Desaparición forzada

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS. La Constitución aprobada en el año 1999 consagra una serie de Derechos y Deberes inherentes a todos los individuos es por esta razón es que el Capítulo III De los Derechos Civiles en su Artículo 45 hace referencia a que ninguna autoridad pública sea civil o militar podrá practicar o de alguna manera tolerar la desaparición forzada de personas de igual manera se pude negar al cumplimiento de ordenes y a su vez denunciar ante los órganos jurisdiccionales tal irregularidad, es por esta razón que a través de los organismos internacionales se han activado una serie de instrumentos jurídicos que sirven de apoyo a la preservación de los Derechos Humanos en todo el continente. La Carta Magna Venezolana en su Artículo 23 establece que todos los tratados, pactos y convenciones a derechos humanos suscritos y ratificados por la república tiene jerarquía constitucional y a su vez van a prevalecer en el orden interno es decir que la declaración que va ha ser analizada goza de todo el beneplácito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en vista de que la misma protege los Derechos Humanos y ampara a todas las personas contra las desapariciones forzadas de las cuales puedan ser victimas.

Cuando se habla de Desapariciones Forzadas es evidente que existe una grave violación a los Derechos Humanos en vista de que la misma viene acompañada de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los individuos y muchas veces estas desapariciones son llevadas a cabo por organismos del estado contra personas que de alguna u otra forma son considerados adversarios o enemigos del gobierno de turno, muchas de las desapariciones forzadas llevadas a cabo en el mundo han sido contra: periodistas, dirigentes políticos, dirigentes sindicales e incluso hasta los mismos delincuentes y personas inocentes no escapan de tal irregularidad.

En por esta razón que los países de la comunidad internacional se reunieron y aprobaron un instrumento que de alguna forma ayude a aliviar los actos de desaparición forzada llevadas a cabo por gobiernos dictatoriales o militares por ello fue aprobada con al auspicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992, ya que la misma a raíz de los hechos y las denuncias presentadas ante su seno profundamente y preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, una clara y sistematizada violación a los Derechos Humanos en vista de que no se pude tolerar de ninguna forma que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley, y a su ves torturar y darles tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta incluso ejecutarlos.

Es evidente que todas las desapariciones forzadas por más significativas que aparenten van a afectar de una u otra forma los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática y reiterada representa un crimen de lesa humanidad castigado por y repudiado por los organismos tanto nacionales como internacionales y que en muchas legislaciones del mundo estos crímenes no tiene prescripción y no pueden se beneficiados con el indulto o la amnistía, es decir, que los responsables de crímenes de esta naturaleza podrán ser perseguidos y encarcelados en cualquier momento, ya que la acción penal no se va a detener, un ejemplo muy claro lo tenemos en Chile, Argentina, y Yugoslavia en donde los militares y jefes gubernamentales amparados en el poder cometieron vejámenes en contra de civiles u opositores políticos, y hoy en día han sido perseguidos y enjuiciados por todas las actividades violatorias de los Derechos Humanos entre

estas la desaparición forzada de personas. Es muy importante conocer que ahora con el emplazamiento del el tribunal Penal Internacional de la Haya estos delitos van a ser sancionados con mayor celeridad, respetando los derechos fundamentales de todo proceso como el derecho a la defensa, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos que estas personas nunca respetaron mientras gozaban del poder.

