Edición No. 139, Revista Análisis de la Realidad Nacional

común

Editorial

Variaciones sobre la consulta popular IPNUSAC

Análisis de coyuntura

De la calma chicha a la distensión inducida

IPNUSAC

Perspectiva

Las inconsistencias de la Iniciativa 5283 para crear la Ley de Prevención de la Violencia y el Delito Lizandro Acuña

Área de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

Sobrepeso y obesidad infanto juvenil en Guatemala (Principales Intervenciones, políticas y leyes)

Ludwin Moisés Orozco Orozco Investigador IPNUSAC

Contrapunto

La sana trilogía de la economía del conocimiento

Amador Velásquez García-Monterroso Embajador de Perú en Guatemala

La huella hídrica también es mi responsabilidad

Claudia Elizabeth Toledo Perdomo Ingeniera Agrónoma, M.Sc.

Polifonía

Guatemala, ante el circo de la consulta popular Ollantay Itzamná Público GT

asunto de Belice: la razón, el derecho y la paz como mecanismos de resolución de conflictos Alfredo Ortega Plaza Pública

Consulta impopular y futuro con Belice

González Davison

¿Pro conflicto o pro resolución?

Castellanos Howell

Belice a la Corte

La Hora

Belice, punto y final Nery Villatoro Robledo

Presentan libro el Archivo Histórico de la Policía Nacional Lizandro Acuña

de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

Inauguran diplomado de Epidemiología sociocultural

de Revista

de la Realidad

Investigación

La cuestión del nacionalismo actual, el racismo y los procesos de movilización política de las identidades étnicas en Belice: reflexiones de campo Carlos Correa Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / México

La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una publicación digital con periodicidad quincenal del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad. Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica la tradición de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

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Autoridades

de Guatemala(USAC)

Universidad de San

Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

Rector Carlos Enrique Camey Rodas Secretario General Autoridades Instituto Problemas Nacionales (IPNUSAC)

Luis Alfonso Leal Monterroso Coordinador General

DirectordelaRARN

Edgar Celada Q.

Editora Elisabeth Ávalos, Información Estratégica IPNUSAC

EditoraGráfica

Rosario González

ConsejoEditorial

Cristhians Castillo, División Sociopolítica (IPNUSAC)

Adrián Zapata, División de Desarrollo Rural (IPNUSAC)

Mario Rodríguez Edgar Gutiérrez, Ex Coordinador General del IPNUSAC

Editorial

Variaciones sobre la consulta popular

IPNUSAC

El domingo 15 de abril se produjo en Guatemala un ejercicio ciudadano, la consulta popular sobre la vía a seguir respecto del reclamo territorial a Belice, que abre abundantes veredas para la reflexión sobre la vida misma de la sociedad guatemalteca, sobre sus múltiples como agudas contradicciones, sobre los caminos para encararlas y eventualmente superarlas, así como –de forma puntual y particular– sobre las responsabilidades que tenemos las y los universitarios sancarlistas en esa compleja, abigarrada, caleidoscópica, realidad nacional.

Trasciende las posibilidades de un espacio editorial tan breve como éste, la sola pretensión de enumerar exhaustivamente esas veredas reflexivas. Baste decir, a

título ilustrativo, que la consulta popular del 15 de abril puso al descubierto tanto las luces como las abundantes sombras de lo que, convencionalmente, puede llamarse “democracia a la guatemalteca”.

En efecto, esa sola arista del asunto aportaría material suficiente para escribir un extenso ensayo sobre la relación entre participación-abstencionismo, o sobre la información-desinforma ción-ignorancia, también acerca de la responsabilidad ciudadana en la decisión sobre el objeto de la consulta, y un largo etcétera de consideraciones de ese orden: el hecho mismo de que, como cabía esperar, se produjera un ausentismo del 74 por ciento ofrece material abundante para la reflexión de cara al futuro de esta “democracia a la guatemalteca”.

Digamos, nuevamente en afán ilustrativo, que si bien la participación ciudadana fue

baja y sin llegar a los límites de la edulcoración analítica, no puede dejar de reconocerse que –puesta en la perspectiva de la breve historia de los referendos en Guatemala– la asistencia a las urnas fue mayor que la esperada: ¿cómo explicar ese dato de signo positivo?

Sin duda en ese resultado jugó un papel importante, como aparentemente ocurrió también durante los comicios generales y presidenciales de 2015, la horizontalización de las comunicaciones sociales a través de los medios electrónicos inalámbricos. Más que la convocatoria de los medios tradicionales –realmente exigua–o la deslucida gira presidencial que intentó capitalizar para sí y su alicaída imagen el referendo, parece haber influido el debate –limitado y tardío, pero debate al fin– a través de las redes sociales, el cual habría estimulado la participación, sobre todo de segmentos poblacionales de maduros a mayores que aún alcanzaron a ser tocados por la mitológica como infundada expresión: “Belice es nuestro”. (Queda para el trabajo más detenido de politólogos y estadísticos el análisis de las tendencias de participación de

las generaciones más jóvenes, crecidas ya con la imagen del mapa nacional sin el territorio del país vecino. Lo evidente, el día mismo de la consulta, fue la limitada asistencia de la población juvenil).

Como quiera que se haya configurado el mapa de participación, por edades o territorialmente analizado, lo cierto es que una asistencia de más del 25 por ciento otorga

carta de legalidad (aunque sea discutible si de legitimidad) al mandato de Estado para acudir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el litigio planteado a Belice. Los pasos hacia adelante en ese proceso lucen bastante dilatados y son objeto de conocimiento de un grupo muy acotado de personas versadas en esas lides. Pero hay una decisión muy clara del casi 96 por ciento de los votantes a favor del SI: la mayoría de guatemaltecos asistentes a las urnas desean un arreglo jurídico definitivo y la delimitación clara de las fronteras.

Es verdad que una parte de esos votos habría sido inducida por una engañosa como perversa campaña a través de redes sociales, en el sentido de que votar por el SI permitiría “recuperar Belice”. Y es aquí donde se abre una lección y un desafío para las y los universitarios.

La lección se refiere, una vez más, a cómo se acude al retorcimiento de la historia y la manipulación de su desconocimiento, por parte de sectores oscuros que se resisten a que Guatemala dé nuevos pasos reales hacia su convivencia democrática interna

y el establecimiento de relaciones de paz y cooperación con los países vecinos. ¡Aún hay voces de trasnochados reclamando Chiapas y Soconusco!

Frente al oscurantismo, que explota y fomenta la ignorancia, el desafío abierto para las y los universitarios, precisamente en temas con el de Belice, es estudiar y difundir desde la ciencia las verdades palmarias de la historia. En San Carlos tenemos un lema, que es un verdadero mandato moral: “Id y enseñad a todos”.

Análisis de coyuntura

De la calma chicha a la distensión inducida

IPNUSAC

Si la última quincena de marzo caracterizó al momento sociopolítico nacional como uno de “calma chicha”, auspiciada por el asueto de la Semana Santa, en abril de 2018 Guatemala parece estar derivando hacia una distensión inducida, que sugiere “llevar la procesión en paz”, y “bajar las tensiones” para alejar “una polarización bastante negativa”, según las señales originadas en el bunker imperial de la avenida Reforma y séptima calle de la zona 10 capitalina.

Los esperados acontecimientos que marcarían el fin de la primera quincena de abril y el inicio de la siguiente –la consulta popular en torno al reclamo territorial de Guatemala a Belice y la confección de la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público– llegaron y pasaron sin sobresaltos, en lo que parece ser un curso de los acontecimientos permeados por los afanes del apaciguamiento (que no necesariamente de ingreso a una ruta de solución a la crisis política e institucional, en la cual está inmerso el país desde hace varios años).

Para leer esa tendencia dominante es inevitable dirigir las miradas –como es habitual en la Guatemala de hoy y lo fue en la del siglo pasado– a “la Embajada” o la “Zona 10”, como suele llamarse al análisis de lo que hacen y lo que no hacen los embajadores de Estados Unidos, pues éste suele ser un buen punto de apoyo para indagar en los derroteros del entorno. Así, una entrevista realizada por Cindy Espina al embajador Luis Arreaga (elPeriódico, 12 de abril de 2018) resultó ser premonitoria del desenlace de algunos eventos

clave. En primer lugar el martilleo en el tema de la corrupción que, dicho sea de paso, es parte de la agenda continental liderada por Washington y que fue puesta a discusión en la Cumbre de las Américas realizada en Lima, Perú.

De acuerdo con el embajador Arreaga, quien viene alzando la voz de forma expresa a propósito de la nominación de seis postulantes a Fiscal General, la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la prosperidad son pilares fundamentales, pero el prerrequisito de todo ello es comenzar a solucionar la problemática de la corrupción.

Arreaga subraya un tema fundamental en el cual el IPNUSAC ha venido insistiendo en relación con la reforma del Estado y que, de acuerdo con el embajador, tiene que ver, a la usanza del decir estadounidense, con la creación de instituciones sólidas, más transparentes, algo que por el Potomac y sus programas en relación con la región engloban en la “Rule of Law” o el fortalecimiento del Estado de Derecho, uno de los objetivos primordiales de los programas del denominado Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, impulsado por brazos importantes

del gobierno estadounidense, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) y la Millenium Challenge Corporation.

Resulta evidente que, ante la inacción del gobierno en áreas clave, como la seguridad ciudadana y la solución a los problemas de infraestructura, así como la conflictividad en el campo, los liderazgos que llaman a sosegarse y calmar los ánimos al más claro estilo de la políticas de EE.UU. desde los tiempos de la Alianza para el Progreso, desembocan en declaraciones como las vertidas por el embajador en la referida entrevista: “Hay una polarización bastante negativa (…) Creo que es un buen momento de bajar las tensiones”, dijo a Cindy Espina.

Y como preparándose para la Cumbre de las Américas y la ansiada búsqueda de estabilidad

política e institucional, en un encuentro que el periodista Urías Gamarro, de Prensa Libre, (11 de abril) calificó como “inédito”, 130 miembros de la alta cúpula empresarial efectuaron una especie de mea culpa y se aglutinaron en busca de la “Guatemala transparente”. Se trata de representantes históricos de la élite empresarial, y de algunos novatos que vienen fogueándose, pero que de acuerdo con declaraciones de Manfredo Marroquín, vertidas a Prensa Libre, los 130 reunidos en tal foro concentran el 33% del producto interno bruto guatemalteco.

Siguiendo con la tradición de anteriores liderazgos, solamente que con mayor acentuación en el discurso de la corrupción y búsqueda de transparencia, líderes como Felipe Bosch, efectuaron un nuevo llamado al diálogo y se comprometieron a portarse mejor que en el pasado reciente, en el foro durante el cual presentaron la iniciativa “Guate Íntegra”.

Resulta llamativo el espacio cedido a un líder empresarial como José González Campo, ex presidente del gremio y de una cámara que ha estado en el epicentro de las acusaciones

e investigaciones de corrupción de mayor calado, tal es el caso de los constructores y la cooptación del Estado. Como se recordará, González Campo ha aceptado desde un primer momento la culpabilidad de ciertos agremiados de significancia, solicitando un poco de clemencia de entes como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y lanzando acusaciones distractoras al desorden y discrecionalidad de la administración pública como parte causante de la propensión al soborno y la defraudación tributaria.

De acuerdo con el reporte de Gamarro los participantes fueron testigos de “lo que será un nuevo orden de las relaciones entre la política y empresariado” en un evento que “tuvo como eje central la búsqueda de soluciones para el combate de la corrupción, plantear un diálogo para salir de la actual crisis con todos los sectores, así como garantizar el desarrollo limpio de las próximas elecciones generales”.

Cabe resaltar en todo esto el papel prominente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) cuyo presidente es Felipe Bosch y su vicepresidente es José Miguel Torrebiarte, quien

es un eslabón importante de la banca a través de sus hermanos y principalmente de la industria del cemento. Fundesa es uno de los ejecutores preferidos del Plan para la Prosperidad, teniendo un nexo muy estrecho con el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y por supuesto con los principales ejecutores estadounidenses ya mencionados, dadas las nuevas reglas del juego mediante las cuales EE.UU. busca la alianza entre proyectos económicos y sociales en asociación con ejecutores nacionales pudientes, capaces de aportar contrapartidas que rebasan las posibilidades financieras de la gran mayoría de ejecutores sociales pertenecientes a la sociedad civil organizada.

En tal línea de acción, personajes como Felipe Bosch, Juan Miguel Torrebiarte, José Gonzalez Campo y la joven promesa de la Cámara de Industria y hoy vicepresidente del CACIF, Juan Carlos Teffel, fueron actores de primera línea en representación de Guatemala en el foro previo al desarrollo de la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, siendo además socios importantes de agencias de la comunidad financiera internacional, como el Banco Interamericano de

Desarrollo, al que Washington ha encomendado un papel protagónico para impulsar el Plan para la Prosperidad. A este respecto, caber resaltar que el denominado Diálogo Empresarial de las Américas se ha edificado como un mecanismo impulsor en el cual se inserta no sólo el Plan para la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, sino las relaciones de Washington con otros países latinoamericanos, bajo el esquema de la presunta búsqueda del desarrollo socioeconómico a través de la fórmula de inversiones privadas de contrapartida, y de consolidación de objetivos de seguridad hemisférica en contra de la corrupción y el narcotráfico, bajo la égida de los intereses de seguridad nacional estadounidense.

Es, precisamente, bajo tal esquema estabilizador desde el cual se induce –por el poderoso actor externo y sus aliados empresariales en proceso de reacomodo– una distensión política en cuyo marco se produjo, el 16 de abril, la aprobación de la nómina de seis aspirantes a ocupar la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público.

Elaborada por la Comisión de Postulación –que a lo largo de todo el proceso fue objeto de intenso como cercano monitoreo de la sociedad civil– el listado de seis juristas idóneos incluye cuatro mujeres y pasa ahora a manos del presidente de la República, Jimmy Morales, a cuyo cargo está elegir de entre ellos a quien habrá de suceder a Thelma Aldana en la conducción del MP. Por lo pronto, con ese listado quedaron básicamente desvanecidos los temores sobre la nominación de personajes hombres con amplia trayectoria en el dominio de importantes focos del poder burocrático de la justicia del pasado, tan cuestionada y necesitada de reformas profundas.

Y mientras en el muy sensible proceso de elección de la nueva jefatura del MP se obtiene el alentador resultado descrito, en otros ámbitos del acontecer político siguen predominando las señales sombrías, entre ellas el desvanecimiento cada vez más frustrante de la posibilidad de una reforma electoral por parte del Congreso y la posibilidad de que en el Legislativo se abra paso una reforma legal en torno al financiamiento electoral ilícito, que exonere a importantes diputados y funcionarios,

empezando por el presidente Morales, quienes en su calidad de secretarios generales de sus partidos políticos han sido señalados por el MP de incurrir en esa práctica.

En el plano económico, la agenda se inclina por una pronta aprobación de una Ley de Competencia, no sin serias advertencias por parte de IPNUSAC de enmiendas interesadas que desvirtuarán su institucionalidad. Otro tema de importancia para el Congreso en las próximas semanas es el del encumbramiento de una iniciativa que dará giro a la contratación de obra pública, a través de la nueva propuesta de Ley General de Infraestructura Vial. Asimismo, y como fue advertido también por IPNUSAC, la iniciativa de Ley de Zonas Francas sigue estando bajo investigación en la SAT, debido a las falencias de la propuesta vigente, empujada por AGEXPORT y que hubiera causado un sacrificio de proporciones gigantescas para el erario nacional, lo que ha obligado llevarla al taller de reparaciones, en base a un análisis tributario y fiscal más extenso y refinado.

Perspectiva

Lizandro Acuña Área de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

Resumen

En el artículo se hace una revisión crítica de la Iniciativa 5283 actualmente en estudio en el Congreso de la República y por medio de la cual se pretende crear la Ley de Prevención de la Violencia y el Delito. Para el análisis se acude al derecho comparado interno, así como al examen de las políticas públicas nacionales en materia de prevención de la violencia y el delito, para determinar si el espíritu y la letra de la referida iniciativa contribuye a alcanzar los propósitos que dice perseguir y minimizar los flagelos objeto de atención del proyecto de marras. El autor señala la improcedencia de la propuesta legal, dado que sobre legisla y pretende crear una institución que duplica funciones ya asignadas a otras entidades públicas. Se analiza la violencia y el delito como un problema social-económico, surgido en condiciones nacionales de desigualdad, enfoque que no es tenido en cuenta por la propuesta bajo examen.

Palabras clave: Violencia; delito; prevención; represión; políticas públicas; desigualdad

Lizandro Acuña Las inconsistencias de la Iniciativa 5283 para crear la Ley de Prevención de la Violencia y el Delito

Las inconsistencias de la Iniciativa 5283 para crear la Ley de Prevención de la Violencia y el Delito

Abstract

The article makes a critical review of the 5283 initiative currently under study at the Congress of the Republic and through which it is intended to create the law on the prevention of violence and crime. For the analysis come to the comparative law procedure, as well as the review of the national public policies in the field of prevention of violence and crime, to determine if the letter and spirit of the previously mentioned initiative contributes to achieving the purposes that said prosecuting and minimize the scourges object of attention to the regarding proyect. The author points out that the legal proposal is inapplicable, since it is about legislating and aims to create an institution that duplicates functions already allocated to other public entities. Violence and crime are analyzed as a social-economic problem, arisen in national conditions of inequality, an approach that is not taken into account by the proposal under consideration.

Keywords

Violence; crime; prevention; repression; public policies; inequality

Antecedentes

Como parte del análisis, es importante resaltar la labor que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga, a los diputados del Congreso de la República, de legislar en beneficio del ciudadano guatemalteco; todo esfuerzo con ese propósito debe reconocerse.

La Iniciativa 5283 fue entregada a Dirección Legislativa del Congreso de la República el 11 de mayo de 2017 por el diputado ponente Luis Enrique Hernández Azmitia. Presentada al pleno legislativo el 31 de agosto de ese mismo año y trasladada a la Comisión Ordinaria de Gobernación, emitiendo dictamen favorable el 7 de noviembre de

2017. La iniciativa tuvo su primer debate en plenario el 6 de febrero de 2018 y el segundo el 8 de febrero del año en curso.

Exposición de motivos

Es necesario reflexionar sobre la finalidad de la exposición de motivos en toda iniciativa que acompaña un proyecto de ley.

Lizandro Acuña Las inconsistencias de la Iniciativa 5283 para crear la Ley de Prevención de la Violencia y el Delito

Su importancia radica en adjuntar los estudios técnicos y científicos que fundamenten la necesidad de la norma, su efecto, y viabilidad en los ámbitos político, legal, económico-social. Precepto que está sustentado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo en:

Artículo 109. Forma de las Iniciativas de Ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa (Congreso de la República de Guatemala, 1994).

La exposición de motivos de la Iniciativa 5283, en su primer párrafo se refiere someramente a uno de los problemas estructurales que tiene en gran parte incidencia en la generación de la violencia: la falta de oportunidades de desarrollo., Sin embargo, en ese primer párrafo la interpretación se plantea a la inversa, al atribuir a la

violencia y el crimen organizado la causalidad de fenómenos principales que limitan el acceso a oportunidades de los guatemaltecos.

Es trascendental cambiar la visión del estudio de la violencia y criminalidad desde un enfoque acotado a la misma violencia y crimen organizado; el problema obedece a ejes sociales que se caracterizan como detonantes de los dos fenómenos: la desigualdad, la discriminación, la falta de acceso a servicios indispensables (educación, salud), así como el desempleo, la desintegración familiar, la pobreza y la pobreza extrema, entre otros.

La pobreza argumental de la exposición de motivos deriva en un galimatías conceptual que confunde criminalidad con violencia, como si fueran términos equivalentes; otro tanto hace al confundir la persecución del delito con la prevención de la violencia.

La exposición de motivos carece de análisis cualitativos y cuantitativos, adolece de estudios científicos, jurídicos y sociales que fundamenten la necesidad de crear una ley de prevención del delito y sea el soporte para sustentar el espíritu de la norma establecido en el articulado.

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La iniciativa pretende establecer un sistema articulador que aglutine y concentre las instituciones responsables de implementar y desarrollar la política existente en la prevención de la violencia; a ese respecto es importante señalar que el Estado cuenta ya con las instituciones encargadas de atender tales asuntos, verbigracia el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación; asimismo existe la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) como órgano rector, asesor, responsable de la formulación y desarrollo de la política pública.

Lo que se necesita es que SEGEPLAN tenga el respaldo del Organismo Ejecutivo y se convierta en el órgano rector, articulador que asesore y monitoree la actualización, desarrollo y aplicación de la política pública por medio de las instituciones responsables.

El Tercer Viceministerio de Gobernación desarrolla planes en la prevención de la violencia como: el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, que está dirigido a cuatro ejes: Seguridad, apoyo al sector justicia, gobernabilidad democrática y

adaptación y fortalecimiento institucional. (Ministerio de Gobernación, 2016)

Es interesante hacer notar que en el referido plan se plantea una interpretación de la génesis de la violencia en el país, distinta a la que ofrece la exposición de motivos de la iniciativa 5283, analizando exhaustivamente indicadores de tipo social-económico que influyen directamente como detonantes de la violencia.

Ausencia de análisis comparativo

Es indispensable el análisis comparativo al momento de elaborar una iniciativa o proyecto de ley, pues esto permite evitar antinomias jurídicas que puedan repercutir en acciones de amparo, inconstitucionalidad y sobre legislar, aspectos que impiden su viabilidad jurídica una vez que se ha convertido en decreto.

La estructura propuesta en la Iniciativa 5283 duplica e invade ámbitos de responsabilidad asignados al Sistema Nacional de Seguridad, al Consejo Nacional de Seguridad y su Secretaría Técnica, así como al Tercer Viceministerio de la cartera de Gobernación y la Unidad para

Lizandro Acuña Las inconsistencias de la Iniciativa 5283 para crear la Ley de Prevención de la Violencia y el Delito

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la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), así como al Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), como se explica más adelante.

La Iniciativa 5283, de convertirse en ley, generaría duplicidad legislativa, provocando dos antinomias jurídicas: la primera de especialidad, que consiste en un defecto que, de aprobarse, tendríamos dos cuerpos normativos que regulan la misma materia. Como lo aclara la biblioteca jurídica “la ley especial, por contener normas especiales tiene aplicación preferencial sobre las leyes generales” (Enciclopedia Jurídica, 2014). Lo que conllevaría a un conflicto, al momento de aplicarse la ley.

La segunda incompatibilidad es de jerarquía. Ambas leyes serían especiales y con el mismo objetivo, lo que generaría, como ya se dijo, un conflicto al momento de aplicación de la ley. En la jurisprudencia, por regla general cuando se da este limbo legal, “las normas que poseen el mismo rango poseen la misma fuerza normativa y en caso de contradicción insalvable prevalece

la posterior”.1 De aprobarse esa nueva ley, estaría derogando parcialmente la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, considerando que la referida Iniciativa 5283 no establece parte derogatoria, contraviniendo lo que preceptúa la ley del Organismo Judicial en el artículo 8:

Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores: a) Por declaración expresa de las nuevas leyes; b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes; c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada por la ley anterior; d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. (Congreso de la

1. Véase: “El principio de jerarquía normativa”, en Derecho Constitucional, accesible en http://www.derechoconstitu cional.es/2012/02/el-principio-de-jerar quia-normativa.html

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República de Guatemala, 1989)

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad hace referencia a la “Política Nacional de Seguridad” que recientemente fue actualizada por SEGEPLAN, acotada al presupuesto vigente.

