasar del estigma de la anormalidad y la pobreza a la habilitación de enigmas para futuros posibles (Pineau, 2008).

La educación en, con y para los derechos debe aprovechar todos los momentos pedagógicos para avanzar en la justicia y la igualdad, las cuales se constituyen en una deuda histórica frente a los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia. Las prácticas pedagógicas centradas en los derechos han de guiar esta búsqueda, promoviendo las mejores posibilidades para la formación, a través de ambientes dialógicos en los que los sujetos sean capaces de reconocerse más allá de su rol de alumnos.

Este tipo de educación debe regirse por la confianza, el amparo y el cuidado (Pineau, 2008). El derecho a educarse requiere de estas condiciones dado que el ser humano no llega al mundo equiparado para actuar bajo el desamparo. La fragilidad humana en lugar de ser un defecto es un atributo que hace posible el afecto, la emoción y la acogida del otro. Este equipamiento es labor imprescindible de la educación, especialmente en el contexto de precariedad que muchos de los niños, niñas y jóvenes viven.

Finalmente, es una educación que se debe basar en el principio de la educación laica, comprendida como una condición necesaria para la democracia, la ciudadanía y la promoción de derechos humanos.

Interculturalidad crítica El camino hacia la transicionalidad ética, política y jurídica requiere muchos esfuerzos, entre ellos educar a las generaciones jóvenes en, con y para el post96

¿Preparados para el post-conflicto?

conflicto. Uno de estos caminos es la educación intercultural, esto es, un proceso progresivo de construcción de subjetividades que se basa en la articulación de saberes y experiencias que se encuentran en la intersección diversidad, identidad y diferencia. En un país con un conflicto armado prolongado, pero a la vez con atributos como la diversidad y multiculturalidad, se requiere de pensamientos y prácticas otras capaces de descolonizar el saber, el poder y el ser que sostienen las estructuras de dominación política, social y cultural.

La interculturalidad es un concepto originado en perspectivas críticas de las ciencias sociales, con tres intenciones precisas: 1. Reconocer la diversidad como condición humana, social y cultural de los pueblos y sociedades, especialmente de aquellos que, a pesar de haber transitado por estructuras coloniales, han acumulado riquezas de saber y experiencia.

2. Considerar las diferencias socio-culturales, históricas y políticas (étnicas, sexuales, de género y generacionales) como una diáspora que posibilita la complementariedad y la creación, asunto que requiere valorar la divergencia y rechazar la homogeneización cognitiva, social, cultural y política.

3. Generar condiciones y estrategias para que esta polifonía de saberes y experiencias, en lugar de ser obstáculo, se articule con el fin de alcanzar progresivamente la descolonización, la desmercantilización y la reinvención del Estado (Santos, 2010).

Siguiendo a Santos (2010), la interculturalidad implica transitar de la razón indolente (prototípica de la racionalidad moderna capitalista) a la ecología de saberes. Esto implica transitar: de la monocultura del conocimiento científico a la ecología de saberes (cotidianos, ancestrales, estéticos, espirituales y de sentido común); de la monocultura del tiempo lineal a una ecología de temporalidades (tiempos no lineales y construidos a partir de cosmogonías, tradiciones y sistemas simbólicos divergentes); de la lógica de clasificación social a una ecología de reconocimientos en clave de etnias, géneros, sexualidades, generaciones y capacidades diversas; de la lógica de escala dominante (espacio y territorio) a una ecología de ‘glocalidades’ y ‘transescalas’5, capaz de resignificar las relaciones entre lo local y lo global; y de la lógica del crecimiento económico a una ecología de economías solidarias.

5

Se trata de una construcción alternativa del espacio en el que lo local adquiere relevancia, dado el reconocimiento que los actores sociales hacen de los saberes y prácticas que este posee, en diálogo con otros acumulados epistémicos y prácticos que proceden del orden global.

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Juan Carlos Amador

Razón indolente

Ecología de saberes

Monocultura del conocimiento científico

Ecología de saberes

Monocultura del tiempo lineal

Ecología de temporalidades

Lógica de clasificación social

Ecología de reconocimientos

Lógica de escala dominante (espacio y territorio)

Ecología de ‘glocalidades’ y ‘transescalas’

Lógica de crecimiento económico

Ecología de economías solidarias

Fuente: adaptado de Hacia una epistemología del sur, Santos (2010).

Más allá de la inclusión de las minorías culturales en los planes y programas educativos, como un acto de asistencia o de estrategia ante las demandas de estas poblaciones, la política educativa, en clave intercultural, debe definir qué tanto el Estado y los sectores hegemónicos están dispuestos a ceder en relación con los enfoques, contenidos y prácticas pedagógicas instituidas en el tiempo, por lo menos a partir de la conformación de las repúblicas.

La educación intercultural, en un sentido amplio, aporta a la construcción de sociedades democráticas incluyentes. El punto de partida de este tipo de educación es la negación del racismo, los nacionalismos y los etnicismos segregadores. El aprendizaje y la comprensión interculturales solo tienen sentido si contribuyen a superar las prácticas de exclusión, avasallamiento y dominación de grupos, pueblos y culturas por ser o pensar diferente. Según Gudynas (2011), esto requiere también de la construcción de una interculturalidad crítica, intelectualmente basada en la idea de que la inclusión es la idea directriz de las instituciones y de la sociedad.

El presupuesto principal es que la educación intercultural no solo es un mecanismo para vivir en diversidad sino para reconocer otros modos de ser, estar y actuar en el mundo, bajo una perspectiva de alteridad y de justicia como equidad y reconocimiento. En tal sentido, la educación intercultural ha de tener en cuenta lo étnico, los géneros, las sexualidades, las generaciones y la situación de discapacidad.

4. Memorias y narrativas

La memoria es un concepto trabajado especialmente en disciplinas como la sociología, la historia, la psicología y la antropología, que se pregunta por los recuerdos humanos (individuales y colectivos), los significados del pasado en las personas y los modos de representación de lo ocurrido en el tiempo a través de distintos recursos, entre ellos los narrativos y performativos. Con frecuencia, los autores dedicados a estos problemas desde inicios del siglo XX, han debatido sobre las condiciones sociales, políticas y culturales que influyen en la activación del recuerdo, la conveniencia de rememorar u olvidar, así como el 98

¿Preparados para el post-conflicto?

papel que juega el testimonio y la historia oficial en su configuración (Halbwachs, 2004; Jelin y Kaufman, 2005).

Al respecto, vale recordar el aporte de Jerome Bruner (2004, 2013) sobre este concepto. Para el psicólogo estadounidense el pensamiento humano es ante todo narrativo. Aunque en sus primeros trabajos planteó una marcada distinción entre pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo, más adelante ratificó la prevalencia del segundo en todas las formas sociales.6 Según Bruner (2013), los sujetos son fabricantes de historias. Se narra para darle sentido a la vida y comprender sus paradojas. La narración es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo previsible y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, y entre la memoria y la imaginación. Finalmente, señala Bruner que los seres humanos son algo así como una fuente para crear relatos. Por esta razón, las narrativas incluyen el yo no solo como un espectador sino como protagonista de lo ocurrido o de los mundos posibles. Esto plantea no solo la importancia de la construcción de la identidad, sino el carácter ético y estético del yo y el otro que se puede desprender de la narrativa.7 Otros autores, como Hayden White (1992), sostienen que, en el contexto de las narrativas de ficción y la histórica, es clave establecer los aspectos constitutivos de la narrativización de hechos reales. La narrativización es un suceso en el que el narrador se vuelve invisible y la narración fluye libre, tratando de dar autonomía a los acontecimientos, los cuales parecen hablar por sí mismos. Finalmente, agrega White (1992), la fuerza de la narrativa no está en sus recursos discursivos de carácter semiológico o pragmático, sino en la atmósfera moral y social en la que acontece.

En términos pedagógicos, no se trata de visitar el pasado con los ojos del historiador, sino de recorrer sus intersticios a partir de las inquietudes del presente. Por esta razón los argumentos que justifican por qué recordar o narrar son fundamentales. Así: 6

Según Bruner (2004), los modos de razonamiento de las personas, tanto en situaciones simples de su vida cotidiana como en experiencias especiales (de felicidad, dolor o deseo), emplean formas narrativas diversas con el fin de producir sentido a sus relaciones consigo mismo, con los otros y con el mundo. La construcción de significados surge de la narración, de la continua actualización de historias y de complejidades que suelen incorporarse a los relatos mediante la problematización constante de las tramas. Para Bruner (2013) las historias de los pueblos y culturas han sido construidas a través de las normas, los discursos científicos y los mecanismos de la narración, lo que indica que los sujetos en sociedad en algún momento fungen como narradores. Asimismo, señala Bruner que históricamente la narración no ha sido reconocida socialmente como una actividad intelectual válida. Sin embargo, narrar es una práctica de gran complejidad que requiere la selección e integración de distintas textualidades, narrativas y conocimientos.

7

Este problema fue abordado por Bajtín (1993), a propósito de la obra de Dostoievski. Destaca que el personaje puede ser un ser repugnante que exhibe sus bajezas en lo que denomina el subsuelo de la realidad. Sin embargo, es justo en esa capacidad de exponer lo humano donde adquiere gran valoración la obra literaria. Es en la plasticidad del personaje y su propensión a transformarse, en donde hace apertura una relación particular con el lector, pues se producen confrontaciones y autodefiniciones inacabadas en las que el sujeto puede interpelarse. El asunto llega a tal nivel, que el héroe también se vuelve ambiguo e imperceptible.

99

Juan Carlos Amador

• La memoria y la narrativa permiten ordenar los hechos del pasado empleando fuentes diversas como los documentos, los testimonios, las imágenes, los textos literarios y los textos audiovisuales.

• La memoria y la narrativa aportan a la construcción del tiempo histórico.

Más allá de una historia inmóvil, ajena y oficial, los estudiantes podrán descubrir su lugar como sujetos históricos en los acontecimientos de su barrio, ciudad y país. Asimismo, podrán establecer relaciones secuenciales y simultáneas entre los tiempos personal, familiar y social.

• La memoria y la narrativa favorecen la descentración histórica. Esto significa que, atendiendo a la potenciación del pensamiento narrativo, por la vía del texto (escrito, imagen, visual, sonoro, digital…), los estudiantes podrán distanciarse del aquí y el ahora para ubicarse en los planos temporoespaciales objeto de reflexión.

• La memoria y la narrativa fomentan la conciencia histórica. En la medida que logren mayores comprensiones de los acontecimientos ocurridos, atendiendo a la complejidad de las causas así como a la reconstrucción (abductiva) de los hechos, los estudiantes tendrán herramientas para construir identidad y asumir su lugar en el mundo social que le correspondió vivir.

Las narrativas y memorias pueden ser la base de la implementación de mediaciones pedagógicas. Al respecto, es importante que el profesor o profesora propicie condiciones espaciales y temporales que faciliten la generación de experiencias pedagógicas en el aula o fuera de ella (acontecimientos). Es necesario que los estudiantes usen y apropien medios y dispositivos que articulen lenguajes de tipo textual, visual, sonoro y digital para favorecer la inteligibilidad del mundo social.

Es muy importante que los participantes en el proceso de aprendizaje diseñen instrumentos de conocimiento que les permitan organizar la información y hacerla inteligible, desarrollando procesos como la identificación; la codificación y la decodificación; la inducción y la abducción; la clasificación y la comparación: el análisis y la síntesis, y los distintos tipos de razonamientos (hipotéticos, silogísticos, etc.).