Es evidente la preocupación en diversas partes del mundo en relación con la desaparición forzada o involuntaria de personas y conmovida por la angustia y el pesar causados por esas desapariciones evidentemente violatorias de los Derechos Humanos y de todos los derechos y garantías consagrados en los instrumentos internacionales , las Naciones Unidas pidió a los gobiernos del mundo que de una u otra forma garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y encargadas de la seguridad tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a desapariciones forzadas o involuntarias, recordando igualmente la protección que otorgan a las víctimas de conflictos armados los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977 y teniendo en cuenta especialmente los artículos pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que garantizan a toda persona el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho a no ser sometido a torturas y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y en cuenta además la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que dispone que los Estados partes deben tomar medidas eficaces para prevenir y reprimir los actos de tortura, y presente el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios fundamentales sobre la utilización de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Para impedir las desapariciones forzadas es necesario asegurar el estricto respeto del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, además estando presente que, si bien los actos que contribuyen a las desapariciones forzadas constituyen una violación de las prohibiciones que figuran en los instrumentos internacionales antes mencionados y de los Derechos Humanos, es con todo importante elaborar un instrumento que haga de todos los actos de desaparición forzada delitos de extrema gravedad y establezca normas destinadas a castigarlos y prevenirlos. En Venezuela el Código Penal fue reformado y se le incluyo el Artículo 181-A, en donde de una manera muy explicita se desarrollan los parámetros legales referidos a este grave delitos y en donde sus participes, van a ser sancionados con penas de quince a veinticinco años de presidio y sus cómplices o encubridores con penas de doce a dieciocho años, el legislador quiso ser muy severo en la aplicación de castigos a estos individuos y trato de prevenir que existan lagunas jurídicas en la aplicación de este artículo pero consideramos que lo ideal seria aprobar una ley especial que regule la materia sobre la desaparición forzada de personas a fin de evitar que existan vacíos en la legislación nacional y fomentar le celeridad en todo proceso que se lleve a acabo.

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas proclama un conjunto de principios que deben se aplicables por todos los Estados adheridos al instrumento internacional antes referido; e insta a que se haga todo lo posible y en todas las esferas por dar a conocer y hacer respetar estos principios.

Es concluyente decir que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y un acto violatorio cruel, degradante a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales sobre la materia.

Los actos de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de

las normas del Derecho Internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida.

Establece la Declaración que los Estados deberán tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales que sean necesarias para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio. Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad, las legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada.

Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado conforme a los principios del Derecho Internacional, El Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada, toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla en vista de las circunstancias de la mismas, además los Estados velarán por que se prohíban las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas de personas en cualquier momento, ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas.

En el marco de todo recurso, las autoridades nacionales competentes tendrán acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, así como a todo otro lugar donde haya motivos para creer que se pueden encontrar las personas desaparecidas forzadamente, también se podrá tener acceso a esos lugares cualquier otra autoridad competente facultada por la legislación del Estado o por cualquier otro instrumento jurídico internacional del cual el Estado sea parte.

Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión, se deberá proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad, en todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado de todas las personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán medidas para tener registros centralizados análogos.

La puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad y, además, que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos. Los Estados establecerán en su legislación nacional normas que permitan designar a los agentes del gobierno habilitados para ordenar privaciones de libertad, fijen las condiciones en las cuales tales órdenes pueden ser dadas, y prevean las penas de que se harán pasibles los agentes del gobierno que se nieguen sin fundamento legal a proporcionar información sobre una privación de libertad. Los Estados velarán igualmente por que se establezca un control estricto, que comprenda en particular una determinación precisa de las responsabilidades jerárquicas, sobre todos los responsables de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así como sobre los demás agentes del gobierno

habilitados por la ley a recurrir a la fuerza y utilizar armas de fuego. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.

Los presuntos autores de actos de desaparición forzada en un Estado, cuando las conclusiones de una investigación oficial lo justifiquen, deberán ser entregados a las autoridades civiles competentes a fin de ser procesados y juzgados. Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo presunto autor de un acto de desaparición forzada, que se encuentre bajo su jurisdicción o bajo su control, sea sometido a juicio.

Los presuntos autores, cómplices o encubridores de cualquiera de los actos de desaparición forzada previstos en la declaración serán suspendidos de toda función oficial durante la investigación mencionada en el, hasta tanto no conocer la participación que tuvo este o estos en el delito.

Se garantizará a los presuntos autores de tales actos un trato equitativo conforme a las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales vigentes en la materia en todas las etapas de la investigación, así como en el proceso y en la sentencia de que pudieran ser objeto.

Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos. Cuando los recursos previstos en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se suspenderá la prescripción relativa a los actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos recursos. De haber prescripción, la relativa a actos de desaparición forzada ha de ser de plazo largo y proporcionado a la extrema gravedad del delito.

Los autores o presuntos autores de estos actos no se beneficiarán de ninguna amnistía o indulto u otras medidas análogas que tengan como efecto inmediato exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal prevista en la legislación nacional, por tal razón deberá tenerse en cuenta la extrema gravedad de los actos de desaparición forzada y violatorios a los Derechos Humanos.

Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización. Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen.

