Mujer: Plan Nacional de Acción

Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género ¡Cambiar algo para que todo siga igual!

Mujeres por la Libertad

El 3 de junio pasado, en medio de la pandemia, se cumplieron 5 años de aquella masiva movilización que exigió en las calles de Argentina y sus alrededores que no haya ni una mujer, adulta, piba, o niña que nos falte. ¡Para que no haya “Ni una menos”!

A 5 años de esa movilización histórica que trajo la aprobación de leyes, decretos y resoluciones que pretendían frenar las violencias hacia las mujeres, estas todavía no se han detenido, todavía no han cesado los femicidios y en consecuencia, tampoco lo ha hecho la lucha.

Durante estos 5 años ante la falta de respuestas reales por parte del Estado, la organización y la movilización de las mujeres creció, no solo contra los femicidios sino que se impuso fuertemente también la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por aborto legal seguro y gratuito para todas.

Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo tuvieron la política de aprobar leyes que, sin presupuesto para llevarlas adelante, no han servido para atenuar y mucho menos para erradicar la violencia hacia las mujeres, por el contrario, esta se ha profundizado, si

tenemos en cuenta que en 2015 había una víctima de femicidio cada 35 horas y actualmente, hay una cada 24 horas.

El Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, creado recientemente por el gobierno de Fernández, dirigido y coordinado por Elizabeth Gómez Alcorta, presentó este #3J un Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.

Desde las primeras páginas, este manifiesto, se propone impulsar más que un plan “un cambio de paradigma” en el que se plantea “...Revalorizar el rol del Estado, reconociendo la tarea que hace décadas llevan adelante organizaciones de la sociedad civil, de base y políticas. [...]

Creación de observatorios, refugios, redes de prevención de violencias, asumiendo éstas como competencias exclusivas del Estado...”

Ante este anuncio con bombos y platillos, no casualmente hecho el 3 de junio, nos zambullimos en la lectura de las más de 230 páginas en las que, con un vocabulario reconocido, incluso amigable para muchxs, notamos que no se explican ni se atacan los principales problemas que enfrentamos actualmente las mujeres y disidencias.

Y entonces nos preguntamos ¿qué es este Plan de Acción que dice mucho sobre “prevenir” pero acciona poco? ¿Por qué este Plan que destina la mayor parte del presupuesto a capacitar para prevenir la violencia no está orientado a las escuelas ni a los centros de salud para brindar mayor ayuda profesional a las víctimas de violencia?

Si está confirmado que los femicidios, los abusos, las violaciones y embarazos no deseados aumentan durante la cuarentena mientras estamos encerradas en nuestras propias casas, ¿por qué no se destinará mayor presupuesto para refugios donde las mujeres podamos ir con nuestrxs hijxs cuando nuestras vidas corren peligro?

Si se pretende la autonomía económica de las personas violentadas y vulneradas en sus derechos por este sistema, ¿no sería un primer paso poder salir de su hogar y tener donde ir? Sabemos que la falta de vivienda es un problema estructural en nuestro país, para las mujeres y familias en

general, y que el pago de la deuda externa determina la política de ajuste, por lo que presentar en el marco de este cambio de paradigma, una propuesta superadora como la creación de viviendas, especialmente destinadas a las mujeres violentadas, suena muy bien sino fuera que solo se usa como argumento para justificar que NO se crearán más refugios, dejando sin respuesta a las mujeres cuando decidimos dar el paso de cortar con la violencia que ejerce nuestra pareja, hermano, padre, hijo e irnos del hogar.

Si se estima que un confinamiento prolongado durante seis meses dejará como consecuencia más de 7 millones de embarazos NO deseados en el mundo, erradicar las barreras para garantizar el acceso al aborto como parte de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, ¿no es urgente?

El Plan de Acción Nacional no plantea reforzar el presupuesto para salud en ninguna de las 235 páginas que recorren la argumentación de este cambio de paradigma. Mejorar el acceso a la educación y la salud para las mujeres y disidencias permitiría disminuir los peligros y consecuencias de la clandestinidad y abortos inseguros. Haciendo descender las 49 mil internaciones anuales de personas que llegan a los centros de salud por estas causas, además de mejorar su atención ambulatoria.

¿A qué se destina el dinero del presupuesto del Plan de acción?

