Le Monde Diplomatique

Ignacio Ramonet: Dos horas más con Fidel Julio 2014 Edición N°9

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Un alcalde “comunista”

Tímida brisa de izquierda

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»Edición Honduras-UNAH » Edición 09 Julio 2014

L. 35.00 Mensual - 12 Páginas

Los Nuevos golpes de Estado “light” D

esde una ventana del segundo piso, adonde un puñado de guardaespaldas lograron a duras penas hacerlo ingresar, Correa intentó pronunciar un discurso: “Esta ley mejorará sus condiciones. Trabajamos para la policía, ¡recuerden todo lo que recibieron!”. Fue abucheado. Llegó a escuchar: “¡Atrápenlo! ¡Mátenlo!”. Los disturbios lo aturdían. Se aflojó entonces la corbata y se abrió el cuello de la camisa en un gesto de desafío: “Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: ¡mátenlo si les da la gana! ¡Mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos!”. ¿Temeridad? ¿Imprudencia?

Por su espectacularidad, el episodio no pasaría inadvertido.

Por Maurice Lemoine

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Populismo, itinerario de una palabra viajera

E

n el campo literario, la palabra “populismo” hace su aparición, en francés, en 1929: “disposición de la escritura”, en rebeldía contra la novela burguesa pero apolítica, en oposición a los escritores comunistas y a sus imágenes de Épinal proletarias, este movimiento literario se propone “describir simplemente la vida de la ‘gente sencilla’”. Dentro del universo de las ciencias sociales, movido por una intención política de rehabilitación de lo popular, este movimiento aplica el relativismo cultural al estudio de las culturas dominadas (Volkskunde ou Proletkult).

Por Gérard Mauger

Págs. 10 y 11

Volvieron los reguladores a Estados Unidos

L

a publicación el 29 de mayo, en The Wall Street Journal, de una información según la cual la multa impuesta al BNP-Paribas podría ascender a 10.000 millones de dólares produjo un shock. Al banco se lo acusa de haber infringido, entre 2002 y 2009 y a través de su filial suiza, los embargos impuestos por Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán. El affaire ilustra de manera espectacular la evolución de la jurisprudencia y de las prácticas judiciarias en materia de finanzas internacionales. Desde hace varios meses, otros dos establecimientos franceses, la Société Générale y el Crédit Agricole, también están en una situación delicada con las autoridades estadounidenses.

Por Ibrahim Warde

Págs. 8 y 9

Repolitizar la cuestión judicial

E

ntre los numerosos discursos respecto de la justicia y de aquellos que la administran, surgen dos representaciones. Por un lado, la imagen de un juez autómata, indiferente a los sentimientos humanos, estrictamente sometido al derecho; por el otro, la de un juez omnipotente, demiurgo que hace y deshace los destinos a su antojo. Según la primera percepción, la neutralidad sería la virtud cardinal del juez, cuyo papel se limitaría a “aplicar la ley”. El derecho mismo sería una herramienta desconectada de los fines a los que sirve, independizada de sus condiciones de producción.

Por Matthieu Bonduelle

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Editorial

¿Culpa de Obama?

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Por Serge Halimi*

o fue previsor ese senador de Illinois que en octubre de 2002 estimaba que una invasión de Irak sólo “avivaría las llamas en Medio Oriente, alentaría los peores impulsos en el mundo árabe y reforzaría el brazo reclutador de Al Qaeda”? ¿Fue más visionario el vicepresidente de Estados Unidos, que en ese entonces prometió que los ejércitos estadounidenses serían “recibidos como liberadores”? Hoy sin embargo es el segundo, Richard Cheney, quien acusa al primero, Barack Obama, de haber actuado en Irak como un traidor y además, de manera torpe. Y concluye con singular descaro: “Pocas veces un Presidente de Estados Unidos se habrá equivocado tanto a propósito de tantas cosas en detrimento de tanta gente” (1).

El balance de la intervención de las potencias occidentales es también catastrófico para los pueblos del mundo árabe. Mezquinas cuando podrían contribuir al desarrollo económico y social de Túnez o Egipto, renunciando por ejemplo a cobrar sus créditos, dejan de pensar en el gasto en cuanto necesitan destruir al enemigo del momento, invocando en su contra los grandes principios humanitarios. Los mismos que nunca aplican a sus protegidos regionales: ni a Israel, ni a Qatar, ni a Arabia Saudita (2).

El pasado 13 de junio, el presidente Obama atribuyó al país que Estados Unidos devastó la responsabilidad de la tragedia que vive: “Durante la última década, las tropas estadounidenses han

Contenido ¿Culpa de Obama?

Pags. 2

Los nuevos golpes de Estado “light”

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Tímida brisa de izquierda

Pag. 6 y 7

El imperio de la desigualdad

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Volvieron los reguladores a Estados Unidos

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Populismo itinerario de una palabra viajera

Pags. 10 y 11

Repolitizar la cuestión judicial

Pags. 12

Staff Francia Serge HALIMI, Presidente, Director de Publicación

Por ahora, Obama excluye el envío de tropas estadounidenses contra las fuerzas yihadistas que controlan una parte de Irak. Pero aceptó despachar trescientos “asesores” militares al régimen de Bagdad, al tiempo que hizo saber que el primer ministro Nuri Al-Maliki debía ser reemplazado. Hace casi sesenta años, Estados Unidos ya había suministrado “asesores militares” a un régimen autocrático y corrupto: el vietnamita de Ngô Dihn Diêm. Un día, indignado por la ingratitud de su protegido, dejó (o hizo) que lo mataran. Lo que sucedió después quizás explique la actual reticencia del pueblo estadounidense a seguir los pasos de los belicistas: la escalada militar, el conflicto en toda Indochina, varios millones de muertos.

Travestir la historia

Sumario

Alain GRESH, Director Adjunto Bruno LOMBARD Director Gestión Anne-Cécile ROBERT Responsable de Ediciones Internacionales y Desarrollo Redacción: 1, Avenida Stephen Pichon 75013 PARIS CEDEX Teléfono: 33.1 53-94-96-01 Fax: 33.1 53-94-96-26 Correo electrónico : secretariat@Monde-diplomatique.fr

hecho sacrificios extraordinarios para dar a los iraquíes la oportunidad de construir su propio futuro”. Al travestir así la historia, alentó a los neoconservadores, para quienes cada retirada de Washington precipita la decadencia estadounidense, el caos universal.

La guerra de Irak estaba “ganada” antes de que el actual Presidente ingresara a la Casa Blanca, repite ahora el senador republicano John McCain.

Según él, cualquier crisis internacional se resuelve mediante el envío de marines. Por lo que el pasado 15 de marzo reclamó el envío de tropas estadounidenses a Ucrania. Y el 13 de mayo, una intervención militar en Nigeria. En 2002, Obama no quería “avivar las llamas en Medio Oriente”. ¿Sabrá mostrarse tan perspicaz en los meses venideros?

Honduras 1. Richard y Liz Cheney, “The collapsing Obama Doctrine”, The Wall Street Journal, Nueva York, 18-6-14.

2. Véase Serge Halimi, “Impunidad saudí”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2012. En Qatar, decenas de miles de obreros extranjeros trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud en las obras de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

*Director de Le Monde diplomatique.

Traducción: Teresa Garufi

Entidad Editora Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos Ruíz Rectora Armando Sarmiento Director Honduras Diana Perdomo Cristina Alvarado Editoras Lisa Marie Sheran Diseño y Diagramación Allan McDonald Ilustraciones Blv. Suyapa, Ciudad Universitaria, Edificio Administrativo tercer piso Dirección de Comunicación Interna (DIRCOM) F.M. Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: (504)2232-2110 Correo electrónico: eldiplo@unah.edu.hn

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Venezuela, Haití, Bolivia, Honduras, Ecuador y Paraguay

Los nuevos golpes de Estado “light” El intento de golpe sufrido por Rafael Correa, en 2010, representa un nuevo tipo de desestabilización que se repite, con variaciones, en distintos países de América Latina. Como la violencia ya no es tolerada por la opinión pública internacional, facciones conservadoras emplean nuevos y sutiles métodos que buscan fijar el rumbo de la política.

M

Por Maurice Lemoine*

iami, 23 de septiembre de 2010.

En las instalaciones del lujoso Bankers Club y bajo el auspicio del Instituto Interamericano por la Libertad y la Democracia, el anticastrista radical Carlos Alberto Montaner presentaba la conferencia “El derrumbe de los modelos del socialismo del siglo XXI”. Entre los asistentes se encontraban algunos exiliados ecuatorianos muy conocidos: Mario Ribadeneira, ex ministro del gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) –el apogeo del neoliberalismo en Quito–; Roberto Isaías, prófugo de la justicia tras haber provocado la quiebra fraudulenta de su banco, Filanbanco, el más grande del país; el ex coronel Mario Pazmino, director del servicio de inteligencia del ejército, destituido en 2008 por el jefe de Estado Rafael Correa por sus lazos demasiado estrechos con la Central Intelligence Agency (CIA).

Orador del día, el ex coronel y luego presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, expulsado del poder por una rebelión popular el 20 de abril de 2005, denunciaba la visión milenarista y mística de los socialistas, su marxismo pulverizado, su populismo peligroso. Predecía la llegada de una nueva era de felicidad y progreso. Siempre y cuando, por supuesto, se respetaran algunas condiciones…

“Para acabar con el socialismo del siglo XXI, ¡es necesario terminar con Correa!”. Fue dicho e incluso grabado. Al igual que la explosión de aplausos que festejó la intervención.

Una semana más tarde, durante la noche del 29 al 30 de septiembre de 2010, en Quito, en uno de los veintiún salones

del Swisshotel, una reunión de miembros de la oposición se prolongaba hasta las tres de la mañana. A las siete, en el canal de televisión Ecuavisa, el programa “Contacto directo” recibía a Galo Lara. Frente a las cámaras, este dirigente del partido Sociedad Patriótica (SP) mencionaba la “ley de servicio público” que acababa de aprobar la Asamblea Nacional e involucraba a diversas categorías de funcionarios, entre ellos, los policías. Ponía fin a una serie de privilegios: bonificaciones, primas por la entrega de medallas y condecoraciones, regalos navideños, etc. A cambio, les otorgaba otras ventajas, como el pago de horas extras y el acceso a programas de viviendas sociales. Sin embargo, las palabras de Lara sonaban como latigazos: “El presidente Correa les quitó sus juguetes a los hijos de los policías. ¡Por eso tiene miedo de que lo linchen! ¡Por eso prepara sus valijas para abandonar el país!”. Vaya sorpresa… Un artículo apocalíptico del editorialista estrella Emilio Palacio aparecía también en el diario El Universo.