La nueva propuesta (Iniciativa 5283) lo que hace es una concentración en dos mega cuerpos, al establecer que se crea el Concejo Nacional de Coordinación de Prevención de la Violencia (CONACOPREVI) y la Secretaría de Coordinación de la Prevención de la Violencia (SECOPREVI), delegándole funciones que actualmente desarrolla el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, la UPVC y SEGEPLAN por medio de un plan estratégico de trabajo articulado institucional de medición por resultados. Citando un ejemplo, la presentación y entrega del Modelo Lógico para la Prevención de la Violencia y el Delito, por el Tercer Viceministerio a SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas, con la finalidad de gestionar el presupuesto que permita implementar las políticas públicas en la prevención de la violencia y el delito.

En este contexto, uno de los grandes problemas que aquejan la institucionalidad del Estado es la limitación de presupuesto: crear instituciones obviamente requiere más fondos, lo que recae en recortes presupuestarios para otras instituciones, contribuyendo en la agudización del debilitamiento institucional.

Un ejemplo de análisis jurídico comparativo es lo establecido en el artículo 2 de la iniciativa, referente a “las disposiciones para la prevención social de la violencia, el delito y la criminalidad, como ente de coordinación de las instituciones y organizaciones públicas y privadas”, precepto desarrollado más ampliamente por el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, UPCV y SEGEPLAN.

Continuando el análisis, los artículos 3 y 4 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008 del Congreso de la República, crearon el Sistema Nacional de Seguridad, que tiene competencia en las funciones asignadas a la SECOPREVI previsto en la iniciativa objeto de estudio, anticipando un conflicto jurídico consecuente de doble regulación.

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En síntesis, la estructura propuesta duplica e invade ámbitos de responsabilidad asignados al Sistema Nacional de Seguridad, al Consejo Nacional de Seguridad y su Secretaría Técnica, así como al Tercer Viceministerio de la cartera de Gobernación, la UPCV, y al CONJUVE.

Ámbito de inteligencia

Otro tema es la misión del Ejército de Guatemala delimitado en el Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática”, donde se define que la función de las fuerzas castrenses es la “defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país, al espíritu de los acuerdos de paz firme y duradera” (Secretaría de la Paz, 1996).

En ese contexto, el Artículo 25 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, ratifica el cumplimiento del acuerdo de paz, al establecer que “las instituciones del sistema nacional de inteligencia tienen prohibido realizar operaciones derivadas de sus propias investigaciones”. (Congreso de la República de Guatemala, 2008)

La Iniciativa 5283 deja un vacío sobre ese compromiso de Estado; no regula expresamente ninguna restricción a los cuerpos de inteligencia de tipo militar en realizar investigaciones de carácter civil, vulnerando lo establecido en el acuerdo de paz referido.

Además, la Agenda Estratégica de Seguridad define y prioriza los instrumentos de carácter preventivo y reactivo para garantizar la seguridad de la nación; La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad regula el Plan Estratégico de Seguridad de Inteligencia y norma su régimen: seguridad interior, seguridad exterior, Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Defensa Civil, en coordinación con la Secretaría de Inteligencia Estratégica, responsable de elaborar los protocolos de interoperabilidad del sistema, garantizando instrumentos de control en cada régimen

Reflexiones sobre el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito

Órgano que sería limitado en su accionar o tendería a desaparecer, de aprobarse

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la Iniciativa 5283, pues ésta crea CONACOPREVI y SECOPREVI con funciones que desarrolla actualmente el Tercer Viceministerio, considerándose innecesario legislar, duplicar y delegar funciones en nuevas instituciones.

Su creación fue por medio del Acuerdo Gubernativo No. 313-2012, el cual, le asigna como función principal “diseñar, formular, ejecutar, coordinar y monitorear las políticas, planes, programas y proyectos de prevención de la violencia y del delito que incidan en la seguridad ciudadana (Dimensiones de Prevención de la violencia y el delito y seguridad ciudadana)”. (Ministerio de Gobernación, 2016)

El Tercer Viceministerio cumple las funciones de órgano rector, cuya responsabilidad radica en establecer metodológicamente el desarrollo de la política con enfoque preventivo de la violencia en general, diseñando estrategias, programas, políticas públicas de planificación, articulando el trabajo institucional de medición por resultados.

El 14 de marzo del año en curso, en el salón de La Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, fue presentado el “Modelo lógico para la prevención de la violencia y el delito en Guatemala” por el Tercer Viceministerio en referencia.

El modelo corresponde a la normativa oficial y lineamientos de planificación y presupuesto por resultados, vigentes en la administración pública guatemalteca desde 2014, garantizando con ello la implementación de las políticas públicas en prevención de la violencia.

Se enfoca en tres grupos que se consideran los más afectados por la violencia y el delito: niñas, niños y adolescentes, jóvenes y mujeres.

Puede apreciarse que la prevención de la violencia y el delito, ya se desarrolla por medio de la política pública, a cargo de las instituciones existentes. Lo que hace poco viable quitar y delegar esa responsabilidad en nuevas instituciones, arriesgando la gestión por resultados.

Análisis de las políticas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia

Es necesario analizar las políticas en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, que se presentan a continuación:

Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (2014-2034)

Esta política toma como referencia la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que tiene por objeto:

Establecer las normas jurídicas de carácter orgánico y funcional necesarias para la realización coordinada de las actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia por parte del Estado de Guatemala, para que en forma integrada, sistematizada, eficiente y eficaz esté en capacidad de anticipar y dar respuesta efectiva en riesgos, amenazas y vulnerabilidades, a fin

de estar preparado para prevenirlos, enfrentarlos y contrarrestarlos en observancia de la Constitución Política de la República, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las tratados internacionales ratificados por Guatemala. (Congreso de la República de Guatemala, 2008, pág. 2 Capítulo I)

Establece 125 puestos clave en prevención de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y convivencia pacífica; también desarrolla los ejes de trabajo que pretende la Iniciativa 5283, articulando el trabajo institucional. (Ministerio de Gobernación, 2016, págs. 48-86)

La política, aunada a la observancia de la carta magna y los tratados y convenciones ratificados por Guatemala, desarrolla en su contenido el andamiaje jurídico interno: niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, violencia sexual, explotación y trata de personas, femicidios, atención a la víctima y protección de victimización de las víctimas con enfoque en la prevención.

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Política Nacional de Seguridad

La Política Nacional de Seguridad es el producto de un proceso colectivo que se desarrolló tomando en cuenta mecanismos de participación, coherencia, efectividad, transparencia y rendición de cuentas para contribuir a la gobernanza; así como el control proactivo de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que atenten contra la persona, sus bienes e instituciones. Representa un esfuerzo integral y coordinado del Sistema Nacional de Seguridad, para establecer nuevos referentes de valoración y medición de la seguridad, de acuerdo a los objetivos nacionales establecidos en la Constitución Política de la República y en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; así como la visión trazada en el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 y la Política General de Gobierno. (Consejo Nacional de Seguridad, 2017: 9)

En un acercamiento en junio de 2017 con representantes de SEGEPLAN se presentó a IPNUSAC la actualización de la política. Como se establece fue proyectada con indicadores

que generan las causas de la violencia y criminalidad en el siglo XXI y las acciones para contrarrestarla. En esa oportunidad surgió la interrogante ¿Cuál es el presupuesto que generaría al Estado para desarrollarla e implementarla? Explicándose que la actualización se basó en un nuevo enfoque, la Política Nacional de Seguridad actualizada, que según los representantes de la secretaría, establece un modelo de acción integral e interinstitucional para la seguridad de la nación, permitiendo transitar hacia una política de Estado, planteando acciones incluyentes, a fin de generar condiciones de paz para las presentes y futuras generaciones.

Como parte de esta política, se promueve el uso eficiente de los recursos financieros del Estado, garantizado por mecanismos institucionales de transparencia, para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la administración de los recursos públicos, y la efectividad de las acciones en materia de seguridad, aportando al ejercicio de los controles democráticos. (Consejo Nacional de Seguridad, 2017: 15)

Puede entenderse, que la política

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fue el resultado de un trabajo institucional, su fin principal radica en el estudio de las causas de la violencia, manifestadas en los diferentes estratos sociales, identificadas por medio de indicadores económicos y sociales, con el propósito de puntualizar planes y programas que propicien el desarrollo humano y las medidas preventivas pertinentes, anticipándose al delito.

Política Criminal

Democrática del Estado de Guatemala (2015-2035)

La política tiene como objetivo desarrollar cuatro ejes relativos a la violencia y criminalidad: prevención, investigación, sanción y reinserción. En la prevención, el objetivo de la política es anticiparse a la conducta delictiva por medio de ubicar alertas tempranas de conflicto, mecanismos de atención a victimarios, sensibilizar la cultura de paz social, convivencia pacífica y motivar la denuncia con justicia incluyente (reconociendo la justicia de pueblos indígenas).

El fortalecimiento en la investigación está dirigido a

la articulación de inteligencia civil, orientado a la captura y consolidación de datos estadísticos para establecer una política de protección de testigos.

En relación a la pena como sanción, la política está diseñada para crear medidas alternas a la pena de prisión, orientadas a retribuir el daño causado a la víctima del delito, para ello propone reformas a leyes específicas en materia penal y de rango constitucional.

La reinserción va dirigida a establecer programas de servicios que garanticen la transición y apoyo estatal focalizado a minimizar la reincidencia delictiva de los victimarios.

Se aborda la creación del Concejo Nacional responsable de evaluar la situación de la niñez y juventud en conflicto con la ley penal.

En relación a la juventud el CONJUVE debería ser considerado, como lo señala uno de sus objetivos específicos: “Establecer los procesos que permitan el fortalecimiento institucional del CONJUVE como ente rector de políticas públicas

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de juventud…”2 lo anterior aunado a mayor incidencia en propuesta y participación en la implementación de políticas públicas, como resalta el objetivo en beneficio de la juventud, acceso a oportunidades de empleo, participación política, representatividad en los diferentes ambientes sociales, impulsando el trabajo articulado institucional que garantice el desarrollo en la juventud, contribuyendo, consecuentemente, en la prevención de la violencia y el delito.

Las políticas públicas para que sean efectivas necesitan el compromiso político y las condiciones presupuestarias del Estado para que puedan implantarse, sin ese respaldo serían documentos en blanco y negro con un estatus embrionario. Sobre este tema trabaja, como ya se indicó, el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito en coordinación con SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas.

Todo lo que se pretende asignar como ámbito de actividad y funciones de la SECOPREVI y el CONACOPREVI apunta

a la contradicción, negación, sustitución y/o revisión de un conjunto de políticas públicas ya existentes. Aparte de las analizadas, las siguientes:

• Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032.

• Política Nacional de Juventud, 2012 – 2020.

• Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, 2016 – 2020.

• Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (2017-2027).

• Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

• Política Pública contra la Trata de Personas y de Protección Integral a las Víctimas

Desarrollo social–económico, su relación con la violencia y la criminalidad

Los problemas institucionales que afectan grandemente al país, se relacionan con la corrupción y la debilidad de las entidades públicas, que se expresan en la2. Acuerdo Gubernativo Número 405-96, artículo 2 literal b.

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precariedad en la prestación de los servicios. Como factores de riesgo se llega a identificar: la enorme desigualdad social, la situación de los niños y jóvenes en condiciones de marginalidad, la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, violencia contra las mujeres, el crecimiento urbano desorganizado, tráfico y consumo de drogas y alcohol, falta de oportunidades de trabajo, comercio ilícito de armas. (Ministerio Público, 2016: 30)

Según la enciclopedia jurídica, se denomina violencia a la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para determinarla, contra su voluntad, a la realización de un acto jurídico (Enciclopedia Juídica, 2014). El autor Manuel Ossorio (1987: 786), define la violencia como acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer resistencia.

Ossorio hace una distinción de la violencia de modo material y moral. En el caso de la primera su expresión equivale a fuerza; y en la segunda, a intimidación; en el primer caso el jurista hace una calificación de los delitos (homicidio, robo, violación, quebrantamiento de condena,

evasión, allanamiento de morada).

Ambas definiciones hacen referencia a que la violencia nace de personas, dirigida a personas y a cosas, con el propósito de vencer su resistencia por medio del uso de la fuerza y acciones delictivas.

Si bien las definiciones nos ayudan a entender la violencia, es evidente que en pleno siglo XXI el fenómeno debe estudiarse como problema social–económico, alimentado por la desigualdad, la exclusión, la pobreza, las relaciones patriarcales, la ausencia de moral, el limitado acceso a servicios básicos, la desintegración familiar, el desempleo y la impunidad, entre otras causas.

La ley no es suficiente para dar soluciones concretas a la violencia y criminalidad, de manera que, adicionalmente, es necesario establecer el trabajo multidisciplinario que estudie la inestabilidad social, económica y cultural en la sociedad, en busca del desarrollo equilibrado en los guatemaltecos.

La violencia se manifiesta de diferentes maneras y la política

pública obedece al estudio de campo, involucrando al ciudadano de a pie que vive día a día sus secuelas, evitando con ello imposición e ineficacia. Sustentando la hipótesis de la violencia como fenómeno social, se refieren los indicadores de pobreza y pobreza extrema, desigualdad y desempleo en Guatemala.

Indicadores de pobreza y pobreza extrema Guatemala

En casi la mitad de los municipios rurales en Guatemala (44 por ciento), la mayoría de su población (más del 75 por ciento) vive en pobreza, según los resultados del Mapa de Pobreza Rural 2011 (Banco Mundial, 2013).

Según informa SEGEPLAN muestran los siguientes datos:

Pobreza General y Pobreza Extrema: En este apartado se establecen tres grandes metas de impacto enfocadas a lograr igualdad, así como disminuir la pobreza general y extrema en el país dado que, según lo establece la PGG 2016 - 2020, En junio de 2015 se calculó

que Guatemala tenía 15.9 millones de habitantes. En pobreza general estaban 5.7 millones de personas y en pobreza extrema había 3.7 millones de seres humanos (Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia, 2017: 40).

Indicadores de desigualdad Guatemala

En Guatemala, el coeficiente de Gini, corregido por cuentas nacionales, se eleva a 0.63, uno de los índices más altos del mundo. Además, un índice de Gini superior a 0.50, es considerado como un indicador en rojo y crítico para lograr resolver los problemas políticos del desarrollo, explicó Gustavo Arriola, Coordinador del INDH.

Las desigualdades facilitan la concentración del poder político, esto tiene que ver con que las grandes mayorías, que en este caso representan un 80%, son mayorías sin influencia en las decisiones políticas, es población que no tiene la posibilidad de participar en el sistema de partidos políticos, población que se encuentra

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en desventaja en disputas estratégicas por el desarrollo, destacó Arriola (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).

Según el Informe de Desarrollo Humano en Guatemala (2002-2013), el país, “ha sido el único que reportó un aumento en la pobreza durante el período evaluado (7%)”. (Velásquez, 2017)

Especifica que el índice de desarrollo humano para Guatemala, que mide los avances en salud, educación y acceso a recursos económicos, muestra un deterioro de las condiciones de vida de las personas entre 2006 y 2014, principalmente en su dimensión económica, genera un índice de pobreza multidimensional del 67% de la población guatemalteca vulnerada en su bienestar, según el estudio. Concluye en que “Los niveles de pobreza y desigualdad en el país evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo para promover el bienestar de la mayoría de la población”.

Indicadores de desempleo

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI)

En la encuesta realizada en enero de 2016 se registró una población en edad de trabajar (15 años o más de edad) de 10.7 millones, 7.36% más en comparación a la Población Económicamente Activa (PEA) que se registró para la primera encuesta realizada durante enero de 2014.

A nivel nacional, el 68.4% de los asalariados no tiene contrato de trabajo, siendo el dominio rural nacional en el que se registra el porcentaje más alto de asalariados en esta condición (81.7%). El porcentaje más alto de asalariados con contrato de trabajo por tiempo indefinido, se ubica en el dominio urbano metropolitano. (Instituto Nacional de Estadística, 2016: 25)

Para la ENEI 1-2016 se registró un total de 4,467,917 personas en el sector informal, lo que significó un aumento de 2.2% en relación con la población que

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se ubicó en dicho sector durante la ENEI 2-2015, cuando se reportaron 4,372,121 personas. Las personas ocupadas en el sector formal, registraron una disminución de 0.06 en relación a la ENEI 2-2015. (Instituto Nacional de Estadística, 2016: 29)

Según los resultados de la ENEI 1-2016, el 69.8% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía. Sobresale el dominio rural nacional, en el que 8 de cada 10 trabajadores están ocupados en dicho sector (Instituto Nacional de Estadística, 2016: 29). Ocho de cada 10 mujeres indígenas están en este sector, y no indígenas 6 de cada 10 según la encuesta también se ubican en el mismo sector, lo que se considera preocupante.

Las estadísticas proporcionadas por el Banco Mundial (BM), SEGEPLAN, Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, ENEI y el Instituto Nacional de Estadística (INE), son indicadores que todo el Estado debe priorizar con seriedad y responsabilidad en la prevención de la violencia y el delito trazándose metas que le permitan cumplir con su deber constitucional de proteger la vida,

la libertad, la justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como parte de su fin supremo, el bien común

Los números son alarmantes y dejan claro que la violencia y criminalidad debe estudiarse considerando como mínimo tres ejes: desarrollo humano, inclusión social y acceso a servicios básicos, fomentando las condiciones sociales y económicas que permitan la convivencia pacífica en condiciones dignas de vida.

La agenda 2030 fue creada con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y minimizar la pobreza en todas sus manifestaciones para erradicar la desigualdad, la agenda está basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados en tres dimensiones: Social, económico y medioambiente; una deuda de Estado.

Ejes torales a observar en la prevención de la violencia

Aunado a lo que antecede, para contrarrestar la violencia deben considerarse tres indicadores: prevención, represión y rehabilitación.

Prevención

No necesariamente pasa por crear leyes, aunque puede considerarse un complemento en la lucha contra la violencia; la prevención es el soporte de la política pública, y para que funcione es necesario disponer del presupuesto que garantice su desarrollo e implementación.

Sobre ese aspecto Claus Roxin explica: “la prevención es más efectiva que la pena”; analiza la violencia como un flagelo de tipo social cuando afirma que

el Estado debe lograr establecer una ayuda social, la cual se ocupe de las “familias-problema” y procure proteger a los niños abandonados de su caída en la criminalidad. Además, el Estado debe tener una legislación social que también resguarde a los más pobres contra el hambre (Roxin, S/f: 95).

Si comparamos las políticas objeto de estudio, puede identificarse que tiene los componentes preventivos que refiere Roxin, ausentes en la Iniciativa 5283.

Represión

Claus Roxin también plantea, en su primera tesis, que “las penas no son de ninguna manera un medio adecuado para luchar contra la criminalidad”, resalta que la pena como medida represiva no garantiza una solución a la violencia y criminalidad (Roxin, S/f: 89).

En su cuarta tesis sostiene que la desigualdad económica influye en la generación de la violencia al afirmar acertadamente que “la miseria económica conduce finalmente a grupos marginados de población a la comisión de delitos contra la propiedad y patrimoniales, los cuales ponen en peligro la seguridad pública” (Roxin, S/f: 99). E insiste: “Una gran parte de los delitos violentos tiene asidero en relaciones conflictivas en estrechos núcleos sociales” (Ibídem: 89).

Precisamente la interpretación que hace este autor sustenta lo que se pretende explicar en este estudio, al indicar que la génesis de la violencia, no necesariamente se soluciona con medidas represivas; contrarrestar la violencia significa el análisis crítico de las causas sociales y económicas que la generan, proponer soluciones efectivas de fondo que garanticen

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el desarrollo colectivo y condiciones más humanas de vida.

Rehabilitación

En relación a la rehabilitación, Roxin sostiene “que un amplio catálogo de sanciones es más eficaz en la lucha contra la delincuencia en comparación con el endurecimiento de las penas” (Roxin, S/f: 95).

El articulista ratifica la hipótesis de que la prevención es la mejor alternativa para contrarrestar la violencia; respecto a la sanción reflexiona sobre la eficacia de aplicar a la conducta delictiva medidas alternas a la pena con mayor efecto rehabilitador.

Históricamente, el sistema penitenciario, centros para menores y correccionales son otra caja de Pandora, las instituciones responsables de aplicar e implementar políticas públicas rehabilitadoras no cumplen su función social, vulnerando garantías constitucionales, leyes, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala.

Conclusiones

•

La Iniciativa 5283 tiene graves deficiencias conceptuales, jurídicas, políticas, técnicas y de redacción, que la invalidan en su totalidad. No hay posibilidades de modificaciones que pudieran rescatarla y mejorarla.

• Lo más preocupante de la Iniciativa 5283 es la pretensión de crear un “súper consejo” o una “súper secretaría”, que trastornaría toda la institucionalidad especializada en materia de prevención de la violencia y el delito, así como el conjunto del Sistema Nacional de Seguridad, incluyendo los avances conceptuales y de diseño de políticas públicas en materia de seguridad democrática.

•

La SECOPREVI no tendría forma de generar fuentes propias de financiamiento, salvo los “fondos de cooperación” (Artículo 16 de la iniciativa de ley) nacionales y externos. Observación pertinente para subrayar que el soporte financiero del nuevo aparato burocrático, más las siete áreas sustantivas de

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atención de la Secretaría,3 será una carga adicional al presupuesto anual del Estado.

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3. El Artículo 7 de la Iniciativa 5283 reza: Artículo 7. ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA. La prevención de la violencia, el delito y la criminalidad serán atendidas a través de seis áreas de aplicación, las cuales subsumen de manera formal y real tales fenómenos: l. Prevención y atención de la violencia familiar; 2. Prevención y atención de la violencia de género; 3. Prevención y atención de la violencia contra la niñez y juventud; 4. Prevención y atención de la violencia escolar; 5. Prevención y atención de la violencia social y armada; 6. Prevención y atención de la violencia transnacional; 7. Juntas de participación juvenil. (Nótese, de paso, la inconsistencia de la redacción de este artículo: al inicio habla de “seis áreas de aplicación”, pero enlista siete).

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Perspectiva

Ludwin Moisés Orozco Orozco Investigador IPNUSAC

Resumen

La malnutrición infantil representa un reto para el sistema nacional de salud, por su creciente aumento en las últimas décadas, lo cual repercute en el desarrollo, la calidad de vida y los riesgos para la salud en la vida adulta de los niños con este problema, cobrando un impacto negativo en la economía del país, incrementando el riesgo de padecer enfermedades crónicas o catastróficas, aumentando gasto de bolsillo y empobreciendo más a las familias guatemaltecas. La globalización y la penetración a mercados emergentes por parte de las multinacionales de alimentos, han creado mecanismos de incorporación de calorías baratas de poco valor nutricional en prácticamente todos los países del mundo, de los cuales muchos aún no han superado sus problemas de desnutrición. Este artículo discute sobre la situación actual de la obesidad infanto juvenil en Guatemala y las principales medidas preventivas y legislativas adoptadas actualmente por el ente rector de la salud.