Se van articulando otros programas “...Como parte del #PlanNacional2020, lanzamos el Programa Articular para el fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad que trabajan en todo el país. (...)

Articular consiste en la transferencia de recursos de hasta 300 mil pesos para organizaciones sociales que realicen proyectos vinculados a los ejes de trabajo del Ministerio, en especial, aquellos orientados a prevención de las violencias, cuidados y diversidad...”

Continúa diciendo que “...A través de este impulso, reconocemos el lugar esencial que tienen esas organizaciones sociales en la construcción de proyectos de vida libres de violencias y continuamos avanzando en el diseño de políticas integrales hacia la igualdad entre los géneros...”

A este se suma “...Otro de los programas que integran el #PlanNacional2020 es el de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”. Se trata del programa que prevé el apoyo económico y acompañamiento técnico a proyectos de formación en género y diversidad desarrollados por organizaciones y entidades de todo el país.”

Pero, ¿de qué se tratan esas Escuelas Populares? “Son espacios que buscan que lxs participantes puedan reconocer y ejercer sus derechos, identificar las desigualdades entre los géneros y construir estrategias de cambio de esas prácticas a nivel personal y comunitario.

Nuestro objetivo es acompañar cada uno de esos proyectos y potenciar su alcance a través de alianzas productivas con las organizaciones en cada territorio del país, para trabajar juntxs por la igualdad de género y contra las violencias por motivos de género.

Mediante el Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, consolidamos una herramienta clave para la transformación cultural que promueva mayores estándares de igualdad y proyectos de vida libres de violencias por motivos de género...”

El discurso y la demagogia hacen aguas ¿Por qué el Estado no se hace cargo sin tercerizar la gestión?

Tal como reconoce la Ministra de Mujer, Género y Diversidad, hace años que el Estado viene descargando responsabilidades en las organizaciones sociales y comunitarias. No es casualidad, por ejemplo, que al dictarse la Ley Nacional de Educación (LNE) se reconozcan como parte del sistema educativo a la gestión cooperativa y a la gestión social. Concretamente, ¡no se gana lo mismo como trabajadorxs ni se asegura su estabilidad!

Por el momento, los proyectos y programas se llevan a cabo con el trabajo gratuito o precarizado. Y cada vez que se precariza, no se garantiza la continuidad porque en cuanto una trabajadora consigue un trabajo estable, o en mejores condiciones, deja lo que hacía.

Sabemos que en las organizaciones que aceptan el pago por los proyectos presentados, se juega la influencia de lxs punterxs, la necesidad de “bajar la línea política” del pagador, etc.

Insistimos en que si mediante este Plan se intentara parar la violencia, se destinaría presupuesto -en serio- a Educación y Salud, ¡tan necesarias para las víctimas! Se destinaría material y capacitación para el desarrollo de la ESI en las escuelas, en las salas y hospitales de los barrios. Se crearían más refugios y se protegería con mayor eficiencia a las mujeres atacadas. Es por esto que estamos convencidas de que ¡El presupuesto debe estar destinado primero a parar la violencia que hoy estamos viviendo las mujeres! Sabemos que cuando les interesa, actúan. ¡Cuando asesinan a un policía o secuestran a un millonario rápidamente aparecen los responsables! Cuando violan a una piba pobre o la secuestran, no pasa lo mismo. Las fuerzas y la Justicia están al servicio de la propiedad privada, no de la seguridad de las mujeres. ¡No nos convencen! Y nos preguntamos ¿por qué ese “cambio de paradigma” no alude a una de las violencias más terribles como es la prostitución? ¿Por qué ese cambio pretende institucionalizar nuestra lucha? Sabemos que la movilización de las mujeres no va a parar.

Hace unos cuantos años que en el mundo las mujeres estamos a la cabeza de nuestros reclamos en las calles y consideramos que las mujeres argentinas somos parte y en más de una ocasión hemos sido ejemplo.

También sabemos que el feminismo de clase constituye uno de los movimientos más radicalizados que cuestionan el sistema capitalista patriarcal desde sus raíces y ¡¡¡amenaza con su destrucción!!! ¡Necesitan enchalecar la lucha, limitarla y parar la movilización!

