A fines del 2015, los argentinos tuvimos que optar entre dos versiones de la misma política ajustadora.
Buena parte de la docencia de la provincia de Formosa, harta de la escalada inflacionaria, del impuesto a las
Editorial
ganancias y del autoritarismo gubernamental, votó como mal menor a Macri. El resto apoyó a Scioli. Pero tal como habíamos advertido desde Tribuna Docente y desde el Partido Obrero, los dos candidatos de los partidos patronales venían a resolver la bancarrota económica del kirchnerismo -generado por el pago serial de la deuda externa y la sistemática transferencia de riqueza a los grandes pulpos económicos- del mismo modo: imponiéndole al pueblo trabajador que corra con todos los gastos.
Así, desde diciembre hasta la fecha, el nuevo gobierno nacional, con el apoyo del kirchnerismo, ahora
en la oposición, viene aplicando un ajuste brutal sobre la masa laboriosa argentina: devaluación, tarifazos,
arreglos salariales por debajo de la inflación, recortes en los gastos sociales y en el presupuesto educativo. Mientras tanto, aumenta las ganancias de los empresarios, y, para colmo, le paga a los fondos buitre. Esta do-
ble actitud muestra claramente que las penurias del pueblo trabajador no obedecen a la carencia absoluta de
recursos para satisfacer sus demandas, sino que desde el poder político se decide utilizar la riqueza nacional para sostener los niveles de ganancia de los empresarios y banqueros.
La profundización del deterioro de las condiciones laborales y salariales de los docentes que estas de-
cisiones políticas conllevan se constata con más claridad en la provincia de Formosa. En nuestra provincia, las décadas de autocracia gildista han llevado a que Formosa figure entre las jurisdicciones provinciales del país en la que los docentes perciben los salarios más bajos y, además, en la que la incidencia de la precariedad es mayor. Añadido a esto, las condiciones laborales también son desoladoras. Por un lado, la infraestructura es
deplorable e insuficiente, y la proclamada construcción de nuevos edificios solo es una fachada para encubrir
los negociados de las empresas constructoras parasitarias. Sobre este punto es importante mencionar que la oposición provincial celebra este supuesto “logro” del gobierno provincial, desnudando de este modo su coincidencia con la política anti-educativa del gobierno peronista provincial, más allá de su cacareo “opositor”.
Por el otro, se suma el carácter extremadamente autoritario y venal del funcionamiento educativo, en el cual los docentes somos cotidianamente humillados, en el cual no se respetan las normas legales establecidas, y en el cual impera la arbitrariedad y el despotismo de los funcionarios. Se persigue e intimida a los do-
centes, y se reprime brutalmente a los estudiantes secundarios. En los últimos años, incluso, se han recortado libertades democráticas consagradas por normativas anteriores (se redujo la representación docente en las Junta de Clasificación, por ejemplo). A esto se agrega la creación del infame IPP, que quiere convertir a todos los docentes de la provincia en punteros políticos del PJ.
El ajustazo macrista, muy lejos de venir a aliviar estos males, viene a imponer una nueva capa de opresión sobre estas condiciones ya desesperantes del sistema educativo provincial.