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Editorial

Verdad y justicia para construir democracia

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“En nombre del pueblo de la República de Guatemala este tribunal dicta sentencia en el proceso que se sigue en contra de…” reza la primera línea de las mil 75 páginas de que consta la Sentencia C-01077-1998-00002 Of. 1ro., de fecha 23 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo Grupo “C”, en el juicio seguido a cinco altos ex jefes militares por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y por delitos contra deberes de humanidad y violación, cometidos en contra de Emma Guadalupe Molina Theissen, en hechos perpetrados en 1981.

La información sobre este histórico proceso judicial, por el que fueron declarados culpables y sentenciados cuatro de los cinco imputados (Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas), es suficientemente conocida como para insistir en detalles. Pero es del caso regresar a la primera oración de la sentencia: los juzgadores hablan “en nombre del pueblo de la República de Guatemala”. Y lo que a través de ellos está diciendo el pueblo de Guatemala es que nadie, por mucho poder que llegue a concentrar en sus manos, puede cometer delitos y pretender quedar en la impunidad.

Precisamente, la gran deuda histórica que adquiere la sociedad guatemalteca con la familia Molina Theissen consiste en que, gracias a su tenacidad y a su valentía para llevar a los tribunales a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, sumadas

a la correcta aplicación de la letra y el espíritu de las leyes por parte de los integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo Grupo “C”, en Guatemala se ha dado un paso adelante para rescatar la esperanza de que en el país se construya una sólida cultura de verdad, justicia y legalidad. Construcción realizada desde una institucionalidad que empieza a caminar por la ruta de la independencia judicial, apoyada en la racionalidad de la ley y no en la dudosa razón de la fuerza.

En 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los principales jefes militares sobrevivientes del derrotado ejército alemán, fueron juzgados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por un Tribunal Militar Internacional. La justicia que se impuso entonces se asentó en la fuerza armada de las potencias vencedoras en aquella conflagración. En cambio, en el caso que nos ocupa, los señores de la guerra, los matarifes de horca y cuchillo que asolaron Guatemala en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, fueron real y simbólicamente vencidos y condenados en juicio, sin más armas ni más fuerza que las de la verdad y la evidencia de los crímenes cometidos.

Esta diferencia entre el juicio a los criminales de guerra nazis y el seguido a los no menos criminales ex jefes castrenses guatemaltecos, no es un dato menor: habla de un esperanzador avance en el sistema de justicia de nuestro país, el cual ocurre en el marco de una intensificada lucha nacional por la independencia judicial y contra la impunidad, y en el marco de una extendida conciencia universal de respeto a los derechos humanos. Sin ambas circunstancias el resultado de este juicio no sería imaginable.

Muy probablemente, los sentenciados apelarán y los herederos de anacrónicos discursos de odio arreciarán sus campañas de calumnias y descrédito, tratando de descalificar el resultado del histórico juicio. Pero ha llegado la hora de la verdad y la justicia; es tiempo de defenderlas, porque solamente con verdad y justicia se podrá construir democracia en Guatemala.