Pero, ¡no nos frenarán! Seguiremos en la calle reclamando la aparición de todas las mujeres secuestradas por la trata y el cese de la violencia contra las mujeres y disidencias. ¡Por la organización independiente y la autodefensa integral! ¡Paremos la violencia!

Agosto 2020 Verdad Socialista El Covid-19 avanza y se profundiza la crisis sanitaria Por un Banco Nacional de Plasma y Suero al alcance de todas y todos

El aumento de contagios y muertes que se veía venir con los meses de invierno, demuestra que la cuarentena dispuesta por Alberto Fernández y los gobernadores no sirvió para impedir la propagación del virus, ya que, desde el primer día, el cumplimiento del encierro fue un privilegio de las clases acomodadas. Tampoco para evitar el desborde del sistema sanitario, colapsado desde antes de la pandemia.

La situación de carencia en los hospitales no cambió. Aumentaron las camas, pero hay menos personal que en marzo porque los recursos nunca aumentaron y los contagios por falta de elementos de protección se cuentan a diario.

En cambio, desde que se detectó el primer brote de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, (gracias a la complicidad de la Organización Mundial de la Salud), el ministro Gines García y demás funcionarios avalados por el gobierno, la industria farmacéutica y grandes laboratorios, siguieron haciendo fortunas con la venta de medicamentos y drogas para ensayos clínicos completamente ineficaces para curar la nueva infección, mientras destinaron partidas millonarias para adquirir falsos remedios o que resultaron peores que la enfermedad como la Hidroxicloroquina.

Una medicina antigua demostró ser la única esperanza para evitar la muerte de los pacientes de riesgo. Consiste en la utilización de un producto natural abundante, gratuito y al alcance de los países más pobres por su bajo costo: el plasma de personas que se curaron del virus con sus propias autodefensas -llamados anticuerpos- que están en la sangre y que dichas personas pueden donar a las y los enfermos para evitar que mueran.

El plasma de convalecientes es el único tratamiento efectivo para combatir el coronavirus mediante una simple transfusión. Lo confirman los resultados de su aplicación en la provincia de Buenos Aires (que comenzó a probarse en mayo y en muy pocos hospitales) dados a conocer por la médica responsable del control y seguimiento del tratamiento, la titular del Instituto de Hemoterapia Nora Etchenique, que reconoció que el 90% de los casi 1000 pacientes de riesgo tratados por infección de Covid-19 con plasma de convalecientes en la provincia, se recuperaron.

Sin embargo, la opinión pública recién se enteró que existía esta medicación cuando el intendente de Lomas de Zamora Martin Insaurralde, asmático y con antecedentes de cáncer, superó la enfermedad después de recibir la transfusión de plasma. Con lo cual se instaló un interrogante ¿el plasma es sólo para los ricos y poderosos?

De acuerdo a las autoridades del gobierno el plasma salva vidas, en función de esto habilitaron un registro único de donantes y una Ley del Congreso para impulsar la donación, aunque al mismo tiempo sostienen que todavía es un ensayo y no está probada su eficacia.

Con este doble discurso pretenden disimular los intereses que defienden los funcionarios y asesores científicos del gobierno nacional y provinciales. Por ejemplo, el coordinador nacional del tratamiento con plasma de convaleciente, el infectólogo Fernando Polak, a la vez es encargado de reclutar voluntarios para hacer de conejillos de la india de uno de los grandes competidores en la carrera por patentar la vacuna contra el coronavirus: Pfizer-BioNTech. A ninguna multinacional le conviene que se apruebe un tratamiento realmente eficaz, barato y sin efectos secundarios contra la pandemia.

El plasma de convaleciente cumple con estos requisitos ya probados en el tratamiento de diversas enfermedades desde principios del siglo pasado, como la poliomielitis, sarampión, gripe, paperas, o más recientemente contra el Ébola en Africa o el Hantavirus en Chile. En nuestro país fue empleada exitosamente para combatir la mortalidad provocada por el virus transmitido por un ratón, el mal de los rastrojos.

Basado en el mismo principio de utilización de anticuerpos para combatir al coronavirus, en los próximos meses podría emplearse otro tratamiento desarrollado por investigadores argentinos/as del sector estatal y privado. Se trata de un suero con anticuerpos producidos en caballos que tiene el mismo efecto del plasma de convaleciente, con la ventaja de ser más potente, de poder fabricarse a gran escala y en poco tiempo, con un método similar al usado para obtener el suero antitetánico, antirrábico o contra el veneno de víboras.