Se requiere generar procedimientos que permitan a los estudiantes intervenir contenidos procedentes de distintos sistemas de conocimientos y producir nuevas formas de expresión de los fenómenos sociales, objeto de estudio o problema de conocimiento. Finalmente, es importante generar experiencias para que los estudiantes puedan comunicar lo aprendido y producido. Se trata de un escenario de comunicación abierto y expandible de modo que otros puedan intervenir en la producción y continuar así como su elaboración.

A continuación se propone una secuencia que favorece el trabajo con memorias y narrativas en la escuela.

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¿Preparados para el post-conflicto?

Fase 1: trabajo de archivo o de campo Orientados por el profesor, los estudiantes deben identificar las fuentes del acontecimiento. Este tipo de fuentes, dependiendo del acontecimiento y el nivel de complejidad analizado, puede ser desde relatos de abuelos y personas mayores de la familia o comunidad, pasando por documentos primarios (producidos por sujetos claves que participaron del acontecimiento), hasta textos audiovisuales (documentales, filmes y videoclips).

Luego de identificar las fuentes, el profesor debe orientar a los estudiantes para que registren la información pertinente de los textos. Algunos pueden emplear resúmenes, fichas descriptivas, mapas, diagramas, redes conceptuales, fotografías, audios, etc. La idea es que los estudiantes cuenten con estas herramientas de conocimiento para sistematizar la información y hacerla inteligible.

Fase 2: problematización Siguiendo la metodología del Grupo de Memoria Histórica (2013) (con algunas variaciones), se trabaja a partir de cuatro campos de preguntas: 1. Reconstrucción del pasado: ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se vivió? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué pasó aquí y no en otro lado? ¿Por qué en ese momento?

2. Evaluación del acontecimiento: ¿Qué sucedía en la comunidad o región en ese momento? ¿Qué y a quién cambió lo que pasó? ¿Qué aportes y/o pérdidas personales, familiares y comunitarias ocasionó? ¿Qué aportes y/o daños económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó? ¿Cómo se afrontó lo que pasó? ¿Qué respuestas y resistencias surgieron?

3. El presente del pasado y del futuro: ¿Qué y a quiénes recordamos? ¿De qué manera debemos recordarlos y conservar su legado como hombres y mujeres, amigos, miembros de la comunidad?

4. Perspectivas del futuro: ¿Quiénes somos después de lo que pasó? ¿Qué relaciones encontramos entre el acontecimiento y nuestra actual realidad? ¿Cuál es nuestro papel para construir futuros alternativos o posibles?

Fase 3: producción narrativa De acuerdo con lo mencionado al inicio, la narrativa es infinita, ofrece múltiples posibilidades para que los sujetos den cuenta de sus posicionamientos frente a los hechos del pasado y permiten conectar lo ocurrido (no como causalidad unívoca) con su vida presente. Por esta razón, luego de la problematización del acontecimiento, los estudiantes deben producir narrativas que permitan tramitar el pasado y encontrar mecanismos para descentrarse del aquí y ahora. Estas narrativas se pueden clasificar en cuatro dimensiones: 101

Juan Carlos Amador

1. Dimensión gráfica: dibujo, caricatura, cómic.

2. Dimensión escrita: escritura de cuentos y ficciones narrativas basadas en géneros convencionales, biografías e historias de vida.

3. Dimensión audiovisual: producción de videoclips, cortos, documentales, filmes.

4. Dimensión digital e interactiva: hipertextos, hipermedias, novelas gráficas.

5. Epílogo

Si bien este recorrido no pretendió cuestionar la labor de las instituciones, sí muestra la complejidad de la reparación integral en niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado que están ubicados en colegios de Bogotá. Con el fin de evidenciar que la reparación no es solo un proceso técnico, se propuso que la escuela, específicamente a través de la pedagogía, atienda los daños emocionales, morales, culturales y políticos. Esta atención no opera exclusivamente mediante el apoyo psicosocial, sino también a través del currículo y la práctica pedagógica.

Con base en esta idea, se propusieron tres posibilidades pedagógicas que se pueden implementar desde la escuela: la educación en, con y para los derechos; la interculturalidad crítica; y las narrativas y memorias. Sin embargo, estas propuestas, y otras que se están desarrollando a través de algunos grupos de maestros y maestras, se enfrentan al dilema del sistema educativo en Bogotá, el cual también es el que vive el país.

Este dilema se caracteriza por las siguientes preguntas: ¿Se puede educar para la paz y la reconciliación con políticas que, a la vez, buscan educar para la competitividad? ¿Se puede educar para la paz y la reconciliación a través de la hegemonía de la racionalidad científico-técnica (expresada en currículos y prácticas pedagógicas convencionales)? ¿Se puede educar para la paz y la reconciliación con políticas que, a la vez, profundizan la distancia entre unos actores que hacen los estándares curriculares (técnicos de la política educativa) y otros que la deben ejecutar (maestros y maestras)?

Los decisores de política tienen la palabra.

Referencias bibliográficas Bruner, J. (2013). La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. México: Fondo de Cultura Económica.

Bruner, J. (2004). Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Barcelona: Gedisa.

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011. Gaceta oficial.

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¿Preparados para el post-conflicto?

GMH y CNRR. (2013). ¡Basta ya! Colombia memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Departamento de prosperidad social.

Gudynas, E. (2011). Buen Vivir. Germinando alternativas al desarrollo. En Revista ALAI 462. Quito.

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: Anthropos Editores.

Honneth, A. (2009). Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Jelin, E. y S. Kaufman (comps.). (2005). Subjetividad y figuras de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Pineau, P. (2008). La educación como derecho. Buenos Aires: Fe y Alegría.

Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia, el olvido. México: Fondo de Cultura Económica.

White, H. (1992). Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked. University of Wisconsin Press.

Santos, B. (2009). Hacia una epistemología del sur. México: Fondo de Cultura Económica.

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La experiencia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Sandra Milena Santa Mora1

La pregunta que nos convoca es: ¿Cómo nos preparamos para el post-conflicto?, es decir, para el futuro. La respuesta, desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) es: con la reparación integral a las víctimas del conflicto nos preparamos para el futuro. Esto, en la medida en que la reparación se convierte en un elemento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera. Sobre el particular, además de los objetivos alusivos a la justicia transicional, en esta ponencia se plantea la reparación integral con vocación transformadora que, en términos de Rodrigo Uprimny, tiene como objetivo central la eliminación de las condiciones de exclusión que facilitaron y permitieron que muchas personas fueran victimizadas. La búsqueda de la supresión de esas condiciones parte del reconocimiento de que su existencia pone en riesgo cualquier proyecto o construcción orientada hacia la paz, o cualquier proyecto de adecuación hacia el post-conflicto.

Desde la Unidad para las Víctimas se le apuesta a la reparación integral, comprendida como el elemento indispensable para la construcción de paz y un escenario de post-conflicto; es una iniciativa que aporta a la eliminación de las condiciones que originan el conflicto. Es preciso destacar que la reparación

1

Representante de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de Atención a las Víctimas.

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Juan Carlos Amador

integral no puede asumirse en su dimensión individual con independencia de las medidas de justicia transicional. Esto teniendo en cuenta que estas medidas son parte de un modelo holístico que debe ser capaz de condensar las dimensiones de la justicia transicional, específicamente las de justicia y verdad.

Lo anterior da cuenta de la respuesta a la pregunta: ¿Cómo nos preparamos para la paz a través de la reparación? Sin embargo, hay tres niveles en los que vale la pena profundizar. Primero, nos estamos preparando porque ya hemos avanzado en la reparación integral de las víctimas en algunos aspectos cobijados por ella. Segundo, somos conscientes de que hay bastantes retos y procesos por mejorar, que exigen preparación para el futuro, y que requieren su identificación y superación para efectos de mejorar la política de reparación integral.

Y tercero, existen retos especiales a enfrentar en el caso de un eventual acuerdo de terminación del conflicto armado con las FARC-EP. ¿En qué hemos avanzado? Gustavo Salazar (2015) ha planteado esta discusión al considerar que el Estado colombiano desplegó el proceso de reparación a partir de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Esto constituye un gran avance que no puede ignorarse, a pesar de las fallas y limitaciones de la norma, pues contiene un marco normativo amplio e incluyente, que le apuesta a la reparación integral de las víctimas con una vocación transformadora. A continuación algunos avances importantes en este sentido.

En primer lugar, la Ley 1448 constituye el reconocimiento por parte del Estado colombiano de un conflicto armado y de sus víctimas. Este reconocimiento plantea dos aspectos fundamentales: por un lado, la existencia misma del conflicto armado y, por otro, la de una diversidad de victimarios, asunto que también reconoce la situación de las víctimas frente a todos los actores en pugna, asumiendo incluso la existencia de crímenes de Estado. Esto hace posible avanzar en reparación.

En segundo lugar, la ley en mención establece una institucionalidad robusta. Independientemente de la forma como se está implementando, ahora existe y pueden ser identificadas atribuciones y responsabilidades específicas en cuanto a reparación. En tercer lugar, la unificación de normas, pues Colombia es un país con tendencia a la proliferación de normas, muchas de ellas relacionadas con las víctimas. La Ley 1448 unificó la reglamentación al respecto, con el objetivo de ofrecer claridad sobre el marco normativo aplicable a la reparación a las víctimas.

En cuarto lugar, la creación de mecanismos de participación para las víctimas, los cuales hoy son efectivos y ya han empezado a operar. Se trata de las mesas municipales, departamentales y nacionales de participación de las víctimas, en las que intervienen representantes elegidos popularmente, con voz y voto en los diferentes niveles, para la definición de las políticas que los afectan.

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¿Preparados para el post-conflicto?

En quinto lugar, la inclusión de un enfoque diferencial que tiene como objetivo responder directamente a aquellas poblaciones que están en situación de especial vulnerabilidad. De entrada, el grupo poblacional compuesto por las víctimas está compuesto por personas en especial situación de vulnerabilidad.

La pretensión es dar respuesta prioritaria a aquellas personas especialmente afectadas, como lo pueden ser niños y niñas, los y las adolescentes, las mujeres y las comunidades étnicas, entre otras.

Finalmente, un avance en el tratamiento y la política de reparación es la definición de un esquema institucional para su financiación. Específicamente, se dispone de un rubro público fijo, fundamental para el marco normativo, aunado a dos elementos en el ámbito operativo. De un lado, la existencia del Registro Único de Víctimas –RUV–, a través del cual es posible afirmar que hay más o menos 6.300.000 víctimas en Colombia, una cifra gigantesca, en la medida en que hablamos del 12 o 13 por ciento de la población colombiana, y que diariamente se siguen registrando víctimas.

Y de otro lado, conforme al modelo de atención de asistencia y reparación, además de establecer cuántas víctimas hay, el Estado y la Unidad para las Víctimas le apuestan a identificar quiénes son como eje del sistema de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, pues se trata de un mecanismo de atención en el que se diseña un plan de asistencia y reparación integral con cada persona, de acuerdo con sus condiciones y necesidades.

Estos son avances estructurales, generales, que no pueden ser ignorados en la medida en que constituyen la forma en la que nos estamos preparando para el futuro y para el post-conflicto. Nos concentramos en la inclusión de 6.080.000 víctimas que quedaron excluidas, para hablar de la construcción de paz con carácter estable y duradero.