Cuando, a las ocho de la mañana, Correa se enteró de que, para protestar contra la famosa ley, los policías llevaban a cabo una huelga de brazos caídos en el predio del Regimiento Quito, no dudó un segundo, recuerda su entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh: “Se trata de un malentendido, voy a negociar directamente con ellos”.

Tras abandonar el palacio presidencial de Carondelet, ambos se dirigieron al lugar. La noticia de su presencia se propagó entre la multitud de ochocientos miembros de las fuerzas del orden allí concentrados. “¡Vienen los comunistas!”; “¡Fuera los chavistas!”, en referencia, por supuesto, al presidente venezolano Hugo Chávez (fallecido en 2013).

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Imprudencia presidencial Mezclados entre los policías rasos, los cabecillas –anteojos negros, radiotransmisores, celulares– organizaban los disturbios. Entre ellos, el infaltable Fidel Araujo, vocero del ex presidente Gutiérrez y dirigente de la SP, su partido.

Empujones, insultos, gases lacrimógenos arrojados al jefe de Estado. Desde una ventana del segundo piso, adonde un puñado de guardaespaldas lograron a duras penas hacerlo ingresar, Correa intentó pronunciar un discurso: “Esta ley mejorará sus condiciones. Trabajamos para la policía, ¡recuerden todo lo que recibieron!” (1).

Fue abucheado. Llegó a escuchar: “¡Atrápenlo! ¡Mátenlo!”. Los disturbios lo aturdían. Se aflojó entonces la corbata y se abrió el cuello de la camisa en un gesto de desafío: “Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: ¡mátenlo si les da la gana! ¡Mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos!”. ¿Temeridad? ¿Imprudencia? Por su espectacularidad, el episodio no pasaría inadvertido.

Cuatrocientos soldados tomaron el control del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. También fueron sitiados: la base aérea de Latacunga; la Asamblea Nacional (por la Guardia Legislativa, que se supone está para protegerla); el puerto y los aeropuertos de Guayaquil, la segunda ciudad del país. Allí, a partir de las 9:00 hs, misteriosamente informadas de que las fuerzas del orden habían abandonado las calles, bandas de delincuentes rompieron vidrieras, saquearon negocios y cajeros automáticos, aterrorizaron a los ciudadanos.

Al igual que en Venezuela aquel 13 de abril de 2002, durante el secuestro de Chávez en el intento de golpe de Estado, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en señal de apoyo a su líder. En cambio, una parte de la oposición llamada democrática condicionaba su apoyo; otra, al igual que el jefe del grupo parlamentario Pachakutik –brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)–, Cléver Jiménez, invitaba a los movimientos indígena y sociales (¡que no la seguirían!) a conformar un “frente nacional” para exigir la partida del Presidente.

Herido, asfixiado por los gases lacrimógenos, Correa debió refugiarse en el Hospital de Policía contiguo al Regimiento Quito. Asediado en el tercer piso, amenazado por los amotinados, permanecería allí secuestrado más de diez horas, hasta que, a las ocho de la noche, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del ejército y elementos leales del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la policía fueron finalmente a rescatarlo.

En los radiotransmisores de los policías apostados fuera del establecimiento se captaban llamados: “¡Saquen a Correa y llévenselo antes de que lleguen los chuspangos [militares]!”; “¡Mátenlo, maten al presidente!”. Correa salió finalmente en medio de un intenso tiroteo. Un soldado que lo protegía cayó, mortalmente herido; otro, que le prestó su chaleco antibalas, tenía el pulmón perforado. Se encontrarían cinco impactos de balas en el vehículo del jefe de Estado; diecisiete en los automóviles que lo escoltaron. Saldo de la jornada: diez muertos y alrededor de trescientos heridos.

Algo más que insubordinación ¿Error de un movimiento espontáneo? Desde hacía varias semanas, una lluvia de correos electrónicos y panfletos había inundado el seno de la institución policial. Todos, desvirtuando sus términos, denunciaban la famosa ley.

En los hechos, algunas facciones acostumbradas a la impunidad habían visto con malos ojos la detención y condena de miembros de una unidad especializada, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), responsables de torturas y desapariciones. En cuanto a la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer los crímenes de la represión en los años 80 (2), algunos habrían prescindido con gusto de ella. A lo que se suma la política social del presidente Correa, su cercanía a los gobiernos progresistas de la región y la integración de Ecuador en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), el cierre de la base militar estadounidense de Manta: bajo el elegante barniz de la defensa de sus intereses, se manipuló a los policías. Ese 30 S (30 de septiembre) no se trató de una simple insubordinación, sino claramente de un intento de golpe de Estado.

Las fuerzas conservadoras aprendieron que, al menos en América Latina, un “golpe” clásico ya no tiene cabida.

“Normalmente, aconsejados por sus equipos de seguridad, los presidentes no se exponen y permanecen encerrados en Carondelet, donde se encuentran más bien atrapados”, observa Oscar Bolilla, miembro de la Comisión 30 S, encargada de establecer la verdad sobre el levantamiento. El ministro de Cultura, Francisco Velasco, completa la idea: “Con los policías acantonados en los cuarteles, grupos de delincuentes generando caos afuera y obligando a los ciudadanos a permanecer en sus casas, el escenario era perfecto para que, al cabo de algunos días de una rebelión cada vez más intensa, un grupo de militares, vinculados a diputados de la oposición y a los sectores ligados a los intereses internacionales, declarara un vacío de poder e interviniera, en nombre de la ‘gobernabilidad’”. Se sabe aquí cómo los generales se han comportado en el pasado, durante rebeliones –populares aquéllas y no violentas– contra los presidentes Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Gutiérrez (2005): cuando la agitación alcanzó su paroxismo, el ejército los soltó, y, para calmar los ánimos, dio su aval a su destitución.

Paradójicamente, con la temeridad que le reprocharon en reiteradas oportunidades, desplazándose al Regimiento Quito y dejando al descubierto la conspiración, el jefe de Estado alteró el escenario previsto –darle una “salida constitucional a la crisis”– y salvó la “Revolución Ciudadana”.

Durante los dos días siguientes, la oposición y los medios de comunicación locales no se privarían de dar una versión muy particular de los hechos: no hubo intento de golpe de Estado; no hubo secuestro; no hubo intención de asesinar al presidente; el único responsable de la situación era… el propio Correa. En El Universo, un editorial de Palacio reclamaría

incluso su comparecencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “crimen de lesa humanidad”, ya que “ordenó al ejército disparar contra un hospital”. El artículo generaría una acción judicial por parte del presidente, una polémica sobre la “libertad de expresión” y el exilio de Palacio.

En el exterior, la mayoría de los periodistas retomarían todos estos argumentos, o, en el mejor de los casos, los difundirían sin cuestionarlos: “La oposición […] considera que la imprudencia y la arrogancia del presidente generaron los excesos”, escribió por ejemplo Le Monde el 12 de enero de 2011.

La cruzada contra el “populismo” Pese a haber sido poco analizado (3), vale la pena detenerse en el episodio ecuatoriano: representa un ejemplo de las nuevas estrategias implementadas para expulsar del poder a un jefe de Estado que incomoda. Desde luego, lejos parecen estar los tiempos en que en América del Sur, con la ayuda de Washington, los militares se deshacían de gobiernos constitucionales surgidos de elecciones democráticas. Sin embargo, cuando una ola de dirigentes carismáticos, de izquierda o centroizquierda, llegó al poder a partir de 1999 movilizando a los desfavorecidos, golpes de Estado y otros intentos de desestabilización, abortados o concretados, tuvieron lugar en Venezuela (2002, 2003, 2014), Haití (2004), Bolivia (2008), Honduras (2009), Ecuador (2010) y Paraguay (2012). Pero las fuerzas conservadoras aprendieron que, para la opinión pública internacional, los métodos sangrientos resultan contraproducentes y que, al menos en América Latina, un “golpe” clásico ya no tiene cabida. Entonces, las técnicas evolucionaron.

Utilizada durante la guerra, la acción psicológica también desempeña un papel importante en tiempos de paz. A comienzos de los años 70, el diario chileno El Mercurio preparó activamente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende (4). Pero existían entonces, particularmente en Europa, publicaciones progresistas capaces de desmontar esta propaganda y denunciarla. Salvo escasas excepciones, esto ya no sucede. La adhesión general al neoliberalismo así como al orden impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, la aparición de internet (donde lo mejor se codea con lo peor) y la generalización del “copiar-pegar” uniformaron la información de los medios de comunicación llamados “occidentales”.

Siempre igual a sí mismo, en Chile El Mercurio sirvió de ejemplo a otros (5): Clarín y La Nación en Argentina; O Globo y Folha en Brasil; El Nacional, Tal Cual y El Universal en Venezuela; La Hora, El Comercio y El Universo en Ecuador; La Tribuna, El Heraldo y La Prensa en Honduras; El Deber y La Razón en Bolivia; El Tiempo y Semana en Colombia. Sin olvidarse de CNN, The Wall Street Journal, The Washington Post o Miami Herald en Estados Unidos, Financial Times en Reino Unido, El País, El Mundo y ABC en España, Le Monde, Libération y los medios públicos audiovisuales en Francia, por sólo citar a algunos.

Semejante paisaje autoriza la implementación, sin que todos sus actores sean siquiera conscientes de participar en ellas, de sutiles “psy-ops” (operacio-

nes psicológicas), destinadas a manipular o desestabilizar internamente a los gobiernos en cuestión, y dar una imagen negativa de éstos en el exterior. Se ubican entonces mucho más allá de la necesaria crítica de las políticas llevadas a cabo. Continuamente repetido, el término “populismo” (6) permite, por ejemplo, relegar a un segundo plano la reducción de la pobreza, la redistribución de la riqueza y los avances sociales a veces muy importantes de los países en cuestión, transformando sus decisiones soberanas en “políticas irresponsables incompatibles con la democracia”.

En Venezuela, a comienzos de los años 2000, ante la perspectiva del intento de golpe de Estado contra Chávez, la opinión pública sufrió el bombardeo de títulos escandalosos de El Nacional y, entre otros, de El Universal –“Talibanes en la Asamblea Nacional”, “Octubre negro”, “Terroristas en el gobierno”– y llamados a derrocar al presidente: una etapa comparable a la preparación de artillería que precede al asalto en una campaña militar.