De esta forma hasta que se produzca una vacuna segura, Argentina tiene el plasma ahora, y seguramente pronto el suero híper inmune para evitar más muertes por coronavirus. ¡Por un Banco Nacional Único de Plasma y sueros para salvar vidas, por el Desarrollo y Producción estatal de Vacunas!

Es mentira que nuestra salud dependa de la ciencia y tecnología en manos de los laboratorios multinacionales. La historia muestra lo contrario. A principios del siglo pasado el médico argentino Luis Agote descubrió la forma de conservar la sangre para emplearla en el tratamiento de enfermedades. En la década de 1960 el Dr. César Milstein recibió el premio Novel por sus investigaciones sobre anticuerpos para curar el cáncer. En 1970 el Dr. Julio Maiztegui, del Hospital de Pergamino, combatió el virus de la Fiebre Hemorrágica Argentina -mal de los rastrojoscon plasma de convaleciente, reduciendo la mortalidad del 30% de los infectados a un 3%, además de impulsar la producción de la vacuna en el laboratorio estatal de la misma localidad, con la cual se terminó con esta enfermedad endémica a mediados de 1980.

Contra la política de terror sanitario que practican los gobiernos de todo el mundo para imponer las soluciones de las corporaciones que lucran con la salud pública, la creación de un banco nacional y provinciales de plasma y sueros, junto al desarrollo y producción de vacunas, es una necesidad de la comunidad en medio de la emergencia, y en el camino de la lucha por la soberanía sanitaria. Es el momento de exigir: •Plasma para todos/as y no solamente para quienes puedan pagar en los sanatorios privados. •Banco Nacional y provinciales de Plasma y sueros para curar a los/as enfermos. •Producción estatal de vacunas gratuitas para no enfermar. •Protección real y efectiva para quienes trabajen, especialmente para el sector de la salud. •Por un Sistema único de Salud Pública Estatal y Gratuito.

Para organizar e impulsar estas demandas, empezando por tomar en nuestras manos la campaña para conseguir donantes de plasma, pongamos en pie comisiones populares de salud en los barrios, escuelas y lugares de trabajo y exijamos a los sindicatos y organizaciones sociales que apoyen los reclamos.

¡La Salud Publica en ruina! ¡Su defensa, en manos de sus trabajadoras/es, pacientes y la comunidad!

En cada una de las tantas protestas desesperadas que realizan los y las trabajadoras de la salud -casi a diario y en todo el país-, a las puertas de los hospitales donde trabajan, quienes están en la “primera línea de combate” al COVID19, dan testimonio de las extremas carencias con las que deben atender a sus pacientes.

Degradados/as en su profesión al tener que trabajar en más de un establecimiento para tratar de obtener un sueldo que les permita sobrevivir. Súper flexibilizados/as por la falta de personal, desprovistos de materiales esenciales de protección y obligados a prestar servicio aun padeciendo enfermedades de riesgo; cumplen la tarea cada vez más difícil de curar o aliviar los padecimientos que sufre la población trabajadora y pobre, a causa del vaciamiento de los hospitales y las clí

nicas sindicales.

Una situación que no ha hecho más que empeorar con la pandemia, debido a que el gobierno siguió al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De esta manera, Alberto Fernández se subordinó a un organismo enteramente controlado y financiado por grandes laboratorios multinacionales

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que el aumento de las enfermedades y las muertes evitables son la consecuencia de una política nefasta que lleva décadas, y que ha puesto la salud de la comunidad en manos de grandes empresarios de lo que pasó a ser el tercer negocio más rentable del mundo.

Las juntas militares y los distintos gobiernos constitucionales que les sucedieron, los legisladores/as y el poder judicial -junto con la complicidad de

los dirigentes sindicales-, son responsables de las leyes, decretos y resoluciones que hundieron el presupuesto para Salud y fundieron las Obras Sociales Sindicales. Desde el Estado se impusieron las políticas de tercerizaciones, concesiones y congelamiento de vacantes, con la única finalidad de promover la privatización de la salud. Todos/as los representantes de la clase patronal de la Argentina transfirieron los recursos, aportados por el pueblo trabajador, a los bolsillos de las corporaciones dueñas de los sanatorios, laboratorios y a la industria farmacéutica.

