EVALUACIÓN DE PROCESO Y RESULTADOSDEL PENSIDA III 2008-2012

EVALUACIÓN DE PROCESO Y RESULTADOS DEL PENSIDA III 2008-2012

Resumen Ejecutivo

Evaluación de Proceso y Resultados Del PENSIDA III 2008-2012

01 El primer caso de sida reportado en Honduras se registró en 1985. A partir de esa fecha y según reporta el Departamento de ITS/VIH/SIDA1, a diciembre del 2012 se han registrado 31,051 personas viviendo con VIH, la mayoría en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Colón. La prevalencia de VIH estimada es de 0.61% en población general para el año 20112. La epidemia se concentra en zonas urbanas y con mayor énfasis en la costa norte del país. No obstante, Honduras tiene un perfil compuesto de la epidemia; porque además es concentrada en poblaciones vulnerables como son las mujeres trabajadoras del sexo, hombres que tienen sexo con hombres y población garífuna. El grupo poblacional más afectado es el de 20 - 39 años con un 66% de los casos, y el patrón de transmisión es principalmente sexual, con una razón hombre/mujer de 1.4:1.

La implementación de la respuesta nacional al VIH se basa en el marco de los “Tres Unos” que comprende la creación y consolidación de un Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH (PENSIDA) que sirve como base para coordinar el trabajo con todos los sectores involucrados; una comisión nacional de Sida, cuyo mandato es multisectorial amplio para la conducción de la respuesta nacional; y un sistema único de monitoreo y evaluación.

En concordancia con el primer “Uno”, desde 1998 se han elaborado tres planes estratégicos concertados con los diferentes sectores para dar respuesta a la epidemia. El plan vigente, o PENSIDA III es el producto de un esfuerzo múltiple que inicia con la conformación de un equipo nacional nombrado por la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), quienes, haciendo una revisión y evaluación de la versión anterior del plan, utilizaron la metodología “AIDS Strategy and Action Plan” (ASAP) del Banco Mundial y ONUSIDA y elaboraron el plan que tendría vigencia de 2008 a 2012. El PENSIDA III es un marco de referencia para la toma de decisiones estratégicas, así como un instrumento dinámico para la implementación de las acciones que den respuesta a los cambios en la epidemia y a las necesidades del contexto nacional. En el 2012 durante una reunión de la CONASIDA, se decidió extender el periodo de vigencia del PENSIDA III hasta el 2015 sobre la base de una evaluación que permitiera reformular las estrategias planteadas según los resultados y desafíos encontrados hasta la fecha, así como datos actualizados sobre le epidemia.

La evaluación fue ejecutada desde la perspectiva de una respuesta multisectorial, y planteada como una oportunidad para el análisis y la deliberación crítica sobre la efectividad, eficiencia y sostenibilidad de las estrategias nacionales, que aportan a la consecución de los objetivos de acceso universal y a los compromisos políticos internacionales asumidos por el Estado de Honduras en materia de VIH. Es importante situar como punto de referencia el compromiso político, expresado por el Estado hondureño en la última Declaración Política sobre el VIH de 2011, donde reconoce las grandes líneas de intervención como esenciales para alcanzar las diez metas de 2015.

La evaluación ha sido liderada por el Equipo Nacional de Monitoreo y Evaluación de CONASIDA con el apoyo de ONUSIDA y la participación de la Secretaría de Salud, los Centros de Atención Integral (CAI) y las Clínicas VICITS, otras Secretarías e instituciones del Estado, grupos de personas viviendo con VIH, representantes de Poblaciones en mayor riesgo (PEMAR), la sociedad civil organizada y la cooperación internacional.

El presente documento de “Evaluación de proceso y resultados del PENSIDA III” responde a la necesidad de revisión de la respuesta nacional actual vista desde los tres componentes estratégicos del PENSIDA III: (1) Promoción de la salud para la prevención del VIH; (2) Atención integral y (3) Política pública y gestión social. Además, se revisó el tema de monitoreo y evaluación como eje transversal para todas las áreas estratégicas.