Par tal fin, los Estados concluirán, según proceda, acuerdos bilaterales o multilaterales, es decir, que los Estados procederán a ayudarse y a tomar en cuenta todos los instrumentos jurídicos que hayan suscrito y ratificado sobre la materia a fin

de tener un mayor campo de acción y de sanción para los individuos implicados en la materialización de este delito gravísimo violatorio de los derechos humanos y de casi toda la mayoría de los tratados internacionales a nivel mundial.

PRINCIPIOS RELATIVOS A UNA EFICAZ PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS EJECUCIONES EXTRALEGALES, ARBITRARIAS O SUMARIAS. Estos 20 principios fueron adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidad el 24 de mayo de 1989, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 15 de diciembre de 1989.

El primero de estos principios establece que todo gobierno debe incluir en sus leyes la prohibición de todo tipo de ejecución extralegal, de carácter arbitrario o sumario y a su vez para que todos estos actos violatorio de los derechos humanos sean tipificados como delitos y a su vez sean sancionados conforma a la gravedad del mismo, no habrá excusas para justificar la aplicación de estos actos crueles y degradantes de la integridad física, es decir que no se podrán llevar a cabo ninguna de estos actos alegando situaciones de conflicto, guerras, conflictos políticos o abuso de poder por parte de un funcionario público.

Lo que se pretende es evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias es por esta razón que los gobiernos deberán establecer una estricta y categórica jerarquía de mando entre todos sus funcionarios que son responsables de hacer capturas, detenciones, arrestos, custodia etc, es decir de todos los funcionarios autorizados para usar armas de fuego, con el fin de evitar desviación de ordenes, es decir, que todo sea una línea vertical de mandos y de ordenes que nadie pueda pasar por encima de otro y si lo hace someterse a las debida sanciones administrativas y penales establecidas en las leyes y reglamentos.

Todo individuo que reciba ordenes superiores de realizar ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias tendrá el derecho y el deber de negarse rotundamente a cumplir esa orden en vista de que son claramente violatoria de los derechos humanos y de los tratados internacionales en la materia y que la misma reviste sanciones severas para los sujetos participes de estas acciones.

El Estado en ejercicio de sus funciones deberá velar por garantizar de una manera clara y eficaz a todos los particulares o algún grupo que estén en peligro inminente de ejecución extralegal, arbitraria o sumaria y en lo particular a aquellos que reciban amenazas de muerte, como es el caso de testigos eventuales de crímenes que son amenazados para que no presten si declaración, es por ello que el Estado debe proteger a estas personas.

Estos principios establecen de que ninguna persona será obligada a regresar o ser extraditada a un país en donde existan los suficientes motivos para creer que puede ser víctima de ejecución extralegal, arbitraría o sumaria .

Todos los gobiernos debe velar para que las personas que están privadas de libertad se mantengan en lugares públicos de reclusión y que estos a su vez les proporcionen a sus familiares u abogados toda la información exacta sobre su paradero y sobre los traslados que le vayan a realizar, esto con la finalidad de impedir que estas personas sean trasladadas a otros lugares con fines degradantes o violatorio de los derechos humanos.

Cualquier inspector debidamente capacitado podrá inspeccionar sin previo aviso los lugares de reclusión a fin de corroborar sus condiciones y las condiciones de las personas que se encuentran allí, con el fin de determinar si están las personas que deberían estar por esta razón podrán tener acceso a sus antecedentes.

Los Estados deberán hacer lo posible para evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias ya sea haciendo denuncias públicas, intersecciones diplomáticas etc, y deberán colaborar cuando existan sospechas de estos delitos con las investigaciones al respecto, para evitar estos actos deben de adecuarse leyes nacionales sobre la materia previniendo sanciones y procedimientos para la subsanación de los mismos.

Le norma establece que todas investigación tendiente a determinar ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias debe realizarse de forma exhaustiva. Todo gobierno impulsarán órganos y procedimientos de investigación adecuados para realizar estas indagaciones.

Lo que se pretende con esta investigación es determinar la causa, la forma y el momento de la muerte y que persona y en que momento fue provocado, en todo el proceso investigativo se realizaran autopsias y recopilaran todas las pruebas necesarias de interés criminalistico y determinara las cusas de la muerte, es decir, que con un proceso minucioso de investigación se puede determinar los autores tanto intelectuales como materiales de las ejecuciones, es por ello que todo gobierno debe poseer cuerpos de investigación especializados en la investigación criminal que cuente con equipos de alta tecnología para así llevar a cabo rápidamente cualquier tipo de búsqueda.

