PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo a la creación de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión en el Estado de Oaxaca al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES La violencia, narcotráfico y crimen organizado han convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer diversas profesiones entre ellas el periodismo el cual ha sido impactado de manera preocupante. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República, de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 se habrían dado 798 denuncias de delitos contra periodistas agredidos en represalia a la labor informativa que exhibe los casos de impunidad y de corrupción que el crimen organizado mantiene en colusión con diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno. El 8 de febrero de 2016, la recomendación 24 / 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaba que “el incremento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico en México. La falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, así como la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es objeto este gremio, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se ve vulnerado”. La misma recomendación citada señala que las cifras de agresiones lejos de disminuir han aumentado en el período que va de 2000 a 2015 lo que, además de lo anterior, demuestra“ que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, tales como desapariciones, lesiones, amenazas, intimidación y atentados a medios de comunicación. A ello se suma la ineficaz actuación de las autoridades procuradoras de 1
justicia, las cuales no han logrado esclarecer los diversos hechos delictivos de los que resultan víctimas los integrantes del gremio periodístico”. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “entre las principales omisiones atribuibles a las autoridades procuradoras de justicia, en ejercicio de sus funciones, se advierte que en una importante cantidad de casos, la falta de diligencias necesarias para esclarecer los hechos, o bien, el prolongar el tiempo de la integración de las indagatorias sin lograr en la mayoría de los casos su determinación”. La CNDH, al analizar las denuncias y los delitos cometidos llega a la conclusión de que las entidades en las que ocurre la mayor incidencia de agravios contra periodistas son: “Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca”, Estados que “concentran la mayor cantidad de homicidios. De 2000 al 31 de enero de 2016, casi seis de cada diez homicidios de periodistas en el país han sucedido en estas cinco entidades federativas”. De manera particular, la CNDH determinó que “el caso de Oaxaca, envuelto en un conflicto social vigente desde hace ya algunas décadas, pone de manifiesto un ejemplo más de incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores. Al encontrarse desarrollando su labor periodística, éstos resultan víctimas de amenazas y agresiones directas no sólo por parte de la delincuencia organizada, sino también por autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno e, incluso, por parte de grupos civiles organizados”. Diversas organizaciones de periodistas documentaron que en Oaxaca, en el año 2016, se cometieron ocho asesinatos contra la libertad de expresión y existen treinta y cinco averiguaciones previas por otros ilícitos como agresiones, intimidaciones, hostigamiento y demás relativos a ataques contra la libertad de expresión. Aunado a lo anterior, el 3 de octubre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el decreto que adiciona el título vigésimo quinto denominado: “Delitos contra la libertad de expresión” y los artículos 424 y 425 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca que tipificó los delitos contra la libertad de expresión estableciendo penas hasta de cuatro años a quienes atenten contra periodistas y profesionales de la información. El 17 de marzo de 2017, la Secretaría Particular del Fiscal General del Estado de Oaxaca remitió a la presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medio de Comunicación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe relativoo a la revisión y seguimiento de la problemática de agresiones de las que son objeto los profesionales de la comunicación en el Estado de Oaxaca.
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En ese documento se dio a conocer el estado procesal de trece carpetas de investigación relativas a posibles delitos contra periodistas en diversas regiones del Estado de Oaxaca. De igual forma, el documento citado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca afirma el compromiso de ese órgano de “asumir con responsabilidad la función de impartición de justicia, específicamente la investigación y persecución de los delitos; en razón de ello, el 17 de agosto de 2013 fue publicado en el Diario Oficial del Estado la creación de la agencia del Ministerio Público especializado en delitos cometidos contra la libertad de expresión; sin embargo, con el fin de buscar una mayor eficacia a las investigaciones derivadas de los delitos de alto impacto cometidos en agravio de las personas que ejercen la actividad periodística, con fecha 02 de julio de 2016, se dicta el Acuerdo por el que se determina la incorporación de la mesa de homicidios de periodistas de la Fiscalía de investigaciones de trascendencia social al área de homicidios de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto dependiente de Esta Fiscalía General del Estado”. Es por esto que, como afirma la recomendación 24 / 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “resulta especialmente la falta de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en las que se advierte una mayor incidencia de agresiones en contra de periodistas y comunicadores. Por mencionar algunos, en los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas donde tienen lugar más de 4 de cada 10 homicidios de periodistas en nuestro país, no se cuenta con agencias investigadoras especializadas en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, por lo que debe promoverse su creación”. De esta forma es necesario el exhorto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, consideree revertir el acuerdo por el que se determina la incorporación de la mesa de homicidios de periodistas de la Fiscalía de investigaciones de trascendencia social al área de homicidios de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto dependiente de Esta Fiscalía General del Estado, publicado el 02 de julio de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, y considere la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión ya que Oaxaca es uno de los Estados del país con más atentados cometidos contra los profesionales de la comunicación para que esta Fiscalía, siguiendo las consideraciones de la Recomendación 24 / 2016 de la CNDH, sea una entidad especializada y “dotada de los elementos técnicos y capacitación adecuada que le permita realizar las investigaciones imparciales, rápidas y serias que lleven a la identificación de los responsables de agresiones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación” que no sea una mesa dependiente de otras Fiscalías ocupadas en la atención de distintos delitos ya que la problemática del Estado exige la aplicación de medidas para la persecución específica de los delitos cometidos 3
contra la libertad de expresión y de la labor realizada por periodistas y medios de información ya que, en la mayoría de los casos, las investigaciones se han desviado hacia delitos distintos. Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente Proposición con punto de: ACUERDO PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para que abrogue el Acuerdo por el que se determina la incorporación de la Mesa de homicidios de periodistas de la Fiscalía de Investigaciones de trascendencia social al área de homicidios de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Alto Impacto dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de julio de dos mil dieciséis. SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en atención de la recomendación general 24 / 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordene a la Fiscalía General del Estado a promover y crear la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión como órgano especializado que realice investigaciones específicas sobre agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Suscribe,
Dip. Natalia Karina Barón Ortiz.
Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 01 de junio 2017.
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