1 Secretaría de Salud, Informe Estadístico de la situación del VIH/SIDA en Honduras; 2012 2 Secretaría de Salud, Estrategia de Abordaje Integral a las ITS/VIH/Sida en el marco de la Reforma del Sector Salud; 2011

El Estado Hondureño ha suscrito la Declaración Política sobre el VIH del 2011.

Promoci贸n de la salud para la prevenci贸n del VIH

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03

Prevención de la transmisión sexual del VIH La evaluación demostró que hay todavía un limitado marco de políticas públicas relativas a la prevención, promoción y educación en salud sexual y reproductiva que se complementen y constituyan un marco regulatorio integrado. No existe una estrategia nacional de prevención y el involucramiento de la Secretaría de Salud y en especial, de la CONASIDA es muy escaso.

La mayoría de acciones emprendidas en este campo son lideradas por las organizaciones de la sociedad civil con el financiamiento y apoyo técnico de la cooperación internacional.

La “Estrategia de Abordaje Integral de las ITS/VIH/Sida en el Marco de la Reforma del Sector Salud”, oficializado en febrero del 2012, se vislumbra como un medio para gestionar la gobernanza en materia de prevención por parte de la Secretaría de Salud e impulsar los esfuerzos hasta ahora emprendidos.

En relación a la disponibilidad y acceso a condones, más de 14.6 millones de condones masculinos fueron distribuidos a nivel nacional en el periodo del PENSIDA III según informa el Fondo Mundial y más de 78,000 personas recibieron condones masculinos como parte de un paquete de servicios de prevención que incluye actividades educativas y de sensibilización en el marco de implementación de USAID en el periodo de 2009-2012 dirigidos a MTS, HSH, trans y sus parejas sexuales.

Sin embargo, en visitas a Centros de Atención Integral (CAI) y clínicas VICITS (clínicas para la vigilancia centinela de ITS) al norte del país se registró información sobre periodos de desabastecimiento de los mismos. Según informantes clave y el diagnóstico realizado por USAID en 20123 parece que el problema principal no radica en el desabastecimiento de condones, sino en la débil planificación de las organizaciones implementando proyectos de VIH, que no permite una efectiva gestión y distribución de condones a nivel nacional. En algunos casos los condones no se distribuyen de forma estratégica en base a las necesidades de las PEMAR sino que se entregaban a la población general en eventos masivos, en lugar de desarrollar un plan anual de distribución en función de las necesidades de las poblaciones priorizadas.

En cuanto a la prueba de VIH, existe una extensa red de puntos de prueba y consejería (28) con una fuerte descentralización del diagnóstico, tanto en servicios de salud como en ONG. No obstante, se observó una desproporción entre la red de puntos y el número de pruebas realizadas (161,311 en 2012 en comparación con 51,417 con solamente 27 puntos4).

Una de las limitantes, principalmente en los servicios públicos, es la poca disponibilidad para la población general o para casos de posible infección debido a periodos de desabastecimiento y el hecho de que solo se ha priorizado para mujeres embarazadas. En poblaciones clave, los HSH, garífunas y personas menores de 25 años se aprecian bajos porcentajes de realización de la prueba, cuyos motivos pueden deberse a las limitantes en la disponibilidad de pruebas, a las restricciones legales en la edad para realizarse las mismas y la falta de mayor inversión en estas poblaciones.

Los abordajes para incrementar el acceso de las poblaciones PEMAR a servicios de prevención no han sido estandarizados y con débil enfoque de género durante el periodo del PENSIDA III. Algunas organizaciones trabajando con PEMAR han dirigido proyectos propios aplicando el modelo transteórico para cambios de comportamiento, que según la evaluación realizada por USAID en 20115 e informantes clave de la sociedad civil, ofrece mayor impacto por el seguimiento sistemático e individualizado, sobre los modelos de abordajes cortos y no sistemáticos. Otras organizaciones aplicaron metodologías autodiseñadas y rediseñadas de 3 USAID y SCMS. Estimación de la necesidad de condones en Honduras. Junio de 2011.

4 Departamento de ITS/VIH/SIDA 5 USAID. USAID/Honduras: HIV/AIDS prevention programs evaluation. January 2011.

Limitada estandarización de los abordajes para cada población PEMAR.