Palabras clave: Obesidad; malnutrición; prevención; salud; políticas; legislación.

Abstract

Child malnutrition poses a challenge to the national health system by its growing increase in recent decades, which has an impact on development, quality of life and the health risks in the adult life of children with this problem, charging a negative impact on the economy of the country, increasing the risk of chronic diseases or catastrophic, increasing pocket expense and impoverishing more to Guatemalan families. Globalization and the penetration of food multinationals into emerging markets have created mechanisms for incorporating cheap calories of little nutritional value in virtually every country in the world, of which many have not yet overcome their problems of malnutrition. This article discusses the current situation of the obesity infanto juvenile in Guatemala and the main preventive and legislative measurements adopted at present as the governing entity of the health.

Keywords

Obesity; malnutrition; prevention; health; politics; legislation.

Ludwin Orozco Sobrepeso y obesidad infanto juvenil en Guatemala

Sobrepeso y obesidad infanto juvenil en Guatemala (Principales intervenciones, políticas y leyes)

Introducción

En nota descriptiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), el sobrepeso en niños y adolescentes se asocia con la mortalidad en la vida adulta, provocando hígado graso, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y otras alteraciones como la caries dental, mientras que Chew (2018) afirma que este problema es cada vez más serio y acentuado en la etapa de la adolescencia y adulta, en donde el estrés, la poca actividad física y una mala dieta alimenticia afectan a muchos guatemaltecos; el sobrepeso en un niño es un factor de riesgo independiente de la obesidad en la vida adulta, de ahí que si mejoramos nuestro estilo de vida podemos tener una mejor salud, fomentando la prevención y adoptando estilos de vida saludables; es decir, el riesgo puede ser superable.

La globalización ha convertido a la obesidad en una epidemia mundial; tradicionalmente, los países ricos tenían problemas de exceso y los países pobres de carencias, esto a mediados del siglo pasado. Pero a partir de los años 50, con los grandes avances tecnológicos y los programas multinacionales de ayuda, se empezó a aumentar la ingesta calórica en países pobres, no siempre con alimentos de alto valor nutricional.

Caballero (2012) recuerda que principios de los años 90, los nuevos alimentos, los procesados, o industrializados (alimentos chatarra), se distribuyeron masiva y mundialmente, con independencia del nivel socioeconómico de los consumidores, y de hecho la producción en masa abarató muchísimo estos alimentos; convenios como los tratados de libre comercio, el desarrollo del transporte y las comunicaciones permitieron a las multinacionales de alimentos penetrar lo que llaman mercados emergentes.

Ludwin Orozco Sobrepeso y obesidad infanto juvenil en Guatemala

Así mismo, Caballero remarca que esto ha creado mecanismos de incorporación de calorías baratas de no mucho valor nutricional, en todo el mundo, muchos de los cuales aún no solucionaron los problemas de desnutrición. Entonces se crea esta situación dual donde por un lado hay países que tienen regiones con pobreza y malnutrición y por otro, zonas sobre todo urbanas donde hay sobrepeso por el acceso a calorías baratas y un estilo de vida sedentario típico del medio urbano (Caballero, 2012).

Situación del estado nutricional de la niñez y la adolescencia en Guatemala

El sobrepeso y la obesidad es el quinto factor de riesgo de mortalidad en el mundo; cada año fallecen cerca de 2.8 millones de personas adultas debido a este flagelo. Datos de la OMS (2016) revelan que 41 millones de niños (menores de 5 años) y 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años), tenían sobrepeso o eran obesos, del cual, el mayor porcentaje se encuentran en el continente

americano, esto quiere decir, que los casos se han triplicado en todo el mundo, desde 1975.

Por lo que toca a Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señala que el 50 por ciento de la población menor de cinco años padece de desnutrición crónica, pero al mismo tiempo, paradójicamente, ubica al país en el décimo lugar en el mundo con mayor índice de población mayor de 15 años que padece de obesidad; es decir, un 27 por ciento de sus habitantes (MSPAS, 2015).

Durante el I Simposio sobre obesidad infanto juvenil, celebrado en la ciudad de Guatemala en el año 2018, la Dra. Kroker, del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) expuso que el sobrepeso y obesidad en niños y niñas escolares, en mujeres y hombres adultos se ha agudizado significativamente en las últimas cuatro décadas, al extremo que, según estimaciones, uno de cada 20 niños de entre cero y cinco años es obeso, lo que equivale al 5.4 por ciento de la población.

El MSPAS, el INCAP y Ministerio de Educación han trabajado en diferentes encuestas en los años 2009 y 2015, a partir

Ludwin Orozco Sobrepeso y obesidad infanto juvenil en Guatemala

de las cuales Chew (2018), del Programa de enfermedades crónicas no transmisibles del MSPAS, manifiesta que el problema empieza con la nutrición de la madre. Según Chew, la ENCOVI (2016) sobre salud materno infantil, determinó que 31.9 por ciento de las madres de niños menores de cinco años ya tiene sobrepeso, y el 20 por ciento esta con obesidad.

Con respecto al estado nutricional de la niñez, en niños menores de cinco años, ya existen problemas de malnutrición, sobrepeso y obesidad, y en niños menores de seis meses casi el 20 por ciento está con sobrepeso y obesidad.

Intervenciones políticas y leyes engavetadas

Según Kroker (2018) uno de los mayores retos radica en que las iniciativas de ley presentadas con el propósito de intervenir en el problema de la desnutrición, malnutrición y obesidad están engavetadas en el Legislativo, o existe falta de interés y voluntad política, para financiarlas, implementarlas y evaluarlas.

Estos intentos datan desde el año 2002, cuando se presentó al Legislativo la iniciativa 2614

para aprobar un impuesto específico a la distribución de bebidas gaseosas, isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures y agua natural envasada, pero la cual no obtuvo dictamen favorable. En noviembre de 2017 se presentó la iniciativa 5168, “Ley marco para la promoción de la alimentación saludable para niños y adolescentes”, la cual fue remitida para dictamen pertinente.

Actualmente, una comisión, integrada por el Programa nacional de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer, del MSPAS, trabaja en la creación de un proyecto de ley marco para regular las enfermedades crónicas no transmisibles.

Principales intervenciones realizadas por el MSPAS

Sandra Chew (2018) manifiesta que, a través del Programa Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas no transmisibles y cáncer, se trabaja en una estrategia para disminuir el sobrepeso y la obesidad, mediante la promoción de estilos de vida saludable y por medio de un abordaje integral, responsabilizando a todos los sectores para aunar esfuerzos y disminuir el incremento de

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esta problemática, propiciando la participación activa de la sociedad con un enfoque holístico. Los principios de la estrategia son: el derecho a la salud; el compromiso político; la inter sectorialidad; la responsabilidad; la multiculturalidad, y la equidad. Sus objetivos son prevenir el sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia, a fin de garantizar una vida saludable y productiva.

Se está diseñando y desarrollando una normativa de salud, a través del referido programa, que promueva estilos de vida saludable; incrementar intervenciones integrales de salud, nutrición y actividad física, basadas en evidencia, para la prevención del sobrepeso y la obesidad; desarrollar estrategias de comunicación dirigidas a la población, para sensibilizar sobre la magnitud del problema; toma de decisiones de cambio; promover y apoyar la generación de evidencia científica; fortalecer el marco regulatorio, así como la fiscalización de las políticas públicas que favorezcan la implementación de una estrategia de prevención del sobrepeso y la obesidad.

Dicha estrategia tiene diversos competentes, relacionados con las políticas fiscales y reglamentación de la publicidad y etiquetado de alimentos y de bebidas no alcohólicas con alto contenido de azúcar, dirigidos a la niñez y la adolescencia.

En cuanto al etiquetado de productos, a propuesta del MSPAS, con el apoyo del Ejecutivo, en Consejo de Ministros se acordó apoyar un proyecto de etiquetado de productos, para que posteriormente se convierta en iniciativa de ley y decreto, advirtiendo en las etiquetas el contenido alto de azúcar y en grasa saturada, para información de los consumidores. Esa es la política de etiquetado y publicidad radical implementada por el pueblo chileno hace más de 10 años; aunque el proceso de implementación no es tan sencillo, en el caso de Guatemala.

La estrategia integra intervenciones de salud, nutrición y actividad física para la obtención de estilos de vida saludable, con participación social, trabajo directo con municipalidades, para el establecimiento de espacios públicos, con el fin de promover

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actividades físicas y utilización de evidencia científica para la toma de decisiones.

En el I Simposio de Obesidad infanto juvenil, Chew (2018) expuso las principales líneas estratégicas del programa que dirige:

• Elaboración y establecimiento de normas para el etiquetado al frente del envase, que promuevan las elecciones saludables al permitir identificar los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional, de manera rápida y sencilla.

• Establecimiento de reglamentos para proteger a la población infantil y adolescente frente al efecto de la promoción y la publicidad de las bebidas azucaradas, la comida rápida y los productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional.

• Vigilancia, monitoreo y control para el cumplimiento de leyes y normativas existentes y la creación de un sistema de vigilancia relacionadas con el tema.

• Preparación de tanques de pensamiento sobre sobrepeso y obesidad según evidencia científica.

• Abogacía, implementación de un sistema de vigilancia que monitoree las tendencias de las ENT y sus factores de riesgo, tales como el sobrepeso y obesidad.

Ley de alimentación escolar

El Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 26 de septiembre de 2017 y vigentes desde el 25 de octubre de ese mismo año, contempla el incremento al presupuesto de la refacción escolar, comparado con el presupuesto asignado en el año 2015, por lo que es un reto para el Ejecutivo, ya que carece de presupuesto y de reglamento. Ya en el propio año de aprobación de la referida ley, el viceministro de Finanzas Publicas, Víctor Martínez, declaró que aprobar los recursos para esa iniciativa no estaba contemplado para el Presupuesto del Estado de 2018. Además, como es sabido, el Congreso no aprobó el proyecto presupuestario enviado por Ejecutivo, con lo cual se mantuvo vigente el monto aprobado para 2017.

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Entre los aspectos importantes de esta ley está que ella permite un incremento de 75% al monto diario de la refacción escolar por estudiante (ver Tabla 1), así como adquirir los insumos para preparar la refacción a

Tabla 1

productores agrícolas locales, lo que permitiría dinamizar la economía; al aplicarse esa norma, el 50% del presupuesto asignado será gastado en las comunidades.

Asignación presupuestaria para refacción escolar por alumno

Fuente: elaboración propia con datos MINEDUC 2018.

Objetivos de la ley de alimentación escolar Aquí se resumen los principales objetivos definidos en la Ley de Refacción Escolar, Decreto 16-2017.

• Ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional y desarrollo académico de los estudiantes, que asistan a centros educativos públicos y privados.

• Promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en los estudiantes de nivel escolar, facilitando la educación pertinente, incluyendo a los padres de familia.

• Favorecer a los estudiantes que concurren a estos establecimientos para que tengan la posibilidad de incorporar alimentos y bebidas

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nutritivamente adecuadas, estableciendo que los mismos estén disponibles en las tiendas, cafeterías, y comedores que se encuentran dentro de los centros educativos (Artículo 2).

• Regular la venta de alimentos, productos alimentarios o bebidas que contengan azúcares simples, grasas saturadas o trans, en los centros educativos públicos o privados.

Recomendaciones del INCAP

La Dra. Kroker, del INCAP (2018) -en el I Simposio de Obesidad infanto juvenilexpuso que se debe establecer que la alimentación escolar es una estrategia para facilitar el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, por lo que se debe incorporar a la enseñanza y docencia la educación alimentaria y nutricional

Indicó también que se deben reducir las deficiencias de micronutrientes y mejorar el estado nutricional de la población escolar, a través de una alimentación escolar con pertinencia cultural, social, étnica y biológica. Agregó las siguientes recomendaciones:

• Apoyar al mejoramiento de la calidad de la formación y aprendizaje escolar.

• Promover el desarrollo de la producción local, e impulsar el consumo de alimentos locales.

• Reconocer el vínculo entre la alimentación escolar y el desarrollo económico local.

• Promover el acceso, permanencia y promoción de los niños y adolescentes en el sistema escolar.

• Reducir la brecha de inequidad en el acceso a la educación.

• Garantizar una alimentación diaria balanceada y adecuada, con los requerimientos nutricionales de los escolares, a través de un menú contextualizado, con pertinencia cultural, en correspondencia con la disponibilidad de los productos, e insumos alimentarios característicos de las regiones.

• Promover una acción pedagógica que permita que este acto se convierta en una experiencia educativa, para la formación de hábitos alimenticios en la población escolar atendida por el sistema

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educativo, y el desarrollo de los componentes pedagógicos en materia de seguridad alimentaria, con la participación de los docentes, la familia y la comunidad.

• Mejorar la infraestructura y equipamientos de los centros educativos del país.

• Crear el Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Alimentación Escolar, bajo la responsabilidad del MINEDUC, siendo parte del sistema de información educativa.

Conclusiones

• Después de revisar la temática en cuestión podemos afirmar que, si no hay políticas, regulaciones, ni reglamentaciones, las personas seguirán consumiendo más, debido a la desinformación, la globalización, los mercados emergentes y el fácil acceso a productos con alto contenido de azucares, grasas y sal.

• Hay muy poca voluntad de los gobiernos para implementar políticas públicas, y muy poca evaluación del impacto.

• Es prioritario regular la prohibición y venta de productos altos en carbohidratos y grasas saturadas, en el marco de elaboración de un normativo de publicidad masiva y adoptar el etiquetado de productos, la promoción de estilos de vida saludable, normar la venta de productos altos en sal, azucares, grasas saturadas en escuelas públicas y privadas, por medio de un reglamento normado a través de la Ley de Alimentación Escolar.

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Contrapunto

La sana trilogía de la economía del conocimiento1

Amador Velásquez García-Monterroso 2 Embajador de Perú en Guatemala

Resumen

En este artículo se hace una exposición sobre lo que el autor denomina “la sana trilogía de la economía del conocimiento”, planteamiento que a su juicio podría convertirse en la respuesta al desafío que sigue latente sobre el necesario rostro ético que requiere atender un rápido desarrollo tecnológico, con respeto al medio ambiente y frente al algo alocado y no regulado proceso de automatización y robotización que, de mantenerse no regulado, terminará afectando el rostro humano del desarrollo económico. Se plantea una acción inmediata respecto de la formación del recurso humano en las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Palabras clave Educación; desarrollo económico; robotización; tecnología; integración.

1. Dos versiones previas de este artículo fueron publicadas en la revista Política Internacional (No. 123-2017) editada por la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar, y en la revista Forward Guatemala. El autor lo ha actualizado y completado con referencias bibliográficas, para esta versión que gustosamente incluimos en Revista Análisis de la Realidad Nacional.

2. Embajador en el servicio diplomático peruano. Magíster y doctorando en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú. Es profesor itinerante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Amador García-Monterroso La sana trilogía de la economía del conocimiento

Abstract

In this article an exhibition is made about what the author calls “The Healthy trilogy of the Knowledge Economy”, an approach that in his opinion could become the answer to the challenge that remains latent on the necessary ethical face that requires to attend a Rapid technological development, with respect to the environment and in front of the something crazy and unregulated automation and robotization process that, if kept unregulated, will end up affecting the human face of economic development. Immediate action is being made on the formation of human resources in small and medium-sized enterprises (SMEs).

Kewords Education; economic development; robotization; technology; integration.

Una educación enfocada y aplicada a la formación y capacitación del recurso humano estratégico, con la premisa que privilegie los insumos y componentes de la inteligencia social y con una determinante vocación por el avance tecnológico, con respeto a la sostenibilidad del medio ambiente como condición sinequanon, es el más preciso significado de lo que hemos venido en denominar “La sana trilogía de la economía del conocimiento (TEC)”; o, en inglés, “The fair Knowledge Economy Trilogy (KET)”.

Los asimétricos términos del intercambio entre los controlados o digitados precios para la exportación de materias primas y el geométrico incremento en los mismos para la exportación de los bienes y servicios con mayor valor agregado, pueden ser balanceados, amortiguados, afrontados o respondidos, por cada uno de los países afectados o grupos de estos, si se lograse optar por poner en práctica esta fórmula; cuyo resultado

podría reducir esa brecha que se sigue proyectando como un abismo día a día más profundo y que, de persistir o no aminorar, empujará a la población al indeseado despeñadero cada vez más inhumano de una desproporcionada distribución mundial de la riqueza.

Los acuerdos de libre comercio e inversiones son convenientes; el cambio climático debe ser prioritariamente atendible; el

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avance tecnológico también; pero, si la inteligencia social no los lidera y coordina, todo ello será un fracaso más.

No pretendemos que sea LA UNICA SOLUCION; pero no dudamos que se puede convertir en algo que está allí y que no hemos sido capaces de verlo y proyectarlo, con sentido común, para un manejo, una orientación, un seguimiento y un monitoreo de las creaciones, elaboraciones, producciones, y de su relacionamiento o asociación, a través del repensado intercambio económico, a nivel local, nacional, regional, intra e interregional, hemisférico y mundial.

Sin dejar de mantener el aprovisionamiento de los insumos mundiales pero, también y necesariamente, sin esclavizarnos en la dependencia exclusiva de los mismos y, por otro lado, buscando que esa asimetría vaya desapareciendo de manera gradual, lo que esta propuesta lleva implícito es alcanzar el tan ansiado Nuevo Orden Económico. Uno realista, practicable y alcanzable, el mismo que, hasta la fecha, no ha pasado de ser una quimera o una excelente formulación de los teóricos de las relaciones

económicas internacionales pero sin su más mínimo correlato practicable en la realidad.

Dicha TEC/KET busca que, a través de un proceso de educación dirigida y sostenida, que mantenga como condicionante básico –reiteramos– obtener un mayor valor agregado en la producción de bienes y servicios, con sostenibilidad e inteligencia social, lograremos hacer aterrizar en el terreno de las realidades una sana y no asimétrica complementariedad de unidades productivas mundiales de bienes y servicios, a través de su núcleo básico; es decir, a través de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, fundamentalmente, por medio de su eje propulsor: su recurso humano. De prosperar y convertirse esta fórmula en practicable, la posterior y esperada transferencia de know how de ese nuevo recurso humano TEC/KET PYME, hacia sus pares de las grandes empresas, será una suerte de proceso cultural humano automático.

Confío en el interés de los educadores e intelectuales y académicos que lideran la concertación económica, social, política, nacional e internacional,

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para intentar su implementación a través de la aplicación de esta propuesta desde los centros académicos de excelencia educativa.

El leit motiv de esta iniciativa, en línea de máxima, apunta a invertir la actual pirámide mundial de la distribución de la riqueza, la misma que persiste en mostrarnos muy pocos gozando de la mayor parte de la riqueza mundial y muchos buscando obtener lo poco que les queda para compartir. Visualicemos una novedosa forma geométrica que sea más coherente –no necesariamente igualitaria para evitar caer en otra fórmula teórica impracticable o ilusa– con una distribución más humana y sostenible de esa misma riqueza mundial; la que, algún día –luego de un necesario periodo de aplicación del nuevo enfoque educativo de capacitación y formación aquí postulado para el nuevo recurso humano TEC/KET PYME– nos permita comprobar en aquellas sociedades, países o grupos de estos donde la práctica de “La sana Trilogía de la Economía del Conocimiento” se haya ensayado de manera integral, complementaria o conjunta, que las bondades proyectadas no han vuelto a ser una quimera más sino, por el

contrario, que sí se ha constituido en una alternativa sana y viable.

¿Solo la tecnología puede garantizarnos el futuro que queremos?

Hay tres secretos para la prosperidad de una nación: educación, educación y educación

Se comenta que un último estudio, a la fecha, de la Universidad de Oxford señala que en los próximos diez a veinte años se perderá el 47% de los actuales empleos. La robotización/ automatización será la causa. En la República Popular China han acortado, incluso a dos años, el lapso de recuperación de la inversión en robótica. La implicancia hacia la temporal salvaguarda que protegía de ello, a los países en vías de desarrollo con su mano de obra barata, se perderá.

Taxis que se conducen solos van a existir en breve, pero tendrán que coexistir con aquellos conducidos por humanos. La forma en que se dé esta convivencia dependerá básicamente de la forma en que se insertarán, alcanzarán y conducirán las inteligencias inter e intrapersonal de los individuos.

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Se requiere, entonces, una revolución en la educación, la misma que no puede pasar por alto a la tecnología. El recurso humano tiene que ser enrumbado a ese horizonte; los educadores tendrán que aprovechar la tecnología de la información en el nuevo rol que deben asumir y que los convierte en asesores, guías, monitores, orientadores y/o facilitadores de los aprendizajes.

La tendencia al aula pequeña proyecta la nueva educación personalizada como asesoría integral que, a su vez, deberá saber conjugar y equilibrar el adelanto o avance tecnológico con el desarrollo de las inteligencias inter e intrapersonal, y social, sin dejar de lado el desarrollo sostenible, de manera tal que se garantice “la sana trilogía de la economía del conocimiento”, término que nos permitimos acuñar con el propósito de incidir en una nueva visión educativa.

Muchas profesiones, oficios o empleos ya se van perdiendo; el de educador NO, siempre que logre mantener esa óptica cada vez más moderna y humana. Los que conducían las carretas jaladas por caballos para llevar personas/comunicaciones, los que operaban as- censores, las

dactilógrafas, los calígrafos, los recolectores de frutas en gran escala, etc., ya fueron reemplazados por los adelantos tecnológicos. Las copiadoras 3D están revolucionando el mundo y la desregulación de esa tendencia es preocupante.

El ser humano tiene que ser el regulador de ese cambio y eso solo será posible si ha sido educado para ello y de ahí la importancia del nuevo rol del educador. La educación es la profesión que jamás podrá desaparecer, siempre que logre completar, garantizar y actualizar ese proceso con dinámica propia y permanente.

La pedagogía es la madre de todas las profesiones, porque su objetivo es desarrollar en el ser humano los elementos que le permitan responder al desafío de los tiempos. Ahora, en este nuevo y preocupante entorno internacional, de máquinas inteligentes y robots que amenazan con desplazar al hombre, la labor del educador, del pedagogo, debe reforzar y garantizar la supremacía del ser humano sobre las amenazas del descontrolado y acuciante avance tecnológico que tiende a ser irracional y, en consecuencia, riesgosamente inhumano.

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Si pretendemos una educación que prepare a los seres humanos para prevalecer frente a un avance tecnológico imparable, es necesario tener en cuenta nuevos enfoques y conceptos acerca de la inteligencia; muy especialmente, las propuestas de Howard Gardner (1983), y de Daniel Goleman (1996). El primero con su estudio sobre las inteligencias múltiples (ocho en total), entre las que resultan determinantes la interpersonal y la intrapersonal; y el segundo con su teoría acerca de la inteligencia social.

La inteligencia social es aquella que utilizamos para relacionarnos con efectividad con la gente que nos rodea. La empatía, el liderazgo, la oratoria con convicción, la inteligencia emocional, la asertividad, la resiliencia, la capacidad de análisis, saber captar el lenguaje corporal, la intuición y, entre tantas otras, como la capacidad de entender el medio ambiente cultural, son claves para lograrla; es decir, para llegar a tener la habilidad de tener éxito en la vida.

Gestionar esa inteligencia solo puede ser confiable a los educadores, dentro de un desarrollo pedagógico dinámico y proactivo, integral, coherente, homogéneo y completo; y siempre de cara y no de espaldas a los avances tecnológicos.