Primer elemento del acondicionamiento destinado a la prensa y las diplomacias extranjeras: la “sociedad civil” manifestaba su descontento. ¡Expresión mágica! El anuncio de una movilización de la “oposición de derecha” reviste un sentido que el lector promedio puede descifrar perfectamente; la presentación de una “sociedad civil” por definición simpática reviste otro sentido, aun cuando ésta –pero ¿para qué precisarlo?– sólo representa, a la salida de las urnas, a una minoría.

En el marco de la crisis que estalló en febrero de 2014, se reemplazaría el término “sociedad civil” por el de “estudiantes”, más presentable que “extrema derecha en acción”. Cabe recordar que, en Chile, bajo el gobierno de Allende, dos movimientos desempeñaron un papel clave durante la preparación del golpe: el poder femenino, con sus marchas “de las cacerolas vacías” –justificadas por las penurias en gran parte orquestadas–, y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC)…

Hacer que corra sangre Para reforzar la imagen de una multitud pacífica enfrentando a una dictadura, conviene poder mostrar a víctimas inocentes. El 11 de abril de 2002, siempre en Venezuela, mientras la famosa “sociedad civil” se manifestaba, un grupo de francotiradores mataron a varios de sus miembros (así como a partidarios del presidente). Se había encontrado la excusa para que un grupo de militares detuviera a Chávez, acusado de haber enviado a sus “milicias”, sus “camisas pardas”, a reprimir a la oposición.

Doce años más tarde, los colectivos (de todo tipo: sociales, culturales, educativos, deportivos, etc.), sistemáticamente calificados con el adjetivo de “paramilitares”, sufren la misma campaña de demonización.

Los famosos francotiradores, ofreciendo la ventaja de no poder ser identificados, también fueron utilizados, indirectamente esta vez, para provocar el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay. Mientras que, desde que asumió el poder, sus opositores mencionaban regularmente, bajo los pretextos más diversos, la “destitución” del presidente, un conflicto campesino brindó la

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ocasión de poner en marcha la operación. Ésta se desarrolló el 15 de junio de 2012, en un lugar llamado Marina Kue, cuando una intervención policial contra una ocupación de tierras arrojó el saldo, al término de un tiroteo, de diecisiete muertos: once campesinos y seis policías.

La responsabilidad del drama se atribuyó a los “sin tierra”, que habrían tendido una emboscada a las fuerzas del orden.

Sin embargo, el dirigente campesino Vidal Vega (entre otros testigos), que llevó a cabo una investigación paralela, afirmó que “infiltrados” habrían desatado el tiroteo disparando a la vez contra sus compañeros y los policías. Al término de un juicio político exprés, hábilmente impulsado por el Congreso, el episodio permitió destituir a Lugo, acusado de haber fomentado, con su política, la violencia contra los dueños de las tierras. Y Vega fue asesinado por dos sicarios encapuchados (7).

El 28 de junio de 2009, fue Honduras, miembro del ALBA, el que sirvió de laboratorio para este tipo de “golpe de Estado constitucional” –los más fáciles de conseguir que sean aceptados, ya que los golpistas pueden utilizar la expresión “renuncia forzada” (y hacer que la prensa internacional, no muy cuidadosa con el vocabulario, se refiera al “presidente depuesto”)–. Los parlamentarios destituyeron a Manuel Zelaya con un pretexto falaz: su supuesta intención de hacerse reelegir violando la Constitución, cuando en realidad había querido organizar una consulta, sin carácter vinculante, sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (8). Pero el interés de la técnica utilizada reside sin embargo en lo que siguió.

El 28 de junio un comando militar detuvo a Zelaya, lo hizo subir a un avión con destino a Costa Rica y reprimió violentamente a sus partidarios que salieron a las calles. Sin embargo, el ejecutor del trabajo sucio, el general Romeo Vásquez, entregó inmediatamente el poder al presidente del Congreso, Roberto Micheletti. La maniobra fue perfecta: “sometidos al poder civil”, los militares permitieron una “sucesión presidencial”. Pronto, el régimen golpista de Micheletti sería rebautizado “gobierno de transición”.

En 2002, en Venezuela, una vez que cometieron el delito, los generales y almirantes traidores habían procedido del mismo modo entregando las llaves del palacio presidencial al patrón de los patrones Pedro Carmona.

En resumen, mientras que en el pasado los militares, tras haber actuado en favor de tal o cual facción, permanecían en el poder, actualmente regresan a sus cuarteles. Civil, la dictadura se vuelve transparente, y nadie puede denunciar a un nuevo

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Augusto Pinochet. Bastará con organizar, unos meses más tarde, elecciones “controladas”, suspendiendo la breve marginación del país por parte de la comunidad latinoamericana (o internacional), y listo (9).

A comienzos del siglo XXI, Washington todavía concibe la democracia como una mera herramienta que permite el buen funcionamiento del mercado.

La “nueva izquierda” latinoamericana escapa a su tradicional hegemonía poniendo fin a la gran novela de la globalización feliz: nacionalizando sus recursos naturales, afirmando su independencia. ¿Qué hacer? Bajo el gobierno de Richard Nixon y Ronald Reagan, armados con su biblia –la “doctrina de seguridad nacional”–, las cosas eran claras: para mantener el control, se trataba de librar una guerra total, generalizada, absoluta. Con George W. Bush, lo siguen siendo: Estados Unidos está directamente implicado en el intento de golpe de 2002 en Venezuela.

En Bolivia, país que, gobernado por el indio Evo Morales, “ya no tiene amos sino aliados” (10), el embajador estadounidense Philip Goldberg, quien llegó en octubre de 2006, mantuvo continuas relaciones con la oposición de la Media Luna, los departamentos ricos en hidrocarburos y gas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (11).

De 2004 a 2006, había dirigido la misión estadounidense en Pristina, en Kosovo. Como por casualidad, con la lucha contra el proyecto “estatal, autoritario e indigenista” (“indigenista” reemplaza aquí a “populista”) de Morales, Bolivia, “satélite del chavismo” (12), entró a su vez en un proceso de… balcanización.

A partir del 4 de mayo de 2008, los departamentos de la Media Luna organizaron sucesivamente referéndums ilegales para aprobar un estatuto de autonomía que se parecía mucho a una declaración de independencia. Estallaron violentos disturbios. Grupos de choque “autonomistas” sembraron el terror, tomaron aeropuertos y edificios del gobierno. En septiembre, grupos paramilitares asesinaron a treinta campesinos en el departamento de Pando.

En ningún momento se produciría la tradicional proclama golpista sobre la “toma del poder”. Pero, al igual que en Venezuela en 2014 (13), se trataba de hacer que corriera sangre –fuera a través de la “violencia espontánea” o de la represión gubernamental de esa “violencia espontánea”–. Y de volver al país ingobernable con el objetivo de lograr una condena general por parte de la “comunidad internacional” que tornara aceptable la renuncia forzada o la separación del jefe de Estado.

En Bolivia, apostando a la movilización popular antes que a la represión militar, Morales, apoyado además por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), haría fracasar el plan. ¿Hace falta decirlo?

Cuando, el 10 de septiembre de 2008, La Paz le dio setenta y dos horas al embajador Goldberg para abandonar el país, la fiebre separatista bajó bruscamente.

Cuando los acontecimientos del 28 de junio de 2009 conmocionaron a Honduras, Barack Obama reemplazaba a Bush en la Casa Blanca. Sin embargo, el avión que procedió al traslado forzoso de Zelaya de Tegucigalpa a San José de Costa Rica (treinta minutos de vuelo) hizo escala en la base militar estadounidense de Palmerola, situada desde los años 80 en territorio hondureño. Pero, ¡nadie se dio cuenta de nada!

“Cuando le pregunté al presidente Correa si Estados Unidos estaba detrás del 30 S, me respondió: ‘No existen pruebas, pero… nunca hay que descartar esa posibilidad’”, señala sonriente, en Quito, Juan Paz y Miño (14). Posteriormente, el presidente ecuatoriano precisaría su pensamiento cuando, desligando de responsabilidad directa al presidente Obama, pondría en tela de juicio a la CIA: “De lo que tenemos certeza es de que hay [en Estados Unidos] grupos de extrema derecha, numerosas fundaciones que financian a los grupos y a muchos que conspiran contra nuestro gobierno…” (15).

Washington aún concibe la democracia como una herramienta para el buen funcionamiento del mercado.

En 1983, a instancias de Reagan y bajo la égida del Congreso, se creó la National Endowment for Democracy (NED), destinada a “promover la democracia” en el mundo. Junto con la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto de Estados Unidos para la Paz (USIP), pero también con una nebulosa de think tanks y fundaciones – Freedom House, Open Society Institute, etc.–, e incluso con oficinas de regiones alejadas, como Otpor (“Resistencia”), surgida en Serbia a fines del siglo pasado, la oposición y sus organizaciones no gubernamentales (ONG) son financiadas y preparadas tanto ideológica como técnicamente.

Sólo en el período 20132014, 14 millones de dólares llegaron por diversos canales a la oposición venezolana, tanto para las campañas electorales

como para las “protestas pacíficas” de 2014, que presentan todas las características de una rebelión antidemocrática. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recibió 100.000 dólares para un proyecto de intercambio con organizaciones bolivianas, nicaragüenses y argentinas con el fin de “compartir las lecciones aprendidas en Venezuela y permitir adaptar su experiencia a dichos países” (16).

Sólo suele recordarse, tratándose de la República Bolivariana de Venezuela, el intento de golpe de Estado de abril de 2002. En realidad, antes y después, la ofensiva nunca cesó. Diciembre de 2001: huelga general (organizada por la patronal); diciembre de 2002-enero de 2003: desestabilización económica por la paralización de la empresa petrolera nacional, militares llamando al levantamiento desde la “zona liberada” de la plaza Altamira (barrios elegantes de Caracas); 2004: primeras guarimbas (bloqueos de calles y barricadas), incursión de un centenar de paramilitares colombianos cerca de Caracas; 2014… “Aquí aplican lo que la izquierda llamaba la ‘combinación de todas las formas de lucha’. Y si uno hace la lista de actores implicados, son los mismos desde el comienzo; las mismas estructuras, con algunas variantes. Lo que va cambiando, cada vez, es el método”, nos confía el ministro del Interior venezolano Miguel Rodríguez Torres.

