PESOS

Publican en DOF procedencia de desafuero contra García Cabeza de Vaca

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes la declaratoria de procedencia del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El documento enviado por la Cámara de Diputados y que se difundió en el DOF, destaca que debe comunicarse la resolución a favor de la pérdida de fuero contra el gobernador panista al Congreso de Tamaulipas “para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El escrito camaral también detalla el acuerdo con el que se desarrolló la sesión en que la Cámara de Diputados se convirtió en Jurado de Procedencia para conocer el dictamen a favor del desafuero de García Cabeza de Vaca.

El dictamen de la Sección Instructora que encabeza el legislador de Morena Pablo Gómez Álvarez concluyó que procedió la petición de la FGR por el presunto delito de defraudación fiscal, mismo que fue aprobado por mayoría de los diputados.

La FGR también investiga al gobernador tamaulipeco por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. | Foto @fgcabezadevaca

Ante el fallo de la Cámara Baja, el Congreso de Tamaulipas votó en contra del desafuero del mandatario y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que deberá decidir si el proceso aprobado por los diputados federales es inatacable.

Lupita Jones denuncia a Jaime Bonilla por lavado de dinero

/ Jesusa Cervantes

Lupita Jones Garay, exMiss Universo y hoy candidata al gobierno del estado de Baja California por la coalición PRI-PAN-PRD, denunció al gobernador Jaime Bonilla ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el posible delito de lavado de dinero por un monto de 278 millones de pesos.

La candidata comentó que parte de ese dinero pudo haberse canalizado a la campaña de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que interpondrá una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral.

Acompañada del encargado jurídico de su campaña electoral, Juan Marcos Gutiérrez González, la exMiss Universo aclaró, sin pregunta de por medio, que el tema derivó de las denuncias que les han presentado los ciudadanos en sus recorridos por el estado.

Se trata del cobro del agua que la administración de Jaime Bonilla emprendió en contra de las grandes empresas y a quienes les exigió, so pena de suspenderles el servicio de agua potable, la entrega del líquido a cambio de adeudos de datan de entre 10 y 30 años.

Antes de que la candidata denunciara, empresarios en Mexicali reclamaron el cobro ilegal del servicio del agua y anunciaron una serie de amparos.

Hoy, Lupita Jones, la candidata de la coalición, hizo suyo el tema.

El abogado de su campaña, Marco Gutiérrez, detalló lo que consideran un esquema típico de lavado de dinero.

Primero, recordó que es la empresa Fisamex y su director y propietario, Manuel García Soto, quien hace las auditorías y posteriormente los cobros a las grandes empresas. Incluso, desde que inició la administración de Bonilla, este empresario apareció en forma continúa detallando los cobros y los presuntos delitos en que los usuarios incurrían.

Manuel García Soto dejó de figurar en las transmisiones del gobernador Bonilla luego de que se hizo público un video donde se le ve inhalando cocaína.

Fisamex, detalló el abogado de la campaña de la coalición PRI-PAN-PRD, logró que el gobierno recuperara poco más de mil millones de pesos en cobros de agua; de ellos, el gobierno bonillista le pagó un 20% por sus servicios de auditoría y cobro del agua.

Lo anterior implicó, tan solo en el año 2020, un pago de 278 millones de pesos, sin embargo, dichos recursos se entregaron a Fisamex, sino a otra empresa creada por Manuel García de nombre Romafam.

A su vez, Romafan entregó a otra empresa, Salhec Grupo Constructor, 63.8 millones de pesos, y a una más denominada Fiscales de Agua Mex, otros 162.4 millones de pesos.

Es decir, Romafan trianguló parte de los 278 millones de pesos que recibió del gobierno de Jaime Bonilla como parte de los servicios de auditoría y cobros de agua. Aunque oficialmente la empresa que realizó dichos trabajos fue Fisamex.

Lo extraño y que fue lo que resaltó el abogado del equipo de Lupita Jones, es que Romafam se dedica a realizar proyectos para construcción de obras, esto es, no tiene nada que ver con los cobros del agua. Además de que fue constituida el 28 de mayo de 2020.

También destacó que Romafan transfirió dinero a Fiscales de Agua Mex, la cual fue constituida el 28 de septiembre de 2020 y cuyo propietario es el dueño de Fisamex.

En resumen, Bonilla contrata a Fisamex para auditar servicios de agua y cobros no pagados en años por grandes empresas, y esta delega en Romafan recibir el pago del 20% de lo que le paga el gobierno estatal, para luego trasladar parte de esos millonarios recursos a otras dos empresas.

En la práctica, cuando se realiza la investigación sobre el traslado de dinero de una empresa a otra se llega a detectar que son empresas pantallas de reciente creación y perder la pista del dinero. A este operativo es al que se le considera “lavado de dinero” y se contempla en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

VIsIones a la dIstancIa ¿Cuántos muertos más?