La innovación, la creatividad, el talento y la ética, vis a vis el desarrollo sostenible, completan el cuadro de materias “blandas” que terminarán siendo las “duras” para afrontar el despiadado, preocupante y no regulado avance de la automatización/ robotización.

El mundo moderno, cada vez más consumista y materialista, está imbuido en una lucha por alcanzar constantemente un mayor valor agregado en la producción de sus bienes y servicios; así como en el libre intercambio de estos; de los capitales y de la personas. En todo ello, la tecnología (robotización/automatización) está marcando el paso. La Convención de las Partes sobre el cambio climático intenta poner la pauta para que esa automatización/robotización no llegue a desestabilizar aún más el deterioro del medio ambiente; vale decir, buscando instaurar una ética del desarrollo sostenible.

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¿Por qué una sana trilogía de la economía del conocimiento?

La única forma de humanizar esa guerra científico/tecnológica por el liderazgo en el comercio internacional de bienes y servicios recae, necesariamente, en manos de los educadores del siglo XXI; quienes tienen que lograr ser capaces de impartir de manera proactiva, dinámica, actualizada, coherente, oportuna, completa, homogénea e integral esa inteligencia social, de la mano de la creatividad, el talento, la innovación y la ética. Una educación que se convierta en un servicio educativo, para el recurso humano, como requisito sine qua non (piedra angular) en el que se pueda asentar ese libre comercio de bienes, servicios, capitales y personas en el mundo.

El recurso humano PYME y su formación estratégica

Escuchamos hablar de esquemas regionales de integración abierta y de cómo entre ellos juegan un papel determinante los acuerdos de libre comercio. El NAFTA para Norteamérica; la UE para Europa; la CAN, MERCOSUR, SIECA, SELA, ALADI y Alianza del Pacífico para América Latina; el APEC para la zona Asia Pacífico; la UEE para la Euroasia; y, hasta el TPP en ciernes y ahora en riesgo de no concreción, para el Asia Pacífico sin la República Popular

China, etc. Todos ellos ofrecen un libre intercambio de bienes, servicios, capitales y personas. Todo parece orientarse a lograr el beneficio (lucro), a cualquier precio o sacrificio incluso humano; es decir, producir el bien y/o servicio mejor, más barato y de mayor valor agregado.

Los adelantos tecnológicos, los inventos y sus registros, a través de las patentes (seguridad internacional de la autoría intelectual), aparte de las ya conocidas barreras o limitaciones de atraso en nuestros sistemas educativos, y de capacitación industrial/empresarial, constituyen evidentes desventajas competitivas y comparativas: en especial, para quienes aún pertenecemos al mundo en vías de desarrollo o subdesarrollado.

El experimento de la Alianza del Pacífico parece estar orientado a seguir la experiencia de los tigres o dragones del Asia que en decenios pasados lograron un rápido adelanto científico tecnológico. En las actuales circunstancias internacionales, vis a vis el contexto altamente competitivo, la vía más conveniente o apropiada parece apuntar, en lo interno, a las asociaciones público privadas de la mano de una urgente

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formalización; y, en lo externo, a la conformación de clúster3 y de cadenas de valor con nuestros socios en cada uno de dichos esquemas o emprendimientos. En el caso de los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico; así como también en o con Europa y el Asia Pacífico, las Pequeñas y Medianas Industrias (PYMES) son el corazón de la producción de bienes y servicios y del aporte sustantivo que, en cada país, aportan en grandes porcentajes a sus PBI (GDP) nacionales. Es en dicho nicho de emprendedurismo y de desarrollo que se debe centrar la estrategia para alcanzar el más rápido y mayor valor agregado en la producción de nuestros bienes y servicios exportables; más aún,

3. Clúster: congregado de elementos que, al gozar de identidades comunes (como los átomos en una molécula), pueden aportar sus mejores características de composición; las que, al aplicarse en el tema PYME, orientan la consecución de una rápida, avanzada y completa producción de bienes y servicios, con base a las excelencias de valor agregado PYME producidos en cada uno de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, permitiendo de tal manera un producto final de competitividad internacional en el corto plazo. El clúster terminará siendo a la eficiencia lo que la cadena de valor es a la eficacia.

si se tiene en cuenta –como es el caso de la Alianza del Pacífico–que el mercado potencial es el Asia/Pacífico donde la competencia del Sudeste Asiático es ya altamente sofisticada y tecnificada.

La cuestión clave radica, entonces, en la formación, capacitación, educación, motivación y tecnificación integral, coherente, siempre proactiva y actualizada, completa, homogénea y oportuna del recurso humano PYME; es decir, de cara a la tecnología pero sin descuidar, sino muy por el contrario, privilegiar el desarrollo de la creatividad, del talento, de la innovación y de la ética, dentro del desarrollo de las inteligencias inter e intrapersonal y social, no a través de cursillos, diplomados, seminarios, conferencias, maestrías/doctorados, etc., los mismos que actualmente ya se dictan de manera heterogénea, parcial e improvisada.

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Un servicio educativo especializado, de asesoría permanente, que lo personalice; y, que, sin temor al uso de las herramientas de la tecnología de la información, en el más breve plazo, is a must para lograr esa “sana trilogía de la economía del conocimiento” que nos brinde esa estratégica, oportuna y necesaria, competitividad real en el actual entorno internacional.

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Contrapunto

La huella hídrica también es mi responsabilidad

Claudia Elizabeth Toledo Perdomo

Ingeniera Agrónoma, M.Sc.

Resumen

El fenómeno del cambio climático ha ocasionado un impacto a nivel mundial, perjudicando a las poblaciones más vulnerables, afectando su economía familiar, seguridad alimentaria y la salud. En algunos sectores ha impactado en grades sequias, obligando a la población buscar medidas de mitigación. Dentro de las nuevas medidas creadas para la gestión del recurso hídrico sobresalen conceptos como agua virtual y huella hídrica. A pesar de que este último concepto surgió en el año 2002, aún existe desconocimiento de la huella hídrica, su valor y aplicación. Así, en este documento se busca que el individuo pueda analizar sus hábitos del uso de este recurso y buscar optimizarlos, estableciendo mejor manejo del agua y buscar mejores prácticas del buen uso de este recurso natural.

Palabra clave. Huella hídrica, agua virtual, cambio climático, sequías, recurso hídrico

Abstract

The phenomenon of climate change has caused a worldwide impact, damaging the most vulnerable populations, affecting their family economy, food security and health. In some sectors, it has impacted on a number of droughts, forcing the population to seek mitigation measures. Within the new measures created for the management of water resources Excel concepts such as virtual water and hydric footprint. Although this last concept arose in the year 2002, there is still ignorance of the water footprint, its value and application. Thus, in this document seeks to allow the individual to analyze their habits of the use of this resource and search optimize, establishing better management of the water and seek the best practices of the good use of this natural resource.

Keyword

Hydric footprint, virtual water, climate change, droughts, hydric resources

Claudia Toledo La huella hídrica también es mi responsabilidad

Introducción

Uno de los temas ambientales de mayor importancia –en los últimos años– es el cambio climático. Fenómeno que ha tenido impacto a nivel global, el cual no podemos ignorar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés, 2011) los últimos años han sido catalogados como los más cálidos; durante el período de 1995 al 2006 se ha registrado un incremento de la temperatura y desde entonces ha aumentado aproximadamente 0.74 °C. El incremento de la temperatura ha afectado otros factores climáticos como la precipitación pluvial, dando lugar a que, en algunas regiones, se hayan presentado copiosas lluvias causantes de inundaciones, mientras en otras regiones ha sido escasa, ocasionado largos períodos de sequías.

A nivel mundial hay regiones dónde la escasez del agua ya es un problema grave, teniendo un impacto en la agricultura y por consiguiente en la seguridad alimentaria de estas poblaciones. En Guatemala, Hondura y El Salvador se encuentra el corredor seco en dónde, según la FAO (2016) actualmente se está viviendo la sequía más severa que se ha presentado en los últimos 10 años, afectando a más de 3.5 millones de personas. Los grupos más afectados son las comunidades rurales y los pequeños productores, teniendo un impacto negativo en la economía familiar, la salud y la seguridad alimentaria.

Actualmente la escasez de agua es uno de los principales factores que amenaza a la seguridad alimentaria: según Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2015), la agricultura es la que demanda la mayor cantidad de agua dulce en sus procesos, requiriendo aproximadamente el 70% de agua, variando este porcentaje de acuerdo con la demanda de cada cultivo.

Ante esta situación, es necesario tomar medidas de mitigación en relación al recurso hídrico. Es responsabilidad de todos cuidar y hacer uso responsable de él. Cuidar nuestra huella hídrica, es

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hacer un buen uso racional del agua que utilizamos en nuestras actividades diarias.

El agua virtual

Se ha llamado agua virtual a la empleada en un proceso de producción y que no vemos en

Tabla1

el producto final. Es la cantidad de agua total empleada para obtener un producto (ver Tabla 1). Por ejemplo, la cantidad de agua empleada en todo el proceso del cultivo del tomate, trasporte, fabricación de salsa de tomate hasta llegar al producto final.

Promedio de agua virtual contenida en algunos productos

Fuente: Hoekstra y Chapagain, 2007.

¿Qué es la huella hídrica?

Se ha nombrado huella hídrica al indicador de toda el agua que se emplea para realizar un proceso; para una persona, la huella hídrica sería toda el agua que utiliza en la vida diaria: agua para ingerir, para bañarse, para cocinar, lavar ropa, etc. (Hoekstra y Chapagain, 2007). En la agricultura, por ejemplo, la huella hídrica para un cultivo sería toda el agua que se utiliza para su

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producción (agua para riego, agua para fertilización, agua para fumigaciones, agua para lavado de herramientas, etc.).

Para un producto terminado, por ejemplo, una camisa de algodón, la huella hídrica sería toda el agua que se emplea

Figura 1

desde que se prepara la parcela para sembrar las plantas de algodón, el agua empleada para todo el manejo del cultivo y el agua empleada para todo el manejo de su fabricación. En la figura 1 se representa la huella hídrica de dos productos de origen agropecuario, el queso mozzarella y suero de leche.

Huella hídrica de queso mozzarella y suero de leche

Fuente: IICA, 2015.

La huella hídrica nos permite conocer la cantidad de agua que aprovecha una persona, una comunidad, un país o toda la humanidad (Arreguín-Cortés, et al., 2007).

Por lo tanto, la huella hídrica es toda el agua empleada para obtener un producto y el agua virtual será el agua empleada durante todo ese proceso del

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producto, que no vemos. La huella hídrica categoriza toda el agua empleada por su fuente, si fue contaminada y su destino final. Estas categorías están dadas por color de la huella hídrica.

La huella hídrica tiene cuatro componentes básicos: el volumen, el color (que la clasifica), lugar de origen y el momento de extracción del agua. Tomando en cuando el lugar dónde proviene el agua, la huella hídrica es clasificada por colores:

Huella hídrica azul es la que proviene de fuentes superficiales como ríos, lagos, esteros y subterráneas que provienen de una cuenca hidrográfica. Si el agua regresa a la cuenca en un período de tiempo breve no se es considerada como huella hídrica.

Huella verde es llamada así al agua procedente de la lluvia, se encuentra en el suelo como humedad del mismo.

Huella gris es el agua que se contaminó durante un proceso. Esta huella lo que representa es la cantidad de agua necesaria para asimilar los contaminantes del agua tomando en cuenta los estándares de la calidad del agua.

Huella hídrica de una nación

Según el IICA (2015) la huella hídrica del consumo global presenta un promedio de 1,385 m3/año/persona. La mayor parte de la huella hídrica es consumida en el sector agropecuario, aproximadamente en un 92%, de los cuales el 27% es en cereales, 22% en carne, 7% en lácteos.

La huella hídrica de una nación dependerá del estilo de vida de la población y los productos que consuman, según se ilustra con las figuras 2 y 3.

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Figura 2

Huella hídrica por país del mundo

Fuente, IICA 2015.

Figura 3

Ejemplo de huella hídrica de una nación

Fuente: Hoekstra y Chapagain, 2007.

Huella hídrica de Guatemala

Es escasa la información sobre la huella hídrica de Guatemala; sin embargo, Vásquez y Buenfil (2012) en su estudio sobre esta

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huella en Latinoamérica indican que Guatemala, El Salvador y Nicaragua presentan menor huella hídrica por consumo nacional per cápita. El promedio de huella hídrica a nivel mundial fue de 1,385 m³ /año/habitante, del cual el 92% fue en productos agrícolas.

A pesar de que Guatemala se encuentra entre los países con menor huella hídrica de consumo nacional, el reto será seguir trabajando para disminuirla. Para ello, los habitantes deben de estar conscientes de cambiar algunos hábitos en el consumo del agua y hacer un manejo más eficiente del recurso, principalmente en el sector agrícola.

Huella hídrica de una persona

Según Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2015) la huella hídrica de una persona se encuentra en un 3% de lo que consume en casa, aproximadamente 150 litros/día. El 97% de su huella hídrica es la llamada agua virtual, esta no se ve, en muchos casos se considera que viene una parte del extranjero

de los países de donde provienen los productos que consume. De estos productos se estima que 3,400 litros/día son consumidos en productos agrícolas y 1,100 litros/día en productos industriales.

La huella hídrica de una persona dependerá de su estilo de vida, de los alimentos que consume y el lugar donde vive. El reto de cada individuo será velar por la optimización del recurso hídrico, de sus hábitos alimenticios y de la elección de los productos que adquiera.

Referencias bibliográficas

- Arreguín-Cortés, F., López-Pérez, M., Marengo-Mogollón, H. & Tejeda-González, C. (2007) “Agua virtual en México”. En Ingeniería Hidráulica en México, 22, (4).

- Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (2015) “Huella hídrica, agricultura y cambio climático”. Tomado de http://www. iica.int/es/eventos/huella-h%C3%A Ddrica-agricultura-y-cambio-clim% C3%A1tico

Claudia Toledo La huella hídrica también es mi responsabilidad

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- Hoekstra, A., & Chapagain, A. (2007) “Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption pattern”. En Water Resources Management, (21). 35-48 p.

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011) “Planificación de la adaptación al cambio climático de base comunitaria (ABC)”. Curso de autoaprendizaje. Tomado de: http://www.fao.org/ climatechange/67624/es/

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016) Corredor seco. Informe de situación Junio 2016. Tomado de: http://www.fao.org/emergencies/ crisis/corredor-seco/es/

- Vázquez, R., & Buenfil , M.O. (2012) “Huella hídrica de América Latina: Retos y oportunidades”. En Aqua-LAC, 4(1). 41 – 48 p.

Polifonía

Guatemala, ante el circo de la consulta popular

Ollantay Itzamná Público GT

El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, abandona molesto el set de TV

AZTECA donde acudió a una entrevista en vivo, en el marco de la campaña por el SÍ para la consulta popular del próximo 15 de abril que promueve el gobierno.

“Pueblo de Guatemala, este 15 de abril es un momento histórico. En 1773 se empezó a discutir este tema. 2018, tenemos la oportunidad de no heredarle este problema a nuestros hijos. (…)”, fueron las palabras de despedida del teólogo Presidente, antes de reiterar repetidas “bendiciones” al pueblo.2

1. Publicado el 11 abril de 2018. Disponible en http://publicogt. com/2018/04/11/guatemala-ante-el-cir co-de-la-consulta-popular/

2. TV Azteca Guatemala. (2018).

Entrevista a Jimmy Morales, Presidente de Guatemala, sobre la consulta popular. Recuperado de https://www.youtube.com/ watch?time_continue=120&v=h6q

Según el último informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Guatemala está en peor situación que países africanos en niveles de desigualdad y discriminación (tiene un coeficiente de Gini de 0,63). Más del 60% de su población subsiste en la pobreza. 8 de cada 10 indígenas sobremuere en pobreza. 6 de cada 10 niños indígenas menores de 5 años están desnutridos.3

Sin embargo, el gobierno evangélico gasta más de 300 millones de quetzales (cerca de 50 millones de dólares) en una “consulta popular” cuyo sentido y objetivo ni el propio Presidente

3. OACNUDH. (2018). Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. Recuperado de https:// issuu.com/oacnudhgt/docs/informe_ anual2017_paraweb

lo sabe. ¡En 1773, ni Belice, ni Guatemala, existían como países! Mucho menos se necesita de una consulta popular para que un país interesado acuda a la Corte de la Haya.

Casi la totalidad de la ciudadanía desconoce la pregunta de la consulta. Aunque dicha consulta es para pedir que la Corte Internacional de Justicia (conocido como Corte de La Haya) resuelva el diferendo fronterizo existente entre Belice y Guatemala (donde está en juego 19,600 Km2 de territorio, habitado en buena parte por indígenas mayas. Q’echís en su mayoría)

La Corte Internacional de Justicia es un organismo de la ONU, y Guatemala es miembro pleno de esta entidad supranacional. Por tanto, tiene derecho a acudir a dicha Corte cuantas veces quiera (Art. 35º del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia). La consulta popular no es un requisito. En este momento, Bolivia, que demanda a Chile por el diferendo marítimo, en La Haya, no necesitó hacer consulta popular alguna.

Una consulta innecesaria que busca un enemigo externo para legitimar a un gobierno débil

El actual gobierno de Guatemala, al igual que sus predecesores, no goza de buena salud en aceptación popular. Envuelto en evidentes actos de corrupción, con sus familiares cercanos procesados penalmente por desviar fondos públicos… Repudiado públicamente por la ciudadanía, hasta en los rincones remotos del país.4 [3] En esas condiciones, un gobierno que carece de legitimidad, y ve peligrar su continuidad, regularmente recurre a agentes externos para mantenerse en el poder.

En el caso de Guatemala, en este momento, es la “creación” de un enemigo común externo que supuestamente amenaza a Guatemala. Por tanto, “si eres guatemalteco ven y vamos a luchar contra Belice que está matando a nuestra gente en nuestra frontera”, dice la campaña a favor de la consulta.

4. Prensa Libre. (2018). En Suchitepéquez vecinos abuchean al Presidente Jimmy Morales. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=dLu 5vDUG0dc

Lo cierto es que el Ejército de Belice no está matando guatemaltecos, ni es cierto que aquel país se niegue a resolver el diferido pendiente.5

En el fondo, la consulta popular es un distractivo que usa el gobierno para oxigenarse con algo de legitimidad, insuflando falsos sentimientos patrioteros chapines, y así desmovilizar las protestas latentes contra la corrupción.

Es bastante conocido. Un gobierno socialmente ilegítimo, o acude a Dios (caso Honduras), o a un Rey (caso España), o a la existencia de un enemigo externo común (caso Guatemala), para legitimarse. Pero, lo más peligroso es cuando la ciudadanía cae en este pernicioso juego político.

Consulta sobre territorios indígenas en Guatemala, NO. Sobre territorios de los pueblos en Belice, SÍ.

El sistema judicial de Guatemala resolvió que las consultas o auto consultas (cerca de 80 en total) realizadas por las comunidades y pueblos indígenas para defender derechos en sus territorios NO son vinculantes. Es más, el propio Estado emite licencias ambientales a empresas extractivas sin cumplir su obligación de garante del derecho a la consulta previa para los pueblos.

Ahora, con el argumento de la existencia de “un enemigo externo compartido”, se impone una costosa e innecesaria consulta popular que no resolverá nada para el país. Los argumentos siempre son: más inversión económica, más turismo, menos violencia, etc.

5. Santiago Botón, corresponsal de TeleSUR, recorre la zona fronteriza de Guatemala y Belice, y nos deja testimonios etnográficos contundentes sobre las falacias del “enemigo común externo”. Recuperado de https:// www.facebook.com/santiagoboton/ posts/1748120308565272

Pero, en los hechos, son los finqueros del lado de la frontera de Guatemala que están exigiendo el saneamiento (titulación) de esos 19,600 Km2 de tierra para apropiarse y expulsar a indígenas y campesinos que habitan y cuidan esos ecosistemas caribeños. Y, lo más cruel, esa delimitación fronteriza diseccionará al pueblo maya q’echí en dos país diferentes, en cuyos orígenes, ni destinos, jamás fueron parte.

Esta es la cruda realidad colonial de un gobierno cristiano, de doble moral. Realidad en la que muchos indígenas, profesionales o no, creen y hacen de serviles.

¿Qué resultados traerá la consulta sobre la frontera con Belice?

En ningún país, por donde pasé, presencié un proceso “democrático” tan apático, incierto y con desinformación a tope. Lo único cierto es que el 15 de abril próximo se realizará en Guatemala un plebiscito para medir el grado de legitimidad del gobierno de Jimmy Morales. Con seguridad ganará el ausentismo, y la empobrecida Guatemala habrá derrochado cerca de 50 millones de dólares (proveniente de la cooperación o endeudamiento) que pudo haber utilizado en comida u otros servicios.

Por unos días, sectores desinformados de la sociedad guatemalteca se concentrarán en el “enemigo común externo”, haciendo alarde de falsos patriotismos, mientras el saqueo de los bienes públicos seguirá más recargado que nunca en el país que ya casi alcanza niveles de miseria similares a la región del Cuerno de África.

El resultado de la consulta, gane la opción SÍ o la opción NO, no cambiará en nada la situación del país. Tampoco el gobierno actual acudirá a La Haya, porque en esas instancias impartir “bendiciones” y citas bíblicas no cuentan, cuentan conocimientos, argumentos, estrategias. Y es justamente de lo que carece la élite política del país.

Alfredo Ortega Plaza Pública

Durante la mayor parte de la historia republicana de Guatemala, las fronteras con lo que hoy es Belice han sido un asunto sin resolver.

El próximo domingo 15 de abril estamos llamados a responder a la consulta popular que nos pregunta si estamos de acuerdo o no con someter dicho diferendo territorial a la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En diversos medios de comunicación se ha informado a la población de los hechos

6. Publicado el 11 de abril de 2018. disponible en https://www.plazapublica. com.gt/content/el-asunto-de-belice-la-ra zon-el-derecho-y-la-paz-como-mecanis mos-de-resolucion-de-conflictos

históricos que motivan la controversia sobre los cuales se fundan los derechos legítimos que Guatemala debe reclamar (aquí se puede consultar un extenso trabajo al respecto, y aquí se puede encontrar un resumen de cuatro minutos).

La cuestión sobre los límites territoriales, insulares y marítimos con Belice es un asunto de Estado que ha tenido, tiene y tendrá diversas implicaciones políticas, económicas y sociales para Guatemala. Votar sí el próximo domingo sería el inicio de la solución definitiva a este reclamo de casi 160 años.

Si la consulta es exitosa en Guatemala y en Belice, el caso será sometido a la jurisdicción de la CIJ para que, de conformidad con el derecho internacional aplicable, esta se pronuncie sobre el reclamo de Guatemala

El asunto de Belice: la razón, el derecho y la paz como mecanismos de resolución de conflictos6

de forma definitiva e inapelable. Me permitiré hacer una breve referencia sobre algunas de las normas y principios del derecho internacional público relevantes para un eventual litigio ante dicha instancia judicial.