1. Desde 2007, el salario de los policías rasos aumentó de 355 a 886 dólares; el de un sargento, de 707 a 1.329 dólares.

2. Véase Hernando Calvo Ospina, Tais-toi et respire, Bruno Leprince, París, 2013.

3. Véase “Etat d’exception en Equateur”, La valise diplomatique, 1-10-10, www.monde-diplomatique.fr 4. Véase Armand Mattelart, “‘La Spirale’, quand l’ancien monde refuse de mourir”, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 2013.

5. Véase Renaud Lambert, “En Amérique latine, des gouvernements affrontent les médias”, Le Monde diplomatique, París, diciembre de 2012.

6. Véase Gérard Mauger, “‘Populisme’, itinéraire d’un mot voyageur”, Le Monde diplomatique, París, julio de 2014.

7. Véase “Paraguay: el reino del latifundio”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2014.

8. Véase “Retour des gorilles au Honduras”, La valise diplomatique, julio de 2009, www. monde-diplomatique.fr 9. Véase Renaud Lambert, “Honduras: retour à l’OEA, retour à la normale?”, La valise diplomatique, junio de 2011, www.monde-diplomatique.fr 10. Le Courrier, Ginebra, 306-07.

11. Véase Hernando Calvo Ospina, “Petit précis de déstabilisation en Bolivie”, Le Mon-

de diplomatique, París, junio de 2010.

12. “Bolivia es un satélite absoluto del chavismo”, El País, Madrid, 9-8-08.

13. Véase Alexander Main, “Au Venezuela, la tentation du coup de force”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2014.

14. Juan J. Paz y Miño Cepeda, autor de Insubordinación o golpe, Abya Yala, Quito, 2011.

15. Telesur, 4-1-11.

16. “Eva Golinger - Sigue la mano sucia de la NED en Venezuela”, 21-4-14, www.contrainjerencia.com *Periodista. Autor de Sur les eaux noires du fleuve, Don Quichotte, París, 2013.

Traducción : Gustavo Recalde

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Un alcalde “comunista”

Tímida brisa de izquierda El “todo para los ricos” que guía el gobierno de las grandes ciudades de EE.UU. se ve amenazado por el alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio.

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Por Eric Alterman*

e convertirá realmente Nueva York en la “Nueva Habana”?

Desde que, el 5 de noviembre de 2013, el demócrata Bill de Blasio fue elegido para la alcaldía de la principal ciudad estadounidense, este temor planea sobre el Partido Republicano, que designó como su “principal enemigo progresista” al sucesor de Michael Bloomberg. Según The New York Times, “los dirigentes republicanos ven en la incipiente administración de De Blasio la encarnación de sus miedos ante el ascenso de una ‘nueva izquierda’, que se caracterizaría en particular por el desprecio populista hacia los ricos, una simpatía marcada hacia las organizaciones de trabajadores y una preocupación constante por la desigualdad de ingresos” (1).

En efecto, desde las primarias demócratas por la alcaldía de Nueva York, De Blasio instaló el tema de las desigualdades en el centro de su discurso, repitiendo una y otra vez que la historia de Nueva York se había vuelto el “cuento de las dos ciudades” (2): la de los ultrarricos y la de los otros. Su programa resueltamente social le permitió obtener la candidatura de su partido –ganándole con buen margen al candidato favorito de los medios, apoyado por el muy poderoso alcalde saliente (3)–, y después vencer con comodidad (el 72% de los votos) a su adversario republicano, Joe Lhota.

En su discurso de asunción, el 1 de enero de 2014, reafirmaba el objetivo de su mandato: “Hemos sido elegidos para poner fin a las desigualdades económicas y sociales que amenazan con acabar con la ciudad que amamos”. En Nueva York, donde el poder económico es omnipresente, un programa como éste promete una ardua carrera de obstáculos. Apenas pronunciada esta frase, un columnista de Slate, Matt Yglesias, compartió un tweet intencionado: “Para su asunción del cargo, De Blasio sube a escena en compañía de los cuerpos momificados de Lenin, Mao y Ho Chi Minh”.

Acusaciones delirantes Algunos días más tarde, la denuncia por comunismo adquirió un giro grotesco. Nueva York fue golpeada por una espectacular tormenta de nieve; las rutas quedaron bloquea-

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das. Las publicaciones sensacionalistas se precipitaron al encuentro de ciudadanos irritados por los problemas del barrido de la nieve en el muy elegante Upper East Side de Manhattan. De Blasio les “da la espalda”, se enojó una vecina en el New York Post. “Al negarse a quitar la nieve del Upper East Side, está diciendo: ‘Yo no soy uno de ellos’” (4). La frase circuló en internet y se repitió insistentemente en los medios locales y nacionales –en particular los de Bloomberg–. Pero De Blasio siguió fiel al discurso que le proporcionó el éxito electoral.

Para ganar la alcaldía de una ciudad tan multicultural, este hijo de inmigrantes alemán e italiano contó con su ascendencia familiar y con su situación conyugal: está casado con una afroamericana.

Su crítica severa a las requisas policiales injustificadas (el “stop and frisk”) que sufren las personas de color sedujo a una parte del electorado. Pero lo que parece haber asegurado definitivamente su victoria fue el mensaje económico, la base de su programa. Nueva York es la tercera ciudad menos equitativa de Estados Unidos, que es a su vez el tercer país menos equitativo del mundo. En el barrio de Wall Street, las bonificaciones pagadas a los operadores –en promedio, 164.530 dólares por cabeza en 2013– y los salarios que superan los 20 millones de dólares por año, como el de Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs, en 2013, no sorprenden a nadie. La administración Bloomberg estaba enteramente dedicada al bienestar y al confort de esta minoría de ultrarricos, con el pretexto de que ellos son quienes más contribuyen con los ingresos fiscales de la ciudad: el 5% de los hogares neoyorquinos se reparte el 38% de los ingresos globales.

La isla de Manhattan, con departamentos por lo general vendidos en varias decenas de millones de dólares a una elite globalizada, brilla más que nunca. Pero, a pocos metros de allí, una parte nada despreciable de la clase media neoyorquina se desliza lentamente hacia la pobreza. Entre 2008 y 2011, según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el ingreso medio por familia cayó en un 6%. A fines de 2011, la mitad de las familias de la ciudad ganaba menos de una vez y medio el ingreso que determina el umbral de pobreza; el 17% de las familias en las que un miembro trabaja a tiempo completo, y el 5,2% de los hogares cuyos dos miembros tienen empleo vivían por debajo de este umbral. En ese momento, los alquileres explotaron.

Entre 2005 y 2012, el alquiler promedio (ajustado a la inflación) aumentó en un 11%, mientras que el ingreso de los locatarios solo creció un 2%. Según el Centro Furman de Bienes Raíces y Políticas Urbanas, más de la mitad de los locatarios de Nueva York gastan al menos un tercio de sus ingresos en el alquiler (5).

La principal medida de la campaña de De Blasio, combatida por sus rivales, es la creación de un fondo especial para la educación universal desde la primera edad, financiada por una tasa del 0,05% sobre los ingresos que superen los 500.000 dólares. La propuesta re-

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viste sobre todo un carácter simbólico: el alcalde de Nueva York no puede decidir por sí solo una imposición fiscal de esta naturaleza. Debe obtener el aval del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Ahora bien, aunque este aspirante a la candidatura demócrata para la elección presidencial de 2016 se dice progresista sobre las cuestiones sociales –está a favor del control de las armas de fuego y del matrimonio homosexual–, reivindica, sin embargo, cierto conservadurismo económico. Particularmente en materia fiscal. En diciembre de 2011, en una carta a los habitantes del estado, se vanagloriaba de haber “establecido el primer techo de impuestos sobre la propiedad” y de haber llevado los impuestos de la clase media “a su nivel más bajo desde 1968”. Las ambiciones de De Blasio podrían pues tropezar con la obsesión antiimpuestos de Cuomo. Estos dos hombres que tratan en vano de mostrarse amigos y presentarse como aliados políticos, en realidad, se muestran como los “mejores enemigos” del Partido Demócrata.

Sus divergencias reflejan el conflicto entablado entre partidarios de una economía más igualitaria, que ubican sus esperanzas en dirigentes como De Blasio o la senadora Elizabeth Warren, y el ala derecha del Partido, más preocupada por la libertad de las empresas y agrupada en torno a Cuomo y a Hillary Clinton.

La ambigüedad de Cuomo Dado que los estados son los encargados de distribuir las prestaciones federales y de cobrar los impuestos, cualquier alcalde tiene interés en mantener buenas relaciones con el gobernador, sobre todo si quiere introducir medidas audaces. Pero Cuomo juega un juego ambiguo, destinado antes que nada a preservar sus chances para 2016. Cuando los sondeos indicaban que la opinión pública estaba a favor del proyecto de educación prematernal universal, el gobernador se asoció al candidato a la alcaldía de Nueva York para defender la propuesta. Pero a la hora de financiarlo, se opuso furiosamente a la creación de una nueva tasa. Al cabo de varias semanas de pulseadas, De Blasio, finalmente, logró que el estado financie la iniciativa durante tres años.

El nuevo alcalde no dio pruebas de la misma tenacidad sobre la cuestión de las charter schools, las escuelas públicas financiadas por fondos privados que escapan al control de los sindicatos docentes (6). Estos establecimientos escolarizan a una débil proporción de los alumnos neoyorquinos (apenas el 6%). Mientras que la mayoría de los progresistas ven en las charter schools un medio de sabotear la escuela pública privándola de financiación y de los alumnos más necesitados, los republicanos y los administradores de fondos de pensión, siempre preocupados por reducir el rol del poder público, las defienden con uñas y dientes.

Cuando De Blasio criticó el principio de estas escuelas, Cuomo salió en ayuda de los defensores, obligando al alcalde a un retroceso hu-

millante. Para el público, el primero se mostró como un novato y el segundo, como un político experimentado.

Pero De Blasio no es rencoroso.

Cuando a fines de mayo de 2014, el Working Family Party, una coalición de militantes sindicales, asociaciones, etc. cercanas al Partido Demócrata, se dividió por el apoyo que debía brindarse a Cuomo para la renovación de su asiento en 2015, De Blasio se peleó en los pasillos a favor suyo. Un alcalde de Nueva York no debe desafiar a su gobernador cuando éste tiene el apoyo del mundo de las finanzas. Ahora bien, Cuomo ya recaudó más de 33 millones de dólares en vista de su reelección el año próximo, a pesar de que no tiene ningún opositor creíble.