NO Existe un número suficiente de pruebas del VIH para las necesidades del país.

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04 forma empírica sin evidencia científica que sustenten su efectividad y con poca asesoría de expertos en teorías de cambio de comportamiento. En general, según datos reportados por los Proyectos del Fondo Mundial y USAID se observó un incremento de la cobertura durante los cinco años, aunque insuficiente en comparación con el tamaño de estas poblaciones (28,008 HSH a 2012 versus estimaciones del tamaño de la población [54,900 - 91,500] en 2008: 7,753 MTS a 2012; 14,067 garífunas a 2012 versus estimaciones del tamaño de la población [ENDESA 2006: 113,054]).

Intensificar acciones de prevención dirigidas a las PEMAR.

Gráfico 1. Prevalencias de VIH en MTS, ECVC 2006 y ECVC 2012, Honduras

16 14 Porcentaje de Prevalencia

Urge

El análisis de los datos preliminares de la Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento (ECVC) 2012 entre PEMAR demuestra que Honduras sigue experimentando una epidemia concentrada6 en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transexuales, mujeres trabajadoras del sexo (MTS), y una alta prevalencia en la población garífuna (ver Gráfico 1). Los datos revelan un incremento significativo de la prevalencia del VIH en la ciudad de la Ceiba entre MTS. Esta situación epidemiológica del país a inicio del 2013 constituye un llamado claro a la intensificación de las acciones de prevención dirigidas a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Aunque el Estado de Honduras recibió importantes recursos de la cooperación internacional para las estrategias de prevención del VIH durante el periodo del PENSIDA III, se evidencia la necesidad de multiplicar los esfuerzos para cerrar brechas de cobertura en las poblaciones clave y avanzar en el cumplimiento de las metas de la Declaración Política sobre VIH de 2011.

14.9

12 10 8 6

3.7

4 2 0

6.6

5.5

4.6 1.9

N=200

N=601

Tegucigalpa

N=200

San Pedro Sula 2006

6 Prevalencia del VIH mayor a 5%

N=607

2012

N=200

N=202

La Ceiba

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05 Gráfico 2. Prevalencias de VIH en HSH, ECVC 2006 y ECVC 2012, Honduras 16 13.5

Porcentaje de Prevalencia

14

12.0

12 9.2

10

9.7

8 6

5.7

4.8

4 2 0

N=200

N=201

Tegucigalpa

N=200

N=234

San Pedro Sula 2006

N=200

N=146

La Ceiba

2012

Fuente: datos preliminares de la Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento (ECVC) 2012 entre PEMAR

En el ámbito de la educación, se reporta que alrededor de 1,300,0007 jóvenes de 12 a 24 años de edad recibieron información sobre VIH con cobertura entre el 75% y 95% de la meta estipulada. No obstante, hace falta mucho camino que recorrer para lograr que la educación en salud sexual y reproductiva sea parte permanente en el currículo educativo nacional. Es necesaria la implementación de las guías metodológicas de educación sexual y la capacitación de los docentes para alcanzar a la población escolar.

Prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo/a En el 2012, se brindó consejería y se realizó la prueba voluntaria del VIH al 76.5% de las mujeres embarazadas que acudieron al control prenatal. El punto más importante a destacar es la cobertura reportada de mujeres embarazadas con infección por VIH que reciben fármacos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo/a, que para el año 2011 fue de 45.6% (261/572) y en el 2012 de 45.4% (231/509)89.

La prevención de la transmisión del VIH de la madre al hijo/a ha sido una de las prioridades de la respuesta nacional al VIH de Honduras. Esto se evidencia en la existencia de un protocolo actualizado sobre mujeres embarazadas y VIH así como en la priorización para la realización de pruebas rápidas. Sin embargo, la cobertura sigue siendo por debajo de la meta del PENSIDA III y de la Declaración Política de 2011. Además, una de las limitaciones más serias que se percibió fueron las dificultades que encuentran las mujeres con el personal médico de los hospitales al momento de requerir la cesárea, que en muchos casos no se les practica; con frecuencia son objeto de acciones discriminatorias como maltrato verbal, violación de la confidencialidad de su estado serológico e inclusive prácticas médicas no consentidas por la paciente.

