Represión y resistencia social en Puebla1 42 aniversario de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre Jaime Castillo Para Simitrio, ejemplo recurrente de exclusión social y política, violatoria de los derechos humanos.
Este texto cuestiona el origen de la represión y la resistencia social en Puebla, considerando que no se trata sólo de un problema local sino de la combinación de, por lo menos, tres cuestiones. A saber: la primera, vinculada a los efectos del acrecentamiento de la aplicación de las políticas económicas neoliberales de alcance nacional; la segunda, ligada al uso discrecional de las políticas públicas de contenido neoliberal, con fines político electorales, para impulsar la candidatura del gobernador en turno a la presidencia de la República; la tercera refiere a la tradicional relación entre la administración pública y los negocios generados alrededor de las privatización de los servicios, la rentabilidad electoral de la construcción de la obra pública y el jugoso negocio que representa su financiamiento. Estas tres cuestiones están en el origen de la resistencia social poblana que enfrenta, desde los años ochenta, a gobiernos federales y estatales atrincherados en prácticas políticas, jurídicas y legislativas, de contención social, perversa y autoritariamente planeada. Siendo sus rasgos característicos: la falta de legitimidad de los proyectos gubernamentales; la sistemática violación del marco constitucional, al subsumir (substituir o anular), desde el poder ejecutivo, a los poderes legislativo y judicial; y la utilización reiterada de la provocación contra la resistencia social mediante la cual se da paso a contener, en el marco judicial, problemas de orden social y político, violando los derechos constitucionales y los derechos humanos de los opositores al gobierno. Veamos de manera resumida. 1) La resistencia social contra las políticas neoliberales. La aplicación de las políticas neoliberales privatizadoras, tanto en la prestación de los servicios públicos, como en la explotación de los recursos naturales, es producto de acuerdos globales para facilitar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y la mayor apertura comercial para las empresas transnacionales; condicionada a cambio de préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. En consecuencia, se dio lugar a diversas reformas constitucionales. Me refiero a la reforma de 1983 (Artículos 25, 27 y 28) por la que se elimina la exclusividad del Estado, y a la Ley Minera de 1992, que permitió a empresas extranjeras y al sector privado inversiones en actividades de exploración y explotación minera. Referente al petróleo, se dio la creación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en 1992, y luego la desincorporación de ductos de Pemex Gas en 1995, y la Ley de Inversión Extranjera que 1
Jaime Castillo, DIAU-UAP, 26/10/2015, drjaime105@gmail.com Este trabajo no hubiera sido posible de realizar sin el apoyo de mis colaboradoras, Angelina del Carmen Flores Vargas y Alejandra Valencia Serrano, quienes recopilaron la información de esta primera aproximación, aún en calidad de borrador.
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