De Blasio prometió durante su campaña crear doscientas mil nuevas unidades de viviendas de alquiler moderado.

La cuestión del alquiler será fundamental para sondear la determinación de De Blasio. Durante la campaña, prometió crear doscientas mil nuevas unidades de viviendas de alquiler moderado. Según la mayoría de los especialistas, el objetivo será muy difícil de alcanzar. El mismo menciona “el más grande y más ambicioso de los programas de alquiler a precio moderado iniciado por una ciudad de este país en toda la historia de Estados Unidos”.

Ahora bien, el sector inmobiliario ejerce una influencia importante sobre el aparato político neoyorquino, y es conveniente no disgustarlo. Los ricos, que pagan millones de dólares por un departamento frente al Central Park, pretenden además ser mimados, asegurarse los servicios de un portero, disponer de piscinas y gimnasios; no tienen ganas de compartir su barrio –y menos la entrada de su edificio– con la plebe que toma el metro. Por eso De Blasio juega hasta aquí al equilibrista manifestándose favorable a la promoción inmobiliaria, pero también preocupado por desarrollar la oferta a favor de las clases medias y populares.

Por el momento, su estrategia resultó eficaz, como lo confirma el asunto “Domino Sugar”. Desde hace varios años, el futuro de esta antigua refinería de azúcar en el corazón de Brooklyn suscita vivos debates. En 2012, el promotor Jed Walentas compró el terreno y prometió construir oficinas para las empresas de nuevas tecnologías, pero también dos mil trescientas viviendas, de las cuales seiscientas sesenta de alquiler moderado.

Ahora bien, el alcalde consideró insuficientes estas cifras. A pesar de las amenazas del promotor de abandonar todo, y los ataques de toda la prensa, se mantuvo firme, y Walentas se comprometió a construir cuarenta habitaciones de alquiler moderado suplementarias.

De Blasio comprendió que era probable que toda política favorable a los pobres y a las clases medias provocaría pulseadas con la clase acomodada, sus aliadas en la capital del estado de Nueva York, Albany, y los medios que la defienden. Por eso hizo la apuesta de ofrecer servicios reales a la gente, con el fin de subrayar la brecha entre las preocupaciones de los medios y sus problemas cotidianos.

Mientras que la economía de la ciudad se mantenga bien, él estaría en condiciones de realizar las promesas del “progresismo urbano” que se desmoronó en los años 60. Tal vez Los Ángeles, San Francisco y hasta Chicago sigan el ejemplo neoyorquino…

“Cuento o Historia de dos ciudades” retoma el título de una célebre obra del novelista Charles Dickens.

3. Véase Renaud Lambert, “Une élection selon Michael Bloomberg”, Le Monde diplomatique, junio de 2010.

4. Jennifer Gould Keil y Frank Rosario, “De Blasio ‘getting back at us’ by not plowing”, The New York Post, 21-1-14.

5. “#NYChousing. 10 issues for NYC’s next mayor”, Center Furman for Real Estate & Urban Policy, Universidad de Nueva York, 2013.

6. Véase Diane Ravitch, “Giro radical de una ex vicesecretaria estadounidense”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2010.

1. Michael Barbaro y Michael M. Grynbaum, “Republicans cast De Blasio as a leading liberal foe”, The New York Times, 14-5-14.

2. Nathaniel P. Morris, “De Blasio’s tale of two cities”, The Washington Post, 7-3-14. La fórmula

*Periodista.

Traducción: Florencia Giménez Zapiola Traducción: Gustavo Recalde

Grietas en el sueño americano

El imperio de la desigualdad

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Por Eric Alterman*

l estallido de la crisis económica en 2007/2008, que empezó en Estados Unidos y se trasladó después a Europa, puso al descubierto las trampas, las falacias y la rapiña practicadas por el gran capital financiero en el marco de la desregulación imperante. No obstante, ninguno de los máximos responsables del cataclismo fue juzgado, y siguieron cobrando sus fabulosos bonus. El Estado acudió con centenares de miles de millones de dólares –dinero de los contribuyentes– a salvar a las instituciones financieras que eran “demasiado grandes para quebrar”.

Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial: su superioridad militar es apabullante; mantiene la vanguardia en el dominio de las nuevas tecnologías, particularmente en el ámbito informático y armamentístico, y está viviendo un renacimiento energético inesperado a causa de la introducción a gran escala de la técnica del fracking (que implica graves da-

ños ecológicos y unas inversiones cuantiosas) para liberar el gas y el petróleo encerrados en las formaciones rocosas.

Pero es, también, el país más endeudado del mundo: su deuda pública, se estima, llegará en 2014 a 18,3 billones de dólares (China y Japón son sus principales acreedores). Y es, además, un país donde las desigualdades aumentan aceleradamente: los ingresos medios del 1% más rico de sus habitantes crecieron un 271% en los últimos 50 años, en tanto los del 90% más pobre lo hicieron en un 22%. La caída del salario real de los trabajadores ha sido espectacular: a comienzos de 2014 el salario mínimo era de 7,25 dólares por hora, un 23% menor, en valores constantes, que en 1968; si hubiese estado en relación con la inflación y el incremento de la productividad promedio, debería ser hoy de 25 dólares por hora.

(Fragmento de “Grietas en el imperio”, Introducción del Explorador Nº 1, Segunda Serie, dedicado a Estados Unidos). © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Vigilancia y sanciones de geometría variable para los bancos

Volvieron los reguladores a Estados Unidos Las duras sanciones económicas aplicadas por las autoridades estadounidenses a varios bancos internacionales –entre ellos al francés BNP-Paribas, por haber violado los embargos contra Cuba, Irán y Sudán– marcan el retorno de ciertas formas de regulación tras una larga etapa de laissez-faire.

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Por Ibrahim Warde*

a publicación el 29 de mayo, en The Wall Street Journal, de una información según la cual la multa impuesta al BNP-Paribas podría ascender a 10.000 millones de dólares produjo un shock.

Al banco se lo acusa de haber infringido, entre 2002 y 2009 y a través de su filial suiza, los embargos impuestos por Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán. El affaire ilustra de manera espectacular la evolución de la jurisprudencia y de las prácticas judiciarias (1) en materia de finanzas internacionales. Desde hace varios meses, otros dos establecimientos franceses, la Société Générale y el Crédit Agricole, también están en una situación delicada con las autoridades estadounidenses.

Incluso antes de este anuncio, el presidente François Hollande le había escrito a su homólogo estadounidense para avisarle acerca del “carácter desproporcionado de las sanciones previstas” contra BNP-Paribas. En cuanto a Christian Noyer, gobernador del Banco de Francia, expresó su sorpresa al ver la aplicación del derecho estadounidense en transacciones “conformes a las reglas, leyes, reglamentaciones a nivel europeo y francés así como a las reglas que dictan las Naciones Unidas” (2).

Endurecimiento progresivo Tal vez no estaría tan sorprendido si hubiese mirado mejor las evoluciones políticas de las últimas décadas. Desde fines de los años 80, mientras hacía furor el debate acerca de la decadencia estadounidense –frente al ascenso de Japón, en particular–, la politóloga británica Susan Strange insistía sobre el “poder estructural” de Estados Unidos, “ese poder para determinar los marcos de la economía mundial

que permitieron elegir y modelar las estructuras en el seno de las cuales los otros países, sus instituciones políticas, sus empresas y sus profesionales tienen que operar” (3).

En el transcurso de los años 90, el arsenal de sanciones puestas en práctica durante la Guerra Fría en contra de países e individuos “enemigos de Estados Unidos” se desarrolló considerablemente.

La extraterritorialidad dio un paso adelante, en 1996, con la Iran and Lybia Sanctions Act (ILSA), que le permitía a Washington imponerles sanciones a empresas de terceros países en relaciones con Irán y Libia. Sin embargo, fue sobre todo después del 11-S que se reforzó el poder estadounidense frente a los bancos internacionales, en el marco de la “guerra financiera contra el terrorismo” (4).

La vigilancia de los flujos financieros se volvió entonces de escala planetaria. Nuevo aspecto del “privilegio exorbitante” del que en otros tiempos hablaba el general De Gaulle, todas las transacciones en dólares, incluso cuando no se realizaban en territorio de Estados Unidos, caían a partir de entonces bajo el peso del derecho estadounidense. Finalmente, los poderes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), encargada, en el seno del Departamento del Tesoro, de la buena aplicación de las sanciones, no pararon de crecer.

Los grandes bancos internacionales ignoraron estas transformaciones. El BNP-Paribas, mal aconsejado, además multiplicó las torpezas. Ignoró las advertencias, como la visita en 2006, en su sede parisina, de Stuart Levey, en ese momento subsecretario del Tesoro para el terrorismo y la información financiera, que había venido a advertirles a los dirigentes en cuanto a sus relaciones con Irán. Siguió haciendo negocios con países embargados. Y tardó en reconocerlo, cuando en ese tipo de ocasiones lo

En este mundo en el que todo, o casi, era tolerado o estaba permitido, se aplicaba la regla del “si no lo viste, perdiste”.

ses, JP Morgan Chase, el primero del país, tiene el récord, con 13.000 millones pagados a título de su responsabilidad en la crisis inmobiliaria. Acaso le pise los talones el Bank of America, quien, ya en la fase final de las negociaciones con el Estado federal, debería desembolsar 12.000 millones de dólares por el mismo tipo de abuso.

normal en Estados Unidos es bajar la cabeza y hacer acto de contrición. Entonces fue considerado como “no cooperativo”. Las autoridades estadounidenses habrían propuesto incluso el monto de 16.000 millones de dólares de multa (alrededor de 10.000 millones de euros), cuando lo que desembolsó fueron sólo 1.100 millones de dólares.

La mayoría de los grandes establecimientos financieros internacionales también están en la mira de los reguladores estadounidenses. En 2012, el holandés ING y el británico Standard Chartered tuvieron que pagar multas respectivamente de 619 y 667 millones de dólares por transacciones con países con embargo. Otro británico, el HSBC, pagó 1.900 millones de dólares por complicidad en lavado de dinero, ayuda a la evasión fiscal y omisión de embargo. A unos cuantos bancos suizos también se los sancionó por haber ayudado a estadounidenses a cometer fraudes frente al fisco. El Crédit Suisse recibió una multa de 2.600 millones de dólares; fue el primero en veinte años en declararse culpable.

