PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA DIP. KARINA BARÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES A CONSULTAR E INCORPORAR EN LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, Dip. del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores para que en el proceso de renegociación del TLCAN se lleve a cabo un proceso de consulta pública y se incorporen a la negociación de manera formal a los más diversos sectores productivos nacionales, regionales y locales, así como a los tres niveles de gobierno.
Consideraciones La percepción general de fines del año pasado e inicios del presente, de que Estados Unidos podría romper unilateralmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre Canadá, Estados Unidos de América y México, ha quedado en el pasado. La ruta de la renegociación y “modernización” del Tratado es la que
va imponiéndose como más viable, en medio de los
temores, contradicciones e incertidumbre propios de un replanteamiento global de los asuntos que comprende el TLCAN.
Sin presentar todavía una agenda integral, pero señalando reiteradamente como interés prioritario para su país mejorar la balanza comercial y establecer nuevas
reglas en el sector manufacturero, los negociadores de los Estados Unidos son quienes vienen marcando el paso y dictando las materias a renegociar, destacando como temas centrales: las reglas de origen, energía, medio ambiente, propiedad intelectual, comercio electrónico y una cláusula sobre política cambiaria; además de mencionarse, aunque con menor fuerza, los temas de movilidad migratoria y laboral, la seguridad nacional y el sector agropecuario. Mientras que el gobierno de Donald Trump oficializó, el pasado 18 de mayo, ante el congreso de su país los temas generales y el inició de los 90 días de consultas para arrancar con el proceso de renegociación a partir del 16 de agosto próximo; y por su parte, el gobierno de Canadá, en voz de su ministra de relaciones exteriores, Chrystia Freeland, declaró que “consultará a las provincias, territorios, comunidades, sindicatos y empresas de su país para examinar las prioridades y defender los intereses de Canadá en esas negociaciones”, en el caso de México hasta ahora el único jugador es el Ejecutivo Federal y todo son generalidades, vacilaciones y opacidad. Aun cuando en varios momentos los Secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores han declarado a la opinión pública estar listos para sentarse a la mesa de negociación, siguen moviéndose por las ramas, con posiciones tan generales como la del Secretario de Economía cuando dice: “México espera un proceso de negociación constructivo que aumente la cooperación, integración y competitividad regional”; “no se aceptará regresar al proteccionismo y a un tratado comercial de cuotas y aranceles”. Lo cierto es que desconocemos cuales son las prioridades de la agenda para el Gobierno Mexicano, cual es la postura concreta sobre cada uno de los temas planteados por las contrapartes; cuales serán las salvaguardas para garantizar los derechos de los mexicanos y como proteger a los sectores productivos con menor desarrollo; pero sobre todo, cual será la participación del pueblo de México y de los diversos actores que se verán afectados más directamente con la
renegociación del TLCAN… todo parece indicar que la estrategia de la representación mexicana consiste en improvisar sobre la marcha y bailar al son que nos toque la contraparte estadounidense, como lo prueba la renegociación del acuerdo de exportación e importación de azúcar, en donde dócilmente se han aceptado las condiciones onerosas de los negociadores estadounidenses, afectando gravemente al sector de los productores de caña de azúcar. Pese a que en las formalidades se habla simplemente de una renegociación de reglas comerciales entre los tres países de América del Norte; en realidad, por el contenido de los temas que se abordan y el conjunto de la negociación, estará en juego la forma de vida futura de 500 millones de personas que habitan en la zona; será una restructuración global de las barreras y sinergias de la región más productiva y competitiva del mundo; estarán en la mesa de la discusión la soberanía de la nación, el desarrollo industrial, comercial y financiero, así como el empleo, la biodiversidad, el medio ambiente y la seguridad alimentaria de los mexicanos. Después de 25 años de TLCAN y de las consecuencias brutales para sectores diversos de la economía nacional, no se debería ir a una renegociación de esta naturaleza sin evaluar críticamente los resultados y sin involucrar en las decisiones la pluralidad organizada de todas las voces de la población. Hay sin duda áreas de la economía y el comercio en donde la firma del TLCAN fue exitosa; hay muchas otras en donde fue un desastre, señaladamente el sector medio ambiental, el agropecuario y las pequeñas y medianas empresas. El Ejecutivo Federal no puede ir solo en estos asuntos cruciales para el destino de México. Sin duda podemos
salir fortalecidos como nación de este proceso, pero
se requiere sumar, escuchar los intereses de todos los actores, aprovechar las experiencias del proceso anterior del TLCAN, generar la más amplia discusión y consensos de todos los sectores en torno a los temas y las prioridades del nuevo TLCAN. No es exagerado afirmar que del nivel y amplitud de la representación, de
la fortaleza y la claridad con la que se lleven a cabo las posturas en la negociación, dependerá que se alcance un pacto integral virtuoso para la población de las tres naciones; o por el contrario, que la nueva “oportunidad” desemboque en una catástrofe, en una integración distorsionada, de sometimiento y subordinación para la nación mexicana como ha ocurrido hasta ahora. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, dice estar listo para iniciar la renegociación del Tratado. En este proceso han sido incorporados de manera formal únicamente las cúpulas empresariales y financieras. Están ausentes actores clave para el país como las organizaciones obreras; los académicos y científicos; los pequeños y medianos productores
del
sector
rural;
las
pequeñas
y
medianas
empresas;
la
representación de los pueblos originarios; el Congreso de la Unión y el Poder judicial, así como los diferentes niveles de gobierno. El Ejecutivo Federal no puede adjudicarse la representación de los intereses vitales de este conjunto de actores; tampoco reunir la expertiz suficiente en temas tan bastos y complejos; igualmente la negociación no se llevará a cabo en una sola mesa sino en varias, donde se sienten en igualdad de condiciones los pares de los diversos sectores productivos de las tres naciones. Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores para que en el proceso de renegociación del TLCAN se lleve a cabo un proceso de consulta pública formal a los más diversos sectores productivos nacionales, regionales y locales, así como a los tres niveles
de gobierno, tanto de los temas como de los términos y procedimientos de la negociación. SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a organizar y establecer los mecanismos institucionales adecuados para que los diversos sectores de la economía nacional se incorporen permanentemente a las negociaciones del TLCAN con sus pares de Canadá y de los Estados Unidos de América, así como a las instancias oficiales de la negociación.
Suscribe, Dip. Natalia Karina Barón Ortiz
Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017