La primera norma que se debe tener en cuenta está asociada a la locución latina uti possidetis juris. La expresión quiere decir: «Así como se ha poseído conforme el derecho, se poseerá». Este principio se refiere a que los Estados que adquieran su independencia deberán heredar las fronteras del Estado del cual se independizan. La CIJ ya ha señalado que el propósito de este principio es procurar la estabilidad de los Estados emergentes en contextos de descolonización (véase el caso de Burkina Faso versus la República de Malí).

Esta es una circunstancia jurídica que debe ser apreciada a la luz del derecho contemporáneo al momento en que aquella se constituyó, y no a la luz del derecho vigente al momento del surgimiento de la controversia (véase el caso de la Isla de las Palmas —Holanda versus Estados Unidos—). Lo anterior quiere decir que tanto Guatemala como Belice deben probar en juicio

cuál es el título que constituyó su respectivo derecho territorial. Para Belice, el título con el que presuntamente se constituye su derecho territorial es el tratado Aycinena-Wyke (1859). Por su parte, Guatemala considera que dicho tratado fue incumplido por la Corona inglesa y que, por lo tanto, es nulo.

Otra de las nociones básicas que se deben tener en cuenta es el principio de effectivités. Este se refiere fundamentalmente al ejercicio público, pacífico y continuo de la soberanía. Para establecer las effectivités deben ser demostrados dos elementos: 1) la intención y la voluntad de un Estado de realizar actos y ejercer autoridad soberana sobre el territorio en disputa y 2) el ejercicio efectivo o la demostración de dicha autoridad (véase el caso sobre el estatus legal de Groenlandia Oriental —Noruega versus Dinamarca—). En este sentido, la CIJ ha considerado que, si hay actos de autoridad soberana que no corresponden al título legal (uti possidetis uris), debe dársele preferencia a quien tenga el mejor título (véase el caso de El Salvador versus Honduras). De este modo, teniendo en cuenta que los cayos y las demás formaciones marítimas en la costa

caribeña relevante no fueron objeto del tratado Aycinena-Wyke, le correspondería a Guatemala demostrar en juicio que la Corona española tenía plenos derechos sobre dichos territorios y que, por lo tanto, debería tener preferencia sobre estos.

Ahora bien, a mi juicio, la CIJ no va a sobreponer de forma absoluta los reclamos legítimos de Guatemala sobre el derecho de autodeterminación del pueblo beliceño ni va a alterar sensiblemente la integridad territorial de un Estado soberano. Es por ello que estimo, cuando menos, anacrónicas algunas diatribas nacionalistas que se limitan a afirmar que «Belice es nuestro» o que «vamos a recuperar Belice». Este tipo de desinformación y de inexactitudes podrían generarle falsas expectativas a la opinión pública.

Los resultados del proceso ante la CIJ son imposibles de prever. No obstante, es incontrovertible que llevar nuestro legítimo reclamo ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas es la mejor forma disponible de resolver el reclamo territorial de una vez por todas. Después de una sentencia definitiva tendremos certeza

jurídica sobre nuestras fronteras, lo cual nos permitirá, después de mucho tiempo, establecer lazos de cooperación en paz y en confianza con nuestro país vecino de la misma forma que lo hacemos con México, El Salvador y Honduras. En el mediano plazo, esta certeza facilitará las relaciones comerciales y presentará oportunidades de inversión mutua, de cooperación en materia de seguridad, de conservación de recursos naturales, de intercambio cultural y académico, etc.

En efecto, hay muchas críticas que se podrían lanzar a la actual administración sobre la forma en que ha sido adelantado el proceso de consulta popular: la aparente improvisación, la deficiente estrategia de comunicación y hasta la inoportuna fecha en que fue convocada. No obstante, la historia nos llama a asumir y ejercer con responsabilidad nuestros derechos ciudadanos y, por ende, a optar por la razón, el derecho y la paz como mecanismos de resolución de conflictos. Por ello, yo votaré sí el próximo domingo e invito a todos los que lean esto a que lo hagan también.

Consulta impopular y futuro con Belice7

Fernando González Davison elPeriódico

Debemos fomentar las mejores relaciones con Belice comerciales, culturales, deportivas, agrícolas, ambientales, mientras el diferendo jurídico sigue sus canales propios. Esa fue mi conclusión de mi libro Belice, realidad y posibilidades, editado en 1970, cuando era un adolescente universitario. Eso lo sigo manteniendo. También mantengo que realizar la consulta “impopular” este domingo es un distractor de una estrategia política para elegir a un fiscal nacional proclive al sistema corrupto.

Las inconstitucionalidades que arrastra la actual consulta popular vienen desde 2008 al firmar el “Convenio Especial” con Belice, que en su Artículo 7 dispuso

7. Publicado el 16 de abril de 2018. Disponible en https://elperiodico.com.gt/ opinion/2018/04/13/consulta-impopu lar-y-futuro-con-belice/

hacer las consultas populares, en lugar de acordar la fecha para ir ya a la Corte Internacional de Justicia como se venía diciendo en los Artículos 1 a 6. Fue un parche ese Artículo 7 que impuso Musa/Elrington para asegurar que no iríamos así a la Corte Internacional de Justicia. El Ejecutivo y el Congreso pecaron al no pedir la opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre ello, y se avanzó en un proceso, nulo en términos constitucionales. Hay un personaje central responsable de ese yerro desde un inicio y ahora es su vocero oficial trabajando en el sector privado.

Dos inconstitucionalidades fueron presentadas ante la CC: la que planteé en enero contra el Tribunal Supremo Electoral, donde la CC no resolvió el fondo, por asunto de procedimiento. Y la otra, la planteada de manera total contra todo lo actuado desde 2008 a la fecha, por el colega Lionel Toriello, que aún la CC no ha resuelto.

¿Va otra vez a blindar el sistema?

El presidente debió responder: 1. ¿Por qué las partes no fueron directo a la Corte Internacional de Justicia a solventar su diferendo como todos los países han hecho? 2. ¿Por qué el canciller Rodas y C. R. Morales en 2008 no insistieron en seguir las recomendaciones de la OEA de ir a dicha Corte sin consultas? 3. ¿Por qué se aceptó el Artículo 7 de Musa/Elrington en el convenio si era contrario a los intereses nacionales? 4. Sabiendo de esa trampa, en 2013 cancillería descubrió que Belice normó que el SI debía ganarse con el 60 por ciento, de los votos; que haría más fácil que ganara el NO en su consulta. A pesar de volver al 51 por ciento, ¿Por qué Guatemala no propuso que Belice hiciera antes su consulta popular, si era previsible que en Belice ganaría el NO? 5. O bien, para evitar el despilfarro, a pesar de las inconstitucionalidades, dado que no hay fecha límite ¿por qué Guatemala no esperó a hacer su consulta en el 2019 durante las elecciones generales con afluencia asegurada; y ahorrar Q300 millones de la consulta actual? Ese monto hubiera servido para desarrollar la zona de adyacencia donde la población vive en la miseria

y va a Belice en busca de oportunidades. 6. ¿Cómo es posible pensar que los beliceños van a querer ceder territorio y que su población quede en el mismo abandono de la zona de adyacencia guatemalteca, si Belice tiene mejores indicadores sociales? 7. ¿Qué intereses económicos y políticos existen para que Guatemala pierda el caso pues no se irá a la CIJ con esta estrategia si Belice vota por el No? 8. ¿Qué poderes interfieren ahora en la CC para que desestime las inconstitucionalidades presentadas sobre el tema? ¿Será don dinero oficial?

Estoy consciente que este domingo nuestra población irá a votar por el SÍ, como previsto, aunque muchos no entiendan el asunto, por simple patriotismo. No me gusta que los beliceños piensen que somos tontos. Además, ellos dudan que Guatemala aceptará el fallo final de la Corte si se va a la misma. Aconsejo a cancillería que la semana entrante visite Belice y plantee a sus autoridades que se ahorre la consulta popular y, con buena voluntad, las partes acuerden ir a la Corte en 2019, mejorando nuestras relaciones en todo.

¿Pro conflicto o pro resolución?8

Álvaro Castellanos Howell elPeriódico

Quizás es una osadía opinar de algo tan complejo, con tanta historia detrás, y con posiciones tan encontradas entre quienes cuentan esa historia.

Opinar sobre el tema de Belice, sin el bagaje informativo y cultural que requiere, es meterse en un derrotero sin destino conocido.

Más aún, si se pertenece a las generaciones que nos acostumbramos a escuchar de dicha materia, tan solo en cursos de geografía.

Por eso, no opino sobre el fondo del conflicto.

Pero es menester reconocer que tenemos una disputa jurídica. Es seria y con consecuencias.

Primero la acarreamos con el Reino Unido y luego, directamente con Belice.

De esto último, es decir, de mantener una disputa, y no resolverla, es de lo que sí quiero opinar.

Me hizo llegar el ilustre abogado Rolando Palomo, el libro escrito por otro reconocido jurista sobre el famoso reclamo territorial, insular y marítimo. Me refiero al texto de Gustavo Adolfo Orellana Portillo. (hay una versión electrónica gratuita de este texto, de más de 200 páginas en www. minex.gob.gt).

Sirve para darse cuenta del escalamiento del secular conflicto (o mejor dicho “secular y medio”, pues esta estéril disputa tiene más de 150 años).

8. Publicado el 13 de abril de 2018. Disponible en https://elperiodico.com. gt/opinion/2018/04/13/pro-conflic to-o-pro-resolucion/

Quince décadas completas han visto desfilar entre los beliceños y nosotros, convenciones incumplidas, correspondencia

diplomática, propuestas sin respuestas, declaratorias unilaterales, mediaciones y conciliaciones fallidas, políticas de descolonización, sentencias de tribunales internos, una “Clarinada”; y hasta por supuesto, lo peor: conatos bélicos (rápidamente apaciguados con la apabullante superioridad militar británica representada, en la ocasión que yo más recuerdo, por los letales Harriers).

Hoy se escuchan a lo interno de Guatemala, ciudadanos que con toda convicción y buena fe, consideran una afronta nacional ir a la Corte, por y con Belice, por toda esa historia construida con desconfianza, incumplimientos y desdenes recíprocos.

Pero paradójicamente, justo por eso, y por nada más, los opositores del acuerdo sometido a consulta este próximo domingo deberían votar que sí. Nadie más, y nadie mejor, podrá atender estos argumentos, si méritos tienen, que un tribunal imparcial e independiente.

Y en el estado de situación actual del Derecho Internacional, no hay ninguna otra forma más civilizada y pacífica de resolver esta controversia que mediante la Corte Internacional de Justicia.

Destronemos nuestra inveterada práctica de no resolver los conflictos. Suficiente tenemos con los irresolutos problemas internos.

Belice a la Corte9

Diario La Hora

El resultado de la Consulta Popular, en caso sea ratificado por la población beliceña en el referéndum que deberá realizarse, envía el caso en forma definitiva a la Corte Internacional de Justicia que deberá resolver el ancestral diferendo sobre ese territorio. Los ciudadanos guatemaltecos que asistieron a la Consulta en forma abrumadora votaron a favor de esa solución que fue pactada por ambos países y que dependía, precisamente, de la voluntad soberana de los guatemaltecos y beliceños.

Ahora se entra en una etapa muy especial y diferente porque no será mediante negociaciones diplomáticas que se siga enfocando el diferendo territorial sino que cada uno de los Estados deberá aportar las pruebas legales para que un tribunal resuelva conforme al derecho

9. Publicado el 16 de abril de 2018. Disponible en http://lahora.gt/ belice-a-la-corte/

internacional lo que corresponda y luego de que nuestro país hizo un reconocimiento expreso de Belice como Estado independiente, puede decirse que los juzgadores no tendrán mucho problema para dictar la resolución que conforme a la ley corresponda.

Fue acordado entre los dos países que la Corte no resolverá el caso ex aequo et bono, es decir conforme a criterios de lo bueno y la equidad, sino conforme a las pruebas jurídicas que cada una de las partes presente para la evaluación de los derechos que puedan existir a favor de una y otra parte. Por nuestro lado no se ha sabido cuál es la estrategia de la Cancillería, si es que tienen alguna, para litigar ante la Corte Internacional de Justicia pero, en todo caso, lo correcto es suponer que luego de la Consulta Popular se ha cerrado un larguísimo capítulo de la historia en el que se vivió bajo la idea de que Belice es de Guatemala y que algún día sería recuperado. Contrario a lo que dijeron algunos diputados y funcionarios, esta consulta no era

para “recuperar Belice” (o Brasil), sino para trasladar la facultad de terminar el conflicto a la Corte Internacional de Justicia.

No creemos que ahora, antes de la consulta o referéndum en Belice, se deba anticipar el alegato guatemalteco, si es que se tiene alguno ya previsto, pero es obvio que una vez sometido el caso a la mencionada Corte será indispensable que se informe

a la ciudadanía del curso de los acontecimientos, empezando por la contratación nada barata de los abogados expertos en cuestiones territoriales que deberán llevar el proceso. No son muchos los letrados que tienen la suficiente experiencia como para dirigir un litigio de esta naturaleza y dependeremos de ellos y de las pruebas que el país pueda aportar.

Belice, punto y final10

Nery Villatoro Robledo Gazeta.GT

El problema de ir a una consulta popular como la del próximo domingo 15, es que la población a la que se convoca no sabe siquiera por qué se la llama a emitir un voto. Desafortunadamente, como ocurre con todos los asuntos vitales de este país, hay un desconocimiento tan profundo de la historia porque su enseñanza es superficial y manipulada. Se enseñan hechos, se relatan los hechos aislados y, encima, se hace un mal relato.

10. Publicado el 11 de abril de 2018. Accesible en http://gazeta.gt/belice-pun to-y-final/

En el caso de la historia del «problema de Belice», se enseña a los niños y jóvenes que ese territorio fue arrebatado a Guatemala por los británicos:

«Belice es nuestro». Ni siquiera se enseña, desde una limitada visión de la historia como sucesión de hechos, que Belice fue pasando a la égida del colonialismo inglés por acuerdos entre las potencias imperialistas de esa época. Así, el tratado que se conoce como Paz de París de 1763 que puso fin a la guerra de los siete años entre Francia y España contra Inglaterra y Portugal, la corona española se comprometió a permitir a los ingleses cortar palo de tinte en parte de lo que hoy es territorio beliceño, pero sin definir un área específica.

20 años después, en el contexto del Tratado de Versalles de septiembre de 1783, por medio del cual se puso fin a la guerra entre Francia y España contra Inglaterra con motivo de la independencia de Estados Unidos, se cedió a los ingleses en usufructo el territorio del río Hondo al río Belice, exclusivamente para cortar palo de tinte, pero se reconocía la soberanía española. En 1786, el territorio en usufructo se amplió desde el río Hondo al río Sibún. Sin embargo, Inglaterra se expandió hacia el sur hasta ocupar todo el territorio de lo que hoy es Belice.

Es decir, el «problema de Belice» inició en el contexto de la lucha entre las potencias imperialistas de ese momento, que protagonizaron sucesivas guerras entre ellas para extender y consolidar sus dominios, y extraer los recursos de los territorios colonizados. Un expansionismo colonial apoyado y «bendecido» por la Iglesia católica que, mediante bulas papales, repartió los territorios descubiertos y por descubrir en América y África entre españoles y portugueses. No se debe perder de vista que la expansión colonial en África, Asia y América fue vital en el proceso conocido como acumulación originaria de capital y la posterior explosión del capitalismo industrial.

En los años en que se firmaron los tratados de París y de Versalles, comenzaban las guerras de independencia en el continente americano. La de Estados Unidos fue la primera. La excepción fue la independencia de Centroamérica, que se logró por un pacto entre los criollos y los funcionarios de la Corona española en la Capitanía General de Guatemala.

Muchos de los problemas surgidos en el marco del colonialismo fueron heredados

por las nacientes repúblicas. Así, el «problema de Belice» lo heredó Guatemala cuando se deshizo la Federación Centroamericana. En 1859, mediante el Tratado anglo-guatemalteco, Guatemala reconoció a Belice como colonia británica, en el territorio delimitado en 1786, a cambio de la construcción de una carretera que nunca se realizó. La disputa entre Guatemala e Inglaterra comenzó con la incursión de un tercero interesado en convertir a América Latina en su traspatio: Estados Unidos. Como se sabe, Belice logró su independencia de Inglaterra en 1981 y fue reconocido en 1991 por el Gobierno de Serrano Elías, pero manteniendo el reclamo sobre el territorio no incluido en el tratado de 1786, al sur del río Sibún.

Sin embargo, hay cosas que no se cuentan en este relato. En realidad, España nunca colonizó el territorio beliceño. Su «soberanía» sobre el mismo se ampara en las bulas papales y en el Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual España y Portugal se repartieron los territorios «descubiertos» y por descubrir.

Y Guatemala, nunca tuvo la «soberanía» sobre ninguna parte de ese territorio que Inglaterra se fue apropiando y colonizando poco a poco.

El «problema de Belice» ha sido, históricamente, manipulado y utilizado por la oligarquía, los regímenes y gobiernos de turno como un distractor para desviar la atención de los problemas del país. Recordemos la incursión de Ydígoras Fuentes en abril de 1958, o la amenaza de Romeo Lucas García en 1975, entonces ministro de la Defensa de Kjell Laugerud, de «tomar» Belice.

A diferencia de otros reclamos, como el de Bolivia a Chile, Guatemala reclama un territorio que España no llegó a colonizar, y sobre el cual Guatemala nunca ha tenido un ápice de soberanía.

Stricto sensu, el reclamo territorial, insular y marítimo que por acuerdo entre ambos países se llevará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es un distractor en un momento en que la crisis política no se resuelve y el presidente, diputados y varios funcionarios, entre ellos Arzú, son investigados por varios delitos.

Insistir en ese reclamo solo puede entenderse por los intereses económicos de la burguesía y la oligarquía guatemaltecas en un territorio rico en bienes naturales. Es más, se sabe que se han negociado concesiones de exploración petrolera si, eventualmente, Guatemala recupera algún territorio.

Pero pensar que pueda recuperarlo es una ingenuidad flagrante. Suponiendo que en el país gana el SÍ, con toda seguridad en Belice, si la consulta se realiza, ganará el NO. El peso de Inglaterra y de la Commonwealth inglesa en la CIJ es aplastante para Guatemala.

Por todo ello, esta consulta popular es un desperdicio de recursos (Q 300 millones) y un engaño. Los guatemaltecos no debemos dejarnos arrastrar por los intereses de una minoría.

En todo caso, ¿por qué no se pregunta a las comunidades que habitan esos territorios de qué país quieren ser «ciudadanos», o si no quieren ser ni de Belice ni de Guatemala, sino ser independientes de ambos? Sería lo más justo.

Actualidad

Presentan libro el Archivo Histórico de la Policía Nacional

Lizandro Acuña Área de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

El lunes 9 de abril, en el salón mayor del Consejo Superior Universitario, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se realizó la presentación del libro Inteligencia y secreto en Guatemala: la trascendencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en acato académico con la participación del rector de la USAC, Dr. Carlos Alvarado Cerezo; el director de la Escuela de Ciencia Política (ECP), Dr. Marcio Palacios; el autor de la obra, Lic. Álvaro Cremades Guisado, y el Dr. Edeliberto Cifuentes Medina, comentarista del libro.

Tras de reconocer el apoyo recibido de la USAC, a través de la ECP, Cremades hizo una breve síntesis del contenido del libro, en el cual destaca la referencia a las

graves violaciones a los derechos humanos, derivadas –dijo–“de una configuración totalmente inadecuada de los servicios de inteligencia en el sector de seguridad de los guatemaltecos y el conjunto de instituciones del Estado”.

Refiere que no solo Guatemala atraviesa por la vulneración del derecho de publicidad, sino ejemplifica que su país natal, España, a pesar de regular el principio de publicidad en ley, presenta recelo en garantizar el acceso de información sensible. Resaltó que si bien Guatemala legisla el Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública, aún presenta grandes deficiencias que limitan el derecho de los ciudadanos guatemaltecos a informarse, especialmente en el acceso a este tipo de información.

Una obra relevante

A su turno, Cifuentes Medina, –ex director de la Escuela de Historia y responsable del hallazgo de los archivos de la PN en julio de 2005 cuando dirigía tareas de supervisión como funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos– reconoció la relevancia del libro, haciendo una breve descripción por capítulos en que está dividido.

Resaltó la importancia de los diversos temas que se abordan en la obra, principalmente en fortalecer la investigación y conocimiento a profundidad de un asunto sensible que, según Cifuentes, es una deuda del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos.

El autor del libro, Álvaro Cremades (izquierda) y su comentarista, Edeliberto

Cifuentes (Foto ECP/USAC).

A criterio de Cifuentes Medina el libro se caracteriza por ser breve y accesible para el lector, poniendo en contexto teórico e histórico la transcendencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), su rescate y conservación como un patrimonio en la lucha de la sociedad por el derecho a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

A este respecto recordó que la recuperación del AHPN se da en el marco de la comprensión, en la PDH, sobre “la necesidad de recuperar la memoria histórica, a la recuperación de la verdad, recuperación de la justicia y la memoria”.

En esa misma línea de pensamiento, Cifuentes Medina se detuvo en otro de los aspectos abordados por Cremades en su obra: la desclasificación documental como práctica de los regímenes democráticos. Al hablar de democracia, dijo, debemos preguntarnos “el por qué la importancia de ser trasparentes, el por qué la importancia de la información, el por qué la importancia de desarrollar métodos y técnicas para digerir la información”.

Finalizó diciendo que la crisis profunda no es algo fatal sino un reto a los universitarios san carlista para contribuir de manera especial, como lo hizo Cremades con la elaboración de este maravilloso libro.

Respuesta muchas preguntas

En las palabras final del acto, el Dr. Alvarado Cerezo reconoció el trabajo académico del autor y el apoyo que le brindó la Escuela de Ciencia Política. Es un libro, dijo el rector universitario, que ayuda a dar respuesta a muchas preguntas.

“Constituye un testimonio y medio de consulta para conocer la historia reciente de nuestro país y en particular la época del conflicto armado interno”, apuntó. El libro Inteligencia y Secreto en Guatemala: la trascendencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional, agregó, da conocer lo ocurrido, sin localizar el daño ni estigmatizar a las víctimas, una de las bases para un proceso de reconstrucción social. Solo así cumple su papel como instrumento para rescatar la identidad y no volver a cometer los mismos errores del pasado.

En relación con esto último, Alvarado Cerezo reiteró el compromiso de la Universidad de San Carlos de Guatemala con la promoción del desarrollo nacional y su aporte a los diversos campos de la vida social, los cuales –enfatizó– debe estar orientado “a generar oportunidades que contribuyan a mejorar con equidad, las condiciones de vida de todas y todos los guatemaltecos”.

El Dr. Carlos Alvarado Cerezo, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hace entrega de los primeros ejemplares del libro a su autor, Álvaro Cremades (Foto ECP/USAC)

Actualidad

Inauguran diplomado de Epidemiología sociocultural

Redacción de Revista

Análisis de la Realidad Nacional

En la ciudad de Chiquimula se llevó a cabo, el pasado 6 de abril, la presentación pública del Diplomado de Epidemiologia Sociocultural. Esta actividad contó con la participación de Alfonso Huerta, responsable del diplomado; María Elena Alas, directora del Área de Salud de Chiquimula del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS); Nery Galdámez, coordinador académico del Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Héctor Núñez y Abel Gálvez, coordinadores de los componentes de Investigaciones y Salud, de Médicos del Mundo España/Guatemala, y Adrián Chávez García, jefe de la División de Salud y Seguridad Social del IPNUSAC, quien fue el responsable de impartir la cátedra

inaugural del diplomado, con la ponencia titulada: Rompiendo paradigmas: otras formas de entender la salud.