Además de estos avances estructurales hay dos situaciones adicionales. La primera se refiere a los progresos en materia de política de reparación colectiva. Este es uno de los procesos que tendría mayor utilidad en el post-conflicto, pues se trata de reparar a aquellos sujetos colectivos, victimizados, que fueron grupos o que constituyeron organizaciones o comunidades. La idea es reconstruir su tejido social. Lo más interesante de esta experiencia es el acercamiento entre el Estado y el sujeto colectivo. En este momento se ha avanzado en más de 219 procesos de reparación colectiva, en los que el Estado ha forjado un acercamiento a los sujetos colectivos, entre los que se destacan movimientos sindicales, periodistas, concejales y diputados.

Vale mencionar dentro de estos avances de reparación colectiva la estrategia denominada “reviventación”. Esta ha sido diseñada e implementada por los sujetos colectivos y tiene como objetivo reconstruir el tejido social de esas comunidades, organizaciones y grupos afectados por el conflicto armado. Son 107

Juan Carlos Amador

dichos sujetos quienes identifican cuáles son los daños generados por el conflicto, lo que los lleva a diseñar e implementar los planes de acción. Esta práctica es de mucha utilidad en un escenario de post-conflicto y de construcción de paz.

La segunda se refiere a la reparación individual. Frente a la indemnización, en este momento tenemos 250.000 casos acumulados, un número muy pequeño en comparación con el de 6.300.000 víctimas. Existen avances en materia de restitución, rehabilitación y satisfacción, mediante el plan de atención psicosocial por parte del Ministerio de Salud. Hay avances concretos en cada una de las medidas, que tampoco se pueden descartar, al pensar cómo nos preparamos para el futuro, de cara al post-conflicto y a la construcción de paz.

Somos conscientes de la existencia de varios retos y limitaciones, situación frente a la que se espera poder prepararse lo mejor posible, se firme o no un acuerdo de paz. Se le sigue apostando a la reparación y pensando que este es uno de los elementos fundamentales para el país. ¿Cuáles son los retos? Hemos identificado principalmente ocho que deben ser abordados para el mejoramiento de la política de reparación.

1. Fortalecer el reconocimiento de las víctimas. Si bien la Ley 1448 constituye un avance en términos de reconocimiento, aún debemos fortalecer las medidas de satisfacción, sobre todo porque en términos de reparación, para que esta surta efectos reales en las víctimas, es fundamental que la población afectada comprenda que los recursos asignados obedecen a un daño, y que son una forma de indemnización. Es necesario fortalecer las medidas de satisfacción, los actos de reconocimiento de responsabilidad y los actos de reconocimiento de las víctimas. Por otro lado, en un escenario de postconflicto también es posible redefinir la noción de víctima, tal como lo hace la Ley 1448, siendo un paso hacia su reconocimiento.

2. Es necesario fortalecer la política de retornos y reubicaciones, uno de los puntos que estuvo sometido a la opinión pública a finales de 2014, siendo susceptible de afrontarse en dos grandes puntos. El primero, implementar planes efectivos de protección de las víctimas que garanticen su seguridad en los lugares de retorno y reubicación. Y el segundo, desarrollar programas integrales de acompañamiento que permitan la estabilización socioeconómica de esa población. La Unidad para las Víctimas le apuesta a un modelo complejo y holístico de retorno, en el que se permita la estabilización socioeconómica de las víctimas en el lugar al que regresen. El objetivo es lograr el bienestar y que esas víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida en dichos lugares. Esto hasta ahora no está ocurriendo, pues es necesario que haya un programa integral de acompañamiento a la estabilización, fortaleciendo la política de reubicaciones.

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¿Preparados para el post-conflicto?

3. Es necesario ajustar los procesos de indemnización. Estos deben estar acompañados de programas de estabilización y de generación de ingreso y empleo, pues no se puede dar el dinero a las víctimas sin hacer un acompañamiento en cuanto a las formas de inversión y a otras maneras de estabilización.

4. Se deben robustecer los mecanismos de participación efectiva de las víctimas. Es fundamental continuar fomentando su integración a las mesas municipales, departamentales y nacionales, y hacer veeduría de aquellos que eligieron a los representantes en las mesas para determinar si están haciendo lo que deben hacer y si están llevando su voz a todos los espacios en los que se define la política pública.

5. En materia de procesos de reparación colectiva es clave transitar de la fase de acercamiento a la de implementación de los planes de reparación colectiva con fundamento en una comprensión holística, compleja e integral del modelo que exige, entre otras cosas, que todos nos unamos en torno a este.

6. Se deben aumentar los recursos económicos. A pesar del gran logro que constituye la disposición de recursos estables para la política, es necesario lograr una articulación sectorial para consolidar el Sistema Nacional de Atención, Reparación Integral a las Víctimas.

7. Es necesario que toda la sociedad se involucre y la reparación sea, sin lugar a dudas, una obligación política y jurídica del Estado, al tiempo que un deber moral de toda la sociedad. Es clave que nos comprometamos en la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas.

Otros compromisos clave son: El primero, ya iniciado y que se encuentra en proceso de mejora, es la reparación a miembros de la fuerza pública. Es necesario articular lo que reciben por medio del régimen especial del que hacen parte con los elementos que provienen de la Ley 1448. En suma, se debe adecuar la ruta de reparación de miembros de la fuerza pública.

El segundo alude a la situación de los miembros de las FARC-EP y la posibilidad de incluir a los desmovilizados en la política de la reparación. Surgen dos posibilidades. Primero, como victimarios en el marco de la política de reparación a las víctimas, contribuyendo así en el proceso de reparación. Vale recordar que, en el marco jurídico para la paz, una de las condiciones para poder aplicar los criterios de selección y priorización de la sanción e investigación penal es que los desmovilizados, susceptibles de ser beneficiarios de dicho proceso, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y a la reparación.

Existen claves para avanzar en este compromiso, tal como lo menciona el Informe de la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), incluido en esta publicación.

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Juan Carlos Amador

La segunda posibilidad es el esclarecimiento de toda la verdad como un paso inicial. Además del esclarecimiento de la verdad, los integrantes de las FARC-EP deben ser capaces de reconocer públicamente sus responsabilidades en los actos y delitos cometidos contra las víctimas.

Adicionalmente, hay compromisos relacionados con medidas que pueden mejorarse frente a los procesos de restitución e indemnización. Tenemos lecciones bien importantes por parte de administración del Fondo de Reparación, quizás allí podamos definir claramente los bienes con los que cuenta, las condiciones de las entregas de los recursos, así como considerar el trabajo social.

Todas estas son discusiones que deben ser abordadas por parte de la sociedad colombiana. Los estándares internacionales y la jurisprudencia, tanto internacional como nacional, nos han mostrado hasta ahora algo interesante sobre la noción de víctima. Específicamente evidencian que el concepto depende de los intereses objetivos puestos en juego, los cuales van más allá de lo que la persona, individualmente considerada, haya hecho. Es claro que son temas para la discusión y que quedan allí sobre la mesa.

Para finalizar, es preciso volver a la idea inicial, en la que el reto hacia la construcción de la paz es la inclusión de la porción de la población que está por fuera: las víctimas. Es la mejor forma de prepararnos para el post-conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Referencias bibliográficas Ruta Pacífica de las Mujeres, (2013). La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Creative Commons.

Salazar, G. (2015). La integralidad de la justicia transicional. ¿Preparados para el post-conflicto? Desafíos de la reparación, la reintegración y la transicionalidad. Bogotá: IPAZUD, Universidad Distrital. En prensa.

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Segunda parte: Desarme, desmovilizaci贸n y reintegraci贸n (DDR)

Desafíos para el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) en Colombia Enzo Nussio1

En primer lugar, yo soy de nacionalidad suiza, por ello hablo con la presunción de aprender. Tengo algunas lecciones que he aprendido de mi camino por Colombia y quiero compartir con los lectores, con toda la humildad de un extranjero. Si las negociaciones con las FARC-EP son exitosas: ¿Cuáles desafíos podemos esperar de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de esta guerrilla? En este texto me enfocaré, sobre todo, en seguridad y violencia, dado que observo en estos temas gran relevancia.

La base de mi especulación, ya que no sabemos qué va pasar en el futuro, es partir de la premisa de que las negociaciones van a ser exitosas. Mi análisis tiene como base unas investigaciones que he realizado sobre DDR en el pasado sobre las AUC y sobre las desmovilizaciones individuales. Hay otros temas más importantes que el DDR, por ejemplo las víctimas, la justicia transicional y el desarrollo regional. Hablar de DDR no quiere decir que sea más importante, solamente que este es mi campo de experticia. Tampoco es porque este sea el tema central del que tengamos que hablar en el post-conflicto y en la construcción de paz. ¿Por qué hablar de seguridad en el DDR? En los estándares internacionales de las Naciones Unidas el principal objetivo de estos procesos es el de contribuir

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Investigador Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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Juan Carlos Amador

a la seguridad. Este tema es lo mínimo a lo que se ha de llegar a través del proceso DDR, y probablemente sea así porque pensamos que los excombatientes son un riesgo para la seguridad. Pensamos que lo que ellos saben, como por ejemplo empuñar un fusil, y probablemente cometer un acto de violencia, es peligroso para la sociedad. Es por ello que necesitamos ocuparnos de este tema, es la teoría implícita, y por ello es tan importante el tema de la seguridad en el DDR.

Fuente: elaboración propia.

Aquí los gráficos muestran los niveles de violencia en Colombia, a lo largo del tiempo, desde 1997 hasta el 2010. El más pequeño va de 2002 a 2010, mientras que el grande va de 1997 a 2010. En el gráfico grande vemos que el punteado más negro corresponde a los niveles de violencia en Colombia. Se observa una reducción fuerte a partir del año 2002. Al respecto, ya sabemos más o menos a qué se debe, coincide con el proceso DDR, pero no creo que sea resultado directo de este.

Puede ser una coincidencia. De todas formas, si observamos algunas regiones en donde los grupos de autodefensas o paramilitares fueron muy importantes y se dio el proceso DDR, justamente encontramos un comportamiento especial. Si observamos en la gráfica, en la parte de abajo, en la zona sur del Magdalena Medio (línea gris), se evidencia que a partir de 2005 se ubica por encima del promedio nacional. Y si vamos al caso de Córdoba, puede ser el caso más escandaloso en este sentido, sobre todo la línea negra que es el sur de Córdoba (en municipios como Tierra Alta, Valencia, Montelíbano, etc.), observamos una explosión de violencia a partir de la desmovilización.

Por ello se puede preguntar: ¿Fue un éxito o un fracaso? ¿Esto se debe al proceso de DDR o a qué se debe esta explosión de violencia? Tengo una teoría con la que voy a tratar de explicar por qué ha pasado esto y por qué podría pasar en un futuro. Observemos la siguiente gráfica: 114

¿Preparados para el post-conflicto?

Fuente: gráfico del autor con base en datos obtenidos en el estudio Enzo y Howe (2013).

La teoría es la siguiente: hay una relación entre el régimen político y la violencia o presencia de conflictos. Se sabe que en los países muy democráticos hay poca violencia y pocos conflictos, por ejemplo Finlandia o Suecia. Allí no se mata a nadie realmente y tienen índices de violencia muy bajos.

También hay otras zonas que tienen bajos niveles de violencia. Son países autocráticos, por ejemplo Corea del Norte y Arabia Saudita. Estos tienen muy poca violencia porque el Estado es muy represivo. El costo por cometer un acto de violencia es muy alto. Se puede castigar con la pena de muerte si se comete algún crimen. Por ello hay muy poca violencia. En donde se concentra la violencia es entre estos dos extremos, en democracias intermedias o imperfectas.