Resumiendo, algo nunca visto desde fines de los años 80, cuando el escándalo de las cajas de ahorro generó más de 1.000 demandas ante la justicia presentadas por los reguladores estadounidenses por fraude y abusos diversos. Ochocientos responsables fueron entonces condenados a la cárcel (6). Pero, inmediatamente después, el sistema de regulación financiera pasó por una fase de laisser-faire sin precedentes desde las reformas introducidas por el New Deal.

Director del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York, que es quien dirige el juego en este asunto, Benjamin Lawsky subió las apuestas. Imponiéndose como la voz de sanciones más “creativas”, exigió que “rodaran algunas cabezas”.

Exigencia satisfecha desde el momento en que Georges Chodron de Courcel, que presidía el consejo de administración del BNP-Paribas Ginebra, así como también otros dirigentes, anunciaron su partida.

Pero Lawsky hizo relucir otra amenaza: una prohibición temporaria de las operaciones de compensación en dólares de los clientes de BNP-Paribas, o incluso lisa y llanamente sacarles la licencia.

Récord de multas El affaire ilustra el gran regreso de las agencias de reglamentación financiera. En marzo pasado, el diario británico The Financial Times estimaba que el monto de las multas que los bancos estadounidenses y extranjeros le desembolsaron a Estados Unidos en el curso de los últimos cinco años había alcanzado los 100.000 millones de dólares.

Sólo en 2013 ascendió a 52.000 millones (5). Entre los estadouniden-

La ideología de la desregulación acelerada modificó en efecto la situación. Presidente de la Reserva Federal de 1987 a 2006, Alan Greenspan repetía sin parar que la única regulación capaz de favorecer la innovación financiera –motor, según él, de crecimiento económico– era la del mercado autorregulador; los que infringían sus leyes

condenaban al país a la decadencia. La expansión fulminante de los mercados y la aparente buena salud económica de Estados Unidos (más de diez años de expansión continua a partir de marzo de 1991) estaban ahí para demostrarlo.

Con el pretexto de una modernización considerada necesaria, importantes leyes pusieron en práctica estos principios liberales. Así, la Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act de 1999 hizo oficial el fin de la separación entre la banca comercial y los otros sectores financieros, mientras la Commodity Futures Modernization Act de 2000 favorecía el crecimiento exponencial de los productos derivados, fuera de todo control efectivo. Los mismos reguladores, que se suponía estaban para combatir las faltas a la legalidad, estaban penetrados por esta ideología.

De donde se desprendía su complacencia raramente desmentida – salvo en materia de terrorismo o de sanciones económicas–. Cuando un banco estaba en falta, apenas se le pegaba un poquito en la mano: la perspectiva de una pequeña multa, “sin reconocimiento ni respuesta de los hechos que se le reprochan”, de acuerdo con la fórmula establecida, no tenía ningún efecto disuasivo.

En este mundo en el que todo, o casi, era tolerado o estaba permitido, se aplicaba la regla del “si no lo viste, perdiste”. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, los reguladores no tenían armas –las subprime y los Credit Default Swaps que estaban en el origen del derrumbe no eran ilegales– y estaban sobre todo desamparados. Los bancos responsables de la crisis habían además tomado como rehén a una economía real acechada por la depresión. En sus recientes memorias, el ex secretario del Tesoro, Timothy Geithner, describe su dilema de la siguiente manera: “El furor populista del momento reclamaba una venganza bíblica, pero

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nosotros decidimos apagar el fuego, incluso si eso les daba a algunos de los pirómanos la posibilidad de escapar del castigo que se merecían” (7).

De la indiferencia al rigor En realidad, los pirómanos incluso fueron los principales beneficiarios de las gigantescas subvenciones destinadas a salvarlos del incendio que ellos habían iniciado.

Extremadamente costosas para los contribuyentes, esas subvenciones (estimadas en 13 billones de dólares (8)) le permitieron al sector financiero, y en menor medida a la economía del país, que le volviera un poco el color a la cara. Algunos reguladores, durante mucho tiempo criticados por su clemencia, cambiaron entonces la táctica –aunque capas enteras de las finanzas están fuera del alcance de su ira–. Quieren demostrar cuál es el precio a pagar por desafiar la ley.

Por lo que decidieron castigar ahí donde pueden, y sobre todo buscan que se sepa. En el seno mismo de los bancos, a los encargados de lanzar las alertas (whistleblowers) se los incita a denunciar eventuales infracciones, a cambio de una compensación financiera y la garantía de conservar su trabajo.

Se entiende, en estas condiciones, el aumento de poder de los departamentos de conformidad reglamentaria (compliance), que imponen una vigilancia a cada instante para asegurarse de que las leyes sean escrupulosamente respetadas. Armados con nuevos poderes gracias a la ley Dodd-Frank, votada en 2010, ponen trabas dobles. Sin que por eso el sistema se vuelva más seguro o más estable.

La resolución de estos litigios, y en particular el monto de las multas, es arbitraria. Porque la gestión de estas crisis implica a muchos actores en un contexto movedizo.

Las diversas agencias gubernamentales están motivadas por una multitud de consideraciones legales, ideológicas, financieras y políticas. Para las agencias federales, la política exterior puede jugar un papel nada despreciable, mientras que las que dependen de los estados, como el DFS del estado de Nueva York, están manejadas por segundas intenciones electoralistas y por preocupaciones de política interior. En cuanto a los bancos implicados, están asesorados por ejércitos de abogados y de consultores, principalmente en el campo de la comunicación y de las relaciones públicas.

En este contexto, las estrategias adoptadas y la contratación, como la de ex altos funcionarios que se pasaron al sector privado, pueden jugar un rol determinante. El caso de HSBC, por ejemplo, empantanado en asuntos de lavado de dinero, evasión fiscal y otras infracciones, parecía desesperado. El banco organizó la transferencia de valijas de billetes para un cartel de drogas mexicano. Pero salió bien parado, con una multa de 1.900 millones de dólares, y sin consecuencias penales. Hay que decir que tuvo el buen tino de contratar

como director de asuntos jurídicos a Levey, el ex subsecretario del Tesoro para el terrorismo y la información financiera. El mismo que, en 2006, había llevado a cabo la gira de los grandes bancos europeos – BNP-Paribas, pero acaso también HSBC– para ordenarles que no hicieran negocios con los países con embargo, en particular Irán…

1. Véase Antoine Garapon y Pierre Servan-Schreiber (dir.), Deals de justice. Le marché américain de

l’obéissance mondialisée, Presse universitaires de France, París, 2013.

2. Sébastien Pommier, “Ils veulent sauver le soldat BNP-Paribas”, L’Express, París, 4-6-14.

3. Susan Strange, States and Markets, Pinter, Londres, 1988.

4. Ibrahim Warde, Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme, Agone-Le Monde diplomatique, Marsella, París, 2007.

5. Richard McGregor y Aaron Stanley, “Banks pay out $100bn

in US fines”, The Financial Times, Londres, 25-3-14.

6. Gretchen Morgenson y Louise Story, “In financial crisis, no prosecutions of top figures”, The New York Times, 14-4-11.

7. Timothy F. Geithner, Stress Test: Reflections on Financial Crises, Crown Publishers, Nueva York, 2014.

8. Karen Weise, “Tallying the full cost of the financial crisis”, BloombergBusinessWeek, Nueva York, 14-9-12.

*Profesor adjunto en la Fletcher School of Law and Diplomacy (Medford, Massachusetts). Autor de Propagande impériale & guerre financière contre le terrorisme, Agone-Le Monde diplomatique, Marsella-París, 2007.

Traducción: Aldo Giacometti

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“Tratar de encontrar, detrás del sustantivo, la sustancia”

Populismo, itinerario de una palabra viajera

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Por Gérard Mauger*

os días antes del escrutinio europeo del 25 de mayo pasado, en su primer acto de campaña, en Villeurbanne, el primer ministro Manuel Valls llamó solemnemente a la “insurrección democrática contra los populismos”. “Populismo”: ¿quién no escuchó, en boca de los encuestadores, periodistas o sociólogos, esa palabra-comodín con que se alude, aleatoriamente, a todos los opositores –de izquierda o de derecha, votantes o abstencionistas– a las políticas implementadas por los organismos europeos?

La inconsistencia del sustantivo “populismo” responde, en parte, a lo variado de sus usos. En el ámbito político, la historia de esa etiqueta

evidencia la amplitud del espectro que abarca: de la visión idealizada de los campesinos, mistificados por el populismo ruso (narodniki) a la revuelta de los granjeros del People’s Party de Estados Unidos a fines del siglo XIX, de los populismos latinoamericanos (Getúlio Vargas en Brasil, Juan Perón en Argentina) al macartismo, del poujadismo al lepenismo en el siglo XX, de Vladimir Putin a Hugo Chávez en la era de la globalización, del United Kingdom Independence Party (UKIP) a Amanecer Dorado, en la Europa del siglo XXI, o de Marine Le Pen a Jean-Luc Mélenchon en el actual Hexágono. El dibujante Plantu ilustró (literalmente), en el semanario L’Express (19-1-2011), esta última confusión -hoy trivializada-, al representar a la dirigente del Frente Nacional (FN) y al vicepresidente del Frente de izquierda (FG) con el brazo en alto, ostentando ambos un brazalete rojo y leyen-

do el mismo discurso: “¡Todos podridos!”

En el campo literario, la palabra “populismo” hace su aparición, en francés, en 1929: “disposición de la escritura”, en rebeldía contra la novela burguesa pero apolítica, en oposición a los escritores comunistas y a sus imágenes de Épinal proletarias, este movimiento literario se propone “describir simplemente la vida de la ‘gente sencilla’ (1)”.

Dentro del universo de las ciencias sociales, movido por una intención política de rehabilitación de lo popular, este movimiento aplica el relativismo cultural al estudio de las culturas dominadas (Volkskunde ou Proletkult). Ignorando, o restando importancia a las relaciones objetivas de dominación, atribuye a las culturas populares el mérito de una forma de autonomía, y celebra su resistencia, hasta invertir los va-

lores hegemónicos y proclamar “la excelencia de lo vulgar”. Pero además, se ubica en las antípodas de una forma común de desprecio que vincula a las clases dominadas con la incultura y la naturaleza, cuando no con la barbarie. Característico de la burguesía y de la pequeña burguesía cultivada, ese racismo social se basa en la “certeza propia de una clase de monopolizar la definición cultural del ser humano, y por ende de los hombres, que merecen plenamente ser reconocidos como tales (2)”.