8 Departamento de ITS/VIH/SIDA 9 HONDURAS | Informe mundial de avances en la lucha contra el sida 2012. Honduras 2012 [pág. 31].

45% La cobertura de los servicios de prevención de la transmisión de madre a hijo/a está por debajo de las metas previstas en el PENSIDA III y la Declaración Política del 2011.

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Atenci贸n Integral

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07 Desde la adopción del compromiso por parte del Estado de Honduras para la compra del tratamiento antirretroviral en 2002, el abastecimiento continuo y el acceso y disponibilidad del mismo ha sido una responsabilidad que ha ido incrementando progresivamente. La autosuficiencia en la compra de los medicamentos es casi una realidad; el país actualmente es responsable por el 98% de los fondos para la compra de los medicamentos ARV de primera y segunda línea. Existe además una extensa red de CAI (44 a nivel nacional de los cuales 20 ofrecen atención pediátrica) distribuidos en las 20 Regiones Departamentales; dos CAI funcionan en los centros penitenciarios más importantes; un CAI en la Policía Metropolitana del Distrito Central y tres funcionando en asocio con la Iglesia Episcopal.

Sin embargo, la cobertura sigue siendo por debajo de las metas del PENSIDA III y la Declaración Política del 2011. Desde el 2002 en que se inició con la estrategia de acceso universal acelerado a TAR hasta diciembre del 2012, un total de 8,970 personas viviendo con VIH (que corresponde al 47% del estimado de personas que requerían TAR para el 2012) reciben atención. El 83% de personas viviendo con VIH en TAR reciben esquemas de terapia de primera línea y un 17% de segunda línea. Hasta el 2012, casi la totalidad de los ARV de primera y segunda línea fueron adquiridos con fondos nacionales, y en su mayoría forman parte del Cuadro Básico de Medicamentos de la Secretaría de Salud.

Otro desafío persistente es el abandono a TAR, que representa alrededor de 20%10 de los casos; así como lograr incrementar el porcentaje de personas que se mantienen activas con tratamiento. Desde los CAI se realizan acciones para reforzar y estimular la adherencia de los pacientes con el apoyo de la ASONAPVSIDAH a través de las visitas domiciliarias.

Por otra parte, con el Programa Mundial de Alimentos se coordina la entrega de canastas básicas para las personas con problemas de desnutrición o que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con lo cual se contribuye a reforzar la adherencia de las personas al tratamiento. Pese a esto, se hace evidente la necesidad de reforzar las acciones para lograr la adherencia sostenida de las personas, en vista de que su situación socioeconómica es uno de los factores más determinantes para el abandono o falta de adherencia a la terapia.

La institucionalización de la cuota de recuperación, aunque no obligatoria, constituye una limitante para el acceso de las personas a la terapia. Además, regularmente se encuentran dificultades para la utilización de estos fondos en beneficio de los pacientes del CAI, en vista que los mismos pasan a una cuenta general del hospital y muchas veces los procesos o el personal del hospital dificultan su acceso.

En relación a la resistencia al tratamiento, en algunos CAI se afirma que está variando entre 7% a 12% anualmente; pero no se tiene certeza por las limitaciones para realizar estudios de genotipaje que dificultan las opciones terapéuticas más efectivas a las personas que presentan resistencia. La provisión de la terapia de rescate ante la demanda de las personas viviendo con VIH que presentan resistencias a medicamentos de primera y segunda línea es otro reto que enfrenta el sistema de salud.

En cuanto a los recursos humanos, según declaraciones registradas, se reporta que la atención del personal médico de los CAI ha mejorado. Los malos tratos que se denuncian por las personas viviendo con VIH provienen en su mayoría de los otros servicios que se brindan en los hospitales. Sin embargo, dificultades como la falta de personal y la rotación del mismo causan sobrecarga de trabajo y reduce el tiempo de atención durante las citas médicas.

10 amento de ITS/VIH/SIDA

98% De la compra de medicamentos antirretrovirales la hace el Estado. La autosuficiencia es casi una realidad.

47% La cobertura en tratamiento antiretroviral está muy por debajo de las metas del PENSIDA III y Declaración Política de 2011.