La Epidemiología sociocultural es una disciplina emergente, surgida principalmente de salubristas latinoamericanos; consiste en brindar un abordaje interdisciplinario, a través de la integración de conceptos y técnicas originadas tanto en ciencias sociales como de la salud, para el análisis de problemas colectivos. No se limita a aspectos biológicos, se basa en un modelo multicausal, incorporando aspectos políticos, culturales y ecológicos y busca transformar la situación que estudia.

El Diplomado Sociocultural es una de las bases del componente de salud del proyecto de Médicos del Mundo, una asociación

humanitaria internacional no lucrativa, con proyectos en 21 países alrededor del mundo. Su presencia en Guatemala inició desde 1994, cuando dio acompañamiento y atención médica a los retornados guatemaltecos que habían buscado refugio en México, durante el conflicto armando interno.

Este diplomado se desarrollará en la ciudad de Chiquimula, en las instalaciones del CUNORI y finalizará en marzo de 2019, buscando incidir directamente en 41 trabajadores de salud, responsables de la toma de decisiones en los 11 distritos y la jefatura del área de salud de Chiquimula, a través de la sensibilización y la formación en el tema.

Tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos de salud, para garantizar atención con calidad y calidez

a la población en Chiquimula, mediante el abordaje de las determinantes y condicionantes de la salud.

Para su desarrollo, Médicos del Mundo ha unido esfuerzos con el CUNORI quien, además de brindar las instalaciones otorgará el aval académico al diplomado, y con la Dirección de Área de Salud de Chiquimula. Esta última es la unidad ejecutora del MSPAS, responsable de brindar atención a la población chiquimulteca y quien, preocupada por la capacitación y sensibilización de su personal, garantizará la participación de los salubristas, con el objetivo de mejorar el servicio brindado a los cuatrocientos mil habitantes del departamento.

Investigación

Carlos Correa 2

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / México

Resumen

El propósito de este trabajo es analizar cómo se articulan los procesos de nacionalismo actual en Belice con manifestaciones de racismo. Se hace hincapié en la producción de identidades excluidas de los marcos de construcción nacional en el contexto de la movilización política de la etnicidad y de proyectos oficiales de corte nacionalista. Los criollos afro-beliceños han sido tomados como el centro de proyectos nacionalistas promovidos por el Estado en su período posterior a la independencia en el contexto de un discurso sobre multiculturalismo. Mientras otros grupos étnicos disputan espacios de representación dentro de estas construcciones de identidad nacional mediante la movilización cultural articulada con la promoción oficial de la diversidad. En ese sentido, el estatus de los criollos nos permite cuestionar las imágenes de la negritud y los descendientes de africanos comúnmente considerados marginados de los espacios de poder para mostrarnos cómo la dinámica histórica del colonialismo juega con categorías como la raza y la clase para dar forma a escenarios de negociaciones políticas en los cuales las poblaciones de origen africano, en algunas ocasiones, pueden ocupar espacios de predominio.

Palabras clave Nacionalismo; movilización; racismo; identidad; afro beliceños

1. Este artículo fue publicado originalmente en la revista Antropologías del Sur [Vol. 4, Núm. 8, (2017)] publicada por la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La versión original puede encontrarse en http://revistas. academia.cl/index.php/ads/article/view/763

2. Maestro en Antropología Social. Doctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Distrito Federal, México. El artículo está enmarcado en el proyecto de investigación doctoral “Procesos de movilización política de las identidades étnicas entre los creoles de Belice”. Correo-e: pedropetrucci@gmail.com

La cuestión del nacionalismo actual, el racismo y los procesos de movilización política de las identidades étnicas en Belice: reflexiones de campo1

Abstract

The purpose of this papers is to analyze how current nationalism’s processes are articulated with racism displays in Belize. It stresses on the production of excluded identities from nation-building framework in the context of political mobilization of ethnicity and Official projects for the construction of national identity. Afro-Belizean Creoles have been taken as the center of nationalist projects promoted by the state in its post-independence period in the context of a discourse on multiculturalism. While other ethnic groups dispute spaces of representation within these national identity constructions through the cultural mobilization articulated with the official promotion of diversity. In that sense, the status of the Creoles allows us to question the images of blackness and African descendant people commonly thought of as marginalized from the spaces of power to show us how the historical dynamics of colonialism play with categories such as race and class for shaping scenarios of political negotiations in which populations of African origin, on some occasions, may occupy areas of predominance.

Kewords

Nationalism; mobilization; racism; identity; creole afro-belizean

Introducción

Apenas el 15 de mayo del año en curso (2017), reporteros del noticiero 7 News Belize recibieron una carta de nueve miembros del Sindicato Público de Trabajadores (P.S.U por sus siglas en inglés), a través de la cual acusaban al presidente de la organización, Mr. Eldred Neal; un hombre creole afro-beliceño, de Racial Perjudice.

La acusación se llevó a cabo después de que se conociera la grabación de una conversación sostenida entre el presidente de la organización sindical y otros dos miembros de la misma, en la cual afirmaban que los garífunas –un grupo étnico afro-indígena beliceño– lideraban una campaña para monopolizar el poder en el país.

Los garífunas son un grupo étnico producto del mestizaje entre indígenas arahuacos y caribes con africanos traídos a América durante el siglo XVI. Durante un naufragio ocurrido alrededor de la primera mitad de ese siglo – momento referido en la memoria oral de muchos miembros de la etnia-, varios de ellos llegaron a las Antillas menores, en específico a la isla de San Vicente donde se unieron a los nativos caribes que resistían a la dominación colonial tanto de franceses como de ingleses posteriormente. La isla de

San Vicente, cerca del subcontinente suramericano, se convirtió en un refugio para muchos esclavizados africanos que tempranamente huían del sistema de esclavitud implantado por franceses e ingleses como parte de una economía de plantación en varias de las Antillas del caribe como Haití, Guadalupe y Martinica entre otras. Después de la invasión de los británicos a la Isla de San Vicente, los garífunas, llamados los Caribes Negros, fueron deportados, al ser considerados enemigos del imperio, hacia Jamaica y luego a la Isla de Roatán, en la costa de Honduras, alrededor del año de 1796. Un número de 2500 arribó finalmente al litoral centroamericano por autorización de las autoridades españolas quienes les pidieron a cambio ser sus soldados. A partir de ahí, los garífunas se extendieron por varias villas y comunidades desde Nicaragua, pasando por Honduras, Guatemala y Belice. En 1802, un pequeño grupo de ellos se asentaron al sur de Belice, antes llamada la Honduras Británica, en la localidad de Seine Bight, Punta Gorda hasta conformar un grupo sólido que el 19 de noviembre de 1832 se asentó definitivamente en el distrito sureño de Stann Creek, en lo que hoy se conoce como Dangriga, donde se encuentra la comunidad más grande de ellos. Han conformado organizaciones etno-civiles como el National Garifuna Council y en 2001 fueron declarados por la UNESCO como patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la preservación de su lengua y de varias prácticas culturales. Actualmente, los garífunas son fuertes actores sociales y políticos vinculados a áreas importantes de la vida nacional como la docencia, la enfermería y algunas diputaciones políticas en Belice. Para ampliar información ver (Izard, 2003, 2004; Cayetano & Cayetano, 1997).

En la conversación se referían a las personas garífunas con comentarios despectivos y claramente racistas a partir de los cuales estos eran representados como un grupo codicioso y pendenciero. En consecuencia, los nueve suscritos de la carta –que dicho sea de paso pertenecían a la etnia garífuna– exigían la renuncia del líder sindical debido a sus “irresponsables declaraciones racistas que dejaban en desconcierto a la comunidad garífuna del país quien le había apoyado con votos durante su candidatura” (7NewsBelize, 15 de mayo, 2017).

Las alusiones al tema del racismo son recurrentes en la vida pública del Belice contemporáneo y tienen una historia, aunque breve, de intensas movilizaciones.4

4. En 1919, ocurrieron los primeros disturbios contra el régimen colonial británico protagonizados por soldados beliceños que partici- paron en la primera guerra mundial los cuales, a su regreso, iniciaron un debate público denunciando el racismo y su tratamiento como “ciudadanos de segunda categoría” al no reconocerse los privilegios que habían ganado al servir a la corona durante la guerra. Aquellos soldados fueron influenciados por la ideología pan-africanista de Marcus Garvey, cuyo movimiento, el Universal Negro Improvement Association (UNIA por sus

Tanto en los noticieros nacionales como en varias notas de prensa la denuncia del racismo o el “prejuicio racial” ha sido objeto de polémicas y controversia. Incluso varios trabajos académicos tanto de investigadores beliceños como extranjeros han advertido la existencia del racismo como elemento constitutivo de la sociedad beliceña y como una herencia directa del colonialismo,

siglas en inglés), significó el comienzo de un proyecto racial en Belice con orientación nacionalista (Devon, 2012), mismo que fue duramente perseguido y censurado por las autoridades coloniales (Ashdown, 1990). Aquellas primeras movilizaciones derivaron en organizaciones “negras” de enfermeras y de servidores públicos que empoderaron a la población de origen africano en el país intentando paliar las desigualdades en las que se encontraban. Después, en 1969 Evan X Hyde, un intelectual creole afrobeliceño de la clase media, fundó el 9 de febrero el United Black Assotiation for Develoment (UBAD), proyecto que desafío a la elite blanca y creole quienes habían acaparado los recursos de la nación y mostraban un menosprecio por las identidades negras de origen africano. A través del Amandala, el diario fundado por el intelectual, se establecieron formas de movilización contra el colonia- lismo y el racismo que derivaron en un apoyo de la población negra urbana a las aspiraciones políticas del líder beliceño y significaron unos nuevos cuestionamientos al orden político y económico de la sociedad beliceña.

y su política del Divide and rule, que aún moldea las dinámicas actuales de su sociedad. Algunos de esos trabajos han señalado enfáticamente el origen colonial del racismo en Belice a través de la convergencia entre la etnicidad y la clase para el establecimiento de formas de distinción social visiblemente excluyentes (Shoman, 1987, 2000, 2009). Otros, han analizado los conflictos interétnicos de naturaleza racista entre varios grupos de la población mostrando el predominio de ciertos grupos étnicos sobre otros (Medina, 1997); la situación de desventaja y marginación social en la que se encuentra la población maya debido a un racismo estructural y sistemático que les afecta particular- mente (Grünberg, 2002); el acceso desigual a la tierra por causa de herencias coloniales clasistas y racistas que conformaron etnicidades y formas excluyentes de administración del territorio (Barnett, 2001); las discriminaciones de “raza”/ género mediante las cuales se borró la participación política de las mujeres en la construcción de la nación y la sociedad criolla (Macpherson, 2003) y las convergencias entre el racismo y el clasismo para la perpetuación de privilegios de poder que derivaron en un menosprecio

hacia las identidades “negras” de origen africano dentro de la sociedad beliceña (Devon, 2012; Hyde, 1970).

Sin embargo, pese a la manifiesta presencia del racismo en la sociedad de Belice hay una carencia generalizada de trabajos sobre el tema. Las alusiones a este permanecen envueltas en un aura más anecdotaria que analítica, provocando que la vivencia del racismo sea una tensa realidad cotidiana experimentada de distinta forma por los beliceños y no un fenómeno social objeto de un escrutinio riguroso y una crítica más severa. Pese a la relativa buena integración y relaciones pacíficas entre los distintos grupos étnicos que conforman la sociedad beliceña, existen unas barreras cotidianas de identificación focalizadas en y por la etnicidad, como organización social de la diferencia cultural (Barth, 1976), imbricadas con relaciones económicas clasistas, que resultan en tratamientos tensos e intercambios sociales no exceptos de racismos entre sus grupos. Mientras que continúa vigente el histórico predominio de una elite “blanca” y “creole” que monopoliza los recursos económicos, políticos y los capitales de tierra contra una mayoría popular desposeída

que se encuentra en niveles de marginación altos y condiciones desiguales de vida.5

Paralelamente a todo lo anterior, en la actualidad el Estado beliceño elabora proyectos para robustecer su institucionalidad, despojarse de las herencias coloniales y fortalecer su

5. Según la Panamerican Health Organization (PAHO) (1998), el 42% de la población está clasificada como pobre en el país. El 16% vive en condición de pobreza extrema concentrada principal- mente en las áreas rurales. El país sigue atrasado en las luchas contra la hambruna. Hasta 2009 Belice era el país que tenía tasas de prevalencia de contagio de SIDA más altas en américa central. Igualmente, persisten las desigualdades de las comunidades rurales por problemas relacionados con el transporte y las vías de acceso y comunicación. El país no cuenta con una política de medicamentos por lo que hay una carencia de fármacos e insuficiente personal médico para cubrir los casos de enfermedades contagiosas que son las más frecuentes en el sistema sanitario del país. Por otra parte, los índices de violencia revelan que el principal problema son las tasas elevadas de homicidios. Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de la ONU (2013), Belice es el tercer país con más prevalencia de problemas de pandillas con una tasa de homicidios de 44.7%. Además de los problemas de tráficos de personas, estupefacientes, tiroteos, asaltos, robos y ataques con granadas que son frecuentes en el país.

soberanía post-independentista. La construcción de una identidad nacional post-independentista, la cual parece una tarea “superada” por los países vecinos de la región, en Belice es apenas un proyecto en ciernes que se abre paso en un clima de inestabilidades socio-políticas y una dependencia económica del capital extranjero.

Sin embargo, un clímax de creciente optimismo y expectativas por estrenar la vida independiente llevó a las elites dirigentes, en su mayoría creoles, a emprender proyectos de fortalecimiento y elaboración de la identidad nacional. Para ello, re-elaboraron narrativas sobre el origen de la sociedad beliceña, se establecieron símbolos nacionales y se trabajó para generar un sentimiento nacionalista en cuyo fondo; no obstante, según señalan sectores emergente de grupos involucrados en iniciativas de afirmación de las identidades étnicas, existen exclusiones racistas que no garantizan una inclusión más amplia de otros grupos étnicos en los relatos y proyectos de corte nacionalista. Tradicionalmente, la población “creole” ha sido tomada como un símbolo de “identidad colonial y luego nacional” en Belice (Ashdown, 1990; Bolland, 1988;

Cunín, 2010; Judd, 1992; Shoman, 2009).

Su historia está relacionada con la consolidación misma del asentamiento británico, debido a la larga actividad de casi más de dos siglos de explotación forestal que permitió su fundación y en la cual los “creoles” participaron de manera activa; convirtiéndose en pieza clave dentro de la cadena de explotación de relaciones econ micas y políticas que incorporaron a Belice, anteriormente conocida como la Honduras Británica, en el escenario geopolítico global de las colonias europeas y del acelerado capitalismo mundial (Bulmer-Thomas, 2012; Shomman, 2009; Toussaint, 1993, 2009).

Por su parte, aunque las cuestiones relativas a la identidad nacional, el racismo y la afirmación de etnicidades han sido revisadas por varios trabajos en y sobre Belice, a veces de manera aislada y otras intentando vincularlas (Phillips, 1996), en la actualidad no existen investigaciones que analicen las manifestaciones de racismos en el marco de procesos contemporáneos de construcción de estado-nación a través de la elaboración y reforzamiento de narrativas de

identidad nacional. La identidad nacional y su elaboración se ha vuelto una preocupación de las elites políticas dirigentes y de esas colectividades étnicas organizadas de la sociedad civil en Belice. Sin embargo, después de una serie de trabajos realizados en los 90’ por investiga- dores “extranjeros” en su mayoría, poco interés ha suscitado la examinación de esos procesos en la actualidad. La importancia de examinar el lugar que ocupen ciertas etnicidades dentro de las narrativas de elaboración nacionalista radica en que las identidades étnicas que encarnan los referentes nacionalistas representan espacios de poder que permiten legitimar proyectos de construcción y reproducción del Estado (Abrams, 1988; Scott, 1998; Steinmetz, 1999) en los cuales la administración de la diversidad implica manifestaciones de racismos cuando esa diversidad es anulada o no encuentra espacios de representación plenos.

El objetivo de este artículo es analizar la manera cómo se articulan los procesos de construcción de nacionalismo actuales en Belice con formas de racismos estatista en el marco de las iniciativas de movilización de las identidades étnicas en

Belice y del fortalecimiento de un nuevo estado-nación post-colonial. Por lo tanto, en este texto quisiera responder dos preguntas: primero, ¿cómo se articulan los actuales procesos de construcción del nacionalismo en Belice y el racismo? Y, segundo, ¿qué repercusiones tiene esa articulación para analizar el marco general de las movilizaciones étnicas en el país?

Para responder a ello, primero haré una breve descripción sobre el origen y la formación de la sociedad beliceña para entender la complejidad de su sociedad colonial y ver cómo se relaciona ello con la especificidad de los proyectos nacionalistas actuales. Seguidamente, ubicaré las fases y períodos claves de las iniciativas de construcción del nacionalismo en Belice para centrarme concretamente en la fase actual. Tercero, abordaré analíticamente la relación entre actuales procesos de construcción de nacionalismo y racismo a través de la revisión etnográfica de varios proyectos oficiales para construir identidad nacional. Por último, esbozaré algunas líneas analíticas sobre la relación entre las iniciativas contemporáneas de nacionalismo, racismo e identidades étnicas para perfilar una reflexión sobre

cómo se proyecta al sujeto étnico en las actuales políticas sobre la diversidad en el país.

Las discusiones, datos y aseveraciones que presentaré son resultado de un trabajo de campo etnográfico realizado durante el período 2014-2016 en Belice. La etnografía a la que hago mención hace parte de mi proyecto de investigación doctoral sobre procesos de movilización de las identidades étnicas entre los creoles afro-beliceños cuyo objetivo fue analizar las estrategias de legitimación y las iniciativas de afirmación de las identidades étnicas de un sector de la población creole afro-beliceña, organizada bajo la figura del National Creole Council of Belize, para dilucidar su articulación con los procesos emergentes de movilizaciones étnicas en Belice y los proyectos oficiales de promoción de la diversidad étnica auspiciada por el Estado que pretenden elaborar una identidad nacional y una apuesta por el desarrollo. Así mismo se realizó una etnografía institucional de las cotidianidades del Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH en adelante) y en especial, de una de sus divisiones: el Instituto de Investigaciones Sociales y Culturales (ISCR en adelante), máximo organismo en

el país en materia de elaboración, diseño y plan de desarrollo de la política cultural e identitaria. La mayor parte del tiempo trabajé en la ciudad de Belmopán y en la Ciudad de Belice, así como en varias comunidades rurales ubicadas en el distrito de Belice y el Cayo los cuales congregan a población creole-afrobeliceña y mestiza en su mayoría.6

Argumento que las iniciativas nacionalistas en Belice comenzaron como una movilización popular contra las crudas condiciones que establecía el régimen colonial cuyas consecuencias fueron la exclusión

6. A pesar de que este trabajo reporta datos etnográficos que remiten a la cotidianidad de algunas dinámicas sociales beliceñas relacionadas con el racismo, la elaboración de nacionalismos y la movilización étnica, su enfoque es un intento de articular una perspectiva macro con una micro sobre el tema del racismo. Sin embargo, esto no se logra a profundidad y ello constituye una de sus limitaciones. Los análisis están mucho más enfocados a componentes estructurales a nivel de análisis del Estado y su función en los proyectos de construcción nacionalista que a una perspectiva interaccionista que se concreta en la cotidianidad de las relaciones sociales. Empero, no soslayo la importancia de éste último enfoque para contextualizar de manera más adecuada la existencia y los entramados del racismo en Belice.

y el racismo, la marginación de ciertas etnicidades no-creoles, la monopolización de la tierra por parte de los británicos, la negación de derechos ciudadanos y la precarización de las condiciones laborales. Sin embargo, con los triunfos paulatinos de la movilización popular nacionalista, la tarea de unificación e integración de territorios y grupos étnicos excluidos se convirtió después en una preocupación de las nuevas élites del Estado hasta el punto de que el nacionalismo dejó de ser un nacionalismo de vocación popular para convertirse en un nacionalismo estatista (Billing & Núñez, 1998; París, 1999). En ese tenor, este nacionalismo estatista contemporáneo en Belice tiene como objetivo legitimar un proyecto de Estado que pretende administrar la diversidad étnica desde una lógica celebratoria de la multiculturalidad, pero atendiendo poco a desigualdades estructurales en la que se encuentran la gran mayoría de sus grupos étnicos.

En ese contexto, las identidades étnicas se racializan al ser pensadas como esenciales y fijas, provocando expresiones soterradas de racismos que se reproducen desde lo institucional

y, en el marco de las cuales, algunas etnicidades afro-creoles son puestas en el centro de las construcciones de las narrativas nacionalistas mientras se excluye a otras. Como consecuencia, se producen alteridades étnicas marginadas de los imaginarios de fundación de la nación, cuyo resultado, siguiendo a Paris (1999) son “formas institucionales de discriminación y exclusión de otras identidades” (p. 65). En esa medida las emergentes formas de movilizaciones étnicas en Belice constituyen un intento por debilitar “el modelo de sociedad creole que se había instaurado mediante la exclusión de otras etnicidades como las mayas y las garífunas” (Cunin, 2010, p. 174). Por otro lado, esas movilizaciones se articulan a los proyectos generales de promoción de la diversidad promovida desde el Estado en los cuales el sujeto étnico es representado desde la folclorización y la esencialización de sus identidades, siguiendo una lógica auto-gerencial y autogestiva que delega en ellos mismos la responsabilidad para lograr el “desarrollo de su cultura” y que transita hacia la mercantilización de la etnicidad (Comaroff & Comaroff, 2009) y el formateo de las identidades (Hoffmann, 2008).

El lugar que ocupa la “afrodescendencia” en Belice, entendida como una construcción social anclada en los discursos sobre el origen africano, la esclavitud, las resistencias al colonialismo y la “negritud” como conjunto de expresiones identitarias “afro” (Gudmundson, 2012), es ambivalente y se escapa de los modelos comunes que abordan el tema de “lo negro” en las culturas nacionales. Los creoles afro-beliceños son un grupo que representa tanto la marginación colonialista como el predomino de clase; la hegemonía étnico-racial y las resistencias y readaptaciones ante el colonialismo. Un cierto predominio cultural y socio-político del que han gozado los ubica en el centro de muchas de las formaciones nacionales siendo, en cierta medida, el referente obligado para pensar la “beliceñidad”. Sin embargo, dentro del clima de emergentes movilizaciones étnicas que socaban la otrora “hegemonía creole” se vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la producción social de las minorías “afro” en el contexto contemporáneo del multiculturalismo y sus apuestas por el reconocimiento.