En todo poder público debe existir una autoridad con amplias facultades para obtener información necesaria para la investigación, además de que obtendrán todos los recursos

presupuestarios y técnicos necesarios par una investigación eficaz, estas autoridades de investigación podrán hacer todas las actividades necesarias para llegar encontrar a los autores intelectuales y materiales siempre y cuando todo lo realicen conforme a las leyes nacionales y a los tratados internacionales, estas autoridades tendrán plenas facultades en la investigación y todos los organismos y personas deberán prestarle la debida colaboración para el esclarecimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad.

Se puede dar el caso en que los procedimientos de investigación resulten insuficientes debido a múltiples razones, por esta razón el Estado podrá apoyarse en otros organismos auxiliares independientes que puedan llevar a feliz término la investigación. Este organismo estará facultado para obtener toda la información necesaria para la investigación.

Estos principios establecen la no realización de inhumaciones, incineraciones del cuerpo de cualquier persona fallecida hasta que un médico forense haya realizado la autopsia adecuada, la norma establece que la persona que realice la autopsia tendrá acceso a todos los datos de la investigación que necesite, todas las actividades de investigación llevadas a cabo sobre el cadáver deberán estar permisadas por unipersonal calificado, en el caso de que se descubran restos óseos deberán hacerse los debidos estudios antropológicos de manera minuciosa y conforme a las técnicas establecidas para el caso. El cuerpo deberá estar a disposición de quienes realicen la autopsia con el objeto de que se pueda llevar a cabo una investigación minuciosa, e la autopsia se deberá determinar los rasgos característicos de la persona, y se deberán elaborar descripciones detalladas con el fin de documentar la investigación, además el informe deberá describir todas las lesiones que presente la persona fallecida todo esto con el fin de determinar si hubo tortura, todas las personas que realicen las autopsias deberán llevar a cabo sus actuaciones con imparcialidad independencia etc.

Todas las personas que de una u otra forma estén involucradas en el proceso de investigación ya sea como investigadores, médicos, familiares, serán debidamente protegidos de amenazas de cualquier índole y todas las personas que estén siendo investigadas serán apartadas de sus puestos de poder con el fin de no ejercer control o presión directo sobre estas personas. Los familiares de la persona fallecida tendrán acceso a las audiencias que se lleven a cabo así como toda la información pertinente a la investigación en todo el procedimiento con respecto al fallecido la familia podrá insistir en

la presencia de un médico calificado de ellos para que se encuentre presente en la autopsia, una vez finalizada la investigación y después que se anunciare públicamente le fallecimiento las autoridades procederán a la entrega del cadáver a sus familiares.

Una vez terminada las investigaciones se redactará un informa sobre las conclusiones de la misma, el cual será publicado con todos los procedimientos llevados a cabo, las pruebas evaluadas, las conclusiones y las recomendaciones basadas en los resultados del hechos e la legislación aplicables, el informe contendrá los hechos ocurridos, enumerará nombre de los testigos, una vez finalizado el informe de la investigación el Estado indicará las medidas que se llevarán a cabo.

Todos los gobiernos deben de poner de su interés por que sean juzgadas todas las personas que al final de la investigación fueron indicadas como participes en las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Estas personas deberán comparecer ante las justicia con el fin de que responda por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y podrán a su vez ser perseguidos en el lugar en donde se encuentren. Es menester conocer que no se podrá alegar el cumplimento de una orden de un funcionario superior para le ejecución extralegal, arbitraria o sumarias, aunque los funcionarios superiores podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad, no podrá alegarse ninguna circunstancias para eximirse de culpas.

Los presentes principios le otorgan a los familiares a las personas que estén a cargo de las víctimas el derecho a recibir, dentro de un tiempo razonable, una compensación justa y suficiente.

Con esto lo que se pretende es que de una u otra forma se preserven los derechos humanos de las personas y a su vez garantizar los derechos fundamentales que tiene todo individuo como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el respeto a la integridad física, el respeto a la dignidad humana todo esto conforme a los distintos instrumentos internacionales relacionados con la materia d e los derecho humanos suscritos y ratificados por la república.