20% El porcentaje de abandonos de personas en terapia antirretroviral es uno de los mayores desafíos.

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Pol铆tica p煤blica y gesti贸n social

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09

Derechos Humanos Se plantean obstáculos para el acceso a los servicios por parte de las poblaciones clave y se demanda de leyes que protegen los derechos humanos de las personas LGBTI, de la homofobia y transfobia institucionalizada, y la patologización de la transexualidad. Sin embargo, la reciente reforma del Código Penal (Artículos 27 y 321) es prometedora. Según los artículos reformados, “son circunstancias agravantes cometer el delito con odio o desprecio en razón de orientación sexual o identidad de género…” con una sanción “de tres a cinco años y multa de 30,000 a 50,000 Lempiras”. Por otra parte se ha puesto en marcha la creación de una unidad técnica de investigación contra crímenes de odio en el Ministerio Público.

La reforma al Código Penal y la aprobación de la Política de VIH en el lugar del trabajo contribuirán a propiciar un entorno más favorable y de respeto a los derechos humanos.

El estigma y discriminación en las diferentes esferas en que se desenvuelven las personas viviendo con VIH, sigue siendo un obstáculo para el acceso a los servicios de salud, legales, sociales y a medios de generación de ingresos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha venido trabajando en la conformación de una red de defensores de derechos humanos y ha acompañado los procesos de denuncia de violaciones, pero sus esfuerzos son insuficientes. Por otra parte el acompañamiento y apoyo legal es muy débil.

A pesar de esta situación, en materia de derechos humanos, se identifican avances importantes que se desprenden de compromisos previos tomados por el Estado de Honduras. La creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la formulación de la Política en Derechos Humanos, formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y la reciente aprobación de la Política sobre VIH en el lugar de trabajo, constituyen las bases de un sistema de vigilancia, defensoría y promoción de los derechos humanos sin precedentes en el país. Estas acciones vigorizan los esfuerzos para eliminar la homofobia, transfobia y violencia hacia la comunidad de la diversidad sexual, así como eliminar las barreras impuestas a las personas viviendo con VIH para optar o mantener un empleo, respectivamente. El desafío radica en asegurar la efectiva implementación de estos instrumentos de política.

No obstante, se reconoce la necesidad de intensificar esfuerzos a nivel nacional para reformar la Ley Especial del VIH o crear un nuevo marco jurídico y político que asegure el acceso no discriminatorio a la educación, salud, empleo, protección jurídica y servicios sociales, entre otros, prestando especial atención a las personas viviendo con VIH, personas en condición de mayor vulnerabilidad ante el VIH y afectadas por la epidemia. Esta reforma al marco legal debe ir acompañada por un proceso de fortalecimiento de la coordinación entre las instancias competentes en materia de derechos humanos, en especial la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía de los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en estrecha relación con las instancias de base comunitaria local y regional. A nivel práctico, varios sectores coinciden en afirmar que las personas desconocen los mecanismos adecuados para la interposición de quejas o demandas en caso de violación a sus derechos. También, generalmente se encuentran con dificultades en el seguimiento, sanción y resarcimiento de la acción, lo que resulta en la necesidad de fortalecer las instancias competentes para la efectiva resolución de los casos.

Rectoría de la Respuesta Nacional La CONASIDA como ente de coordinación multisectorial y de definidor de políticas públicas en materia de VIH, no se percibe como un referente nacional con capacidad de liderazgo para la coordinación de la respuesta nacional. Por ello, se demanda de un mayor involucramiento del alto nivel de las instituciones del Estado que la conforman para que las decisiones sean vinculantes, con un trabajo complementario de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Además, las estrategias de incidencia política y de

CONASIDA no se percibe como un referente nacional con capacidad de liderazgo.

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10 contraloría social –desde la sociedad civil– han perdido fuerza y eficacia para asegurar un mayor compromiso de alto nivel, por parte del Estado.

20% El porcentaje de abandonos de personas en terapia antirretroviral es uno de los mayores desafíos.