Lamentablemente, todos los países latinoamericanos se ubican más o menos allí, en una zona intermedia. Al ser una democracia intermedia, Colombia se relaciona con esa violencia más alta. ¿Cómo se relaciona lo anterior con el post-conflicto? Mi argumento es el siguiente: hay zonas en Colombia donde las FARC-EP son dominantes, donde ellas dominan en realidad, imputan o ejercen un dominio autocrático. A ellas no les deben importar los derechos humanos, por ejemplo pueden castigar drásticamente a una persona que roba un teléfono móvil. Esto de alguna manera controla la violencia donde ellos son dominantes. Cuando pasamos al postconflicto, probablemente va a pasar lo siguiente: se van a mover estas zonas de autocracia (de dominio de las FARC-EP) a más democracia. No a una democracia perfecta, pero sí a más democracia de la que había.

Este paso intermedio es, en realidad, desorden. Hay menos orden, no hay un orden autocrático, ni un orden democrático, hay desorden y eso lleva a un aumento de la violencia. ¿Por qué? Porque se reducen los costos para cometer un crimen, ahora el castigo no va a ser tan severo por robar un teléfono móvil.

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Juan Carlos Amador

Porque hay nuevas oportunidades para la venganza en el post-conflicto y porque hay nuevas oportunidades para nuevos actores. Esto va a generar competencias entre grupos armados, como las Bacrim (bandas criminales emergentes post-desmovilización paramilitar), o que se pueden llamar ‘Farcim’, como quiera que los pueda llamar, van a intentar ocupar esos espacios.

Es posible que esto vaya a pasar en las zonas que eran dominadas por las FARC-EP, no en todas las zonas del país. En muchas zonas no hay un dominio de las FARC-EP sino que hay confrontaciones y allí será diferente. Así se explica lo que ocurrió en el sur de Córdoba, pues se pasó de un orden autocrático, ejecutado por los paramilitares, a un desorden de competencias de grupos armados, lo que llevó a un aumento de la violencia.

Cómo se puede evitar esto o, mejor, cómo será en el futuro, ¿en qué regiones se puede esperar un escenario así? En el futuro van a ser regiones diferentes que en el pasado. Las regiones que pueden tener problemas de violencia, después de la desmovilización de las FARC-EP, son las que se muestran en el mapa a continuación. Esta información se obtiene del análisis que hace las Naciones Unidas sobre Colombia. Este organismo quiere establecer cuáles son las regiones que deben ser priorizadas frente a un post-acuerdo, y si se observa el mapa, no sorprende su resultado.

Fuente: Oficina de la Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2014.

Los departamentos con más posibilidad de violencia son Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca, Chocó, algunas partes de Antioquia y Norte de Santander (particularmente la región del Catatumbo). Estas son las regiones donde podría esperarse que pueda pasar algo similar como lo observado en Córdoba.

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¿Preparados para el post-conflicto?

¿Cómo se puede hacer del DDR una experiencia de la cual se pueda aprender? Una gran diferencia puede ser la implementación de una serie de políticas adicionales al desarme, a la desmovilización y a la reintegración que tiendan al desarrollo regional; toda una serie de políticas grandes que se deben tener para estas regiones. ¿Cómo se puede dar una contribución a la seguridad? La primera de estas contribuciones es pensar en una desmovilización gradual con el fin de evitar esos vacíos de poder. Si observamos, en el pasado se dejaron vacíos de poder que fueron ocupados por grupos armados diferentes. ¿Cómo prepararnos para el futuro?

Debemos amortiguar la transición, se podría usar o tratar de usar las estructuras que tienen los grupos armados que se van a desmovilizar. Su conocimiento y cohesión, para amortiguar la transición, no significa entregar esas zonas. Lo que significa es ser realistas y tratar de manejar la seguridad de manera transitiva, gradual. De esta forma, se hacen más visibles las redes de contactos y estructuras existentes, pues seguramente estas, de alguna manera, van a sobrevivir.

Esto requiere reflexión. Es preferible que visibilicemos estas estructuras y que, de alguna manera, tratemos de aprovecharlas con fines positivos. También se pueden correr riesgos, ya que estos actores armados se pueden reorganizar de manera clandestina. Por esta razón, lo mejor es darles a esas estructuras diferentes oportunidades, por ejemplo el desminado humanitario y las actividades de reparación.

Ojalá se puedan involucrar en programas de impactos rápidos, construcción de carreteras, etc. Con estas iniciativas se puede hacer más viable la transición.

La segunda contribución está relacionada con los mandos medios. Estos son muy importantes dentro de las organizaciones. Para organizar la violencia, los mandos rasos no tienen el liderazgo (quizás para cometer hurtos), pero los que organizan la violencia son los mandos medios. En el post-conflicto son, de alguna manera, los que más sufren porque no están en las prestigiosas mesas de negociación y tampoco reciben los beneficios de reintegración que les podrían interesar, porque son mínimos desde su punto de vista.

Estos mandos medios son los que tienen mayor tendencia a cometer delitos después de desmovilizarse, y tienen la mayor capacidad de daño al organizar la violencia. Allí surge la pregunta: ¿Qué hacer con ellos? (por ejemplo con alias “Don Mario”, “Cuchillo”, “Mi Sangre”, entre otros) ¿Cómo dar incentivos a estos mandos medios para que no cometan este tipo de delitos y no organicen la violencia? No se puede pensar solo en dinero. Se cree que se les debe pagar más, pero eso sería injusto con los demás desmovilizados.

Es necesario superar este paradigma. Se debe pensar en incentivos no tangibles.

Por ejemplo, si ellos están altamente amenazados, se les deben dar sistemas de seguridad específicos. También puede ser la utilización de su liderazgo para implementar sistemas de prevención de reclutamiento. De esta forma, los podemos 117

Juan Carlos Amador

empoderar a través de incentivos diferentes al dinero. También se les puede dar la posibilidad de la participación política, asunto que se relaciona directamente con los mecanismos y garantías de no repetición, pues si los alejamos o les impedimos la participación política puede haber motivos e incentivos para volver a la violencia.

También se pueden incluir en el diseño, planificación y ejecución de la política de reintegración. Ojalá los mandos medios puedan tener un papel dentro de esas políticas y acciones, como la que tuvo Enrique Flórez, desmovilizado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en la década de 1990. Esto teniendo en cuenta que estas iniciativas se han perdido completamente en los últimos diez años, cuando la política de reintegración se ha vuelto una política del gobierno, sin inclusión y sin voz por parte de los desmovilizados.

Una tercera contribución es la posibilidad de anticipar las dinámicas de reincidencia. La pregunta clave es cuánta reincidencia hay. Se ha mencionado una cifra del 26 por ciento, y esos pueden ser los que fueron capturados después de realizar un crimen y que eran desmovilizados. No obstante, pueden ser muchos más ya que los mejores criminales no se dejan capturar y por ello no deben aparecer en los registros. He estudiado este tema y hay muchos factores que llevan a la reincidencia o que anclan a los desmovilizados a la vida civil.

Los cinco factores más importantes que hemos encontrado en un estudio cuantitativo realizado en la Universidad de los Andes son los siguientes: 1. Hay desmovilizados que tienen motivos muy personales y persistentes, es decir, ellos se integran a grupos paramilitares y guerrilleros por el gusto por las armas, por la vida militar y el riesgo. Estas son características de la personalidad, que probablemente son continuas. Estas son las personas que tienen más riesgo a reincidir.

2. También encontramos que las personas que viven en las zonas o municipios en donde hay Bacrim tienen probabilidad de reincidir.

3. Se ha visto que las personas que tienen familia e hijos tienen menos posibilidades de reincidir.

4. La formación académica, prestada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), ayuda a anclar a las personas a la vida civil.

5. Los exguerrilleros son menos dados a la reincidencia, y ello tiene que ver posiblemente con el tipo de desmovilización. Esto lo hemos tenido en el pasado y es posible que en el futuro también se dé algo similar.

Es necesario poner el tema de la reincidencia en contexto, porque muchas veces hacemos una ecuación: “Bacrim = desmovilizados”. Pero la mayoría de los miembros de las Bacrim no son desmovilizados. Para el año 2009, solo el 15 por ciento de los miembros de las Bacrim fueron desmovilizados, el 85 por ciento 118

¿Preparados para el post-conflicto?

restante estaba compuesto por no desmovilizados. ¿Quiénes son este 85 por ciento? Pues los jóvenes marginales de hoy. Esta es la real tragedia de este proceso: hay una nueva generación que forma parte de un estilo de vida violento.

Y esto es lo que debemos tener en cuenta, pues nos podemos enfocar en los desmovilizados, porque es necesario, claro está, pero también debemos enfocarnos en la gran masa de personas que tienen un potencial criminal o que, de pronto, quisieran hacer parte de un grupo criminal. Esto indica que la prevención de reclutamiento es muy importante.

Un cuarto punto es que es necesario enfocarse en las comunidades. Es necesario cambiar el enfoque, ya que pensamos mucho desde los desmovilizados.

Debemos pensar de manera más amplia, esto es, en lo que necesitan las comunidades y cómo esto podría ayudar a los desmovilizados. Si observamos en cifras, se puede afirmar que el 97 por ciento de los excombatientes quiere ser parte activa de sus comunidades, esto es, desea reintegrarse socialmente. Asimismo, el 41 por ciento de los miembros de las comunidades le tiene miedo a los desmovilizados y el 81 por ciento no confía en ellos. Entonces, ¿cómo puede funcionar la reintegración? ¿Cómo acercar a desmovilizados y comunidades?

Creo que las estrategias que se han creado para la reintegración comunitaria han sido insuficientes. Es necesario hacer algo más, hay que integrar el DDR en la construcción de paz más amplia y de forma más clara. El DDR no debe ser el punto focal alrededor del cual se construye la paz, sino que debe ser más bien un anexo a la construcción de paz, el cual se articula con otros objetivos sociales más grandes. Tengo la evidencia para decir que las comunidades son importantes, inclusive para los desmovilizados. En una investigación de la cual hice parte (Nussio, 2012), y cuyo tema era ¿qué explica la participación de desmovilizados en organizaciones comunitarias? se destacaban dos factores (que se pueden apreciar en la siguiente gráfica).

Fuente: propuesta por el autor con datos de Nussio (2012) 119

Juan Carlos Amador

Lo que se aprecia en el primer círculo, con el coeficiente negativo, significa que los excombatientes que tienen más contacto con otros excombatientes participan menos de sus comunidades. Por ejemplo, uno puede preguntarse: ¿quiénes son nuestros amigos? Si uno es estudiante, sus amigos serán otros estudiantes, posiblemente sus amigos estudien en la misma universidad o son compañeros de colegio. Y después de tener 5, 6, 7 u 8 amigos de verdad, aparte de los 500 de Facebook, no es necesario buscar más amigos por fuera del contexto social más próximo. Lo mismo les pasa a los desmovilizados, están en el programa de reintegración, allí realizan sus estudios. Con quiénes van a compartir, con los demás desmovilizados. Y, ¿si tienen suficientes amigos desmovilizados, van a buscar amigos adicionales? De pronto no, así como le pasó a este joven que llegó a Bogotá: Mis amigos son más que todo desmovilizados. Gente que encontré en las reuniones, éramos como unos veinticinco. Estos son mis ‘parceros’ y mis amigos, del resto casi no, amigos afuera, casi no, (testimonio de joven desmovilizado).