La destrucción del Sistema de Salud Público y gratuito de nuestro país (uno los mejores del mundo hasta hace poco más de treinta años), fue implementada por los mismos responsables políticos que provocaron la ruina económica de millones de familias, además del desastre de los servicios y prestaciones públicas que debe garantizar el Estado, como educación, vivienda, energía y transporte. Lo que demuestra la incapacidad de la clase capitalista que maneja los hilos del poder detrás de los distintos gobiernos de turno, no solamente de satisfacer demandas elementales, sino el derecho humano a curarse y no morir, abandonando a las personas enfermas a su propia suerte.

Los Hospitales no dan abasto, los refuerzos nunca llegaron

Si antes de la pandemia miles de enfermos/as sin recursos sufrían filas interminables por pasillos de hospitales y centros de salud, para poder acceder a un turno de atención con demora de meses; o deambulaban por oficinas y dependencias estatales para conseguir medicamentos y prestaciones que las Obras Sociales quebradas no cubren. Desde que se declaró la cuarentena obligatoria, las calamidades para quienes requieren atención por graves dolencias, son peores aún.

Los hospitales y clínicas permanecen prácticamente cerrados, sus pasillos y patios desiertos por temor al contagio, y por la certeza que cualquier afección que no sea sospecha de COVID19, no va tener prioridad para la atención.

De esta forma, las personas con problemas cardiovasculares (primer causa de muertes en Argentina), del sistema digestivo, renales, hepáticas, o cáncer; al interrumpir o demorar las consultas agravan su cuadro y el riesgo de muerte. Muchas otras por falta de un diagnostico a tiempo, habrán perdido la posibilidad de revertir un cáncer u otras patologías con compromiso de vida.

El plan del gobierno para contener la pandemia no tuvo otro objetivo que mantener la curva de contagios aplanada para evitar la escena de hospitales colapsados, mientras supuestamente reforzaban el sistema sanitario. Para mostrar que avanzaba con su tarea, Alberto Fernández y los gobernadores se mostraron públicamente inaugurando nuevos centros de atención, con más camas y respiradores, pero la realidad es que cada vez hay menos personal por cama disponible en los nosocomios. El 17% de los contagiados por COVID19 son trabajadores/as sanitarios (más de 4000 en todo el país antes de llegar al pico de contagios) ¡el congelamiento de vacantes lleva décadas!

Si se incorporaran el doble de enfermeras/os, personal de limpieza y técnicos/as en los hospitales públicos, la situación cambiaría radicalmente.

La realidad es que durante más de cuatro meses de cuarentena, el Sistema Sanitario no se reforzó, se ha debilitado a la par de la profundización de la crisis económica y social. En estas condiciones, la salud de los ancianos, adultos, jóvenes y niños/as con ingresos de indigencia; se deteriora progresivamente por imposibilidad de acceder a la medicación, la suspensión de una cirugía, por falta de comida o vivienda digna.

Por más presupuesto y un Sistema Único de Salud, público y gratuito

Enfermeras, mucamas, camilleros, medicas/os y demás personal son quienes mantienen el funcionamiento de los hospitales y sanatorios sindicales, y no están comprometidos en el negocio de la corrupción para beneficiar a los mercaderes de la muerte. Son los y las trabajadoras de la salud, junto la comunidad sometida al ultraje de presenciar el sufrimiento de un ser querido sin poder aliviarlo, quienes tienen que encabezar la lucha por una solución de fondo: la expropiación de todas las clínicas y enormes recursos que cuentan los ladrones de la medicina privada, para sumarlos a los hospitales y las Obras Sociales Sindicales de todo el país en un Sistema Único de Salud, financiado con los fondos provenientes del desconocimiento de la Deuda Externa e impuestos progresivos a las corporaciones de bancos y grandes empresas.

Para que este nuevo sistema de salud sea eficiente, tiene que estar controlado por las y los trabajadores de la salud, los pacientes y toda la comunidad. Una pelea que será parte fundamental en la lucha por conquistar el único Gobierno que puede garantizar políticas en defensa de los intereses de la mayoría de la población ¡Gobierno de la Clase Trabajadora y los sectores populares!