Circulando así de un campo a otro, de un siglo a otro, de un continente a otro, la etiqueta parece haber perdido toda consistencia. De modo tal que aquellos que se afanan en explicar su sentido cometen un clásico error, que el filósofo Ludwig Wittgenstein expresó así: “tratar de encontrar, detrás del sustantivo, la sustancia”. Porque si se pre-

tende definir el populismo, como propone el politólogo Pierre-André Taguieff (3), por el llamamiento directo al pueblo, obviamente no se deja afuera a nadie de las sociedades occidentales: ese método es inherente a la democracia, “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. E incluso, si se reserva la denominación de populista a un estilo de llamamiento que privilegia la proximidad y cultiva el carisma del jefe, con gran ayuda de la propaganda de televisión, es muy difícil encontrar un dirigente actual que escape a ella (4). Asimismo, si se define el populismo como una incitación al alzamiento contra las “élites” (económicas, políticas, mediáticas) habría que incluir entre los sospechosos a François Hollande, cuando en su discurso en Bourget, el 22 de enero de 2012, denunció a su “verdadero adversario: el mundo de las finanzas, que no tiene nombre ni rostro”, o a Nicolas Sarkozy,

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cuando vituperó en Tolón a un “capitalismo financiero que perdió la cordura, a fuerza de no estar sujeto a ninguna regla” (25-9-2008).

La politóloga Nonna Mayer considera que la característica más compartida entre los movimientos europeos calificados de populistas en los análisis poselectorales, sería la xenofobia (5): dentro del “mosaico eurófobo” compuesto por Le Monde (28-5-2014), catorce de los dieciséis partidos mencionados son contrarios a la inmigración. Pero algunos editorialistas, que asocian el cuestionamiento de los organismos europeos con una forma de hostilidad a los extranjeros, también ponen la etiqueta populista a la izquierda radical griega, española o francesa (Syriza, Podemos, FG), poco sospechosa, sin embargo, de racismo. Entonces, se impone reflexionar acerca de sus concepciones del pueblo y discutir el reemplazo de una etiqueta por la otra.

Esquemáticamente, pueden distinguirse tres figuras del “pueblo” (6). “Populismo” deriva del latín populus, “democracia” se forma a partir de la raíz griega dêmos, y ambas palabras significan “pueblo”.

El pueblo a que hace referencia la democracia es el cuerpo cívico en su conjunto, el pueblo-nación. De ahí la tendencia, siempre posible, hacia el nacionalismo –una de cuyas formas, contemporánea y menos vituperada que la otra, exalta la “competitividad de Francia dentro de un mundo globalizado”-. Por otro lado, el pueblo al que se dirigen los populistas corresponde a dos definiciones distintas.

En la versión de derecha, este es más ethnos que dêmos: pueblo invadido o amenazado de invasión, opuesto al extranjero y al inmigrante. Más o menos abiertamente xenófobo y, en la Francia contemporánea, antiárabe o islamófobo, defiende la identidad del pueblo-ethnos, supuestamente intacto y homogéneo en lo cultural, contra poblaciones provenientes de la inmigración y supuestamente inasimilables. Este se presenta como nacional. A este respecto, y si bien en relación a Europa y la globalización son contrarias, las estrategias electorales de la Unión por un movimiento popular (UMP) y del FN son idénticas. Para sellar una alianza en principio improbable, pero electoralmente necesaria, con las clases populares, esta versión de la derecha se propone sustituir, en su visión del mundo, “ellos (los de arriba)”/”nosotros (los de abajo)”, por un enfoque que opone un “nosotros” (“los de abajo”) a “aquellos que no trabajan ni quieren trabajar” (desocupados, inmigrantes, beneficiarios de la ayuda social); en suma, a un “ellos” inferior a “nosotros” (7). Así se reactiva el conflicto latente entre personas socialmente afianzadas y personas marginales (8), sacando partido del miedo al desclasamiento.

La reivindicada adhesión de los medios populares a las clases medias, la ostentación de la honestidad y la estigmatización moral de los delincuentes y los “vagos”, permiten diferenciarse de la repre-

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sentación dominante que asimila clases trabajadoras y clases peligrosas. Por eso, la derecha propone medidas tales como la restricción de la inmigración “laboral”, o declara su voluntad de establecer un máximo para los ingresos de los beneficiarios de ayudas sociales y de obligar a ellos a realizar trabajo comunitario. De esa manera, preserva la especificidad de aquel que “trabaja duro” y favorece la alianza entre un sector de las clases dominantes en decadencia (los pequeños empresarios) y el sector socialmente afianzado de las clases populares.

En la versión de izquierda, por el contrario, el pueblo designa al pueblo obrero, al populacho celebrado por Jules Michelet, el pueblo-plebe, “los de abajo”, y en el plano político, al pueblo movilizado, en oposición a los de arriba, la burguesía, las clases dominantes, el establishment, los privilegiados, los detentadores de los poderes económico, político, mediático, etc.

En cuanto a los contornos de ese “pueblo popular”, si bien la clase obrera fue largamente su centro y su vanguardia (el populismo se convierte entonces en obrerismo), estos incluyen también a los empleados –mujeres, en su aplastante mayoría- y más allá, a una fracción medianamente extensa del campesinado y la pequeña burguesía (docentes, personal de la salud, técnicos, ingenieros, etc.) Esto es, en el caso de Francia, más de tres cuartas partes de la población activa, cuya mitad está exclusivamente compuesta por los obreros y empleados. “Somos el partido del pueblo”, decía el dirigente comunista Maurice Thorez el 15 de mayo de 1936 (antes de que ese partido se convirtiera, varias décadas después, en el partido de la “gente”, según Robert Hue). De inspiración más o menos marxista, este tipo de “populismo”, defensor de las clases populares en tanto explotadas, oprimidas, en lucha contra las clases dominantes, suele presentarse como socialista.

Las representaciones que subyacen a los llamamientos al pueblo-ethnos (populismo nacional) y las que, por el contrario, invocan al “pueblo popular”, son tan opuestas como la derecha y la izquierda. Pero los defensores de un populismo popular cultivan gustosos –tanto por convicción como por necesidad- una visión idílica, a veces estetizante, de un pueblo idealizado.

Ellos prestan al “hombre común”, trabajador explotado y dominado, una reivindicación espontánea de igualdad. Postulan un conjunto de virtudes indisociables del ethos popular tradicional: solidaridad, autenticidad, naturalidad, sencillez, honestidad, sentido común, lucidez, cuando no sabiduría. Esas cualidades acaban por cristalizar en el concepto de “decencia común” (common decency), caro al escritor británico George Orwell: “En una civilización industrial, los trabajadores manuales poseen una serie de características que les son impuestas por sus condiciones de vida: lealtad, ausencia de cálculo, generosidad, odio hacia los privile-

gios. Ellos desarrollan su visión de la sociedad futura a partir de esas inclinaciones, lo cual explica que la idea de igualdad esté en el corazón del socialismo de los proletarios” (9).

No obstante, no podría sostenerse que los discursos de la seguridad y la xenofobia del FN carezcan de resonancia en las clases populares. En las últimas elecciones europeas, si bien el 65% de los obreros se abstuvieron (así como el 68% de los empleados y el 69% de los desocupados), más del 40% de quienes votaron habrían elegido a ese partido, o sea, alrededor del 15% del total de ese grupo (según el instituto Ipsos). Eso es a la vez poco y mucho: si bien es cierto que la posición mayoritaria de las capas populares sigue siendo la abstención (10), una fracción de ellas vota a la extrema derecha, convencidas de “que no se hace nada por ellas y que los ‘ellos’ de arriba y los ‘ellos’ de abajo prosperan a expensas suyas” (11). En ese caso, el éxito de lo que ofrece el FN refleja la capacidad de ese partido de alimentar la confusión entre pueblo ethnos y pueblo demos. Y de establecer una alianza entre los sectores de las clases medias y las clases populares, dirigida, al mismo tiempo, contra los muy pobres y los muy ricos –estrategia que también lleva adelante, en Rusia, Putin-.

Este tipo de proyecto político saca partido del “racismo de clase” que expresan, sin percatarse siquiera, quienes cobran por comentarlo. En sus plumas, ese pueblo que vota mal, implícitamente reducido al estado de populacho, padecería una propensión innata a la estrechez de miras, al repliegue sobre sí mismo, a un resentimiento adquirido de mal alumno respecto a las élites (que su bajo nivel de estudios demostraría) y a una incultura política: sus supuestas pulsiones, credulidad e irracionalidad lo harían propender a las propuestas simplistas y lo convertirían en una presa fácil para los demagogos. En sentido inverso, este discurso reserva a las “élites” las virtudes de la apertura, la inteligencia, la sutileza y la superioridad moral. La denuncia del pueblo popular, encarnada por el personaje del “beauf” (12), machista, homófobo, racista, islamófobo, etc., es pues una continuación de la filosofía conservadora de fines del siglo XIX y de su desconfianza hacia las masas y la democracia –las de Hippolyte de Taine y de Gustave Le Bon. Deduce esas infamias mediante una simple inversión de las virtudes de que hace acreedoras a las “élites” que, por construcción, se supone que son rigurosamente impermeables a ese tipo de desviaciones.

De manera que, hoy como ayer, se enfrentan dos representaciones diametralmente opuestas de lo popular: el racismo de clase de los unos sirve para denunciar el populismo de los otros.

1. Philippe Roger, “Le roman du populisme”, dans Populismes, Critique, n° 776-777, París, enero/febrero-2012.

2. Claude Grignon y Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire, Seuil, París, 1989.

3. Pierre-André Taguieff, L’Illusion populiste. De l’archaïque au médiatique, Berg International, París, 2002.

4. Véase Serge Halimi, “Le populisme, voilà l’ennemi!”, Le Monde diplomatique, abril de 1996.

5. Nonna Mayer, “Le populisme est-il fatal?”, Populismes, Critique, op. cit.

6. Eso propone Jacques Rancière con “L’introuvable populisme”, en Qu’est-ce qu’un peuple?, La Fabrique, París, 2013. En cuanto a las “Vingt-quatre notes sur les usages du mot peuple” propuestas en el mismo libro por Alain Badiou, sin gran dificultad pueden reducirse a tres: “nacional”, “obrero”, “racial”.