Así funcionan las relaciones sociales en general, y así también funcionan para los desmovilizados, ellos no son extraterrestres, también tienen necesidades sociales. Otro punto importante es preguntarse: ¿Por qué son más participativos los excombatientes en determinadas comunidades? Porque las comunidades, en sí mismas, son más cohesionadas y participativas. Donde hay varias organizaciones de participación en las comunidades, organizaciones de fútbol, por ejemplo, con clubes, con organizaciones de acción comunal, esto hace que la comunidad sea más participativa, y hace posible que los excombatientes, en mayor medida, puedan participar. Esto significa que debemos fortalecer las comunidades para que sean espacios en donde los excombatientes encuentren oportunidades para participar. En esta dirección, tanto las comunidades como los excombatientes se beneficiarán. Hay que cambiar la lógica, no pensar la desmovilización tanto desde las personas que se desmovilizan, sino que debemos pensarlas desde las comunidades. ¿Cuál es el rol del DDR en este contexto? Mantener las estructuras para amortiguar las transiciones exige pensar en políticas específicas para los mandos medios, pues no se ha hecho hasta ahora. Tenemos que anticipar la reincidencia, saber que siempre va existir. ¿Por qué nos escandalizamos? Siempre algunos van a reincidir. Sabemos a qué se van a dedicar y tenemos, sobre todo, que prevenir nuevas generaciones de violentos, esa es la gran tragedia que debemos evitar.

Debemos pensar antes que nada en las comunidades y luego en los excombatientes. Debemos cambiar el chip para construir un proceso de DDR más efectivo, y, en general, debemos integrar el DDR a una construcción de paz más amplia, una construcción de Estado más comprehensiva que debe encontrar su rol allí. No tiene que ser un proceso aislado.

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¿Preparados para el post-conflicto?

Fuente: propuesta por el autor.

Pero también hay razones para la esperanza. Es posible que el conflicto se termine, por lo menos con las insurgencias, si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decide negociar. Esto facilitaría muchísimo el proceso de reintegración.

La institucionalidad hoy está mucho más preparada para recibir a los desmovilizados que a lo que estuvo hace veinte años, o como lo fue hace diez años.

Creo que los futuros excombatientes de las FARC-EP van a ser menos dados a la reincidencia, en general, que los ex-miembros de los grupos paramilitares. Va a haber mucho más apoyo en la comunidad internacional, las Naciones Unidas así lo han señalado. Pero también es importante ser realistas, porque en un proceso de DDR no todos están de acuerdo, porque o uno les da demasiado a los desmovilizados o les da muy poco. Alguien siempre va a criticar y eso está bien así, pero ¿qué es lo que puede lograr un proceso de DDR? y ¿qué no se puede lograr? Eso es sobre lo que tenemos que reflexionar.

Referencias bibliográficas Nussio, E. (2012). La vida después de la desmovilización: percepciones, emociones y estrategias de exparamilitares en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.

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Desafíos de la reintegración en Colombia Omar Alfonso Ochoa Maldonado1

En este texto se expondrá la evolución del proceso de reintegración implementado en Colombia, el cual ha sido reconocido internacionalmente, convirtiéndose en referente para estados que se encuentran inmersos en una situación similar al conflicto armado colombiano. Dicho reconocimiento ha permitido establecer alianzas con países en similar situación, tendientes a construir relaciones de cooperación. Es así que, en este marco, se creó la estrategia de cooperación técnica sur-sur, con países de África y de Asia, la cual permite un intercambio de información constante sobre temas de desarme, desmovilización y reintegración.

El proceso de reintegración colombiano ha sido estructurado en varias fases, enfocadas a dar cumplimiento de manera eficaz a las necesidades de las personas que han decidido desmovilizarse e iniciar la ruta de reintegración, para que estas cuenten con herramientas que les permitan ser sostenibles en la legalidad; es así que en el proceso de DDR participan diferentes entidades estatales, dependiendo del momento en que se encuentre la persona dentro de la ruta y la manera en que realizó su desmovilización.

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Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

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Fuente: ACR, 2014.

Es pertinente señalar que existen dos tipos de desmovilizaciones: individuales y colectivas. Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la forma en la cual una persona se desmoviliza, toda vez que las primeras son miembros de grupos armados ilegales que decidieron abandonar individualmente el grupo, evidenciando su voluntad de integrarse a la sociedad a través de la ruta de reintegración que ofrece el Estado. Y las segundas surgen en el marco de las desmovilizaciones colectivas, fruto de negociaciones entre el Estado y los grupos organizados al margen de la ley.

En primera instancia, surge un proceso de desarme y desmovilización cuyo responsable es el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Grupo de Atención al Desmovilizado, primer referente para quienes individualmente quieren abandonar el grupo e ingresar en este proceso de desarme y desmovilización.

En esta etapa del proceso existe un filtro, un Comité Operativo para la Dejación de Armas, conformado por varias entidades del Estado, como son la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la ACR. El Ministerio se encarga de acreditar tanto la pertenencia del individuo al grupo del cual dice proceder, como la voluntad de ingresar a una ruta o a un proceso individual de reintegración. Con esta etapa de acreditación, a través de un conjunto colegiado, se inicia la participación de la ACR en el proceso de reintegración, y su desarrollo depende de si estamos en presencia de personas menores de edad o adultas.

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¿Preparados para el post-conflicto?

Ahora bien, cuando se está en presencia de personas menores de edad, se trata de víctimas, razón por la cual la responsabilidad de su ruta y el restablecimiento de derechos deben estar en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta tanto la persona cumpla la mayoría de edad. Luego, se ingresa al proceso con la ACR en forma voluntaria. Respecto a las personas desmovilizadas adultas, estas ingresan directamente a la ruta de reintegración de la ACR. Si estamos ante un proceso de desmovilización colectiva, producto de negociaciones entre el Estado y los diferentes grupos al margen de la ley con los que se llega a acuerdos, los desmovilizados colectivos inician su ruta por conducto de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que es la instancia institucional encargada de coordinar estos esfuerzos. Si en estos grupos hay personas menores de edad, ocurre algo similar al procedimiento de las desmovilizaciones individuales: por su calidad de víctimas son objeto de un proceso de restablecimiento de sus derechos. Y, como ya se mencionó, es responsabilidad del ICBF brindarles el apoyo y acompañamiento necesarios.

En el ámbito institucional, el proceso de reintegración en el país cuenta con una historia reciente. A partir del año 2003, cuando se creó una institucionalidad propia para entender este tipo de procesos, surge en primera instancia el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, que en su momento otorgaba una serie de apoyos económicos a los desmovilizados casi de manera automática por el solo hecho de ser desmovilizados. Evidentemente, la oferta institucional brindada a las personas desmovilizadas en ese momento tenía un fuerte carácter asistencialista.

Dicho programa se ejecutó hasta el año 2006, cuando en la Presidencia de la República se creó la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, con una institucionalidad más apropiada, no como un programa ministerial, sino una consejería enfocada a concretar y liderar una política pública de reintegración social y económica. Esto le dio un asidero institucional de mayor peso al Estado para generar procesos de reintegración con mayor solidez y acordes con la situación en la que se encontraba el país. Lo anterior significó un salto cualitativo, en la medida que el apoyo económico al desmovilizado dejó de ser automático para estar sujeto al cumplimiento de una serie de compromisos y de reciprocidad por parte de la persona desmovilizada.

Como se mencionó, el año 2003 es el punto de partida para la institucionalización del proceso de reintegración, dada la necesidad de atención a la población desmovilizada, pues se tiene que, a partir de este momento hasta el año 2013, la población desmovilizada individualmente ascendió al número de 24.309 desmovilizados individuales. En cuanto a las desmovilizaciones colectivas, el número es de 31.862 desmovilizados en el mismo periodo (2003-2013), 125

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las cuales ocurrieron en el marco de los acuerdos a los que llegaron el Estado y los grupos armados al margen de la ley.

Esta es la población que se tiene de desmovilizados individuales y colectivos desde el 2003 hasta el 2013, quienes a su vez confluyen en la población y que son quienes deciden voluntariamente ingresar en el proceso. Esto es un aspecto importante, en tanto nuestro proceso no es obligatorio, sino que cada desmovilizado, de acuerdo con sus perspectivas de vida, decide voluntariamente ingresar o no a la ruta.

Es de señalar que de los aproximadamente 56.000 desmovilizados que han decidido dejar las armas a lo largo de estos once años, 46.000 (82 por ciento) ingresaron al proceso de reintegración. De estos, en la actualidad, alrededor de 30.000 colombianos y colombianas, son responsabilidad de la ACR. Con ellos y ellas se realiza un plan de trabajo, dependiendo de sus condiciones sociales, psicológicas y culturales particulares.

En el segundo semestre de 2014, fecha de escritura de esta ponencia, la ACR tenía 31.737 desmovilizados realizando su proceso de reintegración. Es de recalcar, como se señaló anteriormente, que el ingreso y permanencia en el proceso es totalmente voluntario, no existe un imperativo para que las personas ingresen forzosamente al proceso y culminen el mismo, lo cual brinda un carácter de voluntariedad importante para el compromiso de cada uno de los integrantes con su ruta o con su proceso individual de reintegración a la sociedad civil.

Respecto a la cobertura geográfica, actualmente la ACR tiene presencia en gran parte del territorio colombiano. La Agencia cuenta con 33 centros de servicios en el país, que brindan atención y acompañamiento en su proceso a las personas en proceso de reintegración (PPR). La distribución geográfica de estos centros de servicio se realizó teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las PPR atendidas por la ACR. Estas se encuentran básicamente en el norte del país y, en menor proporción en el sur. La mayor parte de población desmovilizada está ubicada en las zonas Andina y Caribe.

Se destaca que, a nivel porcentual, un 38 por ciento de las PPR se encuentra concentrado en los grandes centros urbanos, lo cual ha obligado al Gobierno nacional a crear estrategias de coordinación con los gobiernos territoriales para centralizar la política pública de reintegración, sobre todo en las grandes urbes, en donde se concentra la mayoría de la población desmovilizada.

El siguiente esquema muestra la distribución geográfica de la población desmovilizada del país, la cual se encuentra en la ruta de la reintegración.

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¿Preparados para el post-conflicto?

Fuente: ACR, 2014.

Igualmente, se tienen porcentajes del 40 y el 22 por ciento de PPR ubicadas en ciudades intermedias y otros municipios a lo largo y ancho de la geografía nacional. Debido al porcentaje de PPR concentrado en el norte y centro del país, la presencia de la ACR se ha consolidado en estas zonas geográficas. Sin embargo, actualmente los esfuerzos de la entidad están encaminados a tener una mayor presencia institucional en el sur del país, lo cual se ha materializado con la apertura de centros de servicio en los departamentos del Caquetá, Huila, Cauca, Nariño y Putumayo. Estos puntos de servicio deben responder oportunamente al proceso de reintegración en esas zonas del país.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el ingreso de la población desmovilizada a la ruta de reintegración es absolutamente voluntario. Pero esa voluntariedad implica que, para acceder a los beneficios económicos, la PPR debe cumplir con una serie de compromisos en el trascurso de la ruta individual de reintegración que emprendió; dichos compromisos parten de la faceta psicosocial, asumiendo que es un punto esencial para efectos de estabilizar a alguien que sale de una situación de conflicto. Es por ello que el acompañamiento psicosocial y las corresponsabilidades que implica dicho acompañamiento individual (del cual hace parte también el componente académico), deben tener una relación recíproca de responsabilidades, tanto de las personas que buscan reintegrarse a la sociedad civil como de la ACR de brindarles todas las herramientas para que su reintegración sea exitosa y sostenible.

