1. Cuarenta y seis años de muertes y desapariciones forzadas Más de mil cincuenta periodistas asesinados y desaparecidos hicieron de América Latina el escenario más peligroso del mundo para el ejercicio profesional entre 1970 y 2015, período en el que se centra este estudio.1 Las noticias refieren de forma frecuente atentados no siempre relacionados con la actividad periodística, aunque la naturaleza de esta eleva el suceso a la agenda de los medios. Una circunstancia que discrimina positivamente la visibilidad de los periodistas en un entorno de violencia, que, por su amplitud, desborda los límites convencionales de la narración de la actualidad. Solo en Brasil, más de 55.000 homicidios al año, 10% de los que suceden en el mundo, argumentan una crónica inagotable del crimen, y en el conjunto de América Latina, una cifra en torno a 135.000 casos (unodc, 2014) supone, en los términos que establece la Organización Mundial de la Salud (oms), una situación de epidemia. Esta sangría humana, alejada del espectáculo de la guerra y prácticamente ausente en los medios del mundo, reduce a términos de normalidad los atentados contra periodistas, pero también 1 Según el Committee to Protect Journalists (cpj), en la guerra de Irak, durante un tiempo de conflicto considerado como «período récord», en cuanto a periodistas muertos, se registraron «al menos cien casos» entre marzo de 2003 y diciembre de 2011, con una media anual que podría situarse en torno a 17 fallecidos (Frank Smyth, «Iraq war and news media: A look inside the death toll», cpj, 18-03-2013 | https://cpj.org/x/53af).
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expresa, como rasgos descriptivos de la gobernabilidad regional, intolerancia, carencias en el sistema de libertades públicas y en la cultura democrática, cuando no una quiebra institucional. Expresión de estructuras sociales y políticas mal vertebradas, con debilidades, descubren Estados fallidos, simulaciones de democracia y realidades paralelas, circuitos regidos por la corrupción y la ignorancia del pacto de sociedad en el que se argumenta la lógica del Estado de derecho. En un entorno como este, el ejercicio del periodismo no solo es inviable e insostenible, en términos de libertad de acción, sino que se convierte en una actividad de alto riesgo. Hoy, frente al terrorismo de Estado de los viejos regímenes militares, movidos por un estímulo supranacional de «lucha contra la subversión», propio de la polarización extrema de la Guerra Fría, imperan la corrupción y el crimen organizado2 como instancias refractarias a la transparencia, necesitados de la opacidad en la que se desarrolla la actividad que fagocita la soberanía de las naciones. Nada de esto sería posible sin la ineficacia o la connivencia de las instituciones y los gobiernos. Connivencia necesaria sin la cual no se daría la impunidad generalizada que ampara a quienes delinquen. Complicidad de la justicia, de las fuerzas del orden, de los funcionarios, pero también de las empresas periodísticas en la configuración de los mimbres que arman las dictaduras perfectas.3 La condición de periodista, en muchas de las naciones de la región, ha sido desligada del derecho a la libre expresión, pero no tanto por los implantes normativos en los sistemas legales, sino por la práctica cotidiana, que los descubre en estados de precarización laboral, en los que, lejos ya del plano de las libertades públicas, aparecen desprotegidos como simples trabajadores. Una 2 El término crimen organizado se emplea de forma generalizada para denominar indistintamente a narcotraficantes, mafiosos, paramilitares, organizaciones y bandas criminales, etcétera. Para una distinción precisa en la región, véase «De Zetas a maras. Concepciones de mafia y crimen organizado en América Latina» (Montero, Abril y Herrera, 2013: 327-346). 3 El término dictadura perfecta fue empleado por Vargas Llosa para referirse a México, en una intervención televisiva en 1990, y es el mismo que da título a una película del cineasta mexicano Luis Estrada (2014). Lo desarrolla Chappell H. Lawson (2002) en su libro Building the Fourth Estate: Democratization and the rise of a free press in Mexico (Berkeley, ca: University of California Press).
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circunstancia ajena a las preocupaciones de entidades patronales que enarbolan la bandera de la libertad de prensa (caso de la Inter American Press Association [iapa]),4 y descuidan el fortalecimiento de la credibilidad y la independencia de los periodistas. Sin duda, a través de las fisuras provocadas por el desprestigio social de la profesión han penetrado contaminaciones que asocian la narración de la realidad al discurso de los gobiernos y a los silencios de la corrupción y del crimen organizado. Lejos de la idealización del mejor oficio del mundo, como lo definiera Gabriel García Márquez,5 en el recorrido por la muerte de más de mil cincuenta periodistas no todo es heroicidad, ni las causas de los crímenes se resuelven, y, cuando excepcionalmente se clarifican, no se pasa de la identificación del agresor material. Las circunstancias que llevan a esta anomalía latinoamericana forman parte de una culpabilidad coral que, en no pocos casos, prolonga el drama con la estigmatización de las víctimas, la impunidad de los crímenes y el mantenimiento de la profesión periodística en los estadios de la marginalidad laboral.