Actualmente la Secretaría de Salud a través del Departamento de ITS/VIH/Sida es el ente que desempeña el rol rector de la respuesta nacional, quienes a su vez ejercen la Presidencia y el Secretariado Técnico de la CONASIDA, respectivamente. Esta ha desarrollado normas, lineamientos y/o protocolos de vigilancia epidemiológica, monitoreo y evaluación, manejo integral de ITS, prevención de la transmisión de VIH de madre a hijo, consejería y pruebas rápidas y manejo clínico de la infección por VIH en el adulto y en el niño/a a lo largo del periodo de ejercicio como ente rector. Sin embargo, esta rectoría se percibe que ha sido conducida con un enfoque mayormente salubrista, dejando de lado los aspectos sociales, económicos, culturales y de derechos humanos que son igualmente necesarios para la implementación de una respuesta integral.

Financiamiento y sostenibilidad

El marco de inversión no ha estado en concordancia con la situación epidemiológica.

En el año 2008 el gasto total de la respuesta nacional ascendió a $28,470,955, luego en 2009 incrementó a $31,974,903 hasta llegar a $36,184,174 en 2010. Se muestra un incremento de 11% de inversión en la categoría de atención y tratamiento; un reflejo claro fue el compromiso del Estado de asumir la compra de ARV, alcanzando el 98% de la inversión con fondos nacionales. La inversión en ARV experimentó un incremento de 20 millones de lempiras entre 2008-2010. Entre otros logros sustanciales se puede mencionar la compra del 50% de reactivos para el manejo de casos de VIH y la progresión en la autosuficiencia para la contratación de recursos humanos (87% del personal de los CAI en comparación con 61% en 2008). Sin embargo, el marco de inversión de Honduras no ha estado en concordancia con la situación epidemiológica, que evidencia una epidemia concentrada en HSH, MTS, y con un mayor impacto en garífunas y en la Costa Norte del País. Los datos de las últimas dos Mediciones del Gasto en Sida (MEGAS) muestran que menos del 10% del gasto se ha hecho en poblaciones PEMAR. Elementos como la creciente demanda de ARV y de esquemas de tratamiento de segunda y tercera línea, la compra de insumos y pruebas rápidas y la efectividad de los abordajes de promoción y educación para el cambio de comportamiento en poblaciones PEMAR dan luz sobre la necesidad de formular un caso de inversión que oriente las inversiones en áreas estratégicas de la respuesta nacional para garantizar acciones de gran impacto de manera costo eficiente.

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Monitoreo y Evaluaci贸n

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12 Si bien se observaron esfuerzos por recolectar y sistematizar datos provenientes de los servicios de salud, una brecha muy importante es la ausencia de un sistema único de monitoreo y evaluación de la respuesta nacional que recopile, analice y divulgue información estratégica proveniente del sector público, sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional que permita medir los progresos y desafíos e implementar mejoras a tiempo para alcanzar las metas nacionales en materia.

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Recomendaciones clave

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14 Rectoría y Políticas • • •

Desarrollar una estrategia –con gran sentido de urgencia– para elevar a la CONASIDA como el eje de la coordinación interinstitucional y multisectorial, y para que retome el liderazgo que facilite e impulse una respuesta integral y sistémica.

Reformular el PENSIDA desde un análisis más profundo de las poblaciones afectadas y de las brechas de cobertura con un enfoque de género y derechos humanos.

Reforzar la rectoría de la Secretaria de Salud en prevención, asegurando la efectiva implementación de la “Estrategia de abordaje integral a las ITS/VIH/sida” y desarrollar la nueva modalidad de gestión en la provisión de servicios incorporando la gestión por resultados; y delegar la gestión y provisión de los servicios preventivos a los establecimientos de salud (a través de la descentralización), a los gobiernos locales, ONG, organizaciones comunitarias, y otros actores pertinentes que puedan proveer estos servicios a la Secretaría de Salud como entidad rectora.

Prevención •

•

•

•

• • •

Evaluar – por expertos - los modelos de cambio de comportamiento, las metodologías, contenidos, formatos de trabajo y todos aquellos materiales aplicados en procesos informativos y educativos con poblaciones vulnerables, a fin de determinar un modelo más estandarizado para cada población, sensible a la cultura, con enfoque de género y derechos humanos que asegure la efectividad en el abordaje y sea costo efectiva.