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Fuente: ACR, 2014.

Uno de los ocho componentes de la ruta está relacionado directamente con la formación para el trabajo, que es la capacitación que reciben los desmovilizados de acuerdo con sus inclinaciones profesionales en un oficio determinado.

El aliado estratégico de este componente es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), institución a la cual las PPR pueden ingresar y realizar cursos de formación para el trabajo, con la intensidad necesaria y reglamentada por esta entidad. Solamente con el cumplimiento de estos componentes es posible que la PPR tenga acceso a los beneficios de carácter económico, los cuales no se conciben como un subsidio, como en otros programas estatales, sino como un apoyo económico para darle continuidad a la ruta de reintegración de los desmovilizados, y que estos puedan tener un proyecto que permita que su reintegración económica a la sociedad sea sostenible y duradera.

Para el primer semestre de 2014, la ruta de reintegración está definida y tiene un promedio de duración de seis años y medio, dependiendo de las condiciones individuales de cada persona desmovilizada. No se trata de una ruta masiva, dado que para establecer la ruta de cada PPR es necesario conocer sus condiciones particulares y formular un plan de trabajo con cada persona, ya que tienen necesidades diferentes. Por ello es necesario contar con un acompañamiento directo por parte de los profesionales reintegradores de la ACR, quienes se encuentran ubicados en los centros de servicios en las regiones, prestando apoyo a lo largo y ancho del país.

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¿Preparados para el post-conflicto?

En este punto es importante señalar que hoy, en el marco de su ruta de reintegración, los beneficios económicos a los cuales pueden acceder las PPR son, más que un derecho adquirido por su condición de desmovilizados, un apoyo que el Estado entrega a aquellos que demuestran un compromiso auténtico con su ruta individual de reintegración, en aras de lograr un estándar final de su ruta que les permita una reintegración económica y social real, auténtica y sostenible en la legalidad.

Veamos con más detalle las diferentes facetas que componen la ruta de reintegración individual. Hoy se cuenta con una ruta de reintegración multidimensional que busca impactar varias facetas en la vida de las personas desmovilizadas.

Desde el punto de vista personal, el primer referente es restablecer los lazos familiares. Cuando se está en las primeras fases de desmovilización, hay un trabajo muy fuerte con el entorno directo de las personas desmovilizadas que busca fortalecer esos lazos familiares, y de esa forma ir garantizando un mecanismo que evite la reincidencia en las actividades que ejercía en el grupo al cual pertenecía.

En este punto, hay un arduo trabajo desde el punto de vista personal, pero también de tipo productivo, el cual es una preocupación constante para lograr una reintegración económica auténtica. En tal sentido, se genera una planeación en torno a la formación para el trabajo y el desarrollo de alianzas con el sector privado, con la finalidad de crear oportunidades de empleo para las PPR. La idea es que, con ello, puedan acceder, al finalizar su ruta o incluso desde antes, a una oportunidad laboral, toda vez que las personas en proceso de reintegración, al tener cabida en el aparato productivo, pueden lograr una reintegración sostenible a la legalidad.

Esta es una preocupación latente para la ACR, lo cual obliga a la entidad a generar permanentemente sinergias con los sectores con el fin de crear oportunidades laborales para la población objeto.

En el sector privado, actualmente la ACR cuenta con varias alianzas en los diferentes sectores productivos del país, y de esta forma se logran canalizar oportunidades de empleo que permitan la sostenibilidad de las personas en el proceso de reintegración, desde el punto de vista económico.

En cuanto al sector público, bajo la premisa ‘el ejemplo empieza por casa’, en la ACR hay personas que decidieron dejar las armas e iniciar su proceso de reintegración, que cumplieron y culminaron su ruta con éxito, que terminaron sus estudios superiores y que hoy están vinculadas como colaboradoras de la institución. Ellos y ellas son piezas fundamentales para lograr el objetivo para el cual fue creada la entidad, dado su compromiso, alta calidad humana y conocimiento de primera mano de lo que conlleva el desarrollo y culminación de la ruta de reintegración. Es así como la ACR cuenta con aproximadamente cincuenta promotores de reintegración, distribuidos en los diferentes centros de servicios.

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También se han diseñado opciones concretas de empleo. Dentro de la ruta de cada PPR está la posibilidad de un apoyo económico para proyectos productivos con el ánimo de generar alternativas de ingresos que permitan también la generación de trabajo y hagan posible la sostenibilidad y permanencia del desmovilizado en la legalidad. De estos diseños institucionales se han tenido experiencias bastante exitosas de personas que empezaron un proyecto productivo, individual o colectivo, y hoy son empresarias que tienen la posibilidad de dar empleo a otras personas.

Hay situaciones en la vida práctica que rebasan lo que se puede esperar de la reconciliación, en tanto se han dado proyectos de vida de empresarios desmovilizados que hoy emplean a víctimas y a desmovilizados en sus empresas, generando desde esta perspectiva experiencias de reconciliación muy concretas en el país, a la vez que están generando una dinámica productiva y económica que garantiza la sostenibilidad de ese tipo de proyectos y la generación de ingresos en el tiempo.

Asimismo, y como se señaló anteriormente, la dimensión familiar va muy de la mano con los lazos que deben ser fortalecidos para evitar la reincidencia, y en nuestra ruta de la reintegración cobra una importancia central.

Por otra parte, la dimensión de la habitabilidad es un punto también muy importante, en el entendido que una persona que tiene una vivienda es menos propensa a la reincidencia que alguien que no la tiene. La vivienda genera arraigo en el territorio. Desde esta perspectiva, se ha venido trabajando de la mano con el Fondo Nacional del Ahorro y las cajas de compensación familiar, lo cual ha generado que hoy en día podamos presentar un índice del 25 por ciento de nuestra población con vivienda propia o con una vivienda familiar, lo cual va generando, a su vez, condiciones de arraigo en la región, las cuales reducen la reincidencia en actividades delictivas.

En el ámbito del acceso a la salud, nuestra población está cubierta con el régimen subsidiado, en principio, y con el contributivo una vez tenga acceso a empleo formal o genere un proyecto productivo que le permita acceder a la seguridad social. Desde esta perspectiva, hay una estadística importante: hoy tenemos aproximadamente 10.000 personas desmovilizadas trabajando en el sector formal de la economía; y unos 8.000 trabajando en el sector informal de la economía. El reto es incrementar el número de personas vinculadas de manera formal al aparato productivo que, en últimas, permite garantizar esa permanencia en la legalidad de forma sostenible, nuestro propósito institucional.

Como se anotó anteriormente, dependiendo de cada realidad en la que se encuentra la persona desmovilizada, hay un acompañamiento en materia educativa, partiendo desde la básica, e incluso hay apoyos para quienes quieren continuar su formación académica hasta la formación superior. Actualmente, 130

¿Preparados para el post-conflicto?

se cuenta con cerca de 500 personas desmovilizadas que han culminado todas las etapas educativas de la ruta, algunos incluso desde primaria, y hoy están cursando estudios superiores, muchos de los cuales, como se mencionó, hacen parte de la ACR, vinculados como promotores de reintegración.

En la perspectiva ciudadana, que consiste en reivindicar los derechos como ciudadanos, apropiarse del papel activo de cumplir con su propio destino y apropiar los canales institucionales, también hay un acompañamiento por parte de la Agencia para el desarrollo en esta faceta en particular.

La seguridad de las PPR es un tema de gran relevancia para la Agencia, pues a pesar de todos los esfuerzos institucionales existen zonas del país donde las tasas de mortalidad de personas desmovilizadas son muy altas en relación con otro tipo de poblaciones. Allí se ha avanzado en esfuerzos importantes con las autoridades del Estado, encargadas de prestar esa seguridad, con el fin de salvaguardar y garantizar el derecho a la vida de las PPR. En tal sentido, se logró que normativamente la Unidad Nacional de Protección, que es la instancia del Estado encargada de proteger a personas en situaciones de riesgo, incluyera a estas personas dentro de su población objeto. Esta inclusión permite que ante una circunstancia particular de riesgo de algún desmovilizado se pueda acudir a esa entidad para la calificación de su situación especial y obtener el apoyo y la medida de protección que sea necesaria. Sin embargo, la seguridad de las PPR sigue siendo un problema latente por los altos índices de mortalidad y homicidios que se presentan en esta población.

Aunque no se observa en el esquema, otro elemento clave es la estabilización jurídica del tema en el país. Esta preocupación radica en que el proceso de reintegración ha sufrido fluctuaciones que, en muchas ocasiones, han cambiado las ‘reglas de juego’ sobre el camino. En este contexto, se puede mencionar la situación de las personas desmovilizadas que, en el año 2003 fruto de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y los grupos al margen de la ley, dejaron las armas y optaron por dejar la vida de ilegalidad que tenían hasta ese momento. Con el paso del tiempo, fruto de los pronunciamientos jurisdiccionales, se trazan las reglas de juego y se constituye un escenario de tipo jurídico que ha llevado al Estado a emitir una serie de herramientas para darle solución a esa problemática.

Por ejemplo, una problemática frente a estas desmovilizaciones ha sido que la Constitución Política, en su artículo 122, limita el acceso de las PPR a cargos públicos y a las funciones públicas, pues toda persona que ha sido condenada por pertenecer a un grupo armado ilegal no puede ocupar cargos públicos o ser elegida para los mismos. En este caso, las personas desmovilizadas que se han reintegrado y que fueron condenadas no van a poder ejercer cargos públicos, ya que al haber pertenecido a grupos delincuenciales, grupos alzados en armas 131

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o por el delito de concierto para delinquir, en el caso de los desmovilizados de las autodefensas, van a tener una limitante política y laboral. Cuando sean condenadas, en relación con este mandato constitucional, se va a limitar la posibilidad del ingreso al Estado para el ejercicio de cargos públicos. Este es un reto grande que, como Estado, tenemos que ir resolviendo, dado que en últimas es un obstáculo para que realmente se pueda dar una reintegración social y económica de los desmovilizados de acuerdo con el marco legal vigente. Por esta razón, uno de los retos grandes es ir garantizando instrumentos de seguridad jurídica que permitan crear las condiciones legales para garantizar que el proceso de reintegración sea estable jurídicamente y sostenible en la legalidad.

Referencias bibliográficas Organización de las Naciones Unidas, (2010). Second Generation Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) Practices in Peace Operations. Recuperado http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/2GDDR_ENG_ WITH_COVER.pdf Organización de las Naciones Unidas, (2006). Integrated disarmament, demobilization and reintegration standards. Recuperado http://pksoi.army.mil/doctrine_concepts/documents/UN%20Guidelines/IDDRS.pdf

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Desmovilización y reinserción: una experiencia Enrique Flórez1

A continuación haré una breve reflexión, a partir de una experiencia particular, conocida como la desmovilización y reinserción del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Esta experiencia es, en relación con lo expuesto por Omar Alfonso Ochoa (ANR), la “prehistoria” de la reinserción. Se trata de un acontecimiento producido entre 1990 y 2003. Reflexionar sobre lo ocurrido aporta claves importantes para entender qué pueda pasar frente a un posible escenario de post-conflicto con las FARC-EP. Fui, durante quince años, miembro de la guerrilla PRT. En 1991 participé en la mesa de negociación con el Gobierno nacional de la época. Fui vocero de esa mesa y del Comité de Concertación del Programa de Reinserción con el Gobierno nacional, específicamente en lo concerniente al proceso de reinserción del PRT. Lo que sucedió, y lo que voy a contar en esta historia, tiene como fin dar a conocer algunas lecciones aprendidas de este proceso de desmovilización y reinserción que ocurrió en la década del noventa del siglo XX en Colombia.