1. Sobre el origen de la sociedad beliceña y el contexto social que posibilita el nacionalismo

Belice es un pequeño país caribeño ubicado en Centro América; anglófono pero inserto en una región hispanófona; con una población de origen africana creole considerable en un contexto regional donde la imagen del “mestizo” caracterizó los proyectos de formación de las sociedades nacionales de sus países vecinos. Hasta el año de 1981 fue una colonia británica que pertenecía al grupo de otras “posesiones” británicas como Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bermudas, la Guayana inglesa, entre otras. Belice limita al norte con México, al Sur-oeste con Guatemala y al este con el litoral del mar Caribe. Antes de la llegada de los europeos (españoles y británicos) al territorio, varias denominaciones de indígenas mayas habían establecido señoríos y asentamientos en la región, dominando una vasta zona que comprendía desde la península de Yucatán hasta más allá de Petén y el Tipú rumbo a Guatemala (Bolland, 1992). Según varios historiadores, los primeros registros de la actividad de británicos en el territorio de Belice

datan de la primera mitad del siglo XVII, poco después de que la piratería y el pillaje ultramarinos fueran suprimidos por medio de la firma del Tratado de Madrid en 1670, contraído entre España y Gran Bretaña (Shoman, 2009).

Alrededor de la desembocadura del río Belice se instalaron los primeros colonos británicos conocidos como los bayman con el fin de vincularse a la creciente industria de la economía forestal que nutría a las metrópolis europeas. La extracción y el comercio del Palo de Campeche o Logwood, una madera de la cual se extraía un pigmento colorido valioso para el comercio textil en Europa, marcó el inicio de la industria forestal colonial que daría paso a la formación y consolidación del asentamiento británico (Iyo, Froyla & Humpherys, 2007; Murray, 2006). En sus primeras etapas, estos campamentos semi estacionarios de leñadores británicos y sus esclavos negros eran considerados ilegales, sin embargo, pronto aquellos primeros colonos obtuvieron una concesión de la corona española para la extracción de madera bajo la condición de no establecer asentamientos permanentes en el territorio. Estas concesiones quedaron

establecidas en el Tratado de Paris de 1779 y posteriormente fueron ampliadas y ratificadas nuevamente mediante la convención de Londres de 17875.7

El rápido agotamiento del palo de Campeche dio paso a la exportación de otra madera valiosa para la industria forestal: La caoba. La mayoría de los historiadores de Belice coinciden en que fue a partir de la exportación y el comercio de la caoba cuando Belice logró consolidarse como un asentamiento británico menos rudimentario, experimentando a su vez, un crecimiento poblacional y económico considerables que lo llevaría a convertirse formalmente en una colonia británica en 1882, al final del siglo XIX. Fue durante este siglo que se establecieron las primeras instancias de administración colonial y se disparó tanto el comercio como la importación de

7. En estos tratados se ratificaba el dominio español sobre los territorios beliceños. Sin embargo, los españoles nunca se instalaron en Belice y, en su lugar, permitieron a los británicos realizar actividades de extracción y acarreo de madera para exportación bajo la condición de no establecerse, no desarrollar agricultura ni construir fortines o baluartes para defensa militar.

personas esclavizadas, quienes ahora eran traídos directamente de la región noroccidental de África, principalmente de Nigeria y el Congo.8 El asentamiento adquirió un control político y económico británico y un dominio cultural creole a través del cual se definió la identidad cultural de la colonia, sobresaliendo el predominio de ese grupo étnico-racial durante el siglo XIX y todo el siglo XX.

Aquella floreciente economía forestal empezó a consolidar una forma de organización social en el asentamiento que fue conocida como forestocracia (Iyo, Froyla & Humphreys, 2007; Shoman, 2009). Los británicos involucrados en el comercio forestal rápidamente se convirtieron en la fuerza económica y política del asentamiento seguidos por sus descendientes inmediatos: los creoles, quienes surgieron de la unión entre británicos y

africanos.9 La monopolización de grandes porciones de tierra en Belice por parte de los británicos, el surgimiento de un régimen colonial basado en la explotación de mano de obra esclavizada y la creación de políticas de administración colonial que mantenían separada a la población con el fin de establecer formas de división racial del trabajo se convirtieron en las expresiones fundamentales de la opresión y el racismo coloniales. En ese contexto, los británicos eran los dueños del asentamiento, los creoles, administradores de los bienes coloniales, y Belice City o el Pueblo de Belice, el centro del poderío político, económico y cultural de la sociedad colonial.

8. Anterior al auge de la caoba en Belice ya existían africanos esclavizados. Los primeros reportes datan de 1724. Sin embargo, su número, aunque superaba al de los hombres “blancos” era menor al que alcanzaría posteriormente durante la última parte del siglo XVIII y todo el siglo XIX.

9. Actualmente “creole” se considera a todo aquel que refiere tener entre sus ancestros personas africanas o afrodescendientes en unión con cualquier otro grupo étnico-racial. Esta definición marcadamente inscrita en una ideología colorista, remarca subrepticiamente el componente “negro” para la identificación de lo “creole”. Por su parte, “creole” no debe confundirse con “criollo”, que en Latinoamérica hispana se refiere a los hijos de españoles nacidos en el continente americano los cuales se distinguían de los españoles peninsulares de España. Por esa razón en este texto mantendré la escritura / creole/ en vez de criollo para no confundir a los lectores.

Aquí las traducciones del inglés son nuestras.

Mientras tanto el resto del territorio permanecía aislado, marginado y bajo unas precarias condiciones laborales que incrementaron los resentimientos interétnicos entre los principales grupos del asentamiento: mayas, garífunas, hindúes, chinos, y mestizos quienes arribaron al territorio durante el siglo XIX, momento en que la Honduras Británica alcanzó un crecimiento exponencial de su población.

Judd (1990) señala que la categoría creole fue introducida en Belice a partir del año 1809 con el fin de diferenciar a los descendientes de la mezcla entre británicos y africanos, que ya habían nacido en el asentamiento para finales del siglo XVIII, del resto de la población blanca y negra esclavizada. Define creole como “a person of negro ancestry [or] a person of mixed European and African ancentry” (Judd, 1990: 30). Los creoles son fundamentalmente aquellos “hijos ilegítimos” de hombres británicos que forzaban a mujeres esclavas africanas, empleadas en trabajos domésticos y de cultivo de hortalizas para el autoconsumo. Éstas permanecían largas temporadas solas en las casas de los hombres blancos y a su merced mientras sus maridos o parejas duraban

largas temporadas internados en campamentos madereros y solo regresaban para la navidad. Muchos de ellos, aunque habían adquirido su libertad, se dedicaban de lleno a la industria forestal. Sus descendientes fueron identificados como “coulored people” o “free colored people”.

En su mayoría, los creoles vivían en zonas “urbanas” y algunos se dedicaban también a la explotación de madera siendo dueños de contingentes de esclavos. Sin embargo, había creoles y “negros” empleados como esclavos y luego como aprendices en la industria de la extracción de madera. Estos eran descritos por las autoridades coloniales como “la columna vertebral de la colonia” y “su más efectiva fuerza laboral” (Bristone & Wright, 1888, p. 199).

En efecto, aunque los creoles fueron desde el principio un grupo heterogéneo, tanto en aspectos relacionados con la apariencia física –el color de la piel y la procedencia, por ejemplo–, como por los roles sociales que ocupaban dentro de la sociedad colonial, se definían así mismos como “los fundadores de Belice y su cultura” o como “los primeros habitantes”. Su innegable predominio no solo cultural sino

económico, solo superado por los blancos británicos, les valió ser reconocidos por los otros grupos del creciente asentamientos como los “hijos de la corona” (Cunin, 2010; Shoman, 2009).

En la primera mitad del siglo XIX, los creoles se habían convertido en una élite hasta el punto que en 1831 alcanzaron los mismos derechos políticos que se reservaban para sí los blancos colonos. A partir de entonces, mediante mecanismos de distinción social relacionados con el estatus político y jurídico, aspectos económicos como el patrimonio familiar y comercial, y elementos culturales como el apego al sistema de valores anglo- sajón, entre los creoles de la élite y el resto de los demás grupos de la sociedad colonial se fueron gestando relaciones de exclusión que incrementaron la brecha social entre estos y los demás grupos incluyendo a los creoles de los sectores más bajos. Al respecto Iyo, Froyla y Humphreys (2007) señalan que:

Los creoles fueron tan racistas como los blancos colonos. Aun cuando tuvieron madres “negras” esclavas y padres blancos, ellos rechazaban su conexión con su procedencia negra-esclavizada y

quisieron unirse a las elites blancas. Extremadamente orgullosos de su riqueza, educación británica, su lealtad a Inglaterra, su “buen carácter” y en general, su ancestría británica (p. 296)108.

A través del control de la tierra, la emisión de leyes sobre la propiedad y el trabajo y mediante alianzas políticas, tanto creoles de elite como blancos colonos desplegaron un control político y un predominio cultural en el asentamiento (Shoman, 2009). En consecuencia, para varios grupos de negros libres y de otros creoles de las clases más empobrecidas, las condiciones de trabajo eran casi las mismas que aquellas que mantenían bajo la esclavitud que fue abolida a través de los decretos de emancipación desde Londres en 1838 (Shoman, 2009).

Para finales del siglo XIX en ocasión de la conmemoración de la emancipación y los 50 años de abolición de la esclavitud, entre 1888 y 1893, se celebró dentro de la sociedad colonial, The Emancipation Jubilee y el People’s Hall Project. Ambas

10. Aquí las traducciones del inglés son nuestras.

celebraciones, presididas y organizadas por Simon Lamb, un hombre creole de la clase media junto con maestras y mujeres creoles, empezaron a poner el énfasis en los derechos que la “población coulored [creole] de la colonia” tenían. A partir de ese momento, alrededor de lo “creole” se empeza- rían a gestar las primeras formas de afirmación de una identidad grupal racializada imbuida en una cuestión de clase. Macpherson (2003) subraya que los discursos que rodearon la celebración del People’s Hall Project hacían énfasis en “el orgullo por los ancestros negros, la participación de las mujeres y el realce de los baymen” (p. 115). Aquellos primeros creoles de la clase media comenzaron a promover un discurso sobre la ascendencia y la procedencia. Se definían ellos mismo como los “hijos de los bayman”, aquellos primeros colonos que establecieron el asentamiento con la intención de ser reconocidos como hijos de la corona y sus auténticos pobladores. En ese sentido, se construía las primeras narrativas identitarias de la nación colonial que hacían énfasis en: a) Un discurso sobre la supuesta unión entre la “raza” de los baymen y la “raza” de los esclavos para defender el asentamiento de

las autoridades españolas, b) la promoción de una hegemonía del grupo creole, como los descendientes de aquellas “razas” honorables, suavizando la memoria de la esclavitud y sus atrocidades mediante la instauración de un mito de fraternidad entre los esclavos y sus amos “blancos” alrededor de la batalla de St. George’s Caye y c) el incremento de las divisiones de clase entre los creoles de la élite, los de clase media y aquellos de los sectores populares, quienes enfrentaron el recrudecimiento de las políticas coloniales que estigmatizaban muchas de su expresiones culturales, la mayoría de ellas de origen africano.

En la actualidad, según datos del último censo de población realizado en el 2010, dentro de las fronteras del territorio beliceño habitan 356. 600 personas de las cuales el 54.8 % viven en áreas rurales y el 45.2 % en urbanas. Del total de ellas, mestizos, creoles, mayas y garífunas son los grupos étnicos más numerosos. A través del criterio de auto-adscripción, el 52.9% de su población se identifica como “mestizo”; es decir, 170.446 personas reconocen sus vínculos con la cultura de origen hispano siendo el grupo

étnico mayoritario. Seguidamente, 26% se identifica como “creole”, unas 83.460 personas que, por su parte, reconocen sus vínculos con las culturas afro caribeñas y anglófonas, conformando el segundo grupo étnico más grande en el país. Luego, el 11.3 % se definen como mayas (keqchí, mopán y yucatecos); y, por último, el 6.1% como garífunas siendo estos últimos los grupos indígenas más importantes del país.

Además de lo anterior, el censo también señala la existencia de otros grupos étnicos viviendo en Belice. Asiáticos (japoneses) y chinos (taiwaneses), 1.0%; caucásicos o “blancos”, 1.2 %; east indian (hindúes), 3.1 %; y menonitas (de origen alemán), 3.5 %. También el censo menciona un porcentaje mínimo de población de origen sirio-libanés. La totalidad de sus grupos étnicos se encuentran distribuidos en los 6 distritos en los que está dividido política y administrativamente el país: Corozal, Orange Walk, Belize, Cayo, Stan Creek y Toledo (Belize Census Report, 2010).

Inmediatamente después de la independencia, durante el inicio de la década de los 90’, la cuestión de la diversidad cultural del país fue objeto de interés de

la dirigencia política y del sector internacional. Entre los años 1990 y 1992 se lanzaron varias iniciativas de consulta popular auspiciadas por el gobierno, cuyos miembros principales pertenecían al partido People United Party (PUP), con apoyo de la UNESCO. Estas iniciativas fueron conocidas como Realising (1991) y What the people say (1992), simultáneamente (Cunin & Hoffmann, 2014). Su objetivo fue perfilar las primeras acciones para construir y consolidar una “identidad nacional”. Seguidamente, se crearon las instituciones que se encargarían de dirigir ese proceso, tales como el Consulado Nacional de las Artes que, a partir del 2003, se convertiría en el Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH), etc. En ese clima optimista, de entre varios de los principales grupos étnicos del país surgieron iniciativas organizativas que adoptaron la figura de concejos locales a través de los cuales se promovían la lengua, las prácticas religiosas, las formas de organización alrededor del territorio y la tenencia de la tierra junto con expresiones de carácter cultural como danzas y prácticas culinarias.

Mayas, garífunas y creoles de los sectores populares en

Belice empezaron a movilizar políticamente sus identidades étnicas mediante estrategias como la afiliación a redes internacionales indígenas y afrodescendientes. La población garífuna adquirió notorio reconocimiento a nivel internacional hasta el punto de que en 2001 su lengua y cultura fueron declaradas como patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, los reclamos por el derecho al acceso a la tierra y el reconocimiento de formas autóctonas de regencia de sus territorios hechos por la comunidad maya al sur del país fueron reconocidos y amparados por un fallo del tribunal supremo de justicia en Belice en el 2007 y posteriormente, fueron ratificados y ordenados por la Suprema Corte Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en octubre de 2015 y la Corte de Justicia del Caribe a partir del cual los mayas histórica- mente obtenían un triunfo contra el Estado de Belice que hasta ese momento no había garantizado el cumplimiento de sus derechos.

Para el caso de los garífunas, la promoción que hacen actualmente de una lengua, ritos religiosos, pertenencia a una comunidad transnacional

(presente en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belice y EE.UU), su música (ritmos como la punta, parranda, punta rock), etc., se utiliza para señalar su diferencia y “autenticidad” como una cultural beliceña transnacional producto de la diáspora africana. Su historia los ubica en una situación identitaria ambigua al ser clasificados y auto-clasificarse como indígenas y descendientes de africanos (Anderson, 2007; Izard, 2004, 2010). En sus esfuerzos por movilizar políticamente sus identidades, además del reconocimiento internacional de su cultura por la UNESCO, su movilización también ha obtenido un protagonismo nacional. En Belice se estableció el Settlement Day (una festividad garífuna promovida a fiesta nacional en 1977) que celebra su llegada a suelo beliceño en 1802. Esta festividad les ha valido un creciente protagonismo entre la población nacional y entre los miles de visitantes que cada año llegan para observar la conmemoración su llegada a Belice.

Por su parte, los mayas en Belice trabajan por la valorización de su historia y cultura, en el marco de un turismo patrimonial (explotación de sitios

arqueológicos mayas). Participan de una red de ONG mayas mesoamericanas y se definen, así mismos, como los “primeros pobladores de Belice”. De igual manera, han mantenido un arduo conflicto con el Estado Beliceño por el reconocimiento a sus derechos sobre el territorio y la autonomía de sus formas de autogobierno, en el contexto del cual, los recientes fallos de las cortes suprema beliceña y la corte interamericana a su favor, han consagrado su legitimidad como un actor étno-político importante en el país.

En consecuencia, las emergentes movilizaciones de los principales grupos étnicos en Belice, sumado al crecimiento de la población mestiza, que en la actualidad representa el grupo más numeroso del país, han alertado a la población creoles de los distintos sectores sociales sobre una posible “latinización del país”. También han supuesto su pérdida de hegemonía entre las formas de representación de la identidad nacional y su estatus político como grupo. De manera que, entrando un poco en la misma dinámica de afirmación de la diferencia y construcción de una “etnicidad”, en algunos sectores de los grupos creoles se adoptaron también estrategias

de movilización de la identidad étnica. Así, en 1995 se creó la asociación el National Kriol Council of Belize. El propósito de esa organización es promover la lengua y la cultura creoles para armonizar con los otros grupos étnicos nacionales. Esta organización resalta aspectos de la cultura creole; la vuelve a la ruralidad y la sitúa en pueblos, delineando una serie de rasgos culturales y buscando el origen africano de cada práctica identitaria en la música, cantos, bebidas y danzas. En ese tenor, un cierto número de localidades rurales y campesinas, ubicadas a las orillas del río Belice y el New River son presentadas como las “auténticas” comunidades creoles que han conservado más “prístinamente” los legados socio-raciales y culturales africanos que ahora se presentan en una lógica de la diferenciación que los distancia incluso de otros creoles que residen en zonas urbanas o en ciudades como Belice City.

Las movilizaciones de las identidades étnicas en Belice se articulan de igual forma con las actuales políticas de construcción de nacionalismo en un clima de proyectos estatales de desarrollo que han apostado al turismo como su principal fuente de

crecimiento. Después del colapso de la industria forestal que duró más de dos siglos, Belice solo se mantiene de la producción de cítricos, bananos y caña de azúcar. Incipientes proyectos de agricultura no son suficientes para el crecimiento del país que se vio estancado a partir de los 90’. De modo que, hoy día son más urgentes los proyectos de construcción de una identidad nacional a partir de un plan de desarrollo que involucra a varios de sus ministerios e instituciones públicas. Entre ellas el NICH ha lanzado una política cultural que tiene como objetivo “descentralizar el modelo de cultura” y promover una cultura para el desarrollo y a través de ella “proveer el marco general para la construcción de una identidad nacional” (Belize Cultural Policy, 2014, p. 6-11).

2. Fases de los procesos de la construcción del nacionalismo en Belice

Según las teorías generales que abordan el nacionalismo este puede ser entendido como “ideología, un movimiento, un sentimiento y como un proceso de construcción nacional” (Smith, 2000, p. 329). Esos enfoques pueden agruparse en cuatro tipos: los enfoques modernistas

o perennialistas, que hacen énfasis en explicar el origen de la nación; los constructivistas o reificadores, que discurren sobre la naturaleza de la nación, los estructuralistas, que tratan de explicar las causas por las cuales las naciones son fundadas; los enfoques funcionalistas, que se centran en explicar cuál es la función y los mecanismos de dominación y cohesión que mantienen las naciones; y por último, los enfoques posmodernos, que han abordado todos los aspectos anteriores pero desde un perspectiva construc tivista-subjetivista e historicista (Márquez, 2011; Smith, 2000).

En este trabajo se concibe el nacionalismo funda- mentalmente como un conjunto de referentes simbólicos, psicológicos e ideológicos que dan paso a una serie de prácticas rutinarias que reproducen en la cotidianidad el sentimiento de pertenecer a una comunidad imaginada constituida en el marco de un estado-nación (Paris, 1999; Billing & Nuñez, 1999; Anderson, 1993).

Las etapas de los procesos de construcción del nacionalismo en Belice se pueden resumir en tres: En la primera etapa se perfila una crítica contra el racismo de la sociedad Beliceña producto de la explotación

laboral, la opresión racial que sufría la población negra y el acaparamiento del capital y la tierra en manos extranjeras. Esta etapa comprende de 1919-1930. Durante esta etapa empezaron las primeras movilizaciones sociales en el corazón de la sociedad colonial y el recrudecimiento del régimen imperial británico. La influencia de las ideologías pan-africanistas como las de Marcus Garvey significaron una crítica a la ideología racista que soportaba el proyecto colonial y que oprimía particularmente a la población “negra” debido a que los tomaba como la fuerza laboral más prominente de la colonia al tiempo que reproducía formas de exclusión sistemáticas. En conversaciones con líderes de las organizaciones creoles y con miembros del ISCR, quienes realizaban trabajos históricos sobre el país, la reflexión sobre el colonialismo y la manera como implicó formas de opresión profundas en Belice, fue una referencia recurrente donde se señalaba el racismo como una de las causas de la marginación en Belice.

En Belice el colonialismo fue tan fuerte que nada quedaba en el país. Las autoridades coloniales tomaban todo lo que se producía, principalmente

madera, y lo llevaban a las metrópolis europeas. Después la injerencia de los norteamericanos pasó a ser como un segundo régimen. Dependíamos de las importaciones mientras ellos acaparaban tierras y se llevaban las materias primas del país. Tanto creoles como el resto de los grupos en Belice sufrían los estragos del racismo que aquí significa sobre todo despojo y marginación (Mr. Pinelo. Entrevista. 14, de septiembre, 2016).11

La segunda etapa de los procesos nacionalistas es propiamente la fase de la movilización popular en torno a la exigencia de derechos laborales, ampliación de la

11. Mr. Pinelo es funcionario público del Instituto Nacional de Cultura e Historia. Es una de las personas que trabaja en los proyectos oficiales para diseñar e implementar proyectos de corte nacionalista en Belice mediante el trabajo historiográfico sobre la revisión de eventos que fueron cruciales para definir la fundación de Belice como asentamiento y colonia británica. La construcción de relatos históricos de corte nacionalistas es una de las estrategias de las elites dirigentes, creoles en su mayoría, para fortalecer su papel dentro de las narraciones oficialistas de identidad nacional. Estos trabajos son luego socializados y hacen parte de los contenidos curriculares de las escuelas en Belice.

ciudadanía, crítica al predominio de las elites creoles y británicas; reclamos por integración y reconocimiento de los otros grupos étnicos relegados de las instancias de representación legislativas y políticas. Esta etapa va de 1931-1964. Durante esta etapa los sentimientos anti-colonialistas, por un lado, así como la aspiración nacionalista, por el otro, marcaron el inicio de la política moderna en Belice (Shoman, 2004, 2009). El surgimiento del primer partido político de Belice, el People’s United Party (PUP), con el apoyo del movimiento sindical emprendió la dura tarea de encaminar a la nación a su independencia. En el trans- curso de ese período, por divergencias entre la dirigencia del partido se conformó el United Democratic Party (UDP) quien se convertiría en la máxima fuerza opositora del primer partido y, a partir del cual, se instauraría una forma de gobierno principalmente bipartidista con alternancia de poderes.

Aunque en Belice la orientación política de los partidos no es abiertamente étnica, según la historiografía de la política moderna en el país, el primer partido, el PUP, era principalmente de vocación centro-izquierdista y

estaba asociado con la población mestiza o, por lo menos, pro-integracionista. Por su parte, el UDP, cuyo principal líder fue miembro del comité del primer partido político, es asociado con las élites y los intereses de los creoles en Belice. Normal- mente se acusa al primer partido de promover una “latinización del país” debido a su actitud de favorecer y apoyar la solicitud de refugiados mestizos centro americanos durante los 80’ y 90’. También es acusado de estrechar lazos con Guatemala y Centro América, en especial, de querer ceder territorio beliceño a los reclamos guatemaltecos sobre las tierras en Belice. Por su parte, el UDP es acusado de ser un partido pro orientación británico, tibio ante las opresiones coloniales, sobre todo cuando en sus inicios manifestó que la sociedad beliceña no estaba preparada aún para adquirir su independencia (Shoman, 2009). Este último es el partido que está en el poder actualmente en Belice.