Rafael lagos InoRIza

¿Cuántos muertos más necesitamos para darnos cuenta que la política no es un juego de ocurrencias y que puede causar la muerte de personas? La mayoría de las personas suelen decir que no les gusta la política y se desinteresan por enterarse de lo que ocurre con los políticos electos y los servidores públicos que ejercen los impuestos que pagamos.

La gente parece no darse cuenta que interesarse y participar de los asuntos públicos es tan importante para sus vidas como el cuidado de su salud y la capacitación para mejorar sus condiciones laborales. La vida misma de una persona, su familia y sus seres queridos es depositada en los políticos que elegimos para gobernarnos y los ciudadanos se limitan a decidir su voto a favor o en contra de un candidato en virtud de su afinidad con un partido o por la simpatía personal que genera una simpática campaña electoral.

La tragedia ocurrida el lunes por la noche en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México debería hacernos recapacitar como ciudadanos en lo importante y delicado que es elegir gobernantes responsables y capaces. En ese caso hay responsables, desde Marcelo Ebrard actual canciller y quien tuvo a su cargo la construcción, porque en su momento muy orgulloso se ufanó de haber sido el responsable de ese gran logro, ni modo que hoy ya no lo sea. Hay responsabilidades desde la jefa de gobierno, Claudia Scheinbaum, hasta muchos niveles inferiores por no haber atendido a tiempo presuntas denuncias de que las trabes estaban pandeadas desde octubre pasado. El resultado son más de veinticuatro personas que ya no llegarán a sus casas nunca más, algunos probablemente niños.

El saldo hasta ayer de la pandemia de covid-19 era superior a 217 mil personas fallecidas, poco menos que las 225 mil que reporta la India que hoy es el centro de la pandemia. Hemos estado más de 9 meses en el cuarto lugar del mundo en mortalidad. Y eso son solamente las cifras oficiales que podrían no considerar otros fallecimientos no registrados como coronavirus. Simplemente el mismo Gobierno Federal reporta en su página web coronavirus.gob.mx un porcentaje de exceso acumulado de mortalidad hasta el pasado 15 de marzo del 49.9%, es decir más de 444 mil personas fallecidas adicionales a la cifra esperada calculada con tendencia histórica. 1 de cada 10 infectados es personal del sector salud, pero el presidente le pide a los ricos médicos, enfermeras y demás personal de hospitales y clínicas privadas que esperen su turno. El responsable es el presidente López Obrador, jefe del invisible Secretario de Salud y del Subsecretario López Gatell quienes minimizaron el peligro del virus desde el principio.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) denunciaba en septiembre pasado que más de 1,600 niños fallecieron por la deficiente gestión administrativa del Gobierno Federal que provocaron falta de medicamentos. Hay funcionarios que no hicieron bien su trabajo y provocaron el desabasto de medicamentos pero nadie los está buscando. 2019 fue el año con mayor número de homicidios en la historia superando los 35 mil y en 2020 la cifra fue también superior a esa cifra. Prometieron que en un año acabarían con la inseguridad con su política de abrazos no balazos y el resultado es catastrófico, pero hoy quien ejecutó las órdenes del presidente diseñando la política de seguridad pública es ni más ni menos que Alfonso Durazo candidato al gobierno de Sonora y lleva la delantera. Han de tener muchas ganas de morir pronto los sonorenses. El exembajador norteamericano Christopher Landau sugirió que el presidente de México no tiene la voluntad de enfrentar a los cárteles del crimen organizado. No olvidemos la liberación del hijo del Chapo Guzmán y el saludo afectuoso a la madre del capo y el misterioso caso del General Cienfuegos.

Los muertos de Tlahuelilpan, el incremento en los casos de feminicidios, los periodistas que han fallecido cumpliendo su deber, los migrantes por el aliciente provocado por el presidente a principios de sexenio de apoyarlos en su camino al país del norte.

Estamos en época electoral y parece que lo importante es defender a los candidatos de los partidos con los que simpatizamos sin preguntarnos qué tanta capacidad tienen para el puesto que ocuparán.

Nuestro sistema democrático está diseñado para elegir al más popular, no al más capaz y por eso vemos que personajes como Samuel García de Movimiento Ciudadano en Nuevo León puede estar con una ligera ventaja sobre sus contrincantes Adrián De La Garza y Clara Luz Flores no por su capacidad sino por la popularidad de sus ridículos en redes sociales.

La popularidad que puede dar mentarle la madre a los ciudadanos o bailar en una Sex Shop parece que es requisito indispensable. Esas son las características que nuestro electorado exige para elegir a la próxima Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni más ni menos que quienes se encargarán de vigilar el gasto público, presupuestarlo con responsabilidad y experiencia y de exigir cuentas a los funcionarios del gobierno que han sido responsables de todas estas muertes. ¿Cuántos muertos más se requieren para que los ciudadanos entiendan que la política es de vital importancia como para permitirles jugar con nuestras vidas?