PRÓLOGO

La investigación cuyos resultados se presentan en este documento se diseñó para conocer la situación de la infancia y adolescencia en el marco de la pandemia con una mirada desde las estructuras sociales. El objetivo no es menor dada la complejidad de las consecuencias derivadas de un fenómeno de características desconocidas e inusitada velocidad de propagación tanto a nivel global como interno.

El planteamiento de describir los efectos de una emergencia a partir del análisis de factores que forman parte constitutiva de la sociedad paraguaya supone un esfuerzo que requiere no solo datos estadísticos sino también categorías analíticas pertinentes para ese desafío. La comprensión de la situación de una parte del ciclo de vida a la luz de las estructuras sociales tiene como implicancia directa el abordaje de las desigualdades, dada la persistencia de profundas brechas en todos los ámbitos: económico –ingreso y tierra–, sociales –salud, educación y protección social–, territoriales –urbano/rural y departamentos– y sus encrucijadas de sexo y etnia.

Este reto impone una lectura longitudinal de la forma en que se construyen y acumulan diversas formas de discriminación y exclusión dando cuerpo a las desigualdades. Estos fenómenos son relacionales, es decir, las condiciones de algunos grupos poblacionales son parte de relaciones económicas, sociales y políticas en el que actúan jerarquías de poder. Desde esta perspectiva, las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en un momento determinado no pueden comprenderse sin ubicar a las personas y sus familias en un amplio mapa de factores interconectados y a lo largo de varias generaciones.

Este estudio constituye una aproximación a dicha complejidad buscando poner en el centro de la mirada a niños, niñas y adolescentes a partir de una multipli-

cidad de indicadores que permiten analizar holística e interseccionalmente los efectos de la pandemia considerando las condiciones previas.

El estudio asume la condición de vulnerabilidad como esencia del ser humano, razón por la cual se establecen relaciones de solidaridad y reciprocidad entre las personas que se concretizan a nivel familiar y comunitario, pero también a través de un contrato social en el que el Estado se compromete con funciones y responsabilidades.

La llegada de la pandemia mostró con claridad el papel de cada una de las principales instituciones, así como sus debilidades, falencias y retos futuros. Los datos expuestos en este estudio dan cuenta que las respuestas públicas fueron insuficientes y que las familias y comunidades, especialmente las mujeres, asumieron roles que, si bien contribuyeron a mitigar las consecuencias, también acentuaron las desigualdades y el rezago.

La incapacidad del aparato estatal para diseñar e implementar medidas que protegieran a la infancia y adolescencia luego de la llegada de la pandemia se enfrentó a una histórica debilidad de la gestión pública y a una limitada, desigual y desintegrada cobertura de los programas inexistentes. A esto se suma la baja calidad de las intervenciones. Estos resultados son expuestos con suma claridad en el libro a través de un extenso conjunto de indicadores nacionales y de cinco casos locales.

Si bien el estudio se centra en los últimos datos disponibles, la combinación de diferentes tipos de indicadores permite evaluar las condiciones actuales en la coyuntura de la pandemia como resultado de factores estructurales e históricos y dan la pauta de los retos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en la construcción de una trayectoria de vida autónoma y de calidad.

Analizar el presente con esos lentes da cuenta de las deudas que mantenía el Estado en la protección y adopción de las medidas para garantizar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también los desafíos que enfrentan las políticas públicas para saldar ese compromiso pendiente y dotarles del impulso necesario para aprovechar la ventana de oportunidades que ofrece (aun) el bono demográfico en el país. Una vida adulta autónoma, con capacidad productiva y con mecanismos que permitan reducir la incertidumbre, así como proteger a las personas y sus familias ante los riesgos constituye un pilar fundamental para un crecimiento económico sostenible e inclusivo, de la misma manera que a nivel macroeconómico la previsibilidad y la estabilidad son altamente valoradas para este mismo objetivo.

La política fiscal se constituye en un instrumento fundamental en este sentido ya que a través del financiamiento de políticas dirigidas a la infancia y adolescencia se garantizan derechos y se construyen las capacidades necesarias para el crecimiento económico y el desarrollo. En la vida adulta, los retornos retroalimentan el bienestar individual y colectivo, generando los recursos tributarios para continuar financiando el desarrollo. Más allá de los efectos de la pandemia sobre las personas, el endeudamiento generado para financiar las medidas gubernamentales se agrega a la deuda acumulada en años anteriores poniendo en riesgo la capacidad de pago del país. La sostenibilidad de la deuda estará bajo la responsabilidad de quienes hoy son adolescentes y bajo la presión del final del bono demográfico. Aunque este estudio se centra en el presente, expone los resultados del desarrollo durante al menos las últimas dos décadas pasadas y pone en perspectiva las oportunidades y limitaciones de las próximas cinco décadas. Pero más allá de contribuir al conocimiento sobre un sector mayoritario de la población, la evidencia que ofrece constituye un aporte teórico y empírico fundamental para la construcción de una agenda pública dirigida a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, potenciar el bono demográfico y sentar las bases para una trayectoria hacia el desarrollo.

Sin propuestas ambiciosas, aunque sean vistas como utópicas por algunos, será difícil que Paraguay supere su condición actual. La pandemia tuvo lugar en un país con muchos años de crecimiento económico, pero con altos niveles de informalidad y bajos ingresos laborales de las personas adultas, un extendido déficit habitacional, sistemas de salud y protección social de baja cobertura, integralidad y calidad, así como también con pocos riesgos atendidos y vacíos de políticas en áreas clave como el cuidado y la violencia.

Todos estos problemas pusieron a la infancia y adolescencia en una situación de vulnerabilidad extrema a la llegada del COVID-19, profundizando su condición anterior y poniendo en serio riesgo su futuro.

Nos enfrentamos ante un imperativo ético de cambiar estructuralmente la situación y ello requiere un acuerdo social que ponga en el centro de la política pública a niños, niñas y adolescentes, de manera que se concrete en una política fiscal progresiva y generosa en sus objetivos.

Verónica Serafini

Junio de 2021