La tercera y última etapa de los momentos de construcción del nacionalismo comprende varias acciones. Entre ellas se aprecia el esfuerzo por modernizar las instituciones nacionales, el fomento de una política de

integración al capital global a través de planes de desarrollo del sector terciario y la emergencia de movilizaciones de las identidades de los grupos étnicos y sus apuestas por el reconocimiento. Esta etapa marca el final de los años 90’ y abarca el período que corresponde hasta la actual fecha. En esta fase se crean los primeros proyectos abiertos por administrar la diversidad en el país depositario de una pluralidad étnica y una multiculturalidad de facto. Se crea el museo nacional de Belice y el Instituto Nacional de las Artes se convierte en el Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH) encargado de diseñar, ejecutar y desarrolla la política cultural en el país. En esta etapa se crean varias Casas de la Cultura en cada uno de los 6 distritos en los que se divide el país y se intenta agrupar y administrar a través de ellas las iniciativas populares de los grupos étnicos que se encuentran representados en cada una.

3. Los procesos de construcción del nacionalismo actuales y el racismo: una producción oficial de identidades excluidas y excluyentes

El nacionalismo en Belice es ahora un nacionalismo de Estado, aunque en sus orígenes empezó como una movilización popular de las clases obreras y como un reclamo de varios sectores de la población por ser integrados como parte de la nación. Anderson (1993) señala que “la nacionalidad” o, la “calidad de nación” al igual que el nacionalismo, son artefactos culturales que despiertan una legitimidad emocional profunda construida en base a significados y formas históricas cambiantes” (p. 21). Aunque la nación se presente como una formación “natural”, esta es en realidad una construcción cultural que usa, alrededor del territorio, la tradición y la etnicidad, significados simbólicos duraderos para legitimarse como tal hasta volverse una vivencia cotidiana. En ese sentido, la “nación” es “una comunidad política imaginada, casi bajo la misma forma de lealtad y fervor con que se mira el parentesco y la religión, en la que sus miembros se sienten parte de un espacio político y

territorial limitado y soberano” (Anderson, 1993, p. 23). Sin embargo, los nacionalismos son auspiciados por grupos de actores políticos, ya sean estos de procedencia popular o sean una élite del Estado. Por ello, la identidad nacional es construida e instrumentalizada con fines específicos para establecer y legitimar proyectos de estado-nación. Esta comprende una serie de elementos simbólicos que gozan de una materialidad en las rutinas cotidianas de los estados. Así, la identidad nacional es “un conjunto de discursos y prácticas, muchas de las cuales forman parte de la rutina de los estados-nación establecidos” (Billig & Nuñez, 1998, p. 37).

En Belice contrastan el discurso abierto sobre la multiculturalidad y la integración de todos sus grupos étnicos con las acciones y proyectos oficiales para construir la identidad nacional mismos que, en opinión de varios intelectuales y personajes públicos de la sociedad civil, están demasiado “volcados a reforzar lo “creole” como garante de la “identidad nacional”. Durante esta administración, regida por el Union Democratic Party (UDP) las iniciativas oficiales de promoción cultural, aunque parecen abiertas e incluyentes

con todos los grupos étnicos del país, se orientan a reforzar nuevamente el predominio de lo “creole” como el sostén identitario de la nación. A pesar de que se ha logrado una integración pacífica de los grupos étnicos y no hay roces considerables entre ellos, el resabio de cierto predominio creole ha empezado a resurgir con las acciones de esta administración definida como “pro-creole”. Así, Leonora, una mujer extranjera, propietaria de la única empresa editorial del país señala en una entre- vista lo que sigue:

Tengo más de 40 años de vivir en Belice y he visto los cambios que ha sufrido este país como una testigo privilegiada. Por ejemplo, ya ahora la gente puede hablar español con más confianza. Antes eso era mal visto. Había un rechazo muy fuerte para todo aquel que fuera spanish o latino. Los criollos decían que este país era suyo. Pero a partir de los 90’se empezó a generar una identidad de unidad, a crear una imagen de un país con múltiples culturas pero con una misma identidad, la identidad de lo beliceño. Sin embargo, ahora he visto que desde la actual administración en el NICH se

han volcado fanáticamente a reforzar la identidad creole y a apoyar todo proyecto que busque reforzar esa identidad. Se han hecho publicaciones y acciones que van dirigidas otra vez a mostrar a lo creole como el centro de Belice y su cultura y se han dejado de lado dentro de las narrativas nuevas nacionalistas el aporte de otros grupos como los mayas, los mismos mestizos y hasta los garífunas (Leonora, entrevista, Diario de Campo, marzo, 2015).

En consecuencia, ¿cómo se articulan los procesos actuales de construcción del nacionalismo con el racismo? Paris (1999) sostiene que “el racismo es el exceso constituyente o el suplemento interior del nacionalismo” (p. 65). El nacionalismo en Belice, que actualmente es un nacionalismo estatista, institucionaliza formas de discriminación en la medida que excluye/ incluye colectividades étnicas en posiciones centrales y otras en lugares periféricos de los relatos y símbolos que dan vida a las formaciones de la identidad nacional. En la construcción de los referentes nacionalistas juegan un papel central los actores sociopolíticos. La escuela pública, los medios de comunicación y el ejército,

los institutos de Cultura e Historia de carácter público, las élites regionales y “los grupos locales de poder inciden en la selección de los símbolos nacionales, de héroes, y de una “historia oficial” en función de proyectos políticos que se tratan de legitimar” (Paris, 1999, p. 64).

La producción de identidades excluidas y excluyentes (Paris, 1999) y de regímenes nacionales de alteridad (López, 2011) instituyen jerarquizaciones y clasificaciones en el acceso a la “consciencia nacional” y a recursos sociales, así como a espacios de poder mediante los cuales hay etnicidades subordinadas y otras dominantes. El lugar que ocupan ciertos grupos en aquello que se denomina “la cultura nacional” o en las plataformas de representación política: como instancias de administración de la justicia, instituciones para la distribución de recursos sociales e instancias legislativas, se traduce en reconfiguraciones del poder para legitimar proyectos de estado-nación que repercuten en toda la “unidad política” llamada nación.

Las celebraciones nacionales de septiembre del año 2016 fueron un escenario para observar cómo

las dinámicas del nacionalismo, con sus referentes y discursos, reforzaban el papel de los creoles como los fundadores y los garantes de la identidad nacional. Las festividades nacionales son organizadas por un comité conformado por funcionarios de NICH de varios rangos. En esa ocasión el país celebraba su aniversario de independencia número 35 bajo el lema: sovereigh and strong, together as one (soberanía y fuerza, juntos como uno). Las calles y avenidas principales estaban adornadas con serpentina y anuncios con los colores rojo y azul. También con el escudo de Belice que representa a dos hombres: uno mulato o creole y otro negro, con un remo y un hacha bajo un árbol de caoba, abrazados alrededor de la frase en latín: sum umbra floreo (bajo la sombra florezco) y banderas que ondeaban con el viento. La víspera del 9 de septiembre en varias cabeceras municipales de los principales distritos del país se instalaron escenarios para la declaración del 10 de septiembre, promovido recientemente en 2008 por el gobierno de turno como día nacional, para conmemorar el evento de la Batalla de St. George’s Caye, de 1798, fecha en que los británicos colonos, conocidos

como los baymen, defendieron el asentamiento de los ataques de los españoles quienes frecuentemente les obligaban a evacuar. Durante la noche, en San Ignacio, un pequeño pueblo al sur-occidente de Belice que limita con Guatemala, conformado por mestizos, creoles y mayas, más de un centenar de personas se instalaron en “el parque del amor” para celebrar la inauguración de las festividades nacionales. En el centro del parque una tarima pequeña con escudos, banderas y juegos pirotécnicos daba la bienvenida a la concurrencia que bailaba ritmos afro-caribeños como la Punta rock, el soka y el calipso. Las personas bebían cerveza nacional Belikin y ron, y había algarabía por doquier.

La luz de la luna llena iluminaba la explanada del parque. El bramido suave de las aguas del rio Belice que dividen el pueblo en dos, se adentraban por la exuberante vegetación de las Maya Montains de las cuales emergen dos zonas arqueológicas mayas imponentes: Cahal Peh y Xunantunich, a solo unas millas del pueblo, que atraen a miles de turistas durante todo el año. Las personas agrupadas de acuerdo a su cercanía hablaban entre si y departían con los de sus grupos:

los creoles, o población negra, junto con los suyos y los mestizos hacían lo mismo a su vez. A veces los más jóvenes de cada grupo intercambiaban algún saludo o pedían fuego para encender sus cigarrillos para luego reincorporarse a sus respectivos grupos. De pronto, la voz del animador llamó al silencio, cesó la música y las personas se agruparon en pos de la tarima. Un hombre afro beliceño, pidió a todos que inclinasen el rostro y en actitud solemne empezó una oración para dar inicio al acto. Todos oraban en silencio mientras algunos se tambaleaban ya bajo los efectos del alcohol. Después, una mujer negra y delgada, una líder política local, que lucía un traje con motivos africanos, collares amarillos, rojos y verdes y un turbante en la cabeza tomó el micrófono y dijo:

Cuando yo estaba en los Estados Unidos me sentía pobre; pobre porque no estaba cerca de mi nación y no había nada que celebrar.

La batalla de St. George’s Caye es un día Nacional porque conmemora la patria, el nacimiento de una nación que se sacudió los ataques de

los tiranos, de los españoles que nos quería echar de aquí, que violaban nuestro derecho de ser los fundadores de esta nación. Una nación multicultural, diversa y bella, una nación bendecida por el Señor. Tenemos que celebrar la patria, el origen de nuestras raíces nacionales. Belice es un país pequeño pero rico y bello. Belice es una nación que nos heredaron nuestros ancestros, aquella gente “negra” nacida de los baymen que decidieron quedarse aquí y defender esto que nos une hoy. Belice la tierra que le pertenece a los hijos de esos baymen, la tierra de nosotros (Discurso público, 09 de septiembre, 2016, San Ignacio, Belice).

Enseguida los juegos pirotécnicos iluminaron el cielo nocturno mientras se escuchaba de fondo las notas del himno nacional beliceño “Arise, ye sons of the Baymen’s clan! ...”. Le pregunté a un grupo de personas que estaban viendo los juegos pirotécnicos sobre qué pensaban del discurso de la mujer que acababa de hablar. Una mujer joven, mestiza y dos hombres

jóvenes me miraron sorprendidos de que yo les hablara en español y me invitaron de su botella de ron. La mujer entonces me dijo en español: Belice no es solo la tierra de los creoles, de los hijos de los baymen. Este país es de todos. Además hay mayas, garífunas, menonitas, chinos, spanish, todos. No pueden decir que Belice es solo el país de los descendientes de ellos. ¿Por qué crees que usan ese discurso? Pregunté yo. Mira, lo que pasa es que los criollos, los negros, ellos quieren ser los que mandan aquí. Antes uno no podía hablar español en la calle. Ahora ya es distinto. Ellos tienen miedo de convertirse en una minoría”- respondió uno de los hombres que estaban con la mujer-. Cada grupo de los que están en Belice ha hecho cosas grandes por el país, tiene sus historias, pero eso no se cuenta, no se dice en esos discursos. Siempre aparece la misma gente, los otros es como si no existieran (comunicación personal. Diario de campo. 09 de septiembre, 2016).

A partir del lanzamiento de la política cultural por parte del Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH) en el año 2014 se inicia un período en que convergen dentro de este proyecto estatal varias apuestas: a) La construcción de una identidad nacional que resultaría de la suma de las etnicidades que conforman la multiculturalidad de la sociedad beliceña. b) Una dialéctica cultural que persigue el desarrollo de la cultura y la cultura para el desarrollo. c) La instalación y el fomento de una lógica autogestiva de las etnicidades a partir de la cual las organizaciones étnicas del país empezarían a establecer agendas políticas y culturales propias con el fin de generar recursos para “desarrollar sus culturas” y articularse a la política desarrollista del Estado. Y, por último, d) la reinscripción de unas narrativas de origen y fundación de la nación en las cuales los creoles vuelven a ocupar un lugar protagonístico.

El rescate de la Batalla de St. George’s Caye, evento al cual se refería la mujer creole en su alocución patriótica, en la que se resalta el papel crucial de los creoles luchando junto a los británicos por defender el

asentamiento de los ataques de huestes españolas en 1798,12 ha sido un proyecto en el que varios sectores oficiales se han volcado con renovado interés. La recién creada asociación de historiadores de Belice, con el apoyo de Instituto de Investigaciones Sociales y

12. Este evento fue considerado como el acta de nacimiento de la Honduras Británicas (Encalada & Awe, 2010). Durante la última década del siglo XVII, los españoles habían intentado desalojar a los británicos de los territorios de Belice. Sin embargo, del 3 al 10 de septiembre de 1978, los hombres británicos apostados en un pequeño Cayo a unas millas de la ciudad de Belice, llamado Cayo San Jorge, decidieron hacer frente a los ataques de los españoles. Durante más de 2 horas hubo unos enfrentamientos entre británicos y españoles en sus flotas navales. Los últimos acabaron retirándose por no poder someter a los primeros. Medio siglo después, un comité de celebraciones coloniales en Belice City, encabezado por Absalom Hyde y otros creoles de clase media beliceña retomaron este evento como “la heroica contribución de los Baymen y sus esclavos” a la consolidación de Belice (Shoman, 2009). En ese marco, se resaltó el supuesto papel de los creoles y esclavos “negros” en la defensa del territorio junto con sus “amos”. Este relato se ha vuelto a rescatar por la actual elite política dirigente, conformada mayoritariamente por personas “creoles” con el fin de re-centrar el papel de los creoles en las narrativas que dan origen a la identidad de la nación beliceña.

Culturales (ISCR), ha destinado fondos para elaborar una investigación más profunda de aquel evento histórico considerado un mito por algunos sectores, y el acta de nacimiento de la identidad de Belice, por otros.

Igualmente, el lanzamiento de la serie National Heroes and benefactors a partir de la cual se intenta construir un parnaso de héroes de la patria, dirigido fundamentalmente a las escuelas primarias y secundarias del país, tiene el objetivo de rescatar la memoria de varios personajes del Belice contemporáneo que han caído en el olvido y necesitan ser elevados a la categoría de héroes nacionales por sus aportes a la consolidación del país. En ese contexto, el reforzamiento y ensalzamiento de figuras como Philip Goldson y Nurse Vivian Seay, ambos creoles afrobeliceños, ha dejado de manifiesto los intentos oficiales por volver a reforzar la idea del predominio de ese grupo en las narrativas de la identidad nacional.

El primero fue declarado héroe nacional en el año 2008. Se le conoce como el fundador del partido UDP, de vocación creole, y quien se declaró

abiertamente opositor y crítico del PUP quien encaminó al país a su independencia. Se le conoce también como el defensor de la soberanía nacional y uno de los contradictores más fuertes a la integración de Belice a la región económica centroamericana, así como también al reclamo guatemalteco por una porción del territorio beliceño. En 2015 se inauguró en Belmopán la casa-museo Philip Goldson donde los estudiantes van a aprender el legado de un “verdadero nacionalista”. Por su parte, la enfermera Vivian Seay fue una mujer creole de la clase media de la ciudad de Belice, quien fundó en 1920 The Black Cross Nurses, una organización social que asistía a los sectores más necesitados de entre la población negra. Fue la segunda mujer honrada con el nombramiento de “miembro de la real orden imperial británica” como una servidora ejemplar de la corona durante su etapa de activismo y una “creole” memorable.

En consecuencia, y siguiendo Paris (1999), dentro de los proyectos oficiales de construcción del nacionalismo que propenden por una identidad nacional, se manifiestan racismos en la medida en que hay claras jerarquizaciones en

los accesos a la construcción de una identidad nacional y a las narrativas nacionalistas en el entendido de que estas además de ser “artificios culturales” (Anderson, 1993) son espacios de legitimación del poder. Entonces, ¿cómo repercute esto en los procesos de movilización política de las identidades étnicas que actual- mente tiene lugar en el país?

A partir de los 90’ tanto algunos sectores de entre los creoles como otros grupos étnicos representativos en el país, mayas y garífunas principalmente, se convirtieron en un actor político emergente que buscaba negociar espacios de reconocimiento, movilizando recursos como las identidades étnicas a través del refuerzo de la lengua, celebraciones religiosas, defensa de los territorios y expresiones folk de sus culturas. Ese proceso se articuló con proyectos del Estado que buscaban legitimar un modelo económico basado en el desarrollo del sector turismo en cuyo marco los grupos étnicos también eran vistos como insumos para el desarrollo. Así, el sujeto étnico en el marco de la promoción oficial de la diversidad es pensado desde una lógica auto-gerencial y autogestiva. La política cultural

promueve la folclorización de las identidades étnicas. Desde la oficialidad se celebran festivales creoles, garífunas, hindúes, mayas, etc. En estos se retrata las expresiones identitarias desde el folclor, la imagen de los grupos étnicos aparece como “postales étnicas”, con identidades fijas, esenciales y, sobre todo, como recursos potenciales que pueden “desarrollarse”. En algunas de las iniciativas oficiales recientes como The Art Street Festival las imágenes de los grupos étnicos aparecen de forma exotizada y fuera de los contextos cotidianos y materiales en los que esas identidades se desarrollan.

Se promueve la creación de mercados locales de artesanías, turismo “étnico” y mantenimiento de estereotipos raciales tales como: “los garífunas aguerridos”, “los mayas dóciles”, “los creoles fuertes”, etc. En ese sentido, los grupos étnicos han entrado en una especie de “competencia” para ganar espacios de representación donde, sin embargo, existe una mezcla de jerarquías y horizontalidades.

Las movilizaciones de los grupos étnicos en Belice toman el campo de la cultural como una arena de disputas por la representación.

En ese sentido, no significan unos procesos de afirmación y contestación ante el Estado,

más bien se articulan y hacen parte de los proyectos de este por legitimarse y reproducirse. Son movilizaciones orientadas culturalmente que buscan instaurar nuevas significaciones y formas de reconocimiento que antes no habían sido consideradas (Perales, 2013), pero sin oponerse radicalmente al Estado y a sus proyectos por promover la diversidad.

Sin embargo, estos procesos entrañan mecanismos de racialización que derivan en formas de racismo cuando primero, son orquestados y promovidos por el Estado; segundo, cuando establecen jerarquías en el acceso a los recursos simbólicos tales como las narrativas nacionalistas que ubican a los creoles en el centro de las mismas; y tercero, juegan con imágenes fijas y esencializadas de las identidades de los grupos étnicos a los que representan tácitamente como “grupos que necesitan desarrollar su cultura”. La identidad es antes que nada un posicionamiento (Hall, 2003), por lo tanto, es política en la medida que implica procesos de afirmación de esos posicionamientos con miras a ser reconocida. De modo que las movilizaciones étnicas en Belice son a la vez formas de

posicionamiento que buscan dentro del Estado mismo, y no fuera de él, espacios del reconocimiento como una vía para acceder a los recursos sociales básicos.

Conclusiones

En este texto se intentó mostrar la relación entre un racismo estatista y las iniciativas de construcción nacional auspiciadas por el Estado. Dentro de las mismas, los “creoles” son tomados como símbolos de la beliceñidad y los demás grupos étnicos siguen ocupando una posición periférica dentro de la conformación de narrativas nacionalistas. En ese sentido, el caso de este grupo sirve para cuestionar las nociones sobre la producción social de la negritud y la afrodecendencia (Gudmundson, 2012).

La “negritud” más que se una construcción fija de marginación de las poblaciones de origen africano que ocupan posiciones subalternas en los marcos de las sociedades nacionales, es antes que nada, una construcción histórica que juega con las imágenes de lo “negro” y las entremezcla con aspectos de clase imbricados con elementos étnico racializados. Los creoles

en ese sentido, representan un estatus ambivalente. Por un lado, son un grupo heterogéneo que sufrió los embates del colonialismo el cual modeló relaciones racistas y excluyentes entre ellos mismos. Por el otro, gozan de algunas posiciones predominantes en los espacios de construcción de narrativas nacionalistas. Son tomados como símbolos de la nación y a la vez, gran parte de ellos, padecen los embates de la pobreza, la exclusión y la desigualdad en la que se encuentran la mayoría de los grupos étnicos en Belice. Sin embargo, sus procesos de movilización nos muestran como grupos afrodescendientes, comúnmente excluidos de los espacios de poder, pueden entablar relaciones cercanas con éste y movilizar narrativas identitarias que les garantizan al menos ciertos privilegios en los accesos a los recursos simbólicos de la nación como la “cultura nacional” y sus derivados.

Por su parte, el sujeto étnico que se piensa desde la promoción oficial de la diversidad en Belice es representado desde nociones esencialistas, fijas de la identidad y como un recurso para el desarrollo del país, el cual ha apostado por un proyecto de Estado que ve en el turismo

una fuente de “desarrollo”. En ese contexto los grupos étnicos transitan hacia la mercantilización etnicidad (Comaroff & Comaroff, 2009) y aparecen bajo una imagen armónica de convivencia entre los mismos, omitiendo las tensiones y las desigualdades entre ellos.

Aunque la movilización étnica de garífunas y mayas, principalmente, basada en el refuerzo de la lengua, expresiones folk de la cultura, reafirmación de religiosidades y refuerzo de formas propias de administración de la tierra y el territorio son auténticas muestras de resistencias ante los embates neocolonialistas del capital global económico, esta movilización también se inserta en las lógicas globales de las identidades étnicas y su mercantilización.

En ese tenor, el Estado beliceño no desaparece de su ámbito de “forjador de identidades”, sino más bien arbitra el juego de las afirmaciones étnopolíticas en un “dejar hacer” (Cunin & Hoffmann, 2014) y un “apoyo” limitado. Este proceso transita lentamente hacia el reconocimiento de las identidades étnicas, pero sin políticas claras

de redistribución de recursos orientadas étnicamente. Es decir, existe un «multiculturalismo discreto» en la medida en que hay discursos, políticas culturales y acciones estatales que enfocan la diversidad étnica, pero sin programas sociales concretos para paliar las desigualdades en las que se encuentra la mayoría de esos grupos.

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Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito https://upcv.gob.gt/wp-content/uploads/2017/07/ESTRATEGIA-DE-PREVENCION.pdf

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Obesidad, desnutrición y enfermedades crónico degenerativas conllevan serios riesgos para la región centroamericana https://www.estadonacion.or.cr/historico-noticias/550-01-02-2017-obesidad-desnutri cion-y-enfermedades-cronico-degenerativas-conllevan-serios-riesgos-para-la-region-centro americana

La doble carga de la malnutrición en Centroamérica: paradoja de la nutrición y el desarrollo https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/centroamerica/005/Panorama-Social/ PalmieriMetal2015DoblecargadelamalnutricionenCentroamerica.pdf

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“La Cuarta Invasión” – La crisis de agua en Guatemala http://www.entremundos.org/revista/politica/la-cuarta-invasion-la-crisis-de-agua-en-guate mala/

De la plaza a las Cortes. Análisis cualitativo de las condiciones estructurales y coyunturales de la administración de justicia para enfrentar los casos relativos a la corrupción www.elobservadorgt.com

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