Libertad de prensa sin prensa plural Para las doctrinas que argumentan el Estado de derecho e integran las libertades públicas en el núcleo del modelo democrático, la libertad de prensa adquiere un valor determinante. Y lo es no solo porque forma parte del marco constitucional de un país, 4 En español, Sociedad Interamericana de Prensa (sip). Creada en Cuba en 1943, se refundó en Estados Unidos en 1950, con sede en Miami, Florida. De los 26 presidentes de la organización desde 1950, quince han sido estadounidenses, dos brasileños (Manoel F. do Nascimento y Julio de Mesquita Filho), dos mexicanos (Andrés García Gamboa y Andrés García Lavín), dos uruguayos (Luis Franzini y Danilo Arbilla), un chileno (Agustín Edwards), un costarricense (Manuel Jiménez), un peruano (Alejandro Miró Quesada), un dominicano (Rafael Molina Morillo) y un guatemalteco (Gonzalo Marroquín). 5 Intervención ante la 52 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (sip), Los Angeles, 7-10-1996. El sentido del discurso de García Márquez, ante el auditorio de empresarios y gestores de los medios impresos, apelaba a la bondad formativa de los periodistas, que debería sustentarse en tres pilares maestros: «La prioridad de las aptitudes y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, y la conciencia de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón».
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sino porque, en su actividad cotidiana, los medios y los periodistas operan sin obstáculos. Más allá de la construcción retórica hecha a partir de los textos legales, las convenciones internacionales establecen que los gobiernos están llamados a garantizar la libertad e impedir las obstrucciones al ejercicio de los informadores, por lo que en las virtudes de la práctica profesional, más que en ningún otro aspecto, es donde radica la naturaleza democrática de aquellos. La cuestión que se analiza, relativa a las agresiones a periodistas con resultado de muerte o desaparición, encuentra en América Latina6 escenarios críticos donde los actos criminales se producen de forma reiterada, circunstancia que pone de manifiesto la existencia de sistemas incapaces, fallidos o colonizados por expresiones ilegítimas de poder. Es aquí donde la opacidad, la injerencia sobre los medios y la creación de situaciones hostiles para el trabajo profesional se alían con los intereses del crimen organizado, la corrupción y la prevalencia de prácticas políticas ajenas al Estado de derecho. Al mismo tiempo, la excesiva concentración de la propiedad y la absorción por parte de corporaciones mercantiles de un espacio determinante de la pluralidad y la calidad de la democracia hacen difícil fijar los valores de la ética en el núcleo de la gestión social de los medios. No es posible atribuir a los sistemas de la región un denominador común o una definición que los homologue dentro de los registros convencionales (Hallin y Mancini, 2007, 2008), ni parece suficiente la ambigua etiqueta de sistemas híbridos (Chadwick, 2013). Aunque la diversidad de América Latina es grande y las diferencias entre naciones notable, hay una instancia homogeneizadora supranacional que se ampara en un discurso prevalente y absorbente de la libertad de prensa, a pesar de la paradoja que ello entraña. Una circunstancia que ha convivido con distintos regímenes políticos y mantiene la democratización de la prensa como asignatura pendiente. En entornos desiguales, con graves carencias y desequilibrios, la propiedad de los medios, en un proceso muy acelerado de concentración y escasa transparencia 6 Al hacer referencia a América Latina en este estudio, solo se incluyen las naciones de habla hispana y portuguesa.
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de su titularidad, encuentra mejores soluciones para la obtención de réditos industriales que respuestas a las necesidades de diálogo y pacto social como instancia fundacional de la prensa y enriquecimiento de la calidad de la democracia (McChesney, 2015). La disonancia entre el discurso mediático y el discurso de la opinión pública es otra de las anomalías, de modo que, con frecuencia, se advierte más oposición en la prensa que en los parlamentos (Moraes, 2011). El estado de salud de los medios y su proyección sobre las audiencias no pueden aislarse de la inestabilidad política y de los vaivenes en la gestión institucional de las distintas naciones. El democracy index, que elabora desde 2006 The Economist, revela un estancamiento en la región que no se corresponde con las expectativas de cambio alumbradas hace una década. Según la evaluación de 2014, solo Uruguay (17) y Costa Rica (24) aparecían entre las democracias consolidadas, en posiciones no muy diferentes de las del Reino Unido (16), Japón (20), España (22), Francia (23) o Italia (29).7 En el ámbito concreto de la libertad de prensa, los indicadores no reflejan mejoría. Edison Lanza, relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), en su intervención en la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (sip), celebrada en 2015 en Charleston, afirmó: «Lamentablemente, tenemos que decir que la cosa está peor y no logramos que bajen los niveles de violencia en términos de amenaza, hostigamiento y asesinatos». El problema, que podría calificarse de endémico, no es uniforme en la geografía latinoamericana. Lo que hace cuatro décadas se circunscribió a la acción del terrorismo de Estado, básicamente focalizada en el hemisferio sur, en las tres últimas se ha ido desplazando, de forma definida, al escenario de los narcopoderes, en las naciones del hemisferio norte. Aunque la cuestión tiene una importancia central, sorprende el relativamente escaso interés académico sobre un aspecto tan relevante en la configuración de los sistemas de medios en América Latina, directamente relacionado con el desarrollo de la democracia y de la libertad de prensa. El enfoque queda rele7 Democracy Index 2014: Democracy and its discontents.