7. Cf. Robert Castel, “Pourquoi la classe ouvrière a perdu la partie”, en La Montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l’individu, Seuil, 2009.

8. Sobre esta distinción entre “established” y “outsiders”, cf. Norbert Elias et John L. Scotson, Logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une communauté, Fayard, París, 1997 (1re éd. : 1965).

9. New English Weekly, Londres, 16-6-1938. Citado por Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Climats, Castelnau, 2000.

10. Véase Céline Braconnier y Jean-Yves Dormagen, “Ce que s’abstenir veut dire”, Le Monde diplomatique, 5-2014.

11. Robert Castel, “Pourquoi la classe ouvrière a perdu la partie”, op. cit.

12. El “beauf” es un personaje de historieta inventado por Cabu en los años 70. Encarna a un ideal-tipo racista, sexista y homófobo. En esa misma época, la historieta de Binet Les Bidochon pone en escena a personajes de ese mismo estilo. *Sociólogo Traducción: Patricia Minarrieta

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Sobre la neutralidad en el derecho

Repolitizar la cuestión judicial El acto de juzgar no es, como pretende el discurso generalizado sobre la justicia, un acto neutral (y deshumanizado), sino un acto necesariamente concreto y político.

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Por Matthieu Bonduelle*

ntre los numerosos discursos respecto de la justicia y de aquellos que la administran, surgen dos representaciones. Por un lado, la imagen de un juez autómata, indiferente a los sentimientos humanos, estrictamente sometido al derecho; por el otro, la de un juez omnipotente, demiurgo que hace y deshace los destinos a su antojo.

Según la primera percepción, la neutralidad sería la virtud cardinal del juez, cuyo papel se limitaría a “aplicar la ley”. El derecho mismo sería una herramienta desconectada de los fines a los que sirve, independizada de sus condiciones de producción. Sin embargo, el derecho es un precipitado político o al menos el producto más manifiesto de la política institucionalizada, ya que es fabricado por el Estado, o en marcos definidos por éste. Uno podría aceptar que tal ley es “de izquierda” y tal otra “de derecha”, ya que de todos modos es difícil hacer abstracción total de los representantes electos que votan los textos; pero, in fine, bajo el efecto de una forma de represión de lo político, llegaría a hablarse del derecho como de un sistema que va de suyo.

En un artículo clásico para los sociólogos, muy poco estudiado en las facultades de derecho, Pierre Bourdieu describe los efectos de “neutralización” y “universalización” que se generan en el campo jurídico. Éstos se revelan no sólo en la lengua (giros impersonales, retórica de la constatación oficial, presente atemporal), sino también en la situación judicial, que opera una “neutralización de los objetivos”. Pero Bourdieu lo recuerda: “Dada la extraordinaria elasticidad de los textos, que llega a veces a la indeterminación o la ambigüedad, [el juez] dispone de una inmensa libertad. Sin duda, no es extraño que el derecho, instrumento dócil, adaptable, flexible, polimorfo, sea de hecho utilizado con el fin de contribuir a racionalizar decisiones en las cuales no tuvo parte alguna...”

(1). Así, el acto de juzgar es necesariamente político, ya que el juez

debe decidir. Los juristas, teóricos o prácticos, lo saben bien: “aplicar la ley” quiere decir todo y no quiere decir nada.

En estas condiciones, podría pensarse que la cuestión política no es tabú en el universo jurídico.

Lo que significaría olvidar que el derecho, “forma por excelencia del discurso legítimo”, no puede “ejercer su eficacia específica sino en la medida [...] en que se desconoce la parte más o menos grande de arbitrariedad que está en el origen de su funcionamiento” (2). O, tal como escribe Jacques Ellul, que “el surgimiento del derecho se sitúa en el punto donde el imperativo formulado por uno de los grupos que componen la sociedad tiende a adquirir un valor universal por su puesta en forma jurídica” (3).

Se entiende pues que la creencia en la neutralidad del derecho y de los juristas se haya expandido tanto, incluso entre estos últimos.

Esta creencia explica el éxito de las “corporaciones” en las facultades de derecho, y del sindicalismo “apolítico” en los palacios de justicia; éxito que, a su vez, contribuye a reforzarla (4).

De un reduccionismo a otro A priori en el lado opuesto a esta primera concepción se encuentra aquella que tiende a sobreestimar el papel del juez, atribuyéndole intenciones –y facultades– que no tiene. En este caso, ya no se borra al magistrado: se lo resalta. Existe a la vez el convencimiento de que es todopoderoso y que sus objetivos están desconectados de la lógica judicial. Se cree entonces descubrir detrás de cada decisión una toma de posición política, al punto a veces de deducir de ella la cercanía del juez a tal o cual partido, e incluso su participación en un complot.

Así, cuando un ex presidente de la República en decadencia o alguno de sus amigos es acusado, se infiere que los jueces de instrucción están necesariamente guiados por la voluntad de eliminarlo políticamente; sobre todo, desde luego, si son miembros, reales o supuestos, del demoníaco Colegio de la Magistratura. Se observará además que esta acusación de parcialidad apunta siempre a magistrados de “izquier-

da”, como si los demás estuvieran por definición al abrigo de semejante vicio.

Pero el conspiracionismo no es sino la forma más exacerbada de una ideología intencionalista mucho más difusa. El relato periodístico le otorga un amplio espacio, tan imperioso le parece “encarnar” sus temas, pero también porque, de hecho, la persona del juez nunca es totalmente indiferente. Se llega entonces a indagar sobre su reputación, sus gustos, su temperamento, sus convicciones, hasta su mirada, como para encontrar allí la clave del misterio judicial (5). Los propios abogados y magistrados contribuyen a alimentar esta percepción; porque es humano creerse más importante de lo que se es, pero también porque a fuerza de frecuentarse, los actores piensan que se conocen.

Así se delinea un espacio delimitado por dos reduccionismos: el reduccionismo neutralista y el reduccionismo intencionalista. En ambos casos, se despolitiza: en el primero por defecto, en el segundo por exceso. Se despolitiza porque se desocializa la situación judicial, y especialmente al magistrado: robotizándolo en un caso, endiosándolo o demonizándolo en el otro, imaginándolo cada vez. De esta manera, se causa un doble daño. Primero, se impide que las cuestiones relacionadas con la justicia puedan debatirse verdaderamente en el seno de la ciudad: en el primer caso porque sólo daría lugar a discusiones entre especialistas; en el segundo, porque se vuelve constantemente a la discusión política, cuyo objetivo se reduce a la búsqueda del poder. Por otra parte, se construye una figura imposible del magistrado, y se tiende así a separarlo de la sociedad.

Quiérase o no, hay y habrá siempre entre la ley y el caso particular un intersticio, que el magistrado está en condiciones de llenar, con su conciencia, sus valores, sus opiniones, sus emociones; sus “afectos”, diría Spinoza. El magistrado es humano; dejemos pues de querer neutralizarlo en nombre de las apariencias. En cambio, es fundamental que sea imparcial, es decir, que no tenga interés en la solución

del problema que se le plantea; que no prejuzgue, que no se encierre en el “listo para juzgar”, que desconfíe de sí mismo. Eso supone no sólo que se conozca, sino que asuma lo que es, con el fin de evitar en la medida de lo posible el retorno de lo reprimido.

Al respecto, el compromiso sindical, asociativo o político, lejos de ser una anomalía o una enfermedad vergonzosa, tal como se lo percibe cada vez más, constituye una riqueza y una contención. La imparcialidad pasa también por una fuerte deontología, y más aun por garantías objetivas –como la colegiación, la obligación de exponer los motivos, las vías recursivas...–, lamentablemente malogradas con frecuencia por el poder político en una lógica de gestión.

El resto no sólo es ilusorio sino peligroso. Así se han visto surgir “cuestionamientos”, la mayoría de las veces masculinos, sobre la imparcialidad de jurisdicciones exclusivamente femeninas para tratar casos de violación o agresión sexual. Al ser los violadores hombres, ¿de qué manera la objetividad de un hombre sería superior a la de una mujer? Se han visto también magistrados cuestionados por tener un apellido judío.

Del mismo modo, debido a que el Colegio de la Magistratura cuestionó fuertemente la política y las posturas de Nicolas Sarkozy durante su presidencia, un miembro de esta organización sería necesariamente parcial respecto de éste. Cuando se sabe que este hombre político generó el movimiento de protesta más importante jamás visto en la Magistratura (6), y que la propia Unión Sindical de Magistrados denunció los “momentos oscuros” de su mandato (7), ¿qué magistrado podrá pues ocuparse bien de los asuntos que lo involucran? Más allá de las estrategias de distracción de unos u otros, es una concepción de la esencia del juez la que se banaliza, y se llega a soñar en voz alta con una justicia propiamente inhumana.

La verdad del oficio de magistrado es que está directamente relacionado con cuestiones muy políticas y que la materia judicial es

irreductiblemente concreta, singular. Resulta pues imperioso repolitizar la cuestión judicial, con el fin de acabar con la doble fantasía del magistrado neutral y el magistrado a neutralizar. Repolitizar para rehumanizar la mirada que tenemos sobre la justicia. Repolitizar para enriquecer el debate público sobre estas cuestiones y permitir su apropiación por parte de los ciudadanos.

1. Pierre Bourdieu, “La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique”, Actes de la recherche en sciences sociales, N° 64, París, 1986.

2. Ibid.

3. Jacques Ellul, “Le problème de l’émergence du droit”, Annales de Bordeaux, Tomo 1, 1976.

4. En las últimas elecciones profesionales en la Magistratura en Francia, en junio de 2013, la Unión Sindical de Magistrados (USM), considerada “apolítica”, obtuvo el 68,4% de los votos; el Sindicato de la Magistratura (SM), considerado de izquierda, el 25,2%, y Fuerza Obrera-Magistrados, también “apolítica”, el 6,4%.

5. Véase, por ejemplo, Pascale Robert-Diard, “Tapie, Dassault, Sarkozy: le juge Serge Tournaire, omniprésent et invisible”, Le Monde, París, 12-3-14.

6. “La quasi-totalité des tribunaux en grève”, L’Express.fr, 9-211.

7. “Le principal syndicat de magistrats critique le bilan Sarkozy”, LeMonde.fr, 12-4-12.

*Magistrado, juez de instrucción del Tribunal Civil de Créteil, ex secretario general del Colegio de la Magistratura francés.

Traducción: Gustavo Recalde