Para iniciar es bueno contextualizar al lector sobre las negociaciones de la década de los años noventa. Entre 1990 y 1994 se desmovilizaron ocho organizaciones guerrilleras: el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la Corriente 1

Representante Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

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de Renovación Socialista (CRS), el Comando Ernesto Rojas, el Frente Francisco Garnica, las Milicias de Medellín y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Estos procesos de negociación estuvieron antecedidos de una serie de acuerdos con el Gobierno nacional, por lo que es necesario reconocer de manera general su forma de funcionamiento.

Un primer tema es que todos nos acogimos a la iniciativa de paz del Gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990). En las mesas de negociación no se abordaron temas sustanciales, por ejemplo no fueron tratados temas de política pública. Esto se explica básicamente porque estábamos en una coyuntura relacionada con el proceso constituyente de 1991. Así que los referentes y las propuestas que teníamos en aquel momento, alrededor de cambios en las estructuras sociales y económicas, se concentraron en dicho proceso constituyente.

Cuando la Corte avaló que el proceso constituyente podía incidir en todos los temas de la Constitución, las mesas de negociación se quedaron sin contenidos sustantivos. En consecuencia, los temas de los acuerdos con estas organizaciones quedaron sujetos a las condiciones para la reinserción a la vida civil de estos grupos guerrilleros, específicamente a través de cuatro grandes capítulos.

El primero, que era el más grande, se refería a las garantías. Inicialmente, estaban las garantías políticas para participar en la constituyente. Luego, las garantías jurídicas para los indultos, en un contexto muy distinto al de hoy, pues su referente era el perdón y el olvido. En este contexto de perdón y olvido, se produjeron indultos y suspensión de procedimientos de órdenes judiciales.

También surgieron las garantías para la conformación de partidos políticos. Finalmente, se abordó el tema de esquemas de seguridad y de unas condiciones mínimas para la participación política. Este fue el primer gran capítulo de estos acuerdos.

El segundo capítulo se centró en las condiciones para la reinserción económica y social de los combatientes. En esto quiero anotar que Colombia, como lo planteó Omar Alfonso Ochoa, tiene una larga tradición en el tema. El paradigma de reinserción, desde la Ley 35 de 1982, en el Gobierno del presidente de Belisario Betancur (1982-1986), ha sido la reinserción individual. Nosotros, en estos acuerdos, aceptamos esta orientación y nos dispusimos a diseñar e implementar una serie de proyectos y programas en áreas de educación, salud y vivienda.

El tercer capítulo desarrolló el tema de los planes regionales de inversión pública. En las zonas donde los grupos habían tenido alguna influencia se acordó con el Gobierno nacional la generación de una serie de inversiones para mejorar las condiciones de calidad de vida de sus pobladores, y así incidir en el desarrollo regional.

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¿Preparados para el post-conflicto?

El cuarto capítulo se construyó alrededor de los derechos humanos, que básicamente se concentró en los acuerdos de la Corriente de Renovación Socialista, el PRT y el Quintín Lame. Estos coincidían en la necesidad de crear comisiones para analizar la situación de derechos humanos en las regiones, así como hacer recomendaciones.

En este momento existía la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, que hacía recomendaciones para mejorar las condiciones en esta área. No obstante, el tema de las víctimas fue abordado discretamente. En aquel tiempo, el tema se reducía a las víctimas de las personas que estuvieran dentro de la organización y a algunos aspectos generales relacionados con reparación colectiva. En términos generales, este era el esquema planteado. A continuación, adelantaré un análisis comparativo entre esta experiencia y el actual proceso de diálogo con las FARC-EP, algo que el consejero Sergio Jaramillo también ha planteado.

En primer lugar, un aspecto central sobre la construcción de paz con las FARC-EP tiene que ver con la paz regional. Aquí surge la pregunta: ¿Qué pasó con la paz regional de los años noventa? Como se mencionó anteriormente, nuestra participación en la Constituyente y en el nuevo marco político de 1991 fue importante, pero poco se ha hablado de esa paz regional en la que aportamos. Entonces describiré, a grandes rasgos, qué paso con el PRT. El PRT se desmovilizó en los Montes de María, en la costa norte de Colombia, entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Los Montes de María están conformados por quince municipios. Podemos estar hablando, para ese momento, de una población de unos 500.000 habitantes. El PRT era una organización pequeña, que surgió de una división del EPL en 1974. Después conformó otra tendencia, por lo que nos integramos a la Coordinadora Simón Bolívar.

Dentro de la Coordinadora, cuando se produjo la desmovilización del M-19, hicimos un bloque con el EPL y el Quintín Lame. Este bloque logró negociar con el Gobierno nacional. Los inicios de esta negociación, que se dieron en Bogotá, específicamente con el acompañamiento de Rafael Pardo, y después de dos reuniones, acordamos que era necesario llevar la negociación a las regiones donde teníamos influencia. Fue en ese momento en el que la mesa se dividió en campamentos localizados en estas zonas de influencia.

El EPL instaló varios campamentos, el Quintín Lame se ubicó en el Cauca y nosotros nos ubicamos en San Juan de Nepomuceno, para luego trasladarnos a Don Gabriel. Cuando llegamos, junto con los negociadores del Gobierno y de la región, porque también en las regiones escogimos negociadores, teníamos el criterio de que la mayor fuerza concentrada, básicamente la fuerza militar del PRT, estaba ligada a los movimientos campesinos de la década del setenta y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), línea Sincelejo.

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Cuando llegamos a uno de los campamentos, lo primero que recibimos fue una visita de los alcaldes de la región. Llegaron quince alcaldes, quienes expusieron las problemáticas del desarrollo regional.

En ese momento había un enfoque diferente al de hoy. El Gobierno nacional planteaba un enfoque territorial en la inversión nacional que era ejecutada a través del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). Este Plan se había diseñado, por parte del Gobierno nacional, con el propósito de llevar el Estado central a las regiones más desfavorecidas, donde había situaciones de violencia. Este proceso se adelantaba a través de los Consejos Municipales y Departamentales de Rehabilitación (CMDR). En estos consejos, el Gobierno asignaba unos recursos para que se tomaran decisiones sobre pequeñas obras de infraestructura, fundamentalmente para beneficiar a regiones que estaban en condiciones de atraso, sin vías, sin acueducto y con mucha pobreza.

En este contexto, lo primero que nos presentaron los alcaldes fue la necesidad de ampliar ese enfoque territorial. En ese momento se había hecho un plan de desarrollo regional en la Costa Atlántica, y los alcaldes indicaban que este no recogía las expectativas regionales. Nos entregaron un pliego de peticiones que se centraba en las necesidades del desarrollo regional, el cual incluía además el tema de acueductos, problema que se mantiene hasta nuestros días en la región, por ejemplo el acueducto del Carmen de Bolívar que después de 23 años no se ha terminado de construir. También aparecieron temas relacionados con la mala calidad de las vías y la crisis de la economía campesina. Estas problemáticas fueron recogidas a través de un listado de necesidades de la región y lo presentamos en la mesa de negociación.

En relación con esta lista de temas, lo primero que nos dijo el Gobierno nacional es que no podía ser abordada en la mesa, fundamentalmente porque la visión del desarrollo regional iba a ser resuelta desde el centro a través de pequeñas obras. El Gobierno estableció una relación entre el tamaño de la fuerza, de los grupos insurgentes y los recursos que se iban a invertir o a destinar en las regiones. Con base en estos parámetros se hizo un proceso de negociación que, luego de una suerte de regateo, incluyó a 17 municipios. En Montes de María participaron ocho municipios. Se destinaron unos recursos de 300 millones de pesos de esa época. Con este presupuesto se diseñó una serie de proyectos, también en la lógica de proyectos especiales del PNR, pero que por la relación de municipios y de presupuesto fueron pequeños y sin mayor impacto. Esto es necesario tenerlo en cuenta, pues el tema regional debe estar presente en los actuales procesos de diálogo y negociación.

Pasando a otro aspecto de los acuerdos, vale recordar que a pesar de los inconvenientes, logramos desmovilizarnos el 26 de enero de 1991. En la región se generó una gran acogida dado que en el periodo 1991-1994, tiempo en el que 136

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se implementaron los acuerdos, desarrollamos foros de paz regional e hicimos una serie de actividades de educación para la paz. También diseñamos proyectos importantes en salud, específicamente hicimos una empresa solidaria de salud en los Montes de María, pues este era un tema crítico en la región.

Finalmente, hicimos varios proyectos de vivienda y el proceso de paz dio para dinamizar una serie de movimientos que estaban cuestionando el poder político tradicional. Esto último está relacionado con el contexto político de Sucre y Bolívar, dado que son departamentos con mayor tradición de clientelismo y de control gamonal.

En relación con nuestra experiencia política, en el departamento de Sucre surgieron, desde finales de la década del ochenta, una serie de movimientos cívicos. Se empezaron a conquistar las alcaldías locales de municipios como Corozal, Ovejas, Chalán, Coloso, María la Baja, y se generó un efecto de alternativa popular en lo político. Esto produjo en la región una reacción contra este movimiento cívico, lo que trajo consigo la conformación de una serie de alianzas entre el poder político local, el paramilitarismo y algunas fuerzas del Estado.

Se empezó a vivir, desde 1995 hasta 2003, una situación de violencia que es una tragedia humanitaria en los Montes de María, pues desde ese momento hasta nuestros días se han producido cerca de cincuenta masacres. Un ejemplo de ello es la de El Salado, así como la muerte de la dirigencia social y política compuesta por unas cincuenta personas. Todo lo logrado en los cuatro primeros años se perdió. Por ello muchos de nosotros tuvimos que huir de la región.

Prácticamente todo el proceso de reinserción, acumulado durante estos años, así como los proyectos desarrollados, fueron desmantelados. Al asesinar líderes del proceso, nos desplazaron y hasta ahí llegó la paz regional.

El predominio de esas alianzas entre paramilitares, políticos locales y algunas fuerzas del Estado fue lo que terminó con los proyectos de paz que había en la región con la participación del PRT. ¿Qué lecciones podemos aprender de esa paz regional? Diría que surgen seis grandes temas a tener en cuenta.

1. Garantía del derecho a la vida de los excombatientes El primer tema está relacionado con la garantía, por parte del Estado, del derecho a la vida de los excombatientes que se desmovilizan. Si no se garantiza ese derecho no hay nada que hacer, pues ocurre lo que nos pasó en los Montes de María, con todo el horror que eso significó. Teniendo en cuenta que la garantía del derecho a la vida no es solo un problema relacionado con los esquemas de seguridad, es necesario que el Estado logre desactivar esa alianza entre poderes políticos locales y organizaciones armadas legales e ilegales. Allí me parece fundamental el trabajo de la Fiscalía General de la Nación.

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Si no hay una presencia estatal y un trabajo de fondo, se puede dar, como se dio en el proceso de los años noventa, un reciclaje de la violencia y de los grupos armados. Cuando se indaga la historia de la década de los años setenta en Sucre, se evidencia la existencia de unos grupos, llamados Pájaros, esto es, sicarios contratados por los gamonales para matar a los líderes campesinos. Fue en ese contexto que conformamos las milicias, las cuales tenían como finalidad proteger a los campesinos del poder de los gamonales.