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gado, con frecuencia, a una lectura gremial del problema o a la preocupación propia de iniciativas exteriores, como si el abordaje académico sobre los medios pudiese eludir la amenaza que degrada y pervierte su papel en la construcción social y política. Los estudios, en todo caso, tienen un carácter local, y es infrecuente encontrar análisis e indicadores que no sean los de organizaciones especializadas externas a la región.8 Las valoraciones internacionales sobre las prácticas democráticas en los distintos países del mundo suelen estar relacionadas con la posición de los gobiernos nacionales en el tablero geopolítico. La preocupación por el control de los medios y la orientación dominante hacia las posiciones conservadoras es habitual en los sistemas latinoamericanos, levemente polarizados, con oscilaciones matizadas por alternativas controladas de poder, que no cubren la amplitud natural del espectro político. Los medios públicos, allí donde existen, tienen una posición muy débil e, incluso, son vistos por las organizaciones internacionales especializadas como soluciones regresivas e innecesarias. Predomina una fuerte cohesión supranacional entre las corporaciones privadas, que son las que, en la práctica, administran la parcela de las libertades relacionadas con los medios. A pesar de las marcadas diferencias entre las naciones, se advierte una tendencia homogeneizadora y hasta una estrategia destinada a la convergencia normativa, apoyada en un conjunto de organizaciones especializadas que etiquetan la naturaleza de los distintos sistemas. La libertad de prensa adquiere un valor de centralidad en la narración autorreferente de los medios, aislada en ocasiones del marco institucional de la vida pública, con el riesgo de reducir la libertad de expresión a un discurso dominante que estigmatiza las voces alternativas. Además, la concentración de la propiedad provoca, en muchas naciones, un control de los resortes de expresión y su conversión en manifestaciones de una pluralidad muy reducida.
8 Entre las referencias de conjunto, los informes anuales de la Relatoría Especial de la oea o el trabajo de esta organización Estudio especial sobre asesinato de periodistas (oeacidh, 2008).
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El mensaje dominante de los medios muestra una crítica templada cuando las reglas de juego son degradadas por regímenes conservadores que violentan los marcos constitucionales, pero exagera su oposición ante los gobiernos que, aun habiendo sido legitimados en las urnas, se alejan de ciertos encajes políticos tenidos por modelo. Hay, pues, una lectura polarizada de la realidad que dificulta situar el análisis crítico en un punto de equilibrio, en el que se adviertan las fortalezas y las debilidades en cada uno de los países que integran América Latina. Al atenuarse las denuncias sobre las graves carencias en materia de libertad de prensa de las naciones alineadas con la política exterior de Estados Unidos, pierden legitimidad las referidas a las irregularidades y las vulneraciones en las naciones alejadas del modelo de referencia.
Libertad de prensa e imagen exterior Aun partiendo de un escenario muy amplio y diverso, descrito por grandes diferencias en las culturas políticas y fuertes oscilaciones en los proyectos nacionales, hay una imagen dominante en torno a la libertad de prensa que describe una panorámica negativa sobre la región, sin distinción de matices. El asesinato de un periodista en Sinaloa, por ejemplo, alcanza al conjunto de América Latina, percibida como una geografía escasamente evolucionada en materia de libertades públicas y desarrollo democrático. Las noticias de periodistas asesinados, que en la última década se han asociado más a México, aparecen como sucesos descontextualizados, que son recogidos por los grandes medios del mundo como una anomalía regional. Esta impresión se corresponde también con las valoraciones de ciertos indicadores, de relativa fiabilidad, que relegan a la mayoría de las naciones latinoamericanas a los niveles de ausencia de libertad, más propios de los regímenes autoritarios. De acuerdo con la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (rsf) de 2016, relativa al año 2015, doce países se encontrarían entre los más alejados de los niveles de referencia en cuanto a la libertad de prensa. De 180 naciones evaluadas, además de Cuba, situada en 27
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