Desarrollar un plan de expansión de la prueba de VIH y consejería para aumentar el diagnóstico temprano de VIH con un enfoque en poblaciones de mayor riesgo y actualizar las estimaciones de necesidades de pruebas rápidas en coherencia con el plan de expansión.

Desarrollar un plan de emergencia para asegurar el aumento de la cobertura de la atención prenatal y el acceso a la prueba de VIH, tratamiento ARV y el parto por cesárea a toda mujer embarazada con VIH que incluya una investigación minuciosa y que explique la baja cobertura y la pérdida progresiva de las usuarias; así como estrategias y asignación de recursos para buscar y encontrar a las mujeres diagnosticadas con VIH y proveerles los diferentes servicios.

Considerar una mayor asignación de renglones presupuestarios para la compra de pruebas de VIH desde la Secretaría de Salud y centralizar la compra de los reactivos e insumos (incluyendo CD4 y cargo viral) con base en las necesidades de cada Región de Salud. Además, continuar la formación de recursos humanos para que realicen las pruebas rápidas de VIH en lugares donde no se dispone de laboratorio.

Mejorar la estrategia de planificación, gestión y distribución de condones en todos los niveles para evitar el desabastecimiento de condones en los servicios de salud y en las organizaciones implementadoras.

Desarrollar procesos de incidencia política liderados por la sociedad civil para que los tomadores de decisión visibilicen la temática; y si es posible considerar una jornada con los candidatos presidenciales.

Asegurar la implementación de las “Guías de Educación Sexual: Cuidando mi salud y mi vida” en la formación de docentes.

Atención Integral •

Examinar los posibles factores que interfieren en el acceso a los CAI y preparar un plan de abordaje para aumentar la cobertura del tratamiento e intervenir en las metas relativas a la TARGA (cobertura, adherencia, resistencia, abandono, sobrevida) y obtener los niveles terapéuticos adecuados en toda la población con VIH que lo requiere.

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15 • •

Favorecer la implementación de la Estrategia de Abordaje integral a las ITS/VIH/Sida, particularmente en aquellas líneas de acción que requieran el involucramiento y liderazgo de actores externos al Sistema de Salud.

Reformular la política de recursos humanos de la Secretaría de la Salud, en el campo pertinente, de tal forma que responda a la Estrategia de Abordaje Integral de las ITS/ VIH/Sida y al Plan Nacional de Salud en el marco de la reforma del sector salud y desarrollar un plan de capacitación en atención integral al VIH (inclusión en currículo existente, diplomados o maestrías).

Derechos humanos •

• • •

Revisar y reformular la Ley Especial del VIH (o formulación de una nueva ley), para que asegure jurídicamente el suministro constante de pruebas de VIH, CD4, carga viral, antirretrovirales y condones (masculinos y femeninos); que amplíe su rango de protección a las poblaciones PEMAR (incluida la población LGTBI) y a personas menores de 18 años de edad; que contemple en su reglamentación un sistema de sanciones; y que sea homologada con otras leyes y políticas.

Fortalecer el liderazgo y capacidades del CONADEH a nivel departamental y central, incluyendo las redes locales de defensoría de derechos humanos; y considerar su inclusión en el CONASIDA. Fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos y el CONADEH Fortalecer los mecanismos e instancias de apoyo legal para las personas que resulten afectadas por violaciones a los derechos humanos.

Sostenibilidad • •

• •

Formulación de un estudio de caso de inversión, que oriente las inversiones que garanticen un mayor impacto.

Reasignar prioridad a la prevención del VIH, con una evaluación precisa y el replanteamiento de las estrategias de cambio de comportamiento, sin omitir que sean costo-efectivas, con enfoque de identidad cultural, innovadoras –en la medida de lo posible– y necesariamente basadas en evidencias.

Estimar y provisionar el costo a largo plazo de la provisión de TARGA teniendo en cuenta los nuevos usuarios/as en tratamiento, el uso de fármacos más seguros y la creciente necesidad de utilizar fármacos de segunda línea y terapia de rescate.

Formular y consensuar un plan de sostenibilidad de las estrategias prioritarias de la respuesta nacional al VIH.