Después de los acuerdos y victorias democráticas, alcanzadas por la fuerza social que se había gestado en la zona, y cuando comenzó a crecer el movimiento popular y las alternativas políticas y sociales de Sucre, se conformaron grupos paramilitares a través de alianzas entre la clase política local y otros sectores, entre ellos el narcotráfico. Después que se desmovilizaron estos grupos de paramilitares surgieron las bandas criminales emergentes (Bacrim). Esto trajo consigo la continuación de una espiral violencia que continúa excluyendo a los movimientos y organizaciones sociales y políticas del poder político local, a la vez que se mantienen los intereses locales del poder político.

Es por ello que el derecho a la vida depende del éxito en la desarticulación de estas estructuras y, en particular, para el caso de los Montes de María, que se logre establecer la verdad de lo que sucedió, pues es sabido que a través del proceso de Justicia y Paz ya existen declaraciones fundamentales. Por ejemplo, es sabido que un jefe paramilitar declaró los detalles de su participación en el exterminio del PRT, evidenciando la alianza con comandantes locales del Ejército y la Policía, así como con políticos locales. Incluso, dentro de estos planes, aparecieron listas de los compañeros que iban a ser asesinados. Esa fue quizás la época más tenebrosa de esta experiencia, entre 1996 y 2003.

De esta problemática había compromisos y procesos judiciales contra mandos del ejército y la armada, pero eso todavía no está completamente esclarecido. Al parecer, aún existen vínculos entre la clase política local y los paramilitares, los cuales deben ser indagados, como parte del alcance de la verdad, la justicia y la reparación. En conclusión, este tema debe ser abordado a profundidad, pues el derecho a la vida debe ser una prioridad en el proceso de paz, especialmente en torno a la implementación de mecanismos para la reintegración.

2. Dimensión regional de los acuerdos En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los acuerdos deben contar con una dimensión regional, no pueden ser acuerdos para desmovilizar grupos pequeños o grandes simplemente. Si se ubica el problema en una dinámica de desarrollo regional, se deben plantear estrategias, desde lo regional, para resolver la pobreza y la presencia del narcotráfico, pues son muchas las regiones del país que no han podido resolver esta situación.

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¿Preparados para el post-conflicto?

Si no se tienen en cuenta a las regiones en los acuerdos no se avanzará en la eliminación de la violencia. En relación con el proceso de paz con las FARC-EP, es importante preguntarse: ¿Cuál es el alcance territorial de estos acuerdos? Si tomamos como ejemplo subregiones, como el caso de los Montes de María, o un grupo de municipios del departamento de Sucre, es necesario delimitar qué problemáticas pueden ser atendidas en ausencia del conflicto armado. Aunque no se puede responsabilizar de la solución de todas las problemáticas locales a un proceso de paz, es necesario aplicar estos criterios territoriales.

3. Límites a los procesos de reintegración En tercer lugar, otra enseñanza importante de nuestra experiencia es establecer límites a los procesos de reintegración. Considero que en el pasado decidimos vincularnos al proceso de reinserción de manera individual, y de este modo logramos desarticular las estructuras existentes. Sin embargo, ante el incumplimiento estatal, los reinsertados quedaron dispersos y desarticulados, pues no se resolvieron sus problemáticas básicas. Actualmente, según lo planteado por Omar Alfonso Ochoa, hay importantes avances en los criterios tanto de desmovilización individual como colectiva. Este modelo, el cual debe continuar mejorándose, constituye una garantía seria para el actual proceso de paz. Este es uno de los temas claves, dentro del quinto punto de la agenda discutido por el Gobierno y las FARC-EP. Debemos aprender de otras experiencias de reinserción, por ejemplo la de los salvadoreños. En ese país no se desarticularon completamente estas estructuras, pues se mantuvieron durante el proceso de transición. Aunque aquí se hicieron procesos de reinserción individual, también se ofrecieron formas de reinserción colectiva, específicamente adelantados con los altos mandos de las organizaciones en el periodo de transición. Esto ayudó a minimizar el impacto de que los excombatientes volvieran a delinquir. No obstante, debido a problemáticas estructurales no resueltas, este país empezó a vivir otros fenómenos de violencia.

Por ejemplo, a nosotros nos fracasó la idea de convertir a los desmovilizados en empresarios. Nos pasó lo mismo que le ocurre a la mayoría de empresas pequeñas en Colombia. Al cabo de dos años, los proyectos que estaban funcionando se empezaron a quebrar, pues las personas terminaron tomando el dinero de base para resolver sus necesidades básicas insatisfechas. En nuestro caso, después de trece años negociando con el Estado, tuvimos que declarar el punto final, pues se convirtió en un programa asistencialista, tal como lo plantea Omar Alfonso Ochoa. Infortunadamente los reinsertados querían vivir como pensionados de guerra, querían que se les diera dinero mensualmente sin hacer nada. Esto también es una deformación de los procesos de reinserción.

La reinserción no puede ser eterna, pero en un periodo de transición debe estar bien manejada. Debemos tener en cuenta que el actual proceso con las FARC-EP 139

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puede llegar a ser más crítico. Se deben manejar los aspectos colectivos de la reinserción sin descuidar las estructuras de mandos. Se deben adelantar procesos diferenciados entre los mandos y las bases, pues sus realidades son distintas. Es un tema difícil de manejar pero creo que esas diferenciaciones deben ser establecidas. No pueden ser soluciones de reinserción de simple acceso individual a los programas. En el caso de las FARC-EP es clave que se implementen soluciones de reinserción ligadas a las dinámicas de desarrollo regional.

En nuestra experiencia observamos que, cuando llegábamos a una zona muy pobre con proyectos productivos, las personas creían que para acceder a recursos por parte del Estado era necesario vincularse a la guerrilla. Con estos esquemas se corren estos riesgos, lo cual es nocivo de cara a los procesos de reconciliación. Otras problemáticas de derivaron de la falta de institucionalidad para respaldar los procesos de reinserción, situación que afortunadamente hoy es distinta. En este punto, por último, vale preguntarse si es conveniente implementar proyectos especiales en educación, salud y vivienda para los reinsertados, o si es mejor involucrarlos en los proyectos que ya tiene el Estado en las respectivas regiones. Quizás sea necesario considerar proyectos más integrales que no profundicen divisiones que traen consigo polarizaciones locales.

Estas polarizaciones pueden darse cuando se terminan conformando “guetos” locales favorecidos por el Estado.

4. Sostenibilidad de la participación política y social En cuarto lugar, es necesario considerar cómo hacer sostenible la participación política y social, no solo por el derecho a la vida mencionado anteriormente, sino también por la necesidad de garantizar condiciones de equidad para la acción política de minorías y fuerzas políticas emergentes. El oxígeno que nos dio el acuerdo nos alcanzó para participar en la primera elección y pudimos, con muchas limitaciones, competir con maquinarias clientelistas muy poderosas.

En la segunda elección nos derrotaron totalmente dado que no teníamos recursos económicos para hacerle frente a esta infraestructura política tradicional.

Este tema se fue agotando con el pasar del tiempo. Intentamos implementar un mecanismo con el Gobierno, asociado con la circunscripción territorial, por medio del cual los compañeros desmovilizados podían aspirar a los concejos municipales y las asambleas departamentales con menos votos, comprendida como una manera de suplir la falta de medios y de recursos para la competencia. Pero este mecanismo funcionó solo por una vez, y en la siguiente elección, cuando la gente se volvió a presentar, no hubo condiciones ni garantías para sostener este esquema. Por esta razón es muy importante que, dentro de los acuerdos de La Habana, se logren definir garantías para implementar la circunscripción territorial, no solo para los desmovilizados sino también para las organizaciones sociales y otras expresiones políticas locales.

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5. Sobre los procesos de reconciliación En quinto lugar, es necesario analizar cómo abordar los procesos de reconciliación. Durante los primeros tres años de nuestra desmovilización hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance en materia de reconciliación. Hicimos un encuentro con los ganaderos y terratenientes de la región para perdonarnos mutuamente. Sin embargo, años después, para sorpresa nuestra, aquellos a quienes habíamos pedido perdón estaban organizando grupos paramilitares para matarnos. A esto se le puede llamar una reconciliación hipócrita y mediática.

También se hicieron marchas, campañas, actividades culturales e iniciativas de educación, pero la reconciliación no se produjo y se mantuvo la polarización social. Incluso, cuando se inició el fenómeno de la violencia contra nosotros lo que primero planteó la población es que abandonáramos la zona, pues si los veían hablando con nosotros corrían peligro.

El efecto del miedo y la violencia es muy grande y es un obstáculo para la reconciliación. Lo complejo es que estos procesos de los años noventa, y los que van a suceder con las FARC-EP, son ‘paces parciales’. La desmovilización de las FARC-EP no es garantía de terminar con las formas de violencia armada en Colombia. En los noventa, cuando nos desmovilizamos, continuaron las violencias de los grupos armados en la sociedad colombiana.

En Guatemala, por ejemplo, no volvió a aparecer ningún factor de violencia luego de la desmovilización. Aquí en Colombia es diferente, pues van a continuar existiendo factores de violencia y eso es un obstáculo para la reconciliación. Sin embargo, considero muy valioso que en el proceso de reconciliación se dé prioridad a la memoria, a la verdad y a la reparación de las víctimas. La centralidad que tienen las víctimas en el actual proceso y la importancia que se les ha dado, como política pública, es muy importante. Es fundamental que la sociedad colombiana ajuste cuentas con el tema de las víctimas que ha producido el conflicto. Si esa vena sigue abierta, la violencia se va a reciclar.

6. ¿Estamos preparados para el post-conflicto?

Finalmente, en relación con la pregunta de si estamos preparados para el postconflicto, considero que han pasado más de veinte años y aún no estamos preparados. Esta preparación debemos construirla sobre la base de unas profundas reformas institucionales tanto en lo local (que son las más importantes) como en lo nacional.

Hace unas semanas, después de seis años sin ir al departamento de Sucre, regresé con la organización de la Corriente de Renovación Socialista, y lo que más me impresionó fue encontrar grupos políticos locales que han reciclado el clientelismo y la politiquería tradicionales. Se trata de personajes que controlan, 141

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desde lo nacional y local, las administraciones municipales y los recursos, generando dinámicas de corrupción. Asimismo, también se sostienen dinámicas de narcotráfico que son potenciadas por estos grupos, sobre todo hacia la costa del departamento.

Estas son las situaciones que deben empezar a resolverse. En el acuerdo general de La Habana se habla de estos ajustes, específicamente en el último se declara la necesidad de hacer ajustes institucionales. Considero que aquí es donde cobra vigencia que las sociedades locales discutan cómo deberían ser estos cambios institucionales en el orden local. Por último, observo la necesidad de volver a la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de modificar aquellos aspectos que no se pudieron desarrollar con la Constitución Política de 1991. Si se desmovilizan las FARC-EP, pero si no se adelantan estas transformaciones institucionales, se puede generar un conflicto muy grande con esas mayorías excluidas de las regiones. El problema de fondo que hay en la gobernabilidad política local es la exclusión de las grandes mayorías en las regiones. Estas son algunas lecciones aprendidas de nuestra experiencia.

Referencias bibliográficas Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/ default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia.

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Este libro se termin贸 de imprimir en octubre de 2015 en la Editorial UD Bogot谩, Colombia